Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3940-V, miércoles 15 de enero de 2014

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Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y los hombres dedicados a la enfermería en México
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la directora general del Inmujeres del Distrito Federal a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar la presunta violación de los derechos humanos de los habitantes de Atempa, en Calnali, Hidalgo
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario de Gobernación a vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y de los extranjeros que transiten por nuestro territorio durante las fiestas de fin de año

Dictámenes negativos

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos Personales

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y los hombres dedicados a la enfermería en México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento a la destacada labor de las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

III. En el capítulo de “Consideraciones” la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“... hacer un reconocimiento público a las y los enfermeros del país, no sólo haciendo expreso nuestro respeto a su labor cotidiana, sino también sugiriendo acciones destinadas al fortalecimiento institucional de la enfermería en México, a partir de la profesionalización y capacitación de quienes se dedican a esta importante actividad.”

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en las que basa su solicitud es que el pasado 6 de enero se conmemoró el Día de la Enfermera y el Enfermero en México, “una noble profesión dedicada a la prevención, diagnóstico y atención de las enfermedades que afectan a la población.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“...resulta apremiante emprender acciones que promuevan la importancia de la enfermería para el desarrollo humano y la protección integral de la salud, sobre todo si consideramos que tanto la agenda legislativa como la gubernamental contemplan temas como la implementación del Sistema Nacional de Salud Universal, en donde los profesionales de la salud desempeñarán un papel fundamental.

La seguridad y calidad de vida de los paciente de México no pueden ser garantizados a plenitud, si no contamos con personal de enfermería suficiente con la formación y capacitación indispensable para la realización de sus tareas”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Primero. “La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud elabore y remita a esta soberanía, un diagnóstico sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros en el país.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en los términos de la legislación vigente, promueva la profesionalización y capacitación continua de los servicios de enfermería en México.”

III. Consideraciones

A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión rinda reconocimiento a la importante y valiosa actividad que realizan las enfermeras y enfermeros del país en el ejercicio de su profesión.

Sin lugar a dudas, la labor que día tras día realizan mujeres y hombres enfermeros a lo largo y ancho del territorio nacional, permite que las personas que por alguna u otra razón requieren atención médica y hospitalización, sanen de manera óptima.

De hecho, el pasado 7 de enero el Presidente de la República Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del Día de la Enfermera y Enfermero, en la que hizo un reconocimiento a las más de 300 mil enfermeras y enfermeros del país, a su trabajo, a su entrega, a su dedicación esmerada, apasionada y comprometida con la salud.

Por su parte la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, expreso que las enfermeras y enfermeros “son el rostro humano de los servicios de salud. Su vocación de servicio y entrega los convierte en pilar fundamental y uno de los mayores patrimonios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Los sitúa en un lugar primordial para ofrecer servicios de calidad. Son, dentro del equipo de salud, lo más importante que tenemos”.

Por lo anterior, es oportuno e importante que la Comisión Permanente haga suya dicha proposición y de un reconocimiento a una de las profesiones cuya actividad resulta indispensable para el mantenimiento de la salud de todos los mexicanos.

D. Por lo que hace al segundo resolutivo, la comisión dictaminadora considera necesario que la Secretaría de Salud informe sobre la situación actual que prevalece en la formación profesional de las y los enfermeros del país.

Incluso dentro del marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero, el presidente de la República resaltó dos acciones que el sector salud ha puesto en práctica como parte del compromiso del Gobierno de la República para asegurar mejores servicios de salud: Primero, el Programa de Profesionalización de Enfermería, para que en las instituciones del sector salud del país, existan programas que aseguren que enfermeras y enfermeros puedan concluir estudios de posgrado y así accedan a mejores plazas; y Segundo: incremento en los montos de becas a pasantes de enfermería en un 20 a 25 por ciento.

E. En relación al tercer resolutivo, la comisión dictaminadora considera procedente la petición de la proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a las mujeres y hombres dedicados a la enfermería en México, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica), diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica)

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la directora general del Inmujeres del Distrito Federal a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Auport

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a resolver con estricta sujeción a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí; y al Instituto de las Mujeres en el DF, a colaborar durante el proceso y después de él”, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

I. Antecedentes

A. En la sesión del 18 de diciembre de 2013, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición enunciada en el proemio del presente.

B. Esta proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados año XVII, número 3930-III, del 18 de diciembre de 2013.

II. Contenido

A. La proposición de los legisladores Mejía Berdeja y Monreal Ávila pretende que la honorable Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que resuelva, con estricto apego a la ley el caso de la joven Yakiri Rubí; y que exhorte al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a colaborar en el marco de sus atribuciones durante y después del proceso.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“El pasado 9 de diciembre, Yakiri Rubí caminaba por las calles de la colonia Doctores en el Distrito Federal cuando los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya, a bordo de una motocicleta, comenzaron a intimidarla y acosarla primero con expresiones verbales y posteriormente, haciendo uso de un cuchillo, la amagaron y subieron al vehículo sin que ella pudiera hacer nada.

Los sujetos llevaron a Yakiri a un hotel llamado “Alcázar” en donde según declaraciones de la víctima, uno de ellos saludó familiarmente al administrador y únicamente le indicó “ya sabes a donde”, sin existir registro y pago alguno por el uso de la habitación del hotel.

Ya en la habitación, los hombres forcejearon y golpearon a Yakiri quien posteriormente sería abusada sexualmente, en dicho contexto la joven defendió su vida y en su intento asesinó a uno de sus agresores, logrando así escaparse y solicitar ayuda.

Sin embargo, el padre de Yakiri ha denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades del proceso, tales como no permitirle a la víctima hacer llamada que por derecho está garantizada, así el hecho de no suministrar los anticonceptivos pertinentes ante la presencia de una violación sexual.

Todo esto aunado a que el sobreviviente (Luis Omar Ramírez) está siendo protegido por las autoridades al ser vecino inmediato de la agencia 50 del Ministerio Público, por lo que ahora ella se encuentra acusada por homicidio y enfrenta el proceso en el interior del penal de Santa Martha en donde en días subsecuentes fue golpeada por una reclusa quien se presentó como hermana de los sujetos y bajo el nombre de Cassandra, razón por la cual se solicitó protección para Yakiri la cual fue otorgada.

Asimismo, el padre de Yakiri denunció que los abogados del hotel Alcázar intentaron sobornar a la abogada que lleva el caso, ofreciéndole noches de hotel gratis en cualquier destino de la República Mexicana.

Estos hechos han despertado la indignación de quienes conocen a la familia de Yakiri Rubí, principalmente por la empatía con su padre quien es profesor de baile y ha recibido muestras de apoyo de quienes le conocen; a la par de las y los usuarios de redes sociales quien usando el hashgtag #JusticiaParaYaki han demostrado el repudio en contra de un sistema de justicia que, en reiteradas ocasiones actúa en desapego de lo establecido en la legislación mexicana y en los tratados internacionales.”

III. Consideraciones

C. Esta representación, sin prejuzgar las circunstancias y los hechos sucedidos, deplora profundamente la situación que vive actualmente Yakiri Rubí Rubio Auport y confía en que la actuación de las diversas instancias logren establecer la realidad de los hechos sucedidos y las responsabilidades pertinentes.

D. Esta comisión, aprecia que la propuesta implica exhortar a 2 instancias distintas, por un lado, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por otro al Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Por cuanto al exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que “resuelva, con estricto apego a la ley”, esta representación considera que la fórmula utilizada es desafortunada, pues implícitamente conlleva la posibilidad de esta representación considere que aquella no esté resolviendo con apego a la ley, lo que sobrepasaría el indispensable trato institucional y de respeto que debe haber entre órganos del Estado.

E. Asimismo, esta comisión considera importante resaltar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, forma parte del poder ejecutivo local, es decir parte de otro poder, en otro ámbito —local—; por lo que un exhorto con las características establecidas, podría considerarse una intromisión entre poderes, a la luz del principio de autonomía de funciones y de niveles claramente definido por la doctrina de Locke y Montesquieu.

F. Por cuanto al exhorto al Instituto de la Mujeres del Distrito Federal para que colabore durante el proceso y después de él, los dictaminantes consideramos que ninguna autoridad puede ejercer funciones que no tenga expresamente conferidas, en estricto acato al principio de legalidad constitucional, expresado en los artículos 14, 16 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor considera improcedente acceder a la propuesta en los términos toda vez que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal no las señala como facultad del Instituto.

G. La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal estipula las siguientes cuestiones aplicables al caso:

“Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I a VII. ...

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

IX y X. ...”

“Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:

V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres”.

“Artículo 16. El INMUJERESDF, deberá:

I. Diseñar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento yvigilancia de los objetivos de la presente Ley; así como para la capacitación yespecialización de las y los servidores públicos del gobierno del Distrito Federal en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres;

II. Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres;

III. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

IV. Brindar a las víctimas de violencia servicios de educación y capacitación para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento;

V. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como la eliminación del lenguaje sexista y/o misógino.

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, organizaciones patronales y sindicatos, para promover los derechos de las mujeres en los ámbitos público y privado; y

VII. Las demás que señalen la disposiciones legales”.

“Artículo 26. La Procuraduría deberá:

I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;

II. Realizar investigaciones para detectar y desarticular redes de prostitución, corrupción, trata de personas y otros delitos de los que son víctimas las mujeres;

III. Fomentar la coordinación interinstitucional local y nacional para detectar las redes señaladas en fracciones anteriores e informar a la sociedad sobre las acciones en materia de detección y consignación de estas redes;

IV. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;

V. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, así como de violencia familiar, y las agencias especializadas que las atienden.

VI. Crear bases de datos que contengan información de carácter público a efecto que pueda registrarse el seguimiento de los casos donde la mujer es víctima de algún delito que atente contra su integridad personal, desde la etapa de averiguación previa y hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo el procedimiento respectivo para la reparación del daño.

VII. Realizar estudios estadísticos e investigaciones referentes al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como de las causas y sentencias que se dictan en contra de las mujeres responsables de delitos;

VIII. Crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar en que ocurrieron, especificando su tipología, características de la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño;

IX. Elaborar una página de Internet en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. Dicha página deberá actualizarse constantemente. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas; atendiendo en los términos de que establece la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

X. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes, instaurados por el Instituto de Formación Profesional, en: derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros;

XI. Elaborar, aplicar y actualizar Protocolos especializados con perspectiva de género en: la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual;

XII. Crear una base de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada; La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas; y

XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de esta Ley”.

“Artículo 55. Las acciones de acceso a la justicia consisten en:

I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren;

II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la reparación del daño; y

III. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contra las mujeres y evitar la violencia institucional;”

H. En ese sentido, los integrantes de esta primera comisión consideran pertinente solicitar tanto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, consideren las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.

I. No escapa a esta representación la importancia de dar seguimiento a los avances en las investigaciones del caso.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Ríos Garza y a la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal C. Beatriz Santamaría Monjaraz, tomen en consideración las disposiciones que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en el caso de la indiciada Yakiri Rubí Rubio Auport.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica)

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada “Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CDI a situar oficinas de atención de los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país”, suscrita por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

I. Antecedentes

A. En la sesión del 18 de diciembre de 2013, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición antes enunciada.

B. Esta proposición fue turnada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados año XVII, número 3930-III, del 18 de diciembre de 2013.

II. Contenido

A. La proposición pretende que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país que cuenten con suficiencia presupuestal, recursos humanos y materiales y a realizar un registro de la población indígena en las ciudades fronterizas del norte del país.

B. Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

La frontera del país tiene una extensión de más de 2 mil kilómetros; es conocida como la puerta de Latinoamérica, en donde se conjunta un mosaico de diversidad cultural, social y económica, se observa gran migración de los pueblos y comunidades indígenas a la frontera de nuestro país.

De acuerdo con Laura Velasco, los pueblos indígenas fueron trasladados desde sus lugares de origen hacia la frontera norte desde la época de los cincuenta, sobre todo, los trasladaban a los plantíos agrícolas de Baja California, Sonora o Chihuahua, pasando por Sinaloa.

La característica principal de estos migrantes es que son originarios de pueblos indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Existen algunas características de los migrantes indígenas que se dirigen a la frontera norte, una de ella es la implementación de un sistema de reclutamiento de los empresarios indígenas al contar con mediadores indígenas que acuden a las comunidades indígenas a reclutar a trabajadores y trasladarlos a los campamentos agrícolas, situación que se sigue realizando.

Asimismo, otro indicador que identifica a estos migrantes indígenas es que son bilingües de alguna lengua indígena y el español, en donde el dominio del español es muy limitado, por lo que depende de un tercero para arreglar su situación contractual.

De acuerdo con distintas investigaciones, las principales ciudades fronterizas que han detonado su crecimiento demográfico y económico son Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, ciudades donde se concentra la migración y residencia de los pueblos indígenas del sur del país.

Desde la óptica de la migración transfronteriza se observan nuevas formas de convivencia social, las cuales redefinen las interrelaciones de la población mexicana y de origen mexicano, en la frontera (México-EU).

Las ciudades fronterizas forman nuevos referentes de identificación, donde la nación simbolizada adquiere otras formas de expresión. También se fortalecen las redes sociales y las comunidades transnacionales. Del mismo modo, se desarrollan los campos socioculturales transfronterizos y crecen intensos procesos de circulación cultural.

La teoría del melting pot que tenían los investigadores sobre los pueblos que migran a otras ciudades o países, sufren de un proceso de adaptación o asimilación paulatina que iría debilitando los vínculos prácticos y simbólicos de los migrantes con los lugares de origen, entró en crisis durante la década de los sesenta. Es así que surge la noción de la vinculación con el lugar de origen a través de las prácticas, ritos y costumbres, tuvieron gran relevancia incluso ahora son parte de las herramientas conceptuales de la teoría del transnacionalismo y de las ciudades transfronterizas.

Esta perspectiva tiene muchas vertientes y enfoques que se han enunciado durante las tres últimas décadas. Las investigaciones y los estudios han mostrado una gran diversidad sobre el tema, diferenciando y caracterizando en diferentes niveles de acuerdo a la estrategia analítica de investigación y a la actividad. Se incluye desde una visión que envuelve a los flujos de capital global, medios de comunicación e instituciones políticas, así como, la perspectiva de la vinculación de los migrantes con sus lugares de origen, pasando por el tema de la reciprocidad dentro de las familias; es decir, grupos de parentesco transnacionales o la visión de comunidades transnacionales caracterizadas por sentimientos de solidaridad en diásporas étnicas. De la misma forma se han analizado la participación política, circuitos migratorios, migrantes indocumentados, remesas, trabajadores calificados y no calificados, entre muchos otros temas.

Los pueblos indígenas en las fronteras redefinen sus prácticas, sin romper sus vínculos con su lugar de origen. Las comunidades transfronterizas tienen un enfoque de prácticas y vínculos que involucran la recreación de un sentimiento que se basa en la comunidad, el cual, comprende a migrantes y a la gente del lugar de origen; comprende la aparición de prácticas de sociabilidad, ayuda mutua y rituales arraigados en la comprensión cultural que corresponde al sentido de pertenencia y obligaciones sociales de los inmigrantes. Estas prácticas constituyen la columna vertebral de las comunidades emergentes sin propincuidad.

Aunado al tema sociocultural, es importante mencionar que en la parte económica los migrantes indígenas transfronterizos tienen una tradición que deviene desde el programa de Braceros, del auge algodonero en los estados fronterizos Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. La vecindad con Estados Unidos generó centros urbanos con actividades económicas dinámicas, tanto en su crecimiento como en su demanda laboral y entre las que destacan la de los servicios, particularmente aquellos que tienen como destinatarios a la población estadounidense que visitan recurrentemente las ciudades fronterizas, y las maquiladoras.

Ejemplo de ello es Tijuana, Baja California, con base en el censo del Inegi (2010), los indicadores socioeconómicos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y del estudio Condiciones sociodemográficas de la población indígena en Tijuana, realizado por El Colegio de la Frontera Norte, se menciona que en esa ciudad residen 52 pueblos indígenas tales como: mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomís, y nahuas que se asientan en 45 colonias Tijuana, de las cuales 34 son de alta marginación como la colonia Las Torres, 10 de Mayo, Valle Verde, El Pípila, zona oeste de El Florido, Matamoros, Sánchez Taboada, Loma Bonita, Oaxaca y El Pedregal.

Estos indígenas asentados en Tijuana no tienen acceso a las políticas públicas de la CDI. Por ello es necesario redoblar esfuerzos en esta materia. Son asentamientos con poca o nula infraestructura básica, no cuentan con pavimentación, alumbrado público, obra pluvial, muros de contención, drenaje, agua potable y electrificación.

Por lo que toca a sus condiciones de vida, son víctimas de omisión en el proceso de desarrollo social, de discriminación, exclusión y de violación a sus derechos individuales y colectivos como son programas de regularización de terrenos, vivienda, salud, acceso a la educación, empleo, apoyo al desarrollo de sus actividades como artesanos, práctica de sus manifestaciones culturales propias, identidad jurídica, intérpretes y traductores en los juicios y procedimientos jurisdiccionales en general, por lo que se requiere de la atención de la CDI y de la implantación de políticas públicas para la atención de los indígenas, bajo un enfoque intercultural, en materia de servicios públicos básicos, respeto a sus actividades artesanales y comerciales, integración al desarrollo regional, regularización de las colonias y terrenos. En síntesis, la CDI debe de garantizar desde el ejercicio público el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas como lo establecen los marcos jurídicos nacionales e internacionales, para lo cual se requiere de una oficina de atención a los pueblos indígenas en las ciudades fronterizas, como ejemplifica Tijuana, ya que una de cada tres personas es indígena.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Apartado B señala que la federación, los estados y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

La Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece en el artículo 2o. que la comisión tiene “como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Asimismo, en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se establece que las delegaciones tiene la obligación de

• Promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

• Promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos.

• Apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

• Coordinar y supervisar a las unidades administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión, entre otras.

El artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos Presupuestos...

Por todo lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

III. Consideraciones

C. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), se aboca a la atención de los pueblos y comunidades indígenas bajo u concepto más amplio que los asentamientos indígenas localizados en diversas zonas, tal como lo plantea el proponente.

D. Asimismo, la CNDI, ya cuenta con representaciones en los estados fronterizos señalados por el proponente.

E. No obstante, se considera conveniente y necesario que más allá del concepto de pueblo y comunidad, esta representación atienda a los asentamientos humanos en colonias o barrios en los que persiste esta unidad de cultura, lengua, tradición e idiosincrasia de determinados grupos indígenas, aún cuando no se trate de una delegación, sino de alguna oficina de atención, en los términos formulas, siempre que cuente con los recursos materiales, humanos y económicos para el efecto.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, licenciada Nuvia Mayorga Delgado que, en la medida de las posibilidades presupuestarias, materiales y humanas ubique oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte del país y realice un registro de la población indígena en las mismas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente, senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica)

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar la presunta violación de los derechos humanos de los habitantes de Atempa, en Calnali, Hidalgo

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al que exhorta a la CNDH, para que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de Atempa, municipio de Calnali, estado de Hidalgo, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática.

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

En el mes de abril de 2012, en la localidad de Atempa, municipio de Calnali, Hidalgo, se afectó a un grupo importante de población mediante el cese del abastecimiento de agua, violentando el derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales en la materia.

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de precisiones referentes a que en la localidad en comento tiene una composición mayoritariamente indígena y las personas que radican en la región, son personas adultas mayores.

Asimismo, el cese del abastecimiento del agua deviene de un conflicto acerca de la legitimidad del representante de la comunidad indígena, misma persona que estaría facultada para realizar la recaudación de los pagos por el suministro del agua, sin embargo el representante en cuestión no es reconocido por la totalidad de la población y por tanto, se argumenta que su elección no se apega a los usos y costumbres de la comunidad.

Es importante recordar “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, misma que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

Así, después de registrarse diversos enfrentamientos entre los afectados, los habitantes de la comunidad de Atempa interpusieron una queja ante la Comisión de Derecho Humanos de Hidalgo, con el expediente CDHEH-ZA021613 la cual emitió medidas precautorias, acerca del conflicto social que podría surgir al no encontrarse los acuerdos necesarios para garantizar el suministro del agua.

Por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se llevaron a cabo las investigaciones necesarias, reportando los informes rendidos por Diego Hernández Santiago, delegado de la comunidad de Atempa, Rodrigo Rodríguez Cisneros, presidente municipal constitucional y Ulises Samaniego Vite, secretario general municipal, Calnali, Hidalgo, en carácter de autoridades involucradas.

Sin embargo los resultados fueron muy poco satisfactorios y no tendieron a buscar una solución al conflicto. La problemática no es menor, el impacto que se genera en esta localidad ante la falta del suministro de agua es devastador, e inclusive podría desencadenar un conflicto violento entre los integrantes de la comunidad y autoridades.

El libre acceso al agua es fundamental para el desarrollo pleno de las comunidades indígenas, es vital para la existencia, bienestar y progreso de las personas. Por ello, la falta del suministro del agua resulta una violación a los derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en el caso particular.

C. Concluye la proponente al señalar que:

“Es necesario destacar la urgencia con la que debe ser atendida esta problemática social, dado la complejidad de la misma y el respeto por la autonomía y libre determinación de la comunidad indígena”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Único. “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una investigación por la presunta violación de Derechos Humanos en la comunidad indígena de Atempa, en el municipio de Calnali del Estado de Hidalgo, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de sus derechos humanos”.

III. Consideraciones

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición que se dictamina y consideran procedente su propuesta, haciendo algunas precisiones al respecto.

Al respecto y para determinar la competencia en la materia, se citan las siguientes disposiciones legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Asimismo cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948 en su Artículo 25 señala que:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Entendiéndose el acceso al agua un recurso primordial para el aseguramiento de salud, bienestar y servicios sociales para el desarrollo humanitario.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 1, establece:

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

No debemos olvidar que los conflictos sociales pueden repercutir severamente en el Estado de Derecho, violentando consiguientemente el derecho de terceros, y principalmente violentando los Derechos Humanos.

La comunidad internacional se ha pronunciado a favor del libre acceso al agua. Por la importancia de la misma, a través de distintos organismos ha congratulado la implementación de Tratados internacionales con nuestra nación a fin de darles clara ejecución de los mismos.

La Comisión dictaminadora considera que el exhorto materia del presente Dictamen, abona en asegurar los Derechos Humanos y además da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados en la materia; y en ese sentido se considera que es facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar Derechos Humanos y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una investigación por la presunta violación de derechos humanos en la comunidad indígena de Atempa, en el municipio de Calnali del estado de Hidalgo, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes a fin de establecer los mecanismos adecuados para la salvaguarda de sus derechos humanos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; senador Héctor Yunes Landa, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), secretarios; diputado Manuel Añorve Baños, diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica), senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), senador Juan Carlos Romero Hicks, senador Manuel Camacho Solís (rúbrica), diputada María Teresa Jiménez Esquivel, diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica), senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, senador David Monreal Ávila (rúbrica).

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario de Gobernación a vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y de los extranjeros que transiten por nuestro territorio durante las fiestas de fin de año

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM y de la Segob a vigilar por la Comisión Nacional de Seguridad el Pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por territorio nacional en las fiestas de fin de año, suscrita por los diputados Juan Isidro del Bosque Márquez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

I. Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Se exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, a vigilar el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio durante el periodo vacacional de invierno diciembre de 2013 - enero de 2014.”

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de consideraciones en los que basan su proposición “año tras año, se observa al inicio del periodo de las fiestas decembrinas como miles de connacionales que migraron hacia los Estados Unidos de América regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Lamentablemente durante su traslado frecuentemente sufren violaciones tanto en su persona como en sus pertenencias, así como a su familia y acompañantes. Resulta cotidiano escuchar que se han presentado asaltos y violaciones en las carreteras del país, ya sea a través de ataques, y falsos retenes. Por ello, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales de nuestro país. Es oportuno recordar que en 1989 se creó el Programa Paisano como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos órdenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como los violentan en sus derechos humanos. Sin embargo, ante la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad, se hace necesario que las autoridades garanticen a los connacionales su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos”.

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

“En días pasados se puso en marcha el Programa Paisano, que tendrá vigencia del 1 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014, para este fin de año se estima que serán atendidas por el programa alrededor de 30 mil personas, de este umbral, el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Atención a Migrantes, aguarda la visita de alrededor de 10 mil veracruzanos”.

D. Abundan los proponentes en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formulan el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Primero. “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a reforzar sus mecanismos y medidas de seguridad encaminados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen con motivo de las fiestas de fin de año, así como, los diversos mecanismos de denuncia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a agilizar los trámites de denuncias por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan nuestro país para llegar a sus lugares de origen, con motivo de las fiestas de fin de año, así mismo, fortalezca las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto.”

III. Consideraciones

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, sin embargo, dado que el Programa Paisano 2013, se implementó del 1 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014, el exhorto para que el INM refuerce los mecanismos y medidas de seguridad encaminados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen con motivo de las fiestas de fin de año, así como, los diversos mecanismos de denuncia, sería de manera tardía.

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión ponen a consideración una nueva redacción del resolutivo a fin de solicitar a la Secretaría de Gobernación a través del INM, un informe que contenga además del número de connacionales atendidos, en sus 183 módulos fijos y 176 puntos de observación ubicados en 144 ciudades y 218 municipios ubicados en los Centros de Importación e Internación Temporal de Vehículos, puentes y aeropuertos internacionales, garitas, centrales de autobuses, presidencias municipales, carreteras, casetas de peaje, así como establecimientos comerciales de diversa índole, aquellas lugares en los que consideren que debiera haber mayores medidas de seguridad a fin de fortalecer la protección de los connacionales y sus familias para la temporada decembrina 2014.

D. Por lo que hace al segundo resolutivo, la comisión dictaminadora considera procedente exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año.

E. Con relación al tercer resolutivo, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el Programa Paisano 2013, tuvo una vigencia del 1 de noviembre de 2013, al 8 de enero de 2014, por lo que con base en lo dispuesto en la consideración C, se propone una redacción distinta en la que la Comisión Permanente solicite respetuosamente a la Procuraduría General de la República, un informe que contenga el número de denuncias, en caso de que se hayan presentado, por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitaron por nuestro país, con motivo de las fiestas de fin de año, así como las medidas que pudiera implementar para fortalecer las campañas de denuncias y módulos disponibles para tal efecto, en la temporada decembrina 2014.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a través del INM, un informe que contenga además del número de connacionales atendidos, por el Programa Paisano 2013, aquellos puntos en los que consideren que debiera haber mayores medidas de seguridad a fin de fortalecer la protección de los connacionales y sus familias para la temporada decembrina 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año 2014.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, un informe que contenga el número de denuncias, por parte de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitaron por nuestro país, con motivo de las fiestas de fin de año, así como las medidas que pudiera implementar para fortalecer las campañas de denuncias y módulos disponibles para tal efecto, en la temporada decembrina 2014.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión

Dictámenes

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos Personales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como Año de Protección de los Datos Personales, suscrita por las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido” se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;

I. Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de diciembre de 2013, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. Contenido

A. En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“solicita a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que declaren 2014 como “2014, año de protección de los datos personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión.”

B. Enseguida, las proponentes refieren una serie de consideraciones en las que basan su solicitud, “Primera. La protección de datos personales al ser un derecho fundamental independiente del derecho de acceso a la información, con características propias hace necesaria la emisión de leyes especiales en la materia en todos los Estados de la Federación, por lo que resulta indispensable la difusión del primero. Segunda. El alcance de la protección de los datos personales, no puede ni debe restringirse a la información personal contenida en medios electrónicos, sistemas de datos personales, bases de datos o bancos de datos, considerando que en los órganos de gobierno existen archivos físicos no sistematizados, por lo que la protección y el ejercicio de derechos ARCO se debe extender a los datos personales que se encuentren en sus archivos y documentos. Tercera. Para hacer expedito el derecho se debe fortalecer a través de procedimientos sencillos y expeditos para que los titulares de los datos personales puedan ejercer sus derechos ARCO, cuyos requisitos deben ser comunes en la federación, los Estados y en el Distrito Federal”.

C. Concluyen las proponentes al señalar que:

“Es pertinente replantear el alcance del derecho fundamental a la protección de datos personales, en virtud de que hoy en día debemos entender que el bien jurídicamente protegido no es simplemente el dato personal, sino la protección de la persona en sí misma”.

D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Único. “Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en el ámbito de sus atribuciones declaren el “2014, Año de Protección de los Datos Personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión”.

III. Consideraciones

C. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de las proponentes, sin embargo, no es procedente la solicitud ya que se encuentra pendiente para su discusión en el Senado de la República, la Minuta con proyecto de decreto para declarar al año 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”, cuyo decreto fue aprobado en Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2013, y recibida en el Senado de la República el 19 de marzo del 2013.

Aunado a ello, en la sesión de la Comisión Permanente del 8 de enero del 2014, fue aprobado por el Pleno un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se exhorta al Senado de la República a continuar con los trabajos legislativos para decretar al 2014 como “Año del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán”, y se incluya en el decreto respectivo la creación de una comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, encargada de preparar un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del decreto y hasta el último día de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente dictamen en sentido negativo, con base en el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que en el ámbito de sus atribuciones declaren el “2014, Año de Protección de los Datos Personales”, y se instruya a la administración pública a que se tomen las medidas para su difusión.

Segundo. Archívese el expediente como asuntos totalmente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de enero de 2014.

La Primera Comisión