Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3988-V, martes 25 de marzo de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la Cartilla Nacional de Vacunación, un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica (IRC), a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berúmen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.
Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.
Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.
Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.
Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.
Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.
En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..
El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.
Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.
Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.
Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.
Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.
Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.
Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.
Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.
Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.
Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100% de sus riñones.
Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.
Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.
Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.
Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120,000 mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.
A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.
Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.
En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.
Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Bibliografía:
Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 - Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf
Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012
La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enfermedad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico
Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communities-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,_ a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.
Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública, es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.
El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.
Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.
Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.
Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.
Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.
Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.
En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.
Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.
Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.
En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.
Cláusula 68
Terminación de la relación laboral:
En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.
De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.
El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.
Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.
Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.
Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los auditores superiores de la Federación, y de Puebla; al procurador general de la República; y al gobernador de dicho estado a realizar las investigaciones relacionadas con los recursos públicos entregados a la empresa Oceanografía por ese gobierno, a cargo del diputado José Luis Márquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado José Luis Márquez Martínez, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En febrero, Banamex acusó a la empresa Oceanografía, SA de CV, de fraude, al encontrar que el préstamo por 585 millones de dólares que le había otorgado, fue garantizado con estimaciones presupuestales falsas. Previo a esto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un año, nueve meses y 10 días a la empresa debido a irregularidades en fianzas con Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó una investigación respecto a los posibles delitos cometidos por Oceanografía y, conforme la ley, para no afectar a los más de 10 mil trabajadores de esta empresa, ni las operaciones de Pemex, procedió al aseguramiento de la empresa y de sus bienes: sus documentos, contabilidad, activos y recursos.
Actualmente, la averiguación está en proceso, las autoridades federales correspondiente están llevando a cabo la investigación para deslindar responsabilidades y hacer caer el peso de la ley contra quienes resulten responsables.
A casi un mes de conocerse los casos de corrupción referentes a la empresa Oceanografía, SA de CV, el gobierno del estado de Puebla retiró la concesión de construcción y explotación de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan a la empresa OSA Constructora y Edificadora, filial de la naviera Oceanografía, lo cual es comprensible, no así la concesión otorgada.
La construcción de la autopista comenzó en enero de 2012 y debió estar terminada el 20 de febrero de 2014, lo cual no se cumplió. La obra tiene una longitud de 72 kilómetros y un costo de mil 600 millones de pesos, más 800 millones derivados de trabajos adicionales, la cual consiste en una autopista de dos carriles entre Cuapiaxtla y Cuacnopalan, para comunicar el corredor del altiplano con las autopistas Puebla-Córdoba y Cuacnopalan-Oaxaca.
Además de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan que comunicará a la empresa armadora Audi, el gobierno del estado de Puebla firmó un contrato con Oceanografía para que llevara a cabo el proyecto integral de imagen urbana del corredor turístico cultural (OP/LPN/SI-20110336) con un costo de 70 millones 994 mil 352 pesos. Firmó también otro contrato para la construcción de la plataforma de prueba piloto y de relleno estructural de la nueva planta de Audi en el municipio de San José Chapa (OP/ADE/SI-20130036) por un monto de 5 millones 131 mil 719 pesos.
Asimismo, se sabe que se le otorgó a la misma empresa la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi; y la construcción de la primera etapa de oficinas temporales de la misma planta, por un monto de 113 millones de pesos; así como la construcción de la segunda etapa de oficinas temporales de Audi por un costo de 22 millones de pesos.
Para la construcción de la autopista Audi, por conducir al lugar donde estará la automotriz, se llevó a cabo un concurso en el cual participaron 22 empresas, entre ellas OHL, ICA, IDEAL y Oceanografía. Sin embargo, el mismo se declaró desierto y no se convocó uno nuevo. Posteriormente, el Organismo Operador de Carreteras de Cuota, entregó la concesión por adjudicación directa a OSA con una vigencia de 30 años, es decir hasta el 2043.
Consideraciones
Al tener conocimiento del caso de corrupción de la empresa Oceanografía, es menester realizar las investigaciones necesarias, en todos aquellos casos que existan recursos públicos involucrados.
Es de resaltar que, en lo relativo al gobierno de Puebla, llama particularmente la atención, que se hayan otorgado concesiones por adjudicación directa, pero sobre todo a una filial de una empresa naviera para la construcción de obras terrestres.
Los actos de corrupción en que se ha visto envuelta Oceanografía; el giro de la empresa; el tiempo de la concesión, la declaración del concurso como desierto; la omisión para realizar otro concurso; el incumplimiento en los plazos de la entrega de la autopista; la aceptación tácita del incumplimiento por parte de las autoridades en Puebla al no exigir el cumplimiento de responsabilidades por la vía legal; los personajes involucrados en la empresa; y los montos pagados con dineros del erario; advierten un clima de opacidad que debe ser investigado a la luz de las leyes y de frente a la ciudadanía.
Al día de hoy, la sociedad nacional y particularmente la poblana no ha recibido una explicación. Conforme al principio de transparencia no se han exhibido las pruebas documentales que justifiquen las concesiones y el otorgamiento de las licitaciones a esta empresa, así como tampoco están a la vista las acciones jurídicas emprendidas por el incumplimiento de la conclusión de la autopista, y mucho menos los términos económicos de la concesión entregada.
Bajo el anterior orden de ideas, es menester que esta Cámara, realice lo conducente desde el ámbito de su competencia, a fin de exigir una clara, precisa y oportuna rendición de cuentas sobre los recursos públicos involucrados, así como sobre la gestión de los servidores públicos involucrados que permita el deslinde de responsabilidades y, en su caso, la exigencia de las responsabilidades civiles, administrativas, penales y políticas a que haya lugar.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que inicie una auditoría especial, así como las acciones que estime conducentes, a efecto de investigar el uso, aplicación y destino de los recursos públicos federales involucrados en los contratos, concesiones, licitaciones y cualquier otra acción realizada por el gobierno del estado de Puebla y la empresa Oceanografía, SA de CV, y sus filiales; así como verificar que la actuación de los servidores públicos involucrados se apegue a lo ordenado en las diferentes leyes en la materia.
Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a efecto de que inicie los procedimientos, investigaciones y acciones conducentes, sobre el uso, aplicación y destino de los recursos públicos estatales y/o municipales involucrados en los contratos, concesiones, licitaciones y cualquier otra acción realizada por el gobierno del estado de Puebla y la empresa Oceanografía, SA de CV, y/o sus filiales; así como verificar que la actuación de los servidores públicos involucrados se apegue a lo ordenado en las diferentes leyes en la materia.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado de Puebla, para que en el marco de la ley, celebren un convenio de colaboración con el objeto de actuar de manera conjunta en la detección de irregularidades, propiciando así el pronto esclarecimiento de los hechos que han motivado la presente proposición, referidos en los párrafos y puntos anteriores, a fin de deslindar responsabilidades y hacer valer la letra de ley.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a efecto de que amplié sus investigaciones en torno a los actos de corrupción en los cuales se ha visto involucrada la empresa Oceanografía SA de CV, y/o sus filiales, considerando los contratos, concesiones, otorgamiento de licitaciones y demás negocios realizados entre el gobierno del estado de Puebla y la citada empresa.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que transparente y haga pública toda la información relacionada con el uso de recursos públicos, concesiones, licitaciones, contrataciones y cualquier otra acción llevada a cabo con entre la administración pública estatal a su cargo y la empresa Oceanografía, SA de CV, y/o sus filiales, en aras de hacer valer los derechos de la ciudadanía.
Notas
1. Alejandra Corona Flores. Profundos nexos de Moreno Valle, Oliver Fernández y Elba Esther Gordillo con Oceanografía de Amado Yáñez. El Heraldo de Puebla. Marzo 10, 2014.
http://heraldodepuebla.com.mx/2014-03-10/portada/profund os-nexos-de-moreno-valle-oliver-fernandez-y-elba-esther-gordillo-con
2. Raymundo Riva Palacio. Moreno Valle, daño colateral. Eje Central. Marzo 09, 2014.
http://www.ejecentral.com.mx/moreno-valle-dano-colateral /
3. Gabriela Hernández. Gobierno de Moreno Valle asignó tres obras a Oceanografía. Proceso. Marzo 03, 2014. http://www.proceso.com.mx/?p=366338
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado José Luis Márquez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y al Órgano Interno de Control en la Sedesol a inspeccionar las presuntas irregularidades en el procedimiento seguido sobre la autorización plurianual para contratar el aprovisionamiento de equipo de cómputo personal destinado al sector “Desarrollo social” en 2013, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Mario Alberto Dávila Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la atención de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ejercicio de gobierno implica que los recursos públicos sean destinados actividades que generen el mayor beneficio a la sociedad, ello, en un marco de transparencia, eficiencia y eficacia. En ese sentido, el gasto público debe favorecer el gasto de inversión y el gasto que se transmite en beneficios sociales o en resultados tangibles que incidan positivamente en la calidad de vida de la población; y procurar el ahorro en cuestiones adjetivas o de gasto corriente, como la compra de insumos materiales y artículos de oficina, publicidad y actos de propaganda.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
De la misma forma, el mismo artículo en su párrafo tercero señala que “las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
Ello implica que el cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas gubernamentales se privilegie por encima del gasto operativo y del gasto publicidad, bajo la premisa de que un gobierno eficiente es aquel que entrega mayores resultados con el mínimo de costos. Así mismo implica que las contrataciones de insumos materiales y de servicios se sujeten a prácticas que contribuyan al ahorro presupuestario, a la calidad del producto y a satisfacer los requerimientos del Estado en cuanto funcionamiento y operación.
A nivel del gobierno federal se han creado una serie de reglamentaciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal; o disposiciones administrativas aprobadas en materia del ejercicio del gasto como los “lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal” publicados en 2013; mismos que pretenden mejorar las prácticas de contratación y adquisición de insumos materiales y de servicios para el sector público mediante mecanismos claros, de transparentes y económicamente viables en cuanto a precio, utilidad y calidad.
Sin embargo, una práctica común de estos procesos de contratación de bienes ha sido la negligencia, el oportunismo y la corrupción; mismas prácticas que tienen como consecuencia compras ilógicas de materiales o servicios a precios muy por encima de su costo real en el mercado, o que benefician a empresas ligadas a servidores públicos, sus familias o amigos.
Por si fuera poco, el combate a la corrupción ha sido uno de los temas sepultados de la actual administración federal, basta recordar que se ha extinguido a la Secretaría de la Función Pública, que a la fecha continúa en operaciones bajo condiciones poco óptimas para su encargo de ser el principal guardián de la legalidad y transparencia al interior de la administración pública, mientras que la creación del organismo nacional autónomo de combate a la corrupción que se prometió desde la campaña del hoy presidente de la República, Enrique Peña, no aparece entre las grandes reformas impulsadas.
En este contexto de impunidad, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social hay indicios malas prácticas en el manejo de los recursos, ya que existen en donde presumiblemente se han efectuado gastos irregulares atribuidos a la dependencia, mismos que se explican a continuación.
Irregularidades en la adquisición de equipo de cómputo para el sector desarrollo social
La Secretaría de Desarrollo Social convocó a participar en una licitación para adquirir 13 mil 239 unidades de equipo de cómputo de última generación para su personal, el personal de las delegaciones federales de la Secretaría, sus órganos desconcentrados y entidades del sector: Diconsa, Fonart, Indesol, Inapam, Liconsa y Oportunidades. Sin embargo, la dependencia otorgó, mediante una asignación directa que no está del todo justificada, un contrato plurianual de 36 meses (el cual presumiblemente no se ha firmado) cuyo costo oscilaría entre un mínimo de 358 millones 603 mil 806 a un máximo de 712 millones 853 mil pesos, a una empresa que ofreció tecnología considerada vieja y en proceso de obsolescencia (Diario Milenio. “Con tecnología vieja, Sedesol renueva PC.” Editorialista Hugo González. Edición del día 26 de septiembre de 2013).
De inicio, y considerando que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 42 señala que “para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente”, la dependencia tenía la obligación de, al menos, solicitar la cotización a tres proveedores mediante oficio, lo que presumiblemente no sucedió.
De acuerdo con la “justificación para la autorización plurianual para la contratación del aprovisionamiento de equipo de cómputo personal para el sector desarrollo social”, la Dirección General de Informática de la Sedesol justificó la entrega del contrato para la renovación del equipo de computo, en favor de la empresa Centro de Productividad Avanzada, SA de CV (Cepra), mediante un estudio de mercado comparativo con otros concursos similares. Mismo que toma como referencia el contrato que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó en 2011 con la ganadora (Cepra), pues según la justificación para la autorización plurianual del contrato para la adquisición de equipo de cómputo del sector coordinado por Sedesol” su oferta era 47.17 por ciento más barata al precio de mercado y cumplía al 100 por ciento los requerimientos de la Sedesol.
El monto del contrato, bajo la modalidad de invitación directa; se realizará por medio de una contratación plurianual a 36 meses. Si bien se menciona que la propuesta ganadora era 47.17 por ciento más barata al precio de mercado y cumplía al 100 por ciento los requerimientos de la Sedesol; la cuestión es que el costo por el servicio en esos 36 meses oscilaría entre un mínimo de 358 millones 603 mil 806 pesos, a un máximo de 712 millones 749 mil 711 pesos, sin que exista claridad sobre cuáles son los motivos que fundamenten la posible variación del costo.
Por otra parte, si se comprara el equipo en una sola exhibición, el costo sería de 396 millones 102 mil 115 pesos; sin embargo, la Sedesol argumentó incapacidad financiera para realizar la adquisición, aún cuando el costo entre la adquisición directa y el contrato a 36 meses que finalmente se contrató puede resultar hasta en 316 millones 647 mil 596 pesos más caro.
Otra cuestión, tiene que ver con que la propuesta ganadora incluye tecnología que en 2011 era considerada de segunda generación (procesador Intel Core i 5 2400), por lo que 2013 (cuando se hizo la contratación) existía tecnología más avanzada. Si bien la Sedesol tiene la facultad de solicitar la instalación de equipo con tecnología más rezagada, en el mismo documento presentado por la dependencia para justificar el contrato que reemplazaría 13 mil 239 equipos, se establece que “se requiere de equipo nuevo, de línea y de última generación”, hecho que no se cumple, por lo que no está claro si el equipo satisface los estándares de operación de la dependencia.
Además, en el estudio de mercado se observó que otros contratos firmados por otras dependencias resultaban más baratos, pero la Sedesol decidió no tomar en cuenta otras referencias porque no tienen el esquema de servicios conocidos como de reubicación, instalación, mantenimiento, adhesión y cambio (RIMAC). En la propuesta ganadora de Cepra se incluye el cobro de mil pesos extra por cada RIMAC que pueda ejecutarse, cantidad que no se encuentra prevista en el costo final del contrato, lo que abre la posibilidad de que el servicio de reconfiguración, instalación, movimiento, adición o cambio en cualquiera de los 13 mil 239 equipos iniciales tenga un costo de mil pesos por cada evento, con lo que se elevaría significativamente el precio final.
En síntesis, la justificación para la contratación apunta presumibles ventajas económicas que no están del todo comprobadas; y no considera cuestiones elementales como la calidad tecnológica, el soporte técnico y el respaldo de las empresas contratantes; además de que presuntamente se han entregado dispositivos usados y en malas condiciones.
Este caso, viene a recordar que el suscitado en el proceso de licitación para la adquisición de 240 mil laptops para niños de 5o. y 6o. grado de primaria de los estados de Colima, Sonora y Tabasco; mismo que no estuvo exento de polémica y llevó a la Secretaría de Educación Pública a rescindir el contrato, por diversas anomalías en el proceso e inconformidades de las empresas participantes en el proceso de licitación; lo que pone en evidencia deficiente y poco transparente sistema de adquisiciones del gobierno federal.
Por lo que se desprenden las siguientes interrogantes:
• ¿Cuál fue el proceso para la justificación y autorización de la adjudicación directa?
• ¿Cuáles son las características del equipo de cómputo que se obtienen con este contrato? Y si responden a los requerimientos de la dependencia.
• ¿Cuáles son las condiciones del contrato para que este pueda variar entre 358 millones 603 mil 806 pesos a un máximo de 712 millones 853 mil pesos?; ya sea un aumento en el número de unidades adquiridas, mantenimiento, instalación, etcétera.
• ¿A la fecha cuantas unidades de cómputo se han entregado y en qué condiciones?
• ¿Cuál es el gasto erogado mediante este contrato hasta el momento, en la renovación del equipo del cómputo del sector desarrollo social coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social? Derivado de la anterior, es menester que la Secretaría de Desarrollo Social explique el proceso de adquisición de equipo de cómputo para el sector desarrollo social. ¿Cómo es que el gobierno federal pretende exigir mayores impuestos sin una estrategia para frenar la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos? Es inaceptable que se pretenda imponer cargas impositivas a los ciudadanos sino existe claridad en el gasto.
Si bien las dependencias federales pueden celebrar contratos plurianuales, siempre que justifiquen que su celebración represente ventajas económicas o condiciones más favorables, para el caso de Sedesol no están del todo justificadas esas condiciones, por lo que la dependencia debiera informar sobre este proceso de adquisición de equipo de cómputo con la finalidad de dar luz a algunas cuestiones que resultan cuestionables en cuanto a la selección de la oferta ganadora, el precio y calidad del producto.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social a inspeccionar las presuntas irregularidades en el procedimiento que se siguió para la “autorización plurianual para la contratación del aprovisionamiento de equipo de cómputo personal para el sector desarrollo social” de 2013, mediante la cual se renuevan 13 mil 239 unidades de equipo de cómputo para el uso de su personal y de las delegaciones federales de la Secretaría, sus órganos desconcentrados y entidades del sector: Diconsa, Fonart, Indesol, Inapam, Liconsa y Oportunidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la Ssa a realizar acciones de prevención del VIH/sida en los centros de readaptación social, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es responsable de aquella enfermedad que provoca la destrucción progresiva del sistema inmunitario.
Que el VIH abre la puerta al desarrollo de nuevas infecciones destruyendo un cierto tipo de linfocitos, que son las células encargadas de la defensa del sistema inmunitario del organismo.
Que la permanencia latente del VIH, detona la enfermedad denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), que consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos.
Que existen tres vías principales de transmisión:
a) Parenteral: Es aquella que se debe a transfusiones de sangre e intercambio de agujas etcétera.
b) Sexual: por contacto sexual.
Materno-infantil: Misma que ocurre regularmente en el momento del parto.
Que entre los años 2000 y 2010 la CNDH recibió 339 quejas por discriminación por orientación sexual, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 118, y la Procuraduría General de la República, 209 denuncias, de las cuales, 162 están relacionadas con homicidios.1
Que según la Onusida, en 2012 habitaban en nuestro país 170,000 personas con sida.2
Que en 30 años nuestro país notifico 167,933 casos de personas con sida.
Que tan solo en el año 2012 en México se censaron un total de: 11,352, de los cuales 5,548 se registraron como casos de sida y 5,804 personas con VIH.
Que según el Centro Nacional para la Prevención y Control del sida (CENsida), las edades de mayor contagio es el rango de 25 y hasta 34 años, siendo en el grupo de 30 a 34 los de mayor índice con 32, 752 casos, donde el 84.3 % son hombres.
Que la mayor parte de los casos notificados históricamente de sida por entidad federativa son el Distrito Federal con 24,934 casos (15.6% del total), el Estado de México con 17,245 (10.8% del total), Veracruz 14,653 (9.2% del total), Jalisco 12,234 (7.7% del total) y Puebla 7,166 (4.5% del total) (CENsida, 2012 b). En referencia a los casos notificados que continúan como seropositivos, Distrito Federal con 9,498 casos (22.1% del total), Veracruz con 5,652 casos (13.2% del total), el Estado de México con 2,458 casos (5.7% del total) y Chihuahua con 2,043 (4.8% del total).3
Que el combate al VIH/sida en México debe valorarse desde una política de prevención, educación sexual, y de salud, incluidos en esta última, los métodos para evitar el contagio, como el uso del condón y el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales.
Que la cultura en nuestro país propicia un alto rechazo social, siendo uno de los principales impedimentos para el control de la pandemia y causa de tantos nuevos casos de infección por VIH.
Que el riesgo de infección por enfermedades de transmisión sexual (ETS) y sida en las prisiones es complejo debido a la alta concentración poblacional y falta de proyectos de prevención.
Que las condiciones de hacinamiento, mala nutrición y servicios no óptimos de salud en las prisiones, son causas que fomentan los índices de contagio.
Que deben atenderse los casos de salud de los internos, pues en un futuro un gran número se incorpora a la sociedad, si fuese el caso de ser portadores de alguna enfermedad – en el tema de estudio VIH/sida - podría convertirse en un problema de salud pública.
Que en los años del 2000 al 2008, se triplico la población de los centros penitenciarios solo en el DF, lo que dificultaba la atención médica y/o excarcelación para atención en materia de salud.
Que la mejor opción es la prevención, por lo cual podemos apoyarnos en programas educativos que enseñen a los niños y jóvenes a respetar y ayudar a las personas con enfermedad con VIH/sida.
Que los costos de atención para las familias de personas con VIH/sida son elevados, por lo cual se deben garantizar las mediadas mínimas para evitar el empobrecimiento.
Que es necesario fortalecer el sistema de vigilancia de VIH/sida, rediseñar las acciones de promoción de la salud, promover la práctica de acciones de prevención y de participación social.
Que en las prisiones debe promoverse el fortalecimiento de monitoreo de los prisioneros de nuevo ingreso, así como los que ocupan las cárceles en la actualidad, para prevenir una red de contagios.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarias de Gobernación y de Salud, para realizar en alcance de sus competencias, acciones de prevención del VIH/sida en centros de readaptación social.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Secretarias de Gobernación y de Salud, a fin de que se garanticen los derechos de no discriminación y acceso a los medicamentos de aquellas personas porta doras del VIH/sida, asegurando en todo momento el derecho a la salud que nuestra Constitución establece.
Notas
1 http://conceptovihsida.blogspot.mx/
2 http://www.censida.salud.gob.mx/
3 http://www.censida.salud.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de Marzo de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la protección de especies migratorias, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México es reconocido como uno de los más ricos en diversidad ecosistémica, ya que presenta una gran variedad de vegetación y fauna.
En nuestro país podemos encontrar desde extensiones territoriales donde casi no se presenta vegetación, como sucede en las partes más áridas de los desiertos, hasta zonas ricas en flora y fauna, como la selva Lacandona, que constituye uno de los ecosistemas más importantes y representativos del trópico húmedo. Estas características han favorecido la reproducción de especies nativas y migrantes.
La migración es uno de los grandes misterios de la naturaleza, cada temporada las nuevas generaciones de animales siguen la ruta que tomaron sus antepasados desde hace miles de años. Las migraciones entre sus moradas invernales y estivales representan uno de los fenómenos más espectaculares, bellos y misteriosos del mundo natural.
Algunos científicos opinan que ésta es una información que se hereda genéticamente, otros sostienen que simplemente se guían por los campos electromagnéticos y las corrientes de viento; sin embargo, cada año especies como la mariposa monarca; las ballenas gris y jorobada, las tortugas marinas y algunas especies de patos y aves, entre otros animales, recorren miles de kilómetros hasta llegar al territorio mexicano.
Otras especies se conocen como migratorias transitorias, ya que sólo atraviesan México sin detenerse, tanto en su vuelo hacia el sur, en otoño, hacia sus áreas de hibernación, como en primavera, hacia el norte, a sus áreas de nidificación.
Sin embargo, si bien estas especies concluyen su travesía en el territorio de otros países, a lo largo de este trayecto las aves descansan en pequeños estanques y lagos que encuentran a su paso, en este caso, en nuestro país.
Así, este fenómeno migratorio comprueba que la vida silvestre no reconoce las fronteras políticas ni geográficas, por lo tanto, la sobrevivencia y continuidad de las especies migratorias dependen del estado de su hábitat en los dos polos de su migración, y en los lugares que visitan durante su trayecto.
Para ejemplificar y demostrar la importancia que reviste contar con los hábitat y programas adecuados para el arribo de las especies migrantes, cabe mencionar que nuestro país recibe anualmente 21 especies de cetáceos.
En cuanto a aves, cerca de un tercio de las especies de aves registradas para nuestro país son migratorias, como las gavias, zambullidores, albatros, pelícanos, cormoranes, patos, gansos, milanos, halcón peregrino, grullas, gallaretas, chorlitos, playeros y zarapitos. Adicionalmente, 41 especies de aves acuáticas migran a territorio mexicano.
De las 29 especies de patos que existen en Norteamérica, y 284 variedades de aves, forman parte de las que migran entre México, Estados Unidos y Canadá, en época invernal.
En general, sus áreas de reproducción se encuentran en Norteamérica (Alaska, Canadá y Estados Unidos) pasando el otoño y el invierno en México. Su arribo a nuestro país se inicia a finales de agosto y principios de septiembre, prolongándose la llegada hasta noviembre. El vuelo de regreso a sus áreas de anidación lo efectúan de marzo a mayo.
Un gran problema que se presenta una vez que han arribado las especies, es la depredación de éstas por falta de vigilancia. Las especies se enfrentan cada temporada a los cazadores furtivos que practican con ellas el tiro al blanco.
Aunado a ello, la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas, y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas destruimos el hábitat de miles de especies.
Muchas veces la transformación no es completa pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies.
Además La ONU advirtió que el grave deterioro y desaparición de los hábitats naturales que sirven de descanso para las aves migratorias, podría determinar la extinción de muchas de ellas.
Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50 por ciento de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados.
Entre las especies migratorias que se encuentran amenazadas por ésta pérdida de hábitat la más representativa que tenemos es la mariposa monarca, la cual ha visto perturbadas sus áreas de descanso por las obras de construcción en las costas de California y la tala de los bosques de oyamel en México.
En la temporada pasada se registró un 59% de reducción en las áreas ocupadas de la Mariposa, para las colonias que hibernan en México, el nivel más bajo en 20 años, esto lo ha señalado la directora de la reserva de la mariposa monarca.
A pesar de que México cuenta con una biodiversidad privilegiada; los frágiles ecosistemas con que cuenta se han visto dañados por diferentes factores y mermados por la mano del hombre, ocasionando que miles de especies se encuentren en peligro de extinción.
Lo que nos toca a la especie humana es cuidar ese destino, comenzando con los lugares que están en nuestro país y se encuentran cerca de nosotros.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en la época de arribo de especies migratorias invernales al país, se establezcan medidas y programas especiales en la protección de los hábitats para las especies de carácter migratorio, como son la mariposa monarca, la ballena gris y jorobada, la tortuga marina y algunas especies de patos y aves, entre otros animales.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a restaurar y recuperar ecosistemas degradados por el impacto humano reconstruyendo las estructuras y funciones y las interacciones y procesos ecológicos correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de marzo de 2014.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a revisar el procedimiento para asignar los estímulos a la productividad científica, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal a revisar el “procedimiento para la asignación de los estímulos a la productividad científica” establecido por la dependencia a su cargo para cubrir el estímulo al desempeño de los investigadores en ciencias médicas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de que el artículo octavo constitucional obliga a los funcionarios y empleados públicos a respetar el ejercicio del derecho de petición cuando se ha formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa; aun persisten órganos de gobierno, como en la Secretaría de Salud, que no lo observan.
Ello es así, ya que con fecha doce de febrero pasado la suscrita emitió un proveído mediante el cual solicité a la titular del ramo de salud pudiera analizar las peticiones formuladas por algunos investigadores dirigidas al director general de Políticas de Investigación en Salud, y a pesar del tiempo transcurrido a la fecha no se me ha dado una respuesta fundada, motivada, completa y coherente con lo pedido.
La inconformidad de fondo por parte de los investigadores en Ciencias Médicas va en el sentido de la existencia de diversas dificultades que se presentan en el procedimiento digitalizado que debe seguirse por parte de los interesados para ser merecedores del estímulo al desempeño en ciencias médicas que otorga anualmente la secretaría de salud, tales como el hecho de que no se visualizan algunos archivos para generar su síntesis curricular, ingresar el PDF del tarjetón de pago, no se puede adjuntar el nombramiento vigente como investigador en ciencias médicas, entre otros anomalías reportadas.
Me parece incongruente que si los investigadores cumplen con los requisitos necesarios para ser merecedores del estímulo referido estos no lo reciban por problemas tecnológicos que pudieran presentarse en el mecanismo establecido a través de la web.
Por tal motivo es que esta legisladora considera conveniente que la Secretaría de Salud lleve a efecto una revisión al procedimiento denominado “Procedimientos para la Asignación de los Estímulos a la Productividad Científica” con el propósito de que se atiendan las inconformidades presentadas y de las cuales tienen conocimiento tanto la propia secretaria, como la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
La revisión que se lleve a efecto del procedimiento indicado permitirá dar mayor transparencia y pulcritud a la asignación de los estímulos para los investigadores en ciencias médicas y corregir cualquier deficiencia en el sistema técnico que pudiera presentarse.
Finalmente considero que en caso de que se detecten problemas en el funcionamiento de la página web aludida sería justo resarcir a los investigadores que hayan sido afectados por ello.
De lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal a revisar el “procedimiento para la asignación de los estímulos a la productividad científica” establecido por la dependencia a su cargo para cubrir el estímulo al desempeño de los investigadores en ciencias médicas.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del programa Pensión para Adultos Mayores, con el establecimiento de elementos vinculatorios con el Registro Civil a fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del honorable. Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En el mundo, el aumento de la población de adultos mayores es cada vez más visible. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) explica que a partir de 1950 se dio inicio a un crecimiento de la población a nivel mundial, derivado de la reducción de la mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.1
En tal sentido, se observa que la población mundial pasó entre los años de 1950 a 2011 de 2.5 a 7 mil millones de personas; lo anterior representa un incremento anual de 1.66%, con la pertinente aclaración que el crecimiento mundial no es homogéneo y puede variar en cada nación a partir de de sus propias características.
2. En México, los adultos mayores constituyen un sector importante de la población, con los que socialmente estamos en deuda, gracias al empeño de sus capacidades y experiencias para el desarrollo económico y social de nuestro país.
Los 10.1 millones de personas de 60 años y más representaron en el año 2010 el 9% de la población total del país, según datos del Censo de Población y Vivienda levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se estima que a mediados del año 2020, esta población represente el 11.35% de la población nacional.2
3. Debido al aumento de la esperanza de vida, los mexicanos mayores de 65 años pasaron de 4.7 millones en el año 2000 a 7.7 millones en 2013, aumentando en más del 50 por ciento la dimensión de este grupo poblacional. De continuar esta tendencia, en el 2050 se presentará una proporción de 77 Adultos Mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años.3
4. La pobreza multidimensional4 es definida por el Coneval como la situación de pobreza de una persona cuando ésta presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, situación que puede dejar a algunos adultos mayores en una situación de vulnerabilidad a partir de la relación entre sus ingresos y la necesidad de cubrir sus gastos para tener una forma digna de vivir, considerando que aquellos que no cuentan con una pensión, se enfrentan además a la discriminación al no ser considerados para cubrir puestos vacantes en el mercado laboral vigente.
5. De acuerdo con el Informe de Pobreza en México 2012 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2010 y 2012 la población adulta mayor presentó niveles de pobreza (45.7 y 45.8 por cierto) y pobreza extrema (11.0 y 9.7 por ciento) muy cercanos a la media nacional.
6. El Coneval define la pobreza extrema multidimensional como la situación que enfrenta una persona cuando presenta tres o más carencias y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria.
7. Ante las diversas circunstancias que enfrentan los adultos mayores se han implementado diversas políticas públicas para su apoyo; una de éstas es el programa federal denominado Pensión para Adultos Mayores , coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), también conocido como 65 años y más , con antecedentes desde el año 2007 y que tiene como finalidad la entrega de una pensión contributiva de manera bimestral para mejorar sus ingresos.
8. Las reglas de operación del programa citado establecen entre los requisitos para acreditar la identidad entregar copia y presentar original para cotejo de alguno de los documentos siguientes:
I. Credencial para votar vigente;
II. Pasaporte vigente;
III. Cédula Profesional y;
IV. Credencial del Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
Asimismo, se les requiere a los solicitantes de este beneficio que para acreditar su edad entregar copia y presentar original para cotejo de alguno de los siguientes documentos: Clave Única de Registro de Población (CURP) o Acta de nacimiento.
Dicho programa establece en sus lineamientos que para continuar siendo beneficiario del programa, es necesario demostrar la supervivencia de las y los beneficiarios.
Al respecto, las reglas de operación del programa indican:
3.6 Derechos, Obligaciones y Suspensión de los Beneficiarios.
3.6.1 Derechos:
Los beneficiarios tienen derecho a recibir por parte de la Sedesol:
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa.
b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna.
c) Atención y apoyos sin costo alguno.
d) La reserva y privacidad de sus datos personales.
e) Los apoyos económicos que les corresponden de acuerdo a las presentes Reglas a través de un representante, en caso de que la o el beneficiario no pueda acudir personalmente a recibirlo por imposibilidad física, enfermedad o discapacidad. En su caso, dicho representante recibirá el apoyo económico de pago de marcha señalado en el numeral 3.5 de las presentes reglas de operación.
f) A realizar sus trámites de comprobación de supervivencia o actualización de sus datos en su domicilio, si no cuenta con un representante asignado y por razones de salud no pueda acudir a ninguna de las sedes de atención, siempre y cuando lo solicite telefónicamente con al menos 30 días naturales de anticipación a la fecha límite de realización del trámite.
Por otra parte, en el apartado correspondiente a las “Obligaciones de los beneficiarios” se establece lo siguiente:
3.6.2 Obligaciones:
a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo a estas Reglas y sus anexos.
b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datos cuando se le convoque con anticipación por cualquiera de las siguientes instancias: Delegación, Municipio o Red Social.
c) Cuando reciba sus apoyos mediante transferencias electrónicas, acudir a la Sede de Atención, con el objeto de comprobar su supervivencia.
El plazo máximo para que realice la comprobación de supervivencia es de cuatro meses. Para su primera comprobación, el término empezará a correr a partir del mes en que se inscriba al Programa.
c) No hacer uso indebido (venta, préstamo o uso con fines partidistas o electorales, entre otros) de los documentos que lo acreditan como beneficiario del Programa.5
9. Sin embargo, se han presentado diversas problemáticas en el país para comprobar la supervivencia de los beneficiarios, en ocasiones derivado del cierre de ventanillas - como fue el caso del Distrito Federal, en donde se reportaron problemas para la actualización del padrón, lo que ha saturado las que permanecen abiertas; asimismo las personas no están obteniendo atención adecuada vía telefónica.
En este sentido, a través de diversos medios de comunicación, los beneficiarios del programa han expresado su inconformidad derivada de la forma en que tienen que realizar el trámite de supervivencia, ya que exponen su integridad y salud al tener que hacer fila fuera de las oficinas designadas por la Sedesol para hacer dicho trámite, y esperar su turno durante largas horas, además de que hacen gastos no programados para realizar el traslado al lugar en donde deberán ser atendidos.
Se han documentado notas periodísticas de diversos diarios del país en la que se menciona que en algunos casos, los beneficiarios tuvieron que llegar desde la madrugada, exponiendo su salud a fuertes cambios climáticos. Muchos de ellos, intentaron llamar a los números telefónicos destinados por la Sedesol para realizar el trámite, sin tener éxito alguno.
Cabe destacar que en muchos casos, al no recibir respuesta vía telefónica y encontrar las ventanillas cerradas, los adultos mayores tuvieron que trasladarse a la sede de atención en donde, ante las largas filas, se atentó contra su dignidad.
De lo anterior resulta lógico entender que para estos adultos mayores, es de suma importancia actualizar sus datos y comprobar la supervivencia, ya que de no hacerlo, el apoyo otorgado puede ser suspendido.
10. Es necesario reflexionar respecto de los daños que ocasionan a la salud y a la seguridad de nuestros adultos mayores el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, al no tomar las medidas necesarias que aseguren la atención para los beneficiarios del programa citado y que el hacerlo, significa también un atentado a su dignidad, misma que hemos exigido se respete y por lo cual, nos hemos pronunciado en esta Cámara de Diputados.
Es por ello que resulta necesario generar mecanismos para que los derechos de los adultos mayores no se vean vulnerados por este tipo de situaciones, que además son totalmente ajenas a ellos.
Como legisladores, debemos trabajar a favor de todos los sectores de la población, coadyuvando en la mejora progresiva de todos los servicios y programas proporcionados por el Gobierno, dentro de sus ámbitos de competencia.
11. De acuerdo con las Disposiciones Generales del Código Civil Federal, el Registro Civil tiene la facultad de autorizar diversos actos, entre ellos, el expedir las actas correspondientes al nacimiento y la defunción de las personas; en cuanto al primero, el documento en mención es uno de los que deben presentarse como requisito para poder solicitar ser beneficiarios de los programas del gobierno federal, entre ellos los que competen al ámbito del desarrollo social.
12. En lo que respecta a las actas de Defunción, la normatividad señala que se requiere de la autorización escrita por el Juez del Registro Civil para llevar a cabo una inhumación o cremación y que éste se asegurará suficientemente del fallecimiento, mediante un certificado expedido por un médico legalmente autorizado; por este motivo, la información oficial respecto a los fallecimientos y de las edades que tienen las personas, es aquella obtenida por el Registro Civil.
13. El artículo 119 del Código Civil Federal contiene los requisitos indispensables para emitir el acta de defunción, los cuales son:
“I) El nombre, apellido, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto;
II) El estado civil de éste, y si era casado o viudo, el nombre y apellido de su cónyuge;
III) Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos, y si fueran parientes, el grado en que lo sean;
IV) Los nombres de los padres del difundo si se supieren;
V) La clase de enfermedad que determinó la muerte y específicamente el lugar en que se sepulte el cadáver;
VI) La hora de la muerte, si se supiere, y todos los informes que se hagan en caso de muerte violenta, de ello se observa que la información que contiene el Registro Civil es detallada y general”.
Cabe mencionar que con estos requisitos se cubren las necesidades propias de la actualización del padrón de beneficiarios.
14. Lo anterior nos ayuda a entender lo importante de vincular los datos del Registro Civil con el programa Pensión para Adultos Mayores, ya que de esta manera, se podrá obtener la información necesaria y vigente para la atención digna de estas personas, así como evitar el generarles problemas de salud o de seguridad al hacerles pasar largas filas en la espera de su atención o, en su caso, la suspensión del pago del programa, actualizando de esta manera los datos tanto de supervivencia, como estadísticos del padrón del programa.
15. Actualmente nos encontramos en una etapa donde los avances de la tecnología han permitido facilitar el manejo de bases de datos y es común que estos avances en el manejo y vinculación de la información se encuentren implementados en varias instituciones del gobierno.
En tal sentido, es de suma importancia implementar las tecnologías de la información necesarias para fortalecer la comunicación interinstitucional entre el Registro Civil y la Sedesol, de manera específica en este programa multicitado.
Sabemos que aún y con esta implementación pueden existir casos de excepción; sin embargo, serán los menos y en cambio, se mejorará en gran medida el servicio que actualmente se brinda a los beneficiarios del programa en mención.
Es importante modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores , bajo el principio constitucional de progresividad, a fin de acercarnos al objetivo establecido que es, en lo general, la ampliación de los esquemas de seguridad social universal mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social a personas de 65 años en adelante, que no reciben ingresos por pago de jubilación o pensión de tipo contributivo; y en lo particular, asegurar un ingreso mínimo para los adultos mayores, contrarrestando, en algunos casos, la pobreza en la que se pudieran encontrar.
En mérito de lo antes expuesto, y con objeto de apoyar a los adultos mayores en el tema de la actualización del padrón de beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores , así como establecer un método vinculatorio con el Registro Civil, se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a modificar las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, estableciendo mecanismos vinculatorios con el Registro Civil y de esta manera tener actualizado el padrón de beneficiarios.
Notas
1 Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Estado Mundial de la población 2011. http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/SP-SWOP2011_Final.pdf, mayo de 2012.
2 República Mexicana: Población a mitad de año por sexo y edad, 2010-2050, Consejo Nacional de Población. Disponible en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones,consulta realizada el 14 de marzo de 2014.
3 Reglas de Operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores, para el Ejercicio Fiscal 2014.
4 Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensi onal.pdf.
5 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2014/rop_adultos_mayores.pdf, páginas 7 y 8.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de marzo de 2014.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Conapesca a establecer acciones encaminadas a fortalecer la modernización de la actividad pesquera y acuícola, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, María del Carmen Ordaz Martínez, diputada por el estado de Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que en el ámbito de su competencia establezcan gestiones encaminadas a fortalecer las acciones correspondientes a la modernización de la actividad pesquera y acuícola, entre la que se cuenta la correspondiente a la flota pesquera ribereña; impulsar un programa de seguridad para los pescadores; así como difundir la legislación y programas relativos a esas actividades; incrementar la realización de cursos y talleres de capacitación para los trabajadores pesqueros y acuicultores y la implementación de una campaña nacional permanente para promover el consumo entre la población de las especies marinas y acuícolas de alto valor nutritivo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México cuenta para las actividades de pesca y acuacultura con 11 mil 592 kilómetros de litorales de los cuales 8 mil 475 corresponden al litoral del Pacífico y 3 mil 117 al Golfo de México y mar Caribe, incluyendo islas; una zona económica exclusiva de 3 millones de kilómetros cuadrados, una plataforma continental con 358 mil kilómetros cuadrados, así como 2.9 millones de hectáreas de aguas interiores como lagos, lagunas, represas y ríos de las cuales un millón 277 mil 904 hectáreas corresponden a lagunas costeras y esteros, localizándose 629 mil 925 hectáreas en el litoral del Pacífico y 647 mil 979 hectáreas en el litoral del Golfo de México y mar Caribe.1
El mar constituye una importante y significativa riqueza natural para México, entre la que se encuentra su amplia contribución al medio ambiente, es también hábitat de la vida marina mucha de la cual forma parte primordial de nuestra alimentación, y de su fondo se extraen hidrocarburos que favorecen nuestra economía nacional.
La pesca de especies como huachinango, mero, atún, róbalo, corvina, son tan sólo algunas de las numerosas que habitan en nuestros mares, así como una gran variedad de crustáceos entre los que se encuentran los camarones y las langostas, y moluscos como el abulón y el ostión, todos los cuales forman parte de una rica alimentación para el ser humano, esta actividad tiene un trascendente valor alimentario, social y económico, ahí su gran importancia.
Es necesario destacar a los trabajadores del mar, que con su esfuerzo y dedicación diaria proveen gran parte de nuestra alimentación, poniendo en numerosas ocasiones en riesgo sus vidas, siendo muchos de estos de escasos recursos económicos, todos ellos desarrollan la actividad pesquera durante las temporadas de pesca permitidas por la ley.
También se precisa en el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que la acuacultura es el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.2
Así como la pesca en ríos, lagos y otras fuentes de agua dulce en donde se encuentran numerosas especies entre otras las carpas, los charales, las tilapias y las truchas. Los acuicultores y los pescadores, que se dedican a este tipo de pesca son muy numerosos en el país y al igual que los del mar también padecen los efectos climatológicos y biológicos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su último censo 92.5 por ciento de las unidades económicas pesqueras son de tamaño micro y pequeño y se dedican a la pesca artesanal involucrándose las familias por necesidad y apoyo al ingreso familiar. Incrementándose considerablemente la participación de la mujer en la pesca y acuicultura. Así también el Inegi, desde el punto de vista geográfico, nos señala que el personal que participa en la pesca se distribuye en 64.5 por ciento para el litoral del pacífico, para el litoral del Golfo de México y Caribe 30.9 por ciento y el restante 4.6 por ciento lo aportan las entidades sin litoral.3
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, valioso instrumento para la nación, dentro de su apartado Plan de Acción, con base en la importancia que representa el sector pesquero nos señala que se buscará construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria del país.4
Por su parte el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018,5 al referirse al subsector acuícola y pesquero menciona lo siguiente: “La nueva visión de la pesca y la acuacultura es desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a precios accesibles”.6
Dicho programa nos habla del papel fundamental de países en desarrollo en el aumento global de la demanda de alimentos, así como que en los últimos años dicha demanda se ha elevado. Nos señala también que en 2050 la población mundial será de 9 mil 300 millones de personas y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la demanda de alimentos aumentará 60 por ciento y que para ese año la población en México crecerá 34 millones para alcanzar un total de 151 millones de personas.7
Nos dice también que durante el periodo 2002-2012 el índice mundial de precios de alimentos de la FAO aumento 136 por ciento. Así nos comenta al hablar del sector pesquero que la capitalización en dicho sector ha sido insuficiente y que la falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad.8
Con relación a la seguridad alimentaria se nos comenta que es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, así como que en los años setenta se identificaba con el manejo de los inventarios de alimentos, en los años ochenta el concepto se concentraba más en la autosuficiencia y es hasta la década de los noventa cuando se reconoce que el problema no debe reducirse a la disponibilidad de alimentos. Nos dice que según la FAO “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” y nos precisa el programa sectorial que esta definición globalmente aceptada resalta la índole multidimensional de la seguridad alimentaria que incluye el acceso a los alimentos, la disponibilidad de estos, su uso y la estabilidad en el suministro.9
El programa también se refiere a la participación del sector agropecuario y pesquero en el PIB y nos dice que entre 2000-2012, el PIB de las actividades primarias registró un crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento (agricultura 1.4 por ciento, ganadería 1.8 por ciento y pesca y acuacultura 0 por ciento), mientras que la economía nacional creció a una tasa de 2.1 por ciento. Así como durante 2012, el PIB de las actividades primarias creció en términos reales 6.6 por ciento y la agricultura avanzó 11 por ciento mientras que la ganadería no alcanzó variación anual.10
En la participación de cada una de las ramas el programa nos dice que dentro de las actividades primarias destacan la agricultura con 66 por ciento y la ganadería con 30 por ciento y podemos observar que pesca, caza y captura únicamente reflejan una participación de 1.5 por ciento.
Es importante destacar lo señalado en este programa sectorial cuando dice que el futuro del sector depende de qué tan exitosamente se genere y aplique el conocimiento y la innovación por los productores y que es apremiante orientar la capacidad de innovación a la productividad y eficiencia a lo largo de las cadenas productivas, mediante el impulso al desarrollo de investigaciones y tecnologías adecuadas, pertinentes y aplicadas al sector productivo; señalando que se tienen que dar prioridad a todo aquello que aporte elementos en la solución a problemas específicos del sector agrícola, pecuario y pesquero, que redunde en un mayor incremento y democratización de la producción agroalimentaria.11
También destaca este programa que la actividad agropecuaria y pesquera se desarrolla en un entorno productivo y comercial altamente vulnerable tanto a los riesgos del mercado como a los climáticos. Nos continúa diciendo que está sujeta a cambios continuos permanentemente y que la única constante en este entorno es el cambio y la única certidumbre la incertidumbre.12
Nos comenta también sobre el cambio climático caracterizado por el calentamiento global y los cambios en la precipitación pluvial en el mundo y que estos producen efectos negativos sobre la actividad agropecuaria y pesquera. Así nos dice que las mayores temperaturas también están alterando las corrientes marinas y afectando la producción pesquera. Nos comenta que la posición geográfica de nuestro país lo torna altamente vulnerable al cambio climático caracterizado por la falta de certidumbre sobre la magnitud y ocurrencia de los eventos adversos y se refiere también a la poca capacidad de adaptación de la estructura productiva para hacer frente a ese fenómeno.
Así se refiere a que en México el cambio climático se ha manifestado en fenómenos extremos sin precedentes e inesperados, menciona la sequía de 2009 que fue la peor en 60 años, así como que el 2010 fue el año más lluvioso; y las intensas y atípicas heladas en 2011. Hace mención de las intensas lluvias de 2013 que ocasionaron pérdidas humanas y daños materiales; nos señala que las consecuencias de estos fenómenos naturales se reflejaron en pérdida de parte de la producción, brote de enfermedades y menores niveles de ingreso y riqueza para la población.13
Nos dice este programa que existen 4 millones de unidades económicas rurales con actividad agropecuaria y pesquera y que la población ocupada asciende a 6.7 millones de personas que generan a diario comida para 117 millones de mexicanos.14
Este programa sectorial se refiere a que la producción pesquera en los últimos años se ha mantenido alrededor de 1.5 millones de toneladas y que se cuenta con un alto potencial de crecimiento y amplias posibilidades de desarrollo de la acuacultura por su capacidad de incrementar la oferta pesquera tanto en aguas marinas como interiores.15
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable16 establece que dicha ley es de orden público e interés social, Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; así como el artículo 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponde a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, y de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.
Por su parte, el artículo 2 de dicho ordenamiento en su fracción II establece promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. En su título segundo que se denomina De las Competencias y Concurrencia en Materia de Pesca y Acuacultura denominándose; su Capítulo Primero “De la Distribución de Competencias” señala en su artículo 7 que las atribuciones que dicha ley otorga a la federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, salvo las que directamente correspondan al presidente de la República por disposición expresa de la ley.
Como se ha dicho la pesca y la acuacultura son actividades básicas en la producción de alimentos, pero para su impulso se requiere también que se intensifiquen los programas de difusión sobre las acciones gubernamentales en la materia y los beneficios de los mismos, así como los relativos a la investigación, también es significativo dar a conocer su marco normativo, como impulsar programas de actualización y de seguridad para los pescadores; otras de las acciones importantes de carácter urgente es la modernización de la flota pesquera mexicana en especial de la ribereña mejorando las embarcaciones dotándolas también con implementos más avanzados y seguros; y a sus tripulantes de chips satelitales personalizados, entre otros equipos para salvaguardar su vida e incrementar la pesca. Se hace notar que la flota ribereña en la mayoría de las ocasiones se aleja considerablemente de la costa en busca de las especies que capturan, poniendo en peligro la vida de los trabajadores del mar. Como se ha dicho, las especies marinas y acuícolas son de alto valor nutritivo para la alimentación y salud del ser humano, por lo que es importante también promover su consumo entre los mexicanos para que invariablemente forme parte de su dieta.
Al reflexionar sobre lo anterior observamos que es de trascendencia preparar cada día mejor a los trabajadores del mar, así como a los acuicultores a través de cursos de capacitación de carácter permanentemente sobre temas de seguridad en el trabajo y nuevas técnicas, dándoles a conocer los avances tecnológicos, como se requiere también apoyarlos con esquemas de financiamiento a bajo costo lo cual les permitiría impulsar la actividad tanto pesquera como acuícola y desde luego el apoyo imprescindible del estado en especial en contingencias climáticas y biológicas. La realización de lo anterior con toda seguridad contribuirá a mejorar dichas actividades, y no solamente para beneficio de ese importante sector sino para beneficio de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que en el ámbito de su competencia establezcan gestiones encaminadas a fortalecer las acciones correspondientes a la modernización de la actividad pesquera y acuícola, entre la que se cuenta la correspondiente a la flota pesquera ribereña; impulsar un programa de seguridad para los pescadores; así como difundir la legislación y programas relativos a esas actividades; incrementar la realización de cursos y talleres de capacitación para los trabajadores pesqueros y acuicultores y la implementación de una campaña nacional permanente para promover el consumo entre la población de las especies marinas y acuícolas de alto valor nutritivo.
Notas
1. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 Pág. 15 http://www.sagarpa.gob.mx/tramitesyServicios/sms/Documents/sectorial_23 1107.pdf
2. Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable última reforma 23-01-2014. Artículo 4º http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf
3. INEGI. Pesca y Acuicultura. Censos económicos 2009-2011 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/
4. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/
5. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario , Pesquero y Alimentario 2013-2018 SAGARPA http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/introduccion/Documents/Programa%2 0Sectorial%20de%20Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%20%20y%20Alimen tario%202013-2018.pdf
6. Ibíd. Página 83
7. Ibíd Página 51
8. Ibíd Página 52
9. Ibíd Página 55
10. Ibíd Página 55
11. Ibíd Página 68
12. Ibíd Página 69
13. Ibíd Página 52 y 53
14. Ibíd Página 54
15. Ídem
16. Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable última reforma 23-01-2014
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputada María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las características e impacto ambiental, social y financiero que tendrá el uso de la fracturación hidráulica, o fracking, en el país, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, a fin de solicitar la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la regulación legal de las energías renovables o nuevas tecnologías como la fracturación hidráulica, para la extracción de gas shale, como consecuencia de la reforma en materia de energía aprobada recientemente y sus efectos al ambiente.
Consideraciones
La reforma energética impulsada por el ejecutivo federal facilita los permisos de investigación de gas no convencional con fractura hidráulica, técnica conocida como fracking.
Los hidrocarburos no convencionales han despertado un notable interés en el sector privado pues, argumentan, contribuye al autoabastecimiento energético de los países que los explotan y, con ello, el desarrollo económico que implica.
La fractura hidráulica consiste en la generación de fisuras múltiples en la roca mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos a grandes presiones para facilitar el paso del gas y su extracción.
Sin embargo, esta técnica ha demostrado un grave efecto ambiental, la contaminación de acuíferos por el uso de aditivos químicos; en los lugares donde se ha aplicado la técnica, se han reducido grandes volúmenes de agua, e incluso, se producen movimientos sísmicos.
Se requieren 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Si tomamos en cuenta que se tiene una pretensión de explotar 20 mil pozos anuales, esto significaría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, y ello supondría la disminución de agua disponible para uso de la población.
Atrae mucho la atención que esta técnica promovida como la panacea se encuentre prohibida de manera total o parcial en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Irlanda el Norte, Bulgaria, Alemania, Rumanía, España, Australia, Austria, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, Italia, Suiza y Países Bajos.
Información proporcionada por la Energy Information Administration y de otras dependencias nacionales e internacionales, han señalado que México es uno de los países con recursos técnicamente recuperables de gas shale. Con motivo de la reforma energética en materia constitucional y las leyes reglamentarias, se abre la posibilidad jurídica para explotar esta fuente de energía de forma irracional, sin contemplar las consecuencias e impactos ecológicos, pensando ante todo en las utilidades económicas.
El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala claramente que “el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado”.
El artículo 41 del mismo ordenamiento señala que “las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional” el cual faculta a estas comisiones a “investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.
La reforma en materia energética impulsada por el titular del Ejecutivo, de manera inmediata, comenzó a generar interés entre inversionistas extranjeros, que han iniciado consultas, para determinar quirúrgicamente las zonas de inversión y operación para su pronta realización.
Los intereses económicos alrededor de esta perjudicial tecnología de explotación son enormes. El Congreso tiene la obligación de acompañar la transparencia de los contratos que se otorguen, pero previo a ello, deberá de puntualizar el impacto que generará de acuerdo a la experiencia internacional el uso de esta técnica para extraer las reservas de gas lutita que ascienden a 545 billones de pies cúbicos, lo que convierte nuestro país en un territorio más que apetecido para las empresas energéticas.
Es absolutamente indispensable que el Congreso de la Unión, particularmente esta Cámara de Diputados, cree una Comisión Especial que diseñe una ruta sobre las características e impacto que tendrá el uso de esta tecnología. Las experiencias internacionales que se conocen, deberán de arrojar el mejor diseño para determinar el grado de permisibilidad de esta técnica, su prohibición o modificación legal.
Por lo señalado solicitamos que ante la gravedad de los hechos narrados, a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura y al pleno de la Cámara, ponemos a consideración el presente punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial que garantice el abasto energético pero no a costa del deterioro del medio ambiente y de la seguridad de los ciudadanos de este país.
Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las características e impacto en materia ambiental, social y financiera que tendrá el uso de la tecnología conocida como “fracturación hidráulica” o fracking en el país de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Segundo. Los resultados que obtenga la comisión determinarán el grado de permisibilidad de esta técnica, su prohibición a través de una propuesta de modificación legal.
Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el final de la presente legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al encargado estatal del Programa de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS a coordinar, supervisar y vigilar el funcionamiento del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, con sede en Monterrey, Nuevo León, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Datos del Registro Nacional de Casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), presentado por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), como parte de la vigilancia epidemiolo?gica de casos de VIH/Sida en México, revelan que en el periodo comprendido de 1983 a 2013 existen 166 mil 370 casos notificados de Sida en México y 47 mil 362 personas que continúan registradas como seropositivas al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Durante tres décadas, en Nuevo León se tiene registro de 4 mil 938 casos confirmados de VIH/Sida; de los cuales 4 mil 319 son varones y 619 mujeres. Con estas cifras, en Nuevo León se concentra el 3 por ciento de la población con este padecimiento a nivel nacional.1
De tal forma que, de acuerdo al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), la incidencia de personas infectadas de Sida acumulada a junio de 2011 en la entidad es de 91.81 casos por cada 100 mil habitantes.2
Al respecto, según las estadísticas de mortalidad, de 2000 a 2009 la tendencia de la tasa de mortalidad por VIH en el estado ha mostrado un incremento pasando de 3.29 a 4.27 en 2009; observándose una estabilidad en los años recientes con cuatro muertes por cada 100 mil habitantes.3
Asimismo, la proporción de defunciones causadas por el Sida en Nuevo León es siete veces mayor en los hombres que el observado en las mujeres, y de estas, ocho de cada 10 se presentó en personas de 25 a 54 años de edad4
En dicho tenor, el Censida tiene como misión “ser una instancia rectora y de coordinación de la respuesta nacional al VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) con base en evidencia científica y en apego a la normatividad, con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género”5
Como parte de esta estrategia, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) es una unidad de salud que proporciona servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria. Este tipo de unidades brinda el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como a sus familiares.6
Estos centros se crearon en el año 2003 como “una unidad médica para consulta externa que cuenta con auxiliares de diagnostico, farmacia y área de atención psicológica”7 , asimismo, cabe señalar que los Capasits se constituyen como la unidad operativa de las políticas públicas, programas de prevención, atención médica, promoción social, ejecución de recursos y de vigilancia epidemiológica del VIH/Sida e ITS en el país, que ofrece promoción de salud sexual, mejora el acceso a los servicios ofreciendo atención integral a las personas que viven con el VIH/Sida e ITS, que incluyen aspectos psicológicos, sociales, culturales y étnicos.8
Cabe destacar que una de las atribuciones de los Capasits, es “otorgar los servicios necesarios para la atención médica integral y con calidad a las personas que viven con VIH/Sida e ITS que la soliciten”.
Al respecto, como parte de la estructura orgánica, existe la figura de responsable estatal del programa de prevención y control del VIH/Sida e ITS, el cual tiene como principal objetivo “coordinar, supervisar y vigilar que las acciones para la atención integral de las personas con VIH/Sida y otras ITS, establecidas en el programa se ofrezcan a la población usuaria de los Capasits bajo estándares de calidad y con un trato caracterizado por la no estigmatización ni discriminación”.9
Sin embargo, en semanas recientes, pacientes del Capasits ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León realizaron –de nueva cuenta– una denuncia por el mal trato que reciben, entre los que destaca el intercambio de medicamentos por relaciones sexuales entre médicos y pacientes.10
Al respecto, la asociación civil denominada Sé humano Monterrey, evidenció que desde la apertura de este centro se encuentran laborando de cinco a siete personas para una población de aproximadamente mil 800 pacientes, lo cual ha generado que se brinde un mal servicio y no se cuenten con las condiciones óptimas para cumplir cabalmente con las funciones del Capasits; aunado a las violaciones sistemáticas en contra de los derechos de las y los pacientes.
Aunado a ello, desde 2011 se pueden encontrar denuncias en contra del Capasits por maltrato y por no haber brindado la atención especializada a pacientes con VIH,11 a la par de que diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron, el año pasado, la renuncia de Genaro Leal Martínez, entonces secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Sida (Coesida), “por considerar que durante su gestión no ha involucrado a diversos actores sociales para conformar un plan estatal de lucha contra la epidemia”12 , toda vez que acusaron de la existencia de situaciones de carácter político entre algunos de los funcionarios, quienes anteponían intereses personales a los que su cargo debiera perseguir en términos que la ley les confiere como atribuciones y responsabilidades.
Por lo antes mencionado, cabe destacar que el programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido, desde su creación en 1990, más de mil cien quejas por parte de pacientes o familiares las cuales están relacionadas, por ejemplo, con la falta de una oportuna atención médica o la negación de servicios como los obstétricos; lo cual ha desembocado en diversas recomendaciones a diversas instancias con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de quienes se encuentran en dicha situación.
Por otro lado, “de las 56 quejas a nivel nacional en Censida por falta de medicamentos en 2013, sólo una se ha generado hacia la Secretaría de Salud de Estado de Nuevo León”.13
Ante esta situación, nos pronunciamos porque existan las garantías que permitan que las y los pacientes de VIH/SIDA ejerzan plenamente sus derechos, sin importar el estado de salud o cualquier situación que pueda ser utilizada como pretexto para violar los derechos humanos.
Por estas razones y las señaladas de manera reiterada por el promovente de esta proposición, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al responsable estatal del programa de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS para que, conforme a sus atribuciones, coordine, supervise y vigile el funcionamiento del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual con sede en Monterrey, Nuevo León.
Notas
1. Milenio, “A 30 años, incidencia de VIH-Sida persiste en NL”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.milenio.com/monterrey/anos-incidencia-VIH-sida-persiste-NL_0 _200379982.html
2. Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Datos de Nuevo León”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/esta disticas/2011/sida19.doc
3. Ídem.
4. Informador, “Defunciones a causa del SIDA en Nuevo León aumentan”, [en línea], México, Dirección URL:http://www.informador.com.mx/mexico/2013/494988/6/defunciones-a-cau sa-del-sida-en-nuevo-leon-aumentan.htm
5. Censida, “Misión, Visión y Valores”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.censida.salud.gob.mx/interior/acerca.html
6. Capasits, [en línea], México, Dirección URL: http://www.censida.salud.gob.mx/interior/capasits.html
7. Secretaría de Salud, Censida, Manual de organización específico del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual ”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/man_org_capasits.pdf
8. Ídem.
9. Ídem.
10. Milenio , “Denuncian que médicos intercambian medicinas por relaciones sexuales”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.milenio.com/region/sida-derechos_humanos-capasits-violacion_ sexual_0_252574848.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral& utm_term=Estados&utm_campaign=Milenio
11. CIMAC, “Capasits de Monterrey maltrata a pacientes con VIH”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/41061
12. Notiese, “Exigen destituir al titular del Coesida en Nuevo León”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6860
13. Milenio, “A 30 años, incidencia de VIH-Sida persiste en NL”, Op. Cit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar políticas públicas para preservar y difundir las lenguas indígenas del país, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en noviembre de 1999, proclamó el 21 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Lengua Materna: una celebración que es también un llamado de atención sobre de diversidad y riqueza cultural de los pueblos, con un claro propósito: difundir, valorar y preservar las lenguas del mundo.
Su observancia surgió ante un contexto que pone en peligro de desaparición a más de la mitad de las 7000 lenguas del mundo. De este universo, pocos idiomas han sido integrados a los sistemas educativos, y son menos aún las que se utilizan en la red digital mundial. Por ello, resalta que desde 1999 la comunidad internacional ha promovido la conservación de la diversidad lingüística; en 2007, incluso la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una Resolución que pedía a los Estados parte “promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo”1 y declaró el 2008 “Año Internacional de los Idiomas”.
Dando consistencia a estos esfuerzos de conservación, en 2014, la UNESCO hace énfasis en la relación entre las lenguas maternas y el conocimiento científico, dando pauta con motivo de esta celebración, una propicia oportunidad para reflexionar que somos uno en la diferencia y que esto nos fortalece.
Nuestra diversidad lingüística como nación como las de otras culturas y naciones del orbe, se expresa, difunde y evoluciona primordialmente a través de la lengua, pues cada una de ellas contiene el código genético de la cultura mexicana, a tal grado que en el nombre que nos identifica lo llevamos grabado.
En esta reflexión nos ocupa especialmente la preservación de nuestras lenguas indígenas, aspecto que debe analizarse bajo la perspectiva de ser uno de los países con mayor diversidad cultural y estar entre los ocho en donde se concentra la mitad de todas las lenguas del mundo, como lo ha reconocido la UNESCO.
El acervo lingüístico de México, además del español está formado por 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas que hablan 68 pueblos indígenas. Asimismo, debemos sumar las lenguas que los migrantes han traído consigo y que hablan al interior de sus comunidades.
El Censo de Población y Vivienda 2010 reporta que en México casi 7 millones de habitantes de 3 años y más hablan alguna lengua indígena.2 Si bien esto representa un incremento de poco más de 900,000 habitantes con respecto al número de hablantes en 2005, lo preocupante es que de acuerdo a las cifras del “Atlas UNESCO de las Lenguas del Mundo en Peligro” 143 de las 364 variantes lingüísticas presentan algún grado de vulnerabilidad, 32 de ellas se encuentran en alto riesgo y 21 en situación crítica,3 particularmente por las condiciones adversas en las que se han dado sus relaciones con la sociedad no indígena.
Esta situación de riesgo se origina por el reducido número de hablantes cotidianos, la dispersión geográfica de sus asentamientos, la migración, la discriminación, la poca difusión en los medios de comunicación, la falta de materiales didácticos en sus propias lenguas o en el abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones, por sólo citar algunos factores de riegos.
En este sentido, queremos señalar la falta de cifras nacionales actualizadas que nos describan con exactitud cuál es el estado de las lenguas indígenas de México, pues resulta un imperativo para la preservación de nuestro acervo cultural. Las cifras con las que se cuenta en detalle son del año 2005. Sin duda el contexto ha cambiado en nueve años. Necesitamos conocer además cuántas de ellas están debidamente registradas en fonética y caligrafía.
La situación que nos describe UNESCO es grave, pues cada una de ellas es la expresión y medio conductor de cosmovisiones, y más aún, como bien apunta Irina Bokova, Directora de la UNESCO “su preservación abre las puertas al enriquecimiento con saberes tradicionales científicos a menudo ignorados”.4
Es de gran importancia atender la observación de la Señora Bokova respecto al conocimiento científico: por una parte, la población indígena tiene al igual que todos los mexicanos, el derecho constitucional a la ciencia y la cultura; y por el otro, las mismas comunidades son custodios, transmisores y generadores de conocimiento científico ancestral, saberes que día a día se lleva a la práctica en la vida cotidiana y, que tanto nos aporta como sociedad, al ofrecer soluciones, como es el caso de la medicina tradicional.
Lo anterior, nos permite reconocer la importancia de preservar nuestras lenguas; la relevancia que esto implica, reconociendo que hemos avanzado en ámbitos tan diversos, pero que aún falta mucho por hacer. Hoy tenemos instrumentos jurídicos, institucionales y presupuestales: la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas indígenas que tienen poco más de 10 años de vigencia y cada año desde el legislativo asignamos un presupuesto, con el objeto de que la educación intercultural sea atendida a todos los niveles.
La misma Ley en su artículo 6 establece la obligatoriedad del Estado para adoptar e instrumentar “las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país”.5
Lo anterior no se refleja en la realidad, a casi año y medio de la presente administración, todavía no conocemos cuál es la política pública que el Estado mexicano aplicará en este sexenio para garantizar este derecho.
El verdadero reto ahora es que estos instrumentos se apliquen para dar efectivo cumplimiento al principio de multiculturalidad que reconoce la Constitución. Es necesario que otras instituciones se involucren en estas acciones como: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los centros de investigación científica, las universidades interculturales como actor clave y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que invierta los recursos necesarios y los canalice a las instituciones en comento. Esto último es clave para poder ejecutar las políticas públicas ya diseñadas, pues el desarrollo incluyente, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo pasa necesariamente por el goce este derecho.
En este sentido las y los Diputados de Nueva Alianza, creemos que podemos ir más allá del reconocimiento de la otredad, consideramos que el diálogo intercultural es posible, y que la preservación de nuestras lenguas es el primer paso para lograrlo.
La discriminación que padecen los mexicanos hablantes de lenguas indígenas es una de las razones más importantes por las que están en peligro de extinción. Este camino implica que la sociedad en su conjunto sea consciente de la diversidad para que la reconozca y la valore. Al respecto, los medios masivos de comunicación tienen un rol primordial para difundir las lenguas indígenas. Por ello se hace necesario transmitir contenidos que fomenten la interculturalidad.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que realice una actualización de las cifras de hablantes de lenguas indígenas y el estado de vulnerabilidad de cada una de ellas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a producir materiales de divulgación científica en lenguas indígenas.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se establezcan las políticas públicas necesarias a efecto de que se haga efectivo el Artículo 6 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Notas
1 Resolución de Naciones Unidas A/RES/61/266, 16 de mayo de 2007. Ver: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10592.doc.htm
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ver: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/?ind=1005000039 Consultado 3 de marzo de 2014.
3 Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro. Ver: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php?hl=es&page= atlasmap
Consultado el 3 de marzo de 2014.
4 Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, 2014. Ver: https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/2014/unesco_message.shtm l
5 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de marzo de 2014.
Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a atender las quejas de usuarios relativas a las deficiencias en los servicios de la concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV, Volaris, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe Benjamín Castillo Valdez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo para hacer un respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que aplique en el ámbito de sus competencias, las medidas administrativas y legales pertinentes a fin de atender y darle solución a las quejas presentadas por los usuarios de los servicios que presta Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV, con nombre comercial Volaris, e inducir a que se corrijan las deficiencias comunes en los servicios de ésta aerolínea, en base a las siguientes:
Consideraciones
El transporte aéreo de pasajeros tanto de empresas nacionales como extranjeras en México, es parte fundamental de la movilidad y crecimiento de las ciudades, este transporte permite a sus usuarios, trasladarse en menor tiempo de una ciudad a otra. Al plantearse el desarrollo de la aviación comercial en México se hace indispensable que el Gobierno Federal norme y controle todas las actividades relacionadas con este motivo, comenzando a intervenir en la operación de las empresas, sus aeronaves y los servicios que ofrecen a sus pasajeros.
Contextualizando el asunto que nos ocupa, he de comentar que la empresa Concesionaria Vuela Compañía de Aviación “Volaris” que presta sus servicios desde mediados del año 2003, es una empresa de bajo costo que en los últimos años ha ampliado sus operaciones, abriendo nuevas rutas y que en términos generales para la aviación civil, no sólo representa contar con nuevas opciones de competencia en el sector de transportación aérea, sino que da la posibilidad a los usuarios, optar por la aerolínea que le ofrezca servicios de calidad.
En su página oficial, “Volaris” señala en el apartado Acerca de nosotros lo siguiente: Nuestra Visión es “Trascender al crear y vivir las mejores experiencias de viaje”. Mientras que nuestra Misión es “Con la mejor gente y a bajo costo, hacemos que más personas viajen... ¡bien!”.
Los usuarios al recurrir a empresas de transportación aérea como Volaris, esperan al momento de solicitar y cubrir el costo del servicio, obtener una prestación en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, tal y como lo señala la Ley de Aviación Civil en su artículo 17.
Sin embargo, quienes han tenido la necesidad de acudir a solicitar la prestación de los servicios de esta aerolínea, ha manifestado su inconformidad ante la instancia correspondiente con relación a las deficiencias e irregularidades en la atención, como se puede corroborar en las quejas y denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
En este sentido, es que hago uso de la palabra para externar la inconformidad de un gran número de personas que ante la serie de irregularidades que se presentan por parte de “Volaris” y su personal, hace conveniente que la autoridad competente para atender las quejas y denuncias de los consumidores, corrijan la actuación de la empresa, específicamente en el manejo de equipaje, en su centro de atención telefónica, en el funcionamiento de su página web, en la operatividad del servicio de reservaciones y pagos electrónicos, en el cumplimiento de las promociones que ofrecen y, en todo lo que derive de una adecuada atención a los usuarios.
Se estipula en la legislación correspondiente, que cuando se celebra un contrato de transporte el cual es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio, por el mismo que los pasajeros tendrán derecho al trasporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones correspondientes.
En este sentido, la Aerolínea y su personal está incumpliendo a lo estipulado en la Ley de Aviación Civil ya que de manera inapropiada y sin previo aviso, hacen cobros adicionales por el equipaje que se pretende trasladar a bordo, aún y cuando el pasajero cumpla con lo establecido en las políticas de servicio. Otro aspecto a resaltar y que es una queja común, es la notoria falta de capacitación y actitud de servicio del personal de esta empresa y que empeora cuando en los distintos aeropuertos o ciudades se hace uso de políticas de servicio discrecionales, es decir, imponen su propias reglas en la atención de los pasajeros generando daños, perjuicios y molestia, al grado de perder el servicio contratado y peor aún, que la empresa no asuma su responsabilidad de reparar el daño o corregir la situación.
Considero importante la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para que dé cumplimiento y solvente las quejas y denuncias que han presentado los usuarios de los servicios de la Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV, “Volaris”, con la finalidad de proteger los derechos del consumidor. Asimismo, se inste a la empresa a que corrija y de cumplimiento estricto sus propios postulados que al tenor señala:
“La alta dirección de Volaris, como empresa dedicada al transporte aéreo, hace el compromiso con sus Clientes y partes interesadas, de dar cumplimiento a las regulaciones aplicables a la industria de la aviación, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y a los estándares establecidos o adoptados por la propia organización, como prioridad fundamental para garantizar: calidad, seguridad aérea, seguridad corporativa, prevención de actos y condiciones inseguras, fomento a la salud de los Embajadores(sic) y prevención de la contaminación del medio ambiente.”
“Volaris se compromete a lograr una cultura en donde calidad, seguridad aérea, seguridad corporativa, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, sean prioridades operacionales fundamentales.”
“También hace el compromiso de que en toda la organización de Volaris, se mantenga la mejora continua.”
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que atienda en el ámbito de sus competencia, las quejas y denuncias presentadas por los usuarios con relación a las deficiencias de los servicios proporcionados por la Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, SAPI de CV, “Volaris” y que inste a la empresa a dar cumplimiento a la normatividad en materia de aviación civil y a sus políticas de operación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Benjamín Castillo Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS y al gobernador de Sonora a informar sobre la situación de los trabajadores ferroviarios de Empalme, Sonora, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Costó 150 años construir la red ferroviaria de México y en pocos años, las malas políticas gubernamentales y la necesidad privatizadora del gobierno lograron que una de las principales redes ferroviarias de pasajeros en América Latina se convirtiera en un servicio de carga, para particulares y de particulares –principalmente extranjeros.
La privatización de los ferrocarriles, realizada durante 1994, se inició con la privatización de los talleres de mantenimiento y la flota de locomotoras asignadas a ellos. Esta privatización parcial sirvió de modelo para el planteamiento general posterior, especialmente en lo que se refiere a la solución obrera, debidamente consensuada con el sindicato.
Se decidió la privatización integral por el Ejecutivo a principios de 1995, para lo que fue necesario reformar el artículo 28 constitucional, que reservaba al Estado (sólo desde 1985) la operación de los ferrocarriles. Se derogó ese precepto y se promulgó una Ley reglamentaria de los ferrocarriles, que contemplaba la privatización misma.
En principio se decidió que no se podría privatizar Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en su conjunto, a fin de no repetir la privatización de un monopolio, como sucedió con Teléfonos de México; así, el sistema ferroviario se debería dividir.
Esto planteaba una disyuntiva: la empresa podría uno, dividirse en varios ferrocarriles integrados verticalmente, o 2, dividirse horizontalmente: infraestructura, operación, comercialización, etc., (este último fue el esquema adoptado por el Reino Unido.)
Se optó por la primera vía, en gran parte por constituir la modalidad que privaba en Estados Unidos y Canadá, con los que el sistema ferroviario mexicano se conectaba. Esta opción tenía la desventaja de convertir el sistema ferroviario, de un solo monopolio a tres monopolios, debido a lo cual se buscó construir la mayor competencia entre los ferrocarriles, aprovechando que la geografía lo permitía, estableciendo asimismo un sistema de derechos de paso en el que un ferrocarril pudiera transitar por las vías del otro. Esto último, en la práctica y después de la privatización, no funcionó como originalmente se esperaba.1
Se licitó cada ferrocarril. El primero que se privatizó fue el del Noreste, resultando una licitación muy competida en que Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Kansas City Southern (KCS, ferrocarril estadounidense de mediano tamaño) pagaron un precio muy alto por el ferrocarril. Éste cambio su nombre a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM).2
La segunda privatización resultó al revés, pues los tres interesados se pusieron de acuerdo en una sola postura y pagaron un precio muy bajo (apenas arriba del precio mínimo establecido).3 El tercer ferrocarril se vendió a buen precio, así como los dos pequeños restantes. Además hubo una terminal en el Valle de México, propiedad de los tres grandes y del gobierno federal.
El costo para el gobierno consistió en la liquidación de la mano de obra no jubilada, 30 mil trabajadores de 1990 a 1996, y otros 20 mil de 1997 a 1999. Este costo ascendió a 300 millones de dólares. Tan sólo 20 mil trabajadores fueron recontratados por los nuevos ferrocarriles. El organismo FNM en liquidación se quedó con activos que deben hacer frente a los pasivos, la mayoría de ellos de carácter laboral.
En retrospectiva, se pueden hacer dos críticas a la privatización: la primera, que por TFM se pagó en exceso y por Ferromex en defecto, lo cual ha exacerbado la rivalidad entre los ferrocarriles; y la segunda, que los derechos de paso que se establecieron no han operado en general, y la rivalidad —que se esperaba llegaría a promover un clima de eficiencia— resultó excesiva, obstaculizando la interconexión entre los mismos ferrocarriles en detrimento del usuario.
En últimas fechas ocurrieron dos eventos que arrojaron nubes adicionales al supuesto éxito de la privatización: 1) TFM, el ferrocarril más importante, se volvió 100 por ciento propiedad extranjera, pues TMM vendió su 51 por ciento a Kansas City Southern de México, SA de CV; y 2) Ferromex adquiere del Grupo Carso 100 por ciento del capital de Ferrotur. El resultado ha sido que el sistema ferroviario contará con dos ferrocarriles 100 por ciento extranjeros y dos mayoritariamente nacionales.
Si bien es cierto que en esta legislatura se han dado pasos grandes rumbo a mejoras en la competencia y las bajas tarifas del servicio ferroviario, para tratar de resarcir los daños no previstos en la privatización, se han dejado de lado los daños específicos a las comunidades ferroviarias, tal es el caso de Empalme, Sonora, antiguo centro neurálgico de los ferrocarriles mexicanos en el noroeste del país.
Empalme, pueblo surgido a raíz del nacimiento del ferrocarril en el pacífico mexicano en 1905, ha enfrentado graves problemas desde que en 1989, por decreto presidencial del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se vendiera el Ferrocarril del Pacífico, quedando sin trabajo miles de familias.
Se estableció un fidecomiso para garantizar las jubilaciones y todo tipo de prestaciones a las que tenían derecho quienes hasta entonces fueron sus trabajadores y, en aquel entonces, se dijo que todo trabajador despedido sería tratado conforme a derecho y que se reconocería sus años de trabajo en el ferrocarril.
Pues bien, los años han pasado, varios ex trabajadores han muerto y aún no se han cumplido los derechos laborales de los ex trabajadores ferroviarios ni se atienden sus demandas laborales.
Los habitantes de Empalme, donde hace tres décadas se contaba con los talleres más grandes en la región del ferrocarril mexicano, han sufrido la mala conducción económica del país, al cerrarse cientos de fuentes de empleo ligadas a los trenes de pasajeros y carga.
Debido a la política económica, que se diseñó sólo para favorecer a uno por ciento de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, los últimos gobernantes del país acabaron con casi todo lo que pudieron.
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Primero. Exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a integrar y hacer público un informe detallado sobre el seguimiento que ha dado dicha secretaría para acompañar las demandas laborales de los ex trabajadores de Ferrocarril del Pacífico.
Segundo. Exhorta al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a que junto con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Economía del estado, integre y haga público un informe detallado sobre las acciones emprendidas a la fecha para apoyar a las y los habitantes de Empalme, Sonora, que fueran empleados ferroviarios de Ferrocarril del Pacífico.
Notas
1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Libro Blanco de la Privatización Ferroviaria, 2000.
2 El precio pagado fue de 11 072 millones de pesos por 80 por ciento del capital social. El sector Comunicaciones y Transportes 1994-2000, SCT, 2000.
3 El precio fue de 4 197 millones de pesos incluyendo al Ferrocarril Ojinaga-Topolobampo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para colocar una placa conmemorativa del centenario de la heroica defensa del puerto de Veracruz, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Raúl Santos Galván Villanueva, diputado federal de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política someta a la consideración del pleno de esta soberanía que se destine un espacio en el recinto de esta Cámara de Diputados para colocar una placa conmemorativa del centenario de la heroica defensa del Puerto de Veracruz, bajo las siguientes
Consideraciones
La Armada de México tiene como fundamentos el honor, el patriotismo y la lealtad, como lo ha demostrado desde su nacimiento en 1821, velando por la defensa y soberanía del Estado mexicano, sus instituciones y población.
El servicio desinteresado ha sido y sigue siendo la razón de ser de la Armada de México, como lo muestran sus acciones en el mantenimiento del estado de derecho en la mar, la protección del tráfico marítimo, la seguridad a instalaciones estratégicas, el auxilio a la población en situación de emergencia; la protección de los recursos marítimos; y, especialmente, en el mantenimiento de la independencia, la soberanía y de la integridad del territorio nacional, como lo confirman los hechos históricos a lo largo de nuestra vida independiente, en los que la Armada ha participado en defensa de la patria, como es el caso del Capitán Pedro Sainz de Baranda con la consolidación de la independencia nacional en 1825.
Largo sería relatar todos esos gloriosos acontecimientos, por eso se da un salto en la historia hasta la época de la lucha revolucionaria, específicamente los sucesos de la mañana del 21 de abril de 1914 en Veracruz, durante la segunda invasión Norteamericana a México.
Esa mañana los veracruzanos advirtieron que embarcaciones proveniente de los buques norteamericanos fondeados frente a Veracruz trasportaban y desembarcaban tropas norteamericanas en los muelles del puerto, violando la integridad del territorio nacional. Ante tal agresión, los Cadetes de la Escuela Naval y cientos de veracruzanos se aprestaron para realizar la heroica defensa del suelo patrio.
Durante la refriega hicieron frente al enemigo con bastante efectividad, causando el repliegue de los norteamericanos y obligándolos a emplear los cañones de los buques contra la Escuela Naval, ocasionando graves daños a la fachada del edificio
Durante los combates que se sucedieron, murieron heroicamente el Teniente José Azueta y el Cadete Virgilio Uribe, cuyo patriotismo y amor a México ha sido el ejemplo guía en la formación de generaciones de los nuevos Oficiales egresados de ese heroico plantel.
En esa lucha contra el invasor se hizo gala de patriotismo y valor en la defensa de la soberanía nacional, quedando patentizada la entrega y unidad de los cadetes de la Escuela Naval y de los veracruzanos, héroes civiles anónimos que ofrendaron su vida por México.
Debido a esa valiente defensa, el Honorable Congreso de la Unión dispuso que la ciudad de Veracruz recibiera el nombramiento de: “Veracruz cuatro veces heroica” , y que al nombre del plantel se le antepusiera el calificativo de Heroica; a partir de entonces, el crisol donde se forman los futuros oficiales de la Armada de México se denomina “Heroica Escuela Naval Militar” , y su nombre quedó escrito con letras de oro en los muros del salón de sesiones de este recinto legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, a cien años de distancia de aquella histórica gesta, como un reconocimiento y para rendir honor a quienes arriesgaron y perdieron la vida en defensa de su pueblo, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . Se propone a la Junta de Coordinación Política que someta a la consideración del pleno de esta soberanía que se destine un espacio en el recinto de esta Cámara de Diputados, para colocar una placa conmemorativa del centenario de la heroica defensa del Puerto de Veracruz, que contenga la leyenda siguiente: “A la Heroica Escuela Naval Militar y al pueblo veracruzano, que el 21 de abril de 1914 se cubrieron de gloria defendiendo la Patria”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán a informar sobre la situación, la actuación y los resultados de la estrategia implantada ahí, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila; integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy Michoacán está en guerra civil, en una dramática lucha fratricida; a unas cuantas horas de nosotros, comunidades, y pueblos luchan por mantener a sus comunidades, familias y comercios, todo por la inoperancia del Estado Mexicano para brindar la seguridad que por mandato constitucional le corresponde, lo anterior es también reflejo de la ingobernabilidad por parte del ejecutivo estatal
Derivado del clima de inseguridad y de alta inseguridad los ciudadanos organizados tomaron armas hombres y mujeres libres con reclamos auténticos y legítimos, que pretendían hacer efectivo el derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 10 de nuestra Constitución Federal, para utilizarlos en una franca confrontación perversa, y hoy, una vez que ellos han realizado parcialmente este trabajo, son desechados y desarticulados como desde a principios de este mes lo hemos podido constatar. Sin embargo hace pocos días les imputan más de 35 acusaciones graves y legalmente bastante frágiles tal es el caso de: Hipólito Mora quien es fundador, líder moral y hasta hace poco interlocutor válido con el Gobierno Federal de dichos grupos de autodefensa, a quien de manera sumaria se le dictó auto de formal prisión. Es decir, mientras que en el país hay 100 mil mexicanos a la espera de una sentencia, en Michoacán la justicia se mueve a capricho y al dedazo, en función de los experimentos federales y de la voluntad de unos cuantos, sin voltear a ver que aún queda la herida abierta de la liberación de 79 comunitarios, la mayoría de ellos indígenas de Aquila, que continúan detenidos en prisiones de máxima seguridad por su levantamiento legítimo ante el despojo de sus recursos naturales y el olvido histórico de la federación.
Hoy, en Michoacán hay una crisis humanitaria que nadie quiere ver, y con el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes las soluciones de fondo no llegan a un Michoacán que cuenta entre otras heridas abiertas con más de un millón de habitantes en pobreza extrema de acuerdo con cifras del Coneval y la FAO y con una de las deudas públicas más altas del país, solo comparada con el vergonzoso caso de Coahuila.
Dicho nombramiento atípico y fuera de toda normalidad democrática fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de enero de este año, y más que una solución integral, obedeció a la desconfianza que se tenía por parte del Ejecutivo Federal hacia el gobierno del Estado y la presión internacional que ejerce el tema Michoacán, incluso, en el párrafo cuarto de los considerandos de dicho decreto se establece de manera clara que: “...en los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han de presentado manifestaciones de debilidad institucional...”. Lo que nos demuestra que en aquella región se vive un Estado fallido.
Además, en el decreto de mérito, podemos advertir que se crea un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado con facultades discrecionales y se sienta un precedente alarmante para una República democrática y federal, toda vez que a dicho Comisionado se le dotan atribuciones de gobernador de facto suplantando a los poderes constituidos de dicha entidad federativa, violando con ello su soberanía ya que le otorga funciones amplias no solo en materia de seguridad como era de esperarse, sino que además, le otorga, facultades en materia política, social y económica, y lo más preocupante, es que no establece una temporalidad clara en su nombramiento, lo que deja abierta la puerta para que concluya el mandato constitucional del actual gobernador o incluso que vaya más allá de éste.
De igual forma, en dos visitas recientes del Presidente de la República a aquella entidad se han anunciado inversiones y apoyos millonarios del orden de los 45 mil 500 millones de pesos, que al paso de los días, descubrimos que no eran extraordinarios porque ésta misma Cámara desde diciembre pasado ya los había presupuestado, solo fueron reales 5 mil 500 millones que hoy, no sabemos con claridad su destino y aplicación como poder fiscalizador.
Es urgente, que en un sano ejercicio parlamentario, planteemos la urgencia de implementar una estrategia social, no policiaca ni confrontacionista; se requieren de acciones que permitan erradicar la situación de inseguridad de esa región del país.
Este estado ha dejado de ser un asunto de importancia local o regional, para convertirse en un asunto de interés nacional e internacional. De ese tamaño es el asunto. Y en este sentido, es justo reconocer que el Poder Legislativo federal ha brillado por su ausencia en el caso Michoacán, por ello, insisto en que podemos ser un actor clave para el rescate de tan hermosa entidad de la República y el restablecimiento del estado de derecho que desde hace más de 10 años se ha perdido. Asumamos con altura de miras esa responsabilidad que tenemos con los mexicanos.
“Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren”.
Jean Paul Sartre
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de esta Cámara exhorta al comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que integre y haga público un informe detallado sobre la situación, actuación y los resultados de la estrategia implementada en dicho estado.
Segundo. Se acuerda conformar un grupo plural de trabajo a fin de analizar la situación de las autodefensas, en específico la región de tierra caliente a fin de conocer las circunstancias actuales de sus habitantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de Marzo de 2014.
(rúbrica)
Efemérides
Con motivo del natalicio de don Benito Juárez, a cargo de los diputados Pedro Gómez Gómez y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
Natalicio de don Benito Juárez
Al conmemorar el 208 aniversario del natalicio del presidente Benito Juárez, los diputados y las diputadas de esta Sexagésima Segunda Legislatura no sólo cumplimos con un obligado deber cívico, sino que la efemérides nos permite realizar un ejercicio de reflexión histórica, muy necesario en este momento en nuestro cotidiano quehacer legislativo.
Porque si la historia es la maestra de la política, la figura señera del indígena zapoteca, nativo de Guelatao, es inspiración creadora para guiar nuestras acciones en el presente.
Hoy por hoy nuestra actividad política cobra sentido en la medida en que apostemos por su capacidad transformadora, y para ello Juárez es el mejor referente. No sólo por su personal ejemplo de superación y por su acendrado patriotismo y tenaz fortaleza, sino por su enorme vocación de cambio y visión de futuro; por su anhelo de progreso y bienestar para el pueblo de México, del que ha sido uno de sus hijos más preclaros.
Por eso, como invitaba don Jesús Reyes Heroles, hay que situar a Juárez no en el pasado remoto, sino con la vista en el porvenir.
Todos sabemos que el oaxaqueño salvó a la República, poniéndose al frente de una pléyade de mexicanos insignes que constituyeron la generación de la reforma, y por eso permanece para siempre venerado en la memoria de los mexicanos.
Sabemos que aún en las condiciones más adversas fue inquebrantable en su lucha contra los conservadores que ambicionaban la instauración de un Imperio.
Sabemos que no se amedrentó ante la pregonada fama de la superioridad militar de una potencia como Francia, mucho menos ante la confabulación de las fuerzas más retrógradas de entonces que se aliaron y conspiraron contra la República.
Pero lo más importante que reconocemos es que en ese contexto realmente difícil, en que sólo un espíritu inquebrantable como el de Juárez pudo resistir, supo conducir con su ejemplo a lo mejor del talento y la valentía que en ese entonces tenía México para que el país permaneciera independiente, pero, al mismo tiempo, para construir la estructura política de una nación que respetara una sola majestad: la de la ley.
Esa fue la guía de vida del joven Juárez, lo mismo que del gran estadista que fue. Desde que fue nombrado regidor en Oaxaca, en 1831, cuando ejerció la abogacía también en su estado natal, lo mismo que cuando ocupó cargos judiciales, o en 1847 año en que fue electo diputado federal.
En ese año también ejerció interinamente la gubernatura de Oaxaca, en medio de la invasión norteamericana, y a pesar de las vicisitudes hizo obra de gobierno: escuelas, puertos y caminos.
Su recta conducta y firmes convicciones eran incompatibles con un personaje como Antonio López de Santa Anna, lo que lo llevó a la cárcel de San Juan de Ulúa, en 1853, y posteriormente al exilio en Cuba y en Estados Unidos.
En 1854 se adhirió a la Revolución de Ayutla y al año siguiente fue designado ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1856 fue brevemente gobernador de Oaxaca nuevamente y de ahí pasó a ser Ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, bajo el gobierno de Ignacio Comonfort.
La vorágine de acontecimientos no hizo variar su línea de conducta.
Participó en la gestación de las Leyes de Reforma, la primera de las cuales, conocida como Ley Juárez, fue promulgada en 1855 con objeto de abolir los tribunales especiales para militares y religiosos, es decir, cancelando los llamados fueros.
Con la confrontación surgida al promulgarse la nueva constitución de 1857, jugaría un papel central como presidente interino tras la renuncia del presidente Comonfort, a principios de 1858.
El primer gobierno del presidente Juárez se desarrolló en medio del encono violento entre conservadores y liberales. Las invasiones extranjeras vendrían enseguida y sabemos lo que pasó.
De lo que poco se habla, y tiene una importancia enorme puesto a valor presente, es la vocación de Juárez por construir pensando en un futuro de paz, aún en medio de la guerra, y el alto valor que daba a la tarea educativa que debía asumir el gobierno.
Por ejemplo, si bien la Constitución del 57 estableció el concepto de “enseñanza libre”, en 1859, en el Manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, publicado en Veracruz, el presidente fue más allá y señaló (cito textualmente):
“El gobierno promoverá, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria y gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y la moralidad que se requieren para desempeñar con acierto el cargo de preceptores de la juventud, porque se tiene el convencimiento de que la instrucción es la primera base de prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos de poder.”
(Fin de la cita)
He ahí al Juárez reformador, situado en el porvenir. Siempre fue consecuente con ese credo de progreso y otro ejemplo nos lo dio en 1867, cuando invitó a su gobierno a Gabino Barreda, con quien fundaría la Escuela Nacional Preparatoria, que aún subsiste.
Es pertinente recordar su credo y su obra educativa, precisamente en este tiempo.
Evocar hoy al Benemérito de las Américas para rendirle merecido homenaje, quiere decir patentizar el compromiso con un legado vivo, producto de su pensamiento y de su acción.
Gracias a Benito Juárez triunfó la República y a él debemos las bases de un Estado mexicano moderno. Por su visión y ejercicio político patriótico y transformador, se construyó una nación mexicana que pudo erigirse en medio de imperios y hegemonías avasallantes.
Él no temió al cambio; lo encabezó. No se inhibió ante los enormes desafíos que tuvo que afrontar, y los venció. No cejó nunca en su afán de progreso para el pueblo de México y marcó el camino a seguir por futuras generaciones.
Esa es la gran lección que nos dejó y que nos invita a vencer nosotros mismos el temor y la resistencia al cambio. Rindamos tributo a su memoria siguiendo la ruta de modernidad, progreso y transformación que Juárez soñó para México.
Muchas gracias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputados: Pedro Gómez Gómez, Samuel Gurrión Matías (rúbricas).
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
Compañeras y compañeros legisladores, como es de su conocimiento, el 70 por ciento de nuestro planeta está constituido por agua, sin embargo, más del 97 por ciento es agua salada y solo el 3 por ciento restante es agua dulce; ese 3 por ciento se encuentra “atrapada” en forma de hielo, en el subsuelo y solo un poco más del 1 por ciento se está de manera superficial, y éste es el porcentaje más alto que se ocupa para uso humano.
Por ello, fue un avance significativo que la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, propusiera en 1992 la celebración del Día Mundial del Agua y que un año después, se adoptara el 22 de marzo de cada año para celebrarlo, estando este 2014 bajo el lema “Agua y Energía”.
En este marco, diferentes países realizan actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21;
Mientras que en nuestro país, abrimos la puerta a una sobre explotación del agua en la recientes reforma energética con la posibilidad de legalizar el Fracking.
Es decir, en la pasada Reforma Energética se está dando prioridad a la generación de energía y extracción de hidrocarburos por encima de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente, con la construcción de presas y trasvases que beneficiaran económicamente a grandes transnacionales, y por ello el Interés del Gobierno Federal por explotar hidrocarburos del subsuelo atreves del método de fractura hidráulica , utilizando por pozo de 9 a 23 millones de litros de agua con una mezcla de químicos altamente tóxicos, dejando el agua inutilizable, y con consecuencias de contaminar los mantos freáticos.
Este procedimiento se trata de uso intensivo de agua, que provocará el secamiento de mantos freáticos, provocando diversas enfermedades crónico-degenerativas en la población cercana por la contaminación con químicos tóxicos y metales pesados y sumando por supuesto el grave daño al entorno y equilibrio ecológico. Pero sobre todo, este tipo de proyectos solo beneficiarán a unas cuantas empresas, lo que nos aleja cada vez mas del Derecho Humano al Agua, el cual tenemos por obligación constitucional asegurar este elemental derecho.
En México la sobreexplotación de los 653 acuíferos con los que cuenta el territorio nacional, representa el suministro de la mitad de la extracción de agua subterránea en el país, por lo que desde hace décadas, México presenta una crisis hídrica.
Además, el crecimiento demográfico y urbano, la industrialización, el avance tecnológico, el surgimiento de nuevas necesidades de diversos sectores de la población, políticas públicas inadecuadas o insuficientes, entre otros factores, provocan la ruptura del tradicional ciclo del agua y con ello la necesidad de considerar nuevos elementos para superar esta problemática estructural y de complejidad creciente.
El problema del agua en nuestro país también se vislumbra a nivel internacional y amenaza convertirse como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI,
Sin embargo, Hoy, mil 200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que conlleva entre 10.000 y 20.000 muertes diarias. Alrededor de 4000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente de diarrea por beber agua contaminada por vertidos tóxicos.
La contaminación tóxica por actividades industriales, petroleras, mineras y agrarias envenena silenciosamente a millones de personas. En particular, la contaminación por cianuros y metales pesados de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, produce impactos demoledores sobre la salud pública de comunidades enteras, a menudo indígenas.
Frente a estas políticas de privatización, se han levantado fuertes movimientos sociales que promueven nuevos enfoques de gestión pública participativa bajo control social y el reconocimiento del agua como un derecho humano tal y como recogen las nuevas constituciones de países como Uruguay, Bolivia, Venezuela o Ecuador.
La extracción abusiva de caudales, la desecación de humedales, la tala de bosques y manglares y la fragmentación del hábitat fluvial por grandes presas han quebrado la vida de nuestros ríos,haciendo desaparecer la pesca: la proteína de los pobres.
La privatización de los servicios de agua y saneamiento por la presión del Banco Mundial hatransformado a los ciudadanos en clientes, ignorando que el acceso al agua potable debe ser garantizado como derecho humano.
El agua, vinculada a valores emocionales y territoriales, es fácilmente manipulable, tantoen la confrontación política partidista, como incluso a la hora de justificar guerras. Pero sobre todo el control del agua suele ser usado como herramienta de poder.
En nombre del “progreso de la humanidad” hemos quebrantado la sustentabilidad natural del ciclo hídrico, en pocas décadas, hemos desecado gran parte de los humedales, talado bosques de ribera, rectificado, estrechado y amurallado cauces; hemos quebrado la continuidad del hábitat fluvial con decenas de miles de grandes presas; hemos contaminado y sobreexplotado acuíferos y ríos, que ya ni siquiera llegan al mar.
Sin embargo, esa quiebra en la salud de los ecosistemas acuáticos, no sólo afecta a la biodiversidad, sino que agrava dos de los grandes problemas de la humanidad en el siglo XXI: el del acceso al agua potable y el del hambre. La degradación de ríos, lagos y humedales ha acabado tornándose en enfermedad, hambre y muerte, especialmente en las comunidades más pobres. La mayor parte de las proteínas en la dieta de esas comunidades procede de la pesca.
Afrontamos, en suma, una crisis global del agua, un verdadero holocausto hidrológico en el que las víctimas son invisibles, lejanas y sin rostro; prescindibles en nuestra conciencia.
Hoy Compañeras y Compañeros Diputados, tenemos la enorme responsabilidad de legislar para asegurar el Derecho Humano al Agua, y asegurar para generaciones futuras el acceso al vital líquido.
El Agua no es una mercancía, es un derecho humano.
Es cuánto.
Diputada Graciela Saldaña Fraire (rúbrica)
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
Efeméride sobre el Día Mundial del Agua
El agua es el elemento más importante para la vida en la Tierra, el 70 por ciento del planeta está conformado por este él; asimismo, el ser humano y la mayoría de animales están constituidos también por un 70 por ciento de vital líquido.
De ahí que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera la importancia de dicho recurso, por lo que el 22 de diciembre de 1993 declaró el 22 de marzo de cada año como “Día Mundial del Agua”, y desde esa fecha en todos la gran mayoría de los países se realizan una serie de actividades para crear conciencia sobre el cuidado y uso eficiente del agua.
Para conmemorar dicho día, en este 2014 se eligió el tema “Agua y Energía”, con el objetivo de crear conciencia sobre las interrelaciones entre estos dos importantes recursos.
Para las Naciones Unidas y para la sociedad en general, resulta importante además de analizar la estrecha relación entre el agua y la energía en un contexto ambiental, abordar las desigualdades especialmente para una gran parte de la población que vive en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas, sin acceso al agua potable y los servicios energéticos.
Inicialmente resulta complicada la erradicación de dicha desigualdad en tanto siga existiendo desinterés y falta de conciencia de la sociedad en general para el cuidado y consecuente preservación de los recursos naturales, en donde es más que indispensable la participación de los seres humanos para lograr el cuidado de estos recursos, que van desde actividades en el hogar, hasta la creación de proyectos innovadores encaminados a su protección.
Para ello, las Naciones Unidas se pronunciaron a favor de facilitar el desarrollo de actividades que tengan el objetivo de garantizar la seguridad energética y el uso sostenible del agua en lo que se conoce como economía verde o energía sustentable, a través de la identificación de las mejores prácticas para el uso del agua y la eficiencia energética, de tal forma que la llamada “industria verde” sea una realidad.
Ejemplo de esto, es el primer edificio verde de la industria del acero en el mundo ubicado en el estado de Veracruz, que coloca a nuestro país como pionero en dichas construcciones, la cual obtuvo la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que reconoce la eficiencia en el cuidado ambiental de la nueva construcción tanto en sus procesos como en sus edificios al cumplir los estándares más altos de medio ambiente y seguridad internacionales, lo anterior debido a que la referida construcción representa un consumo de 21 por ciento menos electricidad y 50 por ciento menos agua.
De lo dicho podemos concluir, que no sólo se trata de reconocer la importancia de nuestros recursos naturales en fechas específicas, sino que se trata de un compromiso y trabajo constante para cuidar e impulsar proyectos que se sumen al combate para la erradicación del deterioro ambiental.
Es por ello, que las diputadas y los diputados integrantes de la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos un exhorto a todos ustedes compañeras y compañeros legisladores, para que sin distinción partidista, nos sumemos a la concientización del inminente deterioro a nuestro medio ambiente y los recursos naturales, para que a través de pequeños cambios se comience a construir el camino para lograr un verdadero equilibrio ecológico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Efeméride sobre el Día Mundial de la Tuberculosis
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la tuberculosis como una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones, causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis ), misma que se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio.
La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, sin embargo, algunos síntomas son tos, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.
Asimismo, la propia OMS señala que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis, pero solo algunos de los infectados desarrollará la enfermedad.
Es por ello que hace énfasis en difundir además de los síntomas, las características de las personas susceptibles a padecer dicha enfermedad, refiriendo que las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un riesgo mucho mayor, tal es el caso de las personas afectadas por el VIH quienes tienen aproximadamente entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis.
Por ello, dicha organización ha implementado diversos mecanismos de combate, entre ellos la estrategia “Alto a la Tuberculosis”, la cual tiene como objetivo asegurar el acceso universal al diagnóstico de todas las personas afectadas por la tuberculosis, el tratamiento y la atención sanitaria, así como reducir la carga de la enfermedad y su mortalidad.
En nuestro país, tenemos de ejemplo las labores llevadas a cabo por el gobierno de Tlaxcala, cuyo objetivo es reforzar las actividades de promoción, prevención y detección de la tuberculosis en la entidad, para ello la Secretaría de Salud realizó un desfile por calles aledañas al Hospital Regional de Tzompantepec, y entregó reconocimientos a alumnos que fomentan acciones contra esta enfermedad en sus escuelas y hogares.
Asimismo, se realizan diagnósticos oportunos y confiables para la población, ofreciendo tratamientos efectivos supervisados por personal de salud de forma permanente.
Con dichas actividades, el estado de Tlaxcala se colocó en el primer lugar de la evaluación “Caminando a la Excelencia”, por sus contribuciones al control de la tuberculosis y en la disminución de la mortalidad.
Lo anterior es un claro ejemplo de los progresos hacia la consecución de las metas mundiales de reducción de los casos de tuberculosis y de las muertes causadas por esta enfermedad, sin embargo, aún no son suficientes, debemos hacer y crear conciencia sobre la enfermedad y sus consecuencias.
Es por ello, que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 del presente mes, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hacemos un exhorto para que las legisladoras y los legisladores de esta asamblea tomemos conciencia sobre la oportunidad que tenemos para aumentar la difusión sobre esta enfermedad y los esfuerzos por prevenirla, controlarla y erradicarla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
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