Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3911-VII, jueves 21 de noviembre de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del subdirector general del Deporte y funcionarios involucrados; y a la SHCP, a liberar los recursos aprobados en el PEF de 2013 para infraestructura deportiva, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, artículo 79, fracción II, numeral 1, y fracciones I, II y III del numeral 2, del Reglamento de La Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, que instruya al Contralor Interno con la finalidad de investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que proceda a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
Para que cualquier gobierno pueda cumplir con sus funciones, es indispensable el poder contar con los recursos suficientes y necesarios. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en lo que conocemos como Presupuesto de Egresos de la Federación.
Este Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, este gasto público es utilizado por el gobierno federal con la finalidad de cubrir las siguientes demandas de la población:
- Proporcionar servicios educativos y de salud; construir carreteras y vivienda; construir espacios públicos de recreación, esparcimiento, deportivos y culturales, apoyar el desarrollo del campo; generar y distribuir electricidad; garantizar la soberanía y seguridad nacional; procurar e impartir justicia; desarrollar actividades legislativas; transferir recursos a los estados y municipios; sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre algunos otros.
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, el cual es aprobado por esta soberanía.
Corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano y que impulsen la integración de una cultura física sólida. Para ello, la Conade, dispone de recursos presupuestales federales, el cual, como ustedes saben, corresponde a esta honorable Cámara de Diputados aprobar anualmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, fueron aprobados por esta Cámara, recursos etiquetados para realizar infraestructura deportiva, sin embargo como todos conocemos, este nuevo gobierno federal no ha ejercido los recursos autorizados por la Cámara de Diputados generando así un subejercicio sin precedente en la historia de México de más de 40 mil millones de pesos.
En días pasados el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector general del Deporte, quien es el encargado del área donde se erogará la tercera parte del presupuesto federal deportivo de este año y quien antes de asumir tan importante puesto público, se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Independiente del ISSSTE, subdirector de Cultura Física en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, y jefe del Departamento de Educación Física del Valle de Toluca en el estado de México. En otras palabras: un digno representante del grupo político del PRI mexiquense sin experiencia previa en el manejo de infraestructura deportiva, envió el memorándum SGD/192/2013, para que no sean fondeados, es decir, entregados los recursos públicos, de los proyectos de infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2013, por esta Cámara de Diputados, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche, Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix de Sinaloa y que, en conjunto, suman la cantidad de 17 millones 139 mil 950 pesos. Ocho de 10 municipios son, casualmente, gobernados por el Partido Acción Nacional. El argumento es que “por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Habría que preguntarle al doctor Luis Videgaray, si giró esas instrucciones.
Con este memorándum, prácticamente, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, están derogando un mandato de este soberano Poder Legislativo, liquidando la división de poderes que rige nuestra República y traicionando la confianza depositada por la Junta Directiva y su director general para que promoviera el deporte, no para impedir que el mismo se practique en instalaciones deportivas dignas, como las que fueron aprobadas para estos municipios. Además se está incurriendo en responsabilidades administrativas, las cuales deben ser investigadas por el órgano de control interno de la Conade y evitar que se consume, con total impunidad, éste atentado a la voluntad de esta soberanía.
Es ya una práctica recurrente en esta dependencia incurrir en actos de corrupción y favoritismo partidista, ya que en días pasados el ex Subdirector General de Administración de la CONADE, también integrante del PRI mexiquense, Alberto Leger Meza, fue cesado, de manera atinada y oportuna, por el actual director de la Conade, porque no supo presentar de forma correcta y oportuna, la documentación correspondiente para que la Secretaría de Hacienda entregara el dinero de la partida presupuestal asignada por la Cámara de Diputados, además de los actos de corrupción en que incurrió, entre otros, con los servicios de limpieza y de seguridad de esa dependencia federal deportiva.
No existe, en el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la Conade, disposición jurídica alguna que le otorgue a la subdirección general del Deporte, la facultad de ordenar la cancelación presupuestal de proyectos de infraestructura deportiva, y mucho menos, si éstos son por mandato presupuestal de laCámara de Diputados.
¿Será acaso que el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno quiere desviar esos recursos federales autorizados a ayuntamientos panistas para entregárselos a ayuntamientos gobernados por el partido político que gobierna? o ¿será que el secretario de Hacienda y Crédito Público, sin fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se está convirtiendo, de facto, en un “súper legislador” que puede, a su libre arbitrio, derogar la voluntad de esta soberanía popular?
Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal, que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de poderes y que, por ende, ningún poder público se puede sobre poner a otro.
¿Dónde quedan los compromisos del titular del ejecutivo de gobernar para todos y con todos los mexicanos sin distingo de partido? ¿Dónde queda su promesa de gobernar con plena democracia? México conoció por primera vez en su historia a través de Acción Nacional cómo se gobierna con plena democracia. Por primera vez, los gobernadores y el jefe de gobierno, así como también los Poderes de la Unión no estuvieron sujetos a las decisiones y mando del presidencialismo monárquico ejercido por el PRI, pues los gobiernos emanados del PAN no sólo permitieron la democracia, sino que además; incrementaron las partidas presupuestales en los Presupuestos de Egresos a todas y cada una de las entidades federativas en beneficio de los más necesitados.
Así, por lo expuesto y, toda vez que se trata de la aplicación de recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del presente año, y tomando en consideración que estamos a pocos días de haber aprobado el Presupuesto federal para 2014, someto a su consideración la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que instruya al Contralor Interno, con la finalidad de investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el titular de la subdirección general del Deporte, en el desempeño de sus facultades y atribuciones y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que procedan a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados para infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal, para el ejercicio fiscal de 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix, Sinaloa por un monto de 17 millones 139 mil 950 pesos, en beneficio de la comunidad deportiva de esa demarcaciones territoriales,
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2013.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a iniciar acciones para garantizar el respeto de la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada federal Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad, en México la población indígena ha sido motivo de amplias discusiones e intensos debates en diversos foros públicos incluyendo al Poder Legislativo y Judicial. El análisis de estas actividades tiene como finalidad reconocer de manera legal y socio-política el mejoramiento de las condiciones de vida de estas comunidades, así como también la preservación de sus usos y costumbres a través de un ordenamiento legal que les brinde certidumbre jurídica. Sin embargo, el reconocimiento legal de las prácticas culturales en las comunidades indígenas en México, no excluye a los habitantes de estas demarcaciones a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y el cuidado de las garantías individuales de las mujeres y las niñas indígenas que habitan estos lugares. En el mismo contexto debemos señalar que las mujeres indígenas en nuestro país son víctimas de un trato inequitativo, arbitrario y carente de derechos políticos y económicos.
Ante esta problemática debemos mencionar que en la mayor parte de los países industrializados en vías de desarrollo, las relaciones entre hombres y mujeres siguen mostrando niveles de profundo rezago social y cultural respecto a la perspectiva de género en la implementación de sus roles sociales. De igual forma las mujeres y las niñas siguen padeciendo prácticas tradicionales o ancestrales, perjudiciales y nocivas hacia su condición humana y en muchos casos inclusive ponen en peligro sus vidas.
Por esta razón, desde hace ya más de 20 años, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hizo hincapié en la necesidad de eliminar todas las prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas, independientemente del arraigo cultural en sus pueblos.
De acuerdo a datos del Censo General de Población y Vivienda realizados en el año 2000 y 2010 las cifras de las comunidades indígenas en el territorio nacional han oscilado entre los 10.2 millones y los 12.4 millones de personas pertenecientes a este grupo social.1 Es notoria e importante la presencia que tienen los grupos indígenas en nuestro país por lo que debemos dotar de más y mejores herramientas jurídicas que logren garantizar la igualdad de sus derechos políticos y jurídicos ante cualquier instancia judicial, pero de igual manera brindarles la seguridad social, económica e inclusive su integridad física y psicológica a través de un enfoque con perspectiva de género en la totalidad de estas políticas públicas.
De acuerdo con la CEDAW (Convención de todas las formas de Discriminación contra la Mujer)2 los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas para transformar el derecho y la cultura de sus respectivas naciones con la finalidad de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. De la misma forma es pertinente señalar que desde hace 20 años nuestro país se ha comprometido a poner fin a las prácticas tradicionales en perjuicio de niñas y mujeres indígenas sometiéndolas a estereotipos, bajo el pretexto del conformismo social, la necesidad económica o la supervivencia cultural.
Por lo anterior, es pertinente señalar que los esquemas culturales en la mayor parte de las comunidades indígenas en México presentan una notoria preferencia por los varones al considerarlos más productivos y funcionales en la manutención del hogar y la cadena productiva de la siembra y cultivo de varios productos agrícolas. De igual forma la continuidad del ritual La dote 1 que en nuestro país legalmente ha sido abolida pero practicada en muchas comunidades indígenas de nuestro territorio nacional tiene sus raíces etimológicas en el Derecho Romano cuyo significado refiere sobre la acción de regalar de parte de los padres de la novia hacia la pareja de esta última, los derechos sobre la integridad de la mujer en manos del hombre, a cambio de beneficios o montos económicos. Esta acción a lo largo de la historia ha persistido en la mayor parte de los pueblos indígenas violando de manera reiterada los derechos y garantías individuales de las mujeres originarias de estas comunidades. Esta tradición no puede seguir practicándose en perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas mexicanas. El uso sistemático de esta práctica cultural es una flagrante violación transgeneracional hacia la dignidad de las mujeres mexicanas y a la preservación de una cultura democrática más justa y equitativa de carácter urgente en la consolidación de un Estado nacional más integral con perspectiva de género en sus políticas públicas y la implementación de sus leyes.
En México los pueblos indígenas organizan su vida política, social y económica, a través de un sistema de usos y costumbres que tiene como finalidad elegir a sus representantes en el consejo de ancianos, estos últimos cabe señalar son casi siempre hombres y han desempeñado en la mayoría de los casos la totalidad de los cargos (servicios) que deben prestar a su comunidad. Desde ser topil (oficial inferior de policía o alguacil) hasta mayordomo (encargado de la administración de los recursos de una cofradía religiosa).
En las comunidades indígenas la exclusión de las mujeres es una constante que se manifiesta a través de la violación sistemática de sus derechos políticos que puede ejemplificarse con la negación a poder votar y ser votadas, a dar su opinión de manera pública ante la asamblea general y la aspiración de ocupar un cargo en el consejo de ancianos.
Para las mujeres y niñas de las comunidades indígenas en nuestro país, la obtención de una educación de calidad, respeto a sus derechos de salud y reproductivos, respeto a sus derechos humanos, sigue siendo una tarea imposible de llevar a cabo. Es necesario dar a conocer esta realidad y hacer de manera decidida un cambio más justo y equitativo en las formas de organización que imperan en la mayor parte de nuestros pueblos indígenas.
Por lo anteriormente señalado cabe resaltar el gran trabajo que el Presidente de la república el C. Enrique Peña Nieto ha trazado a través del Plan Nacional de Desarrollo en donde en respuesta al correcto y pertinente diagnóstico: sobre los altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país 4 expuestos en el apéndice de un México más incluyente se ha logrado trazar una estrategia transversal interinstitucional que atienda las problemáticas señaladas en el diagnóstico antes citado.
Para el PRI la inclusión de todos los sectores de la sociedad mexicana es una tarea impostergable que no puede dilatar en su accionar. Debemos ser consientes que en México las brechas entre hombres y mujeres no pueden ser nunca justificadas a través de sistemas culturales que violentan y vulneran la participación de las mujeres en la defensa de sus derechos políticos, sociales y hasta reproductivos. Por esta razón la iniciativa que El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado para que el 50% de las candidaturas a diputaciones federales y senadurías de todos los partidos políticos sean de mujeres, al igual que sus suplentes. Y que propone reformar y derogar diversas disposiciones de los artículos 218, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Es una respuesta clara y contundente a la equidad e igualdad que hombres y mujeres en México debemos tener para hacer una sociedad más completa e integral.
En este mismo sentido, y de acuerdo al Pacto Internacional De Derechos CIVILES Y Políticos5 Publicado el 20 de Mayo de 1981 en el diario Oficial de la Federación, debemos señalar que la aspiración del ideal del ser humano libre, en el goce de sus libertades civiles y políticas no podrá llevarse a cabo toda vez que no se respeten sus derechos humanos y sus garantías individuales como así lo demuestra la realidad inequitativa e inhumana que muchas mujeres sufren de manera reiterada en su vida cotidiana en las comunidades indígenas de nuestro país.
Por lo anterior se reitera que el Estado está obligado a vigilar y en su caso castigar las violaciones a los derechos humanos de todos sus ciudadanos por parte de cualquier persona que infrinja esta normativa.
Razón por lo que la presente oradora acude ante esta tribuna para solicitar su respaldo en la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión de Derechos Humanos el Dr. Raúl Plascencia Villanueva con el propósito de que, a través de la Comisión de Derechos Humanos se inicien las acciones pertinentes para garantizar el respeto a la integridad y los derechos humanos, políticos, de salud y reproductivos de las mujeres indígenas que viven en las comunidades gobernadas por el sistema de usos y costumbres en el territorio nacional.
Notas
1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100833.pdf
2 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw
3 En Derecho romano, la dote o dos es una donación especial que se hace al marido, de parte de su mujer, con la finalidad de contribuir a las cargas económicas que lleva aparejado el matrimonio. Cuando el marido no es sui iuris , es el progenitor quien adquiere la dote, pero cuando se produce la muerte del padre, ésta pasa a estar bajo la propiedad del marido aunque el familiar no se la hubiese legado. http://etimologias.dechile.net/?dote
4http://pnd.gob.mx/
5 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.
Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la cobertura del Seguro Popular respecto a las enfermedades crónico-degenerativas para garantizar la atención de éstas, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
Según la Sociedad Mexicana de Salud Pública, AC, el cambio en las condiciones de vida de la población mundial, ha ocasionado que hoy en día, las enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sean una de las mayores preocupaciones de las autoridades a nivel mundial en salud.
En México, las Encuestas Nacionales de Enfermedades Crónico Degenerativas realizadas en 1993, la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 y, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, demostraron que tan sólo del año 1993 al 2006 , la obesidad se incrementó en 7 puntos porcentuales, lo cual resulta alarmante si consideramos que las enfermedades crónico degenerativas están estrechamente relacionadas con ésta condición, pues el riesgo de que una persona con sobrepeso desarrolle diabetes es 1.8 veces mayor (casi el doble). Al grado que hoy en día, conforme a lo señalado por la UNICEF, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil,1 mientras que según la información publicada en la prensa nacional, la Organización de las Naciones Unidas, reconoció que México encabeza la lista de países con mayor obesidad en adultos.2 La asociación entre obesidad e hipertensión arterial es frecuente, pues según diversos estudios médicos, existe una relación directa entre el aumento del sobrepeso y el aumento de la presión arterial.
Como podemos advertir, el problema de la obesidad en México es una realidad, y este acarreará a la larga enfermedades crónico degenerativas a la población mexicana, por lo cual la atención de éste tipo de enfermedades debe ser una prioridad para las autoridades en materia de salud.
Al respecto, es importante señalar que en México, desde la reforma a la Ley General de Salud aprobada por el Legislativo en 2003, la cual entrara en vigor el 1 de enero de 2004, se creó un esquema de seguridad social universal llamado “Sistema de Protección Social en Salud”, al que conocemos como Seguro Popular, cuya finalidad es otorgar acceso a servicios médicos gratuitos a la población no asalariada. Garantizando con ello, su derecho a recibir atención médica oportuna y de calidad para ellos y sus familias.
El Sistema de Protección Social en Salud, no es un sistema independiente de unidades médicas, sino que se trata de un sistema que consolida los recursos económicos, provenientes de diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población a la cual brinda atención. Se trata del sistema más grande que existe a nivel nacional, el cual contribuye al desarrollo social del país, y hoy en día, conforme a la información proporcionada en el primer informe de gobierno del Presidente de la República, cuenta con 53,287,070 afiliados.
Según la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página de internet, los Objetivos por los cuales opera el Seguro Popular son:
1. Ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin desembolso al momento de su utilización, con trato digno y de calidad que favorezca la igualdad social en materia de salud.
2. Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
3. Abatir las desigualdades en salud.
4. Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
5. Asegurar justicia en el financiamiento en materia de salud.
6. Fortalecer el sistema de salud que hay en México, sobre todo en instituciones públicas.
7. Fomentar en el Estado una cultura de protección social en salud, propiciando una sociedad sana, justa y desarrollada.
8. Disminuir significativamente los gastos que por salud realizan las familias para así mejorar su calidad de vida.
Por su parte, el Catálogo Universal de Servicios de Salud, contiene el listado de enfermedades y tratamientos a los cuales se brindará atención a través del Seguro Popular; dentro de las cuales podemos observar la detección y tratamiento farmacológico de la Diabetes, detección y tratamiento farmacológico de la Hipertensión Arterial; la atención de leucemia en menores de 18 años de edad, atención a mayores de 18 años de cáncer de mama, cérvico-uterino y próstata, entre muchas otras.
Consideraciones
Como se puede advertir, desde su creación el Seguro Popular ha sido una de las mayores herramientas del combate a la desigualdad en materia de salud en nuestro país, pues a través de este, aproximadamente el 40% de la población tiene acceso a servicios de salud de primer y segundo nivel, e inclusive de tercer nivel en algunos casos.
A través de su catálogo Causes, reconoce la atención médica de enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión arterial y obesidad, así como la atención de enfermedades degenerativas como lo son el cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata.
Pero la realidad es que en las clínicas del Sector Salud encargadas de brindar los servicios que el Seguro Popular ofrece, es común la existencia de casos en los cuales no se brinda la atención médica que la población requiere, especialmente para las personas que padecen enfermedades degenerativas y crónico-degenerativas.
Ya sea por falta de insumos, por no estar dentro de los rangos de edad señalados en el catálogo Causes, o simplemente porque se niega la atención sin justificación alguna, el hecho es que no se brinda a la población la atención requerida, especialmente para las enfermedades crónico-degenerativas señaladas con anterioridad.
Según el Inegi, desde el 2005 las principales causas de muerte en México son la diabetes, enfermedades del corazón y los tumores malignos.3 Motivo por el cual debemos ser conscientes de la necesidad de atender de manera oportuna las enfermedades degenerativas y crónico degenerativas, pues la atención deficiente de las mismas conlleva mayores gastos para el Estado y lesiona de manera importante la economía de las familias mexicanas, al deteriorar la salud de quienes las padecen e impedirlos para desarrollar actividades productivas, obligando a sus familias a solventar los gastos que dichas enfermedades representan.
El problema es especialmente grave y requiere atención urgente si consideramos que conforme a un estudio publicado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en agosto de 2012, el 30 y el 70% de niños y adultos respectivamente presentan sobrepeso4 y, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México hay más de 22.4 millones de adultos que sufren de hipertensión arterial y 6.4 millones de adultos diagnosticados con diabetes.5
En razón de lo cual, la presente propuesta tiene como finalidad exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, con la finalidad de que se revisen los criterios de atención médica de enfermedades crónico degenerativas reconocidas en su catálogo, y se garantice que en las clínicas encargadas de brindar los servicios de salud del Seguro Popular, se brinde atención especializada respecto de las mismas enfermedades.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que revise y en su caso adecue y actualice los criterios del Seguro Popular para la atención de las enfermedades crónico degenerativas establecidas en el catálogo Causes, con el objeto de brindar atención oportuna y de calidad para todas y todos los usuarios.
Segundo. La LXII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que implemente las acciones necesarias a efecto de garantizar la atención especializada en materia de enfermedades crónico degenerativas a todas y todos los beneficiarios del Seguro Popular que lo requieran.
Notas
1 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
2 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/767404.html
3 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/defunciones.aspx?tema=P
4 http://www.cofemer.gob.mx/Varios/Adjuntos/01.10.2012/COFEMER_PROBLEMA_O BESIDAD_EN_MEXICO_2012.pdf
5 http://ensanut.insp.mx/doctos/FactSheet_ResultadosNacionales_7-nov.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de 2013.
Diputado Óscar Bautista Villegas (rúbrica)
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