Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3880-VII, jueves 10 de octubre de 2013
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a atender las necesidades de saneamiento del río Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, José Noel Pérez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Del agua que se encuentra en el planeta, sólo 2.5 por ciento es dulce, y de ella únicamente 0.3 por ciento se encuentra en los ríos, lagos, lagunas y humedales. Las comunidades situadas a sus alrededores se benefician de ellas, a través del impulso de la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras actividades.
En México, muchas de estas aguas dulces se encuentran severamente contaminadas, lo que genera diversas consecuencias negativas en el medio ambiente, tales como la reducción del número de especies y la presencia de serios problemas de salud que pueden llegar a tener resultados mortales.
Por otra parte, la grave contaminación en aguas dulces llega a afectar la economía, pues debido a ella se reducen las actividades productivas.1
México cuenta con 70 por ciento de sus aguas dulces con algún grado de contaminación, llegando a encontrarse químicos altamente tóxicos como son el mercurio, plomo, cadmio, cromo y compuestos como el tolueno o el benceno,2 los cuales resultan dañinos para la salud.
Esos contaminantes son resultado de años de irresponsabilidad por parte de la misma comunidad y de aquellas fabricas que de forma descuidada vierten gran cantidad de residuos tóxicos sin pensar en las consecuencias de estas acciones.
Uno de los afluentes más afectados en Jalisco es el río Lagos, en Lagos de Moreno, pues en su cauce puede encontrarse todo tipo de basura, desde envolturas de productos, llantas y hasta muebles de hogar, lo cual causa olores fétidos y por lo que los pobladores de la zona ya se han quejado, ya que no sólo el olor es molesto, sino que con la gran gama de contaminantes aparecen todo tipo de insectos y animales como son ratas, mosquitos y zancudos, llevando este problema a niveles de salud seriamente importantes, surgiendo con esto un gran foco de infección para los habitantes de dicha comunidad,3 ya que el río tiene una extensión de 200 metros.
La doctora en ingeniería ambiental Bertha Alicia Arce Chávez, de la Universidad de Guadalajara, afirmó: “Lagos de Moreno registra una contaminación química latente, por lo que es necesario efectuar estudios que discriminen (sic) y determinen los riesgos tanto reales como potenciales en lo ecológico, productivo y humano”.4 Lo anterior resulta sumamente importante, pues algunos ejidatarios toman estas aguas negras para uso de regadío, como bien lo afirmó el ejidatario Juan Ramón García argumentando que “al no haber más opciones ellos deben tomar el agua del arroyo y del río para regar sus siembras”.5 Y señaló: “Toda el agua que sale de la planta tratadora es utilizada en cultivos ubicados en la colonia”.6
Lagos de Moreno es una importante fuente de producción en la rama ganadera y agropecuaria, y constituye una base económica de gran trascendencia para Jalisco. Por ello, la solución de los problemas de contaminación del río Lagos resulta urgente para evitar mayores consecuencias en los sectores mencionados.
Con objeto de solucionar la contaminación del río Lagos y tras lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procurador federal de Protección al Ambiente a atender las necesidades de saneamiento del río Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco.
Notas
1 http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/sitio/T%C3%B3xicos/RIOS% 20TOXICOS%20FINAL.pdf (3 de octubre de 2013 18:40 horas.)
2 Ídem.
3 http://www.am.com.mx/lagosdemoreno/local/provoca-el-rio-contaminacion-1 1873.html (3 de octubre de 2013, 19:03 horas.)
4 http://www.udg.mx/node/18545 (3 de octubre de 2013, 19:17 horas.)
5 http://www.am.com.mx/lagosdemoreno/local/provoca-el-rio-contaminacion-1 1873.html (3 de octubre de 2013, 19:24 horas.)
6 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputado José Noel Pérez de Alba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear y a expedir una NOM para detectar, diagnosticar y tratar la hemofilia, e implantar un programa nacional de detección y atención integral multidisciplinaria, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Mario Alberto Dávila Delgado, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B) de la coagulación. Esto se debe a un defecto en los genes que se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma X.
Clínicamente se manifiesta por la presencia de hemorragias principalmente en músculos y articulaciones de intensidad variable, de acuerdo al nivel circulante del factor de la coagulación sanguínea deficiente.
En la hemofilia A o B, la herencia se transmite ligada al cromosoma sexual X y los hombres son los principales afectados, las mujeres son quienes portan y transmiten la deficiencia. Sin embargo, en casos raros se pueden presentar mujeres con hemofilia.
La sospecha del diagnóstico de la hemofilia inicialmente es clínico; situación clave que ofrece una ventana de oportunidad para que el médico de primer nivel de atención refiera al paciente hacia una unidad que establezca un diagnóstico oportuno y eficiente. Los datos clínicos de los dos tipos de hemofilia son sustancialmente idénticos y varían solo en relación al grado de la deficiencia.
El síntoma por excelencia de la hemofilia es la hemorragia y la intensidad de esta va a depender de diversos factores como: nivel circulante de factor deficiente, presencia de inhibidores del tratamiento, etcétera. El paciente manifiesta la enfermedad por la presencia de hematomas localizados o diseminados o relacionados a la intensidad del trauma y por los sangrados dentro de las articulaciones llamados hemartrosis.
Los síntomas dependen en gran parte, del grado de deficiencia de factor de coagulación y por esto se clasifican en: grave < 1 por ciento, moderada entre el 1 y el 5 por ciento y leve > 5 por ciento. Las manifestaciones clínicas de la hemofilia según la concentración del factor plasmático son: grave < 1 por ciento hemorragia espontánea en articulaciones y músculos; moderada 1-5 por ciento hemorragia espontánea ocasional y leve con hemorragia grave secundaria a procedimientos invasivos o traumatismos.
La hemofilia es padecida por 1 de cada 5000 varones, de los cuales el 70 por ciento la heredaron y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente existen en el mundo alrededor de 400 mil personas que viven con hemofilia.
En México se tiene un subregistro de la enfermedad a través de la Federación de hemofilia de la República Mexicana se han logrado contabilizar alrededor de 5 mil pacientes, de dicho grupo viven el 94 por ciento, que tienen diagnóstico 3,793 con hemofilia A y 563 con hemofilia B, y 335 sin diagnóstico de precisión, de un potencial de 7,500 pacientes. Se estima que por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.
El diagnóstico del tipo de hemofilia y su nivel de gravedad se hace mediante la historia clínica y un análisis de sangre para la medición, en el laboratorio, a través de pruebas especiales de coagulación, de los grados de los diferentes factores. El objetivo es establecer la severidad de la enfermedad y decidir el tratamiento más adecuado a seguir por el paciente.
Pruebas de laboratorio
Condición hemofilia
Tiempo de protombina Normal (10 a 13 seg.)
Tiempo parcial de tromboplastina Activada (TPTa) Normal (27 a 30 seg.)
Tiempo de
trombina (TT) Normal (18 a 21 seg.)
Tiempo de sangrado de Idy Normal (menor a 7 minutos)
Cuenta de plaquetas Normal (150,000 a 400,000
por mm cúbico)
Fibrinógeno Normal (150 a 250 mg por decilitro)
Dentro de las complicaciones críticas que presentan los pacientes que padecen hemofilia están:
• Invalidez o daño severo en las articulaciones
• Infección viral, se incrementa el riesgo de infecciones por virus de la hepatitis B, C e incluso de VIH, cuando se les administra plasma fresco congelado o crioprecipitados (proteínas que precipitan a bajas temperaturas y se obtienen de plasma humano y que no recibe ningún tratamiento de inactivación viral)
• Formación de inhibidores en contra del Factor de coagulación deficiente, en estos casos no funciona la terapia sustitutiva convencional con factores para controlar el sangrado, por lo que se debe cambiar a una terapia de reemplazo con un agente de bypass, que utiliza vías alternas para llevar a cabo la formación del coagulo y de esta manera controlar el sangrado.
• La muerte del paciente en los casos que no reciba un tratamiento oportuno.
No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía intravenosa el Factor de coagulación que falta, el Factor VIII o el IX.
El tratamiento sustitutivo supuso un avance importantísimo tanto para la calidad de vida como para la supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano dio lugar, en muchas ocasiones, a la transmisión de virus, sobre todo el VIH (sida) en los años 80, lo que significó un grave retroceso en la vida de los pacientes con hemofilia. A mediados de esa misma década se introdujeron los primeros métodos de inactivación viral en los concentrados liofilizados, transformándolos en productos mucho más seguros.
México se sitúa entre los países de Latinoamérica con los niveles de tratamiento más bajos, apenas con 0.82 UI de factores VIII y IX per cápita en 2011, por tal motivo es necesario mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional que aseguren el cumplimiento de los procesos hospitalarios a través de los cuales se proporciona la atención médica integral en el Sistema Nacional de Salud.
Atención pública de hemofilia en México
La hemofilia ha sido incluida en la cobertura de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, categoría del Seguro Popular - un gran logro para la comunidad de hemofilia y una oportunidad de mejorar la cobertura para los pacientes que no tienen acceso a un programa de seguridad social.
En enero del 2011, el entonces Presidente Felipe Calderón anunció la cobertura para los pacientes con hemofilia nacidos a partir del 2001 a través del Seguro Popular. El tratamiento de estos pacientes incluye la profilaxis primaria y secundaria con productos plasmáticos y/o recombinantes. En algunos hospitales de Seguridad Social, hematólogos han iniciado tratamiento profiláctico en los pacientes pediátricos menores de 3 años de edad así como en adultos que ya presentan daños articulares
El sistema de salud nacional debe garantizar que los pacientes con hemofilia que ya cuentan con cobertura reciban el tratamiento adecuado, integral, suficiente y oportuno; y deberá ampliar el esquema de cobertura para aquellos que han quedado excluidos por su rango de edad.
El paciente con hemofilia que no recibe un tratamiento adecuado desarrolla secuelas que pueden llegar a ser invalidantes generando un impacto en el paciente, la familia, la sociedad y el sistema de salud.
El inicio de un tratamiento profiláctico a una edad temprana del paciente disminuye el riesgo de daño articular, sangrado del sistema nervioso central, sangrado muscular, y otras hemorragias internas, además de contribuir a mejorar la calidad de vida y la integración plena del paciente a su ambiente social y familiar.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a desarrollar y establecer una Norma Oficial Mexicana para la detección, diagnóstico y tratamiento de la hemofilia que se base y haga mandatorio la implementación de un Programa Nacional de Detección y Atención Integral Multidisciplinaria para personas hemofilia en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapred a actualizar los Atlas Nacional de Prevención de Desastres, y Nacional de Riesgos para contar con un diagnóstico oportuno de las 32 entidades federativas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ante los recientes fenómenos meteorológicos que han causado la muerte de cientos de personas, afectando a miles de familias en la gran mayoría del territorio nacional y generando pérdidas económicas millonarias, se evidenció, en días pasados, que ninguna entidad federativa cuenta con un atlas de riesgo actualizado, lo cual denota una arista más respecto a las fallas sistemáticas que se han venido presentando por parte de las autoridades correspondientes, quienes en su intento por fincar responsabilidades, han exhibido una falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y dependencias para prevenir y dar respuesta a este tipo de emergencias.
El Atlas Nacional de Riesgos consiste en “un sistema integral de información, compuesto por bases de datos, que permite integrar y difundir los resultados de los análisis de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo, elaborados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Entidades Federativas y Centros de Investigación. Tiene como objetivo emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer medidas de prevención y mitigación”.
Como su nombre lo indica, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) tiene como misión, desde su creación el 20 de septiembre de 1988 “prevenir, alertar y fomentar la cultura de autoprotección para reducir el riesgo de la población ante fenómenos naturales y antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y entorno a través de la investigación, monitoreo, capacitación y difusión”.
De esta manera, el Cenapred, hace una distinción entre los tipos de riesgos que existen, con base en el origen de los mismos, clasificándolos de la siguiente manera.
1. Riesgos geológicos: Sismos, erupciones y emisiones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, hundimientos regionales y locales, agrietamientos.
2. Riesgos hidrometeorológicos: Ciclones tropicales (huracanes), inundaciones, tormentas de granizo, heladas y nevadas; tornadas, viento, sequías y frente frío.
3. Riesgos químico-tecnológicos: Fugas y derrames, almacenamiento de sustancias peligrosas, incendios y explosiones; transporte de sustancias peligrosas.
4. Riesgos sanitario-ecológicos: Epidemias o plagas, erosión; contaminación de aire, de agua, suelo y alimentos; residuos peligrosos.
5. Riesgos socio-organizativos: “Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de la población”.
6. Riegos económicos y sociales: Declaratoria de desastre y emergencia, muertes y pérdidas económicas; movimientos masivos de la población.
En términos generales, dicha información contenida en el Atlas de Riesgo, permitiría contar con un diagnóstico pormenorizado en cada una de las entidades, sin embargo la falta de actualización de los mismos ha desembocado en que los datos ya no correspondan con el contexto actual.
Cabe destacar lo expresado por Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), al mencionar en entrevista que “hay municipios que carecen de un Atlas de Riesgo, y en este momento tenemos contabilizados que sólo son 300 municipios los que cuentan con ello”, asimismo
De acuerdo con el apartado de los atlas estatales de riesgo del sitio de internet del Cenapred, Tabasco, Sinaloa, Durango, Quintana Roo y Baja California Sur carecen de cualquier tipo de información respecto a las consecuencias desastrosas que pueden generar fenómenos naturales o eventos producidos por el hombre.
Existe una versión pública de dicho atlas y otra a la cual tienen acceso las autoridades locales, para conocer los posibles impactos en la población ante un posible desastre, las obras que pueden evitarlos, las rutas de evacuación y la capacidad instalada en albergues, así como el personal disponible para atender una emergencia.
Entre las entidades que reportaron tener un avance básico en la elaboración de su atlas de riesgo se encuentran Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Chiapas.
Estados como Nuevo León, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala no reportan siquiera el nivel de actualización de su atlas estatal de riesgo.
Mientras que Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí se encuentran en el grupo que ha logrado un avance medio en la elaboración del atlas.
Los estados con un grado avanzado en la elaboración del atlas que identifica los posibles riesgos a los que puede enfrentarse su población se encuentran Querétaro, Veracruz, el Distrito Federal y Jalisco.
El estado que más recientemente actualizó su atlas fue Veracruz, en 2011; seguido por Guanajuato y Chiapas, en 2009; el Distrito Federal, Chihuahua y Tlaxcala, en 2008; Puebla, en 2005; Nuevo León, en 2001, y Aguascalientes, en 1993, mientras el resto dice que se encuentra en ese proceso.1
De tal forma, es evidente que se necesita realizar -de manera urgente- la actualización de los indicadores previamente señalados sobre el estado de riesgos en el país y así poder contar con los elementos necesarios para prevenir y en su caso disminuir los daños provocados por los efectos relacionados con los fenómenos naturales o evitar tragedias provocadas por negligencia o fallas humanas, es por ello que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar el Atlas Nacional de Riesgos en miras de contar con un diagnóstico oportuno de las 32 entidades federativas.
Nota
1 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/070f7affb98fd7b6d53fb08ae38 2d648
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de octubre de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado José Arturo López Cándido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Trabajo estatales y del Distrito Federal a instalar las Comisiones Estatales de Productividad, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 30 de noviembre 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo dentro de las cuales se encuentra la reforma al artículo 153-Q, donde se contempla la instalación de un Comité Nacional de Productividad así como Comisiones Estatales de Productividad.
Dichas comisiones se encuentran integradas conforme lo mencionado en el artículo 153 K; donde menciona que
“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Productividad, que tendrán el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva.”
A su vez, en el primer informe de actividades del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social enuncia que,
“La Comisión Nacional de Productividad está integrada por cuatro dependencias del gobierno federal: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; cinco representantes de cada uno de los factores de la producción (de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales de trabajadores); cuatro representantes de instituciones de educación superior; un representante de una institución de educación técnica media superior, y un representante de una institución de capacitación para el trabajo.”
Cuyo principal funcionamiento es realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción; así como estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios, y en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad.
Considerandos
Es preocupante que a casi un año de la entrada en vigor de las Reformas a la Ley Federal de Trabajo, en donde se prevén dichas Comisiones Estatales solamente cuatro estados cuenten con Comisiones Instaladas; Baja California Sur, Chiapas, Colima y Guanajuato, según el primer informe de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de los cuales se tiene conocimiento.
La información que dicha comisión presenta, es de suma importancia para saber el avance laboral y productivo de cada una de las Entidades Federativas del país. Aunado a ello que las funciones las cuales se deben de cumplir queden en un limo ya que se observa que existen huecos donde no se obliga a ninguna entidad a establecer de manera inmediata dicha comisión, con ello el último año parece rezagado.
Entre sus objetivos es promover una política de capacitación que atienda las necesidades de los empleadores y de quien desee auto-emplearse, impulsar la productividad de las plantas laborales y elevar los niveles de capacitación de los trabajadores.
El secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, señaló que dicho compromiso quedó plasmado en el decreto signado con todos los sectores tanto público, privado y empresarial de la entidad, se establece que la capacitación es el medio adecuado para el crecimiento económico del país, por ello es necesario que realmente se sienten las bases para el funcionamiento de dicho comité y las comisiones estatales, ya que es fundamental que por medio de ellas se implementen funciones de los encargados de los comités y comisiones estatales y que en un término inmediato se activen los mismos..
Por lo expuesto anteriormente, el suscrito somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que los gobiernos estatales así como el del Distrito Federal, por medio de sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales cumplan con lo establecido en el artículo 153-Q de la Ley Federal de Trabajo e Instalen las Comisiones Estatales de Productividad.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a gestionar con especial prelación en la estrategia para implantar la reforma constitucional en materia de derechos humanos la instalación del consejo ciudadano, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en nuestro país ha recorrido un largo camino. En tiempos anteriores, no se pensaba en hablar abiertamente del tema, en cambio hoy en día, los derechos humanos se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Para ese fin se han dado pasos importantes como el logro de la autonomía constitucional de la Comisión de los Derechos Humanos en 1998, la instalación de una oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2002 y la existencia de un discurso presidencial en favor de los derechos humanos, todos estos elementos permitieron el surgimiento de un espacio deliberativo en torno a la necesidad de modificar nuestro máximo ordenamiento jurídico para determinar un marco que transformara el modelo tradicional con el fin de generar mecanismos de mayor protección a los derechos humanos.
La reforma constitucional del 10 de Junio de 2011 representó la transformación más importante a nuestra Carta Magna efectuada por el Constituyente Permanente, al elevar al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales de la materia en los que el Estado mexicano es parte, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país, alcanzando así una Constitución innovadora, adaptada a las necesidades y demandas internacionales por el reconocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos.
Indudablemente, este acontecimiento representa un suceso de la mayor trascendencia para nuestro sistema jurídico que sienta las bases primarias para una mayor protección y reconocimiento por los derechos propios de la condición humana. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se, más bien requieren de una implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su goce efectivo.
Esto nos demuestra que quienes integramos los órganos del Estado mexicano, quedamos obligados por mandato constitucional a velar en todas nuestras actuaciones por el goce de los derechos humanos, por lo que ningún servidor público puede excusarse de defenderlos ni justificar cualquier acción que en los hechos los vulnere o pase por alto. Esta obligación deberá cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este sentido, el Constituyente Permanente cumplió con su obligación de llevar a cabo el proceso legislativo que toda reforma constitucional requiere conforme a su propio artículo 135, ahora toca el turno al Poder Ejecutivo de implementar las acciones de gobierno necesarias a fin de que esta trascendental modificación a nuestro sistema jurídico sea efectiva y aplicable para la ciudadanía.
Con la entrada de la nueva administración que inició recientemente el Ejecutivo Federal en diciembre de 2012, se logró instituir un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas con el Gobierno Federal a fin de realizar las modificaciones estructurales necesarias para impulsar el crecimiento económico y construir una sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares, ampliando los derechos y las libertades con transversalidad y perspectiva de género.
El Pacto por México es hoy una agenda común en donde las diversas posturas de las fuerzas políticas coinciden para formar conjuntamente las reformas que se necesitan, dejando a un lado los obstáculos que impidan el avance de las mismas, comprometiendo al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión a impulsar un conjunto de Iniciativas y políticas públicas para concretar acciones efectivas a fin de que nuestro país mejore y se refleje en el bienestar social de la ciudadanía.
Dentro de este acuerdo, se fijaron profundizar el proceso de democratización del país con base en tres ejes rectores:
• El Fortalecimiento del Estado mexicano.
• La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales.
• La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.
Asimismo, el Pacto por México suscribe cinco acuerdos específicos, destacando entre ellos el primero, referente a una “sociedad de derechos y libertades”. Este punto afirma que el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país. En este sentido, el Gobierno Federal se comprometió a realizar un conjunto de acciones administrativas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.
Este punto se subdivide en puntos concretos que contienen las acciones de gobierno fijadas que habrán de realizarse a fin d cumplir con los objetivos que se marca el Pacto. En su punto 1.5 “Defender los derechos humanos como política de Estado” , establece que México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes.
Esto sólo se puede consolidar mediante la implementación de una política de Estado, a través del Programa Nacional de Derechos Humanos, cuya plataforma se basará en la reciente reforma constitucional, en los tratados internacionales que México ha suscrito y en las necesidades apremiantes que demanda la población .
Las acciones más urgentes, cuyo cumplimiento está mandatado en la reciente reforma constitucional y que se realizarán en el corto plazo son: las leyes reglamentarias de la reforma constitucional, las reformas al marco jurídico de la CNDH, la creación de las leyes de reparación del daño y del uso legítimo de la fuerza pública, entre otros compromisos que son competencia de este Poder Legislativo.
En este orden de ideas, existen una serie de compromisos que son de competencia exclusiva del Ejecutivo de la Unión, destacando el compromiso 21 referente a la creación inmediata de una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia de derechos humanos, toda vez que se requiere una instancia que pueda articular y coordinar todos los esfuerzos federales y del ámbito local que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional.
La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos , es la instancia encargada del cumplimiento de este compromiso. Asimismo, conforme a lo establecido en la fracción XI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Secretaría tiene que coordinarse y vincularse con las organizaciones de la sociedad civil, en los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos.
El 10 de junio de este año y en el marco de la celebración del 2o. aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Subsecretaría citada anunció que esta dependencia dará seguimiento puntual a la implementación de esta reforma a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, como responsable de coordinar los esfuerzos de las distintas autoridades durante este proceso, mediante la conformación de una serie de lineamientos.
Entre ellos destaca la conformación de un Consejo Ciudadano cuyo objetivo principal será lograr la participación de la ciudadanía en el proceso de implementación de la Reforma, el cual fungirá como un órgano deliberativo y que además funcionará como coadyuvante en la definición de los alcances y la metodología a seguir en dicho proceso.
Nueva Alianza considera de la mayor importancia constituir primordialmente a este Consejo, toda vez que de la creación del mismo, permitirá incluir todas las voces de los sectores sociales en la creación e instrumentación de los demás lineamientos que a su vez, son interdependientes y transversales, como lo es el caso de la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, que será la base sobre la que se creará la política de Estado en derechos humanos.
En todo Estado democrático, debe incluirse una política social inclusiva donde todos los sectores, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la comunidad LGBTTTI, entre otras, deben ser parte fundamental en la implementación de las políticas de estado y que este proceso se desarrolle con la mayor coordinación y colaboración con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
La constitución de este órgano abonará sin duda, en la participación efectiva de la ciudadanía en esta materia, pues deben ser la máxima voz en la toma de decisiones en todo Estado democrático, reafirmando con ellos el compromiso de la nueva visión por el reconocimiento de los derechos fundamentales.
Es por ello que en la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, debe darse especial prelación en la instalación de este Consejo Ciudadano, pues es de la mano con la sociedad que el Estado mexicano logrará consolidar de manera eficaz el espíritu plasmado por el Constituyente Permanente. Tenemos un reto mayúsculo para hacer verdaderamente efectivo y progresivo el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía y que estas disposiciones no resulten en simple retórica.
Si bien Nueva Alianza no ha suscrito el Pacto por México, también es cierto que como fuerza política y representación social, coincidimos en un mismo objetivo. En este sentido, manifestamos la firme convicción de sumarnos a todas las medidas que sean necesarias para llevar a México al desarrollo que todas y todos anhelamos. Creemos que con la instalación prioritaria de este Consejo, empoderamos al ciudadano en la participación de la implementación de una política de Estado eficaz, para universalizar el respeto por los derechos humanos.
Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del Siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el respeto irrestricto por los derechos humanos, visión que el Estado mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a fin de que en la estrategia para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se gestione con especial prelación la instalación del Consejo Ciudadano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa sus condolencias a la República Socialista de Vietnam por el fallecimiento del general Vo Wguyen Giap, suscrita por los diputados Francisca Elena Corrales Corrales, Lisandro Arístides Campos Córdova y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputada Francisca Elena Corrales Corrales y diputados Lisandro Arístides Campos Córdova y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Durante más de 35 años México y Vietnam han configurado una relación diplomática sólida, en la que sus vínculos tienen como principal objetivo, el beneficio mutuo en los diversos sectores del estado. Ha sido a lo largo de estos años que se ha estructurado un dialogo abierto en el que ha habido un sin número de visitas y encuentros con funcionarios de alto nivel por parte de ambas naciones.
Es por este vínculo tan fuerte entre ambas naciones y la consolidación de sus cuerpos diplomáticos que nos unimos en condolencias al H. pueblo de Vietnam por el terrible fallecimiento del general Vo Nguyen Giap quien fuera el último revolucionario de su época y pieza clave en la defensa de su país.
El general Vo Nguyen Giap es considerado uno de los más grandes estrategas del siglo XX, ya que tras la Guerra de Indochina (1946-1954) contra Francia, el ejército Vietnamita, encabezado por el general Vo Nguyen Giap obtiene el triunfo. Años después vuelve a obtener a alzarse con la victoria, ahora contra el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam (1955-1975).1 El general no se detendría ahí, ya que en 1978 encabezó al ejército de Vietnam en la invasión de Camboya obteniendo nuevamente el triunfo. En 1979, el ejército Chino invade el norte de Vietnam con 86 mil hombres, Giap resiste la invasión y en marzo del mismo año se logra la retirada de los soldados Chinos.
El general Giap, considerado como uno de los mayores estrategas militares del siglo XX, en 1991 se retiraría del partido comunista, siendo considerado como héroe nacional y a quien en 1992 le entregarían la orden de la Estrella de Oro, honor más alto la Republica Socialista de Vietnam.2 El militar vietnamita siguió inmerso en los asuntos políticos y culturales de su país, a pesar de rebasar los noventa años.
Es ahora que, con 102 años de edad, muere el 4 de octubre de 2013 en Hanoi, uno de los patriotas que encabezara la guerra de liberación del pueblo más castigado de la Tierra durante el siglo XX.
Hoy, que los vientos de la guerra se han dispersado y que el sudeste asiático se ha reconciliado con sus enemigos, emprendiendo así su camino hacia el progreso, cobran vigencia las palabras de Ho Chi Min, quien predijera hace casi medio siglo: “Nuestro ríos, nuestras montañas y nuestros hombres siempre quedarán. Derrotado el enemigo, construiremos una patria diez veces más hermosa.”
Es tras lo anteriormente expuesto que someto a la soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa sus condolencias a la Republica Socialista de Vietnam por el fallecimiento del general Vo Nguyen Giap.
Notas
1 http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/10/04/fallece-general-vo- nguyen-giap 4 de octubre de 2013 18:52 horas
2 http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2013-10-04/fallecio-el-ge neral-giap-heroe-de-viet-nam/ 4 de octubre de 2013 18: 55 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de Octubre de 2013
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a construir la primera etapa del libramiento carretero de Ciudad del Carmen, Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la República de la LXIl Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del numeral 1, y fracciones I y II del numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ejecutivo federal, a refrendar su compromiso notariado número 64 de campaña y construya la primera etapa del libramiento carretero de Ciudad del Carmen, Campeche, lo anterior en base a las siguientes
Consideraciones
La isla del Carmen desde su descubrimiento por los españoles en el año de 1518 y al día de hoy, ha sido y es considerada como zona estratégica por los recursos naturales que posee, con una extensión territorial de 153 kilómetros cuadrados donde su principal actividad económica, es el petróleo, gracias al descubrimiento que hizo el pescador Rudesindo Canterell en marzo de 1971 frente a las costas de la Perla del Golfo, es a partir de ese momento que la sonda de Campeche se convierte en el centro de operaciones de Pemex y es considerado el área de hidrocarburos más importante de México, además de encontrarse en una región del sureste del país con mayor potencial turístico.
Lamentablemente a toda acción, siempre hay una reacción y Ciudad del Carmen no es la excepción, gracias a los efectos del petróleo hay un crecimiento desmedido y no previsto en la población, tránsito vehicular, comercio, industria y servicios, lo cual ha contribuido al incontrolado crecimiento urbano que rebasó la infraestructura y el equipamiento.
En la isla existe una avenida que cruza Ciudad del Carmen y es la única vía de comunicación que lo hace, conectando el extremo oriente por el puente de la Unidad que la une con el poblado de isla Aguada y en la parte sur el puente Zacatal que enlaza la isla con la península de Atasta, la cual es conocida como avenida “10 de Julio e Isla de Tris” y por ella circulan diariamente más de 5 mil unidades automotoras, esto es más de 2 millones de vehículos al año, lo que ha generado que en los últimos años, el tráfico regional y urbano se mezclen, provocando con ello graves conflictos viales, lo que conlleva a que en diversas ocasiones, se presenten accidentes viales que ponen en riesgo la vida de los habitantes que utilizan esta importante arteria.
De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2008, el municipio del Carmen contaba en ese entonces con el 65 por ciento de los accidentes viales reportados en el estado, siendo el municipio con el mayor registro de percances, seguido por su capital Campeche.
Esta avenida se conecta con la carretera federal 180, la cual cruza por toda la costa del Golfo de México y cubre desde el sureste del país a la zona fronteriza de Reynosa y Matamoros, además de ser un corredor turístico de internación que comunica el norte del país con la península de Yucatán.
Lamentablemente, esta situación no se puede seguir sosteniendo, tan solo en Ciudad del Carmen existe un padrón de 39 mil 4 vehículos registrados en el último censo realizado por el Inegi en 2010, adicionales a los más de 2 millones de vehículos que cruzan anualmente por los puentes de Zacatal y de la Unidad, y solo existe esta vía para cruzarlo.
En la pasada contienda electoral hacia la presidencia de la República, el entonces candidato por el Revolucionario Institucional, en un acto proselitista realizado en el Centro de Convenciones Carmen XXI, el 16 de mayo del 2012, en el municipio de Campeche signó ante notario, el siguiente compromiso para Ciudad del Carmen, Campeche:
Número: 64
Compromiso: Construir la primera etapa del libramiento carretero del municipio de Ciudad del Carmen para mejorar las vialidades.
Así, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a refrendar su compromiso notariado número 64 de campaña y construya la primera etapa del libramiento carretero de Ciudad del Carmen, Campeche.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de octubre de 2013
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse y complementar recursos por la SHCP y los gobiernos de las entidades federativas para potenciar y desarrollar proyectos de infraestructura de alto impacto social, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado federal Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de las entidades federativas que tengan asignación presupuestal en sus zonas metropolitanas, para que se coordinen y complementen los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura con el Fondo Metropolitano, a fin de potencializar y desarrollar proyectos de infraestructura de alto impacto social, que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los recursos del Fondo Metropolitano que se aprueban en la Cámara de Diputados a través de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinan prioritariamente a estudios, proyectos, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o bien para completar el financiamiento de aquéllos proyectos que no hubiesen contado con el total los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.
Es fundamental que los proyectos de infraestructura que se etiquetan con recursos del Fondo Metropolitano y son operados por los Gobiernos Estatales y Municipales tengan relación con la cartera de proyectos del Fonadin y en caso de ser necesarios se canalicen recursos del Fonadin al Fideicomiso de Administración del Fondo Metropolitano de la zona respectiva para la terminación de la obra. Esto con el propósito de materializar los beneficios sociales de los proyectos y no postergar el mejoramiento de la calidad de vida generando costos adicionales al proyecto.
Los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento a los que se destinen recursos federales del Fondo Metropolitano deberán estar relacionados directamente con la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano que se deriven del mismo .
Los recursos del Fondo Metropolitano se toman por los gobiernos estatales a través del Consejo de Desarrollo Metropolitano y deben sujetarse a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental.
Por su parte, el Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin es un vehículo de coordinación del Ejecutivo federal para la inversión en infraestructura de alto impacto en áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que apoya en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos con impacto social y/o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados.
El Fonadin busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura; es una plataforma financiera para promover la participación del sector público, privado y social en el desarrollo de la infraestructura; toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir; hace bancables proyectos con rentabilidad social o con baja rentabilidad económica y busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas.
Ambos fondos pretenden impulsar obras que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo estos no necesariamente se complementan para potenciar y desarrollar de manera coordinada obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes en las zonas metropolitanas.
Es importante señalar que los dos fondos tienen en común atender las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo no existe una alineación entre los proyectos federales con los estatales y municipales. El ejemplo lo tenemos con los proyectos del tren ligero en la Ciudad de Guadalajara cuya inversión asciende a 6,031 millones de pesos que aún se encuentra en análisis por parte del Fonadin. Proyectos de esta misma envergadura se encuentran pendientes por la falta de coordinación y financiamiento entre los tres órdenes de gobierno, ocasionando que la ciudadanía siga esperando que se hagan realidad dichos proyectos y beneficien su movilidad reduciéndose así los costos de traslado.
Cabe destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2013 se aprobaron al Fondo Metropolitano 8,616.1 millones pesos que se asignaron a 47 zonas metropolitanas en el país, concentrándose los recursos principalmente en la Zona Metropolitana del Valle de México con el 39.4 por ciento de los recursos, la Zona Metropolitana de Guadalajara con el 10.2 por ciento y la Zona Metropolitana de Monterrey con el 8.8 por ciento.
Hoy debemos ser eficientes y productivos en el manejo de los recursos, además de ser estratégicos en el impulso de las obras de infraestructura, las cuales permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que es prioritario que se coordinen y complementen los recursos del Fonadin con el Fondo Metropolitano para detonar proyectos de alto impacto social que atiendan las necesidades de las comunidades que demandan proyectos que mejoren su nivel de vida.
Los gobiernos de los estados y municipios junto con el Ejecutivo federal deben desarrollar proyectos de infraestructura coordinados que promuevan la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano para impulsar la competitividad económica y la sustentabilidad de las zonas metropolitanas.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de las entidades federativas que tengan asignación presupuestal en sus zonas metropolitanas, para que se coordinen y complementen los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura con el Fondo Metropolitano, a fin de potencializar y desarrollar proyectos de infraestructura de alto impacto social, que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Palacio legislativo, a 26 de septiembre del 2013.
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a revisar y desechar la propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA en la región fronteriza del país, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los diputados del Partido Acción Nacional queremos hacer un llamado a la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y discusión de la iniciativa de reforma fiscal, que recientemente presentó el presidente de la República, hagamos una revisión especial respecto de la homologación del IVA en la región fronteriza.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, la propuesta presentada como parte de la reforma hacendaria por el presidente de la República el 8 de septiembre del año en curso, representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y los de la franja fronteriza sur.
Con antecedentes relativos a tratamientos fiscales diferenciados que vienen desde la administración del presidente Lázaro Cárdenas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, contemplaba desde el texto original en su artículo 2o. una tasa diferenciada para el cálculo del impuesto, que para ese año se determinó en un 10 por ciento, estableciendo además, una tasa del 6 por ciento en región fronteriza, para la enajenación, uso o goce de bienes y prestación de servicios independientes, siempre que se cumplieran dos requisitos: el primero, que éstas actividades fueran realizadas por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las zonas libres de Sonora, Baja California y Baja California Sur, y el segundo que la entrega de bienes o prestación de servicios se realizara en dichas zonas.
Las diversas modificaciones a la Ley del IVA, han considerado consistentemente la implementación de esta medida de diferenciación en la tasa del impuesto al valor agregado para la región fronteriza, atendiendo a la necesidad e importancia que para los habitantes de la región significa, así como de respuesta al reclamo social por ellos generado.
En ese sentido el régimen especial en fronteras se ha mantenido y ampliado, hasta llegar al texto vigente, que considera no solamente a la región fronteriza norte, sino que además incluye la región sur.
Los legisladores del PAN sabemos del impacto negativo que generaría en la economía de las familias habitantes de la región fronteriza. Por ello, expresamos nuestro rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal de homologar las tasas del impuesto al valor agregado, pues generaría un impacto totalmente negativo en la exportación, en la economía de las clases bajas y medias, en el turismo y en general en el consumo de bienes y servicios en la región fronteriza, provocando déficit inflacionario, menor inversión, pérdida de fuentes de empleo, entre otros efectos que repercuten no sólo en el bienestar de los más de 10 millones de personas en la frontera norte más los comprendidos en la franja fronteriza sur.
Sin duda el impacto de la economía de la región fronteriza también repercute a la economía nacional, ya que visto desde la unidad de regiones interdependientes, cada región representa una parte importante de la nación mexicana.
El Partido Acción Nacional refrenda su compromiso con sus representados que han alzado la voz para expresar su oposición a la homologación del IVA en la región fronteriza, por lo que de ninguna manera apoyaremos condiciones que pongan en desventaja a alguna parte del país, y que le impidan competir con equidad con los países colindantes, o dejar de contar con los incentivos suficientes para compensar un desequilibrio generado por su condición geográfica.
No se trata de una oposición simple y llana, o de beneficios injustos, se trata del reconocimiento de las condiciones específicas de una región del país, en la cual las condiciones del mercado son completamente diferentes a las del resto de las entidades federativas.
La colindancia con los estados del País más desarrollado y de la principal economía mundial, o las dificultades para el traslado de mercancías como en el caso de mi estado, Baja California Sur, requieren de un trato que permita en condiciones de igualdad, con sus partes atender ésta demanda social.
En Acción Nacional, sabemos lo que estamos proponiendo, somos responsables de nuestras decisiones, y como tal, sabemos que tratándose de impuestos, no hay sociedad alguna que los acepte con una sonrisa; sin embargo, sabemos que el criterio de homologación no significa el reconocimiento de las desigualdades respecto de los efectos que ante su imposición se generarían para la economía regional.
Son muchas las manifestaciones de preocupación e inconformidad respecto de las medidas que pretenden no sólo homologar la tasa del IVA sino también la eliminación de exenciones a importaciones temporales, y otras medidas que afectan directamente al sector manufacturero de la región.
No perdamos de vista que el incremento del 5 por ciento en el precio de los bienes y servicios en la frontera provocará, en la mayoría de los casos, un desplazamiento de la demanda hacia las ciudades fronterizas estadounidenses, donde la tasa de valor agregado se calcula en 8 por ciento, ello implica que los consumidores que tengan la posibilidad de trasladarse a dichas ciudades preferirán comprar sus productos en Estados Unidos de América, en vez de consumir en el país, derivando en que sólo los más pobres habitantes de la región fronteriza para quienes es imposible cruzar al otro lado, son los que terminarán pagando el 16 por ciento limitando aún más su capacidad para adquirir bienes básicos.
O bien, para el caso de mi estado, Baja California Sur, el aumento de la tasa de IVA a 16 por ciento significaría una dura losa sobre las ya difíciles condiciones de competencia respecto de las empresas del resto del país, pues las personas físicas y morales de ese estado tienen que añadir siempre a sus costos, altos precios de traslado de mercancías.
Resulta notorio que el consumo y los negocios en la región fronteriza no se presentan en condiciones idénticas a las del resto del país, ello en razón de la cercanía de aquélla con otras naciones que altera los patrones de consumo, o bien, circunstancias relativas a su propia geografía, lo que en todo caso requiere de medidas legislativas que establezcan una tasa menor para el cálculo del tributo, a fin de no afectar la competitividad y a la vez de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el creciente consumo de bienes y servicios extranjeros que lo único que provocan es un perjuicio en la competitividad de la industria nacional en dichas regiones.
En eso radica precisamente la esencia de la equidad tributaria: en reconocer la obligación universal de contribuir con los gastos del estado, pero en la proporción de las diferencias de cada contribuyente.
En ese sentido y dadas las circunstancias que generan diferencias en el consumo de la frontera y el resto del país, hacemos énfasis en que la tasa del 11 por ciento en región fronteriza no representa como lo afirma el Ejecutivo Federal en su iniciativa, una medida inequitativa.
Las medidas en comento, de ser aprobadas, golpearán seriamente el comercio fronterizo, afectando la competitividad de la región, originando la pérdida de un porcentaje importante de empleos, considerando que la industria maquiladora y manufacturera de exportación, representa aproximadamente el 30 por ciento del total de los empleos.
Por su parte, el sector empresarial en el norte y noroeste del país han realizado foros de análisis de la propuesta de homologación del IVA, obteniendo de los cálculos realizados por las distintas empresas, la determinación de los siguientes efectos: reducción de la capacidad de consumo, fuga de consumidores, disminución de las inversiones y en la apertura de empresas, desempleo, pérdida de competitividad, incremento del contrabando, detonación de la economía informal, reducción del PIB en los estados fronterizos, reducción del abasto de bienes nacionales, entre otros.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado a través de diversas tesis aisladas, en el sentido de que la tasa menor aplicable a las operaciones gravadas por el IVA en la región fronteriza atienden a las distintas condiciones de mercado especiales de la zona, definidas por las características geográficas, naturales, de infraestructura, etc., que distinguen a dicha región del resto del país, por tanto se consideran válidas y no contraponen el sentido de equidad tributaria, establecido en la Constitución, ya que dichas condiciones especiales, derivan en la necesidad de otorgar diferentes consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho.
Señores y señoras diputados, llamo su atención para que hagamos un análisis serio y respetuoso, desde nuestra perspectiva, la homologación del IVA y la eliminación del trato diferenciado en la región fronteriza, obedecen a una visión netamente recaudadora para que el gobierno obtenga recursos por la vía de los impuestos, sin embargo, ésta medida debe ser proporcional y atender las diferentes condiciones de la población afectada. No prever el impacto que tendrá en la competitividad y el consumo en la región, significaría dejar de atender a las necesidades de la población afectada.
Por ello los legisladores de Acción Nacional expresamos nuestro rechazo ante la homologación del IVA en la región fronteriza, por tratarse de una medida que impacta seriamente en la economía del pueblo de México, especialmente de los mexicanos y mexicanas que habitan en esa región.
En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía que se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que revise y deseche la propuesta del Ejecutivo federal de homologar la tasa del IVA al 16 por ciento en la región fronteriza del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Efemérides
Comentarios relativos al Día Mundial de la Salud Mental, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Eva Diego Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio del presente solicito se incluya dentro de la Agenda Política de la sesión ordinaria del 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental.
La situación actual de la Salud Mental en México hace necesario que el tema sea considerado dentro de la Agenda Política de esta Cámara, a fin de lograr que su tratamiento integral sea una realidad para los pacientes.
Definición de salud mental
La Organización Mundial de la Salud señala que la salud mental es un estado de bienestar, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.1
La Ley General de Salud, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, señala que se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
Por el contrario, las enfermedades mentales o trastornos psicológicos, son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que repercuten en el razonamiento y el comportamiento de quienes las padecen.
En términos generales, el goce de la salud mental es lo que permite el debido desarrollo de las actividades cotidianas para cualquier individuo, como convivir en familia, hacer deporte, estudiar o trabajar; más interno podríamos señalar el manejo de sus temores y capacidades, competencias y responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, el afrontar las tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera en que dirige una vida independiente.
En este sentido, nos podemos percatar de su importancia, al referirnos a la dimensión positiva de la salud mental dentro de la Constitución de la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Análisis situacional
Estudios de la Organización Mundial de la Salud2 señalan que, a nivel mundial, los trastornos mentales se encuentran en el grupo de enfermedades que mayor discapacidad generan.
En este sentido, en la lista de enfermedades discapacitantes encontramos que 4 de ellas se refieren a salud mental, como son:
1. Depresión o trastorno depresivo mayor,
2. Abuso y dependencia del Alcohol,
3. Alteraciones auditivas,
4. Alteraciones visuales,
5. Esquizofrenia.
6. Glaucoma,
7. Trastorno Bipolar,
8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
9. Asma; y,
10. Accidentes.
Derivado de esta lista, podemos inferir que la discapacidad que producen los trastornos mentales está por arriba de aquella generada por otras enfermedades como son la diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras, siendo que 450’000,000 de personas a nivel mundial padecen algún trastorno mental, cifra semejante a la población total de América del Norte.
La misma OMS, ha mencionado que aproximadamente 50 por ciento de las enfermedades mentales se presentan antes de los 14 años, por lo que tienden a prevalecer a lo largo de la vida de las personas.
Del total de casos, aproximadamente 800,000 personas se suicidan cada año, distribuidas como se muestra a continuación:
De los datos con los que se cuenta, proporcionados por la misma Organización mundial de la Salud, tenemos que en un país desarrollado, del 40 por ciento al 70 por ciento de las personas que padecen de algún trastorno mental, carecen de atención médica; para los países no desarrollados, tenemos un 90 por ciento de personas que de igual manera padecen algún tipo de trastorno mental, que carecen de atención médica.3
Impacto económico y social de las enfermedades mentales
Respecto al costo de las enfermedades mentales, podemos señalar su encarecimiento, considerando que en muchos de los casos se presentan a corta edad, en relación con el periodo de vida de los pacientes que lo padecen y su tratamiento.
Al respecto, podemos señalar que los costos más altos que se han calculado, son los referentes a la internación, comparados con los que tienen que ver, de mayor a menor, con servicios sociales para adultos, servicios comunitarios, farmacia, atención primaria; y, consultas externas.
Los últimos datos encontrados se refieren a Inglaterra, donde el gasto de la internación era se aproximaba a los 1000 millones de libras esterlinas en 1996, correspondientes al periodo 92 – 93, proyectados en la siguiente gráfica:4
De igual manera encontramos costos directos e indirectos en la información analizada5 en el mismo año, para Estados Unidos, donde la esquizofrenia ocupa un segundo lugar por un total de USD$148,000 por paciente, por año, lo cual se puede observar en la siguiente gráfica comparativa de las diversas enfermedades:
Sumado a las cifras vistas, conforme a los indicadores del RANZCP Clinical Practice Guidelines Team, se deriva adicionalmente una prevalencia de 1 por ciento, por lo que se establece un alto costo financiero al sistema de salud. Sin embargo, este es un impacto directo sobre la economía, al que es necesario agregar los indirectos, como son el ámbito familiar, ya que la disminución en su funcionalidad repercute en una serie de costos, contemplando a quienes estarán al pendiente del cuidado del enfermo, en el mejor de los casos, el impacto social, ya que la misma enfermedad le causa el estigma, y laboralmente por el alto porcentaje de discapacidad que se genera sobre las personas, existen cálculos estimados que señalan un impacto en la productividad de 16 por ciento en razón de las enfermedades mentales, por lo que además se refleja en la productividad global del país.
En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud indica que 3.9 de un total de 26.3 millones de personas con esquizofrenia se localizan en nuestro continente, de lo cual se estima a su vez que 1 millón se encuentran en nuestro país (Encuesta Nacional de Adicciones 1994). Mediante esta enfermedad se genera un riesgo de muerte 2.5 veces mayor al de las demás personas, con el suicidio como principal riesgo; a esto habremos de sumar un mayor consumo y abuso de sustancias tóxicas, además del alcohol, tabaco y los malos hábitos alimenticios.
Así, los costos pueden englobarse en los siguientes rubros:
Los costos generados por las enfermedades mentales y la discapacidad que generan, los hemos agrupado en la siguiente tabla, conforme a la información mencionada previamente:
Entre los problemas más graves a los que se enfrentan quienes padecen estas enfermedades, encontramos el estigma y la discriminación de la sociedad, así como la desigualdad en la distribución de los recursos, tanto económicos, como humanos para su atención; ya que si bien requieren un debido grado de especialización, no son tratados de manera consciente en el sistema de salud, lo cual complica en el mismo modo el acceso a los tratamientos.
A nivel nacional, los esfuerzos que se dedican a este problema, no son suficientes, considerando que además de recursos económicos se requiere una intensa campaña de conocimiento y concientización sobre el tema, a partir del cual se logren ejecutar políticas públicas adecuadas. El mismo estudio de la Organización Mundial de la Salud indica que los recursos destinados son insuficientes, como se muestra a continuación:
Necesidades en materia de salud mental
La organización Mundial de la Salud,6 desde 2001 ha generado una serie de recomendaciones a sus miembros, tendientes a resolver el problema de la atención a estas enfermedades, entre ellas tenemos:
1. Proporcionar tratamiento en el primer nivel de atención
2. Dar atención en la comunidad
3. Hacer los medicamentos disponibles
4. Educar al público
5. Involucrar a la familia, comunidades, consumidores
6. Establecer políticas nacionales
7. Desarrollo de recursos humanos
8. Involucrarse con otros sectores
9. Monitorear la salud mental de la comunidad
10. Apoyar más la investigación
No obstante estas recomendaciones, en la mayoría de los países, incluyendo a México, se ha hecho poco por impulsar el tema, con la urgencia que requiere.
En México, referente a la prevalencia, se estima que el 28.6 por ciento de la población ha presentado un problema de salud mental en algún momento de su vida, lo cual representa a casi un cuarto de la población total.
En un estudio publicado por Caraveo,7 se reportó la estimación de una probable esquizofrenia que alcanzó 0.7 por ciento, y afecta por igual a ambos géneros con predominio de las personas más jóvenes.
En conjunto este grupo de categorías (trastornos severos no afectivos) representó el 5.4 por ciento en los hombres y 5.8 por ciento en las mujeres, con algunas diferencias notables de manifestarse entre los grupos de edad, aunque sin alcanzar diferencias estadísticamente significativas.
Lo mismo se puede decir respecto a las crisis convulsivas, ya que estas son similares en ambos sexos pero con diferencia en los diversos grupos etarios.
No obstante la información anterior, de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2003–2010, efectuada en coordinación de la Organización Mundial de la Salud, la secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, se desprende que debido a los diferentes problemas que acompañan estas enfermedades, sólo 1 de cada 10 reciben la atención especializada.
Adicional a la ineficacia en el direccionamiento de la atención de la enfermedad, hay que considerar que el personal capacitado es insuficiente; en este sentido, la Asociación Psiquiátrica Mexicana8 señala que cuenta con 1,397 socios activos, mientras que el Consejo Mexicano de Psiquiatría9 cuenta con 1430 Psiquiatras certificados, distribuidos como se muestra en la ilustración.
En el mapa de ubicación de los médicos especialistas, podemos observar que en los estados de mayor desarrollo económico, existe mayor número de psiquiatras, comparados con los de menor desarrollo. Cabe destacar que el número promedio de psiquiatras en la media mundial es de 3.9 por estado, lo cual nos ubica por debajo de ese número.
La mediana del número de psiquiatras varía desde 0.06 por 100,000 habitantes, en los países con pocos recursos, a 9 por 100,000 en los países con recursos elevados.
El resultado de este desequilibrio en la distribución impacta de manera directa en la accesibilidad geográfica, ya que en México contamos para su atención10 con 3 niveles invertidos:
1. Tercer nivel de atención: 28 hospitales de especialidad psiquiátrica y 4 hospitales generales con posibilidad de internamiento. Adicionalmente hay 4 hospitales de Seguridad Social y 8 privados;
2. Segundo nivel de atención: en el Distrito Federal se concentra el 41 por ciento de los psiquiatras y psicólogos institucionales destinados a atención de población abierta; 7 estados tienen suficientes especialistas en psiquiatría y 4 en psicología (1/100 mil y 1/40 mil habitantes, respectivamente); y, en estados como Campeche, Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas la carencia de psiquiatría es casi absoluta.
3. Primer nivel de atención: 12 mil núcleos de salud básicos, que cuentan con 1 médico y 2 enfermeras, que operan a menos de 30 por ciento de su capacidad y sin servicios especializados de Salud mental.
En términos de infraestructura empleada, según la cobertura por niveles de atención, resulta que existe reducción de la permanencia de los pacientes en hospitales por falta de capacidad, con lo cual se complica su reincorporación a familia y comunidad, esto debido a la disminución en el número de camas, que ha llegado al punto de que existe una proporción menor en 28 por ciento a la recomendada por la OMS (1 cama/10 mil habitantes).
Las camas disponibles para internamiento especializado tienen distribución inequitativa a lo largo del territorio nacional, generando que aun cuando la Secretaría de Salud y los institutos nacionales de salud disponen de camas para la atención de estos enfermos, en Campeche, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas carecen de servicios hospitalarios.
El indicador nacional promedio de camas/habitantes de 1.033 × 10 mil, ha sido mejorado escasamente y se estima que 51 por ciento del total de las camas “reales” existentes, tiene características asilares, es decir, permanecen saturadas.11
Costo–efectividad de los tratamientos actuales
Dentro de los temas de mayor repercusión, se encuentran las tendencias de costo anual,12 las cuales tienden a duplicarse en periodos de cuatro años; sin embargo, aun cuando existen beneficios sociales, presupuestales y de salud pública, no se ha tratado el problema con la debida atención que requiere, dando prioridad a otras enfermedades de mayor costo y menor grado de incidencia, como lo podemos observar a continuación en las dos gráficas siguientes:
Tendencias de costo anual:
Análisis comparativo de costos de manejo por enfermedad:
Cabello Rangel, en su estudio sobre “Salud Mental” de 2011, nos presenta una gráfica que busca aproximarse a los costos de atención del problema:
Ahora bien, Robinson13 señala que existe una gran contradicción entre la eficacia y la recuperación en las enfermedades mentales discapacitantes, siendo que el 47.2 por ciento de los pacientes atendidos con remisión de síntomas (psicosis “suave”, “moderada” o menos para los síntomas negativos), 25.5 logran una recuperación funcional en un periodo mayor a dos años (logran acoplarse a algunos roles funcionales, a actividades del día a día y tener algunas interacciones sociales); y, tan solo el 13.7 por ciento de los pacientes atendidos logran una recuperación funcional completa, lo que en efecto nos lleva a cuestionar la eficacia de los tratamientos.
Para el caso de la esquizofrenia, contabilizando que de las enfermedades mentales, llega a ser la más discapacitante y aislante de la sociedad, analizando el estudio de costo-efectividad de su tratamiento en México,14 se obtiene lo siguiente:
• En nuestro país la atención a las personas con trastornos mentales se basa en el hospital psiquiátrico.
• Esto plantea la necesidad de implementar servicios de salud mental en la comunidad o desarrollarlos en el contexto de los servicios de salud en el primer nivel de atención.
• Otro problema es la formación de recursos humanos para la atención de los pacientes en la comunidad.
• Los psiquiatras prefieren laborar en grandes ciudades, en hospitales psiquiátricos o en la práctica privada.
• El personal de primer nivel de atención no suele tener la formación en salud mental que permitiría el tratamiento adecuado de pacientes con esquizofrenia en este contexto.
Lara–Muñoz describe en su perspectiva la combinación óptima de servicios de salud mental, de la siguiente forma:
La atención psiquiátrica integrada en la pirámide de atención se daría a través de:
1. Servicios comunitarios esenciales para la atención a largo plazo de los trastornos y la discapacidad crónica.
2. Atención ambulatoria integrada en servicios de atención a la salud como servicios de primer nivel, de atención materno – infantil.
3. Urgencias / problemas graves que requieran internamiento en un hospital general y de manera excepcional en los hospitales psiquiátricos.
Legislación sobre Salud Mental
A partir de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la “Ley de Salud Mental del Distrito Federal”, la cual otorga a todas las personas el derecho a la salud mental y su atención, dentro del territorio del Distrito Federal,15 señalando...
Artículo 3°. Toda persona que habite o transite en el Distrito Federal, independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de salud, religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental.
El Gobierno, las dependencias e instituciones públicas, sociales y privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de este derecho, mediante una política transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de género.
Cabe destacar que esta legislación hace referencia a todos los ámbitos que requieren la atención del problema; esto es, sobre el paciente, familiares, sociedad y empleadores; sin embargo, este ha sido el comienzo del tratamiento del problema en México, ya que requiere de atención a nivel nacional.
Ejemplo de ello es lo que señala el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, adscrito a la Secretaría de Salud, el cual tiene entre sus atribuciones,16 la de establecer en consenso con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la metodología para elaborar las guías de práctica clínica, promover y coordinar su integración, recopilarlas y difundirlas con el objeto de orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de servicios de salud; al respecto tenemos:
• Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son un elemento de rectoría en la atención médica cuyo objetivo es establecer un referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica.
• A la fecha, el Catálogo está integrado por 458 Guías de Práctica Clínica en modalidades de Evidencias y Recomendaciones (ER) y Guía de Referencia Rápida (RR).
• Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia en adultos en el 1º y 2º nivel de atención:
Entre los temas centrales del tratamiento se encuentra el riesgo de síntomas extrapiramidales secundarios y trastornos del movimiento como distonía, temblor, parkinsonismo, acatisia, bradicinesia, coreoatetosis, discinesia, tardía e hipertonía, en un alto porcentaje de pacientes, los cuales pueden presentar cuadros de violencia y, como se mencionó anteriormente el suicidio. De esto se infiere, en comparación con las cifras mencionadas a lo largo de este documento que, las guías clínicas no son efectivas, por lo que requieren de su actualización para poder aumentar su grado de efectividad.
En lo referente a la legislación federal, el 15 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente Decreto:
“Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de Salud”
Estas reformas dan prioridad a los temas de prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento, basados en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.
Dentro de los objetivos de esta reforma se encuentra las atribuciones de la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas para fomentar y apoyar a las personas afectadas por estas enfermedades. Siendo consideradas como grupos en situación de vulnerabilidad, promocionando sus derechos y buscando la sensibilización para la reducción del estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención.
Uno de los temas principales es la garantía de tratamiento, mediante la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; la investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; la participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.
Esta reforma también se enfocó en reforzar, dentro de los tratamientos, la organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento; y, la reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.
Es destacable que se les reconoce a los pacientes, el derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;
Sin embargo, para dar cabal cumplimiento a esta reforma, habrá de considerarse el uso de nuevos tratamientos y la búsqueda de la mencionada adherencia, ya que es también de remarcarse que se establece el internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como último recurso terapéutico, lo cual se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.
La reforma establece que la Secretaría de Salud deberá impulsar las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud, en este caso en cuanto al mejoramiento de la atención, siendo necesaria la vigilancia de su cumplimiento cabal.
Dentro de las actividades pendientes para cumplir con la legislación, encontramos que padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad u ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, deberán recibir adecuada orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, por lo que se hace necesario de manera definitiva establecer tratamientos integrales que den solución a esta problemática.
La OMS señala que los trastornos mentales hunden a las personas y a las familias en la pobreza.17 La carencia de hogar y la encarcelación impropia son mucho más frecuentes entre las personas con trastornos mentales que en la población general, y exacerban su marginación y vulnerabilidad. Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con trastornos mentales sufren frecuentes violaciones de los derechos humanos, y a muchas se les niegan derechos económicos, sociales y culturales y se les imponen restricciones al trabajo y a la educación, así como a los derechos reproductivos y al derecho a gozar del grado más alto posible de salud. Pueden sufrir también condiciones de vida inhumanas y poco higiénicas, maltratos físicos y abusos sexuales, falta de atención y prácticas terapéuticas nocivas y degradantes en los centros sanitarios.
A menudo se les niegan derechos civiles y políticos, tales como el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, la libertad personal, el derecho de voto y de participación plena y efectiva en la vida pública, y el derecho a ejercer su capacidad jurídica en otros aspectos que les afecten, en particular el tratamiento y la atención Así, las personas con tras-tornos mentales suelen vivir situaciones de vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la sociedad, lo cual representa un importante impedimento para la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vinculante para los Estados Partes que la han ratificado o se han adherido a ella, protege y fomenta los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas las que padecen trastornos mentales e intelectuales, y también estimula su inclusión plena en la cooperación internacional, y en particular en los programas internacionales de desarrollo.
Así mismo indica, que los países de ingresos bajos y medios, entre un 76 por ciento y un 85 por ciento de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento; la cifra es alta también en los países de ingresos elevados: entre un 35 por ciento y un 50 por ciento. El problema se complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados.
El Atlas de Salud Mental 2011 de la OMS aporta datos que demuestran la escasez de recursos de los países para atender las necesidades de salud mental y señalan la distribución inequitativa y el uso ineficiente de esos recursos. Por ejemplo, el gasto mundial anual en salud mental es inferior a US$ 2 por persona, e inferior a US$ 0,25 por persona en los países de ingresos bajos; el 67 por ciento de esos recursos económicos se asigna a hospitales exclusivamente psiquiátricos, pese a que se asocian a malos resultados sanitarios y violaciones de los derechos humanos. La reorientación de esta financiación hacia servicios de base comunitaria, con integración de la salud mental en la atención sanitaria general y en los programas de salud materna, sexual, reproductiva e infantil, de VIH/sida y de otras enfermedades no transmisibles crónicas, permitiría que muchas más personas accedieran a intervenciones mejores y más costo efectivas.
En cuanto a la sociedad civil organizada, el plan refiere, en el punto 16 que los movimientos en pro de la salud mental no están bien desarrollados en los países de ingresos bajos y medios. Solo hay organizaciones de personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales en el 49 por ciento de los países de ingresos bajos, en comparación con el 83 por ciento de los de ingresos elevados; con respecto a las asociaciones de familiares, las cifras correspondientes son del 39 por ciento y el 80 por ciento.
En cuanto a la disponibilidad de medicamentos básicos para los trastornos mentales, en el punto 17 comenta que en la atención primaria es considerablemente baja (en comparación con los medicamentos disponibles para las enfermedades infecciosas o incluso para otras enfermedades no transmisibles), y su uso se ve limitado por la falta de profesionales sanitarios cualificados con las facultades necesarias para prescribir medicamentos. Además, tampoco hay disponibilidad de tratamientos no farmacológicos ni de personal cualificado para ofrecer estas intervenciones. Estos factores constituyen obstáculos importantes a la atención adecuada de muchas personas con trastornos mentales.
Conclusiones/líneas discursivas
1. Existen diversas afectaciones, derivadas por lo general de desórdenes neurobiológicos y neuroquímicos, que pueden presentarse desde la infancia, mismas que al carecer de tratamiento adecuado, tienden a complicar las relaciones interpersonales del individuo y de adaptación, generando, en ciertos casos, problemas sociales.
2. Los problemas sociales que se conciben a partir de las enfermedades mentales pueden resultar, desde un simple aislamiento social, inactividad o desorden del ritmo de vida en general, hasta comportamientos violentos por pérdida de control, o el suicidio; por ello, los tratamientos deben estar completamente enfocados en la reinserción social, laboral y en la protección de los derechos humanos.
3. Uno de los problemas que está fuertemente relacionado con las enfermedades mentales, son las adicciones, ya que se genera un fuerte vínculo de dependencia, por lo que existe una vertiente de mayor riesgo para la sociedad.
4. En el caso de la esquizofrenia, tenemos que se genera un riesgo de muerte 2.5 veces mayor al de las demás personas, con el suicidio como principal riesgo, siendo que a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes.
5. El estrés cotidiano y el contexto actual tienen fuertes repercusiones en esta materia, incrementando el riesgo de padecer enfermedades que afecten la mente o su agudización, como son el trastorno bipolar, la depresión, neurosis, psicosis o esquizofrenia, trastornos en la conducta alimentaria, déficit de atención, entre otras.
6. A causa del desconocimiento de estas enfermedades, se ha complicado su debido tratamiento, siendo que se da una inversión mínima desde sus procesos de detección, aun cuando se dispone en el país de la tecnología y medicamentos adecuados.
7. La misma Organización Mundial de la Salud, reconoce que una deficiente atención de estas afecciones, están relacionadas directamente con un nivel de ingresos bajos y medios, siendo que los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos.
8. La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental, que inicie en el primer nivel de atención. Esto es, evitar el costo excesivo que se genera en tratamientos de largo plazo que han sido atendidos más directamente en un tercer nivel, que en el primero.
9. La economía nacional se ve impactada en un 16 por ciento en razón de que las enfermedades relacionadas son altamente discapacitantes, por lo que además de generar costos excesivos para el sistema de seguridad social, tienden incrementar la improductividad de las empresas, hasta que los enfermos pierden sus trabajos, generando una carga adicional en sus familias.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud, Definición de salud mental , en: http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html
2 The Global Burden of Disease 2004, Update ; World Health Organization. Consultado el 19 de julio 2013, en: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004upda te_full.pdf
3 Invertir en Salud Mental 2004. Organización mundial de la Salud. Consultado el 19 de julio de 2013, en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9243562576.pdf
4 Ídem.
5 Ibídem
6 World Health Organization. http://www.who.int/mental_health/evidence/en/Atlas_10_12_spa.pd
7 La prevalencia de los trastornos psiquiátricos en la población urbana adulta en México. Salud Mental. Caraveo, J. Medina, M. Rascon, M. et. al, 1996; 19(3): 14-21.
8 http://www.psiquiatrasapm.org.mx/
9 http://www.consejomexicanopsiquiatria.org.mx/
10 Souza y Machorro, Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM Vol. 53, 6, 2010
11 Ídem.
12 Arredondo A, et al. Revista de investigación Clínica, 2003
13 Robinson DG et al. Am J Psychiatry 2004.
14 Lara-Muñoz, et al. Salud Mental 2010; 33:211-218
15 Ley de Salud Mental del Distrito Federal, consultada el 24 de julio de 2013, en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r410201.pdf
16 El Artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud¹, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2010, establece las atribuciones que le corresponden al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; consultado el 22 de julio de 2013, en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/atribuciones.html
17 Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)
Con motivo de la conmemoración de los 100 años del asesinato del senador de la república Belisario Domínguez Palencia, a cargo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
María Sanjuana Cerda Franco, diputada federal y coordinadora del grupo parlamentario, con fundamento en las fracciones XI del artículo 6 y I del artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicita que se incluya en el orden del día la efeméride por la que se conmemoran 100 años del asesinato del senador de la república Belisario Domínguez Palencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 7 de octubre del presente año se conmemoran 100 años del asesinato de un hombre valiente, culto y por demás comprometido con el pueblo: el senador de la república Belisario Domínguez Palencia, quien en los momentos de mayor agitación social en México enfrentó con arrojo y con la solidez de sus argumentos a un gobierno represor como lo fue el de Victoriano Huerta.
Belisario Domínguez por derecho propio ha ganado un lugar preponderante en nuestra historia.
Nació en Comitán, Chiapas, en 1863. Miembro de una familia con buena posición económica, tuvo acceso a una educación elevada y realizó estudios de medicina en París, Francia.
Pese a ser un hombre “acomodado”, su pensamiento liberal, altruista y de servicio social fue una constante en su vida, siempre tratando de servir a la gente más humilde.
Ferviente crítico del gobierno, durante una estancia en la Ciudad de México en el año de 1902, comenzó a involucrarse en asuntos públicos, haciendo circular unos volantes en los que subrayaba la riqueza de Chiapas, su estado natal, y denunciaba el abandono en que lo tenían sumido sus gobernantes.
Llamó a los periodistas a hacer una campaña sobre las necesidades del pueblo y fundó el periódico El Vate, desde donde ejercitó el lenguaje directo para describir la verdadera situación que se enfrentaba en el país y la urgencia de que los gobiernos trabajaran para las personas más humildes y necesitadas.
Ya como miembro del Senado en 1913, y ante la traición de Victoriano Huerta, que trajo como consecuencia el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, Belisario Domínguez se mantuvo fiel a sus principios y su resistencia se concentró en no reconocer a un gobierno emergido de un golpe militar.
Como testigo de la decena trágica, desde la tribuna del Senado sustentó con dignidad y actitud crítica la realidad que vivía el país, cuando se rompe el orden constitucional.
Así, sin miedo y sabiendo que al hacerlo estaba comprometiendo su vida, para responder al informe que Huerta rindió ante el Congreso de la Unión, el 23 de septiembre redactó un discurso en el que lo calificó de usurpador, traidor y asesino; y exhortaba al Congreso a deponerlo inmediatamente por el bien de la nación.
El discurso no recibió la aprobación del presidente del Congreso, por lo que el senador Domínguez lo imprimió y lo hizo circular por su cuenta, al igual que su discurso del 29 de septiembre en donde pedía la “honra de ir comisionado a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia de presidente de la República”.
Las consecuencias de los valientes discursos no se hicieron esperar. El 7 de octubre de 1913 Belisario Domínguez fue aprehendido en la ciudad de México y asesinado cobardemente.
Asesinado por hacer lo que es obligación de todo representante popular, ser la voz de aquellos a quienes representan y decir lo que la mayoría de la sociedad reclamaba, una demanda popular, expulsar al dictador y reestablecer los ideales de una revolución que había lastimado y cubierto de sangre al país.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza recocemos a Belisario Domínguez como un símbolo, un emblema de la palabra libre y comprometida con la justicia y el respeto de las instituciones democráticas.
No debemos olvidar las palabras por él escritas: “El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso nacional mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo”.
Por ello consideramos nuestro deber honrar los ideales que siempre distinguieron al senador Belisario Domínguez, ser la voz de nuestros representados, legislar por y para ellos, con visión social, sensibilidad política, trabajo honesto y apego a la legalidad y con ello brindarle un homenaje al político, al médico, al ser humano y al hombre de honor.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
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