Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3892-VII, jueves 24 de octubre de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar una norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cuerpo está compuesto por millones de millones de células vivas. Las células normales del cuerpo crecen, se dividen para crear nuevas células y mueren de manera ordenada.
Durante los primeros años de vida de una persona las células normales se dividen más rápidamente para facilitar el crecimiento. Una vez que se llega a la edad adulta, la mayoría de las células solo se dividen para reemplazar las células desgastadas o las que están muriendo y para reparar lesiones.
El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales.
El cáncer ovárico es aquel que se origina en los ovarios. Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos viajan a través de las trompas de Falopio hacia el útero donde el óvulo fertilizado se implanta y se desarrolla en un feto. Además los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas el estrógeno y la progesterona. Un ovario esta en cada lado del útero en la pelvis.
Los ovarios están compuestos por tres tipos principales de células:
– Células epiteliales, las cuales cubren el ovario
– Células germinales que se encuentran en el interior del ovario. Estas células forman los óvulos que son liberados hacia las trompas de Falopio cada mes durante los años reproductivos.
– Las células estromales, las cuales forman el tejido de soporte o estructural que sostiene el ovario y que producen principalmente las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.
Cada uno de estos tipos de células se pueden desarrollar en un tipo diferente de tumor. Existen tres tipos principales de tumores ováricos:
1. Los tumores epiteliales se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario. La mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales.
2. Los tumores de células germinales se originan de las células que producen los óvulos.
3. Los tumores estromales se originan de las células del tejido estructural que sostiene el ovario y produce las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.
La mayoría de estos tumores son benignos no cancerosos y nunca se propagan fuera del ovario. Los tumores se pueden tratar mediante la extirpación quirúrgica de un ovario o de parte del ovario que contiene el tumor.
Sin embargo, los tumores ováricos que no son benignos (cancerosos) o de bajo potencial maligno, que se pueden propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo y pueden causar la muerte.1
El cáncer de ovario es el tumor ginecológico que produce la más alta mortalidad (52 por ciento) debido a que sus síntomas iniciales son vagos e inespecíficos. La tasa de supervivencia a los cinco años se aproxima al 40 por ciento. Más del 50 por ciento de las mujeres con cáncer ovárico manifiestan enfermedad avanzada al momento del diagnóstico.2
En México según lo reportado por el Instituto Nacional de Cancerología de acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Salud cada año se tienen mínimamente un total de 4 mil 265 casos nuevos de cáncer de ovario y de estos tienen una amplia posibilidad de que mueran al menos 2 mil 400 mujeres lo que equivale a 11 diagnósticos diarios y una mujer que fallece cada 4 horas.
Esta enfermedad puede considerarse un problema de salud pública ya que en las últimas dos décadas la mortalidad ha ido en ascenso, se estima que las mujeres que padecen esta enfermedad en promedio tienen una pérdida de vida de 30 años, además de esto se trata de una enfermedad silenciosa toda vez que pueden pasar meses desde que la mujer inicia con síntomas de cáncer de ovario hasta que ella vaya al médico, ya que con frecuencia los síntomas que en gran parte son gastrointestinales son normales que le sucedan, y estando en la unidad hospitalaria o el médico sea indetectable debido a que los métodos de prevención existentes son poco conocidos como el estudio de ultrasonido transvaginal que se realiza muy poco, confundiéndolos así con enfermedades como colitis, gastritis, amibiasis ,miomas uterinos, cirrosis hepática, enfermedad pélvica inflamatoria entre otros. Esta es la razón por la cual la paciente puede durar hasta entre 6 meses y 1 año en recibir el tratamiento adecuado.
Es importante destacar que esta enfermedad no está cubierta por el rubro de gastos catastróficos del seguro popular3 lo cual es lamentable toda vez que las mujeres que padecen esta enfermedad en una proporción del 40 por ciento son jefas de familias y un 20 por ciento proveen con recursos a la economía familiar.
En cuanto a los tipos de cáncer de ovario se tienen registros de que el 95 por ciento corresponden al cáncer de ovario epitelial que nace de la superficie de los ovarios y que afecta en mayor proporción a mujeres a partir de los 40 años; mientras que el cáncer de ovario germinal que nace del folículo de ovario representa el 5 por ciento de los casos y afecta a adolescentes y mujeres jóvenes,4 este último es altamente curable y está incluido en el Fondo de Gastos Catastróficos del seguro popular pero es el que está afectando a la menor cantidad de casos nuevos.
Otro de los problemas es, que existe una confusión a lo largo del tiempo al pensar que es suficiente con practicar un Papanicolaou para descartar cualquier cáncer ginecológico, sin caer en cuenta que este estudio no es útil para detectar el cáncer de ovario, ya que es necesario el estudio de ultrasonido transvaginal
De manera que si una Norma oficial mexicana: es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación(...)5 es fundamental que el cáncer de ovario sea considerado para desarrollar una norma oficial mexicana derivado de que es un enemigo silencioso, que sin la prevención y diagnóstico oportuno seguirá siendo indetectable a tiempo, ya que es de la más alta mortalidad, que si continúa sin el tratamiento, control y vigilancia estaremos en los próximos años con una tasa de mortalidad que aumentará con el transcurso de los años.
Por ello, se requiere con urgencia que se creen las bases para que las dependencias que integran el sistema nacional de salud en un esfuerzo conjunto y con directrices definidas por la norma oficial mexicana en su carácter de obligatoria, puedan atacar este problema y reducir así la mortalidad que causa esta enfermedad en las mujeres mexicanas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. consagra el derecho de las y los mexicanos a la salud, hago entonces un llamado a esta honorable Cámara de Diputados, para que aprobemos este punto de acuerdo y podamos sentar la base para que la Secretaría de Salud considere la creación de esta norma oficial mexicana y así podamos entonces detectar a tiempo el cáncer de ovario y logremos entonces proteger la vida a muchas mujeres mexicanas que aunque padecen esta enfermedad como con antelación lo he manifestado, no lo saben y por consiguiente están permitiendo crezca a tal grado de pasar a ser parte de la estadística de mortalidad que tiene esta enfermedad.
Por lo anteriormente expuesto y con las facultades que me conceden los artículos 6 numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario.
Notas
1 American Cancer Society 7/1/2013
2 Factores de riesgo asociado con cáncer de ovario/Gustavo Romero Gutierrez,Jaime Naves Sanchez,Alejandra Horna Lòpez,Carlos Julio Aspe Lucero,Roberto Molina Rodriguez ,Ana Lilia Ponce de León –Medigraphic-Ginecologìa y Obstetricia de México.
3 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=291
4 http://www.cancerdeovariomexico.org/#!/tiposdecancer
5 Artículo 3° Fracción XI de la Ley Federal Sobre Metrología y Organización
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la información del Estado mexicano extraída de las cuentas de correo electrónico de servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la administración pública federal en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN
El pasado 20 de octubre del presente año, el diario alemán Der Spiege l, versión en inglés, publicó una serie de documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por los cuales se da cuenta del espionaje cibernético practicado en contra de los servidores y correos de la Presidencia de la República, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública; así como a otras instancias gubernamentales de gobiernos como Francia.
De dicha información destaca la gravedad que significa la infiltración al propio correo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a la intercepción de mensajes personales del actual presidente Enrique Peña Nieto.
En ese sentido, resulta inquietante que la soberanía de nuestro país se vea vulnerada por este tipo de prácticas que van en contra no sólo de la legislación mexicana, sino del propio derecho internacional. De acuerdo con lo conocido hasta este momento, la información a la cual la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvo acceso son comunicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Lo anterior, mediante la vulneración al servidor de correos clave en el dominio de la presidencia mexicana en la red presidencial para obtener el primer acceso a la cuenta pública de correo electrónico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en una operación conocida como Flatliquid.
Sin embargo, dicho reporte, que forma parte de un total de 260 documentos elaborados por la Agencia de Seguridad Nacional, da cuenta de que no sólo la Oficina de la Presidencia fue infiltrada de manera cibernética, sino que a través del proyecto conocido como Whitetamale , la agencia también tuvo acceso a cuentas de correo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
La información citada por el diario alemán Der Spiegel , forma parte complementaria de la información filtrada también al diario británico The Guardian y a la televisora brasileña O Globo. Al respecto el informe de Der Spiegel detalla algunos aspectos del espionaje al actual presidente Enrique Peña Nieto, mediante el cual se interceptaron comunicaciones personales de él y sus colaboradores, que le permitieron a la Agencia de Seguridad Nacional alrededor de 85 mil 489 mensajes de texto.
Contexto internacional actual y de debate sobre el espionaje cibernético
Previa publicación del diario alemán Der Spiegel , dos diarios norteamericano y británico respectivamente, The Washington Post y The Guardian, revelaron la existencia de Prism , un proyecto diseñado por el gobierno de los Estados Unidos de América para monitorear y acceder a “todo el audio, vídeo, fotografías, e-mails, documentos y registros de conexión” en todos los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL (propietaria de Engadget), Skype, YouTube y Apple.
Estos datos estarían siendo utilizados por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (también conocida por las siglas NSA), para vigilancia electrónica de los usuarios de Internet a nivel mundial.
Esquema que identifica la información que se obtiene de proveedores de servicios en Internet
La información filtrada a la prensa indica que analistas estadounidenses estarían utilizando las cadenas de búsqueda de los usuarios para determinar con una precisión de “al menos 51por ciento” si una persona es extranjera y “sospechosa de ser un delincuente”, tras lo cual se extraen sus datos, incluyendo las personas de su lista de contactos. En servicios de redes sociales, las autoridades podrían monitorizar audio, video, conversaciones de texto y transferencias de archivo. También sería posible acceder a correos electrónicos, así como a sus servicios de almacenamiento y de búsqueda.
Cuestionamientos sobre la operación y legalidad de los programas de espionaje cibernético en el marco internacional
Al generarse cuestionamientos a nivel mundial sobre la legalidad de Prism y cómo funciona exactamente, James Clapper, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, desclasificó la existencia del programa para aclarar lo que él llamó “impresiones”. Según Clapper, Prism “no es un programa de recolección o minería de datos no divulgado”, sino:
“Una herramienta para monitorear las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses a través de sus metadatos (es decir, la información sobre quién envía una comunicación, a quién va destinada y cuándo se produce, sin llegar a acceder al contenido).
Es un sistema informático interno del gobierno usado para facilitar la recolección autorizada por el gobierno de información de inteligencia extranjera desde proveedores de servicios de comunicación electrónica bajo supervisión de un tribunal [...] Esta autoridad fue creada por el Congreso y ha sido ampliamente conocida y discutida en público desde su creación en 2008.
Resumiendo, la Sección 720 facilita la adquisición dirigida de información de inteligencia extranjera relacionada con objetivos extranjeros situados fuera de los Estados Unidos bajo supervisión de un tribunal. Los proveedores de servicio suministran información al gobierno cuando así se les requiere legalmente”.
Al mismo tiempo que Prism era desclasificado por el director de Seguridad Nacional, el periódico británico The Guardian (que junto al Washington Post reveló la existencia del programa), dio a conocer un reporte general de recolección de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) que data de 2009 y que proporciona una idea de la magnitud y el posible alcance del sistema de vigilancia de Estados Unidos en Internet y en telefonía móvil, que incluye no solamente a los ciudadanos estadounidenses sino también a los extranjeros.
Objetivos para recolección de datos del reporte de la NSA publicado por The Guardian
Dicho reporte señala también que dado que el volumen de información recopilada es enorme, los analistas utilizan una herramienta llamada Boundless Informant (informante ilimitado), un software que permite a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos navegar por los informes generados de forma organizada.
De acuerdo a lo anterior, Boundless Informant permite a los usuarios seleccionar un país en el mapa, ver el volumen de metadatos y seleccionar detalles sobre los registros en dicho estado. Su interfaz se muestra con claridad en una captura de pantalla, donde diferentes países aparecen clasificados por colores que reflejan el volumen de metadatos en cada uno de ellos. Sólo en Estados Unidos de América hay más de 2 mil millones de metadatos recogidos, aunque este volumen es menor ante los 14 mil millones de reportes procedentes de Irán, los 13 mil 500 millones de Paquistán o los 12 mil 700 millones de Jordania.
Pronunciamiento por parte de otros países sobre el potencial espionaje a sus ciudadanos
Petición de información del gobierno de Brasil a los Estados Unidos sobre el caso Prism
El exministro brasileño de relaciones exteriores, Antonio Patriota, el 7 de julio solicitó formalmente a Estados Unidos información en torno al espionaje de comunicaciones de ciudadanos brasileños por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
En ese sentido, el gobierno brasileño, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la creciente y grave preocupación sobre la noticia de que los Estados Unidos también espió a ciudadanos brasileños, como mostró un reportaje del diario O Globo . Por ello pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, del estado que guarda esta situación, replicando esta petición la delegación diplomática brasileña en Washington con el Departamento de Estado.
El diario O Globo publicó el pasado domingo 7 de julio un reportaje en el que reveló que Brasil, al igual que la mayoría de los países del mundo, había sido espiado por los programas de rastreo de la NSA. El reportaje usa datos filtrados por el exanalista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, que está desde hace dos semanas en Rusia a la espera de que algún país le conceda asilo político, y evitando el arresto por parte de autoridades norteamericanas que lo acusan formalmente de filtrar información clasificada como sensible para la seguridad nacional de aquel país.
Entre los documentos citados por el diario brasileño, figura un mapamundi en el que Brasil aparece en color verde claro, similar al de países como México, Francia o Australia, lo que indica que el volumen de conexiones interceptadas por los sistemas de espionaje estadounidense es intermedio. Los países más espiados en números absolutos fueron Afganistán (12 mil 500 millones de conexiones por mes), Pakistán (11 mil 700 millones), Irán (11 mil 500 millones), Arabia Saudita (7 mil 400 millones) e Irak (6 mil 700 millones), según el mapa, que se refiere a datos del pasado enero. En el propio Estados Unidos, que aparece en el mapa con un color amarillo (intermedio), fueron espiadas 2 mil 349 millones de comunicaciones.
En el mismo sentido, la presidenta Dilma Rousseff, se pronunció sobre el tema ante el pleno de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, y canceló una visita de estado a los Estados Unidos.
Mapa dado a conocer por el exanalista de la CIA y la NSA, Edward Snowden, indicando la intensidad del espionaje a través del programa PRISM según el país.
Posicionamiento del Parlamento Europeo en torno al caso Prism en países de la Unión Europea
En la sesión plenaria del pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo ha votado investigar las actividades de vigilancia de los Estados Unidos sobre los ciudadanos europeos que derivan del programa Prism. Lo anterior con 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones.
La resolución aprobada por el órgano legislativo de la Unión Europea no sólo se limitará a Prism, sino que también abarcará otros programas similares, posiblemente relacionados con el sistema de escuchas con el que los Estados Unidos grabó un supuesto de conversaciones entre funcionarios gubernamentales europeos.
Adicionalmente, el texto aprobado por el Parlamento Europeo propone proteger a las personas que revelen posibles abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos e insta a tomar medidas a nivel nacional y europeo para presionar a los Estados Unidos, a través de la suspensión de varios programas de intercambios de datos bancarios y de viajeros activos.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado del Parlamento Europeo en torno a esta situación, después de su sesión plenaria del pasado 4 de julio+++NOTA 4+++:
Comunicado del Parlamento Europeo
“La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo realizará una investigación exhaustiva sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos de América, incluido el supuesto espionaje de instituciones europeas y estados miembros, y presentará sus resultados antes de que finalice el año, según una resolución aprobada hoy por la Eurocámara. El presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los grupos políticos han confirmado formalmente la apertura de la investigación. El texto también defiende dar protección a los denunciantes.”
En la resolución, adoptada por 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados expresan su “seria preocupación ante Prism y otros programas similares”, pues representarían una grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de datos. El texto también “condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE” y pide a las autoridades de Estados Unidos que faciliten sin demoras injustificadas información completa sobre el programa Prism y otros programas similares.
La Eurocámara también muestra su profunda preocupación ante las revelaciones de supuestos programas de vigilancia aplicados por estados miembros como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Polonia y les pide que examinen cuanto antes si estos programas son compatibles con la normativa europea.
Por todo lo anteriormente señalado, resulta imperativo que el Estado mexicano no sólo se pronuncie a través de la cancillería condenando toda forma de espionaje en contra de sus ciudadanos y gobierno, sino que refuerce sus mecanismos de defensa y contrainteligencia que le permitan, de manera eficaz, impedir la vulneración de la soberanía y seguridad nacionales a través del espionaje cibernético.
También en el mismo sentido, esta soberanía requiere que el gobierno especifique a la ciudadanía la información sensible a la seguridad nacional que se ha visto comprometida; así como un pronunciamiento enérgico y acciones contundentes de liderazgo que condenen lo sucedido, por lo que someto a consideración de esta soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a la opinión pública detalladamente qué información sensible para el Estado mexicano fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, y de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale, dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, y en particular:
1) Informe detallado sobre los mecanismos y protocolos de defensa y contraespionaje con los que cuenta el gobierno federal para salvaguardar la soberanía e información sensible para la seguridad nacional del Estado mexicano ante programas de ciberespionaje internacional como Prism, y operaciones como Whitetamale y Flatliquid , dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.
2) ¿Qué información de la seguridad nacional del Estado mexicano ha sido comprometida con la extracción de datos de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale , dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América?
3) ¿Cuáles son las fallas que las instancias mexicanas de inteligencia tienen en el área de contrainteligencia, que tienen en vulnerabilidad al Estado mexicano frente a otros gobiernos extranjeros?
4) ¿Cuál es el estado que guarda la política de seguridad para salvaguardar la información de la administración pública federal ante amenazas externas; quién es el responsable de dicha política; y por qué el trabajo de los funcionarios responsables no se ve reflejado frente al éxito de las operaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos?
5) ¿Cómo van los avances en las respuestas de la Secretaría de Gobernación a los exhortos aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativos a los casos de ciberespionaje del programa Prism?
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública sobre qué información específica ha solicitado a la Embajada de los Estados Unidos a raíz del conocimiento público del programa de espionaje Prism de la Agencia de Seguridad Nacional; de las respuestas que dicha embajada ha dado a los requerimientos del Estado mexicano; así como a solicitar y dar a conocer toda la información que reciba de esta representación diplomática relativa a los operaciones de ciberespionaje Whitetamale y Flatliquid , dirigidas por la Unidad de Operaciones de Acceso a la Medida de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia en materia de política exterior, cite a comparecer al Embajador de México ante los Estados Unidos de América, licenciado Eduardo Medina Mora, y a consulta al Embajador de los Estados Unidos de América en México, señor Anthony Wayne, para que expliquen detalladamente ante esa soberanía los avances en el trabajo diplomático e investigaciones con autoridades de aquel gobierno, entorno a los casos de ciberespionaje que vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet mexicanos y la protección de sus datos personales en territorio mexicano, como Prism; y que obtuvieron información de la Oficina de la Presidencia y de la administración pública federal, como Whitetamale y Flatliquid .
Nota
1. Pronunciamiento del Parlamento Europeo:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/ 20130701IPR14770/html/El-PE-abre-una-investigación-sobre-los-programas- de-vigilancia-de-EE.UU.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 elevó al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra carta magna, como en los tratados internacionales de la materia, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se , más bien requieren de una serie de medidas deliberadas y legales, así como la implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su efectivo goce.
Un aspecto primordial en materia de derechos humanos es la certeza jurídica contenida en un recurso efectivo en casos de violaciones de los mismos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos mandatan que los Estados Parte establezcan procedimientos jurídicos y/o de otra naturaleza, por los cuales todas las personas titulares de derechos puedan reclamarlos y pedir la reparación de esas violaciones a las autoridades responsables.
Ante la ausencia, inefectividad o inaccesibilidad de tales mecanismos, los derechos fundamentales pierden su esencia, debido a que sus titulares no pueden hacerlos exigibles, convirtiéndose en meras promesas políticas.
Es por ello que en todo Estado democrático, resulta indispensable que existan mecanismos de justiciabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos y demandar reparaciones del Estado responsable.
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen en este sentido, una doble responsabilidad para el Estado adherente: dirigidas tanto a las personas titulares de derechos, como a la comunidad internacional. Si el Estado falla en su responsabilidad hacia los primeros, es decir, si no cumple con las obligaciones que emanan del tratado en cuestión y no proporciona mecanismos por los cuales los titulares de derechos pueden exigir su cumplimiento, estos puedan tener el acceso a la justicia mediante los mecanismos internacionales y regionales con los que se cuentan.
El sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas establece diversos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos encontramos los siguientes: la revisión de informes periódicos y redacción de observaciones finales; la examinación de quejas individuales e inter-estatales; la realización de investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas; entre otros. Todos los tratados internacionales de derechos humanos disponen de un cuerpo de expertos encargados de promover su implementación y monitorear el cumplimiento de los Estados Partes con las obligaciones emanantes del tratado.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos relativos a la materia de su competencia. Comprende un número amplio de derechos fundamentales imprescindibles para una vida libre y digna, tales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los beneficios del progreso científico y a la cultura, entre otros.
Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación en el acceso a dichos derechos. Además, se obligan a adoptar medidas legislativas para realizar de manera progresiva y al máximo de los recursos disponibles, el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales. En eso, tienen que dar prioridad a la aplicación del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.
En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Dicho Protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), conformado por un cuerpo de expertos encargado del monitoreo y avances relativos al PIDESC.
Entre sus funciones principales se encuentra el otorgamiento a las personas o grupos de personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, el derecho de presentar demandas acerca de presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social y cultural y de iniciar investigaciones sobre violaciones graves a estos, situando por tanto a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.
También permite al Comité examinar demandas interestatales cuando un Estado Parte considere que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto. En este caso, si el Estado Parte ha reconocido esta competencia del Comité, el Estado debe exponer los hechos mediante una demanda escrita dirigida al otro Estado, y también al Comité.
El reconocimiento de esta competencia es también un requisito para el proceso de investigación, a través del cual el Comité puede examinar información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte de alguno de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Protocolo Facultativo.
También refuerza su justiciabilidad, ya que la existencia de un proceso de demanda internacional no solo influye en la jurisprudencia a nivel nacional, sino que supone un incentivo para que los Estados fortalezcan la protección de estos derechos humanos ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el Protocolo tiene por objeto complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para intentar que se haga justicia.
Su entrada en vigor el 5 de Mayo de este año y 3 meses después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, debido a que cierra la brecha histórica entre el PIDESC y su pacto hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, poniendo fin a la separación entre estos derechos y atendiendo al principio de universalidad.
El segundo ya dispone de un protocolo facultativo comparable desde su creación, es decir, desde hace casi medio siglo (1966). Por mucho tiempo se ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales han carecido de una verdadera exigibilidad por parte del ciudadano, lo que representa una posición muy conveniente para gobernantes reluctantes de cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento internacional.
Sin embargo, un creciente andamiaje de jurisprudencias nacionales y regionales en materia de la protección de estos derechos fundamentales, así como de las interpretaciones del Comité que conoce de los mismos, han disentido de tal mito, comprobándose que los derechos económicos, sociales y culturales sí pueden ser exigibles.
El Estado Mexicano ratificó el PIDESC el 23 de Marzo 1981 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos. Sin embargo, existe una brecha enorme entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado Mexicano y el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales.
De acuerdo con el último informe de Coneval de Julio de 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por padecer una o más carencias sociales. El estudio revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como son: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento). A esto se suma el hecho de que la gran mayoría de las y los mexicanos no cuenta con seguridad social (61.6 por ciento).
Esta situación es aún más alarmante considerando que México no es un país pobre, es decir, con carencia de recursos para tener un crecimiento económico que ha reflejado los últimos años, sino todo lo contrario. Más bien la pobreza en nuestro país es el resultado de discriminaciones, y exclusiones estructurales en el ámbito socio-cultural, económico y político, que hacen de esta Nación uno de los países más desiguales del mundo.
Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición. Por ejemplo, la población menor de 18 años han sido los más afectados debido a los altos niveles de marginación. Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población (30.6 por ciento vs 7.6 por ciento).
Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito de los DESC. También indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos.
La ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los DESC y una muestra, por parte del gobierno mexicano de ratificar su compromiso hacia los derechos humanos, especialmente hacia los derechos económicos, sociales y culturales, concretándose con acciones eficaces y no quedando solo en retórica.
Aspectos importantes que caracterizan a este Protocolo Facultativo estriban en que constituye un instrumento clave para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente, la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos.
El Protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginalizados quienes no han podido acceder a la justicia a nivel nacional para denunciar las violaciones de sus DESC y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre las puertas para dar respuestas oportunas del CDESC a violaciones graves y/o sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.
Al mismo tiempo, con la incorporación a nuestro sistema jurídico de este Protocolo Facultativo, se sumará un cuerpo de jurisprudencia internacional en el ámbito de DESC que sin duda contribuirá en la interpretación y determinación del contenido de los mismos y de sus obligaciones correspondientes.
Esto a su vez, servirá de sustento para el diseño de leyes, políticas públicas y programas para la protección y promoción de los DESC. Al mismo tiempo representa un incentivo para establecer y mejorar los recursos nacionales para resolver y dar la debida reparación a violaciones de estos derechos fundamentales a nivel nacional. Esto como requisito para presentar una queja ante el CDESC o cualquier otro mecanismo internacional de derechos humanos, una vez que se han agotado todos los recursos jurídicos nacionales (siempre y cuando estos no sean efectivos en la impartición de justicia).
En este sentido, resultará a su vez benéfico para el Estado Mexicano, toda vez que con la celebración de este Protocolo Facultativo, mejorará significativamente la impartición de justicia y permitirá hacer más eficaces sus propios mecanismos de justicia, evitando así el escrutinio internacional.
En suma, la ratificación por parte del Estado Mexicano al Protocolo Facultativo del PIDESC traerá consigo muchos beneficios para el país y nos permite dar un paso adelante en la realización plena de los derechos contenidos en este instrumento internacional de justiciabilidad.
En vista de los altos niveles de pobreza, exclusión y marginalización en el país, resulta urgente dar voz a las personas quienes día a día padecen violaciones de sus derechos más básicos en el ámbito económico, social y cultural, haciendo accesible a la ciudadanía este mecanismo internacional, por lo que exhorto respetuosamente al Ejecutivo federal a su adhesión y pronta firma.
Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva visión en su reconocimiento, contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, protector de los derechos humanos y sus garantías que cuenten un acceso a la justicia eficaz, que renueve las estructuras y criterios atendiendo al principio pro-persona y así, garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, incluso ante instancias internacionales.
Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el irrestricto respeto por los derechos humanos, visión que el Estado Mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al sector empresarial a implantar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Mirna Velázquez López, Román Alfredo Padilla Fierro y Blas Ramón Rubio Lara, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales I, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en su artículo 1o. reconoce, que todas las personas gozarán de los derechos humanos, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos de los mismos y asimismo prohibiendo la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religiosa; basándonos en estos principios constitucionales y de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, existen 36.2 millones de jóvenes en nuestro país conformando la tercera parte de la población, jóvenes que requieren de más atención y que han sido olvidados en muchos aspectos como de oportunidades reales de trabajo digno y bien remunerado, para los cuales se deben de crear políticas que los impulsen realmente, así como también integrarlos y protegerlos en todos los ámbitos de la vida nacional. No olvidemos que la juventud es el futuro y progreso de nuestra nación.
Debemos de fomentar las condiciones que aseguren un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad para incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo de nuestro país, destinadas a mejorar su nivel de vida, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y en especial en el campo laboral, con la participación consciente del sector social y privado, especialmente nos referimos a los egresados de alguna profesión que salen con tantos sueños e ilusiones encontrándose con una realidad amarga, el desempleo y recordemos que de acuerdo al artículo 123 constitucional (toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley) y vemos claramente que no existen empleos para los egresados de diferentes carreras y mucho menos salarios justos; ahora bien la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2o. menciona las normas del trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador, donde no exista discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad , las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religiosa.
Triste realidad: no existen trabajos dignos ni bien remunerados para la gran mayoría de los 450 mil egresados cada año (según datos de la Secretaría de Educación Pública) de licenciatura universitaria y tecnológica, esto lleva a la deserción de muchos de estos egresados que se desaniman por la falta de oportunidades y pago justo, ya que después de haber estudiado tanto y con gran esfuerzo resulta que muchas veces les ofrecen un salario inferior al salario mínimo también debido a su juventud, optando por trabajar en cualquier otra rama de empleo y en último de los casos trabajando de taxistas, a falta de oportunidades para desarrollar los conocimientos adquiridos.
De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2012, sólo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria.
La misma Encuesta Nacional de Ocupación indica que 56 por ciento de los profesionistas desempleados son menores de 30 años, cifra que ha sido la más alta en los últimos cuatro años.
Objetivo
Para el Partido Revolucionario Institucional es importantísimo dar oportunidad a los 450 mil egresados de las diferentes carreras, aplicando políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud garantizando su incorporación al sistema económico productivo mediante una inclusión laboral, el acceso al trabajo es fundamental para el desarrollo del individuo, se deben fortalecer los esfuerzos de algunas dependencias que contemplan en sus programas algunas medidas a favor de la juventud, pero también abrir más canales como en el sector empresarial que tiene una responsabilidad social dando mayores oportunidades de empleo, para aprovechar esa mano de obra fresca que está buscando oportunidades para ser útil en la sociedad para satisfacer también sus más elementales necesidades.
Brindar la oportunidad de acceso a un empleo es fortalecer la calidad de vida de los jóvenes y no se debe permitir la deserción de este segmento estudiantil, que se verá valorado y retroalimentará con su esfuerzo a nuestra sociedad.
No nos cansaremos de repetirlo, que los jóvenes son el futuro de nuestro México y son los actores directos en el desarrollo social y cultural de nuestro país.
No debemos permitir que lo antes expuesto siga continuando y que acabe en buenos deseos sobre un escritorio, ni solo plasmados en papel, necesitamos actuar ya, México necesita acciones inmediatas para fortalecer nuestra nación y está en nuestras manos lograr el gran cambio.
Por lo antes expuesto solicitamos que, más allá de las posturas oficiales, necesitamos un compromiso real de las dependencias del Ejecutivo federal y el sector empresarial para dar solución a este problema presente en la juventud mexicana.
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las distintas dependencias de la administración federal, centralizada, paraestatal y al sector empresarial para que en el ámbito de sus distintas competencias sean otorgadas oportunidades laborales a egresados de una carrera técnica o profesional, dentro de un ámbito digno que les permita a los jóvenes profesionistas integrarse al desarrollo nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Mirna Velázquez López, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a revertir y detener los aumentos de las tarifas del transporte público, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Consideraciones
El desarrollo social, cultural y económico de una sociedad depende necesariamente de una adecuada infraestructura que garantice la movilidad y la conectividad de las personas, mercancías y servicios. Pero, además es necesario contar también con un sistema de transporte adecuado a las exigencias y a las circunstancias que requieren las comunidades y las metrópolis.
El sistema de transporte público en Yucatán se ha ido deteriorando a través de los años, no sólo en la calidad y conservación del estado de las unidades que prestan el servicio, sino también en la aglomeración y mala planeación de rutas, en la prestación de servicio por parte de los concesionarios y en el respeto a los reglamentos de tránsito.
Además, el servicio de transporte para la zona metropolitana de Mérida ha quedado rebasado y obsoleto. No se ha invertido en un sistema ecológico y autosustentable que permita una mejor movilidad de pasajeros hacia los centros de trabajo y educativos.
Sin embargo, y a pesar de esta situación, el gobierno del estado de Yucatán decidió en días pasados aprobar un incremento en las tarifas de 16.6 por ciento y se prevé que antes de terminar el año se autorice un aumento de hasta 66 por ciento en comparación a las tarifas pasadas.
Esta medida, sin lugar a dudas, traerá un impacto negativo en la economía de las familias yucatecas, máxime cuando se trata de una entidad con nivel salarial B que es de 61.38, y en donde los habitantes tienen necesariamente que tomar por lo menos dos camiones para trasladarse, lo que equivale a que una persona gasta por lo menos 28 pesos diarios, que representa poco más de 45 por ciento de sus ingresos tan solo en transportación.
Además, estas tarifas se sumarán a las medidas aprobadas en la reforma hacendaria, que contempla por ejemplo, impuesto al valor agregado (IVA) al transporte foráneo de pasajeros, con lo que miles de ciudadanos de Yucatán, que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo fuera de sus municipios de residencia, destinarán aun más recursos, lo que posiblemente terminará repercutiendo laboralmente y económicamente en la entidad.
Con el incremento a las tarifas, Yucatán y la zona metropolitana de Mérida, tendrá uno de los transportes más caros del país, sin que ello signifique contar con la infraestructura que gozan otras ciudades como Monterrey, Guadalajara o el Distrito Federal.
Precisamente la zona metropolitana de Monterrey mantiene una tarifa de 7.50 pesos en unidades sin sistema de prepago, y de 8.50 pesos las que cuentan con aire acondicionado, además, cuenta con sistemas de transporte masivo como lo son el metrobús con 22 líneas y el metrorey con 2 líneas. Así mismo, la ciudad de Guadalajara que cuenta con una línea de metrobús y 2 líneas de tren eléctrico urbano, tiene una tarifa de 6 y 6. 50 pesos.
Mientras que el Distrito Federal conserva una de las tarifas más bajas, que va de los 3 hasta los 5 pesos como tarifa inicial, a pesar de contar con un sistema de transporte masivo con 4 líneas de metrobús, 11 líneas de metro, 1 de tren ligero y las 11 líneas de trolebús eléctrico.
El incremento a las tarifas, sin duda, va en sentido contrario a lo que dispone el artículo tercero de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán que a la letra dice:
“El servicio de transporte, tanto público como particular, que se preste en el estado, garantizará la satisfacción de las necesidades de traslado de personas y de bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, bajo las premisas de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia.”
Asimismo, no se vislumbra ninguna mejora al servicio con el incremento en la tarifa, lo que también es contrario al Plan Estatal de Desarrollo, que afirma la necesidad de implementar una política de transporte sustentable que permita la movilidad, para lo cual no son suficientes soluciones incrementales.
Por ello, es que esta legislatura busca hacer un llamado al gobierno estatal para que reconsidere el incremento y tome en cuenta la gravedad de esta medida para los bolsillos de las y los ciudadanos del estado de Yucatán, pues de lo contrario se pondría en riesgo el desarrollo social, cultural y económico de la entidad y sobretodo la estabilidad de las familias yucatecas.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán a revertir y detener los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad, toda vez que contraviene lo dispuesto en la Ley de Transporte Estatal, por significar un duro golpe a la economía de los ciudadanos del estado y por no garantizar un servicio seguro, eficiente y sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Raúl Paz Alonzo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las denuncias sobre supuestos actos de corrupción por servidores públicos de la Profeco en diversas delegaciones del país, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta Soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos meses, debido al suceso del pasado abril, en el que la hija del ex-titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, exhibió, en su máxima expresión, la corrupción y la prepotencia que fungen como base de normas y valores de los funcionarios de la Profeco para hacer un mal uso del cargo en beneficio propio. Al parecer no se han emprendido acciones efectivas para combatir la extendida corrupción que se multiplica entre los funcionarios de las delegaciones de Profeco por todo el país.
Son ampliamente conocidas diversas formas de corrupción que se ejercen al interior del organismo para eludir o modificar los resultados de las inspecciones o, simplemente, para no atenderlas, así mismo existen irregularidades administrativas e incumplimiento de obligaciones. Se tienen ya registrados casos de corrupción en diversas de sedes de la Profeco en el país, por ejemplo, en las delegaciones de Guerrero, Morelos, Baja California y Tamaulipas, en los que se destituyo, inhabilito y sanciono a funcionarios.
Pero a pesar de estas acciones, ahora se da a conocer que en las oficinas de la delegación de Profeco en Irapuato, Guanajuato, ubicadas en la esquina de Guerrero 1385, esquina con Francisco Sarabia, en la colonia Moderna. De acuerdo con datos del IFAI publicados el viernes 11 de octubre por blogdeizquierda.com, la Profeco gasta 83 millones de pesos a la semana en la limpieza de dichas oficinas.
De acuerdo con la nota del portal blogdeizquierda.com, en donde se muestran datos del IFAI de los contratos de limpieza para las delegaciones de Irapuato, Guerrero, Torreón y Durango; los cuatro contratos para limpieza se pueden encontrar en el portal del IFAI y se firmaron entre el 7 y el 28 de junio de 2013, con cuatro empresas distintas por montos casi iguales de más de 2 mil millones de pesos cada uno.
En el caso de Durango, el contrato fue con la empresa Lava Gama, SA de CV, por adjudicación directa con número de contrato PFC/LD-DGO/24-2013 por un monto de 2 mil
millones 927 mil 168 pesos con 24 centavos. Se firmó el 14 de junio pero se supone que inicio el 1 de junio.
Torreón: Contrato PFC/LSD-TOR/27-2013, firmado el 28 de junio del 2013 para iniciar el 16 de junio (se empezó a trabajar sin contrato firmado) por adjudicación directa a Servicio y Soporte de la Laguna, SA de CV, por un monto de 2 mil 1 millones 651 mil 686.84 pesos.
Guerrero: Contrato PFC/LD-GRO/28-2013 por adjudicación directa con Limpomex, SA de CV; firmado el 28 de junio para iniciar el 16. De nuevo, inicia sin contrato firmado. Monto del contrato: 2 mil 1 millones 651 mil 686.84 pesos. Exactamente la misma cantidad que el contrato de Torreón.
Irapuato: Contrato PFC/LSD-IRA/22-2013 por adjudicación directa con La Buro de Servicio Organizacional y de Mantenimiento Industrial, SA de CV, firmado el 7 de junio pero con entrada en vigor el 1 de junio. Monto del contrato: 2 mil milllones 927 mil 168.24 pesos. Exactamente igual que el contrato de Durango.
El contrato de Irapuato es por 2 mil millones 927 mil 168.24 pesos para servicios de limpieza durante 6 meses. Es decir, que esta delegación gasta poco más de 83 millones de pesos a la semana.
Inclusive si se argumentara que el contrato es para la limpieza de todas las oficinas de Profeco en Guanajuato, seguiría siendo una malversación, ya que de acuerdo con el sitio de internet de Profeco, hay sólo 2 delegaciones de Profeco en todo el Estado; la primera en Irapuato y la segunda en León, ubicada en colonia zona Centro.
De esta manera, y suponiendo que fueran destinados 83 millones a la semana para la limpieza de cada oficina, Profeco se estaría gastando 41.5 millones de pesos semanales en la limpieza de cada oficina.
Es indignante imaginar que el aseo genere un gasto de 41.5 millones de pesos a la semana para barrer, trapear, limpiar papeleras, lavar baños, lavar ventanas y sacudir polvo. Y es que simplemente, no es posible tanto descaro por parte de los responsables de la Profeco, en sus diferentes delegaciones.
Hacemos un llamado a Alfredo Castillo Cervantes, actual procurador federal del Consumidor, a indagar, supervisar y tomar acciones determinantes contra quien o quienes resulten responsables al otorgar esos contratos estratosféricos, ya que dicha situación genera muchas dudas y sospechas, y nos hace temer que en esta institución se sigue exhibiendo una ingente corrupción.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dicho fenómeno afecta “la estabilidad y seguridad de las sociedades al quebrantar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y la autoridad de la ley”.
Sí queremos que el flagelo de la corrupción no siga creciendo y aniquilando nuestro desarrollo y crecimiento, en todos los ámbitos, debemos educar y erradicar estos patrones de conducta en todas y cada una de nuestras instituciones. Debemos repensar como establecer un sistema más eficaz de transparencia y anticorrupción.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las denuncias que advierten sobre supuestos actos de corrupción por parte de funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en diversas delegaciones en la Republica Mexicana.
Segundo. El presente grupo de trabajo deberá entregar periódicamente un reporte pormenorizado de los resultados de sus funciones.
Tercero. A la conclusión del objetivo para el que fue creado, dicho grupo de trabajo, procederá a su disolución.
Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al proyecto minero La Espejera, en Tetela de Ocampo, Puebla, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Lourdes Adriana López Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo relativo al proyecto minero La Espejera, en Tetela de Ocampo, Puebla, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
En Tetela de Ocampo, la empresa Frisco, SA de CV, pretende desarrollar el proyecto minero La Espejera, con una concesión para explorar y explotar más de 10 mil hectáreas, en un predio de las montañas de la Sierra Norte, que comprende Tetela de Ocampo, Ixtacamatitlán y Zautla.
En el informe preventivo del proyecto de exploración minera Espejeras, entregado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Frisco, SA de CV, admite que su proyecto de extracción de minerales –al que se han opuesto vecinos de la zona, quienes argumentan que habrá afectaciones graves y letales para el ambiente, la economía de la región y, eventualmente, la salud humana– se encuentra cerca de tres regiones terrestres prioritarias para conservación: los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental, Cuetzalan y las dunas costeras del centro de Veracruz, además del área de importancia para la conservación de aves de Cuetzalan, todas protegidas de manera oficial.
El sistema ambiental descrito contiene al menos 10 especies de flora y otras 15 de fauna enumeradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo cual indica que son especies en peligro de extinción y por ello deben llevarse a cabo acciones para su preservación y conservación con el ecosistema en donde habitan.
La sola tala del cerro, con la remoción de capa vegetal, generaría la destrucción del ecosistema, lo cual estaría en contraposición de la norma anteriormente citada, generando daños irreversibles a los ecosistemas que son nicho de las especies nativas y en peligro de extinción.
Aunado a lo anterior, Frisco, SA de CV, manifiesta que los lotes donde se realizará la exploración minera Espejeras se hallan a 5 kilómetros de Tetela: “Se consideró necesario ubicarlo (el proyecto) en un contexto ambiental más amplio, para lo cual se delimitó una microcuenca que incluirá área de exploración, a la que se denominó ‘Cuenca del Río Papaloteno’, la cual tiene una superficie de 9 mil 959.388 hectáreas.
“Los predios se caracterizan por estar en la cuenca del Río Papaloteno, donde el rango de escurrimiento para esta cuenca se estima de 10 a 20 por ciento, dadas las fuertes pendientes que predominan en la zona, aun cuando exista una cubierta de vegetación espesa. El uso actual del suelo que presenta el sitio del proyecto es de terrenos de bosque de pino de encino y algunos pastizales inducidos”, se expresa en el informe, presentado por Frisco.
Ese tipo de acciones podría derivar en la afectación del ecosistema hídrico, considerando que el sistema hídrico subterráneo es la fuente de abasto para la población, su alteración sería causa de afectaciones a la calidad de vida y la salud de los pobladores de Tetela de Ocampo.
La concesión a la minera Espejeras se otorgaría por 50 años y se pretende desarrollar a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material removido.
Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones, y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión, y hasta 200 metros de profundidad. Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo.
La actividad de la minería a tajo abierto, fomenta una economía que opera unos años y se retira, dejando grandes pasivos ambientales. Históricamente no se tienen noticias de alguna comunidad, que verdaderamente haya tenido crecimiento sustentable por la instalación de una empresa minera a cielo abierto.
La concesión de explotación para la minera La Espejera generaría una afectación de flora y fauna, cuyos efectos se resentirían en: cambios en el clima, reducción y modificación de la precipitación pluvial, incremento de la temperatura y cambios en la velocidad de los vientos, además de la contaminación de la tierra y aguas superficiales y subterráneas.
Por todo lo anterior se constituyeron dos asociaciones civiles en Tetela de Ocampo: Tetela hacia el Futuro y Puebla Verde, que reiteran su rechazo total a la explotación minera y reafirman su compromiso para defender el patrimonio natural de la zona, en particular los recursos de agua y el bosque de niebla que se extiende sobre esta región.
Por tanto, consideramos que el otorgamiento de las concesiones para la explotación minera a cielo abierto en el territorio de Tetela de Ocampo, Ixtacamatitlán y Zautla generaría un riesgo inmenso para el ambiente, pues su actividad la afectará directamente a causa de su toxicidad aguda y crónica, y por la amplia variedad de fuentes de exposición, al arrojar al ambiente metales tóxicos como plomo, cadmio, arsénico y antimonio.
Consideramos que el desarrollo económico de la región debe ser apoyado por el Ejecutivo federal por medio de proyectos de desarrollo sustentable, como son proyectos de aprovechamiento forestal sustentable, ecoturismo, turismo de aventura y todas las actividades que además garantizan la continuidad de los procesos evolutivos, los que conocemos comúnmente como conservación.
Por lo fundamentado y expuesto nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta asamblea exhorta al Ejecutivo federal a revisar por la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los permisos y las concesiones para las actividades de exploración y explotación del Lote Minero Espejeras, en Tetela de Ocampo y la región del estado de Puebla, y en su caso y de así determinarlo procedente se declare su cancelación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y a las autoridades encargadas del sistema penitenciario a garantizar la implantación de antenas inhibidoras de señal telefónica y la supervisión de éstas para impedir el uso de celulares en los centros de reinserción social del país, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El avance de la tecnología es una herramienta que se nos presenta como un gran abanico de posibilidades, que sin duda alguna ha permitido un dinamismo en nuestras actividades cotidianas, reduciendo las barreras del tiempo y la distancia para el intercambio de la información.
Hoy por hoy, nos informamos, comunicamos e interactuamos con otras personas a través de dispositivos, cada vez más novedosos y sistemas de comunicación más eficaces como es el caso de la red de telefonía celular.
Pese a lo anterior, no podemos dejar de considerar que el avance de los últimos años en el campo de las telecomunicaciones también ha sido instrumento para vulnerar la seguridad de la sociedad.
Tal y como se ha documentado, la existencia de miles de teléfonos celulares en gran parte de las prisiones del país, es una situación que pese a toda prohibición ha sido tolerada e incluso en un gran número de los casos fomentada por las mismas autoridades encargadas del resguardo de estos centros penitenciarios a cambio de sobornos.
Actualmente se estima que tan sólo en el Distrito Federal hay una proliferación no menor a 20 mil a dispositivos de telefonía móvil en poder de las personas que están cumpliendo una condena en alguna de los 11 centros penitenciarios capitalinos.
Las cifras son alarmantes, la existencia de estos aparatos en las cárceles es una completa irresponsabilidad de las autoridades que se convierten en cómplices en la comisión de hechos ilícitos como extorsión y secuestros, perpetradas contra las personas del exterior, quienes al desconocer la calidad jurídica del sujeto activo del delito son presa fácil como víctimas de estas transgresiones exponiendo de esta forma su integridad física y comprometiendo total o parcialmente su patrimonio.
Estas situaciones han dado cuenta de los peores actos de corrupción, pues la implementación de diversas medidas de seguridad y vigilancia como arcos detectores de metales, barras con scanner , inhibidores de señal y muchas otras estrategias más han sido burladas por grupos en los que participan desde el modesto celador hasta el más alto funcionario.
La preocupación generalizada por este tipo de conductas surge con motivo de la inusitada propagación de delitos fraguados desde el interior de los centros penitenciarios durante la última década. Sin embargo, las medidas jurídicas, administrativas, de seguridad y control que se han tomado por parte de las autoridades responsables en los tres niveles de gobierno en los penales pueden ser calificadas por decir lo menos como deficientes e ineficaces en cuanto a su operación.
Por todo lo anterior es que resulta indispensable que sean reevaluadas las medidas de seguridad en los Centros Penitenciarios y reforzar los procesos de revisión en cada uno de los controles de acceso, y que los mismos se apliquen también al personal que labora en los penales con motivo del peligro latente que representa para la sociedad que este tipo de aparatos tecnológicos se encuentren en las manos de los internos sean procesados o sentenciados, y así impedir su comunicación con el exterior.
Como el reciente caso de los diez menores víctimas de un “secuestro virtual” en el estado de Morelos sustraídos del (CENDI) La abejita , de la entidad, hechos que ocurrieron cuando un grupo de supuestos secuestradores llamaron a la directora de dicho centro para exigirle que llevara a los niños, llamada telefónica que emanó de un centro de reinserción social.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades responsables del sistema penitenciario a implementar las medidas necesarias para impedir la introducción de teléfonos celulares en los centros de reinserción social del país.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades responsables del sistema penitenciario a implementar y supervisar el debido funcionamiento de los bloqueadores de telefonía celular en todos los centros de reinserción social del país.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la Republica (PGR) para que investigue y deslinde de responsabilidad al personal competente del Sistema Penitenciario en la comisión de de hechos ilícitos con motivo del uso de telefonía móvil en todos los centros de reinserción social del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a instalar la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado José Arturo López Cándido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social a instalar la comisión consultiva nacional de seguridad y salud en el trabajo (Coconasst), así como a las Secretarías del Trabajo estatales y del Distrito Federal a instalar las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal de seguridad y salud en el trabajo (Cocoesst), con base a la siguiente
Exposición de Motivos
A casi un año de que se haya decretado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 30 de noviembre del 2012 las reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluye la Creación y Formación de tan importantes comisiones como lo son: la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se han constituido, bajo el argumento que aparece en el primer informe de labores correspondiente a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que a la letra dice :
Del 1° de diciembre del 2012 al 31 de julio de 2013, dicha comisión, creada con motivo del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LFT, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2012, no se ha constituido ni sesionado, puesto que está pendiente de señalarse su organización en el reglamento que se expida, atento a lo dispuesto por el artículo 512-C de la LFT.
El artículo 512-C a su vez dice:
La organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán señaladas en el reglamento que se expida en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo.
El funcionamiento interno de dichas Comisiones, se fijará en el Reglamento Interior que cada Comisión Expida.
Lo anterior, trae como consecuencias, la falta de expedición del reglamento que regulara las funciones de estas comisiones, dejando en total abandono e indefensión, la seguridad y salud de los centros de trabajo, y la poca o nula información de quienes integraran dichas Comisiones.
En el primer informe presentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se enuncia que estas comisiones tendrán como objetivo coadyuvar al diseño de la política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo; proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo.
Es necesario mencionar que al no constituir ni sesionar dichas comisiones, la calidad y seguridad que se vive en los centros de trabajo se ven severamente mermadas, afectando directamente en la seguridad e integridad de los trabajadores. Ya que no existen las medidas ni las recomendaciones necesarias para prevenir y abatir los riesgos de trabajo.
El panorama que se vislumbra es desalentador, ya que en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, se demuestra que al año en el país, se presentan aproximadamente mil 412 defunciones por riesgos laborales, y 411 mil accidentes de trabajo, los cuales son la primera causa de incapacidad temporal en el país y representan 81 por ciento de los riesgos registrados por dicha institución.
En este sentido es pertinente señalar que la posibilidad de que aumente el número de accidentes y defunciones en los centros de trabajo, ocasionados por la falta de recomendaciones y medidas preventivas en los centros laborales.
Es importante mencionar que los accidentes en los centros de trabajo no solo afectan al trabajador física y moralmente, si no también afectan al núcleo familiar del afectado, provocando en ella, la disminución de las expectativas de desarrollo de los miembros, así como aparición de fenómenos de alteración de la dinámica familiar en relación con la disminución del ingreso y presupuesto familiar.
Por lo expuesto anteriormente, el suscrito somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a Instalar de manera inmediata la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst), así como las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cocoesst), para dar cumplimiento con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para sus creaciones.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de dos mil trece.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INAH a proceder, una vez concluido el dictamen en proceso y documentados los daños de la estatua ecuestre de Carlos IV, con las sanciones establecidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Luis Armando Córdova Díaz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Teresa Franco, para que una vez concluido el dictamen en proceso, y se documenten los daños al patrimonio cultural de todos los mexicanos, proceda con las sanciones que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos; al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que proceda con la destitución de los funcionarios del Fideicomiso del Centro Histórico, que autorizaron las obras que dañaron de manera irreversible el monumento de la estatua ecuestre de Carlos IV, obra del arquitecto Manuel Tolsá.
Consideraciones
La estatua ecuestre de Carlos IV, es uno de los monumentos que no sólo identifican mundialmente a la Ciudad de México, sino que es una obra fundamental en el conjunto arquitectónico de la Plaza Tolsá, –creada por el arquitecto español Manuel Tolsá– obra ejemplar del arte neoclásico. Recientemente, el Fideicomiso del Centro Histórico, notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la realización de obras en banquetas y en áreas de tránsito de dicha plaza; sin embargo, para sorpresa de la ciudanía, tales obras derivaron en obras de “restauración” que provocaron daños irreversibles, según la opinión de cinco expertos en restauración, ingeniería química, escultura y monumentos históricos, cito:
Este atentado al patrimonio cultural ha provocado una gran indignación entre la ciudadanía que incluso ha abierto un grupo en Facebook que ya cuenta con más de mil trescientos miembros, en un grupo abierto. La restauradora Lucía Ruanova, quien logró frenar las obras lesivas al monumento y ha participado activamente en su defensa, ha escrito lo siguiente:
“Queremos el dictamen de esta compañía donde se aclara las condiciones de la estatua y el procedimiento que iban a utilizar para restaurarla. Queremos encontrar culpables, que quede muy claro. Exigimos saber quién y cómo autorizó la intervención, dentro de la transparencia que ofrece el gobierno del Distrito Federal”.
La restauradora Ruanova ha declarado que ningún representante del gobierno del Distrito Federal (GDF) ha proporcionado a este grupo de la sociedad civil documentos que avalen esa intervención adjudicada de manera directa a la empresa Marina Restauración de Monumentos.
Sin embargo, el director del Fideicomiso del Centro Histórico, el señor Inti Muñoz Santini, ha querido deslindarse al culpar de la decisión de restaurar la escultura al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el cual está formado por los titulares de la Autoridad del Centro Histórico, de las Secretarías de Turismo, y de Cultura, y personalidades de la sociedad civil. Según el historiador y cronista, Guillermo Tovar de Teresa, este comité es, cito:
“Es uno de esos consejos a la mexicana, sin ton ni son, que atribuye la opinión lo mismo a destacados urbanistas que a diletantes de dudosa formación”.
Sin embargo, quiero destacar dos hechos fundamentales: la instancia que pidió autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre las obras a la Plaza Tolsá, fue el Fideicomiso del Centro Histórico, el cual tiene como fines, de acuerdo al Contrato Constitutivo de Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, los siguientes:
a) Promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, buscando la simplificación de trámites para su consecución.
Es evidente, que no puede renunciarse a las facultades expresas del contrato mencionado, y que ésta fue la instancia que notificó al INAH sobre las obras que resultaron lesivas al monumento dañado. En todo caso, en apego a las facultades que tiene el INAH en el resguardo del patrimonio histórico, es que debieron solicitarse los permisos y la supervisión del instituto en las obras que se llevarían a cabo sobre el monumento obra de Tolsá.
Pero es aún más grave que por ignorancia, descuido, negligencia o corrupción, las autoridades del Fideicomiso del Centro Histórico hayan permitido el daño, como lo señala uno de los expertos, el ingeniero Luis Torres Montes, quien participa en el dictamen que está elaborando el INAH:
“Cuando una compañía vive de hacer estos tratamientos, mientras más intervenga tiene más ganancia. Muchas veces éstos se van por el tratamiento excesivo que les deja más dinero y no por el mínimo necesario. Hay muchos intereses que rebasan el interés técnico.”
Es momento de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ejerza sus facultades y aplique las sanciones que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 52:
Artículo 52.
...
Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Debe considerarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realiza labores prioritarias en el resguardo e investigación de nuestro patrimonio arqueológico e histórico, que tiene el resguardo, reservado a la federación de monumentos y zonas arqueológicas e históricas, por lo que pido a esta soberanía se pronuncie por apoyar el ejercicio de las facultades federales del INAH y que una vez concluido el dictamen sobre los daños al monumento de la estatua ecuestre de Carlos IV, se proceda a las sanciones que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que una vez concluido el dictamen en proceso, y se documenten los daños al monumento de la estatua ecuestre de Carlos IV, patrimonio cultural de todos los mexicanos, se proceda a las sanciones que establece la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que proceda con la destitución de los funcionarios del Fideicomiso del Centro Histórico que autorizaron las obras que dañaron de manera irreversible el monumento de la estatua ecuestre de Carlos IV, obra del arquitecto Manuel Tolsá.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013
Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja, a fin de incluirlas plenamente en el desarrollo nacional, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del PAN
José Luis Oliveros Usabiaga, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo que es evidente desde el nacimiento. Es el más común de un grupo de defectos de crecimiento que se caracterizan por anormalidad en las proporciones del cuerpo.
La acondroplasia se debe a una mutación en el gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del embrión e inhibe el correcto crecimiento del cartílago causando desarrollo óseo desigual y baja estatura.
El 80 por ciento de los casos de acondroplasia sucede espontáneamente, es decir, por mutaciones nuevas sin antecedentes familiares y solamente el 20 por ciento se hereda.
La enfermedad es de fácil identificación, quienes la padecen generalmente presentan talla baja que en la etapa adulta no rebasa el metro 30 de estatura, además de tener frente prominente, piernas arqueadas y dientes apilados por el crecimiento incorrecto de la mandíbula.
México es un país de gran diversidad cultural, origen, genética y dialectos. En esta gran diversidad también se encuentran personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso. El enanismo es una enfermedad genética de los huesos que causa que una persona sea de talla muy pequeña cuando se compara con otras personas de la misma edad y sexo. Actualmente se reconocen más de 200 diferentes tipos de enanismo por la medicina
La cifra exacta sobre cuántas personas en nuestro país son de estatura baja, no es certera, debido a que aún no se ha realizado ningún tipo de censo oficial al respecto. No existe un conteo que permita conocer las condiciones demográficas y socioeconómicas de este sector de la población, hecho que los deja en una situación de invisibilidad y vulnerabilidad. Es por ello que, destaco en esta exposición de motivos, que se requiere adaptar los reactivos/preguntas de algún conteo oficial que ya se lleve a cabo, o bien, hacer un nuevo levantamiento que arroje información que permita conocer las caracteristicas de esta población.
Si bien no existen conteos oficiales al respecto de mexicanos que presenten enanismo en México, una cifra aproximada que se ha dado a conocer en los principales medios de comunicación, es de 10 mil a 15 mil personas de talla baja en México.1 Otras fuentes exponen que el 5 por ciento de la sociedad mexicana no alcanza la estatura máxima por diversas razones,2 y que no necesariamente se debe a predisposición genética, sino que es una situación que puede darse en cualquier familia del país, puesto que entre el 80 por ciento y 90 por ciento de las personas que padecen esta condición provienen de familias de estatura normal.
Es de importancia puntualizar el hecho de que la estatura baja puede ser producida por diferentes síndromes como el de Turner3 el cual afecta 1 de cada 600 niñas, así como el síndrome de Noonan4 que afecta a 1 de cada 2 mil 500 niños y el síndrome de Parder –Willy5 el cual puede observarse en 1 de cada 15 mil nacimientos, entre otros.6
Las dificultades a las que se enfrentan las personas de talla baja son diversas. Las personas que presentan acondroplasia7 u otra displasia ósea, pueden presentar complicaciones como infecciones en el oído, con la posibilidad de eventual pérdida de la audición; dolor de espalda y piernas, que en casos extreos puede causar parálisis; estenosis de canal medular; debilidad de ciertos músculos; problemas de control de la micción y defecación; y frecuentemente presentan pesadez, hormigueos y agotamiento.
Es importante destacar que la presencia de anomalías neurológicas puede conducir a la persona con enanismo a diferentes grados de discapacidad:
– De la conducta (hidrocefalia).
– De la comunicación (sordera, hidrocefalia).
– Del cuidado personal (estenosis de canal lumbar).
– De la locomoción (estenosis de agujero magno y de canal lumbar).
– Y de la destreza (hidrocefalia).
Si bien, el enanismo no representa una pérdida de la capacidad sensorial, mental o motora, típicas de lo que comúnmente se conoce como discapacidad, sí representa una disminución de la capacidad motora. Esta situación se agrava considerando que movilizarse por sí mismos es aún más difícil en México, considerando que este país no está adecuado a las necesidades de personas de talla baja, en cambio, existen diversas barreras para su libre circulación relacionados con el diseño del espacio urbano.
Las barreras de movilidad a las que se enfrentan, tienen también un impacto en lo relativo al desempeño de sus actividades cotidianas –desde abrir puertas, hasta alcanzar apagadores de luz), el acceso equitativo a fuentes de empleo, servicios de salud, transporte e integración social.
Es así que, las personas en esta condición son, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en personas con minusvalía, entendiéndose como minusvalía una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso.
Si bien, en México las personas de talla baja sufren de discriminación, cabe señalar que, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:
Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.
...
...
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y ten ga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En México, la principal política pública que le ha dado visibilidad y trato preferencial a este sector social, es el descuento del 50 por ciento a personas que sufran de acondroplasia en el transporte público, apoyos en el servicio de agua y en el predial; sin embargo, estos son insuficientes y apenas cubren con un mínimo de necesidades que se pudieran generar a partir de ésta condición.
En algunos estados de la República Mexicana, ya existe legislación que contempla le protección a este sector de la población. Es el caso de Guanajuato y Colima, estados que contemplan leyes específicas en tema de discapacidad, y artículos que refieren expresamente a transtornos de talla.
Tabla 1
Guanajuato
Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el estado de Guanajuato
Artículo 2, fracción X. Personas con discapacidad: aquéllas que presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, de trastorno de talla o peso, ya sea de naturaleza congénita o adquirida, permanente o temporal, que limite su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede impedir su desarrollo;
Colima
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del estado de Colima
Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley se entiende por:
(Reformado DEC. 491. Aprobado 10 de febrero de 2009)
I. Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tenga temporal o permanentemente una alteración funcional física, mental o sensorial; o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida realizar una actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas para su integración familiar, social, educacional o laboral.
A nivel internacional, también se contemplan consideraciones en las legislaciones respectivas, particularmente en Colombia. Esta legislación es la más avanzada en la materia, y representa un ejemplo a emular por parte de México.
Tabla 2
Guatemala
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
Artículo 1. Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y/o trastornos genéticos de talla y peso, en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo educativo, económico, social y político del país.
Artículo 3. Definición. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental, sensorial, trastornos de talla y peso, congénitas o adquiridos, que límite substancialmente una o más actividades consideradas normales para una persona.
Colombia
Ley 1275 de 2009
Para lograr en concreto la protección de las necesidades particulares del demandante, en su momento era insuficiente hacer recomendaciones a las autoridades judiciales accionadas en este caso, para que adelantasen una política sectorial respecto a las personas de talla baja, cuando no existía a nivel nacional una política pública que garantizara la accesibilidad de las personas con enanismo a los diferentes servicios del Estado.
Se destaca ahora, que existiendo ya un compendio legislativo que autoriza la inclusión de las personas de talla baja en la población con discapacidad, la omisión legislativa existente al momento de presentación de la tutela a nivel nacional se encuentra superada.
Personas de talla baja fueron incluidas en categoría de personas con discapacidad
Las personas que presentan esta condición, deben gozar de los mismos beneficios y garantías contemplados en las leyes vigentes y otorgadas a favor de la población con discapacidad, entre otras como la anteriormente descrita. Por ende, al incluir a los ciudadanos de talla pequeña en la categoría de personas con discapacidad, lo cierto es que se logró bajo esa calidad que tales ciudadanos sean objeto de un trato constitucional especial, con unas normas concretas y una protección nacional e internacional técnicamente pertinente, que les asegure en muy corto plazo, mayores posibilidades de participación social en condiciones de igualdad. Además, como muchas de las políticas y normas en materia de discapacidad ya están consolidadas y pretenden suplir necesidades relacionadas precisamente con (i) el acceso a la infraestructura; (ii) mejores fuentes de trabajo e (iii) integración social, económica, laboral, educativa etc., que son en gran parte las mismas exigencias de las personas de talla baja, éstas normas, adaptadas a sus condiciones particulares de estos ciudadanos, significan una mayor atención y apoyo a la superación de las limitaciones sociales que sufren las personas de talla baja en la actualidad.
En México aún resta impulsar acciones encaminadas a la no discriminación, desde consideraciones en política pública, hasta legislación afirmativa que abata la estigmatización, incomprensión y ridiculización hacia las personas de talla baja producto de una baja conciencia social formada al respecto de sus verdaderas necesidades.
Las personas que presentan enanismo son sujetos vulnerables a la discriminación. Dada su condición física pueden ser sujetos de burla, maltrato y exclusión de diversas oportunidades de naturaleza socioeconómica. Las personas de talla baja, deben tener asegurado su derecho a un desarrollo integral y gozar de un respeto pleno a sus necesidades.
El objetivo general de este punto de acuerdo es que, a través de un exhorto desde esta honorable asamblea, se instituya el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas con Talla Baja, con el fin de promover, en lo subsecuente, que la Organización de las Naciones Unidas reconozca esta misma fecha para las personas con esta condición.
Como objetivos particulares de esta misma propuesta se desglosa el exhorto a las autoridades federales y locales para la implementación de políticas públicas que atiendan esta neceisdad, así como la adecuación de las leyes y reglamentos correspondientes con el fin de que las personas de talla baja cuenten con las condiciones adecuadas para su total inclusión al desarrollo del país.
En Acción Nacional tenemos un inalienable compromiso con el respeto a la integridad de la persona, debido a la toral corriente humanista que nos da vida orgánica. Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de incluir a las personas de talla baja al desarrollo nacional, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias para instituir el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja, a fin de incluirlos plenamente al desarrollo nacional.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a efecto de que realice las acciones pertinentes a fin de contar con un padrón de personas con talla baja, que entre otros, permita conocer en qué condiciones socioeconómicas viven, y poder diseñar las estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal, estatales, del Distrito Federal; así como a las entidades y dependencias gubernamentales correspondientes, para que instrumenten políticas públicas encaminadas a garantizar la inclusión plena de las personas con talla baja al desarrollo nacional.
Notas
1 Pérez-Staldemann, Cristina. (2011, 12 de noviembre). Gente pequeña, mexicanos invisibles. El universal. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/190740.html Consultado 9/08/13 11:11 am
2 VV.AA. (2007, 18 de agosto). México, un país de “baja estatura”. El Siglo de Torreón. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/292359.html Consultado 9/08/13 11:14 am
3 El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que puede caracterizarse porque la persona afectada es de talla pequeña, así como una serie de síntomas más como la disgenesia gonadal con infantilismo sexual, implantación baja del cabello y monosomía parcial o total del cromosoma x. (Galán Gómez, Enrique. Síndrome de Turner. http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/7-turner.pdf Consultado. 8 de octubre de 2013, 6:52 pm)
4 El Síndrome de Noonan, se caracteriza por talla baja, así como también la cardiopatía, dismofia facial y alteraciones esqueléticas, las cuales le dificultan el movimiento en algún grado considerable. (Ballesta Martínez, MJ. Síndrome de Noonan, Protocdiagn ter pediatr; 20101:56-63)
5 El síndrome de Prader-Willi, es un desorden genético, caracterizado por presentar problemas musculares, así como retraso en el crecimiento, talla baja, retraso mental y alteraciones morfológicas a nivel tanto facial como corporal. (Caixàs A. Mecanismos de regulación del apetito y síndrome de Prader-Willi. EndocrinolNutr 2006; 53 (3): 174-80.)
6 VV.AA (2012). Síndrome de Turner. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.http://www.seen.es/docs/publico/enfermedades/hipofisis/sindro me-de-turner-1.pdf
7 De acuerdo a la NYU Langone Medical Center, la acondroplasia es un trastorno genético que causa estatura corta, en la cual los huesos y cartílagos no crecen con normalidad.(Berkow, R. The Merck Manual of Medical Information. New York, NY: Simon and Schuster, Inc.; 2000.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan las acciones de espionaje realizadas por Estados Unidos de América contra instituciones y personas mexicanas, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. El 9 de julio de 2013, el diario brasileño O Globo publicó que diversos países de América Latina fueron objeto de espionaje por parte de Estados Unidos de América, citando documentos filtrados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, quien había revelado la existencia del programa Prism, usado por Washington para intervenir masivamente comunicaciones en Internet. Respecto de México se reveló que se averiguaron datos sobre energía y narcotráfico. El espionaje estadunidense cubrió actividades en México, Venezuela, Colombia y Brasil.
2. El mismo diario O Globo señaló que Estados Unidos no sólo se interesó en asuntos militares, sino también en “secretos comerciales” y puso como ejemplo las áreas de petróleo en Venezuela y de energía en México.
3. El diario también reveló que Brasilia fue base de una estación de espionaje, correspondiente a América Latina, de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense (NSA), en las que sus agentes trabajaban conjuntamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el programa llamado Special Collection Service (SCS) o Servicio Especial de Recopilación de Información.
4. El periódico indicó que la Agencia de Seguridad Nacional utilizó al menos dos programas de espionaje en América Latina: Prism y Boundless Informant. El programa Prism permite acceso a correos electrónicos, conversaciones por Internet y llamadas de voz de usuarios de empresas como Facebook, Google, Microsoft y YouTube.
5. El primero de septiembre pasado, el canal brasileño TV Globo, reveló que Estados Unidos espió a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a Enrique Peña Nieto, cuando éste era candidato a la presidencia, según un documento ultra secreto llamado Filtración inteligente de datos: estudio de caso México y Brasil , entregado por Edward Snowden.
6. Inmediatamente, el gobierno brasileño tachó de “inadmisible e inaceptable” el espionaje de Estados Unidos a la presidenta Dilma Rousseff, y el canciller Luiz Alberto Figueiredo llamó al embajador estadunidense, Thomas Shannon, para informarle que “el gobierno brasileño quiere prontas explicaciones formales por escrito, esta semana”, de la administración estadounidense.
7. El 2 de septiembre de 2013, la Cancillería mexicana emitió el comunicado 312 por medio del cual “el gobierno de México rechaza y condena categóricamente cualquier labor de espionaje sobre ciudadanos mexicanos en violación del derecho internacional ya que este tipo de prácticas es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y, en consecuencia, el gobierno de México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos, mediante nota diplomática, una investigación exhaustiva para que, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes.”
8. El 5 de septiembre de 2013, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, en San Petersburgo, Rusia, el presidente Barack Obama se comprometió a realizar una profunda investigación sobre el caso del espionaje. Por su parte el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que este caso no afectará la relación y la alianza estratégica entre México y Estados Unidos de América (EUA) y por ello se pidió una investigación.
9. El 18 de septiembre de 2013, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la postergación de su visita de estado a Washington, programada para el 23 de octubre, a raíz de las denuncias del supuesto espionaje realizado por los servicios secretos de Estados Unidos en comunicaciones de su país.
10. Más recientemente, el 20 de octubre pasado, el semanario alemán Der Spiegel informó que la Agencia de Seguridad Nacional no sólo espió en 2012 al entonces candidato Enrique Peña Nieto y nueve de sus asesores, sino también espió, en 2010, al presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete. En el caso del espionaje estadounidense contra el gobierno de Calderón no sólo se incluyeron temas de seguridad nacional y narcotráfico, sino también cuestiones económicas y de comercio internacional.
11. Der Spiegel reveló que, con base en los informes secretos filtrados por Edward Snowden, la agencia de espionaje utilizó dos programas para vigilar a los funcionarios mexicanos: el Flatliquid (Piso o Plano Liquido) para intervenir los correos electrónicos de Calderón y miembros de su gabinete, y el Whitetamale (Tamal Blanco) para espiar a funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Trascendió que en 2012 la agencia norteamericana obtuvo más de 85 mil mensajes, entre ellos los enviados por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto.
12. Ese mismo día, la Cancillería emitió el comunicado 392 mediante el cual el gobierno de México reiteró su categórica condena a la violación de la privacidad de las comunicaciones de instituciones y ciudadanos mexicanos, ya que esa práctica es inaceptable, ilegítima y contraria al derecho mexicano y al derecho internacional. De igual forma, reiteró la importancia que tiene para nuestro país que se realice una investigación, la cual deberá ser concluida a la brevedad.
13. Ante las nuevas revelaciones del espionaje norteamericano, el presidente Enrique Peña Nieto lacónicamente declaró “lo que tenía que decir ya lo dije”.
14. El 21 de octubre pasado el diario francés Le Monde reveló que la NSA efectuó 70,3 millones de grabaciones de datos telefónicos de franceses, entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Inmediatamente el presidente estadounidense Barack Obama telefoneó al jefe del Estado francés, François Hollande, quien le manifestó su profunda censura “hacia esas prácticas inaceptables entre aliados y amigos, porque atentan contra la vida privada de los ciudadanos franceses”. Posteriormente, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, se reunió en París con el secretario norteamericano de Estado, John Kerry y le reiteró “su demanda de explicaciones sobre las prácticas de espionaje inaceptables entre socios y que deben cesar”.
15. Este recuento de hechos pone de manifiesto que mientras algunos países han respondido con energía y condenaron abiertamente los ilegales actos norteamericanos de espionaje, el gobierno de México ha respondido de manera pusilánime, con la pretendida justificación de preservar la relación estratégica entre ambos países.
16. Pero más allá de este dato anecdótico, subyacen los hechos de fondo respecto del espionaje norteamericano:
• Tales acciones ponen en riesgo y atentan contra la seguridad nacional de México, al infiltrar las comunicaciones institucionales.
• Las acciones de espionaje constituyen violaciones directas a la obligación que tienen todos los estados de no intervenir en los asuntos que son de su jurisdicción interna, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha obligación es un principio general del derecho internacional, reconocido en la resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970, en la que de forma muy clara se establece que ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de otro. Cualquier acción en contrario constituye una abierta violación al derecho internacional.
• Las acciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, violan flagrantemente el marco jurídico mexicano, que explícitamente prohíbe el espionaje en favor de un estado extranjero.
• El espionaje a cualquier persona, pública o privada, atenta directamente a sus derechos humanos, especialmente su derecho a la privacidad.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de espionaje que ha venido realizando la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos de América contra México, sus instituciones o cualquiera de sus ciudadanos.
Segundo. En congruencia con lo anterior, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace suya la exigencia del Poder Ejecutivo federal de que la administración del presidente Barack Obama realice una exhaustiva investigación en la que se deslinden las responsabilidades que correspondan y se sancione a los responsables.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que implemente todas las medidas técnicas necesarias que impidan el espionaje en las comunicaciones institucionales del país, en razón de que tal práctica constituye un claro atentado a nuestra seguridad nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ALDF que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de que las agresiones contra policías se consideren delito grave, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Asamblea del Distrito Federal, reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de que las agresiones a los Policías, sean consideradas como delito grave , al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, los tiempos en que la población veía en la persona de un uniformado un icono que representaba honorabilidad, respeto, autoridad, etcétera, han cambiado.
El dicho popular nos dice: “la burra no era arisca, los palos la hicieron”, lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años desencadeno diversos escenarios y encuentros no gratos, por eso hoy cuesta más trabajo poder apreciar a las fuerzas del orden como aliados para el desarrollo exitoso de nuestro entorno como sociedad.
Es por ello que se busca atacar esa mala imagen y llevarla a la aceptación del grueso de la población; para lo cual se requieren reglas claras de acción de las fuerzas del orden público y establecer también el margen de acción de los ciudadanos en términos que establece la Constitución en su artículo seis; la individualidad de las personas obedece a los intereses, capacidades y recursos con los que cuente, pero aun cuando estos sean suficientes para abordar otras esferas, estas incursiones tendrán que ser dentro del marco jurídico, legal y administrativo que contribuya a obtener un mejor fin colectivo.
Sumar esfuerzos nos lleva a multiplicar beneficios y obtener mayores alcances en los beneficios y nos permite ahorrar en tiempos de espera y una mejor aplicación de los recursos con los que se cuenta; saludar a la armonía es nuestro objetivo pero también buscamos que con la mayor claridad sean conocidas nuestras demandas y de esa manera se les dé cumplimiento.
Someter y obligar a los que nos rodean a cumplir, no es vivir dentro del estado de derecho, sino más bien es la imposición sin argumentos, que nos lleva a la anarquía y eso es lo que más nos carcome y menoscaba; creyendo que podemos más que el prójimo, no lleva a demeritar nuestro valor como sociedad.
Es por ello, que es necesario clarificar cuáles son los límites de acción de cada uno de los actores en esta concentración llamada ciudad, centro urbano, colonia, etc. y los elementos policiacos, que deberán de tener como premisa el servicio, legalidad, vigilancia y cooperación.
Estar capacitado para desarrollar ciertas tareas, no establecen el que sea permisible actuar desconsideradamente, al contrario nos deberá dotar de cualidades para el servicio para el cual se ha preparado; hacer uso desmedido de las capacidades y aptitudes para lo cual se ha preparado el ser humano le lleva a ser autoritario y no es lo que se pretende; actuar en consecuencia de la ciencia adquirida nos lleva a poner nuestra capacidad al servicio de otros, de otra forma no sirve de nada lo aprendido.
Pero solo se ha expuesto lo relacionado al servidor público, y ¿cuáles con los límites para el personal civil, donde se conjuntas ambas esferas de acción y hasta donde se pueden compenetrar? Aun cuando la Constitución lo establece como una premisa el vivir en libertad, es básico; pero es necesitamos estipular en que parte del plano se pierde el derecho propio y se convierte en derechos de los demás.
El respeto, suele ser una palabra muy trillada, pero que carece de valor cuando no existe en el ser, como valor personal; entonces establecer un límite en particular es muy subjetivo pues en cierto momento depende de la formación previa a la actualidad; es lo que nos obliga a tener que determinar el hasta aquí y lo posterior es bajo la premisa de la sanción, por falta a lo establecido de común acuerdo entre las partes.
“La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten.” Montesquieu
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Asamblea del Distrito Federal que reforme los artículos 287 y 288 del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de que las agresiones a los Policías, sean consideradas como delito grave.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Oaxaca y a la CNDH a investigar y, en su caso, sancionar los posibles actos de discriminación, omisión, negligencia e indolencia del personal de la Secretaría de Salud y revisar el sistema de salud pública en la atención de mujeres indígenas, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado por la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Carlos de Jesús Alejandro, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 2 de octubre, una mujer indígena mazateca parió en los jardines del Centro de Salud del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca. Hecho que fue dado a conocer mediante una fotografía en las redes sociales y después replicado en los medios nacionales de comunicación, hecho que causa a la sociedad y a los legisladores profunda consternación e indignación.
Es ominoso que en México estos hechos parezcan una normalidad y no pase nada, sobre todo para aquellos grupos que defienden la vida desde la concepción.
Se trata de un flagrante acto de discriminación institucional. También debemos agregar actos de responsabilidad, omisiones, negligencias e indolencias de los trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, que en lugar de reconocer este acto vergonzoso, lo que hizo fue justificar con pretextos los hechos pudieron llevar a la mujer a parir en la zona de jardines del centro de salud en mención.
La autoridad de salud dijo que fue por “falta de personal”; pero nada justifica este hecho ofensivo y humillante para la mujer que pidió apoyo junto con su esposo desde tiempo antes, pero que el personal ignoró su suplica. Nada justifica el hecho que la víctima hable una lengua indígena y que eso sea una barrera para atenderla. Los hechos eran evidentes y de urgente atención. Además todas las lenguas indígenas en México son lenguas nacionales y las autoridades están obligadas a atender a los hablantes sin discriminación ni exclusión.
Este es un caso paradigmático que merece atención para revisar el sistema de salud pública en atención a mujeres indígenas. Evidentemente se violaron sus derechos humanos por parte de los servicios de salud en contra de una mujer fundada en la discriminación por género, por su situación de pobreza y por su condición cultural diferenciada. ¿Por qué a estas alturas le sucede esto a una mujer indígena mazateca? ¿Cuántos de estas historias no escritas ni denunciadas, como esta, suceden en el país?
El caso refleja crudamente la vida real de las mujeres indígenas. Se presume de una cobertura universal de salud pero este caso desnuda el contexto social en que se debaten las mujeres indígenas. El acceso a servicios de salud oportunos y de calidad es aún una mera quimera, pues no basta sólo estar inscritos en el padrón del seguro popular, tiene que ser una realidad.
De acuerdo con algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales de mujeres este no es el primer caso en esta clínica sino el tercero que se conoce públicamente, lo que significa que ha sido reiterativo el trato discriminatorio hacia la población indígena. Hacen hincapié también que refleja la crisis en el sistema de salud pública en los centros de salud en comunidades rurales e indígenas que carecen de personal calificado que atienda todos los días del año, y que conozca la lengua indígena de la población y capacitado en comunicación intercultural. Pero es cierto, son clínicas que no cuentan tampoco con medicamentos, insumos y equipos necesarios para una buena prestación de servicios de calidad y calidez humana.
Estas omisiones del personal y las autoridades de salud de Oaxaca deben ser sancionadas, toda vez que es un derecho humano y una garantía constitucional acceder a los servicios de salud pública y se hace urgente revisar el tipo y la calidad de la atención que reciben los indígenas en los servicios públicos del estado. Es apremiante revisar este caso paradigmático y deslindar responsabilidades correspondientes.
No sería justo bajo ninguna circunstancia, que este hecho se vea como un acto morboso y no se vaya al fondo del asunto, como es el que muchas mujeres indígenas de este país tengan una historia similar, que por falta de servicios médicos oportunos, incluso pierdan la vida.
Hechos como estos forman parte del engranaje de problemas que enfrentan las mujeres indígenas, que en su parte más trágica son las muertes maternas por parto que padecen mujeres en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Nos complace que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya tomado cartas en el asunto y esperamos con interés los resultados de su investigación que esperamos que sus conclusiones coadyuven al resarcimiento de los daños psicológicos, físicos y económicos por estos hechos de irresponsabilidad del personal de la clínica.
Por lo expuesto se ponen a consideración, de esta asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que haga una revisión, evaluación integral, exhaustiva y transparente sobre el desempeño de los servicios de salud del estado de Oaxaca, particularmente en la atención materna, en contextos indígenas culturalmente pertinentes, y evitar en el futuro la violación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Segundo. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, a realizar una investigación y deslindar las responsabilidades a que haya lugar, en el caso de los servidores públicos que incurrieron en la omisión en la atención de una mujer indígena y en un posible acto discriminación e indolencia, en perjuicio de la salud y dignidad de dicha persona, que se vio obligada a parir en el patio del centro de salud del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca.
Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la investigación del caso, por la posible comisión de actos que implican discriminación y desatención en el derecho a la salud, en perjuicio de la integridad personal de Irma López Aurelio, indígena mazateca del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca; y los resultados de su investigación coadyuven al resarcimiento de los daños psíquicos, físicos y de dignidad humana, cometidos presumiblemente en contra de la señora López Aurelio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones a la halterista mexicana Carolina Valencia por ganar tres medallas de bronce en el campeonato mundial de levantamiento de pesas en Brelavia, Polonia, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Maricela Velázquez Sánchez, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde los tiempos de la antigüedad, se ha llevado a cabo la práctica de la halterofilia (levantamiento de pesas), ejecutándose inicialmente con piedras, la cual ha evolucionado a través de la historia, permitiendo que se convierta en un deporte reconocido mundialmente, fomentando la realización de competencias nacionales, mundiales y olímpicas.
En la actualidad este deporte se practica de acuerdo a las categorías de peso, así como de las modalidades de arranque y envión, las cuales consisten en lo siguiente:
• Arranque: consistente en levantar la barra del suelo en un solo movimiento, ubicándola por encima de la cabeza, manteniendo los brazos completamente extendidos.
• Envión: Al igual que en el arranque, este ejercicio consiste en levantar la barra en dos fases. Primero, se levanta la barra a la altura de los hombros y después se alza la barra sobre la cabeza con una completa extensión de los brazos.
El Mundial de Halterofilia 2013, llevado a cabo en la ciudad de Breslavia, Polonia, ha sido testigo de la valentía y coraje de Carolina Valencia, una joven deportista mexicana de 28 años de edad, originaria del Estado de Quintana Roo, quien con tan sólo 47.63 kilos de peso corporal logró llevar a cabo el levantamiento de 78 kilos en la modalidad de arranque, convirtiéndose en la ganadora de la medalla de bronce.
Sin embargo, su pericia y esfuerzo consiguieron que posteriormente registrara una marca de 186 kilos en la modalidad de envión, consiguiendo de esta forma su segunda medalla de la competencia.
Sorprendentemente, sus logros no terminarían ahí, ya que la suma total del peso registrado de sus levantamientos en competencia, fue de 181 kilogramos, hecho con el cual se hizo acreedora a su tercera presea de bronce.
Esta joven deportista ha conseguido pasar a la historia del deporte nacional gracias a su destacada participación en la categoría de 48 kilogramos de las modalidades de arranque y envión.
Con base a lo anterior, proponemos se reconozca y se felicite a la halterista mexicana Carolina Valencia, por su esfuerzo, dedicación y pericia demostrada en el Mundial de Halterofilia 2013, al conseguir ser la ganadora de tres medallas de bronce de la especialidad, acto con el cual no sólo se convierte en la primera mujer en obtener una medalla en un campeonato mundial de esta especialidad, sino que coloca el nombre de México en alto dentro del deporte internacional.
Es importante recalcar que la carrera de esta joven deportista no ha culminado aún, ya que su próxima meta es conseguir más preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán celebrados el próximo año en Veracruz, así como en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, por lo que no dudamos, será una digna representante de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extienda su reconocimiento y felicitaciones a la halterista mexicana Carolina Valencia por conseguir ganar tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Halterofilia 2013, en Breslavia, Polonia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar la perspectiva de género en la planeación y el diseño de su Presupuesto de Egresos de 2014, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
Las suscritas, diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62, párrafo 2; 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
La elaboración de presupuestos sensibles al género surge de un bloque de iniciativas a nivel mundial, que impulsaron principalmente las organizaciones de la sociedad civil, en particular el movimiento de mujeres, con el objetivo de promover la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la rendición de cuentas y sobre todo para conocer si la manera en la que los Estados elaboran sus presupuestos responde a las necesidades reales de mujeres y hombres.
De tal suerte que los presupuestos sensibles al género son hoy un instrumento fundamental para avanzar en la igualdad en materia de oportunidades para las mujeres ya que permiten desarrollar políticas públicas orientadas a atender sus necesidades específicas.
El gobierno de México por primera vez reconoce la necesidad de reducir las inequidades entre hombres y mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 20012006; en él se afirma que se deben trasformar las condiciones de inequidad de género en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, y poner a disposición de las mujeres los medios y los recursos para que desarrollen integral mente sus capacidades, para que de este modo contribuyan, tengan acceso, control y disfrute efectivo de los beneficios de desarrollo.
En el año 2007, en los artículos transitorios décimo séptimo y décimo octavo del Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideró por primera vez, la implementación de recursos específicos para la realización de políticas públicas en materia de igualdad de género.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2008, se notó un importante avance ya que se consideró por primera ocasión un anexo específico, el 9A, mismo que se ha mantenido hasta la fecha con distintos numerales: anexo 9A en el 2009, anexo 10 del año 2010 al 2012 y anexo 12 en el año 2013 y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección más amplia en cuanto a normas relativas a los Derechos Humanos. Al respecto es importante citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su artículo 3 señala:
Los Estados Parte tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medida apropiada, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Por lo anterior, es necesario que las instituciones de gobierno cuenten con recursos para la ejecución de la política pública del Gobierno Federal en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para favorecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Hoy en día ese objetivo vigente avanza a través de la asignación de recursos etiquetados en el Decreto de Presupuesto Federal, específica mente en el anexo 12, el cual ha detonado procesos para incorporar la perspectiva de género en los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y en los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios.
Esta asignación estratégica de recursos impulsa la inclusión transversal de la perspectiva de género en las políticas así como en los programas nacionales pero, sobre todo, traduce los compromisos gubernamentales por la igualdad de género en compromisos monetarios.
La experiencia del presupuesto sensible al género a nivel federal y particularmente el trabajo continuo en las anteriores y la presente Legislaturas de la Comisión de Equidad y Género, hoy denominada Comisión de Igualdad de Género, en materia de gasto etiquetado para mujeres ha permitido colocar el tema del presupuesto con perspectiva de género en el debate nacional. No obstante esta situación, no vemos eco de ello en todas las entidades federativas.
Por ello es necesario recordar que México cuenta con un marco institucional y legal encaminado a promover la igualdad de género; por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres y los 32 Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres; la Ley General y las leyes locales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres así como la Ley General y las Leyes Locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, leyes que a pesar de no contar con disposiciones específicas sobre los presupuestos con perspectiva de género, sí contienen mandatos para la realización de acciones públicas que requieren recursos presupuestales para su instrumentación, acciones públicas que se traducen en obligaciones para los gobiernos de las entidades federativas.
En relación con la obligatoriedad de las dependencias de la Administración Pública de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género, la Ley de Planeación, establece de manera explícita lo siguiente:
Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
(...)
VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
Artículo 9. Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.
Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género;
Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula:
Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo:
(... )
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.
Artículo 28. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:
(...)
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.
Artículo 111. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.
(...)
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.
(...)
En base a lo mencionado, es necesario que los presupuestos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal se elaboren con perspectiva de género, la cual permite visualizar y atender las diferencias y las desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres.
Lo anterior, porque es evidente que la elaboración de presupuestos públicos que ignoran el ordenamiento de género reproducirá las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que se generan entre hombres y mujeres, y el presupuesto seguirá siendo neutral al género con consecuencias adversas para las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito federal para que incorporen la perspectiva de género en la planeación y diseño de su Presupuesto de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth María Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sagarpa que genere apoyos suficientes para los sistemas-producto desarrollados en Guerrero, a fin de lograr la pronta recuperación económica de la entidad, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Guerrero ha sido generador de materias primas, y aproximadamente aporta el 2.5 por ciento del producto interno bruto a nivel nacional, según Inegi. En nuestro Estado tenemos grandes carencias, entre ellas la alimentaria, los productores se han rezagado respecto de otros estado de la república.
La necesidad de diversificar la economía es cada vez más apremiante, por ello no depender solamente del turismo, es una prioridad que resalta ante los fenómenos meteorológicos recientes.
Debemos generar un aprovechamiento integral, sostenible y sustentable, que genere riqueza en biodiversidad, con opciones productivas para aprovechar el mosaico de ecosistemas del estado.
Tenemos productos muy bien posicionados a nivel nacional, tales como el mezcal, el coco, el limón, mamey, mango que ocupan primeros lugares. También hay importantes avances en el sector pecuario, acuícola y pesquero, con escala está el caprino, el apícola y la tilapia.
La cifra estimada de afectación de pérdidas es de 215 mil hectáreas, tres veces mayor que Tamaulipas y mucho más grande que Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. El exceso de humedad afecto el cultivo de café e infinidad de cosechas, es por ello que se debe considerar al campo como parte de la solución para generar alimentos, ingresos y empleo, y no la raíz de los problemas agrarios. La agricultura familiar es la que sostiene la alimentación de la mayoría de los guerrerenses.
En el 2001 se promulgó la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable y establece el concepto “sistemas-producto” en el sector agropecuario, con el fin de que participen todos los eslabones de cadenas productivas.
Algunos sistemas han tenido logros importantes, pero otros han tenido problemas que han impedido su desarrollo, ocasionando perjuicios a los productores. Guerrero en este caso tiene productores pesqueros, agrícolas y ganaderos de 22 sistemas-producto, quienes han solicitado etiquetar más recursos concurrentes y apoyo a los proyectos estratégicos de la Entidad para transferencia de tecnología y compra de infraestructura.
Los productores del estado han reclamado que en los últimos tres años no ha habido ningún recurso para los sistemas-producto de Guerrero, y actualmente se están unificando para gestionar y buscar soluciones para el campo y alimentación guerrerenses.
Solamente Guerrero y Yucatán han quedado excluidos de los apoyos a los sistemas-producto, sin argumento suficientes para no proporcionar los apoyos. Ante esta realidad se solicita la atención de tan importante problema que es no un aspecto negativo, sino una solución y generador de empleos y de autosuficiencia alimentaria para nuestro estado.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a generar apoyos suficientes a los sistemas-producto que se desarrollan en el estado de Guerrero para generar la pronta recuperación económica de la entidad.
Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades a instruir la realización de campañas de difusión sobre el trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexuales cometidos a bordo del transporte público, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Israel Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El transporte público es uno de los servicios que determinan la calidad de vida de una comunidad, por lo que debe representar bienestar en términos de seguridad, eficiencia y comodidad.
En una ciudad tan compleja como el Distrito Federal, donde diariamente más de 5 millones de personas utilizan algún modo de transporte público, llámese Metro, trolebús, autobús, microbús, taxi, combis o Metrobús, es necesario avalar la seguridad de todas esas personas con herramientas que garanticen los derechos de los usuarios.
El funcionamiento del transporte público destaca por la invasión y saturación de rutas, irregularidad en el servicio, falta de capacitación en los operadores, parque vehicular obsoleto y constantes violaciones a la normatividad que la Secretaria de Transporte y Vialidad se encarga de emitir.
Una encuesta reciente realizada por la asociación civil Presencia Ciudadana Mexicana sobre la percepción de los usuarios del transporte en el Distrito Federal señala que las experiencias más desagradables en el transporte público concesionado están relacionadas con la inseguridad (38 por ciento), falta de cultura cívica en el transporte (11 por ciento), incomodidad (6 por ciento), contaminación (2 por ciento) y tráfico (2 por ciento). Destaca la preferencia por utilizar el Metro como principal medio de transporte (41 por ciento) por su rapidez (51 por ciento), seguridad (18 por ciento) y comodidad (16 por ciento). Respecto al microbús (16 por ciento), destacaron su rapidez (52 por ciento) y comodidad (37 por ciento). El taxi, con 14 por ciento de preferencia, fue señalado por cómodo (50 por ciento), rápido (29 por ciento) y seguro (20 por ciento).1
Ahora bien, el Código Penal para el Distrito Federal establece que comete el delito de acoso sexual quien solicita favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad.2
El mismo código establece que comete el delito de abuso sexual quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo.3 La comisión de los delitos de acoso y abuso sexual tiene como agravantes que sea dentro de un vehículo del trasporte público, de acuerdo con la ley vigente. Empero, los hechos siguen llevándose a cabo por los delincuentes, a quienes no les interesa más que satisfacer sus deseos sexuales.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), diariamente se inician siete averiguaciones previas por la comisión del delito de abuso sexual en la Ciudad de México. De ellas, 54 por ciento se concentra en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. En cuanto a las víctimas del delito, en 88 por ciento de los casos se cometió en contra de mujeres y en el restante 12 por ciento se afectó a personas del sexo masculino. En 47.5 por ciento de los delitos reportados contra el género femenino se trata de víctimas cuyas edades fluctúan entre 12 y 25 años.
Con base en la información que proporciona el coordinador de Servicios Jurídicos del Metro, las estaciones donde hay instaladas agencias del Ministerio Público son Pantitlán (Línea 5), Guerrero (conocida como Zarco y Violeta, Línea 3), Hidalgo (Línea 3), Observatorio (Línea 1) e Hidalgo (Línea 2). Las estaciones en que ocurre 35 por ciento de la incidencia delictiva del Metro, incluidos el abuso y el acoso sexuales, son Hidalgo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Zócalo, donde la aglomeración de gente es mayor. Y aunque la Fiscalía de Coordinación de Agencias de Atención Especializada recibe los casos por tocamientos, las investigaciones de este delito la realiza la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la dependencia.4
Según la versión de la mayoría de las personas agredidas a bordo del trasponte público, no se presentan ante ninguna autoridad a denunciar los hechos por miedo, por falta de tiempo o por incredulidad en las autoridades a cargo. Los usuarios que son agredidos no tienen el conocimiento de sus derechos ni del procedimiento que deben seguir para llevar a cabo la denuncia.
Si bien no hay estadísticas unificadas actualmente que nos permitan tener un dato certero, en la actualidad se tiene conocimiento de que en el transporte público operan bandas dedicadas a la extorsión. Bandas integradas por grupos de mujeres u hombres que se encargan de elegir a cualquier persona sin importar el género (masculino o femenino) para después realizar la inculpación de acoso sexual, y después pasar a la extorsión.
Ciertas víctimas han sufrido graves daños en su vida familiar, patrimonial y laboral, al verse involucrados y señalados falsamente por haber cometido el delito de acoso sexual, siendo la pérdida de la libertad la que más afecta a las víctimas. Como se comprende, el esquema de operación de estas bandas genera un cerco psicológico y legal contra las víctimas.
De acuerdo con datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,5 la información estadística correspondiente a los delitos de acoso y abuso sexuales en un medio de transporte público son las siguientes:6
El acoso y abuso sexuales son realidades presentes desde hace mucho tiempo y de las cuales hemos comenzado a tener conciencia social más recientemente, por todo el trabajo que realizan diversos grupos. Nuestra sociedad debe adquirir mejores hábitos de crianza, convivencia y cultura. Ello es un hecho. Y también es un hecho que más allá de un problema social, es un tema de salud y educación. Aun en la posibilidad de parecer alarmista, es menester una reeducación en cuanto al contexto familiar y social, ya que sin duda y lamentablemente para muchas personas tales temas se caracterizan por la violencia, el rechazo y la indiferencia.
Se trata de dar mayor difusión a los usuarios del transporte público de las penalidades que tiene este tipo de hechos, para que los agresores tengan claros los castigos a que pueden ser sentenciados; se trata de dar certeza jurídica a las personas que son inculpadas por bandas delictivas y que se dedican a vivir de la extorsión; se trata de dar difusión a los derechos que tienen los ciudadanos si se ven inmersos en una situación de esta índole; se trata de hacer saber a los ciudadanos en general que las autoridades correspondientes tienen la obligación de no realizar un juicio de valor y acceder a todos los medios necesarios al alcance para dictar sentencia.
La intención de este punto de acuerdo es exhortar a las autoridades competentes a fin de que en el alcance de sus facultades, integremos un grupo de trabajo que difunda ampliamente en todo el transporte público en el Distrito Federal la penalidad del acoso y el abuso. Dar a conocer a los ciudadanos en general, sean mayores o menores de edad, de género femenino o masculino, que si les acontece este delito, pueden acudir a denunciar y que a través de un abogado tienen el derecho de solicitar las videograbaciones como una prueba más. Pero lo verdaderamente importante es intentar inhibir la acción del delincuente. Que sepa que la grabación de los hechos se está llevando a cabo por las autoridades. Y por ello en la campaña de difusión debe incluirse que de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como por la Coordinación de Servicios Jurídicos del STC Metro, los videos se resguardan por siete días naturales, en ambas instituciones. Esto es lo que la ciudadanía en general debe conocer sin preámbulos y sin distinciones.
Debe darse a conocer a los ciudadanos que tienen derecho a solicitar en el momento en que se esté integrando la averiguación previa el video a través de un abogado al Ministerio Público en el momento de la inculpación a fin de que puedan revisarse o, en su defecto, revisarlos antes que inicie cualquier proceso contra el inculpado. Y si el proceso lo amerita se comience a integrar la averiguación previa contra quienes estén dando falso testimonio.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir al procurador general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Transporte y Vialidad y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de que en coordinación se realicen campañas de difusión masiva permanentes y que 10 por ciento de los espacios para publicidad se ocupe para informar a la sociedad acerca del trámite y las sanciones penales por delitos de acoso o abuso sexuales cometidos a bordo del transporte público y dar a conocer a los ciudadanos que las videograbaciones pueden ser solicitadas para su revisión y utilización en el proceso.
Notas
1 http://www.martha.org.mx/aldf/articulos/articulos/c_seguridadtransporte .htm
2 Artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal.
3 Artículo 176 del Código Penal para el Distrito Federal.
4 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
5 Mediante el oficio número TSJDF/ PDE/ 293/ 2013, con fecha de recepción 5 de julio de 2013.
6 En 2011 comprende el periodo mayo-diciembre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputado Israel Moreno Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de fácil acceso para el ascenso y el descenso en trolebuses, camiones y microbuses, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Mirna Velázquez López, Román Alfredo Padilla Fierro y Blas Ramón Rubio Lara, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El tiempo pasa, y vertiginosamente, lo cual afecta de manera profunda las habilidades y capacidades de las personas de la tercera edad, en especial en el sistema óseo; les complica aún más el desarrollo de una vejez digna.
En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 10.1 millones de adultos de más de 60 años, quienes sufren consecuencias de desempleo, abandono y discriminación.
Muchos de nosotros olvidamos que todos tarde o temprano vamos a llegar a esa edad, y nada mejor que ir construyendo puentes para, llegado el momento, vivir de manera más óptima.
Las enfermedades no son exclusivas de la edad y pueden llegar en cualquier momento, complicando también el desarrollo de una vida normal.
El Estado y la sociedad tienen la obligación con los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, igual que con la niñez y la juventud de crear condiciones para que todos alcancen su desarrollo integral.
Lo más importante es no considerar la vejez como un estado fatal que lleve a la pasividad, sino como una etapa diferente que pueda ser igual o mejor que antes.
En la Ciudad México hay transporte que va de camiones, trolebuses a microbuses y hasta taxis. Cuando se viaja en camiones, trolebuses y microbuses, se vive la dificultad que tienen las personas mayores y las personas con capacidades diferentes para subir o bajar de este tipo de transporte, debido a la altura (70 centímetros) para el ascenso y descenso al primer escalón, donde también sufren mucho las mujeres y los niños para abordar este tipo de trasportes, volviendo muy complicado y doloroso para las personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes, principalmente, para viajar y trasladarse de un lugar a otro.
El transporte eléctrico (trolebús) ha implantado exitosamente el escalón extra para el ascenso, pero se olvidan penosamente del descenso.
Sabemos que en los países del primer mundo se implantan condiciones de accesibilidad para los ciudadanos, pero no volteemos hacia otros países, ya que aquí en México se vive la cruda realidad para los millones de usuarios que a diario sufren este mal necesario.
Creemos necesario que se busque la forma de agilizar el ascenso y el descenso en el transporte público de las personas, reduciendo la dificultad para este fin, principalmente de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, así como de mujeres y niños.
Por los motivos comentados se somete a consideración de la LXII Legislatura, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta con todo respeto y con pleno conocimiento de la libertad y soberanía en lo concerniente al régimen interior del Distrito Federal al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar en la política de regulación del autotransporte público de pasajeros concesionado y no concesionado acciones tendentes a garantizar las condiciones de accesibilidad necesarias para el fácil ascenso y descenso de pasajeros adultos mayores, así como niños, embarazadas, personas con capacidades diferentes y todas las que presentan limitaciones de movilidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.
Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Mirna Velázquez López, Román Alfredo Padilla Fierro, Blas Ramón Rubio Lara (rúbricas).
Con punto de acuerdo, para que las integrantes del equipo nacional infantil de basquetbol de Puebla y su equipo técnico sean acreedores al Premio Nacional del Deporte, se les rinda un homenaje y se les entregue un reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el certamen internacional deportivo de minibasquetbol, organizado por la Federación Internacional de las Américas, en Argentina, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Beatríz Veronica Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, así como 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El equipo femenil infantil de basquetbol, integrado por niñas del estado de Puebla y una niña de Tlaxcala, al igual que los niños triquis de Oaxaca, también conquistaron el IV Festival Mundial de Minibaloncesto en la sede de Buenos Aires, Argentina. A las niñas se les conoce como: “Las Bayonetas”, cuyo nombre se deriva del nombre de su entrenador, Héctor Eugenio García Bayón.
Las niñas Fernanda Ruiz Morales, Silvia Hernández Beristáin, Adriana Morales Aguayo, Mónica Romo Escalona, Dafne Shecid Díaz Tostado, Crystal Ramos Facio, Vanessa Ivonne Acosta del Río, Alanís Gil López, Gloria Natalie García Alejo, Katherin Belén Toriz Reyes, Alejandra Flores Olivos, Jessica Navarro López y Kenia Hernández Sánchez, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años de edad, resultaron invictas en el torneo, que dio inicio el pasado 10 de octubre y concluyo el martes 15. Este evento contó con 60 equipos de siete países, que participaron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Paraná.
Los resultados alcanzados por las menores en los cinco juegos disputados fueron:
Club Pinochos Infantil 24-37 Equipo nacional infantil femenil
Club Lanus infantil 21-43 Equipo nacional infantil femenil
Club Pinochos Sub 14, 37-49 Equipo nacional infantil femenil
Club Lanus Sub14, 36-48 Equipo nacional infantil femenil
Club Temperley Combinado 36-48 Equipo nacional infantil femenil
La participación de este equipo poblano integrado por 13 niñas originarias de Puebla, San Pedro Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan y una de Tlaxcala, se derivó después de surgir campeonas en la Copa Internacional de Cancún, celebrada en julio del presente año, donde la categoría infantil se jugaba la representatividad para dicho festival, con el acompañamiento de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto.
Además de este campeonato su historial deportivo refleja otros logros, encontrándose entre ellos el triunfo de la Copa Tabasco 2013 y el segundo lugar en la Copa Chihuahua 2013. A nivel internacional el equipo se coronó campeón en el III Festival de Minibaloncesto de La Vega, República Dominicana 2012.
Si bien, el trabajo y logros alcanzados por estas niñas poblanas podrían ser similares a los “campeones descalzos de la montaña”, como se les conoce a los niños triquis de Oaxaca, los cuales logaron tener el apoyo de la Secretaría de Cultura de su estado (Oaxaca), mientras que ellas, aunque lo solicitaron al gobierno de Puebla en varias ocasiones, no lo lograron.
Por sus propios medios, el equipo difundió que Manuel Youshimatz, director del Instituto Poblano del Deporte, les negó el apoyo económico con el argumento de que no estaba contemplado en el presupuesto. El equipo, entonces, tuvo que conseguir recursos con los regidores, pequeños empresarios y tiendas deportivas.
Asimismo, la historia de las niñas basquetbolistas es similar a la de miles de mexicanas y mexicanos y sus familias que se convierten en los principales promotores y fuentes económicas para proveer de recursos a sus futuras estrellas deportivas, ya que por parte de las autoridades estatales y federales responsables, impera la desatención y desdén para resolver los requerimientos de las y los jóvenes deportistas.
En consecuencia, esta selección nacional infantil femenil de basquetbol hizo un llamado a la ciudadanía para apoyarlas con la compra de pulseras con valor de diez pesos y de esa forma recaudar fondos para viajar a Argentina a esa competencia internacional de la cual regresaron invictas y por tanto campeonas.
Muchas de ellas de escasos recursos económicos, viven en colonias alejadas de las oportunidades de desarrollo escolar y deportivo, actualmente están bajo la tutela del Instituto Municipal del Deporte en la capital del estado, y entrenan en las instalaciones de un polideportivo con la ayuda del entrenador García Bayón, quien ha conjuntado disciplina, disposición, esfuerzo y sacrificio en horas de entrenamiento para lograr tener niñas responsables y competitivas, así como un acompañamiento en el crecimiento y desarrollo colectivo y personal de cada una de ellas.
De ahí la importancia de que esta soberanía exhorte al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte, para que el equipo femenil infantil de basquetbol, integrado por niñas del estado de Puebla y una niña del estado de Tlaxcala, y su cuerpo técnico sean acreedores al premio nacional del deporte por sus méritos deportivos obtenidos en el IV Festival Mundial de Minibaloncesto en la sede de Buenos Aires.
Finalmente, estamos convencidas y convencidos de que es justo e imprescindible que hagamos en esta Cámara de Diputados, un reconocimiento público a las niñas poblanas que han puesto en alto el nombre de nuestro país en Argentina y ante el mundo.
Exaltemos la labor de las niñas y los niños que contribuyen siendo ejemplo a seguir para el resto de la infancia en nuestro país, además de acrecentar la grandeza de nuestra nación.
Por eso hoy sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte, para que las niñas que integran el Equipo Nacional Infantil de Basquetbol del estado de Puebla y su equipo técnico, sean acreedores al premio nacional del deporte.
Segundo. La Cámara de Diputados rendirá un homenaje y entregará un reconocimiento público a cada uno de las niñas Poblanas y a su equipo técnico que obtuvieron el primer lugar en basquetbol, en un evento internacional deportivo de minibasquetbol organizado por la Federación Internacional de las Américas, celebrado en Argentina.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 24 de octubre de 2013.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
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