Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3916-VI, jueves 28 de noviembre de 2013
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Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a realizar acciones para atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación del río Lerma y de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales de los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde sus principios el hombre obtenido diferentes beneficios de los ríos, que le han servido para proveerse de agua potable, alimento, como medio de transporte, etcétera.
En nuestros días, el papel de los ríos y cuencas de agua dulce es aún más importante de lo que fue para las generaciones pasadas, pues como todos sabemos, solo el 2.5% del agua contenida dentro de nuestro planeta es agua dulce, considerada apta para las actividades del hombre así como para su consumo. Aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura. Y según cifras proporcionadas por la ONU, aproximadamente el 85% de las aguas utilizadas en el mundo no son tratadas ni colectadas de manera alguna.
México cuenta con 314 cuencas hídricas, de las cuales se tienen identificadas 24 como las más importantes a nivel nacional; estando dentro de éste reducido número de cuencas la del Rio Lerma, que forma parte del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua.
La cuenca Lerma Santiago Pacífico, está ubicada en el centro occidente de la república mexicana, cuenta con una extensión de 53 mil 591 km2 y tiene injerencia en 5 Estados, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El Río Lerma, principal actor de la cuenca en mención, es el más largo de los ríos interiores de nuestro país, se origina en el Estado de México, por filtraciones del Nevado de Toluca, atraviesa hacia el noreste del Valle de Toluca, sigue su curso por Marvatío y desemboca en el Lago de Chapala. Se asienta en el centro occidente de la República Mexicana
Históricamente, esta cuenca ha sido de gran importancia para el centro del país, pues aparte de ser una fuente de recursos naturales para las actividades humanas, representa una fuente de agua potable y energía eléctrica que abastece parte de las necesidades de la Ciudad de México. De igual manera, ha servido como recurso natural para las actividades humanas entre las que podemos destacar la agricultura, pesca, pecuaria, así como la realización de actividades diarias y el consumo humano.
Debido al crecimiento socioeconómico e industrial, dicho río ha sido sometido a diversos cambios ante la modificación de su entorno, el cual ha ido degradándose gradual y constantemente con motivo de las descargas de aguas residuales, domésticas, industriales y desechos sólidos.
Los problemas mencionados, son ocasionados principalmente por el crecimiento demográfico, que conlleva una mayor demanda de agua potable y mayores niveles de contaminación, mientras que en contraste los ciclos pluviales en los últimos años son cada vez más irregulares, al grado que año con año son menores los periodos y las cantidades de precipitación que se presentan. Si a esto agregamos el deterioro ambiental por la contaminación, es innegable que la cuenca Lerma Chapala está destinada a desaparecer o en el mejor de los casos, perder completamente su sustentabilidad.
En 1988 se iniciaron las descargas de desechos industriales en el Río Lerma, las cuales originaron un deterioro ambiental, provocaron malos olores y enfermedades en los ciudadanos que viven al margen del río, tales como infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, amibiasis, otitis media aguda, enfermedades del ojo en menores de 1 a 4 años de edad, entre otras. Situación que son el paso del tiempo se ha agravado, ocasionando que los habitantes de los núcleos poblacionales que se localizaban a la margen del río migraran y cayeran las actividades agrícolas y pecuarias.
Hoy en día la problemática del río Lerma presenta diversas problemáticas dentro de las que se destacan las siguientes:
1. Aire: el río genera malos olores ocasionados por la descarga de aguas residuales domésticas e industriales.
2. Suelo: el suelo está degradado gravemente por la presencia de sustancias químicas tóxicas.
3. Agua: el agua del río está contaminada por agentes químicos, físicos y biológicos.
4. Deforestación: los altos niveles de deforestación afectan la calidad del suelo, la recuperación de mantos acuíferos y a la diversidad biológica en general.
5. Escases de agua: Hoy en día los suelos son de características desérticas, por lo cual se han mermado las actividades agropecuarias de los pobladores.
Por su parte, en el Río Santiago, la problemática es también preocupante. Desde 2004 hay reportes de que la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, es una de las más contaminadas a nivel nacional. En 2004, un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara en el Río Santiago, a su paso por los poblados de El Salto y Juanacatlán, arrojó resultados preocupantes, al identificar en el agua del cauce concentraciones por encima de la norma en cianuro, plomo, cadmio, mercurio, aluminio y arsénico, éste último, agente identificado como responsable del fallecimiento de un habitante de la localidad en el 2007.
Mientras que el Lago de Chapala está contaminado desde hace años. Al respecto, investigadores de las universidades de Guadalajara y Guanajuato publicaron un libro en el 2009, en el cual señalaron que los suelos del Lago de Chapala, así como el agua del mismo están altamente contaminados, pues se registró la existencia de metales como el azufre y el flúor, así como algunos sólidos provenientes de residuos de fertilizantes y descargas industriales y municipales.
Condiciones que provocan la “eutrofización del lago”, ocasionando la propagación de materia orgánica, sin mencionar que algunos de los contaminantes encontrados son nocivos para los animales que habitan el lago, así como para los seres humanos.
Analizando la situación actual, podemos afirmar que la problemática de la cuenca es originada por las actividades domésticas de la población, el comercio y el sector industrial, deteriorando la calidad del agua, aire y el suelo, así como la calidad de vida de quienes habitan a sus márgenes y de quienes se bastecen de sus aguas.
El compromiso que tenemos con el medio ambiente, los ecosistemas, la flora y la fauna, y por supuesto, con las próximas generaciones es mayúsculo.
México, ha suscrito diferentes Instrumentos Internacionales que debemos cumplir, así como posibilitar el ejercicio del derecho al agua consagrado en la Ley Fundamental.
A los legisladores federales nos corresponde tomar conciencia de la situación grave que enfrenta dicha cuenca, buscar acuerdos y actuar en consecuencia, sabedores de que en caso de continuar con las tendencias de sobreexplotación y administración deficiente del agua, aunada a los bajos suministros de agua que la cuenca ha recibido en los últimos años, estaremos cada vez más cerca de llegar al desecamiento de la misma.
Resultan innumerables las acciones que se deben realizar en pro de la recuperación de la cuenca, las cuales van desde la concientización de la ciudadanía, a fin de impulsar una nueva cultura que proteja el líquido vital, así como la supervisión del cumplimiento de las Normas Oficiales en la materia por parte de las empresas y el tratamiento de aguas residuales; así como acciones estratégicas y decididas por parte de las autoridades, a efecto proteger y recuperar la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, y los Ríos Lerma y Santiago, así como el Lago de Chapala.
Se requiere de voluntad política, así como de la adopción de programas públicos encaminados a cuidar los recursos hídricos con un enfoque moderno y sustentable. De ahí, el presente Punto de Acuerdo que hoy sometemos a su consideración.
En razón de lo anterior, se presenta la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, a tomar acciones urgentes con la finalidad de atender la grave problemática que representan los niveles de contaminación del río Lerma y de la cuenca Lerma Santiago Pacífico.
Dado en el Palacio Legislativo, el 28 de noviembre de 2013.
Diputados: Luis Olvera Correa, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Íñiguez, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia, Blanca María Villaseñor Gudiño, Ernesto Núñez Aguilar, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, José Sergio Manzur Quiroga, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Francisco Javier Fernández Clamont, Cristina González Cruz, Erika Yolanda Funes Velázquez, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Fernando Zamora Morales, Norma Ponce Orozco, José Isidro Moreno Árcega, Brenda Alvarado Sánchez, José Rangel Espinosa, Délvim Fabiola Bárcenas Nieves, Sergio Armando Chávez Dávalos, Marco Antonio Barba Mariscal, Cecilia González Gómez, Abel Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Héctor García García, Cesario Padilla Navarro, Gabriel Gómez Michel, María Leticia Mendoza Curiel, Felipe Arturo Camarena García, María Elena Cano Ayala, María Guadalupe Velázquez Díaz, Alejandro Rangel Segovia, María Esther Garza Moreno (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir a la opinión pública si hay algún convenio o acuerdo con la empresa Coca Cola; y a la Profeco, a investigar la venta de refrescos de cola en las casetas de cobro del país, suscrita por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra e Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Omar Antonio Borboa Becerra e Isaías Cortés Berumen, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo a la información disponible existe una relación evidente entre el consumo de refrescos con la obesidad y la diabetes. De hecho, se ha comprobado que el consumo de refresco puede llevar a la diabetes, sin que la persona presente obesidad. No existe ningún otro producto en el mercado que por su alto consumo y alta concentración calórica esté asociado con la obesidad y la diabetes como el refresco.
Apenas en junio pasado, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reveló que el país con mayor grado de obesidad en el mundo es México. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2011 la principal causa de muerte en México fue la diabetes.
En México, el consumo de bebidas azucaradas aporta más de 12 por ciento del total de energía gastada. En el periodo de 1999 a 2006, la energía consumida proveniente de bebidas altas en energía, en las que el refresco representa un papel predominante, incrementó más del doble en adolescentes y se triplicó en los adultos, por lo que la frecuencia en el consumo de refresco supera a alimentos básicos como leche, huevo, carne, frutas y verduras.
Diversos estudios revelan la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso, tanto en niños como en adultos.
Por ejemplo, se ha estimado que México tiene el mayor índice de muertes asociadas al consumo de refrescos con 318 defunciones por millón de adultos. Es decir, la muerte anual de 22 mil 020 personas, equivalente al 12 por ciento de las muertes ocurridas en el mundo.
Para tratar de contrarrestar esta situación, que no sólo se presenta en nuestro país, en varias naciones se han promovido diversas regulaciones para los refrescos: su salida de las escuelas, impuestos, reducción de sus envases, entre otros. Una de las medidas más desarrolladas para enfrentar el alto consumo de refrescos ha sido el impuesto a esta bebida.
Estos impuestos pueden recabar suficientes recursos para impulsar políticas públicas que logren modificar, lo que los científicos llaman, el ambiente obesigénico.
En nuestro país, la iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo federal presenta cambios a la Ley del Impuesto Especial de Productos y Servicios, en la que se grava con un peso por litro a bebidas azucaradas, y fue una de las propuestas que recibió mayor apoyo en su aprobación.
Los recursos que se obtengan por el impuesto pueden ser utilizados para instalar bebederos en escuelas, espacios públicos y, como prioridad, en comunidades de más bajos recursos donde el consumo de refresco se ha convertido en medio de hidratación para muchas personas. O, en su caso, se pueden utilizar para enfrentar los altos costos que traen consigo las enfermedades asociadas a la obesidad.
Por otro lado, recientemente la organización El Poder del Consumidor, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para retirar la campaña 149 calorías, que Coca-Cola lanzó en marzo del 2013.
Dicha petición argumenta que la campaña en la que se presentan algunas actividades que requieren las 149 calorías contenidas en una porción de 355 mililitros de Coca-Cola, es considerada publicidad engañosa, ya que invita al consumo de refrescos a través de mensajes que son presentados como saludables.
Sabemos que a pesar de las diversas campañas contra la obesidad que dejan claros los riesgos que el consumo excesivo de refresco tiene para la salud, el consumo de estas bebidas parece no disminuir en lo absoluto.
Por otro lado, desde 2008 la Secretaría de Salud presentó las Recomendaciones para la población mexicana en el Consumo de Bebidas para una Vida Saludable, donde la posición respecto a los refrescos fue: “No se recomienda su consumo, de hacerlo, la recomendación es que sea esporádicamente y en porciones pequeñas”. Sin embargo, estas sugerencias no han sido difundidas aun entre la población.
Por todos estos problemas de salud que se presentan en la población que consume refresco, es que a través de la presente proposición con punto de acuerdo quiero llamar la atención con relación a lo que se ha venido presentando en algunas casetas de cobro del país.
Por mencionar un ejemplo: en la caseta Guadalajara-Zapotlanejo, al pagar su peaje le ofrecen al usuario un refresco de cola por unos cuantos pesos más. Con esta acción lejos de inhibir el consumo de refresco, se está promoviendo aún más su compra y consumo por un precio menor al que se venden en las tiendas. Ello sin duda va en contra de las acciones que se han emprendido con el objeto de disminuir el consumo excesivo de refrescos.
Es urgente que las autoridades competentes verifiquen este tipo de acciones en las casetas de cobro del territorio nacional. Para que sea permitida la instalación de máquinas despachadoras o depósitos de refrescos de cola en las casetas de cobro de las carreteras del país, tendría que haber conocimiento y, en su caso, aval de la autoridad o autoridades correspondientes.
Estas prácticas deben suspenderse, toda vez que se deben impulsar y no contrarrestar las pocas políticas públicas instrumentadas frente al alto consumo de refrescos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe detalladamente a la opinión pública si existe algún convenio o acuerdo con la empresa Coca Cola, y sus términos, para permitir que se ofrezcan refrescos de cola en las casetas de cobro del país al pagar el peaje.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que investigue la venta o entrega de refrescos de cola en las casetas de cobro del país y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Isaías Cortés Berumen.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a difundir al público y en su portal electrónico la información relativa al origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático correspondientes a 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga de conocimiento público y en su portal electrónico oficial, la información relativa del origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, dividido en varios programas presupuestarios; los avances, cumplimiento de metas y objetivos; así como las evaluaciones de cada programa vinculado, correspondiente a 2012 y 2013”; al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) se creó el 24 de abril de 2005 mediante decreto presidencial, como uno de los instrumentos más importantes de política transversal al ser un espacio multisectorial de concertación de políticas públicas de cambio climático. Su objetivo es coordinar las acciones de las diversas dependencias de la administración pública federal para formular e instrumentar políticas nacionales de cambio climático y promover acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.
La Presidencia de la CICC recae en el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y su secretariado técnico en la Dirección General de Políticas de Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, de la secretaría. Actualmente, la CICC está integrada por 11 secretarías de Estado, dos invitados permanentes y siete grupos de trabajo activos, los cuales coordinan las acciones, políticas y estrategias relacionadas con el cambio climático.
2. En 2008 se creó el primer programa sobre cambio climático, denominado “Prevención sobre cambio climático” y en 2011 se crea el “Programa mitigación y adaptación del cambio climático”, con clave presupuestaria U022.
3. El 28 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Cambio Climático, PECC, 2009-2012 con una vigencia hasta finales de 2012; que se aprobó en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, convirtiéndose en un importante instrumento de política transversal. Es el primer instrumento mexicano de política nacional de cambio climático con metas específicas que involucran a un gran número de entidades de la administración.
La estructura del PECC integró acciones en cuatro capítulos: 1. Mitigación. Contiene las metas orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico y está dividido en sectores y subsectores de fuentes emisoras; 2. Adaptación. Presenta metas relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos de los efectos del cambio climático en los sistemas humanos, naturales, en actividades productivas y en infraestructura clave. Las metas definidas para este capítulo se dividen en sistemas y subsistemas, adaptando al contexto mexicano los lineamientos del grupo de trabajo II del PECC; 3. Política transversal. Describe las metas orientadas al aseguramiento de la eficacia del PECC mediante una estrategia de integración transversal. Las acciones clave identificadas para concretar el trabajo de la multiplicidad de actores involucrados en cada meta están divididas en secciones temáticas; 4. Visión de largo plazo. Esta visión modela la trayectoria que debe seguir el país para asegurar la desviación de la línea base en materia de emisiones de GEI y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático.
4. En 2012 el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, AC, en coordinación con asesores expertos en el tema y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevó a cabo un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, de 2012, dando como resultado la confirmación de un anexo transversal sobre el cambio climático en el PEF de 2013 nombrado “Anexo 15. Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático”, que se compone de 38 programas vinculados a 14 dependencias de la administración pública federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012; de tal forma que se destinaran los recursos adecuados y suficientes para el logro de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático y la operación política nacional en la materia.
5. Aunado a lo anterior, en el caso de los programas sobre cambio climático, la dinámica presupuestal también ha ido variando como se muestra a continuación:
Ejercicio Monto asignado a programas sobre cambio climático2012 35 mil 266.9
2013 34 mil 514.8
2014 37 mil 227.8
(Cifras en millones de pesos)
Fuente: PEF 2013 y 2014; transparencia presupuestaria.gob.mx; e informes
6. Para hacer frente al cambio climático es necesario que los gobiernos establezcan una política pública transversal que contemple acciones tanto para la mitigación –reducción de las emisiones–, como para la adaptación -reducción de la vulnerabilidad, prevención de los impactos y mejoramiento de los niveles de respuesta ante los efectos de la variación de la temperatura terrestre del calentamiento global. De hecho, el Estado mexicano está obligado a ello tras haber ratificado el régimen internacional creado para atender este problema, encabezado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.
Al respecto, en la implementación de estas políticas es fundamental que existan suficientes recursos económicos y que estos recursos sean asignados y utilizados adecuadamente.
Por ello, es relevante contar con información clara, útil y oportuna en materia de finanzas climáticas. Por un lado, es necesario que el gobierno publique información sobre el flujo de recursos procedentes del financiamiento y la cooperación internacional dirigidos tanto a la mitigación como la adaptación del cambio climático, que son canalizados a través del presupuesto público. Al mismo tiempo, se requiere que el gobierno presente de manera detallada información sobre la aplicación de estos recursos, a través de la implementación de mecanismos de transparencia presupuestaria específicos. De esta manera, el Poder Legislativo y la ciudadanía contarán con herramientas para evaluar la adecuación de la política pública dirigida a enfrentar los desafíos del calentamiento del planeta, para ello, en virtud de que no existe una página oficial en internet ni información acerca de lo anteriormente expuesto, se señalan las siguientes:
Consideraciones
A) El PEF de 2013 incluye el Anexo 15. “Recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático”, que integra 38 programas de los cuales 16 corresponden al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”; 8 relativos al Ramo “Energía”; 2 respecto del Ramo 8 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” y 2 más referentes al Ramo 23 en lo concerniente al Fonden. El resto de programas se ubican en los siguientes rubros: Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Comunicaciones y Transportes; Salud; Marina; Desarrollo Social; Turismo; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Pemex, y; CFE, con un programa cada uno.
En lo que respecta al monto de recursos asignados, la mayor parte de ellos corresponde al Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” y con menos recursos asignados fue el Ramo 21 “Turismo”, como se muestra a continuación:
Ramo Monto 04 Gobernación 241 millones 797 mil 812 06 Hacienda y Crédito Público 48 millones 96 mil 746 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 10 mil 740 millones 10 mil 526 09 Comunicaciones y Transportes 1 mil 75 millones 349 mil 983 10 Economía 10 millones 450 mil 12 Salud 651 millones 109 mil 592 13 Marina 201 millones 903 mil 4 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 51 millones 090,000 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,126 millones 94 mil 486 18 Energía 4,268 millones 551 mil 951 21 Turismo 655 mil 23 Provisiones Salariales y Económicas 6 mil 580 millones 659 mil 907 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 232 millones Total 37 mil 227 millones 769 mil 6 De esta forma, por primera vez en México se deberán cuantificar con exactitud los recursos presupuestales para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, al ser aplicados de manera transversal entre 11 dependencias de la administración pública federal que forman parte de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, recursos del Ramo 23, así como de Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
Adicionalmente, aunado con la transparencia y rendición de cuentas se deberá identificar qué componentes o programas dentro de cada rubro son considerados, qué acciones de mitigación y adaptación son priorizadas, cuánto presupuesto se destina a cada una, y cuál será su impacto esperado en el combate al cambio climático.
B) En relación con lo señalado, se hace del conocimiento que la Semarnat como coordinadora de las acciones de las diversas dependencias de la administración pública federal para formular e instrumentar políticas nacionales de cambio climático y promover acciones orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia; no cuenta con información en sus páginas oficiales, concerniente al origen, distribución aplicación y comprobación de los “recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático”, dividido en varios programas presupuestarios; los avances, cumplimiento de metas y objetivos, ni con evaluaciones de cada programa vinculado, en contravención con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su Artículo 7 fracción XVII el cual señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
También se proporcionara la información a que se refiere el artículo antes mencionado; deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
C) Como lo estipula el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el secretario de Estado tendrá la obligación de atender las solicitudes que les sean enviadas y el turnará a los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.
D) Asimismo en el artículo 9 de la misma ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. De esta manera, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.
Por lo fundado y motivado, solicito sea aprobado los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud para que haga de conocimiento público y en su portal electrónico oficial, lo siguiente:
• El origen, distribución aplicación y comprobación de los recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, dividido en los programas presupuestarios.
• Los avances, cumplimiento de metas y objetivos; así como las evaluaciones de cada programa vinculado.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en el programa anual de auditorías 2014, sean considerados para su revisión los “recurso para la mitigación de los efectos del cambio climático” en virtud de que no han sido evaluados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a constituir un fideicomiso en el Bansefi a fin de reestructurar los créditos de nómina otorgados en el país, y ofrecer mejores tasas de interés y plazos mayores para pagar préstamos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Gracias a una gestión, a una idea del maestro Juan Díaz de la Torre y a una decisión política del presidente Enrique Peña Nieto, hoy estamos dando una buena noticia a las y los maestros que han contratado un crédito de nómina, y que tienen una carga elevada cada mes, cada quincena para pagar.1
Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público
La administración de Enrique Peña Nieto ha demostrado durante el primer año de su mandato que no se debe a los intereses de la ciudadanía; por el contrario, el gobierno federal responde únicamente a las demandas de los grupos de poder que pactan con él.
Como muestra de lo anterior tenemos lo ocurrido en la primera reunión del presidente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la cual se declaró que el gobierno apoyará a 300 mil maestros que presentan adeudos en créditos con instituciones financieras privadas, a través de un fondeo por cinco mil millones de pesos de Nacional Financiera que sustituirá de inmediato los créditos de nómina actuales.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expuso que el propósito de esta medida, conocida como “Profeproa”, es convertir a la banca de desarrollo en el acreedor de los mentores, logrando así mejores tasas de interés y plazos más largos para el pago de los préstamos.
Para conseguir lo anterior se ha establecido la creación de un fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el cual será ejecutado a través de la dirigencia de cada una de las secciones sindicales del SNTE en todo el país.
El secretario de Hacienda declaró que éste no es un programa temporal, sino que se constituirá como una opción para los maestros que les permitirá obtener créditos de nómina, atender contingencias o adquirir bienes duraderos, con condiciones de crédito mucho más atractivas.
El problema con este “alivio financiero” radica en que los principales beneficiados con los cambios propuestos no serán las bases magisteriales, sino los dueños de las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofome).
Esto se debe a que, desde el rescate bancario que sucedió durante el sexenio de Ernesto Zedillo, las grandes instituciones bancarias disminuyeron su participación en el otorgamiento de empréstitos en efectivo dirigidos a empleados de entidades y dependencias gubernamentales que se garantizan a través de descuentos vía nómina, por lo que las Sofome experimentaron un crecimiento exponencial en dicho segmento.
El auge de entidades crediticias originado permitió que las Sofome otorgaran préstamos a empleados federales que iban desde 2 mil hasta 200 mil pesos, los cuales se caracterizaban por un CAT promedio de 58.85 por ciento, por plazos que se alargaban hasta 92 quincenas, con comisiones hasta por pagos anticipados y por sobrecostos por trámites administrativos.1
Ahora que las plazas de los trabajadores de la educación se encuentran en riesgo debido a la reforma educativa, el Ejecutivo federal decide apoyar este programa, con el cual se evitará que los maestros que pierdan su trabajo dejen de pagar los créditos otorgados.
De este modo, podemos observar cómo el rescate del gobierno responde a intereses ilegales, ya que no se encuentra definido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014; patrimonialistas, debido a que implica la entrega de recursos de manera discrecional, personal, arbitraria y subjetiva, e inmorales, pues opera en un régimen de corrupción política en el que se pagan deudas magisteriales a cambio de favores electorales.
Si como bien expone Luis Videgaray, “el acceso al crédito es una de las condiciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía, de la economía nacional, de la economía de una pequeña empresa y, particularmente, de la economía familiar”, ¿por qué se decidió ayudar tan sólo a 300 mil maestros y no se realizaron políticas que brinden apoyo a los 3 millones de usuarios de tarjetas de crédito o de hipotecas que se encuentran en cartera vencida?
¿Por qué se favorece únicamente al SNTE y no se consideraron medidas que involucren al resto de trabajadores de la educación, a los constructores de vivienda, a los productores de frijol y a los millones de mexicanos que día a día enfrentan las condiciones y tarifas impuestas por un oligopolio bancario, el cual fija tasas de interés de tarjetas de crédito que oscilan entre 27 y 66 por ciento, haciendo del plástico la línea de financiamiento más cara del mercado?
Ya basta de prebendas, diezmos y migajas para los aliados del sistema. El país requiere que todos los empleados de entidades y dependencias gubernamentales que han solicitado un crédito de nómina gocen de una reestructuración del sistema bancario, que les permita mejores tasas de interés y plazos más largos para el pago de los préstamos.
Por lo expuesto proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a constituir un fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, que tenga como propósito la reestructuración de todos los créditos de nómina otorgados en el país, a fin de ofrecer mejores tasas de interés y plazos más largos para el pago de los préstamos.
Notas
1 http://m.aristeguinoticias.com/2211/mexico/gobierno-de-epn-ayuda-al-snt e-con-deudas-crediticias-de-maestros/
2 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/11/2 5/verdad-sobre-profeproa
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director de la CFE que difunda y aclare los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro dudoso, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que haga del conocimiento público y aclare los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013, correspondientes a las pérdidas por 41,606.7 millones de pesos (mdp), la deuda documentada por 123,542.6 mdp y las cuentas de cobro dudoso por 17,552 mdp; al tenor de los siguientes
Antecedentes
1o. La Comisión Federal de Electricidad (CFE ) es una entidad paraestatal, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano.
2o. Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo creado por Ernesto Zedillo a finales de su gobierno en el año 2000. A través de ellos, Pemex y la CFE contrataron deuda en moneda extranjera y nacional con empresas privadas para financiar proyectos que supuestamente no podían realizarse con recursos propios.
En la reforma petrolera del 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas que se registraba como deuda de las paraestatales mencionadas se contabilizaría en el futuro como deuda pública. Hacia marzo del 2010, que fue la última fecha en que se publicó el pasivo de Pidiregas en la CFE se señalaba una cifra de 250 mil millones de pesos.
El gobierno de Calderón publicó en abril del 2011 un ‘balance fiscal’ a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se reclasifica en cuatro nuevos grupos el manejo del presupuesto federal, dando una libertad absoluta para su control presupuestario tanto a Pemex, como a la CFE.
http://sesgo.org/v2/index.php/laterceracultura-30/articulos/535-el-d escomunal-fraude-oculto-de-pidiregas
3o. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas)
CFE realiza proyectos de inversión para construir activos generadores de ingresos bajo dos esquemas:
Inversión directa
Para construir proyectos de instalaciones eléctricas y que al término de la obra se entregan a la CFE, al momento de la entrega de las obras, materia del contrato, recibidas a satisfacción de CFE, se registra el activo en una cuenta de activo fijo denominada Pidiregas, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.
Los activos adquiridos bajo el esquema Pidiregas, así como la obligación correlativa son registrados al valor contratado del proyecto.
Inversión condicionada
A partir de 2000 y con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), se dio acceso a productores independientes de generación de energía, los cuales solo pueden vender la energía que producen a CFE. La entidad evaluó que 22 de los contratos existentes con productores independientes, tienen características de arrendamiento de la planta generadora de energía de acuerdo con la INIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios y a su vez, dichos arrendamientos califican como arrendamientos financieros de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos, por lo que se registra en una cuenta de activo fijo denominada Productores Independientes, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.
Al 31 de diciembre de 2012 se encontraban firmados 25 contratos con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía.
www.cfe .gob.mx/ConoceCFE /...AcercadeCF E /.../Cierreadiciembre2012_...
4o. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignado a la CFE en 2013 ascendió a 281,532.4 millones de pesos mdp y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 tiene una asignación de recursos por 328,985.4 mdp, cantidad que es mayor en 47,453 mdp respecto al PEF 2013 e implica un incremento de 12.6 % en términos reales; como se muestra a continuación:
Es importante destacar que el mayor monto en el costo financiero de la CFE es derivado del endeudamiento contraído con particulares para expandir la infraestructura de la paraestatal mediante los proyectos de inversión Financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas).
Consideraciones
A) El 28 de octubre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que registró pérdidas por 6,087 mdp durante el tercer trimestre de 2013, en comparación con la ganancia de 3,026 mdp que registró durante el mismo periodo pero de un año antes.
De esta forma, entre enero y septiembre de 2013 las pérdidas de la compañía eléctrica nacional acumulan este año 41,606.4 mdp, cifra que cuadruplica el quebranto total de 2012, que ascendió a 10,232.5 mdp.
Por su parte, la deuda documentada creció 3,843 mdp entre enero y septiembre de 2013, al pasar de 119,699.2 mdp a 123,542.6 mdp.
En el lapso enero a septiembre de 2013 las cuentas de cobro dudoso se incrementaron en 4,536.9 mdp lo que significó un aumento de 34% al pasar de 13,015 mdp en diciembre de 2012, a 17,552 mdp al cierre de septiembre de este año.
En el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año, la CFE reconoce que “durante los últimos años, debido a la reducción de los presupuestos anuales, la CFE no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido, consecuentemente, esta situación pudiera afectar la vida útil de ciertas plantas”
Entre las razones por las cuales la CFE registró pérdidas en su resultado neto se encuentra la insuficiencia tarifaría por 77,853 mdp, la cual fue atenuada con un aprovechamiento de 34,509 mdp.
Al 30 de septiembre la CFE tiene firmados 25 contratos por 25 años con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía*.
*HTTP://www.jornada.unam.mx/2013/10/29/economia/026n1eco
B) Al respecto, expertos han explicado que las pérdidas de la empresa se deben a diversas ineficiencias de la paraestatal, como el subsidio que le da a compañías que cobran por proyectos innecesarios, las obligaciones laborales, el robo de energía y sus costos de producción.
Según datos del Observatorio Ciudadano de Energía, que encabeza José Luis Apodaca Villarreal, ex gerente general divisional de la CFE, la paraestatal permite el robo de energía por $35,000 millones de pesos; genera con combustóleo y gasta $56,000 millones de pesos más respecto del gas natural.
Además, paga en exceso por financiamientos Pidiregas $12,000 millones de pesos; subsidia a firmas extranjeras en la venta de energía para autoabastecimiento remoto con $7,000 millones de pesos y su costo de producción por no aprovechar energías eólicas se encarece en $70,000 millones de pesos.
En la iniciativa de reforma energética, el Ejecutivo atribuye gran parte del problema de las pérdidas de la empresa a sus costos de producción.
Actualmente, México cuenta con una capacidad de 63 Gigawatts, de la cual el 64% es operada por la CFE y el 36% restante por terceros bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios.
“En el esquema actual, los únicos beneficiados con las altas tarifas eléctricas son el gobierno federal, que con fines recaudatorios suministra electricidad, gas natural y combustóleo caros; y las trasnacionales que participan en la generación independiente”, afirmó Apodaca Villarreal*.
http://elhorizonte.mx/a/noticia/437540/normal/2/24
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ciudadano Francisco Rojas Gutiérrez, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:
a) La justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 respecto a las pérdidas de la CFE por 41,606 mdp; la deuda documentada (deuda contratada directamente por la entidad) por 123,542 mdp y las cuentas de cobro dudoso (cuentas de dudosa recuperación) por 17,552 mdp.
b) Los estados que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto de cada uno.
c) Las dependencias de la Administración Pública Federal que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto que adeuda cada una.
d) El monto que adeudan usuarios particulares y particulares que tienen tarifa empresarial, por concepto de consumo de energía, clasificado por estado.
e) Los mecanismos de control que ha implementado para evitar el robo de energía; así como para el cobro de deuda por consumo de energía.
f) Los elementos que ha considerado para el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, y a la fecha cuántos y cuáles son los contratos que tiene firmados con éstos; así como las condiciones y beneficios para la CFE establecidos en cada uno de los contratos otorgados.
g) Haga público los recursos erogados en la participación de la inversión privada en infraestructura.
h) De los subsidios que otorga: criterios y/o lineamientos, tipos de subsidios y tipos de beneficiarios.
El alcance y resultados del modelo de inversión vía Pidiregas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a considerar la información relativa a la situación de violencia contra las mujeres en Guerrero para emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que alrededor de 47% de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún incidente de violencia emocional, económica, física o sexual a lo largo de la relación sentimental con su actual o última pareja.
En dicho tenor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenció que “en Guerrero, la violencia física y sexual que enfrentan las mujeres actual y anteriormente unidas por parte de su pareja o esposo, es predominantemente grave y muy grave (86.1%) la moderada representa soýlo 13.9 por ciento; la violencia grave es ligeramente superior al promedio nacional que es de 85.0 por ciento.”1
Por otro lado el Inegi considera que “sin duda, la grave situación por la que atraviesan las mujeres que son agredidas por sus parejas de forma sistemaýtica y severa, tiene diversas repercusiones y efectos emocionales y danÌos físicos, que atentan contra su integridad y su bienestar. Las repercusiones emocionales pueden conducirlas a situaciones extremas y desear o intentar suicidarse. El 10.1% de las mujeres que han enfrentado cualquier tipo de violencia por parte de su pareja, ha pensado o intentado alguna vez suicidarse (3.9% lo intentoý y 6.2% soýlo lo pensoý). Pero quienes presentan el mayor porcentaje en esta situación, son las mujeres que han enfrentado violencia física y/o sexual; de eýstas 18.2% lo ha pensado o lo ha intentado (7.1%lo ha intentado y 11.1% soýlo lo ha pensado)”.2
Aunado a ello se expone que “en 2011, el total de defunciones registradas en la entidad ascendióý a 17 841 personas (10 550 hombres y 7 269 mujeres y 22 sin especificar el sexo de la persona). En el caso de las muertes por homicidio, éstas ascendieron a 2 372 (2 179 hombres y 186 mujeres); es decir, 13.3% de las defunciones del estado fueron por esta causa y en un lapso de 11 años la proporción de homicidios en el conjunto de defunciones, casi se duplicoý”3 y en lo específico, en cuanto a homicidios de mujeres compete, el porcentaje ascendió de 1.8 por ciento en 2010 a 2.6 por ciento en 2011.
Asimismo, “las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo Leoýn (9.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6)”,4 por lo que Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional.
Respecto a las cifras por municipio en Guerrero, considerando el porcentaje de homicidios de mujeres por cada cien mil habitantes, destaca que San Miguel Totolapan (34.6 por ciento), Apaxtla (30.8 por ciento) y Cuajinicuilapa (22.7 por ciento).
Por otro lado, en días recientes, el Periódico El Sur de Acapulco, expuso que según Rosa Icela Ojeda Rivera, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Hanna Arendt, cada semana ocurren de dos a seis feminicidios en la entidad y evidenció el asesinato de la niña Marifer Arroyo Ríos, originaria del municipio de Coyuca de Benítez, para demostrar la grave situación de violencia que se vive en el estado en referencia y con mayor énfasis sobre las mujeres.
Si bien existen diversas expresiones de la violencia de género que van desde la violencia psicológica, la emocional, verbal, pasando por la cultural, la económica, la violencia política hasta la violencia sexual, hoy quisiera abocarme a la violencia física, en específico en el feminicidio, el cual es la máxima expresioýn de la violencia de género.
A nivel nacional, la violencia feminicida estaý contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que estipula que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”
Seguýn el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, revela que de 2005 a 2010, el 28.09 por ciento, tenían entre 21 y 30 años, seguido del sector de 31 a 40 con un 18.22 por ciento, y mujeres entre 11 y 20 años que representan el 18.11 por ciento.
De manera maýs concreta, en el período comprendido entre enero de 2009 y junio de 2010, el 17.92 por ciento de las víctimas de feminicidios en el país, tenían entre 10 y 20 años; el 32.13 por ciento entre 21 y 30 y el 26.74 por ciento, entre 31 y 40 años, lo cual es clara evidencia que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, a quienes se les apaga la oportunidad de desarrollar una vida y tal vez de habernos acompañado el día de hoy, porque hay que decirlo, varias, si no es que la gran mayoría de quienes estamos aquíý conocemos de manera directa o indirecta casos de mujeres que salieron a trabajar y ya no regresaron o que ya no salieron con vida de las entrañas de su propio hogar, ya que ésta representa el lugar en donde, con mayor frecuencia, se hallaban las mujeres víctimas de feminicidios, con un 36.23 por ciento, en este mismo periýodo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, estipula la declaratoria de alerta de violencia de género (AVG), la cual “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, la cual corresponde al gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, quien a su vez realiza la notificación al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión. Asimismo, según el artículo 24, la AVG se emitiraý cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, asíý lo soliciten.
Sin embargo, la emisión de la declaratoria de AVG se ha convertido en una cuestión política, pareciera que cuando se denuncia la situación respecto a los feminicidios en los estados, los gobernadores la contemplan como un acto en su contra para desacreditarlo, cortándole aspiraciones que pudieran tener en un futuro y poniendo en evidencia la falta de mecanismos de seguridad en sus estados.
Esto ha provocado que pese a los numerosos casos documentados de feminicidios y las diversas recomendaciones de organismos internacionales como la CEDAW, el Estado mexicano ha sido incapaz de emitir esta declaratoria en estados como: Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Nuevo León; en donde con anterioridad se ha solicitado la aplicación de tal medida, a los cuales y de manera alarmante se podrían o se estaýn sumando Hidalgo, Morelos, Chiapas, entre otras entidades en donde en fechas recientes se ha presentado un incremento notable en el número de feminicidios.
El asesinato de una persona, en este caso de una mujer, representa una tragedia en siý misma, recrudece y evidencia la falta de garantías, a la par que exhibe la insensibilidad con la que las autoridades correspondientes toman cartas en el asunto; haciendo uso de frases o notas periodísticas en donde reportan que las mujeres víctimas de estos hechos estaban bajo los efectos de alcohol o droga para desacreditar y criminalizarlas.
Empleadas, profesionistas, trabajadoras sexuales, jefas de familia, todas ellas viýctimas siý de feminicidio, pero también víctimas de la violencia ejercida por el Estado mexicano al no garantizar una de sus tareas esenciales: la protección y la seguridad de quienes habitamos este territorio; por la omisión de las autoridades cuando estas mujeres, previamente, habían denunciado sufrir de algún tipo de violencia; cuando dejaron en libertad a sus agresores, por el no reconocimiento del feminicidio haciéndolo pasar por un homicidio común, con todas las repercusiones que esta distinciónýn implica; víctimas también de la sociedad quien al guardar silencio se vuelve cómplice y a la vez responsable de lo ocurrido todos los días en todo el mundo, es por lo antes expuesto que presentamos a la asamblea la siguiente resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la información relativa a la situación de violencia en contra de las mujeres en el estado de Guerrero en miras de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadistica s/2013/violencia12.pdf
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Inegi, www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadistica s/2013/violencia0.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de noviembre de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a difundir al público y en su portal de Internet el origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los recursos asignados al padrón único de beneficiarios, así como las evaluaciones correspondientes a los programas institucionales dirigidos a la población migrante, de los ejercicios 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, hacer del conocimiento público y en su portal de Internet, el origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados; padrón único de beneficiarios; indicadores; avances; metas y objetivos alcanzados; así como las evaluaciones correspondientes a los 87 programas institucionales dirigidos a la población migrante, de los ejercicio 2012 y 2013; al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Desde finales de la década de los años ochenta comenzaron a configurarse los objetivos que hoy representan elementos indiscutibles en la política pública en materia de migración del gobierno mexicano:
• Contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoria con base en un marco legal que facilite los flujos migratorios con respeto a la dignidad humana.
• Garantizar la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial, independientemente de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados en las cuales participan los tres órdenes de gobierno.
2. La población migrante, así como los habitantes de comunidades de alta movilidad migratoria, presentan necesidades específicas que deben ser atendidas de manera integral por las diferentes instituciones públicas. Por ello, el gobierno de México ha implementado una serie de programas que tienen como objetivo central garantizar el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos que han migrado a otros países, de aquellas y aquellos que regresan, de las personas que migran de manera interna, y de extranjeras y extranjeros que se encuentran en tránsito por México o que han establecido su residencia en este país.
Consciente de los avances y los retos que se tienen en materia migratoria, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dentro del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009- 2012 estableció una serie de acciones encaminadas a la protección de las mujeres en las migraciones y sus familias.
3. En este sentido, y con el afán de contribuir en el acceso a los beneficios de la oferta institucional que se tiene para este sector, el Inmujeres compiló y sistematizó, en 2010, el directorio que contaba con 62 programas que se encontraban vinculados y dependían de las secretarías siguientes: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comunicaciones y Transportes (SCT), Desarrollo Social (Sedesol), Economía (SE), Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Relaciones Exteriores (SRE), Salud (SSA) y Trabajo y Previsión Social (STPS).
4. En 2012 el directorio se integraba de 81 programas institucionales dirigidos a la población migrante, con información de programas implementados de diversas dependencias de la administración pública federal; tales programas brindan atención y orientación sobre temas relacionados con educación, empleo, financiamiento e inversión, protección a personas mexicanas en el exterior, remesas, salud, salud y educación, tecnologías de la información y el conocimiento, entre otros.
5. A la fecha existen 87 programas operativos dirigidos a la población migrante, divididos en 35 dependencias de la administración pública federal.
6. En 2012, para atender el tema migratorio en sus distintas variantes como salud, empleo, seguridad y asesoría consular, se contó con un presupuesto de 7 mil millones de pesos, mientras que para 2013 el presupuesto aprobado fue de 3 mil 570 millones de pesos; siendo que el número de personas migrantes internacionales ha aumentado en los últimos 10 años al pasar de 150 millones en el año 2000 a 214 millones en la actualidad, como lo señala la Organización Internacional para las Migraciones.
7. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, no responde a lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en términos de objetivos, estrategias y líneas de acción para atender y proteger los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes. Esto significa que existe un retroceso en los recursos que se canalizan a los programas presupuestarios relacionados con migración. En otras palabras, el PEF 2014 no responde ni a los objetivos planteados por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo ni al principio de progresividad y no regresividad en términos de derechos humanos.
Las reducciones más fuertes se dan en el Ramo 11-Educación Pública y en el Ramo 06-Hacienda y Crédito Público. Primero, desaparece el programa presupuestario denominado S111 programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, el cual en 2013 contó con un presupuesto de 221 millones de pesos, hecho que afectaría negativamente a alrededor de 100 mil niños(as) jornaleros. Desaparece también el programa presupuestario U002 Proyecto para la atención a indígenas desplazados (indígenas urbanos y migrantes desplazados), al que le fue aprobado un presupuesto de 19 millones de pesos en 2013. Otras reducciones se dan en el programa 3x1 para Migrantes, el programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (ambos del Ramo 20 – Desarrollo Social) y el Fondo de Apoyo a Migrantes (Ramo 23).
Consideraciones
A) Al consultar el portal de Internet de la Secretaría de Gobernación no se encontró el Directorio de Programas Institucionales dirigidos a la Población Migrante, por lo que se consultaron los portales de las dependencias de la administración pública federal vinculadas a los 87 programas, detectando que existe poca o nula información y en ningún portal se integra de forma coherente y exhaustiva.
B) Asimismo, según el Centro de Análisis de Investigación Fundar, existen programas a los que se les destinan recursos para atender la migración, sin embargo no se sabe cómo se invierten y cuál es su impacto real.
C) Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 es regresivo en términos de derechos humanos, pues desaparece y reduce recursos a varios programas de atención a migrantes; y debido a que no contiene un anexo en específico para los recursos asignados a la población migrante, no permite identificar cuánto dinero se canaliza a los 87 programas que operan actualmente en 35 dependencias del gobierno federal, ni cuántos recursos se canalizarán a varias de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 relacionadas con migrantes y sus familias.
Al respecto, es necesario implementar mecanismos para transparentar el origen, destino y ejercicio de los recursos asignados a los 87 programas identificados; los indicadores, avances, cumplimiento de metas y objetivos; así como las evaluaciones de cada uno de ellos.
D) Como lo estipula el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el secretario de estado tendrá la obligación de atender las solicitudes que les sean enviadas y turnará a los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.
E) Asimismo en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos se señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.
F) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo, la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
G) Adicionalmente, en el artículo 9 de la misma ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, hacer del conocimiento público y en su portal de Internet, la información relativa a los 87 programas institucionales dirigidos a la población migrante, correspondiente al ejercicio 2012 y 2013, siguiente:
• Origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados.
• Padrón único de beneficiarios.
• Indicadores, avances, metas y objetivos alcanzados.
• Evaluaciones.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que en el Programa Anual de Auditorías 2014, sean considerados los programas institucionales dirigidos a la población migrante en virtud de que no se ha llevado a cabo revisión.
Notas
1. Documento elaborado por Rodolfo Córdova Alcaraz (rodolfo@fundar.org.mx) con comentarios de Liliana Ruiz, Jorge Romero y Axela Romero. Las cifras que se muestran son en términos reales; es decir, considerando el valor de la inflación y tomando como base el año 2014.
2. Revisar el anexo 1 para ver un listado de compromisos que establece el PND 2013-2018 y que deberían reflejarse en materia presupuestaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir los criterios utilizados en el proceso de negociación para adquirir 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda alguna, dentro de la administración pública de nuestro país, una de las dependencias que más se ha caracterizado por noticias sobre fraudes, corrupción y malos manejos, es Petróleos Mexicanos.
Ahora nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza, ya que nuestra paraestatal se está preparando para la ratificación de la compra de 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo, la cual fue anunciada en mayo del presente año.
En una reunión que involucró a funcionarios de alto nivel de Petróleos Mexicanos; al consejero de economía e industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde López, y al principal accionista del astillero gallego, José García Costas, se concretaron las acciones que se planean emprender.
Pemex ha argumentado que el objetivo principal de esta inversión, radica en el interés de transferir la experiencia en conocimiento tecnológico de Hijos de J. Barreras para México, con el propósito de construir más adelante buques especializados en Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, debemos mencionar que la compra del 51 por ciento de la propiedad del mayor astillero privado de Galicia, significará una inversión inicial para la paraestatal de 5.1 millones de euros; es decir, $90 millones 331 mil 200 pesos.1
Mientras que para España el sector naval ha tenido una posición estratégica para la economía, la cual se traduce en 23 astilleros en todo el país; en México preferimos invertir en proyectos extranjeros, lejos de impulsar la proveeduría nacional con el afán de tener una mayor derrama económica.
Los funcionarios de la paraestatal realizan inversiones para crear fuentes de empleo en otras naciones, en lugar de reactivar la industria en México, como lo hacen Petrobras o Statoil, de Noruega o Electricité, de Francia.
Resulta indignante que se celebren adquisiciones con empresas extranjeras, cuando el país requiere inversión en millones de proyectos. ¿En cuántos empleos se traducirá esta compra? Desgraciadamente, mientras en nuestra nación la tasa de desocupación asciende a 5.01 por ciento a octubre, México incentiva la creación de fuentes de trabajo en España.
En un país con 53.3 millones de pobres y 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, resulta inaudito que se privilegie el empleo de extranjeros sobre el de los nacionales.
Nuevamente queda demostrado que mientras Pemex maneje sus inversiones con corrupción y opacidad, se seguirá desmantelando poco a poco a la empresa, reduciendo su valor para venderla en precios ridículos.
Con base en lo expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a hacer públicos los criterios utilizados en el proceso de negociación de la adquisición del 51 por ciento de las acciones de los astilleros gallegos Hijos de J. Barreras, de Vigo.
Nota
1 http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a ratificar con la mayor brevedad el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento público, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre de 1989, en la ciudad de Nueva York. Se le reconoce como el tratado de derechos humanos más confirmado de la historia. Ha sido firmada por 190 de 192 estados, sólo Estados Unidos y Somalia la han firmado pero no ratificado, convirtiéndose así en el instrumento de derechos humanos más ampliamente refrendado en la historia de la humanidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño consta de 54 artículos, los cuales establecen los derechos económicos, sociales y culturales de las y los niños. Asimismo, reconoce que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y, que por tanto, estos menores de edad, necesitan de especial atención. De ahí, la relevancia de la cooperación internacional para el mejoramiento del entorno de vida de los niños, niñas y adolescentes en todos los países, particularmente de aquellos que viven en naciones en desarrollo.
La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño es que busca la construcción de nuevas perspectivas en torno a las y los niños. Con ella, estas personas, pasan de ser objetos de protección a sujetos de derechos.
En este sentido, las y los niños son personas en formación y por tanto no son propiedad de sus padres ni de la persona que los tenga a su cargo, son personas con derechos plenos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer sus derechos de esta manera, la convención orienta firmemente su mandato hacia la personalidad integral de la o el niño.
La convención contiene un articulado en que se establecen cada uno de los derechos que se preservan para los niños y las niñas. También cuenta con dos protocolos los cuales son:
1. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados (año 2000); y
2. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, con respecto a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil (año 2000).
Los países que se encuentran adheridos a la convención, preocupados porque las y los niños gocen de manera plena de sus derechos, han considerado la necesidad de establecer un Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de comunicación, el cual fue aprobado el 19 de noviembre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y entró en vigor el 28 de mayo de 2012. Hasta el mes de julio de 2013, 36 países han firmado y sólo 5 han lo han ratificado (Tailandia, Gabón, Alemania, Bolivia y España).
Este protocolo es un gran avance en el marco internacional de los derechos humanos de las y los niños. Ya que en primer lugar amplía y fortalece el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, ya que permite que ellos mismos y sus representantes realicen directamente denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño sobre violaciones a sus derechos, siempre y cuando las instancias legales de su país se hayan agotado o que los mecanismos regionales o nacionales sean insuficientes. El protocolo promueve tres de los principios básicos de la convención: la participación infantil, el interés superior del niño y la no discriminación.
En segundo lugar, fortalece la representación y funciones del Comité de los Derechos del Niño y la obligación de los estados a tener en cuenta sus decisiones. Con este protocolo no será necesario esperar los 5 años de presentación de los informes de cada país para que el Comité de expertos dicte recomendaciones sobre vulneraciones de los derechos del niño, sino que a través de las quejas o denuncias recibidas el comité podrá emitir recomendaciones (entre las que se incluyen rehabilitación, indemnización o peticiones para acusar a los autores del hecho) al estado en cualquier momento.
En tercer lugar, el protocolo cubre el vacío de protección existente, siendo la Convención sobre los Derechos del Niño el único tratado internacional de derechos humanos que no cuenta con un procedimiento de comunicación que garantice la exigibilidad del mismo.
Además, este nuevo protocolo reforzará los métodos, permitiendo a cada niño o niña, presentar peticiones individuales frente al Comité de los Derechos del Niño, ya que si un menor de edad considera que sus derechos fundamentales fueron violados, podrá presentar una queja ante el comité. La queja debe reunir las siguientes condiciones:
• El niño o niña y/o sus tutores debe o deben haber presentado previamente una queja ante una corte nacional. Si la queja no fue atendida, el niño puede recurrir al comité.
• La queja debe presentarse ante el comité al año siguiente de haber finalizado el procedimiento llevado ante la corte nacional.
• La queja no puede ser anónima o sin fundamento, y no debería constituir un abuso de derechos.
• La queja debe hacerse por escrito.
• La queja debe apegarse al procedimiento de investigación.
El procedimiento de investigación de la petición permite al comité tomar medidas al recibir información que sería sobre graves violaciones de la convención o sus protocolos. Por tanto, no es necesario presentar una petición individual o interestatal, pues este procedimiento se realiza de manera independiente. El comité podría mandar observadores al lugar de lo ocurrido para así verificar que la información del informe es verídica. Este proceso es confidencial.
El tercer protocolo de la convención no sólo es un nuevo instrumento jurídico que fortalecería y ampliaría la aplicación, el reconocimiento, y la representación de los derechos del niño, también constituye un nuevo derecho, complementario a los derechos previamente reconocidos por Naciones Unidas para las y los niños.
De esta forma, se ofrecerá a las y los niños de manera individual, la oportunidad de presentar directamente denuncias sobre las violaciones de sus derechos ante el Comité sobre los Derechos del Niño, cuando los mecanismos nacionales y regionales destinados a examinar estas denuncias no estén adaptados o sean ineficientes. Las denuncias de las y los niños serán tratadas a través de un proceso que estará adaptado a su situación (“la sensibilidad del niño”).
Asimismo, reafirma que las y los niños son titulares de derechos y que deben ser tratados con dignidad y reconocidos como seres humanos con capacidades en evolución y con la habilidad para expresarse. Si un país ratifica el protocolo, se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los niños que estén bajo su jurisdicción, no sean objeto de ninguna violación de derechos humanos, malos tratos o intimidación como consecuencia de las comunicaciones enviadas al Comité sobre los Derechos del Niño.
Nuestro país es parte activa de la Convención de los Derechos de la Niñez, y dado su compromiso con la niñez mexicana, es importante la firma del tercer protocolo, con lo que se reitera la intención de cumplir plenamente con ellas y ellos. Por lo tanto, es importante que el Estado mexicano lo suscriba y ratifique, ya que va a fortalecer y complementar los mecanismos existentes al permitir a las y los niños informar individualmente sobre las violaciones de sus derechos humanos.
Por lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceda a la brevedad a ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a los procedimientos de comunicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
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