Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3940-IV, miércoles 15 de enero de 2014
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SHCP a revisar e incrementar el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María de las Nieves García Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente disposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que al menos mueren 250 mil mujeres cada año por cáncer de ovario. Esto se debe al enorme subregistro que existe, por lo que sabemos que la mortalidad es mucho más alta.
A nivel mundial el cáncer de ovario ocupa la octava causa de cáncer femenino, pero es la segunda causa de muerte por canceres ginecológicos, sólo después del cáncer de cuello uterino.
México se encuentra en la segunda región de mayor frecuencia para cáncer de ovario, junto con países como Australia, algunos de Asia y algunos países de Sudamérica.
En México, cada año se diagnostican un promedio de 5,000 a 6,000 casos nuevos de cáncer de ovario, y de éstas mueren anualmente un promedio de 2.500 a 3.500 mujeres. Lo que equivale a 300 muertes mensuales, 10 muertes diarias, es decir, una muerte por este cáncer cada dos horas.
Se registran un total de 7,678 casos nuevos según datos del Sistema Nacional de Información en Salud de la SS, que se traduce en 20 diagnósticos al día y 10 defunciones por esta causa. De resaltar el hecho que resulta ser una malignidad más letal que el cáncer de mama y cérvix.
En general, es una enfermedad que se desconoce y se confunde con otros tipos de cáncer femenino principalmente el cáncer cérvico uterino, y también se confunde con otro tipo de enfermedades como son gastroenteritis, colitis o enfermedad pélvica, ya que los síntomas al principio son muy generales, y sólo en etapas avanzadas ya que existe crecimiento abdominal y hay líquido con células malignas ser hace el diagnóstico de cáncer.
Actualmente no existe un método de diagnóstico estandarizado, lo que dificulta el diagnóstico temprano. La supervivencia a cinco años es de 90 por ciento para las etapas tempranas; pero para la mayoría de los casos, que se presentan en etapas avanzadas la supervivencia se reduce a cinco años en el 5 al 20 por ciento de las enfermas.
La edad en que se presentan más casos es entre los 45 y 55 años, aunque cada vez se presentan más casos en edades más tempranas.
El diagnóstico en etapas clínicas avanzadas, que son las etapas III y IV, llegan a alcanzar el 75% de los diagnósticos de cáncer de ovario.
Por otra parte, la mortalidad por esta causa va en aumento, lo que lo convierte en un problema de salud publica importante que se debe de atender.
Sin embargo, el cáncer de ovario es curable cuando se logra hacer un diagnostico temprano y se da el tratamiento adecuado, que consiste en cirugía especializada y quimioterapia.
Esta enfermedad no se encuentra en el catálogo de enfermedades catastróficas, por lo que no está cubierta por el Seguro Popular.
Hasta hace cuatro años, se logró que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad y Género reconociera este problema y asignó al Instituto Nacional de Cancerología el primer dinero federal otorgado para esta causa, a través del Programa de Atención, Acceso y Prevención del cáncer de ovario en el año 2011.
Gracias al apoyo de la Cámara de Diputados de la LXI y LXII Legislaturas, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) ha logrado atender de forma integral un total de 763 pacientes, de las cuales 70% han sido de recién diagnosticadas y 30 % pacientes con recaída.
Gracias a este Programa se ha podido ofrecer una atención integral, que significa acceso a estudios de laboratorio y gabinete, cirugía, quimioterapia y terapias moleculares, acceso a terapias complementarias que hacen más fáciles los tratamientos, uso de catéteres, equipos de estomas, entre otras cosas.
Las asignaciones que la Cámara de Diputados ha hecho para este programa son:
• Para el año 2011: 5 millones de pesos
• Para el año 2012: 18 millones de pesos
• Para el año 2013: 32.5 millones
Esta problemática fue expuesta los días 30 de septiembre y 14 de octubre, durante las mesas interinstitucionales y en los documentos que se entregaron a las diputadas de la Comisión.
Para el año fiscal 2014 el Incan solicitó un monto de 34 millones de pesos, y la asignación original de la Comisión de Equidad y Género fue de 35 millones. Sin embargo el anexo 12 muestra una asignación de sólo 13.5 millones para dicho Programa de Atención de Cáncer de Ovario.
La reducción de este presupuesto tendría un impacto negativo en el desarrollo de un modelo de atención que maximiza el costo beneficio y despliega modelos complementarios de atención-Investigación-educación, proceso que quedaría trunco. Sin embargo, el mayor impacto se focaliza en la incapacidad para atender a pacientes para el 2014, tanto de primera vez, como de recaídas; para ellas significa la diferencia entre atenderse o morir.
Esta reducción significaría que sólo se podrán atender un 33% de las pacientes, y se quedarán sin ningún apoyo más de dos terceras partes de las enfermas de cáncer de ovario que se proyectó recibir para el 2014, con las consecuencias ya anotadas párrafos arriba.
Por lo anterior esta Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise la documentación presentada por el Incan y realice las acciones necesarias para que se atienda este problema de salud pública, de tal suerte que se pueda realizar en este mismo mes de enero la reasignación del presupuesto y se sumen 21.5 millones de pesos al Programa de Atención de cáncer de ovario, del Incan, para llegar al monto solicitado y se pueda otorgar la atención a las mujeres enfermas de cáncer de ovario para el año 2014
Por lo anterior, presento a esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias a fin de que se revise el presupuesto asignado al Programa de Atención de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología y se sumen 21.5 millones de pesos más a dicho programa, para llegar al monto de 35 millones de pesos, en el periodo fiscal 2014.
Dado en Palacio Legislativo, a los 15 días de enero de 2014.
Diputada María de las Nieves García Fernández
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la PGR sobre los resultados obtenidos hasta el momento en la averiguación previa número AP/ PGR/ TAMPS/ REY-IV3767/ 2012, relativa al accidente ocurrido el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Producción situado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, suscrita por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría General de la República, a informar sobre los resultados que hasta el momento se tengan de la averiguación previa número AP/PGR/TAMPS/REY-IV3767/2012 adscrita a la Procuraduría General de la República en Reynosa, Tamaulipas, referente a el accidente ocurrido en el centro receptor de gas y condensados de Pemex y Producción situado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey el 18 de septiembre de 2012, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 18 de septiembre de 2012, en Tamaulipas ocurrió una explosión en las instalaciones de uno de los centros receptores de Petróleos Mexicanos. Dejó 33 víctimas y más de 40 lesionados.
En su momento fue solicitada información sobre la causa, al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, y desde entonces no ha brindado información sobre las investigaciones que internamente se llevaron a cabo sobre el incidente. Manifestando que toda la información estaba en manos del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de la República, y por tanto le era imposible revelar información, hasta en tanto no se termine de integrar la averiguación previa correspondiente.
Por lo anterior, el 13 de septiembre, una vez que fue oficial el cierre de la averiguación previa que nos concierne, se le envió atento oficio a la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, mismo que se encuentra debidamente sellado de recibido, solicitando acceso a los resultados del caso relacionado con la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012, en Reynosa, Tamaulipas. Hasta el momento no ha dado respuesta a la solicitud.
Posteriormente, se solicitó la información a la misma dependencia a través de Infomex. La solicitud fue tramitada con el número de folio 0001700263013, sobre la cual nos encontramos en espera de respuesta.
El resultado de estas investigaciones es crucial para crear un antecedente y valorar el desempeño de la Secretaría de Energía y el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias por Pemex, una de las mayores fuentes de empleo en el país y que, por tanto, responsable de millones de trabajadores, que desempeñan funciones de gran riesgo en sus instalaciones.
Es nuestra responsabilidad cuestionarlos sobre el resultado de las investigaciones tendentes a resolver qué detonó esta tragedia, y no sólo hacer responsables a los responsables, sino también poder determinar los ajustes que deben llevarse a cabo sobre mantenimiento, medidas de seguridad y planes de emergencia. Sólo así se podrán evitar futuros accidentes, y en su caso proteger a los trabajadores de a Pemex, con la garantía de que desempeñan sus labores en las instalaciones que cuentan con el personal y todo lo necesario para brindarles la seguridad necesaria y evitar muertes y daños irreversibles.
Esta desgracia fue imperativa en cuanto al número de damnificados, 33 muertos y más de 40 lesionados y un año después todavía no contamos con la información solicitada.
Ante esta inquietud y omisión por los responsables de dichas instalaciones, me veo en la necesidad de requerir su apoyo para informar con la mayor brevedad sobre lo solicitado en el presente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a informar por la Procuraduría General de la República sobre los resultados de la averiguación previa número AP/PGR/TAMPS/REY-IV3767/2012, adscrita a la Procuraduría General de la República en Reynosa, Tamaulipas, en relación con la explosión ocurrida el 18 de septiembre de 2012.
Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la inseguridad en Michoacán, suscrita por las diputadas Roxana Luna Porquillo y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a esclarecer las presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014, y a colaborar con las autoridades de procuración y administración de justicia en la investigación y puesta a disposición de los elementos castrenses presuntamente responsables.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014, como presuntamente constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, según la facultad que le otorga el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones sobre las presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014, y a que presente las denuncias ante las instancias del Poder Judicial de la Federación que corresponda.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputadas: Verónica Juárez Piña (rúbrica), Roxana Luna Porquillo.
Con punto de acuerdo, a fin de que se atienda la urgencia provocada por el deslizamiento en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, en lo relativo al diagnóstico de daños, instrumentos de financiamiento para la reconstrucción y rutas alternas seguras, suscrita por los diputados David Pérez Tejada Padilla y Ricardo Medina Fierro, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI
Quienes suscriben, David Pérez Tejada Padilla y Ricardo Medina Fierro, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes
Consideraciones
Hablar de los problemas de la carretera Escénica sería remontarnos a las afectaciones significativas que ha experimentado esta vía de comunicación desde que comenzó a operar, en 1967, y que a pocos años de su construcción se descubrió que existen fallas geológicas en la zona donde se trazó, lo que se convierte en un factor de riesgo constante.
Este antecedente nos pone en contexto sobre el nuevo colapso ocurrido a la altura del kilómetro 93 de dicha carretera el 28 de diciembre de 2013. Tal hecho ha generado gran interés debido a la importante interrupción del tránsito vehicular desde y hacia Ensenada.
En congruencia con las exigencias de los ciudadanos de Baja California a quienes representamos, hemos estado en comunicación tanto con autoridades federales como estatales para sumarnos a las acciones que coadyuven en la agilización y viabilidad en la solución de la catástrofe.
Los sectores productivos y organismos empresariales del estado, en particular de Ensenada, han expresado su preocupación debido a que el deslizamiento de la carretera no afecta únicamente el flujo de personas al no contar con vías de comunicación lo suficientemente seguras, sino que también impacta en el flujo de mercancías, convirtiéndose en un factor negativo para las actividades económicas de la región, que abarca sectores como la industria, pesca, agricultura, pero principalmente el sector turismo, pues Ensenada es un polo de atracción para actividades de gran afluencia, como las carreras fuera de camino Baja 500 y Baja 1000, el Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada, el Festival del Carnaval, las Fiestas de la Vendimia y visitas a la Ruta del Vino y la Ruta del Queso o la Regata Newport Beach-Ensenada.
El espectáculo panorámico es considerado patrimonio turístico y de gran atractivo en la zona que cruza la carretera Escénica, debido al hermoso paisaje que puede apreciar quien transita por el tramo de la autopista en cuestión, mientras que el uso de vías alternas significa el aumento en costos de tiempo y recursos para los usuarios que se desplazaban por la carretera Escénica y que ahora deben circular por vías alternas.
Estamos ciertos de la atención que instituciones federales y locales han demostrado en cuanto a la evaluación de este fenómeno geológico que ha causado afectaciones a la población que hace uso de la carretera Escénica. Aun así, los trabajos para resolver esta problemática los consideramos insuficientes, pues si bien se había informado que se daría a conocer el dictamen técnico por parte de un grupo de expertos en el área de geotecnia, geofísica e hidráulica el segundo fin de semana de enero, hasta ahora dicho documento no ha sido presentado.
La autopista cuenta con un seguro otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, del cual hasta el momento se desconoce el monto de cobertura. Sin embargo, la carretera en cuestión cuenta también con un seguro contra daños, el cual debe ser cubierto por la aseguradora Axa, la cual no ha cumplido su obligación, alegando que el colapso se debió a una falla geológica no prevista en la póliza.
Como se observa, es de vital importancia que se genere el dictamen técnico con la mayor brevedad para así dirigirnos a satisfacer los siguientes objetivos:
1. Conocer las causas que han generado las afectaciones recurrentes en esta importante vía de comunicación; y
2. Cuantificar los daños, con la finalidad de obtener datos duros que permitan establecer indicadores fiables en cuanto a los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para resolver la problemática actual y evitar desastres futuros.
En cuanto a las acciones realizadas hasta el momento, nos preocupan especialmente las siguientes:
1. La seguridad de los usuarios que deben utilizas vías alternas, principalmente aquellos que circulan por la carretera libre Ensenada-Tijuana, debido a que se genera gran afluencia de automóviles en una vía que no cuenta con infraestructura para soportar tránsito pesado;
2. La respuesta de las autoridades competentes no ha cumplido con las fechas establecidas para dar a conocer el análisis completo de la problemática y su correspondiente solución; y
3. El desconocimiento del total de daños, que provocó este deslizamiento y el dictamen que determine si la aseguradora Axa debe responder con el pago de la cobertura por los daños derivados dicho fenómeno.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, considerada de urgente u obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al área correspondiente de la Policía Federal Preventiva para que implante acciones de vigilancia y control del acceso al autotransporte de carga pesada, de manera que se garantice la seguridad de los viajeros que transitan por las rutas alternas a la carretera Escénica, principalmente por la carretera libre Ensenada-Tijuana.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Caminos y Puentes Federales que agilice el análisis del deslizamiento ocurrido en la carretera Escénica, a fin de que se conozca con la mayor brevedad el dictamen técnico sobre el problema en cuestión.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que, a partir del dictamen técnico, se proceda a la dispersión expedita de los fondos necesarios para la reparación de la carretera Escénica.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Infraestructura que, de darse el caso en el que la aseguradora sea eximida de la responsabilidad en la cobertura de los daños, realice las diligencias necesarias para otorgar un recurso extraordinario con la finalidad de responder a las necesidades que exige la emergencia que se ha presentado.
Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Dirección de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se garantice con el cobro del peaje en la autopista la cobertura del seguro de viajero, así como tarifas justas con base en los kilómetros transitados, sin importar que la mayor parte del trayecto se realice por la carretera libre debido a las reparaciones programadas; asimismo, que las carreteras libres utilizadas como vías alternas se acondicionen con los señalamientos, acotamiento y medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros, y que la información proporcionada en folletos contenga la información necesaria en idiomas español e inglés.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputados: David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Ricardo Medina Fierro.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por la Segob la apertura del penal de alta seguridad en Chiapas, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Chiapas es un estado con diversos problemas, de pobreza, migración, violencia, y movimientos armados por mencionar algunos.
Circunstancias recientes, fenómenos temporales, tuvieron un impacto negativo sobre el ingreso, sobre sus proyectos para un incremento gradual y sostenido del bienestar de la población.
Y ahora la construcción de un penal de alta seguridad, tiene a la población a disgusto, ya que mencionan que hacen falta muchas cosas, educación, alimento, vestido, y diversas necesidades antes que el penal.
Los pobladores de la región han manifestado públicamente su profundo rechazo a este proyecto, aduciendo que no es posible que la inversión más cuantiosa de la región del sexenio pasado haya sido la construcción de un penal, cambiando el uso de suelo agrícola de la más alta productividad por un foco que concentraría a la delincuencia de la más alta peligrosidad del país.
La obra que tiene un costo superior a los 4 mil cuatrocientos millones de pesos, será un gran problema si abre sus puertas, ya que su construcción está sobre la cuenca del Rio Vado Ancho, en el Municipio de Villa Comatitlán, una zona que en 2005, tras el paso del Huracán Stan, quedo completamente anegada.
El atlas de riesgos elaborado por el Gobierno Chiapaneco tras el paso de Stan, señalo que el área donde se construye el Cefereso es propensa no solo a inundaciones, sino también a incendios y azolves.
El estudio de impacto ambiental que la constructora presento a la Semarnat advirtió este riesgo y la presencia de cuerpos de agua en el terreno.
Además es muy probable que las contingencias climatológicas se vuelvan a repetir ya que son cíclicas, representando un grave riesgo para la seguridad de los que se internen ahí, así como de los custodios y demás trabajadores.
La Empresa Makobil, S de RL de CV, adquirió el terreno donde se construye el penal, a comuneros del lugar, es una extensión de 218 hectáreas.
Se contempla que el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) albergue a más de 2 mil 500 reclusos de alta peligrosidad.
En lugar de todo ello se propone que esa inversión sea en infraestructura y que esas instalaciones sean dedicadas a la educación. Que se apliquen políticas públicas que generen proyectos productivos detonadores de inversión como por ejemplo el puerto de Chiapas.
Ya que mencionan los pobladores que no es con la construcción de cárceles como se detendrá la delincuencia, esto detendría el turismo en vez de incentivarlo ya que el estar cerca la delincuencia organizada aumentará las actividades del crimen organizado, ahuyentara la inversión, no se activará la economía que tanta falta hace, y romperá con la estabilidad social del Estado.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos al pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se cancele la apertura del penal de alta seguridad en Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de enero de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a establecer una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra autoridades municipales, suscrita por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los registros de averiguaciones previas, integradas en las procuradurías de justicia, siguen al alza los secuestros, robos con violencia, lesiones, homicidios, delitos patrimoniales, entre otros.
En el caso de homicidios, el total reportado durante enero a agosto de 2013, es de 23 mil 55, de los cuales 13 mil 916 son dolosos. Sin embargo, no se detalla cuántas muertes violentas están relacionadas con el crimen organizado.
Se estima que durante la pasada administración pública federal, 174 funcionarios públicos y políticos fueron asesinados por el crimen organizado. En tanto que la Federación Nacional de Municipios de México denunció que aproximadamente 126 alcaldes fueron amenazados durante dicho sexenio.
Entre las víctimas se encuentran candidatos, presidentes municipales, alcaldes electos, legisladores estatales y regidores, generales en retiro que fungían como secretarios de Seguridad Pública locales, secretarios de Seguridad Pública estatal y jefes policiacos.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Cámara de Diputados, en un documento titulado “La violencia y su impacto local: Los asesinatos de autoridades municipales” contiene el conteo de los decesos de alcaldes municipales, en el 2004 fueron dos; en el 2005, uno; en 2006, dos; el 2007 no se registraron; en el 2008, dos; en el 2009, cinco y se elevó exponencialmente en el 2010 y enero del 2011, cuando se llegó a 17 ejecutados.
Estos homicidios ponen de relieve el riesgo que enfrentan algunas autoridades locales frente a grupos criminales.
Según el análisis del CESOP, entre el 2008 y el 2009, nueve presidentes municipales muertos, gobernaban zonas donde el gobierno federal incrementó su presencia policial y militar, razón por la cual las bandas criminales tomaron represalias contra ellos.
Las ejecuciones de los presidentes municipales fueron calificadas como homicidios dolosos y violentos cometidos “presumiblemente para amedrentar a sus rivales o para disciplinar a sus socios”, de acuerdo con el análisis del CESOP.
Por otra parte, diversos medios de comunicación dieron cuenta de que en 2010, ocho presidentes municipales de México fueron asesinados, una cifra que equivale a un funcionario muerto cada mes. El presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal García, fue atacado mientras circulaba en su camioneta por la carretera, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, PJGE.
En tanto que las autoridades del estado de Nuevo León, encontraron el cadáver del alcalde del municipio de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, secuestrado el 15 de agosto. Mientras que en junio, tres alcaldes murieron asesinados. Jesús Manuel Lara Rodríguez, presidente municipal de Guadalupe, en el estado de Chihuahua, fue acribillado en una casa que tenía en Ciudad Juárez, una localidad considerada de las más violentas del país.
El 20 de junio, hombres armados emboscaron y mataron a Oscar Venancio Rivera, alcalde del municipio de San José del Progreso, en Oaxaca. En ese mismo ataque murió el regidor de salud local, Félix Misael Hernández.
A finales de ese mes fueron asesinados el alcalde del municipio oaxaqueño de Santo Domingo de Morelos, Nicolás García Ambrosio, y el síndico municipal Miguel Ángel Pérez García. En abril, mataron a José Santiago Agustín, presidente municipal de Zapotitlán Tablas, Guerrero.
Recientemente, el 7 de noviembre de 2013, ocurrió el asesinato del doctor Ygnacio López Mendoza, presidente de Santa Ana Amaya, Michoacán, quién había realizado una huelga de hambre durante 18 días, y denunció en este recinto parlamentario, diversas irregularidades acontecidas en dicho municipio, así como de amenazas contra su persona, las cuales deben ser investigadas y no quedar impunes.
Se podría continuar enumerando la ola de violencia sin precedentes que han sufrido diversas autoridades municipales hasta la fecha. Pero ante el creciente número de delitos de ese género, que incluye atentados contra diversas autoridades municipales, lo que se hace urgente es abatir la impuninidad que prevalece en la mayor parte del país.
Derivado de la actual violencia que se vive en las entidades federativas y municipios por parte del crimen organizado, la inacción de las autoridades competentes se ha traducido en impunidad.
Cabe recordar que el 5 de julio de 2010, se creó una Fiscalia Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión. Mientras que el 27 de octubre de 2011, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad la adición alartículo 73 fracción XXI de la Constitución, que establece:
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, o delitos contra periodistas en el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta.
Lo anterior, significa que la Federación puede atraer los delitos cuando un homicidio que se realice con un arma que debe ser de uso exclusivo del Ejército, el fuero común va a poder conocer de ese delito por el homicidio, y la federación va a poder conocer de ese delito por el arma de fuego.
Por otra parte, se debe destacar que la Ley de la Procuraduría General de la República establece en el siguiente
Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:
I. Sistema de especialización:
a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;
b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, y
c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.
II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:
a) La Procuraduría General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;
c) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.
Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;
d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito.
Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la federación en las localidades donde no exista agencia permanente;
e) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;
f) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, se determinarán por acuerdo del Procurador General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b), y
g) El procurador general de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la federación.
La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de autoridades locales, pueden propiciar que otras autoridades municipales sean asesinadas.
Es importante destacar que se requiere atender a los familiares de las victimas de extorsión, secuestro, amenaza y asesinato, por parte del crimen organizado. En este sentido, Comisiones de Derechos Humanos, como la de Nuevo León, consideran que son necesarias acciones integrales a fin de procurar que las víctimas u ofendidos reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico.
Además, redirigir la actuación a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño del servicio público, dimensionando el suceso, facilitando la información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas, para que se favorezca el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Dichas comisiones, señalan que la investigación y la sanción de los responsables debe estar orientadas a la satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, para que de manera efectiva, la víctima goce de una verdadera protección legal.
También, de que la víctima no padezca de una victimización secundaria, provocada por la desatención y carencia de apoyos, esto contribuirá a erradicar la impunidad, y con ello, a que las víctimas lleguen a restablecerse a plenitud de sus derechos.
Es en este orden de ideas, que se propone la creación de una Fiscalía especial con el propósito de que la Procuraduría General de la República, atraiga para su investigación todas las violaciones y asesinatos cometidos contra autoridades municipales.
Además, consideraciones jurídicas, de seguridad pública, de paz pública, bastan para que sea considerada la proposición con punto de acuerdo siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones, establezca una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra autoridades municipales.
Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que con la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra autoridades municipales, en materia de seguridad, se investigue también las agresiones contra candidatos, alcaldes electos, presidentes municipales, legisladores estatales y regidores, secretarios de Seguridad Pública locales y jefes policiacos.
Tercero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de su competencia, coadyuvará con esta soberanía, sobre las recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas respecto a la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra autoridades municipales.
Palacio Legislativo, a 15 de enero de 2013.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la SEP a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa Escuela Verde en el ciclo escolar 2012-2013, suscrita por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente, para su discusión y aprobación, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del programa “Escuela Verde” durante el ciclo escolar 2012-2013, así como las acciones institucionales destinadas a fortalecer y desarrollar las capacidades ambientales en la comunidad escolar a partir del ciclo escolar 2013-2014 y siguientes, en el marco de lo dispuesto por sus programas y normatividad sectoriales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En el 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 57/254 por la que se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (EDS) 2005-2014. En éste, se designó a la UNESCO como organismo rector del Decenio y se le encomendó la preparación de un proyecto de aplicación internacional en el que se tomara como referencia los acuerdos relacionados con la educación, como lo es el Marco de Acción de Educación para Todos, los Objetivos de la Cumbre del Milenio o también llamada Agenda 2015 y el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización.
II. En virtud a ello, se elaboró un plan de aplicación internacional, consensuado y alimentado por diversas opiniones, en el que se fijó un marco general que se centró esencialmente en las metas que los países se han fijado alcanzar con miras al desarrollo sostenible, en concordancia con el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación. En él se indicaron las contribuciones que se podrían aportar en todos los planos, desde el comunitario, nacional, regional e internacional, en donde se “alienta a los gobiernos a que consideren la posibilidad de incluir (...) medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos sistemas y estrategias educacionales y cuando proceda en sus planes nacionales de desarrollo”.
Asimismo, la Asamblea General “invita a los gobiernos a que promuevan la concientización de la opinión pública y una mayor participación en el Decenio, entre otras cosas, mediante la cooperación y las iniciativas en que participen la sociedad civil y otras partes interesadas, especialmente al principio del Decenio”.1 .
Cabe destacar que el Decenio se instituyó a raíz de las solicitudes de los gobiernos nacionales, al reconocer la importancia de la educación, la sensibilización del público y la formación para el desarrollo sostenible.
En este sentido, los objetivos de un enfoque integrado de la EDS, establecidos por los servicios ministeriales, fueron:
• Declarar prioritaria la EDS y allí, integrarla en los planes nacionales de desarrollo sostenible y de educación.
• Efectuar ajustes en las políticas, los mandatos y otros marcos similares para apoyar la EDS.
• Posibilitar una vasta sensibilización a la EDS y un amplio conocimiento de ésta,
• Proporcionar a los educadores e instructores la información y los conocimientos necesarios para abordar la EDS.
• Promover a los educadores e instructores la información y los conocimientos necesarios para abordar la EDS.
• Promover las actividades de investigación y el desarrollo en pro de la EDS.
III. En marzo de 2005, el gobierno mexicano reconoció que el establecimiento de alianzas con los actores clave implicados sería la única manera para avanzar en la creación de las condiciones que se requerían para el cumplimiento del Decenio; es por ello que, como primer paso, se dio a la tarea de sumar a todos los sectores involucrados y grupos en la firma del Compromiso Nacional por la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación Pública, principalmente, se comprometieron a establecer los mecanismos financieros para fomentar y promover la consecución de los compromisos que respaldaran la realización de proyectos estratégicos en las áreas de acción estipuladas, así como en regiones prioritarias; además, acordaron trabajar en un tema en específico por año y realizar las gestiones necesarias para lograr la adhesión a este compromiso nacional de todas y cada una de las instituciones y organizaciones, lo que trajo como consecuencia que en ese mismo año se plantearan las líneas de acción hacia la construcción de modelo de gestión ambiental escolar.
IV. En ese mismo año, se inició con el proceso de construcción de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (EEASM), a cargo del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), área de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como resultado del trabajo de diversas instituciones gubernamentales en los tres niveles de gobierno, en conjunto con investigadores, académicos, educadores, especialistas en educación ambiental, consejos consultivos para el desarrollo sustentable y organizaciones civiles, con el objetivo de impulsar la instrumentación del Decenio y consolidar así a la educación para la sustentabilidad como una política de Estado.
V. En el 2007, se firmaron las Bases de Coordinación Semarnat-SEP, dando creación a la Agenda de Transversalidad, la cual propone consolidar a la educación ambiental para la sustentabilidad como una política pública en todos los campos relacionados a través de la construcción de modelos de gestión.
Consideraciones
I. En Nueva Alianza creemos que la educación es sinónimo de progreso para un país, pues al igual que lo reconocido por la UNESCO en la Declaración Mundial de Educación para Todos en donde se admite que “... la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional“, y resulta uno de los medios más eficaces en nuestros días para erradicar los problemas sociales a los que nos enfrentamos, pues sólo generando una conciencia entre quienes serán los tomadores de decisiones en el futuro, podremos asegurar no sólo un mejor país, sino un mejor mundo que albergue a la humanidad.
II. Por esta razón y en respuesta a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, en el 2011, como primera iniciativa a nivel nacional, se instrumenta el Programa de Certificación Ambiental “Escuela Verde”, una idea innovadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), que inició operaciones, a nivel piloto, en el ciclo escolar 2011-2012.
De acuerdo a lo establecido en los documentos oficiales, el objetivo del programa fue “promover que las escuelas de educación básica, realizaran acciones integrales de gestión ambiental con la participación de la comunidad educativa, a fin de disminuir su impacto en el ambiente y a su vez, contribuir en el desarrollo de una ciudadanía responsable ambientalmente”,2 en donde a través de una plataforma en internet, las escuelas de educación básica públicas o privadas inscribían sus proyectos ambientales relacionados con 5 líneas de acción; educación ambiental, manejo de residuos sólidos, eficiencia en el consumo del agua, eficiencia en el consumo de electricidad y acciones ambientales comunitarias; elaboraban un programa de Acción Ambiental y a su vez, registraban los avances que tenían dentro del portal.
Dependiendo de las acciones realizadas, ese era el nivel de certificación que iban adquiriendo, mismo que era documentado y refrendado a través de un reconocimiento oficial.
Como resultado de lo anterior, es imprescindible destacar que, aun cuando la participación del programa fue voluntaria y que las escuelas no recibían a cambio ningún privilegio, excepto una presea y un documento de acreditación del nivel de desempeño alcanzado, el programa tuvo muy buena aceptación por las escuelas ya que superó la meta de participación de éstas en todo el país, además del hecho de que más del 60 por ciento de los planteles, obtuvo, al menos, el nivel básico de certificación.
III. Durante el ciclo escolar 2012 - 2013 se continuó con el programa en su fase normal, registrando una creciente participación por parte de las escuelas en casi 300 por ciento, aun sin haber lanzado una convocatoria masiva y pública, lo que confirmó el interés por incorporar los temas de sustentabilidad en el currículo y práctica educativa.
IV. En el mismo sentido, el primer informe de labores de la Semarnat 2012-2013, en el apartado de Vinculación interinstitucional para la difusión de la educación y la cultura ambiental, se destacó el programa de “Escuela Verde”, haciendo hincapié en el acompañamiento del CECADESU, como órgano de consulta y colaboración entre los sectores ambiental y educativo. Al mismo tiempo, dio cuenta de un total de 2,619 escuelas de las 32 entidades federativas inscritas, de las cuales 1,619 se encontraban en operación.
El listado siguiente refleja el interés y nivel de participación:3
V. Por su parte, el Ejecutivo federal en su primer Informe de Gobierno, en el apartado que hace referencia a continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el sistema educativo nacional y fortalecer la formación ambiental en sectores estratégicos, manifestó:
“Se implementó el programa de gestión ambiental escolar Escuela Verde, dirigido a escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, para la certificación a planteles que realizan acciones para disminuir su impacto al ambiente y que contribuyen al desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable. Se inscribieron al programa 2 mil 619 escuelas de las 32 entidades federativas, y de ellas, mil 524 implementaron las acciones del programa. ...”.4
Reiterando así, los avances que el programa había tenido durante su primer año de gobierno y que de igual manera, respaldan la visión sustentable enunciada en el propio Plan Nacional de Desarrollo a lo largo de sus diversos apartados.
En el mismo sentido, cabe hacer mención que en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, publicado el pasado 12 de diciembre de 2013, se encuentra claramente definida la Estrategia 6.1, consistente en “promover la participación ciudadana en la política ambiental e incorporar en ésta el respeto al derecho humano al medio ambiente sano la línea de acción” y en esta se incluye la línea de acción número 6.1.3, la cual propone “fortalecer y desarrollar capacidades de la ciudadanía en derechos humanos ambientales y transversales, mediante actividades de difusión, educación y formación”.
VI. Para el ciclo escolar 2013-2014, diversas asociaciones que colaboraron con el CECADESU para impulsar el proyecto, quedaron a la espera de instrucciones para continuar con el seguimiento; sin embargo, al no haber contado con información sobre esta situación, solicitaron a las autoridades correspondientes dieran cuenta de las razones por la que el programa no se había implementado, toda vez que al ser ellos los intermediarios entre las escuelas y las instancias gubernamentales, fungían a su vez como receptores de las diversas quejas de las escuelas inscritas en donde solicitaban, entre otras cosas, las certificaciones del ciclo escolar anterior.
Ejemplo de estas comunicaciones fue la carta de fecha 23 de septiembre de 2013, que la Coordinadora General de Reeduca, una de las asociaciones que fue convocada en el 2011 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para asesorar a 67 escuelas del Distrito Federal en el programa, envió al titular de esa secretaría, a fin de reiterar su compromiso de continuar con los trabajos realizados en pro del fortalecimiento del programa de “Escuela Verde”, debido a la importancia que éste representa para la sociedad mexicana.
De esta comunicación, con fecha 28 de octubre de 2013, el coordinador general de dicha secretaría replicó:
“A la fecha no contamos con las condiciones para la apertura del programa ambiental en el ciclo escolar 2013-2014”.
Lo anterior, sin duda, deja en la incertidumbre cuáles son los motivos por los que un programa tan bondadoso y con tanto éxito, fue simplemente silenciado.
Por su parte, la Secretaria de Educación Pública (SEP), desde el inicio del programa se ha caracterizado por la poca injerencia y atención que le ha brindado, pues si bien es cierto que el CECADESU fue el órgano designado para coordinar los trabajos, ha sido insuficiente el respaldo e impulso que esta Secretaría ha brindado al proyecto; situación que se destaca y cuestiona debido a que, partiendo de la visión de sustentabilidad propuesta por parte del Ejecutivo Federal, la visión de la SEP no empata en ese sentido, toda vez que jamás menciona la parte ambiental o la consciencia que se debe fomentar a la generación que se está formando sobre este tema tan fundamental a nivel internacional y en donde como ya quedó asentado, México adquirió un compromiso internacional.
En este sentido es importante mencionar que la SEP dio a conocer el pasado diciembre de 2013 su Programa Sectorial 2013-2018, en el que se encuentra considerado como una estrategia transversal el “Incorporar en los programas y materiales de estudio, contenidos que favorezcan una comprensión del mundo natural y promuevan el cuidado del medio ambiente” y de igual manera, tiene emitido el acuerdo 535, el 08 de junio de 2010, mediante el cual se dan a conocer los lineamientos generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social, como una figura organizativa propicia para impulsar procesos de gestión ambiental desde el ámbito escolar, que trasciendan y logren un mayor impacto en la medida que involucren a un mayor número de actores en torno a la transformación de la realidad ambiental que atañe a la sociedad en su conjunto y a la vida en nuestro planeta.
Estos Consejos de participación social tienen entre sus funciones: integrar a la escuela en diversos programas, entre los que destaca en este caso el correspondiente a la línea de acción número 8: “Cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno”.
VII. No menor, resulta el ejercicio de recursos públicos destinados a este programa, pues con información obtenida de la Semarnat se tiene documentado que en cuanto a los recursos destinados “el programa se operó durante 2012 sin recursos de inversión y para 2013 se distribuyeron 3 millones 223 mil 300.00 pesos en todas las delegaciones de acuerdo al número de escuelas por estado. Los recursos se radicaron en viáticos para apoyar la movilidad y la impresión de materiales educativos”, lo cual contrasta con las anteriores declaraciones del Coordinador General de la Semarnat.
Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública a transparentar y hacer del dominio público los alcances, resultados y principales logros del Programa “Escuela Verde” durante el ciclo escolar 2012 – 2013, así como las acciones institucionales destinadas a fortalecer y desarrollar las capacidades ambientales en la comunidad escolar a partir del ciclo escolar 2013-2014 y siguientes, en el marco de lo dispuesto por sus programas y normatividad sectoriales.
Notas
1 Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005 – 2014). [Electrónico]. (Recopilado de world wide web el 13 de noviembre de 2013 de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf).
2 Programa de Certificación Ambiental de Escuelas. (2011). [Electrónico].(Recopilado el 12 de noviembre de 2013 de world wide web http://www.buap.mx/portal_pprd/work/sites/didesi/resources/LocalContent /85/2/Universidad.pdf)
3 Primer Informe de Labores 2012-2013 Semarnat. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 12 de noviembre de 2013 de http://www.semarnat.gob.mx/programas/informes/Documents/2012-2018/1er%2 0Informe%20de%20Labores%20Completo.pdf)
4 Primer Informe de Gobierno 2012 – 2013 Presidencia de la República. [Electrónico]. (Recopilado el 12 de noviembre de World Wide Web http://d5d3d27e1f3d539a162f-a00104427ebc661a8d17f062b85c9f9a.r74.cf2.ra ckcdn.com/1_IG_DOCUMENTO_ESCRITO.pdf)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a establecer una campaña de información y un programa de apoyo sobre el apagón analógico que se llevará a cabo en cinco estados, suscrita por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, senadora de la república integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución bajo las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con información publicada por la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la transición a la Televisión Digital Terrestre “es el proyecto de modernización de la televisión más ambiciosos de los últimos 50 años; en el cual el usuario final de la televisión abierta es una pieza fundamental para llevar a cabo la migración hacia la Televisión Digital”.
La televisión digital terrestre (TDT) consiste en digitalizar tanto el audio como el video y convertirlos en una sola señal digital. Dentro de los beneficios destaca: asignación de nuevos canales que permitiría impulsar la competencia, así como diversificar el sector; mejorar la calidad de imagen y sonido para los usuarios; así como la liberación paulatina del espectro destinado a la transmisión televisiva sin que se vea afectado el servicio.
2. El acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México publicando en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del 2004 señala que se utilizará adoptaría el “estándar A/53 de ATSC, para la transmisión digital terrestre de radiodifusión de televisión, que utilizarán los concesionarios y permisionarios de estaciones de televisión, para iniciar la transición a la televisión digital terrestre, en los términos y condiciones que al efecto establezca la Secretaría.”
En dicho acuerdo se establecían fechas y localidades para iniciar con el apagón analógico. Para el 2013 se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de Acuerdos que modificaban las fechas establecidas en el Acuerdo original del 2004 con el fin de que la población contara con una “oferta de servicios de la Televisión Digital Terrestre homogénea y de un calidad de transmisión que sea confiable para la recepción por parte de la población, a efecto de que la misma pueda obtener los beneficios de la Televisión Digital Terrestre en el menor plazo posible y se logre la optimización en el uso del espectro radioeléctrico.”
La Cofetel determinaría que Tijuana fuera la ciudad piloto para iniciar el apagón analógico por su cercanía con Estados Unidos, lo que podría facilitar la inversión de estaciones digitales. Sin embargo, la Cofetel, pese a tener una cobertura mayor al 93% de la población aceptó la recomendación hecha por el Instituto Federal Electoral para aplazar el apagón y no interfiriera con los comicios electorales del 7 de julio del 2013.
3. Desde el 2009 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su “Estadística sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares” ha incluido preguntas respecto a la disponibilidad de televisores digitales. Los resultados del 2012 señalan que “si bien casi todos los hogares del país se puede encontrar un televisor, los de tecnología digital son los menos frecuentes ya que solo el 22.4% cuenta con uno de ellos. Esto podría construir una limitante para el cumplimiento de la transición programada”.
En el portal de la Televisión Digital Terrestre en mayo del 2014 se tiene programado el apagón analógico en Monterrey, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Si sumamos la cobertura poblacional de estas cinco ciudades el apagón tendrá un impacto en cerca de 6, 248, 136 mexicanos. Es decir, 5 veces superior a lo que fue Tijuana, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que tomar medidas extraordinarias para minimizar los riesgos.
4. La reforma en materia de telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión, dispuso en el párrafo cuarto del Quinto Transitorio que “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.”
El Centro de Investigación para el Desarrollo señaló, como reflexión a lo sucedido en Tijuana, que la autoridad necesitará armonizar “los futuros apagones con procesos electorales o, incluso, con ciertos eventos que impactan de forma significativa a las audiencias mexicanas...”, por lo que es importante que la autoridad informe a la población en donde se tiene contemplado el apagón analógico.
Por lo anteriormente expuesto, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicie a la brevedad campañas de información en las ciudades de Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Juárez, a fin de que la población cuente con suficiente información respecto al apagón analógico.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita atentamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente a la brevedad el programa de apoyos para entregar equipos decodificadores a los hogares que más lo necesiten, con el fin de que se tenga el menor impacto en la población.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, recinto legislativo San Lázaro, Ciudad de México, a los 15 días del mes de enero de 2014.
Senadora Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Hidalgo a retirar el fuero de presidente municipal al ciudadano Hilario Mendoza Benítez para seguir la averiguación y, en consecuencia, la sanción correspondiente por actos de violencia cometidos contra la ciudadana María Virginia Ortiz Monroy, suscrita por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de punto de acuerdo que se fundamenta en las siguientes
Consideraciones
La violencia contra las mujeres está presente en todos los países, atravesando indistintamente todas las culturas, clases sociales, edades, niveles de educación, categorías económicas y grupos étnicos. Si bien la mayor parte de las sociedades condena la violencia contra la mujer, la realidad muestra que frecuentemente las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son “toleradas” so pretexto de que la mujer no denuncia, que el arraigado proceso cultural de género-poder del hombre sobre la mujer oculta la violencia que muchas mujeres sufren violaciones a los derechos humanos y a su dignidad dentro del mismo hogar, y en manos de sus parejas sentimentales, o de sus esposos.
La violencia contra la mujer, y especialmente la violencia doméstica es una realidad que tiene dimensiones globales, este fenómeno cada vez nos muestra lamentablemente cifras más alarmantes, como lo revelan los estudios llevados a cabo sobre la incidencia y el predominio de la misma.
Ninguna sociedad puede jactarse de estar libre de dicha violencia: la única diferencia consiste en las formas y las tendencias que ella asume en los diferentes países y regiones. Determinados grupos de mujeres son particularmente vulnerables frente a la violencia, como aquéllas que pertenecen a grupos minoritarios o indígenas, las inmigrantes y refugiadas, las que se encuentran en situaciones de conflicto armado, las reclusas y detenidas, las discapacitadas, las niñas y las ancianas.
Sin embargo la violencia doméstica, que, a pesar de permanecer relativamente oculta e ignorada, es la forma más común de violencia contra mujeres y niñas. No obstante la dificultad de conseguir datos estadísticos dignos de confianza, con base en los estudios realizados se estima que de 20 a 50 por ciento de las mujeres, según el país de que se trate, han sido víctimas de violencias físicas a manos de la persona con quien tienen una relación íntima o de algún otro miembro de la familia.
Según la acepción adoptada, el término “violencia doméstica” comprende la violencia cometida contra mujeres y niñas por una persona con quien tienen una relación íntima, incluido el compañero con que conviven, y por otros miembros de la familia, ya sea que dicha violencia se produzca dentro o fuera de las paredes del hogar. Si bien reconocemos que existen también otras formas de violencia que son igualmente dignas de atención, el presente punto de acuerdo tiene el objetivo de contemplar algunos casos que han sido motivo de escandalo, pero sobre todo porque han sido doble motivo de vergüenza, y ataque, porque estos actos de violencia contra las mujeres han sido cometidos públicamente por funcionarios o servidores públicos, que tienen en su investidura el nivel de autoridad; Como es el caso del presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Hilario Mendoza Benítez, quien golpeó a su esposa, la presidenta del DIF municipal, María Virginia Ortiz Monroy, a causa de eso la esposa del alcalde tuvo fractura de mandíbula, además de golpes y patadas en la cara y estómago, los que ocasionaron que la mujer casi perdiera el sentido, hecho lamentable que sucedió apenas el 20 de diciembre de 2013.
En este sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo ha anunciado que abrirá de oficio un procedimiento contra el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, solicitando además medidas de protección para que no se acerque a su esposa.
Igualmente la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, la diputada Imelda Cuéllar Cano, del Partido de la Revolución Democrática, solicitó se exhorte al Ministerio Público a que consigne la averiguación, como a cualquier ciudadano, en ese sentido la diputada solicitará que el fuero del edil sea retirado por el Congreso hidalguense.
Tan lamentables hechos que no sólo dañan a una mujer, lastiman a todas las mujeres, más aún tratándose de una autoridad, sobre todo en una entidad donde las mujeres están en condiciones de vulnerabilidad; ya que en Hidalgo la situación de violencia contra las mujeres es muy delicada, debido a que los números que se conocen son motivo de preocupación y también de falta de trabajo en la atención y prevención contra la violencia de género por el gobierno estatal; basta revisar las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio (OCNF): de 2009 a 2011 han ocurrido 93 asesinatos de mujeres en el estado, según información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Aunado a esto, la situación de violencia hacia las mujeres se ha agudizado en la entidad, en un periodo de 6 meses a finales de 2013 y principios de 2014, se encontraron 8 cuerpos de mujeres, 7 de ellas en el municipio de Tula y uno en el de Pachuca, en tres casos se presume una desaparición previa. Estos asesinatos no son hechos aislados, y se identifican en ellos características feminicidas.
A raíz de estos acontecimientos la Organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) ingresó el día 13 de marzo de 2013 una solicitud ante el Instituto Nacional de la Mujer de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para esa región, la cual fue admitida el miércoles 20 de marzo; misma que no fue aceptada por el Sistema Nacional de Violencia.
Por tales razones es para su servidora de gran importancia que desde el Senado de la República se exhorte al Congreso del Estado de Hidalgo para que se retire el fuero al presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Hilario Mendoza Benítez, y sea consignado a las autoridades para que se lleve a cabo un proceso donde se le investigue y en consecuencia se dicte sentencia por lo que el o la juez que lleven su caso apliquen ante esta situación.
Cabe destacar que este punto de acuerdo tiene la intención de resaltar la necesidad de respuestas políticas coordinadas e integradas, reforzando la colaboración entre los sujetos involucrados, creando mecanismos para el monitoreo y la evaluación de programas y políticas, aplicando la legislación existente, y asegurando una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los gobiernos y de los actores que sirven a los ciudadanos, a fin de eliminar toda violencia contra mujeres y niñas. Así como buscar la transparencia y el rechazo a la impunidad ante cualquier acto de violencia contra las mujeres; ya que este es solo un caso ante muchos más que sabemos que suceden por parte de diferentes funcionarios, servidores, y autoridades municipales, estatales, o federales; basta sólo con recordar la violencia económica que sufrió Ana María Orozco, ex pareja del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, o casos como los que lamentablemente se han suscitado en Yucatán, donde, el agente de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad, Audomaro Espadas Sánchez, asesinó a balazos a su esposa Rosa Quintal González, y también mató a sus dos hijos, Manuel Jesús y Claudia del Carmen, de 9 y 7 años, respectivamente, y luego se pegó un tiro; Así como otros casos de este estilo que trágicamente se han suscitado en la entidad.
De tal manera que reitero mi solicitud para que desde el Senado de la República se exhorte al Congreso de Hidalgo, dé una muestra de congruencia y de rechazo a la impunidad y el ahora alcalde sea juzgado por los lamentables hechos que ocurrieron contra su esposa, ocasionados por el mismo.
Es tarea fundamental de los legisladores locales garantizar que la ley se cumpla y que los y las ciudadanos vivan con plenitud sus derechos humanos especialmente en esta situación donde la violencia física, sexual y psicológica infligida a una mujer, a veces es el resultado fatal, de una sistemática vida violenta que se puede comparar con la tortura no sólo por su naturaleza misma, sino también por su gravedad.
Ya que la violencia doméstica representa una forma de tortura y se la debería tratar como tal. El razonamiento en cuestión explica que, según la gravedad y las circunstancias que ponen en tela de juicio la responsabilidad del estado, la violencia doméstica puede constituir una tortura o un tratamiento o castigo cruel, inhumano y degradante, según el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La violencia doméstica presenta precisamente las cuatro características fundamentales que definen la tortura: (a) provoca grandes sufrimientos físicos y/o mentales, (b) se inflige de manera intencional, (c) obedece a fines bien precisos, y (d) implica una cierta participación de las esferas oficiales, sea ésta activa o pasiva.
Reflexionemos sobre esta tesis y esta situación que nos lastima a todos como sociedad y que no debemos permitir que suceda de ninguna manera y mucho menos provocada por una autoridad.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso del Estado de Hidalgo para que retire el fuero al presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, ciudadano Hilario Mendoza Benítez, y se siga la averiguación y en consecuencia la sanción indicada por haber cometido actos de violencia contra María Virginia Ortiz Monroy, su esposa. De tal manera que se garantice para ella la prevención, atención y sanción contra todas las formas de violencia a las mujeres, y hacer efectivos los derechos de la misma, y permanezca como antecedente para no permitir que se repitan estos actos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir operando mediante la Ronda Cero y su plan de negocios 2014-2018, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
La reforma energética aprobada hace apenas unas semanas representa, sin la opinión de la ciudadanía, una transformación profunda de la soberanía del país sobre sus recursos energéticos, así como la sepultura de los pocos principios fundamentales que todavía quedaban en nuestra Constitución Política.
En este sentido, serán 21 leyes secundarias de reforma energética las que se van a enviar al Congreso de la Unión el 1 de de febrero.
En las leyes secundarias se modificará la Ley de Petróleos Mexicanos para incluir el término Empresa Productiva del Estado, dándole una supuesta autonomía de gestión y presupuestal. De igual manera, en estas leyes secundarias se tendrá que definir la forma de operar de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del Consejo de Administración de Pemex; el Senado de la República tendrá participación en los nombramientos de estos tres órganos.
Más allá de los organismos reguladores, uno de los temas que generará amplio debate será la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petróleo, debido a que incluirá las nuevas modalidades de contratación: utilidad compartida, producción compartida y licencias, entre otras modalidades, toda vez que la reforma constitucional deja abierta la puerta para que sea en México donde se experimente con nuevos diseños de contratos, destinados a maximizar las ganancias de los inversionistas privados.
Nosotros, en el PRD, advertirmos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la opacidad que los caracteriza, sólo vendrían a instituir un estadio más avanzado de corrupción institucional; uno donde las negociaciones entre el Estado y las empresas privadas serán inciertas, ambiguas, fácilmente manipulables para beneficio de unos cuantos. Contratos inflados, discrecionales, arbitrarios. Si en este momento Pemex se encuentra cundido de corrupción, con esta figura de contratos el desfalco, el saqueo y el atraco a la nación será mayúsculo.
Un claro ejemplo de la corrupción por venir será cuando Pemex y la empresa contratista se asocien y conjuntamente negocien con el estado. Aquí la debilidad del gobierno será aún más palpable, en la medida en que los costos aumenten, la utilidad compartida disminuya y por lo tanto también los ingresos al estado.
Hacer contratos de producción o de utilidades compartidas significa entrar en conflictos recurrentes; en esquemas de corrupción, y en trasladar decisiones a compañías que carecen de otro interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia posible.
Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado, tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza de cabildeo que no tiene par.
Consideraciones
Esta situación, la elaboración de las leyes secundarias, no solo significará la posible concreción de la Reforma Constitucional en materia energética, sino que además, y consecuentemente, la transformación de la empresa emblemática del país: Pemex.
Hay que recordad que apenas el pasado 15 de julio de 2013 el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018.
Según la misma empresa “el plan de negocios define el rumbo estratégico de Pemex bajo el mandato de creación de valor y sustentabilidad operativa y financiera. Partiendo del análisis de la situación actual interna y externa de Pemex, así como del avance en la ejecución de las estrategias, se integró –en coordinación con las áreas de planeación de los organismos subsidiarios y las direcciones corporativas– un plan de negocios actualizado y alineado con el anteproyecto de presupuesto para 2014”.
Previo a su aprobación, afirma la empresa, el Comité de Estrategia e Inversiones realizó un análisis cuidadoso del documento, aportando comentarios y observaciones que se atendieron para mejorar y enriquecer el documento.
A la luz de les hechos resulta evidente que el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 no gozará de la vigencia inicialmente planteada. Las modificaciones legales por venir introducirán a Pemex a un nuevo esquema de operación, mismo que contrasta severamente con el que actualmente funciona.
En este sentido, resulta indispensable que la empresa haga público, no sólo ante esta soberanía, sino ante la ciudadanía en general, que afectaciones o modificaciones sufrirá el actual Plan de Negocios de la Empresa.
Otro aspecto fundamental, sobre el que urge exigir transparencia y rendición de cuentas, desde ya, es sobre la llamada “Ronda Cero”
De acuerdo con la minuta enviada por la Cámara de Diputados a los congresos estatales, la “ronda cero” consiste en la primera asignación que se dará a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que elija los campos en los que desea trabajar (exploración y extracción) y en los que tiene capacidad de operar, antes de la entrada de la iniciativa privada.
El texto dice, textualmente, que: “Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desea explorar y explotar (“ronda cero”), cuyo alcance deberá determinar la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Energía”, dice el texto.
Hasta ahora, esta figura -Ronda Cero- contempla dos vertientes:
A)
Asignaciones de exploración. En el caso de las áreas en las que, en la fecha en que entre en vigor el decreto, Pemex haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que la paraestatal siga con los trabajos hasta por tres años más, prorrogables por un periodo adicional de dos años.
B)
Asignaciones de extracción . Pemex mantendrá sus derechos sobre las áreas que se encuentren en producción a la fecha en que entre en vigor el decreto de reforma constitucional. Esto es, los operadores privados podrán realizar trabajos en los lugares en los que Pemex actualmente no lleva a cabo ninguna actividad.
El mismo director general de Pemex, Emilio Lozoya, en una entrevista del 13 de diciembre afirma que: “Todo lo que tenemos en producción lo mantendremos y también aquellas áreas donde hicimos exploración e investigación sísmica y donde sabemos que hay un potencial de hidrocarburos muy importante”.
De igual manera aseveró que: “En ciertas zonas de aguas profundas donde nosotros ya invertimos dinero y le quitamos riesgo a los activos, por supuesto que Petróleos Mexicanos quisiera participar en el desarrollo de estos yacimientos, ya sea solo o lo más seguro en algunos casos con socios estratégicos”.
No queda claro, por las palabras del director general de Pemex, ni por lo contenido en el texto de la reforma energética, cuáles son las áreas donde Pemex mantendrá titularidad de la operación.
Ante el justificado escepticismo que actualmente existe en relación a la reforma energética, resulta indispensable que la empresa más importante del país se manifieste públicamente, y ante esta soberanía, sobre las áreas que buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las áreas que la empresa buscará seguir operando a través de la llamada Ronda Cero.
Segundo. Se exhorta al director general de Pemex a informar a esta soberanía sobre las posibles afectaciones o modificaciones que sufrirá el actual plan de negocios de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios 2014-2018.
Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Oaxaca a aclarar las irregularidades señaladas en torno a los recursos públicos destinados a la construcción del estadio en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, los presentes puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La actividad física y el deporte son prácticas que poseen un enorme potencial para contribuir al desarrollo de las sociedades contemporáneas. Además de ser un hábito saludable y ofrecer amplias posibilidades de desarrollo físico, mental y psicomotriz, el deporte cumple con varias funciones importantes para el óptimo desempeño de una sociedad, pues a través de su práctica las personas aprehenden y reproducen valores como la disciplina, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la tolerancia.
Asimismo, se ha demostrado que el deporte canaliza la agresividad y la necesidad de confrontación que manifiestan algunos individuos, al mismo tiempo que favorece la cohesión de un grupo y fortalece su identidad, contribuyendo así al mejoramiento de las relaciones y el ambiente sociales.
Derivado de los efectos positivos que el deporte le reporta a la sociedad, resulta conveniente que el Estado adopte como una de sus prioridades el fomento y la promoción de la actividad física entre su población.
La Ley General de Cultura Física y Deporte establece que el Estado mexicano tiene como finalidad fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. Atendiendo a lo anterior, en nuestro país algunos gobiernos, en todos los ámbitos, destinan recursos a incentivar a deportistas y equipos deportivos, algunos de ellos incluso a nivel profesional, lo cual es motivo de polémica, pues para algunos la práctica profesional del deporte es una actividad a la cual bajo ninguna circunstancia se le deben inyectar recursos públicos.
Sin embargo, en virtud de los beneficios sociales que el apoyo a un deportista u organización deportiva puede acarrear, en algunos casos resulta conveniente la intervención estatal.
En México existen muchos ejemplos en los cuales gobiernos estatales y municipales, universidades públicas e incluso sindicatos se han involucrado de alguna u otra manera en el deporte profesional, concretamente en el futbol, apoyando a equipos ya sea con recursos monetarios o con subsidios y subvenciones que les permiten a las instituciones subsistir y garantizar su continuidad en la competencia, mientras les es posible consolidar su proyecto y volverse autosustentables.
En el caso del futbol mexicano, la mayoría de los equipos profesionales cuentan con algún tipo de apoyo de los gobiernos estatales y locales, quienes ven en el futbol un medio para contribuir a solucionar los problemas que enfrentan sus sociedades. Un ejemplo de ello es el caso de Ciudad Juárez y Tijuana, localidades en donde la presencia del futbol profesional ha realizado una valiosa contribución para alejar a los niños y jóvenes de las adicciones y la violencia. Igualmente, se debe señalar que la industria del futbol genera una importante derrama económica y favorece la creación de nuevos empleos relacionados con éste o derivados del mismo.
Así pues, los apoyos que algunos gobiernos destinan al futbol profesional encuentran una buena justificación en los beneficios que éste genera para la sociedad. Sin embargo, resulta inaceptable que esos recursos provengan de fondos o partidas presupuestales destinadas a atender necesidades sociales como la educación, la salud, o bien, garantizar la adecuada alimentación de los grupos más desfavorecidos de la población.
Lo anterior es el caso del gobierno de Oaxaca, el cual, según reveló recientemente la prensa nacional,1 utilizó recursos destinados a combatir la pobreza en la entidad para la construcción de un estadio de futbol, el cual albergará al Club Alebrijes que participa en la Liga de Ascenso MX. Fue el propio secretario de Infraestructura estatal, Netzahualcóyotl Salvatierra, quien dijo ante el pleno del Congreso local en septiembre pasado que el gobierno del estado aportó 200 millones de pesos para la realización de la obra, mismos que provenían del Fondo Regional.
Lo anterior constituye una falta grave pues cabe señalar que el Fondo Regional fue creado por el Poder Ejecutivo federal en 2007, con el objetivo de combatir la pobreza extrema y la desigualdad en las diez entidades más pobres del país, entre las cuales se encuentra el estado de Oaxaca.
De acuerdo a los lineamientos para la aplicación de recursos del Fondo Regional publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2013, estos deben ser empleados en programas y/o proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva o ambos, preferentemente en los rubros de infraestructura carretera, salud y educación. Asimismo, se establece que los recursos del Fondo Regional deben aplicarse de manera preponderante a proyectos en aquellos municipios con un nivel de marginación mayor dentro de la entidad federativa.
Lo último constituye otra irregularidad puesto que el estadio referido se está construyendo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en el municipio de Oaxaca de Juárez, el cual no figura entre las localidades con mayor índice de marginación del estado.
Así pues, si bien la construcción de un estadio, rodeado de un complejo deportivo, tiene en el fondo la finalidad de incentivar la activación física de la población, así como fomentar el crecimiento de la economía local y mejorar el clima social, lo cierto es que el hecho se desvirtúa cuando se hace a costa de los recursos destinados a enfrentar uno de los problemas más lacerantes que aquejan a nuestro país: la pobreza.
En este contexto, no puede soslayarse que, de acuerdo a un documento del Centro de Investigación y Docencia Económicas,2 Oaxaca ocupó en el año 2012 el tercer lugar entre las entidades federativas en cuanto se refiere a la tasa de mortalidad general y mortalidad infantil por cada mil habitantes. Asimismo, según datos de la UNICEF,3 el número de muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, en Oaxaca fue la cuarta más alta en el país durante 2011, 18.3 puntos mayor que el promedio nacional.
Por otra parte, en el ámbito de la educación, el informe de la UNICEF señala que en la entidad persisten brechas importantes pues Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor proporción de su población en situación de rezago educativo y el promedio de escolaridad de sus habitantes es apenas de 6.9 años. Además, el 41.9 por ciento de los adolescentes oaxaqueños de entre 15 y 17 años que habitan en localidades rurales no asiste a la escuela.
En el Partido Verde creemos que el gasto público es uno de los instrumentos más importantes de los cuales dispone el estado para redistribuir la riqueza y disminuir las desigualdades sociales, siempre y cuando éste sea ejercido con el más alto sentido de responsabilidad, eficiencia y eficacia, por ello consideramos fundamental que todos los gobiernos del país adopten medidas que garanticen un uso racional, transparente y eficaz de los recursos públicos.
En este sentido, estimamos oportuno exhortar a la Auditoría Superior de Oaxaca a iniciar una investigación para determinar si en el caso de los recursos destinados a la construcción del estadio referido el Poder Ejecutivo estatal, incurrió en alguna falta que deba ser perseguida y sancionada.
Por lo anterior, proponemos a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de Oaxaca a aclarar todas las irregularidades señaladas en torno a los recursos públicos destinados a la construcción del estadio que se edifica en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de Oaxaca a que realice una investigación exhaustiva sobre el caso de los recursos públicos destinados a la construcción del estadio que se edifica en la unidad deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Notas
1 “Desvían a estadio fondo antipobreza”, periódico Reforma, 30 de diciembre de 2013.
2 “Avances y temas pendientes de la política de salud en México”, Centro de Investigación y Docencia Económicas, enero de 2013.
3 “Los derechos de la infancia y la adolescencia en Oaxaca”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Guerrero y a la PGR a investigar la desaparición del regidor Cleto Mendoza Vargas y detener a los responsables, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 30 de diciembre, “sujetos armados” levantaron al regidor del Partido del Trabajo de Chilapa de Álvarez, Guerrero, Cleto Mendoza Vargas quien fue sustraído de su domicilio en la comunidad de Ayahualulco, y que hasta la fecha sigue desaparecido.
Antes de la desaparición del Regidor, la Procuraduría General de la República realizó el pasado 7 de octubre la detención del ex oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Vicente Jiménez Aranda, quien fue trasladado al Centro Nacional de Arraigo en la Ciudad de México, donde enfrenta cargos por su probable participación y operación en el delito de secuestro agravado, además de presuntos nexos con el narcotráfico.
La revista Proceso en su artículo de fecha 7 de enero en su edición electrónica revela que Jiménez Aranda es considerado como el brazo derecho del alcalde priista Francisco García González, “El Tepache”, quien constantemente ha sido vinculado con la banda delincuencial que opera impunemente en Chilapa, de Álvarez.
Al mismo tiempo se evidencia que en dicho municipio se vive una ola de violencia “donde la confrontación entre bandas delincuenciales no sólo está enfocada en dominar las rutas de trasiego de drogas, sino también hacerse del control político de la estratégica zona que conecta la región Centro y Montaña”.
La pugna, refieren los reportes, ha exhibido la relación entre delincuencia y políticos de esta emblemática zona del narcotráfico en la entidad; donde la violencia se ha recrudecido en la región rural de Chilapa, y donde los grupos delincuenciales han protagonizado enfrentamientos en los poblados de San Ángel, Ayahualulco y Samancingo, que han dejado un número indeterminado de muertos.
Cabe recalcar que en el reportaje de la Revista Proceso intitulado: “Guerrero: muchas armas listas para disparar”, se da a conocer la evidente red de complicidades entre autoridades locales y delincuenciales que provocó que la PGR haya integrado una averiguación previa en contra de al menos 15 alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la izquierda así como del Partido Acción Nacional (PAN) por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
En el citado reportaje se hace mención que la desaparición del Regidor Cleto Mendoza se considera la respuesta del grupo delincuencial protegido por el PRI ante la detención del oficial mayor Jiménez Aranda.
La indiferencia gubernamental en el estado de Guerrero, mas los nexos que tienen las autoridades con la delincuencia organizada, han provocado que el Ejército tome el control de la seguridad, hecho por el cual los militares mantienen retenes en accesos y salidas de la cabecera municipal, la Montaña, Chilpancingo, Zitlala y Atzacoaloya, por la ola de violencia que azota en dichos municipios.
Es impostergable que las autoridades federales, estatales y municipales no se deslinden y tomen cartas en el asunto sobre el crecimiento importante de violencia relacionada con el crimen organizado, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que se vive en Chilapa de Álvarez.
Además el Estado debe garantizar la seguridad de las personas que habitan en las comunidades y regiones del estado de Guerrero, ya que sufren una violencia sistemática por parte de grupos criminales.
Derivado de lo anterior requerimos se dé la búsqueda exhaustiva del regidor Cleto Mendoza para que sea devuelto con vida, así mismo exigimos la detención de los presuntos responsables de tal hecho. Es por lo antes expuesto que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como la Procuraduría General de la República a investigar la desaparición del regidor Cleto Mendoza Vargas, y la detención de los presuntos culpables, de manera pronta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sedesol a implantar medidas integrales en apoyo de las familias de escasos recursos afectadas en sus ingresos por el cierre parcial de la carretera Tijuana-Ensenada, suscrita por los senadores Marco Antonio Blásquez Salinas y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público así como de Desarrollo Social se sirvan implementar medidas integrales de apoyo a las familias de escasos recursos que han resultado afectadas en sus ingresos y quedan expuestas a una situación de vulnerabilidad ante el cierre parcial de la carretera Tijuana-Ensenada, con base en las siguientes,
Consideraciones
Como es bien sabido, en la madrugada del 28 de Diciembre del año que recién terminó la carretera principal del Estado de Baja California sufrió graves daños. Se registró un deslave a la altura del kilómetro 93 + 500, con un desplazamiento inicial de diez metros, dejando atrapado al conductor de un camión de doble remolque cuyos esfuerzos por salir de reversa fueron infructuosos pues la carpeta asfáltica continuó desplazándose. Finalmente el hundimiento fue de más cien metros y terminó en el mar. Desde ese día, la comunicación por vía terrestre no solo de Tijuana sino que podría afirmar del resto del territorio nacional así como de los visitantes provenientes de los Estados Unidos de América con Ensenada y el Estado hermano de Baja California Sur se ha visto seriamente vulnerada. Cabe mencionar que la escénica Tijuana-Ensenada forma parte de la carretera Transpeninsular que va hasta Cabo San Lucas.
La condición específica de su proximidad al mar por tratarse de una carretera escénica o panorámica dificulta el restablecimiento de la comunicación. La autopista está ubicada en una zona sísmica. Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos CAPUFE han venido realizando los estudios de carácter técnico correspondientes y hasta ahora cuentan con varias opciones. El suscrito se ha pronunciado por una ponderación profunda de las circunstancias ya que considera que la decisión final ha de privilegiar la seguridad de las personas. Las autoridades mencionadas han manifestado que las soluciones posibles son las siguientes: a) Restablecer el tramo en las inmediaciones de su ubicación original; b) Hacer un nuevo trazo tierra adentro; y c) Tender un puente.
El 9 de Enero del año en curso me reuní con el Subsecretario de Infraestructura del gobierno federal, Raúl Murrieta quien me informó que será a fines de febrero cuando se tome la decisión en torno a la rehabilitación de la carretera Tijuana Ensenada. Manifestó que se perfila como lo más viable un nuevo trazo no escénico de 25 kilómetros de Salsipuedes, zona donde tuvo lugar el hundimiento, al acceso norte de Ensenada.
Por otro lado, es probable que la tarea de construcción del nuevo trazo requiera para su realización de 8 a 14 meses, según han comentado las propias autoridades competentes. Entretanto, los vehículos se desplazan por vías alternas. Sin embargo, la ruta alterna para el transporte de carga: Tijuana-Tecate está alejada de la costa y, por tanto, resulta onerosa en vista de que consume un tiempo significativamente mayor ya que la distancia es más larga, lo cual inhibe en muchos casos el traslado tanto de mercancías desde y hacia la parte Sur de la península como de turistas en particular extranjeros cuyo punto de partida es California desde los Estados Unidos de América.
Mientras se practican los levantamientos topográficos y se realizan los trabajos preliminares, la carretera Tijuana-Ensenada se encuentra con un cierre parcial que está provocando daños en la economía del Estado de Baja California y de la región. En efecto, los transportistas, por conducto del señor Alfonso Esquer Millán, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Tijuana, Tecate y Ensenada, han explicado ante distintos medios de comunicación que la ruta alterna que es la autopista Tijuana-Tecate implica 42 kilómetros adicionales de recorrido, con un diferencial de peajes de 41%, un incremento del costo del chofer de 28%, de 40 a 50 litros más de combustible, lo cual se traduce en una disminución de la productividad diaria por unidad del 25% Son 30 mil camiones los que se trasladan a diario por esa ruta.
Destaca la necesidad de incrementar los precios del transporte a que se verán obligados todo tipo de transporte: de carga, de pasajeros. En un contexto económico ya de por sí adverso, la afectación para las familias en los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, por lo que hace al Estado de Baja California será seria y grave. De ahí la necesidad de planear e implementar medidas de apoyo a las personas con la finalidad de protegerlas ante las consecuencias adversas derivadas del siniestro que se presentó en la autopista escénica. Por ello, el suscrito propone un paquete de medidas de apoyo de carácter integral para amortiguar el impacto de la merma en la circulación de bienes y servicios por la carretera transpeninsular.
En primer lugar es necesario atender a las personas de escasos recursos que son comerciantes en pequeño o que se desplazan a diario para trabajar y que con el alza de los pasajes ya no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas o de plano ya no están en condiciones de llevar a cabo el desplazamiento y se han ido a la economía informal con menores ingresos o se encuentran sin trabajo. Para ellos, con base en un estudio socio-económico, propongo que se les deje exentos del pago de peaje ya sea que se trasladen en su propio vehículo o bien a las unidades de transporte de personal que habitualmente venían usando.
Para personas también en el segmento de mayor vulnerabilidad que hayan perdido su trabajo por causa de la disminución en la circulación de mercancías, solicito se diseñe un programa de empleo temporal, de común acuerdo con el ayuntamiento de los municipios afectados, a fin de que las actividades por las cuales se paguen los jornales respectivos sean de beneficio de la comunidad.
Mientras se restablece el tramo carretero, previo padrón de familias afectadas, que se elabore un programa de atención integral para que cuenten con los servicios mínimos de protección a la salud, apoyos para evitar la deserción de sus hijos en los niveles de educación básica y apoyos, en su caso, alimentarios.
Para los comerciantes en pequeño, micro empresarios, personas con oficios y profesionistas en el ejercicio libre que resulten afectados por la reducción de la actividad económica en la zona derivada de los mayores costos de traslado en tanto se llevan a cabo las obras de reconstrucción de la carretera mencionada, pido la suspensión de sus obligaciones tributarias en tanto se normaliza la situación.
El transporte de bienes para satisfacer las necesidades más elementales de los habitantes de Ensenada principalmente requiere también de apoyo a efecto de crear un incentivo para que el servicio se mantenga sin grandes alteraciones en el costo. En consecuencia, con el propósito de que dichos bienes sigan llegando para los habitantes del municipio de Ensenada y lo sea a precios accesibles, me permito proponer una reducción en las tarifas de peaje que se cobran en la autopista designada como ruta alterna que es la Tijuana-Tecate.
Con la finalidad de reducir el impacto en los ingresos de las familias de los municipios de Ensenada, Tijuana y Rosarito que han resultado afectadas por el cierre parcial de la carretera escénica Tijuana-Ensenada, me permito elevar a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público para que a) previo estudio socio-económico, deje exentos de pago de peaje a las unidades propias de trabajadores o comerciantes en pequeño o de transporte de personal que venían haciendo uso habitual; y b) tenga a bien otorgar una reducción en el mismo pago a los camiones que transporten mercancías por la autopista Tijuana-Ensenada; c) La suspensión de las obligaciones fiscales de los causantes afectados por el cierre parcial de la carretera mencionada.
Segundo. Se solicita a la secretaria de Desarrollo Social, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno que resulten competentes, que implemente un programa de atención integral para la atención en salud, educación, alimentación, empleo temporal y en general para satisfacer sus necesidades básicas de las familias que, previa elaboración del padrón y estudio socio-económico correspondientes, se hayan colocado en una situación de vulnerabilidad derivado de la disminución de las actividades económicas en los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana mientras se restablece la comunicación por la carretera Tijuana-Ensenada.
México, Distrito Federal, a 15 de enero de 2014.
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón para que pueda otorgarse el indulto, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional de la Legislatura LXII, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de más relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con el objeto de resolver el indulto interpuesto que le permita a la brevedad recuperar su libertad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a la información de la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio de Abogados y la Fundación Barra de México, dada a conocer en diversos medios de comunicación de circulación nacional y estatal, quienes han dado seguimiento y brindado apoyo a la señora Esperanza Reyes Aguillón, quien es un ama de casa de San Luís Potosí:
1. En 2011, Esperanza compró una libreta y, sin saberlo, pagó con un billete falso de 100 pesos. La encargada del negocio se percató del hecho y llamó a la policía.
2. Esperanza fue detenida, puesta disposición de las autoridades federales y condenada a cumplir con una pena de 6 años de prisión.
3. Hoy, tres años después y tras cumplir la mitad de su condena, Esperanza Reyes Aguillón desde las Islas Marías solicitó, gracias al apoyo de diversas asociaciones de abogados, al Ejecutivo federal se le indulte, ya que sus hijos menores de edad quedaron abandonados y desprotegidos.
4. Cabe destacar, que de acuerdo a sus abogados, Esperanza tuvo una nula defensa por parte del abogado de oficio que le fue asignado, teniendo como único elemento para condenarla una “actitud sospechosa”, por lo que fue trasladada al penal de Tepic, Nayarit, y de ahí a las Islas Marías, quedando sin opción para apelar ante las autoridades.
5. En suma, no existieron elementos para determinar que Esperanza estuviera involucrada en la falsificación de moneda o en la colocación de ella en el flujo circulante, y tampoco se comprobó que tuviera conocimiento de que el billete era falso.
6. Es menester señalar que Esperanza Reyes Aguillón, no contó con la defensa puntual, efectiva y oportuna a la que por ley tenía derecho. Además es madre soltera, jefa de familia, de escasos recursos y no cuenta con estudios.
Afortunadamente, su caso fue tomado por diversas asociaciones de abogados, quienes se han encargado de su caso, encontrando como único recurso la interposición del Indulto Presidencial, figura recientemente aprobada por este Congreso.
Como es del conocimiento de los presentes, el 30 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal en materia de indulto; de acuerdo con esta modificación, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas.
El indulto presidencial es una medida excepcional que puede ejercer por decisión propia o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, expresando las razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Hechos de los cuales el Ejecutivo Federal, deberá cerciorarse así como de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.
Bajo el anterior orden de ideas y considerando los antecedentes del caso, es menester que esta Comisión Permanente se pronuncie al respecto y se solidarice con la C. Esperanza Reyes Aguillón, quien no sólo es nuestra representada sino se encuentra en estado de indefensión y suma vulnerabilidad. Al hacerlo, nos solidarizamos también con sus hijos, quienes son menores de edad y merecen ser protegidos en sus derechos y contar con las garantías suficientes que les permitan desarrollarse cabal y plenamente.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que revise el expediente de la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón, con el objeto de resolver el Indulto interpuesto que le permita a la brevedad recuperar su libertad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia, gire las instrucciones necesarias a efecto de que la ciudadana Esperanza Reyes Aguillón y sus hijos menores de edad gocen de la atención, asistencia y apoyo necesarios, a efecto de que puedan reiniciar una nueva vida en condiciones dignas y humanas.
Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo, a 15 de enero de 2014.
Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a incluir Baja California Sur en los lineamientos del Fondo para Fronteras, suscrita por el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Compañeros diputados: la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) en los estados fronterizos provocará un aumento a los precios del 5%, que entre otras cosas implica, que en la región también se incremente la pobreza, el desempleo y disminuya el poder adquisitivo local.
La colindancia con los estados del país más desarrollado y de la principal economía mundial, o las dificultades para el traslado de mercancías como en el caso de mi estado, Baja California Sur, requieren de un trato que permita en condiciones de igualdad, con sus partes atender ésta demanda social.
La necesidad de tener un trato diferenciado en la Frontera del país responde a que el consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza con el resto del país, pues la cercanía de aquella con otra nación altera los patrones de consumo. De esta forma, el trato diferencial tiene el fin de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios del extranjero.
La recién aprobada miscelánea fiscal, por el PRI y el PRD, con una visión simplista adoptada por el gobierno federal no toma los aspectos económicos y sociales de la frontera, y acepta implícitamente la pérdida de competitividad y la concentración del bienestar que resulta del incremento del IVA en los Estados afectados, que en suma agrava la fuga de consumidores y la mala distribución del ingreso en la frontera, por lo que la política tributaria federal no puede ser ajena a estos efectos económicos y sociales a nivel regional y no debe basarse sólo en consideraciones de recaudación globales, además de que no garantiza que los recursos extraordinarios captados por las reformas aprobadas lleguen a corto plazo.
Baja California Sur, se encuentra inmerso en esta dinámica como parte de la región fronteriza cuya población fácilmente se identifica por medio de su situación geográfica, pero que al mismo tiempo obedece a la dinámica intrínseca de franja fronteriza por fenómenos interculturales y transculturales.
Baja California Sur, a raíz de su condición geográfica, adquiere un carácter distinto a las entidades fronterizas, ya que es el estado que se ve más afectado debido a las condiciones de competencia respecto de las empresas del resto del país, pues las personas físicas y morales de este estado tienen que añadir siempre a sus costos, altos precios de traslado de mercancías
El efecto absoluto sobre el monto de las ventas de las empresas Sudcalifornianas, dependerá del incremento porcentual de precios que ocasione la nueva tasa de IVA y se podrían enfrentar contracciones de la producción y cierre de fuentes de empleo, que golpearían sobre todo a comerciantes minoristas y mayoristas, cuya competitividad está estrechamente asociada al factor precio, lo cual sería un golpe crítico, afectando el turismo, la pesca, a los ganaderos, y toda la Actividad económica, dañando la economía de los más de 600 mil sudcalifornianos.
El fondo de compensación por la homologación del IVA, planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación cuyo propósito es contribuir con el desarrollo económico, y del que aún desconocen de qué manera se repartirán y en base a qué concepto, es insuficiente, ya que no abona al crecimiento, ni contribuye con el desarrollo económico, ya que no cubrirá las afecciones que tendrán nuestros estados en la frontera.
Este fondo de compensación no resuelve el problema del impacto negativo que causará la homologación del IVA en las zonas fronterizas, y es un instrumento político de corto plazo de quienes la aprobaron para tratar de remediar mediática y políticamente los reclamos, la frustración y la impotencia de los ciudadanos afectados.
Por ello y desde el inicio el Partido Acción Nacional, voto en contra de esta Reforma centralista, sin visión y basada totalmente en el desconocimiento de la dinámica regional de los estados que componen la región fronteriza.
El artículo décimo segundo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cita que en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos se prevé la cantidad de 3 mil Millones de Pesos, para la constitución del Fondo para Fronteras, el cual tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país y que el ejercicio de los recursos de dicho Fondo estará sujeto a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, dentro del primer trimestre de 2014, lo que deja a criterio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la repartición de dichos fondos.
La redacción de este transitorio nos remite a que las entidades cuyo territorio tengan colindancia en la línea con otro país serán considerados en este fondo, sin embargo, Baja California Sur, no cuentan con colindancia directa con la línea divisoria internacional, por lo que queremos dejar en claro que estos estados sean parte del Programa de Apoyo en la Frontera.
Por ello, sometemos a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en los lineamientos del Fondo para Fronteras, se consideren recursos suficientes para el estado de Baja California Sur.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo con las Cámaras del Congreso de la Unión para analizar los temas del TLCAN, suscrita por las diputadas Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como (TLCAN), tiene precedente en el año de 1993, entre los gobiernos de México, los Estados Unidos de América y Canadá, entrando su vigencia a partir del 1 de enero de 1994.
La iniciativa prometía que los tres países obtendrían múltiples beneficios, entre ellos el principal se basaba en que aumentaría el crecimiento económico, implicando la creación de empleos.
Se contemplaban apoyos en beneficio del medioambiente y la reducción de la migración desde México hacia el Norte.
La promesa de altos beneficios para nuestro país radicaba en que con su participación en el TLCAN, México se convertiría en un país desarrollado.
Cabe precisar que los primeros intentos de un Tratado entre Estados Unidos y México, tiene su historia en 1980, cuando como propuesta el ex presidente Ronald Reagan, realizó la primera propuesta sin mayores resultados.
Veinte años después, los beneficios no se han concretado del todo en beneficio de nuestro país, el hecho es que estos grupos de trabajo para re definir áreas en las que se puede mejorar, una de ellas y que es de preocupar, es el tema energético.
Con la firma del decreto el día 20 de Diciembre de 2013, a la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país se sepultó la rectoría sobre el petróleo permitiendo la entrada de capital extranjero.
Tanta era la urgencia de terminar con 75 años de la rectoría del petróleo, que ese mismo día el Diario Oficial de la Federación (DOF), en una edición vespertina publicó el decreto.
Que bastaron solo 6 días para que 24 congresos locales, dieran su aval y así el diputado Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados emitiera la declaratoria de constitucionalidad.
Que es muy suspicaz el hecho de que las renegociaciones del TLCAN, celebren por parte de los socios del norte, la reforma energética y ya contemplen su participación en un mercado muy benéfico para ellos, refiriéndose al comercio de energía, principalmente al gas shale.
Que se debe considerar que en el año 2011 nuestro país realizó una denuncia por que a los transportistas nacionales se les fue negado circular por supuestos problemas de contaminación.
Que en el mismo año (2011), 17 años posteriores que entrara en vigencia el TLCAN, los transportistas eran sujetos del pago de mayores impuestos y un exceso en la venta de combustible en Estados Unidos.
Que en el año 2008 se denunciaron prácticas desleales en el comercio de jitomate.
Que al 2012 la industria del juguete tuvo una reducción al pasar de 380 fábricas en 1994 a 80.
Que es necesario revisar a detalle el Anexo 602.3 del TLCAN correspondientes al capítulo VI de Energía y Petroquímica básica, en las que se reserva la inversión y la prestación de servicios, entre ellas el petróleo, gas natural:
Que el artículo 602 del TLCAN señala que “Son materia de este capítulo las medidas relacionadas con los bienes energéticos y petroquímicos básicos que se originan en territorio de las Partes, y las medidas relacionadas con la inversión y con el comercio transfronterizo de servicios vinculados a dichos bienes, tal como se establece en este capítulo”.
Anexo 602.3: (2) Reservas y disposiciones especiales
Reservas
1. El Estado mexicano se reserva para sí mismo incluyendo la inversión y la prestación de servicios las siguientes actividades estratégicas:
a. exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos ;
b. comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes:
i. petróleo crudo;
ii. gas natural y artificial;
iii. bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo ygas natural; y
iv. petroquímicos básicos;
c. la prestación del servicio público de energía eléctrica en México, incluyendo la generación, conducción, transformación; distribución y venta de electricidad, salvo lo dispuesto en el párrafo 5; y
d. la exploración, explotación y procesamiento de minerales radiactivos, el ciclo de combustible nuclear, la generación de energía nuclear, el transporte y almacenamiento de desechos nucleares, el uso y reprocesamiento de combustible nuclear y la regulación de sus aplicaciones para otros propósitos, así como la producción de agua pesada. En caso de contradicción entre este párrafo y cualquier otra disposición de este Tratado, prevalecerá el primero en la medida de la incompatibilidad.
2. Conforme el Artículo 1102(2) “Inversión”, no se permitirá la inversión privada en las actividades listadas en el párrafo 1. El Capítulo XII, “Comercio transfronterizo de servicios”, se aplicará únicamente a la prestación de los servicios relacionados con las actividades señaladas en el párrafo 1, cuando México permita el otorgamiento de un contrato respecto a esas actividades y sólo para los efectos de ese contrato.
Comercio de gas natural y de bienes petroquímicos básicos
3. Cuando los usuarios finales y los proveedores de gas natural o de bienes petroquímicos básicos consideren que el comercio transfronterizo de dichos bienes pueda ser de su interés, cada una de las Partes permitirá que dichos usuarios y proveedores, así como cualquier empresa del Estado de dicha Parte según lo exija su legislación nacional, negocien contratos de suministro.
Cada una de las Partes dejará las modalidades de ejecución de dichos contratos a los usuarios finales y a los proveedores, y a cualquier empresa del Estado de la Parte según lo exija su legislación nacional. Dichas modalidades podrán asumir la forma de contratos individuales entre la empresa del Estado y cada una de las otras entidades. Dichos contratos pueden estar sujetos a aprobación reguladora.
Cláusulas de desempeño
4. Cada una de las Partes deberá permitir a sus empresas estatales negociar cláusulas de desempeño en sus contratos de servicios.
Actividades e inversión en plantas de generación eléctrica
a. Autoabastecimiento
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer y/o operar una planta de generación eléctrica en México para satisfacer sus necesidades de suministro. La electricidad generada que exceda dichas necesidades debe ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la CFE deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa.
b. Cogeneración
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer y/o operar una planta de cogeneración en México que genere electricidad por medio de calor, vapor u otras fuentes energéticas asociadas con un proceso industrial. No es requisito que los dueños de la planta industrial sean también los propietarios de la planta de cogeneración. La electricidad generada que exceda los requerimientos de suministro de la planta industrial debe ser vendida a la CFE, y la CFE deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa.
C. Producción independiente de energía eléctrica
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer y/o operar una planta de producción independiente de energía eléctrica (PPIEE) en México. La electricidad generada por dicha planta para su venta en México deberá ser vendida a la CFE, y la CFE deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa. Cuando una PPIEE ubicada en México y una empresa eléctrica de otra Parte consideren que el comercio transfronterizo de electricidad pueda ser de su interés, cada una de las Partes de que se trate permitirá a estas entidades y a la CFE negociar los términos y condiciones para la adquisición de energía eléctrica y los contratos de venta de la misma. Las modalidades de ejecución de dichos contratos de suministro se dejarán a los usuarios finales, a los proveedores y a la CFE, y podrán asumir la forma de contratos individuales entre la CFE y cada una de las otras entidades. Cada una de las Partes de que se trate, decidirá si los contratos se sujetarán a la aprobación reguladora.1
Que con las reformas planteadas por el ejecutivo en materia de energéticos, se trastocan los derechos que se promovieron en el anexo anteriormente citado y que se hicieron para preservar la propiedad originaria de la nación sobre estos bienes, así como su explotación exclusiva por parte del estado.
Que el capítulo XI del mismo TLCAN, relativo a la inversión señala en su artículo 1109.
Artículo 1109: Transferencias
1. Cada una de las Partes permitirá que todas las transferencias relacionadas con la inversión de un inversionista de otra de las Partes en territorio de la Parte, se hagan libremente y sin demora. Dichas transferencias incluyen:
(a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica y otros cargos, ganancias en especie y otros montos derivados de la inversión;
(b) productos derivados de la venta o liquidación, total o parcial, de la inversión;
(c) pagos realizados conforme a un contrato del que sea parte un inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo;
(d) pagos efectuados de conformidad con el Artículo 1110; y
(e) pagos que provengan de la aplicación de la Sección B.2
Que según lo establecido en el TLCAN, de no estudiarse a detalle las implicaciones de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se pone al país en una línea de altos riesgos e implicaciones, pues las empresas que busquen invertir en nuestro país con facilidad podrán apegarse a los criterios establecidos en el capitulado XI del tratado.
Que se tiene previsto por el gobierno federal una reunión denominada Cumbre de Líderes de América del Norte,3 en el primer trimestre de este 2014, en el cual se profundizara la ampliación de una agenda que permita una mayor participación y apertura de los mercados, entre ellos está incluido el sector energético.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, instale una mesa de trabajo con representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados, con el objetivo de analizar los temas referentes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a tratarse en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse este año 2014.
Segundo: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, haga de conocimiento de esta soberanía los agregados que se pretenden tratar en la reunión de Líderes de América del Norte, en particular lo referente al sector energético.
Notas
1 http://www.sice.oas.org/
2 Ibíd.
3 Según lo dicta la Secretaria de Relaciones Exteriores, desde 2005, México, Estados Unidos y Canadá reforzaron sus contactos políticos y la cooperación económica a favor de una mayor prosperidad y seguridad al establecer la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), entre los temas sobre los que conversan están el bienestar y desarrollo económico, la integración y la cooperación para la seguridad y prosperidad de los tres países.
Sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Diputadas: Yesenia Nolasco Ramírez, Verónica Juárez Piña.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Conuee las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano, suscrita por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.
La Conuee hace recomendaciones para la adopción de medidas y mejores prácticas para el uso eficiente de la energía a los distintos sectores de la economía y la población. Llama la atención que el Portal de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares de la Conuee proporcione un espacio importante al automóvil como un elemento de innovación tecnológica y califique su desempeño en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de diferentes marcas y modelos, mientras no da ningún espacio al vehículo que menos contamina: la bicicleta.
La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía prevé que en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, la Conuee tendrá la facultad de formular y emitir las metodologías para la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero emanadas de la explotación, producción transformación distribución y consumo de energía, así como de las emisiones evitadas debido a la incorporación de acciones de aprovechamiento sustentable de la energía y podrá determinar el valor económico de los procesos evitados derivados del aprovechamiento sustentable de la energía consumida.
En diciembre de 2009, la Conuee publicó el documento Metodologías para la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumos energéticos evitados por el aprovechamiento sustentable de la energía, 1 con el que comparte las metodologías empleadas para analizar el potencial y costo de las medidas de aprovechamiento sustentable de la energía y en una de sus secciones, describe conceptualmente las fuentes de emisiones de GEI del sector energético entre las que comprende al transporte, como fuente de emisiones generadas por combustión. Empero, la bicicleta no ha sido tomada en consideración como un vehículo, ni como una medida de aprovechamiento sustentable de energía, a pesar de la relevancia que este medio de transporten ha alcanzado en los últimos años.
Según datos del Earth Policy Institute,2 el mundo produjo alrededor de 130 millones de bicicletas en 2007 –que representa más del doble de la cantidad de vehículos producida ese año–. Desde 2001, la producción de bicicletas ha mantenido su ritmo ascendente y esto se debe en gran parte al aumento en la producción de bicicletas eléctricas, que se duplicó a 21 millones de unidades en 2007.
Este relativamente nuevo tipo de vehículo que opera con la fuerza del músculo y la de una batería eléctrica recargable tiene gran aceptación: China tiene ahora casi 100 millones de bicicletas eléctricas, en comparación con los 14 millones de automóviles que circulan. Estas bicis eléctricas atraen la atención de los mercados de Estados Unidos y Europa, cuyas ventas combinadas sobrepasan 300 mil unidades.
En la inauguración de la ExpoBici 2013 en la Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Tanya Müller, comentó que el mercado de las bicicletas se ha triplicado en 10 años y que la industria se ha multiplicado en la medida que la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte habitual.3
La bicicleta tiene muchos atractivos como forma de transporte personal. Alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es asequible para millones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; 6 bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas es aún mayor: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de 1 auto.
Según datos de estudios realizados en Francia,4 la utilización de una bicicleta en un trayecto de 10 kilómetros diarios evita la emisión anual de 700 kilogramos de bióxido de carbono.
En varios países, el mercado de las bicicletas se ha visto favorecido por el diseño de diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de las bicicletas; ejemplo de ello es el gobierno italiano que puso en marcha un generoso programa de incentivos para estimular la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas con el propósito de mejorar la calidad del aire y reducir el número de vehículos en tránsito. Este subsidio cubre directamente 30 por ciento del costo de la bicicleta.
China, que cuenta con 430 millones de bicicletas, tiene la mayor flotilla del mundo, pero el mayor índice de propiedad de bicicletas corresponde a los Países Bajos, Holanda y Bélgica, que tienen más de una bicicleta por habitante.
La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte: es sin duda un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos y de esa forma reducir las emisiones GEI. La capacidad de proveer movilidad a comunidades de bajos ingresos ha sido conmovedoramente demostrada en China con la escalada de la producción de bicicletas que comenzó en 1976 con 6 millones de unidades y alcanzó en 2007 los 90 millones. Las bicicletas tomaron los caminos rurales y las calles, y son el medio que ofrece movilidad personal para cientos de millones de chinos.
En Estados Unidos, 75 por ciento de los departamentos de policía que atienden poblaciones de 50 mil personas o más tienen patrullajes de rutina en bicicleta porque de esa manera tienen mejor movilidad en un escenario urbano y pueden llegar al sitio donde se les necesita más rápidamente que los oficiales que se trasladan en vehículo. Se reporta una eficiencia en 50 por ciento superior en arrestos por día que los que realizan las cuadrillas en patrullas y si se compara el costo de mantenimiento de un vehículo con el costo de operación de una bicicleta, esta última tiene costo verdaderamente bajo.
Las universidades estadounidenses buscan opciones innovadoras para desmotivar el uso del vehículo, y han introducido desde sistemas de bicicletas compartidas hasta el obsequio de una bicicleta a los nuevos alumnos que accedan a dejar su automóvil en casa; esta medida de reemplazo no sólo reduce la contaminación y la congestión vial sino que crea un sentido de comunidad.
En México era frecuente hasta hace poco que las entregas a domicilio se realizaran en bicicleta, porque es más rápido y barato que el vehículo. En la actualidad, en Estados Unidos y en otros países, los servicios a domicilio ganan clientes, especialmente para las empresas que venden por Internet, que requieren entregar sus mercancías rápida y confiablemente.
La clave para aprovechar este potencial de la bicicleta es sin duda la creación de sistemas integrados de transporte compatibles con la bicicleta. Esto significa proveer carriles para bicicletas y ciclovías, estacionamientos para bicicletas y para vehículos y la implementación coordinada de políticas públicas de movilidad multifacéticas que permitan una integración con el transporte público, así como una intensa campaña de educación vial para ciclistas, automovilistas y peatones.
En los Países Bajos y en Japón se han hecho esfuerzos concertados para integrar bicicletas con los trenes suburbanos mediante la provisión de estacionamientos para bicicletas en las estaciones, lo que simplifica el traslado de los usuarios desde y hacia sus hogares. En Japón tienen tanta aceptación que se ha invertido en estacionamientos de bicicletas de varios niveles.
La integración de banquetas y ciclovías en los sistemas de transporte urbano, hace que las ciudades sean indiscutiblemente más vivibles que aquellas cuya movilidad depende casi exclusivamente en los automóviles, de tal suerte que el ruido, la contaminación, el tránsito y la frustración disminuyen y con ello se tiene mayor calidad de vida.
El sitio www.ecovehiculos.gob.mx, Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares, es un esfuerzo conjunto de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Energía vía Conuee, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vía el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para brindar información al consumidor sobre las características técnicas de los vehículos así como calificar sus atributos de rendimiento y de emisiones, a fin de inducir la adquisición de vehículos que contribuyan a mejorar el medio ambiente.
Esta proposición con puntos de acuerdo persigue que se considere la bicicleta eléctrica un vehículo disponible en el mercado de gran eficiencia energética y de cero emisiones de bióxido de carbono.
En virtud de lo anterior y dado que sabemos que la Conuee está facultada para formular y emitir las metodologías para la cuantificación de las emisiones evitadas por el uso de la bicicleta, así como para determinar el valor económico de los procesos evitados derivados, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía emita las metodologías para la cuantificación de las emisiones evitadas por el uso de la bicicleta y la bicicleta eléctrica como medio de transporte cotidiano, así como para determinar el valor económico del consumo de combustibles fósiles evitados. Asimismo, se le exhorta a recomendar a las entidades federativas, a los municipios y a los particulares el uso de la bicicleta y la bicicleta eléctrica como una práctica de aprovechamiento sustentable de la energía.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por el Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares ofrezca información en línea al consumidor sobre las características técnicas de las bicicletas eléctricas.
Notas
1 http://www.sener.gob.mx/res/Acerca_de/MetodologiasCuantificacionEmision esGasesEfectoInvernaderoConsumosEnergeticos.pdf
2 http://www.earth-policy.org/
3 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/96c635b53e31f2ee3b9cb60d74d 0080b al 22 de octubre de 2013.
4 http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/tr ansports-doux
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre el cobro del IVA al gas natural en Juárez, Chihuahua, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Martha Beatriz Córdova Bernal, Zuleyma Huidorbro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La reforma fiscal aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados ha traído consigo un alza generalizada a los costos de los servicios básicos y a los precios de la canasta básica.
Los diputados de Movimiento Ciudadano anticipamos las graves consecuencias que estas reformas generarían y propusimos una solución alterna que no implicaba el aumento de los impuestos ni el golpe para las familias más pobres de nuestro país. Sin embargo el titular del Ejecutivo impulsó, junto a los miembros de su partido y algunos que se dicen opositores, la creación de nuevos impuestos y el aumento de otros, entre ellos el del impuesto al valor agregado fronterizo que hasta el 31 de diciembre de 2013 se mantenía en 11 por ciento, homologándose a partir del 1 de Enero con el resto del país, aumentando a 16 por ciento.
A 15 días de que entraran en vigor las modificaciones los mexicanos empiezan a sentir las fatídicas consecuencias, como lo que ocurre en el estado de Chihuahua donde se ha denunciado el cobro del 16 por ciento de IVA por parte de “Gas Natural de Juárez” por un servicio otorgado durante el mes de diciembre, es decir, cuando en la región el impuesto se mantenía en 11 por ciento.
Lo anterior implicaría por un lado, la violación de la distribuidora de Gas Natural al artículo 14 de nuestra Constitución Política que a la letra menciona que “ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.” Por otro lado se caería en un cobro indebido pues el servicio facturado es del mes de diciembre del año pasado.
Además de lo anterior se ha denunciado que de manera premeditada, la gasera optó por cambiar la fecha de corte de miles de usuarios con el afán de cobrar el aumento al impuesto, es decir, si la facturación de los consumidores era el 28 de cada mes, arbitrariamente se cambió al día 1.
Cabe mencionar que la empresa en comento tiene un historial de cobros excesivos, de abusos y de poca solidaridad con la comunidad.
Debido a la ola de denuncias que han llegado a la Profeco, el Sistema de Administración Tributaria ha optado por devolver el 5 por ciento extra que cobró la gasera pero sólo a quienes soliciten la devolución.
Sabemos que no es esta legisladora la que debe juzgar las irregularidades de la empresa pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante esta situación, hacemos un llamado a esta asamblea para tomar medidas al respecto.
Por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Procuraduría Federal del Consumidor para que tome las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas Natural de Juárez”, investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como a iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo de IVA.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a tomar las medidas necesarias en defensa de los usuarios del servicio “Gas Natural de Juárez”; investigue, corrija y sancione las faltas que la empresa gasera haya cometido, así como a iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el cobro excesivo de IVA.
Segundo. Se exhorta al Sistema de Administración Tributaria a devolver el 5 por ciento de IVA a todos los usuarios afectados por la empresa “Gas Natural de Juárez”, no sólo a quienes acudan a realizar la reclamación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a investigar, elaborar y enviar a la Comisión Permanente y las del Senado de la República respectivas un informe pormenorizado referente a lo ocurrido en las elecciones de gobernadores tradicionales de la etnia yaqui, en Sonora, suscrita por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, para que a la brevedad, investigue, elabore y envíe a esta Comisión Permanente y a las comisiones del Senado de la República responsables del tema, un informe pormenorizado referente a los eventos ocurridos en las elecciones de gobernadores tradicionales de la etnia yaqui, en Sonora para tomar las decisiones parlamentarias conducentes.
Consideraciones
1. Uno de los conflictos que tuvo y tiene la comunidad yaqui es el que se refiere al asunto del agua. Desde hace meses esta comunidad realiza protestas y un plantón en contra de las formas, los procesos y las decisiones que implican que el recurso se transvase a la ciudad de Hermosillo. Los bloqueos a la carretera federal tienen varios meses y llevan ya dos años de manifestaciones contra el acueducto Independencia. Este conflicto no ha sido resuelto y se mantiene latente un alto grado de tensión política. Esta consideración tiene el sentido de poner atención al estado que guarda parte de la situación política en el estado de Sonora.
2. Los medios de comunicación han emitido la siguiente información que anuncia escenarios preocupantes de inestabilidad política. Según la nota, “el gobierno de Sonora intentó intervenir en la elección de gobernadores tradicionales de la etnia yaqui y provocó un enfrentamiento a palos y piedras con los indígenas de la comunidad de Loma de Guamúchil, señaló Tomás Rojo Valencia.
La acusación viene del asesor de las autoridades tradicionales, Tomás Rojo Valencia, que informó que unas diez personas afines al secretario de Gobierno, Roberto Romero López, se habían apostado desde hace cuatro días en la comunidad de Vícam, cabecera de los ocho pueblos yaquis, con la intención de interferir en el proceso anual de elección. Sin embargo, al verse rebasadas por el número de indígenas se trasladaron a Loma de Guamúchil, donde este lunes protagonizaron un encontronazo con miembros de la tribu, quienes defendieron su autonomía. Según la acusación del asesor, señaló que el gobierno de Sonora tiene la intención de controlar a los indígenas yaquis a través de grupos minoritarios que ha conformado en los pueblos, aunque en esta ocasión la mayoría opuso resistencia.
El tono de las acusaciones y de los señalamientos avisa de un recrudecimiento de la tensión política, de hecho se informa que se dio un enfrentamiento con personas lesionadas. En Vícam, la cabecera yaqui, no había podido realizarse la elección porque persistía el conflicto con los afines al gobierno estatal. Para el Senado de la República el interés primordial es que en los procesos de gobierno se propicie el equilibrio y la estabilidad social. Esta acusación que describe presuntos actos en las elecciones de la comunidad yaqui debe constituirse como una alerta de esta representación y hacer los llamados conducentes para que los procesos institucionales cuenten con información pormenorizada de los procesos electorales de la comunidad yaqui.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, para que a la brevedad, investigue, elabore y envíe a esta Comisión Permanente y a las comisiones del Senado de la República responsables del tema, un informe pormenorizado referente a los eventos ocurridos el pasado 5 de enero, en las elecciones de gobernadores tradicionales de la etnia yaqui, en Sonora para tomar las decisiones parlamentarias conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senadora Ana Gabriela Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a revisar y perfeccionar los procedimientos del programa Alerta Amber, en el marco del 18 aniversario de su creación, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 55 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual, en el marco del 18 aniversario del programa Amber, se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos del Distrito Federal y entidades federativas del país, a que a manera de remembranza y reconocimiento, se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa, si no se ha implementado, urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta; lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Alerta Amber es un sistema de notificación de menores desaparecidos, en el que participan corporaciones policiales, organizaciones civiles, las ONG y medios de comunicación para difundir datos y coordinar acciones con el fin de la pronta ubicación de los infantes. Fue implementado en varios países desde 1996.
Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como televisión, radio, sms (servicio de mensajes cortos), correo electrónico, pantallas electrónicas, entre otras; a fin de poder llegar al mayor número de personas posible.
Cada lugar tiene sus propias normas de activación pero de manera general las directivas empleadas son:
1. Referir a un menor de 18 años.
2. Un departamento de policía valide la desaparición del menor.
3. Contar con la suficiente información del niño, el sospechoso o su vehículo.
4. Suponer un grave riesgo para su integridad
En algunos lugares la alerta se emite también para personas con discapacidad y adultos mayores que se han extraviado y pudieran estar en peligro de sufrir un daño grave, físico o mental.
Este programa ha demostrado dar resultados, como por ejemplo el que con agrado pudimos dar cuenta el sábado pasado, en el que se dio a conocer en los medios de comunicación la siguiente nota.
“Localizan a 6 menores en Puebla gracias a Alerta Amber
La alerta se activó luego de la denuncia por su desaparición en el centro del municipio de Ciudad Serdán; los menores, todos de 16 años, fueron hallados por la policía en el municipio de Tehuacán.”
Se trató de un asunto en el que a través de la activación de la Alerta Amber por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado se localizaron con éxito seis menores de 16 años de edad reportados como desaparecidos en el municipio de Ciudad Serdán. Durante las últimas horas se activó la Alerta Amber para ubicar a los menores señalados, quienes de acuerdo con la constancia de hechos correspondiente, la última vez que fueron vistos se encontraban en el centro del municipio, pero ya no regresaron a sus domicilios.
En atención de la denuncia y dándole continuidad a las investigaciones ministeriales, la Procuraduría del estado, a través de la policía ministerial en coordinación con la policía municipal de Tehuacán y los familiares de los menores, dio el debido seguimiento a las actuaciones de la Alerta Amber para la inmediata búsqueda de las personas, lográndose su localización.
AMBER es un retroacrónimo en inglés de America’s Missing: Broadcasting Emergency Response, pero que originalmente hace referencia a Amber Hagerman , niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida.
Hace 18 años, la menor Amber Hagerman fue secuestrada en Arlington, tenía 9 años de edad y su secuestro y asesinato llevó a la creación de lo que hoy conocemos como Alerta Amber. Fue creada por equipos policiacos del área de Dallas-Fort Worth en 1996 y antes de ayer, lunes 13, se celebró el aniversario 18 de la creación de dicho programa.
Desde su implemento, el programa ha sido activado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas un total de 109 veces y ha ayudado a encontrar a 124 menores. En México, la Procuraduría General de la República precisó que en los últimos siete meses se emitió la alerta en 202 ocasiones, lo que permitió la localización inmediata de 118 infantes en toda la república.
Dicha instancia federal, informa además que 21 entidades del país ya formalizaron la operación del programa de búsqueda de menores desaparecidos denominado Alerta Amber, mientras que 11 están en proceso de implementarlo. Señala también que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es la que coordina a nivel nacional la información del programa Alerta Amber, la cual desarrollan las autoridades federales y estatales.
Cada procurador o fiscal a nivel nacional ha designado un enlace estatal, que ha recibido capacitación de la Fevimtra con el propósito de que la información de búsqueda se distribuya al mayor número de personas, con el objetivo de lograr la localización de los menores.
La procuraduría refiere que el enlace es quien toma la determinación de emitir o no la alerta, de acuerdo a la información de que disponga, y decidirá si se emite a nivel estatal, nacional o internacional.
Hoy, en el marco del 18 aniversario del programa, se considera oportuno que los equipos policiacos alrededor del país realicen una campaña de concientización e información sobre la operación y los procedimientos de dicho programa, como también, un análisis y perfeccionamiento de los mismos.
Para esto, la participación ciudadana es coyuntural y de sobremanera importante, por ello que la campaña de concientización y difusión de lo que es la Alerta Amber para que la ciudadanía pueda contribuir de mejor manera en el programa, resulta pilar fundamental del éxito deseado.
Lo esperado es que este tipo de casos no sucedieran, que no existiere caso alguno de extravío y mucho menos, casos en que los menores fuesen sustraídos por personas sin miramientos ni sentimiento alguno por la valiosa vida de los pequeños.
Por eso, en el marco del 18 aniversario de Alerta Amber, muy oportuno y acorde a manera de remembranza y reconocimiento, es que el gobierno federal y locales del país procedieran a revisar y perfeccionar los procedimientos del programa, si no se ha implementado, pues urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y de la que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta. La integridad de los infantes depende de ello.
En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del 18 aniversario de la creación del programa Alerta Amber , exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos del Distrito Federal y entidades federativas, a que a manera de remembranza y reconocimiento, se proceda a revisar y perfeccionar los procedimientos de dicho programa, si no se ha implementado, urgir a que se haga y finalmente, implementar campañas de difusión e información sobre el mismo, a efecto de que se tome conciencia de su importancia y del que la participación ciudadana tiene para su éxito a fin de que la sociedad participe activamente en cada emisión de alerta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales que no lo han hecho a aprobar cuanto antes la adecuación constitucional en materia de reforma política para que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia, a cargo de la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN
Marcela Torres Peimbert, senadora de la república, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 87, numeral 5, 109, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se exhorta a las legislaturas de los estados, que no lo han hecho, a aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política lo antes posible, a efecto de que esta Soberanía realice la declaratoria de procedencia, tenor de las siguientes
Consideraciones
Según el Estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, 2000- 2012, publicado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias e Integralia, SC, los Gastos en propaganda gubernamental de los tres Poderes de la Unión han aumentado en últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002 a 5 mil 927 millones en 2011. De todo el gasto ejercido en servicios de comunicación social y publicidad, el Poder Ejecutivo ejerció el 92.5% de los recursos entre 2000 y 2011, en promedio anual.
El reporte señala que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal cercano al 100%. Asimismo, continúa diciendo el reporte que “entre 2003 y 2011, el presupuesto ejercido en publicidad rebasó lo aprobado por el Congreso, llegando a magnitudes muy significativas como en 2008 cuando el gasto fue 54% mayor que lo aprobado, o 2011, cuando se excedió en casi 85%”.
Como parte de las recomendaciones y propuestas el reporte señala que se debe:
“Prohibir la publicidad oficial en todo momento, no sólo durante el periodo electoral, con excepción de los programas relativos a salud y seguridad públicas. Ello con el fin de estimular un sistema de medios de comunicación (prensa, radio y TV) que viva más de su audiencia y de los anunciantes que de los presupuestos públicos y de los partidos políticos y las campañas.”
En el ámbito internacional cabe señalar que Canadá es uno de los pioneros regular la publicidad oficial, esto mediante la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, en dicha reglamentación la Política Comunicacional del Gobierno de Canadá define el objetivo de la comunicación estatal y establece criterios de planificación y distribución de la pauta oficial, en el cual se establece que la comunicación estatal debe procurar “satisfacer las necesidades informativas de la población” e informar al público respetando “la libertad, el pluralismo, la seguridad, la sinceridad y el respeto”.1 Esta normatividad establece que el deber de informar incluye el deber de hacerlo de manera efectiva, lo que implica que la información debe presentarse en forma clara y fácil de entender, y debe ser información objetiva, relevante y útil,2 señala también que las comunicaciones y campañas publicitarias deben planificarse en el marco del plan anual de actividades de cada entidad;3 prohíbe las campañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos y suspende la publicidad durante el período eleccionario.4
Desde el 2006,5 Perú también cuenta con una ley encargada de regular la Publicidad Oficial desde, el ordenamiento señala:
• Criterios generales para el uso de los recursos presupuestarios en materia de publicidad oficial;
• Exige que las campañas se planifiquen, y que S2 justifiquen técnicamente los medios de comunicación seleccionados para emitir las campañas;
• Prohíbe que los fondos públicos sean destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección popular o a un partido político
• Prohíbe que los funcionarios a cargo de las dependencias que realicen campañas publicitarias aparezcan en los anuncios que se difundan en los medios de comunicación. Establece normas de transparencia y sanciones para los funcionarios que incumplen los deberes y obligaciones determinadas por la legislación.
En España, la Ley 29 de Publicidad y Comunicación Institucional, instituye un marco regulatorio que define los objetivos de la pauta oficial señalando que:
No puede ser utilizada para “destacar los logros de gestión”6
Prohibiendo la pauta oficial durante períodos eleccionarios.7
En Gran Bretaña, si bien no hay, como tal, una ley que reglamente la comunicación institucional del Estado, sin embargo existe un marco regulatorio en las llamadas “Guías de Decencia” (Propriety Guides), que regulan la actividad de los oficiales de prensa de las distintas dependencias del Estado, incluyendo la promoción de campañas publicitarias. En estos documento se establecen los criterios para desarrollar las campañas publicitarias impulsadas por el Estado, las cuales nunca deberán ser de carácter “político”.
Estos marcos regulatorios establecen ciertos parámetros básicos que en muchas ocasiones tienden a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales o como un mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas. La experiencia internacional señala que es necesario contar con un marco legal adecuado en materia de distribución de la pauta estatal a efecto de disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución, de forma tal que estos fondos públicos no sean utilizados como lo ha hecho Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.
Resulta necesario discutir y dictaminar una ley clara y precisa que prohíba este tipo de conductas de los servidores públicos y que contemple por lo menos los siguientes principios rectores:
• Criterios de distribución de la pauta estatal
• Planificación adecuada o Mecanismos de contratación
• Transparencia y acceso a la información
• Control externo de la asignación publicitaria
• Pluralismo informativo y publicidad oficial
Chiapas, un caso de abuso del poder
A casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del País, los habitantes del Distrito Federal (así como también en Monterrey, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa) presenciaron algo que parecería inverosímil en democracias sólidas: un despliegue de propaganda en revistas (Tv Notas y Quién), Televisión (sección de espectáculos y noticias tanto de Televisa como de Tv Azteca) periódicos (el Universal, Reforma, La Jornada), Transporte Público de la Ciudad de México, paradas de camiones, espectaculares (Ciudad de México y Estado de México), Salas de Cine, Redes Sociales, entre otros.
Por tal motivo, el Partido Acción Nacional presentó en días pasados una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
La campaña personalizada del Mandatario Chiapaneco divulgada en divisos estados de la República, es visiblemente contradictoria con lo previsto tanto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como del artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero lo más obsceno es que el Gobernador haya gastado más de diez millones de dólares en algo tan banal en un Estado que según información del Coneval es el más pobre país y que requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante.
Este frenético ataque Manuel Velasco Coello por formar parte de la agenda nacional a costa de un dispendio de recursos, como es típico de instituciones corruptas y arbitrarias, generó en días pasados –y hasta la fecha– gran indignación a la ciudadanía quien se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan al Gobernador para gastar dinero de los contribuyentes fuera de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y sobre todo en dónde encuentra límite la cantidad de recursos que un servidor público puede hacer.
Un gasto de recursos públicos de esta magnitud debe, necesariamente, traer consigo un beneficio de iguales proporciones para los ciudadanos de cualquier estado, sin embargo esta no es la lógica de los más de 110 millones de pesos que ha gastado Manuel Velasco Coello en publicitarse dentro y fuera de su estado, es imposible argumentar que el gasto que ejerció el mandatario con motivo de su informe, constituya un beneficio a favor de los chiapanecos, por el contrario resulta evidente que la campaña está diseñada para favorecer los intereses y aspiraciones políticas del Gobernador a corto, mediano y largo plazo.
Aunque hasta el momento las cifras del gasto en propaganda del Gobernador del Estado de Chiapas han sido calculadas pues aun no se tiene una cifra oficial, la situación pone en descubierto un problema derivado de la falta de regulación en la materia de propaganda gubernamental a efecto de que los servidores públicos no utilicen en su beneficio personal falta de reglas claras en materia de propaganda gubernamental.
Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una “una Instancia Ciudadana y Autónoma que Supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”, este punto aun no se concreta en lo absoluto y parece que hoy el Gobernador del Chiapas está dispuesto a demostrarnos lo que se puede hacer en provecho de sí mismo con recursos públicos cuando existe una enorme laguna legal por la inacción del Poder Legislativo.
La indignación ciudadana echa luz sobre la pasividad de algunas legislaturas estatales quienes están pendientes de aprobar la Reforma Política que el Congreso de la Unión les enviara en diciembre del año pasado, en donde, en su artículo tercero transitorio se establece que el Congreso de la Unión estará obligado a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, limites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Los estados que han cumplido responsablemente con la aprobación de la Reforma política en materia Constitucional son los siguientes:
Baja California Sur 06-01-2014
Estado de México 16-12-2013
Coahuila 17 -12-2013
Guanajuato 7 -01-2014
Jalisco 10-01-2014
Nayarit 17-12-13
Nuevo León 09-01-2014
Puebla 17-12-2013
Sin embargo aun faltan 21 estados en procesar la reforma política para que se pueda dar la declaratoria de procedencia y entren en efecto los cambios realizados por el Legislativo a nuestra Carta Magna.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de los estados de:
• Aguascalientes;
• Baja California;
• Campeche;
• Chiapas;
• Chihuahua;
• Colima;
• Durango;
• Guerrero;
• Hidalgo;
• Michoacán;
• Morelos;
• Oaxaca;
• Querétaro;
• Quintana Roo;
• Sinaloa;
• Sonora;
• Tabasco;
• Tamaulipas;
• Tlaxcala;
• Veracruz;
• Yucatán;
A aprobar la reforma constitucional en materia de reforma política lo antes posible, a efecto de que esta soberanía realice la declaratoria de procedencia necesaria para dar comienzo a los trabajos de discusión y aprobación de la legislación que expida la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, limites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Notas
1 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, disponible en, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/ doc-eng.aspx?id= 12316§ion=text#cha1
2 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 3.
3 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 13.
4 Communication Policy of the Government of Canada, 1 de agosto de 2006, sección 23.
5 Ley 28.874 del Perú, sancionada el 14 de agosto de 2006. Disponible en:
http://www .censuraindirecta.org/web_files/download/articulos/adjuntos/Ley-28874-d e-Publcidad-Estatal-pdf-1586.pdf
Cabe destacar que la norma no habría logrado eliminar la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria, en parte como consecuencia de su falta de reglamentación.
6 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005, artículo 4.1.a, disponible en PDF en http:// www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf
7 Ley 29/05 de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada el 29 de diciembre de 2005 disponible en PDF en http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42902-42905.pdf.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Senadora María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre las actividades de los agentes antidrogas estadounidenses que operan en territorio mexicano, suscrita por los senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, entregue un informe detallado acerca de los encuentros y alcances de las actividades de los agentes antidrogas estadounidenses que operan en territorio mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado lunes 6 y martes 7 de enero, el diario El Universal publicó los resultados de una investigación periodística que, a partir de fuentes oficiales y declaraciones de agentes estadounidenses, revela que durante los últimos años la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y otras autoridades de ese país, “se reunieron y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país”.1
Basada en documentos oficiales de ambos países, las notas contienen abundantes datos respecto a que el gobierno de Estados Unidos, a través de diversas agencias, pudo haber pactado con los cárteles del narcotráfico, que lo ha hecho en territorio nacional en abierta violación a la Constitución y las leyes mexicanas. Como se señala en la nota de prensa: “Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros”. Tampoco se ha abierto ninguna investigación al respecto, como no ha ocurrido en los casos de espionaje y otros delitos cometidos a favor de la protección de intereses norteamericanos y bajo el paraguas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
La información periodística afirma que, según declaraciones judiciales, cabezas de ese grupo criminal se reunieron al menos en 50 ocasiones con agentes de la DEA, según declaraciones judiciales de ellos mismos. En la información publicada abundan nombres, fechas y lugares de las reuniones de los estadounidenses con delincuentes mexicanos en nuestro territorio. El diario también afirma que “David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano.2 El año pasado, el periodista J. Jesús Esquivel publicó el libro La DEA en México, en el cual detalla cómo los agentes de esa agencia operan de manera independiente y viajan por el país ilegalmente armados.
Desde que se dieron a conocer los cables de Wikileaks, la revelaciones sobre la injerencia ilegal de Estados Unidos no han parado. Ni habrán de detenerse en tanto el gobierno mexicano deje pasar, como si no existieran, las violaciones a la ley que ocurren con el pretexto de la cooperación.
En un momento como el que vive hoy nuestro país en Michoacán, es indispensable retomar el rumbo del estado de derecho y de la sujeción al orden constitucional. La cooperación bilateral y la política de seguridad del gobierno deben transparentarse, ser sujeto de un efectivo control parlamentario y de la opinión pública.
De tiempo atrás se ha venido insistiendo e la necesidad de informar al Senado sobre los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad, sin que el gobierno haya respondido con la seriedad y urgencia que reclama la situación en la que se vive.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, entregue un informe detallado acerca de los encuentros y alcances de las actividades de los agentes antidrogas estadounidenses que operan en territorio mexicano.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, inicie una investigación acerca de las presuntas reuniones de agentes de la DEA con narcotraficantes mexicanos y, en su caso, finque responsabilidades por los hechos ocurridos.
Notas
1 Gómora, Doris, Tuvo DEA puertas abiertas con Felipe Calderón, El Universal, lunes 6 de enero de 2014, http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/tuvo-dea-puertas-abier tas-con-fch-977360.html
2 Ídem.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Senadores: Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP y a los correspondientes en las entidades federativas a documentar el problema de deserción escolar, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es el baluarte del crecimiento de un país, todo factor de la producción inicia con el sistema educativo, entre más cultivado esté un pueblo mejores serán sus condiciones de vida, por ello, los sistemas educativos deben de tener en todo momento la atención del gobierno con la finalidad de impulsar mejores profesores, máxima calidad en su servicio, ciudadanos críticos y analíticos con capacidad para solucionar problemas de todo tipo.
El sistema educativo es el semillero de los abogados, ingenieros, médicos, profesores y demás profesionistas con los cuales un país hace frente a los retos de su presente y futuro, los educandos de hoy serán quienes lleven las finanzas públicas del Estado, quienes operen a corazón abierto, resuelvan un conflicto comercial internacional ante paneles mundiales, entre muchas actividades más necesarias para destacar y sobresalir.
Por ello, es preocupante la situación develada por medios masivos de comunicación,1 la cual hace ver el abandono de cinco mil alumnos diariamente del sistema educativo nacional.
Lo anterior implica un desastre del sistema formativo durante el ciclo escolar 2012-2013, esto quiere decir que durante el lapso que fue de agosto de 2012 a julio de 2013, un millón, 47 mil 718 alumnos dejaron sus estudios formales para ser captados o por la vagancia, el trabajo derivado de la necesidad, o el crimen.
Esto último no solamente impactará en el futuro, sino que desde el presente ya tiene un pesado costo económico el cual asciende a más de 34 mil ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta pesos,2 lo cual es, de acuerdo a especialistas, equivalente al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.3
Las cifras son alarmantes, por ello, deben diseñarse y poner en marcha y en su momento evaluar, las políticas públicas cuya finalidad sea minimizar el abandono escolar descrito y erradicarlo.
En el presente las cifras dadas a conocer de manera masiva son las siguientes:
Como se aprecia, la deserción escolar es un lastre muy pesado para el país, asentándose primordialmente en el sistema de bachillerato, lo cual vincula una serie de problemas asociados muy graves como delincuencia, hacinamiento, enfermedades, embarazos prematuros de adolecentes, entre otros conflictos sociales.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio “Panorama de la educación 2013”, México tiene el porcentaje más alto de jóvenes entre 15 y 18 años de edad que desertan o abandonan la escuela de entre los 34 países que integran la propia organización.4
El Estado, así como las entidades federativas del país debe, en todo momento, llevar a cabo un análisis del porqué de las razones de este abandono escolar del cual estamos siendo objetos, recordando que la inadecuada prestación del servicio público de educación es responsabilidad directa del país, y por lo cual se podría estar incurriendo en el incumplimiento de asegurar una educación hasta nivel bachillerato a todas las personas; es decir, se atenta en contra del Derecho humano de educación.
Este es un asunto cuya gravedad amerita la interacción decidida y comprometida de todos quienes habitamos en este país, recordando finalmente que las estadísticas internacionales no son otra cosa más que la suma de la realidad vivida en las diversas entidades del país.
Así hoy en día, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México había en ese año un total de 822 mil 563 adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad. De ellos, no asistían a la escuela 269 mil 441, es decir, 30.5%.5
En todo el país hay 17 entidades que tienen índices de inasistencia al bachillerato superior a la media nacional, muestra lamentable de ello son los estados de Guanajuato, con un 41% de inasistencia y Guerrero, con un 36.9%, otras entidades con esos conflictos son Oaxaca y Morelos.
Es evidente que el país no puede permitirse la libertad de tolerar la deserción escolar, tanto por lo que implica como límite al Derecho humano de educación, como por los recursos desperdiciados que afectan la buena prestación de otros servicios públicos.
En este contexto de pretender la mejora del sistema formativo y proporcionar métodos que minimicen los problemas educativos, la sexagésima segunda legislatura ha proporcionado un paso importante en la materia con la llamada reforma educativa; sin embargo, los retos siguen presentes, y por ello, me permito realizar un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal, y a las correspondientes en cada una de las 32 entidades federativas del país, documenten el auténtico problema de la deserción escolar; así mismo, se propongan políticas públicas federales y estatales con miras de extinguir el conflicto descrito.
Por todo lo anterior proponemos a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y a los correspondientes en cada una de las 32 entidades federativas del país, documenten el problema de la deserción escolar en sus ámbitos de competencia y así mismo, se propongan políticas públicas federales y estatales con miras de extinguir el mencionado inconveniente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de enero del año 2014.
Notas
1 “Desertaron al día 5 mil alumnos: SEP”, El Universal, lunes 13 de Enero de 2014, año 97, número 35133. Primera plana.
2 Ídem.
3 Ibídem
4 http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf
5 “El drama de la deserción escolar en México”, Excélsior, nota del 26 de febrero de 2013. http://www.excelsior.com.mx/2013/02/26/886153
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre transparencia y acceso a la información pública en materia de energía, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son tres elementos, que en conjunto, pueden llegar a considerarse como parte de un entramado que permite la vinculación directa entre la ciudadanía y quienes forman parte de los diversos órganos y dependencias gubernamentales.
En dicho sentido, a nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo sexto “[...] El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, estipula que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Y sanciona “los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicaran a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.
Aunado a ello, en el año 2002, se publicó en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la cual tiene como objetivos I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados; III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados; IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.
Por otro lado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) señala que los Datos Abiertos son “conjuntos de datos de carácter público disponibles del Gobierno Federal y que en términos de las disposiciones aplicables no tienen naturaleza reservada o confidencial y que son accesibles de modo que los particulares pueden reutilizarlos según convengan a sus intereses”.1
A nivel local, la LFTAIPG fue replicada en las entidades federativas en miras de homologar los términos establecidos en la materia, por lo que respecto a los congresos locales, estos son sujetos obligados y por ende deben hacer pública la información en sus sitios electrónicos y en demás medios correspondientes; entre otras cosas, la referente a los nombres, currícula y fotografía de los legisladores propietarios y suplentes, así como de los titulares de los órganos técnicos, las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realizan en los órganos legislativos; las listas de asistencia y votaciones de cada una de las sesiones, las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente; etcétera.
Sin embargo, si una persona quisiera encontrar alguna información descrita anteriormente o una distinta, podrá presenciar que desafortunadamente a nivel local, diversas dependencias, entre ellas los congresos locales no cumplen cabalmente con estas obligaciones.
Un ejemplo de ello es que en días pasados se dio a conocer que “el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) encontró que 26 organismos estatales de transparencia tienen calificaciones por debajo del 60%, lo que significa que no garantizan adecuadamente ejercer el derecho de acceso a la información, informaron este miércoles las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate.”2
Tal es el caso a lo relativo con el proceso legislativo en fast track que se llevó a cabo para aprobar la llamada Reforma Energética, ya que en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, aún no se cuenta con la información concerniente a la sesión donde fue discutida y aprobada; violando los principios de transparencia y por ende de rendición de cuentas, imposibilitando así que la ciudadanía pueda conocer la manera en que fue aprobada dichas modificaciones en materia energética y quiénes dieron o no su aval.
Es por ello que, comprendiendo que los principios previamente enumerados constituyen uno de los pilares fundamentales para la consolidación de una verdadera democracia representativa y sobre todo participativa; presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán a hacer pública la información referente al acta de la sesión celebrada para discutir y aprobar las diversas modificaciones en materia energética, la cual deberá contener la lista de asistencia, el sentido de votación de los diputados y demás acuerdos; con base en lo dispuesto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Estados.
Notas
1 http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begi n
2 Institutos de transparencia ‘reprueban’ por no facilitar acceso a datos http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/08/institutos-de-transparencia-r eprueban-por-no-facilitar-acceso-a-datos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de enero de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República a expedir con descuento permanente de 50 por ciento los libros editados con recursos públicos por universidades, el Conaculta, el Fondo de Cultura Económica y la SEP, suscrita por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Presidencia de la República a considerar el siguiente decreto: los libros producidos desde las instituciones del Estado cuyos productos editoriales dependan de los recursos públicos (universidades, Conaculta, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Educación Pública) adquieran un descuento de 50 por ciento permanente, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Ciertos objetos o productos del trabajo social poseen una calidad diferente respecto a otros por su actividad y efectos en el todo social. En esta economía de mercado se ha dado la tendencia a conceptualizar y considerar a todo objeto como una mercancía que se expone a los condicionamientos del mercado. Esto incluso ha propiciado que exista un mercado negro de tales mercancías o soluciones legítimas de reproducir el objeto, su sentido y su efectividad.
2. En la propuesta que les presento quiero referirme a uno de los objetos más preciados por los hábitos de adquisición de conocimiento y de experiencia de saber: el libro; aunque no se trata del libro casual, del que expresamente está hecho para una circulación monetaria pronta o que son producto de casas editoriales que sobreviven a sus ventas y no son responsabilidad de la estructura del presupuesto público. Libros cuyas características no están inscritas en el circuito para adquisición de conocimiento socialmente necesario como lo son los libros de estudio; los libros donde los profesores y los estudiantes encuentran la información especializada para adquirir habilidades que se verterán en beneficio social.
3. Gran cantidad de los libros aludidos, que son el asunto de interés de esta propuesta, son producto de instituciones que se encuentran sostenidas por los recursos públicos. Instituciones como la UNAM, SEP, IPN, UAM, Conaculta, universidades bajo recursos públicos y toda institución académica o educativa que está generando publicaciones para sus propios estudiantes. Estos productos vistos ahora como generalidad, y por los efectos de una legislación conceptualizada como de precio único del libro sólo lograron encarecerlo y además, cerrarlo a la posibilidad del descuento que profesores de las Universidades y los estudiantes podían obtener de las instituciones como el FCE o el Conaculta, un descuento que en ocasiones llegaba a 50 por ciento del precio de tapa. Ahora a partir de la entrada en vigor de la ley mencionada, ya no hacen formalmente descuentos importantes a estudiantes y profesorado universitarios.
4. Nada hay que añadir al conocimiento social de la situación en que se encuentra el modelo educativo impuesto en nuestro país, que la educación misma está en el centro del proceso de desigualdad social; que los estudiantes de instituciones públicas, en su mayoría, son de bajos recursos y de que el acceso a libros para ellos, es difícil y muchas veces imposible. Este gigantesco obstáculo fue y es librado de formas también ilegales, dado el costo exorbitante de algunos textos. Por ejemplo la existencia de ediciones llamada pirata, o del recurso de la copia fotostática, ante la cual la industria editorial ha acuñado la frase “la copia mata al libro”, aludiendo sólo a una cualidad del producto, el ser mercancía. Incluso en estos tiempos de Internet, ya muchos estudiantes pueden bajar del ciberespacio miles de libros que decididamente están afectando a la industria editorial que lucha denodadamente por inhibir esta expansión que crece día a día y hay que decirlo ilegal pero legítimamente porque los estudiantes requieren consultar textos que de ningún otra manera son accesibles para la mayoría de ellos. Hay que decir, también, que en algunas de esas copias, quienes se dedican a la expansión cultural positiva mediante la oferta gratuita de archivos han acuñado la contra frase: “La fotocopia mata al libro pero el libro caro y costoso mata al bolsillo honesto y trabajador” apelando a que se está recurriendo a una conducta que es dañina pero que resulta aún más dañina para un amplio sector que legítimamente quiere adquirir conocimientos que finalmente repercutirán.
La propuesta de esta representación, la cual espera la adherencia de las legisladoras y los legisladores que asuman la problemática, es propiciar que los libros editados por las universidades oficiales, los gobiernos federal y estatal, las instituciones culturales oficiales deben tener un descuento importante y estable para el universo educativo entero: profesores y estudiantes. Hay que dejar en claro que toda institución educativa y de investigación sostenida por el erario no debe formar parte del circuito y de la lógica del mercado, ya que su presupuesto depende de los recursos públicos. Parte de sus producciones culturales, los libros, ya están medidados por un soporte presupuestal, por una finalidad de fomento del conocimiento, la circulación de ideas y una visión de estudio.
Por todo lo anterior se somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República a considerar el siguiente decreto: los libros producidos desde las instituciones del Estado cuyos productos editoriales dependan de los recursos públicos (universidades, Conaculta, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Educación Pública) adquieran un descuento de 50 por ciento permanente para la comunidad de estudiantes y profesores de ellas, pues con la entrada en vigor de la Ley de Precio Único del Libro se está perdiendo la capacidad de su adquisición y se abre la puerta para formas de adquisición que afectan a esas casas editoriales.
Palacio Legislativo se San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se felicita al cineasta Alfonso Cuarón por la obtención del premio Globo de Oro, suscrita por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Francisca Elena Corrales Corrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El cine mexicano y sus largometrajes fueron evolucionando de manera vertiginosa hasta llegar a lo época que conocemos como “cine de oro mexicano” (1936-1957), etapa sumamente popular y rentable para tal sector artístico, ya que se produjeron y exhibieron a nivel nacional e internacional cientos de cintas en las cuales se exponían las costumbres, el drama, la historia y la ideología mexicano, constituyéndose así como la herramienta más importante de lo que ahora se conoce como soft power: la capacidad de transmitir valores e ideas sin ejercer el recurso de la violencia, sino a través de instrumentos sutiles.
Desgraciadamente esa época terminó, en razón de las producciones cinematográficas tan populares y de alta calidad de cine extranjero frente al cual, a causa de la falta de presupuesto, México ya no pudo competir. A pesar de estos retos, el cine mexicano así como directores, productores, guionistas y actores de origen mexicano han logrado el reconocimiento en nuestro país y en el extranjero, donde se les han otorgado innumerables premios y reconocimientos.
Actualmente, en el mundo del cine internacional se ha reconocido por su gran labor a diversos productores y directores de cine como son Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, este último ha logrado sobresalir en el ámbito cinematográfico con su último trabajo, Gravedad.
Alfonso Cuarón, considerado uno de los cineastas más destacados de su generación, nació el 28 de noviembre de 1961 en la Ciudad de México. Desde pequeño tuvo interés por el cine y la dirección, por lo que comenzó estudios cinematográficos en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde conoció al director Carlos Marcovich y a Emmanuel Lubezki, con quienes realizó su primer cortometraje, Vengeance in mine, en 1983. Poco después colaboró como asistente de dirección en La gran fiesta, y en 1989 logró dirigir un episodio de la película Cita con la muerte. 1
En 1991 estrenó su primer largometraje, la comedia romántica Sólo con tu pareja, compartiendo trabajo en el guion con su hermano Carlos. La cinta resulto sumamente taquillera en México durante 1992, por lo que alcanzó fama internacional. Ésta lo llevó a trabajar en Estados Unidos, donde realizó cintas como Princesita (1995) y Grandes esperanzas (1998). En 2001 realizó la cinta mexicana Y tu mamá también, un gran éxito el cual valió a los hermanos Cuarón la nominación a los premios Oscar de la Academia. En 2004 fue invitado a dirigir la película Harry Potter y el Prisionero de Azcaban, la película más taquillera que ha realizado el director. Dos años después estrenó el largometraje Hijos del hombre, con el cual consiguió tres nominaciones a los premios Oscar (mejor edición, mejor guion y mejor fotografía).2
Después de siete años estrenó el filme Gravity (“Gravedad”), el cual ha alcanzado gran popularidad y éxito, pues encabeza la lista de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión. Esta institución cinematográfica nominó Gravedad al premio por mejor película, mejor película británica, mejor director, mejor actriz protagónica, mejor guion original, mejor música original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor diseño de producción, mejor sonido y mejores efectos especiales;3 se convirtió en una de las películas más premiadas hasta este año.
Finalmente, y para gran orgullo del cine mexicano, Alfonso Cuarón recibió esta semana el premio Golden Globe (Globo de Oro) como mejor director por su trabajo en Gravedad, lo cual sitúa a este director mexicano como un fuerte candidato para obtener también el Premio Oscar de la Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos, el galardón más importante de la industria cinematográfica mundial.
Este gran acontecimiento demuestra que el trabajo mexicano es de gran calidad por lo que ha logrado acaparar premios y reconocimientos mundiales, por lo que debe reconocerse, difundir, alentar y apoyar el trabajo de grandes mexicanos que ponen en alto el nombre del país.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita al director Alfonso Cuarón tras haber obtenido el premio Globo de Oro por su película Gravedad.
Notas
1 http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1961.html (8 de enero de 2014, 18:20 horas)
2 http://biografias.estamosrodando.com/alfonso-cuaron/ (8 de enero de 2014, 18:30 horas)
3 http://t.entretenimiento.prodigy.msn.com/temporada-de-premios/gravity-d omina-las-nominaciones-a-los-bafta#image=2 (8 de enero de 2014, 18:39 horas)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al pleno de la SCJN a resolver la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que reforma, entre otras, las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, y sobre la Renta, presentada el 10 de enero de 2014 por 172 integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El pasado viernes 10 de enero de 2014, ciento setenta y dos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado en el Diario Oficial dela Federación el 11 de diciembre de 2013, en virtud de que determinadas disposiciones jurídicas de tal decreto resultan violatorias de los artículos 16; 31, fracción IV; 25, primer párrafo; 26, 28; y 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos.
Antes de exponer los razonamientos destinados a acreditar la inconstitucionalidad de la norma que se impugna, procederemos a analizar la legitimación de quienes promovimos la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Los artículos 105, fracción II, inciso a), de la Constitución federal y 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su parte conducente disponen:
“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a). El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
[...]”
“Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.
[...]”
El inciso a) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que podrán ejercitar acción de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.
Así, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueve contra una ley expedida por el Congreso de la Unión, por legisladores que dicen representar el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, es necesario que satisfagan los siguientes requisitos:
1. Los promoventes deben ser legisladores integrantes de la Cámara de Diputados.
2. Los diputados demandantes deben representar cuando menos el equivalente a 33 por ciento del total que integra dicha Cámara.
3. La acción de inconstitucionalidad debe hacerse valer contra leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión.
Los requisitos identificados con los números 1 y 2 se refieren a la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, exigencias que se encuentran satisfechas según se demuestra a continuación.
El primero de los requisitos aludidos se encuentra satisfecho en virtud de que, a la fecha en que se presenta esta demanda quienes la suscribimos somos diputados federales integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tal y como se acredita con la constancia expedida por la Mesa Directiva de la propia Cámara y que se anexa al presente ocurso.
El segundo de los mencionados requisitos también se encuentra acreditado, en virtud de que la demanda se suscribe por un total de 172 diputados, los que representan más de treinta y tres por ciento de los 500 legisladores que conforman dicho órgano legislativo, siendo el mínimo de 165, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución federal.
En efecto, si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integra por un total de 500 legisladores, treinta y tres por ciento de ese total equivale a 165 diputados. Como se puede apreciar, la demanda se suscribió por 172 de sus integrantes, lo que equivale al treinta y cuanto punto cuatro por ciento.
El tercero de los requisitos destacados, consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión, también se cumple, porque la norma impugnada participa de los atributos de una ley federal en sentido formal y material.
En consecuencia, ha quedado demostrado que los diputados federales integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, están legitimados para demandar la inconstitucionalidad de las porciones normativas que más adelantes se precisarán de los Decretos antes aludidos.
En la acción de inconstitucionalidad planteamos tres conceptos de invalidez:
1. Homologación del IVA en las fronteras respecto a la tasa general de 16 por ciento
2. Aumento de las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento y límite del tope de deducciones salariales a 10 salarios generales mínimos vigentes.
3. Eliminación del nuevo régimen de incorporación de pequeños contribuyentes.
En cuanto al primero de los conceptos, se estima que los preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados:
• De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 25, 26 y 31, fracción IV.
• De la Convención Americana de Derechos Humanos: artículo 5, numeral 1 y 24.
• De la Carta de la Organización de los Estados Americanos: artículo 17, 33, 34, 39 y 45.
Principios constitucionales y derechos fundamentales que se estiman violados:
• Principio de competitividad.
• Derecho a la integridad personal y desarrollo económico.
• Principio de equidad tributaria;
• Principio de proporcionalidad tributaria.
En el caso, se solicita la declaración de invalidez y la declaración de la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a aquellas que serán declaradas inválidas, las cuales son el artículo 1, inciso C, fracciones IV, V y VI, 2, 2 inciso A, y 5 que fueron reformados y derogados de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de 2013.
Ahora bien, las normas cuya invalidez se solicita pretenden elevar de once por ciento a dieciséis por ciento, esto es, elevar en más de 45 por ciento la tasa del impuesto existente antes de la reforma y en 5 por ciento en términos reales en las fronteras del país.
Por lo tanto, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la imposición de la tasa general de 16 por ciento en las fronteras y emita la declaratoria del mantenimiento de vigencia de la tasa de 11 por ciento prevista hasta el año pasado.
En cuanto al segundo de los conceptos de invalidez, se estima que los artículos constitucionales violados son el artículo 16, párrafo primero y artículo 31, fracción IV y el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se aumentan las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento incurriendo con ello en una violación a los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias.
El límite de las deducciones personales previstas en el decreto impugnado establece que las personas físicas podrán hacer deducciones personales por lo que resulte de calcular el mínimo entre 10 por ciento de sus ingresos totales y el equivalente a 4 veces el salario mínimo general (SMG) elevado al año del área geográfica donde vivan, que en el caso del DF es de 96 mil pesos.
El artículo 151 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta establece que en el cálculo del impuesto anual, las personas físicas residentes en el país podrán hacer deducibles los pagos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios, así como los gastos funerales, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta.
Dicho análisis parte de la premisa que ni el Ejecutivo federal en la exposición de motivos de la iniciativa, ni los legisladores federales justificaron en la exposición de motivos de los dictámenes del Senado de la República y la Cámara de Diputados el aumento material de las tasas del Impuesto sobre la Renta, y, con mayoría de razón, tampoco lo hicieron respecto a la desigualdad y desproporcionalidad del aumento porcentual en los rangos que se aplican en la categoría “Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior”, lo cual, en la especie, constituye la tasa del impuesto referido.
Dicha falta de motivación y fundamentación constituye por sí misma una violación al artículo 16, primer párrafo, de la Constitución federal, toda vez que se trata de un acto de autoridad carente de dichos elementos de justificación.
En este mismo sentido, aplica el razonamiento para el tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se hace referencia en los documentos legislativos invocados previamente a la justificación de la eliminación de los supuestos contemplados ni al nuevo límite previsto para las deducciones.
En conclusión, con fundamento en lo previamente expuesto se solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se realice la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 96 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se declare el mantenimiento de las tasas del ISR en un máximo de 30 por ciento previstas en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el año 2013.
Finalmente en cuanto al tercero de los conceptos, se estima que los artículos constitucionales violados fueron los artículos 31, fracción IV y 16, párrafo primero en correlación con el artículo noveno transitorio del decreto impugnado.
La eliminación del régimen de pequeños contribuyentes ocasiona un perjuicio a la competitividad del país debido a que como se ha señalado previamente ocasiona un agravio directo al sector de la economía de los pequeños contribuyentes.
Es importante destacar que la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes constituye un agravio directo al derecho adquirido a la devolución de saldo a favor que tienen los mismos
1. El régimen de “los pequeños contribuyentes” se encuentra establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta pues es ésta la que determina los requisitos que deben satisfacerse para poder tributar en este régimen.
2. Las personas físicas que tributan en el régimen de “pequeños contribuyentes” son sujetos del impuesto al valor agregado y dentro de ellos, quienes obtengan ingresos superiores a $1’337,303.00 pesos deben cubrir el gravamen de que se trata pues no gozan de la exención establecida en el artículo 2-C de la ley correspondiente.
La eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes implica una gran injusticia y viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De diversos criterios jurisprudenciales se deduce que el Régimen de Pequeños Contribuyentes establecía un sistema y procedimientos especiales para que los pequeños contribuyentes tributaran de manera diferente a los contribuyentes del régimen general, ya que aquéllos no se ubican en un plano de igualdad con éstos pues poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías atendiendo a sus diversas capacidades administrativas y operativas.
Y dado que las características que diferencian a los contribuyentes que tributaban como en el Régimen de Pequeños Contribuyentes subsisten, resulta que la derogación del mismo es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de las normas relativas.
En efecto, la razón de ser del Régimen de Incorporación Fiscal es promover la formalidad tributaria e incorporar de inmediato a la misma a los sectores de la población que actualmente se mantienen en la informalidad, así como facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a quienes iniciarán sus negocios, ya sea realizando actividades empresariales o prestando servicios.
Por lo tanto, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes y emita la declaratoria del mantenimiento de vigencia del anterior régimen que los excluía del régimen fiscal del IVA.
En virtud de los conceptos de invalidez previamente expuestos en la acción de inconstitucionalidad presentada, se estima que dada la trascendencia nacional de la recaudación de impuestos para el gasto público y las evidentes transgresiones al sistema constitucional mexicano originadas por el decreto de la Reforma Fiscal 2014, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver con prontitud la acción presentada el pasado 10 de enero de 2014 por diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, y, en consecuencia, declarar, en el momento procesal oportuno, la inconstitucionalidad de la homologación del IVA en las fronteras respecto a la tasa general de 16 por ciento; el aumento de las tasas del ISR del máximo previsto de 30 por ciento a 35 por ciento y límite del tope de deducciones salariales a 10 salarios generales mínimos vigentes; y la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes por el régimen de incorporación, por ser violatorios de los principios constitucionales de competitividad económica, y, proporcionalidad y equidad tributarias, y de los derechos fundamentales a la integridad personal y el desarrollo económico.
Por tanto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, con pleno respeto a la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial de la federación, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva con prontitud la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de diversos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados el pasado 10 de enero de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Guanajuato a investigar las conductas reveladas por el presidente municipal de Celaya, suscrita por los diputados Miguel Alonso Raya y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Miguel Agustín Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En la edición del diario Reforma del 13 de enero de 2014, se presenta en la primera plana la versión referida por el presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, a la periodista Verónica Ayala, en la que relata que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013 se aprobó una partida a favor del municipio de Celaya por 160 millones de pesos etiquetados para trabajos de pavimentación, con la exigencia posterior del pago de una comisión de 35 por ciento del monto aprobado, o sea 56 millones de pesos, además de que los trabajos fueran realizados por la empresa que se le indicara, presuntamente vinculada al coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
Más adelante señala que logró reducir el monto de la comisión a 20 por ciento de la cantidad aprobada, es decir, 32 millones de pesos, y forzó para que esa cantidad fuera amparada por factura, bajo el concepto de servicios de gestoría. A pesar de las resistencias iniciales finalmente se accedió a la petición y fue que así que se presentó al cabildo un contrato que pretendería ser concretado por el municipio con la empresa Urichape, que se comprometería a gestionar los recursos a cambio de 20 por ciento de la cantidad obtenida.
Es del dominio público que las prácticas de corrupción son generalizadas en el país, independientemente de la filiación partidista del titular de la administración municipal, estatal o federal; o del representante popular que gestiona la aprobación de recursos presupuestales.
En el legislativo hoy sabemos que se tramitan recursos para proyectos específicos inflados, o se exigen comisiones sobre los montos aprobados, y se imponen las empresas que se contratarán para llevar a cabo los trabajos.
En la parte de las administraciones públicas se sabe del famoso diezmo, de contratos con empresas de amigos de los gobernantes, o de empresas de testaferros de los propios gobernantes, de contratos inflados con sobreprecios siempre a favor de los bolsillos de los titulares, del pago de facturas que amparan bienes o servicios que nunca se dieron, etcétera.
El quebranto del interés general es mayúsculo, sólo en el caso que nos ocupa valdría la pena preguntar: ¿cuántos metros cuadrados más podrían pavimentarse con 32 o 56 millones de pesos que en lugar de proveer bienes públicos en vez de al grupo afín al diputado Villarreal, o a él mismo?
Este caso resulta emblemático, al tiempo que desvergonzado, pues sabemos que quien gestiona los recursos exige la comisión, impone la empresa constructora, negocia el porcentaje de la comisión, acepta emitir una factura por los servicios de gestoría para hacerse de la comisión.
En ese sentido cada día es más evidente que la actividad política, antaño reservada a personas libres y honorables, ha perdido todo viso de decencia y honorabilidad.
Con los elementos conocidos por la opinión pública es pertinente hacer un llamado a las autoridades de procuración de justicia, tanto local como federal, y quizá a la propia autoridad tributaria para aclarar a fondo este turbio asunto.
En razón de las anteriores consideraciones someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Procuraduría General de la República lleve a cabo las investigaciones conducentes con la finalidad de determinar si de las declaraciones del presidente municipal de Celaya, dan lugar a fincar responsabilidades penales en el ámbito federal; al tiempo de que a través del Sistema de Administración Tributaria se investigue a la empresa Urichape.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato para que a través de la Procuraduría General de Justicia del estado, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, abra una investigación para deslindar las responsabilidades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputados: Miguel Alonso Raya, Verónica Juárez Piña (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y al Consejo Nacional de Armonización Contable a actualizar la información financiera al último trimestre de 2013, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, los presentes puntos de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, “tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización”. Ante ello la ley establece que
Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. (Asimismo) Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Para fines prácticos, la mencionada Ley define armonización como:
La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.
Para ello se instauró el Consejo Nacional de Armonización Contable, Conac, el cual “es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.”
Asimismo, el 12 de noviembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, razón por la cual en el artículo cuarto transitorio se estipula que
El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
Sin embargo, en el portal electrónico del Conac y dentro de la información más reciente, se encuentran los Archivos de las Entidades Federativas Correspondientes al Título V1 de la Ley, es decir “De la Transparencia y Difusión de la Información”, contemplados para el tercer trimestre de 2013.
Ante ello, cabe destacar lo establecido en el artículo 58 de la Ley, la cual a la letra dice,
La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.
Los datos que conforman la mencionada información financiera están divididos en siete rubros:
1. Montos pagados por ayudas y subsidios;
2. Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno (transferencias federales);
Personal comisionado o con licencia;
3. Avance en la aplicación de recursos asignados a los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública;
4. Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales (deuda pública);
5. Fondo Metropolitano (recursos destinados a obra pública) y;
6. Fondo de Aportaciones para Educación Básica.
De tal forma que, la información presentada, exhibe que únicamente la mitad de las entidades federativas cumplen totalmente con dichos ordenamientos tal es el caso de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México; Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.
Toda vez que Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas cumplen parcialmente, mientras que Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son las entidades incumplidas.
Es así que hacemos un llamado a las entidades federativas y al Conac como órgano de coordinación responsable, a actualizar la información financiera hasta el cuatro trimestre de 2013 en miras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y contar con la totalidad de
La información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio.
En dicho tenor, presentamos a esta asamblea, el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Comisión Permanente exhorta a las entidades federativas a actualizar la información financiera al último trimestre de 2013 y así dar cabal cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Segundo. La honorable Comisión Permanente exhorta al Consejo Nacional de Armonización Contable a coordinar los trabajos referentes a la información financiera realizados por los entes públicos en las entidades federativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Senado de la República a atender la problemática en Guerrero y Michoacán relacionada con los grupos de autodefensa, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
El senador David Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Vivir en un estado de derecho significa que todos los actos, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, están regulados por un marco jurídico general en el que se establecen los derechos y las obligaciones, límites a las libertades y protección de la integridad física y patrimonial de toda la población.
Al marco jurídico general establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todos deben sujetarse; es la máxima ley, de la cual penden la república y el estado de derecho.
El orden, la paz pública y la legalidad dependen del cumplimiento de la Constitución federal y todas las leyes que de ella se desprenden, en el momento en que la ciudadanía pierde el respeto de la ley, y la autoridad deja de hacer valer la legalidad, se puede llegar a un Estado de excepción, en el que los Poderes de la Unión y las autoridades pierden el control de hacer cumplir lo pactado en el máximo ordenamiento del país, dando como resultado un lugar en el que impera la impunidad.
En los últimos años, México se ha enfrentado a un grave problema de legalidad y de crisis del estado de derecho, debido a una mala política de seguridad, de combate del narcotráfico y del crimen organizado. Esto ha generado que en varias regiones del país exista de facto un Estado fallido, donde impera la impunidad, la violencia y la corrupción, dejando a un lado la legalidad y la fuerza de las autoridades para poder imponer en estos lugares el orden y la paz pública.
El problema del narcotráfico y crimen organizado ha afectado la paz pública y la vida cotidiana de las personas, debido a que las actividades delictivas se han diversificado, pasando del tráfico y cultivo de drogas a otros delitos como la trata de personas, la extorción de negocios lícitos y el secuestro.
Esta diversificación de actividades ilícitas ha significado un grave problema para la población que vive bajo un clima de inseguridad, lo que les impide llevar a cabo sus actividades cotidianas con normalidad, por el miedo de ser víctimas del crimen organizado.
Ante este clima de inseguridad y delincuencia, desde el sexenio del presidente Vicente Fox hasta la administración actual, se han emprendido estrategias para disminuir y contener la delincuencia organizada; sin embargo, ninguna de las tres administraciones ha logrado resultados satisfactorios, efectivos y contundentes que se traduzcan en beneficios reales y palpables para la ciudadanía.
Cansados de los niveles de impunidad, corrupción y delincuencia, comunidades de al menos 13 entidades federativas se han organizado y constituido en guardias comunitarias o grupos de autodefensa, a fin de poner un alto a la ola de violencia en sus comunidades y garantizar la paz pública para los suyos.
Los grupos de autodefensa son organizaciones de ciudadanos que buscan proteger su vida, bienes y libertades, acotadas por el crimen organizado, frente a la incapacidad del Estado para hacerlo.
En agosto pasado se estimaba que existían grupos de autodefensa: la Guardia Tradicional Yaqui, en Sonora; Tentoyuca en Veracruz; la CRAC-PC en Guerrero; Ayotitlán en Jalisco; el EZLN en Chiapas; Cherán en Michoacán; Cuautla en Morelos; Amatepec y Tlatlaya en el estado de México; la Guardia Tradicional Maya, que opera desde el siglo XIX en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.1
Además, en noviembre de 2013, de acuerdo con reportes periodísticos,2 en Michoacán aparecieron volantes que indicaban el surgimiento de un movimiento de guerrilla en esa entidad, a consecuencia de las malas estrategias de seguridad pública.
Del mismo modo, en Guerrero hizo recientemente su aparición otro grupo guerrillero, el cual se autodenominó Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP),3 quienes de acuerdo con un comunicado dado a conocer, señalan que su organización responde a que durante el primer año de gobierno de la presente administración federal se han presentado políticas de represión contra las organizaciones sociales.
Aunado a esto, en enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe especial sobre la situación que vive Guerrero en materia de autodefensas; del informe se desprende que la situación que se vive en la entidad es de graves violaciones de los derechos humanos de la población, además de que esto vulnera la legalidad y el estado de derecho.
En el mismo documento se recomienda al Senado de la República “adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales, a fin de que se analice la situación que impera en Guerrero, detallada en el informe especial y propiciada por el abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y vigencia efectiva de los derechos humanos, que ha generado una afectación en la vida de los guerrerenses al impedir la plena aplicación del orden jurídico”.3
Además, en el informe especial se hacen recomendaciones al gobierno federal de llevar a cabo acciones para que el gobierno de esa entidad pueda asumir las funciones que le correspondan, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes del estado.
A consecuencia de las fallidas estrategias de seguridad se ha creado un clima de polarización y descontento social, en el que la ciudadanía no percibe que la actuación de las autoridades genere un beneficio en su vida diaria.
Tristemente, la situación que se vive en Guerrero no es la única. Michoacán se encuentra bajo un clima de violencia, impunidad, inseguridad, corrupción, narcotráfico, altos índices de homicidios y extorciones; en síntesis no existe un estado de derecho; al contrario, el Estado es fallido e inexistente.
Informaciones periodísticas recientes informan que al igual que en Guerrero los grupos de autodefensas han ido en aumento, en busca de recuperar territorios dominados por el crimen organizado.
El pasado 12 de enero se dio uno de los enfrentamientos más cruentos entre los grupos de autodefensas y grupos criminales. De acuerdo con estas informaciones, los grupos de autodefensa procedentes de Tepalcatepec y La Ruana tomaron la localidad de Nueva Italia, en su camino hacia Apatzingán, considerado el centro operativo del cártel conocido como los “Caballeros Templarios”, quienes han respondido al avance con bloqueos carreteros, quema de vehículos y destrucción de comercios.5
Michoacán es claro ejemplo de que la estrategia de seguridad del gobierno federal no está dando resultados, ya que la misma ciudadanía se arma y defienda ante la ineficacia del la autoridad.
Hay un doble discurso y un doble problema para el Estado. Por un lado, los grupos de autodefensas han recuperado algunos territorios, y aparentemente con ello la tranquilidad y la paz; pero por otro lado, es un riesgo para el Estado mismo que en una región exista una autoridad paralela que haga las funciones que le corresponden de manera exclusiva.
Aunque el gobierno federal niega que los grupos de autodefensa hacen las funciones que a éste corresponden, como es la procuración e impartición de justicia; diversos medios periodísticos revelan que el gobierno trabaja con estos grupos “civiles” para combatir el problema de inseguridad que existe en las entidades federativas,6 en virtud de que el propio Estado no ha sabido responder a sus necesidades.
La situación que se vive en Michoacán es alarmante, en un Estado que se dice democrático es impensable que existan este tipo de actos, donde no hay ley ni autoridad que garanticen los derechos de la población.
El gobierno federal debe hacer una evaluación de las fallas en su estrategia de seguridad, no se puede permitir que México viva entre homicidios y delincuencia organizada; se tiene que evitar el desborde de las inconformidades de la sociedad, pues se pone en riesgo el pacto federal.
La Constitución Política federal señala que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano, es decir, queda reservado para el Estado la facultad de perseguir y castigar los delitos cometidos. Sin embargo, comunidades enteras cansadas de ser acosadas y castigadas por la delincuencia han buscado dar cauce a sus inconformidades y defenderse de estos grupos de delincuencia.
Es fundamental e indispensable que se haga valer el estado de derecho en todo el país. Parte de la estrategia del gobierno federal ha sido quitar los reflectores mediáticos a este problema, a diferencia del administración pasada que difundía en medios de comunicación los “logros” de la policía federal o fuerzas militares, y mostraba los decomisos e incautaciones que lograban.
En cambio, la administración actual ha optado por esconder todo tipo de noticias relacionadas con el crimen organizado, a fin de crear la percepción en la ciudadanía de que las cosas han estado mejorando, pero la ciudadanía vive día tras día los estragos de la fallida estrategia.
Es necesario que el Ejecutivo federal atienda el problema de los grupos de autodefensa, pues a pesar de que las exigencias y motivaciones de las comunidades son legítimas, vulnera en demasía el estado de derecho y ponen en riesgo la integridad de todo el país pues se crea la percepción de que el Estado mexicano es ineficaz y, por tanto, se duda de la necesidad de su existencia.
Con base en lo anterior, es urgente que la Secretaría de Gobernación emprenda acciones a fin de resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y devolver la paz social y el estado de derecho a la ciudadanía.
Asimismo, es necesario que esta honorable soberanía atienda el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a la situación de las autodefensas en Guerrero, a fin de posicionarse al respecto y llevar a cabo las acciones correspondientes en el marco de las facultades que la ley le confiere.
Derivado de lo anterior se someten a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a
a) Informar a esta soberanía respecto a la situación real que guardan Guerrero y Michoacán en cuanto a los llamados “grupos de autodefensa”;
b) Aclarar si las informaciones respecto a la ayuda que ha brindado a los grupos de autodefensa son ciertos y en qué ha consistido dicha ayuda; y
c) Emprender con carácter de urgente las acciones necesarias para devolver el orden, la paz social y hacer valer el estado de derecho en esas entidades federativas.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Senado de la República a atender en el ámbito de sus atribuciones la recomendación que se desprende del informe especial de Guerrero elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de tomar las acciones necesarias y pronunciarse al respecto.
Notas
1 Ramírez Bedolla, Alfredo. “Autodefensas y policías comunitarias, un fenómeno social” (en línea), citado el 13 de enero de 2014, disponible en http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2013/08/28/autodefensas-y-policias -comunitarias-un-fenomeno-social/
2 Redacción, “En volantes anuncian el surgimiento de la guerrilla en Michoacán” (en línea), citado el 13 de enero de 2014, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=357969
3 Redacción, “Aparece un nuevo grupo guerrillero en Guerrero” (en línea), citado el 13 de enero de 2014, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2013/800815.html
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la Seguridad pública en el estado de Guerrero (en línea), citado el 13 de enero de 2014, disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales /2013_IE_grupos_autodefensa.pdf
5 Editorial, “De la violencia a la indolencia” (en línea), citado el 13 de enero de 2014, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2014/01/13/edito
6 Gil Olmos, José. “La segunda guerra de Michoacán”, en Proceso, número 1941, 12 de enero de 2014, México, página 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Inegi que elabore y difunda información estadística sobre las trabajadoras del sector agrario nacional, suscrita por la senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI
Las suscritas senadoras, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, numeral 1, fracción IX, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En 2002, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) junto con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) y la Procuraduría Agraria, publicaron el estudio “Las Mujeres en el México Rural”, el cual tenía como objetivo proporcionar información estadística sobre la situación social, demográfica y económica de las mujeres que habitaban en el medio rural.
Al respecto, el estudio señaló que derivado del Censo de Población y Vivienda 2000, la población rural ascendió a 24 millones 605 mil 403 habitantes, de los cuales el 50.4 por ciento (12.4 millones) eran mujeres y el restante 49.6 por ciento (12.2 millones) hombres. Específicamente, la población femenina rural, 12 millones 391 mil 803 mujeres, significó el 24.8 por ciento de la población nacional femenina y el 12.7 por ciento de la población total nacional.
Asimismo, detalló que las mujeres por grupo de edad se encontraban dentro los siguientes rangos, el 38.9 por ciento de 0 a 14 años de edad, 27 por ciento 15 a 29 años de edad, el 16.3 por ciento de 30 a 44 años, el 9.8 por ciento de 45 a 59 años de edad, y el restante 8 por ciento rebasaban los 60 años de edad.
Además, las estadísticas proporcionadas en tal documento demostraron que el 92 por ciento de las mujeres en el medio rural participan en la generación de bienes y servicios en beneficio del hogar, de las cuales invirtieron en promedio poco más de 26 horas por semana para la limpieza de la casa en comparación con las 4 horas en promedio por semana que invirtieron para actividades rurales, éstas últimas para acarrear agua, recolectar leña, crianza de animales y parcelas.
En lo que respecta a la percepción de ingresos, la información estadística señaló que 3 de cada 5 eran hombres y las restantes 2 fueron mujeres, asimismo, la mayor percepción en términos monetarios fue hacia los hombres, en razón de que 3 de cada 4 pesos fueron percibidos por los hombres y el restante peso fue hacia la mujer.
Lo anterior evidenció que las mujeres rurales están estrechamente vinculadas al trabajo propio del hogar y en una menor medida en la generación de valor agregado al sector agrario, escenario vulnerable para que la mujer rural participe en la deliberación y toma de decisiones en el seno familiar producto de su debilidad en la generación de ingresos familiares.
Aunado a ello, las estadísticas proporcionadas en dicho estudio, demostraron y manifestaron diferencias significativas en la forma de gastar los ingresos por parte de jefas de familia rurales respecto a los jefes de familia rurales. En el primer caso, las jefas de familia rurales destinan mayores ingresos en la compra de bienes para consumo, 43.3 por ciento, y gastos de vivienda, 7.3 por ciento, en cambio los jefes de familia rurales erogan el 40.9 por ciento de sus ingresos para la compra de alimentos y el 6.6 por ciento en gastos de vivienda; en el segundo caso, los jefes de familia erogan el 8.3 por ciento de sus ingresos para educación y esparcimiento en comparación con el 6.8 por ciento de los egresos que destinan las jefas de familia rurales para ese rubro.1
2. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 62/136, relativa al mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, en la cual se estableció en declarar que el 15 de octubre de cada año se celebre y conmemore en los estados miembros de dicha organización el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, asimismo, se les exhortó a los estados miembros a diseñar, impulsar y ejecutar políticas y programas públicos para fortalecer y mejorar la situación de las mujeres rurales con el fin de empoderarlas y resarcir su entorno vulnerable, todo ello bajo los lineamientos establecidos por la Convención sobre la Eliminación en todas las formas de Discriminación contra la Mujer.2
Bajo ese contexto, el Estado Mexicano conmemoró por primera ocasión dicha fecha en 2008, en la cual reconoció la función y contribución que hacen estas mujeres rurales para la promoción del desarrollo agrícola y rural a nivel nacional, además, de que ellas han permitido mejorar la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza en sus núcleos agrarios.3
3. En marzo de 2011, el Inegi, publicó las estadísticas definitivas del Censo de Población y Vivienda 2010, en ellas se menciona una población total de 112 millones 336 mil 538 personas, de los cuales 26 millones 49 mil 128 habitantes son población rural, y de éste subtotal, 13 millones 140 mil 437 personas son del sexo femenino, es decir, el 11.7 por ciento de la población total a nivel nacional y el 50.4 por ciento de la población rural.
4. En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre de 2013, la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población –CONAPO- emitieron un comunicado de prensa para conmemorar tal día, en el cual se aluden diversas estadísticas en la materia. Al respecto, se señala a grandes rasgos que en el país hay 13.8 millones de mujeres rurales, quienes del rango de 5 años a más, el 83.7 por ciento de las mujeres agrarias saben leer y escribir; asimismo, que el 59.3 por ciento de las mujeres agrarias de 14 años y más, realizan predominantemente actividades vinculadas al quehacer doméstico, además, que del rango de 14 años y más, solamente el 16.9 por ciento de éstas no perciben pago alguno de su trabajo respecto al 6.5 por ciento de las mujeres urbanas.4
En otro orden de ideas, pero que no es ajeno a los numerales descritos con antelación, hasta este momento, la información estadística generada y difundida por diversos medios electrónicos sobre la situación sociodemográfica que viven las mujeres rurales en el país, no ha sido de gran profundidad, es decir, no se posee información estadística actualizada y precisa sobre ese sector, si se compara con el estudio estadístico que elaboró el Inegi en 2002, Las Mujeres en el México Rural, que tuvo como finalidad difundir información estadística de corte transversal para conocer dicho sector y a partir de él se generaran acciones política pública para contrarrestar su entorno vulnerable respecto a los hombres rurales y mujeres urbanas, que no se concretó.
Contar con información estadística actualizada sobre la situación económica, demográfica, social y política de la mujer rural en México, permitirá conocer su entorno en el que se desenvuelven socialmente, al mismo tiempo, la información estadística actualizada tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de este sector en específico de la población. Los tres órdenes de gobierno tendrán un diagnóstico puntual para diseñar, instrumentar y evaluar políticas públicas encaminadas a eliminar y erradicar las desigualdades socioeconómicas que existen entre las mujeres que viven en el medio rural y urbano, pero sobre todo con los hombres de su mismo sector, con el fin último de tutelar y salvaguardar el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual está consagrado en los artículos 4o. de la Constitución Política; 1o. y 2o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2o., 3o. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1o. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. En el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que el Estado Mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el cual captará, generará, procesará y publicará información estadística para uso de los tres órdenes de gobierno y uso oficial. La información que generé el sistema se regirá bajo los principios de accesibilidad de la información, transparencia, objetividad e independencia, además, este sistema estará a cargo de un organismo público con autonomía técnica y de gestión con personalidad jurídica y patrimonio propio.
6. En el artículo 4, fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, mandata que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, tiene entre sus objetivos: producir información, difundir de manera oportuna ésta y sus respectivos mecanismos que faciliten su consulta, promover su conocimiento y uso de la misma, entre otros.
La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que en ejercicio de sus facultades señaladas en la Constitución Política y en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como organismo público autónomo y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía; elabore, genere, procese, difunda y promueva para uso oficial, estadísticas e indicadores relativos a la población femenina que labora y vive en el sector agrario nacional.
Esta información estadística permitirá conocer la situación social, demográfica, política y económica de las mujeres agrarias y contribuirá en el diseño de políticas y programas presupuestarios dirigidos a contrarrestar la situación vulnerable que viven en este sector respecto a los hombres agrarios y mujeres que residen en las grandes urbes del país.
Es con base en estas consideraciones que las senadoras proponentes sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, elabore, genere, difunda y promueva indicadores estadísticos sobre la situación social, demográfica y económica de las mujeres rurales que laboran y viven en el sector agrario nacional.
Notas
1 http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ estudios/sociodemograficos/mujeresrural/ 2002/mrural.pdf
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/136&Lan g=S
3 http://www.presidencia.gob.mx/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales/
4 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1649/2/images/15De OcturbeDiaInternacionalDeLasMujeresRurales.pdf
Dado en el salón de sesiones de Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Senadoras: Mely Romero Celis (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer pública por la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor la información relacionada con las operaciones de éste y con proyectos programados para 2014, suscrita por el diputado José Arturo Salinas Garza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario, del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Antecedentes
Como todos sabemos, las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un rol de vital importancia en el desarrollo social y económico del país, ya que estas son una de las principales generadoras de empleo, lo que a su vez hacen que se desarrolle notablemente la economía mexicana.
Es de tal relevancia la función de estas empresas en nuestro país que se han llevado a cabo diversas acciones con el objeto de fomentan su creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad tales como la creación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la asignación de recursos a la Secretaría de Economía para el apoyo a las Mipyme y al Programa del Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto fomentar el desarrollo económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.
El 14 de enero de este año del presidente Enrique Peña Neto con el objetivo de seguir impulsando la creación de más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas publicó el decreto mediante el cual se crea el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial, dentro de sus objetivos se encuentran los siguientes:
1. Impulsar sectores estratégicos con alto potencial de crecimiento, generación de empleo, y participación de valor agregado en las cadenas de exportación;
2. Favorecer el desarrollo regional potenciando las vocaciones productivas y las ventajas competitivas, brindando especial atención a aquellas con problemáticas sociales y económicas más sentidas y claramente detectadas;
3. Fortalecer el Ecosistema de Financiamiento de acuerdo a las prioridades regionales y sectoriales, garantizando que llegue efectivamente a los emprendedores y a las Mipyme.
4. Propiciar el crecimiento basado en la innovación que genere mayor riqueza y empleo bien remunerado, así como incidir en la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.
Consideraciones
En el Presupuesto de Egresos de 2013, el Inadem contó con un presupuesto de 7 mil 738 millones de pesos, debido a la suma de los 500 millones de pesos asignados al Fondo Emprendedor y los 7 mil 238 millones de pesos otorgados al Fondo Pyme, los cuales fueron unificados para el próximo año en un solo programa.
El Inadem generó amplias expectativas entre toda la población ya que se ventilaba como una oportunidad de apoyo para todos aquellos inversionistas menores llevaran a cabo proyectos que por la falta de liquidez nunca han podido materializar; pero no paso mucho tiempo para darnos cuenta que el Inadem no está cumpliendo con las expectativas planteadas en su creación ya que según datos del propio Inadem de un total de 7 mil 386 proyectos que se presentaron en busca del apoyo del Fondo Pyme, solo 986 fueron aprobados, es decir 6 mil 400 proyectos fueron rechazados, lo cual deja ver que las cosas no están funcionando como deberían, es entendible que no todos los proyectos sean aprobados, pero en los casos de aquellos proyectos que contaban con un error o carecían de algún requisito debió de haber existido la oportunidad de solventarlos y no solo desecharlos de forma arbitraria.
De igual forma se deja ver aun más la ineficiencia en la operación del programa con el hecho de que la primer convocatoria fue lanzada en el mes de mayo y los resultados de los proyectos se dieron a conocer hasta noviembre, es decir seis meses después, lo que ha generado que hasta el momento sean entregados solo el 45 por ciento por ciento de los recursos según declaraciones del director Enrique Jacob Rocha.
Es absolutamente reprobable que en los tiempos difíciles que vive la economía del país y contando con tanto talento para los negocios un instituto como el Inadem reporte un subejercicio por menor que este pueda ser, además no se sabe el método en que fueron seleccionados, los evaluadores ni su perfil, experiencia o estudios que los acredite; así como tampoco los criterios de selección aplicados.
Cabe señalar que aunque el Inadem fue creado para apoyar a los emprendedores, dentro de las listas de beneficiarios se encuentran aprobados proyectos de grandes empresas como Volvo con casi 29 millones, Coppel con 4.7 millones y la empresa Sigma Alimentos con 3.2 millones los cuales al contar con el personal y la infraestructura suficiente pueden cumplir fácilmente con los requisitos “tan rigurosos” con los que cuenta el programa a diferencia de los micro y pequeños empresarios.
Otro claro ejemplo sobre las cuestionable forma con la que está operando el Inadem es que mientras por una parte negaban el apoyo a 6 mil 400 propuestas de negocio por la otra se ventilaba en los medios que se otorgaban 8 millones de pesos un reality show llamado “el emprendedor del millón”, el cual en 13 capítulos muestra como 15 emprendedores inician su propio negocio, cuando con esa cantidad se pudieron haber materializado y cientos o miles de las propuestas presentadas por mexicanos que sueñan en salir adelante e iniciar su propio negocio.
Es por todo lo anterior que surgen varias dudas de la operación del Inadem a un año de su creación y que se requiere que tanto el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villareal, y el director del Inadem, Enrique Jacob Rocha, le respondan a esta soberanía diversos cuestionamientos tales como:
• El presupuesto del Inadem programado y ejercido al día 1 de diciembre de 2013
• Cual fue el procedimiento de reclutamiento, perfil y salario de los evaluadores de los proyectos
• Listado completo de todos los proyectos aprobados y no aprobados por cada convocatoria que incluya nombre del proyecto, monto aprobado, mezcla de recursos tanto económicos como en especie, organismo intermedio y empresa administradora.
• Listado de proyectos promovidos por los estados y municipios por convocatoria, incluyendo nombre del proyecto, organismo a que fue otorgado y mezcla de aportaciones.
• Listado de proyectos aprobados y no aprobados promovidos por organismos empresariales, así como el monto y mezcla de aportaciones.
• Manual o procedimiento en que se dará seguimiento a la ejecución, presentación de informes y cierre de proyectos.
• Calendario de operación que se tiene previsto para las convocatorias de 2014.
Por último, es importante recordar que la transparencia es una de las obligaciones más importantes que tiene el Estado con los ciudadanos y aun mas cuando se trata de programas tan importantes para la vida económica del país; así como también es obligación de nosotros los diputados de ser vigilantes de que los programas sociales de este tipo sean manejados con eficiencia y eficacia, en virtud de lo cual, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a que transparente y haga público a la brevedad el estado que guardan los recursos operados por el Inadem durante el ejercicio fiscal de 2013.
Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a transparentar y hacer público el procedimiento de reclutamiento, perfil y salario de los evaluadores de los proyectos que fueron atendidos por el Inadem en el ejercicio 2013.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a que transparente y publique en su página web el listado completo de todos los proyectos aprobados y no aprobados por cada convocatoria que incluya nombre del proyecto, monto aprobado, mezcla de recursos tanto económicos como en especie, organismo intermedio y empresa administradora; listado de proyectos promovidos por los estados y municipios por convocatoria, incluyendo nombre del proyecto, organismo a que fue otorgado y mezcla de aportaciones; listado de proyectos aprobados y no aprobados promovidos por organismos empresariales, así como el monto y mezcla de aportaciones; así como el manual o procedimiento en que se dará seguimiento a la ejecución, presentación de informes y cierre de proyectos.
Cuarto. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a que haga de conocimiento público mediante campañas de difusión y se publique en su página web el calendario de operación que se tiene previsto para las convocatorias del ejercicio fiscal de 2014.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Diputado José Arturo Salinas Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación a establecer un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación para definir un nuevo modelo de comunicación con el movimiento zapatista, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Veinte años han transcurrido desde aquel 1 de enero de 1994 en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las primeras horas del año nuevo, sale a la luz al lograr ocupar las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Chanal.
En 1994 la postura que generó el mayor de los consensos en el Poder Legislativo para coadyuvar en la atención del conflicto armado zapatista fue la de la conformación de un instrumento jurídico que constituyera las bases de una estrategia de negociación entre el gobierno federal y el EZLN y, al mismo tiempo, brindara un respaldo legal a la decisión de contener las órdenes de aprehensión emitidas por el Ejecutivo.
Si bien este instrumento trazó la ruta para una negociación entre el gobierno federal y el movimiento zapatista, la comunicación siempre ha sido un problema entre las dos partes, toda vez que la historia de interlocución se ha prestado a interpretaciones unilaterales que atienden a las perspectivas y necesidades de cada grupo.
El movimiento zapatista trastocó y transformó las estrategias y mecanismos tradicionales de comunicación. Los abordajes tradicionales no funcionan con ellos. Es parte de su esencia. Cualquier abordaje ordinario no solo es inoperante sino que resulta un desafío: Si la autoridad intenta comunicarse con ellos de modo tradicional, se encuentra con resistencia, con burla o desprecio.
Por lo anterior, se destaca que cualquier intento de abordaje de la Cocopa o desde la Cocopa debe desafiar los mecanismos y estrategias tradicionales de comunicación. Entre mayor el giro, mayores las posibilidades de éxito.
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación para que defina un nuevo modelo de comunicación y coordinación al interior de la propia comisión para restablecer el diálogo con el movimiento zapatista.
Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta el jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de tolerancia cero contra delitos cometidos a bordo de motocicletas, suscrita por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Francisca Elena Corrales Corrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con información dada a conocer por diversos medios de comunicación, Alejandra del Río y Alejandro Barrera salieron de una clínica de embarazo en la colonia Anzures de la Ciudad de México el pasado 16 de diciembre. Por primera vez la pareja había visto a su bebé en un ultrasonido. Justo cuando hablaban acerca del nombre que le pondrían cuando fueron asaltados por dos sujetos que iban a bordo de una motoneta en la calle Primero de Mayo de Tacubaya. Los delincuentes le quitaron a Alejandro un reloj con un valor cercano a los 2 mil 400 pesos y otro de entre 300 y 500 pesos al chofer. Inconformes con el botín obtenido y tras un intento de evasión por parte del chofer, los asaltantes dispararon a la pareja.
La bala hirió de gravedad a Alejandra, por lo que acudieron a un hospital, donde el personal les habría negado cualquier auxilio bajo el pretexto de que en ese lugar no se cuenta con un Ministerio Público. Fue requerida una ambulancia, pero cuando ésta llegó, Alejandra había fallecido.
Tras el asalto y el homicidio, Alejandro funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal habrían insinuado que Alejandro era el culpable de la agresión por circular en un vehículo ostentoso y no conformes con ello, lo habrían investigado por haber incurrido en supuestas contradicciones al rendir su testimonio ante las autoridades ministeriales. Finalmente, denunció el propio Alejandro, los agentes capitalinos le habrían pedido dinero para agilizar las investigaciones.
De acuerdo con lo dado a conocer en los medios, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad cercanas en la zona, aparecieron en las redes sociales, pero los videos nunca fueron integrados como elementos de convicción a la averiguación previa.
El trágico caso aquí consignado no sólo viene a abonar a las sospechas que existentes en contra de los funcionarios de la capital encargados de la procuración de justicia, sino que es sintomático de dos problemas que aquejan a la ciudad en el rubro de la seguridad pública: el manejo del Programa Ciudad Segura y la tolerancia hacia los ilícitos que se cometen a bordo de motocicletas.
En efecto, el gobierno del Distrito Federal ha aplicado diversas medidas para combatir el crimen en esta entidad, tal es el caso del programa “Ciudad con Conectividad y Justicia”, el cual tiene como objetivo fomentar la aplicación y el desarrollo de tecnologías de la información y de energías alternas para emplearlas en el manejo de los recursos y servicios que requiere el Distrito Federal, así como promover el uso de tecnología en la industria.1 Este programa contempla entre sus acciones un sistema de video vigilancia en las calles de la ciudad y recién terminada la pasada administración local, la Ciudad de Médico ya contaba con 13 mil cámaras de vigilancia.
De acuerdo con declaraciones del actual jefe de gobierno del Distrito Federal, se espera la instalación de otras 7 mil cámaras más,2 por lo que la capital contaría con 20 mil de estos aparatos para la vigilancia de la urbe.
Desgraciadamente, los resultados podrían no ser los esperados, ya que el sistema los videos captados por los STV, quedan guardados en el sistema por un lapso de 7 días, término al cabo del cual, se inicia su depuración automática,3 situación que podría repercutir en la efectividad de la referida herramienta tecnológica, pues dicho plazo es sumamente corto para ser utilizado en investigaciones tales como la relacionada con el lamentable fallecimiento de Alejandra del Río.
Con relación al uso de motocicletas, para nadie es un secreto que algunos de estos vehículos son utilizados para la distribución de drogas, el asalto a automovilistas o el asesinato, ello sin dejar de lado que es cosa común la comisión de diversas infracciones por parte de sus conductores, a saber: circular sin placas ni tarjeta de circulación o en vías primarias, ignorar las señales de los semáforos, conducir entre carriles, en sentido contrario o sobre banquetas, manejar sin casco ni seguro de responsabilidad civil, permitir que las aborden menores de doce años o gente sin licencia, o con exceso de peso.
Aunado al crecimiento del uso de motocicletas que se ha venido registrando en la ciudad, se vuelve necesario que las autoridades capitalinas ordenen el tránsito de estos vehículos, toda vez que hasta la fecha este es un rubro caótico en el cual se pueden implementar medidas tales como el uso de cascos y chalecos con el número de la placa de la moto, a fin de identificar plenamente a los conductores.
En tal virtud, y con independencia de que se resuelva conforme a derecho el asesinato de la ciudadana Alejandra del Río, se vuelve imperioso exhortar al titular del Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, a efecto de que se implemente un programa de tolerancia cero en contra de los ilícitos que se cometen a bordo de motocicletas, así como también para que sea replanteado el funcionamiento de las acciones de seguridad que se realizan a través de las cámaras de video vigilancia instaladas en la Ciudad de México.
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a efecto de que se implemente un programa de tolerancia cero en contra de los ilícitos que se cometen a bordo de motocicletas, así como para que sea replanteado el funcionamiento de las acciones de seguridad que se realizan a través de las cámaras de video vigilancia instaladas en la Ciudad de México.
Notas
1 http://www.icyt.df.gob.mx/programas-sustantivos/ciudad-con-conectividad -y-tecnologia 10 de enero de 2014 14:22 horas.
2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/25/925378 10 de enero de 2014 14:35 horas
3 http://www.caepccm.df.gob.mx/preguntas_frecuentes 10 de enero de 2014 14:43 horas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fovissste a informar sobre diversos rubros del Instituto de Educación de Aguascalientes; y a la ASF, a iniciar una revisión financiera a éste, suscrita por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, María Teresa Jiménez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
La transparencia en las cuentas públicas que ejercen los gobiernos locales es un tema trascendental para la vida institucional del país y para nuestro bienestar como ciudadanos. Las cantidades o apoyos etiquetados o ministrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación hacia los estados tampoco están exentas de este imperativo.
El ejercicio del gobierno y la administración de los dineros públicos exigen, que los gobernantes actúen con responsabilidad eficacia y honestidad, las cuales son exigencias de la ciudadanía es decir, la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La sociedad, a la que nos debemos y en la que estamos integrados, debe conocer la forma en que se manejan sus recursos, con mayor razón cuando la administración de Aguascalientes se ha caracterizado por las constantes inconsistencias, en el manejo del dinero público.
Por citar sólo algunos ejemplos, en el ejercicio fiscal de 2011 la Auditoría Superior de la Federación practicó al Instituto de Educación de Aguascalientes las auditorías financieras y de cumplimiento con números de control 11-A-01000-02-0610 y 11-0-11100-02-0391, respecto de las cuales se emitieron como resultados de la evaluación en el rubro de las debilidades, múltiples irregularidades consistentes en el manejo de recursos, del Instituto de Educación de Aguascalientes, de las que me permito señalar las siguientes:
1. En cuanto al punto número 29 del rubro de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento número de control 11-A-01000-02-0610, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se desprende
- Hay una diferencia del SAR-Fovissste de las cuotas del trabajador entre lo retenido en las nominas federales y los enteros realizados por el IEA, quedando pendientes de enterar a esa fecha más de 23 millones de pesos.
2. En cuanto al punto número 13 del rubro de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento número 11-0-11100-02-0391, correspondiente al programa S 223, Habilidades Digitales para Todos, se desprende
- La Coordinación Estatal de Habilidades Digitales para Todos de Aguascalientes no remitió el contrato de apertura de la cuenta bancaria específica del Programa Habilidades Digitales para Todos.
- La Coordinación Estatal de Habilidades Digitales para Todos de Aguascalientes no remitió los estados de cuenta bancarios mensuales donde se identifiquen las cantidades ministradas para llevar a cabo la ejecución del Programa Estatal de Habilidades Digitales para Todos.
La propia Auditoría Superior de la Federación detectó que a Aguascalientes se ministraron recursos por 417 millones 203 pesos. Sin embargo, hasta el cierre de la auditoría, diciembre de 2011, no se había instalado una sola aula telemática.
Los más 417 millones de pesos se ministraron para equipar mil 377 aulas telemáticas de las mil 462 por instalarse ese año.
3. De conformidad con el artículo 194 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos y cada uno de los trabajadores de la educación el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes descuenta quincenalmente 5 por ciento de su sueldo base para constituirles su fondo de aportación a la vivienda.
- Siendo el caso que el retenedor tiene la obligación de entregar quincenalmente dicha cantidad, al Fondo de la Vivienda quincenalmente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, situación que en la realidad no sucede, lo que perjudica seriamente la economía de los trabajadores, ya que al no ingresar esas cantidades a su fondo de vivienda, éstos no tienen acceso a algún crédito de vivienda, ni se generan los productos financieros (intereses) que deberían recibir por las cantidades que se han omitido enterar.
- El Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes le retiene quincenalmente a todos los trabajadores de la educación que tienen un crédito vigente 30 por ciento del sueldo base, a fin de realizar los pagos correspondientes de dicho crédito, siendo el caso que el retenedor también ha omitido sistemáticamente realizar dichos pagos, lo que pone en riesgo la vivienda de los trabajadores.
La cantidad a la fecha se ha ido incrementando, en lugar de regularizarse, ya que asciende a más de 96 millones de pesos aproximadamente, al primer semestre de 2013, como lo podrá corroborar del informe que se solicita en este punto de acuerdo.
Y no sólo se habla de cuentas públicas o cifras frías que pudieran considerarse subsanables, sino que la problemática del paro magisterial en Aguascalientes es sumamente lamentable y preocupante porque mantuvo fuera de las aulas a más de 286 mil alumnos, quienes recurren a la enseñanza pública otorgada por el Estado, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Resulta preocupante que poco más de 19 mil trabajadores de la educación, que conforman la educación básica hayan estado en paro en la semana inmediata anterior y posiblemente en las subsecuentes también, por la ineficiencia administrativa del Instituto de Educación del Estado, estando latente el riesgo de un colapso educativo en Aguascalientes, ya que fueron y son evidentes, públicas y notorias las múltiples quejas del magisterio de Aguascalientes, entre las que se encuentran
• Que no se les pagaron sus prestaciones laborales completas en tiempo y forma en diciembre, tales como aguinaldo;
• Afectación por retenciones indebidas o duplicadas por conceptos de impuesto sobre la renta.
• Retenciones que se hacen a los trabajadores pero que no son enteradas al Fovissste, a las cajas de ahorro ni a las aseguradoras, afectándolos en su historial crediticio y boletinándose en el buró de crédito; y
• Ausencia del pago por concepto de rezonificación, por ajustes a zona de vida cara, entre otros conceptos.
Así, desde esta alta tribuna se hace el llamado a dichos trabajadores de la educación, para que lleven a cabo un cotejo de los depósitos bancarios que han recibido por concepto de sus percepciones, contrastando dichos depósitos con las cantidades consignadas en sus recibos de nómina, para identificar las indebidas e ilegales retenciones salariales, que pudieren haberles hecho, o no enterado al Fovissste, cantidades que aun cuando fueren menores (de 5 a 15 pesos), multiplicadas por los más de 19 mil trabajadores de la educación en el estado, resultan en un grave desfalco en perjuicio de éstos.
De acuerdo con estos datos oficiales y con las auditorías que en su caso se hubieren realizado de los ejercicios fiscales de 2012 al Instituto de Educación de Aguascalientes se desprende claramente que en el gobierno del estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes, maneja indebidamente los recursos públicos que tiene para su función, ya que de manera sistemática omite aclarar y reintegrar dichos faltantes a los trabajadores de dicho instituto.
Por todo lo anterior se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, ya que desde esta tribuna de la nación debemos vigilar que cese la opacidad en el manejo de los recursos públicos, y que se de lugar a la transparencia en todo lo relativo a dicho rubro en el gobierno de Aguascalientes, y en su caso se exijan cuentas claras a quienes manejan dichos recursos.
Por tanto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general, a la Comisión Ejecutiva, al vocal ejecutivo y a la Junta Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar a este pleno legislativo y a la ciudadanía de Aguascalientes cuáles son las cantidades de dinero, que ha omitido enterar y pagar el Instituto de Educación de Aguascalientes en su calidad de retenedor, respecto de las retenciones que hace a los trabajadores de la educación, de 5 por ciento de su sueldo base de cotización, para formar el Fondo de Aportación a la Vivienda de dichos trabajadores, así como cuáles son las cantidades de dinero, que se ha omitido enterar y pagar dicho instituto, respecto de la retención que hace a los trabajadores de la educación, de 30 por ciento de su sueldo base de cotización, para pagar los créditos de vivienda vigentes de dichos trabajadores.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a concluir, y en su caso de haber concluido, dar a conocer los resultados finales de las auditorías financieras y de cumplimiento con números de control 11-A-01000-02-0610 y 11-0-11100-02-0391, realizadas a Aguascalientes, previstas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Aguascalientes a rendir un informe pormenorizado respecto a la falta de pago para los maestros de dicha entidad federativa en los últimos tres meses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Sener, de la Semarnat, de la Sagarpa y de Pemex a cumplir la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y el Programa de Introducción de Etanol, en la matriz de energía del país, suscrita por el diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
Javier Orihuela García, diputado federal del honorable Congreso de la Unión, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La transición energética, sin duda, es una estrategia fundamental para nuestro país y por lo mismo es de muy alta prioridad poder cumplir con cada uno de los compromisos que nuestro país asume de cara a la sustitución de combustibles de origen fósil, de manera paulatina pero sin dudas.
Avanzar en este sentido es fundamental.
Sin embargo actualmente no hemos podido lograr este objetivo, situación que nos llama mucho la atención y preocupa y más cuando se cuenta con todos los elementos normativos que nos orientan sobre la materia, que establecen objetivos y metas claras que cumplir y que por diversos pretextos se ha tenido que revisar en más de una ocasión
Si observamos los planteamientos de la estrategia del Programa de Introducción de Etanol Anhidro en su argumentación principal establece las bases precisas y las metas por lograrlo, señalando claramente que
“El gobierno federal tiene como prioridad asegurar el desarrollo sustentable del país, mediante el establecimiento de políticas públicas que permitan aprovechar racionalmente nuestros recursos y atender los retos que enfrenta la humanidad por los efectos adversos del cambio climático.”
En ese sentido, la Secretaría de Energía ha establecido acciones para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, como estrategia para diversificar las fuentes de energía disponibles en el país y asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los energéticos que demandan los consumidores. Esto permite cumplir con los objetivos establecidos en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Tal es el caso del Programa de Introducción de Bioenergéticos presentado en 2009, el cual establece metas específicas para la introducción de etanol anhidro como oxigenante en las gasolinas que se utilizan en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Valle de México, como estrategia para cumplir con el objeto de la ley en mención y la Ley de Cambio Climático y de Desarrollo Rural Sustentable.
En efecto, el propósito de las leyes es coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo rural sustentable, como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano y como medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático.
Dentro del mismo programa se establecen metas, que no se han cumplido, y que detallamos a continuación:
Con fundamento en el artículo 12, fracción VIII de dicha Ley, la Secretaría de Energía estableció el Programa de Introducción de Bioenergéticos en 2009, el cual prevé metas específicas para la introducción de etanol anhidro en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y Valle de México.
En cumplimiento de dicho programa, y como una primera etapa del mismo, en octubre de 2009, Petróleos Mexicanos lanzó la licitación pública nacional 18576112-022-09, cuyo objeto fue adquirir etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, conforme a las siguientes cantidades y plazos:
Licitación que por razones no aclaradas en su totalidad se declaró desierta y no se procedió al cumplimiento de lo propuesto por la ley en mención argumentando en el acta de notificación de fallo, emitida por Pemex Refinación, que el concurso solamente pretendía abastecer de gasolinas ecológicas o “verdes” a Oaxaca y Chiapas el cual fue declarado desierto porque los únicos dos concursantes ofertaron cotizaciones mayores en más de 50 por ciento a las que la paraestatal pretendía pagar.
Los precios que ofreció la paraestatal en la licitación que lanzó en febrero estaban conformados por un precio base de referencia y un porcentaje adicional, al cual llamó “premio tope”, que sumaron 9.19 pesos por litro para la terminal de abastecimiento y reparto (TAR) en Salina Cruz, Oaxaca, y 9.39 pesos para la de Tapachula, Chiapas.
Los precios que ofertaron las empresas Alcoholera de Zapopan, en Salina Cruz, y azucarera La Fe y Zucrum, en Tapachula, fueron de 14.50 pesos y 14.20 pesos por litro, respectivamente.
A raíz de lo anterior se procedió a revisar los alcances y metas de dicho proceso, cabe señalar que a la baja, y se planteo dentro del programa que para la introducción de etanol anhidro en la matriz energética Petróleos Mexicanos adquiría etanol anhidro para introducirlo en la matriz energética, conforme a los volúmenes y plazos que a continuación se señalan:
Y se oriento el programa solamente a la zona metropolitana de Guadalajara que se encuentran publicadas en el sitio electrónico de la Sener:
Sin embargo, actualmente sabemos que todos los esfuerzos por parte de Pemex no han podido concretar con el cumplimiento de estas disposiciones.
Para lograr esto se requiere que este programa se revise con criterios integrales y no sólo economistas de corto plazo, lograr conciliar los mandatos de todas las leyes que inciden en este programa, implica que lo revisemos con mayor amplitud y que en las bases de licitación no solamente prive el principio económico para que estas puedan llevarse a un feliz término, necesitamos poner en la mesa del debate no sólo los precios o los principios económicos de la Ley de Energía, sino considerar los planteamientos centrales de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la de Cambio Climático, para que podamos valorar todas las implicaciones económicas, estrategias y como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y encontrar los argumentos necesarios y la justificación del esfuerzo económico y los beneficios ampliados de esta tan importante estrategia.
Aunado a que para el ciclo 2013-14 en México se van a producir alrededor de 5 millones 668 mil toneladas de azúcar lo que superará en 12.3 por ciento la producción del año anterior. Este cálculo se basa en una encuesta realizada por la Conadesuca (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar) y que sin duda este sector se beneficiará y podrá palear los efecto negativos de la reforma hacendaria en materia de productos endulzados.
Pero no sólo México va a producir más azúcar el próximo año, en EU se estima que la producción para 2013 será de 8 millones 825 mil toneladas, un 4 por ciento más que en 2012. En esta previsión del Departamento de Agricultura de EU vislumbran que las importaciones de azúcar se reducirán un 10.5 por ciento, para llegar a 3 millones 249 mil toneladas, lo que va a impactar de manera negativa a los precios del producto.
Uno de los mayores beneficios que tenemos con esta mediada de introducción del etanol anhidro es que se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina normal, reemplazando y eliminando al éter metil tertbutílico (MTBE) como oxigenante, ya que este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea.
Es por esto que el diputado Javier Orihuela García integrante de la LXII Legislatura y por lo anteriormente expuesto somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los titulares de la Secretaría de Energía, la Sagarpa, la Semarnat y al director de Pemex para que de manera inmediata se instrumenten acciones para cumplir con el mandato que establece la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en el artículo 1o., fracciones I, II, III, IV y V, y para cumplir con las metas establecidas en el Programa de Introducción de Etanol en la matriz energética de nuestro país y cumplir con la adquisición de los volúmenes acordados en el Programa de Introducción de Etanol Anhidro como oxigenante de la gasolinas para la principales zonas metropolitanas de nuestro país, cuyo volumen para este año 2014 planteado en dicho programa está acordado en 85 millones de litros como mínimo y 175 millones de litro como máximo.
Sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a emitir la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve acabo en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en los términos de la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal, a efecto de que se brinde el apoyo necesario para que de manera conjunta los tres niveles de gobierno eliminen la plaga del gusano descortezador; se lleve a cabo el saneamiento en las zonas forestales afectadas por la plaga y se realice la restauración ecológica necesaria.
Exposición de Motivos
Las plagas en nuestro país no son un problema reciente, han afectado a nuestra nación desde hace varios años. Este problema ha obligado a los gobiernos locales y federal a invertir recursos en contener y eliminar estas plagas para poder evitar daños graves a los ecosistemas y perdidas economicas incalculables.
Debido a la larga temporada de sequias que sufrió el 40 por ciento del país, en particular al norte, la propagación de plagas como el gusano descortezador1 incrementó de manera alarmante. Diversos estados han sido afectados, como Durango en donde se afectaron cerca de 64 mil hectáreas de bosques; Querétaro con más de 5 mil hectáreas perdidas únicamente en el 2013; Tamaulipas con mil 800 hectáreas perdidas y otras mil 400 afectadas; Chihuahua con casi 150 mil hectáreas afectadas por este gusano. Es importante señalar que los casos mencionados anteriormente han sido atendidos de manera oportuna tanto por los gobiernos locales como por el gobierno federal, inyectando mayores recursos para la eliminación de la plaga asi como para el saneamiento del territorio afectado.
Desde el año 2007 a la fecha, se ha mantenido un monitoreo constante al gusano descortezador en el estado de Nuevo León, sin embargo, durante el año 2012 y 2013 el estado de Nuevo León presento la afectación del insecto en más de 9 mil hectáreas de bosque, situación que desafortunadamente, no ha tenido la misma respuesta que en el resto de los estados.
Estos insectos descortezadores atacan los árboles vivos, hacen sus galerías debajo de la corteza y se alimentan de floema de los pinos. Si bien es cierto que estos gusanos forman parte del ecosistema natural, debido a los cambios en el clima y en especifico a las sequias, se disparo la reproducción desmesurada del insecto, que al año puede llegar a reproducirse de 3 a 5 generaciones.2
Existen diversas afectaciones por esta plaga, entre las que se encuentra la deforestación de regiones completas de bosques, lo que se traduce en grandes pérdidas económicas al no poder aprovechar los árboles perdidos. Otra afectación no menor es la gran perdida de cobertura árborea y el impacto directo en el ecosistema.
Actualmente en el estado de Nuevo León la plaga se localiza principalmente en los municipios de Zaragoza, Galeana, Iturbide, Santiago e inclusive en el municipio de San Pedro Garza García; es decir, la plaga ya se encuentra dentro del área metropolitana. Bajo este contexto, la Comisión Nacional Forestal ha emprendido esfuerzos conjuntos con la población local para frenar el esparcimiento de la plaga, que han consistido en el derribo del arbolado muerto, troceo y aplicación de químicos (DECIS) en cada individuo afectado, logrando reducir la afectación a menos de la mitad es decir, actualmente la superficie afectada es de cerca de 4 mil hectáreas.
Es por lo anterior y dado que las condiciones climatologicas son favorables para la eliminación de la plaga es importante fortalecer las acciones emprendidas por la Conafor a fin de erradicar el problema en el estado de Nuevo León, el cual continúa siendo una amenaza latente para los bosques del estado.
Es por esta delicada situación que elminar al gusano debe ser una prioridad para los tres niveles de gobierno. De igual manera, el tomar las medidas necesarias representa una obligación que tienen los gobiernos con las generaciones futuras a las cuales se les debe garantizar la posibilidad de disfrutar un medio ambiente adecuado
Es por los argumentos anteriormente vertidos y por las obligaciones que emanan de la legislación aplicable como lo son la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en sus artículos 3, 24, 108, 112, 119, 120 y 121 así como la normatividad dentro del reglamento de la misma ley, así como las obligaciones contenidas dentro de la Ley Federal de Sanidad Vegetal los artículos 46 y 47. De igual forma actuar conforme lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, NOM 019-SEMARNAT-2006, la cual fija los lineamientos tecnicos de los métodos para el combate y control de insectos descortezadores.
Es por lo anterior y debido al desequilibrio ecológico que puede presentarse en la región se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve acabo en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en los términos de la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal, a efecto de que se brinde el apoyo necesario para que de manera conjunta los tres niveles de gobierno eliminen la plaga del gusano descortezador; se lleve a cabo el saneamiento en las zonas forestales afectadas por la plaga y se realice la restauración ecológica necesaria.por la plaga y; Se realice la restauración ecológica necesaria.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleve acabo en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en los términos de la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable emita la declaratoria de zona de emergencia de sanidad forestal, a efecto de que se brinde el apoyo necesario para que de manera conjunta los tres niveles de gobierno eliminen la plaga del gusano descortezador; se lleve a cabo el saneamiento en las zonas forestales afectadas por la plaga y se realice la restauración ecológica necesaria.
Notas
1 También conocido como insecto descortezador o por su nombre científico: Dendroctonus sp.
2 Datos de la Semarnat: “Infografía Semarnat”. http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/ideas-en-verde/infografia s/421-infografiasemarnat-gusano-descortezador
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 15 enero de 2014.
Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a retirar de su página de Internet la lista de contribuyentes incumplidos hasta en tanto no se establezca un procedimiento expedito para aclarar la situación fiscal de éstos, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados federales Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a retirar de su página de Internet la “relación de contribuyentes incumplidos”, hasta en tanto no se establezca un procedimiento expedito para la aclaración de la situación fiscal de los contribuyentes, así como a fundar y motivar el registro de cada uno de los contribuyentes en dicha relación, bajo las siguientes
Consideraciones
Como parte de la miscelánea fiscal para el 2014, este Congreso aprobó una serie de enmiendas al Código Fiscal de la Federación.
En especial nos queremos referir al artículo 69 que establece la figura del secreto fiscal, consistente en la obligación que tienen las autoridades de guardar absoluta reserva en relación con la información suministrada por los contribuyentes u obtenida por dicha autoridad a través de sus facultades de comprobación.
Con las modificaciones aprobadas, se faculto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a revelar la información de aquellos contribuyentes que se ubicaran en alguno de los siguientes supuestos:
I. Que tengan créditos fiscales firmes.
II. Que tengan créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados.
III. Que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal.
IV. Que tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal.
V. Que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal, a partir del 1 de enero de 2014.
VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.
De esta manera, el secreto fiscal quedo condicionado a que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, de lo contrario se revocaría este derecho y pudieran ser exhibidos como contribuyentes incumplidos.
Con fundamento en el nuevo artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el SAT desde el 1° de enero publicó en su página de internet la relación de contribuyentes incumplidos.1
Sin embargo, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) estima que esta nueva facultad del SAT contiene algunas lagunas jurídicas que pudieran vulnerar los derechos fundamentales de los contribuyentes:2
“La Prodecon estima que el SAT no puede ejercer esta nueva facultad de dar a conocer los nombres y el RFC de los deudores, si no lo hace con estricto apego y respeto a los derechos humanos y fundamentales de los gobernados, establecidos en la Constitución y respecto de los cuales, el artículo primero de la misma, mandata que todas las autoridades tienen la obligación de promover y respetar estos derechos.”
De igual manera, la Prodecon argumenta que el sólo hecho de aparecer en la relación de contribuyentes incumplidos ya genera un acto de molestia, y no basta con darle la oportunidad al contribuyente para aclarar su situación fiscal.
Aunado a lo anterior se han observado cuatro problemáticas con dicha publicación:
a) La ausencia de una resolución dirigida al contribuyente en la que de manera fundada y motivada, se le indiquen los motivos de su incumplimiento;
b) Equiparar a los contribuyentes no localizados con los incumplidos, ya que una cosa no debiera presuponer la otra, aunado a la ausencia de regulación que establezca con claridad las diligencias o actuaciones para tener por no localizado a un contribuyente;
c) La no publicación de los datos de contribuyentes a quienes con anterioridad al 2014 se condonaron o cancelaron por incosteabilidad o incobrabilidad sus adeudos fiscales, en relación con los que con anterioridad al 2014 fueron sentenciados por la comisión de un ilícito fiscal y;
d) La afectación a los contribuyentes por la actualización cada 15 días de dicha página electrónica, cuando presuntamente caigan en los supuestos de excepción al secreto fiscal, cuando la ley no establece nada al respecto, además de la responsabilidad patrimonial en que pueda incurrir el SAT por el daño moral que cause con la publicación de datos de un contribuyente y esto sea no precedente.
Es por lo anterior, que los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos exhortar al Servicio de Administración Tributaria a que retire de su página de internet la relación de contribuyentes incumplidos, hasta en tanto no se establezca un procedimiento expedito para la aclaración de la situación fiscal de los contribuyentes que aparezcan en dicha relación.
No podemos omitir que el buzón electrónico tributario que servirá, entre otros, para dirimir algunas diferencias entre el SAT y los contribuyentes, tal y como puede ser respecto a la relación de contribuyentes incumplidos, entrará en vigor hasta julio para las personas morales y hasta enero próximo para las personas físicas.
Por lo tanto, en este momento, la aclaración de la situación fiscal de un contribuyente en la relación llevará más tiempo del previsto, provocando molestias, publicidad negativa y, es probable, hasta daño moral para el contribuyente exhibido.
Asimismo, los diputados del Partido Acción Nacional nos permitimos exhorta respetuosamente al SAT a que funde y motive el registro de cada uno de los contribuyentes en la relación de contribuyentes incumplidos.
Como es de explorado derecho, y siendo la garantía de debida fundamentación y motivación de los actos administrativos pilar esencial de nuestro sistema jurídico, las autoridades antes de ejercer sus facultades deben fundar y motivar sus actuaciones.
El artículo 16 de la Constitución señala claramente que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el cumplimiento de la garantía de debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad debe de realizarse en todas sus actuaciones y no solo en aquellas que constituyen una resolución.
Así las cosas, la fundamentación y motivación de un acto de autoridad es un requisito esencial para su propia existencia, de no ser así, el acto de parte de la autoridad es contrario a derecho.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a retirar de su página de internet la “Relación de Contribuyentes Incumplidos”, hasta en tanto no se establezca un procedimiento expedito para la aclaración de la situación fiscal de los contribuyentes que aparezcan en dicha relación.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que funde y motive el registro de cada uno de los contribuyentes en la “Relación de Contribuyentes Incumplidos”.
Notas
1 Lista de Contribuyentes Incumplidos.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_ boletines/33_26372.html
2 Prodecon advierte violación de derechos fundamentales de contribuyentes en la lista de deudores publicada por el SAT.
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bolitines_prensa/2 014/Boletin_02.pdf
Diputados Carlos Alberto García González (rubrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rubrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a suspender indefinidamente el cobro en las autopistas de Michoacán, suscrita por el diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado José Luís Esquivel Zalpa, diputado federal del honorable Congreso de la Unión, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera . Que corresponde al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que establece la Constitución de la República.
Segunda . Que en el desarrollo nacional concurren, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
Tercera . Que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público.
Cuarta. Que la ley alienta y protege la actividad económica que realizan los particulares y promueve las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional.
Quinta . Que desde 1989 se ha venido priorizando la construcción de carreteras, mediante el esquema de concesiones a particulares con el argumento de permitir el acceso de capital privado al sector de la construcción de comunicaciones terrestres y fomentar la actividad económica a beneficio de la población, así como de garantizar la utilización de materiales más duraderos, una administración sana de los ingresos y un mantenimiento adecuado de las carreteras y caminos.
Sexta . Que durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, entre 1989 y 1994, se impulsó el régimen de concesiones que involucró a más de cinco mil kilómetro de autopistas, hasta con una vigencia de 50 años, con estimados de aforos muy elevados, lo que resulto en un rotundo fracaso. Esto represento para el país, un costo fiscal de alrededor de 30 mil millones de pesos, cuando se impuso el “rescate” de la red carretera a partir de 1997, ya bajo el gobierno de Ernesto Zedillo.
Séptima . Que el rescate, que en derecho administrativo significa que, unilateralmente la administración pública puede revertir el régimen de concesión, involucro a veintitrés concesiones de la Red Nacional de Autopistas, equivalentes a tres mil 500 kilómetros de carreteras. Así el gobierno pasó a ser propietario de las mismas a partir del mes de agosto de 1998.
Octava . Este rescate fiscal y financiero, estuvo plagado de irregularidades, tal y como quedo acreditado a través de los datos proporcionados por el Comité de Investigación y Recuperación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA, donde se denunció el beneficio a los grandes agentes corporativos, hoy quebrados, que en su momento cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores.
Novena . Que a pesar de todas estas experiencias negativas a nivel nacional, con un altísimo costo fiscal para el Gobierno de la República, en el Estado de Michoacán, ha seguido operando el esquema de concesión de la red de autopistas, lo que ha derivado en una falta, casi absoluta, de mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera originando un deterioro del estado físico de los caminos y puentes, y ha traído como consecuencia perdidas del valor económico del patrimonio vial así como un mayor sobrecosto para los usuarios que transitan esta red.
Décima . Hay que decirlo claramente: En el estado de Michoacán, la red carretera se ha deteriorado debido a este equivocado esquema de concesión. Es, a todas luces, evidente que la administración pública requiere con urgencia superar las insuficiencias del régimen de concesiones privadas de los años noventa, para no reincidir en los errores del pasado.
Los reducidos niveles de inversión canalizados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos, ha generado un incremento en el número de accidentes, el deterioro del estado físico de la red y la pérdida del valor económico de las carreteras.
No obstante, el alto costo del deterioro de la infraestructura carretera se minimiza al considerar la pérdida de vidas humanas así como los daños a la integridad física de muchas personas que han sufrido accidentes en las autopistas concesionadas debido a las terribles condiciones de las autopistas.
En Michoacán, cual si de un mundo kafkiano se tratara, se ha invertido la realidad, puesto que a pesar del pésimo estado de las autopistas en la entidad, el costo que se paga en las casetas de cobro es altísimo por unidad individual. Para ejemplo basta un botón: En la carretera que comunica a Pátzcuaro con Uruapan se encuentran dos casetas de cobro la primera conocida como la de Zirahuen y la segunda conocida como San Ángel tiene un costo de 23 y 30 pesos, respectivamente, por un tramo de 48 kilómetros, lo cual tal vez no sería problema, pero resulta que la degradación de la cinta asfáltica de la autopista se ha convertido en un riesgo para los usuarios. Este tramo es parte de la llamada Autopista Siglo XXI, cuyo beneficiario es la empresa denominada “Concesionaria de Autopistas de Michoacán, SA de CV”, que enlaza la ciudad de Lázaro Cárdenas con el centro y norte del país y consiste en una carretera de un solo carril en cada sentido, a todas luces insuficiente, cara y con pésimo mantenimiento a pesar de que es recorrida continuamente por vehículos pesados cargados de contenedores y mercancía. Para el caso, es necesario tener en cuenta que aún falta por construir el segundo cuerpo de dicha autopista, por lo que se hace urgente que se practique una auditoría técnico-financiera y administrativa para revisar el cumplimiento de la concesión y determinar si la concesionaria tiene la capacidad técnico financiera para la construcción y mantenimiento del mismo, para en caso contrario proceder a la revocación administrativa de la concesión.
Esto no es otra cosa que un flagrante incumplimiento, por parte de las empresas operadoras, a las condiciones establecidas en el título de concesión para dar mantenimiento al red de autopistas a fin de asegurar el estado físico de las carreteras a su cargo, alcanzar la eficiencia operativa y canalizar los recursos necesarios para prolongar la vida útil del patrimonio vial, así como de los acuerdos adquiridos con las comunidades para el otorgamiento de derecho de paso por donde atraviesa el sistema de autopistas en Michoacán.
Ante este hecho, y toda vez que no es posible garantizar la seguridad de las personas que transitan por la red de autopistas de la entidad y dada la dificultad extrema que representa para el comercio con el resto del país y la salida de productos hacia el exterior, es necesario decretar una suspensión inmediata e indefinida del cobro de peaje en las casetas del estado de Michoacán y dejar libre el paso por las casetas hasta en tanto no se realice una evaluación técnica financiera y administrativa de las autopistas del estado, el estado físico de la infraestructura, la capacidad de mantenimiento de las mismas, todo con la finalidad de facilitar el tránsito y comercialización de mercancías, la recuperación de la economía de la entidad y la generación de empleos en la entidad de un lugar tan castigado como es el Estado de Michoacán, de este nuestro México por todos tan querido.
Por lo tanto, señoras y señores senadores y diputados de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propongo ante ustedes, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que decrete una suspensión de pago, inmediata e indefinida, en las casetas de cobro de las carreteras del estado de Michoacán.
Sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2014.
Diputado José Luís Esquivel Zalpa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a difundir medidas dirigidas a la niñez con objeto de evitar percances graves, suscrita por la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha revelado que las principales causas de muerte en menores de un año son los trastornos respiratorios, las malformaciones congénitas en el sistema circulatorio, la influenza y la neumonía. Los niños de 1 a 4 años mueren principalmente por accidentes (tráfico o vehículo automotor), tumores malignos y malformaciones en el sistema circulatorio, siendo también las anteriores causas de muerte en niños de 5 a 14 años de edad1 .
Los datos anteriormente presentados dan sustento a lo afirmado por la Secretaria de Salud, la cual informa que durante el año 2007 se observaron 55 mil 29 muertes por accidentes en la población general, de los cuales 5 mil 72 corresponden a muertes en menores de 14 años; siendo los siguientes sitios los más frecuentes: el hogar, la vía pública, las áreas rurales, los centros recreativos y las escuelas2 . Siguiendo esta misma línea, la antes mencionada institución de salud a nivel federal afirma que los accidentes infantiles son ocasionados por diversos factores como son3 :
• Características del niño:
- Edad. Propio de su etapa infantil, los niños comienzan a gatear y jalar cosas sin la prevención adecuada, asimismo su naturaleza curiosa hace que se lleven objetos a la boca.
- Género. Propio de cada una de sus características, se sabe que los niños suelen ser más inquietos, por lo que son más susceptibles a los accidentes que las niñas.
- Desarrollo psicomotor. Serán más propensos aquellos menores que sufran de alguna deficiencia en este rubro.
• Características de la vivienda: entre los dispositivos que se encuentran en una casa y suelen causar accidentes son fuentes de calor al alcance de los niños, falta de protección de los contactos eléctricos, productos de limpieza no etiquetados correctamente, bolsas de plástico al alcance del menor, falta de barandales en cunas y escaleras, acceso libre a azoteas, falta de protección de tinacos y cisternas, instrumentos punzocortantes y de envenenamiento.
• Características de la familia: estadísticamente, los niños que más sufren de accidentes en el hogar son aquellos a quienes no se les pone la atención debida, ya que los padres pasan mucho tiempo fuera del hogar por trabajo o estudios.
La Secretaria de Educación Pública (SEP) también se ha pronunciado en este sentido, por lo que informa que los principales accidentes infantiles son4 :
• Obstrucción: se presenta cuando se atora algún objeto o alimento en la garganta que nos impide respirar, lo cual nos puede llevar a la asfixia.
• Mordeduras de animales y picaduras de insectos: estos accidentes pueden resultar fatales pues son fuente de enfermedades como la rabia, envenenamientos o manifestaciones alérgicas.
• Caídas: si bien nos pueden resultar comunes en un menor, una caída puede causar lesiones graves como son las fracturas e incluso la muerte, por lo que es necesario que el menor no suba solo a niveles superiores o tenga acceso a ventanas o puertas.
• Envenenamiento o intoxicación: este se presenta por ingerir sustancias toxicas las cuales pueden dañar nuestro organismo.
• Quemaduras: este es uno de los accidentes más comunes, ya que el menor tiene acceso a objetos muy calientes, principalmente en la cocina, por lo que el agua hirviendo, el vapor o algún otro objeto con altos grados de temperatura puede resultar en alguna discapacidad permanente e incluso la muerte.
• Cortaduras: Estas son provocadas cuando un objeto filoso o punzocortante llega al cuerpo del menor causándole una herida que puede llegar a ser una simple cortada hasta la mutilación de un miembro.
• Accidentes viales: la falta de precaución por parte de los mayores de edad en el volante, aunado a la irresponsabilidad de no mantener al menor en su asiento respectivo, causa la muerte de 900 niños anualmente5 (según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes).
Este serio problema no es exclusivo de una época o algún estado en específico, ya que en todo el territorio nacional se observan múltiples casos con diversos grados de gravedad, como bien lo afirman diversas instituciones locales de salud, como, por ejemplo, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, la cual reportó a inicios de enero del presente año un sobrecupo de 40 por ciento en niños internados por quemaduras durante la temporada de fin de año en la unidad de quemados en el hospital pediátrico de Tacubaya, aunado a ello, también se reportaron 13 mil accidentados por caídas, choques, atropellamientos, con traumas que requerirán cirugías6 .
Así también, la Cruz Roja en el estado de Nuevo León trató 57 casos de quemaduras y/o caídas de menores tan sólo en el último trimestre de 2013, mientras que la Cruz Verde recibió 21 casos en este mismo periodo7 , por lo que el coordinador local de los puntos de socorro de la Cruz Roja afirmó que entre más haya vigilancia, más supervisión por parte de los padres de familia, mucho menos accidentes se van a presentar8
Como se desprende de la información contenida en los estudios y estadísticas antes citadas, la prevención de dichos siniestros requiere de acciones por parte de los padres de familia, maestros y tutores, quienes son responsables del cuidado de los menores de edad, por lo que se vuelve imperioso que las autoridades federales realicen campañas de difusión, a efecto de disminuir la incidencia de los accidentes que afectan a los menores en los hogares y las escuelas.
Con el objeto de orientar a los mayores de edad para cuidar de forma adecuada a las niñas y los niños, se propone a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, a fin de que difunda las medidas necesarias para prevenir todo tipo de accidentes entre las niñas y los niños.
Notas
1. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P 13 de enero de 2014 13:00 horas
2. http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/infancia/accidentes.html 13 de enero de 2014 13:10 horas
3. http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/infancia/accidentes.html 13 de enero de 2014 13:41 horas
4. http://www2.sepdf.gob.mx/para/para_padres/familia_escuela/accidentes_fr ecuentes.jsp 13 de enero de 2014 13:51 horas
5. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/03/30/891492 13 de enero de 2014 13:54 horas
6. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/01/07/936944 13 de enero de 2013 14:15 horas
7. http://www.milenio.com/monterrey/Reciben-trimestre-atencion-accidentes- menores_0_222578138.html 13 de enero de 2013 14:18 horas
8. Ibíd.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un decreto para extender la vigencia del similar por el que se otorgan beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo, suscrita por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a extender la vigencia del “decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país existen aproximadamente 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario (agricultura, ganadería y explotación forestal), de los que dependen 5 millones de familias. De acuerdo a datos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), la Secretaría de Desarrollo Social estima que existen 3.1 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 1.2 millones son migrantes, es decir, trabajan en forma estacional.
Se trata de personas y familias con un altísimo grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse en grupos familiares a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.
Sin embargo, debido a que el modelo de la Ley del Seguro Social privilegia la atención de los trabajadores urbanos, no se ajusta a las necesidades del trabajo en el campo (caracterizado por su estacionalidad, una alta intermitencia y rotación patronal), lo que aunado al alto costo operativo y administrativo que tiene para los patrones, han provocado que los beneficios de la seguridad social no se extiendan a estos trabajadores.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que al 31 de diciembre de 2012, estaban afiliados únicamente 160 mil 211 trabajadores eventuales del campo. Es decir, en el mejor de los casos, sólo uno de cada diez trabajadores estacionales del campo, está afiliado al IMSS, debido, entre otras cosas, a la complejidad que representa aplicar la Ley del Seguro Social al trabajo estacional, ya que las actividades se realizan bajo circunstancias y en condiciones muy particulares, lo que dificulta el cálculo y pago de cuotas obrero patronales sobre salarios reales, y la inclusión de facilidades administrativas para movimientos de la afiliación, entre otras cosas.
Como se señaló anteriormente, las labores del campo requieren una muy alta rotación de personal y éstas varían de acuerdo al tipo de cultivo, periodo de siembra, unidad de producción y jornadas por periodo, lo que dificulta su afiliación en términos de la Ley del Seguro Social vigente.
Esta situación ha sido reconocida por el Ejecutivo federal quien, desde la aprobación de las reformas al Seguro Social que incorporaron a los trabajadores del campo al régimen obligatorio, se han visto en la necesidad de emitir decretos que otorgan beneficios fiscales y administrativos a los patrones y trabajadores eventuales del campo.
En efecto, el 23 de diciembre del 2005, el Ejecutivo federal emitió un decreto para otorgar facilidades administrativas y beneficios fiscales a los patrones del campo, por un periodo de 18 meses, a fin de que el Comité Técnico del IMSS estableciera las reglas para que de acuerdo a la naturaleza y características de los trabajadores del campo, permita que se realice el entero a cuenta de las cuotas obrero patronales.
Sin embargo, la falta de reformas a la Ley del Seguro Social para extender los beneficios de la seguridad social a un mayor número de trabajadores eventuales del campo, ha motivado que la administración del presidente Felipe Calderón expidiera un nuevo decreto el 24 de julio de 2007, el cual ha sido necesario mantener en vigor mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2008, el 30 de diciembre de 2008, el 28 de diciembre de 2010 y 20 de diciembre de 2012.
La vigencia del decreto terminará el 31 de diciembre de 2012, por lo que la inminencia del vencimiento del mismo pone en riesgo las fuentes de trabajo de miles de jornaleros agrícolas y sus familias, quienes se verán afectados al no poder acceder a los servicios de salud y demás prestaciones de seguridad social.
Cabe señalar que el empleo de la fuerza laboral que representan los jornaleros agrícolas se concentra en los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas, en donde se concentra la producción agrícola del país, por lo que de no prorrogarse la vigencia del decreto, se afectará la economía de dichos estados.
Cabe destacar que el decreto y sus sucesivas prórrogas se han traducido en un incremento paulatino del número de trabajadores eventuales del campo asegurados ante el IMSS, pasando de 107 mil 619 trabajadores afiliados en el año 2007, a 160 mil 211 en 2012.
Debido a que la revisión integral del marco jurídico en materia de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo continua siendo una asignatura pendiente de esta Cámara de Diputados, y ante la inminencia de la pérdida de vigencia del decreto, se exhorta al Ejecutivo federal para que extienda la vigencia del decreto y continúen los beneficios fiscales y administrativos durante el ejercicio fiscal de 2013, a fin de garantizar la incorporación del mayor número de trabajadores eventuales del campo al régimen de seguridad social.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a emitir un nuevo decreto mediante el cual se extienda la vigencia del “decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante diversos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008, 28 de diciembre de 2010 y 20 de diciembre de 2012.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a aplicar la ley a los servidores públicos responsables de considerar imputable penalmente a un niño de cuatro años, suscrita por la Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En un arquetipo del mundo al revés, un niño de sólo 4 años fue acusado por parte de la Procuraduría de Querétaro de causar daños a una camioneta que lo atropelló mientras jugaba con su bicicleta en el interior del condominio que habita. En agravio a la ley y al sentido común, este niño fue considerado probable responsable de su propio atropellamiento, y estimado como imputable penalmente.
Estos hechos sucedieron el 29 de julio de 2013 en la ciudad de Querétaro. Los servidores públicos involucrados en este acto injusto e irracional sin medida y como una evidente violación al interés superior del niño son los agentes del Ministerio Público Aurora Alcaya Ibarra y María del Carmen Morales Ortiz, además de un perito de nombre Isaías Moreno López.
Así pues, este pequeño fue declarado probable responsable de un delito en agravio de la conductora de la camioneta, y fue presentado a una diligencia de reconstrucción de hechos y a la respectiva averiguación previa, situación que es una violación flagrante a los derechos del niño por parte de la Procuraduría de Querétaro.
Cabe preguntarse ¿Acaso estos malos servidores públicos no saben que un niño de sólo 4 años, casi un bebé es inimputable? ¿A caso ignoran el derecho penal? ¿Qué acto de corrupción se tejió entre la conductora de la camioneta y estos servidores públicos para torcer de manera tan burda e inconcebible la Ley? ¿Por qué estos servidores públicos no comprenden algo que hasta el ciudadano más humilde comprendería? Como si esto fuera poco, rayan en lo absurdo y en un reiterado desconocimiento de la Ley, al remitir la averiguación previa a la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes. De nuevo cabe preguntarse ¿un niño de sólo 4 años es un adolescente?
Y seguimos cuestionándonos, ¿quién es esta conductora de la camioneta cuyo nombre ha permanecido en secreto, cuándo se le va a consignar ante un juez a esta señora y a los servidores públicos involucrados en tan graves abusos y violaciones a los derechos humanos de este niño?
Es evidente que a este pequeño se le han causado daños emocionales y psicológicos, contra los cuales, estos servidores públicos y la oculta señora deberán responder penalmente. La opinión pública ya les ha condenado y les considera totalmente unos canallas e ignorantes que deben ser destituidos de sus actividades actuales para evitar futuras tropelías y ser investigados y consignados penalmente por sus acciones fuera de la ley.
No obstante, la indignación que estos hechos causan, entran en armonía con el cuadro de violencia generalizado que los niños tienen que padecer a lo largo del país, desde el bullying en las escuelas, los tiroteos de los narcos en las calles y demás espacios públicos, los miles que desaparecen como consecuencia del tráfico de personas, el hambre que les acompañan en sus estudios, así como el maltrato y violencia en sus hogares, por citar algunos.
El caso del niño de Querétaro, debe servir para que sin demora, los gobiernos federal y locales refuercen las políticas para proteger a las y los niños contra toda forma de violencia, y sancionar ejemplarmente con todo el peso de la ley a las y los responsables de tan lamentables hechos. En otras palabras, urge que las autoridades de todo el país, pongan fin a la dolorosa y vergonzosa realidad que oprime y lacera a las y los niños en nuestra nación.
Esto en respeto a los derechos humanos de los niños, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, comenzando por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Querétaro a aplicar todo el peso de la ley a los servidores públicos responsables de haber considerado como probable responsable a un niño de 4 años, igual que a la conductora de la camioneta que atropello a dicho niño, todos ellos autores de un acto de total arbitrariedad que ha cimbrado la conciencia nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta gobernador de Querétaro a tomar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, y brinde a este niño y sus padres todo el apoyo psicológico y legal que requieran, así como se haga la reparación del daño que en derecho proceda causado al menor.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los titulares de las entidades federativas del país para que en forma coordinada apliquen un política pública que suprima a la brevedad todo tipo de violencia en contra de las niñas y niños del país, que representan el mayor tesoro de nuestro país, esto en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2014.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar una campaña de difusión sobre los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas para 2014, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), se ubica entre los primeros quince productores mundiales de alimentos, una de cada 10 hectáreas del territorio nacional está dedicada a las actividades agroalimentarias. Los productos del campo se exportan a 45 países y poco más de 7 millones de mexicanos laboran en este sector.
Sin embargo a pesar de la importancia del sector primario para nuestro país, la participación del PIB ha disminuido. Hace apenas unas décadas la participación del PIB agropecuario nacional era del 16 por ciento, ahora representa menos del 4 por ciento. En los últimos 2 sexenios, el crecimiento promedio del sector ha sido apenas del 1.8 por ciento, a todas luces, insuficiente.
Actualmente, México importa alrededor del 46 por ciento de los alimentos que se consumen en el territorio nacional. La FAO establece que al menos nuestro país debe producir el 75 por ciento de los alimentos que consume, meta trazada por la administración actual al inicio del sexenio.
Ante este escenario, es oportuno destacar que desde el inicio de la actual administración federal, el tema del sector agropecuario se convirtió en uno de los temas prioritarios en los cuales se enfocaron las políticas públicas establecidas por el Gobierno Federal.
La acciones para el campo tienen un objetivo muy claro definido por el mismo Presidente de la República, “incrementar la producción de alimentos, a partir de una mayor productividad. Es decir, que en cada hectárea se coseche más, y que en cada rancho o establo se críe más ganado.” Con lo cual se logrará incrementar los ingresos de quienes viven en el campo y ofrecer alimentos a mejores precios para todos los consumidores.
Desde la Sagarpa, se han revisado las directrices del entramado programático del sector y se ha puesto en marcha una nueva política agroalimentaria nacional, diseñada con la participación de las principales organizaciones campesinas y de los productores del país.
Este año como parte de esta nueva visión, la Sagarpa inició la transformación de sus programas de apoyo a los productores con objeto de que sean más oportunos y eficaces, 25 de los programas que apenas el año pasado tenían se han concentrado en 9 programas innovadores, con sus 62 componentes, con el mismo objeto de aumentar la productividad en el campo mexicano.
En 2014, la Sagarpa ejercerá el presupuesto más alto de su historia: 82 mil 900 millones de pesos; es decir, tendrá prácticamente siete mil 500 millones de pesos más que en 2013.
De forma paralela al crecimiento del presupuesto y al rediseño programático de la secretaría, se encuentran las Reglas de Operación de los programas, los cuales señalan de forma puntual y específica la operatividad de los mismos, requisitos, fechas de calendarios, formas de evaluación, resultados, etc. Es decir, del éxito del diseño y de la implementación de estos programas, dependerá mucho del éxito en los objetivos señalados por esa nueva estructura programática.
Las Reglas de Operación para este ejercicio 2014 fueron publicadas el pasado 18 de diciembre del 2013, dos meses antes de lo previsto, con objeto de otorgarles a los productores más tiempo para que puedan acceder a ser beneficiarios de los apoyos que otorgan estos programas.
Según las mismas Reglas de Operación y los acuerdos publicados por la Sagarpa, el calendario para la operación de algunos de los programas en operación para el 2014 es la siguiente:
El Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (Foini) comenzó el 2 de enero el periodo para la recepción de solicitudes y estará abierto hasta agotar los recursos disponibles.
El 15 de enero iniciará la etapa para presentar las solicitudes de integración a los componentes de manejo postproducción, modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero.
El Programa Trópico Húmedo abrirá actividades el 16 de enero para los productores que quieran sumarse a este esquema que opera en 16 estados del país.
El Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf) podrá llevar su solicitud a partir del 30 de enero. Este esquema incluye la producción de variedades de maíz, semillas de frijol y sus distintas formas de consumo, indicó.
Los aspirantes al Programa de Agricultura Protegida, Recursos Genéticos, Diesel Marino, Gasolina Ribereña, Apoyos para la Integración de Proyectos para Organizaciones Sociales y Fomento Productivo del Café podrán inscribirse a partir del 1 de febrero.
El 14 de febrero iniciará el Programa de Disminución del Esfuerzo Pesquero de la Conapesca. El 15 de febrero los Programas de Electrificación para Granjas Acuícolas, Infraestructura Pesquera y Acuícola y Sustitución de Motores Marinos Ecológicos abrirán sus ventanillas para quienes deseen inscribirse.
Las fechas de inicio del resto de los programas que la Sagarpa tiene a su cargo se seguirán publicando en las próximas semanas.
Ante este escenario, es imperativo que aprovechando el uso de los tiempos oficiales con los que el gobierno federal cuenta, se realice, a la brevedad posible, una campaña nacional de información a lo largo y ancho del territorio nacional a través de los medios masivos de comunicación, para que los productores que aspiren a ser beneficiarios de estos programas se encuentren listos para iniciar los trámites ante las ventanillas respectivas.
La ignorancia de los procedimientos y las fechas de operación de los programas no deben de ser pretextos para que los productores no puedan acceder a ser beneficiarios de estos recursos.
Con base en estas consideraciones, los suscritos Senadores, sometemos ante esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El honorable Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se implemente de manera urgente una campaña difusión a nivel nacional con objeto de dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2014 y que los productores puedan acceder a los mismos.
Segundo. El honorable Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instruya a todos sus delegados en las entidades federativas a desarrollar una campaña de comunicación de manera inmediata y extensiva para informar a los productores del campo los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas correspondientes a vigilar que en ningún caso se impida o condicione la prestación de los servicios educativos, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ernesto Alfonso Robledo Leal, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Luego del periodo vacacional de invierno, el lunes 6 de enero 25 millones 700 mil estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria volvieron a las aulas. Además, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2013-2014 establecido por la Secretaría de Educación Pública, del 4 al 17 de febrero se llevarán a cabo las preinscripciones para ingresar a los niveles preescolar, primero de primaria y primero de secundaria para el próximo ciclo escolar (2014-2015); y con ello, es probable que aquellas prácticas ilegales que convirtieron el cobro de cuotas voluntarias en una contraprestación del servicio educativo, puedan ser repetidas en muchos lugares de nuestro país.
Con el argumento de que los planteles destinan estas aportaciones al pago de mantenimiento, remozamiento de las instalaciones y compra de equipo y productos pedagógicos, muchas autoridades han hecho uso de su investidura para violar la gratuidad constitucional de Educación.
Así, con el ánimo de obtener recursos financieros o en especie para resolver las más variadas contingencias, establecen cuotas, que en varias de las ocasiones se convierten en un instrumento de presión para los padres de familia o tutores que no cuentan con los recursos, o el tiempo suficiente, para destinarlo como aportación a la escuela.
Al respecto, es preciso señalar que toda la educación que el Estado imparta en nuestro país, de acuerdo a la fracción IV del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será gratuita.
Asimismo, es importante recordar que el pasado 11 de septiembre de 2013, dentro de las reformas publicadas a la Ley General de Educación en el Diario Oficial de la Federación, se instituye expresamente la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.
Conjuntamente, se establece, en el último párrafo del artículo 25, que las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar, que entre otras cosas permitirá mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28 Bis.
Acorde con ello, para el ejercicio fiscal 2014 la Cámara de Diputados aprobó impulsar la propuesta del Ejecutivo federal para el desarrollo y mantenimiento de las escuelas de educación básica en todo el país, asignando para el nuevo programa denominado Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, un monto de 8 mil 567.2 millones de pesos. Recursos que acompañan a los presupuestados para el programa de Escuelas de Calidad, y de Escuelas Dignas, para los cuales estimó un monto de1 ,515.9 y 3,330.0 millones de pesos.1
Con ello, finalmente se atendió, desde el legislativo, la sentida queja que por años muchos padres de familia hicieron ante los abusos de algunas autoridades educativas en relación a las cuotas voluntarias destinadas a la educación que el Estado imparte. y demás, se fijó al Estado la obligación de asignar recursos para atender en las escuelas aquellos pendientes que se usaban como justificación para violar con engaño nuestra Constitución y el derecho que tenemos todas y todos los mexicanos a recibir una educación gratuita.
Desafortunadamente, por años, a pesar de la legislación, se han llevado a cabo prácticas que vulneran el principio de gratuidad de la educación que brinda el Estado, como el establecimiento de cuotas que han adquirido un carácter de obligatorio para los padres de familia que solicitan la atención de los recintos.
Los hechos nos alertan sobre la posibilidad de que aún con lo normado en la ley, esas prácticas continúen desarrollándose en varios lugares del país. Es por ello que hoy vengo hasta este pleno para hacer un exhorto a la Secretará de Educación Pública para que vigile estrictamente que al reiniciar el ciclo escolar 2013-2014, y en el proceso de pre inscripción en educación básica para el próximo ciclo escolar 2014-2015, en ningún caso se condicione la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o se afecte en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna, tal como lo establece el artículo sexto de la Ley General de Educación.
Asimismo, hago un llamado a las autoridades educativas a informar a los padres y madres de familia sobre el destino y la aplicación de los recursos para el desarrollo y mantenimiento de las escuelas de educación básica en todo el país, aprobados para el ejercicio fiscal 2014.
El condicionamiento de los servicios educativos al pago de una contraprestación como pueden ser las cuotas, constituye una práctica que no puede tolerarse y que debe erradicarse.
La educación es un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos, al ser una condición inherente a la naturaleza humana. Por ello es que Acción Nacional invita a todos a pronunciarse a favor de consolidarla a fin de garantizar que no existan obstáculos económicos en ello, y con esto, avanzar en el desarrollo sólido e integral de nuestra nación.
En virtud de las consideraciones aquí expuestas, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública a vigilar estrictamente que al reiniciar el ciclo escolar 2013-2014 y en el proceso de pre inscripción en educación básica para el próximo ciclo escolar 2014-2015, en ningún caso se impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos, al pago de cualquier contraprestación, tal como lo establece el artículo sexto de la Ley General de Educación.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa; a los institutos estatales correspondientes y autoridades locales homólogas supervisoras, a informar a esta soberanía sobre expedición de las reglas de operación y su entrada en vigencia; así como de la fecha en que se iniciara el ejercicio y destino de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 y así mismo se informe a las asociaciones de padres de familia sobre el destino y la aplicación de los recursos para el desarrollo y mantenimiento de sus correspondientes escuelas de educación básica en todo el país.
Nota
1 Datos tomados del Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que forme un grupo de trabajo para evaluar y presentar propuestas referentes a la seguridad social en el país, suscrita por el diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, para solicitar al Ejecutivo federal la conformación de un grupo de trabajo que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad social en nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según una definición comúnmente aceptada de la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica.
De acuerdo con esto, en sentido estricto, México no cuenta con un sistema de seguridad social, sino con un sistema de seguros sociales limitado, que se complemente con programas de atención a la población en materia de salud y otros beneficios económicos. No tenemos un sistema de cobertura universal e integral que proteja a la población de riesgos como los mencionados.
La seguridad social, como procedimiento de protección ante los riesgos y contingencias que enfrentan los trabajadores no se ha ajustado a la realidad del mercado laboral.
El modelo laboral de trabajo estable, con protección jurídica y salarios remuneradores ha pasado a ser el trabajo atípico. El modelo de seguridad social estaba pensado para este tipo de empleados. Ahora este tipo de trabajo constituye la excepción. Según Inegi, casi 30 millones de trabajadores ocupados están en el sector informal, entendido como el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así´ como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
Muchos sectores tienen acceso a algún tipo de protección y ésta es insuficiente a sus necesidades. La cobertura que se ofrece es fragmentada, parcial, inequitativa, está mal administrada y enfrenta severos riesgos financieros que ponen en entredicho su viabilidad en el corto plazo.
Son varios los diagnósticos que confirman que la cobertura de los seguros sociales no rebasa el 60 por ciento de la población; que no protegen a más del 38 por ciento de la población económicamente activa.
Aún con esas limitaciones, los principales sistemas de seguridad social contributivos, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que cubren a más del 95 por ciento de quienes reciben prestaciones y beneficios de la seguridad social en México, enfrentan serios problemas de sostenibilidad financiera, falta de cobertura y baja calidad en la prestación de los servicios y prestaciones que ofrecen. Lo anterior, a pesar de sendas reformas llevadas a cabo en 1995 y 2007.
La oferta de que reformas estructurales al IMSS y al ISSSTE, que podrían replicarse en sistemas estatales, en empresas paraestatales y en universidades e instituciones de educación superior, tampoco nos dan certeza de que se puedan garantizar mecanismos para evitar la pobreza en la vejez.
El sistema de cuentas individuales, resultado de las reformas estructurales, tampoco garantiza la viabilidad financiera de la seguridad social. La pensión depende de lo que el asegurado acumule en su vida laboral, entrando en la determinación de la pensión un conjunto de variables sobre las que no incide: estabilidad en el mercado laboral, poder adquisitivo de los salarios, tasa de interés, cobro de comisiones, etcétera.
La Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos estima que la tasa de reemplazo que otorgará el régimen de cuentas individuales será del 28.5 por ciento del último salario. A futuro, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por la baja densidad de cotización, del total de trabajadores inscritos al sistema: 76.5 por ciento no tendrán una pensión; 6.1 por ciento enfrentan el riesgo de no tener una pensión o de tenerla en un tiempo mayor al fijado en la ley, debido a las interrupciones que tienen en sus cotizaciones; y sólo el 17.4 por ciento, hasta el momento, alcanzaría una pensión.
Por su parte, el IMSS enfrenta una situación de insuficiencia financiera que no puede ser atendida sino es con medidas
En ese sentido, es necesario realizar una evaluación integral y objetiva de nuestro sistema de seguridad social, conocer sus alcances y limitaciones y prescribir las acciones que de manera inaplazable se tienen que realizar. Esto no puede ser producto de acuerdos cupulares o de imposiciones en el Congreso. Es necesario partir de un diagnóstico firme, compartido por todos los actores y fundamentado en estudios y análisis serios y propositivos.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal la conformación de un grupo de trabajo integrado por expertos, académicos, funcionarios, representantes patronales y de trabajadores, que evalúe y presente propuestas referentes a la seguridad social en nuestro país, que contenga las acciones de política necesarias para atender su sustentabilidad financiera y su viabilidad para generar pensiones dignas para toda la población.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Diputado Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y a la SEP a investigar el desvío de recursos públicos por el gobierno de Oaxaca hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a los siguientes:
Antecedentes
A consecuencia de la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa el año pasado, se han venido suscitando diversas manifestaciones e inconformidades por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre las que se encuentran dos plantones y diversos bloqueos en espacios y vías de tránsito público y vehicular; el primer plantón se realizó en la Plaza de la Constitución y el segundo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, y para poder consumar estos actos, presuntamente, los maestros integrantes de la coordinadora, obtuvieron recursos económicos y en especie por parte del gobierno de Oaxaca, encabezado por el licenciado Gabino Cué Monteagudo; es pertinente señalar que se afectó la vida social, comercial y económica de todos los lugares en donde la CNTE se manifestó.
Por otra parte durante el mes de noviembre del año pasado, la organización Mexicanos Primero1 reveló los compromisos asumidos y firmados por parte del gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, con la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE; lo anterior derivado de las respuestas del gobierno estatal a solicitudes de información hechas por la organización en cita; en las cuales se revelan la existencia de compromisos firmados y reuniones que han sostenido representantes de la administración oaxaqueña con líderes del movimiento magisterial, en el marco de la discusión y aprobación de la reforma educativa.
Según la organización y con base en las respuestas del gobierno estatal, entre los compromisos adoptados se destacan:
• La contratación inmediata de los egresados de las normales estatales.
• El otorgamiento automático de más de 6 mil nombramientos de base a personas contratadas por honorarios (“regularización”).
• La asignación y aplicación inmediata de recursos para diferentes programas cuyos principales beneficiarios son los maestros.
• Dotación de ambulancias exclusivas para trabajadores de la educación de esa agrupación sindical.
• El otorgamiento discrecional de 2 mil 400 créditos especiales y ordinarios.
• Pagos de bonos por el día de jubilado.
• Un incremento en los estímulos a los trabajadores de la educación.
• Millones de pesos en préstamos personales.
A finales del mes de diciembre del año pasado, se difundió la noticia de que el gobernador Gabino Cué regaló a los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 12 mil tabletas electrónicas, como muestra de amistad y “logro sindical” gastándose del erario estatal 27 millones de pesos2 .
También se supo que el gobierno de Gabino Cué, pagó sin trabajar, salarios atrasados, aguinaldo de 90 días, prima vacacional, bono especial, prestaciones, a los profesores disidentes de la entidad, mientras éstos se encontraban en el Distrito Federal, con sus marchas, plantones, bloqueos, mítines agresivos, sabiendo que el gobernador Cué cubriría su salario, ganado indignamente3 . El bono por regreso a clases, representó para la hacienda oaxaqueña 105 millones de pesos, y los profesores nunca regresaron al salón, pues seguían en la Ciudad de México.
Estas erogaciones mantienen en números rojos el presupuesto educativo, que según el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), 99 por ciento de los recursos federales son exclusivamente para mantener a los 74 mil 317 profesores de la coordinadora, presentando un déficit de 4 mil 809 millones de pesos en inversión educativa: infraestructura, adquisición de materiales, mantenimiento de planteles, salarios de personal de limpieza, etcétera.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Educación Pública, a que se investigue sobre la presunta ayuda, aportación y desvío de recursos económicos y en especie, de origen público, hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por parte del gobierno de Oaxaca, encabezado por el licenciado Gabino Cué Monteagudo.
Notas
1. Para obtener más información sobre esta nota se puede ver la página electrónica: http://www.animalpolitico.com/2013/11/revelan-compromisos-de-cue-con-la-cnte/#axzz2qIx4qLGv
2. Para obtener más información sobre esta nota se puede ver la página electrónica: http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39249:gabino-cue-regalo-tablets-a-los-maistros-de-la-cnte&catid=96:comentando-la-ciudad&Itemid=349
3. Para obtener más información sobre esta nota se puede ver la página electrónica: http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39249:gabino-cue-regalo-tablets-a-los-maistros-de-la-cnte&catid=96:comentando-la-ciudad&Itemid=349
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del Congreso de la Unión a cumplir el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, suscrita por las diputadas Yesenia Nolasco Ramírez y Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 1 de enero de 2014 se cumplió el vigésimo aniversario de la aparición pública del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Que con la primera declaración de la selva lacandona en la cual se lee, “nosotros hoy decimos ¡basta! , somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años”.
Que el EZLN decide hacer su aparición pública sustentada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que dicta;
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.1
Que con su declaración del 1° de enero se desconocía al Gobierno Federal de ese momento así como su oposición contra la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el respeto total a la CPEUM en su artículo 27.
Que la sociedad civil, organizaciones sociales, colectivos y políticos, promovieron la creación de una comisión que abonara a terminar con la persecución judicial y evitara mayor número de muertes por la intensa campaña que el gobierno federal a cargo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y posteriormente el ex presidente Ernesto Zedillo, habían emprendido en contra de los dirigentes del EZLN.
Que desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, se ha mantenido la promoción del dialogo en el olvido, mostrando total indiferencia por parte del Gobierno Federal.
Que en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN, hace un llamamiento para que se privilegie el dialogo, la paz y los acuerdos al citar que “si esta legislatura y los magistrados no tuvieron dignidad. Otras vendrán que si entiendan que deben servir a su pueblo y no a un individuo, nuestro llamado trasciende más allá de un sexenio”2 .
Que se tiene que hacer valer el oportuno reconocimiento que se hizo conocer en la Quinta Declaración de la Selva Lacandona que enaltecía el momento de oposición del congreso de la unión el cual cito;
“...Después de una larga lucha por la democracia, encabezada por los partidos políticos de oposición, hay en las Cámaras de Diputados y Senadores una nueva correlación de fuerzas que dificulta las arbitrariedades propias del presidencialismo y apunta, con esperanza, a una verdadera separación e independencia de los poderes...
...Es esta la hora de la Comisión de Concordia y Pacificación. Está en sus manos y habilidades el detener la guerra, cumplir lo que el Ejecutivo se niega a cumplir, abrir la esperanza de una paz justa y digna, y crear las condiciones para la convivencia pacífica de todos los mexicanos.3
Que no se puede actuar al margen de las necesidades de la población indígena de nuestro país y que es urgente mantener el reconocimiento con toda la plenitud de las culturas, sus lenguas y diversidades.
Que a 20 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas las condiciones son similares, por lo que es menester del Congreso pugnar por una concientización de las necesidades de los pueblos, transitar hacia una paz y justicia digna sin desigualdades.
Que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México existen 8.2 millones de indígenas pobres, de los cuáles, el 30.6 por ciento vive en pobreza extrema.4
Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para hacer cumplir lo establecido en el artículo 8o. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría de Gobernación, promuevan mesas de diálogo en la que participen los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las comunidades indígenas del país para conocer sus propuestas en base a las necesidades que le apremian.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/
2 Segunda Declaración de la Selva lacandona., 10 de Junio de 1994.
3 Quinta Declaración de la Selva Lacandona. Julio 1998.
4 www.coneval.gob.mx
Sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el instrumento donde se considere a los terceros autorizados para dictaminar los protocolos de investigación clínica, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Cristina Díaz Salazar, senadora de la república de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre el estatus actual que guarda la habilitación de terceros autorizados a cargo de la Secretaría de Salud y cuya función es servir como auxiliares en el control sanitario para elaboración del dictamen de los protocolos de investigación clínica, y además realizar acciones necesarias para evaluar en tiempo y forma tales protocolos de investigación clínica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación laboral de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. Asimismo, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 menciona que la salud de las personas debe ser un elemento que atenúe las brechas sociales no que las exacerbe. La salud pública y la atención médica deben constituirse en los elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el ámbito económico, la relación entre el crecimiento de un país y que éste cuente con políticas de fomento a la investigación y desarrollo es ampliamente reconocida. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, los gobiernos tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y sentar las bases para un crecimiento más sólido, más limpio y más justo si realizan las inversiones adecuadas y crean un marco propicio para la innovación. Para las economías emergentes como México, la innovación debe ser la piedra de toque de la política nacional de desarrollo.
La capacidad nacional de innovación depende del nivel de desarrollo tecnológico de una economía y de la especialización de su fuerza laboral, del fomento sostenido a la inversión en investigación y desarrollo, de contar con un marco legal óptimo y ejecutar los procesos administrativos de manera eficiente. En el caso específico de las ciencias de la salud, la capacidad de innovación depende también de que existan fuertes lazos colaborativos entre gobierno, academia y sector privado para trasladar los descubrimientos científicos al alcance de los pacientes.
Como parte de la innovación, la investigación para la salud es uno de las disciplinas que aportan no sólo mayores recursos económicos aproximadamente 65.3 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, sino mayores beneficios para la calidad de vida de la población. Durante los últimos decenios, los avances de las ciencias de la salud han logrado que la expectativa y calidad de vida tanto en hombres como en mujeres haya aumentado significativamente, evitando complicaciones o el agravamiento de una condición existente.
En este sentido, el descubrimiento, desarrollo y acceso de los pacientes a nuevos tratamientos juega un papel crítico. Se estima que el desarrollo de nuevos medicamentos redujo la mortalidad humana global alrededor de 50 por ciento en un periodo de cuatro décadas. En el caso específico de los países menos desarrollados, la mortalidad infantil cavó 50 por ciento durante los últimos 25 años. Gracias a que cada vez más gente tiene acceso a mejores tratamiento, la tasa de supervivencia de cáncer aumentó entre 50 por ciento y 60 por ciento de 1975 a la fecha.
Una de las etapas críticas de la innovación para la salud es la investigación clínica, que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (artículo 66) define como la secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se administran por primera vez al ser humano hasta que se obtienen datos sobre su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población.
La investigación clínica representa 40.7 por ciento del gasto total en investigación y desarrollo de un medicamento. Su importancia radica en que para poder tener incidencia en la práctica médica, todo conocimiento generado en experimentación “básica” (molecular, celular o animal) debe evaluarse a partir de sus resultados sobre el paciente, antes de comercializarse. Es decir, la investigación clínica es el paso que permite que un descubrimiento científico tenga una aplicación práctica e incidencia sobre la calidad de vida de los pacientes.
Cuando una nueva molécula ha pasado por diversos modelos de experimentación animal (por un periodo de entre 2 y 3 años) puede utilizarse por primera vez en humanos. Entonces, la molécula es ya un medicamento en investigación, y su desarrollo continúa a través de lo que se denomina Investigación Clínica, que consta de las siguientes fases:
Fase I. Entre 50 y 100 voluntarios sanos entran en contacto con el nuevo medicamento para estudiar primordialmente su farmacocinética y farmacodinamia
Fase II. En ella se estudia la eficacia del medicamento en una muestra de entre 100 y 300 personas que padecen la enfermedad que se intenta combatir.
Fase III. Se estudian entre mil y 10 mil pacientes para asegurar la validez estadística necesaria y conocer con certeza la seguridad, tolerabilidad y eficacia del medicamento. Esta etapa generalmente se desarrolla en varios países, decenas de hospitales y con la participación de cientos de investigadores y subinvestigadores.
Fase IV. Se realiza después de que el medicamento sale a la venta, por diferentes motivos: para estudios de farmacoeconomía, calidad de vida, supervivencia o eventos adversos inesperados.
Además del avance en general de la ciencia médica, el ejercicio de la investigación clínica resulta en una serie de beneficios notables para todos los actores participantes: médicos, pacientes e instituciones de salud.
a) Apoya el desarrollo y especialización de los médicos mexicanos: en numerosas ocasiones, un estudio de investigación clínica requiere de la participación de cientos de especialistas de todo el mundo. Los investigadores tienen la oportunidad de intercambiar conocimiento y experiencia con sus pares, reciben instrucción sobre los últimos avances acerca de una enfermedad, y tienen la oportunidad de observar el funcionamiento de los medicamentos antes de que estos se comercialicen.
La investigación para la salud es un pilar de la investigación nacional. En 2006, 20 por ciento de los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realizaron sus actividades en hospitales, centros e institutos de salud públicos. Esto significa que el sector salud acogió el mayor número de investigación científica, sólo después del Conacyt.
b) Permite que los pacientes reciban tratamientos altamente especializados: los pacientes se benefician de contar con atención médica especializada, recibir seguimiento mediante exámenes de laboratorio y tener acceso a medicamentos altamente especializados, en muchos casos, para enfermedades que todavía no cuentan con tratamientos disponibles en el mercado. Además, es indispensable notar que muchos de ellos cuentan con recursos escasos y de otra manera no tendrían la posibilidad de acceder a tratamientos Y atención médica por sí mismos.
c) Abona a la solvencia y competitividad de las instituciones de salud pública:
En México, 80 por ciento de los protocolos se realizan en instituciones públicas. Comúnmente, un laboratorio de investigación absorbe los gastos de atención de los pacientes, los honorarios médicos, los exámenes de laboratorio y gabinete, los medicamentos en estudio, etcétera, evitando así que la institución incurra en erogaciones económicas importantes. Además de los ahorros derivados de la atención médica, a las instituciones se les otorga un pago por sus servicios, lo que contribuye a financiar otras investigaciones no patrocinadas.
Por las razones antes citadas, la proponente trabajó de común acuerdo con la Secretaria de Salud con el fin de disminuir los tiempos de autorización de los protocolos de investigación clínica para aumentar la competitividad de México en beneficio de la población mexicana. Así el pasado 30 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 100, fracción IV, y 103; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 102 y un artículo 102 Bis a la Ley General de Salud, el cual establece:
Artículo 102 Bis. La Secretaría de Salud podrá habilitar como terceros autorizados para lo dispuesto en este Capítulo, a instituciones destinadas a la investigación para la salud, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 391 Bis de esta ley y las demás disposiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía sobre el estatus actual que guarda la habilitación de terceros autorizados a cargo de la Secretaría de Salud y cuya función es servir como auxiliares en el control sanitario para la elaboración del dictamen de los protocolos de investigación clínica.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía sobre los tiempos de autorización de los protocolos de investigación clínica.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión de la Permanente, a 15 de enero de 2014.
Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras, suscrita por el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Una de las causas más frecuente de los accidentes de los autotransportes de carga es la fatiga del conductor, seguido por el consumo de drogas y alcohol. De acuerdo con un estudio hecho de septiembre de 1987 a septiembre de 1988, en 8 estados de EUA, de 182 accidentes en los que participaron 187 tractocamiones, de los cuales fallecieron 207 personas se obtuvieron los siguientes datos:
De los 57 conductores que manejaron fatigados, 19 también consumieron alcohol o drogas; la fatiga y los efectos de la droga tuvieron que ver con más accidentes fatales que el abuso de estupefacientes, existe una muy importante relación entre la violación de las normas federales de horas de servicio y el uso de drogas, ya que más de la mitad de los choferes que rebasaron las horas de servicio, consumieron algún tipo de droga para evitar la fatiga.
Según un estudio realizado en EUA, los conductores que no consumieron drogas tuvieron accidentes a horas en que la gente suele estar menos alerta, en tanto los choferes consumidores tuvieron accidentes a cualquier hora del día; esto se analizó de acuerdo a su ritmo cardiaco. Las bitácoras fueron rutinariamente falsificadas y fue común encontrar 2 juegos de bitácoras, solo en un caso se empleo tacografo y en 5 casos se uso un equipo de computo.
Un conductor cansado o que se duerme durante su actividad no puede realizar maniobras evasivas para evitar colisiones o despistes, siendo el resultado de este tipo de accidentes, gran número de víctimas y la destrucción de infraestructura.
De acuerdo con estadísticas de la base de datos Transporte de América del Norte y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los decesos por accidentes carreteros se han incrementado 31.4 por ciento entre 1990 y 2010 (último dato oficial del informe Estadísticas Básicas del Autotransporte Federal 2011). Los accidentes de transito ocupan la cuarta posición como causa de mortalidad general, y la primera causa de muerte en personas de 1 a 45 años.
Desde luego a la fecha los autotransportes de los últimos 10 años ya tienen una computadora que registra los tiempos de recorrido y las velocidades a las que se conduce el vehículo, pero no se supervisa el cumplimiento de las normas, y no existe la obligación de hacer un examen médico al conductor antes de los recorridos, ni tampoco de las condiciones físico mecánicas del autotransporte, antes de emprender un viaje o con una periodicidad determinada.
En atención a los anterior propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover la construcción y habilitación de paradores en carreteras para evitar los accidentes por exceso de horas de servicio en el caso del autotransporte o sueño en el caso de automovilistas.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a establecer exámenes médicos obligatorios a los conductores del autotransporte de forma periódica, así como operativos tipo alcoholímetro para verificar aleatoriamente el consumo de drogas y alcohol de los conductores de vehículos de autotransporte federal.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero de 2014.
Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a realizar reformas para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en Cuernavaca, suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI
Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de diciembre de 2013, se publicó en la tercera sección del periódico oficial Tierra y Libertad del estado de Morelos se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, derivado del proceso legislativo iniciado mediante la remisión al Congreso del Estado de Morelos del acta de cabildo emitida por Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en la que se hace constar la aprobación de la iniciativa de la ley en comento. Lo anterior, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción IV; en los artículos 32, 112 párrafo primero y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 15, 17, 38 fracciones I y V y 41, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así como el artículo 33 último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Morelos, sustentándose en diversas consideraciones de carácter estadístico y características económicas tanto del municipio de Cuernavaca como nacionales e internacionales que afectaron el comportamiento del crecimiento municipal.
Al respecto, se mencionó que dicho municipio contaba en 2010 con una población de 365 mil 168 habitantes, de los cuales 53 por ciento eran mujeres y 47 por ciento hombres, habitando alrededor de 102 mil 961 viviendas, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De igual forma se menciona que en 2013 la actividad económica del municipio fue endeble como en el resto de la región mexicana, aunado a los problemas de seguridad que padece toda la entidad federativa, pese a ello las actividades económicas se concentraron en los sectores secundario y terciario, proveyendo de empleo a 337 mil 869 trabajadores. Cuernavaca representa un factor fundamental en la prestación de servicios de comercialización, transporte, educación, salud y turismo por su cercanía con la Ciudad de México, por ello es que los ingresos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de la capital de Morelos y sus habitantes.
De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, la iniciativa tuvo su origen en foros de consulta, mesas y reuniones de trabajo con especialistas en materia fiscal, la academia, contribuyentes y particulares interesados en el tema, quienes propusieron conceptos, cuotas, tasas, tarifas y montos que habrían de financiar el desarrollo municipal y con ello superar la difícil situación municipal, por lo que se realizaron diversos ajustes en conceptos y tarifas para distribuir las cargas fiscales, con incrementos en los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, limpieza de frente de terrenos baldíos y alumbrado público; modificaciones que fueron valoradas por la legislatura local coincidiendo que con motivo de la situación económica que se vive en el país, en la entidad y en los municipios, no era propicio aumentar el monto de ningún impuesto ni crear ninguno nuevo; no autorizar tampoco ningún incremento en las tarifas de agua potable, realizándose únicamente las modificaciones y ajustes a las tarifas de los derechos antes mencionados. A efecto de que el municipio de Cuernavaca pueda recaudar la cantidad de mil quinientos treinta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil veintinueve pesos para hacer frente a sus obligaciones, monto que representa un incremento de 14 por ciento con relación a la expectativa de ingresos autorizada por el Congreso del estado para el Ejercicio Fiscal de 2013.
Las modificaciones realizadas por el municipio en su carácter de iniciador fueron sustanciales en relación con la Ley de Ingresos de 2013, para el municipio, puesto que se clasificaron detalladamente los ingresos que obtendrá durante el ejercicio presupuestal del año 2014, y eliminó conceptos que provocarían confusión entre la ciudadanía, acciones que revisó y valoró el Congreso del estado, cuyos integrantes consideraron oportuno, como ya se mencionó, no realizar ningún incremento a los impuestos municipales, pero respecto a los ajustes realizados a los conceptos que integran los cobros por los servicios públicos, primeramente quedaron divididos en tres conceptos: servicios por mantenimiento de infraestructura urbana; servicios por la limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, y servicios públicos municipales de limpieza de frente de predio baldío o cercado, por los cuales se cobrarán: en el primero de ellos, las mismas tarifas sirvieron para el cobro en el Ejercicio Fiscal de 2013, con las zonas específicas que en el articulado se señalan; para el segundo la tasa del 0.01515 y para el tercero, la tasa de 0.0202, ambos de un día de salario mínimo vigente general calculado al año, esta fórmula matemática representa un incremento de diez veces más de lo que se pagaba en años anteriores, el cual merma significativamente en la economía y el gasto familiar de manera considerable, bajo el argumento que de no realizarse este ajuste, sobre todo en lo que representa el servicio de recolección de basura, el riesgo de colapso es real, pues el costo de la prestación de los mismos es inferior al costo real que le produce la prestación de dicho servicio, dejando de lado el principio de proporcionalidad del gravamen consagrado en nuestra ley fundamental, y que debe limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados.
Ahora bien, si bien es cierto que el municipio es la organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización política del estado de Morelos, que responde a la idea de la organización comunitaria, con gobierno autónomo y que es también la instancia a través del cual, el Estado mexicano descentraliza la prestación de servicios públicos básicos correspondientes a una circunscripción territorial determinada y que por ello determina y regula su hacienda de forma autónoma, al grado de otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes que están pagando sus derechos de servicios públicos municipales, los cuales corresponden a un descuento de 30 por ciento a quienes paguen tales derechos dentro de los meses de enero, febrero y marzo. También es cierto que la toma de estas medidas no resuelve de fondo la problemática, consistente en el cobro exagerado de los derechos referentes a los servicios que presta el municipio, prevaleciendo aún una ley desproporcionada que no considera los ingresos de la población, la cual se resiste a realizar el pago de tales derechos, lo que generará a la larga mayor deficiencia en los servicios municipales y consecuentemente afectará a una ciudad tan bella como lo es Cuernavaca, por ello someto a consideración de esta Comisión Permanente con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al honorable Congreso del Estado de Morelos para que dentro de las facultades que le confiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tenga a bien realizar las reformas que sean necesarias a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2014, a efecto de que se prevean medidas que no impliquen el pago oneroso de los derechos por la prestación de los servicios públicos municipales que afecte a la economía de los contribuyentes, así como aquellas tendentes a proteger los derechos de aquellos que han realizado su pago.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a rectificar y no gravar el pan dulce, suscrita por el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado, Carlos Augusto Morales López, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El presidente Enrique Peña Nieto, cuando se encontraba de campaña en Baja California, en un encuentro con mujeres de Ensenada, Rosarito, Mexicali y Tecate, hizo 10 compromisos de los cuales resaltan el elevar el salario de los mexicanos y congelar los precios de la canasta básica. Cabe resaltar que esas fueron de sus principales promesas de campaña, sin embargo, esos dos compromisos en particular han quedado en eso, sólo en promesas ya que hasta la fecha no se han cumplido ni se han implementen acciones para revertir su tendencia negativa en la economía de las familias mexicanas.1
Segunda. El incremento en el precio de los salarios se ajusta de acuerdo a la inflación, sin embargo el precio de los productos de la canasta básica alimentaria no sigue este índice, ya que, obedece a los precios del mercado, el reto es que el precio de los productos de la canasta básica se mantengan de acuerdo a la inflación, debido a que cuando aumenta de precio y más por encima de la inflación, las personas que más sufren ese incremento es la población de menores ingresos.
Lo anterior, debido a que la población de menores ingresos destina un gasto mayor a su alimentación, pero no por gastar más tiene una mejor alimentación, todo lo contrario, las familias de menores ingresos gastan en mayor proporción en su alimentación pero cuando un producto de la canasta básica aumenta de precio, lo sustituyen con otro producto de menor contenido nutricional.2
Tercera. Para nadie es secreto que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en México es una situación preocupante ya que de acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual realizó un estudio sobre la evolución del salario real, donde exponen como desde hace décadas ha ido en picada la pérdida de poder el salario real.
El Centro de Investigación Multidisciplinario fue más allá para dimensionar el problema sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios con un comparativo de un producto de la canasta básica alimentaria como son las tortillas y el resultado es decepcionante ya que en 1982 se podían comprar 50.9 kilos de tortillas con un salario mínimo, mientras que en octubre del 2013 únicamente alcanza para 5.2 kilogramos de ese mismo producto, es decir, la décima parte.3
Cuarta. Que en la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión indudablemente no se contempló gravar con este impuesto a los alimentos pertenecientes a la canasta básica, dado que esto provoca un perjuicio importante en la economía de millones de hogares que se encuentran en condiciones desfavorables.
Es evidente, que un pan dulce, es de consumo cotidiano para los mexicanos, no tiene comparación con aquellos panecillos que se venden como “golosinas” y que, por tanto, no se encuentran dentro de la Canasta Básica.
Quinta. En el Diario Oficial de la Federación se precisa cuál es el criterio para la aplicación del IEPS; sin embargo, de manera contradictoria se excluye al pan dulce de los productos de alimentación básicos:
“...
Tasa aplicable a los alimentos no básicos, con base en la información de la etiqueta
I.5.1.2. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso j) penúltimo párrafo de la Ley del IEPS, la aplicación de la tasa correspondiente se efectuará con base en la información de las kilocalorías manifestadas en el etiquetado de alimentos, de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados-Información comercial y sanitaria”, publicada en el DOF el 5 de abril de 2010.
LIEPS 2, NOM DOF 05/04/2010
Alimentos de consumo básico
I.5.1.3. Para los efectos del artículo 2, fracción I, inciso J), último párrafo de la Ley del IEPS, considerando su importancia en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo básico que no quedan comprendidos en lo dispuesto por el inciso J) antes citado, los siguientes:
A. Cadena del trigo:
III. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, blanco e integral, incluyendo el pan de caja.
C. Cadena de otros cereales:
III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de caja...”
Se considera que “el espíritu de la creación del IEPS es corresponsabilizar a las empresas productoras de alimentos denominados no saludables, por su alto contenido calórico, con las externalidades sociales generadas por sus productos, en este caso hablamos de un grave problema de salud púbica como es el sobrepeso y la obesidad”.
México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y el cuarto en obesidad infantil, que nuestro país destina cerca de 50 mil millones de pesos al año a servicios para atender este problema de salud.
Sexta. Incluso este impuesto ha tomado por sorpresa a la industria panificadora, de acuerdo a Jonás Murillo, director general de la Industria Panificadora, debido a que se suponía que se gravaría a los alimentos denominados chatarra, es decir, a los que no tienen ningún control sanitario, pero estos productos son elaborados con los más altos estándares de calidad. También señala el directivo que son alimentos básicos para el consumo mexicano.
Séptima. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cuenta con un registro sobre el precio de los productos de la canasta básica, por lo tanto, se encuentra el precio del pan dulce, este precio está medido por kilo, de acuerdo a las cifras en 2009 estaba el precio en 35.28, para noviembre de 2013 el precio se había movido hasta 48.18 pesos, es decir, tuvo un incremento de un 27 por ciento, hasta el mes de noviembre de 2013.
Por lo tanto, el incremento que tendrá el pan dulce quedará aproximadamente en 6.60 centavos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional Gasto de los Hogares (Engasto) 2012, las familias mexicanas destinan 37 por ciento de sus egresos a la compra de alimentos, y de éstos, 21.1 por ciento de los hogares es para adquirir pan y cereales, 14.9 por ciento para azúcar, dulces, miel y chocolates.
El pan dulce es un alimento que no debe gravarse, ya que es un producto que pertenece a la canasta básica, no se puede poner a la altura de otros productos además que no debe de faltar en los hogares mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y no grave al pan dulce con un impuesto del 8 por ciento.
Notas
1 http://www.redpolitica.mx/ruta-electoral/epn-ofrece-congelar-precios-de -canasta-basica
http://www.pricol.org.mx/sitio/noticias/item/156-se-comp romete-peña-nieto-a-frenar-el-alza-de-los-precios-de-la-canasta-básica. html
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
3 Centro de Análisis Multidisciplinario. “Impacto del incremento de precios en el poder adquisitivo del salario mínimo”, Reporte de Investigación número 86 , Facultad de Economía, UNAM, México, 2010.
Sede de la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2014
Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente el gobierno de Texas, Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la sentencia contra Édgar Tamayo Arias, suscrita por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI
Lisbeth Hernández Lecona, senadora de la república de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Texas, de Estados Unidos de América, a postergar la ejecución de la sentencia que condena al morelense Édgar Tamayo Arias a la pena de muerte, para que en estricta justicia se agoten todos los medios de defensa posibles a favor de la vida del sentenciado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“Édgar Tamayo Arias es uno de los tantos mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos”.
Édgar Tamayo Arias originario de Morelos, viajo a los Estados Unidos en busca del sueño americano a los 18 años de edad. En 1994 fue sentenciado a muerte por el asesinato de un policía en Houston, Texas. Y desde hace ya 20 años se encuentra recluido en prisión.1
La defensa de Édgar Tamayo señala que cuando fue detenido no le notificaron que tenía derecho a contactar al consulado mexicano, intervención consular que merecía por ley. En tanto se hallaba detenido y sometido a proceso penal, el Estado mexicano llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.
Diez años después la Corte Internacional de Justicia declaró que Estados Unidos vulneró los derechos del debido proceso del mexicano, específicamente los contemplados en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, firmado el 24 de abril de 1963. El Morelense Édgar Tamayo Arias es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó revisar todos los casos.2
A pesar de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, dispuso que el gobierno de Texas, no se encuentra obligado a atender la resolución del Tribunal Internacional, y rechazó la revisión del caso. Hasta ahora dos mexicanos sentenciados a muerte que fueron amparados por la Corte Internacional, ya han sido ejecutados. El caso de Édgar Tamayo es el primero en no recibir ningún tipo de revisión a sus quejas relacionadas con la falta de notificación consular.
El pasado 17 de Septiembre del 2013, al morelense Édgar Tamayo, se le dictó fecha para la ejecución de su sentencia; pena de muerte mediante la inyección letal para el 22 de Enero del 2014.3
Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos y organismos multilaterales, han argumentado que las violaciones al debido proceso en el caso de Édgar Tamayo, merecen una revisión judicial que podría implicar una sentencia diferente a recibir la inyección letal.
Pese a las diversas gestiones que han realizado las autoridades mexicanas a favor de la revisión del caso de éste morelense, y a las misivas enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Morelos, en las que se apela por la vida del morelense Édgar Tamayo; el gobernador de Texas, Rick Perry, fijó una postura inflexible sobre la situación del mexicano.4
Esta situación nos convoca a reforzar nuestra solidaridad y demandar al gobierno de Texas, considere la revisión de la sentencia judicial que condena a Édgar Tamayo a la pena de muerte, además de verificar que se haya cumplido el debido proceso legal en el juicio, y con ello se evite una violación al derecho internacional.
Aunado a lo anterior, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión se suma desde esta alta tribuna a las acciones realizadas por el gobierno mexicano, para evitar la ejecución del morelense Edgar Tamayo, sin a ver realizado una revisión minuciosa del caso, y de esta forma nuevamente se solicita al gobierno de Texas asuma el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de Texas, de los Estados Unidos de América a postergar la ejecución de la sentencia que condena al morelense Édgar Tamayo Arias a la pena de muerte, para que en estricta justicia se agoten todos los medios de defensa posibles a favor de la vida del sentenciado.
Notas
1 oas.org/es/cidh/default.aspx?k=edgar%20tamayo%20arias&s=CIDH, consultada el 12 de enero de 2014.
2 Ídem
3 http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3546-508, consultada el 13 de enero de 2014.
4 Ídem
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los quince días del mes de enero del año 2014.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a autorizar acciones para evitar el robo de la carga de los furgones de ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad, suscrita por el diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones:
Los trenes de carga son blanco de las bandas criminales que aprovechan la disminución de la velocidad de los convoyes al aproximarse a zonas urbanas, para detenerlos y saquearlos en menos de una hora, únicamente en 2010 se contabilizaron 5mil 136 robos a lo largo del Sistema Ferroviario equivalente a 14 delitos por día, el robo al tren representa un alto costo para concesionarias, incluyendo costos de desconfianza que le dificultan ampliar su mercado.
Los delincuentes aprovechan la baja velocidad a la que circulan los ferrocarriles al pasar por zonas urbanas, facilitando el paro ilegal del tren por el cierre de angulares por parte de grupos delictivos con la finalidad de robar la mercancía transportada, aunado el actual estado físico de los 77 cruces del corredor clasificados en mal estado, de las cuales solo 25 presentan señalización y 16 se encuentran defectuosos; provocando también un alto nivel de posibilidad de accidentes en esos cruces por malas condiciones de la infraestructura existente, la baja velocidad de paso del ferrocarril podría parecer que ofrece una mayor seguridad para los autos que utilizan los cruces, pero por otra parte produce mayores demoras provocando tráfico vial; por lo cual es necesario la construcción de confinamientos para los ferrocarriles y señalizaciones adecuadas.
La acción de la delincuencia organizada contra los trenes cargueros genera serias afectaciones en la operación del servicio, pérdidas multimillonarias por los robos y lo más delicado, serios riesgos a la seguridad de la población debido a que con tal de lograr su objetivo utilizan una serie de sistemas o métodos para frenar la marcha del ferrocarril.
Maquinistas consultados mencionaron que este problema se está saliendo de control y que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues el riesgo de que ocurra un descarrilamiento con consecuencias trágicas está latente, debido a los métodos que se están utilizando para detener las máquinas y el resto del equipo que conforman los trenes cargueros.
Todas las consideraciones anteriormente planteadas son las bases de la preocupación generalizada por hacer del transporte ferroviario un medio más seguro, rápido y eficaz, siendo base del desarrollo económico; mediante la mejor señalización y los sistemas de seguridad se da la certeza de que es un transporte capaz de hacer llegar mercancías en cortos tiempos, menos costoso, aumentado la participación del transporte ferroviario en la actividad.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que se permita aumentar la velocidad a 40 kilómetros por hora en los tramos urbanos.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tomen las acciones correspondientes para que se instalen los señalamientos y equipos de seguridad electrónica que sean necesarios.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero de 2014.
Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del Día del Compositor, suscrita por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
15 de enero Efeméride sobre el Día del Compositor
Uno de los más importantes grupos artísticos del país en el cual se ha tenido una gran evolución y destacada participación es la música, la cual históricamente se remonta hasta la época prehispánica, en la cual se realizaban cantos en diversos eventos tradicionales o de costumbres.
Tiempo después, a la llegada de los españoles y con la combinación de estas dos grandes culturas, surge un género musical narrativo, el cual se extiende por toda la República Mexicana, denominado “corrido”, el cual fue de gran ayuda para el vínculo regional del país. Este género se distinguía por un trovador, el cual, acompañado de su guitarra, recorría la población contando la historia de personajes y pueblos.
Posteriormente, y con la ayuda de la evangelización española, se crea el Barroco Mexicano, género principalmente eclesiástico impulsado por los burgueses y europeos. Siguiendo la evolución social del país, la música sigue este camino tradicional mexicano pero ahora en el campo, en donde surgen las famosas canciones rancheras, las cuales persisten hasta nuestros tiempos y donde se relatan historias bucólicas, describiendo lo sucedido en la región y los paisajes del país.
La vasta población africana que acompañaba a los conquistadores españoles también se arraigó en el país esparciendo en diversas regiones del mismo sus costumbres y tradiciones, creando así los famosos sones, principalmente en los estados del Golfo y del Pacífico. En otras regiones más al norte del país nacen otros ritmos musicales derivados de los sones como son el son huasteco y el huapango, ambos con gran ritmo característicos de la costa del país, aunque el segundo resalta los tonos melancólicos del norte del país.
A la par de la Revolución Mexicana, llegan a México múltiples herencias musicales, creándose derivaciones de las mismas, las cuales echaron en diversas regiones, como la tambora, los corridos (cobrando nuevamente un gran auge en razón de la Revolución Mexicana) y el jarabe. Volviendo a la región sur del país, la península de Yucatán crea su propio estilo musical, apoyado por la gran riqueza literaria de la región. De esta forma surgen derivaciones como son el bolero, el bambuco y la clave . Los estados de la costa del Golfo y parte del Pacífico siguieron atrayendo culturas y heredando las creaciones musicales, tales como el mambo, la cumbia, el bolero y la guaracha, arraigándose no sólo en estos éstos sino en la parte centro de México.
Una vez finalizada la lucha revolucionaria y con ello realizando los primeros pasos de la globalización e industrialización, la música mexicana comienza a ser influenciada por los ritmos extranjeros, por lo que México se limita en la creación y desarrollo musical. A pesar de ello continúa habiendo movimientos culturales los cuales conservan la esencia armónica de nuestro país.1
Estos eventos culturales se reflejaron en diversos sectores, principalmente en la pintura. Ello a través de personajes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre otros, aunque en el sector musical durante dichos movimientos tuvo gran auge principalmente el género ranchero, bolero, danzón y los sones, esto gracias al surgimiento de grandes artistas de talla internacional, quienes a su gran talento se difundió no sólo la música, sino la cultura de nuestro país.
Si bien los cantantes mexicanos han tenido gran éxito y reconocimiento dentro y fuera del territorio, la base y parte esencial de que la música 100 por ciento mexicana subsista son los compositores, aquellos quienes ocupan su imaginación y su habilidad artística para crear canciones y géneros musicales. Es esta noble y tan antigua vocación que ha sido el apoyo para que la música mexicana y cientos de canciones de nuestro país sean escuchadas en cada rincón del mundo.
México reconoce desde hace mucho tiempo a sus grandes compositores como son Tomas Méndez Sosa, Luis Demetrio Traconis Molina, Emma Elena Valdelamar Casarín, Víctor Cordero Aurrecoechea, Francisco Gabilondo Soler, José Ángel Espinosa Aragón, Chucho Monge, Juan Zaízar, Consuelo Velázquez, Ricardo López Méndez, Luis Alcaraz, José Alfredo Jiménez, Salvador Flores, José Antonio Zorrilla, Gonzalo Curiel, Felipe Bermejo, Agustín Lara, Armando Manzanero, Juan Gabriel, etcétera, quienes fueron los creadores de grandes canciones escuchadas no sólo en México sino en todo el mundo, como son Ansiedad, Agonía, Adiós Mariana, Acapulco, Amor Eterno, Somos novios, Abuelito, Bésame mucho, Cachito, Amarga Navidad, Arrullo, Canción divina, Ayer me contaron , etcétera.2
Es tan importante su trabajo que en 1945 se crea el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, siendo éste un grupo de compositores encabezados por Alfonso Esparza Oteo con socios como Agustín Lara, Manuel Esperón, Pepe Guízar, Alfredo Carrasco, Consuelo Velázquez, Ernesto Cortázar, etcétera. Poco tiempo después, en 1949, el sindicato se convierte en una asociación civil, naciendo así la Sociedad de Autores y Compositores de México, AC, a través de la cual se les permitía cobrar las regalías a los usuarios de la música. Para 1983 y 1985 esta asociación comienza a realizar cambios estructurales permitiéndole otorgar derechos sociales a los compositores; asimismo cambia su denominación de asociación a sociedad de autores, por lo que sus facultades de protección se amplían.
Finalmente, en 2007 realiza su último cambio estructural como reconociendo su razón social como la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público,3 teniendo como principal misión el fortalecer el vínculo con los usuarios de la música para crear una nueva cultura en el reconocimiento del derecho de autor, buscando la debida protección de las obras intelectuales, como parte importante del acervo cultural de la nación y como elemento esencial de identidad nacional.4
Es tras la creación del sindicato de compositores en 1945, como reflejo del avance en los derechos de autor, que el 15 de enero de ese año se inicia la conmemoración del Día del Compositor, pero no es sino hasta 1983 que este día se reconoce de forma oficial.
Debemos de conceder nuestro respeto y orgullo a todos aquellos compositores que con su gran trabajo han puesto al nombre de México muy en alto, a través de las creaciones que millones de personas en el mundo han admirado.
Notas
1 http://www.musinetwork.com/foros/index.php?topic=143.0 9 de enero de 2014. 14:16 horas.
2 http://www.sacm.org.mx/archivos/jardin.asp 9 de enero de 2014. 14:30 horas.
3 http://www.sacm.org.mx/archivos/conocenos.asp 9 de enero de 2014. 14:40 horas.
4 http://www.sacm.org.mx/archivos/conocenos.asp 9 de enero de 2014. 14:53 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica)
Con motivo del natalicio de Mariano Escobedo, el 16 de enero de 1826, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el ciento ochenta y ocho aniversario del natalicio de Mariano Antonio Guadalupe Escobedo Peña, mejor conocido como Mariano Escobedo, neoleonés ejemplar que dedicó su vida a la defensa de nuestro país.
Desde esta soberanía nacional homenajeamos a este excepcional mexicano que se distinguió por su valor, determinación, liderazgo y habilidad militar nata. Sin duda, su trayectoria lo posiciona como uno de los personajes más importantes del siglo XIX.
En el marco de esta celebración es oportuno recordar los pasajes más emblemáticos de la extraordinaria vida del general Mariano Escobedo, él nació el 16 de enero de 1826, en San Pablo de los Labradores, actual territorio de Galeana, Nuevo León.
Durante sus primeros años se dedicó a las actividades agrícolas y comerciales, sin embargo, por el entorno social en que se desarrolló, con tan sólo veinte años de edad incursionó en el ámbito militar como miembro de la fuerza local de la Guardia Nacional por la guerra contra Estados Unidos en 1846.
Ese mismo año participó en la defensa de Monterrey, batalla que se caracterizó por sus múltiples y sensibles decesos, y en la que relució su capacidad militar la cual le permitió ser parte fundamental para detener a las fuerzas invasoras.
En 1847, participó en la batalla de la Angostura, donde a través de acciones determinantes continuó poniendo de manifiesto sus grandes dotes dentro de la milicia, mismo que posteriormente le permitieron obtener el grado de capitán durante la Revolución de Ayutla en 1854.
En 1855, se unió a la rebelión Vidaurrista y participó en la toma de Saltillo, después en 1856 formó parte de los enfrentamientos contra Juan José de la Garza, en las afueras de Monterrey.
De forma paralela a estas acciones, desde 1848 se tiene registro de su participación en múltiples gestas, de las cuales destaca el célebre combate en San Antonio de Alazanas, a finales de septiembre de 1856, donde derrotó a una partida de más de cien apaches mezcaleros con tan sólo cuarenta hombres.
Sin duda, otro de los méritos del general Mariano Escobedo, fue su participación en la Guerra de Reforma y en la cual es importante señalar que en este momento ya contaba con el grado de teniente coronel de caballería.
Asimismo, es reconocido por apoyar la lucha contra la intervención francesa de 1862 a 1867, siendo uno de los elementos más destacados. En la defensa de Puebla de 1862, él fue quien organizó el Ejército del Norte, clave en el triunfo, primero, en la recuperación de esa extensa zona del país.
Además de combatir en el norte, fue el artífice del sitio de 61 días con el que finalmente tomó Querétaro el 15 de mayo de 1867, acontecimiento que se distingue por la aprehensión de Maximiliano, factor crucial para el triunfo en contra de la intervención.
Con una vasta experiencia militar, incursionó en nuevos ámbitos lo que lo llevó a ser dos veces gobernador de San Luis Potosí, así como de Nuevo León, en los años de 1865 y 1866. Además, en 1876 fue Ministro de la Guerra.
Finalmente, como diputado del Congreso de la Unión murió en la Ciudad de México el 22 de mayo de 1902.
La historia de nuestro país ha sido construida con base en el esfuerzo, valor y sacrificio de grandes mexicanas y mexicanos, entre los cuales se encuentra el general Mariano Escobedo, orgullo de Nuevo León y de México.
Hoy rendimos un merecido homenaje a este mexicano ejemplar que dedicó su vida a la defensa de nuestro país, mexicano comprometido con la libertad, soberanía y estado de derecho en nuestro país.
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es importante mantener viva la memoria de los mexicanos que fueron determinantes en la consolidación de México como una nación independiente.
Finalmente, hago el llamado para que igual que el general Mariano Escobedo, atendamos de manera responsable a nuestro llamado histórico, a que cada uno en nuestras entidades fomentemos e impulsemos los más altos valores democráticos, indispensables para proyectar a México a un mejor futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.
Senadora María Lavalle Urbina (rúbrica)
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