Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4011-VII, martes 29 de abril de 2014
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.
Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.
Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.
Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.
Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.
Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.
En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..
El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.
Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.
Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.
Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.
Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.
Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.
Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.
Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.
Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.
Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.
Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.
Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.
Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.
Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.
A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.
Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.
En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.
Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Bibliografía :
Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf
Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012
La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico
Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.
Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.
Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.
La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.
Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.
El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.
Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.
La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.
La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.
El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.
Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.
La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.
Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.
En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.
En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.
Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.
Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.
Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.
Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.
Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.
Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.
En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.
En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.
Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.
Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.
¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?
Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.
¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?
¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?
¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?
¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?
La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.
La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.
En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.
Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.
No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.
En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.
Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir la declaratoria de emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62 numerales 2 y 3; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que emita Declaratoria de emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para México, el café representa una actividad estratégica; emplea a más de 500 mil productores, en cerca de 690 mil hectáreas de 12 entidades federativas y 391 municipios; involucra exportaciones por 897 millones de dólares/año y es el principal productor de café orgánico del mundo, destinando a esta el 10 por ciento de la superficie; además, vincula directa e indirectamente a cerca de 3 millones de personas y genera un valor en el mercado de alrededor de 20 mil millones de pesos por año.
El sector ha logrado la construcción de sus propias instituciones, de sus propios activos, sus propios bienes públicos, entre ellos la Amecafe, el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, el Padrón Nacional Cafetalero, el Fircafe, entre otros.
De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café, de los 12 estados productores,1 Chiapas ocupa un oneroso primer lugar nacional. La variedad de café que más se produce en el estado (y en México) es el denominado “arábica” (coffea arabica), el cual se cultiva casi en su totalidad en pendientes escarpadas, bajo árboles de sombra y con un uso muy limitado de agroquímicos características que lo hacen un cultivo ambientalmente verde por excelencia. También tenemos el café “robusta” (coffea canepbora), que es la otra especie que se produce comercialmente en el mundo y se usa sobre todo en la industria de los cafés solubles. La mayor parte de los productores son ejidatarios (muchos de ellos pertenecientes a etnias indígenas).
En Chiapas hay 180 mil productores de café, de los que 15 por ciento pertenece al sector privado y los demás al sector social con superficies de media a dos hectáreas en promedio (lo cual refleja que se trata de un cultivo preponderante mente de interés social).
La producción estimada de la cosecha 2011-2012 en esta entidad, según la Unión Agrícola Regional de Productores de Café Tacaná, fue de os millos 300 mil quintales, de los que 750 mil corresponden a café orgánico, rubro en cual Chiapas se encuentra en el segundo lugar mundial después de Perú.
La derrama económica y los beneficios sociales que puede producir el café en Chiapas son de la mayor envergadura, tanto por la captación de divisas que se obtienen a partir de las exportaciones como por los miles de empleos que se generan con su cultivo, procesamiento y comercialización. Todo lo anterior sin menoscabar los grandes beneficios ambientales que se derivan del café, en particular la conservación de los suelos, la flora y la fauna, y el papel fundamental que tienen los cafetaleros como pulmón ambiental con la generación de oxígeno y la fijación de carbono.
Otro aspecto interesante que conlleva la caficultura es el valor que esta actividad tiene como punto de contacto con México en Centroamérica, al ser una cuestión muy significativa en el desarrollo de varios país del istmo centroamericano.
Por otra parte, uno de los problemas fitosanitarios más comunes en los países productores de café es la roya, la cual es ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix.2 En México se detectó en 1981 en la región del soconusco, Chiapas. Este hongo ataca a las hojas de los cafetos de todas las variedades comerciales pertenecientes a Coffea arabica, tales como Typica, Bourbon, Mundo Novo, Caturra, Garnica, Maragogipe, Catuaí, Pluma Hidalgo, entre otras, mismas que se cultivan en la mayor parte de las regiones cafetaleras de nuestro país. Existen numerosas razas del hongo que ocasiona la enfermedad, pero la predominante en México es la raza.3 Cuando se registran altas infestaciones provoca defoliaciones severas que pueden reducir el rendimiento si se presentan en fases tempranas de formación o maduración de los frutos, o en su caso, reducción en los niveles de “amarre” del fruto en el siguiente ciclo si la defoliación se presenta en etapas tardías.
La atípica plaga de roya que invadió entre 60 mil y 70 mil hectáreas de café en 22 municipios del Soconusco y la sierra de Chiapas, amenaza con disminuir la cosecha hasta 60 por ciento.
Los dirigentes cafetaleros del sector social y privado han señalado en diversas ocasiones que desde octubre de 2012 la plaga de roya en cafetos chiapanecos se ha ido acrecentando, por lo que a la fecha han perdido la mitad de los empleos que se generaban, en perjuicio de 200 mil mexicanos y 400 mil guatemaltecos que laboran en las fincas de la región fronteriza
Por ello, se debe emitir declaración de emergencia sobre el combate a la roya del café y demás enfermedades en el campo, que de no atenderse de forma urgente, disminuirá la productividad en éste 2014, mucho más que en años anteriores.
No obstante que en diversas ocasiones se ha motivado a que el gobierno federal, tome las acciones necesarias que ayuden al combate de este problema, no se ha tenido respuesta que ayude a preservar la productividad del café; por lo que, someto a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que emita declaratoria de emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas.
Notas
1 Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Querétaro.
2 Con base en la NIMF 8 de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en la cual se establecen las características para la determinación de la situación de una plaga en un área, por lo que H. vastatrix se considera presente en el territorio nacional y sujeta a control oficial (CIPF, 2006).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a implantar medidas a fin de cumplir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.
Exposición de Motivos
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2007, la fecha se estableció con el objetivo de impulsar programas y políticas públicas tendientes a garantizar todos los derechos a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad.
Con ello se busca visibilizar y reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no únicamente como beneficiarios de medidas y programas de carácter asistencialista, a la par de exhibir la situación en la que viven con el objetivo de eliminar las barreras físicas, sociales, económicas y culturales que impiden que este sector de la población ejerza plenamente los derechos enmarcados constitucionalmente y en diversos tratados internacionales.
Las personas con discapacidad constituyen un 15 por ciento de la población mundial, sin embargo, casi una quinta parte del total mundial estimado de personas que viven con discapacidad, o entre 110 a 190 millones, enfrentan considerables dificultades.
Además, una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente por la discapacidad, como familiares y personas que se hacen cargo de las personas que padecen esta situación.
Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 5.7 millones de personas con discapacidad, aunque se identifica una subestimación de los datos, pues hay diversas discapacidades que no son identificadas ni reportadas en el levantamiento del censo. En realidad se calcula que, al menos, el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, de las cuales más de la mitad tiene alguna dificultad para caminar y moverse y tres de cada diez para usar sus brazos y manos.
Por otro lado, es importante señalar que cerca de una quinta parte tiene discapacidad visual y una décima parte presenta discapacidad auditiva, a la par de que entre las limitaciones menos frecuentes están la del habla (4 por ciento) y la discapacidad mental (0.5 por ciento).
Se debe mencionar que México fue uno de los principales impulsores y firmantes de la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en 2008, por lo que el Estado mexicano está mayormente obligado a armonizar la legislación nacional para cumplir con los acuerdos y lineamientos que en ella se estipulan, así como impulsar programas y políticas públicas que propicien mejores condiciones para las personas con discapacidad.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1o. de la mencionada Convención, el propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.”
Sin embargo, a pesar de que México firmó y ratificó tan importante acuerdo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación (Enadis) 2010, no se ha cumplido con los compromisos adquiridos.
Esto porque la población con discapacidad considera que el desempleo es el principal problema que las personas con esa condición enfrentan actualmente (27.4 por ciento) y en segundo lugar la discriminación, (20.4 por ciento) seguida de las dificultades que enfrentan para ser autosuficientes (15.6 por ciento).
Asimismo, poco se ha hecho para garantizar la plena accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en edificios, calles, espacios públicos, transporte o cualquier lugar para que la infraestructura sea incluyente para todas y todos.
En cuanto al equipamiento para atender a la población con discapacidad (motriz y visual), 41.5 por ciento de las personas con discapacidad señala que cerca de su casa no hay rampas para sillas de ruedas y cerca de 50 por ciento menciona que no hay espacios especiales de estacionamiento.
De igual manera, 72 por ciento expresó que cerca del lugar en donde vive no hay elevadores para sillas de ruedas, 69 por ciento indica que no cuenta con guías y señalamientos para débiles visuales y 66 por ciento que los baños no tienen acceso para sillas de ruedas.
A pesar de que existen legislaciones como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, donde en su artículo 42 se establecen las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), queda mucho por hacer en los rubros de no discriminación, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, entre muchos otros.
Ante esto, podemos observar que resulta urgente una agenda integral para personas con discapacidad que contemple, al menos, disposiciones en materia de salud, educación, trabajo, justicia, cultura, deporte y accesibilidad; principios plasmados en la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Ya lo estableció Naciones Unidas, en el marco de esta conmemoración:
La experiencia demuestra que cuando las personas con discapacidad están habilitadas para participar y liderar el proceso de desarrollo, toda la comunidad se beneficia, ya que su participación crea oportunidades para todos, con o sin discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad y sus comunidades en las actividades de desarrollo es importante para promover el programa de desarrollo.1
Es responsabilidad del Estado mexicano implementar medidas y acciones para hacer posible el pleno acceso de las personas con discapacidad al disfrute de los derechos que les corresponden.
Como Poder Legislativo se debe observar y apresurar el proceso de armonización legislativa para que el marco legal mexicano considere de manera integral las normas que garanticen las condiciones para el pleno desarrollo de las personas.
Al mismo tiempo se debe impulsar a nivel presupuestal los recursos que hagan posible que se den los cambios en la política pública en miras de elaborarlas de manera transversal e integrales y no de mero corte asistencialista; es decir que atienda todas las necesidades como la accesibilidad, trabajo, educación, salud, vivienda, transporte, partiendo de un análisis real y objetivo.
En Movimiento Ciudadano tenemos el compromiso de impulsar desde este Congreso las medidas legislativas y presupuestales que atiendan las necesidades y demandas de las personas con discapacidad para que gocen plenamente de sus derechos y cuenten con las mismas oportunidades para su desarrollo.
Por tales razones y con el objetivo de contribuir a generar los cambios sociales y culturales que acaben con cualquier situación que genere discriminación de las personas con discapacidad, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a implementar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 respecto a los derechos de las personas con discapacidad.
Nota
1 Naciones Unidas, Enable, “Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre de 2011”, [en línea], Dirección URL: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=32&pid=158 6
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a investigar y determinar la responsabilidad de los elementos de la SSP local por las violaciones de derechos humanos de ciudadanos que el 22 de abril de 2014 realizaron una manifestación en torno a las instalaciones de Televisa, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El martes veintidós de abril del año en curso fueron convocadas a través de las redes sociales diversas manifestaciones públicas en protesta del proyecto de ley secundaria en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, que el Ejecutivo Federal presentó en el Senado de la República y en el contexto de la discusión del dictamen correspondiente.
La manifestación de protesta se realizó en Avenida Reforma de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia a la Sede del Senado de la República, sin que se presentaran actos que afectaran a la ciudadanía o instalaciones públicas o comercios. Posteriormente, un grupo de los manifestantes se dirigió a las instalaciones de la empresa Televisa en Avenida Chapultepec, lugar que se encontraba resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
El boletín de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 68/2014, emitido en la noche del mismo martes veintidós de abril, informa de los actos de represión y violencia en contra de los manifestantes por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la detención de ciudadanos, así como de violencia hacia los Visitadores y Visitadoras de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que acompañaban y monitoreaban las movilizaciones.
De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Los derechos fundamentales a la libre expresión y de reunión deben ser garantizados por el Estado mexicano en cualquier nivel de gobierno. Por lo que es necesario, exhortar al Titular del Gobierno del Distrito Federal para que a través de las instancias competentes investigue y sancione los posibles actos que violentan los derechos humanos de los manifestantes en los alrededores de la empresa Televisa.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición de urgente y obvia resolución con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto a su autonomía, se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que investigue y determine la responsabilidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por los hechos violatorios de derechos humanos de ciudadanos y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el veintidós de abril del año en curso, durante la manifestación realizada en torno de las instalaciones de la empresa Televisa.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de abril de 2014.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, suscrita por integrantes de la Comisión de Deporte
La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en sus artículos 78 y 79, establece que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene por objeto, entre otros, conocer y resolver el recurso de apelación sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) o cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos reconocidos a favor del apelante, en la misma ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. Asimismo, establece fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos.
El artículo 80 de la citada ley prevé que la integración de la CAAD, a través de un pleno, de unidades administrativas y de oficinas regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. Respecto del pleno, éste se integrará por un presidente y cuatro miembros titulares que son designados por el titular del Ejecutivo Federal, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelectos un periodo más. Estos nombramientos deberán recaer en personas con profesión de licenciado en derecho o abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, reconocido prestigio y calidad moral.
Actualmente la CAAD se encuentra conformada por un presidente y tres miembros titulares ratificados por el titular del Poder Ejecutivo federal para el periodo 2013-2016. Lo anterior debido a que el 1 de febrero de 2013, hizo efectiva su renuncia uno de los cuatro miembros titulares, misma que fue comunicada mediante escrito de fecha 17 de enero de 2013, al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Derivado de la naturaleza jurídica de la CAAD como órgano colegiado, cuyas resoluciones deberán ser adoptadas por mayoría de votos; esto es, tres de cinco; la actual integración y funcionamiento del citado órgano –Un presidente y tres miembros titulares- hace inminente la posibilidad de empate en cualquiera de las resoluciones que éste adopte y, al mismo tiempo, se limite el cumplimiento eficaz y oportuno al momento de conocer y resolver recursos de apelación, arbitraje, mediación y conciliación, debido a que estos medios de solución de conflictos se aprueban por mayoría de votos.
Por lo anterior, las diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Deporte, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones en materia de deporte, designe al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
Diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Vázquez Saut Regina (rúbrica), Fernando Alejandro Larrázabal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), secretarios; Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, José Guadalupe García Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Jorge Salgado Parra, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para que se forme un grupo de legisladores que dé seguimiento a la presunta violación de los derechos humanos de activistas sociales y campesinos cometida por el gobierno de Puebla, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 1 y las fracciones I y II del numeral 2, todas del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En el estado de Puebla diversos sectores sociales se han manifestado para reclamar su derecho a una vida digna y el pleno respeto a sus derechos fundamentales, ello debido a las afectaciones que activistas sociales, trabajadores, líderes campesinos y miembros de la comunidad académica han denunciado, mismas que van desde privación de la libertad personal, el nulo respeto por las condiciones laborales, la falta de diálogo ante el altísimo riesgo ambiental generado por megaproyectos del gobierno y las preocupantes políticas emprendidas en torno al recurso del agua. De todas ellas ha quedado constancia en actos públicos y mediáticos que ameritan la atención, el estudio y en su caso, el restablecimiento de los derechos reclamados.
México es un país que se ha esforzado por contar con mecanismos legales que garanticen el pleno respeto a los derechos fundamentales de toda persona, muestra palpable de ello es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, así como la suscripción y ratificación de tratados internacionales de gran importancia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que el Estado Mexicano se adhirió el 24 de marzo de 1981, por lo que resulta obligatoria la investigación sobre cualquier acto u omisión que emane de autoridad que haya sido objeto de denuncia y ponga en peligro de manera generalizada y permanente a la población.
El reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla, sufren al día de hoy una de las crisis más profundas y el riesgo es ser encarcelado. El gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática y arbitraria a dirigentes y activistas sociales que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales sin la oportunidad del diálogo y la conciliación.
Segunda. Parte del descontento social en Puebla, se ha derivado de diversas políticas empleadas por el gobierno actual y culminadas en decretos y leyes que cuentan con el visto bueno del congreso estatal; ejemplo de ello es el decreto aprobado el 12 de septiembre de 2013 por el congreso del estado que concesiona a empresas privadas la operación de los 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), y que hasta antes de la entrada en vigor del mismo, eran manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios más poblados de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros; creando incertidumbre, toda vez que se faculta a las empresas a establecer tarifas por el suministro del vital líquido y hasta la posibilidad de ejecutar embargos contra deudores.
Aunado a lo anterior, el 12 de marzo de 2014, el gobernador tomó la decisión de enviar al Congreso del Estado otro decreto que suprime de forma irresponsable al “Hospital del Niño Poblano”, integrándolo a los servicios de salud del estado y dejando a cientos de personas desempleadas, a su suerte, y sin las consideraciones de reubicación que debieran tomarse. Se trata de más de 800 trabajadores, de los cuales 637 están sindicalizados, y que según el propio decreto aprobado en dos horas, se quedan sin trabajo. Los efectos de tal decisión no quedaron ahí, el 7 de abril pasado, tres ex trabajadoras del ya extinto hospital se crucificaron frente al congreso del estado ante la evidente desesperación de quedar en desempleo.
Es de mencionarse también que el anterior mes de marzo, el Congreso local aprobó también una reforma a la ley de expropiación del Estado de Puebla con la que se faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata sobre inmuebles y predios privados alegando “casos de urgencia y el interés superior de utilidad pública”. Lo anterior abona al descontento al permitir que las autoridades, sin justificación mayor y sin ninguna garantía de audiencia previa a la expropiación, desprendan a los poblanos de sus inmuebles, es decir, es ahora “legal” despojar familias completas de sus propiedades si es que representan un obstáculo para emprender proyectos de infraestructura pública del gobierno. Con ello se ignoran las formalidades esenciales de cualquier procedimiento consagradas en la Constitución Federal al inventarse un método exprés de expropiación, sin darle garantías de audiencia a la población y dejándolos en estado de indefensión.
Tercera. En Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos. No obstante de ello, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular por el personal, ignorando la viabilidad social, cultural y ecológica, así como lo propiamente establecido en el convenio 169 de la OIT.
Estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, y del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras, ante tal situación nos preguntamos: ¿Qué va pasar con los campesinos y dónde están incluidos en los proyectos?
Dicha situación se refleja en las ya 90 concesiones mineras otorgadas y 8 hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca Poblana que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región, pues necesitarían alrededor de 50 millones de litros de agua, aunado a las grandes cantidades de mercurio y cianuro que se utilizan para la extracción de oro y que representan un irreversible daño ambiental.
Situación similar se vive ante la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto con el llamado Proyecto Morelos que pasará a tan sólo siete kilómetros del Parque Nacional Xicoténcatl, a 14 kilómetros del Parque Nacional La Malinche y a 27 kilómetros del Corredor Biológico Chichinautzin y que consiste de dos termoeléctricas de ciclo combinado para generación eléctrica, un acueducto de 10 kilómetros que cruzará por distintas comunidades del municipio de Cuautla, Morelos y que se alimentará del río Cuautla, un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala; y Una línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec.
Situación especial merece la indicación que este gasoducto, pasará también a sólo 31 kilómetros del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, que es una zona de significante riesgo eruptivo y que según algunos estudios de la UNAM del área de Geofísica y del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP, alertan de la existencia de riesgos de erupción, tras lo cual, las piedras incandescentes o el derrame de lava tocarían los ductos, provocando una catástrofe.
Ante esta situación, diversas organizaciones sociales defensoras del derecho a la vida, al trabajo, a la tierra, el agua y la naturaleza, entre las que se encuentra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Puebla, Tlaxcala y Morelos y el Movimiento Nacional Los de Abajo, acordaron emprender la más elemental de las acciones del ser humano y exigir su derecho a vivir en paz y con dignidad, así como una legítima defensa por sus derechos fundamentales en ejercicio de la libre manifestación de las ideas, situación que fue reprimida el día 6 de abril de 2014 cuando a las 12 horas, fue detenida por policías estatales de Puebla, la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, quien se oponía a la construcción del Proyecto Integral Morelos, acto que se perpetró sin exhibir orden de aprehensión y en flagrante violación al debido proceso, para después ser trasladada al CERESO de Atlixco, con número de expediente 121/2014, en donde se le dictó auto de formal prisión por los cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública.
Un día después, el 7 de abril de 2014, fue detenido de forma ilegal Juan Carlos Flores Solís, al terminar de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que denunciaba violaciones a los derechos humanos contra la activista Enedina Rosas Vélez. El modus operandi resultó el mismo, la violación al debido proceso fue evidente al realizarse otra detención arbitraria pues fue interceptado por 4 vehículos blancos sin placas ni logotipos que identificaran la supuesta autoridad, y con uso de fuerza fue subido a un auto y trasladado a un lugar que para entonces era desconocido. A Juan Carlos Flores Solís se le dictó auto de formal prisión por los delitos de motín, despojo, ataque contra la infraestructura hidráulica y extorsión.
Al día siguiente, 8 de abril, el dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero Calderón, opositor a la construcción del Arco Poniente, fue detenido arbitrariamente alrededor de las 5 de la tarde en el municipio de San Martín, Texmelucan, después de acudir a una reunión de trabajo con ejidatarios, en donde personas vestidas de civil, sin orden de aprehensión lo sometieron, quedando en calidad de desaparecido por más de 6 horas; para posteriormente ser trasladado al CERESO de Atlixco. A Abraham Cordero Calderón se le dictó auto de formal prisión por los delitos de privación de la libertad, amenazas e ilícitos contra funcionarios públicos y se le negó la posibilidad de caución por considerársele una persona peligrosa en contravención al principio de presunción de inocencia.
No obstante de lo anterior, El once de abril amagaron con armas de fuego e intimidaron a la familia del Dr. en Sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exigiéndole que dejara de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.
El día de 12 abril el líder sindical del SUETHAPIP Israel Pacheco Velázquez fue detenido bajo el argumento de extorsión, se encuentra recluido en el Cereso de Cholula, lo cual representa el control sindical desde el gobierno del estado.
Las amenazas continúan como en el caso de Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero Calderón, quien denunció llamadas telefónicas amenazantes.
El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos quienes carecen de información de los proyectos, solicitan ser consultados y tomados en cuenta, sin que sus tierras y aguas sean expropiadas ni contaminadas, además, el gobernador ha creado un clima de miedo, las demandas de grupos de mototaxistas que exigen respeto a su derecho laboral ha sido ignorado para dar lugar a enfrentamientos directos y violentos en los municipios de Coronango Xoxtla, Acatzingo y Nealtican.
Se han girado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos: Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia; sigue vigente la amenaza de expedir otras contra 150 personas, que no tienen nombre aún y puede activar en cualquier momento ya que se encuentran en la lista negra que se menciona dentro de la averiguación AP 430/2013/DMZS/Atlix, esto confirmado por el mismo secretario de gobierno ciudadano Luis Maldonado.
En Puebla es necesario informar, consultar, tomar en cuenta a las comunidades y frenar inmediatamente la persecución y represión de activistas sociales, trabajadores, campesinos y miembros académicos.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.
Segundo. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los megaproyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del arco poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.
Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al ciudadano Procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cese la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos y se transparenten los procesos seguidos en contra de los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.
Diputados: Roxana Luna Porquillo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Ángel Cedillo Hernández, Armando Contreras Ceballos, Carol Antonio Altamirano, Graciela Saldaña Fraire, Joaquina Navarrete Contreras, Josefina Salinas Pérez, Juan Manuel Fócil Pérez, Juana Bonilla Jaime, Marcelo Garza Ruvalcaba, Mario Alejandro Cuevas Mena, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Saraí Larissa León Montero, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Bautista López, Víctor Manuel Manríquez González, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas)
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