Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SRE y a la SHCP a solicitar la extradición de Javier Villarreal Hernández, ex titular del SAT de Coahuila, detenido en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que soliciten la extradición a México de Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, detenido en Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Ha trascendido a través de los medios de comunicación, que en Estados Unidos de América ha sido detenido Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila. En México dicha persona tiene procesos penales pendientes por falsificación de documentos y en Estados Unidos por lavado de dinero, incautándose más de dos millones de dólares que no pudo explicar su origen.

Sus hechos ilícitos son de sobra conocidos en todo el país, y en el estado de Coahuila los ciudadanos presentaron cuando menos 7 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del estado y ante la Procuraduría General de la República. Desafortunadamente, dichas denuncias no prosperaron y el señor se dio a la fuga. La PGR no profundizo en las investigaciones, mejor dicho, no hizo nada, lo que nos hace suponer que dichas denuncias fueron a parar a un cajón mientras los denunciados se preparaban a dejar el país y ocultar sus bienes. Hoy las autoridades de procuración de justicia tienen la oportunidad de desempolvar esas denuncias y continuar con el procedimiento que marca la ley. No aceptaremos que después nos salgan con que el delito prescribió, o que una vez detenido quede liberado.

Desde el Congreso de la Unión, primero como senador y ahora como diputado, un servidor, ha presentado puntos de acuerdo solicitando se investigue seriamente a esta persona, que se le decomise los recursos económicos que le han sido descubiertos y que él no ha podido aclarar su procedencia, pero lamentablemente, casi nada se ha avanzado al respecto.

II. Los coahuilenses en lo particular y los mexicanos en general, no podemos aceptar que la impunidad prevalezca, que funcionarios públicos cometan ilícitos y continúen tranquilamente paseándose por las calles. Sabemos que Javier Villarreal Hernández es sólo un eslabón de una cadena, cuyos principales engranes son Humberto Moreira, ex gobernador y Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila. Por eso la importancia de investigar a profundidad a quien hoy se encuentra detenido en Estados Unidos para llegar a la verdad y estar en posibilidad de reparar los daños causados.

Esperamos que de las declaraciones que haga Javier Villarreal, se desprendan elementos para proceder contra su cómplice, Humberto Moreira, principal responsable de todo, quien como dirigente del PRI, tuvo que abandonar el cargo por el escándalo en que se convirtió el caso del endeudamiento de Coahuila.

Coahuila ha sido endeudada, sus habitantes pagaran por años unos prestamos que fueron solicitados irregularmente y que nunca ingresaron a las arcas del estado, sino que ese dinero desapareció y muy probablemente fue invertido en bienes inmuebles que Javier Villarreal adquirió tanto en Saltillo o Laredo, así como en San Antonio o MacCallen, Texas, de lo cual la prensa ha dado conocimiento reiteradamente y es entonces cuando las sospechas de los coahuilenses parecen confirmarse.

III. Es lamentable que esta persona haya sido detenido en el extranjero y no en nuestro país, donde inicialmente se le denunció y acuso, sin que estas denuncias prosperaran. Pero tenemos en frente la oportunidad de enmendar los errores, de corregir lo mal hecho y de demostrar a la ciudadanía que la impunidad debe ser perseguida y castigada.

Recordamos con decepción, que en octubre de 2011, en algo que pareció un acto de simulación, más que de investigación, siendo gobernador interino Jorge Torres, a Javier Villarreal se le detuvo y luego se le dejo en libertad, porque, se dijo, no se encontraron elementos para procesarlo, eso pareció como una burla para todos, simulando que se investigaba. Hoy Jorge Torres, también es un prófugo de la justicia.

Por ese motivo, desde esta tribuna, solicitamos que se hagan las diligencias necesarias para que Javier Villarreal sea extraditado a México, aquí se le siga proceso penal y se le condene a la reparación del daño.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en conjunto con la Procuraduría General de la República realicen las diligencias necesarias y soliciten al gobierno de Estados Unidos de América la extradición de Javier Villarreal Hernández. Hecho lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incaute los recursos económicos de esta persona y estos sean destinados a cubrir la deuda que actualmente están pagando los habitantes de Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de febrero de 2014.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a formar un consejo redactor plural e interinstitucional a fin de elaborar la propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Carlos de Jesús Alejandro, diputado indígena integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. México se caracteriza por tener un mosaico multicultural en su territorio, realidad que se refleja en las manifestaciones lingüísticas, sociales, culturales y políticas que se dan en las distintas entidades federativas. La riqueza de su patrimonio cultural, tangible e intangible, se deben a sus pueblos y comunidades indígenas.

2. Desde finales de la década de los ochenta, el movimiento indígena colocó en la agenda nacional el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en los instrumentos internacionales. Pese a ello, se aprobó en 2001, una limitada reforma legislativa en la materia que remitió el reconocimiento de los sujetos del derecho a las legislaturas estatales.

3. Esta reforma ignoró los compromisos signados entre el Gobierno Federal y el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), contenidos en los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, los cuales se reflejaron en la Iniciativa de Ley en Derechos y Cultura Indígena, presentada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación en el Congreso de la Unión.

4. Los pueblos indígenas tienen una población aproximada de 15.7 millones de los 112.33 millones de habitantes que viven en México, es decir, el 14% de la población total del país, ocupando el 8º lugar en el contexto mundial en población indígena y el primero en América Latina.

5. Los pueblos indígenas con mayor población son, en primer lugar, el pueblo náhuatl con 2’248,470, lo que representa el 22.8% del total de la población indígena; mientras que el pueblo maya tiene una población de 1’403,636, es decir, el 14.2% de los indígenas. Le sigue en tercer y cuarto lugar el pueblo zapoteco y mixteco con una población de 682,552 y 662,363, lo que significa que tienen un porcentaje de 6.9 y 6.7 respectivamente, en tanto que el Otomí ocupa el lugar quinto con una población de 526,876, lo que indica un 5.3%. El sexto y séptimo lugar se registran para el pueblo tzeltal y tzotzil con 482,244 y 429,964 correspondientemente, esto es el 4.9% y 4.4%. En tanto que el pueblo Teenek tiene una población de 215,500 personas, lo que representa el 2.2%% de la población total.

5. La realidad en que viven los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país es de pobreza, marginación, desempleo, bajos salarios. Más de la mitad vive en municipios con alta y muy alta marginación; una tercera parte trabaja en el sector primario; 72.5% no disfrutan de servicios de salud; 70.2% la población entre 6 y 24 años son analfabetas o no asisten a la escuela; más de la mitad carece de infraestructura básica (Coneval y ENIGH).

6. Los bajos índices de desarrollo humano de los pueblos indígenas y la falta de infraestructura básica, ponen de manifiesto los grandes contrastes de un enfoque centralista y socialmente omiso, que por un lado alcanza índices equiparables a países de primer mundo y por otro lado índices similares a los más bajos en la escala mundial, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano en México, 2011, PNUD.

7. No basta con que los pueblos indígenas se reconozcan como propietarios y poseedores de sus territorios, de la biodiversidad que albergan o de los recursos susceptibles de aprovechamiento, la verdadera autonomía implica el derecho primigenio de usar, administrar y beneficiarse de dichos recursos con el apoyo y financiamiento de las dependencias gubernamentales o de usufructuar esos derechos y recursos al autorizar y convenir la asignación de su aprovechamiento a terceros que no solo deberán garantizarles beneficios económicos, sino sociales y tecnológicos, lo que significa una distribución de beneficios de uso y usufructo.

8. Existen 26 regiones que organizan a los pueblos indígenas según el tipo de municipio: 1) 655 municipios netamente indígenas, de los cuales 481 tienen más de 70 por ciento, y 174 de 40 a 70 por ciento de población de indígena. Estos 655 “municipios indígenas” tienen un territorio de 25,866,726 hectáreas, esto es, 13.3 por ciento del territorio nacional.

9. Aparte de estos 655 municipios de pueblos indígenas y de acuerdo con la CDI, existen 190 municipios “con presencia de población indígena”, mismos que concentran 3.2 millones de indígenas; y, por último, existen 1 572 municipios con población indígena dispersa o sin población indígena que suman 934 943 indígenas (Serrano, 2006).

10. La propiedad social y privada en los territorios de los pueblos indígenas de nuestro país poseen un total de 6,081 polígonos de ejidos y bienes comunales, esto significa un total de 28’033,092 hectáreas, lo que representa el 14.3 por ciento del territorio nacional, de las cuales 21’080,248 hectáreas son ejidos o bienes comunales, en tanto que el resto (6’952,845 hectáreas) son propiedad privada.

11. Asimismo, en estos territorios de pueblos indígenas se captan anualmente 364,387.47 Mm3 de agua en promedio anual, esto representa 23.3 por ciento del total de captación vertical nacional de agua. Si se descuenta la evo-transpiración, los territorios de los pueblos indígenas suministran 121 462.49 Mm3 de agua, misma que sirve para el abasto de los territorios, para el equilibrio de los ecosistemas y para la sociedad en general. Además, en estos territorios se ubican en las cabezas de cuencas, ahí donde principalmente están las categorías 1, 2 y 3 dentro de la clasificación de Strahler-Holton, es decir, donde se captura el agua y adquiere la mayor velocidad en el escurrimiento, y que reciben un impacto directo de eventos extraordinarios, como los huracanes o tormentas tropicales.

12. En los territorios indígenas se captura el agua para la mayoría de las presas que en el norte del país forman los distritos de riego de la agricultura de alto rendimiento y de sistemas importantes para la generación de electricidad. Asimismo, ciudades importantes, incluyendo el Distrito Federal, son abastecidas de agua parcial o totalmente por los pueblos indígenas. Sin embargo, no existen prácticamente procesos compensatorios para los pueblos indígenas por este servicio. En este sentido, llama la atención que no haya una clara política pública (compensatoria) con relación a los pueblos indígenas para que conserven la salud de los ecosistemas de estas cabeceras de cuenca en sus territorios.

13. El tema del agua es altamente conflictivo y contradictorio en la calidad de vida, por ejemplo, en el año 2000, 42% de hogares indígenas carecían de agua entubada y 70% carecía de servicios de saneamiento de las aguas servidas (Peña, 2004: 93). En la administración del agua, los usuarios (las comunidades) entregan su trabajo gratis para generar la infraestructura del abastecimiento, es decir, los pueblos indígenas no obtienen remuneración alguna.

14. Con respecto a los tipos de vegetación que existen en los territorios indígenas, en estos se presentan 45 tipos. Más de 50% de las selvas medianas caducifolias, perennifolias, mediana subcaducifolias, vegetación de los petenes, así como los bosques mesófilos de montaña se encuentran en territorios de los pueblos indígenas.

15. Los diversos tipos de vegetación y usos de suelo en las regiones indígenas, se observa que los bosques, selvas y matorrales con vegetación primaria ocupan cerca de 32.8% de la superficie total, la vegetación secundaria 43.6%; mientras que el área destinada al uso pecuario es 11.3%, el agrícola 12.2 por ciento, es decir, en las zonas indígenas más de 76% de la superficie conserva una cubierta vegetal natural.

16. Si hemos de considerar a la vegetación secundaria herbácea y arbustiva como un indicador de perturbación, podemos hablar de un promedio de 27.2% de áreas fuertemente impactadas. Como se trata de áreas dinámicas, las 10,638,561 hectáreas de vegetación secundaria incluyendo la arbórea con cara hacia el futuro tienen un potencial invaluable de captura de carbono.

17. De los territorios indígenas, 40% pertenece a alguna Regiones Terrestres Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, lo que nos confirma la extraordinaria importancia que tienen los pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica. Los criterios que permitieron la definición espacial y cualitativa de los valores de la diversidad biológica por parte del grupo de expertos fueron: diversidad ecosistémica, tipos de vegetación primaria, integridad ecológica funcional, función como corredor biológico, fenómenos naturales extraordinarios, presencia de endemismos, riqueza específica, función como centro de origen y diversificación natural, función como centro de domesticación de especies útiles, pérdida de superficie original, nivel de fragmentación, cambios de densidad poblacional, presión sobre especies clave, concentración de especies en riesgo, prácticas de manejo inadecuado, proporción del área bajo manejo adecuado, importancia por servicios ambientales y presencia de grupos organizados.

18. En este contexto, el Ejecutivo Federal ha reconocido la situación actual de los pueblos indígenas en la que se encuentran. Incluso, ha manifestado y ha anunciado su voluntad de realizar una “Reforma de Gran Calado en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”, establecido en los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Gobernación.

19. En el Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática de la Meta Nacional “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece en una de sus Estrategias, 1.1.4. Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo, en donde se estipula la línea de acción de: “Impulsar un “Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas de México”, que contemple los instrumentos necesarios para su implementación”.1

20. En correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaria de Gobernación en su Programa Sectorial instituye en su línea de acción 1.5.3. Impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena. Promoviendo la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización del marco constitucional mexicano con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Lo anterior a través de protocolos de trabajo que garanticen el respeto pleno de los derechos constitucionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas de México.2

21. Aunado a lo anterior, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conformado por 87 países, emitió 176 Recomendaciones al gobierno mexicano donde se especificó que a los Pueblos indígenas se les debe de: “Garantizar [la] consulta plenamente a las comunidades indígenas durante la elaboración y la aplicación de las políticas dirigidas a fortalecer su acceso a vivienda, atención médica, educación, agua y otros servicios esenciales”. Así como a “Garantizar [la] consulta plenamente a las comunidades indígenas sobre los proyectos de desarrollo o de explotación de recursos que afecten a sus tierras ancestrales, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

22. Es por ello que le tomamos la palabra al Ejecutivo Federal de realizar una reforma de gran calado en materia de pueblos indígenas, la cual tendría que contener reformas constitucionales y de leyes secundarias, contemplando la recomendación de Naciones Unidas de armonizar la legislación nacional con el derecho internacional sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de garantizar y salvaguardar el derecho a la autonomía y la libre-determinación.

23. Para dicho fin se propone la creación de un Consejo Redactor conformado por representantes indígenas, intelectuales indígenas, diputados y senadores de las Comisiones de Asuntos Indígenas, académicos, especialistas, representantes de las instituciones de la administración pública federal y los hacedores de políticas públicas en materia de pueblos indígenas, a fin de construir una la propuesta de reforma de gran calado en materia de derechos colectivos de pueblos indígenas.

24. Sin lugar a dudas, éste Consejo Redactor tendría que retomar las propuestas planteadas en los Acuerdos de San Andrés, los derechos pendientes por legislar en el Artículo Segundo Constitucional; a fin de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos derecho público; armonizar la Carta Magna con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el CBD, RAMSAR, CMNUCC, así como reconocer la comunidad como cuarto nivel gobierno y su derecho de representación política en el Poder Legislativo;

25. Otros de los temas pendientes tienen que ver con la propuesta de reformar el Artículo 26 Constitucional, a fin de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la participación en la construcción del plan nacional de desarrollo bajo las modalidades idóneas y los mecanismos pertinentes que les garanticen el ejercicio pleno de dicho derecho en los distintos órdenes de gobierno. Lo que significaría establecer mecanismos participativos de diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y estrategias de desarrollo desde las propias comunidades.

26. Asimismo, también se tendría que buscar mecanismos que garanticen a los pueblos indígenas el diseño, operación y evaluación de sus propios programas de desarrollo y la planeación participativa de las comunidades indígenas en la definición del desarrollo, a fin de salvaguardar la participación plena y efectiva; proponiendo el reconocimiento jurídico de los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, a fin de fortalecer los derechos de propiedad y posesión de estos sobre sus bienes, fortaleciendo los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus bienes, uso, exploración y aprovechamiento de los recursos naturales.

27. Está pendiente formular una ley reglamentaria del pluralismo jurídico y una reforma en materia de extracción metalúrgica (minería) y pueblos indígenas. Lo que significa reformar la Ley Minera; la Ley General de Bienes Nacionales; Ley Agraria; Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley Federal de Derechos y la Carta Magna. Así como a consolidar esquemas de inversión social, ahorro y participación de terceros para incentivar la generación de cadenas de valor en los territorios indígenas, que procuren ingresos a la población, opciones de empleo y generación de riqueza bajo principios de una cultura empresarial indígena, y de beneficios colectivos que trasciendan lo económico. Priorizando la participación de la población indígena en los esquemas de aprovechamiento agrícola, pecuario, silvícola, acuícola, y de servicios en sus propios territorios. Proponer iniciativa de reforma en materia de minería y pueblos indígenas.

28. Una reforma de gran calado tendría que ir acompañada del fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas, promoviendo el incremento del presupuesto indígena en materia de igualdad y equidad de género, a fin de diseñar políticas públicas que erradiquen la muerte materna, afianzando la salvaguarda de los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres indígenas. Así como a robustecer el derecho a la participación de las mujeres indígenas en espacios públicos y de representación popular. A establecer normatividad secundaria para que en las comunidades indígenas se le dé certeza y garantías a la mujer indígena a poseer la tierra, empadronando a las mismas en los padrones de ejidatarios y comuneros. Asimismo, a legislar a favor de las mujeres indígenas que se insertan en el trabajo y servicio doméstico.

29. También tendrían que considerar el tema de Aguas Nacionales para modificar el tema de las competencias locales, en especial, sobre el procedimiento del otorgamiento de las concesiones, así como el otorgamiento de las concesiones del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Incluso, reformar el Artículo 27 Constitucional en concordancia con la Ley Minera, en materia de exploración y aprovechamiento de los recursos del subsuelo, así como el reconocimiento de los territorios indígenas.

30. Igualmente, tendrían que revisar los alcances y repercusiones que contienen la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la ley de Cambio Climático y la planeación de las estrategias nacionales de adaptación, mitigación al Cambio Climático y de REDD al amparo de la resolución de la corte de elevar a rango constitucional el alcance de los derechos humanos dentro de los que se encuentran los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, está pendiente proponer una iniciativa en materia de Propiedad intelectual, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional de los pueblos y Comunidades Indígenas.

31. Otros derechos pendientes tienen que ver con la procuración de justicia, a fin de garantizar el acceso y la impartición de justicia equitativa y transparente. Se tendría que revisar lo estipulado en el Código Penal Federal para que se garantice el acceso a la justicia a los indígenas de acuerdo al reconocimiento de la pluralidad jurídica, los sistemas normativos indígenas, la seguridad comunitaria y las policías comunitarias. Asimismo, afianzar el acceso a la justicia asistida por traductores, defensores, jueces e intérpretes, que conozcan las prácticas culturales, sociales y políticas de las comunidades.

32. El tema de la justicia electoral es otro pendiente que se tiene que retomar, incluso algunos intelectuales indígenas proponían la constitución de una sala especializada en derecho consuetudinario como parte de la estructura orgánica del Tribunal Estatal Electoral que se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.

33. El Consejo deberá tomar en cuenta armonizar los derechos de los jóvenes indígenas; promoviendo un sistema de educación indígena con pertinencia cultural; reformando la Ley General de Educación para que se incorpore la perspectiva intercultural en todos los niveles de educación. Fortalecer los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

34. Asimismo, está pendiente el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, a fin de que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Crear un consejo ciudadano de la comunicación indígena o del Ombudsman de la comunicación indígena. Salvaguardar los derechos de los comunicadores indígenas. Además de frenar el desmantelamiento a los medios de comunicación indígena y agresiones a periodistas. Proponer leyes secundarias que resuelvan problemáticas referentes al procedimiento de refrendo con licitación, la convergencia, el fortalecimiento del órgano regulador y de los medios públicos, el reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias. Acceso a los medios de comunicación públicos convencionales, así como a la posesión y administración de los medios de comunicación.

35. El Consejo Redactor tendría que elaborar un borrador de iniciativa de Ley de Consulta con consentimiento, libre, previo e informado para los pueblos indígenas. Iniciativa que fortalecerá los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a través de normar la consulta en materia administrativa y legislativa, a fin de que puedan decidir sobre sus propias prioridades en lo que corresponda al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. O, simplemente, cuando se trate de megaproyectos de inversión que afecten s los pueblos indígenas, se les consultarán con el objetivo de lograr el consentimiento libre, previo e informado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición a fin de que se impulsen reformas legislativas necesarias para garantizar y hacer exigible el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas desde su propia perspectiva, por ello, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a conformar, de manera conjunta y urgente, un Consejo Redactor Plural e Interinstitucional para la elaboración de la propuesta de Reforma de Derechos de los Pueblos Indígenas. Consejo Redactor que deberá estar integrado por representantes de pueblos indígenas, intelectuales, legisladores, académicos, especialistas y hacedores de políticas públicas.

Segundo. A fin de que el Consejo Redactor elabore el proyecto que pondrá a consideración del Poder Ejecutivo y Legislativo, someterá la propuesta de Reforma de Derechos de los Pueblos Indígenas a la correspondiente consulta de los pueblos y comunidades indígenas, bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República Mexicana, http://pnd.gob.mx/

2 Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Diario Oficial de la Federación (Primera Sección), jueves 12 de diciembre de 2013.

Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2014.

Diputados: Carlos de Jesús Alejandro, Aleida Alavez Ruiz, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Gloria Bautista Cuevas, Víctor Reymundo Nájera Medina, Catalino Duarte Ortuño (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Profeco a requerir a Radiomóvil Dipsa, SA de CV Telcel, que preste un servicio eficiente, y a establecer una sanción económica por el daño causado a los clientes por el deficiente servicio de telefonía celular, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Mario Francisco Guillén Guillén, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La telefonía celular es una herramienta fundamental para el sector empresarial, pero la que más pérdidas económicas les provoca es Telcel, ya que aunque es líder en el mercado, no ofrece buen servicio y, pese a su deficiente cobertura, cobra puntualmente sin perdonar a sus usuarios; por ello los empresarios y toda persona que contrata con dicha empresa, en general exigen de manera recurrente explicaciones a ésta compañía al respecto.

Diversos sectores empresariales han manifestado que el 30 por ciento de las operaciones del gremio, realiza sus actividades a través de la telefonía móvil, porque les facilita la comunicación y localización de los contactos de forma inmediata, pero que ahora es común escuchar las constantes quejas y denuncias de los usuarios afectados, por los fraudes y abusos de “Radiomóvil Dipsa, SA de CV. Telcel”, toda vez que les realizan cobros indebidos, puesto que existe mal servicio y caídas constantes en la Banda Ancha y/o Internet móvil. Es decir, estas fallas en el sistema redundan en fraudes al consumidor, ya que a pesar de no recibir el servicio están obligados a pagar puntualmente.

Por otra parte, los clientes de dicha compañía que tienen contratado el servicio de Internet por banda ancha, y por el que pagan ciertas cantidades, supuestamente por un servicio ilimitado, terminan pagando por un servicio deficiente que nos les permite descargar nada, ya que la señal se pierde constantemente.

Cabe mencionar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), tiene entre sus atribuciones apoyar a los usuarios que presenten inconformidades respecto a los servicios de telecomunicaciones, canalizándolas a las autoridades competentes, con base en el artículo 28 de su Reglamento Interno, cuyo inciso XV dice: “...Canalizar a las autoridades competentes las quejas que presenten los usuarios de los servicios de telecomunicaciones respecto de la actuación de los prestadores de servicios...”.

En México, la instancia encargada de conocer sobre las quejas de los consumidores es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); ésta y la Cofetel suscribieron en noviembre de 2003 un convenio para apoyarse mutuamente en el conocimiento de las quejas de los usuarios, conforme al inciso antes mencionado del Reglamento interno de la Cofetel. Con base en este convenio se busca revisar que los contratos de las empresas de telecomunicaciones no contengan cláusulas abusivas y que cumplan con las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor.

Compañeras y compañeros diputados, Telcel presume de tener gran cobertura en todo México, pero particularmente en Chiapas esta compañía telefónica ¡ya no es la red! . Hay una pésima cobertura, y mi estado es de los que más sufre éste mal servicio.

Por citar un ejemplo, en municipios como Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Socoltenango, Chicomuselo, solo por citar algunos, es un fastidio no poder hacer llamadas con comodidad, ahora resulta necesario moverse a algún punto especial o a ciertas zonas de nuestras casas para poder efectuar nuestras comunicaciones.

Por ende, solicito su valioso respaldo para que juntos impulsemos se lleve a cabo una revisión minuciosa de este servicio que otorga Telcel, ya que todos estamos ciertos que actualmente tener un teléfono celular no es un lujo, sino una necesidad, tan es así y, como ya quedo manifestado, que muchas personas lo utiliza como herramienta de trabajo, por lo que las deficiencias en el servicio causan contratiempos en la vida de la gente.

Por lo antes expuesto y fundamentado, señoras y señores legisladores, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que requieran a la empresa “Radiomovil Dipsa, SA de CV. Telcel” que otorgue a los usuarios un servicio eficiente y establezcan una sanción económica por el daño que causa a sus clientes por el deficiente servicio que presta en telefonía celular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero del año 2014.

Diputado Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Yucatán a cumplir la recomendación número 34/2013, emitida por la CNDH; y a ésta, a dar seguimiento para fincar responsabilidades y esclarecer el caso del joven José Felipe Castillo Tzec, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición De Motivos

En julio de 2011 en el municipio de Valladolid, Yucatán, se presentó el caso del supuesto suicidio del joven artesano José Felipe Castillo Tzec, determinado así por la Fiscalía General de Yucatán tras la necropsia realizada al cuerpo del occiso.

Si bien el cuerpo del joven fue encontrado colgado en una cueva, no se consideraron “los peritajes fotográficos elaborados por la misma dependencia estatal, y que daban cuenta de distintas heridas en el cuerpo del menor, que no encuadran con la hipótesis de la muerte por propia mano y que, además, fueron omitidas en el informe forense,”1 lo cual evidencia una de las anomalías del proceso para determinar la causa de la muerte.

Por lo tanto el señor Marco Antonio Castillo, padre del menor acudiría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que atrajera el caso, mediante una protesta frente a las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, señalando las irregularidades, omisiones en la muerte de su hijo además de la dilatación con la que los servidores públicos de la Fiscalía General de Yucatán realizaron el debido proceso; toda vez que él decía contar con los elementos para desmentir la versión de que la muerte del joven fue anoxemia por ahorcamiento, en su lugar aludir una situación en la que posiblemente se vería involucrado Gustavo May, padre de Blanca Siloé May Ek, quien fuera novia de Castillo Tzec.

Lo que más le extrañó es que nunca le entregaron el protocolo de la necropsia de su hijo, que los informes ministeriales presentan contradicciones e inexactitudes y que nunca le permitieron como era su legítimo derecho, ser coadyuvante en la averiguación previa que de rigor debía iniciarse, lo que lo lleva a suponer que las autoridades, algo trataban de ocultar.2

En dicho tenor, en septiembre de 2013, es decir a más de dos años de los hechos, la CNDH emitió la Recomendación No. 34/20133 sobre el caso de una conciliación incumplida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán. En el citado documento se enlistan seis recomendaciones dirigidas al Mtro. Rolando Zapata Bello, Gobernador del estado de Yucatán:

Primera. Instruya a quien competa, para que se reparen los daños ocasionados a Q1, Q2, Q3 y Q4, incluyendo la atención victimológica que corresponda, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que de inmediato se integre adecuadamente la averiguación previa 1, subsanándose todas las irregularidades referidas en el apartado de observaciones de este documento, y se emita a la brevedad la determinación que conforme a derecho proceda, valorando todos los elementos de convicción necesarios, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Tercera. Gire sus instrucciones para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación para promover la actualización y especialización de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del estado de Yucatán, en materia de garantizar el respeto a los derechos humanos, y se envíen a este Organismo Nacional las constancias con las que se permita evaluar el impacto efectivo de los mismos.

Cuarta. Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Fiscalía General del estado de Yucatán, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se inicien las averiguaciones previas que en derecho corresponda, por tratarse de servidores públicos estatales cuya conducta motivó este pronunciamiento, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Quinta. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del estado de Yucatán, en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

Sexta. Adopte las medidas pertinentes a efecto de que en lo subsecuente se dé cabal cumplimiento a los acuerdos de conciliación que se suscriban por este Organismo Nacional dirigidos a autoridades del estado de Yucatán. Aunado a ello, en octubre de 2013 y tras haberse realizado una segunda necropsia en donde se refrendaran los resultados de la primera, la Fiscalía de Yucatán emitió el oficio FGE/DA/RH/0821/13, firmado por su director de Administración, en el cual reconoce que “no se tiene registro alguno con el nombre de Fernando Martínez García en esta dependencia” quien se tiene registro de haber sido el que practicó la necropsia a José Felipe Castillo Tzec.4

En dicho contexto, aunque el gobierno de Yucatán aceptó la recomendación emitida, no se cumplió ninguna de las interpelaciones que la CNDH hizo en referencia al caso.5

Por lo que meses después, en diciembre de 2013, Marco Antonio Castillo regresó por tercera vez a la Ciudad de México y se declaró en ayuno a las afueras de las oficinas centrales de la CNDH, denunciando que la dependencia no dio el seguimiento pertinente a la recomendación 34/2013 y exigiendo una explicación directa por parte de Raúl Plascencia Villanueva ante la falta de resultados; al respecto el señor Castillo explicó:

Desde septiembre a la fecha, la CNDH no ha movido un dedo para presionar al gobernador de Yucatán para que dé cumplimiento a la recomendación 34/2013, pareciera que para el doctor Raúl Plascencia (titular de la CNDH) su trabajo acabó en el momento en que firmó la recomendación, y a pesar de que su cumplimiento tenía que darse de inmediato, Rolando Zapata no ha cumplido nada, sólo aceptó la recomendación y ya, y este organismo desde ese momento se quedó de brazos cruzados, ya ni siquiera me toman las llamadas.6

Cabe destacar que en ese entonces el señor Castillo no fue recibido por el titular de la CNDH y que en el transcurso del primer día fue persuadido varias veces por diversas personas que trabajaban en la dependencia para que se terminara con su protesta y se retirara. Aunado a ello le fue negado el acceso a los sanitarios, sólo le permitieron usarlo una vez a raíz de la mediación del visitador adjunto Mario Pedrosa, quien posteriormente le brindaría unas bolsas plásticas para la basura para que pudiera cubrirse de la incesante lluvia.

Posteriormente en el pasado mes de enero, Castillo volvió a la capital del país para manifestarse en la representación del gobierno de Yucatán, de tal forma que en recientes semanas el caso ha sido retomado en diversos medios de comunicación,7 lo cual ha generado diversas reacciones a nivel nacional ante la exposición del caso del padre de la víctima quien demuestra –una vez más- de las fallas que persisten en la CNDH para dar seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones que la dependencia emite en miras de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Consideramos de urgente necesidad el esclarecimiento del caso del joven José Felipe Castillo Tzec, ante las irregularidades cometidas por diversos servidores públicos del estado de Yucatán y las posibles omisiones de la CNDH; por lo que por lo antes expuesto presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Yucatán, licenciado Rolando Zapata Bello, a dar cumplimiento a la recomendación no. 34/2013, emitida por la Comisión Nacional De Derechos Humanos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar Puntual Seguimiento con la Finalidad de fincar responsabilidades y esclarecer la muerte del Joven José Felipe Castillo Tzec conforme a la recomendación No. 34/2013 dirigida a Rolando Zapata Bello, Gobernador del estado de Yucatán, sobre el asunto de una conciliación incumplida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán.

Notas

1 Animal Político, “CNDH indagará muerte de artesano predilecto de la clase política”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2012/04/cndh-indagara-muerte-de-artesano- predilecto-de-la-clase-politica/

2 Artículo 7, “Amenaza con inmolarse humilde artesano”, [en línea], México, Dirección URL: http://a7.com.mx/pulso/personajes/9934-dispuesto-a-inmolarse-por-la-fal ta-de-castigo-al-asesinato-de-su-hijo.html

3 CNDH, “Recomendación No. 34/2013”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 3/REC_2013_034.pdf

4 Animal Político, “Un falso forense hace una autopsia en Yucatán... y el gobierno local lo avala”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/01/un-falso-forense-hace-una-autopsi a-en-yucatan-y-el-gobierno-local-la-avala-video/#axzz2tjRStpRb

5 Animal Político, “Yucatán aceptó recomendación de CNDH... pero sólo de palabra”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/10/yucatan-acepto-recomendacion-de-c ndh-pero-solo-de-palabra/#axzz2tjRStvTZ

6 Animal Político, “Padre de víctima inicia ayuno ante la CNDH”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/12/padre-de-victima-inicia-ayuno-ant e-la-cndh/#axzz2tjRStpRb

7 Aristegui Noticias, “Gobierno de Yucarán dice: ‘su hijo se suicidó’... él asegura que lo mataron”, [en línea], México, Dirección URL:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener, de la Ssa y de la Semarnat a supervisar el cumplimiento de la normativa establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica y emitida al Centro de Almacenamiento de Desechos Nucleares, y determinar el número de enfermedades derivadas de la contaminación radiactiva en su zona aledaña y el daño ambiental del acuífero Cuautitlán-Pachuca, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los desechos radioactivos son subproductos de la energía nuclear, utilizados en aplicaciones de la fisión nuclear como investigación y medicina, el tiempo de resguardo de los residuos depende del tipo de cada uno, ya que pueden ser residuos comunes como los medicamentos o de industria que son almacenados por horas, días o meses y van disminuyendo sus efectos, o los de alto nivel como residuos combustibles nucleares o subproductos de reprocesamiento nuclear, los cuales tardan miles de años en perder radioactividad.

En la República mexicana en 1970 se funda el Centro de Almacenamiento de Desechos Nucleares (Cader) para el manejo, salvaguarda y confinamiento de desechos radioactivos de media y baja intensidad de estos residuos radioactivos, situado en Temascalapa, estado de México, a menos de 16 kilómetros de los habitantes del poblado del mismo nombre.

En este centro de almacenamiento salvaguardan: desechos de la central Laguna Verde, 100 metros cúbicos (m3) por unidad al año y desechos del Cader, 2 mil 644 m3 total almacenado y 5 mil 553 fuentes radioactivas gastadas; estos residuos son guardados en lo que se pone en marcha el Confinamiento Nacional Definitivo de Desechos Radioactivos de Mediana y Baja Intensidad, según la respuesta a la solicitud número 0001800005807 de la Comisión de Energía.

Cada año, 10 metros cúbicos de residuos radiactivos de nivel bajo son confinados en este lugar, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), los cuales provienen de instituciones educativas, de investigación, hospitales y empresas dedicadas a las aplicaciones de técnicas nucleares, para su resguardo existen tres almacenes, dos de 750 metros cada uno y el otro de 300 metros cúbicos, los cuales fueron construidos en la parte frontal del centro, en el traspatio, cinco surcos sobresalen de la tierra, en donde un conjunto de zanjas se extiende a lo largo de 190 metros, mientras que su profundidad no rebasa los dos metros y medio, y en algunos casos la cavidad es de apenas un metro y medio.

La preocupación que me trae a presentar este punto de acuerdo es la contaminación al medio ambiente y del acuífero Cuautitlán-Pachuca que pasa por debajo del Centro de Almacenamiento de Desechos Nucleares.

Es de gran importancia precisar que este acuífero es uno de los más importantes en el suministro de agua dulce ya que cuenta con una superficie aproximada de 4 mil 349 kilómetros cuadrados; que representa 23.6 por ciento de la cuenca del Valle de México, proveniente de Hidalgo, pasa por el Cader y llega a la planta de bombeo Coyotepec, en donde empieza la distribución de este vital líquido.

Este acuífero abastece a 38 municipios del estado de México, dentro de los cuales los más poblados son Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Nicolás Romero, Coacalco, Tecámac, Zumpango, Tultepec y Cuautitlán; también abastece a 14 municipios en el estado de Hidalgo en donde los más sobresalientes son Pachuca, Tizayuca, Tezontepec de Aldama, Mineral de Reforma y Zempoala; además de dos delegaciones del Distrito Federal que son Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

Este tema es de suma importancia y nuestra principal preocupación es que ya se han registrado a los alrededores del Cader o “panteón nuclear”, como lo llaman los habitantes de las zonas aledañas, diversos casos de enfermos de cáncer, leucemia, malformaciones y en algunos casos hasta la muerte, aunque no se cuenta con una cifra exacta de enfermedades y fallecimientos en la zona.

Cabe mencionar que ya se han hecho denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos por la omisión ante estos acontecimientos, también existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el mal manejo de los residuos radioactivos, así como escritos a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), solicitando la atención sobre el peligro que implica este centro de almacenamiento, a los cuales han hecho caso omiso, aunque diversos medios de comunicación han dado seguimiento a estas denuncias, pero ninguna autoridad le ha puesto la atención suficiente para resolver el problema.

Sin embargo en 2012, en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Protección de las Personas y el Medio Ambiente, determina los requisitos de seguridad específicos número SSR-5, de los cuales México es parte, y sin embargo aun existen denuncias por parte de los habitantes por la falta de cuidado en el Cader para el manejo de los desechos radioactivos provenientes principalmente de la central nuclear Laguna Verde; de los hospitales de los sectores público y privado; de los centros de investigación del sector salud, así como de los Institutos Nacionales de Cancerología, Epidemiología o Nutrición; de instituciones académicas como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; de institutos y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, además de empresas como Petróleos Mexicanos y Altos Hornos de México, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado José Arturo López Cándido somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía para que se verifique el cumplimiento de los requisitos de seguridad específicos en la recomendación número SSR-5 del Organismo Internacional de Energía Atómica y emitidos al Centro de Almacenamiento de Desechos Nucleares.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice los estudios médicos necesarios y determinar los casos de enfermedades y malformaciones derivados de la contaminación radioactiva, a la población que vive y desarrolla sus actividades diarias en la zona aledaña al Cader.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio en la zona aledaña al Cader y determinar el daño hecho al medio ambiente así como el nivel de contaminación radioactiva al acuífero Cuautitlán-Pachuca, y sancionar a los responsables por los daños y perjuicios ocasionados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputado José Arturo López Candido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de educación y universidades del país a suscribir convenios con empresas privadas para que los alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan ingresar en el mercado laboral al término de sus estudios, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral i, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

México cuenta con poco más de 31 millones de jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 29 años de edad. Etapa en la vida que es considerada un momento transitorio a la madurez emocional, necesaria para enfrentarla vida adulta.

Aunque en México hemos adecuado las leyes en diversas materias a fin de dar respuesta a los diversos sectores con que se compone la sociedad mexicana, esta realidad implica retos constantes a los que debemos hacer frente desde el Poder Legislativo.

Uno de los sectores que más llama la atención en la implementación de políticas públicas efectivas, ha sido el sector juvenil, debido a que representa el futuro inmediato del país y el compromiso en el que se cristalizarán las políticas públicas.

La juventud mexicana mantiene un crecimiento de 200 mil personas anualmente, quienes representan un activo que debe ser aprovechado de la mejor manera posible.

Actualmente el país mantiene desafíos urgentes, entre los que se encuentran la incorporación de este sector al mercado laboral, paso que permite lograr otras metas personales, como el inicio de vida en pareja, formar una familia y crear un patrimonio propio.

Al considerar que estas expectativas no sólo traen beneficios individuales, sino un avance considerable a nivel social que permite elevar los niveles de consumo y reactiva la economía nacional, la aplicación de políticas públicas responsables, permitirán hacer efectivas estas expectativas.

Es por esto que debemos atender de manera urgente la preparación académica de estos mexicanos, a fin de que al concluir las diversas etapas de estudios, cuenten con las herramientas que les permitan enfrentar la vida de la mejor manera posible.

Aunque se considera que la preparación académica es uno de los elementos que permiten alcanzar mejores niveles de vida, la realidad indica que a mayor edad, los jóvenes mexicanos registran menos asistencia escolar. Así, entre las edades de 15 a 19 años, el 21.8 por ciento de los jóvenes, no estudian ni trabajan, cifra que se incrementa entre la etapa de los 20 a los 24 años que se incrementa hasta el 77.1 por ciento, y en las edades de 25 a 29 años, el 92.7 por ciento ha dejado de estudiar.1

Es importante considerar que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), ha realizado un seguimiento de esta población, y concluye que existen dos razones principales que los obligan a abandonar los estudios: la falta de recursos económicos y que no consideran de utilidad estos esfuerzos.

En este sentido, tenemos que considerar la realidad que los aqueja, pues repercute en sus niveles de vida posterior.

En los últimos años, las administraciones gubernamentales han creado programas para la entrega de becas y así evitar el abandono escolar. Sin embargo, el enlace entre educación y el mercado laboral, está muy lejos de ser una opción que sea considerada por los estudiantes como parte de una transición a la vida productiva, pues pareciera que las posibilidades de crecimiento concluyen al finalizar la vida estudiantil, ya que no existen eslabones fuertes que permitan esta transición.

Como resultado de esta falta de opciones, encontramos que el 44.8 por ciento los jóvenes ocupados entre los 25 y 29 años con estudios profesionales terminados, laboran en ocupaciones no profesionales.2 Esto es una muestra de la pérdida de movilidad social que representa la educación, ya que no se están estableciendo mayores competencias para el trabajo y muchos de ellos se encuentran generando economía en el mercado informal.

Por otro lado, encontramos que aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 destinó 203 mil 283 millones 348 mil 759 pesos para implementar 54 programas a nivel federal en materia juvenil,3 estas opciones son escasamente conocidas y difundidas por los organismos encargados.

Esta situación fue considerada por el exdirector del Instituto Mexicano de la Juventud, Miguel Ángel Carreón Sánchez, quien aceptó que “en ocasiones los jóvenes no saben a dónde acudir”,4 en alusión a la incertidumbre de solicitar apoyos.

Al conocer las diversas problemáticas que mantiene la juventud y que la federación destina importantes recursos para la atención del sector, se desprenden los escasos canales de comunicación con la población objetivo.

Es por eso que consideramos esencial que las secretarías de estado y organismos encargados de implementar políticas en la materia, establezcan canales efectivos de comunicación para dar a conocer las opciones que tiene la juventud mexicana para acceder a los programas y acciones de gobierno en la materia.

Bajo estas consideraciones, someto a consideración de esta honorable representación la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las instituciones educativas y universidades del país para que suscriban convenios con empresas de la iniciativa privada a fin de que sus alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan acceder al mercado laboral al término de sus estudios.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías del Trabajo, y de Economía, al Instituto Nacional del Emprendedor y al Instituto Nacional de la Juventud a implementar políticas públicas a fin de disminuir las tasas de desempleo juvenil.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud 2012.

2 Ibídem, página 5.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, anexo 16.

4 http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=306

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero del 2014

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a emprender un estudio para determinar el porcentaje mínimo de personas con discapacidad que deben laborar en el gobierno federal y difundir los resultados del análisis, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emprender un estudio que determine un umbral mínimo de personas con discapacidad que deben laborar en el gobierno federal e informar a la opinión pública sobre los resultados del análisis.

Exposición de Motivos

La Organización de la Naciones Unidas definió en 2006 aunar criterios y estableció la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 110 Estados, definiendo el término discapacidad como el que padece una persona cuando presenta una o más deficiencias físicas o mentales, ya sea por causa psíquica, intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con el entorno (ambiente, humano, natural o artificial donde desarrollan su vida económica, política, cultural o social), experimenta impedimentos o restricciones para una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Los diferentes tipos de discapacidades, como las auditivas, visuales, motrices, intelectuales o múltiple, presentan restricciones implícitas para desarrollar determinadas labores, como aquellas de rescate o que son muy demandantes físicamente, como las militares, no obstante, conllevan en sí habilidades notables en otras áreas, principalmente en el sector público, donde las tareas implican una amplia gama de funciones.

De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 2010 las personas con algún tipo de discapacidad sumaban en México 5 millones 739 mil 270, o 5.1 por ciento de la población.

Respecto al marco jurídico de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, destaca la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 11 contiene la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, otorgándoles certeza en su desarrollo personal, social y laboral.

Otros instrumentos jurídicos promotores de la inclusión laboral de las personas con discapacidad son el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad, en sus artículos 20 y 23; la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos 40 y 222; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 14; el decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en materia de impuesto sobre la renta a los contribuyentes que se indican (8 de marzo de 2007) en el artículo 1, F II, Norma Mexicana NMX-R-50-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad”.

La Organización Internacional del Trabajo expresó en el estudio Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 1 de 2013, que los cargos que ocupan las personas con discapacidad en las empresas son de nivel jerárquico bajo, ocupando 96 por ciento de las personas muestra de su estudio, mientras que 2.4 se desempeña como jefe o mando medio y sólo 1.6 lo hace en un cargo de alta dirección.

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, señaló en un estudio realizado en 2008, que en las unidades centrales de la administración pública federal menos de 1 por ciento de los empleados son personas con discapacidad.

Respecto al género de las personas con discapacidad, que refiere el Estudio de la Organización Internacional del trabajo, señala que 74 por ciento de los trabajadores con discapacidad es hombre y sólo 26 por ciento corresponde a mujeres.

Si bien no hay unanimidad en la comunidad internacional para el tratamiento legal que deba darse en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se tienen diferentes medidas basadas en diversas políticas públicas, incluida la participación de la iniciativa privada y el autoempleo.

Los casos de España y Alemania ofrecen una panorámica de las diferentes perspectivas con que son abordadas las políticas de inclusión laboral a personas discapacitadas. Por ejemplo, el primer país asume como discapacidad cuando una persona no puede realizar de manera normal actividades cotidianas en 33 por ciento, mientras que en el segundo esto sucede a partir de 30 por ciento.2

El caso austriaco resulta una referencia relevante, pues es la Cámara de Trabajadores Austríaca (Arbeiterkammer ), que es una organización de naturaleza sindical, establece determinadas cuotas de contratación o alternativas a su aplicación. Esas cuotas consisten en emplear a 1 persona discapacitada por cada 25 empleados y para empresas dedicadas a la construcción, donde se requiere de una persona discapacitada por cada 40 empleados, ese porcentaje se aplica para empresas públicas y privadas.

La política de establecer cuotas mínimas de personas con discapacidad, es practicada por diversos países, tan sólo por mencionar el caso de la Unión Europea, existen dentro de la diversidad que el derecho interno de cada miembro de esa comunidad internacional, múltiples regulaciones con opciones sensibles a la naturaleza de cada trabajo.

A modo ilustrativo, se presenta la siguiente tabla, donde se comparan los países de la Unión Europea y sus regulaciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad:

Fuente: Discapacitados y empresas en Europa: un análisis de la productividad. El coste de oportunidad desconocido. 3

Para el caso mexicano, con sus circunstancias muy particulares, retos en competitividad, en el buen desempeño del servicio público una alternativa real, que fortalecería la inclusión laboral de personas con discapacidad, es establecer una cuota mínima en la administración pública federal.

No obstante, determinar los umbrales mínimos para personas con discapacidad, es una tarea compleja, de amplio alcance y debe ser sensible a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Para el desarrollo del estudio para fijar un porcentaje mínimo de empelados gubernamentales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con la estructura así como, recursos humanos y materiales. Esa dependencia indagaría la naturaleza del trabajo que cada entidad gubernamental desempeña, con la finalidad de precisar qué tipo de discapacidades son factibles en cada tarea.

Una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluya su estudio, podría determinarse una cuota mínima de personas con discapacidad que deban ser contratadas en el gobierno federal.

Contar con un umbral mínimo de personas con discapacidad contratadas en el gobierno federal, sensible a las tareas que se desempeñe en el servicio público, permitiría sentar las bases de una real inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Finalmente, de contar con un porcentaje mínimo de personas en situación de discapacidad, armonizaríamos las políticas públicas con los compromisos asumidos en términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No debe soslayarse que México fue el promotor del primer tratado internacional en materia de derechos humanos del siglo XXI, el cual refiere a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ante la Organización de las Naciones Unidas.

En virtud de lo expuesto me permito presentar ante la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emprender un estudio que determine un porcentaje mínimo de personas con discapacidad que laboren en el gobierno federal.

Segundo. Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que informe a la opinión pública sobre los resultados de su estudio.

Notas

1 Factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2013. http://web.sofofa.cl/wp-content/uploads/2013/09/estudio-factores-web-20 13.pdf

2 Guillén, Carlos, y otros. Discapacitados y empresas en Europa: un análisis de la productividad, El coste de Oportunidad desconocido, Fundación Mapfre, http://oarse.es/web/uploads/oarse/publicaciones/DISCAPACITADOS%20Y%20EM PRESAS%20EN%20EUROPA%20El%20coste%20de%20oportunidad%20desconocido.pdf

2 Guillén. Obra citada, página 22.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del SAT que difunda las acciones y medidas que desarrolla para enfrentar los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Los créditos fiscales, y en especial los adeudos de las grandes empresas, representan un impacto negativo para las finanzas presupuestales.

De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2012, los beneficios fiscales se realizan por inventarios, oportunidades de maquila y deducciones de inversiones.

2. De acuerdo con la nota del periódico La Jornada del 12 de febrero de 2014, durante 2013 las grandes empresas y corporativos adeudaron cerca de 450 mil millones de pesos al fisco por concepto de impuestos no pagados, los cuales representan 86 por ciento de la cartera de créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado.

Los adeudos de impuestos catalogados como créditos fiscales sumaron 516 mil 504.1 millones de pesos, de los cuales 422 mil 742.3 millones los debían los contribuyentes denominados personas morales, más otros 25 mil 811.3 millones provenientes de personas físicas con actividad empresarial, revelan datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. Es un hecho conocido que las grandes empresas cuentan con los recursos necesarios para contratar servicios contables, jurídicos y financieros para disminuir sus pagos.

Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que los grandes contribuyentes que cuentan con capacidad económica para financiar litigios en contra de la autoridad fiscal, el año pasado pelearon en tribunales 314 mil 755.6 millones de pesos, que representan casi 61 por ciento del total de la cartera de créditos fiscales registrados por la autoridad hacendaria.

De hecho, en 2013 el SAT tuvo que atender en tribunales 47 mil 755 juicios derivados de querellas por los créditos fiscales impugnados por los contribuyentes. De esa cifra, 32 mil 708 litigios correspondieron a primera instancia y 15 mil 47 a segunda instancia. El organismo recaudador ganó 27 mil 452 juicios en ambas instancias. Aparte hubo que atender 2 mil 866 juicios adicionales por amparos interpuestos contra actos de la autoridad.

4. Los ingresos fiscales son de gran relevancia parta financiar obras y proyectos de inversión, por lo que su disminución afecta negativamente las metas y los programas de la administración pública federal o genera un déficit que finalmente se termina pagando con inflación.

5. Si bien es cierto que en términos del Código Fiscal existen condiciones de secrecía para los créditos fiscales, es pertinente que la autoridad informe de manera clara y detallada las acciones y medidas concretas con las que está enfrentando los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes.

De ninguna manera es correcto que la autoridad sea pasiva o que desarrolle su trabajo sin elevar su eficiencia.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita al Sistema de Administración Tributaria haga de conocimiento público las acciones para enfrentar los adeudos fiscales de los grandes contribuyentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a responder la carta entregada a él en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este 29 de enero, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 29 de enero, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, presentó el informe anual de actividades correspondiente a 2013 ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, Apartado B, de la Constitución

En dicho documento el titular de la CNDH precisa que en 2013 se proporcionaron 384 mil 15 servicios de atención al público, se recibieron y clasificaron 45 mil 972 escritos de queja, de las cuales 23 mil 716 dieron origen a nueve mil ocho expedientes de queja, ocho mil 167 de orientación directa; seis mil 115 de remisión y 426 de inconformidad, por lo que los 22 mil 256 escritos restantes corresponden a otro tipo de documentos.1 Asimismo, en el informe presentado se expone que:

En 2013, se emitieron 86 recomendaciones, en las que fueron señaladas 109 autoridades. De éstas 65 dirigidas a autoridades del ámbito federal y 44 dirigidas a autoridades del ámbito estatal o municipal. Al respecto, es importante precisar que el gobierno federal aceptó todas las recomendaciones, incluyendo algunas que se habían rechazado en 2012.2

Respecto a las autoridades señaladas mayormente como responsables de violar los derechos humanos, se encuentran:

Instituto Mexicano del Seguro Social (mil 660); órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (mil 292); Secretaría de la Defensa Nacional (811); Procuraduría General de la República (735); Policía Federal (619); Secretaría de Educación Pública (599); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (536); Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación (454); Comisión Federal de Electricidad (432) y Secretaría de Marina (385).3

Cabe destacar que entre los casos que se exhiben en el documento enviado al doctor Plascencia se encuentran el relacionado con las recomendaciones 45, 48, 51 y 55 por diversas violaciones en contra de menores de edad en establecimientos educativos; ya que llama la atención que en la primera de esas recomendaciones, dirigida al rector de la UNAM, su emisión le haya tomado tan sólo cinco meses desde que recibió la queja, mientras que las otras tres, dirigidas al secretario de Educación Pública, tardaron entre 17 meses y dos años para ser emitidas.

Al respecto se cuestiona el posible conflicto de intereses que pudiera tener el titular de la CNDH respecto a la participación de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, en la contienda para designar al próximo presidente de la comisión; razón por la cual se busca que se dé una respuesta clara sobre la emisión de las recomendaciones y el carácter de éstas.

Por otro lado, es necesario señalar que la Recomendación 80/2013 relativa al asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no fue considerada como recomendación por violaciones graves pese a la magnitud de los hechos en contra de las víctimas, a la par de haber tardado tres años y cuatro meses en emitirla.

Derivado de lo publicado en Animal Político (20 de enero) y Proceso (26 de enero) la CNDH omitió recabar el testimonio de algunos familiares de los y omitió una investigación real sobre los hechos por lo cual integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpusieron un amparo, el cual fue admitido el 17 de enero por el juzgado Décimo Primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

Como otro de los ejemplos citados, se alude a las recomendaciones 12/2010, 54/2011 y 61/2011 emitidas por la CNDH, las cuales están dirigidas a la Comisión Nacional del Agua cuya no aceptación obligaron al entonces titular José Luis Luege, a comparecer ante el Senado a explicar la situación. Llama la atención que en el informe de 2013 no haya emitido recomendación alguna en contra de ese organismo.

No puede omitirse que en otros casos similares, el titular de la CNDH no denunció la situación al Senado, aun cuando la ley así se lo ordena.

Asimismo se señalan las inconsistencias en la actuación de la CNDH respecto al caso de Florence Cassez, la normal de Ayotzinapa, Guerrero o la falta de una postura frente a las implicaciones que pudiera tener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la jerarquía de los tratados internacionales y lo enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso su falta de actuación ante la reforma constitucional en materia de arraigo, la cual no eliminó la figura sino únicamente disminuyó el número de días en el que puede ser aplicada, continuando con la grave violación a los derechos humanos y contraviniendo lo estipulado en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en el tema

Por último se subraya que mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó la recomendación 7/2013 por los actos sucedidos el primero de diciembre de 2012, la CNDH no emitió recomendación alguna ni tampoco se ha posicionado sobre la muerte del activista Juan Francisco Kuykendall Leal, quien sufrió heridas durante las protestas que le provocaron una fractura craneocefálica.

Por lo que se menciona de que la CNDH ha mantenido una postura tibia respecto a las reiteradas violaciones de los derechos humanos en el marco de diversas manifestaciones sociales, sobre todo las realizadas en el Distrito Federal y por el contrario ha insistido con gran énfasis en el supuesto sujeción de los operativos policiacos a los derechos humanos y en la necesidad de reparar los daños a inmuebles en vez de procurar la seguridad y protección a las y los manifestantes.

Sumando a lo previamente señalado cabe hacer mención del caso de María Luz Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero y víctima de violencia de género en el estado de Guanajuato, ha cuestionado la inacción de la CNDH ya que a cuatro meses de haber presentado una queja por los hechos ocurridos ante dicho organismo éste no ha emitido ninguna recomendación al respecto.

Es así que por las razones expuestas; presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de hacer pública la información respecto a la carta abierta entregada en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 29 de enero, en la que rindió su informe de labores.

Notas

1 CNDH, “Palabras del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la presentación del informe anual de actividades 2013, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión”, (en línea), México, Dirección URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/2014012 9_0.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Comité de Educación Financiera de la SHCP a incorporar los municipios en su estrategia nacional, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene como objetivo exhortar al Comité de educación financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar al municipio en la estrategia nacional de educación financiera, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación financiera es un tema que la OCDE describe como “el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar”

De hecho la educación financiera ha sido reconocida como un componente necesario en las políticas de crecimiento efectivas, son un complemento importante de la inclusión financiera y contribuye a la reducción de la pobreza.

Dada la complicada situación económica que vivimos en México, con una inflación ascendente, en la que a partir de este año se pagarán más impuestos y ante una escasa oferta de trabajo, resulta apremiante enseñar a las personas a administrar de mejor manera sus recursos económicos y las finanzas familiares.

El año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un documento. fechado el 10 de septiembre, denominado Educación financiera en México, en el cual reconoce que “la inclusión financiera es condición necesaria para promover el desarrollo y la prosperidad de una nación” pero que para alcanzarla es necesaria la educación financiera.

En dicho documento se señala que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla como una política pública el fomentar la inclusión financiera y desarrollar una estrategia nacional de educación financiera y considera las siguientes líneas de acción: Fortalecer la incorporación de educación financiera en los programas de educación básica y media; promover el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros; y, fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema financiero.

Entre las consideraciones finales contenidas en el documento referido de la SHCP se hace hincapié en el interés de México por reforzar los esfuerzos de educación financiera y en la presentación de la estrategia nacional de educación financiera dirigida a toda la población, tomando en cuenta a los niños, jóvenes y la perspectiva de género.

Considero que en dicha estrategia nacional de educación financiera, no debe omitirse al municipio ya que es el ente de gobierno más cercano a la gente y si se desarrolla un programa específico de educación financiera para los municipios se podrá alcanzar a un mayor número de personas.

En mi opinión la incorporación del municipio en la estrategia nacional de educación financiera debe contemplar la creación de una Red de educación financiera Municipal que permita la capacitación de formadores, la impartición de talleres prácticos de educación financiera, la elaboración de materiales específicos de educación financiera para el ámbito municipal y el desarrollo de una página de internet que favorezca el intercambio de experiencias en el ámbito municipal sobre el tema.

La incorporación del municipio en la estrategia nacional de educación financiera se convertiría así en un instrumento idóneo de comunicación para propagar la educación financiera y en su principal promotor en el país.

En virtud de la anterior argumentación es que someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Comité de educación financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar al municipio en la estrategia nacional de educación financiera.

Recinto Legislativo de San Lázaro, febrero de 2014

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del SAT a emitir facilidades administrativas para diferir la fecha de presentación de las declaraciones anuales de impuestos correspondientes a 2013 ante las constantes fallas de su página electrónica, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde la entrada en vigor de la reciente reforma fiscal impulsada por el Gobierno Federal y en la que los diputados federales del PAN votamos en contra, hemos recibido tanto aquí en la Cámara de Diputados, en nuestras oficinas de enlace legislativo, en reuniones, recorridos, así como en las redes sociales y a través de los medios de comunicación, mensajes en los que los ciudadanos manifiestan no solamente su molestia, sino también su confusión e incertidumbre para poder cumplir con las nuevas obligaciones fiscales, las cuales en su mayoría desconocen porque el mismo gobierno federal no las ha difundido correctamente.

Es algo que ya advertíamos a finales del año, sin embargo, lo confirmamos al sostener hace unos días una reunión con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, porque ante la cercanía del plazo para presentar la declaración anual de impuestos ante Hacienda vía el Sistema de Administración Tributaria o SAT, persisten las dudas e inconsistencias lo cual va a perjudicar a una gran cantidad de personas físicas y comerciantes en pequeño conocidos anteriormente como repecos.

También el Colegio de Contadores Públicos de México, ha manifestado a través de los medios de comunicación que es frecuente que la página electrónica del SAT falle constantemente ante las nuevas obligaciones fiscales y el involucramiento de más operaciones a través de internet.

Ello se debe a que este año, los contribuyentes deberán presentar por internet sus declaraciones informativas, emitir facturas y subir su contabilidad, entre otros trámites, lo que generalmente satura el sitio de internet del SAT provocando molestias y retardos entre los contribuyentes.

Actualmente en el país contamos con:

• Un millón 578 mil personas morales.

• 10 millones 072 mil personas físicas.

• 3 millones 500 mil ex repecos.

Aproximadamente el 80 por ciento de personas morales y físicas contrata un despacho contable externo para que los apoyen al cumplimiento de las obligaciones hacendarias. Pero a la fecha, los despachos contables están muy ocupados tratando de cumplir y entender las nuevas cargas administrativas estipuladas en la Reforma Fiscal 2014.

Además, en el caso de los repecos el pasado 31 de enero se cumplió el plazo para que al acudir ante las autoridades hacendarias pasaran al nuevo régimen de incorporación fiscal (RIF) para lograr beneficios fiscales, sin embargo como el portal del SAT ha estado saturado y muchos contribuyentes desconocían esta situación, ahora muchos de ellos –no sabemos cuántos- pasarán al ser personas físicas, lo cual no les beneficia y ello puede ocasionar que, o bien que cierren sus pequeños negocios, o una mayor evasión.

Los ahora ex repecos deben elaborar trámites a través del portal del SAT para registrarse en algún nuevo esquema fiscal, solicitar archivos de seguridad para poder emitir facturas, además de elaborar contabilidad y subirla también al portal del SAT y elaborar los cálculos de impuestos bimestrales.

Sin embargo, de nuevo surge la queja: el portal del SAT ha estado muy saturado y estos trámites se llevan en ocasiones hasta 2 o 3 días en elaborar uno solamente.

Esta es la dificultad principal que enfrentan contribuyentes y contadores: que simple y sencillamente el portal del SAT no se da abasto al recibir las solicitudes y aplicaciones para cumplir con las nuevas normas fiscales, por lo que no hay tiempo suficiente para poder aplicarlas, además de que el Gobierno Federal no ha dado la debida difusión a las nuevas reglas y muchos menos ha impulsado una capacitación eficiente para adoptar el nuevo modelo.

Confusión, dudas, falta de difusión de las nuevas reglas fiscales, errores y saturación de la página electrónica del SAT, consideramos que son motivos suficientes para que el Gobierno Federal aplique una prórroga suficiente de dos meses para que los ciudadanos puedan cumplir a tiempo con sus responsabilidades fiscales.

No podemos permitir otro golpe a la economía de los ciudadanos, que ya de por sí batallan con los nuevos impuestos contenidos en la recién aprobada reforma fiscal, como para agregar más cargas impositivas generadas por errores de parte de las autoridades hacendarias.

Esperamos que las autoridades hacendarias del país, tomen en cuenta esta situación de los contribuyentes cumplidos, pues además del peso de la reforma fiscal en los ciudadanos, esta medida también margina de la competitividad y la generación de empleos a nuestro sector productivo, lo que ha provocado una reducción de utilidades en muchas empresas.

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al ciudadano licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Sistema de Administración Tributaria, para que en uso de sus facultades y atribuciones, y ante las constantes fallas en la página electrónica del Sistema de Administración Tributaria que impiden a los contribuyentes aplicar las nuevas disposiciones fiscales, en las cuales hay además confusiones y dudas entre contribuyentes y contadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre fiscal, tenga a bien emitir las facilidades administrativas que sean necesarias para diferir la fecha de presentación de las declaraciones anuales de impuestos correspondientes al año 2013:

• Para personas morales del 31 de marzo al 31 de mayo del 2014.

• Para personas físicas del 30 de abril al 30 de junio de 2014.

Esto es, diferir a dos meses la presentación de las declaraciones anuales tanto para personas físicas como para personas morales.

México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2014.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a suspender a los titulares de la PGJ y de la SSP del estado, y reformular su política de seguridad, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a destituir al procurador general de Justicia del estado, Felipe Amador Flores Espinoza, y reformular la política de seguridad en la entidad, conforme a las siguientes

Consideraciones

Se ha discutido el tema de vital importancia: la seguridad pública, y Veracruz no es punto y aparte, al contrario, se muestra acentuada la inseguridad en relación con otros estados, donde se violan continuamente todos los preceptos constitucionales que establecen respeto de los derechos humanos.

En este contexto general, los periodistas viven una situación extrema. Los constantes amagos de violencia, represión y zozobra continua, a los que se suman casos como el asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, que causó indignación generalizada, e incluso se manifestaron diferentes organismos internacionales de derechos humanos, ahora se acumula una pérdida más a los periodistas caídos, que coarta la libertad de expresión y la libertad de información de todos los ciudadanos del país.

En un estado de derecho inexistente se pierden continuamente vidas de personas valiosas, hay un gran índice de niños desaparecidos que se presume son víctimas de trata y venta de órganos, lo que se disfraza como delitos del orden común, cuando es constante la presencia de la criminalidad organizada transnacional, contribuyendo a la falta de credibilidad del gobierno de Veracruz.

Desde hace varios años, la estrategia de seguridad implementada por el Poder Ejecutivo ha demostrado que no es acertada, por lo cual resulta ineficiente. Por ello, es importante hacer una revisión de la misma, y parar la violencia hacia los comunicadores, ya que esta profesión se ha constituido como una profesión de alto riesgo, ejercer el periodismo en México resulta más peligroso que en territorios de abierta guerra declarada, ya que en los últimos años han muerto más de 86 informadores en el país y hay más de 20 desaparecidos según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2013 se presentaron en la Agencia del Ministerio Publico de Veracruz 48 mil 253 denuncias, total de robos 18 mil 959; de homicidios dolosos mil 242 y 264 secuestros.

El asesinato del reportero del periódico Notisur Gregorio Jiménez de la Cruz, quien colaboraba además con otros medios, denunciando secuestros realizados por personas vinculadas al crimen organizado que operan en la zona. Su desaparición y asesinato del periodista profesional que usó la investigación en su ejercicio periodístico, obliga a que la investigación sea atraída por la PGR, ya que su caso rebasa las rencillas personales, en donde la ha situado la Procuraduría General de Justicia del estado. La muerte del comunicador es parte de una ola de violencia que desde hace varios años se ha incrementado, y habla de un Estado fallido.

Los reporteros que forman la Unión de Periodistas de Veracruz piden la renuncia de autoridades como el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de Amadeo Flores Espinoza, Procurador de Veracruz y del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Estamos completamente convencidos de que el objetivo central en materia de seguridad, es que se garantice la paz, en la que las prácticas policiales mejoren la seguridad, que se frene ya las acciones delincuenciales, que tal parece que están mejor organizados que los policías mismos, para intimidar a la población.

Basta ya de la violación continua de los derechos humanos y corrupción, falta de profesionalismo e incapacidad de las policías; basta del exceso de violencia en el cumplimiento de sus funciones.

Estamos ante muertes como la de José Luis Cervantes Cruz, hermano del ex Presiente Municipal de Pueblo Viejo, de José Luis Cervantes Cruz, Gregorio Jiménez, del ex sindico municipal de Tatatila Fernando Huerta, y las desapariciones de menores reportadas en todo el Estado, por lo que reitero la solicitud de dicha suspensión en tanto no se esclarezcan los asesinatos cometidos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, 205, numeral 1, y 207, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador de Veracruz a suspender al procurador general de Justicia del estado, Felipe Amador Flores Espinoza; y al secretario de Seguridad Pública, licenciado Arturo Bermúdez Zurita, y reformule la política de seguridad en la entidad, a fin de garantizar el derecho a la seguridad, a la información, a la expresión y a la vida de los ciudadanos veracruzanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a solicitar a la Segob que declare la alerta de violencia de género en Michoacán de Ocampo, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, 113 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a solicitar a la Secretaría de Gobernación que declare la alerta de violencia de género en el estado de Michoacán de Ocampo; asimismo se exhorta al ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género, con base en la normatividad aplicable, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales.

Asimismo, estipula que las autoridades en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, es deber del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar todas aquellas violaciones a los derechos humanos.

Además, el mismo artículo 1o. prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 4o. constitucional, establece la igualdad jurídica del hombre y la mujer.

2. El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, creando un organismo público descentralizado de la administración pública federal.

Con información de su página web, es una institución gubernamental, a nivel federal, que trabaja para crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos, así como participar equitativamente en la vida política, cultural, económica y social del país.

Su misión consiste en dirigir la política nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.

En cuanto a su visión, se asume como la instancia rectora de la política nacional en materia de igualdad de género, que fomenta nuevas relaciones entre mujeres y hombres de manera equitativa, que transforma la cultura y las estructuras del Estado para que las mujeres disfruten del pleno ejercicio de sus derechos humanos.1

3. Como parte de los compromisos dentro de sus cien primeros días de gobierno, en el año 2007, el entonces presidente Felipe Calderón expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir, combatir y sancionar con mayor severidad la violencia contra las mujeres.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de ese mismo año y su contenido se elaboró bajo los principios de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, el respeto a la dignidad de las mujeres, no discriminación y libertad.

Posteriormente a su expedición, se han dado cinco reformas, publicadas; 1) el 20 de enero de 2009; 2) el 20 de enero de 2011; 3) el 18 de mayo de 2012; 4) el 14 de junio de 2012; y 5) el 15 de enero de 2013.

Esta ley tiene por objeto “establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”2

En ella, se define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La misma ley establece que las modalidades de violencia, son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres.

En relación con lo anterior, son 6 tipos de violencia que se pueden ejercer contra las mujeres:

1. La violencia psicológica;

2. La violencia física;

3. La violencia patrimonial;

4. Violencia económica;

5. La violencia sexual; y

6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Estos tipos de violencia se pueden llegar a ejercer en diversos ámbitos, como en el familiar, laboral y docente. Incluso en ámbitos de convivencia más amplios, como en la propia comunidad.

4. La misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 21 contempla una modalidad de violencia denominada “violencia feminicida”, entendiendo a esta como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Para los casos de feminicidio, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 325 del Código Penal Federal, que a la letra dice:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.3

Lo anterior, como resultado de diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre ellas, la que tipifica como delito grave el feminicidio. Todas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

Cabe destacar, que suman 27 Entidades Federativas, incluyendo al Distrito Federal, quienes han legislado en sus respectivos Códigos Penales para incluir el tipo penal de feminicidio.

Por su parte, los estados de Michoacán, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur no han tipificado el feminicidio.

5. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la llamada alerta de violencia de género, como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

El artículo 23 de la referida Ley establece que la alerta de violencia de género, tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Como lo contempla el artículo 24 de la ley, la alerta se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, con fundamento en el artículo 25 de la Ley.4

6. Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008:

En el artículo 30 establece que la declaratoria de alerta de violencia de género tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales federales y de coordinación con las entidades federativas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, en términos del capítulo V, título II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En el mismo precepto prevé que procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

De conformidad con el artículo 31 existe agravio comparado en caso de que un cuerpo normativo vigente contenga alguno de los siguientes supuestos que trasgredan los derechos humanos de las mujeres:

I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;

II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio, o

III. Se genere una aplicación inequitativa de la ley, lesionándose los derechos de las mujeres.

La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género, podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, con fundamento en el artículo 32 del Reglamento en comento.

La solicitud se presentará por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema, directamente o a través del servicio postal mexicano, quien lo hará del conocimiento del Sistema en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la admisión de la misma.

Como lo establece el artículo 34 del Reglamento, la solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género sólo podrá ser admitida, para ser puesta a consideración del Sistema cuando en la misma se afirme la totalidad de los siguientes supuestos:

I. Que existe violencia sistemática contra las mujeres;

II. Que dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social, o que existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social.

7. La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio de 1992, prevé en su artículo 1, que es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de derechos humanos, asimismo el artículo 2 dispone que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

El mismo artículo 2 establece que la Comisión es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

La fracción XVI del artículo 6, estipula que son atribuciones de la Comisión, las demás que le otorgue la Ley y otros ordenamientos legales.

8. Ana Güezmes, representante de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONUM), el 8 de marzo de 2012, en el marco de la presentación del libro “¿Cómo medir la Violencia contra las Mujeres en México?”, expresó preocupación por el incremento de asesinatos de mujeres en los últimos años. Manifestó que definitivamente, no estamos cumpliendo la tarea como individuos, como sociedad y como instituciones públicas.

Esta funcionaria de la ONUM estimó que en México ante la presencia de delincuencia organizada trasnacional, la violencia adquiere formas más crueles cuando se dirige contra las mujeres. Que contra hombres se emplean habitualmente armas de fuego y contra mujeres, ácidos, ahorcamientos y muchas más veces las violan y matan.

9. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la edición 2013 del Índice “Para una Vida Mejor”, evaluó negativamente a México al resaltar que en el país, el índice de homicidios pasó de 7 a 24 y en cuanto a asaltos 13 de cada 100 mexicanos dijeron haber sufrido un atraco en el último año cuando el promedio de la Organización fue de 4 de cada 100.

Human Rights Watch, recientemente, elaboró un reporte acerca de los países más peligrosos para los turistas y en el cual, México se encuentra entre los cinco primeros, categorización que como se destacaba, impacta en la percepción que se pueda tener de México.

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, informó que en los primeros cuatro meses de 2013 las cifras de secuestro presentaron un incremento de 16.9 por ciento a escala nacional. De acuerdo con el informe “Estudio Sobre los 5 Delitos de Alto Impacto” los estados de Tamaulipas, Morelos, Michoacán y Durango fueron los que presentaron el mayor índice de plagios por cada cien mil habitantes.

Los estados que han sido considerados como “focos rojos” de violencia al haber incrementado el número de homicidios son: Sonora, con 136 crímenes, un 27.1 por ciento más en relación a enero-febrero-marzo de 2012; Coahuila, con 199 homicidios, un 25.9 por ciento más; Veracruz, con 156 muertes, un 20 por ciento más; Jalisco con 328 asesinatos, un 17.6 por ciento más; y Michoacán, con 189 homicidios, un 16.7 por ciento más.5

Cabe destacar que el homicidio de mujeres ha incrementado de manera preocupante en México; información obtenida del “Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”,6 destaca que nueve entidades mexicanas han registrado un incremento de homicidios de mujeres: Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. En el mismo estudio se puntualiza que la violencia es una constante en la vida de millones de mujeres mexicanas, generalmente los patrones de violencia aprendidos en la niñez se reproducen a lo largo de sus vidas en la escuela, en el trabajo, con su pareja y con sus hijos.

10. En el caso particular de Michoacán, “la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala que la tasa de homicidios culposos y dolosos contra mujeres es alarmante. De enero a la fecha se han cometido 36 decesos registrados en el Estado: 14 en el municipio de Apatzingan, 1 en Lázaro Cárdenas, 14 en Morelia, 7 en Uruapan, 6 en Zamora y 5 en Zitácuaro”,7 lo cierto es que como lo indican, son solamente los casos que se tienen contabilizados, porque definitivamente existe en este sentido, una disparidad en las cifras y los datos reales.

La misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detalló que del 2005 a marzo del 2012 se registraron homicidios dolosos por municipio en: Briseñas con 74; Aguililla con 57; Coalcomán y San Lucas tienen 39 cada uno; Zináparo 34; Peribán 33; Ixtlán con 32; Tiquicheo 29; Tanhuano 28; Coahuayana 27; Nocupétaro, Nuevo Urecho y Tuzantla con 26; en Huetamo 25; Los Reyes y Gabriel Zamora, cada uno con 24; Cotija, 23; Apatzingán, 18 homicidios y Morelia registra diez casos.

El rango de edades y el número de homicidios dolosos de mujeres en Michoacán son los siguientes:

De 0 a 9 años: 82 casos

10 a 19 años: 66 casos

9 a 29 años: 101 casos

30 a 39 años: 73 casos

40 a 49 años: 65 casos

50 a 59 años: 37 casos

60 a 69 años: 26 casos

70 a 79 años: 14 casos

80 a 89 años: 5 casos

En Michoacán en los últimos tres años se han presentado, por cifras oficiales, y en promedio 100 homicidios dolosos de mujeres, con el temor de que al finalizar este año, se cuantifique el mismo número de homicidios contra mujeres.

Declaraciones de la Secretaría de la Mujer en el estado, Consuelo Muro Urista donde admite que este concepto aún sigue siendo relativo, pues recalcó “falta información para el manejo del concepto y una cultura que nos permita saber de qué tamaño es el problema... en este sentido, “no se vale que a través de guerra de cifras Inegi presente una estadística, la Procuraduría otra, la Secretaría de la mujer otra y no haya la coincidencia especifica...entonces se vuelve algo relativo”.8 Lo que se demuestra y queda evidente es que es un problema que ha recrudeciendo en el estado y que definitivamente ha ido rebasando a las autoridades competentes.

Considerandos

Primero. Las diversas formas de violencia contra las mujeres, es realidad que comparten las comunidades en todo el mundo, como manifestación de una cultura persistente, que hay que eliminar.

A medida que ha ido evolucionando la toma de conciencia del respeto a los derechos humanos, a la equidad de género y la importancia de implementar en las sociedades estrategias y mecanismos que encaminen a lograrlo, se han desarrollado movimientos de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, que impulsan desde acciones afirmativas para insertarlas en la toma de decisiones y la igualdad de oportunidades, hasta promover reformas legislativas, políticas públicas y medidas administrativas y sociales, entre otras, para eliminar condiciones de violencia a que están sometidas muchas mujeres, o para castigar la violencia extrema expresada en el feminicidio.

Entre esas acciones, está la de conmemorar el 25 de noviembre de cada año en todo el mundo, el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, con el fin de realizar eventos para sensibilizar entre los sectores público, privado y social, en los países, la necesidad de erradicarla de los ambientes de convivencia y generar compromisos de los sectores sociales para su eliminación.

Segundo. Nuestro país, expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1 de enero de 2007, con ello, realizó una valiosa aportación que se suma a toda una estructura que incluye Fiscalías Especializadas, Institutos, además de todo un andamiaje y acervo legislativo, como la tipificación del delito de feminicidio, que es el asesinato perpetrado por hombres contra niñas y mujeres en razón del género.

La referida ley general regula cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, con una visión consistente en que la mujer en la sociedad actual tenga el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a recursos económicos y a la representación política y social, en espacios de toma de decisiones.

Sin embargo, datos de la realidad social, indican que todavía falta mucho por avanzar en mecanismos y acciones para que en México, se prevenga eficazmente, se disminuya la violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres, pero sobre todo se elimine de una vez por todas de la convivencia de las comunidades.

Por eso es que Ana Güezmes, representante de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONUM), el 8 de marzo de 2012, en el marco de la presentación del libro “Cómo medir la Violencia contra las Mujeres en México”, expresó preocupación por el incremento de asesinatos de mujeres en los últimos años. Asimismo, estimó que en México ante la presencia de delincuencia organizada trasnacional, la violencia adquiere formas más crueles cuando se dirige contra las mujeres. Que contra hombres se emplean habitualmente armas de fuego y contra mujeres, ácidos, ahorcamientos y muchas más veces las violan y matan.

Tercero. A más de seis años de la expedición del marco normativo, así como de sus cinco reformas posteriores, es incuestionable la aportación en contenidos, en buena parte debidos a la persistencia y empeño de las mujeres, para eliminar los diversos tipos de violencia a que están expuestas.

Asimismo, debemos reconocer los esfuerzos de gobierno federal y locales, de organizaciones de la sociedad civil, para incorporar a esa normatividad previsiones como la relacionada con la alerta de violencia de género contra las mujeres, constituida por el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Cuarto. Tomando en cuenta que la declaratoria de alerta de violencia de género tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales federales y de coordinación con las entidades federativas para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, en términos del Capítulo V, Título II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, que procede la emisión de esa declaratoria cuando se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Resulta claro, por las cifras delictivas presentadas en los Antecedentes 8, 9 y 10 del presente punto de acuerdo, en Michoacán existe perturbación de la paz social por la comisión de delitos contra la vida, libertad integridad y seguridad de mujeres en el referido Estado, actualizando con ello, uno de los dos supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Cabe destacar, que aunque bastaría un solo supuesto para que procediera la emisión de la declaratoria en comento, también en Michoacán lamentablemente se actualiza el otro supuesto, consistente en que exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

De conformidad con el artículo 31 fracción I. existe agravio comparado en caso de que un cuerpo normativo vigente contenga distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio.

Es el caso, de que en Michoacán, la normatividad aplicable, no considera razones de género, por lo que es uno de los pocos Estados de la República Mexicana, que todavía no han establecido un tipo penal de feminicidio, aun cuando las condiciones de mujeres en su territorio, lo ameritan.

Como se ha reconocido en veintisiete legislaciones locales penales que lo regulan, no es suficiente que una legislación prevea el delito de homicidio, sino tratándose de la mujer, se suman razones de género, por lo que es importante establecerlo, para castigar en su justa proporción a quien ejerce esa violencia extrema, inhibir a otros en su comisión y prevenir su realización.

Quinto. Por los antecedentes, cifras y argumentos aquí expuestos, las y los diputados federales, estamos convencidos de la necesidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicite la declaratoria, así como de la procedencia, para que la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género.

Por todo lo argumentado en este considerando quinto, sabedores de que la legislación aplicable legitima entre otros, al Organismo Nacional de los Derechos Humanos, exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que retome a la brevedad los contenidos de este punto de acuerdo y que presente la solicitud, en términos de la Ley General y el Reglamento aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a solicitar a la Secretaría de Gobernación que declare la alerta de violencia de género en Michoacán de Ocampo.

Segundo. Se exhorta al ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género con base en la normatividad aplicable.

Notas

1 Página Web del Instituto Nacional de las Mujeres. http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-el-inmujeres/quienes-somo s

2 Página Web de la H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 Página Web de la H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4 Ídem

5 Datos obtenidos del informe “Evolución de la violencia”. Reporte Trimestre 2013, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

6 Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. “Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres”. Fecha de consulta: 13 de agosto 2013]. http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Estudio_sobre_las_Fuentes

7 Redacción. “Alta Incidencia de Feminicidios en Michoacán”. Despertar. 8 de junio de 2013. http://eldespertarprensa.com/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=49:alta-incidencia-de-feminicidios-en-michoacan-&catid=3 :newsflash

8 Rojas, Elena. “Michoacán ocupa el 11o. lugar en feminicidios a nivel nacional”. El Independiente. [Fecha de consulta: 14 de agosto 2013]. http://www.el-independiente.com.mx/michoacan-ocupa-el-11o-lugar-en-feminicidios-a-nivel-nacional/#.UgvXn9LrySo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.

Diputada Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario general de Gobierno, al secretario de Seguridad Pública y a la CDH de Puebla a investigar y, en su caso, aplicar las sanciones o emitir las recomendaciones correspondientes por la probable responsabilidad del director del Cereso de Zacatlán, y de quienes resulten implicados, con relación a actos de abuso de autoridad cometidos contra internos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 1 y las fracciones I y II del numeral 2, todas del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 24 de enero del presente año el periodista Edgar Joaquín Barrios dio a conocer los abusos que internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Zacatlán, Puebla, padecían en cuanto a la calidad de vida y a la sistemática violación de derechos humanos que se experimentaban día con día en dicho centro de reclusión. Asimismo manifestó haber sido confrontado verbalmente y de forma violenta por el director del Cereso, por lo que acudió a quien suscribe la presente, a fin de encontrar una solución a las problemáticas denunciadas por los internos y que se garantice el derecho de prensa constitucionalmente consagrado a su persona.

El periodista señaló que los internos viven en la miseria, ya que las condiciones de los dormitorios son terribles, las colchonetas de las camas están despedazadas, los baños son insalubres, la alimentación escasea y es de mala calidad, situación que ha hecho evidente y acredita con fotografías.

Además los internos le manifestaron al periodista que al momento que buscan emplearse para ayudar a su familia, el director les pide comisión para dejarlos trabajar, o en muchas ocasiones los obliga a ocuparse en la maquila de balón, por la que reciben una paga insuficiente e inconstante, pues, “jinetea” sus pagos cuando la empresa balonera le envía la nómina.

También señalan que el oficial, ciudadano Genaro Nava, está coludido con el director pues saquea la bodega de alimentos, vende celulares a los internos –que después quita – y pide “mordidas” para devolvérselos.

Igualmente denuncian que el ciudadano Manuel Antonio, subsecretario jurídico, pide dinero para asesorarlos pero después no les da información y seguimiento a sus casos, actuando de modo prepotente y evasivo.

Aunado a lo anterior, el mismo 24 de enero, el periodista Edgar Joaquín Barrios visitó en sus oficinas al director del Cereso de Zacatlán, ciudadano Iván Ramírez Reyes, para conocer su versión con relación a las acusaciones que le atribuían los internos de dicho centro de reclusión, a lo que reaccionó –declara el periodista– de forma exaltada, desafiante y amenazadora, acusándolo de haberse extralimitado en sus facultades de periodismo y pidiendo la presencia del Ministerio Público para denunciarlo.

En consecuencia, el periodista Edgar Joaquín Barrios presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ya que teme por su integridad física y moral, asignándosele el expediente 833/2014-I.

Segunda. Unas de las acciones más urgentes para mejorar las condiciones en las prisiones del país y lograr la efectividad de los programas de reinserción social radica en solucionar el hacinamiento y la sobrepoblación que afectan al sistema penitenciario. México tiene una tasa de ocupación de 126.33 por ciento, e incluso existen estados de la república cuya tasa rebasa 170 por ciento de ocupación penitenciaria.

En el estado de Puebla hay un total de 23 centros de reinserción social (Ceresos), divididos como estatales, regionales y municipales, de los cuales 74 por ciento, es decir 17, presentan sobrecupo.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la capacidad de dichos centros es de 6 mil 111 internos, y hasta el 23 de septiembre del año 2013, contaban con una población de 8 mil 960 reclusos, lo que significa una sobrepoblación de 2 mil 849 reos.

Tercera. La salvaguarda de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es una atribución del estado, el cual debe establecer un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad de las personas y condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios, sin importar la situación jurídica de los internos.

A partir de las reformas de 2008, así como aquellas en materia de derechos humanos, en junio de 2011, se adquiere un redoblado sentido el que durante la privación de la libertad y de compurgamiento de la pena se respete de forma irrestricta el debido proceso penal, como eje transversal del sistema penitenciario, pues se trata de un régimen de derechos y obligaciones que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los citados derechos.

Por lo que exigimos el cumplimiento irrestricto del artículo 18 constitucional que la letra dice “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Y dado que el Cereso de Zacatlán recibió el año pasado un monto de 4, 485,000.00 pesos, solicitamos se compruebe puntualmente cuánto fue designado para mejorar las condiciones de vida de los internos.

Además requerimos se cumpla por parte del ciudadano Iván Ramírez Reyes, director del Cereso de Zacatlán, Puebla, lo establecido en el artículo sexto constitucional sobre la libertad de expresión, que señala “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado”, quien pretende criminalizar la actividad periodística que realiza Edgar Joaquín Barrios.

Asimismo, queremos destacar que conforme al derecho internacional, se cuenta con lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ciudadano Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno, y al ciudadano Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública; ambos, servidores públicos del estado de Puebla, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para que en el marco de sus respectivas facultades, investiguen y, en su caso, apliquen las sanciones o recomendaciones correspondientes, por la probable responsabilidad del ciudadano Iván Ramírez Reyes, director del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, y de quienes resulten responsables, en relación a actos de abuso de autoridad cometidos en contra de internos; se realicen las inspecciones y visitas necesarias a fin de dar a conocer la condición en la que se encuentra la población de dicho centro de reclusión y se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la integridad física y moral del periodista Edgar Joaquín Barrios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Oaxaca a realizar una inspección de los ríos Atoyac y El Salado, y determinar el proceso de saneamiento correspondiente, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.

Consideraciones

En México, más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este líquido vital. La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una dramática reducción en los últimos 55 años, al pasar de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 metros cúbicos en 2011. Peor aún, se prevé que para 2025 esta cantidad se reducirá a menos de 4 mil metros cúbicos.1

La contaminación de los cuerpos de agua tiene una incidencia negativa, principalmente entre las comunidades que habitan cerca de los ríos o lagos, los efectos son entre otros, daños a la salud.

Otro inconveniente es el alto costo para potabilizarla y llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio ambiente que fueron afectados.

Según refiere el portal contaminación-purificación-agua, de las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 21 están relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada.

Entre las que cita dicho portal se encuentran; cólera, tifoidea y paratifoidea, disentería bacilar y amebiana, diarrea, hepatitis infecciosa, parasitismo, filariosis, malaria, tripanosomiasis, oncocercosis, schistosomiasis, tracoma, conjuntivitis y ascariasis, por citar algunas.2

Según lo establece las normas oficiales NOM-001 y NOM-002, las autoridades municipales son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales mediante las cuales se establecen los parámetros de descargas a aguas nacionales y municipales, además deben inspeccionar a las industrias y sancionar a aquellas que no cumplan con lo establecido en la norma.

Sin embrago la falta de cumplimiento de las normas ha devenido en que en los ríos es común encontrar metales pesados y de gran toxicidad, como el mercurio, plomo, cromo, cadmio, etcétera.

Entre los casos de contaminación más simbólicos se encuentra el río Atoyac que cruza Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

Nuestro país cuenta con un sistema obligatorio y transparente de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.3

Que la Cuenca Baja del Río Atoyac, incorpora a autoridades de 17 municipios sobre todo aquellos que conforman los Valles Centrales mismos que hoy en día se encuentran en serios conflictos ambientales.

Que en febrero del año 2012 autoridades de los municipios que conforman Valles Centrales en Oaxaca y organizaciones sociales como el Foro Oaxaqueño del Agua, Educa y el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, signaron la declaración de Coyotepec, en el cual se hizo un llamado a las autoridades y habitantes de todos los municipios de la cuenca del río Atoyac para integrar un comité en defensa de los recursos naturales.

Que el desarrollo sustentable es un asunto de carácter prioritario, que atañe a los tres órdenes de gobierno, así mismo a empresarios y sociedad civil.

Por lo expuesto, la suscrita pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, realicen una inspección de los ríos Atoyac y El Salado y se determine el proceso de saneamiento correspondiente.

Notas

1 www.ecoportal.net

2 http://contaminacion-purificacion-agua.blogspot.mx/

3 La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, define el RETC como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; en el registro está asentada información de las emisiones y transferencias de sustancias contaminantes que son generadas durante el proceso de producción de los establecimientos industriales o de las actividades que realizan los establecimientos de servicios (tintorerías, baños, hoteles, etcétera).

Con el RETC podemos saber en qué lugar se encuentra ubicado un establecimiento, además de indicarnos si están siendo emitidos contaminantes al aire, al agua o al suelo; o si tienen alguna transferencia de sustancias RETC en sus residuos peligrosos o en sus descargas de agua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Consideraciones

El derecho a la información consagrado en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprenden la libertad de expresión y de libre difusión de las ideas por cualquier medio y sin ninguna restricción, salvo las expresamente señaladas en el artículo 6º constitucional. Por lo que esta prerrogativa establece el libre ejercicio periodístico como uno de los aspectos sustanciales en una democracia.

El reciente informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, revela que México está en el lugar 152 de 180 con relación a la libertad de expresión, ubicándose entre la República del Congo e Irak, además señala que en América Latina, los mayores riegos para los periodistas provienen de la cobertura del narcotráfico, corrupción y conflictos territoriales o mineros y en nuestro país particularmente, “La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática”.

La organización Comittee to Protect Journalists (CPJ), afirmó que en México, “la libertad de prensa sigue viviendo un clima de peligro” y ubica a nuestro país en el séptimo lugar del índice de impunidad a nivel internacional, pues en el año 2013 fueron asesinados tres periodistas y aún no se esclarecen plenamente sus casos.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo XIX, así como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han externado su preocupación por la situación de fragilidad en la que se ejerce la labor periodística en México y exigen el esclarecimiento del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Por su parte la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta que de acuerdo al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En este sentido, el 25 de junio de 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que representa un gran avance para garantizar el ejercicio de defensores de derechos humanos y periodistas, para lo cual se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Coordinación Ejecutiva Nacional, como instancias operativas derivadas de dicha Ley. Sin embargo, las agresiones, los asesinatos, las limitaciones y la autocensura siguen presentes en la labor periodística a lo largo del territorio nacional, baste decir que desde el asesinato de Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984 hasta nuestros días, se han registrado más de un centenar de periodistas asesinados, el último, Gregorio Jiménez de la Cruz.

Las agresiones que sufren periodistas y defensores de derechos humanos en México y la impunidad en que permanecen constituyen una alerta a nivel internacional, tomando en cuenta que el año pasado nuestro país fue evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el propósito de conocer el nivel de respeto a los derechos humanos en el mundo.

Desde 2008 este mecanismo revisa el avance o retroceso en materia de derechos humanos de los 193 estados miembros, en el caso de México es la segunda vez que enfrenta la evaluación, como ocurrió hace 4 años en aquél entonces recibió 91 recomendaciones y aceptó 83.

En marzo próximo deberá el gobierno de México, informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre cuáles de las nuevas recomendaciones está dispuesto a aceptar con el objetivo de trabajar conjuntamente a fin de darle cumplimiento.

En este escrutinio al menos 30 países mencionaron su preocupación por los ataques, por la impunidad, por la vulnerabilidad o por las fallas en el Mecanismo de Protección, creado en el 2012 y pidieron fortalecerlo así como también erradicar la impunidad en estos casos y en particular, la difamación a periodistas.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México hay un 98% de las agresiones contra defensores y periodistas que están impunes hasta el año pasado y que a pesar de que existe una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, sólo ha emitido una sentencia condenatoria por agresiones contra periodistas.

El gobierno de México, por su parte, en voz del Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, respondió que parte del problema que se viene dando en el país se debe a que la facultad de atracción que prevé la Ley de Protección a Defensores de Periodistas, no opera en automático para llevar los casos al fuero federal y que los tribunales federales persisten en tratar estos casos dentro de la competencia local y en general los jueces, siguen presentando resistencias para calificar el tipo penal de agravio o ataque a la libertad de expresión como tal, y sólo aceptan consignaciones, cuando hay de por medio lesiones, amenazas u homicidios. El año pasado el gobierno mexicano recibió 180 recomendaciones de este Mecanismo de Evaluación.

El secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, en el estado de Veracruz, nos indica la gravedad de la situación para el ejercicio periodístico en ese estado, donde suman ya 10 periodistas que han perdido la vida en circunstancias aún no aclaradas del todo por las autoridades, este hecho ha dado pie a un serie de manifestaciones y declaraciones de condena y para exigir el esclarecimiento del homicidio.

La lista de casos de agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, parece no tener fin, ya que los casos de violencia, corrupción de autoridades e impunidad en más del 80% continúan profundizándose en grandes zonas del país, con lo que se constata fehacientemente la baja calidad de nuestra incipiente sistema democrático. Las diversas formas de coerción ejercidos por agentes estatales o de los poderes fácticos en contra de la libertad de expresión están restringiendo, inhibiendo y limitando su pleno ejercicio.

La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, se restituyó a partir del acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha 10 de diciembre de 2009, dicho acuerdo en su resolutivo primero establece, crear la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, habiéndose integrado por 16 integrantes y cuyos trabajos se dieron a lo largo de la LXI Legislatura.

Por ello, esta comisión especial de ser aprobada con el compromiso de colocar el tema como parte de la agenda nacional, con el firme propósito de crear un ambiente social propicio para el ejercicio periodístico, dotado de un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México, para lo cual recabe toda la información sobre los diversos casos pendientes y demande ante la opinión pública y a las autoridades correspondientes el cumplimiento de su responsabilidad como impartidores de justicia.

Esta comisión deberá emprender como tarea fundamental el pugnar por que se respete lo establecido en nuestra Constitución Política, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los tratados internacionales, que reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y de prensa cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, fortalecer la democracia y prevenir todo tipo de agresiones contra quienes la ejercen.

Para ello, es necesario que esta Cámara de Diputados, se aboque por medio de esta comisión, en consonancia con las preocupaciones expresadas por los legisladores, a dar seguimiento a los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación con el fin de coadyuvar en el ejercicio pleno de la libre expresión en nuestro país.

De igual manera, deberá trabajar en coordinación entre las diversas instancias del Poder Ejecutivo, en particular, con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, en torno a la persecución de los delitos cometidos en contra de periodistas.

Por lo anteriormente señalado, solicitamos que ante la gravedad de los hechos antes narrados, a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de esta Cámara, se considere el presente punto de acuerdo para darle continuidad al trabajo y resultados de esta comisión especial que se ha venido desempeñando en las últimas legislaturas.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de Comunicación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial será el de investigar y dar seguimiento a las agresiones de periodistas en el territorio nacional, con el objeto de coadyuvar en el más pleno ejercicio de la libre expresión en nuestro país, en coordinación y comunicación permanente con los periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y con las instancias gubernamentales.

Tercero. La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de Comunicación estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.

Cuarto. La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de Comunicación tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el final de la presente legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de febrero de 2014

Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se brinde atención a los productores de granos básicos ante la caída de precios, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Trinidad Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Verónica Juárez Piña, Trinidad Secundino Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una investigación en el mercado nacional sobre la especulación con los precios de los granos básicos; a implantar un sistema nacional de compras para adquirir la cosecha de maíz, frijol y trigo a precios justos para los productores; y a implementar medidas urgentes y efectivas a fin de acudir en ayuda de los productores.

Exposición de Motivos

Los precios de los granos básicos para los productores agrícolas se han desplomado drásticamente en el último año, sin que se observen medidas claras de las autoridades para acudir en su auxilio.

Tan sólo en el último año, el maíz cayó 40 por ciento de su precio en el mercado internacional, el precio del trigo cayó 30 por ciento, el sorgo en un 33 por ciento y el frijol ha caído en un 50 por ciento.

Es decir, la caída de los precios del mercado afecta simultáneamente al 95 por ciento de la producción agrícola nacional, que es el porcentaje que representan estos productos en el conjunto del sector.

Sólo para dar el ejemplo del maíz, con mucho el principal cultivo de México, su precio en la bolsa de Chicago, para futuros de marzo, ronda los 170 dólares la tonelada. Esto significa, en promedio, una pérdida de más de 100 dólares por tonelada con relación a la misma fecha del año pasado, que era de 273 dólares.

Considerando que México produce en promedio 22 millones de toneladas de maíz al año, significa una pérdida para el sector maicero arriba de 2 mil 200 millones de dólares; es decir, una pérdida de 28 mil 600 millones de pesos. Esto es igual a más de 2 veces del total del presupuesto destinado al Proagro Productivo en 2014.

Por otra parte, como ustedes saben compañeras y compañeros legisladores, el sector agrícola es uno los sectores mas vulnerables de nuestra economía, donde mas han pegado los efectos devastadores del cambio climático, las dificultades para su modernización y donde mas se reciente el rezago y la pobreza. En el último año, se han incrementado drásticamente el precio de los fertilizantes, de la semilla y de la maquinaria agrícola, asimismo hay que sumar los incrementos al diesel y la gasolina y pagar los nuevos impuestos de la reforma hacendaria, como son el impuesto verde, impuesto por el uso de agroquímicos y a la energía eléctrica utilizada en los sistemas de riego.

Estos factores vuelven agobiante la situación para los hombres del campo, pues la venta de la cosecha a los precios de mercado, significa la ruina para miles de ellos. Y no hay que olvidar que el sector agrícola, es al mismo tiempo, el sector estratégico de donde depende la alimentación de las familias mexicanas y las materias primas fundamentales para la industria agropecuaria nacional.

Y aquí hay que mencionar el otro grave problema que aqueja al mercado nacional, especialmente a la población de escasos recursos. Mientras al productor se le paga la cosecha a mitad de su valor, los precios de la tortilla de maíz, el pan, el huevo, la carne y la harina de trigo no se han visto reducidos, al contrario ha aumentado su costo al consumidor final, que somos todos los mexicanos.

Esto significa que otros participantes en los procesos de producción y comercialización, están obteniendo importantes beneficios económicos en tanto el pueblo mexicano sigue pagando cada vez más por ellos. Los campesinos recibiendo menos y en camino a la quiebra económica; mientras unas cuantas grandes empresas comerciales y agroindustriales año con año obtienen ganancias millonarias.

Ello es así por el control del mercado de los productos agropecuarios que dichas empresas tienen. Al establecer y mantener el monopolio de las cosechas de granos nacionales y la llave para exportar e importar libremente, estas empresas deciden cuanto pagarle a los productores, cuando subir o cuando bajar los precios en función de sus intereses, cuando escasear las existencias o cuando inundar con ellos el mercado, lo cual lleva finalmente a manipular el mercado y a especular con la alimentación de los mexicanos. No es el mercado quien regula los precios; son los intereses monopólicos de estas grandes empresas.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la federación se propone como metas de esta administración un incremento en la producción de maíz blanco hasta en un 24 por ciento y de maíz amarillo en un 67 por ciento; asimismo, se establece la meta de incrementar la producción de trigo en un 9 por ciento, de frijol en un 18 por ciento y de sorgo en un 17 por ciento.

Son metas loables orientadas a garantizar con producción nacional al menos un 75 por ciento del mercado agroalimentario, el mínimo necesario establecido por la FAO para hablar de que un país tiene soberanía alimentaria. Actualmente importamos cerca del 50 por ciento de los alimentos que México requiere.

El Grupo Parlamentario del PRD coincide con estas metas de producción señaladas en el Programa Sectorial. Sin embargo, vale la pena preguntarnos que sentido tiene incrementar la producción si no hay precios justos para las cosechas de los campesinos. Vale la pena preguntarnos, qué mecanismos de control tenemos en la comercialización para evitar las distorsiones del mercado y la especulación perversa en los precios al consumidor final.

En vano esta honorable Cámara de Diputados año con año incrementa los recursos al campo, si esos subsidios van a parar a las ganancias de unas cuantas empresas.

A consecuencia de esta situación ya desesperada, los productores agrícolas han empezado a luchar y movilizarse exigiendo un pago justo a sus cosechas. En varios estados del país, como Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, y aquí mismo en la Ciudad de México, se han presentado protestas y bloqueo de oficinas de gobierno buscando una solución a estos problemas. Es cierto que a raíz de esas exigencias y movilizaciones, se han establecido algunos acuerdos con la Sagarpa y los gobiernos de los estados a fin de tranquilizar las cosas; pero estos acuerdos han sido parciales, dispersos e insuficientes, y en la mayoría de los casos no se están cumpliendo.

El Estado tiene las facultades constitucionales y legales para atender esta emergencia en la producción y comercialización de granos básicos.

De acuerdo con el articulo 25 constitucional, párrafo 2o., “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

Así como de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que reglamenta la fracción XX del artículo 27 constitucional,

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional... asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Estamos seguros en que todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados vamos a coincidir en brindar nuestro apoyo a los hombres del campo, puesto que las emergencias en que se encuentran no tienen color ni bandera. Es conveniente focalizar la atención para encontrar mecanismos en el marco institucional que permitan evitar una crisis de mayores consecuencias para todos los mexicanos.

En razón de lo expuesto y motivado, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a llevar a cabo una investigación en el mercado nacional sobre la especulación con los precios de los granos básicos, especialmente frijol y maíz.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar un sistema nacional de compras para adquirir la cosecha de maíz, frijol y trigo a precios justos para los productores.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar medidas urgentes y efectivas a fin de acudir en ayuda de los productores de granos básicos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, México, DF, a 11 de febrero 2014.

Diputados: Verónica Juárez Piña, Trinidad Secundino Morales Vargas, José Antonio León Mendívil, José Humberto Vega Vázquez, Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Porras Pérez, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresita Borges Pasos, Marcelo Garza Ruvalcaba, Elena Tapia Fonllem, Roberto López González, Marino Miranda Salgado, Tomás Brito Lara, Antonio García Conejo, Jorge Salgado Parra, José Luis Esquivel Zalpa, Crystal Tovar Aragón, Arturo Cruz Ramírez, Josefina Salinas Pérez, Juana Bonilla Jaime, Silvano Blanco Donquino, Juan Manuel Fócil Pérez, Carol Antonio Altamirano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Michoacán a combatir la impunidad, injusticia y corrupción, así como velar eficazmente por la exacta observancia de los derechos de los habitantes de Cherán, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, José Luís Esquivel Zalpa, diputado del honorable Congreso de la Unión, integrante de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la moción de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Antes del 15 de abril del año 2011, Cherán contaba con alrededor de 27 mil hectáreas de bosque, rico en fauna y flora, la actividad económica principal para sus pobladores era el comercio, aprovechando de forma legítima su amplio territorio sumamente montañoso, la gente vivía tranquila y en paz, aún con los pesares que vivimos en las comunidades purépechas. Cherán siempre se ha caracterizado por su lucha para lograr las mejores condiciones posibles para su pueblo, además de su alto nivel de organización, unión y empatía entre sus habitantes.

Pero un mal día, inició la historia triste y gris en Cherán, grupos clandestinos de tala montes comenzaron a devastar su bosque; en busca de madera de calidad, arrasaron de manera indiscriminada e irracional las hectáreas montañosas de este territorio, lo que trajo como consecuencia no solo el obvio menoscabo de la flora, sino también, la afectación de fauna silvestre y domestica. Este delicado problema produjo prácticamente el cese total de la actividad comercial para las y los habitantes de Cherán, aunado a la impotencia de ver como depredaban la tierra que vio nacer y crecer a sus ancestros.

15 de abril del año 2011, por iniciativa de las mujeres cheranenses, se inicia un movimiento de inconformidad ante este conflicto, preocupadas por la tala clandestina de casi 20 mil hectáreas de su bosque, que significaban el sustento que sus esposos destinaban para la subsistencia de sus familias, aunado a la molestia por la obstrucción de un ojo de agua que abastecía al poblado, causada por el derribo de un árbol que los tala montes pasaron por alto, las mujeres y el pueblo entero de Cherán se unen en una sola voz, al grito de “Ya basta, hasta aquí nada más”.

Después del 15 de abril del año 2011, se logra parar a los tala montes, y resulta necesaria una reorganización socio-política dentro de Cherán, que en atención a sus necesidades y contexto de ese momento, exigía una nueva distribución del poder y la instauración de una estructura de autogobierno y seguridad, que no solo tiene implicaciones políticas y administrativas, sino también económicas, culturales y ecológicas. De esta forma surge el llamado “Consejo Mayor de Cherán” con funciones análogas al Ayuntamiento y “la ronda”, que toma en sus manos la seguridad del pueblo a través de rondines comunitarios.

Hay que recalcar que Cherán, es uno de los 12 municipios del distrito al cual yo represento, y se trata del primer gobierno indígena electo mediante el método de usos y costumbres que tiene Michoacán, que desde el 22 de enero del 2012 las propias instancias electorales locales y federales, legitimaron que la elección de sus autoridades se realizara a través de una consulta ciudadana, además de que, por propias declaraciones del gobierno de Michoacán, la ronda de autodefensa de Cherán tiene absoluto reconocimiento como cualquier policía municipal del estado.

Aun con esta legitimidad y legalidad de la que goza el municipio de Cherán, los integrantes de la ronda comunitaria de autodefensa son víctimas de vejaciones, violaciones a sus derechos y al debido proceso que se debe seguir ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, solo por tener la tez cubierta y tratar de salvaguardar la seguridad de su pueblo, razón suficiente a ojos de dicha Procuraduría para verlos como enemigos, para darles un trato distinto y desventajoso ante la ley.

Incluso cuando es sabido, que los rondines de seguridad en Cherán tienen estrictamente prohibido la utilización de armas de fuego como primer reacción ante algún conflicto menor al que se enfrenten, tienen la instrucción precisa de desarticular cualquier conato de violencia por medio del dialogo y la conciliación, y al momento de detener algún posible delincuente en flagrancia, se debe turnar de manera inmediata a la Subprocuraduría Regional de Justicia en Zamora, para que esta realice la averiguación previa correspondiente, estas instancias aplican la Ley al más puro estilo del ex presidente Plutarco Elías Calles: “Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos”.

El ambiente al interior de mi estado michoacano en el tema de las autodefensas, sin duda es tenso, en los últimos meses, conocimos los complejos casos de los municipios ya cubiertos; esta tensión de la que hablo, se agudiza de manera alarmante cuando la instancia local encargada de la procuración de justicia presenta innumerables deficiencias traducidas en impunidad, injusticia y corrupción.

Son estas las razones por las que hoy les presento ciudadanas y ciudadanos legisladores este punto de acuerdo, con el objeto de exhortar a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, a su Subprocuraduría Regional de Justicia en Zamora y a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas en Zamora, que se conduzcan con imparcialidad, no importando si son campesinas, campesinos, comerciantes, tala montes o integrantes de la ronda comunal de seguridad. La principal demanda de las y los habitantes de Cherán, es que exista igualdad para todas y todos ante la ley.

¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que el pueblo de Cherán, en un acto de desesperación tome en sus manos la impartición de justicia, estamos esperando que el pueblo de Cherán investigue en el mejor de los casos y juzgue a los posibles delincuentes, estamos esperando que se desconozcan las instancias encargadas para ello.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, por mandato legal, no solo debe velar eficazmente por la exacta observancia de los derechos de las y los cheranenses, sino de todas y todos los michoacanos.

Por lo tanto señoras y señores diputados, propongo ante ustedes, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a combatir la impunidad, injusticia y corrupción, así como velar eficazmente por la exacta observancia de los derechos de las y los habitantes del municipio de Cherán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputado José Luís Esquivel Zalpa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer llegar a esta soberanía los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes a las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La diputada federal Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La semana pasada, los medios de comunicación escritos y electrónicos del país difundieron profusamente una noticia positiva: la calificadora internacional Moody’s incrementó la calificación crediticia de México de Baa1 a A3, a partir de que, estima la calificadora, las reformas estructurales recientemente aprobadas incrementan el potencial de crecimiento del país y agregando que si nuestra economía creciera en los próximos años por arriba del 4 por ciento, volverían a elevar dicha calificación.

Tanto Moody’s como la mayoría de los comentaristas económicos en México, un poco precipitadamente, echan las campanas al vuelo. Estas actitudes optimistas si bien resultan positivas en alguna medida, pueden ser también contraproducentes si los supuestos en los que se basan no se cumplen de manera cabal; ese es un gran riesgo latente y factible.

Las reformas estructurales a las que se hace referencia son principalmente la energética, y la de telecomunicaciones. Al menos tal es la percepción de muchos comentaristas de los medios de comunicación y de potenciales inversionistas.

No obstante la exagerada propaganda oficial que alaba las supuestas bondades de tales reformas, el Ejecutivo federal no ha enviado al Congreso de la Unión los proyectos de ley reglamentaria de las reformas constitucionales para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Esta omisión llama aún más la atención, si consideramos la celeridad con la que fueron aprobadas y publicadas algunas de las reformas constitucionales referidas.

Es el caso de la reforma energética. El Diario Oficial de la Federación publicó en una edición vespertina las modificaciones constitucionales en materia energética aprobadas con una prontitud inusitada por la Cámara de Senadores, por la de Diputados y por la mayoría de los Congresos estatales; cuando el decreto para su promulgación fue firmado poco antes, la misma tarde de su publicación el día 20 de diciembre de 2013.

Por la premura, tanto de su discusión como de su aprobación en el Congreso General y en los locales, como de su publicación, uno esperaría que con la misma celeridad se presentaría su proyecto de ley reglamentaria, y sin embargo no ha sido así.

Y no es que queramos hacer las cosas con prisas. Por el contrario, es precisamente porque no queremos legislar al vapor que exhortamos respetuosamente al Ejecutivo a que envíe a la mayor brevedad posible tal proyecto a efecto de discutirlo y, en su caso, aprobarlo para, de esa manera, dar certeza jurídica a todos los participantes en el sector.

No deseamos que, por la urgencia del tiempo, perdamos la oportunidad de efectuar un análisis serio y a fondo de dicha ley reglamentaria en bien del país. Ya han pasado más de diez días del actual periodo ordinario de sesiones y conforme avanza el tiempo se reduce la posibilidad de hacer un trabajo legislativo serio y comprometido.

Es el mismo caso de telecomunicaciones. Las reformas respectivas a los artículos 6,7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones fueron aprobadas desde el día 21 de marzo del año pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio del mismo año.

Pero del mismo modo, su ley reglamentaria no ha sido recibida por esta Soberanía. El problema se repite. En el actual periodo ordinario de sesiones podría correrse el riesgo, dada la acumulación de dictámenes pendientes de aprobación, de no poder aprobar la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones en tiempo y forma, o tener que legislarla al vapor y aprobarla en términos insatisfactorios.

Además, en la reforma constitucional referida se señalan ciertos plazos fijos que en algunos casos incluso han sido rebasados sin que hayamos dado cumplimiento a los trabajos legislativos requeridos.

Con estas demoras, en ambos casos, se corre el riesgo de que las leyes reglamentarias referidas no sean aprobadas en tiempo y forma o, lo que es peor, que por la insuficiencia de tiempo al final del actual periodo ordinario de sesiones, se nos quiera forzar a aprobar sin un análisis suficiente y detallado de sus contenidos dichos proyectos; se nos quiera orillar a aprobarlos como hechos consumados inamovibles, y así aprobarlos al vapor y no resulten ser los más idóneas.

Y en cualquier caso, se estarían afectando las bases de decisiones tales como las decididas, por ejemplo, por la calificadora internacional Moody’s de mejorar la calidad crediticia del país, con todas las consecuencias negativas que ello traería aparejadas.

Nosotros como legisladoras y legisladores tenemos el interés en coadyuvar, mediante nuestras aportaciones y las modificaciones que hagamos a la propuesta oficial, a que los supuestos en los que se basan los diversos escenarios de crecimiento económico del país se concreten en beneficio del pueblo mexicano.

Por lo antes señalado, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía, en el marco de la división de Poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad posible envíe a esta honorable Cámara de Diputados los proyectos de leyes reglamentarias respectivas de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.

Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a realizar por su Procuraduría General de Justicia y su Secretaría de Seguridad Pública campañas permanentes de difusión masiva respecto a las penalidades federales por la comisión del delito de pornografía infantil, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La trata de personas o comercio de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, también se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.

Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagradas en nuestra constitución. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal de humanos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños1 (más conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos aplicados para complementar la Convención.

Ahora bien, se denomina pornografía infantil a toda representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas. Puede tratarse de representaciones visuales, descriptivas (por ejemplo en ficción) o incluso sonoras.

El acceso a contenidos pornográficos en general ha evolucionado los distintos medios; literatura, fotografía, video, cine, DVD, dibujos de animación y en los últimos años Internet.

En el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 342 cita:

Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”.

Hoy en día las imágenes explícitamente sexuales de menores de edad están prohibidas prácticamente en todo el mundo y su producción se restringe casi en su totalidad a producciones independientes o caseras facilitadas en gran medida por la masificación de la fotografía y el vídeo digital. Al contrario de lo que suele creerse comúnmente, estas colecciones fabricadas en casa rara vez son objeto de transacciones comerciales, siendo usualmente material de intercambio entre personas que comparten un interés de carácter marcadamente erótico o sexual por los niños o niñas.

Internet ha generado innumerables formas de permitir este intercambio, a través de grupos de noticias, foros o también con el uso de aplicaciones. En la actualidad, la producción comercial se limita a moverse al borde de lo permitido por la ley: imágenes eróticas y de desnudo, que están en el límite legal de lo sexualmente explícito.

Sexting (contracción de sex y texting) se refiere a mensajes de texto a través de texto con connotación sexual entre dos personas, ya sea a través de Internet o de teléfonos móviles. Es una práctica común entre jóvenes, y cada vez más entre adolescentes.

Actualmente, Facebook ha superado los 800 millones de usuarios, twitter cuenta con 200 millones, y Google registra 62 millones. La red española Tuenti alcanzó en febrero de este año los 13 millones de usuarios.

En abril de 2012, en México había 40.9 millones de usuarios de Internet y 44.7 millones de usuarios de computadora. De los usuarios de la Internet, el grupo de 12 a 34 años es el que más utiliza la Internet, con una participación del 64.1 por ciento. Los usos más recurrentes de la Internet son la comunicación y la búsqueda de información, con una frecuencia del 60 por ciento respectivamente en el total de usuarios de la Internet3 .

Distribución de usuarios de Internet * por sexo y rango de edad, 2011 y 2012 Sexo y edad 2011 Porcentaje 2012 Porcentaje Mujeres 18.6 millones 49.60 por ciento 20.0 millones 49 por ciento Hombres 19.0 millones 50.40 por ciento 20.9 millones 51 por ciento 12 a 17 años 9.6 millones 25.60 por ciento 9.9 millones 24.20 por ciento 18 a 24 años 8.1 millones 21.50 por ciento 8.4 millones 20.60 por ciento 25 a 34 años 6.6 millones 17.50 por ciento 7.9 millones 19.40 por ciento 35 a 44 años 4.7 millones 12.50 por ciento 4.9 millones 12.10 por ciento * Incluye a los que declararon que el principal equipo de conexión es un teléfono celular, iphone o similar. Ahora bien, la encuesta “Hábitos de los usuarios de Internet en México, 2013”, que presentaron la Asociación Mexicana de Internet y Televisa4 , los datos son:

• Distribución de usuarios de Internet (grupos de edad 2013): 6-11 años ocupan el 11 por ciento

• Distribución de usuarios de Internet (Grupos de edad 2013): 12-17 años ocupan el 22 por ciento

Lo cual refleja que los usuarios de Internet entre los 6 y 17 años ocupan el 33 por ciento de la población en México. En cuanto a las principales actividades online acceder a redes sociales ocupa el tercer lugar con el 82 por ciento, enviar y recibir mensajes instantáneos el 61 por ciento.

En nuestro país la red social más utilizada sin duda es facebook. En la cual cuando un menor desea registrarse para obtener una cuenta miente en su edad y con ello tiene acceso. Miles de menores lo hacen día con día. Algunos tienen el consentimiento de sus padres, pero la gran mayoría obtienen una cuenta sin que sus padres estén enterados de que dicho requisito (ser mayor de edad) es necesario. A lo anterior se suma que existen filtros para que el perfil sea restringido y no todo sea público, pero igualmente los menores, quienes están en una edad en la que desean ser “populares” no establecen éste tipo de filtros a fin de que su información personal como datos generales y fotografías sean vistas por cualquier usuario.

A través de los medios de información es que nos hemos enterado de muchos casos en los cuales menores son atraídos a costa de engaños y manipulaciones para que trabajen a cambio de un buen salario5 , se diviertan ingiriendo bebidas alcohólicas6 , los invitan a formar parte de un grupos delictivos7 , extorsionar a otros menores8 ; y para rematar quienes son vulnerables por los cambios psicológicos y emocionales por los que están pasando terminan con sus vidas o sufriendo bullying.

En la última década los niños y jóvenes tienen un mucho más fácil acceso a la Internet. En cualquier establecimiento público (café Internet) podemos encontrar a los muchachos o niños conectados chateando con sus amigos, intercambiando información y la mayoría de ellos ya pertenecen a alguna red social. Lo cual destaca que los dueños de dichos locales comerciales desconocen también los requisitos para que un menor pueda obtener una cuenta o hacen caso omiso ya que no son responsables del tipo de información o actividad que realicen mientras están rentando el servicio.

Tampoco se trata de prohibir el uso del internet o de las redes sociales. De lo que se trata de que se informe a la población en general de las penalidades que están vigentes para que se realicen las denuncias, averiguaciones y sentencias correspondientes a la infracción de la ley. Se trata de que los adultos, quienes son responsables de los menores estén informados y adicionalmente podamos impulsar que tengan una mejor comunicación con los menores para que conozcan del tipo de actividades que realizan mientras están en internet: chateando, el tipo de información que buscan, las redes sociales a las que pertenecen, el tipo de personas con las cuales se relacionan.

Sin duda es un tema que va de la mano con la educación y con el tipo de vida que llevan al interior de las familias. Empero, el gobierno tiene la obligación y el deber de tener informada a la sociedad, a fin de que si se llegase a presentar un acto ilícito en éste sentido, se pueda actuar con prontitud, certeza y conocimiento.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al procurador general de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se realicen campañas de difusión masiva permanentes incluyendo establecimientos mercantiles con el giro mercantil de café Internet y papelería; de las penalidades federales a quien cometa el delito de pornografía infantil.

Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir a los delegados de cada una de las demarcaciones territoriales; para que en alcance de sus facultades se implementen operativos permanentes para la detención de quienes resulten responsables de acuerdo al Código Penal del Distrito Federal, en cuanto a pornografía infantil.

Tercero. Se exhorta a la Asamblea del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia legisle y actualice el texto correspondiente a pornografía, para evitar que se sigan cometiendo la conducta ilícita en virtud de que consideramos que tanto en el Código Penal del Distrito Federal (artículo 188), así como la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, existe una laguna jurídica particularmente a las sanciones en cuanto a la comisión del delito de pornografía infantil.

Notas

1 http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapaci dad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf

3 http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2012/11/Comunicado -conjunto-COFETEL-INEGI-Nov-29-2012.pdf

4 http://www.amipci.org.mx/

5 http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/148696/cae-tratante-de-m enores-por-facebook-en-chiapas

6 http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/organizaron-fiesta-para-menores-po r-facebook-fueron-arrestados/

7 http://noticias.univision.com/narcotrafico/noticias/article/2013-07-03/ asesinan-a-dos-menores-por-bullying-contra-hijo-de-narco-mexico#axzz2e8 e4pZFY

8 http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=111712

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.

Diputado Israel Moreno Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la república a liberar de inmediato los recursos del Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Guerrero, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, y los diputados federales guerrerenses, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción III, y demás relativos del reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como lo es del conocimiento nacional, Guerrero y 15 entidades más de la república vivieron a mediados del mes de Septiembre del año próximo pasado, una grave situación de desastre provocada por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid. Los gobiernos en sus tres niveles, y como siempre, la sociedad civil mexicana, hicieron lo humanamente posible para responder a la emergencia generada por este desastre natural, pero por su magnitud, los esfuerzos fueron insuficientes.

Es sabido también que el estado de Guerrero fue la entidad que sufrió los efectos más devastadores de esos fenómenos naturales, ante la tragedia, las y los guerrerenses una vez más hemos dado muestras de heroísmo; heroísmo del que hoy, todo su pueblo es testigo y protagonista.

Ante la devastación de más de dos terceras partes de su territorio, con más de 300 mil personas afectadas en su patrimonio, casas, negocios y tierras de labor, según datos oficiales, que desde luego no son reales, ya que los afectados son muchos más; por encima de todo esto, Guerrero está con la mirada de frente y con la esperanza puesta en la acción de sus gobiernos.

El recuento oficial nos habla de más de 100 guerrerenses muertos entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores. La cifra, seguramente, es mayor y aunque aquí en el centro del país y muchos de ustedes seguramente oyeron y siguen oyendo hablar de Acapulco y Chilpancingo como las zonas más devastadas, hace falta ver por lo menos 60 municipios más donde los ciudadanos sufrieron igual o mayor devastación que afecto personalmente a los ciudadanos.

Para tratar de entender la magnitud de los daños que sufrió el estado de Guerrero, me permito presentar a ustedes algunos datos duros cuantificados hasta el pasado mes de octubre.

• 13,700 viviendas con daños totales y parciales.

• 126 puentes federales e intermunicipales (pequeños medianos y grandes) colapsados.

• 3000 kilómetros de carreteras y caminos afectados.

• 756 escuelas, entre colapsadas y con deslizamientos.

• 23 unidades de salud con pérdida total y 73 con afectaciones medianas y graves.

• 215,000 hectáreas de cultivo siniestradas.

• 45,000 cabezas de ganado perdidas.

• Tan sólo en la región de la Montaña, donde se ubican los municipios más pobres del país y de América Latina, el 80 por ciento de los cultivos fueron devastados, lo que ha hecho que millares de personas migren al norte del país para trabajar como jornaleros agrícolas.

Ante la magnitud del desastre, esta honorable Cámara de Diputados aprobó un fondo especial para la reconstrucción de Guerrero por la cantidad de 7 mil millones de pesos, fondo con el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció fondear un monto superior a los 30 mil millones que con bombo y platillo fue corriendo y dijo en Guerrero que el estado seria atendido de inmediato; para lo cual se creó el consejo ciudadano para atender la reconstrucción con la promesa de que serviría para vigilar la correcta aplicación de los recursos.

En lo que va de la fecha del desastre al día de hoy, Enrique Peña Nieto ha estado en Guerrero por lo menos 18 veces y distintos secretarios no han dejado al igual que él, de irse a tomar la foto y hacer anuncios y más anuncios de acciones que no estamos viendo que se convierta en hechos, en las zonas de los puentes y tramos carreteros colapsados hay unas cuantas maquinas arronzadas y algunos trabajadores que están haciendo como que trabajan, pero no hay avances sustanciales porque realmente no se está aplicando el recurso que esta soberanía aprobó para esos efectos.

Las amas de casa, los campesinos, los pescadores, los ganaderos, los comerciantes, los agricultores, las familias que perdieron sus casas y los pueblos que semidesaparecieron están en el peor de los abandonos; el gobierno de Guerrero ha hecho lo humanamente posible por responder a las demandas y exigencias de los afectados, porque el recurso que desde aquí aprobamos para la reconstrucción de nuestro estado, simple y sencillamente no han sido liberados por parte de las instancias del gobierno federal, pero eso si a cada rato se hacen anuncios y aparecen fotografías de funcionarios y el propio presidente de la república de las visitas que hacen al estado pero sin ningún resultado para los afectados.

Estos daños multiplican sus efectos por dos razones; primero, se trata del segundo estado más pobre del país, cuya reconstrucción no solo material sino también del tejido social, requerirá de varios años y una inversión millonaria tan sólo para la recuperación de su infraestructura. Segundo, es el robo que están haciendo las empresas del estado de México a nuestro estado; pues tenemos conocimiento que oficinas centrales y la delegación Guerrero de SCT, están contratando empresas en su mayoría del Estado de México, que están robándole a Guerrero, un ejemplo contundente de esto es la empresa que trabaja en la mejora de la carretera federal Arcelia-Teloloapan, cobrando 5 millones de pesos por kilómetro solo por mejoramiento de la mencionada carretera; esto se puede comprobar consultando las licitaciones que se publicaron para tal efecto.

Los diputados federales guerrerenses no queremos pensar que los recursos se han detenido para liberarlos cerca del proceso electoral para beneficiar al PRI en Guerrero y que para seguir beneficiando a las empresas del gobierno, la secretaria Rosario Robles ha declarado que no serán contratados los constructores de Guerrero baja el argumento de haber quedado mal en la construcción de las casas de Ometepec, después del sismo, cuando sabemos que fueron empresas de fuera de Guerrero las que quedaron mal. Nosotros tenemos claro que no liberar los recursos y no contratar a los constructores guerrerenses, afecta directamente la economía local porque agudizará la falta de empleo, y en consecuencia las carencias de los afectados, que en medio de esta crisis profundizará la problemática.

Cifras de otros hechos constatan la molestia, el enojo de las y los guerrerenses que ante la falta de respuesta, ante la falta de atención y desde luego ante la falta de solución han tomado las calles y carreteras del estado para exigir que se les atienda y se les dé solución; así tenemos que ha habido no menos de 37 manifestaciones para exigir solución a la problemática, en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Norte, Montaña y Centro de Guerrero.

Vengo a esta tribuna con la honrosa representación de mis compañeros diputados y diputadas guerrerenses y con la de mi partido, el de la Revolución Democrática, para presentar la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo Parlamentarios

Primero: Se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que ordene a la secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las instancias del gobierno federal competentes, a liberar de inmediato los recursos del fondo para la reconstrucción de Guerrero y se atiendan con urgencia y eficacia las necesidades de las y los afectados por la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid.

Segundo: Se exhorta al presidente de la República, para que instruya a las instancias correspondientes, que en la realización de las obras para la reconstrucción de la infraestructura de Guerrero, se contrate a las empresas constructoras y la mano de obra locales.

Dado en el Palacio Legislativo de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de febrero de 2014.

Diputados: Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rubrica), Catalino Duarte Ortuño (rubrica), Silvano Blanco de Aquino (rubrica), Carlos de Jesus Alejandro (rubrica), Marino Miranda Salgado (rubrica), Jorge Salgado Parra, Vicario Portillo Martínez (rubrica), María del Rosario Merlín García (rubrica), Teresa de Jesús Mojica Morga (rubrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y la venta de los ingenios administrados por éste, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas y Sector Azucarero (FEESA), que desde su creación hasta la fecha ascienden a 785 millones de pesos, así como la venta de los ingenios administrados por dicho fondo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En México hay 57 ingenios azucareros, de los cuales en 2001 fueron expropiados 27, cuya mayoría fue regresada o licitada, como se muestra en la tabla siguiente:

2. Actualmente, los 9 ingenios azucareros expropiados y administrados por el FEESA son Casasano, Emiliano Zapata, Atencingo, Plan de San Luis, El Modelo, El Potrero, La Providencia, San Cristóbal y San Miguelito.

El FEESA tiene por objeto la administración de los bienes expropiados, a través de los medios financieros, fiduciarios y, en general, jurídicos que resulten necesarios.

3. El apoyo fiscal para mantener la operación del FEESA en los últimos 11 años ha sido el siguiente:

4. Desde julio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación se anunció la comercialización de ingenios de FEESA, pero se detuvo ante el cambio de Gobierno Federal; en marzo del 2013 los 9 ingenios del FEESA fueron incorporados al Servicio de Administración y Enajenación de la Secretaría de Hacienda, con lo que se avanzó en la desincorporación del gobierno federal de los ingenios.

Consideraciones

A) De conformidad CON información de la Sagarpa, el apoyo que el gobierno federal ha proporcionado a la expropiación de los 27 ingenios azucareros de 2001 a 2013 ha costado 6 810 136.10 miles de pesos al erario, como se muestra en la tabla siguiente:

Al respecto, cabe señalar que los datos no consideran el FEESA.

B) No obstante lo anterior, a la fecha no se sabe la situación financiera de los ingenios, es decir, si operan con pérdidas o ya se recuperaron.

C) Del análisis del presupuesto 2012 a 2014, se pueden observar variaciones relevantes de un año a otro; para 2014 se asignó un monto de 159 millones 283 mil pesos de presupuesto, monto 18 veces mayor al que recibió el año pasado y el más alto que se ha registrado desde 2002, según Presupuestos de Egresos de la Federación.

Entre 2001 y 2013, el FEESA habrá gastado 785 millones de pesos.

D) Los recursos que recibe el fondo FEESA, presenta variaciones relevantes que van desde 8.03 millones de pesos en 2003 a 159.3 millones de pesos en 2014, sin que se tenga una explicación de ese comportamiento, debido a que casi no se tiene información pública.

Actualmente, el FEESA vigila la operación de sólo 9 ingenios, de los 21 que originalmente se expropiaron, cuenta con tres plazas de servidores públicos que ganan un sueldo como si tuvieran la responsabilidad de un subsecretario, según verificación en transparencia: Para 2014, el director del FEESA tiene asignados 2 millones 838 mil 415 pesos de sueldo anual bruto; el director corporativo jurídico 2 millones 776 mil pesos y el director de administración y sistemas otros 2 millones 492 mil pesos.

E) En entrevista, el director del FEESA aseguró que este año el presupuesto es más alto porque se pagarán deudas que tienen los ingenios: “Son 150 millones que se va a ir a pagar deudas de IMSS, que se vienen arrastrando desde antes de la expropiación y que se han ido acumulando a lo largo de 12 años por una mala administración, queremos limpiar esas deudas para evitar mayores sanciones del SAT”.

F) Al respecto, se advierte que las deudas y otros pasivos que arrastran los ingenios son poco conocidos, así como las utilidades que ha generado cada ingenio, que operan con fideicomisos individuales que a su vez recibe dinero del FEESA.

G) Los 9 ingenios que se encuentran en manos del FEESA, tendrán que ser puestos en venta de conformidad a un mandato derivado de la revisión en el ejercicio fiscal de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que no se pueden mantener ingenios en una situación ambigua, es decir, o se constituyen en una empresa paraestatal o se privatizan, y no hay ningún interés del gobierno federal de hacer una empresa paraestatal de ingenios, no es necesario.

H) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

I) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

J) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. A fin de transparentar los recursos del Fondo de Empresas Expropiadas y Sector Azucarero (FEESA), se exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ciudadano Enrique Martínez y Martínez, a hacer del conocimiento público lo relativo, desde su creación hasta la fecha, a lo siguiente:

• Los recursos destinados y ejercidos por el FEESA.

• La situación financiera de cada uno de los nueve ingenios que administra el FEESA.

• El estatus que guarda el pago de la liquidación a los productores.

• El procedimiento para poner en venta los ingenios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a transparentar los recursos ejercidos en las unidades especializadas en combate del secuestro de las 32 entidades federativas y hacer del conocimiento público las acciones implantadas para abatir ese delito, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a transparentar los recursos ejercidos en las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro de las 32 entidades federativas, mismos que desde su creación a la fecha ascienden a más de 453 millones de pesos; asimismo, haga del conocimiento público las acciones que se han implementado a fin de abatir al secuestro; al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. A finales de 2009 se publicaron los decretos de creación de las 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS); mismas que se encuentran adheridas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada.

2. La función de las áreas que conforman las Unidades Especializadas abarcan el manejo de crisis y negociación, análisis táctico, investigación policial y operaciones especiales, contando con el apoyo de las áreas técnica, especializadas y de análisis de la Procuraduría General de Justicia de los Estados.

3. Las unidades especializadas tienen como encomienda: investigar la realización de conductas delictivas que, por su naturaleza, actualicen su competencia, así como ejercitar acción penal ante la autoridad jurisdiccional correspondiente una vez que se encuentren reunidos los requisitos legales para tal efecto y apegar el ejercicio de sus funciones a los principios rectores de la institución, así como a la normatividad aplicable.

4. Otra de las labores es garantizar que en el trato de los probables responsables se respeten los derechos consagrados en el orden jurídico que les sean propios; dar seguimiento, supervisar y, en su caso, intervenir en las fases del procedimiento posteriores a la averiguación previa, acorde a la legitimación que legalmente corresponda, utilizando los instrumentos jurídicos que permitan hacer prevalecer el interés institucional de la procuración de justicia y representar y asesorar a la víctima u ofendido, además de otorgar las medidas de atención y protección que resulten pertinentes a la salvaguarda de sus bienes y derechos.

Consideraciones

A) El 21 de agosto de 2008 se firmó en el Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por parte del entonces presidente Felipe Calderón, integrantes de su gobierno, gobernadores y representantes de la sociedad civil.

B) En el Cuadragésimo Octavo punto del acuerdo se estableció la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, responsabilidad a cargo de los gobernadores y del jefe de Gobierno del DF.

Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear unidades integradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro”, se indicó en el texto del acuerdo.

Para estos trabajos se estableció un plazo de seis meses, a partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, lo que no se cumplió.

C) El pasado 28 de enero de 2014, el gobierno federal presentó la Coordinación Nacional Antisecuestro, como una nueva estrategia para combatir este ilícito, a cargo de Renato Sales Heredia.

D) A la fecha, no obstante a que todos los estados cuentan ya con una Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), las cifras en los últimos años por éste delito se ha incrementado considerablemente.

E) El Índice Delictivo CIDAC 2012 registró que los estados que presentaron afectación severa por el delito de secuestro son: Tabasco, Nayarit, Durango, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Guerrero. Asimismo, el índice delictivo por cada 100 mil habitantes presentó una variación del 27% en aumento, con respecto al año 2010.

F) En 2013 el número de plagios denunciados rompió record con 1,695 averiguaciones previas registradas. Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Tabasco concentraron los casos de secuestro con 861 denuncias del total.

G) Inconsistencias

Las UECS, integradas desde 2009, están conformadas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público especializados en el tema; empero, según expertos, estos equipos, en muchos casos, no llevan a cabo tareas de investigación ni de prevención.

Únicamente se enfocan en las negociaciones para lograr la liberación de las víctimas y en atenderlas una vez que el plagio ha concluido.

Las unidades antisecuestro México trabajan en la opacidad.

Las procuradurías de los 32 estados ocultan datos sobre la cantidad de víctimas de secuestro que han liberado, los elementos que trabajan en las unidades y del control interno que se lleva sobre el personal.

El secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, reconoció que aunque las UECS ya cuentan las oficinas, falta capacitación de los policías en el país, junto con la carencia de recursos destinados para su combate en algunas entidades y municipios.

Asimismo, el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sostuvo que todas las unidades antisecuestro están instaladas en el país, pero con capacidades diferenciadas. La idea es que cada unidad tenga sus propias instalaciones, su propio equipamiento, sus peritos, y no necesariamente se ha logrado esto pero se está avanzando.

Miguel Bernardo Treviño, uno de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad, alertó que es imposible evaluar la eficacia de las UECS debido a la opacidad en la información por parte de los estados y la Administración federal, además de que no existe un esfuerzo por parte del Gobierno federal o de los distintos órdenes de Gobierno por crear indicadores para medir y comparar.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que las unidades presentan fallas, como incumplimiento de protocolos de actuación, rotación constante de personal y falta del equipamiento necesario y de transparencia.

De acuerdo con Causa en Común, la pasada administración federal otorgó 453 millones 543 mil 115 pesos, para la instalación de las UECS y para la capacitación del personal a su cargo; sin embargo, no frenaron el delito, estados fueron omisos y hay opacidad en recursos.

H) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

I) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

J) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. A fin de transparentar los recursos asignados de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS), se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación C. Miguel Ángel Osorio Chong, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles las acciones, mecanismos de evaluación y control de confianza certificados que ha implementado, asimismo lo relativo por entidad federativa desde su creación a la fecha, siguiente:

• Los Recursos destinados y ejercidos en las UECS

• El número de personal asignado a cada UEC

• El número de personal capacitado y no capacitado (Titulares, mandos, ministerial, pericial, policial y administrativo).

• El reporte de incidencias de secuestro y rango de incidencia.

• Acciones implementadas para abatir al secuestro

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que en el Programa Anual de Auditorías 2014, sea considerada la revisión a las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de las 32 entidades federativas; a fin de verificar que los recursos ejercidos y los procedimientos se hayan apegado a la normatividad establecida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar en la elaboración de la respectiva ley estatal de cultura cívica, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, del estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El incumplimiento de normas sociales que permitan la convivencia armónica dentro de la sociedad, se refleja en la ausencia de respeto a las personas y a los bienes, tanto públicos como privados.

Que la cultura cívica puede contribuir a la consolidación de un sistema que efectivamente garantice las libertades substantivas de los individuos.1

Que en la ciudad de México el 31 de mayo de 2004 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito federal, la Ley de Cultura Cívica, la cual es regulada por 52 juzgados cívicos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los cuales están ubicados en las 71 coordinaciones territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Que el objetivo de los Juzgados Cívicos del DF está orientado a proteger la tranquilidad, seguridad y dignidad de las personas, así como el entorno urbano.2

Que según la Ley de Cultura Cívica del DF, el juez cívico tiene como labor principal la conciliación entre las partes para la resolución de los conflictos, no solamente las sanciones o amonestaciones.

En la actualidad la sociedad de nuestro país se ha notado intolerante, no se aceptan las diferencias, se continúa siendo un pueblo muy discriminador hacia la mujer, las minorías, las razas, etcétera.

Por lo anterior la cultura cívica es una herramienta de apoyo en el cual se conjugan el sistema de valores, actitudes, conocimientos y habilidades que nos conducen a participar de manera activa, responsable e informada en la construcción de ciudadanía.

Vale reconocer que el estado de derecho esta forjado en el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones, así como en una cultura de la legalidad fomentada por el principio intrínseco de la sana convivencia dada en las relaciones humanas.

La cultura cívica debe nacer del entender que los delitos de alto impacto son repercusión del pasar por alto aquellos de baja huella, la tolerancia de infracciones administrativas que se busca señalar en la Ley de Cultura Cívica de cada entidad, ilustradas en la del Distrito Federal, son la antesala para la comisión de delitos mayores.

La seguridad ciudadana es un tema que en la actualidad parece estar en una línea delgada, que la promoción de una ley de estas características es necesaria para el fortalecimiento de la legalidad.

Que el objetivo del presente, es promover que las entidades federativas de nuestro país, abonen en la construcción de estados seguros y tolerantes, que la ausencia de cultura cívica es motivo del desprendimiento de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Congresos locales de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que legislen en la elaboración de una Ley de Cultura Cívica en su entidad.

Notas

1 http://www.fundacionpreciado.org.mx/

2 http://www.consejeria.df.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del PVEM

La pérdida de un idioma constituye un empobrecimiento para la humanidad, debido a la importancia de la lengua, este próximo 21 de febrero se instituyó como el Día Internacional de la Lengua Materna por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), esto con el objetivo de promover la diversidad cultural y el multilingüismo.

Con la celebración de esta fecha, se pretende exhortar a los estados a promover la enseñanza y la educación en la lengua materna, además de proteger todos los idiomas en el mundo fomentando la unidad en la diversidad.

Las lenguas son el instrumento para preservar y desarrollar el patrimonio cultural tangible e intangible, toda acción tendiente a la conservación de las lenguas maternas servirá no sólo para salvaguardar el patrimonio lingüístico, sino para preservar y conservar tradiciones y conocimientos milenarios.

Cada lengua refleja una visión única del mundo, en la que se ha formulado un pensamiento, un sistema filosófico y el entendimiento del mundo que le rodea, pero a partir del siglo XXI las múltiples lenguas han sido consideradas como barreras para el progreso humano por lo tanto la globalización ha sido la herramienta para eliminar estas barreras.

La globalización tiende a la unificación y homogeneización de todos los aspectos de la vida humana, y al igual que la Teoría de la Evolución, de Charles Darwin, y la Ley del más fuerte, aplica lo mismo para las lenguas, las más habladas como el inglés, mandarín o el español, pueden acabar con lenguas maternas con menos hablantes como son el vasco, el chibcha o el tlapaneco.

La lengua es como un músculo, si no se practica se va perdiendo, y con ella parte de la historia y sabiduría del mundo, de esta manera pasaría a formar parte de las lenguas muertas, como el latín y el griego antiguo.

En el caso de América la situación es alarmante, numerosas lenguas han desaparecido, prácticamente no hay país en el continente en el que no haya lenguas amenazadas.

En México, nuestra Carta Magna en su artículo segundo inciso A, fracción IV, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, pero a pesar de esto, muchos de estos dialectos se encuentran en riesgo de desaparición.

El peligro de perder estos idiomas milenarios se debe principalmente al reducido número de hablantes, a la dispersión geográfica, a la exclusión de las lenguas indígenas de los espacios públicos e institucionales, y a que el número de niños que las aprenden disminuye día a día.

El Atlas de las lenguas en peligro en el mundo , indica que al menos 14 lenguas menores están en serio peligro o casi muertas en nuestro país, y cuatro o cinco más con un número sustancial de hablantes también pueden correr la misma suerte.

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México habitan casi 7 millones de personas que hablan alguna de las 11 familias lingüísticas, en cuanto a su distribución los estados que reportan el mayor número de hablantes son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero.

Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), dentro de las lenguas indígenas más habladas en nuestro país se encuentran en primer lugar el náhuatl, maya, lenguas mixtecas, lenguas zapotecas, tzotzil y tzeltal, y por el contrario tenemos lenguas como el lacandón, el cual apenas es practicado por 20 personas en todo el país.

En el Partido Verde Ecologista de México de estamos orgullosos de preservar nuestras raíces culturales, y de contar con una nación pluricultural que llena de vida, colores y sabores nuestros pueblos y ciudades, en este sentido hacemos votos para extender y reforzar la utilización de la educación indígena bilingüe.

Por lo tanto, honramos en este día no sólo la lengua ancestral, sino toda la cosmovisión de nuestros antepasados que complementada con la cultura europea se convirtió en un crisol que nos representa de manera excelsa en el escenario internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

Diputado Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica)

Inklusion
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