Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4167-XIII, martes 2 de diciembre de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50 por ciento: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50 por ciento.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la Semarnat y la Conagua a realizar estudios técnicos, económicos y sociales para establecer acciones que protejan el ecosistema El Manantial, en Tizayuca, Hidalgo, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Francisco González Vargas, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La presa “El Manantial”, construida por el gobierno federal hace más de 45 años en el municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, se encuentra prácticamente abandonada por las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente y de regular y controlar el manejo de las aguas residuales.
La presa “El Manantial” se encuentra en una de las zonas de mayor afectación en lo relativo a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en dicha entidad federativa. “El Manantial” tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 4 millones de metros cúbicos de agua; sin embargo, la belleza y atractivo que tenía este cuerpo de agua, con actividades tales como la acuacultura, la pesca deportiva y la recreación, se han venido extinguiendo debido a la alta contaminación de la presa, producida por la indiscriminada disposición final de aguas residuales contaminadas provenientes de diversas empresas e industrias usuarias del recurso hídrico, quienes las descargan en los causes de los ríos y demás escurrimientos tributarios de la presa, o directamente en ella, sin el debido tratamiento previo que permita devolver al vital líquido la calidad mínima exigida por las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, en la materia.
En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo por el que se exhortó al gobernador del estado de Hidalgo, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tomaran las medidas correspondientes para la prevención y control de la contaminación e iniciaran los trabajos de evaluación sobre el impacto ambiental y la promoción del rescate de la presa “El Manantial”; desafortunadamente, el problema de la contaminación no sólo subsiste, sino que se agrava paulatinamente, ante la ausencia de las acciones pertinentes para tal efecto.
La problemática que presenta la presa “El Manantial”, requiere de la intervención de las autoridades competentes, aplicando y exigiendo la observancia de la ley por los gobernados, sean personas físicas o morales, así como de las instancias gubernamentales correspondientes; que con sus actividades transgreden las normativas del país en la materia, produciendo daños y perjuicios de carácter público o privado.
Es lamentable que un espacio natural tan importante en esa localidad, carezca de utilidad alguna debido a la contaminación y a la falta de un plan rector que haga posible su preservación natural.
Habitantes de las poblaciones localizadas en el área, han señalado a las diversas empresas e industrias, particularmente las constructoras, consideradas como las principales fuentes de contaminación del Río “El Papalote” y de otros escurrimientos afluentes del vaso de “El Manantial”. Se han pronunciado por la realización de los estudios necesarios para determinar la responsabilidad en que incurren los diversos actores sociales y económicos, y la aplicación de las sanciones legales procedentes.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su apartado VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción, Sección VI.4. México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Por su parte, en las diversas estrategias y líneas de acción que integra el capítulo VI.4 señalado en el párrafo anterior, se establece: “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono; impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable; así como ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales.
El artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otros:
- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;
- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad en la preservación de los ecosistemas, y
- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Asimismo, los artículos 78 y 78 Bis de la Ley en comento, establecen que “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.”.
Expresan también, que “en aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.”
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dispone también, entre otras, la preservación de los ecosistemas y ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que dependen la continuidad evolutiva, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.
En particular, prevé la preservación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos y sus funciones.
Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales, establece en su artículo 1o.: “La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
En base a las consideraciones de hecho y de derecho, señaladas en el párrafo anterior, hago del conocimiento de esta soberanía los siguientes
Antecedentes
En el municipio de Tizayuca, estado de Hidalgo, debido a sus características de medio físico, los cuerpos de agua son escasos, por lo que cuenta con muy poca vegetación y la existente está en peligro de extinción debido al crecimiento y expansión urbana industrial en la región, integrada a la zona metropolitana del valle de México.
Ante tal circunstancia, las autoridades municipales y diversas organizaciones de la sociedad civil, han conjuntado esfuerzos para rescatar, proteger y preservar el entorno ecológico de la presa “El Manantial” para beneficio de la comunidad y de los visitantes que acuden a ella.
La protección de esta área natural, permitiría contar con diversos servicios ambientales para los habitantes de la región, así como proveer un espacio de conservación con flora y fauna silvestre endémica de la región.
Cabe destacar que este espacio se constituye como lugar de descanso y reproducción de aves migratorias.
La presa “El Manantial” se ubica en la zona noreste del territorio municipal, es considerada el cuerpo de agua más importante, este vaso constituye una parte significativa dentro del municipio. Tizayuca no posee cobertura vegetal significativa y la mayor parte de su superficie está destinada a actividades humanas productivas, modificando desfavorablemente el medio físico, con las alteraciones que esto representa y el acrecentamiento de los riesgos de desastres como el de inundaciones.
La situación en la que actualmente se encuentra la presa, es preocupante; por una parte, recibe descargas de las aguas residuales de los usos doméstico urbano e industrial que contribuyen en gran medida a incrementar los índices de contaminación del cuerpo de agua “El Manantial”; por consiguiente, en el estado en que se encuentra, este vaso constituye además un problema de salud pública y un conflicto de intereses por la falta de ordenamiento en el uso del terreno adyacente.
En mérito de lo anterior expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a su órgano desconcentrado, Comisión Nacional del Agua, para que de forma coordinada realicen los estudios técnicos, económicos y sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan establecer un programa rector de acciones públicas, privadas y sociales, para la protección del ecosistema denominado “El Manantial”, ubicado en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizar las acciones procedentes para declarar Santuario de Aves Migratorias la presa “El Manantial”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Francisco González Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a flexibilizar las reglas de operación de la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondiente al ramo general 33, suscrita por los diputados José Arturo Salinas Garza y María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, José Arturo Salinas Garza y María Teresa Jiménez Esquivel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
En México, la distribución de recursos entre los tres niveles de gobierno ha estado presente desde la Constitución de 1824. Sin embargo, no se definieron en ese entonces las facultades y competencias de cada gobierno con relación al presupuesto general. Por ello se mantuvo un sistema de coincidencias tributarias, haciéndolo incluso en nuestra vigente Constitución de 1917. Este sistema fue evolucionando lentamente a raíz de la creación del sistema de participaciones en 1922 y la realización de las convenciones nacionales fiscales de 1925, 1933 y 1947.
Más tarde, el sistema fiscal mexicano evolucionó con la expedición de las Leyes de Coordinación Fiscal de 1948 y 1953, aunque sólo se consideraba la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de participaciones.
Hasta la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 no se sentaron las bases de un mecanismo de coordinación más amplio y equitativo, a fin de resolver los problemas de distribución de participaciones desigual, considerando además que no sólo debían ser repartidos los recursos en función de lo recaudado por las administraciones locales, sino dependiendo del grado de desarrollo regional, variable que sentó las bases de nuestro actual sistema de aportaciones federales.
Por otro lado, se establecieron las bases de coordinación administrativa entre los estados y la federación por medio de convenios, quedando así establecido en la Ley el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyo objeto fue evitar la doble tributación, delimitar las competencias impositivas de cada ámbito de gobierno, así como distribuir entre los estados miembros una porción de la recaudación federal.
En otros términos, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal logró establecer un orden fiscal homogéneo, lo cual redujo sus costos de administración haciéndolo más eficiente y otorgó mayores recursos a los gobiernos subnacionales, a costa de limitar sus facultades tributarias; sistema que se encuentra actualmente vigente en el país.
Como consecuencia de lo anterior, en la década de 1990 se inició el proceso de descentralización presupuestaria para combatir la pobreza, y finalmente en 1998 se incorporó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la Ley de Coordinación Fiscal el ramo general 33, relativo a las aportaciones federales.
De esa manera se pasó de un sistema fiscal intergubernamental basado de manera exclusiva en participaciones cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos locales con un espíritu compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre los estados integrantes de la federación.
Actualmente, los recursos del ramo 33 se distribuyen de la manera en que las secretarías de Estado competentes (de acuerdo con la naturaleza del fondo) lo determinan, mediante la emisión de programas y reglas de operación, para lo cual los municipios deberán tramitar sus proyectos de obras públicas.
Consideraciones
Primera. Las aportaciones federales del ramo 33 para entidades federativas y municipios son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y municipios, cuyo gasto está condicionado a la consecución y al cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone, para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y superior, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, etcétera, las cuales tienen a su vez fines específicos.
El ramo 33, para su operación y aplicación, se divide en los siguientes fondos:
• De Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;
• De Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
• De Aportaciones para los Servicios de Salud;
• De Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);
• De Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
• De Aportaciones Múltiples;
• De Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y
• De Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas.
Segunda. El FAIS se divide a su vez en una partida estatal y otra correspondiente a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS debe destinarse exclusivamente “al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.
El FAIS constituye una fuente de financiamiento muy importante para los municipios y las demarcaciones territoriales del país, ya que con dichos recursos se pueden disminuir de manera considerable los indicadores de pobreza, se procura que los servicios que brindan estos órganos de administración a sus gobernados sean mayores y de mejor calidad y en general procurar avanzar en la lucha contra el rezago social y económico de nuestras comunidades, para otorgar una mejor calidad de vida para las familias.
Tercera. Según el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución federal, a más tardar el 15 de noviembre de cada año debe aprobarse el PEF correspondiente al próximo ejercicio fiscal. En dicho presupuesto se establecen en particular los montos que se destinarán para el financiamiento de las obras de los fondos del ramo 33.
Por otro lado, en comparación con otros fondos, la Ley de Coordinación Fiscal prevé las fórmulas de distribución del presupuesto relativo al FAIS, tomando en cuenta las variables necesarias para que dicha distribución se lleve a cabo de manera equitativa y proporcional al desarrollo de los municipios y las demarcaciones territoriales adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sin embargo, es facultad de la Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo con su ámbito de competencia, establecer los mecanismos, reglas de operación y requisitos para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales accedan a los recursos del FAIS, a través de los programas que emite dicha secretaría cada ejercicio fiscal a más tardar el 15 de febrero.
Cuarta. En el presente ejercicio fiscal las inconformidades de los alcaldes se han hecho presentes por todas partes. Personalmente han acudido los presidentes municipales a esta soberanía a manifestar que no pueden acceder a los recursos federales debido a las inflexibles y limitadas reglas de operación que emitió la Sedesol para la aplicación de los recursos correspondientes al FAIS y demás fondos que componen el ramo 33.
Se han venido abajo proyectos de municipios tendentes a mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura de sus comunidades. Lo anterior tiene lugar ya que de acuerdo con los indicadores que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) rindió a la Sedesol, se confiere prioridad a zonas y obras que no corresponden a la realidad social y económica del país.
Las diferentes asociaciones municipales que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México han recogido las demandas de los municipios que representan, y coinciden en que las reglas de operación de los programas del ramo 33, no sólo no combaten y disminuyen la pobreza de las zonas más rezagadas del país, sino que además ignoraron por completo comunidades rurales y agrícolas en el destino del presupuesto en comento, lo cual trae consigo el aumento de pobreza. Por si fuera poco, las pocas acciones que los alcaldes han llevado a cabo en sus comunidades se deterioran irreversiblemente, toda vez que la Sedesol consideró de importancia secundaria su mantenimiento.
Incluso hay regiones del país en extrema situación de pobreza y marginación, que el Coneval no consideró así, en consecuencia no existe presupuesto expreso que les asista para mejorar las condiciones de los bienes y servicios que tienen obligación de proveer sus administraciones municipales.
Quinta. Uno de los temas más graves que se presentan en el presente ejercicio fiscal y que podría repercutir irremediablemente para 2015 es el de las obras públicas, los caminos rurales y la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de caminos y vialidades, en particular las acciones de pavimentación.
En las reglas de operación que emitió la Sedesol para este ejercicio fiscal, por lo que toca al FAIS los proyectos se encuentran clasificados como de “incidencia directa e indirecta” (prioritarios) y “complementarios y especiales” (secundarios), según las definiciones que considera el “acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2014”, en el título segundo, artículo 2.3.1, las cuales se citan a continuación:
De acuerdo con su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se orientarán a la realización de cuatro tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:
• Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el informe anual.
• Indirecta: Proyectos de infraestructura social básica asociados a los proyectos de contribución directa y que son necesarios para la realización de éstos.
• Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de las entidades, los municipios y las DTDF.
• Proyectos especiales: Proyectos que no estén señalados en el catálogo del FAIS, no obstante, corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF y que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el Coneval. Para su realización, dichos proyectos deberán llevarse a cabo en coinversión con otros recursos federales, estatales y municipales.
Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, las entidades, los municipios y el DTDF deberán considerar lo siguiente:
I. Cuando se trate del FISE, las entidades, los municipios y las DTDF deberán destinar al menos 40 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS.
II. Cuando se trate del FISMDF, las entidades, los municipios y las DTDF deberán destinar al menos 60 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS.
III. A los proyectos complementarios o proyectos especiales podrá destinarse en su conjunto como máximo el 15 por ciento de los recursos del FISE y del FISMDF.
Las obras de pavimentación, caminos rurales, alumbrado público y alcantarillado, entre otras, están consideradas proyectos complementarios o especiales, lo que implica que únicamente 15 por ciento del presupuesto que corresponda a cada municipio podrá ser destinado a este tipo de acciones, en virtud de que el gobierno federal considera que dichas acciones no están íntimamente ligadas al combate a la pobreza, lo cual es inaceptable, ya que por ejemplo, la pavimentación de vialidades mejora las comunicaciones entre diversas regiones, lo cual fomenta el comercio y disminuye el rezago geográfico de regiones agrícolas con potencial para crecer económicamente debido al desarrollo de sus actividades.
En este tema, además de lo expuesto, los municipios agrícolas no cuentan con los recursos suficientes para la compra de fertilizante, en virtud de que únicamente pueden usar 20 por ciento de sus recursos federales, aún y cuando la agricultura es la actividad económica por excelencia en dichas regiones y el fertilizante es básico para desarrollar su producción, situación que la Sedesol no consideró prioritaria para dichas regiones.
Sexta. Es necesario que se adecuen las reglas de operación a la realidad económica de nuestro país, ya que de no modificarse en este sentido, tendremos como resultado un retroceso en los esfuerzos de urbanización municipal.
Las reglas de operación emitidas por la Sedesol atentan contra lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución federal, ya que no sólo etiquetan el gasto de los municipios, sino que además lo limitan y en algunos casos lo anulan.
Es un hecho que los indicadores de pobreza emitidos por el Coneval no reflejan la crisis por la que los municipios de México atraviesan y, en consecuencia, que las reglas de operación no atiendan las necesidades de infraestructura municipal básica de las localidades.
No puede el gobierno federal hacer de lado las demandas de los alcaldes con respecto a las aportaciones federales, ya que “al final del día” ellos conocen las necesidades más profundas de sus municipios. Es claro que las necesidades de los municipios fluctúan con relación a muchas variables (territorio, población, presupuesto, etcétera), y no es dable hacer una declaración general de rezago económico a la hora de repartir los recursos pertinentes.
No es sorpresa que a poco más de un mes de que concluya el presente ejercicio fiscal, únicamente se haya ejercido 62 por ciento de los recursos federales aprobados por el Congreso a favor de los municipios. Lo anterior deriva de las trabas y obstáculos que las dependencias del gobierno federal que administran los programas de los fondos, en particular la Sedesol, han puesto a los municipios para que estos accedan a dichos recursos y financien las obras que tanta falta hacen a sus munícipes.
Debemos evitar que lo expuesto se repita en el próximo ejercicio fiscal, para lograr una verdadera distribución proporcional y equitativa del presupuesto federal, aplicando variables minuciosas a la hora de priorizar zonas de pobreza y determinar las obras públicas de incidencia directa.
Haciendo notar a esta soberanía la problemática que aqueja a los Municipios de nuestro país en materia presupuestal y de coordinación fiscal, tras la exposición factual del asunto, tomando en cuenta que como representantes populares tenemos la obligación de velar por los intereses del pueblo y como parte de las instituciones de este país, hacer valer el estado de derecho que en todo momento debe prevalecer, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social a emitir reglas de operación más flexibles con relación a los programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondientes al ramo 33, a efecto de que los municipios accedan a dichos recursos de manera eficaz y transparente.
Segundo. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social a conferir prioridad a los programas y proyectos catalogados como complementarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondientes al ramo 33, relativos a pavimentación, caminos rurales, alcantarillado y alumbrado público, para considerarlos en la clasificación de incidencia directa y se destinen mayores recursos a dichas obras públicas.
Tercero. Se exhorta a secretaria de Desarrollo Social a reorientar los programas de los fondos del ramo 33 hacia las zonas del país con mayor pobreza y rezago económico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputados: José Arturo Salinas Garza, María Teresa Jiménez Esquivel (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a cumplir las recomendaciones de la ONU y abstenerse de realizar donativos económicos provenientes del erario a la campaña de Fundación Teletón, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En diciembre de 1997, Fernando Landeros, hoy presidente de Fundación Teletón, tomó como base la creación de una iniciativa chilena, con la cual el conductor de televisión Mario Kreutzberger, hizo público el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad; y con ello convocó, en aquel año y por primera vez en México a 70 medios de comunicación, personalidades del medio del espectáculo, empresas y al público en general para realizar el primer Teletón, tomando como bandera el apoyo a personas con capacidades diferentes y en especial a niños.
Es así como desde entonces, cada año, se organiza un maratón televisivo, convocado por la empresa en medios y contenidos electrónicos más grande de nuestro país, Televisa, con el fin de recaudar fondos que permitan cumplir con “la rehabilitación y tratamiento de los niños y jóvenes con discapacidad, cáncer y autismo”. Cabe señalar, que a diecisiete años de la primera edición de este evento, según datos de la página oficial de Fundación Teletón México, hoy se cuenta con el sistema de rehabilitación pediátrico más grande del mundo, la Universidad Teletón, para formar a los mejores especialistas, un Centro de Autismo Teletón y se está por inaugurar el primer hospital de especialidades para oncología pediátrica en México.
Estos datos infieren la gran labor que realiza dicha institución de carácter privado con compromiso social, misma que debe ser reconocida, como ya se ha hecho en inmensidad de ocasiones. Sin embargo, habría que cuestionarnos, ¿si esta labor la realiza la iniciativa privada en nuestro país, en dónde o qué tanto infiere el estado en dichas actividades?, y es que, realmente, es el estado quien debe atender y dar asistencia a este grupo poblacional como lo son las personas con capacidades diferentes; ya que dicha tarea, fundamental, de las instancias gubernamentales, está plasmada en diversos ordenamientos, tanto a nivel nacional como internacional; tal es el caso de lo referido, el pasado 30 de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual público, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, documento que atiende las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, sustentado en un marco normativo, basado en los diversos convenios y legislaciones, referentes al tema, entre los que destacan:
Derecho Internacional de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad
El cual México reconoce en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio a favor de las personas con discapacidad, y observa las recomendaciones del Informe Mundial sobre Discapacidad, del Estado Mundial de la Infancia y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
Es el tratado internacional en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad (PCD) más importante del siglo XXI, que México reconoce en su Constitución, a partir de la reforma realizada en junio de 2011, y con el cual el Estado mexicano se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se obliga a que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, celebrará consultas estrechas y colaborará activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, y por último, es importante destacar que las disposiciones de la convención se aplican a todas las partes del Estado mexicano sin limitaciones ni excepciones.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las Personas con Discapacidad (ODM)
La Organización de las Naciones Unidas celebró el 23 de septiembre de 2013 la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad, en donde el camino a seguir fue formalizar una agenda para el desarrollo, que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año. La Asamblea General aprobó, mediante la resolución A/68/L, una serie de compromisos que los estados miembros deben cumplir para la plena inclusión de la población con discapacidad.
El Informe Mundial sobre la Discapacidad
Este informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el año 2011, proporciona información de actualidad sobre la discapacidad, con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad y facilitar la aplicación de la convención.
Su propósito es ofrecer a los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas disponibles. Presenta nueve recomendaciones para la adopción de medidas de alcance nacional e internacional.
Las Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Entre los instrumentos para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos se encuentra uno de los más destacables que todo estado debe tomar en cuenta, el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), que a través del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emite recomendaciones a los estados miembros.
Dichas recomendaciones son de carácter vinculatorio, de acuerdo con la convención, y sugieren que en la implementación o desarrollo del programa, el Estado mexicano debe realizar ajustes o implementar acciones a fin de responder satisfactoriamente al cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Por otra parte, en el marco nacional, el programa se encuadra en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Ley de Planeación, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que el 30 de mayo de 2011 y armoniza las disposiciones de la convención; dicha regulación es reglamentaria del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyéndose en el instrumento legal que permite la adopción de medidas legislativas y administrativas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. A su vez regula la coordinación, elaboración y contenido del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en sus artículos 3o., 5o., 6o. fracción III, 31o., 33o., 34o., 42o. fracciones I, II, XIV, 50o. fracción II y 51, y su observancia corresponde, a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la administración pública federal, organismos constitucionales autónomos, al Poder Legislativo, Judicial, el consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. De igual forma, el programa debe observar las opiniones o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Todo esto lo referimos, a razón de que, en días pasados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una recomendación al gobierno de México para que este, pudiese “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad” .
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, examinó a México los días 16 y 17 de septiembre pasados, en materia de atención a las personas con discapacidad, y los resultados fueron publicados en un informe.
Dicho informe, que cuenta con 12 páginas e incluye 63 recomendaciones, fue entregado al gobierno de México por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y recomienda al gobierno , encabezado por Enrique Peña Nieto, no entregar a una organización de carácter privado, como lo es Teletón, los recursos financieros que el estado dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad .
Textualmente, la ONU lo manifestó de la siguiente manera: “Al comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del estado parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. El comité insta al estado parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
En síntesis, el documento expone que la comisión está preocupada porque una gran parte de los recursos públicos es administrada por dicha fundación, y agrega que las campañas de Teletón, “promueven estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”. En este sentido, integrantes del referido Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtieron que el modelo caritativo y asistencialista promovido por el Teletón no está de acuerdo con los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que las campañas de dicha organización deben modificarse de inmediato para proyectar a estas personas como sujetos plenos de derechos.
Por su parte, Carlos Ríos Espinosa, representante mexicano del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mencionó que la recomendación de dicho organismo se respalda con la información proporcionada por el estado y las organizaciones civiles dedicadas a atender a personas con discapacidad, las cuales indicaron que entregaron informes, basados “en experiencias de vida y laborales”, respecto a lo que ocurre en México.
En estos términos, el representante mexicano del comité, envió una carta abierta al presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, quien en una acción irascible descalificó al organismo internacional, (mismo que desde 2008, representa el instrumento que otorga mayor protección a este grupo de la población y rompe con el, hasta entonces, persistente modelo médico, caritativo y asistencialista de la discapacidad), argumentando que su información se basa en reportes noticiosos, comentarios de algunas asociaciones civiles y también descalificó al organismo internacional por no haber solicitado información a Fundación Teletón, antes de emitir el informe sobre personas con discapacidad. Sin embargo, es sabido que el comité no tiene facultades para solicitar información a instancias diferentes del estado, aunque la organización Teletón pudo contestar, si hubiese efectuado un seguimiento puntual del procedimiento frente al comité y la lista de cuestiones que le formuló en el mes de abril pasado.
Aunado a lo anterior, el representante de nuestro país, ante dicho consejo y quien también es abogado señaló lo siguiente “lamento que su desconocimiento (del señor Landeros) sobre los procedimientos de los órganos de tratados de Naciones Unidas le lleve a descalificar a un órgano que está integrado por los más reconocidos expertos internacionales en la materia, quienes además son personas que cuentan con una discapacidad”.
Es por ello que tomando como base el nivel de importancia de un organismo internacional como lo es la ONU, causa gran desconcierto y preocupación las descalificaciones emitidas por el señor Landeros, presidente de la Fundación Teletón, con relación a las recomendaciones formuladas a México por parte del comité, ¿acaso su interés va más allá de ayudar? Pero sobre todo que el gobierno de México se manifieste omiso a dichas recomendaciones, en virtud de que nuestro país debe practicar un destacado nivel de cumplimiento como miembro de la ONU, observando principios como: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; y la transversalidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta, respetuosamente, a los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y, en su caso municipal), a atender las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abstenerse de brindar recursos económicos, provenientes del erario público, a organizaciones de carácter privado como el Teletón, el cual mantiene un estereotipo de las personas con discapacidad como “sujetos de caridad”.
Segundo. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ejercer las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la ley.
Tercero. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación para que en función de sus atribuciones, haga el llamamiento correspondiente a Fundación Teletón, a adoptar los principios y preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificar de inmediato sus campañas, imprimiendo el enfoque de derechos humanos y proyectar a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a cubrir los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908, adquirido por el gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Global, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
Lourdes Adriana López Moreno, diputada por el primer distrito electoral federal del estado de Chiapas a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México forma parte del grupo de países conocidos como megadiversos, los cuales son guardianes de la mayor parte de organismos vivos, plantas y animales, que existen actualmente en el planeta. Dadas sus características biogeográficas de confluencia entre la zona neártica y la neotropical, hace que el número de endemismos y especies únicas para la vida, abunden en todo el territorio nacional.
El sur de México es sumamente importante para la conservación de la diversidad biológica, además de que el crisol, cultural, lingüístico y cultural se traslapan con algunos de los menores índices de desarrollo humano en muchos de los municipios y regiones de Oaxaca o Chiapas, menores inclusive a algunas de las regiones más pobres de África Subsahariana.
Al inicio de los años noventa, en la región del sur de México y Centroamérica, la Corporación de Conservación del Caribe y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, había generado una propuesta conocida como “Paseo Pantera”, la cual pretendía conservar los manchones de vegetación conservada utilizando como especie sombrilla al Jaguar (Pantera onca ), el cual es un felino no sólo de importancia biológica, sino en la historia cultural en toda la zona.
Considerando los aspectos de fragmentación del hábitat, pobreza, degradación y perdida de diversidad, es que en 1997 se genera la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), la cual definía enlaces entre las áreas naturales protegidas de México y Centroamérica, proponiendo desarrollos de bajo impacto para promover la conectividad entre ecosistemas, fortaleciendo opciones de desarrollo para las poblaciones y aprovechar la resiliencia de los ecosistemas.
El CBM se convirtió en un sistema de ordenamiento territorial integrando 4 tipos de áreas naturales protegidas: a) áreas núcleo; b) áreas de amortiguamiento; c) corredores biológicos; y d) áreas de uso múltiple, cada una con distintas condiciones de uso, las cuales bajo criterios desarrollados metodológicamente, integraban un paisaje de desarrollo que permitía la conservación de los recursos biológicos y el desarrollo de las comunidades
Los primeros países que integraron el CBM fueron Belice, Costa Rica, El Salvador. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. En nuestro país la integración completa del trabajo dio inicio en 2002 con una planificación del primer intervalo de 7 años, en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, con 5 corredores biológicos, y posteriormente en 2009 se extendió a Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
Con el avance del trabajo del CBM, se integró en 2009 posteriormente esta iniciativa dentro de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con el fin de poder generar las bases de una política nacional de corredores biológicos, esto con la visión de generar esquemas innovadores de conservación que fueran más allá de una visión estática y sin uso o aprovechamiento.
Los objetivos claros del CBM son hoy:
• Fortalecer las capacidades locales en el uso sustentable de los recursos naturales y promover la conservación de los mismos para que las futuras generaciones puedan aprovecharlos.
• Servir como instrumento para que los recursos del gobierno (públicos) apoyen a las comunidades y a la conservación de la biodiversidad.
Algunos de los logros importantes del CBM en términos de conservación son además de los estudios, el mapeo sobre las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas dentro de CBM; la conectividad biológica en el entorno de los centros poblacionales de toda el área de influencia en los estados donde tiene presencia; y el monitoreo de mamíferos y otras especies de importancia.
De la misma manera, en torno al aprovechamiento sustentable de recursos naturales ha promovido, apoyado y ejecutado diversos proyectos de uso sustentable, todos ellos con propósitos que caben dentro de alguno o algunos de los siguientes objetivos:
• Elevar el conocimiento sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.
• Impulsar alternativas productivas con grupos de pobladores que habitan en los corredores.
• Promover la adecuada orientación de políticas públicas para hacer sinergias que garanticen el uso sustentable de los recursos.
Los proyectos del CBM en el área de aprovechamiento sustentable de recursos naturales se pueden clasificar en proyectos de: café, miel, aprovechamientos forestales, ganadería estabulada, cultivos generales, acuacultura, manejo de biodiversidad, tecnología para viviendas, producción artesanal, áreas protegidas y turismo.
Para terminar de consolidar esta siguiente etapa del CBM, se estableció el Proyecto Sistemas Productivos sostenibles y Biodiversidad (PSPB), el cual es un proyecto que la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad realiza, de 2013 a 2017, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y con el Banco Mundial como agencia implementadora.
El proyecto SPSB se implementa en los corredores biológicos de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. El objetivo del proyecto SPSB es conservar y proteger la biodiversidad de México de importancia nacional y global mediante la mejora de prácticas de manejo sostenible en espacios productivos de corredores biológicos prioritarios.
Para la ejecución de este proyecto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmo un compromiso para aportar los recursos del contrapartida para el mismo, suscrito el 3 de octubre de 2012, entre Nacional Financiera, SNC, quien actúa como fiduciaria de Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, el Gobierno de México representado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial), que actúa como agencia implementadora del GEF.
En el marco de este importante proyecto, la Sagarpa se comprometió a aportar un monto de hasta 132.5 millones de pesos, distribuidos en los 5 años de duración del mismo, lo cual se convirtió en un compromiso del Gobierno Mexicano ante el Banco Mundial y el GEF.
Este financiamiento se requiere para dentro de lo planificado y en ejecución, se consoliden los planes de negocio de 27 subproyectos que operarán en 7 cadenas productivas de: café, miel, cacao, silvopastoril, forestal, ecoturismo y unidades para el manejo de la vida silvestre.
Estos recursos son indispensables dentro de la integralidad de este proyecto de cooperación y política nacional, ya que las contrapartidas del gobierno mexicano corresponden a 19.5 millones de dólares por los 5 años de duración, las cuales divididas entre la Semarnat y la Sagarpa representan un monto aproximado anual por dependencia de 25 millones de pesos. En este sentido, tanto en 2013 como en 2014, la Semarnat ha integrado la parte correspondiente a su contrapartida, no así con la participación de la Sagarpa.
No contar con esta aportación por parte de Sagarpa, puede tener un impacto que eventualmente haga que el proyecto en su totalidad fracase, sin contar que tanto el GEF como el Banco Mundial esperan que México cumpla con su compromiso, derivado de la donación a fondo no reembolsable de cerca de 12 millones de dólares que forman parte integra de este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que cubra los compromisos económicos del acuerdo de donación TF012908 hasta por 132.5 millones de pesos, distribuidos en 5 años desde 2012, correspondientes a su aportación 2013 y 2014, que adquirió como un compromiso del gobierno mexicano ante el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Global.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de diciembre de 2014.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la estrategia para prevenir, atender y sancionar malas prácticas médicas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En ocasiones, las personas no logramos entender el dolor e impotencia de la situación de muchos de los ciudadanos que han sufrido la impunidad y el tráfico de influencias en su perjuicio y vemos sencillo opinar y juzgar abiertamente, siendo tan sólo un tercero y espectador.
En México sufrimos de una “enfermedad” llamada actuación médica dolosa, y ésta acción, suele ocurrir, desafortunadamente algunas veces, en hospitales públicos y los privados.
El 9 de enero del presente año, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) solicitó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), brindara el número de quejas o denuncias por negligencia médica desde el año 2006 hasta el 2013; con base a esto, el organismo menciona que de cada 100 quejas interpuestas por presunta negligencia médica, sólo dos concluyen con fallos contra el doctor investigado.
Esto indica que del 100% de las quejas por negligencia, sólo el 2% termina en fallos a favor del quejoso.
Según la estadística de quejas concluidas por modalidad del Conamed, el 2013 se finalizó con tan sólo 43 sentencias condenatorias para el acusado, de los 1775 procesos desahogados.
Dentro del mismo órgano nacional, se encuentra el registro de dictámenes concluidos por la especialidad relacionada con el diagnostico o procedimiento aplicado en la atención médica involucrada en la queja, con un numero de 174 casos, donde se pudo comprobar la mala práctica de los médicos, predominando en cirugías; y ubica al Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer lugar en cuanto a quejas por negligencias médicas, con mil 68 expedientes, seguido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con 319 casos.
En cuanto al año en curso, no existe un documento oficial, exacto y detallado que nos indique de qué manera ha avanzado éste problema. Sin embargo, lo que si indica el mismo Organismo según sus datos, es que en lo que va del año, existen 20 casos en los que se ha podido comprobar la mala práctica de los médicos, encabezando la lista negra de igual manera el IMSS e ISSSTE.
Últimamente, se han incrementado los casos de negligencia médica tanto en hospitales públicos como privados.
La mayor parte de las personas consideran una pérdida de tiempo presentar una queja ante las autoridades, pues consideran que el proceso carece de transparencia y es “luchar contra un monstruo”, ya que en ocasiones se presenta encubrimiento por parte de los titulares de la institución hacia sus empleados.
Un claro ejemplo son las situaciones que se suscitaron en el Centro de Salud Rural de San Felipe Jalapa de Díaz y San Antonio de la Cal, en el Estado de Oaxaca, donde en varias ocasiones se le ha negado la atención a mujeres en fase de parto, motivo por el cual se han visto en la necesidad de dar a luz en jardines y vías públicas.
Otro caso más, donde incluso se solicitó a la PGR, ahora Fiscalía General de la Republica, iniciar averiguación previa en contra del personal médico de en un Hospital de la Secretaría Federal, por inadecuada atención a una persona de 55 años que acudió por problemas de hemorroides, al no valorarlo correctamente, le causaron la muerte.
Hace poco también, la CNDH emitió recomendación en contra del Gobernador Rolando Zapata Bello en el Estado de Yucatán, por presunta negligencia médica en dos hospitales públicos en dicha entidad, quienes causaron la muerte de una indígena maya con embarazo gemelar, como a sus bebés en gestación.
La lista es larga y podríamos mencionar varios casos, así que solo comento uno último y por el cual presentamos a ustedes este punto de acuerdo.
El caso del señor Edgar Mondragón Bustamante, padre del menor Ismael Mondragón Molina, fallecido el 15 de diciembre de 2004 dentro del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en el cual, tal como se evidencia del caudal probatorio, se fueron cometiendo de manera sistemática y evidente, actos de negligencia médica y encubrimiento por parte de distintos servidores públicos participes directos e indirectos dentro de las investigaciones de dicho caso.
Al menor mencionado, le fue diagnosticada “craneosinostosis”, enfermedad que impide el correcto desarrollo del cerebro; el cual fue atendido por el doctor José Manuel Orozco Vázquez, cirujano dentista maxilofacial, quien opero al menor, sin contar con la especialidad adecuada, situación que a la fecha ha quedado impune pese al amplio caudal de pruebas y dictámenes que se han desahogado en el proceso.
Cabe destacar que el Hospital Infantil no asignó al Doctor Orozco Vázquez; éste fue designado por el neurólogo pediatra Doctor Oscar Alberto Campbell Araujo, médico ajeno a la institución. Mismo que indicó y valoró al menor, asumiendo que requería de un tratamiento quirúrgico con “distensores craneales”, método considerado controvertido y no avalado por el Colegio de Neurocirujanos y sus peritos.
A base de engaños, el mencionado doctor que atendió al menor, realizó una neurocirugía, siendo el médico un cirujano dentista maxilofacial.
Según el acucioso dictamen de los Peritos Médicos Legistas, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, pericial médica a cargo del Colegio de Neurólogos y Neurocirujanos del Estado de Sonora, la Conamed, y pericial a cargo del Instituto Nacional de Pediatría, se dictaminan a favor del menor Ismael Mondragón Molina, y se señalan como responsables de mala praxis a los médicos, con pruebas contundentes, que sin embargo, en un extremo por demás inadmisible fueron soslayadas por el juez de la causa, quien confirió impunidad al hecho pues determino culpabilidad médica.
Es por ello que mediante amparos y otras acciones legales realizadas por el ofendido Señor Mondragón Bustamante, el 31 de mayo de 2010, el Agente del Ministerio Público solicita al Juez, 18 órdenes de aprehensión en contra de diversas personas, incluido el comité de morbi-mortalidad del Hospital Infantil del Estado, por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones en perjuicio de la fe pública y procuración y administración de justicia, mismas que fueron rechazadas bajo el supuesto “falta de acreditación de los hechos”, siendo necesario que el juez determine conforme a la realidad de los hechos, la determinación de ‘homicidio doloso’.
Es evidente que el caso del menor Ismael Mondragón Molina ha tomado dimensiones que no debió, y es tal la situación, que a diez años de los hechos, el padre del fallecido ha agotado ya todos sus recursos y todas las instancias para esclarecer y hacer justicia en contra de los culpables de la muerte de su hijo.
El día de hoy presentamos este punto de acuerdo, en el cual se detallan brevemente los hechos y se exhorta a que se tomen las medidas pertinentes y que las autoridades responsables esclarezcan los hechos.
Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta el firme compromiso de velar y garantizarse el interés superior de la niñez, previsto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Convención sobre los derechos del niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal instruya al procurador general de la República, para atraer la investigación del caso y evitar que quede impune el crimen denunciado por el señor Mondragón Bustamante.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que de audiencia al recurrente de justicia, y emita recomendación sobre el caso y se atienda al señor Mondragón Bustamante.
Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Sonora; presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Poder Legislativo del estado de Sonora, impidan la impunidad en el caso planteado y en su momento se dicte sentencia de acuerdo a los elementos ofrecidos en las probatorias que proporcione el actor.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a que realice junto con su gobierno una estrategia para prevenir las malas prácticas médicas, atiendan y sancionen las mismas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 2 días del mes de diciembre de 2014.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a organizar por las comisiones dictaminadoras audiencias públicas y foros ciudadanos a fin de contar con opiniones de expertos e interesados en los temas de las iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Ejecutivo federal para atender el problema de inseguridad, justicia y corrupción, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara Miriam, diputado en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Los hechos de violencia sucedidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala en contra de los estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, pusieron al descubierto la colusión de instancias de gobierno con la delincuencia organizada. La indignación nacional e internacional se ha manifestado con una participación diversa y plural, en todos los foros posibles con acciones que recuperan la dignidad humana y el valor por la vida y la libertad, en foros políticos, culturales y artísticos, como protestas en las embajadas de México en países europeos y asiáticos, el rechazo en foros internacionales a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, así como la exigencia de gobiernos y parlamentos de otros países para que se investigue el paradero de los normalistas.
La crisis de legitimidad del gobierno federal, exhibida a la opinión pública, por las protestas contra la desaparición de 43 estudiantes normalistas tiene repercusión internacional que le han preocupado al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, quien el jueves 27 de noviembre de 2014, anunció diez medidas por la paz, la unidad y la justicia.
A partir del reconocimiento de que la justicia rebasa el ámbito legal, anunció la presentación de iniciativas de reformas constitucionales y legales con los siguientes temas:
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Se enviará una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir esta ley.
2. Redefinición del sistema de competencias en materia penal.
3. Creación obligatoria de policías estatales únicas.
4. Creación de un teléfono único para emergencias, a nivel nacional.
5. Clave única de identidad.
6. Operativos especiales para la seguridad y el orden.
7. Derecho humano a la justicia.
8. Fortalecimiento de los instrumentos para proteger los derechos humanos.
9. Combate a la corrupción.
10. Gobierno abierto, promotor de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.
Asimismo, el Ejecutivo federal informó que se cumplirá con el plazo establecido para la entrada en vigor de los juicios orales en materia penal, además de impulsar una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana, que afecta la vida diaria de los ciudadanos, para lo cual el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, organizará foros de consulta con juristas, académicos y la sociedad civil. Anunciando que sus recomendaciones serán públicas y se entregarán al presidente en un máximo de 90 días. A partir de estas propuestas, se compromete el Ejecutivo federal a instrumentar acciones y presentar iniciativas para transformar el acceso a la justicia cotidiana.
Considerando que el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en el proceso legislativo de dictamen la comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:
I. La opinión de los especialistas en la materia;
II. A los grupos interesados, si los hubiere;
III. A los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas de particulares que detenten una concesión del Estado;
IV. A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y
V. Las opiniones de los ciudadanos.
El proceso legislativo de dictamen de las iniciativas anunciadas por el titular del Poder Ejecutivo, en el contexto de demanda de justicia y seguridad, que miles de ciudadanos exigen en protestas y manifestaciones pacíficas y legales, requiere que Poder Legislativo abra espacios de análisis y opinión en los que sean los ciudadanos, las organizaciones de estudiantes y defensoras de derechos humanos, así como las instituciones de educación superior y especialistas, quienes aporten sus experiencias y propuestas en la construcción de un nuevo marco constitucional y legal en el combate a la corrupción y la impunidad, así como para la construcción de un nuevo sistema de justicia, a partir de las propuestas que presente el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Sería un error político y de proceso legislativo excluir a los ciudadanos y sus organizaciones de un proceso que busca reconstruir un pacto social de convivencia a partir de la regeneración de las funciones del Estado mexicano.
Por otra parte, la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión determinan a este servicio público como de interés general para satisfacer los derechos de las audiencias, por lo que los concesionarios en sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución, destacando de entre estos derechos el de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación; recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad; se prohíbe en la prestación de los servicios de radiodifusión toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y el respeto de los derechos humanos. Por lo anterior, esta Cámara de Diputados debe exhortar a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus respectivas competencias garanticen a las audiencias la información de los trabajos que en audiencia pública y foros ciudadanos organicen las comisiones dictaminadoras de las Cámara de Diputados sobre las iniciativas que en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción presente el Ejecutivo federal.
Por ello, proponemos a esta asamblea, proposición de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que a través de las comisiones dictaminadoras de las iniciativas que presenta el Ejecutivo federal en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción, organicen audiencias y foros ciudadanos en los que se analicen las iniciativas propuestas.
Segundo. Las comisiones a las que se turnen las iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por el titular del Poder Ejecutivo, a través de convocatoria pública abierta, considerarán las opiniones y propuestas de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos y de investigadores y académicos en las materias que les correspondan, previo a la elaboración del dictamen que corresponda.
Tercero. La Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso, garantizará la máxima publicidad de las audiencias y foros que organicen las Comisiones Dictaminadoras en el análisis y discusión de las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo federal.
Cuarto. En el tiempo oficial de radio y televisión que corresponde a la Cámara de Diputados se difundirán cápsulas informativas de las audiencias y foros ciudadanos organizados por las comisiones dictaminadoras.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de su competencia garanticen el derecho de las audiencias a información oportuna, plural y objetiva del proceso de análisis y discusión de las iniciativas de reforma constitucionales y legales presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a definir la estrategia nacional que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán aplicar para dignificar la vida de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes:
Consideraciones
Es una realidad que en nuestro país hay un importante sector de la población que sufre diversos grados de discapacidad, lo que lo convierte en un sector vulnerable, toda vez que se ven limitados para ejercer a plenitud sus derechos humanos y sociales, tales como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda y a la educación, entre otros, afectando con ello gravemente su desarrollo integral ya que esto propicia su exclusión para participar de manera plena en la vida de la propia sociedad.
Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el “Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 – 1992)”, con lo que se promovió la intervención urgente de los países miembros para llevar a cabo una seria reflexión y la pronta toma de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, procurando su bienestar, y su inclusión en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de las naciones, garantizando el respeto e igualdad de derechos de las personas que tienen alguna discapacidad,1 teniendo como resultado inmediato de esta declaración, la celebración del 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual fue firmada por México en 2008.
En México a través del Censo de Población y Vivienda 2010 que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se determinó que nuestro país contaba con una población de alrededor de 112 millones y de ellas cerca de 5.7 millones señalaron tener alguna limitación o dificultad para llevar a cabo sus actividades cotidianas indispensables como son caminar, moverse, ver, escuchar, hablar, poner atención, etc. Es decir son personas que tienen alguna discapacidad, lo que sin duda les genera la imposibilidad de un desarrollo pleno en el ejercicio de todos sus derechos.2
Sin perjuicio del mayor o menor grado de discapacidad, el Inegi precisó que el tipo de discapacidad más frecuente se refiere a la movilidad es decir la que se presenta para caminar o moverse que afecta al 58% del total de la población con discapacidad. La presencia de diversas limitaciones se registra en esta población señalada en un 27.2% en la relativa al sentido de la vista; en un 12.1% para escuchar; en un 8.5% en el aspecto mental; en un 8.3% en relación al habla; en un 5.5% en la capacidad para atender el cuidado personal y refiere básicamente a la posibilidad de vestirse, bañarse o comer y finalmente en un 4.4% para poner atención o aprender. Las limitaciones para caminar o moverse y para ver representan el 85.5% de todas las discapacidades que el Censo 2010 se registraron.3
Uno de los aspectos fundamentales derivados de la información que mencionamos se refiere al respeto de los derechos de la población que en alguna medida padece discapacidad y resulta muy preocupante el resultado de la encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS) del año 2010 que señala que 70 de cada 100 personas en el país consideran que no se respetan o sólo se respetan parcialmente los derechos de la población que padece alguna discapacidad y llama la atención que el 93.8% de las personas con discapacidad consideran que no se respetan sus derechos o sólo se hacen parcialmente.4
Toda esta situación se agrava porque solo el 68.8% de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud; y que decir sobre su situación académica donde su logro alcanzado se relaciona con el acceso y la infraestructura: la población mayor de 15 años, 27.9% no tiene estudios,7 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% un año de secundaria, 7.3% un año de media superior, 5.2% un año en superior, y su promedio de escolaridad es 4.7 años aprobados. Mientras que aquellas personas que padecen dificultad mental, para hablar o comunicarse y poner atención o aprender son las que concentran los promedios de escolaridad más bajos (3.4 y 3.3 años).5
Sin lugar a dudas los anteriores datos confirman que la discapacidad tiene relación directa con el bajo nivel académico de aquellos que la padecen.
De la población económicamente activa (PEA), la población que padece alguna discapacidad, 95.1% está ocupada, es decir tiene trabajo; de ellos, 39% son empleados u obreros, 38% trabajadores por cuenta propia, 6% jornaleros o peones, 6% ayudantes, 5% trabajadores familiares sin pago y 3% patrones o empleadores, el resto no especificó su posición en el trabajo pero, el Censo del 2010, reporta que, 14% no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual, 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Es decir, cerca del 60% gana menos de 2 salarios mínimos.
De igual manera los datos reflejan que la población que padece alguna discapacidad, enfrenta en el aspecto laboral una condición de desventaja que se refleja en un escenario económico complejo y desalentador. Sufren de discriminación, ya que un alto porcentaje de ellos considera que sus derechos no son respetados. Sus principales preocupaciones son: el desempleo, la discriminación, la autosuficiencia y los pocos o nulos apoyos gubernamentales.
La población con discapacidad vive con graves rezagos de atención y de solución a sus necesidades, ya que sufren de los peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.
Actualmente contamos con la información veraz, suficiente y ordenada para conocer con precisión la difícil situación que afrontan las personas que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, esta información también nos refleja, sin lugar a dudas, que no existe una política, ni estrategia nacional para atender este problema, reconociendo que en distintos ámbitos se hacen valiosos esfuerzos para resolver el problema. Pero sus resultados son limitados por estar descoordinadas las medidas que se aplican.
Lo anterior hace patente la necesidad de englobar todas las acciones en la materia dentro de una política y estrategia nacional para aplicar soluciones en la misma dirección. Fortalecer los resultados sobre la base de la aplicación de una estrategia general, cuya responsabilidad recae en el Ejecutivo Federal para diseñar y coordinar su aplicación en los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de que estos las ejecuten en el ámbito de sus propias facultades y jurisdicciones, pero sobre todo, tomar en cuenta lo antes posible, las Recomendaciones Finales que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU),6 sobre el caso de México en el mes de octubre del presente año, en relación a la discapacidad y en la que destaca la relativa a que el Estado establezca líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión, y lo alienta a aumentar sus esfuerzos desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales a fin de que expida legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y así mismo debe de contar con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normatividad relativa a la accesibilidad.7
Apostemos por una inclusión verdadera de este sector de la población en el goce de sus derechos elementales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que defina la estrategia nacional que deberán aplicar las autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de erradicar los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad e impiden la igualdad y provocan discriminación, tales como el acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona, tortura y malos tratos, explotación, violencia y abuso, integridad personal, libertad de desplazamiento y nacionalidad, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; respeto del hogar y de la familia, educación, salud, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección social, participación en la vida política y pública, entre otros.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/index.html
2 Durante el Censo de Población y Vivienda 2010 se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado. El último incluyó las preguntas del primero e incorporó otras para profundizar en diversos temas. Se aplicó solo un tipo de cuestionario por vivienda. Con el cuestionario ampliado se censaron alrededor de 2.9 millones de viviendas seleccionadas mediante un muestreo probabilístico, lo cual garantiza que esta muestra permite hacer inferencias sobre las características de toda la población.
3 Es importante señalar que debido a que la población podía reportar más de una dificultad, la cantidad de éstas es superior al número de personas con discapacidad.
4 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_biblioteca&id_ar ticle=1441
5Incluye al preescolar, dado que al tratarse de personas de 15 años y más, completar algún año en preescolar no se considera como grado terminado de la educación básica.
6 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observaciones finales sobre el informe inicial de México, CRPD7C7MEX/CO71, 27 de octubre de 2014.
7 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de Naciones Unidas (ONU) 27 de octubre de 2014
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 2 días del mes de diciembre de 2014.
Diputada Cristina Olvera Barrios
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Raquel Jiménez Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique Flores Flores y Fernando Rodríguez Doval, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral i, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes
Consideraciones
Primera
La vida es el eje de todos los derechos. El derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inherente a su naturaleza, siendo este el inicio de todo orden social principio mismo de su existencia.
El respeto a la vida como derecho humano fundamental debe ser principio imprescindible de nuestras leyes, sin él es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos. Es por ello que asumiendo el compromiso como representantes de los niños y niñas que aun no pueden hablar, ni defenderse, por la etapa misma en la que se encuentran, proponemos a modo de respeto y justicia celebrar de manera oficial el Día del Niño por Nacer.
Para el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestros principios de doctrina, “la vida y la dignidad de ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta la muerte natural”, rector de nuestras acciones.
Segunda
Antecedentes
Esta celebración fue constituida por primera ocasión en El Salvador, siguiéndole Argentina, declarándose el 25 de marzo de 1999, por el reconocimiento de los no nacidos, ante ello el presidente en ese entonces, Carlos Saúl Menem, expresó en una carta a los presidentes de los países de América latina, España, Portugal y Filipinas, la invitación de unirse al decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998, donde se pide declarar oficialmente Día del Niño por Nacer.
En diversos países de América Latina y Europa aprobaron el proyecto declarando al 25 de marzo de cada año como el Día del Niño por Nacer, acogiéndolo con diferente nombre en cada país por su ideología, con el propósito de promover una cultura y defensa de la vida desde el momento de su concepción.
El Congreso de Guatemala el 20 de mayo de 1999 declaró el 25 de marzo como Día nacional del Niño no nacido. La declaración oficial señala que de esta manera se espera “promover una cultura de vida y de defensa de la vida desde el momento de su concepción”.
En Chile , a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas y varios alcaldes, el 18 de mayo de 1999, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el que se solicita al presidente de la República se sirva declarar al 25 de marzo de cada año como el Día del Niño Concebido.
En el marco del tercer Encuentro de Políticos y Legisladores de América, que se realizó del 3 al 5 de agosto de 1999 en Buenos Aires, Argentina, la primera dama de Costa Rica , Lorena Clara de Rodríguez, anunció la celebración de un día por la vida del no nacido en Costa Rica. El entonces presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, proclamó el 27 de julio como Día Nacional de la Vida Antes de Nacer.
En Nicaragua , el presidente de la República, Arnoldo Alemán, dictó el 25 de enero de 2000, un decreto por el que declara al 25 de marzo de cada año como el Día del Niño por Nacer. El primer magistrado nicaragüense fundamenta su resolución en que la Constitución Política de la República, en su artículo 23 declara que “el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana”. Luego añade que como “la vida humana necesita de cuidado y protección especiales, tanto antes como después del nacimiento”, el estado nicaragüense reconoce “como una de sus prioridades velar por el desarrollo integral de las personas por nacer”. Finalmente el decreto reconoce que “el derecho a la vida, inherente a cada uno de los habitantes de la nación y del mundo, constituye el eje principal de los derechos humanos y por tanto, merece de la decidida atención del estado, sus instituciones y de toda la sociedad nicaragüense”.
En República Dominicana fue aprobada, a comienzos de 2001, la ley que instituye la celebración, considerando como “apropiado y necesario consignar un día al niño por nacer, con la finalidad de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno”.
En Brasil el proyecto de ley que instituirá el Día del Niño por Nacer, espera su aprobación en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa del diputado Severino Cavalcanti (PPB/PE), que reclama la fiesta para cada 25 de marzo.
De lo anterior, claramente se advierte que con el paso del tiempo la importancia del día del niño por nacer se ha vuelto aún más relevante, con el objetivo de promover una cultura de defensa de la vida desde el momento de su concepción. Dicho día se celebra con el fin de propiciar la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que porta en su seno.
Tercera
En ese tenor, como legisladores tenemos la obligación de establecer puntualmente en las leyes en la materia, principalmente en nuestra Constitución política y en cumplimiento de los tratados internacionales, el derecho a la vida desde la concepción, con la finalidad de no dejarlo a interpretaciones, con ello se lograría respetar la dignidad humana y más aún por los seres indefensos que están por nacer.
Ante esta necesidad de que nuestra ley sea muy clara, presentamos una reforma al artículo 4o. constitucional que a la letra dice:
Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El estado garantizará la protección integral de los derechos del niño no nacido desde la concepción.
“Párrafos segundo al décimo...”
Podemos ver que, a través de diversos estudios realizados por científicos, antropólogos, abogados, sociólogos, entro otros, se tiene presente el privilegio del derecho a la vida y a la situación natural de su presencia, para contar con leyes más congruentes a los principios del ser humano, sin embargo existe una gama de mecanismos para la interrupción de la vida. La ausencia de un documento escrito, clarificando en nuestra ley suprema del derecho a la vida desde la concepción, apegándose al respeto de la dignidad humana ha provocado que legislaturas locales expidan ordenamientos jurídicos en la materia a favor del aborto, dejando desprotegidos tanto a la futura madre, como al no nacido.
De acuerdo a estudios psicológicos, la sola acción del aborto daña física y emocionalmente a la mujer y a la familia. La propaganda a favor del aborto mal informa que éste es médicamente seguro, con lo que han argumentado su legalización, esto debido a la cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal, llamando engañosamente a éste maternidad sin riesgos; sin embargo, existen múltiples complicaciones como lo son hemorragias, embolias pulmonares, incluso la muerte.
No pasa desapercibido que tanto las mujeres como los hombres, quienes son también parte importante en este doloroso proceso, sufren física y emocionalmente de lo que ya se ha identificado como el síndrome postaborto, registrando en muchas ocasiones sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, tendencia al suicidio, pesadillas del evento, entre otros, cuestiones que las leyes no prevén ni apoyan en ningún sentido, como apoyo en tal decisión que pueden arrastrar como secuela para el resto de sus vidas.
Por lo anterior, resaltamos la importancia de concientizar a las mujeres y a los hombres de la importancia y respeto del niño por nacer, solicitando que se instrumenten acciones para instituir este importante día.
Señoras y señores, reconozcamos el derecho a la vida desde la concepción, cualquier valor humano necesita de la vida para hacerse realidad. Si no hay vida todo valor carece de sentido.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputados: Raquel Jiménez Cerrillo, Jesús Oviedo Herrera, José Alfredo Botello Montes, Enrique Flores Flores, Fernando Rodríguez Doval (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno del estado de México en favor de la prevención del delito y la estrategia de seguridad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, del pasado septiembre de 2014, en lo que respecta a la delincuencia, 67.0 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.1
Otra dato importante a señalar de la citada encuesta resalta al considerar los resultados obtenidos en septiembre de 2013 y compararlos con el mismo periodo de 2014, se observa la población considera que la situación de la delincuencia “seguirá igual de mal” o que “empeorará”, el incremento sobre que la situación empeorara es de 3.4 puntos porcentuales.
Asimismo se ve una marcada disminución en la expectativa de “mejora” de la seguridad pública en 4.1 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2013.
Que la percepción del desempeño de la policía fue calificado por el 66.0 por ciento de la población encuestada como “poco o nada efectivo” en cuanto a prevención y combate a la delincuencia se refiere.
Que los datos anteriores son muestra que existe una falla grave en la estrategia de seguridad pública, que ha dado por resultado el incremento de la violencia y la inseguridad.
Esto a pesar de que los recursos asignados a seguridad pública, se han venido incrementando anualmente, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el periodo 2006-2010 la variación nominal del presupuesto federal de seguridad como lo es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como algunas dependencias como la Procuraduría General de la Republica, las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, prácticamente triplicaron su presupuesto, al pasar de 16 mil 616 millones de pesos a 43 mil 906 millones de pesos. Los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad Pública se cuadriplicaron en este mismo periodo, al pasar de 8 mil 676 millones de pesos (2006) a 32 mil 437 millones de pesos (2010).2
Que nuestro país vive un deterioro social, lo cual obedece al crecimiento de la inseguridad y la ola de violencia con la cual se cometen los ilícitos como los robos, asaltos, secuestros y asesinatos.
Que lo anterior es pauta para decir que en materia de seguridad se está incumpliendo con lo señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a la letra reza en el Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3
Que un estado fuertemente golpeado por la inseguridad es el de México, en el cual el gobernador constitucional admitió que se han incrementado la incidencia y la presencia delictiva en la entidad, calificándolo como un hecho atípico y temporal.
Sin embrago las cifras deducen la temporalidad que el gobernador mexiquense cita, dado que respecto en un comparativo comprendido de 2007 a 2013, no existe un solo delito de alto impacto que no haya crecido en esa entidad.
Que en 2007, se cometieron mil 127 homicidios en el estado de México mientras que para 2013 sumaron mil 932.
Los números de homicidios en un comparativo de 2009 con 2013, debido a que se carecen de datos para 2007, se cometieron 801 con arma de fuego y mil 271, respectivamente.
En 2007 se reportaron 44 mil 772 robos con violencia; en 2013, 58 mil 432. En 2007 se reportaron 52 secuestros; en 2013, 191. Finalmente, en 2012 (no hay datos previos) se reportaron mil 39 extorsiones; en 2013, mil 668.4
Que el estado de México durante 2012, ocupó el primer lugar nacional en denuncias de homicidio con 3 mil 804, segundo lugar en secuestro con 130, segundo lugar en extorsión mil 39, primer lugar en robo con violencia 54 mil 446 y primer lugar en robo de vehículo 53 mil 590.5
Para 2013, las estadísticas colocaron a la entidad mexiquense en los siguientes lugares;
Segundo lugar nacional en denuncias por homicidio doloso mil 932, primer lugar en extorsión mil 668, primer lugar en robo con violencia 58 mil 432, primer lugar en robo de vehículo 57 mil 881 y segundo lugar en robo a casa-habitación 10 mil 651.
Asimismo para 2014 el Observatorio Nacional Ciudadano, dio cuenta que el estado de México fue la entidad federativa que experimentó el mayor número de homicidios dolosos durante el primer mes del año en curso representando el 12.6 por ciento del total de los registrados en el país.
Que la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública que da a conocer el Inegi, subrayo que en 2013 el estado de México se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de ciudadanos que se siente inseguro con un 90.7 por ciento.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio cuenta que durante 2014, el estado de México se convirtió en la entidad donde se han cometido un mayor número de homicidios con mil 131, esto tan solo entre enero y junio.
La Secretaria de Gobernación anunció un plan estratégico de respaldo para el estado de México, debido al fuerte incremento de inseguridad.
En ese acuerdo de participación se ofreció el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República y del Sistema Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de México mediante la Procuraduría General de Justicia del estado de México, hagan de conocimiento la estrategia de seguridad implementada ante el incremento de las estadísticas de inseguridad que se vive en la entidad mexiquense.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a dar puntual seguimiento y hacer de conocimiento público las actuaciones de la Procuraduría de General de Justicia del estado de México, ante las denuncias presentadas por hechos relacionados en materia de seguridad del estado de México.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia del estado de México, para que en coordinación y en el ámbito de sus competencias, formulen acciones transversales de fortalecimiento y acercamiento de los policías locales del Estado de México, con la comunidad de la entidad, a fin de incentivar la prevención del delito.
Notas
1 http://www.inegi.org.mx/
2 http://cei.colmex.mx/
3 www.diputados.gob.mx
4 http://www.animalpolitico.com
5 www.milenio.com
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de diciembre de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la homologación de las condiciones de trabajo de los docentes del Conalep y su inscripción en el Seguro Social, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es una institución federalizada que consta de 307 planteles situados en las principales ciudades y zonas industriales del país.
Recién creada esta institución, se planteó un modelo de contratación de docentes con un máximo de 20 horas/semana/mes, es decir, el máximo de contratación era por medio tiempo; para que así, las personas que se desempeñaran como maestros, pudieran también continuar laborando en su campo profesional.
Esta situación cambió drásticamente con el transcurso del tiempo, debido a las modificaciones que ha sufrido el sistema educativo. Ahora, muchos de estos docentes no cuentan con más ingresos para subsistir que los que reciben por dar clases en esta institución. Y sin embargo, los modelos de contratación siguen siendo los mismos.
En dichos modelos se prevén numerosos tratos desiguales e injustos para estos maestros, como por ejemplo:
A los maestros del Conalep solamente se les pagan las horas de clase frente a grupo, sin considerar las horas que estos emplean en actividades de orientación, tutorías, preceptorías, preparación de clases, registro de calificaciones, actividades culturales y deportivas, entre otras.
Haciendo una comparación objetiva de los salarios, así como de las prestaciones que reciben, los del Conalep son sustancialmente más bajos que los que perciben maestros de otros subsistemas del Sistema de Educación.
Para ilustrar lo antes mencionado, citaremos como ejemplo que, mientras el profesor de la categoría más alta en el Conalep recibe $8,229.00 mensuales y tiene como prestaciones una compensación semestral a la que denominan “bono de productividad” misma que no excede los 3,000 pesos; una gratificación anual, y Seguridad Social en el ISSSTE, institutos estatales de Salud o en el IMSS (en algunos casos); el profesor de igual categoría en otro subsistema del tipo medio superior recibe $15,006.00 y tiene como prestaciones, además de las antes mencionadas, despensas, prima de antigüedad, compensación fija, compensación por productividad y actuación, ayuda para anteojos y ortopedia, ayuda para el festival del día de las madres y del niño, ayuda en libros por día del maestro, ayuda para tesis, ayuda para titulación, capacitación, tiempos extras, canastilla maternal, reposición de vacaciones por parto, estímulos, por jubilación, estímulo al desempeño docente, horas de descarga, vacaciones, 40 días de aguinaldo, entre otras. Esta diferencia se acentúa porque Conalep, DF, y Oaxaca, sólo reciben recursos del gobierno federal, no así del gobierno estatal.
A partir del 2008, con la Reforma Integral de la Educación Media Superior, se estableció que los docentes del Conalep deben cumplir con las mismas obligaciones en cuanto a perfiles o formación profesional que los docentes de otros subsistemas de la Educación Media Superior. Sin embargo, a pesar de que los requisitos impuestos para ambos fueran exactamente los mismos, los maestros del Conalep siguen sin recibir los mismos beneficios salariales ni prestaciones, esto debido a una falta de homologación en las condiciones laborales de los docentes del Conalep con los de los demás subsistemas de nivel medio superior.
Debido a que los recursos federales para el Distrito Federal y Oaxaca, así como los destinados a el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) para los demás estados de la república, no estaban debidamente etiquetados, no se distinguía que recursos correspondían al pago de los salarios y las prestaciones, lo que imposibilitaba el pago de las últimas, debido a que, en las ocasiones que se hizo uso de este recurso para cubrir el pago, se realizaron observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación y de Instancias de Control. Además hasta la fecha se desconoce el destino de dicho recurso.
Durante dos años se respetó dicha decisión, hasta que, en el 2013 y 2014, la presente legislatura no consideró recursos para este propósito en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo el proceso de incorporación ya había comenzado, obligando a los Colegios Estatales a asumir los costos, una vez más, ante riesgo de movilización de los docentes.
El hecho de que los Colegios Estatales se hayan visto obligados a hacerse cargo de dichos pagos, tanto para adquirir seguridad social básica para los docentes, como para cubrir los gastos del proceso de incorporación, ha afectado notoriamente la inversión para la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario así como el mantenimiento de dichos planteles, y los gastos operativos de los mismos; sin mencionar que, aun con el esfuerzo realizado por ellos, hay una insuficiencia financiera que tiñe de incertidumbre el proceso de incorporación de los maestros del Conalep a los esquemas de seguridad social, por otro lado la situación del Colegio en el caso del Distrito Federal y Oaxaca, es diferente pero no mejor, ya que no reciben ningún apoyo de los estados y deben cubrir sus necesidades solo con los recursos asignados por la federación.
Las condiciones de trabajo entre docentes del Conalep y de docentes de otros subsistemas del sistema de educación media superior deben ser homologadas y la situación de seguridad social de los primeros debe ser resuelta.
Somos conscientes de que no basta con solo decirlo o desearlo; se necesita la destinación de recursos para poder lograr el propósito de este punto de acuerdo.
Estimamos, en la propuesta de financiamiento de la seguridad social de los docentes del Conalep, se requiere la destinación de recursos por un monto total de $270,470,911.00 anuales, por un periodo de 4 años.
No podemos seguir siendo irresponsables e ignorar esta situación; porque de hacerlo, no sólo no estaríamos otorgándole a estos docentes las prestaciones que justamente les corresponden, sino que estaríamos incentivando a los maestros a movilizarse y tomar acciones para exigir al gobierno lo que legítimamente les corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública a crear un mecanismo que asegure que los recursos transferidos para cubrir los gastos del proceso de incorporación sean irreductibles a partir del 2015 y hasta el 2019, que concluya dicho proceso.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a homologar las condiciones de trabajo de los docentes de las instituciones de Educación Media Superior.
Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a modificar el modelo de contratación del docente del Conalep, estableciendo la modalidad de contratación por tiempo completo.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a modificar el Decreto de Creación del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) para reconocer al docente como trabajador con plenos derechos.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y al Conalep a transparentar el uso y destino del recurso liberado en el periodo 2011–2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de diciembre de 2014.
Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a elaborar, definir y encabezar por la Ssa la política nacional integral que deberán aplicar las autoridades de los tres niveles de gobierno sobre la lactancia materna, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 3, fracción XVIII; 6o. fracción I; 62, numerales 2 y 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes:
Consideraciones
El derecho a la alimentación ha sido reconocido en Tratados y documentos internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948,1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” 3 y en especial en la Convención de los Derechos del Niño de 1990.
Previendo en este último documento sobre la alimentación de los niños, que “Los Estados Parte reconocían el derecho pleno del niño a disfrutar del más alto nivel de salud por lo que adoptaría las medidas necesarias para la plena aplicación de este derecho” y con ello se “comprometía a combatir las enfermedades, la malnutrición y trabajar para erradicar el hambre, por lo que debían suministrar alimentos nutritivos adecuados y asegurar que todos los sectores de la sociedad, conozcan los principios básicos de la salud, la nutrición de los niños así informar sobre las ventajas de la lactancia materna y lograr incentivarla ” para salvaguardar a la población infantil y , reducir la mortalidad infantil, que en la década de los noventas a nivel mundial registró una mortalidad por desnutrición de 40.000 niños en menores de 5 años y que cada año, casi 6 millones de niños pierden la vida.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012) señala sobre la alimentación que reciben los niños en el país que “la lactancia se deterioró y ha llegado a niveles muy bajos, principalmente entre los más vulnerables. Su promoción, protección y apoyo deben ser integrales, coordinados, financiados y evaluados con liderazgo del Gobierno Federal y participación de diversos actores”.4
Este deterioro es resultado de no seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que impulsa y promueve el fortalecimiento y prevalencia de la lactancia materna como alimento exclusivo a partir de las primeras horas de vida y hasta los 6 meses, continuada por dos años o más como alimento complementario, si así lo desean. Mientras que en los meses que siguen, “la mayoría de los niños que reciben alimentos entre los 6 y 8 meses, consumen una dieta con una mínima diversidad en el segundo semestre de su vida”.
El Consejo Nacional de Población señala que en 2011 fallecieron 13.7 niños menores de un año por cada mil nacimientos, siendo Guerrero, Chiapas y Oaxaca las entidades con las tasas más altas (por encima de las 17 defunciones por cada mil).
Practicar una lactancia materna como alimentación exclusiva durante los primeros seis meses de vida y como complementaria hasta los dos años de edad como recomienda la Organización Mundial de la Salud,5 es la forma más eficaz de asegurar la salud y la supervivencia de nuestros niños, ya que con ello, se previene no solo la malnutrición, sino que también se reduce la mortalidad del lactante evitando el padecimiento de enfermedades frecuentes en la infancia como consecuencia de una inadecuada alimentación, tales como la diarrea o la neumonía y además, ayuda a la recuperación más rápida de las enfermedades.
La leche materna debe ser el primer alimento que los recién nacidos reciban, ya que después de diversas investigaciones que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, se ha comprobado que proporciona toda la energía y los nutrientes necesarios que necesitan durante sus primeros meses de vida y en la segunda mitad del primer año aporta al menos la mitad de sus necesidades nutricionales y hasta un tercio durante, el segundo año de vida.
Dentro de los muchos beneficios que aporta la leche materna, se encuentra el desarrollo sensorial y cognitivo, protege al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas tanto respiratorias como gastrointestinales. También contribuye a la salud y el bienestar de la madre al disminuir el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y en el país, se convierte en una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente.
En respuesta, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han elaborado la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño,”6 para impulsar y reavivar la atención que los gobiernos del mundo, deben prestar sobre las repercusiones de las prácticas de alimentación en el estado de nutrición, el crecimiento, el desarrollo, la salud, y en suma, a la propia supervivencia de los lactantes y los niños pequeños, así como las formas de proteger, fomentar y apoyar la práctica de la lactancia materna pero, el éxito de la aplicación de la estrategia mundial se basa, ante todo, en el logro de un compromiso político al más alto nivel y en el allegamiento de los recursos humanos y financieros indispensables.7
Reconocemos que las acciones que se han emprendido para incentivar la lactancia materna y sus beneficios nutricionales en el país son objetivas tales como, el reciente anuncio que realizó la Comisión Nacional de Protección Social de la Salud (CNPSS) que prevé la creación de 30 bancos de leche con una inversión de 30 millones de pesos en el país;8 como las actividades que ha realizado el Gobierno del Distrito Federal a través del anuncio del secretario de Salud, doctor Armando Ahued Ortega, sobre el arranque de la segunda etapa de la campaña sobre lactancia materna en la Ciudad de México.9
No obstante, las decisiones y acciones que se toman por parte de las autoridades ya sea federales o locales, no son dirigidas y delineadas bajo una Política Nacional y menos de manera integral, por lo que no podremos reconocer la eficiencia de sus resultados, es decir, que los esfuerzos se transforman en poco útiles, ya que se puede señalar que la lactancia materna aun muestra señales de disminución como en la “Ciudad de México que es del 35 por ciento, mientras que en las zonas rurales la cifra cayó hasta 50 por ciento”.10
Mientras que por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que México se encuentra entre los países que menos practican la lactancia materna11 y recientemente, en el mes de julio del presente año, Save the Children alerta que “85% de bebés mexicanos no reciben lactancia materna en los primeros 6 meses de vida”12
Durante las últimas décadas se han recopilado pruebas sobre las ventajas sanitarias de la lactancia materna que permiten contar con nuevas y numerosas recomendaciones para optar por este tipo de alimentación y todo esto, lo reafirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) con plena seguridad al pronunciarse que la lactancia materna reduce mayormente la mortalidad infantil y que sus beneficios pueden repercutir satisfactoriamente hasta la edad adulta.
Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los seis primeros meses, la OMS y la UNICEF recomiendan:
• Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida;
• Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua;
• Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche;
• No utilizar biberones, tetinas o chupetes.
La realidad que impera en el país, hace urgente y prioritario que el Gobierno Federal elabore una Política Pública Nacional e Integral en beneficio de la alimentación del lactante y del niño pequeño, situación de la que hasta el momento se carece en el país.
Sabemos que contar con una Política Pública Nacional e Integral sobre lactancia materna, define una importante estrategia en beneficio de toda la población ya que en ella prevalecerá la importancia de una alimentación adecuada para el lactante y niño pequeño y se podrá asegurar que los servicios de salud protejan, fomenten y apoyen la lactancia natural exclusiva y una alimentación complementaria oportuna y adecuada sin interrupción de la lactancia natural.
También, con esta política deberán detallarse las metas y objetivos definidos que se perseguirán, deberá contar con un calendario para su logro, así como la distribución de responsabilidades para la aplicación e indicadores cuantificables para su supervisión y evaluación, tal como lo recomienda la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño” 13 y que han retomado en distintas ocasiones hasta nuestros días la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que también ha sido una recomendación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,14 haciendo énfasis en el señalamiento que se ha hecho en el 1er. Y 2do Foro Nacional de la Lactancia Materna que se han celebrado en el país.15
Es fundamental que la cuestión de la alimentación mejorada del lactante y del niño pequeño siga ocupando un lugar destacado en el programa de acción de salud pública para consolidar los avances que podrá obtener el país con respecto a la lactancia materna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. se exhorta al poder ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Salud, para que proceda a la definición de la política nacional integral aplicable en materia de la lactancia materna, que describa los objetivos y metas a los que se deberán sujetar las autoridades de los tres niveles de gobierno, de manera que las acciones y esfuerzos que emprendan como parte de Dicha Política, intensifiquen el fomento a la lactancia materna en el país para el beneficio y bienestar de los ciudadanos en general pero, principalmente de la población infantil de cero y hasta el segundo año de vida, evitando que las medidas y esfuerzos resulten ser dispersos y bajo perspectivas desiguales.
Notas
1 Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, artículo 11. 1, que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.
3 Protocolo de San Salvador, artículo 12. 1, que establece que: “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.
4 Prácticas de alimentación infantil y deterioro de la lactancia materna en México”, Presentar prácticas de alimentación infantil (PAI) en México de la Encuesta Nacional Salud y Nutrición Ensanut 2012) y ofrecer información para el desarrollo de políticas públicas, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Resultados Nacionales 2012, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2012.
5 Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 datos sobre la lactancia materna, febrero 2014. http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 “Anuncian creación de 30 bancos de leche materna este año en el país”, México, 27 Abr. (Notimex). Los 30 nuevos bancos que se construirán se ubicarán en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Durango, Apatzingán. Así como en Tepic, Chetumal, La Paz, Hermosillo, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Victoria y Campeche, entre otras ciudades, según se informó en un comunicado. NTX/JRD/MAC
https://mx.noticias.yahoo.com/anuncian-creaci%C3%B3n-30- bancos-leche-materna-a%C3%B1o-pa%C3%ADs-223314767.html
9 “Anuncian segunda etapa de campaña sobre lactancia materna en el DF”, 22 de Julio de 2014. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tras más de dos meses de reuniones de trabajo y coordinación con organizaciones civiles pro lactancia, instituciones gubernamentales, legisladoras y promotoras de los derechos de la mujer en la Ciudad de México, se logró avanzar en esta segunda fase informativa, con el lema “La leche materna es salud y nutrición, Infórmate y decide”, la cual busca promover los beneficios de amamantar para las mujeres y sus bebés, además de concientizar a las madres capitalinas sobre su derecho a decidir libremente el mejor método para alimentar a sus hijos. http://www.aldf.gob.mx/comsoc-anuncian-2da-etapa-campana-sobre-lactanci a-materna-df—18689.html
10 “Disminuye lactancia materna 35% en la Ciudad de México, Milenio. La lactancia materna en la Ciudad de México disminuyó en 35 por ciento, en zonas rurales cayó hasta 50 % informó el subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina, Román Rosales Avilés. http://www.milenio.com/cultura/Disminuye-lactancia-materna-Ciudad-Mexic o_0_346765355.html
11 México, entre los 20 países que menos practican la lactancia materna: Unicef. Laura Gómez | México, D.F. 23 de abril, 2014. La lactancia materna en México es muy baja, colocándose entre los 20 países del mundo que menos la práctica, cuando “es un superalimento que salva vidas y reduce los riesgos de obesidad y desnutrición”, afirmó la representante de la Unicef en México, Isabel M. Crowley. – http://alianzasalud.org.mx/2014/04/mexico-entre-los-20-paises-que-menos -practican-la-lactancia-materna-unicef/#sthash.UaaT4wYU.dpuf
12 “85% de bebés mexicanos no reciben lactancia materna en los primeros 6 meses: expertos”. La lactancia es una de las etapas más importantes de la vida de un bebé. 85% de los bebes en México no recibe los beneficios de la lactancia materna exclusiva, alerta Save The Children, al recordar que la leche materna es fundamental en la reducción de mortalidad infantil. En el marco de las celebraciones de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Save the Children, demandan el compromiso del gobierno mexicano para incrementar el índice de niñas y niños que reciben leche materna en los primeros meses de vida.
http://www.elmanana.com/diario/noticia/nacional/noticias/85_de_bebes_mexicanos_no_reciben_lactancia_materna_en_los_primeros_6_meses:_expertos/2528134
13 “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño”. Punto 36, de los Gobiernos: La obligación principal de los gobiernos es formular, aplicar, supervisar y evaluar una política nacional integral sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. Para que esa política tenga éxito, además del compromiso político al más alto nivel se requiere una coordinación nacional eficaz, que asegure la colaboración plena de todos los organismos públicos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas. A tal efecto es necesario recabar y evaluar de forma continua la información relativa a las políticas y prácticas de alimentación. Los gobiernos regionales y locales también tienen un papel importante que desempeñar en la aplicación de esta estrategia.
14 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, “Evidencia de la lactancia materna: dejar fórmulas y apegarse a los básico”. Recomendaciones y acciones para actores estratégicos: Desarrollar un plan de acción con metas y objetivos definidos, calendarios de cumplimiento, distribución de responsabilidades y propuesta de indicadores objetivos y cuantificables para supervisión y evaluación.
15 1er Foro Nacional de Lactancia Materna 2013. “La buena nutrición comienza con la lactancia, , organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, Senado de la República, UNICEF y la Asociación Civil “Un kilo de ayuda”; 2do Foro Nacional de la Lactancia Materna 2014, celebrado en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Evento organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, Cámara de Diputados, Senado de la República, Representación de la UNICEF en México y la Organización Civil “Un Kilo de Ayuda”.
Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 2 días del mes de diciembre de 2014.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales a establecer una mesa de alto nivel a fin de implantar en coordinación las acciones correspondientes con los gobiernos de Oaxaca y Veracruz para la ejecución del proyecto del corredor transístmico, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que existe la alternativa de desarrollo entre los estados de Oaxaca y Veracruz denominada Corredor Transístmico, fundamentado en el gran potencial económico y la posición estratégica de la zona del Istmo de Tehuantepec, cimentado en la importancia de conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico.
Que desde hace años se han realizado en México distintos estudios evaluando la factibilidad del corredor comercial que conecte los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.
Este proyecto surge como alternativa para competir con el Canal de Panamá, mismo que acorta distancias, tiempo y costos de transporte entre los centros de producción y consumo. Hoy, el Canal de Panamá es sinónimo de conectividad, pues cuenta con 144 rutas marítimas y sus operaciones llegan a mil 700 puertos en 160 países.1
En México al igual que en Panamá debe aprovecharse la posición geográfica, clave para determinar el crecimiento y desarrollo económico.
Que Panamá facilito el comercio internacional entre países y la existencia de una serie de actividades económicas adicionales, conexas y complementarias, aumentando sus exportaciones y su producto interno bruto (PIB), creando así mayor empleo e ingresos.
Que en la Segunda Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur- Sureste de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) –de la cual Oaxaca fue sede–existió la coincidencia de impulsar el Corredor Transístmico.
Que este proyecto resulta una alternativa para enlazar las carreteras costeras del Golfo de México y el Océano Pacífico, promoviendo una inversión de 2 mil 450 millones de dólares, que unirá los Puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y el de Salina Cruz en Oaxaca, así como una carretera multimodal que detonará el crecimiento del sureste del país.
Que en la actualidad Ferrosur opera al 2 por ciento de su capacidad instalada, dado que solo mueve un tren de Salinas Cruz a Coatzacoalcos cada tres días, con el proyecto señalada se espera mover 16 trenes diarios.2
Cierto es que la obra representa una oportunidad para situar a nuestro país como un centro de flujo comercial importante a nivel mundial, abarcando la actividad económica entre el Pacífico y el Atlántico.
Que Salina Cruz, Oaxaca, resulta un paso obligado de salida de los productores petroleros hacia los países de la Cuenca de Pacífico, por tanto el corredor transistmico resulta importante, pero debe, obligadamente, evaluar las consecuencias socioeconómicas en su construcción y operación.
Que si bien el sureste mexicano presenta un grave atraso en el índice de desarrollo económico y social a nivel nacional y que el proyecto permitiría crear condiciones que incentiven la inversión, tanto nacional como extranjera, mediante la implementación de cadenas productivas en beneficio de la región sur-sureste mexicano, la apuesta debe basarse en el impulso sustentable y armonioso con la sociedad y las comunidades que habitan las regiones por donde se adoptara el corredor transistmico.
Que por lo anteriormente citado es necesario alcanzar importantes acuerdos para avanzar en la integración de una estrategia global de desarrollo para la región y presento ante esta soberanía el presente punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), establezcan una mesa de alto nivel para que en coordinación, implementen las acciones correspondientes con los gobiernos de los estados de Oaxaca y Veracruz para la ejecución del proyecto del Corredor Transístmico, asegurando en todo momento involucrar a las comunidades en la toma de decisiones durante todo el proceso de planeación, desarrollo y ejecución.
Notas
1 http://micanaldepanama.com/
2 http://t21.com.mx/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de diciembre de 2014.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la incursión del Ejército en la Universidad Autónoma de Coahuila, el 27 de noviembre de 2014, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El clima de polarización y violencia que se vive en nuestro país se ve enrarecido de manera cotidiana, debido a la constante intervención de agentes el Estado que, sin razón aparente, intervienen de manera directa en acciones no justificadas, que perjudican a la población.
Un ejemplo más de tales hechos sucedió cuando personas armadas que se identificaron como elementos del Ejército Mexicano ingresaron el día jueves 27 de noviembre a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en la ciudad de Torreón.
“Eran de 10 a 15 oficiales militares armados adentro, y camionetas había cuatro afuera. Traían nombres de alumnos, hemos sabido que esos nombres de alumnos eran los que participaron en la manifestación del 20 de noviembre, es una cacería de brujas”, dijo uno de los estudiantes que pidió no ser identificado.
Los uniformados comenzaron a tomar fotografías y videos, por lo que los alumnos solicitaron que se retiraran. Por otra parte, un grupo adicional de militares ingresó por el estacionamiento y se dirigió a la dirección para entrevistarse con el director de la Facultad, Pascual Reyes, pero fueron recibidos en primera instancia por el secretario académico, Juan Carlos Hernández, a quien cuestionaron para saber si existía paro, a lo que respondió de manera negativa, pidiendo que se retiraran del campus pues venían armados y con uniforme, solicitud que fue reafirmada por el director una vez que llegó al lugar.
Este hecho, como es de esperarse, generó temor entre la población estudiantil, parte de la cual ha participado de manera activa en las manifestaciones que se han realizado en Coahuila para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre de este año.
Según los argumentos empleados por los militares para ingresar a la UAdeC consistían en haber recibido un reporte de huelga, y ante tal hecho “recibieron la instrucción de actuar”.
Ante estas declaraciones Lorena Medina, coordinadora de la UAdeC, se entrevistó con mandos de la XI Región Militar, quienes negaron en todo momento haber dado la orden de que los militares entraran a las instalaciones.
Por la noche, a través de un comunicado, el Mando Único, a nombre del General Sergio Martínez Castruera, reconoció el error de los elementos, indicando en el documento que el militar que iba al frente de la operación decidió ingresar a la Universidad a título personal, sin consultar a sus superiores.
Según el testimonio de estudiantes y directivos, alrededor de las 11:30 de la mañana tres vehículos del Ejército y uno más que identificaron como “de la Marina”, se colocaron en la esquina del edificio ubicado en bulevar Revolución y Comonfort; posteriormente un grupo ingresó por la Coordinación de la UAdeC que se ubica a un costado de la escuela, llevando consigo una lista con varios nombres de estudiantes que han participado activamente en las marchas.
Ante estos hechos, la mañana del viernes 28 de noviembre, el general Sergio Alberto Martínez Castruera, ofreció una disculpa a nombre del Ejército Mexicano por el ingreso de elementos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Acudiendo de manera personal a las instalaciones de la facultad, el general ofreció explicaciones de manera directa a los estudiantes y maestros, quienes al momento lo increparon por la acción.
Si bien Martínez Castruera actuó de manera responsable ante los hechos, es necesario el total esclarecimiento de lo ocurrido, garantizar su no repetición, así como la aplicación de las sanciones correspondientes.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al general Sergio Martínez Castruera, responsable del mando único especial del Operativo Laguna, a que en el ámbito de sus responsabilidades integre y haga público un informe sintético sobre las actividades, funciones y cadena de mando, reportes a superiores, y sanciones aplicadas o en proceso, relacionadas con los militares que participaron en los hechos del 27 de noviembre de 2014, acontecidos en la Universidad Autónoma de Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de gobierno, civiles y judiciales de las entidades federativas y municipios del país a tomar medidas para sancionar la práctica de la tala o comercialización clandestina de árboles de Navidad naturales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Cristina Olvera Barrios, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numerales 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En la época prenavideña, desde noviembre y hasta mediados de diciembre de cada año, se comercializan en el país más de 2 millones de árboles de navidad naturales de varias especies de coníferas, mismos que en su mayoría provienen de plantaciones establecidas en diferentes estados y regiones de los Estados Unidos de América y Canadá, pues solo alrededor de 600 mil son producidos en México.
Dentro de las entidades que se destacan por la producción de este tipo de árboles se encuentran el Estado de México, Puebla, Tabasco, Veracruz y Campeche; sin embargo, la producción del país aún no es lo suficientemente satisfactoria para atender la demanda y abasto de estas coníferas ornamentales.
Lo anterior, en función de que el principal problema de los silvicultores registrados es el tiempo de retorno de la inversión y ganancia, pues éstas se obtienen a mediano y largo plazo; es decir, en tres o cuatro años, que es el tiempo reglamentado para comercializar cada conífera de manera legal.
El proceso que culmina con la comercialización fundamentalmente inicia con el establecimiento de la plantación y su registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que la supervisa y con participación de la Comisión Nacional Forestal se le da seguimiento para su desarrollo adecuado, de manera que cumpliendo con los plazos para su crecimiento y verificando su estado fitosanitario libre de enfermedades o plagas se expiden las autorizaciones necesarias para su corte, transporte y comercialización.
Debido a que la producción nacional de esos árboles es insuficiente para satisfacer la demanda, cada año se ha incrementado su importación, como lo señala la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el Libro Blanco Justicia y Protección Ambiental, editado en octubre de 2012,1 que precisa que de 2007 a 2011 se importaron 5’447,163 árboles, resultando significativo que en el 2008, la importación ascendió a 1.25 millones de coníferas, descendiendo en el 2009 a menos de 935 mil para reiniciar su creciente importación, a tal grado que en este 2014 la cifra llegará a superar el millón quinientos mil.
La Comisión Nacional Forestal ha exhortado año con año a la población para que consuma los árboles navideños que se cultivan en el país, los cuales tienen las mismas cualidades que los importados.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para incentivar su cultivo nacional y comercialización, en esta temporada decembrina se hacen presentes dos recurrentes y graves problemas; la introducción de plagas, así como la tala clandestina y comercialización ilegal de árboles de navidad naturales.
En cuanto a la introducción de plagas que ponen en riesgo el equilibrio ecológico nacional, la Profepa, en el citado Libro Blanco, ha informado que del 2007 al 2011 rechazó un total de 74,795 árboles, lo que equivale al 1.4% de lo introducido en dicho periodo, en promedio.
En el 2013, el rechazo, por incumplimiento a la norma oficial mexicana NOM-013-SEMARNAT-2004, superó el porcentaje de 2012, alcanzando el 1.08%, lo cual es consistente y explicado por el incremento en el volumen de importación de estas especies para su consumo en el país.
Lo anterior obliga a las autoridades fitosanitarias con la importante participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a redoblar las acciones para el control de plagas y hacer lo necesario para prevenir que a través de la importación se introduzcan árboles que representan un riesgo ambiental para los bosques mexicanos y por lo que hace a los árboles de producción nacional, evitar que como resultado de la tala y comercialización clandestina se propaguen las plagas como consecuencia de la transportación y venta de plantas contaminadas que no tienen ningún control fitosanitario.
Por otro lado, además de la gran cantidad de árboles importados, la tala ilegal también perjudica en el aspecto económico a los silvicultores, quienes se mantienen de las ganancias de sus productos, mismos que tienden a comercializarse en aproximadamente 600 pesos.
En las zonas boscosas de los estados productores e inclusive en zonas serranas de Tamaulipas, Durango, Hidalgo, entre otros estados de la República, así como hacia el interior de diversos Parques Nacionales como el de Sierra Negra, Canoa, el Pico de Orizaba, Cofre de Perote o el Ixta-Popo, es donde principalmente se cortan árboles para venderlos de forma ilegal, así como musgo, heno y otras plantas que se usan para adornar nacimientos navideños, lo cual constituye un saqueo de los recursos naturales del país, conducta que está prevista y sancionada en la legislación penal correspondiente.
Para el aprovechamiento de los productos antes mencionados se requiere la autorización de la Semarnat y no contar con ella o realizar el aprovechamiento sin permiso, también es motivo de sanción cuya aplicación corresponde a la Profepa.
La tala ilegal y la presencia de plagas constituyen importantes causas de distorsión del mercado de pinos y coníferas de navidad naturales, que incluso ha provocado la quiebra de empresas comunitarias y ejidales; por ello la importancia de implementar acciones que reduzcan estos efectos, así como fortalecer la gestión de las empresas ejidales y comunitarias del país, en particular, de aquellos que contribuyen a la protección del medio ambiente nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y las autoridades civiles y judiciales de las entidades federativas y municipios del país, tomen las medidas necesarias para sancionar de manera efectiva y oportuna a quienes incurren en la ilegal práctica de la tala o comercialización clandestina de árboles de navidad naturales que no cumplen con los requisitos que establece la normatividada vigente, así como fortalecer la inspección fitosanitaria para impedir la proliferación de enfermedades o plagas presentes en los árboles de navidad naturales objeto de la comercialización, ya sean de importación o de producción natural.
Nota
1 Disponible en http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/4727/1/libroblancofinal1-0. pdf. Consulta realizada el 24 de noviembre de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de diciembre de 2014.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus códigos penales en materia de abandono de niños y pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Joaquina Navarrete Contreras, diputada federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite poner a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar los Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, con base en las siguientes
Consideraciones
El maltrato infantil es una grave violación a los derechos de la niñez, a pesar de lo anterior no se tienen las cifras precisas sobre las niñas y niños que enfrentan tal situación, las consecuencias del maltrato son cada vez más evidentes en el desarrollo de los mismos, regularmente hemos escuchado hablar del abandono de tipo físico, pero, ¿qué sucede con el maltrato de tipo emocional y la omisión de cuidados por parte de los padres o tutores hacia los infantes?
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la definición de maltrato infantil es: “Todo acto u omisión encaminado a hacer daño aún sin intención pero que perjudique el desarrollo normal del menor1 ”.
A su vez para el Fondo Nacional para la Infancia de las Naciones Unidas –UNICEF– el abandono infantil es un tipo de maltrato que se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas del niño no lo hacen2
Unicef ha establecido que existen dos tipos de abandono:
• El abandono físico: que consta de abandonar a un menor en algún sitio, no realizando la denuncia y sin procurar su regreso a casa. Asimismo en instituciones.
• Negligencia o abandono: Se refiere a aquellas conductas de irresponsabilidad por parte de los padres o tutores hacia el niño, que vulneran aspectos como la educación, necesidades físicas, psicológicas y sociales de los menores.3
En América Latina y el Caribe, con una población de más de 190 millones de niños, las investigaciones realizadas indican que, además de ser una de las regiones más desiguales del mundo, es la que posee los mayores índices de violencia, que afectan sobre todo a mujeres, niños y niñas (Pinheiro, 2006). Según el estudio del secretario general, en la región la violencia contra los menores de edad en el interior de las familias se manifiesta principalmente por medio del castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica.4
Las investigaciones señalan que el abandono infantil es un asunto que no puede pasar desapercibido, ya que un niño o niña que es abandonado tiende a mostrar problemas que afectarán a lo largo de su vida como son: baja autoestima, conductas agresivas, pensamientos de suicidio, ansiedad, fracaso escolar, depresión y de mala alimentación entre otras.
En 2007 la UNICEF señaló que en muchos lugares del mundo no hay sistemas de registro confiables de denuncias, a pesar de lo cual, las estimaciones realizadas muestran que todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la comunidad, las calles y situaciones de trabajo.
Las niñas y niños son las personas más vulnerables en la familia, por lo que es obligación de los padres y los adultos que los rodean proteger y brindar los cuidados necesarios para que los menores puedan tener un desarrollo de calidad.
Además, el organismo mundial sobre la infancia en su estudio destacó que la pobreza y el estrés son elementos estrechamente relacionados con los malos tratos y el abandono infantil.
Por otro lado, factores como la falta de conocimiento de cómo ser padres, causas de índole económica, irresponsabilidad y egoísmo por parte de los padres, la migración, madres solteras que se desatienden de los menores, así como abuso de sustancias tóxicas por parte de los padres, aunado a la violencia en el hogar son elementos que contribuyen a que las niñas y niños sean abandonados.
En diversos países de América Latina el abandono infantil es sancionado de diferentes maneras.
De acuerdo con el Código Penal de Colombia, quien abandone a un menor de 12 años, será castigado con una pena de 32 a 108 meses de prisión; igualmente en Uruguay el Código Penal, en su artículo 329 especifica que quien abandone a un menor de diez años o una persona incapaz de bastarse así misma será castigado con la pena de seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
Argentina, en su Código Penal, artículo 106, establece que quien abandone a su suerte a una persona incapaz y a la que deba mantener o cuidar será reprimido con prisión de dos a seis años.
En Guatemala, en su Código Penal señala en su artículo 154 que quien abandonare a un menor de diez años o aun apersona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su tutela a o custodia la sanción constará de prisión de seis meses a tres años; Venezuela, en su artículo 347 de su Código Penal establece una sanción de cuarenta y cinco días a quince meses a quien abandone a un menor de doce años.
Las acciones a favor de proteger los derechos de las niñas y niños son consideradas como prioridad a nivel internacional, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño que es el primer tratado de carácter obligatorio en esta materia, y del que México es parte desde 1990.
En dicho instrumento internacional, se reconocen los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ya que se establece que los Estados parte están obligados a tomar las medidas, tanto administrativas como legislativas, para que las niñas y los niños gocen de protección contra toda acción que vulnere su desarrollo.
A pesar de lo anterior, los datos demuestran que el maltrato hacia los infantes- es factor del abanado de la infancia- en nuestro país ha incrementado considerablemente en los últimos años, ya que de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en el año 2008 se presentó el mayor número de denuncias recibidas en los últimos 15 años, que fue cerca de 60 mil casos, de ellos, en un poco más de la mitad, es decir, 34 mil se comprobó maltrato; en 2006 las denuncias ante el DIF fueron de 36 mil y las causas en que se comprobó maltrato fueron de 22 mil 437, lo que representó –en el caso de las denuncias– un incremento del 80 por ciento en relación con 2008. Entre 2001 y 2002 destaca una considerable disminución en las denuncias recibidas, que pasaron de 30 mil 500 a 24 mil 500, lo anterior, a pesar de resultar digno de destacarse representa en el caso de las denuncias recibidas el 200 por ciento en comparación con 1995, año en el que el DIF recibió 15 mil 391 denuncias.
De 1995 a 2008 las denuncias recibidas por maltrato en el DIF se han incrementado hasta en un 400 por ciento es decir pasaron de 15 mil a 60 mil denuncias. Resulta positivo afirmar que en este mismo periodo el número de casos en los que se comprobó el maltrato a niñas y niños se incrementó en un 300 por ciento al pasar de 11, mil a 33, mil casos.
Lo anterior podemos visualizarlo en la siguiente gráfica:
Fuente: DIF.
Con respecto al tipo de maltrato tipificado como abandono u omisión regularmente no es denunciado ya que no es del todo visible; sin embargo, en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reportó que uno de cada diez niños mexicanos sufren de maltrato, convirtiéndose en un problema social que afecta a las familias de cualquier clase y nivel económico; asimismo, el Departamento de Psiquiatría e Higiene y Salud Mental Pediátrica del Centro Médico Nacional “La Raza”, dedica el 15 por ciento de consulta de psiquiatría e higiene y salud por consecuencias derivadas del maltrato infantil5 .
Siguiendo con la discusión, cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señalan que las cinco entidades federativas con un mayor número de casos de niños y niñas maltratados atendidos por la institución, fueron Baja California, Chiapas, Coahuila, Oaxaca y Querétaro. Los casos a resaltar en los que se reportó un menor número de niños y niñas maltratados atendidos por el DIF fueron Baja California Sur, Tlaxcala, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz.
México cuenta con la normatividad que regula los derechos de las niñas y los niños. El artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se menciona que Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
A su vez el artículo 116 Constitucional referente al Poder Público de los Estados, la fracción IX establece que:
“...las constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base a los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, y respeto a los derechos humanos”.
Por otra parte, el artículo 73 de nuestra constitución Referente a las facultades del Congreso, la fracción XXIX-P señala:
Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de niñas niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales en materia, de los que México sea parte.
En virtud de la anterior, los Congresos de los estados han establecido sanciones para el abandono de niñas y niños, resultando:
Aguascalientes
Artículo 131. Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar consiste en:
I. No cumplir con la obligación de dar alimentos en términos de lo establecido en el Código Civil del estado de Aguascalientes, independientemente de que sean brindados por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores alimentarios o sean proporcionados por cualquier otra persona;
II. Colocarse dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que el Código Civil del estado de Aguascalientes determina, independientemente de que los alimentos sean proporcionados por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores alimentarios o sean proporcionados por cualquier otra persona; o
III. La alteración o variación de nombre, domicilio o ingresos con el fin de eludir una responsabilidad de orden familiar o el incumplimiento de obligaciones alimentarias que el Código Civil del estado de Aguascalientes determina, independientemente de que los alimentos sean proporcionados por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores alimentarios o sean proporcionados por cualquier otra persona;
Al responsable de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con la víctima.
Baja California
Artículo 158 Bis. Al que exponga a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión y hasta cien días de multa. Si el responsable es ascendiente o tutor, además, perderá los derechos que tenga sobre la persona y bienes del menor.
Baja California Sur
Artículo 246. Al que teniendo la obligación de atender y proteger a un menor o a una persona incapaz de cuidarse a sí misma, lo abandone sin el propósito de afectar su vida o su salud, se le aplicará de un mes a cinco años de prisión y multa hasta de cien días de salario, sin perjuicio de aplicar las reglas sobre el concurso si se produce algún delito culposo a consecuencia del abandono.
Campeche
Artículo 149. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma y tenga la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Si el sujeto activo fuese médico o profesionista similar o auxiliar, también se le suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por un término igual al de la sanción de prisión.
Las mismas sanciones se aplicaran a quien, cuando se encuentre a cargo de un establecimiento asistencial, público o privado, realice la conducta descrita en el párrafo anterior.
Coahuila
Artículo 362. Se aplicará prisión de seis meses a cuatro años y multa: A quien abandone u omita asistir a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla o de asistirla.
Si el sujeto activo es ascendiente, adoptante o tutor del ofendido, además, se le privará de la patria potestad, derechos de adopción o de la tutela.
Colima
Artículo 195. Al que teniendo la obligación de cuidado de un incapaz de valerse por sí mismo, la delegue indebidamente en otra persona o institución, se le impondrán de tres días a un año de prisión y multa hasta por 10 unidades.
Chiapas
Artículo 204. Comete el delito de abandono de personas, el que abandone a un incapaz de valerse por sí mismo, o a una persona enferma teniendo la obligación de cuidarlos, al responsable se le impondrán de tres a siete años de prisión, se le privará además de la patria potestad o de la tutela si fuere ascendiente o tutor del sujeto pasivo. Si del abandono resultare daño, lesión o muerte, se aplicarán las reglas del concurso.
Chihuahua
Artículo 154. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Si el sujeto activo fuese médico o profesionista similar o auxiliar, también se le suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por dos años.
Distrito Federal
Artículo156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela.
Durango
Artículo 190. Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro días de salario y se le privará de la patria potestad o de la tutela, al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla. Si el sujeto activo fuere ascendiente o tutor de la víctima, se le privará del derecho de heredar respecto a la persona abandonada.
Guanajuato
Artículo 165. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de treinta y cinco a ciento treinta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Guerrero
Artículo 123. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres meses a tres años.
Hidalgo
Artículo 160. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de 10 a 50 días, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido y del derecho a heredar respecto a la persona abandonada.
Jalisco
Artículo 230. Se impondrán de un mes a cuatro años de prisión, suspensión hasta por cinco años de los derechos de tutela, a quien abandone a persona enferma o que padezca enajenación mental, siempre que tuviera la obligación de cuidarlo.
Además de la pena privativa de libertad, señalada en el párrafo anterior, se impondrá al activo la pérdida definitiva del derecho de tutela y a heredar del ofendido, cuando el abandono ponga en peligro su vida.
A quien en el ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, abandone a un menor de edad sin causa justificada, además de la pena de prisión que establece el párrafo primero, se impondrá la perdida de la patria potestad, tutela o custodia en forma definitiva; y si se pusiere intencionalmente en peligro la salud o la vida, podrá incrementarse la sanción hasta el doble de la pena máxima establecida en el primer párrafo de este artículo
Michoacán
Artículo 221. Al que sin motivo justificado incumpla, respecto de sus hijos, cónyuge o cualquier otro familiar el deber de asistencia a que esté obligado, omitiendo ministrarle los recursos necesarios para atender a sus necesidades de alimentación, casa, vestido y salud, cuando con ello se les ponga en estado de peligro, se le aplicará prisión de seis meses a tres años y se le privará de sus derechos de familia hasta por el mismo término
Morelos
Artículo 132. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de uno a tres años de prisión.
Nuevo León
Artículo 335. Al que teniendo obligación de cuidarlo abandone a uno o más menores, a una o más personas enfermas, o una o más personas adultas mayores, incapaces de cuidarse a sí mismos, se le aplicará de un mes a cuatro años de prisión, y multa de veinte a cien cuotas si no resultare lesionado.
Oaxaca
Artículo 317. A quien abandone a un menor a otra persona cualquiera, incapaz de cuidarse a sí mismo, o a un enfermo, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de dos a seis años de prisión, privándolo, además de la patria potestad o tutela, si el inculpado fuera ascendiente o tutor de la persona ofendida. Si resultara daño alguno, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 318. A quien sin motivo justificado, abandone a sus acreedores alimentarios sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicará de dos a cuatro años de prisión y se le privará de sus derechos familiares.
Puebla
Artículo 346. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de un mes a cuatro años de prisión y se le privará de la patria potestad o de la tutela, si ejerciere uno de esos cargos.
Querétaro
Artículo 144. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres meses a tres años.
Quintana Roo
Artículo 111. Al que abandone una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla se le aplicará prisión de seis meses a tres años.
San Luis Potosí
Artículo 173. También comete el delito a que se refiere el presente Capítulo, quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla y, en su caso, se le privará del ejercicio de la patria potestad o de la tutela y del derecho a heredar respecto de la persona abandonada.
En este caso la pena será de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo.
Sinaloa
Artículo 160. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres meses a tres años y privación de la patria potestad o tutela del abandonado si la tuviera.
Sonora
Artículo 272. Al que abandone a una persona incapaz de cuidarse a sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará de un mes a cinco años de prisión. Si resultare algún daño, se observarán las reglas que para el concurso de delitos señala este Código.
Tabasco
Artículo 139. Al que abandone a una persona incapaz de valerse a sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de uno a cuatro años.
Tamaulipas
Artículo 362. Comete el delito de abandono de personas, el que teniendo obligación de cuidarlos, abandone a un menor, a una persona enferma o a un anciano, incapaces de cuidarse a sí mismos.
También incurre en éste delito el que injustificadamente abandone a su cónyuge, concubina o concubinario, sus hijos menores de edad o incapaces, o a sus padres, estando enfermos.
Artículo 363. Al responsable del delito señalado en el artículo anterior, se le impondrá una sanción de uno a cuatro años de prisión, sino resultare daño alguno. Si el responsable fuere ascendiente o tutor del ofendido, se le privará además de la patria potestad o de la tutela.
Tlaxcala
Artículo 281. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona enferma teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicaran de un mes a tres años de prisión y multa hasta de diez días de salario, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido, así como del derecho a la herencia del mismo. Sección segunda
Veracruz
Artículo 236. A quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario.
La sanción será de tres meses a cuatro años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario para quien abandone a persona, distinta de los hijos, a la que se tenga obligación legal de proporcionarle alimentos, dejándola sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia.
Si el juez lo estima conveniente impondrá la suspensión o privación de los derechos de familia.
Yucatán
Artículo 352. A quien abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión, independientemente de la sanción correspondiente a otro delito que resultare cometido, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.
Zacatecas
Artículo 251. Al que sin motivo justificado incumpla respecto de sus hijos, cónyuge, o de cualquier otro familiar con el que tenga obligación alimentaria, el deber de asistencia sin ministrarle los recursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicará prisión de seis meses a dos años y multa de cinco a quince cuotas.
Con el objeto de concentrar en un solo instrumento se ofrece la siguiente relación de sanciones por abandono de niñas y niños por entidad federativa:
De lo anterior podemos aseverar lo siguiente:
• La sanción que más se repite es de tres meses a tres años Hidalgo, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí.
• La menor sanción es de treinta y cinco a ciento treinta jornadas de trabajo en favor de la comunidad impuesta por estado de Guanajuato.
• La mayor sanción por abandono de menores es de tres a siete años de prisión impuesta por el estado de Chiapas.
El Código Penal Federal establece una sanción de un mes a cuatro años por abandono de un menor incapaz.
Además de una sanción corporal por abandono de niñas y niños al menos en 17 entidades federativas la sanciona viene acompañada de la pérdida de la patria potestad; en 13 estados no hay correlación alguna; es en Nayarit en donde se establece la suspensión de la patria potestad por 5 años.
Pérdida de la patria potestad
Estado Pérdida de la patria potestad
Aguascalientes sí
Baja California sí
Baja California Sur No contiene
Campeche No contiene
Coahuila sí
Colima No contiene
Chiapas sí
Chihuahua No contiene
Distrito Federal sí
Durango sí
Guanajuato No contiene
Guerrero No contiene
Hidalgo sí
Jalisco sí
Michoacán sí
Morelos No contiene
Nayarit Suspensión por cinco años
Nuevo León No contiene
Oaxaca sí
Puebla sí
Querétaro No contiene
Quintana Roo No contiene
San Luis Potosí sí
Sinaloa sí
Sonora No contiene
Tabasco No contiene
Tamaulipas sí
Tlaxcala sí
Veracruz A consideración
Yucatán sí
Zacatecas No contiene
Total: 17 sí, 2 a consideración y 13 no contiene.
La tabla anterior refleja que a pesar de que en nuestro país cada entidad federativa cuenta con normatividad en materia de abandono de infantes, las sanciones no son homologas, es decir cada Entidad Federativa cuenta con una pena distinta para sancionar el abandono incluso hay entidades que no catalogan el abandono de niñas y niños por parte de los padres como un delito o que por esta razón se pierda patria potestad por parte de los padre o tutores.
Como pudimos observar, el abandono por omisión de cuidados tipificado como un tipo de maltrato, se ha ido incrementado en los últimos años, a pesar de que no suele ser evidente como en el caso del maltrato de tipo físico, trae consigo consecuencias que sin lugar a dudas afectarán la vida futura de los niños y niñas, dado los anterior resulta fundamental ajustar la normatividad de acuerdo a las nuevas realidades del país.
Por lo expuesto somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, respetuosa del pacto federal y de la soberanía plena de las entidades federativas, exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia.
Notas
1 Disponible en: http://fundacionenpantalla.org/articulos/pdf’s/VIOLENCIA-MENORES.pdf consultado el 18 de noviembre de 2014.
2 http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla por ciento20Maltrato%20infantil.pdf
3 http://biblioteca.unex.es/tesis/8477235244.PDF
4 http://www.cepal.org/dds/noticias/desafios/1/36731/boletin-desafios9-ce pal-unicef.pdf
5 http://www.eluniversal.com.mx/notas/652596.html consultado el 12 de noviembre de 2014.
Dado en el Palacio Legislativo, el 2 de diciembre de 2014.
Diputada Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a declarar la alerta de violencia de género en Puebla, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El programa “Dar Contigo” a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), busca dar cumplimiento al artículo 44, fracción XI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a la letra, dota de facultades a la SSP a través de su Dirección General de Derechos Humanos para:
“Artículo 44.- ...
I ...
...
...
...
XI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente”
En el tenor de lo anteriormente citado, las cifras oficiales de dicho programa declaran que en el país existen 844 víctimas desaparecidas menores de 18 años y 944 son mayores de edad, siendo un total de 1788 mujeres desaparecidas en el país.
En Puebla, de acuerdo a esta información, se ubicaron hasta la fecha 58 casos, de los cuales 31 son mujeres menores de 18 años y 27 mayores de los 18.
El informe oficial señala que 13 mujeres fueron vistas por última vez en la ciudad de Puebla y reporta cuatro desapariciones en Tehuacán, cuatro en Izúcar de Matamoros, tres en Atlixco y un caso de desaparición por cada ciudad de Amozoc, Chietla, Tlacotepec, Juan C. Bonilla, Ciudad Serdán, Cuautlancingo, Zoquitlán y Jopala. También se detalla que al menos dos mujeres poblanas desaparecieron en Coatzacoalcos y en el aeropuerto de Culiacán, respectivamente.
Aunado a esto, el programa señala que 20 de los casos no han sido correctamente investigados puesto que se desconocen detalles del sitio donde las mujeres fueron vistas por última vez.
El número de 58 casos de mujeres desaparecidas en el estado poblano resulta alarmante; sin embargo, de acuerdo a información solicitada por la agencia de noticias Lado B, a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, la cifra de las mujeres desaparecidas en el estado es mucho mayor a lo que señala la SSP en su programa “Dar Contigo”.
Esta información que contraría a la Secretaría, ha sido plasmada en el reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”; documento que el pasado 6 de noviembre fue galardonado con el 3er lugar del concurso nacional “Género y Justicia” edición 2014 en la categoría de Reportaje Escrito, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, Periodistas de a Pie y Mujeres en el Cine y la Televisión A.C.
En el citado reportaje, con base en la solicitud de información con folio 00073314 realizada a la PGJ, se señala que tan solo “del 1 de enero al 26 de marzo de 2014 [...] habían desaparecido en la entidad 116 personas, de las cuales 65 mujeres seguían sin ser localizadas.”1 Además, abunda que con una segunda solicitud de información marcada con el folio 00208314 hecha a la misma dependencia el 10 de junio del mismo año, “reporta a 351 personas desaparecidas, de las que 143 ya habían sido encontradas en la fecha del documento. Del total, 215 son mujeres y de ellas todavía 112 seguían extraviadas o no localizadas.”2
En la misma información destaca que la mayoría de las mujeres que han sido desaparecidas en el estado de Puebla oscilan entre los 13 a los 18 años, y con un menor porcentaje, de los 22 a los 23 años. “Las adolescentes de 16 años representan 17% del total de las mujeres que faltan en Puebla, seguidas de las de 15 años que son 16.1% y después las de 14, con 13.4%”, indica el reportaje.
Imagen tomada del reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”. Los valores de la columna (izquierda) son las edades de las mujeres desaparecidas. Los valores de la fila (abajo) representan el porcentaje respecto del total de mujeres desaparecidas en Puebla
Imagen tomada del Reportaje “Las mujeres que faltan en Puebla”. Los valores de la columna (izquierda) representa el porcentaje respecto del total de mujeres desaparecidas en Puebla. Los valores de la fila (abajo) representan las edades de las mujeres desaparecidas
Aunada a la información presentada, en el año 2012, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, contabilizó 3 mil 332 mujeres desaparecidas entre enero de 2005 y julio de 2010. Por su parte, la iniciativa ciudadana “Por todos los desaparecidos” tiene registrados 246 casos poblanos en la última década, dentro de los que el 41% han ocurrido durante la administración del actual gobernador Rafael Moreno Valle.
En este marco no puede dejar de señalarse que pese a los esfuerzos ciudadanos y las búsquedas individuales y colectivas de sociedad civil, los datos del gobierno son confusos, escasos, y el acceso a ellos es casi imposible. Muestra de ello resulta la información publicada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) del gobierno federal que registra tan sólo 49 casos de mujeres desaparecidas en Puebla de 1994 a 2013. Estos datos se contraponen con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas dado a conocer en abril del 2013 que señala que en Puebla desaparecieron 382 personas, de las cuales 156 son mujeres, y no se sabe si alguna ha sido localizada.3
Como se ha descrito anteriormente, las cifras de las mujeres desaparecidas en el estado poblano varían; sin embargo, no es la diferencia entre números lo que debe preocuparnos más sino el hecho de que las mujeres desaparezcan. Una sola mujer desaparecida es señal de alerta y debería encender todas las alarmas del Estado para garantizar su seguridad e integridad, tal y como lo establece el artículo 1º constitucional de nuestra Carta Magna.
Además del alto porcentaje de mujeres desparecidas que se ha narrado a lo largo de esta exposición de motivos, Puebla es considerado un “foco rojo” en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el cual constituye una de las más graves aristas de la violencia de género en el estado.
El estrecho vínculo entre la desaparición de mujeres y niñas y la trata de personas es innegable. Ambas problemáticas parecen no ser atendidas integralmente por las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, reportó que en la entidad de Puebla hubo 107 denuncias por este delito entre 2009 y 2013, y únicamente el 6.5 por ciento de ellas -7 casos- terminó en una sentencia. Este número resulta muy reducido y, de acuerdo a la misma CNDH, “no corresponde a las necesidades de impartición de justicia ni a la extensión del delito” considerando que el total de consignaciones de presuntos responsables fue de 69.
De acuerdo al citado informe, el Distrito Federal, Chiapas y Puebla concentran el 66.1 por ciento de las averiguaciones previas en el país por trata de personas y son estos estados, donde más víctimas se hallaron.
En Puebla se ubicaron 177 víctimas de trata, todas de nacionalidad mexicana: 148 mujeres y 29 hombres. El 51.9 por ciento de las víctimas era menor de edad. Además, en el reporte destaca que con 69 casos, las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero proceden mayoritariamente de este estado, después siguen Michoacán con 59 personas y Guerrero con 39.4
Nueve de cada diez víctimas eran explotadas de manera sexual y el 10 por ciento de manera laboral, de acuerdo con las averiguaciones previas iniciadas.
La violencia que enfrentan las mujeres en Puebla es un asunto de emergencia nacional; como legisladores y legisladoras debemos asumir y trabajar en aras de su erradicación.
Las problemáticas de las mujeres deben ser temas centrales en nuestras agendas, pero no sólo de palabra sino de hechos. Por consiguiente, en Puebla resulta urgente y necesario reforzar la recopilación de datos estadísticos sobre incidencia delictiva, modus operandi y perfiles criminales, a fin de optimizar la investigación y combate de este delito, información clara y precisa sobre las mujeres que faltan en la entidad, y la Alerta de violencia de género puesto que hoy se vuelven imprescindibles ese conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida (forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad).5
Ser mujer en este país y en cualquier parte del mundo, significa estar expuesta a toda la violencia que el simple hecho de “serlo” desata. Por ello, debemos sumar esfuerzos para lograr que nuestras instituciones garanticen efectivamente el ejercicio y acceso a nuestros derechos humanos, para construir un marco legislativo garantista que pueda ser traducido en cambios sustanciales en la vida no sólo de las mujeres, sino de todas las personas.
Por lo expuesto y fundamentado, solicitamos a esta soberanía se apruebe, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un instrumento de diagnóstico en la materia de trata de personas, para analizar las zonas de riesgo y la población de mayor vulnerabilidad, así como un perfil de los perpetradores del delito, para llevar a cabo estrategias de combate y prevención, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Notas
1 http://ladobe.com.mx/2014/08/las-mujeres-que-faltan-en-puebla/
2 Ibídem.
3 http://ladobe.com.mx/2014/10/son-119-las-mujeres-desaparecidas-en-puebl a/
4 http://e-consulta.com/nota/2014-08-28/seguridad/llega-93-la-impunidad-p or-trata-de-personas-en-puebla-cndh
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento y transparentar la licitación y cancelación del proyecto Tren Rápido México-Querétaro, así como revisar la legalidad y ausencia de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos por el gobierno federal a Grupo Higa y empresas relacionadas vinculadas a la adquisición del inmueble de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, a través de las siguientes
Consideraciones
Derivado de los diversos acontecimientos de los que se ha ido teniendo noticia sucedidamente y que en tan sólo tres meses han provocado desde fuertes escándalos hasta una escala en las diferencias y posiciones antípodas, tanto entre instituciones del estado, organismos políticos, como al seno de la sociedad, no es posible negar la necesidad de disipar todas los cuestionamientos que han surgido al respecto y garantizar la transparencia de diversas situaciones que han sido definidas por el titular del Poder Ejecutivo y algunas dependencias de la administración pública centralizada en forma súbita y por demás obscura.
El centro de la controversia se encuentra en elementos de una fallida seguridad pública, actos represivos pero sobre todo en el desequilibrado proceso de licitación desarrollada para la adjudicación del tren rápido México-Querétaro, que presentó múltiples condiciones anómalas y culminó en una abrupta cancelación del proceso de licitación una vez ya adjudicado el proyecto.
Dicha cancelación, ordenada por el titular del Poder Ejecutivo mismo, se dio al hacerse públicos los orígenes del inmueble ubicado en Sierra Gorda, número 150, en las Lomas de Chapultepec, la denominada “Casa Blanca de la Pareja Presidencial”.
La identidad análoga del dueño de la empresa a la que se compró la “Casa Blanca”, el terreno para su ampliación y se encargó de su remodelación con la del dueño de una de las principales empresas integrantes del consorcio adjudicado del contrato para la construcción de tren rápido México-Querétaro, obligó al Ejecutivo a cancelar dicha asignación del proyecto.
La notoria exposición de la relación cercanísima de Enrique Peña Nieto con Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de ambas empresas y beneficiario de numerosas, quizás excesivas adjudicaciones – algunas bajo procesos de adjudicación directa, otras de invitación restringida y las demás por medio de procesos licitatorios inadecuados en su desarrollo– de diferentes obras que implicaban la aplicación de enormes cantidades provenientes de los presupuestos públicos, antes del estado de México y ahora de la nación y mayormente significativas ganancias para las diferentes empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, ha puesto en entredicho la honestidad, imparcialidad, legalidad y contexto en los que sus diversas empresas han sido elegidas como las mejores opciones para el desarrollo de los proyectos y obras públicas.
Es ante ello, es decir, derivado de situaciones que acentúan el dispar reparto de la riqueza en México, que la sociedad se siente aún más vulnerable y ofendida, baste ver las publicaciones en las diversas redes, colocadas ahí por ciudadanos y ciudadanas sin vínculo alguno con la política, en los que ya se considera un exceso y una burla el proceder tanto del Ejecutivo como de la primera dama.
Todos los funcionarios públicos, todos los institutos políticos, todas las dependencias y los tres Poderes del Estado –junto con sus integrantes– están siendo juzgados y criticados por la población en general.
Hemos llegado al momento que debimos haber arribado muchos años antes, un momento donde debemos aplicar métodos y políticas públicas fuertes, firmes y determinantes que garanticen la transparencia y coadyuven a la disminución de la galopante corrupción existente en el gobierno del país, en todos sus niveles y esferas.
Es por ello que, los que suscriben y al tenor de los fundamentos legales antes plasmados, presentamos con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento y transparentar la licitación y cancelación del proyecto tren rápido México-Querétaro, así como revisar la legalidad y ausencia de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos por parte del gobierno federal al Grupo Higa y empresas relacionadas, vinculadas a la adquisición del inmueble ubicado en Sierra Gorda número 150, en Lomas de Chapultepec.
Segundo. Para el cumplimiento de su objeto, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. Los recursos materiales y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La comisión especial deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente.
Quinto. La comisión especial se conformará con siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario con representación en esta Cámara.
Sexto. La comisión especial tomará sus decisiones preferentemente por consenso; de no ser así, lo hará por el sistema de voto ponderado, en el que cada diputado o diputada integrante representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a garantizar que quienes participan en manifestaciones o actos de protesta no sean objeto de persecución o arrestos arbitrarios, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado viernes 28 de noviembre, alrededor de las 17:15 horas, en las inmediaciones del Metro Copilco, Sandio Bucio, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue “detenido” a la fuerza y subido a un automóvil particular, por varios sujetos vestidos de civiles.
Dicho hecho fue grabado por una persona que se encontraba frente a lo sucedido, por lo que en el vídeo se alcanza a escuchar que el joven activista gritaba en repetidas ocasiones: “¡Auxilio, me están secuestrando!”, sin embargo y, ante la ausencia de ayuda, el coche modelo Chevy, con placas 324-WHD, avanzó varios metros con la puerta abierta y las piernas de Bucio fuera del automóvil para, posteriormente continuar su ruta.
Tras, nueve horas, Sandio Bucio salió de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, tras ser liberado al terminar la diligencia.
Ya arriba del coche, recordó, los policías lo amenazaron con una pistola y le dijeron que lo iban a desaparecer como a los normalistas de Ayotzinapa, que lo iban a violar y le insistieron en que lo llevarían a un lugar en el que sufriría por lo que había hecho.
Contó que, luego de detenerlo en los alrededores del Metro Copilco, cerca del campus Ciudad Universitaria de la UNAM, los policías lo llevaron al Centro Histórico de la Ciudad de México y en el trayecto le pidieron las contraseñas de su correo electrónico y de su perfil de Facebook para indagar entre sus conocidos; además le dijeron que hoy 29 de noviembre harían más detenciones, esto antes de que lo cambiarán de automóvil a una camioneta de la Procuraduría General de la República (PGR).1
Asimismo, “los elementos de la Policía Federal que detuvieron con violencia el pasado viernes al estudiante de la UNAM, Sandino Bucio Dovalí, fueron suspendidos para que puedan enfrentar un proceso de investigación por su actuación, señaló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)”.2
Cabe mencionar que se han presentado diversas fotografías en donde señalan la presunta participación del estudiante de la UNAM en actos violentos, toda vez que
La CNS informó que a Sandino Bucio Dovalí, quien denunció que fue golpeado, torturado y amenazado, se le imputa la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en posibles actividades de corte vandálico supuestamente realizadas el pasado 20 de noviembre en la jornada de movilizaciones por Ayotzinapa.3
Sin embargo, de ninguna manera esto puede ser motivo para realizar una detención irregular de la que Sandino Bucio fue objeto, al igual que las once personas detenidas tras la marcha del pasado 20 de noviembre o quienes han sido sujetas de abusos de poder por parte de los elementos de la Policía Federal y la del Distrito Federal desde el 1 de diciembre de 2012, fecha que será recordada por todos los mexicanos como el inicio del lastimoso sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde existe una violación sistemática a los derechos humanos y, el uso de la maquinaria del Estado para reprimir e infundir miedo a quienes son partícipes de las manifestaciones y actos de protesta.
Si bien, una de las tareas del Estado es garantizar la seguridad y salvaguarda de quienes le han conferido ese poder, el gobierno mexicano no puede utilizar este argumento para cometer actos que atentan en contra de la dignidad y bienestar de quienes habitan el territorio nacional, por lo que es urgente que se haga un replanteamiento de la estrategia y los protocolos de seguridad que se implementan para las manifestaciones ciudadanas.
Es por lo anterior expuesto y, bajo el entendido de que una democracia sólo se construye escuchando y atendiendo las expresiones de la sociedad, a la par de garantizar la seguridad y bienestar por parte del gobierno; presentamos a esta honorable asamblea los siguientes resolutivos con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, a conducirse en estricto apego a la ley y garantizar que quienes participan en manifestaciones o actos de protesta no sean objeto de persecución o arrestos arbitrarios.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a abrir un expediente de todos los casos de abuso por parte de las autoridades hacia las personas que hacen valer su derecho a la manifestación y libre expresión en las recientes marchas.
Notas
1 Animal Político, “PGR libera a estudiante Sandino Bucio; acusa a golpes durante arresto”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/11/sandino-bucio-dovali-sale-libre-a cusa-que-lo-torturaron/
2 CNN México, “Policía Federal suspende a agentes que detuvieron estudiante de la UNAM”, [en línea], México, Dirección URL: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/11/30/policia-federal-suspende-a-ag entes-que-detuvieron-estudiante-de-la-unam
Sin embargo, “Sandino Bucio acepta que es el de las fotos donde se le ve lanzando molotovs, y encapuchado”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/01-12-2014/1181730
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 2 días del mes de Diciembre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional en Milpa Alta a emitir un dictamen técnico de las zonas, los pueblos y los barrios con suministro de agua potable mediante la modalidad de tandeo para enviarlo al Sacmex, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Alejandro Sánchez Camacho integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se exhorta al jefe delegacional en Milpa Alta a emitir un dictamen técnico, para ser enviado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), de las zonas, los pueblos y los barrios que reciben el suministro de agua potable mediante la modalidad de tandeo, en el que se incluyan los siguientes pueblos y barrios: San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan , Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl.
También se exhorta al director general del Sacmex a efecto de que en la siguiente resolución de carácter general, en la que se establezca la lista de pueblos y barrios en que los usuarios reciban el suministro de agua por tandeo, sean incluidos los pueblos y barrios correspondientes San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl, así como para que se les establezca cuota fija, atendiendo a lo dispuesto en los párrafos primero y tercero del artículo décimo noveno transitorio del decreto que por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Cada año se incrementa el problema de la escasez del agua en el Distrito Federal, en razón de que la demanda del líquido cada vez es mayor y este recurso es menor, aunado al incremento poblacional, la ineficiencia de la operación, las pérdidas en fugas y la falta de una cultura del uso racional del agua que se manifiesta en las zonas de la ciudad donde no presentan problemas de distribución ni de abasto.
2. Se ha señalado reiteradamente que el suministro de agua en la capital del país registra una tendencia a la baja, en 1995 se suministraban de sus diversas fuentes de abastecimiento, 35.4 metros cúbicos por segundo, actualmente se suministran 29 metros cúbicos por segundo y se proyecta que en 2025 se suministrarán sólo 19. Dos factores son fundamentales para el incremento del déficit de agua que padece el Distrito Federal: el agotamiento de las fuentes de abastecimiento y el crecimiento de la demanda por el crecimiento de la población.
3. Milpa Alta es uno de los casos que ejemplifica este fenómeno: de ser una demarcación que en la década de 1990, con una población de 63 mil 654 habitantes, aportaba agua para otras delegaciones, en 20 años duplicó su población hasta registrar 130 mil 582 en 2010, por lo que ya no es autosuficiente en el abasto de agua.
4. Para dotar del servicio de agua potable, Milpa Alta cuenta con 17 pozos de agua potable para la población, 2 pozos para riego, 11 plantas de bombeo, 17 tanques de almacenamiento y regulación, un acueducto de 3 kilómetros, 22 kilómetros de líneas de conducción, 2.3 kilómetros de red primaria, 256 kilómetros de red secundaria y 1 toma tipo cuello de garza, donde se abastecen las 28 pipas con que cuentan.
5. La mayor parte del territorio de Milpa Alta se ubica en zona montañosa y su población se encuentra relativamente dispersa, para el abastecimiento de agua en todos los pueblos, la mayoría de los pozos se encuentran en la zona baja y por medio de una red de plantas de bombeo en forma escalonada, se lleva el agua de la parte baja hasta los poblados de la zona alta que por el crecimiento poblacional y de la demuda de agua se ha provocado baja presión en la red y su consecuente desabasto. Cabe subrayar que desde 2000 se Siguen suministrando a esa demarcación, 700 litros por segundo, 600 de los pozos y 100 del acueducto.
6. Si bien Milpa Alta no es la delegación que más padece por el desabasto de agua, pues tampoco depende de los sistemas Lerma, Cutzamala, Barrientos y Chiconautla, que han registrado una disminución en su aportación, por el crecimiento poblacional puede convertirse en pocos años en una demarcación con graves problemas, porque ahora de manera natural está amortiguando el crecimiento de la ciudad, junto con Tláhuac y Tlalpan.
7. Como una forma de compensar a la población del Distrito Federal que padece desabasto de agua por encontrarse en la modalidad del tandeo, cada año el gobierno local, a través de la Secretaría de Finanzas, a solicitud del Sacmex y con base en dictámenes técnicos del propio órgano desconcentrado y de las Delegaciones, emite una resolución de carácter general, en la que se establecen las colonias que reciben el servicio de agua por tandeo y se les asigna una cuota fija, sin embargo, en dichas publicaciones cada año varían las colonias, dependiendo de la problemática que registren.
8. El 28 de marzo de este año se publicó la resolución de carácter general donde se estableció que 260 colonias de 11 delegaciones que reciben el agua por tandeo y en consecuencia se les aplica tarifa fija en el pago de los derechos por el suministro de agua potable. En dicha resolución se incluyen Pueblo San Agustín Ohtenco, los barrios La Luz y San Marcos del Pueblo Villa Milpa Alta y el barrio San Miguel del pueblo San Pablo Ozotepec. Sin embargo, hay evidencias por reportes ciudadanos que en pueblos y sus barrios correspondientes de San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan , Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl. Hay un grave desabasto de agua por el tandeo en el servicio.
9. Ante la problemática de escasez de agua que se vive en varios pueblos y barrios de Milpa Alta y que no fueron incluidas en la resolución de carácter general correspondiente a este año, se considera urgente que la Asamblea Legislativa realice un atento exhorto al jefe delegacional en Milpa Alta para que emita un dictamen técnico, para ser enviado al Sacmex, de las zonas pueblos y colonias que reciben el suministro de agua potable, mediante la modalidad de tandeo, en la que se incluyan las colonias San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan , Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl. Al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en la siguiente resolución de carácter general en la que se establezca la lista de los pueblos y los barrios en que los usuarios reciban el suministro de agua por tandeo sean incluidas los pueblos y sus barrios San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan , Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl, así como para que se les establezca cuota fija.
En ese contexto planteamos los siguientes
Considerandos
Primero. Los bosques de Milpa Alta forman parte de la sierra del Ajusco Chichinautzin, la cual provee 35 por ciento de la recarga de los mantos acuíferos del Distrito Federal, lo que la convierte en una zona de reserva estratégica para la sustentabilidad hídrica de la ciudad, alterar este ecosistema, traería consecuencias graves como desabasto y sequía, además de hundimientos en ciertas zonas.
Segundo. Es obligación del gobierno del Distrito Federal procurar el bienestar social y dotar de servicios e infraestructura urbana a los habitantes, así como garantizarles la sustentabilidad del agua.
Tercero. El artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que están obligados al pago de los derechos por el suministro de agua que provea el DF los usuarios del servicio, y que el monto de dichos derechos comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como su descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello, mismas que se pagarán bimestralmente, por toma de agua de acuerdo con la tarifa correspondiente.
Cuarto. El gobierno de la ciudad ha procurado regularizar el servicio de suministro de agua en las áreas que forman el territorio del Distrito Federal, aunque a la fecha existen algunas colonias que reciben el vital líquido a través de tandeo.
Quinto. El párrafo primero del artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013, establece que a los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal, en tanto se regulariza el suministro. Asimismo, para acceder a este beneficio no será necesaria la instalación ni la compra del medidor.
Sexto. El párrafo tercero del citado artículo transitorio establece que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán el dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará el beneficio.
Ante la problemática que se presenta en Milpa Alta y atendiendo a las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe delegación en Milpa Alta a emitir un dictamen técnico, por enviar al Sacmex, de las zonas, los pueblos y los barrios con suministro de agua potable mediante la modalidad de tandeo, en el que se incluyan los pueblos y barrios San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl.
Segundo. Se exhorta al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en la siguiente resolución de carácter general en la que se establezca la lista de pueblos y sus barrios en que los usuarios reciban el suministro de agua por tandeo sean incluidos los pueblos y barrios San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan , Villa Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenahuac, Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomitl, así como para que se les establezca cuota fija.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la separación del encargo del general Crisanto García en tanto se realizan las investigaciones relativas a casos de soborno y fraude cometidos por militares, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas ciudadanas fundamentales para el buen desarrollo de nuestra democracia, con el objetivo de que todo servidor público, sin importar su nivel y responsabilidades propios de su cargo, desempeñen una labor honesta y apegada a la ley.
En este marco, es propicio señalar el desempeño y los antecedentes en un caso que resulta de suma importancia para la buena imagen de una institución tan honorable como el Ejército mexicano.
El general de brigada Crisanto García se desempeña actualmente como subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial, organismo encargado de la seguridad del presidente de la República.
Desde ese cargo es el responsable de la operación y el mantenimiento de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial, actividad de vital importancia para el resguardo y protección del jefe del Ejecutivo.
Además, es el responsable de la organización y el protocolo de los actos de la esposa del presidente de la República, de la sección de Transmisiones y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales del Estado Mayor Presidencial.
Todas estas actividades están en manos de un militar que ha sido señalado de participar en una red de oficiales del Estado Mayor Presidencial que hizo negocios con refacciones de aviones y helicópteros, así como fraudes en los contratos de mantenimiento durante el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con versiones periodísticas, el general Crisanto García fue incluido en la investigación que hizo la justicia de Estados Unidos por corrupción y soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support para ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010.
Esta acusación quedó ratificada en una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que en marzo de 2012 informó que a cambio de 2 millones de dólares en sobornos al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal y al gobierno de Sinaloa, Bizjet International obtuvo contratos por 20 millones de dólares y 50 millones de pesos.
Distintos medios de comunicación dieron cuenta de que los funcionarios involucrados en estos sobornos eran el entonces general brigadier Crisanto García, subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial; Eduardo Laris McGregor, coordinador de Operaciones Aéreas de la Policía Federal; y Mauricio Camarena Delgado, director de Servicios Aeroportuarios de Sinaloa.
La PGR indicó que esos funcionarios eran investigados como probables responsables de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, sancionados por los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
Además, la PGR abrió una investigación por la simulación de mantenimiento a aeronaves, en las cuales los mandos del Estado Mayor Presidencial, del cual formaba parte el general Crisanto García, obligaban a los mecánicos a firmar notas de trabajos no hechos.
A pesar de ser uno de los involucrados en el caso de corrupción, en el sexenio de Enrique Peña Nieto el general Crisanto García permanece en el selecto grupo de los militares encargados de la seguridad presidencial. Incluso mantiene el control del hangar presidencial, donde tiene una oficina y un alojamiento.
La influencia del general Crisanto García ha permitido que familiares suyos se encumbren en otros cargos, incluso de elección popular. Se sabe que su familiar Marcos Romero conquistó la presidencia municipal de Papantla, Veracruz, mediante la presión a diversos grupos, a quienes les sugerían votar por él, ya que contaba con el respaldo del Ejército.
En medios regionales se menciona que el hermano de Marcos Romero, Ricardo, realiza operaciones financieras para lavar el dinero que procede de las actividades del general Crisanto García.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar las investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República, con el fin de concluirlas y dar una sentencia.
Segundo . Se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue las irregularidades cometidas por los funcionarios en los casos de sobornos y fraudes.
Tercero . Se exhorta al órgano de control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional a que investigue los casos de soborno y fraude cometidos por militares.
Cuarto . Que por las responsabilidades inherentes a su puesto, el general Crisanto García sea separado de éste mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
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