Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3878-VII, martes 8 de octubre de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán y Lisandro Arístides Campos Córdova, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población de Guerrero y Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.
Consideraciones
El pasado 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República Mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la Depresión Tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, formados por el lado del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó según la Conagua los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, pues en el estado de Guerrero han fallecido hasta el momento 27 personas.
El estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al ocuparse al 100% de su capacidad se desbordaron, provocando zonas incomunicadas como las localidades de: Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzicuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato , en el municipio de Zirándaro, por su cercanía con el río Balsas.
En Michoacán también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de: Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio , que tienen su cercanía con el Río Balsas, el Río Bajo Tacámbaro y con la presa El Caracol.
Afectando tan sólo en estos dos municipios a más de 6, 954 habitantes, lo que representa 1,707 viviendas colapsadas, siendo, como siempre, la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.
No debemos perder de vista, además, que si bien las lluvias torrenciales que acaecieron en menos de 72 horas pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.
Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.
Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, a través de la cual se puede apoyar con enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de desastre por aparte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso, los recursos del Programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.
Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y que también puede financiarse con los recursos del Fondo Nacional de Desastres, para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.
En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la desarrollo Social del Gobierno Federal, a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo Temporal respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.
Diputados: Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a establecer un salario mínimo general único para todo el país, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Raymundo King de la Rosa, diputado por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numeral 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que establezca a la brevedad un único salario mínimo general vigente en todo el territorio nacional y para que, sin perjuicio de lo anterior, en la revisión que haga de los salarios mínimos generales vigentes a partir del 1 de enero de 2014, considere a los municipios del estado de Quintana Roo en la zona geográfica A, con base en las siguientes
Consideraciones
Conforme se dispone en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales y profesionales, y los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, y deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Asimismo, el artículo 96 de la Ley Federal del Trabajo, faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a determinar la división de la república en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.
Con base en lo anterior, desde el año de 1982 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dividió el territorio nacional en tres zonas geográficas, identificadas con las letras A, B y C, correspondiendo a la primera de ellas el salario mínimo de mayor monto y a la última el de menor de cuantía.
En esta división territorial todos los municipios del estado de Quintana Roo quedaron comprendidos en la zona geográfica C, bajo el supuesto de que las condiciones socioeconómicas, en particular la correspondiente al costo de la vida, así lo justificaban.
No obstante lo anterior, resulta claro que con el correr de los años las condiciones económicas, particularmente por lo que hace a los costos de vida del estado de Quintana Roo, se han modificado sustancialmente, a resultas de la intensificación de la actividad turística en la zona.
Tomando en cuenta estas circunstancias, el 15 de diciembre de 2009, el entonces diputado federal por el estado de Quintana Roo, hoy gobernador de esa entidad federativa, Roberto Borge Angulo, presentó a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar, a partir de 2010, los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum, Quintana Roo, del área geográfica C a la A, en favor de los trabajadores y de las familias.
El asunto fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta asamblea, la cual lo dictaminó favorablemente, proponiendo al pleno un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a partir de 2011 diversos municipios turísticos de Quintana Roo del área geográfica C a la A, el cual fue aprobado en sesión del 14 de diciembre de 2011.
Por su parte, la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en sesión del 20 de octubre de 2011, aprobó un punto de acuerdo por el que exhortó respetuosamente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que ubicara a los municipios del estado de Quintana Roo, en la zona A de salarios mínimos, correspondiente a su desarrollo económico y se realizara un aumento generalizado a los salarios mínimos del país en 6 por ciento para contrarrestar los efectos inflacionarios y el encarecimiento de la canasta básica.
No obstante los anteriores esfuerzos, y que los diversos indicadores económicos, particularmente los asociados al costo de la vida, justifican plenamente la inclusión de los municipios de Quintana Roo en la zona geográfica de mayor poder adquisitivo, la situación en la remuneración mínima de los trabajadores del estado de Quintana Roo no se ha modificado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
A pesar de que ha habido cierto progreso en la disminución de la brecha entre los montos salariales de las distintas zonas geográficas, a la fecha subsiste una diferencia de más de cinco puntos porcentuales entre las percepciones de los trabajadores de esta entidad federativa y los de otras regiones del país, colocándolos en una situación de franca desventaja, no obstante que los costos de vida son equivalentes e incluso superiores a otros lugares como son el municipio de Acapulco y los municipios de Baja California, por mencionar sólo algunos cuyas características económicas y laborales son similares a las de Quintana Roo, dado el paralelismo en su actividad económica marcada por la vocación turística.
Incluso, en el acuerdo recientemente adoptado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012, se eliminó la zona geográfica B, trasladando las entidades federativas y municipios que se encontraban en ella a la zona A, pero dejando en los mismos términos a los que antes se ubicaban en la zona C que ahora pertenecen a la zona B, sin que hubiera cambio alguno por cuanto hace al monto de la remuneración en lo que atañe a los municipios del estado de Quintana Roo, respecto de los que subsiste la diferencia de más de cinco por ciento respecto de los salarios mínimos generales de la zona A.
Desde luego, es de considerarse injustificado que se mantenga esta diferencia en las percepciones salariales, pues establece un trato discriminatorio que atenta contra la dignidad y el bienestar de los trabajadores y de sus familias, quebrantando el principio constitucional de que a trabajo igual debe corresponder igual remuneración.
En atención a lo expuesto, es de considerarse indispensable que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos otorgue prioridad al proceso de convergencia para establecer un único salario mínimo general vigente en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que, en tanto alcanza dicho objetivo considere en la próxima revisión que haga de los salarios mínimos generales los casos en que evidentemente se justifica el traslado de los municipios y entidades federativas a la zona geográfica A, como ocurre con los municipios del estado de Quintana Roo.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que establezca a la brevedad un único salario mínimo general vigente en todo el territorio nacional y para que, sin perjuicio de lo anterior, en la revisión que haga de los salarios mínimos generales vigentes a partir del 1 de enero de 2014, considere a los municipios del estado de Quintana Roo en la zona geográfica A.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado Raymundo King de La Rosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar por la Profeco el estado físico de los cilindros de gas LP distribuidos en el territorio nacional, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que revise el estado físico de los cilindros de gas LP que se distribuyen en todo el territorio nacional, por medio de las empresas especializadas, así como retirar y destruir aquellos que estén dañados o bien que su vida útil ya haya concluido, con el propósito de garantizar la seguridad de los consumidores y población en general al tenor de las siguientes
Consideraciones
Toda instalación de gas está sujeta a riesgos no controlados que pueden poner en peligro la integridad o existencia de la población, por lo que las estrategias de seguridad deben minimizarlos. Sin embargo, esto no los anula, pues siempre existirá la posibilidad de que pueda ocurrir una contingencia debido a las operaciones incorrectas, fenómenos naturales o conflictos civiles.
De acuerdo a las cifras de vivienda del INEGI, correspondientes al XII censo de población y vivienda de 2010, en la República Mexicana existe un total de 28’643,491 viviendas (incluidas unifamiliares y multifamiliares, condominios, etc.) de las cuales el 84 por ciento cuenta con suministro de gas L.P. así como de gas natural, ya que el 16 por ciento restante corresponden a viviendas que no cuentan con el suministro de dicho petrolífero, debido a que se encuentran situadas en zonas marginadas (ciudades perdidas, en cuyas construcciones predominan materiales como el cartón, es decir, se encuentran en condiciones muy precarias o de pobreza extrema), representando un total de 24’060,532 viviendas con servicio de gas para consumo doméstico. Del total de estas viviendas, el 93 por ciento cuenta con gas L.P. y el 7 por ciento restante tiene suministro de gas natural. Cabe destacar que de las 22’376,295 viviendas que cuentan con gas L.P. el 66 por ciento consumen gas licuado en cilindros portátiles y el 34 por ciento lo consume en tanques estacionarios en lo referente a las casas-habitación. Si tomamos en cuenta que el consumo del mercado nacional es de 4.3 millones de toneladas de azúcar, la producción tiene un excedente de 2.4 millones de toneladas, como ya dijimos, mismas que deberán exportarse a la brevedad porque de mantenerse en el mercado nacional, se continuará agudizando un fenómeno que ya estamos observando con absoluta claridad: la quiebra total del sector cañero, ni más, ni menos.
El gas LP o gas licuado de petróleo consiste principalmente de propano (C3H8) y butano (C4H10). Se deriva de procesar gas natural y del refinamiento de petróleo crudo. Representa entre un 3 por ciento y 10 por ciento de la producción total resultante del refinamiento del petróleo crudo. Entre sus ventajas destacan: El servicio llega a hogares, comercios e industrias, incluso en zonas aisladas, los tanques que contienen el gas puede ser transportado a cualquier lugar, hay que solicitar su abastecimiento, se venden tanques de baja capacidad en tiendas de autoservicios, se odoriza, lo cual provoca que sea sencillo detectar su presencia por fugas, el gas LP tiene una llama muy caliente que, al utilizarlo, subirá rápidamente la temperatura de lo que se desee calentar, en cuestión ecológica no genera partículas sólidas, ni emite residuos tóxicos, requiere poco mantenimiento dado que el gas LP no es considerado corrosivo y la degradación de la instalación es mínima, esto se refleja en que su mantenimiento es de bajo costo si se realiza de manera preventiva, de no realizar un mantenimiento adecuado, la posibilidad de accidentes fatales se incrementa.
La norma NOM-004-SEDG-2004 no especifica ninguna obligatoriedad para la obtención del dictamen de conformidad con la regulación para instalaciones domésticas que consumen gas LP en viviendas individuales, ni la necesidad de solicitar la revisión para evitar y/o prevenir los accidentes a consecuencia de una deteriorada instalación y recipientes en mal estado La norma NOM-012-SEDG-2003, Recipientes a presión para contener gas LP tipo no portátil, especifica que la vida útil de los recipientes es de 10 años, al término de los cuales la norma menciona solicitar pruebas no destructivas para comprobar que el recipiente siga cumpliendo con los requerimientos, y sólo en caso de aprobación de la prueba se puede extender cinco años más sin posibilidad de repetir esta prueba. Hay que señalar que incluso cuando la norma específica la vida útil de los recipientes no portátiles, en la práctica no se realiza dicha verificación para instalaciones domesticas; ya sea por la falta de información en los usuarios, por el costo extra que implica cambiarlos o porque se mantiene el suministro del combustible sin prestarle atención a este aspecto. El único mantenimiento que se les realiza es correctivo, lo cual representa un enorme riesgo para el usuario. En la NOM-011-1-SEDG-1999, Condiciones de los recipientes portátiles para contener gas LP en uso, la norma específica que la vida útil es de 12 años a partir de su fecha de fabricación. Los encargados de llevar a cabo la valorización diaria de los recipientes son las empresas distribuidoras conforme al procedimiento interno que manejen, utilizando instrumentos de medición permitidos por esta norma (micrómetro de profundidad, indicador de cuadrantes o medidor de cavidades), y deben ser asentadas en libro bitácora. Si la empresa distribuidora llena en promedio diario hasta 1000 recipientes portátiles, se debe valorar el 10 por ciento del total, si maneja un promedio mayor a 1000 debe ser 200 por día. Desafortunadamente, en el mercado actual mexicano aunque existe la normatividad para valorizar las condiciones de trabajo de los recipientes portátiles, la práctica común existente de cambiarlos con cualquier distribuidor, así como el llenado ilegal en lugares que no cuentan con la autorización y monitoreo requerido, evita que los cilindros regresen con la empresa que los entregó en primer lugar, lo que provoca que sea muy difícil mantener control sobre sus condiciones estructurales y de seguridad, así como mantener control sobre la calidad y cantidad del producto con que son rellenados. Esto se vuelve contraproducente en el desarrollo del mercado, ya que incrementa riesgos en el consumo de gas LP, promueve la competencia desigual e ilegal, y crea desconfianza en las distribuidoras. Esto genera un mercado de desarrolladores e instaladores no autorizados que basan sus conocimientos en experiencias personales, y que en algunos casos realizan instalaciones que no cumplen con la normatividad aplicable, lo que aumenta las posibilidades de accidentes.
El mal estado de los cilindros que venden las empresas distribuidoras de gas Licuado de Petróleo (LP) provocó que, del 1 de enero al 30 de julio del presente año, se hayan registrado, solamente en el municipio de Toluca, un total de 152 explosiones derivadas de accidentes en el manejo inadecuado de ese tipo de combustible.
Los cilindros que las empresas distribuidoras de gas LP utilizan, que en su mayoría están oxidados y carecen de pintura de seguridad; problemas en las llaves de paso y errores en el manejo de los mismos tanques por la falta de capacitación de sus empleados, son los tres principales factores que causaron las 152 explosiones registradas en Toluca en lo que va del año por este tipo de producto.
Con base en lo anterior, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se revise el estado físico de los cilindros portátiles de gas LP que se distribuyen en todo el territorio nacional, por medio de las empresas especializadas, así como retirar y destruir aquellos que estén dañados o bien cuya vida útil ya concluyó, con el propósito de garantizar la seguridad de los consumidores y población en general.
Salón de sesiones, a 8 de octubre de 2013.
Diputada Leonor Romero Sevilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar la opinión de esta soberanía en el diseño de las reglas de operación de diversos programas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado, Mario Rafael Méndez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con lo siguiente:
Consideraciones
A) Los programas sociales que opera el gobierno federal de manera directa o a través de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, están sujetos a reglas de operación, se dice, que para lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia; y para lograr los objetivos que los justifican. Las reglas de operación, como sabemos, señalan quién es sujeto de recibir los apoyos de estos programas, sus alcances en cobertura, calidad y cantidad, así como los requisitos para acceder a ellos.
En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año se asignan las sumas destinadas a programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias. De acuerdo con el decreto deben ser operados bajo normas adecuadas a cada programa, conocidas como “Reglas de Operación”. Asimismo, el decreto enlista los programas que están sometidos a tales reglas, “con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos”.
En general, las reglas de operación consideran aspectos como los siguientes: objetivos, generales y específicos, cobertura, población objetivo, características de los apoyos, impacto y servicio, monto del apoyo, beneficiarios, derechos y obligaciones, mecánica de operación, informes programático-presupuestarios, evaluación, seguimiento, control y auditoría, resultados y seguimiento, quejas y denuncias.
Estas normas en los hechos han resultado ser una de los causantes de los subejercicios en el gasto público. Pareciera que están diseñadas para que los programas sociales federales no se cumplan, sus lineamientos burocráticos y tortuosos inhiben a la población objetivo de allegarse de los beneficios que ofrecen estos programas. Reglas de operación, por lo general complejas para su cumplimiento y con tiempos breves para que los beneficiarios puedan cumplir; caracterizadas por el exceso de lo que pudieran ser requerimientos burocráticos.
B) Los diverso actores del medio rural, año con año enfrentan una aguda y muy grave situación dada la problemática que resulta de la aplicación de las reglas de operación del programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; de ahí que es de gran relevancia que se encuentre una solución a esa problemática.
Los programas y sus reglas de operación tal y como han sido instrumentados en los últimos años, en el marco de las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas, ha profundizado y ha obstaculizado el desarrollo en la producción de alimentos y generación de empleos e ingresos de los productores y de sus familias, dado lo burocrático y poco transparente en el manejo de los instrumentos, y reglas, lo que ha propiciado mayor desigualdad, pobreza y han favorecido la concentración de la riqueza en unas cuantas manos.
C) Las reglas de operación se han acompañado de un patrón de crecimiento que se expresa muy polarizado entre sectores exitosos y sectores marginados. De acuerdo a investigaciones: el 10 por ciento de los productores más grandes concentran a.-80 por ciento del ingreso objetivo b.-60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos c.-55 por ciento de desarrollo rural (alianza) d.-45 por ciento del PROCAMPO. Desde otra perspectiva las reglas de operación pueden minimizar esos sesgos en la medida en que sean claras, transparentes, y faciliten dar respuesta a las necesidades nacionales en la producción de alimentos.
Está en el ánimo de buscar mejoras cuando se habla de transformar el campo en una actividad más productiva, pero siendo coherente con esos propósitos es necesario tener una propuesta completa integral y sustentable en torno al tema alimentario y las reglas de operación son parte de esa solución amplia.
D) Avanzar en un pacto social y económico implica tener presente las grandes necesidades del medio rural de sus hombres y sus mujeres, ello contribuye también a compromisos como el de implementar una Cruzada nacional contra el hambre, porque las reglas como están poco contribuyen a buscar una solución, también se pueden convertir en verdaderos obstáculos como lo han sido hasta hoy.
Para reducir la alarmante dependencia alimentaria, la pobreza, generar empleos e ingreso dignos a las familias del campo, necesitamos una visión integral de los problemas y una revisión de las estrategias, sus instrumentos y sus reglas y no podemos olvidar que en México importa el 33 por ciento del maíz que consume; el 56 por ciento del trigo; el 95 por ciento de la soya; del arroz, entre otros. Por ello se está recomendando por las agencias internacionales y espacios de la política rural internacional que cuando menos el 75 por ciento de lo que se consume se produzca al interior de cada país; dar pasos en firme para obtener logros en lo que nos estamos proponiendo, implica llevar a cabo cambios en todos los niveles simultáneamente, y las reglas de operación forman parte de ese andamiaje.
Por lo menos en la última década los actores rurales hemos tenido experiencias que nos han enseñado una y otra vez que no puede avanzar sólo con la mejor voluntad de los funcionarios y de los actores rurales, como cuando nos hemos sentado en la mesa para reflexionar proponer sobre el tema de las reglas de operación, lo que se requiere ahora en un marco donde se buscan mejoras para el medio rural, es llevar al marco jurídico de los acuerdos en torno a reglas y un primer paso real legal, legitimo para ello es cambiar la ley para hacer posible que las observaciones, opiniones, propuestas de los beneficiarios sobre reglas de operación que lleguen a las comisiones de la Cámara de Diputados y que se ajusten a los intereses nacionales puedan ser incluidas y respetadas y mejorar el ambiente democrático en la toma de decisiones favoreciendo reglas que contribuyan en la búsqueda de soluciones para el medio rural.
E) Es conocido que una vez aprobado el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es el Ejecutivo quien tiene la facultad de diseñar las reglas de operación, metodologías, procedimientos, formatos y convocatorias, lo que elimina la participación real del legislativo en el desarrollo de lo que aprueba y excluye la participación de los beneficiarios en el mejoramiento de aquellos instrumentos que deberían perfeccionar, en condiciones de equidad y democracia.
Esto se ha traducido lamentablemente en corrupción y en un sesgo de impunidad al favorecer a pequeños grupos del campo, sobre todo los que representan a las grandes transnacionales y a grupos privados nacionales.
Lamentablemente, aunque lamentablemente mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, organizaciones campesinas y los Sistemas Producto hemos insistido en corregir esta situación, de la corrupción, la impunidad y los principios neoliberales de un gobierno federal que han sesgado en los últimas dos administraciones federales en el uso de los recursos hacia los más poderosos.
F) Producto de esta situación, año con año los productores se enfrentan con problemas derivados de las reglas de operación ya que los programas para el medio rural se han mantenido, en lo esencial, sobre los siguientes ejes:
1) Son programas y reglas que están orientados hacia el mercado externo; presentan el sesgo de que esas reglas canalizan recursos hacia grupos que están compitiendo en los mercados externos preferentemente; concentran los recursos de fomento productivo en los estados de productores empresariales; favorecen el individualismo; están construidos para provocar la desorganización de los campesinos; desmotivan procesos de participación del desarrollo regional y territorial, no fomentan el desarrollo de las capacidades; paradójicamente, favorecen la concentración en regiones y grupo de productores; están orientados a apoyar al ingreso de los productores, pero no a los costos de producción; promueven el asistencialismo; se generan sobre políticas restrictivas; individualizadas, burocráticas y excluyentes y favorecen grupos de interés: y, como se es conocido, han dado motivo ha escandalosas prácticas de corrupción y venta de lealtades, tal y como ha quedado registrado en los últimos sexenios.
2) Existe lamentablemente un sesgo asistencialista ya que sabemos que hasta la fecha el gobierno federal ha pretendido argumentar que orienta recursos para atender la pobreza, pero bien sabemos que esos argumentos ocultan intereses políticos y cuyos impactos en el bienestar de las familiar rurales es nulo. Además es muy dudosos los supuestos logros en la reducción de la pobreza, y lamentablemente encontramos que la pobreza ha crecido en los últimos años.
Desde las perspectivas de las organizaciones nacionales sería recomendable establecer una reingeniería de los programas y acompañar esos cambios en el caso de las reglas de operación del sector sobre la base de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que vaya acompañada de una reasignación de los recursos disponibles, para lograr una mayor incidencia de las políticas públicas en las transformaciones económicas, culturales y sociales que requiere el país, orientado a fortalecer la inversión, capitalización y rentabilidad de todas las unidades de producción en el campo, considerado los diferentes estratos de productores desde los de subsistencia hasta los estratos empresariales, con un enfoque de sustentabilidad territorialidad, para reducir de esa manera los esquemas de apoyos compensatorios. Y en el cortísimo plazo mientras crecemos en esos grandes propósitos requerimos ir llevando a cabo cambios que permitan un mejor uso de los recursos con los programas existentes, de donde se desprende la necesidad de mejorar las reglas de operación.
A lo largo de estas últimas legislaturas sean planteado propuestas en torno a realizar un análisis profundo de sus efectos de las reglas operación, las cuales hemos examinado con las organizaciones del campo, hemos participado en infinidad de reuniones con autoridades federales, estatales, y locales, esa ha sido una parte central de nuestra actividad, de nuestra labor, el trabajar en los espacios posibles el tema de las reglas de operación pero ello ha sido ignorado por el ejecutivo, y a pesar de ello no hemos dejado de luchar intensamente y no hemos dejado de comprometernos todos los días con los hombres y mujeres del campo.
G) Es sobre esta base que se podría elaborar las reglas de operación desde una perspectiva diferente y que faciliten el acceso a los recursos a todas las organizaciones y productores, a través de criterios y procedimientos que simplifiquen su operación, y evitar problemas que de vez en vez se repiten como han sido los sub-ejercicios del presupuesto, entre otros.
Así, se cuidaría que no reduzca los montos presupuestales asignados al sector rural; que haya entrega oportuna y transparente de los montos autorizados, que se respeten los calendarios acordados, y el ejercicio total y puntual de los presupuestos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable autorizados, que no haya subejercicios, ni tampoco recortes como lo ha venido haciendo ya sea por una razón u otra. De igual manera, que los recursos públicos sean entregados con criterios institucionales, sin vinculación con las dinámicas y preferencias partidistas de los servidores públicos federales, estales o municipales.
H) Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalaran en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a las reglas de operación. La cámara de diputados en el presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía honradez y trasparencia, Asimismo, se señalara en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.
I) Es fundamental reflexionar el tema y con apremio sea atendido, en virtud de que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable , en su artículo 16, establece que el Nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), habrá de ser aprobado dentro los seis meses posteriores a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo , el cual será aplicado durante toda la administración de este sexenio, y es estos meses en donde puede darse un debate para hacer manifiesto el problema, y de las implicaciones que esto tiene, debemos plantear soluciones con el fin de mejorar la situación relacionada con el medio rural, siendo que México es país del continente que más dinero destinamos al presupuesto del campo y es el que menos progresos tenemos en este sector.
Por las razones expuestas, me permito presentar a esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a fin de que la Cámara de Diputados sea consultada por las dependencias responsables para construir las reglas de operación estableciéndose los espacios de razonamiento para consensuar los acuerdos necesarios, con el objetivo de que esta Soberanía a través de las Comisiones Ordinarias del Sector Social y Agropecuarias, vean reflejadas las observaciones, opiniones y propuestas y se retomen los resultados de análisis de evaluaciones sobre el tema de reglas de operación de los diferentes programas, actores rurales, y los beneficiarios de los programas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que al elaborar las reglas de operación a las que se sujetarán los programas y fondos federales; considere las propuestas que presenten los gobiernos de los estados, los grupos sociales y organizaciones campesinas, los pueblos y comunidades indígenas y particularmente las que presente la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, a los ocho días del mes de octubre del dos mil trece.
Diputado Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir el decreto de área de valor ambiental para el parque Reforma Social, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
A lo largo del siglo XX, la superficie ocupada por la zona metropolitana del Valle de México se expandió dramáticamente a la par del crecimiento de la población. Entre 1950 y 1970 la población de la ciudad de México creció rápidamente: pasó de 3.1 a 8.6 millones de personas triplicando su población en 20 años.
Ese crecimiento acelerado de la Ciudad de México y de su zona metropolitana eludió desarrollar un sistema de áreas verdes (parques, jardines, áreas protegidas) ocasionando un proceso de degradación en las áreas verdes de la ciudad y la pérdida de sus servicios ambientales.
La Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, realizó en el año 2003 El Inventario de Áreas Verdes, donde registra que los habitantes de la Ciudad de México cuentan con un promedio de 15.1 m2 de área verde por habitante; asimismo, reporta que la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal cuenta con una superficie de 8.89km2 de área verde. No obstante, este inventario no se refiere exclusivamente a las áreas públicas. En otros estudios, como el de Guevara y Moreno (1986) se reconoce una superficie de 2,3 metros cuadrados de área verde por habitante, considerando parques, jardines, camellones y glorietas del Distrito Federal.2
En su Quinto Informe de Gobierno del Distrito Federal, el licenciado Marcelo Ebrard señala:
Es claro que la ciudad tiene un problema de distribución y déficit del espacio público; el porcentaje de área verde por habitante ha permanecido prácticamente sin variación durante los últimos 70 años.2
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México puntualizan que las áreas verdes conforman espacios públicos cuyo elemento principal es la vegetación. El avance de la urbanización en la Ciudad de México ha impactado en sus condiciones ambientales, por lo que resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los habitantes. (...) El cuidado, manejo y mantenimiento de las áreas verdes requiere del compromiso tanto de la sociedad como de las entidades gubernamentales vinculadas con ellas.3
El reto es lograr que las áreas verdes así como las áreas de valor ambiental cumplan con las limitaciones y modalidades al uso de suelo y destinos que la ley establece.
Los recientes acontecimientos sucedidos en el Parque Reforma Social, ubicado en la Colonia Reforma Social de la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, es una tragedia producto de la expansión urbana que además pone al descubierto la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios, que ven a las áreas verdes y las áreas de valor ambiental como sitios de alta plusvalía para sus proyectos millonarios y se valen de toda argucia para obtener la propiedad o el uso de suelo; no debemos olvidar los grandes desarrollos habitacionales ubicados en sitios sin vocación habitacional o en sitios que fueron sujetos de sendas declaratorias para garantizar su preservación, como por ejemplo los humedales de Tlahuac o Xochimilco, que ahora forman parte del desordenado paisaje urbano del país; algunos estudios señalan que en los últimos 30 años la superficie urbana del país se sextuplicó mientras que la población solamente se duplicó.
Preocupa que los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que establecen las leyes del Distrito Federal son susceptibles a la interferencia política, y se flexibilizan ante las enormes presiones sociales y políticas para convertir tierras de preservación ambiental, como son los parques, en proyectos de otra naturaleza que derivan en negocios rentables. De continuar con esta tendencia, es poco probable que las áreas verdes, las áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas restantes en el DF puedan ser preservadas.
Ante ello, los vecinos de la colonia Reforma Social y otras organizaciones solidarias, han defendido su parque, toda vez que reconocen que mejora la calidad del entorno. En suma, reconocen la utilidad pública de dicho espacio público y luchan por preservar los bienes inmuebles que prestan servicios ambientales.
La madrugada del pasado martes 24 de septiembre, los colonos tuvieron que hacer frente a un grupo de 200 personas que llegó al Parque Reforma Social con la intención de cercarlo, alegando que ese predio es propiedad privada. Aunque hay un juicio de amparo que compromete su situación jurídica, los vecinos elaboraron un pliego petitorio a fin de garantizar la integridad del parque. Entre sus peticiones está realizar la declaratoria del predio como un espacio de utilidad pública para su posterior expropiación por el Gobierno del Distrito Federal.
Para cualquier ciudadano del Distrito Federal es claro que los 34 mil metros del Parque Reforma Social, cuyo uso de suelo es AV, ofrecen un beneficio colectivo, que indefectiblemente descansa sobre el principio de utilidad pública, que constituyen causal constitucional de la expropiación: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación.
De conformidad con la Ley de Expropiación son causas de utilidad pública , entre otras, las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.
La Ley General de Asentamientos Humanos establece como causa de utilidad pública la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros de población.
Según la fracción II del artículo 3 de la Ley Ambiental del Distrito Federal se consideran de utilidad pública el establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales.
En el Partido Verde consideramos impostergable, la expedición del decreto por el que se declara área de valor ambiental al Parque Reforma Social. Asimismo, solicitamos destinar recursos del Fondo Ambiental Público para la elaboración y ejecución del programa de manejo correspondiente y el nombramiento del Consejo Rector Ciudadano, según lo establece el artículo 90 BIS-7 de la Ley Ambiental del Distrito Federal.
Además, es del interés de esta soberanía que el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal por conducto del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, emita la declaratoria de expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como Parque Reforma Social para el establecimiento de una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de utilidad pública.
Adicionalmente, pedimos a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal a hacer valer las limitaciones y modalidades establecidas en todas las áreas de valor ambiental a fin de que en sus polígonos prevalezca la utilidad pública.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a emitir el decreto de área de valor ambiental Parque Reforma Social, con la categoría de bosque urbano y a destinar recursos del Fondo Ambiental Público etiquetados para la elaboración y ejecución del programa de manejo correspondiente.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a emitir el acuerdo para el establecimiento del Consejo Rector Ciudadano del área de valor ambiental Parque Reforma Social.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal a emitir la declaratoria de utilidad pública por la que se determina como causa de utilidad pública la expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como Parque Reforma Social ubicado en la Colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, para el establecimiento de una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que por conducto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal haga valer las limitaciones y modalidades establecidas para todas las áreas de valor ambiental a fin de que en sus polígonos prevalezca la utilidad pública.
Notas
1 Guevara Sada, S. y P. Moreno Casasola. Áreas verdes de la zona metropolitana de la ciudad de México. En Atlas de la ciudad de México . México: Departamento del Distrito Federal y Colegio de México. 1986, p. 231-236.
2 Quinto informe de Gobierno 2010 -2011, Gobierno del Distrito Federal p. 250.
3 Meza Aguilar María del Carmen. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. Vol. XIV, número 331 (56), 1 de agosto de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de 2013.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a hacer públicas las estrategias existentes para el programa Cruzada contra el Hambre y establecer un sistema de transparencia de los recursos repartidos a los municipios incluidos en él, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un tema relevante para la economía y el desarrollo de México es la pobreza, ya que abarca variables que sirven tanto de desempeño, como eficiencia económica. Actualmente en México, existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón a los 52.8 millones de personas que se encontraban en esta condición en el 2010.
Las 10 entidades que mayor rezago muestran en este tema son: Nayarit (20.0 por ciento), Quintana Roo (19.4 por ciento), Nuevo León (13.95), Jalisco (10.3 por ciento), Estado de México (9.2 por ciento), Morelos (7.8 por ciento), Puebla (7.2 por ciento), Guerrero (4.8 por ciento), Baja california Sur (4.1 por ciento) y Yucatán (4.05), cifras que equivalen a 1.7 millones de personas que hace dos años no se encontraban en situación de pobreza y que ahora la sufren.
En siete administraciones federales, se han destinado al sector vulnerable más de dos billones de pesos, siendo el promedio sexenal de 291 mil 428 millones, de hecho en el sexenio de Felipe Calderón se destinaron 900 mil millones de pesos entre 2006 y 2012; el gasto en el sector sigue creciendo sin medida, pero los mexicanos siguen en la misma situación de pobreza.
El gobierno actual ha puesto en marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa que no ha dado resultados efectivos, se necesitan más hechos, no solamente discursos y publicidad por parte de la secretaría responsable.
Este proyecto asienta la tradición dispendiosa, asistencialista, y electorera de los programas de pobreza, donde gana la burocracia, el partido de gobierno y hasta los publicistas de tal convocatoria; como siempre en este país, los beneficiarios son todos, menos la población vulnerable.
Como ejemplo al despilfarro de dinero por parte de la Sedesol, en la presentación oficial de la Cruzada contra el Hambre, estuvo presente Lula de Silva, ex presidente de Brasil, quien según el diario O’Globo, tiene presentaciones con un costo desde los 120 mil hasta los 300 mil dólares, según sea el caso del evento; esto es equivalente a la ayuda mensual de 7 mil adultos mayores.
Tristemente, en nuestro país unos cuantos ganan a nombre de los pobres, la mayoría pierde o sigue igual; una verdadera cruzada no es la que se está implementando por el actual gobierno federal que sólo quiere legitimarse y aprovechar dichos recursos para las campañas políticas a favor del partido que representan.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cruzada antihambre es imprecisa, sin estrategia y dista mucho de la realidad que se vive en el sector vulnerable de México.
La “sensación que indica la necesidad de alimentos”, es la definición de hambre, concepto que no se tiene claro por quienes impulsan dicho programa. Definitivamente, la cobertura de servicios básicos es insuficiente, por lo que es necesario que las autoridades responsables implementen acciones para cumplir con el pleno ejercicio de los derechos sociales.
En un diagnóstico realizado por el Coneval, se indica que al Programa liderado por la funcionaria Rosario Robles, le falta un análisis interno y elementos básicos; como la identificación de las causas y efectos de la situación en México, y la caracterización de la población que representa el grave problema.
Conforme a los 400 municipios que fueron elegidos por Sedesol para ser favorecidos por la Cruzada contra el Hambre, al menos 16 necesitan mejor información para atenderlos conforme a sus necesidades.
La población a atender, se redujo de 7.4 a 7 millones, por lo cual el Coneval, externa su inconformismo y advierte que poco a poco se va perdiendo la vigilancia a los objetivos centrales del programa, derivado del mal diagnóstico y diseño.
Aunado a lo anterior, creemos que las autoridades deben alinear programas y reformas que hasta la fecha, se encuentran desvinculadas, desvirtuadas, y que la mayoría de las veces son obsoletas y presas de los intereses políticos, necesitamos atender el tema para alcanzar un bienestar social en nuestro país.
Por lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para hacer públicas las estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo que se tienen para el Programa en curso Cruzada contra el Hambre, asimismo, a establecer un sistema de transparencia de los recursos que se reparten a cada uno de los 400 municipios pertenecientes al programa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a apoyar con donaciones de bienes en poder de éste a los municipios y las poblaciones afectados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal por el estado de Baja California a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 15 de septiembre y subsiguientes días nuestro país vivió un acontecimiento meteorológico poco frecuente: por el litoral del Pacífico entró la tormenta tropical Manuel y al siguiente día el huracán Ingrid tocó tierra por el litoral del Golfo de México, a la altura de Tamaulipas. Esta situación de dos tormentas simultáneas, modificó el tiempo meteorológico, lo cual no se había presentado desde el año de 1958.
En esta ocasión los daños fueron causados por las fuertes lluvias que produjeron los dos fenómenos meteorológicos afectando dos terceras partes del territorio nacional.
Estados como Guerrero, que resultó ser el más perjudicado, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Colima, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, Morelos y Zacatecas entre otros, en mayor o menor medida sufrieron daños en su infraestructura, en sus actividades agropecuarias, en su planta productiva y en varias poblaciones del país.
Las pérdidas en vidas humanas y daños materiales son altas, para el día 27 de septiembre los decesos ya sumaban 147 personas y se espera que la cifra aumente.
En cuanto a los damnificados aún no se tiene una cifra real, pero conservadoramente se espera que cuando termine el cómputo, este se encuentre en cifras de decenas de miles.
En términos generales podemos decir, que estamos ante uno de los peores desastres naturales en la historia del país y los daños causados son de tal magnitud que de forma preliminar la SHCP estima una reducción de una décima porcentual en el crecimiento de la economía nacional, es decir, la pobre expectativa de crecimiento que para el año en curso era de 1.8 por ciento del PIB, después de los estragos meteorológicos pasó a ser de 1.7 por ciento del PIB.
Si bien, ante la tragedia la solidaridad del pueblo de México no se hizo esperar y miles de mexicanos acudieron con espíritu de calidez humana a donar alimentos y otros artículos de urgente necesidad, lo cual es encomiable, pero, para los que perdieron su patrimonio y en varios casos sus activos la ayuda desinteresada del pueblo es insuficiente.
Nuestros connacionales requieren mucho más ayuda para poder recuperar algo del nivel de vida que tenían antes de la tormenta, a la vez, los ayuntamientos de las poblaciones con mayores daños también requieren ayuda extraordinaria para poder atender la emergencia y recuperar su capacidad de prestar los servicios básicos urbanos.
En estas líneas no se trata de hacer una apología de la tragedia, nos solidarizamos con los deudos de las personas fallecidas y con los que perdieron sus posesiones materiales; desde el quehacer legislativo buscamos como apoyarlos.
En la administración pública federal se encuentra el órgano descentralizado denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El SAE maneja bienes provenientes de diversas entidades gubernamentales, entre estos se encuentran artículos decomisados en las aduanas, varios de ellos pueden servir para ayudar a los municipios afectados y sobre todo a las personas que se vieron perjudicadas; Comúnmente dentro de estos bienes se encuentra ropa, calzado, cobijas, etc. que bien pueden ser destinados a ayudar a éstas personas.
Vehículos de trabajo y otros bienes pueden destinarse a los municipios, para que estos puedan cumplir con sus funciones como proveedores de servicios urbanos, considerando lo anterior al SAE, arriban a sus bodegas objetos y bienes necesarios en las zonas afectadas.
El artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, posibilita que en caso de desastre natural el SAE done a los Estados y/o municipios los artículos decomisados.
“Artículo 34. En casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos podrán ser donados o asignados, según corresponda, a favor de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.
Así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.
Tratándose de bienes provenientes del comercio exterior, sólo podrán donarse los inflamables, explosivos, contaminantes, radioactivos, corrosivos, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, flora, animales vivos, aquéllos que se utilicen para la prevención o atención de los efectos derivados de desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad.”
Las donaciones de bienes por parte del SAE coadyuvaran a la solución de la problemática causada por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a que de conformidad con sus atribuciones y con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, apoyen con donaciones de bienes en poder del SAE, a los municipios y poblaciones afectadas por el desastre natural causado, por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de octubre de 2013.
Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobernador de Morelos a atender las necesidades de saneamiento del río Apatlaco, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Maricela Velázquez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El agua es el recurso natural más importante en el planeta, y como bien lo afirma la doctora Patricia Trujillo Jiménez del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, “la sociedad se ha visto beneficiada por los servicios ofrecidos por los ríos, lagos, humedales y acuíferos subterráneos ya que abastecen de agua potable, irrigación de zonas de cultivo, diferentes procesos industriales y municipales, controlan las inundaciones, transporte, recreación, producción de peces y otros alimentos”. Es por tal motivo que es necesario el cuidado y preservación de los ríos, así como la flora y fauna que en él se encuentran.
Desgraciadamente los beneficios y el aprovechamiento de los ríos causan grandes afectaciones en los mismos, principalmente contaminación de ellos, y con esto el deterioro del mismo a tal grado de que el uso y aprovechamiento de recursos naturales de los ríos se vea limitado. Entre las causas principales de dicha contaminación es la sobre expansión de la mancha urbana alrededor de los ríos, que sin precaución alguna vierten desechos tóxicos en ellos, o bien ni siquiera saben a dónde va todo aquello que se desecha.
Actualmente, uno de los ríos más contaminados de México y el más contaminado del estado de Morelos es el río Apatlaco, el cual, por su extensión es uno de los ríos más importantes del estado, ya que sus aguas fluyen entre 10 municipios como son: Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco Tlaquiltenango, Xochitepec y Zacapetec; el deterioro de la cuenca se debe principalmente al crecimiento poblacional y los asentamientos que ha sufrido la Riviera.2
La responsabilidad de la contaminación desmedida de dicho río no es responsabilidad de unos cuantos, sino que es de vital importancia que el sector público, privado y social se dé a la tarea de revertir los graves daños de tan importante río. Tal como ha comenzado la empresa Malta Clayton, la cual se ha dado a la tarea a partir del mes de Junio a recolectar los 22 rastros registrados de contaminantes en dicho río, principalmente sangre y vísceras.3
Por otra parte, y bajo la preocupación de dar resultados positivos a tan importante problema como es la contaminación del río Apatlaco, el director general del Organismo Cuenca Balsas de la Conagua Juan Carlos Valencia Vargas afirma que lo más impórtate es que la infraestructura de saneamiento cumpla con el propósito para que fueron construidas, ya que los gobiernos federales, estatales e incluso algunos municipales, han realizado grandes inversiones para disminuir la contaminación de las cauces.4
Con el objeto de dar solución a la contaminación del río Apatlaco y tras lo anteriormente expuesto, someto a la soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Morelos, licenciado Graco Ramírez, para que atienda las necesidades de saneamiento del río Apatlaco.
Segundo: Se exhorta al titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, ingeniero Juan José Guerra Abud, a atender las necesidades de saneamiento del río Apatlaco en el estado de Morelos.
Notas
1 http://launion.com.mx/component/k2/item/14171-la-contaminaci%C3%B3n-de- los-ecosistemas-acu%C3%A1ticos-en-morelos-con-%C3%A9nfasis-en-el-r%C3%A Do-amacuzac/14171-la-contaminaci%C3%B3n-de-los-ecosistemas-acu%C3%A1tic os-en-morelos-con-%C3%A9nfasis-en-el-r%C3%ADo-amacuzac.html 2 de octubre de 2013 14:10 horas.
2 http://www.oeidrus-morelos.gob.mx/estadisticasagrop/Rio%20Apatlaco/intr oduccion.htm 2 de octubre de 2013 14:29 horas.
3 Morales Velázquez, Raúl, “El río Apatlaco es el más contaminado del estado: recibe más de dos mil descargas” La Jornada. Morelos, 15 de mayo de 2013, 1p.
4 http://www.conagua.gob.mx/OCB07/Comunicados/boletin%20OCB%20055-2011%20 %282%29.pdf 2 de octubre de 2013 14:47 hrs.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se utilice la frase “Agosto de 2014. Centenario de los Tratados de Teoloyucan” como membrete en los documentos oficiales por expedir ese año, a cargo del diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Juan Carlos Uribe Padilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La Revolución Mexicana iniciada en 1910 fue el acontecimiento más importante del siglo XX en nuestro país, ya que se logró destituir del poder a Porfirio Díaz, quien gobernó más de 30 años, siendo además un periodo que se caracterizó por las marcadas diferencias sociales entre los mexicanos.
Este acontecimiento tan importante estuvo lleno de sucesos relevantes que determinaron la forma en que ahora se encuentra forjado nuestro país. Sin embargo, en realidad poco se conoce de la totalidad de estos acontecimientos, y por tanto, no se les reconoce su importante contribución a la construcción del país.
Ejemplo de ello lo representa la firma de los Tratados de Teoloyucan, realizada el 13 de agosto de 1914, el cual fue un documento que representó la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen, y la disolución del Ejército federal.
La historia nos indica que, una vez que la Revolución maderista triunfó en 1911, y que Francisco I. Madero llegó al Poder Ejecutivo de la nación, su gobierno se consolidó como de transición democrática, sin embargo, esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913 Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del presidente Madero, lo asesina, hecho que se conoce como La Decena Trágica, y reinstaura el sistema que operaba durante el Porfiriato, es decir, devuelve los privilegios a la clase alta, por lo que a su gobierno lo apoyaban los banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el ejército federal. Mientras, en el otro lado, en contra de Huerta estaba el pueblo: los campesinos, obreros, mineros, pequeños agricultores e intelectuales de la clase media.
Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa.
Y es precisamente don Venustiano Carranza Garza quien inicia el movimiento en defensa del orden constitucional.
El 19 de febrero de 1911 la XXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, emite el decreto número 1421 por medio del cual se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de presidente de la República, y en el artículo segundo de dicho decreto instruye al gobernador Carranza para que proceda a armar las fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la república.
El 26 de marzo de 1913 se firma el Plan de Guadalupe, donde en el artículo 4o. de dicho plan señala que para la organización del ejercito encargado de hacer cumplir sus propósitos, nombran como primer jefe del ejército que se denominará constitucionalista , al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila.
Tras 16 meses de lucha, con la derrota de Zacatecas, Torreón y Guadalajara, se observó el desatino del gobierno huertista para hacer frente a la nueva revolución, permitieron el avance revolucionario hasta acercarse a la Ciudad de México como objetivo, y aunado a la presencia de los barcos de guerra estadounidenses en el puerto de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país quedando al frente del gobierno el licenciado Francisco S. Carbajal.
De esta manera, con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno huertista, se reunieron en la población de Teoloyucan, estado de México, para decidir la rendición de la capital del país, y definir las condiciones en que se daría la rendición, disolución y evacuación del Ejército federal, aquel 13 de agosto de 1914.
De esta manera, puede decirse que con los tratados de Teoloyucan concluyó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del ejército federal, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.
Como se ha visto, la firma de los Tratados de Teoloyucan representa un parteaguas en el respeto del orden constitucional de nuestro país. Así lo han reconocido, además, diversos investigadores e historiadores al consultárseles sobre este tema:
El doctor Álvaro Matute Aguirre, historiador del Instituto de Investigaciones Históricas señala que “...Los Tratados de Teoloyucan significan el fin de las hostilidades sufridas por el país durante cerca de año y medio. Con Teoloyucan se proyecta un futuro, el cual anuncia grandes propuestas revolucionarias que pasaron del reclamo al gobierno usurpador a las reivindicaciones sociales con las que se fortaleció el Estado mexicano a partir de 1917.”
Igualmente el historiador Luis Enrique Moguel Aquino, señala que “... Desde otra óptica, los tratados son considerados como el acta de nacimiento del moderno Ejército mexicano que surgía de la incorporación del antiguo ejército federal porfirista a las tropas constitucionalistas.”
Como puede apreciarse, la firma de los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914 coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución Mexicana, y sentó la constitucionalidad de lo que hasta la fecha ha sido para nuestra nación el Ejército nacional. Por ello, a cien años de su firma, la cual se celebra el próximo 2014, esta fecha merece ser recordada por todos y cada uno de los mexicanos y por sus representantes.
Por tanto, encuentro el momento propicio para que desde las dependencias que integran el Poder Ejecutivo federal, se utilice la frase “13 de agosto de 1914. Centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan” como membrete en todos y cada uno de los oficios que se emitan en la administración pública federal durante el próximo año 2014, así como en aquellos que se emitan dentro del Poder Judicial federal.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, determine la utilización de la frase Agosto de 2014. Centenario de los Tratados de Teoloyucan, como membrete en todos los oficios que se emita en la administración pública federal durante el año 2014.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la federación, a que a través de las autoridades correspondientes, determine la utilización de la frase Agosto de 2014. Centenario de los Tratados de Teoloyucan, como membrete en todos los oficios que se emitan durante el año 2014.
Notas
1. Hernández Lazcano, Alejandro Felipe. Ecos de la Revolución . Impresora Hermanos. Primera edición. México, DF. Mayo 2010. Página. 157.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SHCP que haga públicos los instrumentos financieros emitidos para cubrir riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, rinda un informe detallado sobre los instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha; así como del porqué no se han ejercido los bonos catastróficos emitidos; asimismo, al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, a que realice las auditorías correspondientes a los instrumentos financieros para la cobertura de riesgos catastróficos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejercicio Fiscal de 2006 a la fecha; al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fue establecido a finales de los años 90 como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la estructura federal y estatal afectada por desastres naturales. Originalmente se creó dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron las primeras Reglas de Operación.
2. Entre el 2000 y 2004, el Banco Mundial proporcionó asesoría a México en el marco del Proyecto de Gestión de Desastres Naturales.
3. En 2005, el gobierno de México otorgó al Fonden las facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico que incluyen instrumentos y/o mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo.
4. En 2006, se emitió el primer bono catastrófico (Cat Mex) por el gobierno de México, con una vigencia de 3 años y una cobertura por 450 millones de dólares, contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes, en las tres zonas de riesgo del país.
5. En octubre de 2009, al vencimiento del primer bono catastrófico (Cat Mex), el gobierno emitió el segundo bono catastrófico multiriesgo, para lo cual utilizó el Programa Multicat recientemente establecido con el Banco Mundial (en ese entonces). Este bono catastrófico con cobertura por 290 millones de dólares; de los cuales, 140 millones de dólares para sismos y 150 millones de dólares para huracanes, con una vigencia de tres años, fue conocido como Multicat México. Proporcionaba un seguro paramétrico al Fonden contra riesgo de sismos en tres regiones de México y contra huracanes en los litorales de los Océanos Pacífico y Atlántico.
6. En 2011, el Fonden adquirió una cobertura catastrófica para activos públicos y vivienda de población de bajos recursos a través de un contrato de seguro por un monto de 400 millones de dólares, el cual provee protección al Fonden en caso de desviaciones en sus gastos por apoyos a los bienes dañados.
7. A partir de octubre del 2012, México tiene contratado un bono catastrófico de tres años que le permitirá disponer de hasta 315 millones de dólares si se presenta un huracán de magnitud 4 y 5 en el Pacífico y el Atlántico.
Consideraciones
A) México tiene estructurado un Sistema Nacional de Protección Civil considerado como una figura de coordinación multinstitucional, en la cual la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil y las comunidades organiza y coordina acciones conforme a las facultades y funciones gubernamentales en materia de protección civil, con el fin de proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la sociedad.
La Secretaría de Gobernación es la institución del Ejecutivo federal encargada de la coordinación del sistema y, por tanto, es la responsable de dirigir los procedimientos y políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes.
El sistema está organizado con base en la normativa que establece su Manual de Organización y Operación, el cual precisa en sus tres subprogramas (prevención, auxilio y recuperación) los compromisos por institución, tipo de fenómeno e instancia coordinadora de las acciones, así como los términos en que habrá de darse la participación social y la de los grupos voluntarios.
Los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción para prevenir y atender desastres naturales se contemplan en el Programa Nacional de Protección Civil, el cual está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo del país.
B) El Coordinador Nacional de Protección de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, reconoció que de los bonos catastróficos que México contrató con el Banco Mundial en 2006 y 2009 contra huracanes y terremotos, nunca pudo cobrar un solo peso de todas las inversiones que hizo en este nivel de adquisición.
C) El gobierno mexicano no podrá ejercer el bono catastrófico Multicat que emitió el pasado mes de octubre, por 315 millones de dólares, para incrementar la bolsa de recursos disponibles para la contingencia climatológica, pues el siniestro no entra en los parámetros contratados; siendo que de acuerdo con el especialista en administración de riesgo de desastres del Banco Mundial, Óscar Ishizawa, las tormentas tropicales Manuel e Ingrid “por sus características físicas no están cubiertas por el Multicat México 2012”, explica que “el bono catastrófico Multicat está diseñado para cubrir necesidades de liquidez, es decir un desembolso relativamente rápido para eventos de gran magnitud (considerado así por el Banco Mundial)”.
Por lo fundado y motivado, solicito sean aprobados –de urgente y obvia resolución– los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, haga del conocimiento público:
• El número de instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha; así como el tipo, las condiciones (cobertura y activos protegidos), beneficios e importe que ha pagado por cada uno de ellos;
• El porqué no se han ejercido los bonos catastróficos de 2006 a la fecha;
• Si ha emitido instrumentos de protección financiera que permitan asegurar la infraestructura pública de las entidades federativas.
Segundo. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, realice las auditorías correspondientes a los instrumentos financieros para la cobertura de riesgos catastróficos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del ejercicio fiscal de 2006 a la fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática actual que presenta el cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial del Café
Quienes suscriben, los diputados integrantes de la Comisión Especial del Café, de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El café es una bebida aromática y exótica, difundida en el mundo, fruto de un arbusto llamado cafeto y con origen en las tierras africanas específicamente en Abisinia (actualmente Etiopía). La popularidad del café llegaría tras su introducción, a principios del siglo XVIII, en Arabia, donde Yemen se convirtió en un importante centro de cultivo y distribución por todo el mundo musulmán y Europa.
Los europeos trataron de cultivarlo, pero fracasaron por razones climatológicas, surgieron plantaciones en países de clima propicio como Haití, Santo Domingo, Jamaica, Brasil, Colombia, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela y por supuesto México.
En 1790 el café llegó a nuestro país, a las entidades de Veracruz, Morelos, Michoacán y Oaxaca. Durante el Porfiriato la cafeticultura mexicana tuvo una producción importante. A partir de entonces, el café es el producto agrícola con mayor proyección a nivel nacional. En la actualidad genera divisas sólo por debajo del petróleo y el turismo, siendo de este modo también uno de los más importantes en el mercado internacional.
El volumen de producción del café en nuestro país oscila de 4 a 5 millones de sacos por año, lo cual representa el 3.27 por ciento mundialmente, ocupando así el quinto lugar en exportación, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.
México tiene un consumo bajo, con tan sólo 1.2 kilogramos pér-capita; posiblemente se derive a situaciones como la falta de difusión para aumentar su consumo, la insuficiencia de la cultura de café y los tabús con respecto a la salud.
En el país el cafeto se cultiva principalmente en 13 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco y estado de México, en total se cuenta con una superficie de 750 mil hectáreas y un padrón de 500 mil productores.
Es evidente, tenemos un destacado potencial para ser un fuerte productor de café a nivel global; sin embargo, el sector cafetalero no se encuentra en su mejor momento, así mismo es imprescindible mencionar que el 80 por ciento de las principales regiones productoras del café son etnias indígenas de alta marginación y se caracterizan por encontrarse en pobreza y pobreza extrema.
A pesar de los beneficios que el cultivo del café provee para el medio en todas sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), no se le ha reconocido, apoyado, ni dado la importancia que para el país representa en su estabilidad política, económica, social, cultural y ambiental debido a políticas nacionales inadecuadas, lo que se puede convertir en corto tiempo en un gran conflicto social.
Para el ciclo 2011-2012, la producción mundial de café ascendió a 131.3 millones de sacos; México apenas produjo 4.3 millones, representando así apenas el 3.27 por ciento. Es decir, la producción nacional disminuyó de una forma importante. Pues durante aquel periodo se dieron altibajos importantes, ya que mientras en el ciclo 1999-2000 la producción alcanzó los 6.2 millones de sacos, en el ciclo 2004-2005 disminuyó hasta 3.8 millones, cifra muy distante a la alcanzada en el siglo anterior. Debido a la caída de la producción tan drástica del café, actualmente se estima que ocupamos el treceavo lugar a nivel mundial.
Por ello, es necesario implantar políticas adecuadas a la caféticultura, con la finalidad de promover su crecimiento y productividad, sostenido en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
Existen diversas problemáticas para el cultivo del café en México como
• Plantaciones avejentadas.
• Drástica caída en el precio por quintal.
• Afectación severa en el rendimiento por la enfermedad de la roya.
• Alto costo de insumos.
• Perdida de la fertilidad del suelo.
• Fenómenos meteorológicos adversos provocados por el cambio climático.
• Dificultades para acceder al crédito.
• Falta de asistencia técnica y capacitación.
• Falta de infraestructura y equipamiento.
• Recursos insuficientes para coberturas de precios.
• Insuficiente cobertura de seguro agrícola.
México, efectivamente tiene un déficit en el consumo de café en comparación con otros países, por ello y para revertir la tendencia es necesario que el gobierno federal coadyuve en una intensa campaña de consumo, comercialización y valor agregado, además es importante delinear estrategias efectivas, las cuales soporten las metas del Plan Nacional de Desarrollo a través de los siguientes puntos a considerar:
• Depuración del padrón cafetalero.
• Renovación de cafetales.
• Apoyo en capacitación y asistencia técnica, para mejorar la calidad del café desde la producción hasta el consumo.
• Promover e incrementar la producción de café de calidad.
• Impulsar un centro de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en café.
• Construcción y rehabilitación de infraestructura.
• Modernización de maquinaria para el beneficio húmedo y seco del café.
• Promover:
1. Financiamiento.
2. Seguro agrícola.
3. Cobertura de precios.
• Reforzar las acciones fitosanitarias que protejan y den sustentabilidad a la cafeticultura, en beneficio de nuestros ecosistemas.
• Impulso al acopio, comercialización y promoción al consumo del café.
• Fomento de organizaciones para la comercialización.
• Fomento productivo.
Por lo anterior, se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es, la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de los distintos grupos parlamentarios a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicas por la Consar las medidas aplicadas respecto a la situación financiera de las Afore en México, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) tiene como función principal regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que administran las Administradoras de Fondos para el Retiro, mejor conocidas como Afores, las cuales son según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión.
El capítulo II de la mencionada ley enumera las atribuciones correspondientes a la Consar, la cual establece las reglas para que el SAR funcione correctamente, vigila que se resguarden debidamente los recursos de los trabajadores; asimismo está facultada para imponer multas y sanciones a las Afore en caso de algún incumplimiento, a la par de supervisar que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la comisión (régimen de inversión), entre otras.
Las Afore, a sus 16 años de existencia en México, “acumulan activos netos por 1.93 billones de pesos, equivalentes a 11 por ciento del producto interno bruto del país; manejan los fondos de 49.8 millones de trabajadores mediante las cuentas individuales y ya se convirtieron en el segundo inversionista institucional, sólo superadas por el propio gobierno federal”.1
Sin embargo, esta figura ha comenzado a experimentar una serie de deficiencias que si no son atendidas a tiempo y de manera responsable, podrían provocar que casi 50 millones de mexicanos resulten afectados, poniendo en riesgo su futuro y el de sus familias. La Encuesta sobre Cultura de Ahorro para el Retiro 2011, realizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), menciona:
Cuando se habló específicamente sobre la cuenta de Afore, los entrevistados asociaron ventajas importantes a este patrimonio, principalmente el contar con un respaldo económico asegurado para cuando se jubilen (59 por ciento). Lo anterior indica que las estrategias prioritarias para fomentar una cultura de ahorro para el retiro, debe ser destacar este beneficio entre los cuentahabientes de las Afore, para propiciar un mayor involucramiento y generar un sentimiento –aun si es incipiente–de seguridad frente al retiro y la vejez.
Si bien la Amafore ha expresado que este sistema ha presentado dos etapas de consolidación y la posibilidad de que se entre en una tercera; resulta necesario revisar la situación de las afores, sobre todo en dos rubros esenciales en términos de competencia y de servicio a los usuarios: la cobertura y las aportaciones.
De acuerdo con las cifras oficiales,2 la mayor Afore del sistema, XXI Banorte, tiene registrados a 11.59 millones de trabajadores en sus filas, pero considerando las cuentas que administra de trabajadores cuyos recursos están depositados en Banco de México (Banxico), el saldo se eleva a un total de 17.5 millones de cuentas bajo su resguardo y administración.
En contraste, la menor Afore del sistema, Afirme Bajío, tiene consignadas cuentas por 69 mil 171 unidades, en su caso no registra cuentas de trabajadores con recursos depositados en el Banxico.
Lo anterior significa que la diferencia en número de cuentas entre la afore más grande del sistema y su contraparte, es de 17 millones 462 mil 904 unidades. Dicho de otra manera, la mayor institución del SAR resulta ser 253 veces superior en términos de cuentas administradas a la más pequeña, una situación a todas luces desproporcionada.
Otro dato: las dos instituciones que más cuentas administran en el sistema son la Afore XXI Banorte y Sura; ambas suman 23.6 millones considerando todos los conceptos: 47.48 por ciento del total del sistema. Es decir, dos instituciones administran casi la mitad de las cuentas; el restante 50 por ciento se reparte entre 8 Afore.3
Aunado a ello, en fechas recientes se ha presentado una situación que ha afectado a miles de mexicanos, quienes han visto una disminución considerable en los últimos estados de cuenta de su Afore.
Según datos de la Consar, de las 12 Afore existentes en el mercado, sólo Azteca y Coppel (la undécima y la cuarta, respectivamente, por número de afiliados en el sistema) entregaron un saldo a favor. El resto de las administradoras mostraron una caída en saldos. La que registró la mayor baja fue XXI Banorte, con 57 mil millones de pesos, entre abril y agosto.
Los recursos totales en el sistema al cierre de abril ascendieron a 2 billones 74 mil millones de pesos, pero en agosto decrecieron a 1 billón 935 mil millones de pesos; es decir, se tuvo una minusvalía de 6.7 por ciento, equivalente a 139 mil millones de pesos.4
En dicho tenor, la Consar publicó recientemente en su sitio electrónico la información siguiente:
En mayo, junio y agosto, los mercados financieros internacionales han vuelto a experimentar un episodio de volatilidad. Como resultado de ello, las tasas de interés a nivel mundial, al igual que las de México, se elevaron y con mayor frecuencia las tasas de interés de largo plazo (donde las Afore invierten más precisamente porque estos instrumentos ofrecen mayor rendimiento de mediano y largo plazo).
Es el aumento de las tasas de interés de largo plazo (las que madurarán en 10, 20 o 30 años) lo que ha afectado el valor de corto plazo del ahorro en las Afore, y no las inversiones en otra clase de activos.
Asimismo, el informe que la Consar entregó al Congreso de la Unión referente al segundo trimestre del año enumera en el apartado 1.5.10, “Volatilidad reciente en los mercados financieros y su impacto en el SAR”, una serie de consideraciones de los efectos contables de valuación sobre los activos de un portafolio de inversión; sin embargo, no hacen referencia a las acciones que emprenderían en ese periodo, ya que únicamente menciona:
La Consar, junto con la SHCP y otros miembros del Comité de Estabilidad Financiera, se mantienen vigilantes sobre la evolución de la volatilidad de las principales variables financieras para en caso de observar un deterioro, reforzar las acciones de manera coordinada para enfrentar este nuevo fenómeno de volatilidad al exterior.
Por otro lado, según José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, “dicha situación no solamente es atribuible a la volatilidad financiera internacional, a los desequilibrios de las finanzas públicas de Estados Unidos y la Unión Europea se le debe agregar la crisis de la empresas de vivienda mexicana y desaceleración económica doméstica”.
A la par, “a nivel nacional, el problema es el de una población que mayoritariamente labora en la informalidad, casi el sesenta por ciento, la cual no recibirá una pensión por vía de las Afores. Por tanto se debe evitar que el SAR tenga perdidas de mediano y largo plazo, mantener una regulación que lo limite y una supervisión adecuada es fundamental para garantizar el bienestar futuro de la población que hoy trabaja para ello”.
Si bien el sistema en el cual se encuentran reguladas las Afore es mermada por el contexto económico nacional e internacional, éste no debe ser motivo para poner en riesgo el patrimonio de miles de familias mexicanas, quienes planeando su retiro o bien generando un poco de ahorros han optado por esta figura.
Es urgente que el SAR sea analizado bajo el eje rector de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y considerar los mecanismos necesarios para hacer frente a los constantes movimientos económicos, sociales y políticos que de manera indiscriminada afectan de manera directa a los mexicanos, disminuyendo sus ahorros y generando incertidumbre sobre su futuro; todo esto, reflejado en un análisis pormenorizado que esperamos sea el sustento del Informe relativo al tercer semestre de 2013 que la Consar hará llegar al Congreso de la Unión, el cual será de suma importancia para decidir sobre el marco en el que actualmente las Afore y el sistema en su conjunto realizan sus operaciones.
Por ello presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la información referente a las medidas aplicadas respecto a la situación financiera de las Afore en México, que sean contenidas en el informe relativo al tercer semestre de 2013.
Notas
1 www.elfinanciero.com.mx/no-te-lo-pierdas/139-no-te-pierdas/33272-inform e-especial-las-fallas-de-las-afores.html
2 https://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/transparencia/Informe_al _Congreso_Trimestre_2_2013.pdf
3 www.elfinanciero.com.mx/no-te-lo-pierdas/139-no-te-pierdas/33272-inform e-especial-las-fallas-de-las-afores.html
4 www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/reportan-afores-perdidas-p or-67—955544.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los diversos niveles de gobierno a investigar lo ocurrido en el Extremo aeroshow, en la ciudad de Chihuahua, este sábado 5 de octubre, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 5 de octubre de 2013 se registro un incidente en el ciudad de Chihuahua, en el denominado Extremo Aeroshow, en el cual, hasta el domingo 6 de octubre del presente, se habían reportado 8 personas muertas y 67 perdonas heridas, más las que resulten.
El accidente ocurrió durante una exhibición de acrobacias con vehículos aéreos y terrestres que cumplía su tercera edición anual, y el cual se celebró en el parque metropolitano El Rejón, en la capital de Chihuahua, cuando una camioneta, de las denominadas monster truck, perdió el control y arrolló a espectadores. Cabe mencionar que dentro de las víctimas hay un gran número de menores de edad.
2. Existen diversas versiones por las cuales se atribuyen las causas del accidente; por un lado, hay quienes dicen haber visto cómo el conductor del vehículo se golpea la cabeza y pierde el sentido; otras versiones dicen que el acelerador se atoró, y existen versiones que señalan la posibilidad de que el conductor del vehículo hubiera ingerido alguna bebida alcohólica.
3. El gobierno del estado, han dado instrucciones de que todos los heridos del evento se atiendan de manera prioritaria en todos los hospitales de Chihuahua, así como se ha dicho que el estado se hará cargo de los funerales de las personas que perdieron la vida.
4. El presidente municipal de Chihuahua, Marco Quezada Martínez, ordenó una investigación para deslindar responsabilidades y lamentó que el accidente haya ocurrido “pese a las medidas de seguridad que se tomaron para garantizar la seguridad de los asistentes”, dijo a Notimex.
Por otro lado, esta declaración podría cuestionarse, ya que existen notas que hablan de las anomalías presentadas en la realización del evento, desde la venta de boletos en la cual no se estableció el límite en taquilla.
Lo que sí es un hecho, y cualquier persona lo puede constatar viendo el video que se ha difundido en diversos medios de comunicación, es que la seguridad de las personas que fueron arrolladas no estaba garantizada y no se encontraban en un lugar seguro para poder observar un espectáculo que, como dice su nombre, es de alto riesgo o extremo, lo que quiere decir es que no sólo representa un peligro inminente para quien lo practica, sino también para las personas que asistan a ver la exhibición, por lo que debe ser prioritario garantizar la seguridad de los asistentes.
5. La Fiscalía General del estado, reitera que se realizarán las investigaciones correspondiente para aclarar los hechos que provocaron decenas de heridos y lamentablemente varios decesos, informó el gobierno de Chihuahua.
6. Los organizadores del evento, Jorge Cuesta y Felipe Valdez, han manifestado que el evento estuvo bien planeado y que cumplía con las normas de seguridad.
Al respecto, una revisión de los shows de monster trucks , en Estados Unidos de América, exhibe que el municipio de Chihuahua organizó un espectáculo sin las mínimas normas de seguridad, las cuales son:
1. Había poca distancia entre el público y la pista.
2. No existía infraestructura adecuada, como barreas de contención, gradas o espacios libres.
3. No se dejó una zona para amortiguar saltos.
4. Había decenas de personas dentro de la pista.
7. El objeto de la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, es exhortar a las autoridades correspondientes de los diferentes niveles de gobierno para que investigue los hechos acontecidos en Chihuahua, con la finalidad de fincar responsabilidades a toda persona que lo sea.
Podemos presumir que la responsabilidad del piloto es la punta del iceberg en este acontecimiento, toda vez que puede existir responsabilidad de servidores públicos, organizadores y representantes del gobierno del estado, por lo que consideramos necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República en el asunto.
Por todo lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta a las autoridades correspondientes de los diferentes niveles de gobierno para que investiguen los hechos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, en el denominado Extremo Aeroshow, el sábado 5 de octubre de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a concluir el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa del programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre, a cargo de Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y suscrita por Federico José González Luna Bueno, diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM, respectivamente
Los que suscriben, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y Federico José González Luna Bueno, presidentes de las Comisiones de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, respectivamente, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A principios de septiembre, la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), informó que dejaría en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) el proceso de licitación para la adquisición de los decodificadores y antenas necesarias para cumplir la segunda etapa de la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en las ciudades de Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez.
No obstante lo anterior, en días pasados, el Ifetel informó a través del comunicado de prensa número 03/ 2013, que el proceso de licitación de decodificadores y antenas para la segunda etapa de la transición a la TDT es facultad del Poder Ejecutivo federal, de conformidad con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones publicada el 11 de junio del presente año.
Al respecto, en el párrafo tercero del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional mencionada se indicó: “Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios”.
De lo anterior, la interpretación que se sostiene es en el sentido del que el Ifetel por ser un órgano autónomo constitucional, no forma parte de los Poderes de la Unión, por lo que debe ser el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del ramo, quien defina el programa y los recursos presupuestales necesarios para cumplir con la política que permita culminar la transición a la TDT el 31 de diciembre de 2015.
Conforme a tal consideración, el Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones, presidido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, resolvió cancelar el recurso que se utilizaría para la licitación de los servicios de visita, entrega e instalación de decodificadores y antenas digitales en Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez que corresponden al segundo programa piloto para la transición a la TDT, por llevarse a cabo en mayo de 2014.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ha redefinido en forma clara, que las autoridades deben impulsar el proyecto para incrementar la penetración de la TDT en el país y concluir las transmisiones de las señales analógicas de la televisión abierta en México.
Los Poderes de la Unión están obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implantación de equipos receptores y decodificadores para la transición a la televisión digital y, por su parte, al Ifetel corresponderán las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, entre los cuales queda evidentemente incluida la transición a la TDT.
Con este cambio, la transición a la TDT no se pospone y mucho menos se cancela, únicamente se distribuyen de mejor manera las responsabilidades entre las autoridades que están involucradas en el proceso.
En tal sentido, resulta conveniente que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encargue de dicha política pública y de sus programas respectivos, pues la ejecución de la misma requerirá la coordinación con diversas dependencias y entidades federales, así como de los gobiernos estatales y municipales a fin de concluir el apagón analógico en el plazo previsto en la Constitución.
Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a retomar y concluir satisfactoriamente el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para el segundo programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre, tomando como base el proceso iniciado por la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y se cumplan las fechas establecidas para culminar con este proceso.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones a liberar los recursos necesarios para que la licitación de decodificadores y antenas digitales para el segundo programa piloto de la transición a la televisión digital terrestre se lleve a cabo de manera oportuna y satisfactoria.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de octubre de 2013.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a atender las quejas y las sugerencias de directivos de escuelas y de paterfamilias de Nuevo León, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al comunicado 121 emitido por la Secretaría de Educación Pública, SEP, con fecha 11 de agosto de 2013, esta dependencia informa que con el fin de garantizar en todas las escuelas de educación inicial y básica del país, diseñó el sistema básico de mejora educativa, el cual fue puesto en marcha a partir del 19 de agosto del 2013 con el inicio del ciclo escolar 2013-2014.
Este sistema, de acuerdo a la SEP, incluye tres prioridades generales: garantizar la normalidad mínima escolar, mejorar el aprendizaje de los alumnos con énfasis especial en lectura, escritura y matemáticas; y poner alto a la deserción escolar.
Para atender estas prioridades, agrega la SEP en el comunicado oficial, son necesarias tres condiciones: 1. Fortalecer la supervisión escolar, 2. Reactivar los consejos técnicos escolares y de zona, 3. Aligerar la carga administrativa que pesa sobre las escuelas.
Ahora bien, en lo que respecta a los consejos técnicos escolares, CTE, la SEP determinó que en el calendario escolar 2013-2014, éstos se realicen a lo largo del ciclo escolar mediante 8 sesiones ordinarias programadas para efectuarse el viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, y enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014.
En el comunicado oficial, la dependencia educativa federal agrega que el trabajo de los consejos técnicos escolares tendrá un carácter institucional, será obligatorio, y abarcará la totalidad de la jornada escolar.
Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública diseñó un documento oficial titulado “Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Educación básica. Preescolar-primaria-secundaria”, en el que define a los consejos técnicos escolares como el órgano colegiado encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satisfactoria su misión.
En el Apartado II: De la organización de los consejos técnicos escolares, en el artículo 5 se establece que: El consejo técnico escolar se reunirá en las fechas establecidas por la autoridad educativa, según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo.
Sin embargo en la práctica esto no ha funcionado como lo establecen los Lineamientos expedidos por la SEP, porque cuando menos en Nuevo León los viernes sin clases al final de cada mes han sido impuestos de manera obligatoria, sin tomar en cuenta a los directivos de escuelas ni mucho menos a los padres de familia, quienes han manifestado su molestia y desacuerdo a través de los medios de comunicación y en escritos que han presentado a la autoridad educativa estatal, por lo que no se ha cumplido con el artículo 5 que señala que estos Consejos se reunirán según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo.
Cabe resaltar que los padres de familia y directivos de escuelas, principalmente de educación privada, están de acuerdo con la realización de estos consejos técnicos escolares, porque incluso en algunos planteles éstos ya se realizaban antes de la disposición de la SEP, sin embargo, la molestia es por afectar el día de clases para los alumnos e interrumpir así su educación.
Señala la SEP que los viernes sin clases se recuperarán dentro del calendario escolar, sin embargo, esta imposición tiene diversas repercusiones que afectan a las familias y a los estudiantes, como son las siguientes:
1. Los viernes sin clases es una disposición centralista y arbitraria por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues no fueron tomados en cuenta ni maestros ni padres de familia.
2. La SEP no respeta sus propios lineamientos, pues no ha tomado en cuenta las condiciones de cada centro escolar y menos las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo, pues aunque directivos de escuelas le han presentado alternativas para no interrumpir las clases los viernes, la dependencia educativa federal ha mantenido una postura inflexible señalando que es una disposición para todo el país y para todas las escuelas de educación básica, sean públicas o privadas.
3. Esta medida provoca que 26 millones de estudiantes de educación básica en el país, esos viernes sin clases en lugar de acudir a la escuela se queden en sus casas o en otros sitios, lo que representa un mal ejemplo impulsado desde el gobierno federal.
4. En la economía familiar, el golpe es tremendo: a los padres y madres que trabajan y tienen a sus hijos en escuelas públicas o privadas representa una erogación extra en guarderías esos días que sus hijos no van a la escuela.
5. Mientras que los padres de familia que tienen hijos únicamente en escuelas particulares, tendrán que pagar un mes más de colegiatura al recuperar esos 8 viernes sin clases, con lo cual su pago total al año se incrementará en un 10 por ciento, y si a esto le sumamos el 16 por ciento de IVA que pretende cobrar en las colegiaturas el Gobierno Federal a través de su propuesta de reforma fiscal, el incremento anual será de un 26 por ciento, ni más ni menos.
Actualmente la Unión Neolonesa de Padres de Familia ha informado que 80 colegios particulares han presentado escritos ante esa asociación, así como ante la Secretaría de Educación Pública estatal, para buscar alternativas como realizar los consejos técnicos escolares al finalizar la jornada escolar esos viernes, o bien trasladar sus reuniones a los sábados, sin que a la fecha hayan tenido una respuesta satisfactoria por parte de la SEP federal.
Incluso se ha llegado a señalar que la SEP ha advertido a las escuelas que si no obedecen la disposición de suspender las clases esos viernes y realizar los CTE, pueden ser sancionadas e incluso perder el registro.
Por lo anterior, queda claro que no debemos volver a los viejos tiempos cuando desde un escritorio en la Ciudad de México, se decidían asuntos que afectaban a regiones del país enteras, sin conocer ni mucho menos atender sus necesidades específicas.
En el caso de Nuevo León y como representantes de los ciudadanos, es que exigimos a la SEP atender estas quejas de maestros y padres de familia, pues lejos de perjudicar, abonan a favor de una educación de calidad para sus alumnos e hijos, que consideramos es el objetivo en el que todos coincidimos.
El centralismo, desgraciadamente, va en contra de una mejor calidad educativa.
Por lo expuesto y fundado se comete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, para que con base en los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, expedidos por la Secretaría de Educación Pública a su cargo, y que en el artículo 5 señalan que “los consejos técnicos escolares se reunirán según las condiciones de cada centro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo”, atienda oportunamente las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia de Nuevo León, a fin de modificar la medida impuesta de realizar obligatoriamente las reuniones de los consejos técnicos escolares los viernes de la última semana de septiembre, octubre, noviembre de 2013, así como enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2014 abarcando la totalidad de la jornada escolar, a fin de encontrar y aplicar alternativas que no interrumpan las clases impartidas esos días.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que haga público el avance del programa Escuelas de Tiempo Completo respecto a los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2012 y de 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, rinda un informe detallado sobre el avance del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en relación con los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2012 y 2013, respecto al escaso 3 por ciento del total de escuelas del país que al cierre del 2012, contaron con dicho programa en operación, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En 2007, por iniciativa del entonces presidente de la republica Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, surge el Programa Escuelas de Tiempo Completo, con el cual prometió ofrecer una plataforma básica con estrategias de gestión y organización escolar para lograr la ampliación gradual del horario escolar en las escuelas públicas de nivel básico.1
2. El Programa Escuelas de Tiempo Completo, PETC, tuvo como propósito de origen, contribuir al cumplimiento de los objetivos 9, 10, 11 y 12 del numeral 3.3 “Transformación Educativa” del Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, establecidos para la educación básica en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Felipe de Jesús Hinojosa) y 1, 3 y 4 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la alianza por la calidad de la educación; así como contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar y mejorar las oportunidades de aprendizaje de las alumnas y los alumnos de escuelas públicas.
3. El Programa Escuelas de Tiempo Completo, para su planeación e implementación, se fundamentó en observaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); tales organismos internacionales identifican puntos de referencia importantes para el mejoramiento de la calidad educativa, entre los que destacan: la duración de la jornada escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual, el uso efectivo del tiempo escolar en actividades con sentido educativo, así como el reconocimiento de las necesidades sociales relacionadas con los diversos cambios en la estructura familiar (madres trabajadoras, familias uniparentales, etcétera).
4. El Programa Escuelas de Tiempo Completo inició su operación en el ciclo escolar 2007-2008 beneficiando a más de 130 mil niños y niñas de 500 escuelas de educación primaria en 15 de las 32 entidades federativas del país.
5. Con la puesta en marcha, el programa se propuso:
Beneficiar preferentemente a escuelas públicas de educación básica con un solo turno ubicadas en zonas urbanas, así como las que presentan bajos resultados educativos.
Oportunidades para diversificar las actividades escolares y profundizar en el estudio del currículo con la ampliación de la jornada escolar planteada en el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
La incorporación de más tiempo en la jornada escolar, acompañado de un uso intensivo y orientado a los aprendizajes, permitiría desarrollar las competencias esperadas en ambientes motivadores y seguros.
6. El Programa Escuelas de Tiempo Completo, PETC, cuenta con instrumentos normativos que articulan y definen: la planeación de las acciones y los procesos operativos para el logro de sus objetivos; la transparencia en el ejercicio de los recursos federales transferidos; y la eficiente y efectiva rendición de cuentas, con los cuales el entonces presidente Calderón Hinojosa pretendía tener bajo control el programa; entre estos instrumentos destacan:
I. Convenio marco de coordinación
II. Acuerdo 592 para la articulación de la educación básica
III. Reglas de operación publicadas anualmente en el Diario Oficial de la Federación, y
IV. Lineamientos para el otorgamiento de apoyos económicos a directivos y docentes emitidos anualmente por la Coordinación Nacional del PETC.
Consideraciones
A) La Secretaría de Educación Pública, tomó en cuenta para la implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, programas y puntos de vista de organizaciones internacionales que se encuentran muy por encima de México en cuestiones de desarrollo educativo, razón fundamental por lo que el programa en el país no ha logrado resultados similares a los de aquellos países, aunado a la mala planeación, se encuentra la falta de infraestructura educativa en los planteles que se encuentran incorporados al programa.
B) El Programa Escuelas de Tiempo Completo surgió como un programa nacional, y el resultado arrojado al final del sexenio impulsor del programa (2007-2012), fue que solamente 6 mil escuelas se encontraban operándolo; cuando a nivel nacional existe un universo de más de 200 mil escuelas de educación básica, lo que representó que, al cierre del 2012, el 3 por ciento del total de escuelas del país contaban con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación.
C) Dentro del 3 por ciento de escuelas que contaron con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación, se registraron alrededor de 76 horarios distintos de funcionamiento, al existir un descontrol total entre la plantilla de personal docente que no cuenta con plaza de tiempo completo, sino que pertenece a un turno o al otro (matutino o vespertino), violentando las reglas de operación el programa, así como los lineamientos para apoyos económicos de directivos y docentes.
D) El Programa Escuelas de Tiempo Completo no cuenta con un proyecto educativo definido, al contemplar un plan de estudios muy similar al de las escuelas de un solo turno; solamente incrementado por la incorporación del idioma inglés, sobre el cual hace falta capacitación del personal docente, ya que no lo domina y a razón de que no forma parte del plan de estudios de algunas de las universidades y escuelas normales encargadas de formar profesionistas para la educación básica competentes para que estos a su vez, contribuyan a la adecuada formación educacional de los infantes mexicanos.
E) El origen del Programa Escuelas de Tiempo Completo se vio afectado por una inadecuada planeación desde su origen, al ser vislumbrado como un espacio para “retener” a los niños, a fin de evitar que estuvieran solos en sus casas o fuera de supervisión de sus padres o tutores (se visualizó como un programa de seguridad infantil); en lugar de ser planeado como un espacio de educación integral con diversidad de actividades curriculares y extracurriculares para el correcto desarrollo infantil.
F) De conformidad con los Presupuestos de Egresos de la Federación, entre los años 2009 y 2012, se invirtieron 5 mil 413 millones de pesos, a razón de un promedio de 201 mil pesos al año por plantel incorporado.
G) En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2013, se destinó un importe de 6 mil 102.9 millones de pesos para el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sin que la base de datos de las escuelas incorporadas al programa sea actualizada en el portal de Internet de la Subsecretaría de Educación Básica, en el que se muestran datos de las escuelas incorporadas al programa, con fecha de actualización al 12 de Diciembre del 2012.2
H) El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2014, plantea canalizar al Programa de Escuelas de Tiempo Completo un presupuesto de 12 000.4 millones de pesos, lo que representa un incremento del 96.63 por ciento con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2013; siendo que al cierre del 2012 sólo el 3 por ciento del total de escuelas del país contaban con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación, por lo que no se ve reflejada la erogación del presupuesto, en beneficio del Programa en comento.3
Por lo fundado y motivado, solicito sean aprobados –de urgente y obvia resolución– los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, C. Emilio Chuayffet Chemor, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público:
El total de escuelas y ubicación que a la fecha se encuentran incorporadas al programa, y cuántas de ellas han sido desincorporadas;
Listado que especifique la plantilla de personal docente que cuenta con clave para impartir clase durante la jornada laboral de tiempo completo; así como el personal que pidió licencia en desde su creación hasta la fecha y del que se encuentra con licencia;
El plan de acciones llevadas a cabo respecto a la capacitación del personal docente que imparte materias adicionales, (tales como el idioma inglés) a las contempladas en el plan de estudios de las escuelas de un solo turno;
Recursos destinados a cada escuela incorporada para la implementación del programa, señalando su ubicación o clave;
Si el programa no representa un costo adicional para los padres de los alumnos de esas escuelas;
Cuáles son los Indicadores del programa;
Justificación del incremento del 96.63% en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con respecto al Ejercicio 2013, en virtud de que no se ha cumplido con los objetivos del programa.
Cuantas escuelas cuentan con la infraestructura para funcionar como escuelas de tiempo completo, y cuantas se pretenden adecuar y en que tiempo.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, haga del conocimiento público la justificación de los recursos transferidos a la Secretaría de Educación Pública para el Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio de 2013, toda vez que la matriz de indicadores de los resultados arrojados por el programa en ejercicios anteriores, es desfavorable.
Notas
1 Noticias Reforma, 27 de julio de 2013. (SEP reconoce fallas en escuelas de tiempo completo).
2 Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional urgente para garantizar el derecho humano a la vivienda a todas las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Rodrigo Chávez Contreras, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con los reportes de de la Comisión Nacional del Agua, en septiembre del presente año, debido a los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel se presentaron una inmensa cantidad de precipitaciones inéditas, cuya intensidad causo desastres mayores en 12 estados de la república mexicana siendo las entidades más afectadas: Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán.
Dichos daños dejaron por territorio nacional más de 140 muertos y más de 29 mil damnificados según cifras oficiales.
En los mismos informes se señala que más de 20 estados fueron afectados en el suministro eléctrico; agricultura; comunicaciones y transportes y en el sector de educación se encuentran afectados 150 planteles.
En cuanto a la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano menciona en su último reporte que ha detectado afectaciones en 26 mil 9 viviendas, de las cuales 3 mil 850 requieren reconstrucción total, es importante resaltar que dicha cifra podría aumentar considerablemente, debido a que según las autoridades el censo de daños sólo presenta un avance de 29 por ciento.
Se informa que seis unidades habitacionales del Infonavit presentan daños severos, dos de ellas en Acapulco y cuatro en Sinaloa, con un total de 6 mil 876 viviendas deterioradas, de las cuales 4 mil 541 se encuentran en Acapulco.
Respecto al Fovissste, se reporta que la unidad habitacional Vicente Guerrero, de Acapulco, resultó afectada.
El Infonavit y el Fovissste trabajan ya, según informes, en la rehabilitación de dichas viviendas y mantiene la presencia de módulos para la aplicación del seguro de daño o han implementado programas donde se otorgará un periodo de gracia de seis meses en el pago de las hipotecas de los derechohabientes e igualmente se otorga este mismo plazo a los empleadores en los municipios o estados declarados en zona de desastre para el pago de las aportaciones al instituto.
Consideraciones
De acuerdo con lo anunciado por el titular del Ejecutivo federal se implantará un programa de reconstrucción nacional, donde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos impulsara el programa de créditos emergentes para la reconstrucción de la infraestructura y servicios de los Estados y municipios afectados, poniendo a disposición de los gobiernos locales créditos ágiles, pre aprobados en condiciones preferenciales, con periodos de gracia de capital de intereses y sin comisiones por apertura o prepago. Según su titular Alfredo del Mazo Maza en la sexta cumbre de Infraestructura y Finanzas realizada en Boca del Río, Veracruz.
Tomando en cuenta que existe esta propuesta de dotar de créditos a los municipios y que no todos los habitantes de las viviendas afectadas tendrán derecho a un crédito proporcionado por las instituciones del sector paraestatal como Infonavit y Fovissste y que tampoco tendrán acceso a créditos hipotecarios para compra a terceros, se propone se implante un programa nacional urgente de vivienda con las siguientes características:
a) Que dicho programa sea operado a través del Fideicomiso: Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo).
b) Que la aplicación de los recursos responda a la base del registro previo de inmuebles dañados, por las instituciones federales responsables de los censos de daños, y tomando en cuenta las demandas no atendidas de familias damnificadas de escasos recursos.
c) Se considere que los recursos disponibles deberán de considerar como meta la reconstrucción del total de las viviendas afectadas o su rehabilitación completa, en la modalidad de mejoramiento de vivienda o vivienda nueva terminada.
d) Los recursos pueden ser de índole mixta donde participen recursos de origen fiscal, financiamiento internacional y apoyo de instituciones no gubernamentales.
e) Se establezca un marco normativo, reglas de operación, que consideren el otorgamiento de recursos a personas o familias de escasos recursos, con ingresos no mayores a los 4.7 veces salario mínimo diario individual y 8 veces salario mínimo diario de forma familiar.
f) El otorgamiento del crédito se proporcionara en veces salario mínimo diario vigentes y se recuperaran la misma cantidad de veces salario mínimo diario.
g) El monto del crédito que podría asignarse consideraría
• En el caso de mejoramiento de vivienda el crédito no podrá exceder de mil 630 veces salario mínimo diario.
• En el caso de vivienda nueva terminada el monto por asignar no rebasaría 5 mil 380 veces salario mínimo diario.
h) La amortización de los créditos, por parte de los beneficiarios, deberá de ser pagada en veces salario mínimo diario y el monto de la afectación por mensualidad no deberá ser mayor de 15 por ciento ni menor de 10 por ciento del ingreso familiar.
i) El programa deberá contemplar el otorgamiento de subsidios para la población en extrema pobreza, cuyos montos irán desde un 50 por ciento hasta un 100 por ciento de condonación de su deuda.
j) La deuda deberá de ser amortizada en un plazo no mayor a 30 años, por lo que deberá considerarse el otorgamiento de subsidios para la población que no alcance a pagar el monto total de su deuda en dicho periodo.
k) En el caso de que la población afectada no cuente con un terreno o propiedad o exista la necesidad de su reubicación por riesgo, para la edificación de su vivienda, el Fonahpo deberá implantar la modalidad de vivienda nueva en conjunto, considerando el otorgamiento de un crédito global donde se considere la compra de tierra, estudios y proyectos y edificación y tomando como base los criterios anteriormente señalados en los incisos b, d, e, f, h, i y j.
l) El monto del crédito que podría asignarse no rebasaría 6 mil 725 veces salario mínimo diario, de los cuales no más de 25 por ciento del mismo deberá de cubrir la compra de tierra y estudios y proyectos.
m) Para lograr esto se propone que los damnificados sujetos a este crédito se organicen en sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles e impulsen la producción social de vivienda y el hábitat.
El programa nacional emergente se haría cargo de
1. Identificar, acreditar a los damnificados e integrar la documentación necesaria para gestionar el crédito ante el Fonahpo.
2. Intervenir en las negociaciones, para que en el caso de operaciones con inmobiliarias, vigile en todo momento los intereses de los beneficiarios y verifique que los montos se mantengan dentro de márgenes razonables que haga posible la adquisición de la vivienda.
3. Realizar los proyectos, las obras y la supervisión técnica necesaria.
4. Reubicar temporalmente a los beneficiarios en viviendas provisionales.
5. Asignar las viviendas nuevas de acuerdo a criterios establecidos y consensados con la población beneficiaria.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar un programa nacional emergente para garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada a todas las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, en los términos propuestos en la exposición de motivos de este punto de acuerdo.
Segundo. La realización de un censo llevado cabo por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a revisar y desechar la propuesta del Ejecutivo federal de homologar el IVA en la región fronteriza del país, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los diputados del Partido Acción Nacional queremos hacer un llamado a la Comisión de Hacienda de ésta Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y discusión de la iniciativa de reforma fiscal, que recientemente presentó el presidente de la república, hagamos una revisión especial respecto de la homologación del IVA en la región fronteriza.
Para los legisladores del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, la propuesta presentada como parte de la reforma hacendaria por el presidente de la República el 8 de septiembre del año en curso, representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y los de la franja fronteriza sur.
Con antecedentes relativos a tratamientos fiscales diferenciados que vienen desde la administración del Presidente Lázaro Cárdenas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, contemplaba desde el texto original en su artículo 2o. una tasa diferenciada para el cálculo del impuesto, que para ese año se determinó en un 10 por ciento, estableciendo además, una tasa del 6 por ciento en región fronteriza, para la enajenación, uso o goce de bienes y prestación de servicios independientes, siempre que se cumplieran dos requisitos: el primero, que éstas actividades fueran realizadas por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las Zonas Libres de Sonora, Baja California y Baja California Sur, y el segundo que la entrega de bienes o prestación de servicios se realizara en dichas zonas.
Las diversas modificaciones a la Ley del IVA, han considerado consistentemente la implementación de ésta medida de diferenciación en la tasa del Impuesto al Valor Agregado para la región fronteriza, atendiendo a la necesidad e importancia que para los habitantes de la región significa, así como de respuesta al reclamo social por ellos generado.
En ese sentido el régimen especial en fronteras se ha mantenido y ampliado, hasta llegar al texto vigente, que considera no solamente a la región fronteriza norte, sino que además incluye la región sur.
Los legisladores del PAN sabemos del impacto negativo que generaría en la economía de las familias habitantes de la región fronteriza. Por ello, expresamos nuestro rechazo a la propuesta del Ejecutivo Federal de homologar las tasas del Impuesto al Valor Agregado , pues generaría un impacto totalmente negativo en la exportación, en la economía de las clases bajas y medias, en el turismo y en general en el consumo de bienes y servicios en la región fronteriza, provocando déficit inflacionario, menor inversión, pérdida de fuentes de empleo, entre otros efectos que repercuten no sólo en el bienestar de los más de 10 millones de personas en la frontera norte más los comprendidos en la franja fronteriza sur.
Sin duda el impacto de la economía de la región fronteriza también repercute a la economía nacional, ya que visto desde la unidad de regiones interdependientes, cada región representa una parte importante de la Nación Mexicana.
El Partido Acción Nacional, refrenda su compromiso con sus representados que han alzado la voz para expresar su oposición a la homologación del IVA en la región fronteriza, por lo que de ninguna manera apoyaremos condiciones que pongan en desventaja a alguna parte del país, y que le impidan competir con equidad con los países colindantes, o dejar de contar con los incentivos suficientes para compensar un desequilibrio generado por su condición geográfica.
No se trata de una oposición simple y llana, o de beneficios injustos, se trata del reconocimiento de las condiciones específicas de una región del País, en la cual las condiciones del mercado son completamente diferentes a las del resto de las entidades federativas.
La colindancia con los estados del País más desarrollado y de la principal economía mundial, o las dificultades para el traslado de mercancías como en el caso de mi estado, Baja California Sur, requieren de un trato que permita en condiciones de igualdad, con sus partes atender ésta demanda social.
En Acción Nacional, sabemos lo que estamos proponiendo, somos responsables de nuestras decisiones, y como tal, sabemos que tratándose de impuestos, no hay sociedad alguna que los acepte con una sonrisa; sin embargo, sabemos que el criterio de homologación no significa el reconocimiento de las desigualdades respecto de los efectos que ante su imposición se generarían para la economía regional.
Son muchas las manifestaciones de preocupación e inconformidad respecto de las medidas que pretenden no sólo homologar la tasa del IVA sino también la eliminación de exenciones a importaciones temporales, y otras medidas que afectan directamente al sector manufacturero de la región.
No perdamos de vista que el incremento del 5 por ciento en el precio de los bienes y servicios en la frontera provocará, en la mayoría de los casos, un desplazamiento de la demanda hacia las ciudades fronterizas norteamericanas, donde la tasa de valor agregado se calcula en 8 por ciento, ello implica que los consumidores que tengan la posibilidad de trasladarse a dichas ciudades preferirán comprar sus productos en Estados Unidos de América, en vez de consumir en el país, derivando en que sólo los más pobres habitantes de la región fronteriza para quienes es imposible cruzar al otro lado, son los que terminarán pagando el 16 por ciento limitando aún más su capacidad para adquirir bienes básicos.
O bien, para el caso de mi estado, Baja California Sur, el aumento de la tasa de IVA a 16 por ciento significaría una dura losa sobre las ya difíciles condiciones de competencia respecto de las empresas del resto del país, pues las personas físicas y morales de ese estado tienen que añadir siempre a sus costos, altos precios de traslado de mercancías.
Resulta notorio que el consumo y los negocios en la región fronteriza no se presentan en condiciones idénticas a las del resto del país, ello en razón de la cercanía de aquélla con otras naciones que altera los patrones de consumo, o bien, circunstancias relativas a su propia geografía, lo que en todo caso requiere de medidas legislativas que establezcan una tasa menor para el cálculo del tributo, a fin de no afectar la competitividad y a la vez de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el creciente consumo de bienes y servicios extranjeros que lo único que provocan es un perjuicio en la competitividad de la industria nacional en dichas regiones.
En eso radica precisamente la esencia de la equidad tributaria: en reconocer la obligación universal de contribuir con los gastos del Estado, pero en la proporción de las diferencias de cada contribuyente.
En ese sentido y dadas las circunstancias que generan diferencias en el consumo de la frontera y el resto del país, hacemos énfasis en que la tasa del 11 por ciento en región fronteriza no representa como lo afirma el Ejecutivo Federal en su iniciativa, una medida inequitativa.
Las medidas en comento, de ser aprobadas, golpearán seriamente el comercio fronterizo, afectando la competitividad de la región, originando la pérdida de un porcentaje importante de empleos, considerando que la industria maquiladora y manufacturera de exportación, representa aproximadamente el 30 por ciento del total de los empleos.
Por su parte, el sector empresarial en el norte y noroeste del país han realizado foros de análisis de la propuesta de homologación del IVA, obteniendo de los cálculos realizados por las distintas empresas, la determinación de los siguientes efectos: reducción de la capacidad de consumo, fuga de consumidores, disminución de las inversiones y en la apertura de empresas, desempleo, pérdida de competitividad, incremento del contrabando, detonación de la economía informal, reducción del PIB en los estados fronterizos, reducción del abasto de bienes nacionales, entre otros.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado a través de diversas tesis aisladas, en el sentido de que la tasa menor aplicable a las operaciones gravadas por el IVA en la región fronteriza atienden a las distintas condiciones de mercado especiales de la zona, definidas por las características geográficas, naturales, de infraestructura, etc., que distinguen a dicha región del resto del país, por tanto se consideran válidas y no contraponen el sentido de equidad tributaria, establecido en la Constitución, ya que dichas condiciones especiales, derivan en la necesidad de otorgar diferentes consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho.
Señores diputados y señoras diputadas, llamo su atención para que hagamos un análisis serio y respetuoso, desde nuestra perspectiva, la homologación del IVA y la eliminación del trato diferenciado en la región fronteriza, obedecen a una visión netamente recaudadora para que el gobierno obtenga recursos por la vía de los impuestos, sin embargo, ésta medida debe ser proporcional y atender las diferentes condiciones de la población afectada. No prever el impacto que tendrá en la competitividad y el consumo en la región, significaría dejar de atender a las necesidades de la población afectada.
Por ello los legisladores de Acción Nacional expresamos nuestro rechazo ante la homologación del IVA en la región fronteriza , por tratarse de una medida que impacta seriamente en la economía del pueblo de México, especialmente de los mexicanos y mexicanas que habitan en esa región.
En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que revise y deseche la propuesta del Ejecutivo federal de homologar la tasa del IVA al 16 por ciento en la región fronteriza del país.
Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alfredo Zamora García, Arturo De la Rosa Escalante, María Teresa Jiménez Esquivel, Sergio Augusto Chan Lugo, Raquel Jiménez Cerrillo, Alberto Díaz Trujillo, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Guillermo Anaya Llamas, Andrés de la Rosa Anaya, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, José Guadalupe García Ramírez, Erick Marte Rivera Villanueva, Raúl Gómez Ramírez, Ricardo Villarreal García, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Juan Jesús Aquino Calvo, Alejandra López Noriega, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Juan Bueno Torio, Consuelo Argüelles Loya, Humberto Alonso Morelli, José Martín López Cisneros, Carlos Fernando Angulo Parra, Margarita Licea González, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Felipe de Jesús Almaguer Torres, José Alfredo Botello Montes, Patricia Lugo Barriga, Humberto Armando Prieto Herrera, Tania Margarita Morgan Navarrete, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Alberto Coronado Quintanilla, Fernando Rodríguez Doval, Eufrosina Cruz Mendoza, Heberto Neblina Vega, Martha Leticia Sosa Govea, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Alicia Ricalde Magaña, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, María Isabel Ortiz Mantilla, José Ángel González Serna, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Pablo Adame Alemán, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Verónica Sada Pérez, Luis Miguel Ramírez Romero, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Camarillo Ortega, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Carmen Lucía Pérez Camarena, Genaro Carreño Muro, Jorge Rosiñol Abreu, Marcelina Orta Coronado, Esther Quintana Salinas, Raúl Paz Alonzo, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Carlos Alberto García González, Raudel López López, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Peña Avilés, Germán Pacheco Díaz, Juan Carlos Muñoz Márquez, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, J. Jesús Oviedo Herrera, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leslie Pantoja Hernández, Marcos Aguilar Vega, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Glafiro Salinas Mendiola, Margarita Saldaña Hernández, Martha Berenice Álvarez Tovar, María Guadalupe Mondragón González, Juan Carlos Uribe Padilla, José Alejandro Llanas Alba, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Mario Sánchez Ruiz, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Adriana González Carrillo, Damián Zepeda Vidales, Isaías Cortés Berumen, José González Morfín, Karina Labastida Sotelo, Víctor Rafael González Manríquez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Flor de María Pedraza Aguilera, Omar Antonio Borboa Becerra, José Enrique Reina Lizárraga (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a hacer públicos los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, ciudadana Mercedes Juan López, y al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ciudadano Gabriel O’Shea Cuevas, que rindan un informe detallado sobre los recursos del denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), respecto de los 31,692.4 millones de pesos, de los cuales hasta el ejercicio 2011, el 38.62 por ciento equivalente a 12,238.5 millones de pesos, se encontraron asignados para su aplicación en proyectos de infraestructura y atención médica autorizados por el Comité Técnico desde el ejercicio 2006 y que no han sido utilizados por las entidades federativas y unidades médicas; y el 61.38 por ciento equivalente a 19,453.8 millones de pesos, que no se encontraron asignados a un destino específico; al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1o. El 16 de noviembre de 2004, la Secretaria de Salud, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Cerdito Público, constituyó legalmente el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, bajo el argumento de la necesidad de crear un mecanismo ágil y transparente para el manejo de los recursos para la protección social en salud.
2o. Fue celebrado el contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, y como fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), con fecha de 16 de noviembre de 2004; en el cual se establece en la cláusula décima segunda que la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, es el área encargada de vigilar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así como de la aplicación de los recursos fideicomitidos. En dicho contrato se otorgó al fideicomiso una vigencia de 50 años a partir de la fecha de su suscripción, o bien, en tanto siga vigente el Título Tercero Bis, denominado “De la Protección Social en Salud”, de la Ley General de Salud, así como las reformas al mismo, lo que suceda primero.
3o. El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud tuvo como propósito administrar los recursos del Sistema de Protección Social en Salud que se transfieren anualmente a través del presupuesto de la Secretaría de Salud; el monto de los recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal correspondiente, son determinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en función de las proyecciones de la cuota social, la aportación solidaria federal, la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar los servicios de salud cubiertos por el Sistema, y en relación al número de personas beneficiarias por entidad federativa a partir del padrón vigente al término del año fiscal inmediato anterior.
4o. El Reglamento de la Ley General de Salud, dispone que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, administrará y operará, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que constituya el Ejecutivo Federal, los fondos y subcuentas siguientes:
1) Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.- Fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo y medicamentos asociados que generen gastos catastróficos para los prestadores de servicios de salud del Sistema de Protección Social en Salud.
a. Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria Tabacalera. Aportaciones de recursos de la industria tabacalera por cigarro enajenado.
2) Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).- Fondo con límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento para la atención de necesidades de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, diferencias imprevistas en la demanda de servicios y, garantía de pago interestatal de servicios.
a. Subcuenta Infraestructura Física.- Recursos destinados a cubrir las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas de servicios de salud en las entidades federativas con mayor marginación social.
b. Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda de Servicios Esenciales de Salud cubiertas por el FPP. Recursos que se destinan a cubrir el exceso en la demanda esperada de servicios esenciales bajo condiciones normales de operación.
c. Subcuenta Garantía de Pago por Incumplimiento en la Compensación Económica por la Prestación Interestatal de Servicios Esenciales de Salud.- Mecanismo de apoyo a la compensación económica de las condiciones de pago establecidas en los convenios de colaboración interestatal vigentes del Sistema de Protección Social en Salud; por medio del cual se da certeza de pago a la entidad federativa que presta los servicios de salud.
5o. Del total de recursos determinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para el Sistema de Protección Social en Salud, se destina el 11.0 por ciento al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y el 89.0 por ciento restante se destina a las entidades federativas a través de los subsidios otorgados por el Seguro Popular para aplicarlos en la atención y prestación de servicios de salud contenidos en el Catalogo Universal de Servicios de Salud y medicamentos asociados en función a la población afiliada.
6o. El fideicomiso cuenta con un Comité Técnico, el cual es el órgano colegiado responsable de las decisiones para el destino patrimonial del fideicomiso, y está conformado por un Presidente, un Secretario Ejecutivo, un titular de las funciones de vigilancia, así como por los directores generales de Gestión de Servicios de Salud, por el Secretario del Consejo de Salubridad General y los titulares de la Dirección General de Programación y Presupuesto A y de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos con voz y voto. Entre sus atribuciones se encuentra la de proponer y aprobar las reglas de operación del fideicomiso y sus modificaciones; autorizar la aplicación de los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de la subcuenta del Fondo de Previsión Presupuestal y de los provenientes de terceros para apoyar económicamente las necesidades de infraestructura médica de alta especialidad; conocer la apertura de las subcuentas necesarias para la consecución de los fines del fideicomiso, entre otras.
Consideraciones
A) En el ejercicio 2011, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportó con el formato “Informe Trimestral de Fideicomisos” y Anexo I “Egresos y/o recursos otorgados a los prestadores de servicios del Sistema de Protección Social en Salud”, la información financiera del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, así como el fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en sus estados de cuenta de inversiones (en los que se encontraron reflejados los ingresos, egresos, y rendimientos generados al 31 de diciembre de 2011), de la siguiente forma:
• Ingresos acumulados al cierre de 2010 por 24,953.2 millones de pesos;
• Ingresos en 2011 por 13,906.4 millones de pesos provienen de los recursos presupuestarios de 2010; transferidos mediante Cuentas por Liquidar Certificadas registradas en la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” en 2011; y rendimientos financieros;
• Egresos en 2011 por 7,167.2 millones de pesos destinados a cubrir las enfermedades que generan gastos catastróficos, “Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera”, pago de honorarios y comisiones del ejercicio 2011 y, pago de equipamiento e infraestructura en salud;
• Obteniendo un saldo disponible al 31 de diciembre de 2011 de 31,692.4 millones de pesos.
B) Durante el periodo de 2006 al 2011, el Comité Técnico del FSPSS autorizó y asignó recursos por 24,926.2 millones de pesos, para la atención médica de las enfermedades que cubre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y para proyectos de infraestructura mediante el Fondo de Previsión Presupuestal y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera, de los cuales al 31 de diciembre de 2011 se transfirieron 12,687.7 millones de pesos (50.9 por ciento), y quedó un importe pendiente por ejercer de 12,238.5 millones de pesos (49.1 por ciento); el cual no ha sido ejercido por las entidades federativas ni por las unidades medicas en infraestructura ni en atención medica.
C) El 61.38 por ciento del saldo disponible del fideicomiso al 31 de diciembre del 2011, equivalente a 19,453.8 millones de pesos, no se encuentra asignado a un destino específico, violentando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
D) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud carece de indicadores para evaluar el cumplimiento del fideicomiso respecto a la protección de enfermedades catastróficas, atención de necesidades de infraestructura, demanda imprevistas de servicios y pago de prestación de servicios interestatales, violentando lo establecido en las reglas de operación del fideicomiso para su evaluación.1
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, ciudadana Mercedes Juan López, a que en su carácter de titular de la entidad coordinadora del sector, haga del conocimiento público:
• El estatus del fideicomiso, cómo fue recibido en la transición por cambio de gobierno, así como las acciones que han sido implementadas desde su recepción, para mejorar los resultados en infraestructura y atención medica con recursos aprobados desde el año 2006;
• El grado de avance del fideicomiso en las entidades federativas que presentan mayor rezago en infraestructura y atención medica;
• Información actualizada del total de recursos destinados en 2012 y lo que va de
2013 por medio del fideicomiso;
• Justificación del subejercicio de más de 12 mil millones de pesos, y la falta de asignación a un fin especifico de más de 19 mil millones de pesos;
• Indicadores sobre los cuales mide el grado de avance y satisfacción a partir de la implementación del fideicomiso.
Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ciudadano Gabriel O’Shea Cuevas, a que en su carácter de titular de la entidad administradora del fideicomiso, haga del conocimiento público:
• El grado de avance del fideicomiso en las entidades federativas que presentan mayor rezago en infraestructura y atención medica;
• Información actualizada del total de recursos destinados en 2012 y lo que va de
2013 por medio del fideicomiso;
• Justificación del subejercicio de más de 12 mil millones de pesos, y la no asignación a un fin especifico de más de 19 mil millones de pesos;
• Indicadores sobre los cuales mide el grado de avance y satisfacción a partir de la implementación del fideicomiso.
Nota
1 Fuente: Auditoría financiera y de cumplimiento: 11-0-12000-02-1428-DS-056, (dictamen con salvedad).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo de la diputada Verónica Sada Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Verónica Sada Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral I, fracción 1, 79, 295, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Senadores del Grupo Parlamentarios del PRI presentaron la iniciativa para la expedición de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en la Cámara de Senadores el 24 de junio de 2009.
2. El 29 de abril de 2011, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por 80 votos a favor 0 en contra y ninguna abstención, denominando el proyecto de decreto: Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, procediéndose a su envío a la Cámara de Diputados.
3. El dictamen para su discusión fue presentado en la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2011. El proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, con 279 votos a favor, por lo que se procedió a su devolución para los efectos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. El 6 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la Ley y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.
5. Finalmente la Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.
6. El artículo segundo transitorio de la Ley establece con claridad que las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en la misma, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de su publicación.
7. Conforme a lo anterior, el término para la publicación del reglamento que le corresponde a la Ley venció el 17 de octubre del 2012.
8. Más de un año ha transcurrido desde la publicación de la Ley y lamentablemente, la desaparición de personas en México continúa intensificándose en los últimos meses y años. De no completarse el proceso para su aplicación y observancia, México permanecerá en una situación de vulnerabilidad e impunidad, conforme se expondrá en las siguientes:
Consideraciones
El dictamen establece que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas; así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia. La información contenida en el informe será pública a través de medios electrónicos e Internet.
También dice que toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional. En el caso de funcionarios encargados de la investigación de denuncias de desaparición de personas o que tengan conocimiento de una persona extraviada, que no realicen la consulta correspondiente al Registro Nacional serán sancionados.
Diputadas y diputados, como representantes de la nación, tenemos la obligación de brindar apoyo total a las demandas de justicia social de los ciudadanos mexicanos, somos corresponsables en la búsqueda de soluciones que den fin a las mismas.
La necesidad de expedir una Ley para la creación del registro que abarque el territorio nacional, en el cual se inscriban los datos de personas extraviadas y desaparecidas, surgió debido al aumento desmedido de víctimas que sufren ésta penosa situación, y cada vez son más las familias que sufren por la desaparición de un ser querido.
La Organización Internacional Amnistía Internacional, el 18 de diciembre pasado, hizo un llamado al Gobierno de México, en el sentido de “asegurar una mejoría radical en las medidas para investigar exhaustivamente todas las denuncias de desaparición, incluyendo establecer una base de datos nacional que ayude a identificar y localizar a las víctimas”. El 20 de febrero del presente año, otra organización internacional, Human Rights Watch, presentó un informe titulado “Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, en este contexto, la Secretaría de Gobernación, anunció que darían a conocer un registro preliminar del padrón de personas desaparecidas en México, con nombre y apellido, que partiría de una base de 27 mil personas desaparecidas y puntualizaron que la base de datos se alimenta con información recabada de las procuradurías locales; sin embargo, consideramos que puede haber algunas variaciones importantes, pero no lo sabemos a ciencia cierta.
Después de años de cálculos por parte de organizaciones civiles, La Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado hasta 2012 más de 5,000 desapariciones, y la existencia de al menos 9,000 cuerpos sin identificar. La organización Propuesta Cívica dio a conocer en diciembre una base de datos con 20,851 desaparecidos. Agrupaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad calculaba entre 10,000 y 20,000 desaparecidos y la estimada en 27 mil personas no localizadas, la Secretaría de Gobernación anunció la creación de la comisión especial encargada de la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada. En la nueva comisión se prevé que trabajen elementos de la Procuraduría General de la República en coordinación con efectivos de la Policía Federal, para enfocarse exclusivamente en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Aún cuando las mencionadas autoridades mencionan que están trabajando y se tiene la posibilidad de solicitar apoyo de las mismas familias afectadas así como de organizaciones no gubernamentales para obtener mejores resultados, sin embargo compañeras y compañeros Diputados, no podemos ni debemos ser ajenos a ésta situación que es verdaderamente alarmante, pongámonos a pensar y a actuar por los mexicanos, principalmente los directamente afectados, como nos gustaría que actuaran nuestros representantes en el Congreso por nosotros; vamos a unir fuerzas para dar solución a lo que está dentro de nuestras atribuciones y así poder colaborar con las autoridades que les compete atender éste asunto.
La Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, recordemos que entró en vigor el 18 de abril de 2012, la cual dispone que: “toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional, en la forma que establezca el Reglamento de la presente Ley, lo cual, no puede llevarse a cabo si no se cuenta aún con el reglamento que en ésta se menciona.
A pesar de las múltiples denuncias ciudadanas sobre familiares desaparecidos, que no son pocas, así como de los relatos desgarradores de los familiares, las autoridades competentes, para poca fortuna de la sociedad, no han logrado tener un registro que permita determinar con precisión el número de personas extraviadas y desaparecidas, y no podemos soslayar que ésta situación, es un mensaje negativo para la nación, que manifiesta insensibilidad y poco interés. Las madres, las mujeres en general, afectadas por ésta triste situación, no entienden por qué no podemos hacer, mínimo a lo que nos comprometimos. Una base de datos nacional sobre personas desaparecidas donde se incluya información clave que ayude a identificar a personas desaparecidas es la base para el desarrollo de un plan integral y efectivo, que investigue las desapariciones ocurridas en el pasado y ayude a prevenirlas en el futuro. Las autoridades tienen que especificar las medidas que tomarán para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
Por todo lo anterior es necesario que el Ejecutivo Federal atienda la obligación constitucional de cumplir en tiempo y forma con la expedición del reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, por consiguiente, la implementación del Registro Nacional regulado por la misma.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para expedir a la brevedad el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, por consiguiente, se garantice y ejecute la creación del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputada Verónica Sada Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex a hacer público lo relacionado con la construcción del muelle en la residencia de operaciones portuarias de La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director de Pemex, ciudadano Emilio Lozoya Austin, que rinda un informe detallado sobre la “construcción del muelle en la residencia de operaciones portuarias de La Paz, Baja California Sur”, por 178.08 millones de pesos aprobados y no ejercidos en 2011 y por 10.4 millones de pesos correspondientes a penas convencionales no aplicadas en el mismo ejercicio, así como a la empresa “I.I.I. Servicios, SA de CV”, encargada de la construcción del muelle, rinda un informe sobre el destino de los recursos en mención (empresa que construyó la “Estela de Luz”); al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La terminal de Pemex Refinación de la Paz, Baja California Sur se compone de dos muelles con una disposición en T, que están estructurados a base de pilotes de concreto armado al igual que la superestructura. Los muelles 1 y 2 fueron construidos en 1943 y 1979, respectivamente; éstos son utilizados para la descarga de combustóleo y combustibles depositados en las instalaciones de almacenamiento y distribución ubicados en la parte noroeste de la terminal.
2. La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario (GOMP) es la que se encarga entre otras funciones, de mantener, controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de sus centros de trabajo y de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de las terminales marítimas.
3. En 2007, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario registró el proyecto número 0718T4M0005, “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias la Paz, Baja California Sur”, a fin de cubrir la necesidad de no contar con terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias con muelles en buen estado, debido a que son un factor determinante en el costo de la distribución.
4. La naturaleza del proyecto surgió con la finalidad de garantizar el abastecimiento de productos y el cumplimiento de programas de suministros con calidad, cantidad y oportunidad establecidas, con la tendencia de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de la Residencia de Operaciones Marítimas de La Paz, Baja California Sur, y en congruencia, maximizar la rentabilidad de su operación, cuidando cumplir los aspectos de seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional.
5. El proyecto residencia de operación de terminales marítimas portuarias, muelle de Pemex, se encuentra ubicado en la carretera a Pichilingue kilómetro 8.5, Código Postal 23010, Punta Prieta, La Paz, Baja California Sur.
6. En 2008 Pemex Refinación convocó la licitación pública internacional número 18576176-018-08, para la ejecución de la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, lo anterior de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:
Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas será:
I. ...
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública; y
III. ...
7. La licitación número 18576176-018-08 fue declarada como desierta por no contar con proposiciones solventes, con lo que se dio origen a que el 1 de marzo de 2011, se llevara a cabo convocatoria para el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-002-11, de conformidad con el artículo 28, fracción tercera, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público párrafo tercero como dice:
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta; o
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.
...
...
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.
8. El 26 de noviembre de 2010 Pemex Refinación adjudicó directamente a “Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV”, filial de Pemex, el contrato número GCM- SC-III-048/10, para ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control de la obra para la construcción del muelle La Paz, con un monto de 347.9 millones de pesos y un periodo de ejecución de 698 días naturales del 26 de noviembre de 2010 al 23 de octubre de 2012.
9. Con base en el Convenio Marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre Pemex y “I.I.I.
Servicios, SA de CV”, para establecer las bases generales sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos y gestoría, la empresa “I.I.I. Servicios, SA de CV”, llevó a cabo en representación de ésta última el 1 de marzo de 2011, la convocatoria correspondiente al procedimiento de licitación pública nacional mixta número 18400004-002-11, para la ejecución de la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, para atacar buques tanque hasta de 50 MTPM; procedimiento que fue declarado desierto el 6 de mayo de 2011, debido a que la totalidad de las 11 proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de licitación.
10. El 6 de mayo de 2011, “I.I.I. Servicios, SA de CV” inicio el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número IO-018TXS001-N66-2011, para la realización de la obra, y adjudico el contrato III-EST-COP-053-11, de fecha 7 de junio de 2011, al consorcio “Blastinaval de México, SA de CV”, “Oceanografía, SA de CV”, y “Proyectos y Medio Ambiente, SA de CV”, por un monto de 229.6 millones de pesos más IVA y un periodo de ejecución de 560 días naturales, comprendido del 7 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2012.
Consideraciones
A) Los procedimientos celebrados por “I.I.I. Servicios, SA de CV” se llevaron a cabo en contravención a lo establecido en el Convenio Marco celebrado entre esta y Pemex, en su segunda clausula, que indica:
El presente convenio marco tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre las partes, sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos, y gestoría por parte de I.I.I. Servicios, SA de CV, a Pemex.
Lo anterior, a razón de que dicho convenio no faculta a la empresa a realizar actividades relacionadas con la adjudicación y contratación para la construcción de ningún tipo de obras.
B) En el ejercicio de 2011, se aprobaron recursos para los trabajos de construcción de muelle, por un importe de 171.2 millones de pesos, sin embargo la Cuenta Hacendaria Pública Federal de 2011 reportó como aprobado un importe de 178.08 millones de pesos, de los cuales, para el ejercicio 2011, Pemex refinación no reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un subejercicio del 100 por ciento, ya que no se cuenta con evidencia documental de adecuaciones presupuestales con cargo a ese proyecto y se corre riesgo de que prescriba la disponibilidad de los recursos.
C) El reporte de avance de obra Muelle de Operaciones Portuarias la Paz, Baja California Sur al 31 de marzo de 2012, tuvo un avance físico del 9.33 por ciento, respecto al 71.41 por ciento programado.
D) A marzo 2012, no se habían impuesto penalizaciones por el retraso en avance de obra, en contravención de la clausula decima sexta de penas convencionales; importe que al cierre del ejercicio 2011, ascendió a 10.4 millones de pesos pendientes de aplicar.
G) Se realizó un contrato marco de Pemex con “I.I.I. Servicios, SA de CV”, a pesar de que esta empresa se vio envuelta en malos manejos económicos, durante la realización del monumento bicentenario denominado “Estela de Luz”, y sobre la cual, la Auditoría Superior de la Federación, emitió dictamen negativo en la auditoría que le fue practicada en relación con la cuenta pública del ejercicio 2011.1
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, ciudadano Emilio Lozoya Austin, a hacer del conocimiento público:
À El documento mediante el cual se le da la facultad a “I.I.I. Servicios, SA de CV”, para realizar licitaciones a nombre de Pemex, así como los nombres y puesto por quienes fue firmado;
À Avance que a la fecha presenta el proyecto “construcción de muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz Baja California Sur”;
À El importe de las penas convencionales cobradas y por ejercer, respecto del retraso en el avance de obra;
À El status actual de los 178.08 millones de pesos asignados en el Presupuesto de 2011, para la construcción del muelle;
À Los rendimientos financieros que se han generado a la fecha, sobre el importe presupuestado en 2011.
Nota
1 Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar por la SRE y la Segob la viabilidad y conveniencia de exentar a los taiwaneses del requisito de visa para internarse en México, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscriben, diputados federales: J. Jesús Oviedo Herrera, Martha Leticia Sosa Govea, Genaro Carreño Muro, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Juan Bueno Torio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a exentar de visa a los ciudadanos de Taiwán al tenor de las siguientes.
Consideraciones
Panorama histórico
Durante el Virreinato de la Nueva España se estableció una de las rutas más productiva y fructíferas para el comercio, llamada coloquialmente como “La Nao de China”.
La ruta es el lazo comercial más antiguo de la historia en América, manteniendo unidos por 250 años a Acapulco, Manila y otras regiones asiáticas entre las que se encontraba la Isla de Formosa (del portugués Ilha Formosa, «Isla Hermosa») (hoy Taiwán).
Es un ejemplo de la presencia que llegó a tener la Nueva España en el contexto internacional, y de la antigua relación entre la China histórica y cultural, que hoy prevalece en parte bajo el nombre de la República de China (Taiwán).
El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida por la Casa de Habsburgo y de los Borbones durante la etapa de sus territorios de ultramar, entre los siglos XVI y XIX.
La Nueva España estaba comprendida por el actual México, más en la frontera norte con los actuales estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana, por parte de los actuales Estados Unidos de América; así como la parte suroeste de Columbia Británica del actual Canadá; más la Capitanía General de Guatemala (comprendida por los actuales países de Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua); más la Capitanía General de Cuba (actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe); así como, finalmente, la Capitanía General de las Filipinas, (comprendiendo las Islas Filipinas, Carolinas y las Marianas, en el Pacífico asiático), fueron todos estos territorios partes constitutivas del Virreinato de Nueva España.
Desde 1626 hasta 1642 los españoles y novohispanos se establecieron en el norte de Taiwán.
Actualidad
Los avances en la relaciones bilaterales entre Taiwán y México son prometedores por ejemplo en lo económico; pasando de 800 millones de dólares en 1993 a 6,600 millones de dólares en 2012, crecimiento que ubica a Taiwán como el séptimo proveedor y el noveno socio comercial de México.
Además unas 350 empresas taiwanesas han establecido sus fábricas en varios estados de México, creando más de 45 mil empleos directos y más de 150 mil empleos indirectos para los mexicanos. La inversión de las empresas taiwanesas alcanzó los 500 millones de dólares americanos.
Los aportes económicos han hecho que Taiwán se convierta en un gran inversor sólo detrás de Japón, Singapur y Corea del Sur... Un detalle muy importante es que esta inversión es muy superior a la realizada por otras regiones del sudeste asiático.
La cooperación tecnológica bilateral es otra pieza fundamental en las relaciones entre México y Taiwán, pues la nación asiática ha donado un total de seis centros de aprendizaje digital de tecnología de información y comunicación, estado de México y Sonora, con un beneficio para más de once mil mexicanos.
En lo que respecta a los intercambios educativos, hasta el momento Taiwán ha otorgado 196 becas Taiwán y Becas Huayu. Cada año entrega alrededor de 16 becas a los jóvenes mexicanos sobresalientes y vía concurso. Se han otorgado—también—la firma de siete convenios entre universidades taiwanesas y mexicanas, verbigracia el acuerdo firmado entre la Universidad Chengchi y el Tecnológico de Monterrey, el de la Universidad Fu Jen con la Universidad Iberoamericana, y el de la Universidad Tamkang con la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otros.
Es de notar que los Taiwaneses visitan nuestro país no solamente con objetivos comerciales, pues somos el 12 país turístico del mundo, se calcula que aproximadamente 6,000 turistas taiwaneses visitan México, y la reciproca son cerca de 4000 mexicanos que visitan Taiwán.
Otros datos interesantes son
• Taiwán ha mantenido un crecimiento superior al 5 por ciento anual durante la última década.
• México representa, en el aspecto social, el séptimo país del mundo en oportunidades digitales.
• México hoy día recibe a cerca de 6 mil turistas taiwaneses, no obstante con la dispensa de visado esta cifra se duplicaría alcanzando los 12 mil turistas taiwaneses arribando a playas y demás destinos turísticos mexicanos.
• Los sectores que impulsa Taiwán son energía verde, biotecnología, salud, computación (cloud computing) y electrónica.
Ambos países se han beneficiado de la sana y amistosa relación que se encuentra en la mejor de sus etapas históricas.
En otro aspecto, desde 1930 nuestra nación ha mantenido la “Doctrina Estrada” como eje de la política exterior.
Fiel a esos principios que emanan de la libre determinación y es un principio fundamental de derecho internacional público y un derecho inalienable de los pueblos, que se sustentan en la Carta Magna Mexicana (artículo 89, fracción X) y que además forman parte de la visión que la SRE desea alcanzar en el futuro.
En el caso de China y Taiwán, el gobierno de México se apega al principio de “una sola China”, que implica el reconocimiento de Taiwán como parte integral de la República Popular China. Sin embargo, otras regiones –Hong Kong y Macao– son dos regiones administrativas especiales de la República Popular de China.
En estas dos regiones administrativas especiales se aplica el modelo administrativo conocido como un país, dos sistemas, Además del sistema económico, estas dos regiones mantienen un sistema administrativo y judicial independiente, e incluso su propio sistema de aduanas y fronteras externas.
Estas dos regiones cuentan con el privilegio de la exención del visado mexicano.
Es de notar que de acuerdo con la normatividad vigente, los turistas y visitantes de negocios de Taiwán pueden permanecer en México hasta por 180 días, el doble de tiempo de lo que otorgan los países del espacio Schengen”.
El Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 entre Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, tiene por objeto eliminar progresivamente los controles en las fronteras comunes y establecer un régimen de libre circulación para todos los nacionales de los Estados signatarios, de los otros Estados de la Comunidad o de terceros países. Los términos del tratado pueden suspenderse transitoriamente por consideraciones de seguridad excepcionales.
El Convenio de Schengen completa el acuerdo y define las condiciones y las garantías de aplicación de esta libre circulación. Este convenio, firmado el 19 de junio de 1990 por los mismos Estados miembros, no entró en vigor hasta 1995.
El acuerdo fue firmado el 4 de junio de 1985 en Schengen, un pequeño poblado de Luxemburgo de 500 habitantes en el límite con Luxemburgo, Francia y Alemania.)
El tema de la temporalidad de estancia en el espacio Schengen no se relaciona con la exención del visado de parte del gobierno mexicano a los viajeros taiwaneses.
Se menciona que los extranjeros portadores de visa Estados Unidos de América: Las personas provenientes de Taiwán pueden viajar a México sin necesidad de solicitar una visa mexicana, de contar con la residencia o una visa válida y vigente para Estados Unidos (Canadá, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña y los países que integran el espacio Schengen), y se agrega que los empresarios taiwaneses también pueden recurrir a la Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios de APEC (APEC Business Travel Card) para visitar México.
Tocante a este punto sobre exención de visa, si se cuenta con visado estadounidense, Taiwán es ya incluido dentro del Visa Waiver Program, con el objetivo de estimular el turismo y las relaciones comerciales.
(El Programa de Exención de Visado, VWP, es un programa del gobierno de Estados Unidos, EEUU, que permite a los ciudadanos de determinados países para viajar a Estados Unidos de turismo o de negocios por hasta 90 días sin tener que obtener un visado. El programa se aplica a los 50 estados de EEUU, así como los territorios de Estados Unidos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU en el Caribe, con una aplicación limitada a otros territorios de Estados Unidos. Los países seleccionados por el gobierno de EEUU son economías de ingresos altos con un muy alto índice de desarrollo humano y son considerados como países desarrollados.)
Se ha objetado que los empresarios taiwaneses también pueden recurrir a la Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios de APEC (APEC Business Travel Card) para visitar México.
Es una tarjeta que permite a las personas de negocios entrar a las economías de APEC, que son parte del esquema y hayan autorizado su ingreso, presentado únicamente esta tarjeta y su pasaporte, sin necesidad de obtener un visado en el país de origen.
La tarjeta es del tamaño de una tarjeta de crédito, al frente contiene la fotografía y la firma del usuario con la finalidad de un reconocimiento seguro de identidad, al reverso contiene la información del número de pasaporte y el código de las economías de APEC para las cuales la tarjeta es válida.
La ABTC no remplaza el pasaporte por lo que los usuarios deberán presentar su tarjeta y su pasaporte vigente.
Referente a la tarjeta de APEC, resulta que un proceso lento y complejo, dado que, para que sea otorgada la tarjeta, es necesario que los 21 miembros adheridos al esquema lo aprueben.
Por tanto, es el momento de valorar la extensión del visado a los ciudadanos taiwaneses considerando que a países asiáticos con el mismo nivel de desarrollo económico, cultural y social como Japón, Corea y Singapur se les ha eximido de esta obligación.
En nuestra América, países como Guatemala, Honduras, Belice, Ecuador, El Salvador, Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Perú, entre otros, han otorgado la exención de visado a los ciudadanos taiwaneses.
En Europa son aproximadamente 40 países que exentan el visado, dentro de los cuales se puede resaltar a Francia, Italia, Alemania, España y el Reino Unido; que al igual que otros países occidentales como Canadá y Australia, y países orientales como Japón y Corea, han otorgado el privilegio de la exención de visado.
Más allá de la relación comercial, será un acto ejemplar hacia una población que siempre ha mostrado solidaridad y simpatía por nuestra nación (y que finalmente redundará con la finalidad de incrementar la inversión preferencial de capital, la creación de empleos y estimular un importante sector del turismo).
Es de reconocer la labor de antiguos legisladores como Oscar Saúl Castillo Andrade y Juan Bueno Torio, los dos del Partido Acción Nacional, que en anteriores ocasiones han presentado puntos de acuerdo semejantes al propuesto.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al presidente de la República para que a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en el ámbito de colaboración entre los poderes, realice un análisis de la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de la visa para internarse en México a los ciudadanos de Taiwán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.
Diputados:
Efemérides
Con motivo de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
La Semana Mundial del Espacio es un evento anual, observado durante la semana del 4 al 10 octubre.
En su resolución AIRES/54/68, de fecha 6 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara «Semana Mundial del Espacio» la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.
Teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
La Semana Mundial del Espacio es el principal evento anual en el mundo relativo al uso y la tecnología espaciales. Esta semana forja la fuerza laboral del mañana inspirando a los estudiantes, muestra el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial, educa al público sobre las actividades espaciales y fomenta la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio. Desde 2007, más de 94 países han participado en más de 2,250 eventos con más de 1.3 millones de asistentes.
Cada año el Consejo de Dirección de la Asociación de la Semana Mundial del Espacio, elige un tema en estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. El tema ofrece una orientación general a los participantes de la Semana Mundial del Espacio sobre el contenido de sus programas. El tema se selecciona para aumentar el impacto de la Semana Mundial del Espacio en toda la sociedad, utilizando, además, el mismo tema a escala mundial.
El tema de este año 2013 para la Semana Mundial del Espacio es: «Explorando Marte, descubriendo la Tierra» . El lema evoca la curiosidad humana sobre nuestra posición en el universo y nuestro futuro en el, mostrándonos la fragilidad de la Tierra, sometida a peligrosas amenazas espaciales para la civilización humana como asteroides, cometas y poderosas tormentas solares.
La Semana Mundial del Espacio 2013 tiene que ver con lo que muchos consideran la próxima frontera: el planeta Marte. La humanidad está conquistando rápidamente esta nueva frontera. El robot explorador «Curiosity», el más grande jamás llevado a otro planeta, descubre nuevas características del planeta rojo cada día. En 2018 saldrá probablemente la primera misión tripulada a Marte a través de la fundación llamada «Inspiration Mars» de Dennis Tito; otras organizaciones también están planeando la misiones tripuladas en algún momento en las próximas dos décadas.
Todo esto, aunado a que la tecnología espacial nos ha revelado dos mundos muy diferentes, por un lado Marte, congelado y carente de oxigeno y por el otro la Tierra, nuestro hogar celeste, pletórico de vida. Pero Marte ha estado siempre presente en nuestras mentes, primero como un personaje mitológico representando al dios de la guerra y más recientemente como escenario de civilizaciones de marcianos que desean conquistar la Tierra, surgidas de las plumas como H. G. Wells, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, entre otros.
Atrapados en la Tierra sin ciencia ni tecnología, durante gran parte de la historia, alguna vez pensamos que era el centro del universo, sin embargo destronada de su geocéntrico lugar, la contemplamos con nuevos ojos, gracias a la tecnología espacial y sabemos irónicamente que una de sus más grandes amenazas proviene de nosotros mismos y de nuestra tecnología industrial, que eleva poco a poco su temperatura, poniendo en peligro a toda la vida del planeta al provocar un cambio climático por medio del calentamiento global.
A partir del 4 de octubre y hasta el 10, conoceremos muchas de estas y otras historias de ambos mundos, reveladas por la ciencia y la tecnología, que nos llevaran a seguir explorando Marte y descubriendo la Tierra como no lo habíamos hecho antes.
Por lo anteriormente expuesto, exhortamos al pleno de esta soberanía a seguir impulsando y fomentando el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en México.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2013.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con motivo del Día Mundial de los Animales, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, diputado José Arturo López Cándido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como a las Secretarias de Trabajo estatales y del Distrito Federal a instalar las comisiones estatales de productividad, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 30 de noviembre 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo dentro de las cuales se encuentra la reforma al artículo 153-Q, donde se contempla la instalación de un comité nacional de productividad así como comisiones estatales de productividad.
Dichas comisiones se encuentran integradas conforme lo mencionado en el artículo 153 K; donde menciona que
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Productividad, que tendrán el carácter de órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal y de la planta productiva.
A su vez, en el primer informe de actividades del Ejecutivo federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social enuncia que
...la Comisión Nacional de Productividad está integrada por cuatro dependencias del gobierno federal: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; cinco representantes de cada uno de los factores de la producción (de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales de trabajadores); cuatro representantes de instituciones de educación superior; un representante de una institución de educación técnica media superior, y un representante de una institución de capacitación para el trabajo.
Cuyo principal funcionamiento es realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, así como estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios, y en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad.
Considerandos
Es preocupante que a casi un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Trabajo, en donde se prevén dichas comisiones estatales solamente cuatro estados cuenten con comisiones instaladas; Baja California Sur, Chiapas, Colima y Guanajuato, según el primer informe de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de los cuales se tiene conocimiento.
La información que dicha comisión presenta, es de suma importancia para saber el avance laboral y productivo de cada una de las entidades federativas del país. Aunado a ello que las funciones las cuales se deben de cumplir queden en un limo ya que se observa que existen huecos donde no se obliga a ninguna entidad a establecer de manera inmediata dicha comisión, con ello el último año parece rezagado.
Entre sus objetivos es promover una política de capacitación que atienda las necesidades de los empleadores y de quien desee autoemplearse, impulsar la productividad de las plantas laborales y elevar los niveles de capacitación de los trabajadores.
El secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, señaló que dicho compromiso quedó plasmado en el decreto signado con todos los sectores tanto público, privado y empresarial de la entidad, se establece que la capacitación es el medio adecuado para el crecimiento económico del país, por ello es necesario que realmente se sienten las bases para el funcionamiento de dicho comité y las comisiones estatales, ya que es fundamental que por medio de ellas se implementen funciones de los encargados de los comités y comisiones estatales y que en un término inmediato se activen los mismos.
Por lo expuesto anteriormente, el suscrito somete a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que los gobiernos estatales, así como el del Distrito Federal por medio de sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales cumplan con lo establecido en el artículo 153-Q de la Ley Federal de Trabajo e instalen las comisiones estatales de productividad.
Segundo. Que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informe a esta soberanía de las comisiones estatales según que se vayan instalando en cada una de las entidades federativas.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de dos mil trece.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
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