Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán y Lisandro Arístides Campos Córdova, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población de Guerrero y Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Consideraciones

El pasado 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República Mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la Depresión Tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, formados por el lado del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó según la Conagua los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, pues en el estado de Guerrero han fallecido hasta el momento 27 personas.

El estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al ocuparse al 100% de su capacidad se desbordaron, provocando zonas incomunicadas como las localidades de: Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzicuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato , en el municipio de Zirándaro, por su cercanía con el río Balsas.

En Michoacán también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de: Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio , que tienen su cercanía con el Río Balsas, el Río Bajo Tacámbaro y con la presa El Caracol.

Afectando tan sólo en estos dos municipios a más de 6, 954 habitantes, lo que representa 1,707 viviendas colapsadas, siendo, como siempre, la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.

No debemos perder de vista, además, que si bien las lluvias torrenciales que acaecieron en menos de 72 horas pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.

Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.

Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, a través de la cual se puede apoyar con enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de desastre por aparte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso, los recursos del Programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.

Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y que también puede financiarse con los recursos del Fondo Nacional de Desastres, para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.

En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la desarrollo Social del Gobierno Federal, a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo Temporal respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.

Diputados:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.

Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.

Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.

Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.

De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.

Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).

El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.

Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.

La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.

Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero

En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.

“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.

En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.

Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.

Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.

Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.

Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.

Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.

Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.

Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.

Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.

Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y

Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.

La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.

Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.

Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.

No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.

La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.

En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.

Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.

Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.

Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.

La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.

Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:

1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.

2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)

Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbricas).
Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de medidas para proteger y difundir el ceremonial de la danza de los viejos de la Huasteca, dentro de las festividades del Día de Muertos, declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, a cargo de la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe la presente, Zita Beatriz Pazzi Maza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, el cual solicita que se turne a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para elevar la Danza de los Viejos como patrimonio cultural intangible de México.

Consideraciones

Que el párrafo duodécimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, además de imponer la obligación al Estado de promover los medios para la difusión y desarrollo de la misma, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, siempre apegado al estado de derecho.

Que en 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaro Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad las Fiestas Indígenas Dedicadas a los Muertos en México, en la que se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar cada año a finales de octubre y principios de noviembre. Este periodo marca el final del ciclo anual del maíz, que es el cultivo predominante en el país. (recuperado en septiembre de 2013 desde http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00054), aunque inscribió sobre la lista representativa de dicho registro hasta 2008.

Esta fiesta tiene la finalidad de facilitar el “regreso” de las almas a la tierra, en estas fechas se colocan ofrendas en altares, en los que se esparcen flores y pétalos de las mismas, además se ilumina el camino con velas, que pueden ir desde el cementerio hasta la casa del difunto, es una fiesta caracterizada por la elaboración de manjares gastronómicos de cada región, pero siempre serán los favoritos de quienes “regresan”.

Este encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad, asimismo contribuye a reforzar el estatuto político y social de las comunidades indígenas en México.

Pero además de la gastronomía, rituales, cantos, alabanzas, mitos y artesanías, en el Día de Muertos en la Huasteca veracruzana, intervienen dos elementos clave, la música y la danza; el primero de ellos compuesto por una infinidad de sones, que son composiciones musicales interpretadas en violín, guitarra y jarana, cuyos ejecutores lo realizan de manera lírica y son temas de dominio público; el segundo es interpretado por cuadrillas de huastecos que bailan en comparsas al ritmo de los sones, disfrazados de “viejos”, es decir un grupo de danzantes que se caracteriza por encontrarse en las calles con la muerte y engañándola porque ella no los reconocerá debido al atuendo que portan, mismo que puede ser de cualquier personaje u oficio de la vida común, pero diferente al que de manera cotidiana porta el “viejo”.

En Veracruz, esta festividad es conocida en conjunto como Xantolo (chantolo), una palabra introducida al náhuatl por la deformación de la frase latina festiumominum sanctorum, que quiere decir “fiesta de todos los santos”, la tradición más importante de esta región, la cual aún se mantiene muy arraigada (recuperado en septiembre de 2013 desde http://www.cdi.gob.mx/xantolo/xantolo.html).

Los esfuerzos por rescatar la Danza de los Viejos no han sido suficientes, pese a que el Ejecutivo de Veracruz en 2007, después de haber asistido a estas actividades celebradas en el mes de noviembre del año 2006 en el municipio de Tempoal, Veracruz, decretó en la Gaceta Oficial del Estado la festividad indígena de Xantolo como patrimonio cultural del estado, que a la letra dice:

Decreto de la festividad indígena de Xantolo como patrimonio cultural de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 218, de fecha 23 de julio de 2007

Artículo 1. Se decreta como Patrimonio Cultural del Estado la festividad indígena de Xantolo que se celebra en la región Huasteca del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2. El gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto del Instituto Veracruzano de la Cultura, del Consejo Veracruzano de las Artesanías, de la Coordinación de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, de la Dirección General de Acción Social y de la Coordinación de Actividades Artísticas de la SEV, realizarán acciones orientadas a conservar, fortalecer y difundir la festividad de Xantolo en coordinación con los ayuntamientos del municipio del estado en donde se celebra esta tradicional festividad.

Artículo 3. En términos de la legislación aplicable a la materia, se convoca a la población, organizaciones no gubernamentales y a la Universidad Veracruzana e instituciones de educación superior a conservar la más grande y arraigada de las fiestas tradicionales que se viven en esta entidad federativa.

Certificando en el uso de sus facultades que la festividad de Día de Muertos es la más grande de las fiestas que se viven en la Huasteca, se eleva a rango regional por la gran participación de la población, principalmente en el municipio de Tempoal.

A nosotros nos corresponde proteger y preservar el patrimonio cultural inmaterial de las expresiones que contravienen la originalidad de nuestros pueblos autóctonos, tal es el caso del halloween que, por ser una festividad semejante y celebrada en el mismo periodo del año, confunde a la niñez como producto de la mercadotecnia y la posición geográfica de la huasteca, pues es vecina de entidades fronterizas, pero nada tiene que ver con nuestra festividad.

La Danza de los Viejos merece ser un orgullo nacional, que sea respetada para evitar se desvirtúe por el paso del tiempo, o por aquellos que atenten contra la cultura inmaterial, tiene que ser proyectada a nivel nacional para que se difundan sus valores, pero sobre todo para mantener nuestra identidad, más allá de gobiernos o de siglas partidistas

Por todas las razones anteriores se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al gobierno de Veracruz y al ayuntamiento de Tempoal a garantizar el rescate, el conocimiento, el inventario, la clasificación, el catálogo, el registro, la restauración, la conservación y la difusión de los elementos o valores del patrimonio cultural inmaterial de la Danza de los Viejos, así como el análisis y propuesta ante la UNESCO de elevar a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la Danza de los Viejos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de octubre de 2013.

Diputada Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general del ISSSTE que haga del conocimiento público la situación económica, patrimonial y legal que guarda el Fovissste en torno al otorgamiento de créditos fuera de las normas legales, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado haga del conocimiento público la situación actual económica , patrimonial y legal que guarda el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en torno a la situación fraudulenta ocurrida por el otorgamiento de créditos fuera las normas legales, bajo los siguientes:

Antecedentes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene como objetivo primordial la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en su ley a las dependencias, entidades, trabajadores de servicio civil, pensionados y familiares de derechohabientes de las diversas entidades de gobierno.

La función del ISSSTE es crucial para la vida social y económica del país, en virtud de que sus actividades están encaminadas a proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores, brindando servicios oportunos y de calidad, que les permita acceder a una salud física y mental, un retiro digno y suficiente, facilitar servicios de turismo, funerarios, de desarrollo infantil, educativos, deportivos, culturales, entre otros. Asimismo, tiene como función otorgar obligatoriamente préstamos hipotecarios y financiamiento en general para los derechohabientes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en cumplimiento al artículo 4o. constitucional de garantizar el derecho a una vivienda vida digna y decorosa.

En este sentido, el ISSSTE para el cumplimiento de sus funciones y en especial para el otorgamiento del crédito para vivienda, tiene a su cargo el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como FOVISSSTE, que es un órgano desconcentrado que tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria y que les permita el acceso a una vivienda, bajo los procedimientos y directrices que establecen las propias leyes. Su titular es el Vocal Ejecutivo quien es nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del ISSSTE, de conformidad con el artículo 170, fracción II de la Ley antes citada.

La m, como máximo órgano de gobierno del instituto y de acuerdo al artículo 214, fracción XVI, inciso f) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le corresponde vigilar los créditos y financiamientos que se otorguen o destinen para vivienda y que fueron previamente programados. Asimismo, el Vocal Ejecutivo de conformidad con el artículo 14, fracción IV y V del Reglamento Orgánico del FOVISSSTE le otorga la facultad para darle seguimiento y aplicación de dichos programas.

Bajo esta premisa legal y derivado del impacto mediático que se ha generado recientemente en torno a una problemática delictiva, el ex titular del Fovissste autorizó ilegalmente entre los años 2008 y 2011, alrededor de 4,846 créditos a través de supuestos acuerdos fraudulentos. Estos créditos fueron otorgados a beneficiarios cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir la cuota del crédito solicitado, otorgándoles préstamos por encima de su capacidad económica. Este hecho se traduce en una pérdida patrimonial por encima de los mil quinientos millones de pesos, según cifras extraoficiales señaladas en el periódico El Universal.

Sin embargo y a pesar de existir procedimientos administrativos iniciados para ubicar los posibles responsables de estos actos delictivos, aún no se han ubicado los autores de estos fraudes que sin duda alguna generan un detrimento al patrimonio del Estado. Es por ello, que para dar un mayor esclarecimiento del problema, tener una mayor visión de la situación patrimonial actual del ISSSTE y resolver las dudas que se han generado entre los mexicanos, quienes demandan respuestas prontas y precisas con el destino de los recursos y los posibles culpables de estos fraudes, es que se pide al C. Director General del ISSSTE con el fin de obtener información clara, fidedigna y oportuna que desenmascare y evidencie estos actos que deben ser castigados con todo el rigor de la Ley.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hagan del conocimiento público la situación actual económica, patrimonial y legal que guardan ambos entes públicos, en torno a la situación fraudulenta ocurrida por el otorgamiento de los créditos fuera de las normas legales.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extienda un exhorto a la Procuraduría General de la República para que inicie las acciones de investigación debidas para el esclarecimiento de estos hechos delictivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a Protección Civil y demás autoridades competentes de Morelos y Guerrero a implantar acciones para reubicar a los vendedores ambulantes de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúa con negligencia en torno al problema de comerciantes ambulantes que hacen un auténtico tianguis, todos los días, a orillas de diversas carreteras del país.

A mitad de la carretera se apostan para ofrecer a los automovilistas un sinfín de productos, entre los que destacan alimentos, frutas de temporada, bebidas, cigarros, revistas, así también, productos u objetos oriundos del lugar, como canastos, artículos de madera, crucifijos y artesanías, pese al riesgo de sufrir algún accidente de graves consecuencias.

La economía informal no es un fenómeno nuevo, su crecimiento se asocia primordialmente a dos factores: en primer lugar, al incremento de la población, y en segundo lugar, al escaso desarrollo económico del país.

La falta de generación de empleos en el país es la causa de que un considerable número de personas trabaje en el sector informal; pues un elevado porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) encuentra en las calles, explanadas, transporte público y en las diferentes vías de comunicación del país, el medio por el cual pueden sufragar sus necesidades más elementales.

Actualmente, el 65.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector informal, porcentaje equivalente a 29.8 millones de personas, de conformidad con datos del INEGI.

Las cifras hablan por sí solas, el ambulantaje es un problema que va en ascenso. Y sin duda alguna, representa un conflicto legal, económico y de política pública; por lo que resulta imperante la intervención del Estado para encontrar una solución.

Así, a través de este punto de acuerdo, nos pronunciamos respecto a la situación que prevalece en la autopista Cuernavaca-Acapulco, también Autopista del Sol, que es uno de los escenarios del país en el que el ambulantaje tiene mayor presencia.

Cierto es que sería inconsciente pensar en arrebatarles la fuente de empleo a todas aquellas personas que laboran en la informalidad a las orillas de las carreteras; sin embargo, lo más justo y correcto es que se les reubique, debido al peligro que enfrentan al estar en situación de riesgo.

En este sentido, la intervención de las autoridades competentes de los estados de Morelos y Guerrero, entidades por las que cruza esta autopista, resulta por demás necesaria, con motivo de las consecuencias que ésta problemática trae consigo.

Empero la participación de los gobiernos implicados para la reubicación de los vendedores ambulantes no sólo tiene que ver con la prevención de accidentes, sino también con que la venta de artesanías, reviste un contenido de considerable importancia, pues no olvidemos que es por medio de las expresiones artesanales como se transmiten realmente los valores de la sociedad y la singularidad cultural de nuestra nación.

Este esfuerzo de reubicación sólo puede llevarse a cabo a través de las acciones coordinadas de los gobiernos estatal y municipal en conjunto, mediante la creación y establecimiento de políticas públicas que permitan avanzar sobre este problema social, encaminados a regular a los integrantes de este sector, claramente vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Protección Civil y demás autoridades competentes de los estados de Morelos y Guerrero, a fin de que en el marco de sus respectivas competencias implementen las acciones necesarias para la reubicación de los vendedores ambulantes de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Gobierno de los estados y del Distrito Federal a emprender acciones a fin de impulsar la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito, promovida por la administración federal, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Irma Elizondo Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes problemas que tienen que enfrentar los gobiernos estatales al momento de brindar los servicios del Registro Civil a sus habitantes, es el referente a la cobertura que estos tienen para que la ciudadanía inscriba aquellos actos por los cuales su estado civil cambia de situación por alguna razón, y con ello, dar aviso a las instituciones competentes de ello, a fin de contar con documentos que avalen su situación personal y poder ejercer determinados derechos que tienen conferidos.

Hoy es muy común que muchos de los ciudadanos incurran en dicha omisión, siendo una de las más frecuentes no registrar civilmente a los recién nacidos en los tiempos establecidos en la ley, lo cual ocurre por ignorancia de los padres, o bien, por la falta de recursos económicos que el trámite les puede generar, sin que hayan visualizado los complicados problemas legales que a futuro se pueden ocasionar por ese motivo, máxime que de manera común las diversas leyes estatales en la materia otorgan un plazo de seis meses a un año para realizar la inscripción del nacimiento de un menor ante el Registro Civil.

Tal problemática regularmente también ocurre en comunidades indígenas* o rurales, las cuales por estar afectadas por la marginación y la lejanía de las zonas conurbadas, omiten efectuar este trámite tan necesario e indispensable para los recién nacidos, y en general para toda persona, debiendo destacarse que es precisamente en esas regiones, en donde se siguen dando casos en los que existen personas adultas que no cuentan con una identidad ante las autoridades, circunstancia que impide puedan ejercer otros derechos fundamentales, y por ende, las posibilidades de llegar a un desarrollo pleno e integral se diluyen.

Ahora bien, también hay personas que si bien habitan en zonas conurbadas, se han abstenido de registrar a sus menores hijos en el tiempo establecido por la ley, sólo que debe mencionarse que el común denominador de esos sectores poblacionales, es la escasez de recursos económicos que sufren, al tener bajos ingresos económicos. Es decir, actualmente existen 32 diferentes tarifas para poder acceder a tal derecho, y 32 distintos formatos para realizar el trámite.

Otras de las situaciones que también han influido en tal problemática, es que muchos hospitales carecen de una oficialía de Registro Civil en la cual se puedan inscribir de forma inmediata, los nacimientos y las defunciones que ocurran en su interior, lo cual nos habla de una infraestructura deficiente y limitada de esos nosocomios, independientemente de la institución de la que dependan, así como de la restringida cobertura de los servicios del Registro Civil; además, desde el punto de vista geográfico, muchas de las oficialías de Registro Civil son de difícil acceso para determinadas comunidades rurales, o bien, no se encuentran ubicadas en lugares estratégicos en los que pudieran atender a la mayor población posible, debido a la centralización que de esta institución existe al ubicarlas únicamente en cabeceras municipales o zonas metropolitanas, lo que en conjunto nos habla de los pocos espacios que los respectivos gobiernos estatales le han destinado a tan importante función, que debe estar al acceso de la ciudadanía.

Como un resultado de lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1 de cada 5 niños no es registrado en su primer año de vida, lo cual es una situación que paulatinamente va generando desigualdad social, rezago y marginación en los menores, además de que tal hecho puede llegar a obstaculizar su sano desarrollo por estar tales condiciones, lo cual sigue sucediendo en muchas entidades federativas, que desgraciadamente se han visto rebasadas por sus particulares circunstancias, a pesar de que en la parte final del artículo 22 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:

... A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Una de las principales repercusiones que existen al respecto, es que a los recién nacidos se les priva del goce de uno de sus derechos fundamentales, el cual puede hacerse consistir en el derecho a la identidad que toda persona debe tener, ya que si no cuentan con tal característica personal, difícilmente podrán acceder a algunos otros derechos que deben ejercer, como lo son el adquirir una nacionalidad, el establecer sus filiación, lazos familiares y culturales, acceder al derecho a la salud, a la educación, e incluso, a la protección legal del Estado, entre otros.

Todo lo anterior se verá reflejado en la capacidad jurídica con que todo individuo debe contar, además de que ello le otorgará un reconocimiento de la sociedad, y a su vez, su incorporación a ella, obteniendo por ese sólo hecho una serie de derechos y obligaciones, así como el acceso a los diferentes servicios que le permitirán desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 ha cambiado el paradigma jurídico del país, lo cual ha generado la obligación del Estado mexicano de tutelar de una forma más eficaz los derechos fundamentales de los mexicanos, por lo que para tal efecto se debe tomar en cuenta, no sólo a los derechos y garantías que expresamente les han sido reconocidos en la Constitución Política, sino que también deben considerar las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el país ha ratificado.

Así, debemos observar el contenido de los primeros dos párrafos del artículo 1o. constitucional:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia...

Dentro de esa amplia gama de derechos fundamentales que se encuentran reconocidos por la Carta Magna a los gobernados se encuentra el principio del interés superior de la niñez, cuya finalidad es que cada uno de los derechos que los niños y niñas tienen conferidos para su sano desarrollo, tengan prioridad y sean cumplidos de manera universal; tal derecho se encuentra regulado en el noveno párrafo del artículo 4o. constitucional:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Tomando en cuenta lo establecido por los dos primeros párrafos del artículo 1o. constitucional, es importante que observemos el contenido de los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño:

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Del mismo modo, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece lo siguiente con relación al derecho a la identidad a que deben tener acceso los niños:

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Sobre el particular, los dos primeros párrafos del artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señalan lo siguiente:

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre...

Debido a la inquietud derivada de la cobertura que tienen los servicios del Registro Civil en las entidades federativas, el gobierno federal ha impulsado la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito, que será llevada a cabo por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en coordinación con los Sistemas estatales DIF de las entidades federativas y del Distrito Federal y los 32 Registros Civiles locales, abatan el rezago existente en la cobertura de dichos servicios en cada una de las entidades federativas, y poner 2015 como el año en que se tenga una cobertura total en el registro de nacimientos a escala nacional; aunado a ello, el registro que se otorgue a los recién nacidos será gratuito, además de que será inmediato al nacimiento.

Lo anterior funcionará como una política implantada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que busca fortalecer los aspectos normativos, legislativos y políticos que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los recién nacidos en todo el país, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales en la materia.

El gobernador de Coahuila de Zaragoza, licenciado Rubén Moreira Valdez, en una claro impulso hacia dicho programa dentro de la citada entidad, firmó un decreto, en el que se inició el programa estatal ¡Yo existo, regístrame!, cuya finalidad es que el Registro Civil coahuilense otorgue gratuitamente el registro de nacimiento en todo el Estado a recién nacidos, niños y niñas que no cuenten con él, ampliando su cobertura en hospitales de esa entidad federativa; ello como parte de la preocupación que existe al respecto, pues de cada 100 nacidos en la entidad, 8 no están registrados, lo cual representa un impedimento para que dichos menores de edad puedan acceder y gozar de otros derechos.

Mediante la siguiente proposición con punto de acuerdo que presenta la suscrita, no se busca transgredir ni violentar la autonomía de las entidades federativas para autodeterminarse en su régimen interior, en lo que hace a la actividad y funcionamiento de sus respectivas instituciones, como lo es el Registro Civil, sino que únicamente se busca que las entidades federativas actúen de manera uniforme en el respeto, promoción y cabal cumplimiento de los derechos humanos que han sido reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecidos en los tratados internacionales en la materia, y de los que el país es parte, máxime que el gobierno federal ha impulsado el programa mencionado como una forma de resolver la problemática antes narrada, la cual versa sobre el incumplimiento al derecho a una identidad al que debe acceder todo individuo, como un derecho fundamental clave, que generará la posibilidad de que se gocen otros derechos fundamentales en el país.

La proponente, consciente de la compleja problemática por la que pasan muchos menores de edad, así como personas adultas, ante el rezago a que pueden ser expuestos por la insuficiente cobertura de los servicios del Registro Civil en las entidades federativas, acude a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Gobierno de cada una de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal a emprender por las subsecretarías o unidades administrativas correspondientes acciones para impulsar en sus respectivas demarcaciones la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito, promovida por el gobierno federal, por lo que hace al registro de los recién nacidos y de menores de edad, así como también, abatir el número de adultos carentes de una identidad.

Nota

* Es frecuente que en estos sectores poblacionales sucedan los “subregistros”: casos en los que de manera posterior al nacimiento de un menor no son registrados en el plazo legal establecido para ello, elevándose la posibilidad de que no ocurra la realización de dicho trámite en lo subsecuente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a investigar y tomar medidas por abusos efectuados en la operación policiaca instaurada en torno de la marcha ciudadana conmemorativa del 2 de octubre de 1968; y al Ejecutivo federal, a reubicar el centro de acopio instalado en el zócalo capitalino, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal Francisco Alfonso Durazo Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, numeral 2, fracción II, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como ya es tradicional, el Comité del 68 convocó el 2 de octubre, a la marcha para conmemorar la masacre cometida por el gobierno de Díaz Ordaz hace ya 45 años. Este acto simbólico tiene como uno de sus fines, repudiar cualquier acto de represión en contra del derecho a la libre manifestación de las ideas, derecho consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo sexto.

El recorrido original de la marcha, estaba trazado de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, al Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, desde horas antes al inicio de la marcha, fue instrumentado por parte del gobierno del Distrito Federal, un operativo policiaco que violentó diversas leyes.

Uno de los primeros puntos en donde se hizo evidente la presencia policiaca, fue en la estación del metro Tlatelolco, donde apostados en ambos lados de la salida, policías hacían revisión ilegal a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, que necesitaban descender por esa vía hacía sus destinos, violando el derecho de libre tránsito consagrado en el primer párrafo del artículo 11 constitucional que a la letra dice:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes1 .

Una vez iniciada la marcha, en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas con la calle República de Ecuador, la valla ciudadana que había acompañado y alentado a la manifestación, fue sustituida por una valla policiaca que al llegar a la esquina con avenida Hidalgo, bloqueo el libre paso de la marcha hacía su destino. Violentando una vez más el artículo undécimo de la Carta Magna.

Al no permitir el acceso a la Plaza de la Constitución debido a la ubicación de un centro de acopio en la plancha central del Zócalo, tanto el gobierno de la Ciudad como el gobierno federal, hacen uso político de la desgracia de miles de mexicanos para bloquear la máxima plaza del país, la cual además, fue cercada por el gobierno federal después de dispersar mediante el uso de la fuerza, el plantón de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se encontraban en una manifestación completamente sujeta a derecho según lo establecido en el artículo noveno de la Constitución que establece lo siguiente:

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee2 .

Lo anterior, viola de manera flagrante uno más de los derechos plasmados en el mismo documento en el cual dice basar su legitimidad el gobierno federal. Además, resulta evidente que el Zócalo no es un lugar adecuado para el manejo y resguardo idóneo de víveres o artículos para los damnificados.

Una vez que vanguardia de la marcha arribó a la glorieta de El Ángel de la Independencia, un grupo de presuntos manifestantes, la mayoría con el rostro oculto, agredió violentamente a los granaderos, quienes según algunos reportes periodísticos y videos, repelieron la agresión con gases lacrimógenos, gas pimienta, piedras y balas de goma.

Lo que revelan además de los reportes, diversos videos y fotografías, es que en una respuesta desproporcionada o equivocada a la agresión recibida, varios policías agredieron a mujeres, hombres, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a niñas y niños, que no participaban en estos hechos violentos. Varias de estas agresiones hechas por la policía, fueron tumultuarias, por la espalda, o sin provocación alguna.

Según la organización internacional “Artículo 19”, la cual coordinó una red de corresponsales y observadores, del total de agresiones a la prensa, 90 por ciento fue perpetrada por elementos de la policía, evidenciando así que estos cuerpos no están lo suficientemente capacitados para proteger a la ciudadanía y detener o procesar a grupos violentos3 .

Durante el monitoreo realizado por “Artículo 19” a través de la red de solidaridad “#RompeElMiedo” se pudieron documentar las siguientes agresiones:

• Arturo Ramos freelance de Agencia Libre, lastimado de la nariz en calle Hidalgo. Golpeado por una piedra que salió de atrás de los granaderos.

• Nicolás Tapia, de Tejemedios , le rompieron su equipo (lente de cámara).

• Alfredo Estrella, de Agencia France Press, golpeado por granaderos.

• Verónica Galicia, de La Voladora, fue detenida y sometida.

• Consuelo Pagaza, fotógrafa freelance, golpeada por granaderos.

• Quetzalli González, golpeada por granaderos.

• Nicolás Tavira, de Notimex, golpeado por granaderos.

• Javier Lira, de Notimex, golpeado por granaderos.

• Detienen a fotógrafo Alejandro Medina Guzmán, fotoperiodista de OOCHEL (ya fue liberado).

• Xilonen Pérez, de Subversiones, fue pateada en la cabeza por policías.

• Agresión por granaderos a periodista freelance, José Manuel Jiménez.

• Daniel Paniagua, fue detenido en la esquina de Reforma y Bucareli.

• Dos periodistas de Milenio, fueron reportados como golpeados por granaderos.

• Asistente de cámara Canal 11, golpeado.

• Lesiones a Nayeli Roldan de Efekto Tv (golpeada y destrucción material de su celular con el que iba grabando).

• Víctor Hugo Carlos y Quetzalcoatl Fontanot, observadores de derechos humanos del Centro Prodh, son golpeados cuando tratan de ayudar a Nayeli Roldan.

• Omar Franco Reyes del Sol de México, hematoma en la cabeza, ceja y golpes en el tobillo. Agresión realizada en Reforma enfrente del hotel Meliá con toletes y escudos.

• Gregorio Cortés Rojas de Agencia Prensa Internacional y su compañero Octavio fueron golpeados y les robaron su equipo (cámaras) por los anarquistas.

• Issac López, camarógrafo de Cadena Tres, robo de equipo por anarquistas.

• Heriberto Paredes de Subversiones, golpeado por la policía del GDF con toletes y escudos. En la glorieta de El Caballito.

• Ricardo del Conde, documentalista de Tejemedios-EmergenciaMX. Golpeado con piedras por policía GDF.

No periodistas:

Hugo Ramírez, herido grave (manifestante).

Estudiantes detenidos en patrulla A018 de la Prepa 265, estado de México: Alexis Martínez Tapia, Braya Niorrillo Manso, Paula Ocaña de León, Alberto García Silva y Alejandro García Luis.

Estudiantes Escuela Nacional de Antropología detenidos: Iván Ramírez Zamarripa, Rocío Martínez García e Hilda Tableros.

Detenido: Harvash Jiménez, junto con los maestros de la sección 22.

Resulta grave que ciudadanos atenten contra las fuerzas del orden o contra otros ciudadanos, lo cual condenamos abiertamente, pero igualmente grave es el actuar de grupos policiacos vestidos de civil, que operaron infiltrados entre los manifestantes, cometiendo abusos y realizando detenciones violentas, grupos que con el solo hecho de su existencia, demuestran que la autoridad es la primera en violar las leyes, como la fracción VIII del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal la cual determina que

Artículo 45. Son obligaciones de los elementos de la Policía, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, las siguientes:

I. ...

...

VIII. Portar durante el servicio el uniforme, identificación, armamento y equipo que les sea asignado, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones4 .

Salir a protestar a las calles en contra de las decisiones del gobierno, es un derecho ciudadano, pilar de la democracia, que se consiguió en parte, precisamente, gracias al movimiento de 1968 y que no podrá ser conculcado, por ambiciones autoritarias de ningún gobierno, pero en especial, de alguno emanado del mandato popular.

Nunca más en este país, las fuerzas que están para velar por que se respeten las leyes y resguardar a la gente, violenten las mismas para reprimir a la ciudadanía que es a la que se deben.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal a garantizar la libre expresión, libre manifestación de las ideas y libertad de asociación, garantías todas ellas, plasmadas en nuestra Constitución, y a no criminalizar la protesta social.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al del gobierno del Distrito Federal, a reubicar el centro de acopio para los damnificados de las afectaciones provocadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, para garantizar la mejor conservación de las donaciones para este efecto y la utilización política del centro de acopio.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a llevar a cabo una profunda investigación y deslinde de responsabilidades, referente a los sucesos violentos suscitados durante la marcha en conmemoración de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal, a investigar para sancionar conforme a derecho, al responsable o responsables, de haber permitido e instrumentado, que miembros de fuerzas armadas o policiacas, estén operando de manera ilegal, vestidos de civil y como infiltrados, durante las manifestaciones ciudadanas.

Sexto. Se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, a sancionar conforme a derecho, a los responsables, miembros de la policía y cuerpos de granaderos, de agresiones a defensores de derechos humanos, a periodistas y ciudadanos como consta en los vídeos y fotos y múltiples denuncias de organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros, durante la manifestación civil pacífica del 2 de octubre de 2013.

Séptimo. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno del Distrito Federal a garantizar la máxima celeridad posible en las indagatorias contra los detenidos, a velar por que los procesos judiciales se lleven con sujeción a derecho, a liberar a la brevedad a quienes lo hayan sido de manera arbitraria, así como a atender las recomendaciones emitidas por los organismos y organizaciones de derechos humanos.

Octavo. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, a adoptar a la brevedad posible y de manera conjunta con los medios de comunicación, protocolos que garanticen la integridad de los trabajadores de la prensa.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3 Artículo 19, (2013) #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas. Boletín 02/10/2013 (En línea) http://articulo19.org/rompeelmiedo-documenta-violencia-durante-marchas/

4 Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2013.

Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica)

Inklusion
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