Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3969-III, martes 25 de febrero de 2014

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Dictámenes a discusión

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a consolidar por la SCT y la Cofetel las áreas de servicio local en el país, y revisar el Plan Nacional de Numeración a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación
De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a continuar el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a poner en marcha por la Profeco una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador de Baja California, al ayuntamiento de Ensenada y dependencias federales a revisar a fondo y, en su defecto, abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo en los Valles Vinícolas de la Zona Norte de Ensenada
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Económico, y de Finanzas del gobierno local a asumir en el ámbito de sus facultades medidas para compensar al sector productivo por las pérdidas generadas por bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a investigar y tomar medidas por abusos efectuados en la operación policiaca instaurada en torno a la marcha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de 1968
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la ALDF que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que las agresiones contra policías se consideren delito grave
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local y diversas autoridades a instruir la realización de campañas de difusión respecto al trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexual cometidos a bordo del transporte público
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en la ciudad
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Conagua y otras autoridades a considerar el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a coordinar y realizar gestiones para instalar nuevas plantas potabilizadoras en las entidades federativas
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la decisión del Congreso y del gobernador de California de aprobar legislación en favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a iniciar negociaciones para actualizar los lineamientos generales correspondientes a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a incorporar en su agenda binacional con Estados Unidos de América la realización de los proyectos de modernización y de infraestructura fronteriza, incluida la construcción de un segundo puente internacional en Ciudad Acuña, Coahuila, y atender los propósitos del proyecto Alianza Ports to Plains, al que dicha entidad se ha adherido
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener por la Semarnat las actividades y las políticas que representan un gasto excesivo al erario, como los 18 Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la ASF a agilizar la revisión del ejercicio del presupuesto correspondiente a 2012 en el Conaculta
De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedena, y de la Semar, y a los directores generales del IMSS, del ISSSTE y de Pemex a transparentar los procesos de las licitaciones públicas para contratar los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en esas dependencias
De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades competentes de los ámbitos federal, estatal y municipal de Baja California a informar respecto al estatus legal de la Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, y al nivel de riesgo a que se encuentra expuesta la población asentada en sus alrededores
De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil
De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo relativo a la responsabilidad de diversas autoridades por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender la obstrucción de la correcta administración pública en diversos municipios de Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por grupos del crimen organizado
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendentes a generar ahorro y uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a atender la recomendación número 23/2013, emitida por la CNDH, sobre el caso presentado por la inadecuada atención médica en agravio de V1, en los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila y general de zona número 1 en Zacatecas
De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de Tabasco y Campeche y Champotón, de la carretera federal 180
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo relativo a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa La Venta, en Acapulco de Juárez, Guerrero
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, adscrita a ella, así como la capacitación de los mandos y los elementos de las fuerzas federales en todo el país
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobernador de Morelos a atender las necesidades de saneamiento del río Apatlaco
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a atender las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia de Nuevo León
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a atender las necesidades de saneamiento del río Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a expedir la NOM que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer la estrategia de preservación de la capa de ozono
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar por la Conanp acciones en beneficio del parque nacional Barranca del Cupatitzio
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a hacer del conocimiento público los indicadores utilizados en el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria, evaluación de su ejercicio y acciones implantadas en el programa Promajoven
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a colaborar en el saneamiento de la barranca El Águila, en Tepeaca, Puebla
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador, al Congreso y a la CDH de Guanajuato a realizar acciones para prevenir, detener y atender la violencia contra mujeres y los feminicidios
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo relativo a los feminicidios en Tabasco
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH a iniciar acciones para garantizar el respeto de la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las indígenas que viven en las comunidades donde rige el sistema de usos y costumbres
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a Profepa a implantar políticas permanentes de prevención y combate de maltrato, agravios y condiciones adversas en que viven los animales de circo
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF a iluminar de color naranja sus sedes, en el marco de la campaña del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Conagua a realizar acciones para atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación del río Lerma y de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público por diversas autoridades los resultados sobre el ejercicio del PEF de 2013 en el rubro del cambio climático, y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que considere su revisión en 2014
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a considerar la información relativa a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero, a fin de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Guerrero a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara zona forestal vedada el cerro El Huixteco, en Taxco
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS a instalar la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al sector empresarial a implantar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Yucatán a revertir y detener los aumentos de las tarifas del transporte público en la entidad y garantizar el servicio seguro, eficiente y sustentable para los ciudadanos
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a promover ante la Concesionaria Mexiquense, SA de CV, empresa de Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Profeco a llevar a cabo medidas tras los actos de discriminación cometidos por la aerolínea Aeroméxico hacia ciudadanos originarios de Oaxaca
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a consolidar por la SCT y la Cofetel las áreas de servicio local en el país, y revisar el Plan Nacional de Numeración a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numeral 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones.

I. Antecedentes de trámite

1. En la sesión ordinaria del 1 de octubre del 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de la Cofetel, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación, presentada por el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la Proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-922 y expediente número 2700, recibido ese mismo día en esta comisión que dictamina.

II. Contenido de la proposición

1. De acuerdo con el diputado proponente, la consolidación de las áreas de servicio local (ASL) es un asunto que se encuentra pendiente en nuestro país, debido a que hay demarcaciones que poseen una alta interacción económica, política y social, y sin embargo, las llamadas telefónicas que realizan los ciudadanos entre estas zonas son consideradas de larga distancia, situación que representa un mayor costo para los usuarios.

2. La problemática a la que hace referencia el promovente, se presenta en muchas ciudades del país, como es el caso de los municipios de Silao y el de León, en el estado de Guanajuato, donde las llamadas telefónicas que se realizan son registradas por los concesionarios como de larga distancia, ya que, por un lado, la ciudad de León cuenta con clave lada 477 y, por su parte, Silao cuenta con clave 472, no importando que ambos municipios sean parte de una misma zona metropolitana conurbada.

3. Culmina el diputado Oviedo diciendo que, actualmente, la Cofetel está revisando la problemática que tiene el país en materia de consolidación de las ASL para reducirlas de 397 a 173, esto con el fin de atender las distintas solicitudes presentadas en los últimos años por usuarios, autoridades y operadores, proponiendo, en consecuencia, el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se lleve a la brevedad la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión integral del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación, que les permita establecer una cultura metropolitana que identifique a sus habitantes.

III. Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión considera pertinente hacer las siguientes aclaraciones:

a) Como es bien sabido, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se extinguió el pasado 10 de septiembre de 2013, cuando el Senado de la República aprobó el nombramiento de los 7 comisionados integrantes del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, la nueva máxima autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el país.

b) Por otro lado, esta problemática ya ha sido tratada, en repetidas ocasiones, tanto por la Cámara de Diputados, como por esta comisión dictaminadora, como se muestra a continuación:

I . El 17 de septiembre de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para exhortar a la SCT y a la Cofetel, a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali y del estado de Tlaxcala, para que sean consideradas como llamadas locales, cuyos resolutivos fueron los siguientes:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que, de manera inmediata, cumplan con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que, de manera inmediata, efectúen los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país que, por su disposición geopolítica, debieran ser consideradas como llamadas locales, en especial, en las comunidades del estado de Tlaxcala.

Tercero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que conjuntamente con la Cámara de Diputados se cree un grupo de trabajo para darle puntual seguimiento a lo establecido en este acuerdo hasta su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.

II . El 19 de diciembre de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de esta Comisión de Comunicaciones, por el que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen los estudios, análisis y acciones correspondientes con el objetivo de proceder a la eliminación del cobro de las llamadas telefónicas consideradas actualmente con el carácter de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, en Veracruz.

III . De igual forma, el 30 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de esta Comisión de Comunicaciones por medio del cual se libró un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo con la mayor brevedad el proceso de consolidación de las áreas de servicio locales de Baja California, reduciendo así el número de claves de larga distancia en el estado y logrando que las comunidades cercanas, geográfica mente hablando, se comuniquen de manera más eficiente y económica.

Asimismo, el pasado 9 de enero de 2013, esta comisión dictaminadora sostuvo una reunión de trabajo con los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en la que se trató a profundidad este tema.

IV. Derivado de todas estas acciones llevadas a cabo por esta comisión, el pasado 1 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones modifica la resolución administrativa mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectivo, publicada el 30 de noviembre de 1998 y el Plan Técnico Fundamental de Numeración publicado el 21 de junio de 1996”.

En esta resolución se establecen los lineamientos necesarios para consolidar las 397 áreas de servicio locales que existen en la actualidad, a fin de conformar sólo 172 áreas de servicio local en el territorio nacional, tal y como se solicita en la proposición que se está dictaminando.

2. No obstante lo anterior, esta comisión que dictamina es sensible de la preocupación del diputado Oviedo y considera que la equiparación del actual servicio de larga distancia a servicio de telefonía local repercutirá en la elevación de la productividad de las empresas, del ingreso real de los hogares, como consecuencia de la reducción del costo de ese servicio y, en el mediano plazo, en el dinamismo de la economía de las distintas regiones del país.

3. Por lo antes expuesto, esta Comisión, considera prudente modificar la solicitud del diputado Oviedo, adecuándolo a la actualidad, para que, en lugar de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones a que se realice la consolidación de áreas de servicio local, se exhorte a la nueva autoridad competente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que continúe con el proceso de consolidación de áreas de servicio local, de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de julio.

En este sentido, el presente dictamen busca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúe impulsando la consolidación de las áreas de servicio local del país y que este proceso se realice lo más pronto posible, por lo que esta comisión somete a la consideración del pleno de esta Cámara los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que impulse el proceso de consolidación de las Áreas de Servicio Local, de acuerdo con la “resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones modifica la resolución administrativa mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectivo, publicada el 30 de noviembre de 1998 y el Plan Técnico Fundamental de Numeración publicado el21 de junio de 1996”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de julio de 2013.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe a esta soberanía el avance en el cumplimiento del proceso de consolidación de las Áreas de Servicio Local del país, de manera semestral, hasta que concluya dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2013.

La Comisión de Comunicaciones

Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya, María Sanjuana Cerda Franco, Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica).

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a continuar el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 numeral 1 fracción VI y 84, 157 numeral 1 fracción 1, 158 numeral 1 fracción IV, 176 numeral 1 fracción I y 180 numeral 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones.

I. Antecedentes de trámite

1. En la sesión ordinaria del 8 de octubre del 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a concluir el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa del programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por el diputado Federico José González Luna Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-2-796 y expediente número 2805, recibido el día 9 de octubre de 2013 en esta comisión que dictamina.

II. Contenido de la proposición

1. De acuerdo con los diputados proponentes, a principios del mes de septiembre, la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, informó que dejaría en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, el proceso de licitación para la adquisición de los decodificadores y antenas necesarias para cumplir con la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre, TDT, en las ciudades de Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez.

2. No obstante lo anterior, como lo mencionan los legisladores, en días pasados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó a través del comunicado de prensa número 03/2013, que el proceso de licitación de decodificadores y antenas para la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre es facultad del Poder Ejecutivo federal, de conformidad con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada el 11 de junio del presente año.

A este respecto, cabe mencionar que en el párrafo tercero del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional antes mencionada, se estableció que “los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios”.

3. Bajo tal consideración, el Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones, Foncos, resolvió cancelar el recurso que se utilizaría para la licitación de los servicios de visita, entrega e instalación de decodificadores y antenas digitales en Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez que corresponden al segundo programa piloto para la transición a la TDT, a llevarse a cabo el próximo mes de mayo de 2014.

En consecuencia de lo anterior, los Diputados promoventes proponen los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a retomar y concluir satisfactoriamente el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para el segundo programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre, tomando como base el proceso iniciado por la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y se cumplan las fechas establecidas para culminar con este proceso.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones a liberar los recursos necesarios para que la licitación de decodificadores y antenas digitales para el segundo programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre se lleve a cabo de manera oportuna y satisfactoria.

III. Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión que dictamina comparte plenamente la preocupación expresada por los diputados que proponen este punto de acuerdo y apoyan plenamente los resolutivos planteados, en especial ya que el Ifetel, al ser un órgano autónomo constitucional, no forma parte de los Poderes de la Unión, por lo que debe ser el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del ramo, quien defina el programa y los recursos presupuestales necesarios para cumplir con la política que permita culminar la transición a la televisión digital terrestre, el 31 de diciembre de 2015.

2. Estamos ciertos que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ha redefinido en forma clara, que las autoridades deben impulsar el proyecto para incrementar la penetración de la televisión digital terrestre en el país y concluir las transmisiones de las señales analógicas de la televisión abierta en México.

En este sentido, los Poderes de la Unión están obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores para la transición a la televisión digital y, por su parte, al Ifetel corresponderán las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

3. Esta comisión dictaminadora concluye que, con este cambio, la transición a la televisión digital terrestre no se pospone y mucho menos se cancela, únicamente se distribuyen de mejor manera las responsabilidades entre las autoridades que están involucradas en este proceso.

4. Por lo antes expuesto, esta comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone, y en congruencia esta comisión somete a la consideración del pleno de la Cámara los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que retorne y concluya satisfactoriamente el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a la Televisión Digital Terrestre, tomando como base el proceso iniciado por la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y se cumplan con las fechas establecidas para culminar con este proceso.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones, a liberar los recursos necesarios para que la licitación de decodificadores y antenas digitales para que la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre se lleve a cabo de manera satisfactoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2013.

La Comisión de Comunicaciones

Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya, María Sanjuana Cerda Franco, Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica).

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a poner en marcha por la Profeco una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numeral 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones.

I. Antecedentes de trámite

1. En la sesión ordinaria del 22 de octubre del 2013 se dio cuenta al pleno de la Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se ponga en marcha una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-4-991 y expediente número 2959, recibido el jueves 24 de octubre de 2013 en la comisión que dictamina.

II. Contenido de la proposición

1. De acuerdo con el proponente, el pasado 14 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM-192-SCFI/SCT1-2013, Telecomunicaciones-aparatos de televisión y decodificadores-especificaciones. Esta norma oficial mexicana da certeza al consumidor de que los aparatos receptores de televisión que se comercializan cuentan con la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 de A TSC, es decir, dichos televisores son capaces de recibir, sintonizar y reproducir las señales de televisión digital terrestre, TDT, y tienen la capacidad de recibir, sintonizar y reproducir cuando menos señales High Definition Television (Hdtv) y Standard Definition Television (Sdtv).

2. Según el Diputado, el principal objetivo de la norma oficial es evitar el riesgo de un daño inminente en la economía o patrimonio de los consumidores, ya que a partir de la conversión total de señal analógica a digital, aquellos consumidores que adquieran un televisor con tecnología analógica no contarán con el nivel tecnológico que les permita recibir, sintonizar y reproducir, cuando menos, las señales que se transmitan con el estándar A/53 de A TSC, lo cual conllevaría a tener que adquirir otro televisor que cuente con la capacidad para recibir, sintonizar y reproducir cuando menos señales Hdtv y Sdtv. Por lo tanto, se debe asegurar que el consumidor no ponga en riesgo su patrimonio al momento de comprar un televisor que no sea capaz de recibir, sintonizar y reproducir señales de televisión digital y, en consecuencia, no tenga acceso a las señales de televisión abierta que, a partir del 31 de diciembre de 2015, solo serán digitales.

3. En este sentido, a decir del legislador promovente, resulta de la mayor relevancia tener en cuenta los tiempos que maneja esta nueva norma oficial mexicana, ya que, de acuerdo con sus disposiciones transitorias, entrará en vigor a los 60 días de su publicación y, más importante aún, una vez que entre en vigor, los comerciantes contarán todavía con 30 días naturales más para poder vender los televisores analógicos que tengan inventariados; es decir, aun cuando la norma oficial se publicó el 14 de octubre, los televisores analógicos seguirán en el mercado hasta el 14 de enero de 2014.

4. Lo anterior significa que las televisiones tecnológicamente obsoletas podrán comercializarse durante el próximo Buen Fin, por realizarse del 15 al 18 de noviembre de 2013, por lo que resulta necesario que la población mexicana, como público consumidor, cuente con la información comercial que le advierta que ciertos aparatos televisores que actualmente se comercializan en el mercado, no serán idóneos para recibir señales digitales, por lo que su compra generara un daño o menoscabo en su patrimonio ya que estará adquiriendo un bien cuyo valor futuro se perderá y, para tal efecto, propone el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa previa al Buen Fin, en la forma y a través de los medios que estime pertinente, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

III. Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el diputado proponente y considera pertinente y atendible el exhorto solicitado ya que, si bien desde el 12 de agosto pasado y con el fin de advertir al consumidor que una televisión análoga no podrá captar señales digitales una vez que se concluya la transición a la televisión digital terrestre, fue emitida una norma que establece que dichos aparatos deberán tener una etiqueta en la que se lea la siguiente leyenda: “No sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al estándar A/53 Advanced Television Systems Committe” o

“No recibe señales de televisión digital”, podemos hacer todavía más para proteger al consumidor mexicano, ya que algunas empresas comercializan estos televisores a costos muy bajos, pues serán obsoletos a finales de 2015.

2. Asimismo, hay que señalar que este asunto ha sido del interés del Congreso de la Unión desde hace tiempo, basta recordar el dictamen aprobado por la Comisión Permanente el pasado 7 de agosto, cuyos resolutivos rezan:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, reconoce y apoya la creación de la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-192-SCFI/SCT1-2013 “Telecomunicaciones-aparatos de televisión y decodificadores-especificaciones” de acuerdo con el proyecto elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en conjunto con la Secretaría de Economía, para que, cuanto antes, entre en vigor y se dejen de comercializar televisores analógicos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, atendiendo a sus respectivas atribuciones, revisen la estrategia de implementación del cambio de señal analógica a la digital, con la finalidad de que se eviten o aminoren las externalidades y efectos negativos de la llamada transición digital, con el propósito de garantizar el acceso de la ciudadanía de la señal televisiva.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que garantice la no especulación de los precios de los aparatos decodificadores de señal digital y se eviten prácticas abusivas por parte de sus distribuidores y comercializadores.

3. En tal tesitura, la Comisión que dictamina estima oportuno exhortar a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa, en la forma y a través de los medios que estime pertinente, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

8. Por lo antes expuesto, esta comisión somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, y ponga en marcha una campaña informativa, en la forma y a través de los medios que estime pertinente, donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2013.

La Comisión de Comunicaciones

Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya, María Sanjuana Cerda Franco, Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador de Baja California, al ayuntamiento de Ensenada y dependencias federales a revisar a fondo y, en su defecto, abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo en los Valles Vinícolas de la Zona Norte de Ensenada

Honorable asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en uso de las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, la discusión y la valoración de las proposiciones, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2013, el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo con tres resolutivos, que fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1133 a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Contenido de la proposición

La proposición del diputado Adán David Ruiz considera los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para que tomando en consideración que su periodo constitucional como alcalde se encuentra a menos de 30 días de concluir, y que las manifestaciones sociales acerca del reglamento aprobado son contundente y notoriamente en contra, promueva la abrogación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, para que su discusión pueda ser retomada por los ediles entrantes y, en ese sentido, se abstenga de continuar la promoción de cambios que enrarezcan el equilibrio y tranquilidad social de las comunidades relacionadas con los valles vitivinícolas de la zona.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al cabildo del XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones y ante los evidentes reclamos de la sociedad baja californiana, promuevan la abrogación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, y en un acto de responsabilidad civil, moral y política, permitan que la discusión de este reglamento sea retomada por los ediles entrantes, que por mandato constitucional comenzarán sus funciones en menos de 30 días.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo de Baja California para que en el ámbito de su competencia y ante las notorias manifestaciones sociales contra la aprobación del reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, se abstenga de la publicación de dicho ordenamiento en el periódico oficial del estado, y de esta manera pugne porque en esa región se prioricen antes del desarrollo inmobiliario intensivo, la conservación e impulso de las actividades primarias y culturales de la zona.

Consideraciones del punto de acuerdo

El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez expone que la región vitivinícola de Baja California se ha convertido en promotora de la economía del municipio de Ensenada y del resto de la región, concentrando la producción de 90 por ciento del vino de México y atrayendo más de 300 mil turistas. Entre los problemas que enfrenta la región se encuentran: la constante escasez de agua y la falta de políticas públicas que garanticen la preservación de la región como espacio cultural, sustentable y turístico.

El diputado proponente señala que para ordenar y preservar los valles vitivinícolas, las autoridades acordaron la realización del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, el cual fue publicado el 15 de octubre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Dicho programa establece lineamientos que garantizan la protección de los valles mediante restricciones orientadas a priorizar la actividad vitivinícola y la construcción de instalaciones turísticas sustentables de bajo impacto.

El proponente menciona que el 7 de noviembre del año en curso el cabildo del ayuntamiento de Ensenada aprobó la expedición del Reglamento del Programa Sectorial y considera que el procedimiento de aprobación y dictamen del reglamento se llevó a cabo en medio de graves irregularidades, entre las que menciona: que se sesionó a altas horas de la noche, que deliberadamente se ocultó la determinación de votar el Reglamento, y que no se difundió la agenda del cabildo y los asuntos sometidos a votación; además de que según el proponente las modificaciones pueden contrariar lo establecido en el Programa Sectorial de Desarrollo.

Adicionalmente, el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez comenta que, entre diversos sectores de la población, se ha hecho circular un documento en el que se solicita la intervención de las autoridades para detener el avance del proyecto y que a la fecha de la presentación de la Proposición se habían recopilado más de 10 mil firmas y que se convocó, en menos de 24 horas a una manifestación con una afluencia de 3 mil personas.

Entre las consecuencias que conlleva la aprobación del reglamento, el diputado señala que hay modificaciones que podrían contradecir lo establecido en el Programa Sectorial de Desarrollo, como es el caso de la conformación del comité de evaluación, en el que no se incluyeron a las autoridades ejidales e indígenas, además de que no se contaba con el permiso para continuar obras que se habían establecido.

Análisis, discusión y valoración de los puntos de acuerdo

La comisión dictaminadora comparte la preocupación expresada por el proponente, y en particular, considera que esta soberanía debe posicionarse con respecto a las demandas sociales que se están manifestando por parte de los habitantes de Ensenada, a lo que hay que agregar el hecho de que para la elaboración e integración técnica se erogaron recursos de diversos órdenes de gobierno, entre ellos recursos federales etiquetados.

Es relevante señalar que las consideraciones sobre la controversia, que motiva el punto de acuerdo, se deben enmarcar en el espíritu de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial número 26, tomo I, sección I, de fecha 24 de junio de 1994. Para tal efecto debe tomarse en cuenta lo establecido como objetivo de ésta en el artículo 2, fracciones I a V, que a la letra dicen:

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto

I. Establecer las normas que regulen la concurrencia del estado y los municipios que lo integran, al participar en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos;

II. Fijar normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en esta entidad federativa;

III. Establecer las normas conforme a las cuales el gobierno del estado y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos de áreas y predios;

IV. Fijar las normas básicas para reglamentar, autorizar, controlar y vigilar la urbanización de áreas y predios, así como la edificación en los mismos;

V. Definir las disposiciones que regulen toda acción inmobiliaria que emprendan las entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, o los particulares con el fin de ejecutar las acciones que se determinen; [...]

VI. ...

El artículo 7 de la ley señala como autoridades en materia de desarrollo urbano las siguientes:

I. El Congreso del estado;

II. El gobernador del estado;

III. Los ayuntamientos del estado;

IV. La secretaría;

V. La Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del estado; y

VI. La Secretaría de Protección al Ambiente del estado.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que ciertos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California son relevantes a efecto de dirimir las controversias que condujeron a la presentación del punto de acuerdo. Entre ellos cabe mencionar:

1. El artículo 126, que prevé, a la letra, lo siguiente:

Artículo 126. Cuando se expida un programa regional de desarrollo urbano con su zonificación correspondiente, tomando como referencia los criterios definidos en el Reglamento Estatal de Zonificación, podrán estipularse criterios específicos aplicables a las áreas y predios de su territorio.

Los ayuntamientos al definir la zonificación de los centros de población, utilizarán los criterios de clasificación de usos y destinos establecidos en el Reglamento Estatal de Zonificación, estando facultados para establecer normas específicas cuando así se requiera.

Las declaratorias de usos derivadas de los Programas de Desarrollo Urbana de Centros de Población o de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano se notificarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de este capítulo.

2. El artículo 147, que dice a la letra lo siguiente:

Artículo 147. Para los efectos de esta ley, se entiende por acción de urbanización la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y producción de bienes y servicios, tales como

I. El fraccionamiento, subdivisión, fusión y relotificación de predios o áreas y sus correspondientes obras físicas para dedicarlos a usos urbanos.

II. La introducción de redes de infraestructura de servicios de agua potable, drenaje pluvial y sanitario, electrificación, alumbrado público, telefonía y otras instalaciones especiales para las actividades productivas.

III. La apertura de vialidades y sus elementos complementarios como andadores peatonales, entronques, enlaces y estacionamientos de vehículos.

IV. La previsión y ubicación de las áreas dedicadas a equipamiento urbano destinado a satisfacer las necesidades de educación, salud, esparcimiento, comunicación, transporte, abasto y servicios.

V. Los componentes del paisaje urbano, como arboledas, jardines, mobiliario urbano y señalización.

VI. La modificación de la naturaleza o topografía de un predio, para su utilización, para la intensificación o modificación de su uso.

VII. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad.

3. El artículo 150, que a la letra dice:

Artículo 150. El otorgamiento de permisos y autorizaciones para realizar acciones de urbanización es competencia de los ayuntamientos, salvo las condiciones y excepciones siguientes:

I. El Ejecutivo del estado, a través de la secretaría, deberá extender un dictamen técnico de congruencia a solicitud de los ayuntamientos, previo a cualquier expedición de autorización cuando se trate de acciones de urbanización de alcance estatal tales como todo tipo de infraestructura que no haya sido considerada dentro de los planes y programas de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de población, como son

1. Puentes vehiculares y peatonales sobre vialidades primarias intraurbanas mayores de 25 metros de ancho a parámetros o vialidades interurbanas;

2. Apertura y prolongación de vialidades primarias intraurbanas y vialidades interurbanas a ubicarse fuera de los límites de los centros de población;

3. Entronques e intersecciones de vialidades nuevas con vialidades existentes primarias intraurbanas o vialidades interurbanas; e,

4. Instalaciones de redes de servicios de agua potable, drenaje sanitario y pluvial; cárcamos, bombas, acueductos, poliductos y gaseoductos; energía eléctrica, alumbrado público, telefonía e instalaciones especiales; estaciones y subestaciones eléctricas, nucleoeléctricas, geotérmicas; sistemas de transporte público sobre rieles metálicos interestatales o intraurbanos; plantas recicladoras de residuos peligrosos y rellenos sanitarios;

II. El Ejecutivo, a través de la secretaría, otorgará las autorizaciones que correspondan cuando se trate de acciones de urbanización que se ubiquen fuera de los límites de los centros de población definidos en los planes y programas de desarrollo urbano debidamente aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

III. Cuando las acciones de urbanización afecten las áreas naturales protegidas declaradas por la federación, el estado o los municipios, y sean destinadas para la industria de alto riesgo o con posibilidad de un impacto negativo en el medio ambiente, para la industria extractiva y de transformación, indistintamente de su ubicación y no considerados en los planes y programas de desarrollo urbano aplicables y sus declaratorias y que requieran de la elaboración de un estudio de evaluación de impacto ambiental; los ayuntamientos verificarán el cumplimiento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado.

4. El artículo 158, que a la letra dice:

Artículo 158. Las autoridades competentes sólo autorizarán acciones de urbanización en las zonas previstas en los planes y programas de desarrollo urbano y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el capítulo tercero de este título.

5. El artículo 159, que a la letra dice:

Artículo 159. El Reglamento correspondiente normará la autorización y el desarrollo de las acciones de urbanización a que se refiere el artículo 147, y deberá establecer como mínimo

I. La obligatoriedad de cumplir los planes y programas de desarrollo urbano y sus declaratorias de usos y destinos del suelo;

II. Los criterios de densidad de población, ocupación y utilización del suelo;

III. Las normas técnicas y la clasificación de las acciones de urbanización;

IV. El contenido de la solicitud de autorización y los criterios para calificarla;

V. Los procedimientos de inspección y supervisión;

VI. Las obligaciones de los urbanizadores, promotores y peritos;

VII. Los mecanismos de control para publicidad y ventas;

VIII. Las medidas de seguridad y sanciones; y

IX. Los mecanismos de defensa de los particulares.

6. El artículo 167, que a la letra dice:

Artículo 167. Cuando se desee realizar alguna de las acciones de urbanización a que se refiere el artículo 147 y éstas se localicen fuera de los centros de población o no estén contempladas dentro de los programas de desarrollo urbano de los centros de población, o no existan programas de desarrollo urbano, la secretaría aprobará los estudios que demuestren su factibilidad y congruencia con los diferentes planes y programas de desarrollo urbano, elaborando los solicitantes un anteproyecto que contenga los elementos de un programa parcial de desarrollo urbano, siguiendo los lineamientos que dictamine la comisión coordinadora de acuerdo con la fracción IV del artículo 21 de esta ley y los demás que sean requeridos en el reglamento correspondiente, salvo las excepciones que por ubicación, tamaño o densidad en él se consideren y para proceder con su aprobación en los términos de la presente ley.

La solicitud de aprobación del programa parcial de desarrollo y su propuesta de programa deberán ser entregadas a la autoridad competente según el municipio en que se pretendan realizar las acciones de urbanización.

Ahora bien, la norma objeto de controversia es el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo para el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del Vino), BC.

Resulta claro para los integrantes de esta comisión dictaminadora que hay irregularidades denunciadas por el diputado proponente, siendo tal vez la más grave que se apruebe la modificación de un reglamento, con posibles impactos en el ordenamiento territorial, pocos días antes de que concluya el periodo del ayuntamiento, con lo que las consecuencias positivas o negativas de su aprobación tendrían que ser asumidas por los próximos integrantes del cabildo.

Dado que la controversia motivo del punto de acuerdo se da en el ámbito local es vital respetar la autonomía de los órdenes de gobierno involucrados que son el estatal y el municipal, atendiendo además a las autoridades en materia de desarrollo urbano que establece el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.

En virtud de lo expuesto y con estricto respeto de la autonomía de Baja California y del ayuntamiento de Ensenada y de sus habitantes, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial sugiere reformular los resolutivos con la finalidad de que el presidente municipal del XXI ayuntamiento de Ensenada que inició su encargo el 1 de diciembre del año en curso, considere la abrogación del reglamento aprobado por la administración anterior; para que el síndico procurador y el cabildo del XXI ayuntamiento de Ensenada, que iniciaron su encargo el 1 de diciembre del año en curso, consideren promover la abrogación del reglamento en comento y valoren la conveniencia de realizar una investigación exhaustiva y en su caso, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa; y para que el gobernador de Baja California considere la conveniencia de no publicar dicho ordenamiento en el Periódico Oficial del Estado, por lo que sometemos a consideración de la asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división y colaboración entre poderes y a la autonomía estatal y municipal, exhorta al presidente municipal del XXI ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en uso de sus atribuciones, y tomando en cuenta las manifestaciones sociales en contra del reglamento aprobado por la administración anterior, considere la abrogación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división y colaboración entre poderes y a la autonomía estatal y municipal, exhorta al síndico procurador y al cabildo del XXI ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones y ante los reclamos de la sociedad, consideren la abrogación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, y conforme a sus facultades realicen una investigación exhaustiva que permita deslindar responsabilidades y en su caso estructurar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de división y colaboración entre poderes y a la autonomía estatal y municipal, exhorta al Ejecutivo de Baja California para que, de no darse modificaciones por el XXI ayuntamiento de Ensenada, y ante las manifestaciones sociales contra la aprobación del Reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, valore la no publicación de dicho ordenamiento en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en contra), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández, Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Roman Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Económico, y de Finanzas del gobierno local a asumir en el ámbito de sus facultades medidas para compensar al sector productivo por las pérdidas generadas por bloqueos y manifestaciones del movimiento magisterial

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Desarrollo Económico, y de Finanzas del Distrito Federal a asumir en el ámbito de sus facultades medidas para compensar al sector productivo por las pérdidas debidas a las marchas magisteriales, presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 2430, que contiene la proposición con punto de acuerdo, presentada al pleno de la Cámara de Diputados por Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2013.

2. El 6 de septiembre de 2013, con el oficio número DGPL 62-II-7-835, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente relativo para estudio y dictamen a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 21 de noviembre de 2013, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó y discutió el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

I. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que las marchas o manifestaciones atienden al derecho de expresar libremente ideas, demandas o inconformidades, éste se halla consignado en el artículo 9o. de la Constitución Política. Sin embargo, el ejercicio del mismo no es absoluto, pues como toda prerrogativa tiene un límite y éste es el respeto a los derechos, también fundamentales, de terceros y siempre y cuando con el ejercicio de los mismos no se altere o violente el orden público. En voz de proponente señala: “Tradicionalmente, las manifestaciones suelen afectar el derecho establecido en el artículo 11 de la ley fundamental, que reconoce el derecho al libre tránsito en una de sus dos vertientes y de cuya cancelación se derivan afectaciones a otros tantos derechos, por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo, entre otros”.

2. A decir del diputado Astudillo, entre las razones que motivan el punto de acuerdo, que presentó se encuentra el hecho que “de no asegurar el derecho de transito de las personas es afectar las convencionalidades firmadas en torno a los derechos humanos, por ejemplo, el artículo 22, regulador del derecho de circulación y residencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, o el artículo 12, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

De tal forma, el legislador plantea:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Desarrollo Económico, y de Finanzas del Distrito Federal a asumir en el ámbito de sus facultades las medidas oportunas y necesarias para que el sector productivo de la Ciudad de México pueda compensar sus pérdidas, mediante la aplicación de instrumentos económicos y fiscales previstos en la legislación aplicable.

III. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple las formalidades necesarias y que es competente para dictaminar el asunto en cuestión, coincide y hace suyas las preocupaciones y objetivos de la proposición presentada por el diputado Astudillo, en el sentido de exhortar a los secretarios de Desarrollo Económico, y de Finanzas del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus facultades y en virtud de los problemas generados por bloqueos y manifestaciones, asuman las medidas necesarias que el sector productivo del a ciudad de México pueda compensar sus pérdidas, mediante implementos de carácter económico y fiscales previstos en la legislación aplicable al caso concreto.

2. Con fecha 19 de septiembre de 2013, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal sostuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, maestro Salomón Chertorivski Woldenberg. Entre los temas expuestos por el funcionario se abordó precisamente la problemática materia del presente dictamen, sobre lo cual informó que el gobierno del Distrito Federal realizó un censo de los comercios afectados por las manifestaciones magisteriales, arrojando mil 1828 comercios con una caída de 20 por ciento de sus ventas, lo que representaba 10 millones de pesos por día, alcanzando a septiembre un total de 260 mdp.

Dijo también que la comunicación con los afectados ha sido muy cercana y que en el caso del sector hotelero solicitan se les promocione para que sus reservaciones futuras no se caigan. Y que los comerciantes más pequeños, solicitaron una línea de crédito blanda del Fondo de Desarrollo Económico, la cual fue de 10 mil pesos; así como subversiones fiscales para todos los comercios.

3. Como es del dominio público a través de los medio de comunicación, los bloqueos a comercios se trasladaron a las inmediaciones del Monumento a la Revolución, provocando afectaciones en las ventas en dicho zona, por lo que el secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, ha dado a conocer que se está implementando básicamente los mismos subsidios y prestamos que se realizaron en el zócalo capitalino.

En tal virtud, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Desarrollo Económico, y de Finanzas del Distrito Federal a asumir que en el ámbito de sus facultades las medidas oportunas y necesarias para que el sector productivo de la Ciudad de México pueda compensar sus pérdidas, mediante la aplicación de instrumentos económicos y fiscales previstos en la legislación aplicable; así como de la utilización del Fondo de Capitalidad autorizado en el PEF de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a investigar y tomar medidas por abusos efectuados en la operación policiaca instaurada en torno a la marcha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de 1968

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo:

1. Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentado ante el pleno el 9 de octubre de 2013 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. Por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentado ante el pleno el 15 de octubre de 2013 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

3. Por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, a la Procuraduría General de la República, presentado a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, ante el pleno el 15 de octubre de 2013 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito es competente para conocer y resolver dichas proposiciones; que una vez analizado las mismas, somete a la consideración el dictamen correspondiente, bajo los siguientes:

I. Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo enlistadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en la fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo; y para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada por la Mesa Directiva el mismo día que se presentaron.

2. Con fecha 21 de noviembre de 2013, la Comisión del Distrito Federal, se reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de las proposiciones

1. La proposición con punto de acuerdo del 9 de octubre de 2013 presentada por el diputado Arturo Durazo Montaño solicita los siguientes 8 puntos:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la libre expresión, libre manifestación de las ideas y libertad de asociación, garantías todas ellas, plasmadas en nuestra Constitución, y a no criminalizar la protesta social.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al del Gobierno del Distrito Federal, a reubicar el centro de acopio para los damnificados de las afectaciones provocadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, para garantizar la mejor conservación de las donaciones para este efecto y la utilización política del centro de acopio.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda investigación y deslinde de responsabilidades, referente a los sucesos violentos suscitados durante la marcha en conmemoración de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal, a investigar para sancionar conforme a derecho, al responsable o responsables, de haber permitido e instrumentado, que miembros de fuerzas armadas o policiacas, estén operando de manera ilegal, vestidos de civil y como infiltrados, durante las manifestaciones ciudadanas.

Sexto. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sancionar conforme a derecho, a los responsables, miembros de la policía y cuerpos de granaderos, de agresiones a defensores de derechos humanos, a periodistas y ciudadanos como consta en los vídeos y fotos y múltiples denuncias de organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, durante la manifestación civil pacífica del 2 de octubre de 2013.

Séptimo. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la máxima celeridad posible en las indagatorias contra los detenidos, a velar por que los procesos judiciales se lleven con sujeción a derecho, a liberar a la brevedad a quienes lo hayan sido de manera arbitraria, así como a atender las recomendaciones emitidas por los organismos y organizaciones de derechos humanos.

Octavo. Se exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa.

2. La proposición con punto de acuerdo del 15 de octubre de 2013 del diputado Arturo Durazo Montaño solicita los siguientes 6 puntos:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda investigación y deslinde de responsabilidades, referente a los sucesos violentos suscitados durante la marcha en conmemoración de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal, a investigar para sancionar conforme a derecho, al responsable o responsables, de haber permitido y/o instrumentado, que miembros de fuerzas armadas o policiacas, estén operando de manera ilegal, vestidos de civil y como infiltrados, durante las manifestaciones ciudadanas.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a sancionar conforme a derecho, a los responsables, miembros de la policía y cuerpos de granaderos, de agresiones a defensores de derechos humanos, a periodistas y ciudadanos como consta en los videos y fotos y múltiples denuncias de organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, durante la manifestación civil pacífica del 2 de octubre de 2013.

Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la máxima celeridad posible en las indagatorias contra los detenidos, a velar porque los procesos judiciales se lleven con apego a derecho, a liberar a la brevedad a quienes lo hayan sido de manera arbitraria, así como a atender las recomendaciones emitidas por los organismos y organizaciones de derechos humanos.

Sexto. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa.

3. La proposición presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja el 15 de octubre de 2013 plantea un solo punto:

Único. Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, a la Procuraduría General de la República que investiguen las detenciones arbitrarias llevadas a cabo el pasado 2 de octubre, que cese la criminalización de activistas y se esclarezcan fehacientemente las acusaciones contra jóvenes y organizaciones sociales que profesan determinada posición ideológica como responsables de actos violentos en los últimos 10 meses; y para que se garantice plenamente el ejercicio del derecho a la manifestación pública de las ideas y a reunirse pacíficamente, consagrado en los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Análisis y valoración de las proposiciones

1. El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño es proponente de dos Puntos de Acuerdo de exhorto al jefe de Gobierno del Distrito Federal con fechas 9 y 15 de octubre de 2013.

2. En el primero presenta 8 puntos petitorios y en el segundo, lo reduce a 6 desechando él mismo, lo que se refiere a exhortar al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Distrito Federal para reubicar el centro de acopio para los damnificados de las afectaciones provocadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, establecido en el Zócalo de la Ciudad de México; situación que además ya se realizó, por lo que esta parte hubiese quedado sin materia.

Al ser excluidos dos de los 8 puntos originales por el propio diputado, y ser retomados los 6 restantes casi idénticamente con algunas modificaciones de redacción; esta Comisión se abocó al estudio y dictamen de la segunda proposición presentada. Por lo que al analizar la proposición del diputado Alfonzo Durazo Montaño, observó que existen algunos planteamientos susceptibles de ser aprobados y otros que se desechan; y que bajo ese orden a saber son:

Primero. “Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la libre expresión, libre manifestación de las ideas y libertad de asociación, garantías todas ellas, plasmadas en nuestra Constitución, y a no criminalizar la protesta social.

Sexto: “Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa.”

Esta comisión se pronuncia por aprobar estos dos puntos ya que tiene un sentido positivo y reafirman valores de nuestra democracia y en ambos casos se promueve proteger derechos ciudadanos sobre los que ha manifestado su aceptación el propio Gobierno del Distrito Federal, así como la mayoría de los partidos políticos.

Los siguientes incisos son dictaminados negativamente por esta comisión:

En el segundo se dice “La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda investigación y deslinde de responsabilidades, referente a los sucesos violentos suscitados durante la marcha en conmemoración de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968”.

En el tercero: “Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal, a investigar para sancionar conforme a derecho, al responsable o responsables, de haber permitido y/o instrumentado, que miembros de fuerzas armadas o policiacas, estén operando de manera ilegal, vestidos de civil y como infiltrados, durante las manifestaciones ciudadanas.”

En el cuarto: “Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a sancionar conforme a derecho, a los responsables, miembros de la policía y cuerpos de granaderos, de agresiones a defensores de derechos humanos, a periodistas y ciudadanos como consta en los videos y fotos y múltiples denuncias de organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, durante la manifestación civil pacífica del 2 de octubre de 2013.”

En el Quinto. “Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la máxima celeridad posible en las indagatorias contra los detenidos, a velar porque los procesos judiciales se lleven con apego a derecho, a liberar a la brevedad a quienes lo hayan sido de manera arbitraria, así como a atender las recomendaciones emitidas por los organismos y organizaciones de derechos humanos.”

Los incisos: segundo, tercero, cuarto y quinto, son dictaminados negativamente porque se pide al jefe de Gobierno realizar una “investigación” que se quiere que tenga una connotación legal empezando por las actuaciones del Ministerio Público y el órgano encargado de la impartición de justicia de la ciudad, lo cual no es del ámbito de competencia y responsabilidad de ésta Cámara de Diputados.

3. En cuanto al inciso “Único” de la proposición presentada por los diputados Ricardo Monreal Mejía y Ricardo Mejía Berdeja es dictaminado negativamente por su ambigüedad, levedad, vaguedad y temeridad de las aseveraciones realizadas. Lo contrario, sería tanto como convalidad dichas aseveraciones de un hecho que aún no ha sido plenamente acreditado y del que instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del D.F., no se ha pronunciado al respecto; recordando el mismo señala:

“Único: Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, a la Procuraduría General de la República que investiguen las detenciones arbitrarias llevadas a cabo el pasado 2 de octubre, que cese la criminalización de activistas y se esclarezcan fehacientemente las acusaciones contra jóvenes y organizaciones sociales que profesan determinada posición ideológica como responsables de actos violentos en los últimos 10 meses; y para que se garantice plenamente el ejercicio del derecho a la manifestación pública de las ideas y a reunirse pacíficamente, consagrado en los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

4. Asimismo, los diputados proponentes afirman que la policía realizó agresiones y violó los derechos humanos de los ciudadanos en general, así como de 24 periodistas y 10 ciudadanos en particular. Además, señalan que realizó la violación de los artículos, 6o., 9o. y 11o. constitucionales. Sin embargo, para sustentar su dicho no aportan elementos probatorios de ninguna índole que sustente sus aseveraciones.

Y, durante el análisis y estudio de las proposiciones en comento; se comprobó que no existe recomendación alguna de las Comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos sobre el particular.

5. Entre las tres proposiciones ampliamente mencionadas, existe coincidencia en sus planteamientos como son: Denunciar lo que a su parecer califican como violación de derechos humanos a ciudadanos que realizaron manifestaciones pacificas antes y el mismo 2 de octubre del presente año, señalan a personas infiltradas que golpean a ciudadanos y a policías; cometen delitos como robos, destrucción de propiedad privada y pública; además de la impunidad por no ser detenidos. Y, la acción policial considerada por los proponentes como ilegal y violenta en contra de ciudadanos pacíficos; así como su detención, aprensión y consignación judicial.

III. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con puntos de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen. Al hacerlo, se desprende que tienen en común los hechos violentos ocurridos durante la manifestación del 2 de octubre del presente año, en que se conmemoró el mitin estudiantil del 2 de octubre de 1968. Por tratarse de la misma materia y objeto, y por economía procesal parlamentaria, se acumulan las tres y se resuelve el sentido de las mismas en un solo dictamen.

2.La conmemoración del 2 de octubre, es en sí un evento con alto el contenido e ideología política, que sin hacer ningún juicio de valor al respecto, esta Comisión que dictamina no puede pronunciarse ni avalar hechos que no están plenamente acreditados y que encuentran como principal fundamento la cobertura mediática registrada en torno al mismo.

Los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal tienen la obligación de acordar sobre bases objetivas, científicas, jurídicas, opiniones de expertos o similares que permitan conocer la verdad histórica y con ello resolver de manera fehaciente.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión del Distrito Federal resuelve: Es de aprobarse con las modificaciones señaladas, las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por los CC. Diputados Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano; por lo que se somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Dictamen a las proposiciones con punto de acuerdo que presentan los ciudadanos diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con hechos relacionados a la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar la libre expresión, manifestación de las ideas y libertad de asociación, todas plasmadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Gobierno del Distrito Federal a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa durante las manifestaciones de tipo político, además del resto de la población.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados : Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, fracción 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a la consideración el presente dictamen, con base en los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del martes 22 de octubre de 2013 el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal se reunió el 21 de noviembre de 2013 para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. El proponente menciona que la Constitución Política otorga las libertades de expresión y asociación, pero también se establecen restricciones a esta garantía a fin de evitar el transgredir los derechos a terceros, y así mantener el orden y paz pública.

Así como se reconoce el derecho de la libre manifestación, es una realidad el impedimento de hacer uso del derecho de libre tránsito, el cual constantemente es vulnerado ante el ejercicio indebido del derecho de la libre manifestación.

2. Proporciona datos de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, en donde revela que en el primer trimestre del año dos mil trece, en la capital del país cerraron aproximadamente dos mil 579 negocios, muchos de los cuales sufrieron severas afectaciones económicas por las marchas y los plantones, generando la cancelación de aproximadamente ocho mil 284 fuentes de empleo.

3. Señala también que en la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas que pretenden dar orden a esta libertad de expresión, incluso dotar de otros canales más civilizados tales como el sistema de radio y televisión del gobierno central, utilizar los foros como el canal de Televisión Capital 21, y difundir sus demandas ante el resto de la ciudadanía sin afectar a otros.

Y que también, se presentó un punto de acuerdo para realizar una consulta pública sobre la regulación de marchas en la ciudad.

4. Menciona que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción Nacional, han presentado respectivamente iniciativas cuya finalidad es regular las manifestaciones en la capital del país; toda vez que en la actualidad se ha visto un abuso por parte de grupos políticos respecto a las manifestaciones, utilizando dicha libertad en un modus operandi ante las autoridades como medio de presión política destructiva.

5. Por su parte, la Concanaco Servytur de la Ciudad de México, realizó un balance final de la jornada de protestas, manifestaciones, mítines y cierre de vialidades, el cual incluyó el desalojo del Zócalo realizado el pasado 13 de septiembre, donde fueron afectados cerca de 30 mil comercios, oficinas y establecimientos mercantiles, pérdidas cercanas a los 850 millones de pesos y una marcada crisis económica en diversos negocios del centro histórico, y de los que se ubican en las inmediaciones del corredor Reforma-Bucareli. Se estima en más de dos millones de horas-hombre de trabajo perdido, sin contemplar aquellos que tuvieron que perder uno o varios días de jornada laboral por el cierre de vialidades realizadas en diversos puntos de la ciudad.

Por lo que el legislador proponente plantea:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, cuyos resultados sirvan de base para analizar, debatir y en su caso dictaminar las distintas iniciativas que en la materia se han presentado ante ese órgano legislativo.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para conocer y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a marchas y manifestaciones en la ciudad de México, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

Tercero. El diputado proponente expone la existencia de un conflicto entre el derecho de manifestación y el derecho al libre tránsito. Ambos principios salvaguardados por la Carta Magna.

Cuarto. Para fortalecer su propuesta, el proponente enumera daños económicos a particulares.

Quinto. En el punto de acuerdo se reconocen otras propuestas para regular las marchas y manifestaciones:

IV. Considerando que

1. Esta comisión tiene información sobre dos iniciativas para regular manifestaciones que presentó el Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 9 de septiembre de 2013 y en la Cámara de Diputados el 3 de octubre, que fue turnada a ésta dictaminadora. Sin prejuzgar semejanzas o diferencias o pronunciarse sobre el contenido de estas iniciativas; esta Comisión reconoce la competencia legal de ambos actos en cuanto los proponentes, la materia y los órganos legislativos.

2. Derivado de lo anterior, esta Comisión observa que existen dos procesos legislativos paralelos que deben de dictaminarse sobre la misma materia en que se pudiera producir dictámenes semejantes; aunque con un ámbito espacial de validez diferentes.

3. Los integrantes de esta dictaminadora coinciden en los planteamientos u y preocupaciones expuestas por el diputado Astudillo; por lo que aprobar el Punto de Acuerdo turnado en sus términos, no implicaría renunciar a las facultades y competencia que esta soberanía tiene, a través de la Comisión del Distrito Federal para conocer y dictaminar el asunto, como ya se ha hecho mención anteriormente.

De tal forma, que el hecho de que la Asamblea Legislativa dentro del ámbito de sus competencias convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, contribuirá efectivamente a que sus resultados sirvan de base para analizar, debatir y en su caso dictaminar, las distintas iniciativas que en la materia se han presentado; incluyendo a éste cuerpo colegiado.

4. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal considera que es pertinente aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen. Asimismo, la información, opinión y preocupaciones que hace el Diputado Ricardo Astudillo Suárez serán tomadas en cuenta al momento de dictaminar la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas presentada el 3 de octubre por el GPPAN y que se encuentra en proceso de análisis; invitando al Diputado Astudillo Suárez sumar sus puntos de vista en dicho proceso.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal resuelve: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM por lo que se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo relativo a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, cuyos resultados sirvan de base para analizar, debatir y en su caso dictaminar las distintas iniciativas que en la materia se han presentado ante ese órgano legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se solicita a la ALDF que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que las agresiones contra policías se consideren delito grave

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se convoque a la realización de mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública de la Ciudad de México, a cargo del diputado Leobardo Alcalá del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176 fracción 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración el presente dictamen, bajo los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha del 24 de octubre de 2013, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ALDF que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que las agresiones contra policías se consideren delito grave.

2. Con fecha de octubre de 2013, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Distrito Federal la proposición en comento para su correspondiente análisis y dictamen.

3. Con fecha 21 de noviembre de 2013, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó y discutió el dictamen que hoy se presenta.

El diputado proponente señala que: “En México, los tiempos en que la población veía en la persona de un uniformado un icono que representaba honorabilidad, respeto, autoridad, etcétera, han cambiado. Y que ante una realidad cambiante y problemática se pronuncia por poner límites a quienes integran la moderna sociedad mexicana; siendo para ello necesario clarificar cuáles son los límites de acción de cada uno de los actores en esta concentración llamada ciudad, centro urbano y los elementos policiacos que deberán de tener como premisa el servicio, legalidad, vigilancia y cooperación.

En tal virtud plantea lo siguiente:

Único. Se solicita a la Asamblea del Distrito Federal que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de que las agresiones a los Policías, sean consideradas como delito grave.

III. Considerando que

1. Ante los hechos violentos por todos conocidos en fechas recientes, la Comisión del Distrito Federal, reconoce y aprecia el sentido tautológico de la presente proposición que es la de evitar la violencia en manifestaciones políticas, disuadir las agresiones a policías cuando realizan acciones de salvaguardar el orden público y la seguridad de personas; y castigar penalmente a los responsables de las agresiones a policías en cumplimiento de salvaguardar la paz social.

2. Es necesario también, evitar el alto grado de descomposición social existente y evitar que el sentido y respeto a la autoridad se pierda, al quedar impunes o que se les impone una sanción menor a quienes con sus acciones no sólo violentan el orden y convivencia pacífica; sino también lesionan e incluso ponen en riesgo la vida de servidores públicos, cuya misión es la salvaguarda de los bienes personales y materiales de quienes habitan esta ciudad.

El no hacerlo, es tanto como enviar un mensaje de impunidad de que estas acciones pueden seguir cometiéndose sin consecuencia alguna; y con ello ir escalando el grado de violencia e inobservancia al estado de derecho.

3. No escapan las declaraciones de actores políticos y sociales que han manifestado coincidencias con el sentido del exhorto presentado por el diputado proponente como es el caso del diputado federal, Julio Cesar Moreno, del PRD, quien pidió “rectificar el error” de la modificación del artículo 362 que disminuyó las penas a quienes cometen ataques a la paz pública. Ya que antes eran de 5 a 30 años de prisión y ahora son de dos a siete años de cárcel. Esto beneficia solamente a “vándalos”.

4. De igual forma, es del conocimiento de esta Comisión Dictaminadora que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Partido Verde Ecologista de México presentó el 24 de septiembre de este año, una Iniciativa de decreto para modificar artículos del Código Penal del Distrito Federal, para aumentar las penas en la forma siguiente: El artículo 362 que se refiere a actos contra la paz pública por medio de la violencia, se propone una penalidad de 2 a 10 años; el artículo 287 que se refiere a los ultrajes a la autoridad, con una penalidad de 2 a 9 años; el artículo 288 que se refiere a actos de violencia para hacer valer un derecho o pretendido derecho, de 3 a 10 años; y el 289 que se refiere a quienes cometan un delito contra la autoridad, a una penalidad de 3 a 10 años. Por lo que se encuentra en el procese de análisis y dictamen correspondiente.

En merito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal resuelve: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, relativo a considerar delito grave la agresión a policías; por lo que somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI, relativo a considerar delito grave la agresión a policías

Único. Se solicita a la Asamblea del Distrito Federal que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de que las agresiones a los policías, sean consideradas como delito grave.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados : Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local y diversas autoridades a instruir la realización de campañas de difusión respecto al trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexual cometidos a bordo del transporte público

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades, a instruir la realización de campañas de difusión, respecto del trámite y sanciones penales por delitos de acoso y abuso sexual cometidos a bordo del transporte público; presentada por el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo señalada, conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de octubre de 2013, el diputado Israel Moreno Rivera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

2. El 25 de octubre de 2013, con oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1003, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su análisis y dictamen, a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 21 de noviembre de 2013, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó, discutió y aprobó el dictamen que se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el proponente señala que “en una ciudad tan compleja como el Distrito Federal, donde diariamente más de cinco millones de personas utilizan algún modo de transporte público, llámese metro, trolebús, autobús, microbús, taxi, combis o metrobús; es necesario avalar la seguridad de todas esas personas con herramientas que garanticen los derechos de los usuarios.

2. Manifiesta también que “una encuesta reciente realizada por la asociación civil Presencia Ciudadana Mexicana, sobre la precepción de los usuarios de trasporte en el Distrito Federal, señala que las experiencias más desagradables en el trasporte público concesionado están relacionadas con la inseguridad (38 por ciento), falta de cultura cívica en el trasporte (11 por ciento), incomodidad (6 por ciento), contaminación (2 por ciento)”.

3. Hace referencia a que el Código Penal para el Distrito Federal, establece que: “Comete el delito de acoso sexual, quien solicita favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.

De igual forma el Código establece que: “Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo”.

La comisión de los delitos de acoso y abuso sexual, tienen como agravantes, que sea dentro de un vehículo del trasporte público, de acuerdo a la ley vigente; empero los hechos siguen llevándose a cabo por los delincuentes, a quienes no les interesa más que satisfacer sus deseos sexuales.

4. Asimismo, señala el diputado Moreno que “de acuerdo a la información que proporciona el Coordinador de Servicios Jurídicos del Metro las estaciones en las que se encuentran instaladas agencias del Ministerio Público son en las estaciones de Pantitlán (línea 5), Gurrero (conocida como Zarco y Violeta, línea 3), Hidalgo (línea 3), Observatorio (línea 1) e Hidalgo (línea 2). Las estaciones en las que ocurre el 35 por ciento de la incidencia delictiva del Metro, incluyendo el abuso y acoso sexuales son: Hidalgo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Zócalo donde la aglomeración de gente es mayor. Y anqué la Fiscalía de Coordinación de Agencias de Atención Especializada recibe los casos por tocamientos, las investigaciones de este delito la realiza la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la dependencia”. No obstante reconoce que no hay estadísticas unificadas que permitan tener un dato certero.

Menciona también, que en la actualidad se tiene conocimiento de que en el trasporte público operan bandas dedicadas a la extorsión. Bandas integradas por grupos de mujeres u hombres que se encargan de elegir a cualquier persona no importa el género (masculino o femenino) para después realizar la inculpación de acoso sexual, y después pasar a la extorsión.

Por lo que concretamente propone:

Único. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al procurador general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Transporte y Vialidad y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de que en coordinación se realicen campañas de difusión masiva permanentes y que 10 por ciento de los espacios para publicidad se ocupe para informar a la sociedad acerca del trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexuales cometidos a bordo del transporte público y dar a conocer a los ciudadanos que las videograbaciones pueden ser solicitadas para su revisión y utilización en el proceso.

II. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple con los requisitos formales, coincide y hace suyas las preocupaciones y objetivos de la proposición; en el sentido de salvaguardar las personas que son víctimas de acoso sexual, sin importar su género.

2. Debido a los constantes ataques de tipo sexual, al que se ven afectadas cientos de mujeres (principalmente) de forma reiterada en el trasporte colectivo Metro, es necesario exista la difusión pertinente y clara para que las personas que pasan por esta clase de abusos sepan que las autoridades tienen la obligación de actuar y están preparadas para ello.

3. De igual manera, es pertinente que los afectados tengan conocimiento que existen agencias del Ministerio Público dentro de algunas estaciones del metro y que en ese mismo instante pueden solicitar el video de los hechos acontecidos.

4. En virtud de que el Sistema de Transporte Colectivo Metro junto con el Metrobús son los transportes públicos más concurridos, es necesario contar con mayor vigilancia de cámaras dentro de las instalaciones. Ya que como bien señala el proponente, existen diversos grupos delictivos que de una falsa declaración de acoso sexual llevan a la victima a una extorsión afectándole igualmente como en el acoso a su dignidad y derechos; situación que no debe permitirse.

5. Es importante que los usuarios tanto hombres como mujeres se sientan protegidos por las autoridades mientras se trasladan de sus hogares a sus trabajos o encomiendas fuera del hogar, y que los delincuentes sepan que los vigilan y pueden hacerse acreedores a una pena por los delitos que ahí se cometan.

En tal virtud, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades, a instruir la realización de campañas de difusión, respecto del trámite y sanciones penales por delitos de acoso y abuso sexual cometidos a bordo del transporte público

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a instruir al procurador general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Transporte y Vialidad y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y transporte público; a fin de que en coordinación se realicen campañas de difusión masiva permanentes y que el 10 por ciento de los espacios para publicidad sean ocupados para informar a la sociedad acerca del trámite y sanciones penales por delitos de acoso y abuso sexual cometidos a bordo del trasporte público y dar a conocer a la ciudadanía que los vídeos de grabación pueden ser solicitados para su revisión y utilización en el proceso.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses

Honorable Asamblea

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del jueves 24 de octubre de 2013, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En fecha 25 de octubre de 2013, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a las Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocadas en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, el 21de noviembre de 2013, emitiendo el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo donde se hace un exhorto a al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses; lo cual tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

2. El legislador promovente indica que el tiempo es un factor que afecta de manera profunda las habilidades y capacidades de las personas de la tercera edad, en especial en el sistema óseo; lo que les complica aún más el desarrollo de una vejez digna.

Indica que en 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 10.1 millones de adultos de más de 60 años, quienes sufren consecuencias de desempleo, abandono y discriminación.

3. Que muchos olvidan que tarde o temprano se llega a esa edad, y nada mejor que ir construyendo puentes para, llegado el momento, vivir de manera más óptima, señala además que las enfermedades no son exclusivas de la edad y pueden llegar en cualquier momento, complicando también el desarrollo de una vida normal.

4. Explica también, que el Estado y la sociedad tienen la obligación con los adultos mayores, personas con discapacidad, igual que con la niñez y la juventud de crear condiciones para que todos alcancen su desarrollo integral.

5. Refiere que lo más importante es no considerar la vejez como un estado fatal que lleve a la pasividad, sino como una etapa diferente que pueda ser igual o mejor que antes.

6. Destaca que en la Ciudad México hay transportes que van de camiones, trolebuses a microbuses y hasta taxis. Cuando se viaja en camiones, trolebuses y microbuses, se vive la dificultad que tienen las personas mayores y las personas con discapacidad para subir o bajar de este tipo de transporte, debido a la altura (70 centímetros) para el ascenso y descenso al primer escalón, donde también sufren mucho las mujeres y los niños para abordar este tipo de trasportes, volviendo muy complicado y doloroso para las personas de la tercera edad y personas con discapacidad, principalmente, para viajar y trasladarse de un lugar a otro.

Por lo que el legislador propone:

Único. Se exhorta con todo respeto y con pleno conocimiento de la libertad y soberanía en lo concerniente al régimen interior del Distrito Federal al jefe del Gobierno del Distrito Federal a incorporar en la política de regulación del autotransporte público de pasajeros concesionado y no concesionado acciones tendentes a garantizar las condiciones de accesibilidad necesarias para el fácil ascenso y descenso de pasajeros adultos mayores, así como niños, embarazadas, personas con discapacidad y todas las que presentan limitaciones de movilidad.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la se hace un exhorto a al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses.

Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

IV. Considerando que

1. En países del primer mundo ya se implementan condiciones de accesibilidad para los ciudadanos que utilizan el transporte público; situación que en México aún, dista de ser una realidad integral.

2. Sin embargo, en la Ciudad de México, existen algunas prácticas exitosas como el caso del transporte eléctrico conocido como trolebús para el ascenso, pero se olvidándose del descenso.

3. En tal virtud, es loable la proposición presentada por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, en el sentido de buscar la forma de agilizar el ascenso y el descenso en el transporte público de las personas, reduciendo la dificultad para este fin, principalmente de los adultos mayores y personas con discapacidad, así como de mujeres y niños; situación que en un período ordinario anterior había presentado y del cual esta comisión en su momento le hizo observaciones al proponente, mismas que fueron consideradas en este nuevo planteamiento.

4. La Comisión del Distrito Federal coincide con los argumentos expuestos por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, además de considerar que la proposición con punto de acuerdo en tratamiento contribuye al beneficio de los habitantes de la Ciudad de México sin menoscabo de lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, y que además fortalece una vida con mayor calidad garantizando a las personas adultas mayores, su sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ellos.

5. A fin de perfeccionar la propuesta presentada, se realizaron leves modificaciones para mejorar su redacción y hacer más comprensibles los términos expresados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por lo que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses que presenta la Comisión del Distrito Federal

Único. Se exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y con pleno conocimiento de la libertad y soberanía en lo concerniente al régimen interior del Distrito Federal, a incorporar en la política de regulación del autotransporte público de pasajeros concesionado y no concesionado, acciones tendientes a garantizar las condiciones de accesibilidad necesarias para el fácil ascenso y descenso de pasajeros adultos mayores, así como niños, embarazadas, personas con discapacidad y todas las que presentan limitaciones de movilidad.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados : Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en la ciudad

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en la ciudad, presentada por el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, numeral 1, fracción I, y 58, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

I. Antecedentes

1. A la comisión que suscribe fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 3173, que contiene la proposición con punto de acuerdo, presentada al pleno de la Cámara de Diputados por Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 12 de noviembre de 2013, en sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.

2. El 13 de noviembre de 2013, con el oficio número DGPL 62-II-3-1131, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente relativo para estudio y dictamen a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 21 de noviembre de 2013, en reunión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó y discutió el dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que la Carta Magna dispone en el artículo 4o., párrafo séptimo: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.

A decir del proponente la casa, vestido, sustento son necesidades humanas fundamentales; por lo tanto la vivienda constituye un derecho humano básico, más allá de cualquier consideración legal y económica; su carencia constituye una injusticia estructural por depender de una iniquidad distribución del ingreso que hace cada vez más distante la brecha entre ricos y pobres.

2. Señala también, entre las razones que motivan el presente punto de acuerdo, que la vivienda no es una necesidad individual a resolver sólo mediante el esfuerzo personal, por tratarse de injusticia social, su solución es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

3. De igual forma, menciona que para poder disminuir el rezago en viviendas, se requieren anualmente alrededor de 25 mil viviendas nuevas y 45 mil mejoramientos de vivienda, situación que no es posible atender con los recursos que le asignan al Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Los cuales considera la proporción en cuanto a presupuesto de vivienda se refiere tomando como base 2001 en el cual se obtuvieron 2 171 676 306 mdp, en 2014 debería ser alrededor de 7 000 mdp.

Para atender esta situación el legislador propone:

Único. Se exhorta al jefe del gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en el Distrito Federal.

II. Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar la proposición con punto de acuerdo cumple los requisitos, coincide y hace suyas las preocupaciones y los objetivos de la proposición, en el sentido de salvaguardar los derechos de los seres humanos de obtener una vivienda digna.

2. En los últimos años, los costos de vivienda se han duplicado comparados con 2001. Es evidente la necesidad de inyectar más presupuesto a dicho rubro por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

3. Debido a la importancia que impera en la ciudad, la reorganización y la regularización de las zonas metropolitanas, con el fin de contrarrestar el crecimiento desordenado; el impulso al crédito y al subsidio, prioridad que debería establecer el gobierno del Distrito Federal para el caso concreto ya que se trata de un bienestar protegido en la propia Constitución.

En tal virtud, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos que preceden, resuelven: Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo que someten a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al jefe del gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en el Distrito Federal

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y garantizar la política de vivienda con una visión sustentable para combatir el rezago existente en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.

La Comisión del Distrito Federal

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Conagua y otras autoridades a considerar el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos

Honorable Asamblea:

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades a considerar el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hidráulicos, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 3; 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos y aplicables, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 2013, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de esta comisión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades a considerar el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos, que permitan el desarrollo de políticas nacionales y regionales que despierten capacidades inmediatas en todos los sectores de la sociedad.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el oficio número D.G.P.L. 62-II-4-981, expediente número 2929, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha miércoles 27 de noviembre de 2013, la junta directiva y el pleno de la Comisión de Recursos Hidráulicos se reunieron por separado y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.

II. Contenido

La intención del punto de acuerdo propuesto consiste en exhortar respetuosamente a los titulares de Conagua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a los consejos y organismos de cuenca a efecto de que:

a) Consideren el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos.

b) Evitar la utilización de métodos y/o productos de control que propicien el hundimiento de plantas acuáticas, pues con ello se está dañando la calidad del recurso hídrico.

c) Se proponga al Ejecutivo federal la ejecución de un Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Plantas Acuáticas, a efecto de potencializar actividades acuícolas y servicios ambientales hídricos encaminados a la conservación sustentable de nuestros recursos naturales.

d) Se incluyan proyectos, obras y/o programas que detonen el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como parte de la planeación estratégica en la elaboración del Plan Nacional Hídrico y en la realización del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2014 que se presentará a esta soberanía.

Porque indica el diputado proponente que:

El problema consiste en que 54 por ciento de las regiones hidrológicas del país tienen un grado alto de presión sobre los recursos hídricos, es decir, 8 de las 13 regiones administrativas tienen un severo problema. También se debe considerar que el sector productivo nacional es un gran generador de residuos peligrosos y la utilización adecuada de las innovaciones en torno a las plantas acuáticas puede ser aprovechada para desarrollar productos absorbentes que disminuyan el costo ambiental, económico y social en situaciones de contingencia por derrames.

El Programa de Control de Malezas Acuáticas implementado por la Conagua ha propiciado una desorganizada atención al problema, favoreciendo en muchos casos corrupción, manejo inadecuado de los recursos públicos y efectos negativos a la biodiversidad y recursos naturales.

Los métodos de control de plantas acuáticas utilizados actualmente generan una grave perturbación al ecosistema acuático.

Por estas razones el objetivo es diseñar una estrategia de planeación, operación y supervisión eficientes, responsables y sustentables para el control de plantas acuáticas en aguas nacionales.

Con base en lo anterior el diputado propone:

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; al director general de la Comisión Nacional del Agua; a los consejos y organismos de cuenca; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que consideren el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad; mitigación de la pobreza; desarrollo para el campo; acciones estratégicas de prevención y mitigación al cambio climático como valor agregado para incluirse en las futuras acciones derivadas del plan nacional de desarrollo 2013-2018 y por consecuencia para la conservación de nuestro capital natural y recursos hídricos.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; al director general de la Comisión Nacional del Agua; a los consejos y organismos de cuenca; así como a las dependencias, institutos y delegaciones estatales, relacionados con el control y saneamiento de los cuerpos de agua a evitar la utilización de métodos y/o productos de control que propicien el hundimiento de plantas acuáticas, pues con ello se depositan residuos orgánicos al interior de los cuerpos receptores dañando la calidad del recurso hídrico.

Artículo Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua, para que se presente y proponga al Ejecutivo federal la ejecución de un Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Plantas Acuáticas, a través de los programas transversales, sectoriales, institucionales, especiales y/o regionales para el ejercicio 2013-2018, a efecto de potencializar actividades acuícolas y servicios ambientales hídricos que contribuyan a la generación de empleos y a la conservación sustentable de nuestros recursos naturales.

Artículo Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua; a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; a que incluyan proyectos, obras y/o programas que detonen el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como parte de la planeación estratégica en el diseño y elaboración del Plan Nacional Hídrico y en la realización del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2014 que se presentará a esta soberanía.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

En el caso particular que estudia esta comisión, es sensible y se muestra fuertemente preocupada ante la alta cobertura de plantas acuáticas, las cuales han sido un problema permanente en múltiples cuerpos de agua del país, afectando no sólo las actividades productivas, sino también el contexto escénico y el bienestar de la población.

A más de 100 años de ser objeto de atención del gobierno federal, este problema dista mucho de atenderse integralmente en tanto no se implementen programas y acciones que contemplen el aprovechamiento de estas plantas acuáticas mediante modelos productivos que detonen riqueza, valor agregado y metodologías respetuosas del medio ambiente.

Información emitida por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, señala “De un millón 200 mil hectáreas de aguas superficiales interiores del país, aproximadamente 10 por ciento presenta problemas de maleza acuática, y de éstas, 60 por ciento está cubierto de lirio acuático...”; es decir, se tienen cuando menos 72 mil hectáreas de lirio acuático.

Recordemos que fue la Comisión Nacional del Agua quien implementó el Programa de Control de Malezas Acuáticas para dar respuesta a esta problemática nacional, pero, se desconoce actualmente por qué dejó de operar dicho programa, si la abundancia de plantas acuáticas en aguas nacionales aún persiste. Es importante conocer cuáles son los programas con los que se pudiera medir su eficiencia y resultados en caso de operar actualmente.

En México se utilizan predominantemente 4 métodos de control: 1) Trituración; 2) Aplicación de químicos; 3) Uso de agentes biológicos y 4) Extracción mecánica. En los tres primeros el efecto del método es el hundimiento y degradación de las plantas acuáticas al interior del cuerpo de agua, hecho que genera una grave perturbación al ecosistema acuático pues se incorpora materia orgánica; incrementa el azolve; afecta la calidad del agua; agota el oxígeno; generan GEI y modifican los ecosistemas. La extracción mecánica implica la extracción de las plantas y su disposición final en tiros municipales, tiros clandestinos o a cielo abierto, hechos que también implican efectos asociados como: extracción y traslado de agua; alto consumo de diesel; saturación de tiros; generación de lixiviados; incremento de fauna nociva y fomento de tiros clandestinos.

Es por esto que México no debe demorar la aplicación de tecnologías y políticas sustentables, ya que la nueva visión por la que se está apostando en el concierto internacional, llamada sustentabilidad, es la principal herramienta para que al usarla generemos mayor cultura ambiental; diseñemos políticas y programas públicos ambientalmente responsables; y detonemos nuevas economías de menor impacto ambiental. En conjunto mitigaremos integralmente los efectos del cambio climático.

La Constitución y leyes secundarias, no sólo se pronuncia por el derecho a un medio ambiente sano, también es competente en materia de daño y deterioro ambiental.

Lo anterior, se complementa integralmente al señalar el derecho humano al recurso hídrico, visualizando la participación del estado como garante de este derecho.

“Artículo 4o. constitucional

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal .Y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Lo pronunciado en nuestra Carta Magna implica una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales a todos niveles. En materia hídrica se debe voltear la mirada hacia las fuentes abastecedoras superficiales y subterráneas a efecto de evitar su degradación, menoscabo o pérdida.

Además existe dentro de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) el mandato para desarrollar estrategias y programas integrales en torno al agua, sin embargo, existe también dentro de la ley una visión focalizada sobre el quehacer hídrico, muestra de ello lo podemos observar en la Ley de Aguas Nacionales que señala:

Ley de Aguas Nacionales

“Artículo 3

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

XXIX Gestión integrada de los recursos hídricos: Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente , con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta ley en relación con este concepto se consideran primordialmente agua y bosque;”

En teoría y en pleno apego a la legislación vigente, la Conagua debe contar con programas integrales en torno al control de plantas acuáticas, también está obligada a evitar que los residuos derivados del hundimiento de plantas acuáticas en cuerpos de agua superficiales y finalmente le corresponde proceder contra quien así lo haga, podemos afirmar categóricamente que la Conagua es competente para proceder de manera preventiva o actora para cumplir con su deber jurídico de cuidar y preservar el patrimonio hídrico ante actos que involucren el hundimiento de plantas acuáticas, cuenta con el marco normativo y legal para proceder.

Por lo que esta comisión considera conveniente que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional del Agua; los consejos y organismos de cuenca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, consideren el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas, se presente y proponga al Ejecutivo federal la ejecución de un Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Plantas Acuáticas, y lo consideren en sus presupuestos para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Y por los argumentos anteriormente señalados, esta comisión se pronuncia porque se adopten medidas que protejan y garanticen el cuidado y la calidad del recurso hídrico para cumplir con el mandato que conforme a derecho establece el artículo 4o. de nuestra Constitución; que es el acceso y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre aceptable y asequible.

En este sentido y con el ánimo de brindar la protección y el aprovechamiento sustentable de las plantas acuáticas, detonar la competitividad y la conservación de los recursos hídricos, la Comisión de Recursos Hidráulicos, somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; al director general de la Comisión Nacional del Agua; a los consejos y organismos de cuenca; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que consideren el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad; mitigación de la pobreza; desarrollo para el campo; acciones estratégicas de prevención y mitigación al cambio climático como valor agregado para incluirse en las futuras acciones derivadas del plan nacional de desarrollo 2013-2018 y por consecuencia para la conservación de nuestro capital natural y recursos hídricos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; al director general de la Comisión Nacional del Agua; a los consejos y organismos de cuenca; así como a las dependencias, institutos y delegaciones estatales, relacionados con el control y saneamiento de los cuerpos de agua a implementar las nuevas tecnologías que eviten la utilización de métodos y/o productos de control que propicien el hundimiento de plantas acuáticas, ya que éstas dañan la calidad del recurso hídrico.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua, para que se presente y proponga al Ejecutivo federal la ejecución de un Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Plantas Acuáticas, a efecto de potencializar actividades acuícolas y servicios ambientales hídricos que contribuyan a la generación de empleos y a la conservación sustentable de nuestros recursos naturales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional del Agua; a que incluyan proyectos, obras y/o programas que detonen el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como parte de la planeación estratégica en el diseño y elaboración del Plan Nacional Hídrico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; José de Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a coordinar y realizar gestiones para instalar nuevas plantas potabilizadoras en las entidades federativas

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a coordinar y realizar las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero, presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 31 de octubre de 2013, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua a coordinar y realizar las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero.

2. El 4 de noviembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0916, expediente número 3095, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha del día miércoles 27 de noviembre del 2013, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordo el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.

Recibido el asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente

II. Contenido de la proposición

Para sustentar su proposición, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano argumenta esencialmente lo siguiente en la exposición de motivos:

1. Que nuestro país, por su ubicación geográfica, es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos, los huracanes.

2. Que el paso de las tormentas Manuel e Ingrid por territorio mexicano el pasado mes de septiembre de 2013 pusieron en evidencia, no sólo la incapacidad del gobierno federal en materia de prevención de desastres, sino también en cuanto a reacción, control de daños y respuesta en situaciones de emergencia.

3. Que en Guerrero, después de un mes del paso de dichos meteoros, sigue habiendo comunidades aisladas y que por los daños causados por el fenómeno, carecen de servicios básicos que incluso ponen en riesgo su salud.

4. Que en Hidalgo, como en otras entidades del país, la falta de agua potable ha generado el brote de enfermedades como el cólera, provocando grandes riesgos a la salud de la población que sufrió el azote los huracanes. (De 171 casos registrados, 157 fueron en Hidalgo; 9 en el estado de México; 2 en el DF; 2 en Veracruz, y 1 de San Luis Potosí.)

5. Que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con las entidades, municipios y dependencias federales, tiene encomendadas tareas para atender los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a fin de restablecer y normalizar el suministro de los servicios de agua y saneamiento; así como desalojar los volúmenes de agua en exceso en poblaciones inundadas: tareas que no han sido cumplidas por dicho organismo en la situación en cuestión.

6. Que para apoyar estas acciones, la Comisión Nacional del Agua cuenta con 20 Centros Regionales para la Atención de Emergencias, los cuales deben contar con plantas potabilizadoras móviles, equipos de bombeo, plantas para la generación independiente de energía eléctrica y camiones pipa.

7. Que resulta inconcebible que a más de 30 días del suceso que cobró la vida de varios mexicanos, no se haya podido recuperar la normalidad en algunas regiones del país.

8. Que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población en materia de salubridad.

9. Que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua debe no sólo coordinar las acciones para reducir los efectos asociados a los fenómenos meteorológicos; sino que debe apoyar en el restablecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en situaciones de emergencia como la sufrida en días pasados, especialmente en las entidades de Guerrero e Hidalgo.

Con base en lo anterior, el diputado Víctor Manuel Jorrín presentó para consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero, ya que, las existentes no son suficientes para cubrir la demanda de agua potable de todas las comunidades que se encuentran altamente vulnerables al carecer constantemente de este liquido vital para la vida diaria, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de estas regiones.

Después del análisis del contenido de la proposición, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos vertidos por el proponente al considerar que México por sus características geográficas es uno de los países más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

Esta comisión dictaminadora sensible a los sucesos ocurridos por fenómenos meteorológicos en el mes de septiembre de 2013, puso en evidencia la falta de coordinación de las distintas autoridades de todos los niveles para la atención de un fenómeno de estas magnitudes, las cuales tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas.

Esta comisión considera también como grave que en Guerrero, a más de un mes de ocurrido el fenómeno, haya comunidades aisladas y sin los servicios más básicos como son el agua potable, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. Y que en el caso de Hidalgo, la falta de agua potable haya generado el brote de enfermedades como el cólera.

Coincide también esta comisión que el Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con las entidades, municipios y demás dependencias federales, tiene encomendadas tareas específicas para atender los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, a fin de restablecer y normalizar los servicios básicos de agua potable y saneamiento en las localidades afectadas. Situación que no ha sido cumplida con oportunidad.

En este contexto, esta comisión considera de la más alta prioridad que el Estado mexicano fortalezca sus políticas, estrategias y acciones específicas para hacer frente de manera efectiva, oportuna y eficaz ante los efectos cada vez mayores de1 cambio climático que vivimos a nivel global, y que garantice la seguridad de la población mexicana, por ello se modifica la propuesta original, fortaleciendo su alcance para todas las entidades federativas y la Conagua, pueda realizar las gestiones necesarias para que se instalen plantas potabilizadoras en todas las entidade3 federativas que se requiera; dando prioridad a los estados de Guerrero e Hidalgo.

También se modifica el único petitorio para ser cuatro donde se exhorta a la Conagua, fortalecer sus estrategias, procedimientos y acciones de tipo preventivo ante fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos extremos y destine las asignaciones presupuestales necesarias para el debido equipamiento de los Centros Regionales para la Atención de Emergencias que existen a nivel nacional.

De conformidad con algunas inquietudes que ha trasmitido en la última reunión plenaria el diputado Gerardo Villanueva Albarrán para que los medios de comunicación y la Conagua en coordinación, puedan brindar “alertas de emergencia y atención sea oportuna y suficiente a la población de los diferentes estados de la República Mexicana que resulten afectados por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos”.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en las entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que destine las asignaciones presupuesta les necesarias para el debido equipamiento de los Centros Regionales para la Atención de Emergencias que existen a nivel nacional, a efecto brindar atención oportuna y suficiente a la población de los diferentes estados de la república que resulten afectados por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que brinde mayor apoyo a los estados de Hidalgo y Guerrero en cuanto a plantas potabilizadoras, ya que las existentes, no son suficientes para cubrir la demanda de agua potable dé todas las comunidades que se encuentran altamente vulnerables al carecer constantemente de este vital liquido para la vida diaria, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de estas regiones.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que fortalezca sus estrategias, procedimientos y acciones de tipo preventivo así como las “alertas de emergencia y atención sean oportuna y suficiente a la población de los diferentes estados de la República Mexicana que resulten afectados por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintisiete de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudino Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Alonso Morelli Humberto (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la decisión del Congreso y del gobernador de California de aprobar legislación en favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la decisión del Congreso y del gobernador de California, de Estados Unidos de América, de aprobar legislación a favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados, presentada el 29 de octubre de 2013, por la diputada Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del 29 de octubre de 2013, la diputada Adriana González Carrillo presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone realizar un reconocimiento por parte de la honorable Cámara de Diputados a la decisión del Congreso y del gobernador de California, señor Jerry Brown, por aprobar la legislación AB60 que, al entrar en vigor en enero de 2015, permitirá obtener licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en ese estado.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

De las consideraciones de la proponente se destacan las siguientes:

Considera histórica la decisión de ambas Cámaras del Congreso de California que recientemente aprobaron y luego promulgó el gobernador de ese estado, señor Edmund J. Brown, la ley AB60 que entrará en vigor en enero del 2015 y, a partir de la cual se otorgarán licencias de conducir a indocumentados. En la nueva ley se prohíbe expresamente la discriminación, así como su utilización para cualquier investigación criminal, arresto o detención con base en el estatus migratorio de quien la porte.

Señala que California derogó esta medida en 1993, cuando el entonces gobernador Pete Wilson, firmó una ley que exigía el número de Seguridad Social del usuario y, por tanto, hacía imprescindible, la residencia legal para obtener el documento.

De esta manera, California se une a la lista de 10 estados del país que extienden el documento a personas que comprueban residir en Estados Unidos sin tomar en cuenta su estatus migratorio. Siendo estos Washington, Utah, Nuevo México, Oregon, Nevada, Colorado, Vermont, Connecticut, Maryland e Illinois.

Señala que esta medida se une a otras también, de reciente aprobación, donde el estado de California sigue mostrando, al menos desde la aprobación de la Dream Act del 2011, un rostro distinto, progresista y de un compromiso real con los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.

Vale la pena reconocer, en este sentido, la promulgación el pasado 6 de octubre de la ley AB4 conocida como “Ley de la Confianza” o “Trust Act” cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2014 y mediante la que se limita el tipo de acusaciones penales bajo las cuales las personas en California pueden ser retenidas a nivel local para luego transferir su custodia a las autoridades migratorias.

En relación con la materia que versa la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión destaca que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante el comunicado 325, de fecha 13 de octubre de 2013, que a continuación se transcribe, expresó su reconocimiento por la aprobación de esta ley:

Comunicado

La Cancillería reconoce la aprobación de la iniciativa de ley que facilita el otorgamiento de licencias de conducir en California.

Viernes 13.09.13/México, DF/Comunicado 325

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce a la Asamblea Estatal de California por la aprobación de la iniciativa de Ley AB60, que al entrar en vigor permitirá a extranjeros indocumentados obtener una licencia de conducir de California. Asimismo, valora la voluntad expresada por el gobernador Edmund G. Brown de promulgar la iniciativa a la brevedad.

Esta medida tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de millones de mexicanos residentes en ese estado. Luego de 20 años, se abre nuevamente la posibilidad de que el Departamento de Motores y Vehículos de California siga criterios estrictamente relacionados con la capacidad para conducir un vehículo automotor al momento de decidir sobre el otorgamiento de una licencia de manejo, independientemente de la situación migratoria del interesado.

Las diez representaciones consulares de México en California darán seguimiento puntual a la aplicación de la AB60 una vez que ésta entre en vigor, en particular a las prácticas que se puedan derivar de las marcas distintivas de la nueva licencia, a efecto de proteger los intereses de los mexicanos.

México es el primer mercado internacional de California. El país importó 26 mil millones de dólares de ese estado en 2012, a donde a su vez exportó 36 mil millones. De acuerdo a cifras oficiales estadounidenses, viven en California 14 millones de personas de origen hispano, 82 por ciento de ellas mexicanas o de origen mexicano.*

* http://saladeprensa.sre.gob.mx/index. php/es/comunicados/3050-325

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Tomas Medina Mora Icaza, hizo lo propio:

Respecto a la firma de la Ley AB60, “Licencias de Manejo para Inmigrantes”, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, declara que el gobierno de México reconoce la trascendencia de la firma de la ley AB60, “Licencias de Manejo para Inmigrantes”, por parte del gobernador de California Edmund G. Brown. Esta iniciativa permitirá la expedición de licencias de conducir a todos los migrantes que residen en ese estado y mejorará la seguridad vial y pública al proveer de identificaciones a un mayor número de personas. Esta ley cuenta con el apoyo de una amplia gama de actores de la sociedad en California y crea las condiciones para que los migrantes contribuyan aún más al desarrollo social y económico estatal, al tiempo que facilita la integración a las comunidades donde viven. La red consular de México en California asistirá y mantendrá informados a los mexicanos respecto de la instrumentación de la ley.**

** http://hoylosangeles.com/news/2013/oct/04/postura-de-mexico-sobre-la-firma-de-la-ley-ab60/#sthash.Q8B44LiS.dpuf

En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores considera pertinente que, dada la relevancia de este tema para los derechos humanos de nuestros connacionales en ese estado, esta Cámara de Diputados se sume al reconocimiento expresado por el gobierno de México por la aprobación de la referida legislación.

Por lo tanto, se estima aprobar la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, con algunas modificaciones en la redacción del resolutivo, a efecto de clarificar su propósito y precisar la legislación a la que se refiere.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la decisión del Congreso y del gobernador de California de Estados Unidos de América, el señor Jerry Brown, para aprobar la legislación AB60 que permitirá a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para conducir en ese estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna, Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a iniciar negociaciones para actualizar los lineamientos generales correspondientes a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Cambio Climático, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar negociaciones para la actualización de los lineamientos generales que correspondan a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, presentada el 29 de octubre de 2013, por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción I, 176 numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del 29 de octubre de 2013, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente y a la de Cambio Climático para que emita opinión.

Contenido

Propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de solicitarle se inicien las negociaciones necesarias para realizar la actualización de los lineamientos generales que correspondan a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.

Metodología

Consideraciones

La comisión dictaminadora destaca a continuación algunas de las consideraciones planteadas por la proponente:

Señala que la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala carece de lineamientos generales que atiendan problemas actuales como el cambio climático y el desarrollo sustentable. En vez de una comisión conjunta responsable de la vigilancia de los cauces, propone que sea de forma y fondo un instrumento de regulación y cooperación regional del cuerpo hídrico en comento.

Para ello, propone se actualice este instrumento bilateral, para adecuarse a las nuevas circunstancias que corresponden al cambio climático y establecer un manejo responsable y sustentable del río Usumacinta entre ambas naciones.

Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores destaca lo siguiente:

Existen mecanismos de coordinación en materia de límites y aguas entre México y Guatemala desde el siglo XIX. En 1961 se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, como consecuencia inmediata de las recomendaciones de la reunión internacional de ingenieros de México y de Guatemala llevada a cabo del 20 al 24 de febrero de 1961.

Así, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala fue creada por canje de notas diplomáticas fechadas el 9 de noviembre y 21 de diciembre de 1961, quedando formalmente instalada el 1 de agosto de 1962, mediante el acta de inauguración celebrada en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Por otra parte, el Tratado para fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas firmado el 17 de julio de 1990, fue aprobado por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1991. El 5 de marzo del año 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de dicho tratado, con lo cual ha entrado en vigor en los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el 27 de septiembre del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de Guatemala el decreto número 54-2002, que aprobó el tratado, mismo que ha entrado en vigor en la República de Guatemala.

En este sentido, la Comisión de Límites y Aguas con Guatemala, tiene un funcionamiento permanente basado en el artículo V del tratado referido que a la letra dice:

“Artículo V.

La comisión tendrá como función la de asesorar a los gobiernos de los dos países en los asuntos limítrofes y de aguas de los ríos internacionales, con facultades de investigación, estudio y ejecución de obras, pero no tendrá facultades resolutivas ni de ninguna otra especie que impliquen compromisos para los gobiernos respectivos. Los asuntos de la comisión, que deban ser presentados a la consideración de los gobiernos, serán de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.”

Por otra parte, el artículo IX del mismo tratado, establece que la Comisión de Límites y Aguas ejercerá jurisdicción sobre los ríos internacionales en ambos países, es decir, únicamente en los tramos limítrofes de los ríos Suchiate, Salinas y Usumacinta.

Por lo anterior, esta comisión considera que las propuestas realizadas por la promovente, no pueden ser abordadas únicamente por este organismo, debido a que sólo tiene jurisdicción sobre dichos tramos y las mismas requieren una acción más extensa desde el punto de vista territorial, pues habría que abordar lo relativo a las cuencas de los ríos correspondientes, así como las acciones necesarias para establecer un programa de desarrollo sustentable fronterizo, que naturalmente, debería comprender toda la franja fronteriza.

En efecto, los tópicos del cambio climático y del desarrollo sustentable, tienen alta relevancia para todas las regiones del país, incluyendo por supuesto, a la frontera sur. En este sentido, consideramos que el exhorto debería dirigirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la misma incluya el tema en la relación bilateral con el país vecino, así como convoque, en su oportunidad, a otras dependencias y entidades que resulten competentes al tema como pueden ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras, que tienen atribuciones que las hacen competentes en la materia.

De esta manera, las acciones coordinadas de control de los efectos del cambio climático y los programas de desarrollo sustentable de la región fronteriza sur, podrían establecerse en acuerdos ad hoc que, mediante su inclusión en los temas de la agenda bilateral, sean el fruto de negociaciones adecuadas sobre el tema.

En tal virtud, se estima aprobar la referida proposición con punto de acuerdo, con algunas modificaciones apuntadas en las consideraciones previas, a efecto de hacer viable la proposición que se dictamina.

Conclusiones

Los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones que preceden, someten a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluya en la agenda binacional con la República de Guatemala, los temas relativos a los efectos del cambio climático en la zona fronteriza y sus ríos y cuerpos de agua, así como la posibilidad de integrar un programa binacional de desarrollo sustentable para dicha zona. Para este efecto, la secretaría podrá convocar a las dependencias y entidades que por sus atribuciones, tengan competencia en estas materias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Tania Rellstab Carreto, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna, Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinosa, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE a incorporar en su agenda binacional con Estados Unidos de América la realización de los proyectos de modernización y de infraestructura fronteriza, incluida la construcción de un segundo puente internacional en Ciudad Acuña, Coahuila, y atender los propósitos del proyecto Alianza Ports to Plains, al que dicha entidad se ha adherido

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que tenga a bien apoyar e incorporar en la agenda binacional con Estados Unidos de América la realización del proyecto de modernización y ampliación de los patios fiscales del puente internacional de Ciudad Acuña, la construcción del segundo puente internacional y de la espuela de ferrocarril en Ciudad Acuña, en Coahuila, a fin de modernizar y fortalecer la infraestructura aduanera en esa entidad, propiciando el incremento del flujo y la movilidad comercial en la región, además de darle capacidad para atender el proyecto Ports to Plains, presentada el 5 de noviembre de 2013 por la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, numeral 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del 5 de noviembre de 2013, la diputada Irma Elizondo Ramírez presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó que se turnase a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.

Contenido

Propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar e incorporar en su agenda binacional con Estados Unidos de América la realización del proyecto de modernización y ampliación de los patios fiscales, la construcción del segundo puente internacional y de la espuela de ferrocarril en Ciudad Acuña, Coahuila, a fin de modernizar y fortalecer la infraestructura aduanera en esa región, propiciando el incremento del flujo y la movilidad comercial, además de darle la capacidad para atender el proyecto Ports to Plains.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

La comisión destaca a continuación algunas de las consideraciones planteadas por la proponente: Menciona que Coahuila se integró al proyecto Ports to Plains en 2010, que consiste en la construcción de un corredor carretero en la región central de Estados Unidos de América, desde y hasta las fronteras con México y Canadá, lo que contribuye a incrementar y agilizar el intercambio comercial y el progreso de sectores como el industrial, empresarial, laboral y educativo, entre otros rubros, que propician una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las regiones involucradas en el proyecto en comento y que beneficia a México en general en sus exportaciones e importaciones y a la economía regional.

Señala que el proyecto Ports to Plains permitirá efectuar en forma continua traslados de mercancías ligeras desde Alberta, Canadá, cruzando estados como Colorado, Oklahoma y Texas para llegar a la frontera con México y de ahí a otros puertos y ejes carreteros nacionales, como Mazatlán y Colima.

Entre otros propósitos regionales, el proyecto referido facilitaría el enlace comercial desde México a Canadá y Estados Unidos de América, tanto desde los puertos del océano Pacífico como desde regiones productivas de nuestro país a través de la frontera terrestre.

Por ello considera importante que la Secretaría de Reacciones Exteriores apoye la realización de este proyecto y lo incorpore en la agenda binacional con Estados Unidos de América para modernizar y ampliar este cruce fronterizo, incluyendo la construcción de un segundo puente internacional, así como la construcción de una espuela de ferrocarril en Ciudad Acuña, Coahuila, lo que le permitiría atender las necesidades de su incorporación al proyecto Ports to Plains.

Al respecto, la comisión dictaminadora puntualiza lo siguiente:

De acuerdo con información de la página del proyecto referido, Ports to Plains Alliance (http://www.portstoplains.com/), es un grupo sin fines de lucro, no partidista, impulsado por la comunidad, integrado con funcionarios públicos locales, ejecutivos de cámaras de comercio y desarrollo económicos y líderes regionales que representan a las comunidades a lo largo de los 10 estados de Estados Unidos de América que atraviesa el corredor carretero 38, así como de comunidades fronterizas con Canadá y México.

La alianza tiene el objetivo de construir infraestructura de comunicación, principalmente un corredor carretero, para continuar e impulsar el desarrollo económico de la región central de Estados Unidos de América.

En la última década, miembros de Ports to Plains han recaudado más de 1.2 billones de dólares en fondos para la expansión de la vía carretera y las mejoras en la región, y continuamente abogan y buscan ideas innovadoras para garantizar la financiación adicional para el desarrollo futuro del corredor.

Miembros de la alianza colaboran con líderes estatales y federales, socios en Canadá y México y socios de la industria, a fin de ofrecer infraestructura, alimentos y combustible para garantizar la calidad de vida a lo largo de estas grandes regiones y ciudades de Estados Unidos.

Estos cuatro corredores recorren más de 2300 millas, es decir, más de 3 mil 700 kilómetros, sirviendo a una región de 10 estados: Texas, Oklahoma, Nuevo México, Colorado, Nebraska, Kansas, Wyoming, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Montana.

En el extremo sur de Texas, el corredor de Ports to Plains Alliance se conecta a tres puertos fronterizos de Estados Unidos de América con México:

• Del Río/Acuña, Coahuila.

• Eagle Pass/Piedras Negras, Coahuila.

•Laredo/Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esta comisión reconoce que la realización de tal infraestructura fronteriza podría contribuir de manera importante al desarrollo de la región norte de Coahuila, así como agilizar e incrementar el comercio internacional de México con Estados Unidos y Canadá, considerando que una buena parte se realiza por la frontera norte y por vía terrestre.

En virtud de lo anterior, se considera adecuado realizar el exhorto correspondiente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgue el impulso necesario a este proyecto, en el ámbito de sus atribuciones, e incluya en la agenda nacional que mantiene con Estados Unidos de América los proyectos referidos, con algunas modificaciones en la redacción del resolutivo, a efecto de clarificar su propósito.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con base en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar e incorporar en el ámbito de sus atribuciones a su agenda binacional con Estados Unidos de América la realización de los proyectos de modernización de la infraestructura fronteriza, incluida la construcción de un segundo puente internacional en Ciudad Acuña, Coahuila, para propiciar un mayor desarrollo económico y la facilitación e incremento del flujo comercial en la región y atender los propósitos del proyecto Alianza Ports to Plains al que dicha entidad federativa se ha adherido para esos fines.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna, Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinosa, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener por la Semarnat las actividades y las políticas que representan un gasto excesivo al erario, como los 18 Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura le fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga las actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público, como los 18 Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, el cual costó 45 millones de pesos; presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura resulta competente para analizar y resolver este asunto de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX y45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; por lo que se somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Único. El 10 de septiembre de 2013, el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo antes mencionado.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente; por lo que remitió duplicado del expediente de mérito, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-2-721, el cual fue recibido en fecha 11 de septiembre del año en curso.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Primero . En la exposición de motivos del asunto de mérito, el legislador esgrimió esencialmente lo siguiente:

“(...) En los últimos años, el número y costo de los burócratas en México se ha incrementado de manera significativa, tanto en el Poder Ejecutivo federal como en los Poderes Legislativo y Judicial y en estados y municipios según un estudio realizado por Consultores Internacionales, SC (CISC).

Su análisis revela que el número de burócratas contratados por el gobierno mexicano ronda los ocho millones, mientras que en Venezuela y Argentina están cerca de los tres millones.

Países más avanzados tienen menos trabajadores públicos, como en el caso de los Estados Unidos, que cuenta con alrededor de 2.2 millones de burócratas con una población de 300 millones de habitantes, o España, con 2.5 millones y una población de menos de 50 millones.

Según el más reciente informe de gobierno, entre los años 2000 y 2012, el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes de gobierno creció 141.6 por ciento en términos nominales.

A su vez, en los estados y municipios el gasto creció 152 por ciento en igual periodo .Y en los ramos autónomos que contemplan a los Poderes Judicial y Legislativo, así como al Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el aumento fue del 283.7 por ciento en los mismos términos.

Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, reveló que la estructura burocrática de México cuesta aproximadamente 1 billón 100 mil millones de pesos, los cuales se representan en salarios, alimentos, arrendamientos, servicios financieros y viáticos.

A lo anterior se suman las erogaciones para comunicación social, remuneraciones al personal de carácter permanente, utensilios y servicios profesionales y técnicos.

Esto ha ocasionado que gran parte del gasto federal se utilice para cubrir prestaciones, sueldos y salarios de los millones de trabajadores, dejando el resto para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según el presupuesto de 2013, el gobierno federal de cada peso que se ejerce en gasto programable, 32 centavos son para el pago de los sueldos y salarios, mientras que el resto es utilizado en infraestructura, materiales y otros servicios. Sin embargo la tendencia de los gastos federales sigue en aumento.

Con las nuevas reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto, aprobadas mecánicamente en el Congreso de la Unión, se establece la creación de nuevos institutos y órganos de gobierno que representan un aumento considerable en el gasto federal orientado a los sueldos y salarios, además que en algunas secretarias se mantienen prestaciones excesivas que pone en grave riesgo la economía del país, ya que puede volverlo menos competitivo que otros países del mundo.

Tal es el ejemplo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual en sus Decimoctavos Juegos Deportivos Culturales del Sector Medio Ambiente, con sede en Cancún, tiene un costo aproximado de 45 millones de pesos, los cuales corren a cuenta de la misma.

El evento está planeado del 8 al 14 de septiembre en el hotel de lujo Iberostar Cancún, con un costo por habitación de mil 745 pesos por noche.

Estas habitaciones cuentan con vista al Caribe, pantalla de 32 pulgadas, aire acondicionado, tina, minibar y wifi. Esto sin contar los desayunos, comidas y cenas tipo buffet, con servicios de agua, café y refrescos sin costo alguno para los trabajadores.

Hoy nuestro país de acuerdo al reporte Doing Business del Banco de Mundial, México se encuentra en el lugar 48 de 185 economías evaluadas, aún muy lejos de ocupar un lugar competitivo, por lo que hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo federal para que reencauce al país en una política de austeridad a fin de disminuir el gasto federal.

No podemos concebir que mientras funcionarios y personal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semamat) derroche millones de pesos en hoteles lujosos y servicios, mientras haya grandes deficiencias en infraestructura y servicios que ayudan al desarrollo económico del país.

Recordemos que contar con un aparato gubernamental obeso trae consigo graves riesgos y muchos menos costos de oportunidad, ya que esos recursos utilizados de manera ineficaz pudieran representar cambios importantes y destinarse a nuevos proyectos productivos del país (...)”1

Segundo. El resolutivo de la proposición con punto de acuerdo refiere lo siguiente:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga las actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público, como los decimoctavos Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, el cual costó 45 millones de pesos.”2

III. Fundamentación

Primera. Debe precisarse que de conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Además el segundo párrafo ordena que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos; ello sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Carta Magna.

En tanto, el artículo 74, fracción VI, de la Norma Suprema consagra como parte de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados la siguiente:

“(...) VI . Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este articulo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; (...)”

Por su parte, en las fracciones III y IV del artículo 79 de la Carta Magna, se establecen como facultades de la Auditoría Superior de la Federación las siguientes:

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

(Lo resaltado es propio).

Por su parte, el artículo 1o., párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; asimismo, señala más adelante que la Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–, (como secretaría de Estado, perteneciente a la administración pública federal, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal) por lo que resulta ser sujeto de la normatividad antes indicada, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o., fracción VIII, de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, debe tenerse presente que en términos del artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la cual es reglamentaria de los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Estipulando también que la fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda púb1ica; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

En términos del artículo 4o. de la ley arriba indicada, la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoria Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.

Por su parte, el artículo 9o. del ordenamiento en referencia, contempla que a fin de integrar la Cuenta Pública, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales harán llegar con la debida anticipación al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, la información que el mismo les solicite. Y más adelante se señala en el primer párrafo del artículo 16 que la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar en el mes de enero del año siguiente al que se presentó la Cuenta Pública, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

Segunda. De la lectura de las condiciones generales de trabajo de la Semarnat,3 se advierte que:

a) Dentro de sus presupuestos anuales, la Secretaría considerará una partida para fomentar el deporte y la activación física entre los trabajadores, de común acuerdo con el sindicato. (Artículo 83, fracción VI).

b) Anualmente en las fechas que fijen la Secretaría y el Sindicato y con base a la convocatoria que se expida, se llevarán a cabo los Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales de la SEMARNAT. (Art. 83, fracción XV).

c) Como parte de las prestaciones de contenido económico, anualmente y tomando en cuenta el uso racional de los recursos de la Secretaría, en las fechas que fije ésta y el Sindicato y con base a la convocatoria que se celebre, se llevarán a cabo los Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales de la Semarnat, para cuyo efecto se darán las facilidades correspondientes al trabajador. (Artículo 138).

IV. Consideraciones

Primera. Que el 10 de septiembre de 2013 el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo que se dictamina.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

Segunda . Que el objeto de la proposición es el de “exhortar al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detenga las actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público, como los 18 Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente, el cual costó 45 millones de pesos.”

Tercera. Toda vez que el evento deportivo referido por los proponentes fue celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 8 al 14 de septiembre del presente año y que esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción recibió la proposición con punto de acuerdo por conducto de la Mesa Directiva el 11 de septiembre de 2013; se advierte que se trata de un acto que se encontraba en curso al momento que el asunto fue turnado a este órgano par su dictaminación.

No obstante lo anterior, a efecto de analizar el presente asunto, se remitió oficio a la Semarnat, para hacer de su conocimiento la solicitud de los diputados proponentes y requerir información relativa al tema; la cual aún no ha sido remitida.

Por otra parte, del estudio del asunto en cuestión, y como se desprende de las condiciones generales de trabajo de la Semarnat, se advierte que los Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales de dicha dependencia, representan una prestación de contenido económico a favor de los trabajadores sindicalizados, la cual tiene por objeto fomentar el deporte y activación física entre los trabajadores, y que debe prestarse de manera anual y tomando en cuenta el uso racional de los recursos. Por lo que se consideró conveniente, sin perjuicio de la autonomía sindical, solicitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat su opinión relativa al tema, la cual aún no se ha hecho llegar a esta comisión dictaminadora.

En esas condiciones, y dado que esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción coincide con los proponentes en que el monto presuntamente erogado para que los decimoctavos Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales se advierte un gasto excesivo para el erario público; por lo que se estima procedente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en los subsecuentes Juegos Deportivos y Culturales se revisen los gastos invertidos en este tipo de actividades, tomando en cuenta el principio de austeridad, sin trastocar la autonomía sindical.

Por las razones expuestas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a consideración de la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Dictamen

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en los subsecuentes Juegos Deportivos y Culturales se revisen los gastos invertidos en este tipo de actividades, tomando en cuenta el principio de austeridad y sin trastocar la autonomía sindical.

Notas

1 Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga las actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público, como los decimoctavos Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente; presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3859.VI, martes 10 de septiembre de 2013.

2 Ibídem.

3 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Véase: http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/Condiciones%20Generales%20de%20Trabajo%20de%20la%20Semarnat.pdf?Mobile=1&Source=%2Fconocenos%2F%5Flaouts%2Fmobile%2Fdispform%2Easpx%3FList%3D8eb9c541%2D47e8%2D4ecf%2D8062%2D8c948a649e80%26View%3D6e880080%2D5ca7%2D4363%2Db134%2Dcbcb8ef916cb%26ID%3D67%26CurrentPage%3D1

Página consultada el 17 de septiembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Diputados: Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Rubén Acosta Montoya, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la ASF a agilizar la revisión del ejercicio del presupuesto correspondiente a 2012 en el Conaculta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura fue turnada por la Mesa Directiva la proposición con punto de acuerdo para exhortar al auditor superior de la Federación a agilizar la revisión del ejercicio del presupuesto correspondiente a 2012 en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), presentada por la diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de dictaminar su segundo y tercer resolutivos.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura resulta competente para analizar y resolver este asunto de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

I. Antecedente

Único. El 10 de septiembre de 2013, Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo mencionado.

En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto, por cuanto hace al primer resolutivo, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su atención; y el segundo y tercer resolutivos, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, por lo que remitió duplicado del expediente de mérito, mediante el oficio número DGPL 62-II-6-0788, el cual fue recibido en fecha 11 de septiembre del año en curso.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Primero. En la exposición de motivos del asunto de mérito, la legisladora esgrimió esencialmente lo siguiente:

(...) En fecha reciente se ha tenido conocimiento a través de diversos medios del grave problema financiero que enfrenta el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes debido a los adeudos que contrajo la anterior administración y que no logró solventar durante el año fiscal de 2012, no obstante que durante ese ejercicio dispuso de una asignación de 14 500 000 pesos, erogación establecida para cubrir gasto comente, los proyectos culturales y toda actividad sustantiva que el propio consejo presentó para ese periodo.

Al respecto, el órgano superior de fiscalización de la Cámara de Diputados llevó a cabo una auditoría financiera y de cumplimiento al Conaculta, seleccionando pera su revisión 400 207.7 miles de pesos, que representan 74.5 por ciento del presupuesto ejercido, de 537 189.1 miles de pesos, al programa presupuestario E011, Impulso al Desarrollo de la Cultura. que comprende cinco partidas: 33104, 33301, 33604, 33903 y 38401. De la misma manera, en octubre de 2012 la Auditoría Superior de la Federación cerró la auditoría, con un dictamen negativo.

Resulta oportuno señalar que durante el ejercicio correspondiente al periodo enero-diciembre de 2011, la administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no logró sustanciar la auditoría practicada al uso de recursos provenientes del erario, en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente a este organismo cultural, en el apartado correspondiente al resumen de observaciones y acciones se establece un dictamen negativo en razón de que no cumplió las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso del desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente del informe y que se refieren principalmente a que no diseñaron indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.

En fechas recientes, el titular del Conaculta señaló que la administración anterior le heredó adeudos por “más de 500 millones de pesos, lo que ha mermado el presupuesto de 2013”. Entre esos adeudos se encuentran obras pendientes como la terminación de la Ciudadela, la Cineteca Nacional y el dispendio con que se celebraron congresos sin una verdadera proyección nacional, como los dedicados a la mujer en 2011 y 2012.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tiene actividades de promoción, apoyo y patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura. Como es de esperarse, los pasivos financieros heredados repercutirán en las actividades cotidianas y los proyectos culturales que se pretendan llevar en este año.

Indudablemente, el acceso a la cultura, uno de los propósitos del Estado garantizados en la Constitución, tendrá menoscabo, por lo que sin duda muchos menos mexicanos podrán gozar de este derecho (...).1

Segundo. Los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo refieren lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación agilizar la revisión del presupuesto ejercido durante 2012 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al secretario de la Función Pública determinar la presumible existencia de daño al erario y buscar su resarcimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo para la Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para sanear financiera y administrativamente el organismo.

III. Fundamentación

Única. De conformidad con el artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados. Además, el segundo párrafo ordena que los resultados del ejercicio de dichos recursos sean evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos.

En tanto, el artículo 74, fracción VI, de la norma suprema consagra como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la siguiente:

(...) VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivos o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la entidad de fiscalización superior de la federación a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la federación seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

Por otra parte, en las fracciones III y IV del artículo 79 de la Carta Magna se establecen como facultades de la Auditoría Superior de la Federación las siguientes:

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el Ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos; y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución; y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Respecto a la consideración de la diputada proponente donde manifiesta que “el órgano superior de fiscalización, de la Cámara de Diputados llevó a cabo una auditoría financiera y de cumplimiento al Conaculta, seleccionando para su revisión 400 207.7 miles de pesos, que representan 74.5 por ciento del presupuesto ejercido, de 537 189. 1 miles de pesos, al programa presupuestario E011, Impulso al Desarrollo de la Cultura, que comprende cinco partidas: 33104, 33301, 33604, 33903 y 38401. De la misma manera, en octubre de 2012 la Auditoría Superior de la Federación cerró la auditoría, con un dictamen negativo”, resulta importante referir:

Que el contenido del dictamen negativo emitido por el órgano de fiscalización superior de la federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 respecto a la auditoría de desempeño 11-0-11H00-02-0416, hecha al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Impulso al Desarrollo de la Cultura), es el que a continuación se cita:

Dictamen: negativo

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, hay una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no cumplió las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: no reconoció los Adefa reportados en la CHPF por 516 708.1 miles de pesos, ya que generó un pasivo circulante por 1 187 301.3 miles de pesos no registrados en el Módulo del Presupuesto Comprometido, ni en el Módulo de Adefas, ni los informó a la SHCP; no demostró que los saldos por 34 62.7 miles de pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al 31 de diciembre de 2011; las partidas restringidas 33104, “Otras asesorías para la operación de programas”, y 38401, “Exposiciones”, no se sujetaron a los “Lineamientos para regular los gastos restringidos”; realizó adjudicaciones directas por 31 991.7 miles de pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado; no cuenta con un sistema de control de inventarios; 7 815 discos compactos de una obra musical por 453.3 miles de pesos no se destinaron para el fin para el cual fueron adquiridos y 48 780 unidades por 2 829.2 miles de pesos no se tenía determinado el destino de los mismos; no se contó con la información y documentación del proceso de contratación celebrado con Artmex Viajes, SA de CV; emitió cuentas por liquidar certificadas por 6 498.6 miles de pesos sin estar a favor de los beneficiarios directos; y no cumplió la realización de la “evaluación de consistencia y resultados” del programa presupuestario E011, Impulso al Desarrollo de la Cultura, mediante la evaluación externa señalada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.3

Asimismo, en cuanto a la consideración de la diputada proponente en la que expresa que “durante el ejercicio correspondiente al periodo enero-diciembre de 2011, la administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no logró sustanciar la auditoría practicada al uso de recursos provenientes del erario, en el informe de la auditoría financiera y de cumplimiento correspondiente a este organismo cultural, en el apartado correspondiente al resumen de observaciones y acciones se establece un dictamen negativo en razón de que no cumplió las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso del desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente del informe y que se refieren principalmente a que no diseñaron indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012”, se valora lo siguiente:

Que el contenido del dictamen negativo emitido por el órgano de fiscalización superior de la federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 respecto a la auditoría de desempeño 11-0-11H00-07-0413, hecha al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Impulso al Desarrollo de la Cultura), es el que a continuación se cita:

Dictamen: negativo

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Conaculta no cumplió las disposiciones normativas aplicables a la política de impulso al desarrollo de la cultura, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que no diseñó indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 de incrementar el apoyo a proyectos de mediano y largo plazos que estimulen el desarrollo cultural; desarrollar nuevos sistemas para la evaluación de los proyectos apoyados por el consejo; revisar la pertinencia y consistencia de los programas de estímulo a la creación artística; programar actividades en materia de artes visuales, escénicas y literatura de mediano y largo plazos, que respondan a ciclos o circuitos coherentes y articulados, nacionales e internacionales; optimizar la presencia de México en los organismos multilaterales y regionales; contar con un programa de conferencias y charlas preparatorias a conciertos, ópera y ballet; desarrollar, en colaboración con otras dependencias e instituciones privadas y públicas dedicadas a la difusión de las artes, proyectos de investigación sobre públicos en actividades artísticas para reorientar y reforzar el trabajo en los distintos espacios escénicos y foros; conservar el libro como instrumento central para dar a conocer las culturas populares y a sus creadores e investigadores, preservando y promoviendo la cultura escrita, con un programa editorial anual; contar con una programación artística general con la participación de todas las áreas del consejo para armonizar tiempos y elaborar calendarios óptimos; y generar convenios de colaboración y patrocinio para la difusión con empresas del sector privado. Tampoco acreditó las diferencias en cifras de los reportes internos de apoyos a la creación del arte, ni organizó la información del sistema contable para determinar los costos de los apoyos para la creación del arte, de la promoción y de la difusión del patrimonio artístico y cultural; no vinculó los objetivos de la MIR con los del Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012; y no presentó información suficiente en los principales documentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con el impulso del desarrollo de la cultura.4

Por otra parte, debe referirse que en términos del artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reglamentaria de los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo, se estipula que la fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública, del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

El artículo 49 de la referida Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que si de la fiscalización de la Cuenta Pública aparecieren irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a

a) Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones;

b) Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

c) Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos;

d) Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar; y

e) Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto a las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Más adelante, en los artículos 50 a 56, la normativa de fiscalización señalada precisa, entre otras cuestiones:

1. Incurren en responsabilidad los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales.

2. Las responsabilidades que se finquen tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la hacienda pública federal o, en su caso, al patrimonio de los entes público federales o de las entidades paraestatales federales.

3. Las responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias (derivadas de la responsabilidad resarcitoria) se constituirán, en primer término, a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden, al servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de ellos.

4. Las responsabilidades resarcitorias se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones penales que imponga la autoridad judicial.

5. La Auditoría Superior de la Federación, con base en las disposiciones de la ley de mérito, formulará a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que determinará en cantidad líquida la presunta responsabilidad de los infractores.

Finalmente, es importante señalar que del artículo 57 al 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establece el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, y en el artículo 69 de dicho ordenamiento se prevé el recurso de reconsideración, como medio de defensa en contra de las sanciones y demás resoluciones que al efecto emita la Auditoría Superior de la Federación.

Por ello, de una interpretación armónica y sistemática de los dispositivos normativos indicados, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de determinar la existencia o no del daño al erario y resolver, con base en el procedimiento legalmente establecido, si ha lugar la responsabilidad resarcitoria. Así, en el caso concreto, la Secretaría de la Función Pública no posee facultades para determinar la presumible existencia de daño a la hacienda pública federal en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo para fincar responsabilidad resarcitoria al o los servidores públicos infractores.

IV. Consideraciones

Primera. Que el 10 de septiembre de 2013, Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo objeto del presente análisis.

En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto, por cuanto hace al primer resolutivo, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención; y el segundo y tercer resolutivos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

Segunda. Que los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo que a esta comisión competen refieren lo siguiente:

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al secretario de la Función Pública determinar la presumible existencia de daño al erario y buscar su resarcimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Consejo para la Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para sanear financiera y administrativamente el organismo.5

Tercera. Que en términos de lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 49 y 50 a 69 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; es facultad de la Auditoría Superior de la Federación determinar los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

En ese sentido, resulta improcedente la propuesta planteada relativa al que la Cámara de Diputados solicite al secretario de la Función Pública determinar la existencia de daño al erario en el Conaculta y, en su caso, buscar su resarcimiento, toda vez que dicha secretaría no posee tales facultades.

Po lo que toca al punto tercero de la proposición, se considera procedente el exhorto que se propone, pues se tiene conocimiento cierto del resultado de la auditoría 11-0-11H00-02-0416, practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Conaculta, fue dictaminada negativa.

Por las razones expuestas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen

Primero. Se exhorta al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para sanear financiera y administrativamente el organismo.

Segundo. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya al órgano de fiscalización superior de la federación para que informe a esta comisión o a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (Mesa Directiva) si existe algún procedimiento de responsabilidad resarcitoria instaurado contra algún servidor público del Conaculta con motivo del ejercicio fiscal correspondiente a 2011.

Notas

1 Proposición con punto de acuerdo para exhortar al auditor superior de la Federación a agilizar la revisión del ejercicio del presupuesto correspondiente a 2012 en el Conaculta, presentada por la diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3859-VI, martes 10 de septiembre de 2013.

2 Ibídem.

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Diputados: Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Rubén Acosta Montoya, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedena, y de la Semar, y a los directores generales del IMSS, del ISSSTE y de Pemex a transparentar los procesos de las licitaciones públicas para contratar los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en esas dependencias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura, le fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Sedena y de la Semar, y a los directores generales del IMSS, del ISSSTE y de Pemex, para que se transparenten los procesos de las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre de estas dependencias; presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura resulta competente para analizar y resolver este asunto de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; por lo que se somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Único . El 18 de septiembre de 2013, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo antes mencionado.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente; por lo que remitió duplicado del expediente de mérito, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-5-924, el cual fue recibido en fecha 19 de septiembre del año en curso.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Primero . En la exposición de motivos del asunto de mérito, la legisladora esgrimió esencialmente lo siguiente:

“(...) El pasado 8 de julio del presente año el presidente de la República, dio a conocer la estrategia de contratación pública cuyos objetivos cuyos son: acelerar las contrataciones y asegurar que éstas se realicen bajo los principios constitucionales de: eficacia, economía, transparencia y honradez, en este mismo sentido el titular del Ejecutivo federal señalo que para el 2013 se destinarán para contrataciones públicas $ 365 mil 129 millones de pesos, es decir, más de mil millones de pesos diarios.

El presidente de la República señaló que la estrategia de contratación pública tendrá como base el sentido común, utilizar el tamaño del gobierno federal para comprar más barato y lograr que el dinero público que es de todos los mexicanos rinda mucho más, a través de compras consolidadas, contratos marco, subastas en reservas y un mayor uso de las tecnologías de la información, mediante licitaciones electrónicas.

Como parte de la estrategia de contratación pública el presidente de la república señaló que se promoverá la adquisición de bienes y servicios en donde participarán las Mipymes de todo país a través de contratos marco, el contrato marco consiste en un convenio general que celebran una dependencia federal con uno o varios proveedores, y que se fijan condiciones de precio y calidad del bien y servicio, la ventaja es que podrán adherirse a él otras dependencias que requieran un producto o servicio similar.

Enrique Peña Nieto también anunció que se incluirá la figura de contratación pública conocida como subasta en reserva, a diferencia de la subasta normal, donde gana quien ofrece más, aquí el contrato lo gana el proveedor que ofrece el menor precio.

La importancia del incluir en el presente punto de acuerdo la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre, es por la cantidad de recursos que se destinarán a los contratos públicos y que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio en la presentación de la estrategia de contratación pública, y señaló que en el mes de julio se suscribirá el contrato marco entre la Secretaría de Salud y más de 25 laboratorios, para la compra de medicamentos de patente por un monto estimado de $13 mil 27 millones de pasos y que bajo la conducción del Instituto Mexicano del Seguro Social se iniciaron los trabajos para la licitación consolidada de más de 900 distintos medicamentos y más de mil 800 claves de materiales de curación, para el sector salud, incluyendo al ISSSTE, la Sedena, a la Secretaría de Marina y a la Secretaria de Salud, esta adquisición será de 42 millones de pesos.

Es importante señalar y preguntarle al presidente de la república y demás titulares del gobierno federal, ¿si la estrategia de contratación pública está encaminada a terminar con el oligopolio que durante los doce años de administraciones panistas y hasta nuestros días siguen dominando el mercado del sector salud?, me refiero a las empresas transnacionales como: Productos Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, Beckton Dickinson, Biomerieux, IL Diagnostics, Beckman Coulter que a través de los contratos adjudicados a las empresas Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV; Selecciones Médicas, SA de CV; Dicipa, SA de CV; Impromed, SA de CV; Centrum Promotora Internacional, SA de CV y Hemoser, SA de CV, han sido las más beneficiadas.

No podemos dejar de lado que las empresas distribuidoras: Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV; Selecciones Médicas, SA de CV; Dicipa, SA de CV; Impromed, SA de CV; Centrum Promotora Internacional, SA de CV y Hemoser, SA de CV, fueron las principales beneficiadas por las licitaciones nacionales públicas mixtas del ISSSTE e IMSS, con la representación de las transnacionales Productos Roche, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott, Beckton Dickinson, Biomerieux, IL Diagnostics, Beckman Coulter.

Concretamente la contratación de servicios integrales de laboratorio y bancos de sangre de clínicas y hospitales del ISSSTE, los resultados fueron desastrosos para los derechohabientes de este organismo de salud, esto se acredita con la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública del 2010.

Al respecto la ASF señala en el citado informe de la cuenta Pública del 2010 lo siguiente: concretamente en la página 10 “por lo anterior, se observó que los costos unitarios en el contrato plurianual abierto a la prestación del servicio integral de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre en unidades médicas hospitalarias y no hospitalarias del ISSSTE, fueron mayores que en las adjudicaciones realizadas en el hospital en el ejercicio de 2010 dentro de un parámetro del 10% al 776.1%. De acuerdo con estimaciones de la ASF, al ejercer el monto máximo de1 contrato con el mismo número de pruebas, el incremento en los costos resultó mayor que las erogaciones que se efectuaban con los proveedores salientes”,

El dictamen el 2010 de la ASF realizado al ISSSTE fue negativo y el organismo fiscalizador concluyó lo siguiente:

“La Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: carece de normatividad para determinar las necesidades de las unidades médicas respecto de los servicios médicos: la cantidad de pruebas estipuladas en el cuerpo de los contratos números LPN-CS-DA-SRMS-149/2010 y 150/2010 no coinciden con la establecida en sus anexos, algunas pruebas resultaron más caras que las presentadas en el estudio de mercado, aun sin considerar los insumos: además, en el caso del Hospital Regional 1o. de Octubre” los costos de 72 pruebas pactadas en el contrato son superiores de 10.8% a 776% a los proveedores anteriores y se realizan con equipos de misma tecnología y no se asignaron las pruebas de laboratorio necesarias para transfundir sangre, entre ellas las requeridas para realizar trasplante de órganos, por lo que a la fecha de la auditoría (octubre de 2011) no se habla realizado pruebas de compatibilidad HLA a 58 pacientes para efectuar los trasplantes: asimismo; el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre no hizo 142,034 pruebas de laboratorios y el Hospital Regional 1o. de Octubre, 12,046 ya no se incluyeron en la licitación, como tampoco los insumos para efectuar/as; los laboratorios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el Hospital Regional 1o. de Octubre, carecen de controles de calidad externos que garanticen la calidad y confiabilidad de las pruebas que realizan, ya que no se incluyeron en la licitación; en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre se detectó un equipo de artroscopia que no se ha utilizado desde abril de 2010”. De lo anterior se concluye que aun cuando no se ha realizado ninguna erogación por este equipo, ya que no ha sido utilizado, existen deficiencias en la determinación de las necesidades de las unidades médicas, ya que se asignaron equipos que no se utilizan.

Así como en el dictamen de la ASF correspondiente al ejercicio 2011 en donde se señala lo siguiente y concretamente en la página 20.

Dictamen: Negativo.

“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas.

21 que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la subcontratación de servicios, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, las cuales se originaron debido a deficiencias en la gestión financiera, entre las que destacan las siguientes: al 31 de diciembre de 2011 se reportó un pasivo circulante por 503,874.9 miles de pesos, el cual no corresponde a gastos efectivamente devengados; no cuenta con indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre, ni con un sistema informático para su seguimiento; asimismo, en su contratación no se incluyeron pruebas de laboratorio o no fueron asignadas a las unidades médicas, así como tampoco los materiales y reactivos necesarios para realizarlas, por lo que se han tenido que adquirir con presupuesto de los hospitales; existen pruebas y procesos que no cuentan con controles de calidad externos; los hospitales muestreados manifestaron deficiencias en el abasto de insumos y reactivos (no se entregan en tiempo, o se entregan incompletos, se entregan reactivos con fechas de caducidad corta); las pruebas para pacientes de trasplantes no fueron asignadas para los hospitales regionales 1o. de octubre, Licenciado Adolfo López Mateos y Doctor Valentín Gómez Farías, así como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, unidades médicas que realizan esta clase de operaciones, y se recibió e instaló equipo en fechas posteriores a la establecida en los contratos. Además, en los hospitales regionales “León” y “Doctor Valentín Gómez Farías”, los costos de algunas pruebas, estipulados en el contrato LPN-CS-DA-SRMS-150/2010, fueron mayores en 3,648.6 y 5,293.8 miles de pesos, respectivamente, que los que pagaba mediante contratos anteriores que ellos mismos adjudicaban”.

Con estos resultados de la ASF de 2010 y 2011 se demuestra que las empresas distribuidoras como Instrumentos y Equipos Falcón, SA de CV; Selecciones Médicas, SA de CV, Dicipa, SA de CV; Impromed, SA de CV; Centrum Promotora Internacional, SA de CV; y Hemoser, SA de CV; formaron un mercado oligopólico en el sector de la salud y no representaron la mejor opción en las contrataciones públicas de los últimos seis años, además se incrementó el costo de los reactivos contratados por más de $2,000,000.00 (dos mil millones de pesos) en relación a las contrataciones anteriores que se llevaban a cabo mediante las Mipymes de todo el país.

Las Mipymes en un escenario de competencia ofrecían mejores servicios y costos benéficos para el Fovissste e IMSS, sólo basta señalar que estas prácticas oligopólicas dejaron fuera de las licitaciones aproximadamente a 500 micro y pequeñas empresas distribuidores del sector.

Por este motivo de los aproximadamente $85 mil millones de pesos que se licitaran para el sector salud en el presente año, se tiene que realizar concursos públicos de manera transparente en la contratación de los Servicios de Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre de hospitales y clínicas, para que en las licitaciones públicas plurianuales del IMSS, ISSSTE y SSA participen las Mipymes. (...)”

Segundo . En su parte resolutiva, la proposición con punto de acuerdo refiere lo siguiente:

“1. Se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a los titulares de la Secretaría de: Salud, Mercedes Juan López, de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, de la Marina, Francisco Soberón Sáenz, y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sebastián Lerdo de Tejada y de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Autín , para que transparenten los procesos de las licitaciones públicas para Contratación de los Servicios de Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre en estas dependencias del gobierno federal.

2. Que en las licitaciones públicas plurianuales del ISSSTE e IMSS participen las Mipymes de todo el país y que se cumpla con el porcentaje de contratación de éstas de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Economía para cada dependencia.

3. Que en las Licitaciones convocadas por las Instituciones de salud de los gobiernos federales y estatales se eliminen los conceptos ó condiciones que limitan la libre participación de las Mipymes , estas se deberán llevar a cabo de manera descentralizada, que cada entidad cuente con autonomía para adjudicar de acuerdo con las necesidades de los servicios de salud de la localidad, se lleven a cabo por nivel de servicio ya que la atención de primer y segundo nivel representan el 70% de los servicios institucionales a nivel federal, con lo que se logrará la mayor participación de Mipymes , así mismo los puntajes de evaluación en las Licitaciones, se le dé primordial preponderancia a: precio, calidad, oportunidad y servicio .”

III. Fundamentación

Primera. Debe precisarse que de conformidad con el artículo 134, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Por su parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, estipula en su artículo 1o., señala lo siguiente:

Artículo 1 . La presente Leyes de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I . Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II . Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal;

III . La Procuraduría General de la República;

IV . Los organismos descentralizados;

V . Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI . Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

(...)

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.

(...)

Segunda . Por cuanto hace el primero de los resolutivos, se concluye lo siguiente:

Debe partirse del hecho de que en términos del referido artículo 1o. de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tanto las secretarías como las entidades paraestatales mencionadas por la proponente son sujetos de la norma antes señalada.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 2°, fracción II, de la ley antes citada, CompraNet es el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios , integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones ; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo ; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios ; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de contratación. El sistema está a cargo de la Secretaría de la Función Pública y se establecen los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que se contenga.

En ese tenor, debe considerarse que el “Módulo de Información e Inteligencia de Mercado para las Contrataciones Públicas” forma parte del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (CompraNet). Este nuevo módulo está diseñado para garantizar acceso oportuno y sistematizado a 1a población en generar a la información relacionada con la planeación, ejecución y resultado de las contrataciones públicas realizadas por la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales cuando éstas son realizadas a través de CompraNet, de conformidad con la’ normatividad aplicable.

Este módulo ofrece información relevante para todos los actores que participan en las compras de gobierno, fortaleciendo al mismo tiempo los principios de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

El módulo de CompraNet-inteligencia de mercado consta de cinco apartados:

1. Programas anuales de contrataciones públicas

2. Procedimientos de contratación

3. Contratos

4. Proveedores y contratistas

5. Indicadores de desempeño de los procedimientos de contratación

En cada uno de los apartados el usuario tendrá la posibilidad de acceder a:

Consultas generales, en donde encontrará la información más relevante de manera agregada;

Informes analíticos predefinidos, con los que podrá ordenar, clasificar y filtrar información de forma detallada de un menú predefinido de reportes;

Consultas personalizadas o a la medida, que brindará al usuario la posibilidad de ejecutar consultas de acuerdo a sus necesidades de análisis, y PDFs activos, con los que podrá acceder a las consultas generales de cada apartado, pudiendo exportar y consultar la información de manera interactiva en un cualquier equipo.

El módulo de CompraNet-inteligencia de mercado cuenta con una funcionalidad que permite exportar en diversos formatos consultas, ofreciendo al usuario la libertad de archivar sus búsquedas en su propio equipo de cómputo, construir tablas y graficar los datos.”1

Por lo que es preciso puntualizar lo siguiente:

a) Que las dependencias y entidades señaladas por la proponente tienen la obligación de publicar los procesos de licitaciones, en términos de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b) Que el Sistema de CompraNet se encuentra disponible a los ciudadanos con tan sólo acceder a su página de internet (https://compranet.funcionpublica.gob.mxlweb/login.html); en la que se proporciona información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, dando a conocer cuestiones tales como las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; lo que garantiza el respeto al derecho fundamental de acceso a la información consagrado por el artículo 6o. de la Carta Magna.

En ese sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece en su artículo 7, fracción XIII, lo siguiente:

Articulo 7 . Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente: (...)

XIII . Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

(...)

De lo anterior se concluye que el marco legal y el sistema CompraNet brindan la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental relativa a toda clase de licitaciones de la administración pública.

Tercera. Por cuanto hace el segundo de los resolutivos, debe considerarse que conforme al artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas (Mipymes).

Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente. Para la expedición de las reglas, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, de conformidad con el principio de legalidad (reconocido por el artículo 14 de la Ley Suprema) ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior; por lo que en el caso concreto, las entidades referidas por la autora (IMSS e ISSSTE), tienen la obligación de cumplir con el mandato legal antes referido, así como el resto de las disposiciones normativas aplicables.

Derivado de lo anterior, resulta inviable el exhorto propuesto por la autora, toda vez que las normas aplicables ya prevén y regulan de manera general la situación planteada.

Cuarta. Finalmente, referente al tercero de los resolutivos que se dictaminan, se advierte que dicha propuesta resulta inviable ya que:

Tanto las instituciones de salud federales como las instituciones de salud de las entidades federativas (en el supuesto de que se manejen en una licitación local recursos públicos federales) deben, con base en el principio de legalidad atenerse estrictamente a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así, la ley antes referida establece las condiciones y medidas aplicables en el procedimiento licitatorio para las Mipymes (y que les otorgan ciertos beneficios) en los artículos 8o.; 13, segundo párrafo; 14, segundo párrafo; 23, fracción V, y 28, en su último párrafo.

En tanto que si se trata de una licitación local en la que no haya recursos públicos federales, las reglas del procedimiento que deberán seguir serán las establecidas en la legislación local de la materia.

Por lo que se concluye que un punto de acuerdo no es un instrumento idóneo para establecer a las dependencias y entidades reglas en el procedimiento de licitación; pues es la ley la encargada de regular tales hipótesis.

III. Consideraciones

Primera . El 18 de septiembre de 2013, la Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el Punto de acuerdo antes mencionado.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar dicho asunto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y elaboración de dictamen correspondiente.

Segunda. Que el objeto de la proposición con punto de acuerdo que se analiza consiste en:

1. Exhortar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto , a los titulares de la Secretaría de: Salud , Mercedes Juan López, de la Defensa Nacional , Salvador Cienfuegos Zepeda, de la Marina , Francisco Soberón Sáenz, y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social , José Antonio González Anaya, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , Sebastián Lerdo de Tejada y de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Autín, para que transparenten los procesos de las licitaciones públicas para contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en estas dependencias del gobierno federal.

3. Que en las Licitaciones convocadas por las Instituciones de salud de los gobiernos federales (sic) y estatales se eliminen los conceptos ó (sic) condiciones que limitan la libre participación de las Mipymes , estas se deberán /levar acabo de manera descentralizada, que cada entidad cuente con autonomía para adjudicar de acuerdo con las necesidades de los servicios de salud de la localidad, se lleven a cabo por nivel de servicio ya que la atención de primer y segundo nivel representan el 70% de los servicios institucionales a nivel federal, con lo que se logrará la mayor participación de Mipymes , así mismo los puntajes de evaluación en las licitaciones, se le dé primordial preponderancia a: precio, calidad, oportunidad y servicio.

Tercera. Respecto al primer resolutivo, debe mencionarse que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen la obligación brindar a los gobernados el acceso a la información pública, tal y como se explica enseguida:

a . El artículo 2o., fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (“CompraNet”) brinda la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental relativa a toda clase de licitaciones de la administración pública; pues entre otra información, se publica la relativa a las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios.

b. Por su parte, el artículo 7o., fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ordena que las dependencias pongan a disposición de los ciudadanos la información relativa a las contrataciones celebradas en materia de obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; y que en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; el monto; el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y los plazos de cumplimiento de los contratos.

Por cuanto hace al segundo de los resolutivos, debe referirse que a juicio de esta dictaminadora resulta improcedente; dado que conforme al artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Secretaría de Economía dicta las reglas que deben observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas (Mipymes).

En ese contexto, los órganos referidos en la proposición (IMSS e ISSSTE), tienen por mandato legal la obligación de cumplir con el dispositivo normativo antes referido; así, resulta innecesario realizar el exhorto propuesto, toda vez que los funcionarios públicos per se deben respetar el principio de legalidad so pena de ser sancionados en los términos legalmente previstos.

Finalmente, esta comisión dictaminadora advierte la inviabilidad del tercero de los resolutivos propuestos, dado que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece con claridad los beneficios para las Mipymes dentro del procedimiento de licitación, y en el caso de las licitaciones locales, en que no existan recursos públicos federales, son las legislaciones locales las que norman el proceso de licitación.

De lo anterior se concluye que son las leyes correspondientes las que establecen y regulan los procedimientos de licitación.

Cuarta. No obstante la inviabilidad del exhorto en los términos propuestos; esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción considera de suma importancia que las dependencias y entidades de la administración pública federal transparenten de manera real, efectiva y ágil los procedimientos de licitación en los que intervengan, cumpliendo en todo momento lo dispuesto por la ley, particularmente con lo establecido por el artículo 2o., fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 7o., fracción XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, citados anteriormente.

En esas condiciones, resulta procedente que se solicite a la Secretaría de Salud, de la Defensa Nacional y de la Marina; así como a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos; para que cumplan con lo establecido en la ley, dando transparencia y agilidad a las licitaciones como lo señala la proponente.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Dictamen

Único. Se solicita a la Secretaría de Salud, de la Defensa Nacional y de la Marina del Ejecutivo Federal; así como a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos a que cumplan lo establecido en la ley, dando transparencia a todos los procesos de licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre.

Nota

1 Véase página de internet de CompraNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html página consultada el 20 de Septiembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades competentes de los ámbitos federal, estatal y municipal de Baja California a informar respecto al estatus legal de la Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, y al nivel de riesgo a que se encuentra expuesta la población asentada en sus alrededores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a crear una subcomisión legislativa mixta y solicitar a las autoridades competentes su intervención para reubicar las instalaciones de la Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral I, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. El 3 de octubre de 2013, la diputada María Carmen López Segura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de crear una subcomisión legislativa mixta y solicitar la intervención de las autoridades competentes para reubicar las instalaciones e Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para estudio y dictamen correspondiente.

3. El 24 de octubre de 2013, el licenciado Efrén Rodríguez Reyes en su calidad de representante legal de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV (Z Gas), hizo llegar al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta con objeto de brindar elementos documentales y de contexto que refutaran las aseveraciones de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Carmen López Segura.

4. El 29 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo llegar los comentarios de la empresa Z Gas para conocimiento de la Comisión de Protección Civil.

Contenido del punto de acuerdo

La diputada proponente considera que la ubicación de Z Gas en el bulevar Lázaro Cárdenas sin número y bulevar Federico Benítez López, delegación La Mesa, en Tijuana, Baja California, representa gran riesgo para la población, en particular para la gran cantidad de gente que se ubica en áreas residenciales y comerciales en los alrededores de la misma, por lo que solicita la intervención de las autoridades competentes para su reubicación y la conformación de una subcomisión legislativa conformada por las Comisiones de Protección Civil, de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Asuntos de la Frontera Norte dedicada igualmente a gestionar dicha reubicación.

A manera de antecedente, la exposición de motivos enumera algunas situaciones desde los años 1984 hasta el 2013, en las cuales se han presentado explosiones e incendios de tanques de gas por diferentes razones.

La diputada López Segura elabora una cronología, en la cual detalla el origen del problema, las protestas e inconformidades, protestas e incidente u petición:

• La compañía recibió la concesión inicial por 30 años para operar en las instalaciones actuales el 11 de agosto de 1964.

• El Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1986, establece el acuerdo para la reubicación de plantas que almacenan gas licuado propano (LP) situadas en las poblaciones. El acuerdo estableció el primer ordenamiento que obliga a reubicar ese tipo de plantas por considerarse peligrosas para la ciudad si no cumplen la obligación de estar a más de 100 metros de distancia de las viviendas.

• En 1992, los vecinos comenzaron a movilizarse y solicitar al gobierno la reubicación de la gasera.

• El 23 de enero de 1997 sucedió un incidente en el que se reventaron las costuras de un tanque de gas, ocasionando la muerte de un trabajador y lesiones considerables a otro de ellos.

• En 1998, la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una subcomisión especial encargada de realizar las acciones necesarias de inspección y consulta sobre el problema de Compañía de Gas de Tijuana, derivada de una proposición con punto de acuerdo de Jorge Tomás Esparza Carlos (PAN) y otros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, presentada el 16 de abril de 1998. Dicha subcomisión fue instalada y presentó informes que dan cuenta de gestiones realizadas para atender la problemática en comento.

• Actualmente, en el predio citado, Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV –o Zeta Gas–, tiene instalados 8 tanques fijos tipo salchicha de 33 toneladas cada uno, que suman 264 toneladas de combustible, y otros tanques de menor tonelaje. El terreno está rodeado de más de 2 mil 500 casas-habitación, la zona habitacional del Infonavit La Mesa, situada a menos de 100 metros de distancia y que consta de 33 edificios de 10 departamentos cada uno, es decir, 310 departamentos; está la penitenciaría del estado, con más de 2 mil internos, escuelas, comercios, la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, maquiladoras, una tienda Soriana, salas de cine, la plaza Mundo Divertido, la nueva macroplaza, y un parque industrial, dividido en tres partes, la mayor de ellas el complejo industrial Bustamante, que consta de 35 naves, casi todas ocupadas.

Asimismo, de la revisión de las disposiciones normativas aplicables, la proponente fundamenta cuáles son las atribuciones de las diferentes autoridades involucradas en autorizar y vigilar el funcionamiento de compañías almacenadoras y distribuidoras de gas LP como Z Gas:

• El asunto involucra a la autoridad municipal, por ser la encargada de conceder las autorizaciones y licencias de uso del suelo;

• Al gobierno estatal a cuyo cargo recae la definición de los planes y programas de desarrollo urbano para la entidad;

• A la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía en virtud de las facultades que en materia de regulación y otorgamiento de permisos y autorizaciones les confieren la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y lo dispuesto en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Por todo lo anterior, la diputada López Segura propone los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se acuerda la creación de una subcomisión mixta, compuesta por integrantes de las Comisiones de Energía, de Protección Civil, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Asuntos de la Frontera Norte, con la encomienda de gestionar la reubicación de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, a las afueras de la ciudad.

Segundo. Se solicita respetuosamente la intervención de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, del gobierno de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, colaboren en la reubicación de las instalaciones de Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, o Zeta Gas.

Consideraciones

En el asunto materia de la proposición con punto de acuerdo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI, hay posiciones divergentes entre las denuncias y la preocupación de la proponente, y los argumentos de Z Gas con objeto de refutar las acusaciones vertidas en su contra.

Esta comisión tiene la obligación de considerar ambos argumentos y en una vez hecho lo anterior, exhortar a las autoridades competentes, tanto al respeto de la legalidad, y los derechos de la empresa y los ciudadanos, como velar por que los habitantes de las áreas colindantes a las instalaciones de Z Gas en Tijuana, BC, estén fuera de todo peligro.

Con este objetivo, los integrantes de la comisión hacemos las siguientes consideraciones:

Primera. Compartimos la preocupación de la proponente respecto a la cercanía física de instalaciones que hacen un uso intensivo de materiales potencialmente riesgosos como el gas LP, con zonas habitacionales y comerciales de alta densidad poblacional. De la misma manera, es cierto que el “acuerdo para la reubicación de plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de poblaciones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de noviembre de 1986, especifica textualmente:

Las plantas de almacenamiento de gas LP que por el crecimiento demográfico de la población se encuentren actualmente a una distancia menor de 100 metros de las construcciones destinadas a habitación, reuniones públicas o centros de trabajo medidos del tanque de almacenamiento o zona de trasiego más cercano a éstas, deberán reubicarse a otro lugar dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha en que se les notifique el requerimiento para tal fin, el que se fundará en dictamen que formule conjuntamente las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, y de Salud.

Sin embargo, esa normativa por sí sola no significa que Z Gas se encuentra asentada ilegalmente en el terreno que ocupa actualmente, ya que es posible que desde 1986 a la fecha, y ante la diversidad de nuevos ordenamientos en la materia desde entonces, se crearan nuevas disposiciones que permitieran a la empresa establecerse en el lugar en el que aún se encuentra, siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos y revisiones que garantizaran un adecuado mantenimiento y seguridad de sus instalaciones.

Segunda. Que Z Gas, a través de su representante legal, hizo llegar una carta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la cual a su vez la envió a la Comisión de Protección Civil, en la que se refutan las acusaciones de la diputada proponente, aduciendo que la empresa y el lugar actual de su asentamiento, cumplen con toda la normatividad que les exigen las autoridades federales. De manera resumida, se presentan los principales argumentos de la empresa:

• Que con fecha 1 de noviembre del 2006, la empresa Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, obtuvo de la Subsecretaría de Hidrocarburos, Dirección General de Gas LP, Dirección de Apoyo Legal, en el expediente número DGGLP/ PLA/ BCN/ 0320/ 2004, 513.- DAL/ 3/ 3076/ 06, relativo al “Procedimiento para verificar el cumplimiento con condiciones de seguridad en instalaciones de gas LP en la Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV”, una resolución administrativa en la que “se da por terminado el requisito de Reubicación de la Planta y se pone fin al procedimiento administrativo denominado procedimiento para verificar el cumplimiento con condiciones de seguridad en instalaciones de gas LP de la empresa Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV..., que podrá continuar operando en el domicilio señalado, con las medidas de seguridad superiores a las indicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDG-1966...”

• La resolución administrativa anterior establece que la empresa “deberá representar ante esta autoridad administrativa cada dos años, la actualización de su estudio de riesgo ambiental nivel 2, así como dictamen de unidad de verificación acreditada en la materia, donde constate el cumplimiento de las recomendaciones y conclusiones que arroje la actualización de dicho estudio y el seguimiento puntual del Programa de Prevención de Accidentes”. Al respecto, Z Gas argumenta que desde entonces han cumplido las revisiones periódicas a las que están obligados con las autoridades federales, estatales y municipales, para mantener la legalidad de sus operaciones en el área donde se encuentran actualmente.

Sin embargo, en tanto no se tenga una confirmación oficial por las autoridades competentes en la materia, es difícil para esta comisión establecer si Z Gas cumple toda la normativa vigente para asentarse en el lugar en el que se encuentra actualmente, o si ha venido sometiéndose a las evaluaciones periódicas a que la ley la obliga.

Tercera. Por todo lo expresado, los integrantes de la comisión consideramos que no contamos con información suficiente para determinar si la población asentada en los alrededores de las instalaciones de Z Gas en Tijuana se encuentra en una situación de alto riesgo; tampoco contamos con elementos suficientes para determinar si, efectivamente, la empresa cumple la normativa vigente y está al corriente con las revisiones periódicas que evalúan su desempeño y seguridad.

En vista de esta situación, consideramos pertinente que, antes de formar cualquier comisión legislativa mixta para impulsar la reubicación de la empresa o solicitar dicha reubicación a las autoridades competentes, como sugiera la diputada proponente, como primer paso se solicite información a dichas autoridades respecto al estado actual de las cosas para conocer a través de ellas el nivel de riesgo a que está expuesta la población, si lo está, y el cumplimiento de la normativa vigente de Z Gas.

Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes de la Comisión de Protección Civil tenemos a bien emitir el presente dictamen, en sentido positivo con modificaciones, al tenor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a las autoridades del gobierno de Baja California y de Tijuana, así como a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, que hagan llegar a esta soberanía un informe respecto al estatus legal de la empresa Compañía de Gas de Tijuana, SA de C V – mejor conocida como Z Gas–, para conocer si opera en arreglo a la normativa vigente en su ubicación actual en la delegación La Mesa, en Tijuana, Baja California.

Segundo. Se solicita atentamente a las autoridades competentes, en particular a las dependencias a cargo de la protección civil de Baja California y Tijuana, informar si la población asentada en los alrededores de las instalaciones de la Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV – mejor conocida como “Z Gas”–, en el distrito de La Mesa, en Tijuana, Baja California, se encuentra expuesta a algún riesgo relacionado con las operaciones de la empresa mencionada. De ser así, se les solicita atentamente también informar de las acciones que se estén llevando a cabo para proteger a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.

La Comisión de Protección Civil

Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica en contra), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión Protección Civil fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil., a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. El 17 de octubre del 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Protección Civil para estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

De manera resumida, el punto de acuerdo en cuestión establece los siguientes argumentos:

• Que en recientemente, el país se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que son consecuencia del cambio climático y que han evidenciado la importancia de contar con una estrategia y programa de protección civil a nivel nacional. Ejemplo de ello fue el impacto y devastación que a su paso dejaron los fenómenos meteorológicos: Ingrid y Manuel, en gran parte del territorio nacional, afectaron principalmente al estado de Guerrero, en específico al puerto de Acapulco; provocando severos daños y hasta la desaparición de poblados completos.

• Debido a estos trágicos acontecimientos que han causando la muerte de cientos de personas, afectando a miles de familias, se ha evidenciando, la ausencia de una reglamentación secundaria de la Ley General de Protección Civil, lo cual crea lagunas que a su vez, limitan el accionar de las diferentes autoridades responsables.

• Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación, evaluación y elaboración de programas internos de protección civil, de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil, es necesario que cuenten con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta ley.

• Lo anterior para solicitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Protección Civil, donde establece que el Ejecutivo federal cuenta con un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, para emitir el reglamento de ésta. No obstante, casi 500 días después de la promulgación de la ley, el Ejecutivo federal no ha dado cumplimiento a lo establecido en dicho ordenamiento, para dar plena vigencia a lo contemplado en la ley.

Por todo lo anterior, los diputados proponentes sometieron a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Consideraciones

Primera. Es innegable que el Ejecutivo federal ha sobrepasado el plazo establecido en el segundo transitorio de la Ley General de Protección Civil, en el cual se establecía un plazo máximo de 180 días posteriores a la publicación de dicha ley, para la publicación del Reglamento de Protección Civil.

Esta situación ha dejado un vacío legal en el que, sobre todo los gobiernos locales, han encontrado dificultades para adaptar el espíritu amplio de los ordenamientos legales de la Ley General de Protección Civil en su legislación local, a falta de un modelo de legislación en rubros más específicos, como se esperaría de un Reglamento.

Por lo cual, es indispensable que todas las autoridades involucradas, aceleren el proceso de publicación del Reglamento de Protección Civil.

Segunda. Es cierto que el plazo de los 180 días para publicar el Reglamento venció durante los días del cambio de administración en el gobierno federal, en diciembre del 2012, lo cual entendiblemente dificultó y retrasó la publicación del documento en cuestión.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, ha hecho llegar a esta comisión una explicación detallada respecto al retraso en la publicación del Reglamento de Protección Civil, así como un informe del estado actual de este ordenamiento, los cuales se resumen a continuación:

• Una vez nombrado coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, recibió como asunto pendiente por concluir el anteproyecto de reglamento, documento que se encontraba incompleto e inoperable, además desacorde con la propia Ley General de Protección Civil. Cabe resaltar que no se realizó ninguna de las etapas procesales administrativas que establece el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal.

• Por tal motivo, durante los primeros meses de la actual administración, el coordinador nacional, giró instrucciones para que se elaborara un nuevo proyecto de reglamento, en el cual se han involucrado todos los actores en la materia, con el fin de prever la mejor operación de la Ley. Como consecuencia de lo anterior, el pasado 22 de noviembre, se remitió el anteproyecto para dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, organismo que público dicho documento en la página www.cofemermir.gob.mx conforme lo establecido en los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal.

• Al mismo tiempo, se está valorando por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto de esta Secretaría de Gobernación, el impacto presupuestal que el reglamento en cuestión pudiera tener.

• Una vez recabada la información de manera interna se remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien al igual que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, cuenta con treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda someterlo a la consideración del titular de Ejecutivo federal, de conformidad con los artículos 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como numerales séptimo y octavo de los lineamientos.

• Atendidas las observaciones a los dictámenes antes referidos, si es el caso, el proyecto de Reglamento se remitirá a la Consejería Jurídica con una anticipación mínima de treinta días respecto de la fecha en que se pretenda que sea sometido a la consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República en términos del numeral décimo tercero de los Lineamientos.

• Por lo anterior, una vez cumplidas todas las etapas para su elaboración, se publicará la normatividad referida en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Independientemente de la validez de los argumentos de la CNPC respecto al retraso en la publicación del Reglamento de Protección Civil, y al detalle de las diferentes etapas procesales que corresponden al proyecto de Reglamento previo a que sea firmado por el Presidente de la República, los integrantes de esta comisión consideramos apropiado respaldar la petición de los diputados proponentes, para agilizar la publicación del mismo.

Sin embargo, más que exhortar a la publicación del Reglamento en los términos propuestos originalmente, consideramos adecuado dadas las circunstancias actuales, exhortar tanto a la CNPC como a la Cofemer, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a que, en su respectivo momento procesal, agilicen la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil, para que éste sea publicado lo antes posible.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a que, en el marco de sus atribuciones y en la etapa del proceso que les corresponda, aceleren la revisión del proyecto de Reglamento de Protección Civil sometido a su consideración, para que éste sea publicado lo más pronto posible, tomando en cuenta que el plazo establecido originalmente por la Ley General de Protección Civil para su publicación, venció en diciembre del 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco de diciembre de 2013.

La Comisión de Protección Civil

Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López, Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo relativo a la responsabilidad de diversas autoridades por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a deslindar la responsabilidad de diversas autoridades por no haber alertado a la población en tiempo y forma de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Esta Comisión de Protección Civil, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El 17 de octubre de 2013, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno, proposición con punto de acuerdo, relativo a la responsabilidad de diversas autoridades, por no haber alertado a la población en tiempo y forma de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

2. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición, para su dictamen, a la Comisión de Protección Civil

Contenido de la proposición

El proponente, solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Gobernación para que investiguen y deslinden responsabilidades al personal competente del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por no haber alertado a la población en tiempo y forma y tomar las medidas necesarias respecto a los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Señala además, que la finalidad de toda política de protección civil es contrarrestar los efectos que traen consigo los desastres naturales, reducir al máximo la pérdida de vidas humanas, patrimoniales y estructurales. Afirma también, que los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel dejaron a su paso 147 muertos, 35 heridos, 53 desaparecidos y 248,477 personas afectadas, de las cuales 50 mil fueron evacuadas y llevadas a albergues; presentándose contingencias en 23 Estados del país, constituyendo así uno de los desastres naturales más “impactantes” en los últimos años en territorio nacional.

Consideraciones

El diputado Víctor Manuel Jorrín realiza una cronología de hechos, a partir del día jueves 12 de septiembre del año en curso, en la que, en opinión de esta Comisión, no se aportan elementos probatorios contundentes, que impliquen necesariamente omisiones de los funcionarios competentes en atender las emergencias suscitadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Los funcionarios señalados como probables responsables de negligencia por el autor de la proposición, pertenecen a las siguientes dependencias: Conagua, Coordinación Nacional de Protección Civil y CFE.

Apuntando que esta Comisión entiende y comparte la preocupación detrás de la proposición presentada, se procedió a revisar la legislación vigente.

Al respecto la Ley General de Protección Civil determina lo siguiente:

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos;

...

Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

...

Artículo 16 . El Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

Artículo 17. Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente.1

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil hizo las siguientes aclaraciones respecto a la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Víctor Manuel Jorrín:

• El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT CT), emite el alertamiento a razón de la velocidad de viento de los fenómenos ciclónicos, por lo tanto las alertas emitidas se hicieron conforme lo anterior mencionado.

• Igualmente es de resaltar que todos los procedimientos de alertamiento y atención a los fenómenos antes citados, se han hecho públicos y transparentes por parte de las autoridades involucradas, además, ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, han solicitado información sobre la atención al fenómeno, la cual se ha atendido oportunamente.

Tomando en consideración los argumentos, tanto del proponente como de la Coordinación Nacional de Protección Civil, esta Comisión considera que, sería pertinente exhortar a que las autoridades responsables realicen una investigación imparcial y apegada a derecho, en la que determinen si efectivamente existió alguna omisión como lo señala el Diputado Víctor Manuel Jorrín, o si por el contrario los avisos se llevaron a cabo en tiempo y forma como lo establecen las autoridades de Protección Civil. De manera que, como resultado de dichas investigaciones se obtenga certidumbre respecto a la atención y aviso a la población vulnerable de los estados afectados por el paso de Ingrid y Manuel.

Esta comisión considera que los entes responsables de dicha investigación deben ser:

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, la cual es responsable de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones.

A su vez, la Procuraduría General de la República tiene como mandato según el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, investigar y perseguir los delitos del orden federal.2

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la Republica a investigar y deslindar responsabilidades a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, en caso de que las alertas a la población ante el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel no se hayan dado tiempo y forma, y a informar públicamente del resultado final de dicha investigación.

Notas

1 Ley General de Protección Civil

2 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Palacio Legislativo de San Lázaro a cinco de diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Protección Civil

Diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Ángel Abel, Mavil Soto (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval, Raudel López López (rúbrica).

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a atender la obstrucción de la correcta administración pública en diversos municipios de Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por grupos del crimen organizado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 24 de septiembre de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que atiendan la obstrucción de la correcta administración pública en diversos municipios del estado de Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por parte de grupos del crimen organizado.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El problema que plantea la proposición consiste en diversos hechos delictivos y que vulneran la armonía de municipios de Guerrero; en concreto, los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya, así como entorpecen la actividad de las autoridades municipales.

2. El objeto de la proposición es que las autoridades estatales y federales garanticen la seguridad en los municipios referidos en el párrafo anterior.

3. Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como al gobierno federal, para que éste instruya a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y demás dependencias gubernamentales cuya actuación contribuya a la garantía de seguridad para la población mexicana a atender de inmediato la obstrucción de la correcta administración pública en Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Iguala de la Independencia, Pilcaya y Teloloapan, Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por parte de grupos del crimen organizado, poniendo en riesgo la gobernabilidad de estas demarcaciones.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la iniciativa

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primera. Que el artículo 21 constitucional comprende a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, comprendiendo la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.

Segunda. Esta comisión reconoce con preocupación que Guerrero se encuentra dentro de los estados que más ha resentido la inseguridad en el país; por ejemplo, de acuerdo a cifras del Inegi ha sido la entidad con mayor índice de homicidios el año anterior; y al menos en el primer trimestre del presente, instituciones como el IMCO la han considerado como la entidad más violenta.

Tercera. Que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a septiembre en Guerrero se habían presentado mil 570 homicidios, correspondiendo al 11.34 por ciento del total nacional, cifra muy por arriba del promedio; lo cual es un reflejo del alto clima de violencia en la entidad, así como el hecho de que por cada 100 mil habitantes, existen 44.55 homicidios dolosos, la cifra más alta en el país.

Cuarta. Que, de la investigación realizada en esta comisión, se tiene conocimiento de los hechos sucedidos en los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya, los cuales se estiman que reducen la eficacia y autoridad de los ayuntamientos correspondientes, tornándolos incapaces de satisfacer las necesidades de sus habitantes.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos

Quinta. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, y se modifica únicamente la redacción del mismo por razones de técnica y redacción legislativa.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero y al Ejecutivo federal para que se continúe de forma exhaustiva con la atención, prevención e investigación respecto a los diversos hechos delictivos que obstruyen la administración pública de los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya, de Guerrero.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendentes a generar ahorro y uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes.

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 05 de septiembre de 2013, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas, a que emprendan las acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de viviendas.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las y los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, una vez analizado el texto de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la proposición

La proponente señala que no obstante la inteligencia del ser humano, persistimos en la actitud de acabar con el planeta. El cuidado y la preservación de la Tierra y sus especies están en nuestras manos y son nuestra absoluta responsabilidad.

Señala que estamos destruyendo todo lo que existe en nuestro mundo, al amparo y so pretexto de la búsqueda de un progreso sustentado en el deseo de una mejor forma de vida con diversión y entretenimiento. Refiere que el mundo debe ser compartido y que somos los responsables de los daños que le ocasionamos, con lo que la salvación de las demás especies, así como los lugares donde viven, dependen de la especie humana.

Reconoce la necesidad de ayudarnos a nosotros mismos, impulsando y protegiendo toda forma de vida, porque la mejor herencia que podemos entregar a nuestros hijos y a futuras generaciones es una mejor calidad de vida en un mundo renovado en su medio ambiente y sus recursos naturales.

Asume que el reto del ser humano como sociedad, es iniciar la transición hacia un modelo de crecimiento verde y socialmente inclusivo de manera efectiva, eficiente, equitativa y segura para el medio ambiente y la humanidad.

Entiende, se trata de un proceso que en principio debe impulsarse desde el lugar donde vivimos y con nuestra familia, y si la situación lo demanda; comencemos desde la construcción de los inmuebles que habitamos.

Expresa que la sustentabilidad, el uso eficiente de los recursos naturales, la armonía con el medio ambiente y su preservación, la creación de una cultura en el manejo adecuado de desechos, el control de emisiones contaminantes, la aplicación de tecnologías en el aprovechamiento y ahorro de energía eléctrica, agua y gas y la restauración de nuestro entorno natural; llegaron para instalarse de manera urgente y permanente en nuestra conciencia individual y colectiva.

Según la diputada proponente, la viabilidad de habitar nuestro planeta está en riesgo, y sólo asumiendo el compromiso de conservarlo y compartirlo en coexistencia con la gran diversidad de especies de flora y fauna que lo ocupan.

Manifiesta que el daño que hemos producido es creciente y grave; señala que este año alcanzamos niveles históricos en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, gases que son resultado de la combustión de carbón, petróleo y gas natural.

Sostiene que durante décadas el concepto de cambio climático y el de efecto invernadero dominaron las discusiones y los estudios ambientales; y ya para el año 1992 en el marco de la Convención en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se adoptó el Protocolo de Kioto que establecía la meta de reducir en un 5.2% en promedio, las emisiones contaminantes.

Sin embargo, fue hasta 1997 que los países signatarios de la Convención firmaron el Protocolo y se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a establecer las medidas para mantener una constante captura de carbono.

Sin embargo, señala que a pesar de estos esfuerzos a escala mundial, se ha avanzado muy poco en la reversión del daño ya ocasionado al medio ambiente y los ecosistemas.

Expresa que la temperatura global ha aumentado en casi 0.8 grados centígrados y parece imparable debido a que el 90% de las emisiones de gases que generan esta alteración provienen de las actividades humanas cotidianas; es decir son provocadas y generadas por el hombre.

En consecuencia, no hemos podido revertir ni controlar las afectaciones a los sistemas naturales y, en consecuencia, tampoco las repercusiones en nuestros esquemas económicos y sociales derivados.

Indica que a nivel mundial, para mediados de este siglo tendremos una elevación de la temperatura global en más de 2 grados centígrados, en un escenario de magnitudes catastróficas no sólo para el medio ambiente global, sino también para la existencia y el desarrollo de los seres humanos.

Alude a una serie de consecuencias catastróficas que se harían presentes en todos los rincones de nuestro planeta si no logramos detener o al menos controlar el deterioro ambiental.

Menciona los cinco mecanismos clave identificados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 por los cuales el cambio climático puede paralizar y posteriormente revertir actividades del desarrollo humano que aún continúan vigentes:

1. Producción agrícola y seguridad: se calcula que las cifras de afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI.

2. Estrés por falta de agua e inseguridad de agua: se estima que para finales del presente siglo, 1,800 millones de personas podrían habitar en zonas con escasez de agua.

3. Aumento en el nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos: se prevé que el aumento de la temperatura mundial en 3 o 4 grados centígrados podría desembocar en las migraciones de 330 millones de personas por inundaciones.

4. Pérdida de ecosistemas y biodiversidad, con un calentamiento de 3 grados centígrados entre un 20 y 30 por ciento de las especies terrestres podrían enfrentar la extinción.

5. Amenazas a la salud humana, el número de personas expuestas a enfermedades como el paludismo aumentará en los próximos años, impactando mayormente a los países en desarrollo debido a los niveles de pobreza y la poca capacidad de respuesta de los sistemas de salud pública.

Nuestro país no es ajeno a los efectos de estos niveles de contaminación, al menos el 20 por ciento del territorio Mexicano y el 75 por ciento de la población del país, son vulnerables o están expuestos a los efectos del cambio climático y la contaminación a nivel mundial.

Señala que la demanda de las actividades generadores de este tipo de gases se ha incrementado para proveer los bienes y servicios que la sociedad mexicana requiere. La actividad empresarial se ha elevado, la necesidad de transporte público y particular se disparó y no hay una alternativa de transporte limpio que revierta la situación como parte de una política de uso eficiente de energía y recursos naturales, lo que nos acerca a las naciones que más emisiones y contaminación producen.

Sostiene que las alternativas limpias para revertir este tipo de daños ambientales y ecológicos son escasas, y que el petróleo representa cerca del 60% de la matriz energética, mientras que la participación de otras energías renovables que en el total requerido por la sociedad es de apenas el 15 por ciento.

Por otra parte, menciona que la generación de residuos a nivel municipal se elevó en un 40 por ciento, y el manejo de estos residuos sólidos rurales y urbanos, así como el vertido en sitios de disposición final, sigue siendo el método rudimentario con el que se ha operado el 98% de éstos.

En México, entre 2005 y 2010, se perdieron anualmente 160 mil hectáreas de bosques en promedio. La deforestación y el cambio de uso de suelo, se originó principalmente por la producción agrícola y ganadera que careció de planes, acciones y políticas gubernamentales de sustentabilidad.

Respecto al uso y manejo del agua, la proponente asevera que más del 30 por ciento de la extracción de agua para consumo humano en el país, se obtiene mediante fuentes no sustentables o controladas ambientalmente y que la tasa de construcción, operación y conexión de plantas de tratamiento de aguas residuales y de recolección de aguas pluviales, es de las más bajas a nivel mundial.

Señala que no obstante ocupar el cuarto lugar mundial como país mega diverso, la combinación de factores de contaminación ambiental mundial y local, así como los problemas de índole económico y social nos hacen partícipes de la responsabilidad compartida del cambio climático.

Advierte que es preciso reconocer que ningún esfuerzo para la conservación, rescate y procuración del medio ambiente y contra los efectos adversos del cambio climático serán suficientes, sin el cambio profundo en nuestra cultura de percepción del problema y reconocemos que esta situación nos implica a todos.

Expresa su preocupación por aprender a construir viviendas y hogares con las menores implicaciones ambientales posibles y la reducción de las ya existentes, en las que se incluyan el uso de sistemas de luz ahorradores de energía o alimentados por celdas fotovoltaicas, calentadores de agua solares, y propone que en las edificaciones empleemos materiales diseñados para generar el máximo ahorro de energía, agua y gas.

Considera que además de pensar en forma verde, debemos construir de igual manera, adoptando medidas de construcción y equipamiento ecológicas para las viviendas.

Al hacerlo de esta manera, se tienen, entre otras las siguientes ventajas:

• Minimizar el uso de recursos naturales.

• Disminución de los residuos sólidos a partir de sistemas de reciclaje para la cocina.

• Control de la erosión y minimizar el impacto del suelo.

• Manejo eficiente y aprovechamiento del agua de lluvia.

• Aumento de la eficiencia energética.

• Conservación máxima del agua.

• Reducción de los costes del mantenimiento.

• Aseguramiento de una planificación y uso de suelo adecuados.

En base a lo anterior, la diputada María del Rocío Corona Nakamura propone el Punto de Acuerdo siguiente

Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a:

1. Los Congresos de las entidades federativas, a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas, y la aplicación de ecotécnicas y ecotecnologías en la construcción y equipamiento de viviendas.

2. Los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda, el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el contenido de la Proposición objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincide con la diputada proponente en que con la utilización de tecnologías limpias podremos crear y construir viviendas habitables, confortables y dignas, además de que cuenten con diseños bioclimáticos provechosos, pues no debemos ignorar ni postergar el aprovechamiento de las alternativas ecotécnicas y ecotecnológicas que en la materia se presentan.

Consideramos acertada la visión de la diputada Corona Nakamura sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de instrumentar políticas para asumir el compromiso correspondiente a la protección del medio ambiente, procurando evitar al máximo la afectación al mismo, mediante la construcción de vivienda cuyo diseño y funcionamiento permitan evitar al máximo el consumo de recursos renovables y no renovables.

Estimamos preciso reconocer la necesidad de generar una política novedosa en materia de construcción de vivienda que fomente la generación de los recursos que favorezcan la creación de un hábitat saludable y armonioso con el medio que lo rodea. Desde luego, requerimos de poner en práctica la referida política para reorientar a nuestro país hacia una construcción de vivienda que cuide y proteja nuestro medio ambiente.

Quienes integramos esta comisión dictaminadora, reconocemos loable la preocupación manifiesta de la Proponente, pues a pesar de estar consciente de los obstáculos que puede presentar el inicio del proceso planteado en su proposición, expresa los argumentos suficientes y plenos de convencimiento que inducen a la convicción de que dichos obstáculos habremos de enfrentarlos y superarlos en aras de alcanzar el objetivo de reconquistar la voluntad de los mexicanos de tener y disfrutar del derecho constitucional a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por lo anterior, esta Comisión considera procedente el punto de acuerdo contenido en la proposición que nos ocupa; sin embargo, es necesario hacerle algunas modificaciones para sustituir algunos de los términos planteados, con el propósito de utilizar aquéllos previstos en Nuestra Constitución Federal.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

1. A las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas, y la aplicación de ecotécnicas y ecotecnologías en la construcción y equipamiento de viviendas.

2. A los poderes ejecutivos de las entidades federativas, a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda, el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS a atender la recomendación número 23/2013, emitida por la CNDH, sobre el caso presentado por la inadecuada atención médica en agravio de V1, en los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila y general de zona número 1 en Zacatecas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. En sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de esta Cámara una proposición con punto de acuerdo para exhortar al doctor José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se atienda la recomendación número 23/2013, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la inadecuada atención médica prestada a quien se identifica como V1,1 acaecida en los hospitales de especialidades número 71, en Coahuila, y general de zona número 1 de Zacatecas. Dicha proposición fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en cuestión a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina consiste en exhortar al doctor José Antonio González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se atienda la recomendación número 23/2013 que emitió la CNDH por la inadecuada atención médica prestada a quien se identifica como V1 en los hospitales de especialidades número 71, en Coahuila, y general de zona número 1, en Zacatecas.

Los proponentes sustentan la proposición anterior con base en lo siguiente:

A. Que en junio de 2013, la CNDH emitió la recomendación 23/2013 dirigida al IMSS por la atención médica inadecuada que efectuó personal de dos hospitales de ese organismo y que trajó como consecuencia la muerte de un menor de edad.

B. Que según las constancias del expediente clínico y de los estudios practicados, un joven quien en 2005 (cuando tenía 10 años de edad) “fue diagnosticado por personal del IMSS con un cuadro clínico de insuficiencia renal crónica”, por lo que fue atendido en el hospital de especialidades número 71 de Torreón, Coahuila, a fin de realizarle un trasplante de riñón, que le fue donado por su madre.

C. Que “en el documento presentado por la CNDH se menciona que el paciente había evolucionado de manera favorable hasta enero de 2011, momento en el cual se le harían diversos estudios y comenzaría a recibir una serie de tratamientos”. Sin embargo, al no responder dicho paciente satisfactoriamente, fue remitido en junio de ese mismo año al hospital general de zona número 1 del IMSS en Zacatecas, donde no se le proporcionó atención oportuna, provocándole esto un edema pulmonar y, consecuentemente, “tres paros cardiorrespiratorios (sic) que le provocaron daño cerebral”. A este cuadro médico se le sumó otro de hepatitis C, por lo que en los días siguientes “tuvo crisis convulsivas derivadas del daño neurológico que sufrió, por lo que el 2 de julio de ese año fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado hospital, en donde a las 11:50 horas del 14 del mismo mes y año perdió la vida, determinándose como causas de su muerte en el certificado de defunción: insuficiencia respiratoria aguda, hemorragia pulmonar y coagulopatía; y como estados patológicos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo: encefalopatía anoxoisquémica e insuficiencia renal crónica terminal”.

D. Que con base en información de la CNDH, “el 21 de enero de 2013, a través del oficio número 09 52 17 46 B 0/001111, el IMSS informó que el 14 de diciembre del año anterior, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Técnico del instituto determinó que la queja número 1, relacionada con el caso de V1, había resultado procedente, pero que no había lugar al pago de indemnización, solamente a atención psicológica; no obstante, el 2 de mayo del presente año se notificó a Q1 que la Coordinación de Legislación y Consulta acordó otorgarle una indemnización por 165 mil 564 pesos. Asimismo, el titular de la División de Atención a Quejas en materia de Derechos Humanos del IMSS informó que se había dado vista al Órgano Interno de Control de ese instituto”. Sin embargo, a la fecha de elaboración de la proposición no se habían recibido en la CNDH evidencias que acreditaran el inicio de procedimiento alguno.

E. Que “Q1 señaló que con motivo de los agravios cometidos a V1, el 6 de octubre de 2010 presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la cual fue remitida a la Procuraduría General de la República, que dio inicio a la averiguación previa número 1”.

F. Que la CNDH exhibió las violaciones de los derechos a la protección de la salud y a la vida, así como del interés superior del niño, cometidas por cinco médicos adscritos a los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila y general de zona número 1 en Zacatecas, ambos del IMSS.

Añaden que la CNDH hizo hincapié en las irregularidades presentadas en las notas médicas del expediente clínico del menor. Asimismo, relatan que dicho organismo emitió el 20 de junio de 2013 la recomendación número 23/2013,2 relativa al caso por la inadecuada atención médica en agravio de V1 en los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila y general de zona número 1 en Zacatecas, la cual fue dirigida al director general del IMSS, en los siguientes términos:3

Primera. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen medidas necesarias para que se continúe con el trámite de la reparación del daño a Q1 y Q2, o a quien tenga mejor derecho a ello, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal de los hospitales de especialidades 71 y general de zona 1 del IMSS, en Coahuila y Zacatecas, y envíe a esta comisión nacional (sic) las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Gire sus instrucciones para que en los hospitales de ese Instituto a su cargo, se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como del conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, sobre todo por lo que hace a la atención de los menores de edad y el manejo de pacientes con insuficiencia renal, esto con el objetivo de evitar omisiones como las que dieron origen al presente pronunciamiento, y envíe a esta comisión nacional los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Tercera. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se emita una circular dirigida al personal médico de los hospitales de especialidades número 71 y general de zona número 1 del IMSS, en Coahuila y Zacatecas, en la que se les exhorte a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los consejos de especialidades médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que les permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional.

Cuarta. Girar sus instrucciones a quien corresponda para que los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente los adscritos a los multicitados hospitales, adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes clínicos que generen con motivo de la atención médica que brindan se encuentren debidamente integrados y protegidos, conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en las normas oficiales mexicanas correspondientes y se envíen a esta comisión nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Quinta. Colaborar ampliamente con esta comisión nacional en el trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno del Control en ese instituto contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos, enviando a esta comisión nacional las constancias que le sean requeridas.

Sexta. Colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos federales los involucrados y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.

G. Por lo anterior, los legisladores fundamentan su proposición en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la jurisprudencia en materia de derechos humanos, en especial, la relativa a la protección a la salud, la vida y el interés superior de la niñez.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

A. Sobre la dependencia federal competente para dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones que emita la CNDH

De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, como parte integrante del Estado mexicano y en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Adicionalmente a esa obligación, esta comisión tiene la convicción de que la legalidad debe ser el principio rector que observen todos los entes públicos en su accionar, y por tanto, las actividades de éstos deben ceñirse a la realización de las atribuciones que la ley les confiere.

Cabe precisar que con anterioridad, esta dictaminadora ha señalado que conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad de

Artículo 27. ...

I. a X. ...

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto. (El subrayado es nuestro.)

Como se advierte, el precepto anterior da cuenta de la facultad que corresponde ejercer a la Segob para dar seguimiento a las recomendaciones que emitan los organismos competentes en materia de derechos humanos, así como para dictar las medidas para que éstas lleguen a cumplimentarse.

Considerando lo anterior, esta dictaminadora estima que el exhorto planteado por los proponentes debe dirigirse a la Segob para que ésta dicte las medidas administrativas necesarias para que sea atendida la recomendación correspondiente.

B. Sobre el estado que guarda la atención de la recomendación 23/2013

Respecto al estado que guarda a la fecha el trámite que se sigue a la recomendación objeto de la presente proposición, esta dictaminadora solicitó a la CNDH información sobre el particular, señalándose que pese a haber sido aceptada por la autoridad responsable, ésta sólo se ha cumplido parcialmente.

Como se advierte en este caso, se emitió una recomendación que a poco más de cinco meses de haber notificada a la autoridad responsable, ésta no ha atendido completamente.

Si bien debe reconocerse la decisión de la autoridad responsable al aceptar la recomendación e implementar medidas para su cumplimiento, es claro que aún restan aspectos por subsanar y, como en otras ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos hace empleo de las proposiciones con punto de acuerdo como herramientas de colaboración institucional entre todos los poderes para lograr la efectividad del mandato impuesto desde el artículo 1o. Constitucional señalado.

En razón de ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifiesta su parecer con la propuesta planteada por los diputados Monreal Ávila y Mejía Berdeja. Sin embargo, se proponen modificaciones de forma, a efecto de cuidar el respeto institucional que debe existir entre las diversas autoridades del Estado.

C. El papel que las proposiciones con punto de acuerdo desempeñan en una sociedad democrática

La Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía ha precisado en anteriores ocasiones que las proposiciones planteadas por las y los legisladores no deben de ser vistas como un instrumento para desacreditar a las instituciones o para agraviar a éstas o a sus titulares. Por el contrario, deben ser vistas como herramienta de colaboración interinstitucional para el logro de objetivos comunes en una sociedad fundada en el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.

En razón de lo anterior, y con objeto de coadyuvar a garantizar la efectiva protección y defensa de los derechos humanos de las víctimas a que hace alusión la recomendación 23/2013, la Comisión de Derechos Humanos, con estricto arreglo al principio de legalidad, somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República a dar seguimiento en el ámbito de su competencia a la atención de la recomendación 23/2013, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la inadecuada atención médica en agravio de V1, realizada en los hospitales de especialidades número 71 en Coahuila y general de zona número 1 en Zacatecas, así como para que dicte las medidas administrativas necesarias al efecto.

Notas

1 Código con que se hace referencia a un menor de edad.

2 Consultada en el portal electrónico de la CNDH, http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 3/REC_2013_023.pdf el 16 de octubre de 2013, a las 10:00 horas.

3 Se reproducen para efectos de consulta y análisis.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).

De la Comisión de Infraestructura, con punto de acuerdo relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de Tabasco y Campeche y Champotón, de la carretera federal 180

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con punto de acuerdo relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de los Estados de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón, de la carretera federal 180.

En términos previstos por los artículos 39, numerales 1, 2 fracción XXXI, 3 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción VI; 82, 84, 85,182 numeral 3, 184 numeral 2; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión es competente para conocer y resolver el asunto turnado al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la sesión del martes 1 de octubre de 2013, el diputado Jorge Rosiñol Abreu del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la proposición con punto de acuerdo relativa a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro en los límites de Tabasco, Campeche y el municipio de Champotón de la carretera federal 180.

La Mesa Directiva acordó su turno a la Comisión de Infraestructura el día martes 1 de octubre de 2013, mediante oficio número D.G.P.L.62-II-7-913, correspondiente al expediente 2689, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo en comento se distribuyó a los diputados integrantes de la Comisión de Infraestructura para su análisis y comentarios.

Contenido de la proposición

El autor refiere que las carreteras seguras, contribuyen a la integración de las regiones siendo un factor clave para el crecimiento y desarrollo económico del país.

Comenta que en Campeche en el tramo que corresponde a los límites de los estados de Tabasco y Campeche-Nuevo Progreso (península de Atasta), que comprende hasta el municipio de Champotón, se han concentrado un número considerable de accidentes que fueron ocasionados por la falta de modernización de este tramo.

El diputado Rosiñol agrega que la infraestructura carretera permite a México comunicar sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre los Estados Unidos y parte de Centroamérica, a su vez, uniendo a los puertos que se encuentran en el océano Pacífico con el Golfo de México y el Caribe, por ello expresa la importancia económica, turística y su relevancia estratégica que representa para el desarrollo del país. De manera particular expresa que la carretera federal 180 requiere de una ampliación a cuatro carriles a partir del Puente San Pedro en los límites de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón con una longitud de 171 kilómetros, ya que actualmente cuenta solo con dos carriles y sin zonas de acotamiento, presentando daños en el pavimento ocasionando un número considerable de accidentes.

El autor considera que la importancia de esta carretera es debido a que cruza toda la costa y el área petrolera del Golfo de México, sirve de enlace para transportar productos desde el sureste del país y es vínculo carretero entre los puertos de Tuxpan, Tampico y Altamira considerado el corredor turístico de internación para los turistas ya que es una ruta directa hacia la península de Yucatán, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres.

Asimismo, señala que de lograrse la ampliación que plantea, se agilizará considerablemente la circulación del transporte de carga, pasajeros y particulares lo cual contribuye al desarrollo industrial, comercial, agropecuario y turístico que beneficiará en forma directa a más de 400 mil habitantes de los municipios de Carmen, Escárcega y Champotón en el estado de Campeche.

Por tal motivo, el diputado Rosiñol propone exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice el estudio costo beneficio, el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios para la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro en los límites de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón de la carretera federal 180, el cual permita que los próximos trabajos de ampliación y asfaltado sean de alta calidad y durabilidad, y al titular del Ejecutivo federal para que en su caso destine los recursos necesarios y suficientes para que se lleve a cabo la ampliación de este tramo carretero.

Consideraciones de la comisión

Primera. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con partidas específicas para la elaboración de estudios y proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En tal virtud, es factible que pueda realizar el estudio y proyecto relativo a la ampliación a cuatro carriles de la carretera de San Pedro límite de Tabasco y Campeche y municipio de Champotón en la carretera federal 180, entre éstos el estudio costo-beneficio, así como el análisis de viabilidad física, económica, social y ambiental respectiva.

Segunda. Que la ejecución de esta obra no se encuentra considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, y que la asignación de recursos para la realización de ésta no es atribución del Ejecutivo Federal, sino de la Cámara de Diputados la cual podrá hacerse para ejercicios posteriores de conformidad con el resultado que arrojen los análisis y estudios a que se refiere el considerando anterior.

Tercera. Que por conducto de la diputada Rocío Adriana Abreun Artiñano, integrante de esta comisión, el licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional de Campeche, así como el doctor José Luis Arjona Rosado, presidente municipal de Champotón, solicitaron la realización del estudio costo-beneficio, así como el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios necesarios para llevar a cabo la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del puente San Pedro, en los límites de Tabasco y Campeche y el municipio de Champotón.

En virtud de lo expresado los integrantes de la Comisión de Infraestructura someten a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice el estudio costo-beneficio del tramo que inicia a partir del puente San Pedro límite de los estados Tabasco y Campeche y municipio de Champotón de la carretera federal 180 y, en caso de resultar viable física, económica, social y ambientalmente la obra, se realicen el proyecto ejecutivo y los estudios complementarios respectivos para la ampliación a cuatro carriles de este tramo carretero.

Así lo determinó el pleno de la Comisión de Infraestructura, en la honorable Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Infraestructura

Diputados: Alberto Curi Naime (rúbrica), presidente; Nabor Ochoa López, Genaro Carreño Muro (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), secretarios; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Rafael Acosta Croda (rúbrica), Liliana Castillo Terreros, Eva Diego Cruz (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Julio César Flemate Rodríguez (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Mario Francisco Gullén Guillén, Samuel Gurrión Matías, Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Ramón Montalvo Hernández, Francisco Pelayo Covarrubias, Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo relativo a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa La Venta, en Acapulco de Juárez, Guerrero

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su dictamen la proposición con punto de acuerdo, relativo a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, en Acapulco de Juárez, Guerrero, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1 y 3; 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 3 de octubre de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario, relativa a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha proposición para efecto de su dictaminación.

Recibido el asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición

Para sustentar su proposición, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, argumentan en la exposición de motivos esencialmente lo siguiente:

1. Que el municipio, es la forma de organización básica, primer nivel de gobierno de los estados que componen la federación.

2. Que el vertiginoso crecimiento de la población ocurrido en nuestro país en las últimas décadas, ha traído como consecuencia una excesiva concentración de la misma generando anomalías que dificultan el buen funcionamiento de muchas de las ciudades.

3. Que Instrumentos como la planeación abonan a fin de lograr el orden en las ciudades

4. Que esta herramienta técnica ha sido empleada de manera profusa a lo largo y ancho del país, pero que sin embargo sus efectos positivos sólo en muy pocos casos se han visto.

5. Que en el caso de la zona metropolitana de Acapulco, Guerreo, a pesar de haberse decretado varios planes de ordenamiento desde la década de los años sesenta, actualmente padece de graves problemas urbanos que evidencian el incumplimiento de los mismos con consecuencias graves a la vida y pertenencias de sus pobladores.

6. Que el crecimiento urbano de Acapulco ha ido ligado estrechamente con el desarrollo turístico, influenciado por el capital inmobiliario cuyo principal interés es la obtención de mayores ganancias mediante el incremento al valor del suelo a costa de una mayor densidad que la permitida en los reglamentos, generando un anómalo crecimiento urbano, debido a la deficiencia en la infraestructura y servicios necesarios para soportar esta intensidad de construcción.

7. Que es indispensable que los organismos federales, paraestatales o privados en materia de desarrollo urbano como la Conagua, CFE, Semarnat, Banobras y Corett, atiendan las disposiciones normativas del Plan Director Urbano y trabajen en completa coordinación con la Secretaría de Planeación y de Obras Públicas del municipio.

8. Que el paso por nuestro país de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” el pasado mes de septiembre de 2013, evidenciaron la poca o nula revisión de parte de muchos de los ayuntamientos a nivel nacional para el otorgamiento de licencias de construcción, pasando por alto las especificaciones técnicas o en su caso las disposiciones de los reglamentos y normatividad para la construcción de complejos industriales, comerciales y habitacionales.

9. Que en este contexto, el poblado la Venta Vieja, del municipio de Acapulco, fue arrasado por el agua que desbordó la presa hidroeléctrica denominada La Venta, debido presuntamente a que la Comisión Federal de Electricidad no dio aviso de forma oportuna a las autoridades vinculadas a la operación de la misma, a fin de abrir las compuertas.

Con base en lo anterior, los proponentes someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con el siguiente

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a todos los honorables ayuntamientos de México, a fin de que los alcaldes cumplan y se apeguen a los lineamientos y normatividad para la autorización de licencias de construcción, que permita un desarrollo urbano planeado y sustentable de acuerdo al contexto de cada localidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que haga pública la información respecto al porqué no se dio de manera oportuna la orden para abrir las compuertas de la central hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta” , ubicada en el poblado del mismo nombre que ocasionó la desaparición del poblado la Venta Vieja en Acapulco de Juárez, Guerrero.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga pública la información respecto a la situación que causó la inundación en el poblado de Renacimiento y Zona Diamante.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que se realice una exhaustiva investigación sobre los responsables e implicados en el desbordamiento de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en Ac apulco, Guerrero.

Después del análisis del contenido de la proposición, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Los integrantes de esta comisión por conducto de la Coordinación de Asesores, se ha dado a la labor de investigar la problemática que exponen los diputados promoventes del punto de acuerdo y consideramos importante precisar algunas consideraciones:

La presa La Venta no es una presa reguladora. La Venta es una pequeña presa ubicada en la cuenca del Río Papagayo, a 50 kilómetros de Acapulco, y es de un tamaño 756 veces menor que, por ejemplo, la de Infiernillo que se encuentra en la importante cuenca del Balsas.

• Construida a filo de agua en 1964, no es una presa reguladora; es decir, no tiene capacidad de almacenamiento, sino que el agua a su paso permite generar 30 MW, una modesta magnitud para los tamaños modernos de producción, pero que contribuye a proveer energía eléctrica en la zona y satisface la demanda de unos 50 mil habitantes.

• En tanto que es una presa de paso para generar electricidad no tiene un vaso significativo y, por lo tanto, su tamaño y diseño no le permiten controlar volúmenes importantes de agua, como los recibidos por la tormenta tropical Manuel.

• Esta presa, como todas las del país, opera con estricto apego a la política avalada por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que es una instancia colegiada de alto nivel técnico, en el que participan Conagua, Segob, UNAM (Instituto de Ingeniería), IPN, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y la CFE.

El volumen de agua recibido fue extraordinario y la operación fue técnicamente aplicable dado que:

• El volumen de agua que se recibió en esa cuenca en 24 horas fue de tal magnitud (se llegaron a registrar 15 mil metros cúbicos por segundo) que al superar en 62 por ciento la capacidad de los vertedores rebasó fácilmente la poca capacidad de esta presa. Sin embargo, con un sostenido esfuerzo de operación especialmente, durante las 25 horas más críticas, se logró contener ese volumen el tiempo suficiente para permitir el aviso y la evacuación oportuna de los caseríos ubicados aguas abajo.

Los integrantes de esta comisión con el apoyo de la Coordinación de Asesores, se ha dado a la labor de canalizar a la Compañía Federal de Electricidad para ampliar la investigación y nos ha indicado que:

• Durante 24 horas, a partir del día 14, las compuertas de la presa estuvieron operando paulatinamente para ir abriendo y controlar el nivel, lo que no fue posible debido al incremento extraordinario de la avenida.

• El aporte del vaso de la presa a la inundación de Acapulco es de menos de una milésima.

• Con el meteoro, este pequeño vaso, cuyo desfogue al Río Papagayo va directo al mar, 50 kilómetros aguas abajo, fue rebasado pese al esfuerzo de mantener abiertas sus compuertas y ha quedado fuera de servicio en términos de generación.

• Aun teniendo las 7 compuertas totalmente abiertas, el volumen de agua afectó la operación de las mismas, sin embargo esto no produjo que se tuvieran peores consecuencias de las que se tuvieron; de cualquier manera el agua pasó e iba a pasar sobre la presa.

• El aporte de este vaso (8 millones de metros cúbicos) se sumó de manera muy poco significativa al conjunto de aportaciones y escurrimientos de toda la cuenca (3,500 millones de metros cúbicos) y concentrados en la zona inundada de Acapulco representando menos de una milésima parte.

• Las notificaciones de operación de la presa fueron oportunas, correctas y eficaces

• El 14 de septiembre, el superintendente de la central notificó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), antes de que se abrieran las 5 compuertas.

• Dado que las precipitaciones continuaban incrementándose, a las 11 de la noche personal de la central se trasladó al poblado de La Venta Vieja, notificando a los habitantes.

• La población empezó a evacuar por la mañana, cuando el agua se acercó a las viviendas.

• Las notificaciones realizadas por la CFE, señala que no hubo resultados fatales.

• Las compuertas para mantener el nivel de la presa en los 149 metros sobre el nivel del mar que indican las previsiones de seguridad de su diseño.

Niveles de la presa y el crecimiento súbito del gasto de entrada

Para tener una referencia de los volúmenes y los volúmenes aportados por el Río Papagayo a la presa La Venta la CFE indica que al inicio de la crisis hidráulica de esa cuenca; siendo las 11 horas de la noche del miércoles 11 de septiembre la presa registraba un gasto de entrada de 206.4 metros cúbicos por segundo, un volumen que podemos tomar como normal dentro de los registros históricos del Río Papagayo en ese vaso.

Dos horas después, a la 01:27 de la mañana ya del jueves 12, la entrada de agua se elevó súbitamente a más del doble llegando a 484.7 metros cúbicos por segundo. A las 7:00 am el caudal de ingreso subió a 560.7 metros cúbicos por segundo. Casi tres veces el nivel ordinario. Pasado el mediodía, al cambio de turno de las 3 de la tarde, el gasto relevante aun estando arriba de lo ordinario, bajó a 323 metros cúbicos por segundo permitiendo maniobras básicas para mantener, todo el tiempo, el nivel de la presa en los 149 msnm. Así transcurrió en calma relativa la noche del viernes bajando inclusive a 256 metros cúbicos por segundo.

El viernes 13 de septiembre transcurrió de igual manera, sin mayores alteraciones en los volúmenes de agua que ingresaban al vaso de la presa, manteniéndose un nivel de gasto de entrada muy ordinario desde el fin del día anterior.

Sin embargo, para el sábado 14, los registros expresan una dinámica diferente e inusitada. A las 7 de la mañana el gasto de entrada se elevó dentro de los rangos esperados a 301.9 metros cúbicos por segundo aunque una hora después subió inusitadamente a 411.9 estableciéndose las precauciones inmediatas por la rapidez que acusaba la creciente.

A las 8:42 am de ese sábado, con la súbita crecida se tienen registros de desfogue en las unidades de generación y tienen que empezar a desconectarse una a una.

A las 9 de la mañana la entrada de agua al vaso de la presa alcanza los 600 metros cúbicos por segundo; a las 9:30 es de 518 metros cúbicos por segundo; a las 10:56, llega a 572.4 metros cúbicos; y 20 minutos después a los 950 metros cúbicos.

El volumen es tal que se tienen que abrir todas. A las 14:24, el gasto de ingreso de agua a la presa se eleva a 1, 408 metros cúbicos por segundo y seis minutos después alcanza los 1,496 metros cúbicos por segundo. A las 15:30 horas el gasto de entrada crece a los 1,547 metros cúbicos y se acerca al gasto máximo histórico de 1,591 metros cúbicos ocurrido en 1974, mismo que a las 18:30 de la tarde es rebasado en un amplio margen por el gasto que llega a los 2, 296 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, estaba aún por llegar un nuevo e inesperado nivel histórico en esa presa: a las 19:30 horas de ese sábado 14 de septiembre, el gasto de ingreso alcanzaría los 2,908 metros cúbicos por segundo antes de arrasar los instrumentos de medición de la estación hidrométrica Agua Salada que fue arrastrada por el río.

Según los registros de la otra estación de medición El Puente que poco después también fue inutilizada por la corriente, la situación se agravaría a las 23:00 horas cuando el gasto de entrada llegó a los 3, 640 metros cúbicos por segundo y durante un lapso se alzó incluso a los 4,376.65 metros cúbicos por segundo.

Para el domingo 15 a la 1 am, la estación hidrométrica El Puente reporta en sus últimos registros que el gasto de entrada bajó a los aun poderosos caudales de 1,283 metros cúbicos; y 1, 168 metros cúbicos a la 1:30 am; sin embargo la acumulación de volúmenes ya había causado estragos: a las 2 am se observa que a mil metros de la estación los caminos, aguas arriba y abajo, están destruidos y no se puede pasar para entrar o salir.

A las 4:30 am el desfogue llega a la casa de máquinas, se pierden el taller y el almacén; se desenergizó el equipo, y el personal se trasladó a la cortina para preparar el abandono por inundación. A las 5:10 am, obra en los reportes, los operadores y el grupo de vigilancia se retiraron al cerro ubicado a 30 metros arriba de la corona.

A las 7 am midiendo el gasto de las compuertas abiertas y la mitad del orificio abierto se estima que el gasto de salida es de 8,200 metros cúbicos por segundo. A las 8 se inicia el desborde y el paso del agua por encima de la cortina.

Por los anteriores argumentos, los diputados integrantes de esta comisión consideramos modificar los puntos petitorios de los diputados proponentes al punto de acuerdo, y sensibles de la situación que enfrentó el municipio de Acapulco, Guerrero, coincidimos en el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta la Comisión Nacional del Agua para que informe sobre la posible problemática que se presenta en la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a once de diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudino Rovirosa (rúbrica), presidente; Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Alfonso Morelli Humberto (rúbrica), Margarita Landy Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Abraham Montes Alvarado, Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, adscrita a ella, así como la capacitación de los mandos y los elementos de las fuerzas federales en todo el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

1. El 3 de octubre de 2013 el diputado José Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a fin de fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita a dicha secretaría, así como la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para el dictamen correspondiente.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo en comento persigue dos objetivos:

1. Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que a través de la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se fortalezcan los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita a dicha secretaría, con el capital humano y profesional adscrito a la unidad que formaba parte de la estructura orgánica de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal y, que de ser necesario, se incremente su plantilla profesional.

2. Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que a través del comisionado nacional de Seguridad, se instruya a las áreas administrativas competentes para que se refuerce la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país, preferentemente a los adscritos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, derivado de las movilizaciones y de la situación social que actualmente prevalece, a efecto de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta comisión legislativa realizó un análisis de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a dictamen, el cual emite en sentido positivo (parcial) con base en los siguientes razonamientos:

1. Subyace en la propuesta del diputado proponente, la intención de que se fortalezcan los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación y, expresa que ese fortalecimiento sea realizado mediante la integración del capital humano y profesional adscrito a la unidad que formaba parte de la estructura de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal y que, en caso de ser necesario, sea incrementada la plantilla profesional.

Respecto de este primer punto cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) La facultad decisoria para determinar qué capital humano debe o no integrarse a la referida unidad es una que corresponde, por disposición legal, a la propia Secretaría de Gobernación y no a esta instancia legislativa, porque la transferencia de recursos humanos que estaban adscritos a las dependencias cuyas funciones se encomendaron a otras, al inicio de este 2013, fue prevista, en lo general, en el decreto que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que no cabe un exhorto a dicha secretaría en ese sentido.

Lo anterior encuentra fundamento en lo dispuesto por el cuarto transitorio del referido decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013, que dispone:

“Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.”

Asimismo, el quinto transitorio garantiza plenamente los derechos laborales de los trabajadores que se transfieron, lo cual parece ser, derivado de un análisis sistemático, la intención del proponente. Señala el transitorio quinto:

“Quinto. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

...”

Adicional a lo anterior, cabe señalar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en su sexto transitorio dispone:

“Sexto. Las modificaciones a la estructura orgánica y ocupacional que se requieren al interior de cada una de las unidades administrativas previstas en el Reglamento que se expide a través de este Decreto, deberán ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.

...”

Como se desprende de los citados transitorios, existen disposiciones que indican de qué forma se realizará el tránsito de los recursos humanos, financieros y materiales de la extinta Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación, que ha asumido sus funciones.

b. Por otro lado, no se omite señalar que el proponente, en el mismo sentido que el referido líneas atrás, menciona que el pasado 2 de abril de 2013 fue publicado el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y que con el mismo se le facultó “... para coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de protección y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federa; vincular sus acciones con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para la colaboración y atención de asuntos en esta materia; y dar trámite administrativo a las medidas que procuren el pleno respeto y cumplimiento, por parte de las autoridades de la administración pública federal, de las disposiciones jurídicas que se refieren a los derechos humanos y a las garantías para su protección; entre otras atribuciones”

De lo anterior, el diputado pasa a justificar la necesidad de que sean fortalecidos los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, mediante la transferencia del capital humano y profesional de la unidad que se encontraba adscrita a la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal y, de ser necesario, se incremente su plantilla profesional.

Como se detalló con antelación, existe ya una disposición legal que determina a quién le corresponde tomar la referida decisión, por lo que para la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, este primer punto considerado en la proposición con punto de acuerdo, no se considera procedente.

2. El proponente busca que se exhorte a la Secretaría de Gobernación para que a través del Comisionado Nacional de Seguridad, se instruya a las áreas administrativas competentes para que se refuerce la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país, preferentemente a los adscritos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, derivado de las movilizaciones y de la situación social que actualmente prevalece, a efecto de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

Respecto de esta segunda propuesta, cabe precisar que el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación dispone lo siguiente:

“Artículo 2. Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un secretario del despacho, titular de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de:

A. Los servidores públicos siguientes:

De la I. a la VI. ...

VII. Comisionado Nacional de Seguridad, y

...

Del inciso B al C. ...

...

...”

Asimismo, el artículo 36 del referido reglamento dispone que:

“Artículo 36. El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá las siguientes atribuciones:

De la I a la XIV.

XV. Implementar los mecanismos para:

a) ...

b) ...

c) La protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública, coordinándose para ello con la Subsecretaría de Derechos Humanos;

De la XVI a la XXIX. ...”

Como se advierte, la segunda propuesta planteada por el diputado se enmarca dentro de la esfera competencial del Comisionado Nacional de Seguridad, porque a éste, que jerárquicamente depende del secretario de Gobernación, corresponde la protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública que, desde luego, realiza a través de las fuerzas federales, por lo que debe garantizar tal protección y para ello, la capacitación en la materia se constituye en herramienta fundamental.

Aunado a ello, el fondo mismo de la propuesta, consistente en “... instruir a las áreas administrativas competentes para que se refuerce la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país, preferentemente a los adscritos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, derivado de las movilizaciones y de la situación social que actualmente prevalece, a efecto de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos”, se considera conveniente atento a la urgente necesidad de que los servidores públicos en cuestión sean capacitados en el respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del comisionado nacional de Seguridad, se instruya a las áreas administrativas competentes para que se refuerce la capacitación de los mandos y elementos de las fuerzas federales en todo el país, preferentemente a los adscritos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en materia de derechos humanos, a efecto de garantizar el pleno respeto a los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de diciembre de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobernador de Morelos a atender las necesidades de saneamiento del río Apatlaco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de octubre de 2013, la diputada Marisela Velázquez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador del estado de Morelos, a efecto de que se atiendan las necesidades de saneamiento del río Apatlaco.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la legisladora proponente, que el agua es el recurso natural más importante en el planeta, y de acuerdo con la doctora Patricia Trujillo Jiménez del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la sociedad se ha visto beneficiada por los servicios ofrecidos por los cuerpos de aguas nacionales que nos proveen de agua para uso domestico, incluido el consumo humano, así como para el uso hidroagrícola en la irrigación de zonas de cultivo, además del uso industrial y los demás establecidos en la Ley de Aguas Nacionales. Por tal motivo, es imprescindible cuidar y preservar el recurso hídrico de la nación, así como la flora y fauna que se integran en un ecosistema.

Indica la diputada proponente que los beneficios y el aprovechamiento de los ríos causan grandes afectaciones en los mismos, principalmente su contaminación y deterioro, al grado que se encuentra limitado el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debido principalmente al irrefrenable crecimiento de la mancha urbana sobre las riveras y zonas aledañas a los cuerpos de agua, vertiendo, sin precaución alguna los desechos de los diversos usos del agua previstos en la ley; adicionalmente, es insuficiente el nivel cultural de nuestro pueblo que se manifiesta en la desobligación con la que vierten desechos tóxicos sin conciencia de la obligación legal que tienen de revertir y reparar los graves daños que ocasionan al ambiente, con independencia de que el vertedor de tales desechos sea del sector público, privado o social.

Según la proponente, el río Apatlaco es uno de los más contaminados del estado de Morelos y del país, siendo por su extensión uno de los ríos más importantes del estado, ya que sus aguas fluyen entre los municipios más importantes de la entidad, incluida su capital.

III. Consideraciones

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos válido el planteamiento de la proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales y estatales competentes, para que atiendan el grave problema que representa la contaminación del río Apatlaco, cuyo cause está considerado como uno de los más importantes de la entidad federativa.

Considerando que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos y lagos, etcétera.

El agua es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se observa que la cobertura es 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.

Consideramos importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

A partir del reconocimiento de que el agua es un elemento fundamental para la vida, su relevancia en el estado de Morelos, se acrecienta pues esta región pertenece a la gran cuenca del río Balsas, recorrida por seis microcuencas que fluyen del norte hacia el sur. La microcuenca del río Apatlaco es la más contaminada de Morelos, pues recibe las descargas de aguas residuales de la zona que concentra gran parte de la población y de la industria de la entidad.

Asimismo, consideramos oportuno observar las estimaciones que arrojan estudios recientes respecto a la Estrategia Estatal sobre Biodiversidad del Estado de Morelos, emitida por la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que establece que los ríos de la entidad se caracterizan por sus afluentes erráticos e intermitentes; tienen escurrimientos medios anuales que registran ciertas variaciones de un año a otro, sus caudales presentan intensas avenidas en los meses de verano y leves escurrimientos en los restantes del año. En Morelos existen ocho ríos principales que en términos generales recorren la entidad de norte a sur: Amacuzac, Tembembe, Tetlama, Apatlaco, Yautepec, Cuautla, Chalma y Amatzinac.

Como ocurre con los ríos, los lagos se distinguen dos tipos de ambientes: los de zonas altas caracterizadas por sus aguas templadas entre 14 y 22 grados centígrados y los de regiones bajas, con aguas cálidas de entre 22 y 32 grados centígrados; el primero lo conforman los lagos Zempoala, Quila, Tonatiahua y Prieta del municipio de Huitzilac; mientras que el segundo lago de las regiones bajas incluye los lagos de Tequesquitengo, El Rodeo y Coatetelco.

Adicionalmente, estimamos necesario considerar el estudio que presentó el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, publicado en mayo de 2013, donde propone establecer antecedentes y acciones concretas para proceder al saneamiento de la cuenca del río Apatlaco, en la cual 80 por ciento de la contaminación se genera por las descargas de aguas residuales de los municipios, siendo Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, los principales actores de tal contaminación, por lo que el resultado de dicho estudio se enfoca en la ejecución acciones prioritarias para el saneamiento integral de la cuenca, entre las que destacan:

Primero. Rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Segundo. Construir colectores y alcantarillado para la conducción de aguas residuales.

Tercero. Aprovechar la infraestructura que actualmente se tiene en plantas de tratamiento para utilizarlas a su máxima capacidad.

Cuarto. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales necesarias en 14 puntos críticos; Quinto. Regular los rastros municipales que representan la segunda fuente de contaminación orgánica del agua.

Sexto. Implementar el manejo integral de la disposición de residuos sólidos.

Apreciamos de vital importancia destacar que uno de los mayores tesoros con los que cuenta el estado de Morelos es su riqueza natural; particularmente, el agua, el suelo y el clima, elementos que constituyen sus principales activos, por lo que la implementación del saneamiento con visión integral de la cuenca del río Apatlaco, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas en el contexto del ámbito de utilización racional de la biodiversidad y hacer uso integral de la naturaleza, sin poner en riesgo el futuro de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sementemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se generen las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Apatlaco.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Morelos, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, implementen las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Apatlaco, en el estado de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno, presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez, José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres, Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada, Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ángel Abel Mavil Soto (rúbricas).

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a atender las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia de Nuevo León

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 8 de octubre, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que atienda las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia de Nuevo León.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Descripción de la proposición

El diputado proponente sostiene los siguientes argumentos:

1. De acuerdo con el comunicado 121, emitido por la Secretaría de Educación Pública, SEP, con fecha 11 de agosto de 2013, se informa que se diseñó el sistema básico de mejora educativa, el cual fue puesto en marcha a partir del 19 de agosto del 2013 con el inicio del ciclo escolar 2013-2014.

2. Este sistema, de acuerdo a la SEP, incluye tres prioridades generales: garantizar la normalidad mínima escolar, mejorar el aprendizaje de los alumnos con énfasis especial en lectura, escritura y matemáticas; y poner alto a la deserción escolar. Para atender estas prioridades la SEP establece tres condiciones: 1. Fortalecer la supervisión escolar, 2. Reactivar los consejos técnicos escolares y de zona, 3. Aligerar la carga administrativa que pesa sobre las escuelas.

3. Para la reactivación de los consejos técnicos escolares (CTE) la SEP determinó que en el calendario escolar 2013-2014, éstos se realicen a lo largo del ciclo escolar mediante 8 sesiones ordinarias programadas para efectuarse el viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, y enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014. Siendo estos de carácter institucional, obligatorios y abarcarán la totalidad de la jornada escolar.

4. Los consejos técnicos escolares como el órgano colegiado encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satisfactoria su misión.

5. La operación de los lineamientos expedidos por la SEP no ha funcionado a plenitud, porque cuando menos en Nuevo León, los viernes sin clases al final de cada mes han sido impuestos de manera obligatoria, sin tomar en cuenta a los directivos de escuelas ni a los padres de familia, quienes han manifestado su molestia y desacuerdo a través de los medios de comunicación y en escritos que han presentado a la autoridad educativa estatal, por lo que no se ha cumplido con el artículo 5 que señala que estos Consejos se reunirán según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo.

6. Los padres de familia y directivos de escuelas están de acuerdo con la realización de estos consejos técnicos escolares, porque incluso en algunos planteles éstos ya se realizaban antes de la disposición de la SEP, sin embargo, la molestia es por afectar el día de clases para los alumnos e interrumpir así su educación.

7. Esta medida afecta a las familias, pues además de no tomarlos en cuenta y no se tomaron en cuenta las condiciones de cada centro escolar ni las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo, no aceptando alternativas a tal medida.

8. 26 millones de estudiantes de educación básica en el país, esos viernes sin clases en lugar de acudir a la escuela se queden en sus casas o en otros sitios, lo que representa un mal ejemplo impulsado desde el gobierno federal.

9. Los padres y madres que trabajan y tienen a sus hijos en escuelas públicas o privadas tienen que incurrir en erogaciones extras en guarderías esos días que sus hijos no van a la escuela.

10. Los padres de familia que tienen hijos en escuelas particulares tendrán que pagar un mes más de colegiatura al recuperar esos 8 viernes sin clases, con lo cual su pago total al año se incrementará en un 10 por ciento.

11. La Unión Neolonesa de Padres de Familia ha informado que 80 colegios particulares han presentado escritos ante esa asociación, así como ante la Secretaría de Educación Pública estatal, para buscar alternativas como realizar los consejos técnicos escolares al finalizar la jornada escolar esos viernes, o bien trasladar sus reuniones a los sábados, sin que a la fecha hayan tenido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad federal.

Basado en estos argumentos, el diputado propone el punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que con base en los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, expedidos por la Secretaría de Educación Pública a su cargo, y que en el artículo 5 señalan que “los consejos técnicos escolares se reunirán según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo”, atienda oportunamente las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia de Nuevo León, a fin de modificar la medida impuesta de realizar obligatoriamente las reuniones de los consejos técnicos escolares los viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014 abarcando la totalidad de la jornada escolar, a fin de encontrar y aplicar alternativas que no interrumpan las clases impartidas esos días.

III. Consideraciones

Esta comisión comparte con el promovente su preocupación sobre la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública atienda oportunamente las quejas y sugerencias de directivos y padres de familia. Esto por cuanto la Carta Magna garantiza el derecho de audiencia de los ciudadanos.

Es importante considerar que la propuesta en comento tiene implicaciones que trascienden al ámbito puramente escolar, pues al haber padres de familia que trabajan, tienen que distraer sus labores para atender a sus hijos, con la consecuente disminución en su productividad. Por otra parte, las niñas, niños y jóvenes que no tienen clases cuando hay reuniones de los consejos técnicos escolares se ven expuestos a situaciones coyunturales que los pueden poner en riesgo, tales como permanecer solos en casa.

Adicionalmente, al tratarse de una disposición de carácter nacional no se limita sólo al caso de Nuevo León, sino que se extiende a toda la República, afectando a todos los padres de familia, es el caso de las manifestaciones en contra de esta medida en los estados de Morelos y Jalisco.

Por otro lado, esta comisión reconoce que las principales afectadas, sobre todo financieramente, son las familias que pagan colegiaturas en instituciones privadas, debido a que el tiempo perdido se recupera en otros días, con lo que el tiempo de pago de colegiaturas tiende a extenderse. Sin embargo, esta problemática se reproduce también en las escuelas públicas, donde se concentra la población con mayores carencias económicas y que, debido a medidas como las de este tipo ven restringidos su tiempo y recursos financieros.

Por los anteriores argumentos esta comisión considera que el exhorto debe ser general, tanto a nivel nacional, así como extenderse a escuelas públicas y privadas, dejando la potestad de organizarse a cada una de las comunidades escolares en función de sus necesidades.

En virtud de lo expuesto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que con base en los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, expedidos por la Secretaría de Educación Pública a su cargo, y que en el artículo 5 señalan que “los consejos técnicos escolares se reunirán según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo”, genere alternativas a la medida de realizar obligatoriamente las reuniones de los consejos técnicos escolares los viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014 abarcando la totalidad de la jornada escolar, a fin de que no se interrumpan las clases en esos días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica en contra), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica en contra), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica en contra), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica en contra), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica en contra), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a atender las necesidades de saneamiento del río Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 10 de octubre de 2013, el diputado José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que se atiendan las necesidades de saneamiento del río Lagos, ubicado en el Municipio de Lagos de Moreno Jalisco.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente, que en México, el 70% cuerpos de agua se encuentran afectados por con algún grado de contaminación, lo que genera diversas consecuencias negativas en el medio ambiente, tales como la reducción del número de especies y el aumento de riesgos sanitarios que afronta la población que se encuentra próxima a la rivera del Rio Lagos; adicionalmente las afectaciones económicas debido a la reducción de las actividades productivas.

Confirma el legislador, que uno de los afluentes más afectados en el estado de Jalisco es el río Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, pues en su cauce puede encontrarse todo tipo de residuos sólidos, desde envolturas de productos, llantas, muebles de todo tipo y aparatos electrónicos de uso domestico, adicionalmente a esta afectación al cuerpo de agua, se suman diversos grados de contaminación ya que también se perciben químicos altamente tóxicos como son el mercurio, plomo, cadmio, cromo y compuestos como el tolueno o el benceno, los cuales representan un severo foco de infección y en consecuencia los respectivos daños a la salud pública, que afectan principalmente en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, en donde se vierten, sin precaución alguna los desechos de los diversos usos del agua previstos en la ley; adicionalmente, es insuficiente el nivel cultural de nuestro pueblo que se manifiesta en la desobligación con la que vierten desechos tóxicos sin conciencia de la obligación legal que tienen de revertir y reparar los graves daños que ocasionan al ambiente, con independencia de que el vertedor de tales desechos sea del sector público, privado o social.

Según el proponente afirma, que el municipio de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco es una importante fuente económica, principalmente en la producción ganadera, avícola y agropecuaria, es por esto que resulta trascendental que se ejecuten acciones preventivas y correctivas en las aéreas dañadas en la cuenca del río Lagos.

III. Consideraciones

Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos efectivo el planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales competentes, para que atiendan el problema que representa la contaminación de la cuenca del río Lagos, en el municipio de Lagos de Moreno Jalisco.

Estimamos importante señalar que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos, lagos, entre otros.

El agua es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se observa que la cobertura es, 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.

De acuerdo a la información publicada en las estadísticas del agua en México, edición 2013 presentada por la Comisión Nacional del Agua, titulada “Aspectos geográficos que influyen en la disponibilidad del agua”, confirma que la ubicación geográfica y relieve son factores que inciden sobre la disponibilidad del recurso hídrico. En México dos terceras partes del territorio se consideran áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales menores a los 500 mm, mientras que el sureste es húmedo con precipitaciones que superan los 2,000 milímetros por año.

La superficie de la Cuenca del río Lagos en el estado de Jalisco es de 2,700 kilómetros, es una subcuenca del Río Verde que a su vez es tributario del Río Santiago y con base a la delimitación de la Comisión Nacional del Agua corresponde a la región hidrológica Lerma Santiago.

Consideramos importante señalar, que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

A partir del reconocimiento de que el agua es un elemento fundamental para la vida, su relevancia en el Municipio de Lagos de Moreno, se dificulta, ya que adicionalmente a la indebida contaminación que presenta esta microcuenca, pues recibe las descargas de aguas residuales de la zona que concentra gran parte de la población y de la industria, y adicionalmente en época de calor se incrementan las afectaciones, esto a causa, de que las aguas se vaporizan y despiden fuertes y fétidos olores, y en consecuencia se propicia un ambiente idóneo que favorece a la proliferación de fauna nociva, como roedores, cucarachas y moscos portadores de enfermedades como dengue, entre otros, incrementando su contaminación y agravando los riesgos sanitarios a la población, que esto implica.

Apreciamos de vital importancia destacar que uno de los principales activos con los que cuenta el estado de Jalisco es su riqueza natural; particularmente, el agua, el suelo, el clima, sus bosques y mares, entre otros, por lo que la implementación del saneamiento con visión integral de la cuenca del río Lagos, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas en el contexto del ámbito de utilización racional de la biodiversidad y hacer uso integral de la naturaleza, sin poner en riesgo el futuro de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; así como al Ejecutivo del estado de Jalisco, a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Lagos, en el estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a expedir la NOM que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de octubre de 2013, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a expedir la Norma Oficial Mexicana que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a efecto de preservar la salud de la población cercana a industrias de explotación de este mineral.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente menciona que el manganeso es un elemento químico metálico, muy importante para la industria siderúrgica del acero, y que potencialmente puede impulsar el crecimiento de los países en vías de desarrollo, pues tiene grandes posibilidades de comercio en el plano internacional.

Señala que el crecimiento de la industria se ha venido abasteciendo de sólo una fuente primaria de manganeso, ubicada en el Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo.

Refiere que la industria siderúrgica, principal consumidora de manganeso, dada la creciente producción de acero, demanda mayores cantidades de este mineral.

Asimismo, manifiesta que la Unidad Minera Molango, se localiza al norte de Hidalgo, y representa el depósito de mineral manganeso grado metalúrgico más importante en Norte y Centroamérica y es uno de los diez yacimientos más grandes del mundo. El mineral se usa principalmente en las acerías y para ferroaleaciones.

En Molango existe el único horno en el que producen los nódulos de manganeso que sirven para fabricar ferroaleaciones. Las reservas del mineral garantizan por varias décadas la operación de la empresa. La explotación del yacimiento ya repercute negativamente en el medio ambiente de varias localidades y en la salud de sus habitantes.

El gobierno de Hidalgo, hacia el año 2 mil, monitoreó el impacto en la salud y el ecosistema, y solicitó la ayuda de un equipo interdisciplinario, el cual coadyuvó en los trabajos para el estudio: “Exposición a manganeso de la población residente en un distrito minero”, realizado por reconocidas instituciones académicas y de la salud, enfocado a revisar la situación de la explotación de manganeso en el estado de Hidalgo y sus efectos en la salud pública.

El área de afectación ocupa una superficie aproximada de cincuenta kilómetros cuadrados, en la que se asientan cuarenta y dos comunidades, con una población de 127 mil 400 habitantes.

De los resultados del estudio, se destaca:

• El impacto social y cultural en las comunidades derivó, de una alta expectativa de desarrollo regional y de bienestar para la población, a la preocupación de los habitantes por los efectos del metal y su industrialización, en el agua, el suelo, el aire y las personas expuestas.

• La concentración de manganeso en el aire, es superior a la recomendada en el plano internacional, siendo su principal fuente de exposición: la inhalación, por las características toxicológicas del manganeso y la suspensión en el aire de partículas emitidas de este mineral.

• La mitad de la población presenta concentraciones del mineral en la sangre, las cuales son mayores en poblados de las cercanías de la zona de extracción, procesamiento e industrialización del manganeso.

El proponente refiere la detección de la alteración de la actividad motora en niños y jóvenes, específicamente en la coordinación de movimientos, cambio de posición de manos y la realización de dibujos secuenciales, entre otras variaciones detectadas con la aplicación de pruebas neuropsicológicas para medir el coeficiente intelectual, así como las habilidades de aprendizaje y motoras.

Concluye que hay una importante asociación entre las altas concentraciones de manganeso en el aire y el elevado riesgo de desarrollar deficiencias motoras, situación que ya se ha presentado en otros estudios desarrollados en ambientes ocupacionales o no ocupacionales.

Alude a la atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de procurar la prevención y control de la contaminación de la atmósfera.

Advierte que, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 Bis de la LGEEPA, para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, como lo es, en su caso, la industria metalúrgica, entre otras, se requiere autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; asimismo, señala que la propia Ley dispone que los subsectores específicos cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la legislación federal, en lo relativo a la emisión de contaminantes a la atmósfera, serán previstos en el Reglamento que al efecto se expida.

Por otro lado, hace referencia a lo dispuesto en el artículo 36 de la LGEEPA, relativo a las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental, cuyas disposiciones prevén que para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:

- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

-Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;

-Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;

-Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y

-Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.

En consecuencia, reitera que es competencia de la federación la regulación de las fuentes de contaminación al suelo, el agua y la atmósfera en los casos señalados.

Considera que no obstante la existencia de normas oficiales mexicanas que regulan la emisión de contaminantes del suelo, agua y aire, no contamos con alguna referida a la emisión de manganeso, o que reglamente las fuentes de origen por explotación económica o por su existencia natural en el medio ambiente.

Sin embargo, menciona la NOM-127-SSA1-1994, en materia de salud, “Agua para el uso y consumo humano”, la cual establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización; a su vez, específica los límites de manganeso permitidos en agua para consumo humano como agua potable.

Afirma que, atento a los efectos negativos producidos por la exposición prolongada al manganeso de los pobladores de comunidades cercanas a las fuentes de explotación del mineral, estima fundamental establecer las normas tendentes a la regulación del problema, fijando los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire y, en consecuencia, la normalización sobre las fuentes de emisión correspondientes.

En base a los motivos expuestos en su proposición, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, plantea el siguiente punto de acuerdo:

“Único. Se exhorta, de manera urgente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a expedir la norma oficial mexicana que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a efecto de preservar la salud de la población cercana a industrias de explotación o fuentes naturales de este mineral.”.

Una vez analizado el contenido de la proposición, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planteamos las siguientes

III. Consideraciones

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos con el proponente en el reconocimiento de la importancia que tiene el manganeso, como elemento químico metálico, en la industria siderúrgica del acero.

Asimismo, reconocemos la importancia de la fuente primaria de manganeso del municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo, así como su condición de principal proveedora de la industria siderúrgica del acero en la entidad, y ser reconocida como uno de los diez yacimientos más grandes del mundo.

Del mismo modo, coincidimos con el proponente en distinguir el grave problema que representa el hecho de que la explotación de la fuente está generando repercusiones adversas en el medio ambiente y en la salud de los pobladores de la región.

Es evidente la importancia que tiene el estudio sobre el impacto en la salud humana y en el ecosistema, debidos a la emisión y alta concentración de manganeso en el aire, el agua y el suelo, impulsado por las autoridades estatales de Hidalgo y la Compañía Minera Autlán.

Consideramos que los resultados de los estudios realizados y de las reuniones entre autoridades e industriales que explotan el manganeso en la localidad desde hace varias décadas, han propiciado la implementación de medidas para reducir las emisiones de la Unidad Minera Molango, a través de un programa de acciones para mejorar los sistemas de control de emisiones, con el propósito de evaluar el impacto de las medidas adoptadas para mitigar la exposición al manganeso y los efectos en la salud de la población residente en el distrito minero.

Estimamos válido el objetivo de evidenciar y dar seguimiento al impacto en las concentraciones de manganeso en el aire y en la salud, para que en caso de no alcanzar los resultados esperados, se impulsen soluciones alternas inmediatas.

Consideramos apropiada también, la finalidad que se plantea de obtener y proporcionar evidencia científica sobre la posible reversibilidad en los efectos adversos probados en los estudios previos realizados en los años 2002 y 2006, sobre efectos en salud, fuentes de emisión y concentraciones de manganeso en aire, suelo, agua y alimentos, así como la percepción de riesgo y gobernanza.

Estimamos que el manganeso, aunque poco usado en su forma pura, destaca su importancia práctica en la fabricación de acero, además de la multiplicidad de aplicaciones de sus compuestos en la industria, donde el dióxido de manganeso se usa como desecante o catalizador de pinturas y como decolorante en la fabricación de vidrio.

Sabemos que el manganeso es uno de los tres elementos trazas tóxicos esenciales, pues además de ser necesario para la supervivencia de la humanidad, también es riesgosamente tóxico, cuando se encuentra en altas concentraciones en el cuerpo humano.

Adicionalmente, es importante considerar que los efectos adversos del manganeso en la salud humana, ocurren principalmente en el tracto respiratorio y el cerebro, y que los síntomas por envenenamiento son: alucinaciones, olvidos y daños en los nervios, además de que puede causar Parkinson, embolia pulmonar y bronquitis. El síndrome causado por el manganeso presenta síntomas de esquizofrenia, depresión, debilidad de músculos, dolor de cabeza e insomnio.

De ahí nuestra coincidencia con el proponente, en cuanto a la convalidación de los resultados del estudio: “Exposición a manganeso de la población residente en un distrito minero”, enfocado a revisar la situación de la explotación de manganeso en el estado de Hidalgo y sus efectos en la salud pública.

Estimamos impostergable la atención a una población cuya perspectiva de desarrollo y bienestar se ha traducido en preocupación por los efectos adversos del manganeso y su industrialización; una población en la que la mitad de sus integrantes presenta concentración de manganeso en la sangre, y que entre sus niños y jóvenes se ha detectado alteración de su actividad motora, particularmente en la coordinación de movimientos, cambio de posición de manos y la realización de dibujos secuenciales.

Consideramos que las manifestaciones de los efectos adversos que produce la alta concentración de manganeso en el medio ambiente y en el cuerpo humano, particularmente padecidas por los habitantes de las cercanías del municipio de Molango de Escamilla, Estado de Hidalgo, justifican ampliamente la posición del proponente, al referir la atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de procurar la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, y aludir las disposiciones contenidas en el artículo 111 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con objeto de puntualizar la facultad de la propia Secretaría, para autorizar la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, como lo es, en su caso, la industria metalúrgica, entre otras; asimismo, destacar que los subsectores específicos cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la legislación federal, en lo relativo a la emisión de contaminantes a la atmósfera, serán previstos en el Reglamento que al efecto se expida.

En el mismo tenor, coincidimos con el proponente en cuanto a la alusión al Artículo 36 del mismo Ordenamiento Legal, relativo a las Normas Oficiales Mexicanas, en Materia Ambiental, cuyas disposiciones prevén que para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto:

Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;

Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;

Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la norma oficial mexicana que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire, a efecto de preservar la salud de la población cercana a industrias de explotación o fuentes naturales de este mineral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer la estrategia de preservación de la capa de ozono

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de octubre de 2013, la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer acciones para la estrategia de prevención de la capa de ozono.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la legisladora proponente que el camino que ha seguido la humanidad en busca de su desarrollo y bienestar, este desarrollo comprende el detrimento de su propio entorno ambiental, y por la falta de una administración sustentable en el uso y consumo de los recursos naturales y energéticos, se origina un daño irreversible al media ambiente, la generación excesiva de residuos sólidos no degradables y emisiones contaminantes que han dañado severamente la atmosfera. Estos daños al medio ambiente, entre otros factores, han provocado el cambio climático, ocasionando graves consecuencias en México como en otras partes del mundo. Este daño no es sólo a nivel ecológico, también en la calidad de vida de las y los mexicanos, siendo este uno de los principales retos que como integrantes del Estado mexicano, por lo que debemos afrontar con soluciones de largo alcance y efecto inmediatos.

Afirma la diputada que el gran desarrollo industrial en las zonas urbanas en los últimos 40 años y la falta de impulso al campo han provocado migraciones masivas a las metrópolis del país, convirtiendo inclusive algunos de estos centros urbanos en grandes zonas metropolitanas, que sin políticas de urbanización y movilidad adecuadas, generan la ocupación desordenada del suelo y una gran demanda de servicios, como agua, transporte y energía, lo que a su vez genera múltiples desequilibrios de carácter ambiental, económico, urbano, energético y social.

Confirma que el crecimiento y la demanda intensiva de transporte particular y publico y ante la falta de políticas públicas eficientes destinadas a la movilidad en zonas urbanas propician una gran cantidad de unidades de transporte, la suma de estos factores aumenta las emisiones contaminantes a la atmósfera, provocando impactos negativos sobre la salud pública, cuando su concentración en la atmósfera alcanza niveles superiores a los máximos permitidos para la vida y en las áreas y localidades rurales los problemas de calidad del aire se dejan sentir sólo de manera ocasional, mientras que en los centros urbanos es común el registro de elevadas concentraciones de contaminantes y la continua generación de alertas por su elevada concentración.

Indica la legisladora que este panorama, reconocido desde principios de la década de 1980, propició que en 1982 se emitieran los primeros criterios de calidad del aire, vigentes hasta el 23 de diciembre de 1994, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana para Evaluar la Calidad del Aire Ambiente, estableciendo desde su origen, la revisión periódica de la misma, a efecto de garantizar su vigencia y sobre todo, preservar la salud de los mexicanos por el aire que respiramos; en México se norman los siguientes contaminantes atmosféricos: bióxido de azufre, monóxido de carbono, bióxido de nitrógeno, ozono, partículas suspendidas totales, partículas menores de 10 micrómetros de diámetro y plomo.

Confirma que desde entonces, las normas de calidad del aire establecen las concentraciones máximas de contaminantes en el ambiente que no debieran ser excedidas con determinada frecuencia, a fin de garantizar la protección de la salud de la población, con especial énfasis en la de los grupos más susceptibles como los infantes, los ancianos y las personas con enfermedades respiratorias crónicas, entre otros.

Por lo anterior, la legisladora indica que ante la carencia de un registro confiable, durante muchos años no se tuvieron estadísticas históricas oficiales del parque vehicular, ni mucho menos de la intensidad de su uso, por lo que las políticas implementadas se basaban en estimaciones de los promedios diarios de recorrido, calculados en 33 kilómetros por día en el Distrito Federal, además de no considerar su edad promedio, aspecto de suma importancia, pues conforme las unidades de autotransporte van envejeciendo, se obtiene un menor rendimiento en el número de kilómetros recorridos por litro de combustible.

Advierte la proponente que a pesar de que circulan vehículos automotores en todo el país, actualmente sólo 17 entidades federativas reportadas por la Semarnat cuentan con programas de verificación de emisiones vehiculares (ya sea anual o semestral): Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán).}

Otro aspecto que debemos considerar se refiere al consumo del combustible necesario para la movilidad de las unidades de autotransporte en el país, particularmente con la calidad del combustible fósil, la gasolina y el diesel, se reconoce que uno de los principales factores que genera problemas en la calidad del aire es el alto nivel de contenido de azufre en las gasolinas. Por esta razón, uno de los lineamientos más importantes de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”, publicada en el DOF el 30 de enero de 2006, y la modificación publicada en el DOF el 3 de octubre de 2006, han sido reducir el contenido de azufre en las gasolinas Magna y Prémium.

La NOM 086 establece términos para reducir el contenido de azufre en las gasolinas y el diesel. Sin embargo, Pemex no ha tenido la capacidad tecnológica para iniciar el proceso de sustitución de gasolinas y diesel de ultra bajo contenido de azufre.

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos válido el planteamiento de la proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales y estatales competentes, para que atiendan el grave problema que representa la contaminación atmosférica y el agotamiento de la capa de ozono esto derivado de la desmedida emisión de gases de efecto invernadero, producto de la irregular emisión de contaminantes por diversas actividades.

Estimamos importante destacar que México cuenta con una considerable densidad de población, que de acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 la población total del país era de 112 millones 336 mil 538 habitantes, cifra que nos coloca en el lugar número 11 del mundo. De esa población, 77.8 por ciento se encuentra en las zonas urbanas, lo que representa 87 mil 398 mil 186 habitantes.

No obstante el desmedido incremento de la población en las zonas metropolitanas, se deriva entre otras razones por la irregular migración de personas a las grandes ciudades que demandan mejores oportunidades económicas y de empleo, situación que genera múltiples problemas en el uso de recursos naturales para satisfacer los requerimientos básicos, como lo son el consumo de recursos hídricos, drenaje, disposición de residuos sólidos urbanos así como la irregular emisión de contaminantes vertidos en la atmosfera generados por la industria, esto derivado de la cantidad de vehículos utilizados en el transporte público y privado, la antigüedad del parque vehicular, y esto se suma los ineficientes sistemas de vialidades con los que cuentan diversas ciudades del país.

De acuerdo con cifras del publicadas por el Inegi, en 2008 en la atmosfera se emitieron gases de efecto invernadero a nivel nacional por la cantidad de 475 mil 833 toneladas.

Ahora bien, de acuerdo con la publicación del Centro de Investigaciones Mario Molina, referente a cambio climático y gases de efecto invernadero, el concepto que corresponde a estos segmentos es lo siguiente: la atmósfera que rodea la Tierra desempeña un papel muy importante, por un lado al proteger al planeta de radiación de alta energía (radiación UV) y por otro al absorber el calor que emite la tierra, dando lugar a las temperaturas confortables que prevalecen y que han permitido la evolución de la vida.

La atmósfera se compone principalmente de nitrógeno (78 por ciento) y oxígeno (21). El resto es vapor de agua y otros gases denominados gases traza (por que se encuentran en muy pequeñas cantidades) entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero (GEI).

Los principales GEI son el vapor de agua y el bióxido de carbono, los cuales son parte de la composición natural de la atmósfera e intervienen en ciclos fundamentales para la vida como el ciclo del agua y el ciclo del carbono. El bióxido de carbono se produce cuando los seres humanos y otros seres vivos respiramos y es utilizado por las plantas para realizar la fotosíntesis, cuando las plantas y los animales se descomponen también se libera bióxido de carbono y cuando se queman combustibles fósiles o biomasa.

La ciencia confirma que como resultado de algunos grados de calentamiento, la cantidad de vapor de agua en el aire aumenta, por ejemplo un incremento de 3° Celsius en la temperatura promedio de la tierra incrementaría el vapor de agua en 25 por ciento; este vapor asciende hacia las nubes y posteriormente se condensa en forma de lluvia, por lo que podemos esperar que la cantidad de lluvia aumente en la misma proporción. De la misma manera que llueve más fuerte en lugares que ya son húmedos, al mismo tiempo se incrementa la intensidad, duración y extensión geográfica de las sequías. De esta manera, los eventos extremos de inundación y sequía aumentan considerablemente en un mundo más caliente.

El cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono son prueba fehaciente del daño que las actividades humanas ejercen sobre la Tierra. Las soluciones requieren el compromiso de todos los sectores de la sociedad y así como las estrategias de mitigación y las medidas de adaptación necesitan de la colaboración de la comunidad científica, economistas, expertos en tecnología y energía, empresarios, tomadores de decisiones y la población en general.

Derivado de lo anterior, se han incorporado procesos y diversas medidas como es el control en las emisiones contaminaste, con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y tiene como objetivo controlar las emisiones de escape de la principal fuente de contaminación atmosférica. Este programa obtiene resultados positivos siempre y cuando se opere adecuadamente y ajustado a procedimientos de transparencia, esta condición será vital para lograr una buena calidad del aire en las zonas metropolitanas más pobladas del país, los beneficios directos del programa, comprobados y estimados en pruebas de laboratorio y campañas de medición de emisiones vehiculares con sensores remotos, implican la reducción efectiva de 340 mil toneladas de monóxido de carbono y de 5 mil toneladas de compuestos orgánicos volátiles.

Otra condición adversa es el consumo de combustibles fósiles, utilizado actualmente para la movilidad del transporte y de la industria en su conjunto, de acuerdo con el programa establecido en la NOM-086, en 2008, se cumplió la introducción de gasolina y diesel denominado “UBA” (ultra bajo azufre), se pronostico que para 2020 el sector de autotransporte reduzca en 93 por ciento su dispersión de dióxido de azufre, 67 por ciento de óxidos de nitrógeno, 56 de hidrocarburos totales y 53 de material particulado.

Esta comisión dictaminadora considera importante mencionar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas en el país, y en particular en las zonas metropolitanas en donde se registra la mayor parte de concentración de población y de la industria, debido a las distintas actividades humanas, las que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas, como pudiera mencionarse el agotamiento de la capa de ozono y disminución critica de la biodiversidad, estos factores en consecuencia atribuyen a la condición irregular ambiental que enfrentamos, es por ello que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se generen las acciones para coordinar la revisión de la Norma Oficial Mexicana NMX-156-SEMARNAT-2012, para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de calidad del aire, en alianza con las instituciones académicas y de investigación y grupos sociales y se considere su aplicación obligatoria en las zonas urbanas del país que registren una población superior a 100 mil habitantes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía vigilen que se generen las acciones para coordinar la implementación en el país, para que los generadores de emisión de contaminantes al ambiente se sujeten a los planes eficientes de verificación ambiental.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía para considerar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que se refiere a las especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental, con la finalidad de que en todo el país se disponga de forma accesible con hidrocarburos denominados “ultra bajo azufre”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar por la Conanp acciones en beneficio del parque nacional Barranca del Cupatitzio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen acciones en beneficio del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, presentada por la diputada Socorro de la Luz Quintana León.

Esta comisión dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, dictamen con proyecto de punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de octubre de 2013, la diputada Socorro de la Luz Quintana León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realicen acciones en beneficio del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición, en los siguientes términos: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Los integrantes de la comisión dictaminadora procedimos a la revisión inicial de la proposición para presentar el siguiente

II. Contenido de la proposición

La proposición fue presentada como de urgente u obvia resolución; sin embargo, al no ser aprobada con esa característica, se turnó a comisión ordinaria para su dictamen.

La diputada proponente externa su preocupación de atender la problemática ambiental, en la idea de generar, impulsar y orientar las políticas públicas para conservar los ecosistemas y el medio ambiente en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

El objeto central de la proposición es el rescate, estímulo y reactivación del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, en el estado de Michoacán.

Señala que el prestigio adquirido por el Programa Nacional de Áreas Protegidas, le da importancia relevante a nivel nacional e internacional.

Refiere que el Índice del Planeta Vivo, estima que la extinción de especies es parte del curso natural de la historia del planeta.

Asevera que el hombre ha provocado la extinción de especies en cantidad al menos cien veces superior a la extinción natural, lo que representa una pérdida de biodiversidad, con algunas excepciones, como el caso de las reservas o de especies de flora y fauna protegidas, por encontrarse en peligro de extinción.

Plantea el acelerado proceso de desertización en gran parte de nuestro territorio, ocasionado por la grave deforestación que, a su vez, disminuye la calidad de vida de la población y genera un deterioro medioambiental irreversible.

Señala lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional, en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Por otro lado, transcribe parte de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): “en el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, la secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan”.

Señala que el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, forma parte de las 158 áreas naturales protegidas que existen en México, razón suficiente para preservarla de manera obligatoria.

Refiere que el parque está situado en el centro-occidente de Michoacán, a 130 kilómetros de Morelia, y colindando con la zona urbana de Uruapan, su superficie se divide en dos áreas: una localizada al poniente, denominada área de montaña que abarca parte de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, y la otra al oriente dentro de la ciudad, designada como área de río, dentro del municipio de Uruapan.

Según la diputada proponente, el área natural protegida de Barranca del Cupatitzio:

• Protege un espacio con 84 especies de hongos, 495 especies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres.

• Protege a 28 especies endémicas de México; 2 de anfibios, 3 de reptiles, 4 de aves, 5 de mamíferos y 4 de orquídeas.

• Es un sitio con dos tipos de vegetación del bosque templado, pino y pino-encino, además de elementos de bosque mesófilo de montaña y de galería.

• Presenta características representativas de la flora y la fauna del eje neovolcánico transversal, especialmente de las zonas medias y bajas de la sierra Purépecha.

• Protege los manantiales que dan origen al río Cupatitzio, con una aportación de 4.3 metros cúbicos por segundo.

• Presenta una belleza escénica única derivada de sus condiciones físicas naturales.

• Por sus características fisiográficas, ubicación geográfica y su relación con otros grandes macizos montañosos, forma parte de un importante corredor biológico entre el Parque Nacional Pico de Tancítaro y la zona protectora forestal de Uruapan.

• En el área se han registrado 31 especies de plantas y animales considerados en riesgo por la NOM-059-SEMARNAT 2010.

Refiere que además de su alto valor biológico, ambiental y ecológico, el parque es esencial para la vida socio-económica de Uruapan y la región.

• Es un polo de atracción turística, con más de 650 mil visitantes al año, lo que genera empleos y estimula la planta productiva nacional.

• La zona está catalogada como de alta capacidad para la captación de agua y sus manantiales abastecen la zona urbana e industrial del municipio de Uruapan y la región agrícola en la parte baja de la subcuenca hacia el sur, y

• Abastece a tres hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Cupatitzio.

No obstante, la proponente manifiesta que el área presenta diversos problemas, como el de la contaminación de la zona, ausencia de estrategias de conservación y una peligrosa reducción en los niveles del agua en sus manantiales.

Declara que, según información de la Comisión Federal de Electricidad, el volumen de agua que fluye en el nacimiento del río Cupatitzio, disminuyó en más de 200 litros por segundo, lo cual representa una pérdida de 33 por ciento en relación con el volumen de 2012.

Señala que el abandono de la zona y la carencia de programas públicos para equilibrar la conservación de ecosistemas y la reactivación económica, han producido graves perjuicios para la flora, la fauna y la población del lugar.

En síntesis, la proponente asegura que las carencias y el abandono mencionados, han generado daños al medio ambiente y al sector turístico local, así como problemas de seguridad y de salud a la población, al lado de diversos problemas sociales, derivados de la falta de información y de acciones institucionales, que dan lugar a la inhibición de una cultura conservacionista en la ciudadanía, particularmente, en las nuevas generaciones.

La diputada proponente estima que la problemática se ha venido agudizando al paso de los años, pues requiere de acciones urgentes, decididas y eficientes para rescatar y reactivar la zona desde una perspectiva sostenible, en estricta observancia del mandato constitucional y legal, y en cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado mexicano en diversos instrumentos internacionales.

Finalmente, la proponente manifiesta que el programa de conservación y manejo del parque Barranca del Cupatitzio, fue elaborado y emitido en el año 2006, y el aviso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2009.

Para efectos de la proposición, destaca lo establecido en el apartado 10 sobre evaluación y efectividad, que señala: “la ejecución del Programa de Conservación y Manejo se realizará a través de los programas operativos anuales (POAAN) que defina el parque. Anualmente se contrastarán los avances logrados en la operación del área natural protegida (ANP), contra las metas propuestas en el PCM, al término del primer quinquenio de operación se revisarán la totalidad de los subprogramas a fin de determinar aspectos que por razones políticas, sociales, económicas y/o administrativas pudiesen haber quedado pendientes de realización”.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León, atendiendo el reiterado reclamo de la ciudadanía, de quienes hoy se encuentran inciertos ante el destino del área natural protegida Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, zona protegida objeto de la proposición que nos ocupa, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y conforme a sus objetivos estratégicos, realice las acciones conducentes en beneficio del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, a efecto de

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, y realizar las adecuaciones necesarias al mismo conforme a la realidad actual de dicho parque.

2. Conservar el ecosistema y las especies en riesgo.

3. Reactivar la economía y el turismo de las comunidades asentadas en el entorno de dicha área, bajo criterios de sostenibilidad.

4. Fomentar una cultura de conservación entre los habitantes de las comunidades aledañas.

5. Implementar un programa que permita aprovechar de manera sustentable el recurso hídrico; e

6. Informar cabalmente a la ciudadanía sobre el estado que guarda la zona protegida de referencia.

Después de analizar el contenido de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Socorro de la Luz Quintana León, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos las siguientes

III. Consideraciones

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimamos loable la preocupación de la diputada proponente, por atender la necesidad de generar, impulsar y orientar las políticas públicas destinadas a conservar los ecosistemas y el medio ambiente, en la perspectiva de beneficiar a las generaciones presentes y futuras del país.

Consideramos viable la propuesta de generar las políticas y las acciones encaminadas a rescatar, estimular y reactivar el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, situado en el estado de Michoacán.

Coincidimos con la proponente en el sentido de reconocer el prestigio del Programa Nacional de Áreas Protegidas, fama que reviste gran importancia a nivel nacional e internacional.

Reconocemos que la dramática extinción de especies es responsabilidad primera e irrefutable del accionar del ser humano, cuyas actitudes irreflexivas llevan a la pérdida creciente de biodiversidad. El ataque cotidiano e ilegal en contra de nuestros bosques, mediante la tala clandestina y, por demás nefasta, es otra de las acciones del hombre que amenaza con la desertización de buena parte de nuestro territorio.

Estamos de acuerdo con la posición asumida por la proponente en cuanto al propósito de regular en la ley el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos que, en el caso de la proposición que nos ocupa, refiere textualmente el derecho a un medio ambiente sano y la obligación del estado de garantizar su respeto; asimismo, alude con acierto la disposición que prevé la observancia de gobernantes y gobernados para alcanzar la finalidad de que “el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Coincidimos plenamente con el señalamiento de que el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, situado en el centro-occidente de Michoacán, forma parte de las 158 áreas naturales protegidas existentes en el país, y cumple con una serie de características que son razón suficiente para preservarla con obligatoriedad por el estado.

En corroboración de lo anterior, el área natural protegida de Barranca del Cupatitzio: protege 84 especies de hongos, 495 especies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres; protege 28 especies endémicas de México, 2 de anfibios, 3 de reptiles, 4 de aves, 5 de mamíferos y 4 de orquídeas.

Es un sitio con dos tipos de vegetación del bosque templado, pino y pino encino, además de elementos de bosque mesófilo de montaña y de galería y presenta características representativas de la flora y la fauna del eje neovolcánico transversal, especialmente de las zonas medias y bajas de la sierra Purépecha.

Adicionalmente, protege los manantiales que dan origen al río Cupatitzio, y presenta una belleza escénica única derivada de sus condiciones físicas naturales.

También es un polo de atracción turística, con más de 650 mil visitantes al año, generando empleos y estimulando la planta productiva de la región.

Por sus características fisiográficas, ubicación geográfica y su relación con otros grandes macizos montañosos, forma parte de un importante corredor biológico entre el Parque Nacional Pico de Tancítaro y la zona protectora forestal de Uruapan.

La zona de ubicación del Parque Nacional, está catalogada como de alta capacidad para la captación de agua, sus manantiales abastecen la zona urbana e industrial del municipio de Uruapan y la región agrícola en la parte baja de la subcuenca.

Además, el río Cupatitzio abastece a tres hidroeléctricas que aprovechan sus aguas.

No obstante, el área presenta problemas de contaminación, ausencia de estrategias de conservación y una peligrosa reducción en los niveles de agua en sus manantiales.

Consideramos que el abandono de la zona y la carencia de programas públicos para equilibrar la conservación de ecosistemas y la reactivación económica, son problemas que debemos atender para evitar graves perjuicios para la flora, la fauna y la población del lugar.

Coincidimos en que la problemática se agudiza con el paso de los años. Se requiere de acciones urgentes, decididas y eficientes para rescatar y reactivar la zona desde una perspectiva sustentable. Por ello, estimamos viable la aprobación del punto de acuerdo propuesto por la diputada Socorro de la Luz Quintana León.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y conforme a sus objetivos estratégicos, realice las acciones conducentes al beneficio del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, a efecto de:

I. Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, y realizar las adecuaciones necesarias al mismo conforme a la realidad actual de dicho parque.

II. Conservar el ecosistema y las especies en riesgo.

III. Reactivar la economía y el turismo de las comunidades asentadas en el entorno de dicha área, bajo criterios de sostenibilidad.

IV. Fomentar una cultura de conservación entre los habitantes de las comunidades aledañas.

V. Implementar un programa que permita aprovechar de manera sustentable el recurso hídrico; y

VI. Informar cabalmente a la ciudadanía sobre el estado que guarda la zona protegida de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a hacer del conocimiento público los indicadores utilizados en el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria, evaluación de su ejercicio y acciones implantadas en el programa Promajoven

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 29 de octubre del año en curso el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, haga del conocimiento público el avance del “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas ” y alumnas que finalizan la educación básica por entidad federativa en relación al padrón de beneficiadas y transferencias presupuestales.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Descripción de la proposición

El proponente argumenta que es importante conocer los avances del “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas” (Promajoven), en relación al padrón de beneficiadas, transferencias presupuestales y alumnas que finalizan la educación básica por Entidad Federativa.

Asimismo, el diputado promovente argumenta, de manera destacada, lo siguiente:

1. Dicho programa se creó en el año 2004 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes que están en contextos y situaciones de vulnerabilidad agravadas por el embarazo y/o la maternidad.

2. En el periodo 2012-2013 la Secretaria de Educación Pública destinó un recurso económico equivalente a 108.35 millones de pesos para estímulos como el Promajoven, lo que hace necesario llevar a cabo la evaluación del programa, de esta manera se verificaría su impacto, a través de las cifras exactas de alumnas que continúan con sus estudios de educación básica y si les ha servido para conseguir trabajo.

3. Como país nos encontramos frente a un fenómeno creciente de madres adolescentes y/o embarazadas, siendo los estados de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Puebla, los lugares con mayor concentración de adolescentes en condiciones de maternidad.

4. Por lo anterior se considera pertinente exhortar al titular de la SEP para que haga del conocimiento público los resultados del Promajoven.

Con base en los argumentos anteriores, el diputado propone el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora de este programa haga del conocimiento público lo siguiente:

• Indicadores utilizados por el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria y para realizar la evaluación de su ejercicio.

• Transferencias presupuestarias realizadas por entidad federativa de enero a septiembre del 2013.

• Acciones implementadas en el programa Promajoven a fin de revertir la incidencia de madres adolecentes que desde el año 2006 ha aumentado.

• Evaluaciones de impacto a fin de conocer cuantas alumnas continúan y finalizan la educación básica y si han iniciado su participación en el mercado de trabajo.

III. Consideraciones

Esta comisión comparte con el promovente su preocupación sobre la necesidad de conocer las condiciones, forma de operar y los resultados del ejercicio de apoyo que realiza el Promajoven, a fin de corroborar la eficacia del programa. No obstante, se considera que para resolver sobre lo que se propone, se requiere considerar los siguientes argumentos:

Los datos que arrojan los censos de población realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística revelan que los casos de jóvenes madres y/o en situación de embarazo están en aumento, pues de acuerdo con las Estadísticas de Natalidad, mientras que en 2004 el porcentaje de madres adolescentes ascendió a 17.2% del total (menores de 20 años), en 2009 ya se había incrementado a 18.8%. La maternidad y/o embarazo a temprana edad resulta ser un factor más de deserción escolar en el nivel básico, de discriminación y de vulnerabilidad social.

El Promajoven otorgó 9,840 becas (2,490 becas adicionales a las programadas) para apoyar a mujeres entre 12 y 18 años que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

El motor del Promajoven es garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de las menores de edad, disminuyendo el rezago educativo y la deserción escolar, aumentando la población con estudios de educación básica, para alcanzar la universalización de este nivel, mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contextos y situación de vulnerabilidad agravado por el embarazo y la maternidad tempranos que amplíen las oportunidades de acceso y permanencia en la primaria, secundaria o en programas de alfabetización.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la educación básica desempeña un papel determinante en la vida futura de los individuos,1 pues el contar con un mayor nivel de educación va asociado a la obtención de ingresos más altos, una mejor salud y una vida más larga. Por el contrario un menor nivel educativo genera individuos sin las aptitudes para participar social y económicamente, que a su vez genera a largo plazo costos más elevados que impactan en sectores como la salud, económico, social y de seguridad, entre otros.

Cabe mencionar que la apuesta que hace este programa a la educación de niñas y jóvenes, también se sustenta en el impacto que la escolaridad de la madre tiene en el seno familiar, debido a que constituye un agente de socialización, entendiendo éste como un proceso mediante el cual la generación joven aprende e internaliza una serie de ideas, normas, valores y patrones de conducta que le permiten identificarse e incorporarse a los modos de vida de la comunidad que lo rodea. Lo anterior lleva a procesos de modelación e imitación permitiendo entender la relación que guarda el nivel de escolaridad de los padres y la escolaridad de los hijos, aún cuando el incremento en el nivel de escolaridad no represente por sí sola una solución a todos los problemas que enfrentan las adolescentes embarazadas, sí constituye una alternativa para mejorar su vida, no solo en términos de oportunidades de un mejor empleo o generación de ingresos, sino de una percepción diferente del proyecto de vida de las mujeres, asegurando que a mayor escolaridad de la madre, más oportunidad tienen los hijos de alcanzar un alto nivel de escolaridad y aptitudes.2

Resulta indispensable conocer los indicadores utilizados por el Promajoven para realizar la evaluación de su ejercicio, las acciones implementadas y las transferencias presupuestarias realizadas por entidad federativa, para saber la efectividad del programa, debido a que el cumplimiento satisfactorio de sus objetivos contribuirá a evitar los cuantiosos costos sociales, consecuencia de adultos marginados con pocas aptitudes básicas.

Actualmente se cuenta con los resultados de una evaluación externa coordinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que fue realizada con información contenida en el Sistema de Evaluación Específica de Desempeño (EED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del periodo 2010-2011. La evaluación de la política social, es una herramienta que apoya la mejora continua del desempeño y el conocimiento de cuáles de las acciones son o no efectivas a fin de cumplir los objetivos principales del programa.

La EED generó un manual denominado “Procedimiento para la Asignación y Pago de Becas del Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”; dicho manual supuestamente, cubre la totalidad de actividades operativas del Promajoven y las ordena cronológicamente; además incluye un cuadro en el que se indican las actividades, los responsables de llevarlas a cabo, indicadores y un esquema gráfico de la operación del Programa, pero no es del dominio público, asimismo, la información documental relativa solo se encuentra disponible en las instancias ejecutoras. El informe de la evaluación del Promajoven nos presenta una descripción de procesos, actividades, selección e importancia de indicadores, identificación y análisis de problemas y limitantes, así como la emisión de recomendaciones, entre las que se identifica la necesidad de contar con una herramienta informativa que permita identificar los resultados del programa y que se proporcionen reportes detallados de las beneficiarias tales como el tiempo y monto en que disfrutaron de la beca.3

En virtud de lo expuesto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de diputados, las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, para que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora de este programa haga del conocimiento público lo siguiente:

• Indicadores utilizados por el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria y para realizar la evaluación de su ejercicio.

• Transferencias presupuestarias realizadas por entidad federativa de enero a septiembre del 2013.

• Acciones implementadas en el programa Promajoven a fin de revertir la incidencia de madres adolecentes que desde el año 2006 ha aumentado.

• Evaluaciones de impacto a fin de conocer cuantas alumnas continúan y finalizan la educación básica y si han iniciado su participación en el mercado de trabajo.

Notas

1 OCDE; Diez pasos hacia la equidad en la educación; Disponible en: http://www.oecd.org/edu/school/40043349.pdf; Fecha de Consulta: 26 de noviembre de 2013

2 Joaquina Palomar, Alejandro Márquez; Relación entre la escolaridad y la percepción del funcionamiento familia; Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 4, núm. 8, julio-diciembre; México (1999); Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/140/14000805.pdf; Fecha de Consulta: 26 de noviembre de 2013

3 Ficha Narrativa de las Evaluaciones Específicas de Desempeño 2010-2011, SEP; Visto en: http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Eval_Especificas/Paginas/Fichas-Na rrativas-EED2010-2011.aspx; Fecha de consulta: 27 de noviembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro 5 de Diciembre de 2013

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica en contra), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a colaborar en el saneamiento de la barranca El Águila, en Tepeaca, Puebla

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla, a partir de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 5 de noviembre de 2013, el diputado Jesús Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez revisada la proposición objeto de este dictamen, exponemos el siguiente

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente manifiesta que la grave contaminación de los cuerpos de agua proveedores del vital líquido para el riego agrícola, el uso ganadero, el uso doméstico y el consumo humano, causa severos daños a la salud al provocar enfermedades como la diarrea, hepatitis, cólera, paratifoidea y poliomielitis, entre otras.

Alude a la necesidad de utilizar plantas tratadoras para procesar las aguas residuales y dejarlas limpias y libres de contaminantes físicos, químicos y biológicos, para que pueda ser reusada en diversas actividades.

Señala los tres procesos de saneamiento de agua mediante plantas de tratamiento, a saber:

• Físico: filtración del agua negra y eliminación de la mayoría de los elementos sólidos y los contaminantes y suciedad de la misma.

• Biológico: limpia las aguas residuales a través de lodo activo compuesto por bacterias benéficas que se alimentan de todos los residuos orgánicos en el agua.

• Químicos: eliminar malos olores y bacterias de aguas negras a través de sustancias de origen químico como el cloro.

Menciona la existencia de las lagunas de oxidación, las cuales al igual que las plantas de tratamiento, tienen por objeto el saneamiento de las aguas residuales, para eliminar todo contaminante y utilizar el agua en áreas verdes y cultivos.

Refiere que en el municipio de Tepeaca cuentan con plantas tratadoras y lagunas de oxidación, las cuales atienden el saneamiento de las aguas residuales del municipio que actualmente afectan y contaminan la barranca El Águila. Al respecto, señala que dichas plantas tratadoras se encuentran en mal estado y que las lagunas de oxidación no funcionan.

Destaca que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla investigó el funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas de Santa María Oxtotipan, y la Central de Abastos, así como el de las lagunas de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, San Pablo Actipan y San José Zahuatlán, encontrando severas irregularidades, ya que tales instalaciones se encuentran en condiciones críticas, por lo que todo tipo de contaminantes se arrojan a la barranca de El Águila, afectando la salud de los vecinos.

Relata el caso cuando se dio a conocer la infección de menores de edad tras la ingesta de legumbres regadas con las aguas de la planta de tratamiento de Santa María Oxtotipan.

Asimismo relata que las descargas clandestinas provenientes de la barranca El Águila, así como las aguas residuales domésticas vertidas en el río Atoyac, han provocado la muerte masiva de peces en el municipio de Tehuitzingo, según información de la Comisión Nacional del Agua.

Señala que los muestreos determinaron que las descargas aumentaron el PH del agua –acidez y alcalinidad–, para que murieran animales de río en diversas localidades pertenecientes al citado municipio.

En consecuencia, refiere el proponente, fue realizado un operativo de saneamiento básico consistente en proporcionar la dotación de agentes desinfectantes como plata y cloro en pastillas, así como la capacitación sobre su uso a los pobladores.

Según la Conagua “se realizaron muestreos del agua, los cuales determinaron que la caracterización corresponde a una descarga típica de aguas residuales domésticas, sin embargo (...) se concluye que la contaminación que género el incremento del PH pudo ser consecuencia de descargas fortuitas (clandestinas) efectuadas aguas arriba provenientes de la barranca El Águila, las cuales se diluyeron rápidamente razón por la cual no se registraron en los muestreos realizados por esta institución”.

Con base en lo anterior, el proponente plantea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del ámbito de sus competencias, coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, en Puebla.

Las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atentos al contenido de la proposición, expresamos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce que el problema de la contaminación de la barranca El Águila, es un asunto añejo. Desde 2007, cuando menos, los vecinos de Tepeaca, particularmente los campesinos de la región, han expresado su inconformidad mediante denuncias sobre la contaminación de la barranca porque recibe la descarga de aguas residuales de viviendas aledañas, con lo cual se pueden contaminar sus cultivos.

Hace seis años, los habitantes de Tepeaca se quejaban porque el ayuntamiento no había cumplido con la instalación de un sistema de drenaje sanitario; omisión que, manifestaban, provocaba la contaminación de los mantos freáticos y de un pozo que proveía del vital líquido a toda una población.

En octubre de aquel año, la autoridad de la Comisión Nacional del Agua en la localidad, hizo pública la imposición de una multa por 250 mil pesos al ayuntamiento de Tepeaca, por permitir la contaminación mediante las descargas directas de los drenajes en el cuerpo de agua federal de la barranca El Águila.

Coincidimos con el proponente, en el sentido de reconocer la gravedad del problema que representa la contaminación de los cuerpos de agua, sobre todo cuando el recurso hídrico se usa para el riego, la cría de ganado, en actividades domésticas o para la ingesta humana, dañando significativamente la salud de quienes consumen los alimentos producidos con el uso de aguas contaminadas.

Desde luego, coincidimos también en reconocer la necesidad de utilizar plantas de tratamiento y lagunas de oxidación, para proceder al tratamiento de las aguas contaminadas en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Consideramos que el problema se complica, cuando en dicho municipio cuentan con plantas de tratamiento y lagunas de oxidación que no son utilizadas porque se encuentran en mal estado o no funcionan. Lo lamentable del caso es que las condiciones que hacen inservibles dichos instrumentos para cumplir la función de saneamiento a cargo del propio municipio por disposición constitucional, se debe seguramente a la falta de mantenimiento y conservación por parte de las propias autoridades locales, responsables del correcto funcionamiento de esos equipos.

Sin embargo, estimamos loable que con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, se haya realizado una investigación sobre el funcionamiento de dos plantas de tratamiento y tres lagunas de oxidación ubicadas en cinco diversas comunidades del municipio de Tepeaca, instalaciones que, de acuerdo con la indagatoria, presentan irregularidades severas y un estado crítico que impide realizar el proceso de saneamiento de aguas residuales y contaminadas; de tal manera, y ante la carencia de medios apropiados para realizar dicho proceso de tratamiento en las comunidades del municipio de Tepeaca, la barranca El Águila se ha convertido en vertedero de todo tipo de contaminantes, en foco de infecciones y fuente de enfermedades que ponen en grave riesgo la salud de los pobladores de la región.

A pesar del incumplimiento de las autoridades locales, particularmente del ayuntamiento de Tepeaca, en cuanto a sus obligaciones de mantener y conservar las instalaciones destinadas a la realización de las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, a cargo de los municipios, por disposición expresa del Artículo 115, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tres órdenes de gobierno del Estado Mexicano deben asegurar a los mexicanos el ejercicio pleno y el respeto de sus derechos relativos al goce y disfrute de los servicios y funciones públicas citadas.

Consideramos necesario darle solución a este problema. Que debemos evitar se repitan los casos como el de la infección de menores por la ingesta de legumbres contaminadas por el riego del cultivo con aguas residuales sin el debido tratamiento, procedentes de la planta de tratamiento de Santa María Oxtotipan; así como el de la muerte de peces ocasionada por el incremento de la acidez y alcalinidad del agua del Río Atoyac, a la altura del municipio de Tehuitzingo, que pudo ser provocada por las descargas clandestinas de aguas residuales domésticas provenientes de la barranca El Águila, según conclusión derivada de los muestreos del recurso realizados por la Comisión Nacional del Agua.

Estimamos que para tal efecto, se requiere la coordinación de las autoridades competentes de la federación, el estado de Puebla y el municipio de Tepeaca, y que el problema de contaminación con aguas residuales de la barranca El Águila, se resuelva mediante la ayuda recíproca entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, para acordar y ejecutar las acciones necesarias tendentes al cumplimiento de la función pública de saneamiento de las aguas residuales del uso doméstico, incluyendo la reparación y/o reacondicionamiento de la infraestructura municipal en la materia, para que el tratamiento de las aguas residuales sea realizado de manera permanente y con eficiencia.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades correspondientes de los gobiernos de Puebla y del municipio de Tepeaca, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador, al Congreso y a la CDH de Guanajuato a realizar acciones para prevenir, detener y atender la violencia contra mujeres y los feminicidios

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 20 de noviembre de 2013, para su estudio y dictamen, el expediente número 3227 que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador, al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos de Guanajuato a realizar acciones para prevenir, detener y atender tanto la violencia contra las mujeres como los feminicidios, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD.

Contenido de la proposición

Expresa la diputada proponente que ante los graves acontecimientos de violencia en contra de las mujeres, en el Estado de Guanajuato, ha quedado de manifiesto el repudio social por la misoginia y el cotidiano desprecio institucional por la vida de las mujeres que ahí prevalece.

Señala que la actuación de las autoridades ante las frecuentes denuncias de hechos por violación, dan cuenta de la violencia feminicida en esa entidad, violencia que por la incapacidad de las autoridades, ameritaría un estado de alerta permanente, pues las mujeres víctimas de violencia en Guanajuato se encuentran en total desamparo institucional.

Narra algunos de os elementos del caso de Ana Karen, quien no sólo fue víctima de privación ilegal de la libertad y de una violación multitudinaria el pasado 21 de octubre, sino que también padeció la violencia institucional de las autoridades que bajo sus prejuicios le negaron el derecho de acceso a la justicia y medidas de protección.

Asimismo en la propuesta se denuncia la actuación irresponsable de las autoridades de la Unidad de Delitos Graves, quien a todas luces violentan el debido proceso e incumplen con las obligaciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia al no expedir una orden de protección, ni garantizar la integridad física de las mujeres víctimas, mucho menos garantizan el acceso a la justicia plena; ni aplican un protocolo especializado con perspectiva de género.

Reitera la diputada proponente que las mujeres de Guanajuato están en riesgo, porque ahí prevalece la discriminación y la violencia institucional, día a día la impunidad gana terreno y con ello la descomposición social que hace permisiva y normaliza la violencia contra las mujeres, mientras la autoridad sigue inerte, muestra de ello es el el incremento de la violencia feminicida, como lo reflejan sus registros, que señalan que en 2006 sumaban 33 y hoy en día al 17 de octubre de este año ya suman 60 feminicidios.

Señala que la situación de Guanajuato puede ser un caso similar al conocido como Campo Algodonero, que ameritó una codena de la Corte Interamericana de derechos humanos al estado mexicano y advierte que las autoridades estatales también tiene obligación de cumplir con lo establecido en los instrumentos de derechos humanos de las mujeres que el estado mexicano ha firmado y ratificado.

Expresa de igual manera, las instituciones de derechos humanos deben investigar oficiosamente lo que está sucediendo, nos parece un abuso de autoridad que las y los funcionarios responsables de la investigación de los delitos, suplan la perspectiva de género y derechos humanos, por una serie de prejuicios y criterios discriminatorios, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres.

Por todo lo anterior propone emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal para que instruya a los funcionarios a cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos y actúen conforme a protocolos de investigación con perspectiva de género; a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato a iniciar de oficio las investigaciones por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y feminicida; y a la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado a reinstalar la Mesa de Trabajo Interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para definir acciones urgentes que pongan alto a la violencia de género y a los feminicidos.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con la proponente en el argumento de que es responsabilidad del Ejecutivo estatal garantizar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres, para lo cual debe tomar las medidas necesarias para eliminar la violencia y discriminación en contra de las mujeres. Es el propio gobierno del estado quien está obligado a generar condiciones que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias, tal como lo establece la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

Considerando que esta comisión, a través de su función dictaminadora, es una vía para favorecer acciones a través de las cuales las y los legisladores acompañen las genuinas preocupaciones sociales y se sumen, en este caso, al reclamo general que exige un alto a la violencia feminicida y a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, y exhortar a la transformación de las prácticas institucionales que discriminan y violentan a las mujeres.

La Comisión de Igualdad de Género, también considera insostenible que las autoridades continúen incurriendo en las mismas graves omisiones en el tratamiento de los delitos de violencia sexual y los feminicidios; así como el incumplimiento de su obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, por ello se estima oportuno este llamado a reflexionar desde la perspectiva de género, sobre la manera errática en la que se ha abordado esta grave situación.

Consideramos que el panorama de la violencia de en Guanajuato es similar a los acontecimientos en Ciudad Juárez que condenaron culpable al Estado mexicano en la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, por no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas y en la que se recomienda que se investigue a los funcionarios que han cometido irregularidades; que se estandaricen los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con violencia sexual y homicidio de mujeres con perspectiva de género y que se capacite permanentemente a los funcionarios en derechos humanos con perspectiva de género.

El propio Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ante el informe séptimo y octavo consolidados, ha expresado, entre sus ámbitos de preocupación, el tema de la violencia de género y el incremento de los feminicidios ante lo cual dentro de ese ámbito de preocupación ha recomendando entre otras acciones, las siguientes; emitido las siguientes recomendaciones1 ;

...

d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia;

e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia;

f) Continuar aplicando las recomendaciones y decisiones sobre la violencia contra la mujer, formuladas por diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero;

La comisión coincide con la diputada proponente en que es una obligación ineludible que las autoridades estatales deben cumplir con los compromisos internacionales contraídas por el Estado mexicano al ratificar las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y que se debe llamar la atención a las autoridades que han sido omisas en el cumplimiento de dicha obligación, pues resulta preocupante que los niveles de violencia, sobretodo la violencia institucional en contra de las mujeres indican que en Guanajuato hacen caso omiso de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De igual manera, atendiendo al principio de solidaridad, esta comisión considera oportuno el exhorto, que hace un llamado respetuoso a las autoridades para que en el uso de sus facultades y atribuciones realice cada quien las acciones de su competencia para poner un alto a la impunidad ante el incremento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a detener la violencia institucional e instruir a los funcionarios responsables de la administración y procuración de justicia para que cumplan con las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y apliquen protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos, en todos los casos de violencia en contra las mujeres y en la investigación de los feminicidios.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato a iniciar de oficio las investigaciones por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y feminicida.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Equidad de Género del Congreso del estado a reinstalar la Mesa de Trabajo Interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil para definir acciones urgentes que pongan alto y prevengan a la violencia feminicida.

Nota

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_es p.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo relativo a los feminicidios en Tabasco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en a los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe, Comisión de Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen mediante el expediente número 3230, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a declarar por la Secretaría de Gobernación la alerta de violencia de género en Tabasco y tomar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.

La referida proposición fue presentada por la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 20 de noviembre del 2013.

Contenido de la proposición

La promovente señala que organismos independientes han señalado que desde 1985 hasta 2012, han sido asesinadas cerca de 36 mil 500 mujeres en nuestro país.

El rango de edad de las mujeres asesinadas se encuentra entre los 20 y 40 años, es decir, son predominantemente jóvenes.

La diputada señala que el término feminicidio designa los asesinatos de mujeres cometidos por hombres únicamente por razón de su sexo; convirtiéndose en expresiones de menosprecio u odio extremo contra las mujeres.

Debemos recordar que uno de los elementos que constituyen el feminicidio, es el elemento de impunidad, en ese contexto, la promovente señaló que según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, 85 por ciento de los casos denunciados de violencia contra las mujeres queda impune.

Además, la legisladora se refirió a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que define el concepto de violencia feminicida y se prevé en el mismo ordenamiento la figura de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que a la fecha, no ha podido ser activado.

La diputada señala que en el estado de Tabasco las defunciones femeninas con presunción de homicidio se han elevado, pasando del lugar 28 al 16 en el país.

En ese sentido plantea que “los diferentes órdenes de gobierno deben erradicar la impunidad y admitir su responsabilidad, desarrollar propuestas jurídicas contra los feminicidios, así como generar y poner a disposición la información sobre la desaparición de mujeres”.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide en la necesidad de condenar toda forma de violencia contra las mujeres, en este caso específico, a la forma extrema de violencia que se traduce en los feminicidios.

Es oportuno tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos reconoce de manera expresa los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales en la materia de los cuales nuestro país es parte. Ello implica una obligación estatal para promover, respetar, proteger y garantizarlos.

Por otro lado, como se ha mencionado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida como (artículo 21): “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Por su parte, el Código Penal Federal tipifica del delito de feminicidio como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Ahora bien, la legislación penal de Tabasco tiene tipificado desde el año 2012, el delito de feminicidio de la siguiente manera:

Artículo 115 Bis. Se considera feminicidio el homicidio de una mujer realizado por razones de género. Existen razones de género cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad;

III. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito;

IV. La víctima presente signos de violencia sexual;

V. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes, o mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida;

VI. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, producidas en el ámbito familiar;

VII. Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra de la víctima;

VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; o

IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso de delitos.

Por otro lado, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en su artículo 6o. que la alerta de violencia de género es el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. En cuanto al procedimiento para su declaratoria, se señala:

Artículo 21. Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el estado y los municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar el inminente peligro en el que se encuentren; sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo del estado solicite una declaratoria de alerta de violencia de género, a través del instituto, al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación; en este último caso coadyuvará con este en las acciones que para atender la situación de violencia se implementen.

En el marco internacional, destaca que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer1 ha expresado su preocupación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidios cometidos en varios estados.

Asimismo, deben atenderse también las recomendaciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, conocido como “Campo Algodonero”, que condenó al Estado mexicano a actuar con una debida diligencia, a crear condiciones para prevenir, atender y sancionar todos los casos de violencia contra las mujeres, así como a reparar el daño causado.

Por último, es importante señalar que el 25 de noviembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En él se especifica claramente cuáles son los requisitos para la solicitud de la alerta de violencia de género y se definen las atribuciones y los momentos en que interviene la Secretaría de Gobernación:

Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. ...

Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la ley.

Artículo 36 Bis. Para la realización del estudio y análisis a que se refiere el artículo anterior, el grupo de trabajo contará con treinta días naturales contados a partir del día en que se reúnan por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones correspondientes, para lo cual podrá:

I. ...

II. ...

III. Solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, para que en un plazo no mayor a tres días naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o municipales que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se continúen dando actos de Violencia contra las Mujeres en un territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la Comisión Nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva lo informará al solicitante;

Es decir, para que la Secretaría de Gobernación pueda intervenir en un primer momento, en los términos que plantea el exhorto, es necesario que alguno de los organismos facultados para ello presente una solicitud de alerta de género.

Por las consideraciones realizadas, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género resuelven que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, haciendo únicamente unas modificaciones en el resolutivo a partir de las disposiciones vigentes en el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco para que considere la situación de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para que, con ello, se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.

Nota

1 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52 período de sesiones, 2012).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH a iniciar acciones para garantizar el respeto de la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las indígenas que viven en las comunidades donde rige el sistema de usos y costumbres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, 1umeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

A. El 21 de noviembre de 2013, la diputada Irma Elizondo Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular de la CNDH, para que inicie las acciones pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres.

B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo, para dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos, la cual la recibió el 25 de noviembre de 2013.

II. Contenido de la proposición

La proponente busca que se exhorte al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, con el propósito de que, a través de ella, se inicien las acciones pertinentes para garantizar el respeto a la integridad y los derechos humanos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres en el territorio nacional. Para sustentar su proposición, la Diputada Elizondo Ramírez argumenta lo siguiente:

1. Que “...el reconocimiento legal de las prácticas culturales en las comunidades indígenas en México, no excluye a los habitantes de estas demarcaciones a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y el cuidado de las garantías individuales de las mujeres y las niñas indígenas que habitan estos lugares. En el mismo contexto debemos señalar que las mujeres indígenas en nuestro país son víctimas de un trato in equitativo, arbitrario y carente de derechos políticos y económicos.”

2. “...De igual forma las mujeres y las niñas siguen padeciendo prácticas tradicionales o ancestrales, perjudiciales y nocivas hacia su condición humana y en muchos casos inclusive ponen en peligro sus vidas...”

3. Con relación a las obligaciones internacionales asumidas la proponente indica que se “...deben tomar medidas para transformar su derecho y la cultura de sus respectivas naciones con la finalidad de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. De la misma forma es pertinente señalar que desde hace 20 años nuestro país se ha comprometido a poner fin a las prácticas tradicionales en perjuicio de niñas y mujeres indígenas sometiéndolas a estereotipos, bajo el pretexto del conformismo social, la necesidad económica o la supervivencia cultural.”

4. Asimismo, la proponente da cuenta de diversas formas de participación política al interior de los pueblos y comunidades indígenas en donde advierte una marcada preferencia para ocupar cargos tradicionales a favor de los hombres en perjuicio de las mujeres.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

Nuestro sistema jurídico reconoce la composición pluricultural de México que se sustenta en sus pueblos indígenas1 , a los cuales reconoce el derecho a la libre determinación que ha de ser garantizada por el Estado, a través de los diferentes mecanismos con los que el mismo cuenta.

A pesar de la inmensa riqueza cultural que proporcionan a nuestro país, las comunidades y los pueblos indígenas continúan siendo un sector de asimetrías; las diferencias de que son objeto permean desde el trabajo o la economía hasta en el acceso real a oportunidades que, sin duda, repercuten negativamente en su calidad de vida y desarrollo humano.

La situación resulta aún más crítica cuando se analiza el microcosmos subyacente en las propias comunidades y pueblos indígenas en donde, por desgracia, puede constatarse que las mujeres y los niños sufren de tratos inequitativos, lo que los coloca en situación de desventaja.

La proposición sujeta a estudio precisamente versa sobre estos grupos que al interior de los pueblos y comunidades indígenas resultan ser objeto, en muchos casos, de discriminación.

En ese tenor, ciertamente es frecuente que se señale que los pueblos y las comunidades indígenas conservan usos o prácticas culturales ancestrales que vulneran los derechos humanos tales como la venta de mujeres indígenas o la realización de matrimonios previamente concertados por los padres.

Prácticas como las señaladas resultan incompatibles con la defensa de los derechos humanos, sin embargo, son casos extremos en los que -por desgracia- se suele centrar la atención (valga además señalar que lo anterior no ocurre siempre, ni en todos los pueblos y comunidades indígenas) conduciendo, en consecuencia, a equivocadas interpretaciones sobre la cosmovisión y la cultura de los pueblos originarios de México.

Ahora bien, la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas –reconocida por nuestro texto constitucional– se encuentra sujeta al límite substancial (o coto vedado) que configura las relaciones existentes en todo estado democrático de derecho. Ese límite son los derechos humanos.

Ninguna mayoría, por más aplastante que sea (ni siquiera por unanimidad) puede condicionar el limite substancial, piso mínimo, que representan los derechos humanos.2 Lo mismo ocurre con los sujetos colectivos de derecho, los pueblos y comunidades indígenas, los que están sujetos a un régimen especial (atento a su condición particular de sujeto colectivo históricamente discriminado y excluido) pero también a un régimen constitucional en el que el respeto a los derechos humanos es un imperativo incondicional.3

En consecuencia, resulta procedente la propuesta planteada por la Diputada Elizondo Ramírez, tal como lo mandata nuestra Carta Magna en su artículo 2o, apartado A, fracción II: “... Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres... (Resaltado nuestro).

Ahora bien, la proponente plantea su exhorto en los siguientes términos:

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión de Derechos Humanos para que a través de dicha dependencia y en el ámbito de sus competencias se mantengan, refuercen e implementen nuevas acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres, en especial, en lo que hace a sus derechos políticos, civiles, de salud y reproductivos.

Respecto de la propuesta planteada cabe realizar sólo modificaciones de forma. En primer término, lo correcto es citar la denominación completa del organismo nacional, esto es la “Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, en segundo lugar, se incluye el órgano que al efecto realiza el exhorto, esto es, la Cámara de Diputados. También, se substituye la palabra “dependencia” por “organismo” y se mejora la redacción en las acciones a emprender por la CNDH.

En razón de los argumentos antes expresados, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que a través de dicho organismo, y en el ámbito de su competencia, se implementen nuevas acciones o, en su caso, se mantengan o refuercen las que lleva a cabo para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres, en especial, en lo que hace a sus derechos políticos, civiles, de salud y reproductivos.

Notas

1 Sirva este dictamen también como un llamado para aquellos que descartan la riqueza y el valor de los pueblos indígenas de México, en los que se encuentra uno de los más grandes valores que hacen de nuestro país un Estado multicultural en toda su extensión.

2 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. 78 editorial Madrid, 2010. Página 51.

3 La connotada especialista en estudios de género y rectora de la Universidad de Pensilvania, Amy Gutmann, ha señalado que: “ningún grupo cultural, ya sea minoritario o mayoritario, puede defender de manera justificable esa autoridad soberana irrestricta al punto de lesionar sistemáticamente los derechos fundamentales de los individuos” Gutmann. Amy. La identidad en democracia. Editorial Katz, traducción Estela Otero. Buenos Aires, Argentina, 2008. Página 85.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a Profepa a implantar políticas permanentes de prevención y combate de maltrato, agravios y condiciones adversas en que viven los animales de circo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 26 de noviembre de 2013, la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a implantar políticas permanentes de prevención y combate de maltrato, agravios y condiciones adversas en que viven los animales de circo.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la diputada proponente que el circo ofrece exhibiciones que a la mayoría de los espectadores cautiva, y más aún en la etapa de la niñez, con sus actos espectaculares, que lo hacen sorprendente. Inconscientemente al finalizar la función, los asistentes se dirigen a casa pensando en lo maravilloso que fue para todos la demostración. Sin embargo, los animales del circo se quedan en confinamiento.

Asegura la proponente que es alarmante que los circos ocupen especies exóticas y silvestres y en algunos casos en franco peligro de extinción, y que requieren espacios y condiciones adecuadas a sus especies. Los circos utilizan a los animales sólo como recursos de explotación, lucran con ellos y, encima de todo, venden la idea de que se tiene una experiencia de acercamiento con el mundo animal.

Confirma la diputada que por citar un ejemplo positivo existen circos que han demostrado su capacidad de espectáculo y que logran agradar a los espectadores, sin utilizar animales encadenados, obligados a repetir la rutina una y otra vez, bajo un irregular esquema de estrés a los que son sometidos los animales; tal es el caso del Cirque du Soleil, que se caracteriza por el arte de sus integrantes, por la narrativa y la espectacularidad de los efectos de luces y sonido, así como los desafíos a la gravedad y sin necesidad de utilizar animales.

Informa la legisladora que los animales que llevan una vida en confinamiento y que son parte de los circos en el país, son en su gran mayoría blanco fácil de la crueldad a los que se someten para su adiestramiento, de sufrimiento físico y psicológico, y para citar un claro ejemplo de estas irregularidades, a los leones les retiran los dientes, adicionalmente son animales que fueron sustraídos de sus ambientes y de sus madres desde edad muy temprana, sometidos a rutinas crueles aún siendo cachorros, como también es el caso de los elefantes, entre otros, y es un hecho que no hay manera amable o cuidadosa de hacer que un tigre salte a través de un aro de fuego, cuando es sabido que estos animales temen a cualquier condición de fuego.

Confirma la diputada proponente que en marzo de 2013 se dieron a conocer a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, asentado por María del Carmen García, de la organización The Wild Animal Sanctuary, las condiciones en que vivía un grupo de animales del circo Daniel Atayde, en Jalisco, que gracias a la ayuda de las sociedades protectoras de animales fueron reubicados y salvados de la muy probable muerte. Otro ejemplo lo observamos cuando el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que en el marco del Programa Nacional de Inspección de Circos 2013-2014, se visitó el circo Royers Star, en Campeche, donde se encontraron dos ejemplares de mono araña, especie en riesgo de extinción, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, los animales se encontraban atados a un poste de concreto con pequeñas cadenas que prácticamente impedían su movilidad natural; los administradores del circo no pudieron comprobar la procedencia legal de los animales ni presentar los documentos que les permitieran su manejo.

Adiciona la proponente que de acuerdo con los resultados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Subprograma Nacional de Inspección a Circos que se realizó de 2010 a 2012, se practicaron 100 inspecciones, de las cuales 65 resultaron con irregularidades, 3 circos no contaban con los elementos mínimos del registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que se realizó el aseguramiento precautorio de 284 ejemplares.

III. Consideraciones

Reconocemos la gravedad que representa el problema del manejo incorrecto y el confinamiento de ejemplares y poblaciones exóticas y peligrosas de la vida silvestre en forma inadecuada por diversos circos y empresas de espectáculos itinerantes en el país.

Consideramos importante destacar que el país se considera entre los 17 de mayor diversidad biológica, pues en conjunto las llamadas naciones megadiversas alojan 70 por ciento de las especies descritas del planeta. Corresponden a México 108 mil 519 especies, 23 mil 424 plantas vasculares, mil 96 aves; 804 reptiles; 535 mamíferos y 361 anfibios.1

Esta diversidad natural se ha deteriorado debido a que el hombre ha producido efectos negativos en los ecosistemas, los cuales se pueden diferenciar en dos tipos: indirectos (destrucción y modificación del hábitat) y, directos (sobreexplotación de vida silvestre).

Como ejemplos de los primeros se pueden citar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, ganaderas y urbanas; la sobreexplotación de recursos, y la contaminación del suelo, el aire y el agua y la propia desertificación de la tierra. Para los segundos, las practicas cinegéticas irresponsables; y el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres así como su respectivo confinamiento. Como un ejemplo para ambos tipos de impacto, podemos mencionar la introducción de especies exóticas.2

Muchas especies de vida silvestre se ven afectadas en sus poblaciones o en su variabilidad genética, o bien, se encuentren bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, “Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo”. A saber: probablemente extinta en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial o en el peor de los escenarios, se extinguen.

Es evidente la problemática reiterativa en los denominados espectáculos públicos, entre ellos los circos y espectáculos itinerantes, por ende, la Profepa incluyó en el mencionado Programa Nacional de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, el Subprograma Nacional denominado Inspección a Circos, con objeto de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al manejo de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio y en confinamiento, bajo el esquema de espectáculos itinerantes aún cuando cuenten con un plan de manejo y cumplen con la responsabilidad que les marca el artículo 131 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que a la letra dice:

Artículo 131. La secretaría integrará un padrón en el cual registrará las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, así como los parques zoológicos y espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, conforme al siguiente procedimiento:

Los titulares de las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, los responsables de los zoológicos y propietarios de los espectáculos que, conforme al artículo 78 de la ley, deban registrarse en el padrón, presentarán ante la secretaría una solicitud en escrito libre que contenga los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV y V del artículo 12 del presente reglamento, además de lo siguiente:

I. Cuando se trate de las colecciones a que se refiere este artículo, se indicarán los especímenes que integran el acervo de la colección y la información sobre el destino final de ejemplares colectados muertos en su traslado o en campo. A la solicitud se anexará

a) La documentación que ampare la legal procedencia del material biológico que forme parte del acervo;

b) Las constancias foliadas en las que se integren los datos sobre el movimiento del material biológico; y

c) Las copias simples de las fichas de depósito respectivas.

II. Cuando se trate de parques zoológicos o de espectáculos públicos que manejen vida silvestre fuera de su hábitat, sus responsables o propietarios especificarán los datos de ubicación del parque zoológico o de la instalación donde se realice el espectáculo.

A la solicitud se anexará el inventario de ejemplares de especies silvestres que se manejen.

Recibida la solicitud, se entenderá que la colección ha quedado registrada en el padrón, y la secretaría expedirá la constancia respectiva dentro de los quince días hábiles siguientes.

Los titulares de las colecciones registradas deberán actualizar anualmente ante la secretaría, la información a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo mediante un escrito libre. Una vez recibido el aviso, se entenderá que la información ha quedado actualizada en el padrón.

No obstante lo anterior, y en virtud de que la Profepa tiene en vigencia el Subprograma Nacional de Inspección, lamentablemente se han detectado casos en los que no sólo se violenta la ley sino que también se ha puesto en peligro la integridad física de los ejemplares que tienen bajo su resguardo y en ocasiones con desenlaces fatales, causando injustificadas bajas en sus colecciones; lo anterior, por realizar un mal manejo y nulo trato digno y respetuoso, mediante

1. Inadecuadas instalaciones de confinamiento;

2. Insalubres condiciones de higiene;

3. Carencia de alimentación;

4. Incorrecto traslado de ejemplares; y

5. Generación de lesiones, traumatismo, dolor y estrés durante el entrenamiento de ejemplares.

Coincidimos en que revisten suma importancia las revisiones periódicas y exhaustivas que se emprendan a todos los espectáculos itinerantes y circos que manejan vida silvestre fuera de su hábitat, con la finalidad de verificar las medidas de trato digno y respetuoso y evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su confinamiento, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento, entre otros.

Consideramos pertinente mencionar que adicionalmente al riesgo de especies de vida silvestre fuera de su hábitat y en condiciones de confinamiento, representan peligrosidad para el ser humano, derivada de la propia biología de cada especie o de sus condiciones de manejo y que estos ejemplares no se limitan a especies de vida silvestre consideradas como exóticas, pues puede comprender a todas las especies nativas.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se generen las condiciones para implantar políticas permanentes de acciones preventivas y correctivas a las condiciones de maltrato, agravios y situaciones adversas, así como inspecciones rigurosas y periódicas, en las que se encuentran animales en confinamiento, de ejemplares y poblaciones exóticas y peligrosas de la vida silvestre en forma inadecuada por diversos circos y empresas de espectáculos itinerantes en el país.

Notas

1 Conabio, Biodiversidad mexicana. País. Conceptos ¿Qué es un país megadiverso? En http://www.biodiversidad.gob.mx/paisquees.html. Consultada el 26 de febrero de 2013.

2 Conabio. Especies exóticas. Presentación en http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/exoticas/doctos/presentacion.htm l. Consultada el 27 de febrero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales y a la ALDF a iluminar de color naranja sus sedes, en el marco de la campaña del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 3340 que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual se a los congresos locales y a la ALDF a iluminar de color naranja sus sedes, en el marco de la campaña del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra mujeres, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Contenido de la proposición

Señalan las diputadas proponentes, que las violencias contra las mujeres y las niñas constituyen una violación a sus derechos humanos y las libertades, por ello se requiere que los estados y la comunidad internacional lleven a cabo estrategias para su erradicación.

Consideran que es necesario tenerse presente que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, es decir, son violaciones a los derechos humanos de las mujeres producto de la desigualdad y discriminación de género las subordina.

Sustentan el punto de acuerdo que se dictamina, en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belém do Pará1 que destaca el reconocimiento expreso del derecho que tienen todas las mujeres a “una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 3o.).

Asimismo invocan la Constitución Política de los Estados Unidos2 mexicanos que hacen un reconocimiento expreso a los derechos humanos, contenidos en los tratados internacionales en la materia y lo cuales deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Señalan que en el marco de la Cuarta Conferencia de la Mujer5 , celebrada en Beijing, China, se recomendó a los estados parte a organizar y financiar campañas de información para “sensibilizar a las niñas y los varones, a las mujeres y los hombres, acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia en la familia, la comunidad y la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violencia...”.

Refieren la importancia de contribuir con la campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que proclamó el 25 de cada mes como el Día Naranja y propone usar este color para crear la imagen simbólica de un futuro brillante y positivo en el que las mujeres y las niñas de nuestro planeta vivan libres de violencias durante todos sus ciclos de vida, en el marco de respeto a su vida, libertad, seguridad y dignidad.

Esta campaña plantea, entre otras actividades, proyectar luces anaranjadas sobre monumentos y edificios públicos y todas aquellas que contribuyan a la concientización para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por ello proponen exhortar a los Congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las instancia de la administración pública de los tres niveles de gobierno, a ser parte de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y que iluminen sus respectivas sedes de los congresos de color naranja en la fecha que corresponde del 25 de noviembre al 10 de diciembre y los días 25 de cada mes hasta que concluyan sus respectivas legislaturas.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera que en memoria de las hermanas Mirabal y a 31 años de que el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el que se acordó dedicar el 25 de noviembre al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una obligación de las y los legisladores contribuir con todas las acciones orientadas a avanzar en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia así como a participar en las actividades conmemorativas y campañas que abonen a visibilizar el problema y generar una mayor consciencia social en torno a tan sensible problema.

Sabemos que a pesar de que México ha suscrito importantes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y que contamos con un marco jurídico específico para combatir la discriminación y la violencia de género, los índices de violencia en contra de las mujeres son preocupantes.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, señala que en México 46 de cada 100 mujeres experimento la violencia perpetrada por la pareja, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, 40.9% por ciento de las adolescentes de 15 a 17 años declararon haber experimentado violencia por desconocidos, para el caso de la violencia comunitaria, 26.2% de las mujeres solteras sufrieron algún evento durante el año previo a la entrevista.

También consideramos estima que son alarmante los resultados del Estudio Sobre Violencia Feminicida, elaborado por ONU Mujeres, que señala que de 1985 a 2010 se consumaron en este país poco más de 36 mil 600 feminicidios, vidas de mujeres que fueron brutalmente cegadas; lo que implica en promedio 6.5 mujeres diario asesinadas en el país.

Por ello, en esta fecha es importante reiterar, desde todos los espacios posibles, que la violencia no es natural; que debemos trabajar por desmontar los viejos patrones que han colocado a las mujeres en una posición de desigualdad y discriminación desde donde se les ha arrebatado la libertad y hasta la vida, por el sólo hecho de ser mujeres.

Esta Comisión dictaminadora reitera que la violencia es un abuso de poder, una violación a los derechos humanos y un delito que vulnera el bienestar y la vida de las mujeres; que no sólo impide su desarrollo, sino que amenaza la democracia y obstaculiza la paz social, por lo cual es fundamental apoyar toda estrategia encaminada a la visibilizar el problema y prevenir su proliferación.

Esta dictaminadora considera que el primer punto del exhorto en comento debe retirarse en virtud de ser extemporáneo.

Sin embargo, consideramos que la participación en la Campaña Únete, propuesta por el Secretario General de Naciones Unidas, atiende a la Cuarta Conferencia de la Mujer5 , celebrada en Beijing, China, en la que se recomendó a los estados parte a organizar y financiar campañas de información para “sensibilizar a las niñas y los varones, a las mujeres y los hombres, acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia en la familia, la comunidad y la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violencia”.

En ese sentido esta Comisión estima oportuno el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon a los dirigentes mundiales a impulsar la puesta en marcha de campañas nacionales para poner fin a la violencia contra las mujeres, por ello en ese contexto considera prudente el hacer extensivo ese llamado a los poderes legislativos de los estados y del Distrito Federal para que se unan a la campaña y contribuyan a generar mayor consciencia sobre la existencia y las graves repercusiones sociales de la violencia en contra de las mujeres.

En ese sentido resulta viable y oportuno determinar el sentido positivo del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que los días 25 de cada mes, hasta el final de sus respectivas legislaturas, iluminen de color naranja las sedes de sus Congresos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para que se unan a esta campaña, e iluminen los edificios públicos de color naranja los días 25 de cada mes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Erika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Conagua a realizar acciones para atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación del río Lerma y de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de noviembre de 2013, el diputado Luis Olvera Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicita exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que se atiendan la grave problemática que representa los niveles de contaminación del Río Lerma y de la cuenca Lerma Santiago Pacífico.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

II. contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente que desde sus principios el hombre obtenido diferentes beneficios de los ríos, que le han servido para proveerse de agua potable, alimento, como medio de transporte, entre otros; en nuestros días, el papel de los ríos y cuencas de agua dulce es aún más importante de lo que fue para las generaciones pasadas, pues como todos sabemos, solo el 2.5 por ciento del agua contenida dentro de nuestro planeta es agua dulce, considerada apta para las actividades del hombre así como para su consumo. Aproximadamente el 70 por ciento del agua dulce se destina a la agricultura. Y según cifras proporcionadas por la ONU, aproximadamente el 85 por ciento de las aguas utilizadas en el mundo no son tratadas ni colectadas de manera alguna.

Confirma el legislador, que México cuenta con 314 cuencas hídricas, de las cuales se tienen identificadas 24 como las más importantes a nivel nacional; estando dentro de éste reducido número de cuencas la del Rio Lerma, que forma parte del Organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. La cuenca Lerma Santiago Pacífico está ubicada en el centro occidente de la república mexicana, cuenta con una extensión de 53 mil 591 kilómetros y tiene injerencia en cinco estados de la Republica, estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco; el Río Lerma, principal actor de la cuenca en mención, es el más largo de los ríos interiores de nuestro país, se origina en el estado de México, por filtraciones del Nevado de Toluca, atraviesa hacia el noreste del Valle de Toluca, sigue su curso por Marvatío y desemboca en el Lago de Chápala. Se asienta en el centro occidente de la República Mexicana

Afirma el proponente, que históricamente, esta cuenca ha sido de gran importancia para el centro del país, pues aparte de ser una fuente de recursos naturales para las actividades humanas, representa una fuente de agua potable y energía eléctrica que abastece parte de las necesidades de la Ciudad de México, de igual manera, ha servido como recurso natural para las actividades humanas entre las que podemos destacar la agricultura, pesca, pecuaria, así como la realización de actividades diarias y el consumo humano.

Según el diputado indica, que debido al crecimiento demográfico exponencial e industrial de las zonas en las que fluye dicho río ha sido sometido a diversos cambios ante la modificación de su entorno, el cual ha ido degradándose gradual y constantemente con motivo de las irregulares descargas de aguas residuales, domésticas, industriales y desechos sólidos; las cuales generan severos problemas ambientales, entre otros se menciona, en el aire genera malos olores, el suelo se degrada gravemente por la presencia de sustancias químicas toxicas a los seres humanos, el agua presenta diversos niveles de contaminación, la deforestación afecta la desertificación de los suelos, lo que genera escases de los recursos hídricos.

Refiere que en el Río Santiago, la problemática es también preocupante ya que desde 2004 hay reportes de que la cuenca Lerma Santiago Pacífico es una de las más contaminadas a nivel nacional; mientras que el Lago de Chápala está contaminado desde hace años. Al respecto, investigadores de las universidades de Guadalajara y Guanajuato publicaron en el 2009 estudio en el cual señalaron que los suelos del Lago de Chápala, así como el agua del mismo están altamente contaminados, pues se registró la existencia de metales como el azufre y el flúor, así como algunos sólidos provenientes de residuos de fertilizantes y descargas industriales y municipales, estas condiciones que provocan la “eutrofización del lago”, ocasionando la propagación de materia orgánica, sin mencionar que algunos de los contaminantes encontrados son nocivos para los animales que habitan el lago, así como para los seres humanos.

III. Consideraciones

Los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos efectivo el planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales competentes, para que atiendan el problema que representa la grave contaminación de la cuenca del Río Lerma y de la cuenca Lerma Santiago Pacifico.

El país se ha dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, sus límites respetan los municipales, para facilitar la administración e integración de información socioeconómica; la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo encargado de la gestión del agua en México, ejecuta sus funciones a través de estos 13 organismos de cuenca, cuyo ámbito de competencia son las regiones hidrológico-administrativas, siendo la región hidrológico administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico.

El agua es un elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes al año 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se observa que la cobertura es, 88 de cada 100 municipios en México tienen servicio de agua potable y veintiséis de las 32 entidades federativas tienen este servicio en todos sus municipios.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre los años 2010-2030 la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de personas. Además, para 2030 aproximadamente el 81 por ciento de la población total se asentará en localidades urbanas. Se calcula que para 2030, el 70 por ciento del crecimiento poblacional ocurrirá en las regiones hidrológico-administrativas de Lerma-Santiago-Pacífico, aguas del Valle de México, Río Bravo y península de Baja California. En cambio, las regiones Pacífico Norte y Pacífico Sur experimentarán una disminución de su población. Según las estimaciones del Conapo, en el año 2030 se espera que alrededor de 41 millones de mexicanos se asienten en núcleos de población con más de 500 mil habitantes.

Respecto de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, mediante su publicación denominada Atlas del agua en México 2012, anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Se estima que el 73.1 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.1 por ciento escurre por los ríos y arroyos, y el 4.8 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, por año, a lo que se denomina disponibilidad natural media. La disponibilidad media per cápita (por habitante) de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes.

El lago de Chápala es el más grande de los lagos interiores de México, tiene una extensión de 1,116 kilómetros cuadrados y cuenta con una profundidad promedio que oscila entre cuatro y seis metros. La mayoría de los lagos principales de la república se localizan en la región hidrológico administrativa VIII Lerma-Santiago-Pacífico

Ahora bien, respecto de las mediciones denominadas demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que sirve para estimar la cantidad de materia orgánica en el agua que es oxidada o degradada por medios químicos. Este parámetro mide tanto materia orgánica biodegradable como no biodegradable. Un aumento en este parámetro indica presencia de aguas residuales no municipales, es decir, aguas residuales provenientes principalmente de la industria. Del total de sitios muestreados, un 29.2 por ciento muestra condiciones excelentes, 23.6 por ciento de buena calidad, 21.2 por ciento aceptable, lo que representa un 74 por ciento de sitios con calidad por encima de lo aceptable. Por el contrario, un 20.4 por ciento de sitios son contaminados y un 5.6 por ciento altamente contaminados, dando un 26 por ciento de sitios con calidad por debajo de lo aceptable. Los sitios con mayores niveles de DQO se encuentran en los mayores núcleos urbanos del país, sobre todo en las regiones centro y occidente.

Es por lo anterior, que consideramos de suma trascendencia atender la problemática que se genera derivado de las severas afectaciones por la contaminación que se registran en los cuerpos de agua del país, ya que se muestran diversos grados de contaminación en donde se perciben químicos altamente tóxicos como son el mercurio, plomo, cadmio, cromo y compuestos como el tolueno o el benceno, los cuales representan un severo foco de infección y en consecuencia los respectivos daños a la salud pública, que afectan principalmente en las zonas aledañas a los cuerpos de agua, en donde se vierten, sin precaución alguna los desechos de los diversos usos del agua previstos en la ley; adicionalmente, es insuficiente el nivel cultural de nuestro pueblo que se manifiesta en la desobligación con la que vierten desechos tóxicos sin conciencia de la obligación legal que tienen de revertir y reparar los graves daños que ocasionan al ambiente, con independencia de que el vertedor de tales desechos sea del sector público, privado o social.

Es importante señalar, que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Estimamos que a partir del reconocimiento de que el agua es un elemento fundamental para la vida, y cabe destacar que uno de los principales activos con los que cuenta México es su riqueza natural; particularmente, el agua, el suelo, el clima, sus bosques y mares, entre otros; por lo que la implementación del saneamiento con visión integral de la cuenca del Río Lerma y de la cuenca Lerma Santiago Pacifico, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas en el contexto del ámbito de utilización racional de la biodiversidad y hacer uso integral de la naturaleza, sin poner en riesgo el futuro de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, se coordinen en la generación e implementación de las acciones preventivas, correctivas o de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del Río Lerma y de la cuenca Lerma Santiago Pacifico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público por diversas autoridades los resultados sobre el ejercicio del PEF de 2013 en el rubro del cambio climático, y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que considere su revisión en 2014

Honorable Asamblea:

Dictamen que emite la Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a dos proposiciones con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público a través de diversas autoridades los resultados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, en el tema del anexo 15, y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que considere en 2014, para su revisión, los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que el 29 de octubre de 2013 se presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público a través de diversas autoridades los resultados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 en el rubro del cambio climático, suscrita por los diputados Yesenia Nolasco Ramírez, María Isabel Ortiz Mantilla y Fernando Bribiesca Sahagún, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Nueva Alianza, respectivamente.

• Que en la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen”.

• Que el 28 de noviembre de 2013 se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir al público y en su portal electrónico oficial la información relativa al origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, correspondiente a 2012 y 2013, por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que en la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen”.

Contenido de la proposición

I. Los diputados promoventes persiguen como objetivo en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa que los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y los organismos descentralizados hagan de conocimiento público los resultados respecto del ejercicio presupuestal de los recursos determinados en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, los cuales ascienden a la cantidad de 34 mil 514 millones 794 mil 262 pesos, destinados a disminuir los efectos del cambio climático a partir de dos grandes ejes, como la mitigación y adaptación.

Asimismo, menciona que el gobierno de la república, consciente de elevar la productividad del país y fomentar el crecimiento económico, debe observar el criterio de sustentabilidad para transitar hacia una economía baja en carbono, y detener la pérdida en biodiversidad y mejorar la gestión de residuos, entre otras actividades.

Que en materia de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto, la administración pública federal debe fomentar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, así como las acciones de disciplina en el gasto de los recursos públicos y para dar buenos resultados deberá observar en todo momento la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus acciones.

II. El diputado Muñoz Soria comenta en su proposición que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como coordinadora de formular e instaurar políticas nacionales de cambio climático, no cuenta en su página oficial con información concerniente al origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los “recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático”, los cuales fueron divididos en varios programas presupuestarios; y que no cuentan con avances, cumplimiento de metas y objetivos, ni con evaluaciones de cada programa vinculado.

Refiere el diputado proponente que la falta de información anteriormente planteada va en contravención de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo artículo 7, fracción XVII, señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base en la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Derivado de lo expuesto, el diputado Rodrigo Chávez solicita exhortar al titular de la Semarnat a publicar en su portal electrónico y hacer pública la información respecto al origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los recursos para mitigar los efectos del cambio climático, así como al avance en el cumplimiento de sus metas y objetivos y a las evaluaciones de cada programa.

También solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en el programa de auditorías de 2014 considere los recursos para mitigar los efectos del cambio climático, toda vez que éstos no han sido evaluados.

Consideraciones de la comisión

I. Los integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos con los diputados promoventes, toda vez que si bien el Ejecutivo federal, consciente de los efectos del cambio climático, creó la Ley General de Cambio Climático y que por ese motivo ha establecido un apartado específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atenderlo o combatirlo (anexo 15), debemos exigir también como representantes populares la rendición de cuentas de los recursos propuestos y avalados por la Cámara de Diputados.

En efecto, México, igual que otros países, experimenta efectos de índoles ambiental, social y económico estrechamente vinculados con los efectos adversos del cambio climático.

Lo anterior es el resultado de la producción y el consumo de energía basados en combustibles fósiles, lo que propicia la alteración adversa en el incremento de las emisiones GEI, teniendo como consecuencia que la temperatura presente un incremento aproximadamente de 0.7 grados Celsius, y generando entre otros eventos climáticos extremos graves y muy graves, como mayor frecuencia e intensidad de huracanes, sequías, inundaciones, incremento de la temperatura, reducción de la producción agrícola, desaparición de la selva del Amazonas y deshielo del Ártico, provocando serias afectaciones al clima terrestre. Poniendo de esta manera en riesgo los recursos naturales, las actividades económicas y la infraestructura nacional.

Con la solicitud propuesta por los diputados promoventes se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo artículo 1o. dispone lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

El artículo 1o. refuerza en el segundo párrafo que la rendición de cuentas no es un tema o materia que no tenga un fundamento, y que quede al arbitrio de las diversas dependencias, por lo cual tenemos el derecho de exigir una rendición de cuentas claras sobre el destino y la eficacia de los recursos asignados al anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta acción nos da el espacio para hacer eficiente el uso de los recursos, toda vez que podemos recordar que los recursos son limitados, al contrario de las necesidades, las cuales tienden a ser ilimitadas, por lo cual, en concordancia con el esquema de una nueva gobernanza, la rendición de cuentas debe ser un tema transparente porque sólo de esa forma podremos dimensionar los alcances logrados y el efecto esperado u obtenido, así como de las metas por alcanzar en los plazos establecidos en la Ley General de Cambio Climático.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos con el diputado proponente, pues los recursos asignados para acciones de mitigación del cambio climático no son claros respecto del fin o uso que se les da, no tenemos indicadores para poder constatar cuál ha sido el avance desde que se iniciaron los programas y de cuáles son los objetivos, y más aún si la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal establece los formatos o las características que deben cubrir las dependencias en materia de hacer de conocimiento público sus recursos y para nuestro caso en un tema tan importante como los efectos ocasionados por el cambio climático.

Si bien debemos aclarar que solicitar información responde a que de esta manera los gobiernos democráticos obtienen mayor legitimidad ante la sociedad y que una rendición clara de cuentas ayudará a que en el Congreso podamos establecer canales de comunicación con los titulares de las dependencias, con miras a apoyar el desarrollo y los procesos de reforma que les permitan llegar a buen puerto con los programas que se implantan.

México ha venido adoptando las medidas de corte neoliberal respecto a la forma de ejercicio de los recursos públicos, mediante esquemas que buscan una eficiencia y eficacia en el gasto, con indicadores claros y específicos para determinar si estamos cumpliendo los fines y las metas de las políticas económicas de hacer eficiente su uso obteniendo el mayor efecto cuantitativo en la sociedad o beneficiarios.

No debemos olvidar que estas propuestas tienen un origen, como el acceso a la información de manera transparente entre otras cosas, como se establece en la Carta Magna:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Derivado de la norma fundamental, estaremos ajustándonos a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Capítulo II
Obligaciones de transparencia

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente:

XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística , responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el instituto.

De esta manera, consideramos prudente el solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que en las auditorías y evaluaciones que realice en 2014 considere y tome en cuenta practicar la pertinente a los programas que las dependencias efectúan con recursos a acciones contenidas en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por último, debemos recordar que nuestro papel como legisladores estriba en ser el contrapeso de las decisiones o de la forma en que se ejercen los recursos del Ejecutivo federal. Ése es el fundamento esencial de creación de los Poderes Legislativo y Judicial, ser garantes de las actuaciones de los gobiernos, independientemente de la ideología o corriente política, pues la población nos ha confiado esa garantía de ser vigilantes, con su voto, el cual debemos atender.

Asimismo, creemos pertinente mencionar que la proposición gire en torno a solicitar la información respecto a 2013, toda vez que desde ahí podemos contar con un apartado específico en materia de atención de los fenómenos o efectos del cambio climático, en los cuales tenemos elementos específicos de acciones concretas, ya que en 2012 puedan justificarse como acciones institucionales.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con los organismos descentralizados del Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Prevención de Desastres Naturales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, hagan de conocimiento de esta soberanía el resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el efecto obtenido y el esperado en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación que en el programa anual de auditorías de 2014 sean considerados para su revisión los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, en virtud de que no han sido evaluados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Cambio Climático

Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno, Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a considerar la información relativa a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero, a fin de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 2 de diciembre de 2103 para su estudio y dictamen, el expediente número 3356 que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob) a considerar la información relativa a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero para emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentada el 28 de noviembre de 2013.

Contenido de la proposición

Enmarcan los proponentes el presente exhorto en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y fundamentan su argumentación en un conjunto de cifras obtenidas desde diversas fuentes entre las que destacan: el Instituto Nacional de las Mujeres quien dio a conocer que alrededor de 47 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de la relación sentimental con su actual o última pareja.

El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien señala que “en Guerrero, la violencia física y sexual que enfrentan las mujeres actual y anteriormente unidas por parte de su pareja o esposo, es predominantemente grave y muy grave (86.1 por ciento) la moderada representa sólo 13.9 por ciento; la violencia grave es ligeramente superior al promedio nacional que es de 85.0 por ciento.”

Refieren en su proposición que las cifras demuestran la grave situación por la que atraviesan las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y las graves repercusiones en su integridad física y estabilidad emocional.

Abundan en las estadísticas sobre la violencia en el estado de Guerrero, particularmente hace énfasis “las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (9.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6)”, por lo que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

Especifican las cifras por municipio en Guerrero, considerando el porcentaje de homicidios de mujeres por cada cien mil habitantes, destaca que San Miguel Totolapan (34.6 por ciento), Apaxtla (30.8 por ciento) y Cuajinicuilapa (22.7 por ciento).

Ejemplifican la gravedad de los hechos, citando al periódico El Sur de Acapulco, quien en nota reciente expuso que según Rosa Icela Ojeda Rivera, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hanna Arendt, cada semana ocurren de dos a seis feminicidios en la entidad y evidenció el asesinato de la niña Marifer Arroyo Ríos, originaria del municipio de Coyuca de Benítez, para demostrar la grave situación de violencia que se vive en el estado en referencia y con mayor énfasis sobre las mujeres.

Hacen referencia a Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 21, que estipula que la violencia feminicida es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Detallan el procedimiento que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), y la competencia del gobierno federal para emitir la declaratoria por medio de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez realiza la notificación al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión. Asimismo, según el artículo 24, la AVG se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Precisan los proponentes que a pesar de que las condiciones en el estado de Guerrero demandan la declaratoria de la alerta de género, ésta no se ha emitido, en virtud de que el procedimiento se ha politizado, lo cual ha provocado incluso numerosos casos documentados de feminicidios y diversas recomendaciones de organismos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). A pesar de ello el Estado mexicano ha sido incapaz de emitir esta declaratoria en estados como Guanajuato, Guerrero, Veracruz, México y Nuevo León; en donde con anterioridad se ha solicitado la aplicación de tal medida.

Por lo que presentan un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que tome en cuenta la información relativa a la situación de la violencia en contra de las mujeres en el estado de Guerrero, en miras de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en esa entidad.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con los proponentes en su apreciación sobre la gravedad del contexto de violencia en contra de las mujeres existente en el estado de Guerrero y sobre la impunidad que prevalece ante el incremento de los feminicidios en esa entidad y la necesidad de un llamado a la autoridad para que oriente esfuerzos para detener el incremento de la violencia de género.

Considera también que ciertamente, como lo refiere la proposición materia de este dictamen, la Alerta de Violencia de Género es el mecanismo institucional diseñado para que las autoridades estatales intervengan con carácter urgente para detener la violencia contra las mujeres y prevenir los feminicidios en un territorio determinado.

Esta comisión estima acertada la invocación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando hace referencia a los artículos 21 y 24 que describen someramente el mecanismo de Alerta de Violencia de Género.

Sin embargo cabe destacar que los diputados proponentes no contemplaron, al momento de dirigir el exhorto a la Secretaría de Gobernación, las modificaciones al Reglamento de la Ley de Acceso que entraron en vigor el 28 de noviembre de 2103, mismo día en que fue presentado el exhorto.

La entrada en vigor impacta el sentido del dictamen, ya que el reglamento especifica claramente cuáles son los requisitos para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género y define las atribuciones y los momentos en que interviene la Secretaría de Gobernación:

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. ... III. ...

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres , que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. ...

Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres , ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la ley.

II.

III. Solicitar a la Secretaría de Gobernación , por conducto de la comisión nacional, para que en un plazo no mayor a tres días naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o municipales que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la comisión nacional por conducto de la secretaría ejecutiva lo informará al solicitante;

La Secretaría de Gobernación puede también intervenir en un segundo momento, una vez que se tienen los resultados del grupo de trabajo que prevé el reglamento en los siguientes términos:

Artículo 37. El informe del grupo de trabajo deberá contener:

I. El contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se solicita la alerta de violencia de género;

II. La metodología de análisis;

III. El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y

IV. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.

Artículo 38. La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere el artículo anterior a la Secretaría de Gobernación , a través de la comisión nacional, para su análisis.

La Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente para su conocimiento.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse en las páginas web del Instituto Nacional de las Mujeres y de la comisión nacional.

En caso de que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación , a través de la comisión nacional, su aceptación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la comisión nacional reciba dicha aceptación o, en su caso, reciba la negativa del titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la comisión nacional, en términos del artículo 25 de la ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género , en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.

Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión nacional, solicitará al titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud.

Asimismo, esta comisión dictaminadora tiene conocimiento de que se han presentado cinco solicitudes de alerta de violencia de género, para los estados de Guanajuato, México, Hidalgo y Nuevo León mismas que han sido rechazadas y a la fecha no existe registro de solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Guerrero.

Por lo que esta comisión considera que la intención de los proponentes es acertada en el sentido de que se debe considerar la información, cifras y estadísticas sobre violencia contra las mujeres en el estado de Guerrero como insumo para solicitar la alerta de género. Sin embargo no es a la Secretaría de Gobernación a quien se debe dirigir el exhorto pues no es la autoridad competente para iniciar dicho procedimiento.

Por lo anterior esta comisión dictaminadora, sugiere modificar parcialmente el punto de acuerdo para que sea dirigido al organismo público estatal de derechos humanos, quien atendiendo al contexto de violencia en Guerrero y a la información ampliamente descrita en la proposición en comento, está facultada para presentar una solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Guerrero.

Por lo que se considera dictaminar en sentido positivo la proposición, con la salvedad de subsanar la deficiencia en cuanto a la incompetencia de la autoridad destinataria del exhorto y modificarla en los términos que se propone.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero para que considere la información relativa a la situación de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analice la posibilidad de presentar una solicitud de Alerta de Violencia de Género, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Guerrero a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara zona forestal vedada el cerro El Huixteco, en Taxco

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales turnada para análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y de Guerrero a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara zona forestal vedada el cerro El Huixteco, en Taxco, Guerrero.

La comisión dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen con proyecto de punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de diciembre de 2013, el diputado Marino Miranda Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y de Guerrero a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara zona forestal vedada el cerro El Huixteco, en Taxco, Guerrero.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la proposición, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Los integrantes de la comisión dictaminadora procedimos a la revisión inicial de la proposición para presentar el siguiente

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente señala que Taxco es uno de los municipios más relevantes de Guerrero, tanto por su densidad demográfica como por su participación en la economía y el turismo de la entidad.

Refiere que el cerro El Huixteco, situado en dicho municipio, es una zona de reserva natural protegida, declarado zona protectora forestal vedada, mediante sendos decretos, emitidos, el primero en 1936, por el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, y otro en 1944, que propuso acrecentar dicha reserva, por el presidente Manuel Ávila Camacho.

Según el proponente, El Huixteco es un importante reservorio de recursos naturales, donde los habitantes de Taxco y comunidades aledañas, así como los guerrerenses en general, gozan de los múltiples servicios ambientales que ofrece, entre los que destacan sus mantos acuíferos y la superficie arbolada que sirve de pulmón a la región. Asimismo, refiere la existencia de diversas plantas endémicas y únicas de la región, como el enebro de cucharillo, el pino de ocote, y los cedros rojo y blanco, así como diferentes especies de animales, entre las que destaca el jumil.

Manifiesta que El Huixteco es lugar de reunión donde se celebra la conmemoración del Día del Jumil, el cual se festeja desde hace más de 65 años, el primer lunes de noviembre. Por ello, El Huixteco es conocido como “Santuario del Jumil”.

Relata que el pasado 6 de octubre se presentó ante los medios de comunicación la posibilidad de que se construya el santuario religioso denominado “Dos Corazones”, cuya edificación está planeada para realizarse en una superficie de más de 5 hectáreas en el cerro El Huixteco, y contará con un auditorio con capacidad para 3 mil personas, así como un asilo para sacerdotes en retiro, un templo destinado a religiosas y un hotel “de buen nivel” para los feligreses que lleguen a ese lugar.

Según el proponente, con la construcción y el desarrollo de las edificaciones proyectadas conforme a la información difundida en los medios de comunicación, tanto las edificaciones como los religiosos que albergarán, y los visitantes y habitantes temporales en la zona, convertirán el espacio en una fuente de contaminación y devastación para el área forestal y los ecosistemas que en él existen.

Afirma también que con la transformación proyectada para las más de cinco hectáreas del cerro El Huixteco, se afectarán los servicios ambientales que presta a los habitantes de Taxco y otros municipios; además, seguramente se afectarán el arribo, la reproducción y la conservación del jumil, así como el festejo tradicional del Día del Jumil.

El proponente señala que ya existen expresiones de reclamo por quienes se sienten agraviados con la magnitud del proyecto y la gravedad del daño a los ecosistemas y a los mantos acuíferos que dan vida y alimentan a las comunidades de la región del cerro El Huixteco y municipios aledaños.

Asevera que de acuerdo con la vicepresidencia del proyecto, a principios de noviembre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero indicó que “la licencia está en trámite” para iniciar la primera etapa del proyecto, consistente en la ampliación del camino existente.

Afirma que si las autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno otorgan algún permiso para llevar a cabo este proyecto, estarán violando los citados decretos presidenciales, la legislación federal y local en materia ecológica, y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Taxco de Alarcón, que prohíbe la realización de un proyecto de tales magnitudes.

Con base en las consideraciones vertidas por el diputado Marino Miranda Salgado, la proposición objeto del presente dictamen plantea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero a respetar y hacer valer las disposiciones contenidas en los decretos emitidos por los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho a efecto de no emitir las autorizaciones correspondientes que permitan la construcción del megaproyecto Dos Corazones, en el terreno situado en la reserva forestal conocida como “Cerro El Huixteco”.

Los integrantes de la comisión dictaminadora, después de analizar el contenido de la proposición que nos ocupa, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos loable la preocupación del diputado proponente por atender la problemática que representa la probable construcción del proyecto Dos Corazones en una superficie de más de cinco hectáreas en la reserva forestal del cerro El Huixteco.

Reconocemos la importancia de la ciudad y municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, tanto por su número de habitantes como por sus actividades económicas y de turismo en la entidad.

Coincidimos con el proponente en la consideración de que el cerro El Huixteco es una zona de reserva natural protegida, declarada zona protectora forestal vedada por dos decretos presidenciales, emitidos en 1936 y 1944, respectivamente.

Del mismo modo, reconocemos en el cerro El Huixteco el importante reservorio de recursos naturales donde se disfruta de los servicios ambientales que ofrece, destacando sus mantos acuíferos y la superficie arbolada que sirve de pulmón a la región, así como la diversidad de plantas endémicas y únicas de la zona, como el enebro de cucharillo, el pino de ocote, los cedros rojo y blanco, y las especies de animales, entre las que destaca el jumil.

Consideramos importante difundir la información sobre la posibilidad de que se construya el santuario religioso Dos Corazones, cuya edificación se pretende realizar en una superficie de más de 5 hectáreas en el cerro El Huixteco, y contará con un auditorio para 3 mil personas, así como un asilo para sacerdotes en retiro, un templo destinado a religiosas y un hotel “de buen nivel” para los feligreses que visiten el lugar.

Estimamos que con los cambios que plantea el proyecto de referencia, el cerro El Huixteco se convertirá en fuente de contaminación y devastación para el área forestal y los ecosistemas que en él prevalecen. En consecuencia, se dañarán los servicios ambientales que actualmente benefician a los habitantes de la región, y seguramente se afectarán el arribo, la reproducción y la conservación del jumil, así como el festejo tradicional del Día del Jumil.

Consideramos que los tres órdenes de gobierno deben evitar la expedición de permiso alguno para realizar el proyecto, y observar los decretos presidenciales y los ordenamientos federales y locales en materia ecológica, incluso la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que prevé las sanciones a las personas morales que la infrinjan (artículo 19), así como el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Taxco.

Cualquier autorización para concretar el proyecto Dos Corazones, en los términos y con las instalaciones publicitadas, resultaría violatorio del decreto emitido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 1936, mediante el cual “se declara zona protectora forestal vedada, de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, todo el terreno comprendido por los siguientes límites generales: por el norte quedarán incluidas las serranías parciales que se desprenden de El Huixteco y el Atachi; por el oeste...” Asimismo, señala: “Las explotaciones forestales de carácter comercial quedan suspendidas y se consideran en estado de veda total las porciones de protección hidráulica y de erosión del suelo”.

Con base en las consideraciones anteriores, estimamos que el punto de acuerdo propuesto por el diputado Marino Miranda Salgado es procedente.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero a respetar y hacer valer las disposiciones contenidas en los decretos emitidos por los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho a efecto de no emitir las autorizaciones correspondientes que permitan la construcción del megaproyecto Dos Corazones, en el terreno situado en la zona protectora forestal vedada conocida como “Cerro El Huixteco”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de sus Secretarias de Trabajo o de Asuntos Laborales, instalen las comisiones estatales de productividad, presentada por el diputado José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 10 de octubre de 2013, el diputado José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales, instalen las comisiones estatales de productividad.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 62-II-3-1050, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 2843.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de

“Acuerdo

Único. Que los gobiernos estatales así como el del Distrito Federal por medio de sus Secretarias de Trabajo o de Asuntos Laborales cumplan con lo establecido en el artículo 153-Q de la Ley Federal de Trabajo e Instalen las comisiones estatales de productividad.”

2. En su exposición de motivos, refiere lo siguiente:

a) El diputado proponente argumenta que el pasado 30 de noviembre 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo dentro de las cuales se encuentra la reforma al artículo 153-Q, donde se contempla la Instalación de un Comité Nacional de Productividad así como comisiones estatales de productividad.

b) Dichas comisiones se encuentran integradas conforme lo mencionado en el artículo 153 K; donde menciona que:

“La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Secretaria de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e Instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Productividad, que tendrá el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la Planta Productiva.”

A su vez, en el primer informe de actividades del Ejecutivo Federal, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social enuncia que

“La Comisión Nacional de Productividad está integrada por cuatro dependencias del Gobierno Federal: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Economía, Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social; por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; cinco representantes de cada uno de los factores de la producción (de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales de trabajadores); cuatro representantes de instituciones de educación superior; un representante de una institución de educación técnica media superior, y un representante de una institución de capacitación para el trabajo”.

El principal funcionamiento es realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y la rama de la producción, así como estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios, y en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad.

c) De tal manera, en sus considerandos el proponente menciona que es preocupante que a casi un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde se prevén dichas Comisiones Estatales, solamente cuatro estados cuentan con Comisiones Instaladas; siendo éstos: Baja California Sur, Chiapas, Colima y Guanajuato, según el primer informe de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de los cuales se tiene conocimiento.

d) El iniciador concluye que entre sus objetivos es promover una política de capacitación que atienda las necesidades de los empleadores y de quien desee autoemplearse, impulsar la productividad de las plantas laborales y elevar los niveles de capacitación de los trabajadores, al tenor del mismo menciona que el secretario de Trabajo y Previsión Social, señaló que dicho compromiso quedó plasmado en el decreto signado con todos los sectores tanto público, privado y empresarial de la entidad, se establece que la capacitación es el medio adecuado para el crecimiento económico del país, por ello es necesario que realmente se sienten las bases para el funcionamiento de dicho comité y las comisiones estatales, ya que es fundamental que por medio de ellas se implemente funciones de los encargados de los comités y comisiones estatales y que en un término inmediato se activen los mismos.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

2. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión estima procedente el exhorto a las entidades federativas, dándose cabal cumplimiento a las reformas al artículo 153-Q de la Ley laboral vigente, ya que es de suma importancia la atención inmediata sobre este asunto, estimándose que las comisiones estatales de productividad sean instaladas a la brevedad posible, ya que esta actividad representa un retraso considerable después de haber sido publicadas estas reformas, dentro de las cuales se encuentra el artículo mencionado en esta proposición y de la cual es necesario ya que estas comisiones se encargaran de realizar el diagnóstico nacional e internacional para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de producción y en general el crecimiento del sector trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que a través de sus Secretarias de Trabajo o de Asuntos Laborales, instalen las comisiones estatales de productividad, en cumplimiento lo establecido en el artículo 153-Q de la Ley Federal de Trabajo, con el objeto de que cumplan con las facultades conferidas en la normatividad vigente aplicable.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Alfredo Zamora García (rúbrica).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS a instalar la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las Secretarías estatales y del Distrito Federal de Trabajo a instalar las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentada por el diputado José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 24 de abril de 2013, el diputado José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las Secretarías estatales y del Distrito Federal de Trabajo a instalar las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-2-842, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente 3010.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente

“Acuerdo

Único. El pleno de la Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a instalar de manera inmediata la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst), así como las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cocoesst), para dar cumplimiento con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para sus creaciones”

2. En su exposición de motivos, plantea lo siguiente:

a) El diputado proponente de la proposición con punto de acuerdo, alude que a casi un año de que se haya decretado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 30 de noviembre de 2012, las reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluye la creación y formación de tan importantes Comisiones como lo son: la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se han constituido, bajo el argumento que aparece en el primer informe de labores correspondiente a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que a la letra dice:

“Del 1o. de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, dicha comisión, creada con motivo del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el DOF el 30 de noviembre de2012, no se ha constituido ni sesionado, puesto que está pendiente de señalarse su organización en el reglamento que se expida, atento a lo dispuesto por el artículo 512-C de la LFT”.

Bajo este mismo tenor también menciona y plasma el contenido del artículo 512-C de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice:

“La organización de la Comisión Nacional Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán señalados en el reglamento que se expida en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.”

b) Lo anterior, trae como consecuencia la falta de expedición del reglamento que regulara las funciones de estas Comisiones, dejando en total abandono e indefensión la seguridad y salud de los centros de trabajo, y la poca o nula información de quienes integran dichas Comisiones.

Es necesario mencionar que al no constituir ni sesionar dichas Comisiones, la calidad y seguridad que se vive en los centros de trabajo se ven severamente mermadas, afectando directamente en la seguridad e integridad de los trabajadores. Ya que no existen las medidas ni las recomendaciones necesarias para prevenir y abatir los riesgos de trabajo.

c) Menciona que es desalentador ya que en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, se demuestra que al año en el país, se presentan aproximadamente 1,412 defunciones por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo, los cuales son la primera causa de incapacidad temporal en el país y representan el 81% de los riesgos registrados por dicha institución.

d) El iniciador concluye que es importante mencionar que los accidentes en los centros de trabajo no solo afectan al trabajador física y moralmente, si no también afectan al núcleo familiar del afectado provocando en ella, la disminución de las expectativas de desarrollo de los miembros, así como aparición de fenómenos de alteración de la dinámica familiar en relación con la disminución de ingresos y presupuesto familiar.

III. Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que el artículo 512-A de la Ley Federal del Trabajo establece que:

“Artículo 512-A . Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dicha comisión se integrará por representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones a las que convoque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá el carácter de Presidente de la citada Comisión.

La Comisión deberá mantener comunicación permanente con las autoridades de protección civil, a efecto de diseñar las acciones que contribuyan a reducir o eliminar la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos.”

Que el artículo 512-B establece la obligación para las entidades federativas, el cual señala:

“Artículo 512-B. En cada entidad federativa se constituirá una Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo , cuya finalidad será la de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción.

Dichas comisiones consultivas estatales serán presididas por los Ejecutivos estatales y el jefe de Gobierno del Distrito Federal y en su integración participarán representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como los que designen las organizaciones de trabajadores y de patrones a las que convoquen.

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión Consultiva Estatal respectiva, fungirá como secretario de la misma.”

Tercera. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima procedente realizar el exhorto propuesto en términos de la normatividad vigente, en virtud de la falta de cumplimiento que se ha tenido referente a las reformas que sufrió la Ley Federal del Trabajo, es por ello que es importante poner atención inmediata sobre este asunto el cual debe ser llevado a cabo a la práctica, ya que estas comisiones juegan un papel muy importante en este ámbito, al ser éstas las que se encargan de regular y llevar un control adecuado de los problemas que se puedan presentar al momento de que los trabajadores mexicanos lleven alguna actividad en su zona laboral, y esta pueda en ocasiones provocar problemas en los cuales los trabajadores tengan algún accidente, razón por la cual es necesario poner suma atención que a la brevedad posible se cumpla lo establecido en la ley de la materia.

Cuarta . Aunado a esto, es menester mencionar que el proponente hace mención del artículo que regula esta actividad, del cual señala como será la función interna de dichas comisiones, las cuales fijaran su reglamento interno de cada comisión. De tal manera, es necesario que las comisiones sean instaladas a la brevedad posible, ya que esta actividad está presentando un retraso considerable después de haber sido publicadas estas reformas, y de la cual es necesario, ya que estas comisiones se encargaran de dar seguridad y resguardo a los trabajadores mexicanos, para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de producción y en general el crecimiento del sector trabajador

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del honorable pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en términos del artículo 512-A de la Ley Federal del Trabajo, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, y las demás establecidas en la normatividad vigente aplicable.

Segundo. Se exhorta a las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que a través de sus dependencias competentes, en términos de los dispuesto por el artículo 512-B de la Ley Federal del Trabajo, instalen las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y proponer medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su jurisdicción, y las demás establecidas en la normatividad vigente aplicable.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2013.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al sector empresarial a implantar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal y al sector empresarial, a implementar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas, suscrita por diversos diputados del Grupo del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 24 de octubre de 2013, los diputados (as) Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús A. Valdés Palazuelos, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Mirna Velázquez López, Román Alfredo Padilla Fierro y Blas Ramón Rubio Lara, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal y al sector empresarial a implementar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 62-II-4-1001, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3005.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente

“Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las distintas dependencias de la administración federal, centralizada, paraestatal y al sector empresarial, para que en el ámbito de sus distintas competencias sean otorgadas oportunidades laborales a egresados de una carrera técnica o profesional, dentro de un ámbito digno que les permita a los jóvenes profesionistas integrarse al desarrollo nacional.”

2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:

a) Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos de los mismos y asimismo prohibiendo la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religiosa.

b) Que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 36.2 millones de jóvenes en nuestro país, conformando la tercera parte de la población, jóvenes que requieren de más atención y que han sido olvidados en muchos aspectos como de oportunidades reales de trabajo digno y bien remunerado, para los cuales se deben crear políticas que los impulsen realmente, así como también integrarlos y protegerlos en todos los ámbitos de la vida nacional.

c) Se señala que se debe fomentar las condiciones que aseguren un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad para incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo de nuestro país, destinadas a mejorar su nivel de vida, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y en especial en el campo laboral, con la participación consciente del sector social y privado, especialmente a los egresados de alguna profesión, los cuales se enfrentan a una realidad amarga, el desempleo.

d) También se expresa que en la actualidad no existen empleos para los egresados de diferentes carreras y mucho menos salarios justos; para lo cual la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2o. menciona las normas de trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

e) Existe una triste realidad, ya que no existen trabajos dignos y bien remunerados para la gran mayoría de los 450 mil egresados cada año de licenciatura universitaria o tecnológica, esto lleva a la deserción de muchos de estos egresados que se desaniman por la falta de oportunidades y pago justo, ya que después de haber estudiado tanto y con gran esfuerzo, resulta que muchas veces les ofrecen un salario inferior al salario mínimo también debido a su juventud, optando por trabajar en cualquier otra rama de empleo y en el último de los casos trabajando en oficios, a falta de oportunidades para desarrollar los conocimientos adquiridos.

f) De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2012, sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria. La misma Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, indica que 56 por ciento de los profesionistas desempleados son menores de 30 años, cifra que ha sido la más alta en los últimos 4 años.

g) Con este punto de acuerdo se busca brindar oportunidad de acceso a un empleo digno, fortaleciendo la calidad de vida de los jóvenes con el objeto de no permitir la deserción de este segmento estudiantil, que se verá valorado y retroalimentará a la sociedad.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

2. Bajo el tenor del asunto aquí planteado, es de señalarse que el mundo enfrenta una crisis del empleo cada vez más grave, los jóvenes tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos y casi 73 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha advertido sobre el riesgo de una generación de trabajadores jóvenes “marcada” por una mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en el mundo en desarrollo.

Ante tal situación, la OIT opera el Programa de Empleo Juvenil (PEJ) a través de una red global de especialistas que trabajan en los departamentos técnicos de la OIT en su sede en Ginebra y en más de 60 oficinas en todo el mundo, la cual proporciona asistencia a los países en el desarrollo de intervenciones coherentes y coordinadas sobre empleo juvenil, el cual se enfoca en lo siguiente:

• La recopilación de datos sobre la naturaleza y las dimensiones del empleo juvenil, el desempleo y el subempleo;

• Análisis de la eficacia de las políticas y los programas nacionales sobre empleo juvenil;

• Asesoramiento para fortalecer las políticas del mercado de trabajo de los países y programas de empleo juvenil y la creación de capacidades para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores;

• Asistencia técnica para la formulación y ejecución de programas nacionales de empleo juvenil que se centran en inversiones intensivas en empleo, desarrollo de habilidades, el espíritu empresarial juvenil, el acceso a la financiación y otras medidas activas del mercado de trabajo;

• Actividades de sensibilización para promover el trabajo decente para los jóvenes con un enfoque en la empleabilidad, el empleo y los derechos de los trabajadores;

• Servicios de asesoramiento a través de la asociación con YEN, incluidas las clínicas de evaluación y apoyo a los principales países de YEN, y

• Alianzas estratégicas en materia de empleo juvenil mediante la promoción de redes nacionales y globales, la cooperación interinstitucional a través de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y la colaboración entre los sectores público y privado en los planos internacional, regional y nacional.

3. Por lo anteriormente expuesto, y ante las estadísticas e información tanto a nivel mundial como nacional, la crisis del empleo es latente en los jóvenes, por lo que ante dicha problemática esta dictaminadora retoma los argumentos esgrimidos en el cuerpo del presente documento y se pronuncia a favor del punto de acuerdo propuesto, lo cual abona para que los egresados de licenciaturas o de carreras tecnológicas cuenten con oportunidades laborales y puedan desarrollarse con los conocimientos adquiridos.

Con esto también se busca incentivarlos a desempeñarse dentro de la formalidad laboral, en donde tanto el gobierno federal como las entidades federativas y el sector empresarial ofrezcan oportunidades de empleos dignos y justos, en donde los jóvenes tengan certidumbre de sus derechos laborales con las prestaciones legales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las distintas dependencias de la administración pública federal, centralizada, paraestatal y al sector empresarial, para que dentro del ámbito de sus distintas competencias sean otorgadas oportunidades laborales a egresados de una carrera técnica o profesional, a efecto de que accedan a un trabajo digno que les permita a los jóvenes profesionistas integrarse al desarrollo nacional.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 de diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Yucatán a revertir y detener los aumentos de las tarifas del transporte público en la entidad y garantizar el servicio seguro, eficiente y sustentable para los ciudadanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo: Por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a revertir los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad toda vez que contraviene lo dispuesto en la Ley de Transporte Estatal y no garantiza un seguro eficiente y sustentable para los ciudadanos, presentada por el diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, expediente 3006.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 24 de octubre de 2013, el diputado Raúl Paz Alonzo, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a revertir los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad toda vez que contraviene lo dispuesto en la Ley de Transporte Estatal y no garantiza un servicio seguro, eficiente y sustentable para los ciudadanos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen; mediante oficio número DGPL 62-II-5-1098.

3. Con fecha 21 de noviembre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a las Subcomisiones de Transporte Carretero de Carga y de Pasaje, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

El desarrollo social, cultural y económico de una sociedad depende necesariamente de una adecuada infraestructura que garantice la movilidad y la conectividad de las personas, mercancías y servicios. Pero además, es necesario contar también con un sistema de transporte adecuado a las exigencias y a las circunstancias que requieren las comunidades y las metrópolis.

El sistema de transporte público en Yucatán se ha ido deteriorando a través de los años, no solo en la calidad y conservación del estado de las unidades que prestan el servicio, sino también en la aglomeración y mala planeación de rutas en la prestación de servicio por parte de los concesionarios y en el respeto a los reglamentos de transito.

Además el servicio de transporte para la zona metropolitana de Mérida ha quedado rebasado y obsoleto. No se ha invertido en un sistema ecológico y autosustentable que permita una mejor movilidad de pasajeros hacia los centros de trabajo y educativos.

Sin embargo, y a pesar de esta situación, el gobierno de Yucatán decidió aprobar un incremento en las tarifas del 16.6 por ciento y se prevé que antes de terminar el año se autorice un aumento de hasta 66 por ciento en comparación a las tarifas pasadas.

Esta medida, sin lugar a dudas, traerá un impacto negativo en la economía de las familias yucatecas, máxime cuando se trata de una entidad con nivel salarial B que es de 61.38 pesos y en donde los habitantes tienen necesariamente que tomar por lo menos dos camiones para trasladarse, lo que equivale a que una persona gasta por lo menos 28 pesos diarios, lo que representa poco más del 45 por ciento de sus ingresos tan solo en transportación.

Con el incremento a las tarifas, Yucatán y la zona metropolitana de Mérida tendrán uno de los transportes más caros del país, sin que ello signifique contar con la infraestructura que gozan otras ciudades como Monterrey, Guadalajara o el Distrito Federal.

Por ello, es que esta legislatura busca hacer un llamado al gobierno estatal para que reconsidere el incremento y tome en cuenta la gravedad de esta medida para los bolsillos de las y los ciudadanos de Yucatán, pues de lo contario se pondría en riesgo el desarrollo social, cultural y económico de la entidad y sobre todo la estabilidad de la familias yucatecas.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Presidencia de la Comisión de Transportes llegó a la conclusión que comparte la inquietud del diputado, autor de la proposición, pues es de conocimiento público que el transporte es un servicio considerado como indispensable y algunos autores lo catalogan como estratégico, ya que no hay actividad económica que no requiera en algún momento los servicios de transporte para mover mercancías o personas, y resulta de vital importancia para la población en general, y en particular para todos aquellos que utilizan los diferentes medios de traslado masivo como es el caso del transporte urbano y suburbano.

Esta comisión coincide con el diputado promovente de que el estado debe contribuir y garantizar la movilidad y la conectividad con un sistema de transporte seguro, eficiente, autosustentable, pero que también esté al alcance de la ciudadanía, mediante tarifas razonables tanto para los transportistas como para los usuarios.

Sin duda, los incrementos a las tarifas deben considerar el nivel de ingresos de la mayoría de los ciudadanos quienes utilizan los servicios de transporte masivo, pues de acuerdo a lo que el diputado promovente da a conocer en su proposición, en el caso particular de Yucatán, el gasto diario por persona representa más del 45 por ciento del salario mínimo vigente en la entidad, lo que resulta alarmante considerando que el grueso de la población destina gran parte de sus ingresos a un servicio de transporte obsoleto, ineficiente y altamente contaminante.

Por las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Yucatán a revertir y detener los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad, toda vez que contraviene lo dispuesto en la Ley de Transporte Estatal por significar un duro golpe a la economía de los ciudadanos del estado y por no garantizar un servicio seguro, eficiente y sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 12 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transportes

Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a promover ante la Concesionaria Mexiquense, SA de CV, empresa de Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México a promover ante la Concesionaria Mexiquense, SA de CV, empresa de Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense, presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, expediente 2570.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de septiembre de 2013, Víctor Manuel Bautista López, integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México a promover ante la Concesionaria Mexiquense, SA de CV, empresa de Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman en Circuito Exterior Mexiquense.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictó trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-958.

3. Con fecha 10 de octubre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a las Subcomisiones de Transporte Carretero de Carga, y de Pasaje, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

Durante los primeros años del presente ciclo, el gobierno del estado de México licitó y otorgó la concesión, de febrero de 2003 a diciembre de 2040, para construir y operar una nueva autopista integrada por distintos tramos carreteros en el norte de la zona metropolitana del valle de México, la que fue denominada Circuito Exterior Mexiquense.

Se trata de una autopista urbana de 110 kilómetros de longitud, que recorre 18 municipios del estado de México y conecta con las autopistas México-Querétaro, Chamapa-Lechería, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco y México-Puebla y, que sin duda, beneficia el transporte vehicular particular y público, de pasajeros y de carga, y contribuye a disminuir el tránsito de vehículos por la Ciudad de México, lo que repercute en la reducción de tiempos de traslado, así como una significativa reducción de emisiones contaminantes.

El proyecto generó diversas críticas por diferentes causas, entre las que destaca la ausencia de infraestructura sanitaria como un servicio a los usuarios en toda la línea, lo que evidencia el diseño deficiente y cuya reparación es necesaria para asegurar el derecho de las personas, entre otras cosas, a la salud.

Consideraciones

La presidencia de la Comisión de Transportes llegó a la conclusión de que comparte la inquietud del legislador autor de la proposición, en el preocupante hecho de que los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, que durante su recorrido por más de una hora, no encuentran infraestructura sanitaria suficiente y eficiente, que debe encontrarse en los diferentes tramos de autopista concesionados, en beneficio tanto de los conductores de vehículos de carga como de los de pasaje, y personas que viajen a bordo de esos vehículos.

La Comisión de Transportes está de acuerdo que en los proyectos de construcción y ampliación de carreteras concesionadas, se exija como un elemento indispensable contemplar la construcción y operación de infraestructura sanitaria para el uso de todas aquellas personas que utilicen la infraestructura carretera.

El Circuito Exterior Mexiquense se encuentra considerado como infraestructura de jurisdicción local del estado de México y clasificada como “vía primaria”, como señala el artículo 17.4 del Código Administrativo del Estado de México.

Que el propio código administrativo local manifiesta en el artículo 17.8: “El Estado podrá operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial de su competencia y a la infraestructura de los sistemas de transporte masivo y teleférico, incluyendo las estaciones de transferencia modal, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones y contratos”.

Para el caso del Circuito Exterior Mexiquense, el gobierno del estado de México otorgó concesión para el diseño, construcción y operación de dicha vía primaria a la empresa de Grupo OHL, Concesionaria Mexiquense, SA de CV.

El circuito en mención cuenta con los servicios de ambulancia, llamadas de auxilio, vigilancia, asistencia vial y grúa, pero carece de sanitarios, servicio básico e indispensable para la salud de los usuarios.

El Código Administrativo del Estado de México, en el artículo 18.3, fracciones IX y X, establece que toda construcción dispondrá de espacios y muebles sanitarios de bajo consumo de agua, en número suficiente para los usuarios y de conformidad a las normas oficiales mexicanas y cumplirán con las previsiones correspondientes a protección civil, ingeniería sanitaria y personas con discapacidad.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a promover por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, ante Concesionaria Mexiquense, SA de CV, empresa de Grupo OHL, concesionaria del diseño, la construcción y la operación de los tramos que forman el Circuito Exterior Mexiquense, la instalación de infraestructura sanitaria al servicio de los usuarios de manera suficiente y en óptimas condiciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 12 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transportes

Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Profeco a llevar a cabo medidas tras los actos de discriminación cometidos por la aerolínea Aeroméxico hacia ciudadanos originarios de Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, para que lleven a cabo las medidas pertinentes tras los actos de discriminación cometidos por la aerolínea AeroMéxico hacia ciudadanos originarios de Oaxaca, presentada por el diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, expediente 3391.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de diciembre de 2013, el diputado Samuel Gurrión Matías, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, para que lleven a cabo las medidas pertinentes tras los actos de discriminación cometidos por la aerolínea AeroMéxico hacia ciudadanos originarios de Oaxaca.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-2-960.

3. Con fecha 5 de diciembre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

México cuenta con una población multicultural, rica en tradiciones, costumbres y diversos orígenes étnicos, mismos en los que encontramos las raíces de nuestra nación y en los cuales aún se conserva la esencia de nuestro país. La población indígena se ubica en su gran mayoría en los estados del sureste del país, concentrando casi ocho millones en seis estados de la republica, principalmente en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Puebla y estado de México.

Desgraciadamente esta misma población forma parte de lo que el Consejo de Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) denomina Grupos en Situación de Discriminación a pesar de que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el plano internacional el Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales, además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por supuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la proscripción de dicha práctica.

El diputado promovente argumenta que el Estado mexicano tiene el deber de hacer valer los derechos de este grupo vulnerable tan importante, protegerlo y denunciar todo acto de discriminación que vulnere el pleno ejercicio de sus derechos como seres humanos. De igual forma, fomentar la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos pertenecientes a este sector de la población, y es específicamente la de aquellos indígenas oaxaqueños que en días pasados habrían sufrido actos de discriminación por parte de la aerolínea denominada Aerovías de México SA de CV, conocida comercialmente como AeroMéxico.

Este presunto hecho de discriminación que, según diversos medios de comunicación, habría ocurrido el pasado 6 de noviembre, afectó a siete ciudadanos indígenas provenientes de Sola de Vega y San Jacinto Tlacotepec, en el estado de Oaxaca, a los cuales se les impidió abordar el avión en el aeropuerto internacional del estado de Oaxaca, con destino a Hermosillo, Sonora, a consecuencia de su origen indígena y forma de vestir.

No obstante ello, se les negó el reembolso de sus boletos, todo ello por decisión del supervisor de la aerolínea.

Cualquier acto discriminatorio debe ser rechazado y denunciado, no debe permitirse ni pasar por alto cualquiera de ello, ya que no sólo viola los derechos de las personas afectadas, si no que vulnera el libre ejercicio de sus derechos y transgreden los preceptos constitucionales que los protegen. Es de suma importancia que las autoridades tomen cartas en el asunto con el objeto de hacer valer los derechos de los ciudadanos oaxaqueños afectados.

Consideraciones

Esta comisión reprueba cualquier acto de discriminación, sobre todo motivada por causa de origen étnico, sustentada originalmente en los pueblos indígenas que siguen conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Nuestra Constitución Política en su artículo 1o. prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 9, considera como conductas discriminatorias impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos.

El Conapred es el organismo público descentralizado encargado de llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; dentro de sus atribuciones se encuentra investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación, y; promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación u otras disposiciones legales.

Derivado de lo anterior, esta comisión considera oportuno solicitar a la Conapred realice las investigaciones respecto de los actos de discriminación cometidos presuntamente en agravio de siete ciudadanos originarios del estado de Oaxaca, por parte de la aerolínea Aerovías de México, SA de CV, denominada AeroMéxico, se oriente a los afectados y realice las denuncias correspondientes, con base en lo dispuesto por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por su parte, la Ley de Aviación Civil en su artículo 87, fracción VII, establece una multa de un mil a cinco mil salarios mínimos a los concesionarios de servicio público de transporte aéreo por negarse a prestar servicios, sin causa justificada.

La Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 58, manifiesta que los proveedores de bienes, productos y servicios no podrán negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, origen étnico, preferencia sexual, religiosa o cualquiera otra particularidad; asimismo en su artículo 126 se estipula la sanción a la infracción anterior, por un monto de $428.81 a $1,372,195.89, el cual se determina tomando en cuenta el perjuicio causado al consumidor, el carácter intencional de la infracción y la condición económica del infractor.

Por las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice las investigaciones respecto de los actos de discriminación cometidos presuntamente en agravio de siete ciudadanos originarios del estado de Oaxaca, por parte de la aerolínea Aerovías de México, SA de CV, denominada AeroMéxico, se oriente a los afectados y realice las denuncias correspondientes, con base en lo dispuesto por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que sean ejercidas las medidas pertinentes tras los actos de discriminación cometidos presuntamente en agravio de siete ciudadanos originarios del estado de Oaxaca, por parte de la aerolínea Aerovías de México, SA de CV, denominada AeroMéxico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 12 de diciembre de 2013.

La Comisión de Transportes

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de octubre de 2013, la diputada Verónica Sada Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El problema que plantea la proposición consiste en la falta de expedición de un Reglamento para la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, frente al alto número de desapariciones, desapariciones forzadas, extravíos y demás situaciones relativas; y dado que se ha vencido el plazo para expedir el cuerpo normativo que provea a la exacta observancia de dicha ley en la esfera administrativa.

2. El objeto de la proposición es que el Ejecutivo federal expida el Reglamento a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

3. Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para expedir a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, por consiguiente, se garantice y ejecute la creación del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

III. Proceso de análisis

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la iniciativa

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primera. Se coincide con la iniciante acerca de los antecedentes legislativos de la ley en estudio, habiendo sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.

Segunda. Se reconoce que el artículo segundo de los transitorios del decreto a través del cual se expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece una obligación a las autoridades competentes para “emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación” de la misma, fecha la cuál venció el 17 de octubre de 2012.

Tercera. Esta comisión comparte la preocupación por la situación de las personas desaparecidas o extraviadas, en razón de la zozobra que genera en las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales y entes gubernamentales.

Cuarta. Que la Constitución establece en su artículo 89 fracción I, como facultad y obligación del titular del Ejecutivo federal, el proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las Leyes, lo que consiste en la facultad reglamentaria y de emisión de normatividad que contribuya a la aplicación de las leyes de manera más específica.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos

Quinta. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, y se modifica únicamente la redacción del mismo por razones de técnica y redacción legislativa.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, proveyendo a la exacta observancia de dicha ley en la esfera administrativa, en razón de la obligación de emitirlo dispuesta por el artículo segundo de los transitorios del decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).