Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3905-VI, martes 12 de noviembre de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a boletinar y evidenciar por las instancias correspondientes a las gasolineras que no hayan cumplido las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en cuáles comprar litros completos, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país rico en hidrocarburos y minería así como en su población tan diversa pero capaz de coincidir en pro del avance de la nación, pero sin la capacidad de poder solventar sus necesidades energéticas por la falta de inversión en alta tecnología e infraestructura subsanarán la problemática que actualmente tiene la población; las reformas que se proponen ayudarán a terminar con esta falta de atención a este tema.
Entre las cosas que más han hecho mella en la economía de la población han sido los incrementos en los combustibles fósiles, lo cual de manera aleatoria, afecta a la transportación de los suministros, así como de la transportación de pasajeros, pero esto no es lo más grave, sino el hecho de que los mismos expendedores de gasolina, ya que aun cuando la Procuraduría Federal del Consumidor ha intensificado las revisiones a dichas estaciones de servicio, no se ha podido erradicar las malas prácticas.
A la fecha se han encontrado diversos eventos en los cuales se les ha encontrado deficiencias en despachar litros completos, aun cuando se establece por parte de la Secretaría de Economía ha impuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005, la cual especifica las características a cubrir en lo que se refiere a los instrumentos de medición denominados Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.
La supervisión de estos instrumentos se encuentra a cargo de la Dirección General de Normas, quien establece las facultades en establecidas en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción IV, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del reglamento interior de esta secretaría.
Esta dirección propiamente se apoya en la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que se dé cumplimiento a norma oficial mexicana en lo que corresponde a la medición y despacho de gasolina así como de otros combustibles líquidos, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. (Primera Sección) Diario Oficial. Martes 27 de septiembre de 2005.
Las revisiones se establecen de manera periódica y extraordinaria, de igual forma en este último tiempo se ha iniciado un ejercicio de revisiones más constantes y de manera aleatoria, en este sentido la estación de servicio que será objeto de revisión no se da a conocer a nadie de los inspectores que realizarán dicha visita hasta unos momentos antes de salir de la dependencia.
Con este ejercicio, la dependencia considera hacer más transparente y eficiente sus trabajos; sin embargo no ha sido posible erradicar la sustracción de combustibles a la hora de despachar dicho servicio; por tal razón, se insta para que las empresas proveedoras de los hardware y software apliquen un mayor control en los certificados de calidad con el fin eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos los parámetros especificados en la fabricación y con ello cumplir lo establecido en las Normas Oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro.
Ciertamente el medio que puede dar origen a la solución del problema por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, es la denuncia; en tal sentido también es la falta de ésta, la limitante. Por lo cual será necesario implementar una campaña publicitaria a fin de hacer conciencia en la población en general.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía boletine y evidencie, a través de las instancias correspondientes, a nivel nacional, a todas aquellas gasolineras del país que no hayan cumplido con lo establecido en las Normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNDH a iniciar un proceso de de acción de inconstitucionalidad a fin de derogar las disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla que violan los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 constitucionales, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano
La suscrita, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo que exhortan al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas, para que en su carácter de titular del Poder Ejecutivo solicite al Congreso del estado la derogación que modifica la fracción IV del artículo 31 y adiciona la fracción IX a este artículo de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el cual se establece la base legal para privatizar el agua potable en el estado.
Planteamiento del problema
En la exposición de motivos de esta nueva ley del agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (artículo 4); reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales, menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular el artículo 7, que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y asunto de seguridad nacional; de igual forma hace referencia al hecho de que el servicio de agua potable como corresponsable en esta facultad, al señalar: “Es responsabilidad de los gobiernos de los estados (sic), y de los municipios la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua en vehículos cisterna...”1
En sentido estricto, esta postura es una franca invasión de competencias del estado a las del municipio, que en la Constitución federal están claramente definidas, tal y como ya lo establece el artículo 115 constitucional, correspondiéndole de manera exclusiva al municipio la prestación de servicios públicos, como es el caso del agua potable y alcantarillado.
La exposición de motivos en comento señala:
En particular, corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios, y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y sustentabilidad de los elementos naturales; la distribución equitativa de la riqueza pública; el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.2
Esto es, de acuerdo con el gobernador de Puebla, los diputados que integran las legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar o adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos; como en la actualidad se pretende con la reforma y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados o basura. Esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos.
A menos de un año de aprobada la ley del agua, el titular del Poder Ejecutivo estatal envió al Congreso del estado una iniciativa solicitando apruebe diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable la pretensión del gobernador Moreno Valle, de privatizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y para ello solicitó a los legisladores aprobar reformas de la fracción IV del artículo 31, adicionar una fracción IX al mismo artículo.
Este decreto no tiene precedente en Puebla, ni en ningún otro estado de la federación, representa un ensayo que de ser instrumentado y aplicado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir por otros gobiernos de corte conservador por no decir de derecha.
La propuesta de decreto en cuestión fue recibida por los diputados poblanos de la LVIII Legislatura el 3 de septiembre del presente año. El 5 del mismo mes fue presentada ante el pleno de esa soberanía popular, que ordenó enviarlo para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, con el folio número 13/ I/ 0003, y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla fue el 13 de septiembre de 2013. De ahí precisamente la importancia de señalar públicamente la pretensión del citado titular del Poder Ejecutivo, al implantar estas reformas y adiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente:
IV. Celebrar o suscribir los instrumentos jurídicos, incluyendo sin limitar, concesiones o cualesquier otros convenios o contratos, los cuales establecerán entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con el previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o instrumento correspondiente, la obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por la caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o del instrumento respectivo, los supuestos de reversión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejoras y accesorios, así como el mecanismo para la determinación de la indemnización correspondiente, con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables.4
La reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los cabildos municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores.
Pero eso no es todo a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital liquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del estado y los ayuntamientos
Privatizar el servicio del agua potable se traducirá para las familias de las zonas urbanas y del campo, en mayores egresos sobre un recurso que hoy lo tienen de manera asequible. Se traducirá en cortes del servicio o demandas por pagos atrasados por parte de las empresas concesionarias, deudas que deberá avalar incluso con sus bienes materiales: casas, terrenos, autos, maquinaria, etcétera.
Es prudente manifestar que, por nuestra parte, somos partidarios de racionalizar el uso adecuado del agua potable, compartimos la idea de que los ciudadanos debemos pagar las cantidades justas por la prestación del servicio, debemos establecer políticas públicas para lograr la sustentabilidad, que es un recurso considerado de seguridad nacional para el país, y precisamente por ello no puede ser una decisión unilateral como la propuesta del gobernador, la que prevalezca para acordar sin mayor discusión la privatización de este servicio público.
Además, en dicha iniciativa, en el apartado de considerandos, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo “con objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la estructura tarifaria de los servicios públicos”, y lo que es peor, con la categoría de “derecho fundamental” justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan: la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización).
Al respecto, es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la resolución número 64/ 292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general número 15, sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación numero 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
En todo caso debe ponerse a consideración a toda la ciudadanía, a través de consultas públicas, para que de manera consensuada y previó a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona.
En caso contrario, desde este momento señalamos al titular del Poder Ejecutivo, representado por el gobernador, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas; al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; al secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel; y a los integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política, que genere en el seno de la sociedad poblana la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un proceso de acción de inconstitucionalidad para derogar las disposiciones de Ley del Agua para el Estado de Puebla por cuanto violan el derecho de los artículos 4o. y 115 constitucionales.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle, y a los diputados locales a presentar ante la legislatura de dicha entidad iniciativa con proyecto de decreto para derogar las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, y someterse a lo que establecen los artículos 4o. y 115 constitucionales y los tratados internacionales respecto al derecho al agua.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto del ámbito de sus competencias, exhorta a los integrantes de la Legislatura de Puebla para que, en ejercicio de sus derechos, promuevan acción de inconstitucionalidad contra las fracciones IV y IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Notas
1 Gobierno de Puebla, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Ley del Agua para el Estado de Puebla, página 8.
2 Ibídem, página 8.
3 Ibídem, página 33.
4 Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar por la Sagarpa, la Semarnat y la Secretaría de Economía un análisis exhaustivo de la situación actual, los retos y las oportunidades del cultivo del hongo en el país, a cargo del diputado Alfredo Anaya Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Alfredo Anaya Gudiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las tendencias del mercado mundial han influido de manera decisiva en la estructura del sector agropecuario, pues la producción ha adquirido un carácter mucho más comercial imponiendo estándares de calidad y servicio, obligando a las unidades productoras a una continua modernización de los procesos productivos.
La especialización de las unidades productoras del sector agropecuario en ciertos productos rentables ha generado un estancamiento en la producción de alimentos, lo que ha generado un importante aumento de las importaciones. Ejemplo de esto son las importaciones agropecuarias que al cierre de 2006 se situaron en 6 mil 844 millones de dólares.
El país cuenta con gran diversidad de recursos naturales, siendo el hongo un aliado para el campo, la medicina y la alimentación.
Los hongos son un producto forestal no maderable de gran importancia nacional, ya que aportan complementos económicos significativos para muchas familias del campo mexicano.
México es de los países más ricos en especies de hongos, pues se calcula que en el territorio nacional crecen más de 200 mil especies, de las cuales se reconoce sólo 5 por ciento, entre ellas el champiñón.
Existe el reto y la oportunidad de explotación. Sin embargo, en el largo plazo se requieren mayores esfuerzos para fortalecer la cadena de productores y comercializadores de hongos comestibles.
En México, los hongos comestibles solían colectarse de manera silvestre y fue hasta 1933 cuando comenzaron a instalarse producciones comerciales, se trata de una cadena agroalimentaria competitiva, con una amplia dinámica de crecimiento, que genera grandes beneficios sociales, económicos y ecológicos pese a que el apoyo del sector público es mínimo.
De acuerdo con la información dada a conocer a través del sitio de la Universidad Austral de Chile “Hongos comestibles cultivados en Chile”, en muchos países asiáticos y del hemisferio norte, el cultivo del hongo comestible es una agroindustria de gran desarrollo e importancia económica, ya que no sólo genera divisas considerables, sino que absorbe la mano de obra durante todo el año. En el contexto internacional, el consumo de hongos ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la producción mundial de hongos comestibles en 2000 alcanzó 2.6 millones de toneladas, mientras que en 2007 llegó a 3.4 millones de dólares. En el periodo 2007-2008 llegó a 50 millones, experimentando un crecimiento de 8.7 por ciento.
La factibilidad de la producción de hongos permite que estos sean cultivables en casi todo el territorio nacional ya que son organismos que viven prácticamente en cualquier sitio que presente agua, materia orgánica y una temperatura adecuada, la cual oscila entre 4 y 60 grados Celsius, pueden vivir en cualquier tipo de clima, desde lugares muy húmeros hasta regiones semidesérticas, incluso desde el nivel del mar hasta altitudes de más de 4 mil metros.
En la parte económica nos encontramos en circunstancias críticas:
Las cadenas productivas de hongos comestibles han crecido en México y ya generan 25 mil empleos y 62 mil toneladas anuales de productos comerciales.
Esta dinámica las convierte en una herramienta útil para que el país atienda los problemas del sector rural: falta de empleo y pobreza alimentaria (ibídem).
No obstante, el mercado de los hongos comestibles no está suficientemente desarrollado: los canales de comercialización son complejos e ineficientes, caracterizados por intermediarios que carecen de organización, de una capacidad económica además de infraestructura para el crecimiento del mercado de este rubro. En el caso de los hongos comestibles las operaciones comerciales suelen ser variables, lo que implica resultados desfavorables para el recolector.
La industria mexicana de hongos comestibles del sector privado ha pasado de un monopolio a un oligopolio en la venta y producción de hongos debido a que existen solo dos grandes empresas que han trascendido internacionalmente, lo que refleja la necesidad de impulsar a los pequeños agricultores, ejidatarios y campesinos a incursionar en el mercado internacional, a través de la implantación de invernaderos.
Tanto los hongos cultivables como los hongos silvestres, sirven para el consumo humano, sin embargo el consumo del hongo silvestre provocaría la depredación de los sistemas ecológicos, por ello se requiere fomentar la producción y la competitividad a través del desarrollo de tecnologías que sirvan para manejar los recursos empleados bajo la normatividad vigente.
El impulso de esta actividad llevaría a la creación de empleos y a la participación de grupos sociales que habitan en las diferentes regiones aptas para el cultivo del hongo, por lo cual me permito presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que realice en colaboración con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía un análisis exhaustivo de la situación actual, los retos y las oportunidades del cultivo del hongo en México, que sirva de base para la proyección de una política pública para favorecer el conocimiento, uso, consumo, cultivo y comercio de este producto.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 2013.
Diputados: Alfredo Anaya Gudiño, Blanca María Villaseñor Gudiño, Luis Olvera Correa, Rodimiro Barrera Estrada, Socorro de la Luz Quintana León, Adriana Hernández Íñiguez, Salvador Ortiz García, Salvador Romero Valencia (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promulgar 2014 como Año Nacional de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la que suscribe la diputada federal Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presento ante este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que promulgue el año 2014 como el Año Nacional de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede a toda persona el derecho a la protección de la salud. Por otra parte, el artículo 2o. de la Ley General de Salud establece que entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentran la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, así como, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud a nivel mundial. Los cuatro tipos principales de ECNT son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad.
A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones por ECNT, 17,3 millones cada año, seguidas del cáncer (7,6 millones), las enfermedades respiratorias (4,2 millones), y la diabetes (1,3 millones1). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de alrededor del 80% de las muertes por ECNT.
La OMS señala el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol, como factores que aumentan el riesgo de la mayoría de las ECNT o en su defecto, las causan directamente y hacia donde deberán dirigirse las estrategias para el control de estas enfermedades. A nivel mundial:
• El tabaco cobra casi 6 millones de vidas cada año (más de 600 000 por la exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones en 2030.
• Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente.
• Aproximadamente 1,7 millones de muertes son atribuibles a un bajo consumo de frutas y verduras.
• La mitad de los 2,3 millones2 de muertes anuales por uso nocivo del alcohol se deben a ENT.
En los entornos con pocos recursos, los costos de atención para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas pueden agotar rápidamente los recursos de las familias y abocarlas a la pobreza. Los costos gigantescos de las ECNT, en particular el tratamiento y la desaparición del sostén de familia, están empujando a unos millones de personas a la pobreza cada año, sofocando el desarrollo de los países.
En muchos países, el uso nocivo del alcohol y el consumo de alimentos malsanos se dan tanto en los grupos de ingresos altos como en los de ingresos bajos. Sin embargo, los primeros pueden acceder a servicios y productos que los protegen de los riesgos más importantes, mientras que los grupos de ingresos bajos no suelen poder permitirse esos productos y servicios.
En México, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, el cáncer, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias y las dislipidemias son algunos de los problemas más importantes, que causan millones de pesos al año en su tratamiento.
Estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señalan que del gasto total que se hace en el país en materia de salud, cerca del 26% está relacionado con Enfermedades Crónico-Degenerativas No Transmisibles, principalmente hipertensión y diabetes. Además de que la atención de los pacientes en el sistema nacional de salud, implica una inversión del 15 por ciento de los recursos económicos.
También señala que el 68.5 por ciento de los mexicanos tiene problemas de obesidad y sobre peso, el 58 por ciento padece de diabetes, un 21 de dislipidemia y otro 43.2 hipertensión arterial, padecimientos que en los últimos 13 años ha crecido en 22 por ciento. De acuerdo con especialistas las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país, con más de 71 mil decesos cada año.
El gasto público en salud del país ha registrado un aumento importante en los últimos años. De hecho, se observa un crecimiento de los recursos públicos por persona en este rubro al pasar de un gasto de 1,235 pesos por habitante en 1990 a 3,125 pesos en 2008, lo que significa un crecimiento del 153%. Se espera que en los próximos años haya un incremento mayor del porcentaje de ingresos disponibles destinados a salud en el país y en la mayor parte del continente (Martínez, Aguilera y Quintana 2009).
El rápido aumento de la incidencia de estas enfermedades afecta de forma desproporcionada a las poblaciones pobres y desfavorecidas y agrava las desigualdades en materia de salud entre los países y dentro de ellos. Teniendo en cuenta que las enfermedades no transmisibles son, en gran medida, prevenibles, el número de muertes prematuras se puede reducir considerablemente, adoptando las medidas necesarias que permitan prevenir, controlar y tratar a dichas enfermedades.
La OMS está respondiendo también con medidas tendentes a reducir los factores de riesgo asociados a las ENT:
• La aplicación por los países de las medidas contra el tabaco establecidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco puede reducir considerablemente la exposición del público al tabaco.
• La Estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud tiene como objetivo promover y proteger la salud haciendo que las comunidades reduzcan la morbilidad y la mortalidad asociadas a las dietas malsanas y la inactividad física.
• La Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol señala posibles medidas y áreas prioritarias de acción para evitar que las personas usen el alcohol de forma nociva.
A fin de reducir el impacto de las ECNT en los individuos y la sociedad mexicana, hay que aplicar un enfoque integral que fuerce a todos los sectores, incluidos entre otros los relacionados con la salud, las finanzas, los asuntos exteriores, la educación, la agricultura y la planificación, a colaborar para reducir los riesgos asociados a las ECNT, así como a promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas.
Una táctica importante para reducir dichas enfermedades, consiste en reducir los factores de riesgo asociados a las mismas. Hay soluciones de bajo costo para reducir los factores de riesgo modificables más comunes (principalmente el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la inactividad física, y el uso nocivo del alcohol) y para cartografiar la epidemia de ENT y sus factores de riesgo.
Estas medidas pueden aplicarse además en contextos con distintos niveles de recursos. Para conseguir el máximo efecto hay que formular políticas públicas saludables que promuevan la prevención y el control de las ENT, y reorientar los sistemas de salud para que cubran las necesidades de las personas que sufren esas enfermedades.
En la medida en la que se incida en las ECNT se tendrá una mejor calidad de vida. La carga mundial de enfermedades no transmisibles sigue aumentado; hacerle frente constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo en el siglo XXI.
Dada la trascendencia de este problema de salud pública, resulta necesario que el año 2014 sea declarado el “Año Nacional de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a la prevención, detección y tratamiento oportunos en esta materia.
Por lo expuesto, me permito presentar a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 2014 como “Año Nacional de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a la prevención, detección y tratamiento oportunos en esta materia.
Dado en el honorable Congreso de la Unión, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Leslie Pantoja Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a integrar la atención del cáncer epitelial de ovario en el catálogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, a cargo de la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3, y 79 numeral 1, fracción II, así como el numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El cáncer es una de las enfermedades que se ha presentado con mayor ímpetu en el panorama epidemiológico de nuestro país desde finales del siglo XX, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad, sino también por la gran variedad de factores de riesgo individuales y ambientales con los que se asocia.
En virtud del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, y con el propósito de determinar el panorama epidemiológico de este padecimiento, desde hace varios años se han llevado a cabo estudios, sistemas de vigilancia y registros de esta enfermedad, que han mejorado con el paso del tiempo los procesos de elaboración, procesamiento y análisis de casos, e identificando las diferentes tipologías de esta enfermedad que tienen mayor incidencia en nuestro país.
Tal es el caso del cáncer epitelial de ovario que es una enfermedad que afecta a uno o ambos ovarios. El cáncer ovárico epitelial es el tipo de cáncer ovárico más común. A menudo se diagnostica en una etapa avanzada cuando la tasa general de supervivencia en un periodo de 5 años es de un 20-30 por ciento. Ello cuando se detecta y trata en sus primeras etapas.1
Al cáncer epitelial de ovario se solía llamar la enfermedad “silenciosa”. Esto se debe a que se creía que no producía síntomas en sus primeras etapas. Los estudios recientes han demostrado que a menudo las mujeres presentan síntomas durante 3 meses o más antes del diagnóstico. A veces, estos síntomas se confunden con los de otros problemas médicos, como los de trastornos menores digestivos.
El cáncer epitelial de ovario constituye 80 a 90 por ciento de todos los tumores malignos del ovario, de estos, 5 a 10 por ciento de ellos se encuentran dentro de los síndromes hereditarios. El diagnostico suele realizarse posterior a la menopausia, la edad promedio de presentación es a los 63 años, 16 por ciento se diagnostica entre los 40 y 44 años. La supervivencia a cinco años se ha modificado de 37 por ciento en 1976 y 41 por ciento en 1985 a 53 por ciento en el año 2000, esto como resultado de mejores técnicas diagnosticas y quirúrgicas, así como de quimioterapia más efectiva.2
Cada año se diagnostican alrededor de un cuarto de millón de casos de cáncer de ovario a nivel mundial. Se trata del octavo cáncer más común en las mujeres y la séptima causa de muerte por cáncer femenino, y la segunda causa por cáncer ginecológico, después del cáncer cervicouterino. Responsable de aproximadamente 140 mil muertes al año.
La prueba de papanicolaou es una buena manera de detectar cáncer de cuello uterino, pero no detecta cáncer ovárico. El examen pélvico puede a veces detectar problemas en los ovarios. Actualmente, sin embargo, no hay una prueba de detección adecuada de cáncer ovárico.
En las mujeres con un riesgo alto de padecer cáncer ovárico, como las mujeres con mutaciones BRCA1 o BRCA2, se podrían recomendar pruebas periódicas para detectar cáncer ovárico. Entre estas pruebas se encuentra la ecografía (ultrasonido) transvaginal, que detecta cambios en los ovarios, así como medidas de niveles de CA 125.
Debido a que no hay una prueba de detección adecuada de cáncer ovárico, todas las mujeres deben estar conscientes de los síntomas más comunes de este tipo de cáncer ya que ninguna está exenta de padecerlo; por lo que en este sentido es importante que el sector salud lleve a cabo periódicamente amplias campañas de información al respecto.
La única manera de determinar de manera definitiva si una mujer tiene cáncer ovárico es con una biopsia. En la que se extrae tejido durante una cirugía y se prueba para determinar si es canceroso.3
Sin embargo, todos estos métodos de detección de cáncer de ovario están fuera del alcance económico de la mayoría de las mujeres del país, lo que ocasiona que su prevención sea casi inexistente y su tratamiento se dé cuando la enfermedad se encuentra en etapas muy avanzadas, aumentando con ello las tasas de mortalidad.
En México, cada año se diagnostican un promedio de entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer de ovario, y de éstas mueren anualmente un promedio de 2.500 a 3.500 mujeres. Lo que equivale a 300 muertes mensuales, 10 muertes diarias, 1 cada 2 horas, por cáncer de ovario.4
No obstante que se han realizado en nuestro país muchos esfuerzos para disminuir los casos de cáncer, así como las posibles secuelas a largo plazo, cada persona afectada por estos padecimientos tiene que realizar una lucha constante para tratar de sobrevivir a una enfermedad desgastante y demandante que exige esfuerzos tanto del paciente como de sus familiares.
El Fideicomiso de Fondos Catastróficos del Seguro Popular, ha incorporando en fecha reciente dentro de su cobertura al cáncer de ovario germinal que representa un 10 por ciento del total de casos que se presentan de cáncer de ovario, por lo que el restante 90 por ciento de las pacientes que presentan esta enfermedad en su variante epitelial (la cual abarca a mujeres en edad adulta), quedan desprotegidas al no recibir esta protección social lo cual se refleja en cientos de muertes al año.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así como, a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para que en el ámbito de su competencia integren la atención del cáncer epitelial de ovario al catalogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Notas
1 http://www.acog.org/For_Patients/Search_Patient_Education_Pamphlets_-_S panish/Files/Cancer_del_ovario
2 http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/132732 4457.pdf
3 http://www.acog.org/For_Patients/Search_Patient_Education_Pamphlets_-_S panish/Files/Cancer_del_ovario
4 http://www.cancerdeovario.org.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Juan Bonilla Jaime (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía a cuantificar las emisiones evitadas por el uso de la bicicleta convencional y la eléctrica, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I, artículo 79, numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.
En ese sentido, Conuee hace recomendaciones para la adopción de medidas y mejores prácticas para el uso eficiente de la energía a los distintos sectores de la economía y la población. Llama la atención que en el Portal de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares de la Conuee, se proporciona un espacio importante al automóvil como un elemento de innovación tecnológica, y se califica su desempeño en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de diferentes marcas y modelos, mientras no da ningún espacio al vehículo que menos contamina: la bicicleta.
Como se ha expuesto en la iniciativa que recientemente suscribí para reformar la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, según datos del Earth Policy Institute, el mundo produjo alrededor de 130 millones de bicicletas en 2007 –que representa más del doble de la cantidad de vehículos que se produjeron en ese año; desde 2001 la producción de bicicletas ha mantenido su ritmo ascendente y esto se debe en gran parte al aumento en la producción de bicicletas eléctricas, que duplicó su producción a 21 millones de unidades en 2007.
Este relativamente nuevo tipo de vehículo que opera con la fuerza del músculo y la de una batería eléctrica recargable, está teniendo gran aceptación: China tiene ahora casi 100 millones de bicicletas eléctricas en comparación con los 14 millones de automóviles circulando. Estas bicis eléctricas están atrayendo la atención de los mercados de los Estados Unidos y Europa, que sus ventas combinadas sobrepasan las 300 mil unidades.
Durante el evento de inauguración de la ExpoBici 2013 en la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal, Tanya Müller comentó que el mercado de las bicicletas se ha triplicado en diez años, y que la industria se ha multiplicado en la medida que la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte habitual1 .
La bicicleta tiene muchos atractivos como forma de transporte personal. Alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es accesible a billones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; seis bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas es aún mayor: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de un auto.
Según datos de estudios realizados en Francia2 , la utilización de una bicicleta en un trayecto de 10 kilómetros diarios, evita la emisión de 700 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) al año.
En varios países el mercado de las bicicletas se ha visto favorecido por el diseño de diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de las bicicletas; ejemplo de ello es el gobierno italiano que puso en marcha un generoso programa de incentivos para estimular la compra de bicicletas y bicicletas eléctricas, con el propósito de mejorar la calidad del aire y reducir el número de vehículos en tránsito. Este subsidio cubre directamente 30 por ciento del costo de la bicicleta.
Por su parte China, que cuenta con 430 millones de bicicletas, tiene la flotilla más grande del mundo pero el mayor índice de propiedad de bicicletas corresponde a los países bajos, Holanda y Bélgica, que tienen más de una bicicleta por habitante.
La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte, es sin duda, un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos, y de esa forma reducir las emisiones de GEI. La capacidad de proveer movilidad a comunidades de bajos ingresos, ha sido conmovedoramente demostrada en China con la escalada de la producción de bicicletas que comenzó en 1976 con 6 millones de unidades y alcanzó en 2007 los 90 millones. Las bicicletas tomaron los caminos rurales y las calles, y son el medio que ofrece movilidad personal para cientos de millones de chinos.
En los Estados Unidos 75 por ciento de los departamentos de policía que atienden poblaciones de 50 mil personas o más, tienen patrullajes de rutina en bicicleta porque de esa manera tienen mejor movilidad en un escenario urbano, y pueden llegar al sitio donde se les necesita más rápidamente que los oficiales que se trasladan en vehículo. Se reporta una eficiencia 50 por ciento superior en arrestos por día que los que realizan las cuadrillas en patrullas, y si se compara el costo de mantenimiento de un vehículo con el costo de operación de una bicicleta, esta última tiene costo verdaderamente bajo.
Las universidades americanas están buscando alternativas innovadoras para desmotivar el uso del vehículo, y han introducido desde sistemas de bicicletas compartidas hasta el obsequio de una bicicleta a los nuevos alumnos que accedan a dejar su automóvil en casa; esta medida de reemplazo no sólo reduce la contaminación y la congestión vial, sino que está creando un sentido de comunidad.
En México, era frecuente hasta hace poco, que las entregas a domicilio se realizaran en bicicleta, porque es más rápido que el vehículo y más barato; en la actualidad, en los Estados Unidos y en otros países, los servicios a domicilio están ganando clientes, especialmente para las empresas que venden por Internet, que requieren entregar sus mercancías rápida y confiablemente.
La clave para aprovechar este potencial de la bicicleta es sin duda alguna, la creación de sistemas integrados de transporte que incluyan sistemas de transporte amigables con la bicicleta. Esto significa proveer carriles para bicicletas y ciclovías, estacionamientos para bicicletas y para vehículos y la implementación coordinada de políticas públicas de movilidad multifacéticas que permitan una integración con el transporte público y por supuesto, una intensa campaña de educación vial para ciclistas, automovilistas y peatones.
Tanto en los países bajos como en Japón, se han hecho esfuerzos concertados para integrar bicicletas con los trenes suburbanos mediante la provisión de estacionamientos para bicicletas en las estaciones, lo que simplifica el traslado de los usuarios desde y hacia sus hogares. En Japón tiene tanta aceptación que se ha invertido en estacionamientos de bicicletas de varios niveles.
La integración de banquetas y ciclovías en los sistemas de transporte urbano, hace que las ciudades sean indiscutiblemente más vivibles que aquellas cuya movilidad depende casi exclusivamente en los automóviles, de tal suerte que el ruido, la contaminación, el tránsito y la frustración disminuyen y con ello, se tiene una mejor calidad de vida.
En virtud de lo anterior, y dado que Conuee hace recomendaciones para la adopción de medidas y mejores prácticas para el uso eficiente de la energía a los distintos sectores de la economía y la población, y además puede calificar el desempeño de la bicicleta y la bicicleta eléctrica, en la emisión de gases de efecto invernadero, se somete a consideración de la asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía emita las metodologías para la cuantificación de las emisiones evitadas por el uso de la bicicleta y la bicicleta eléctrica como medio de transporte cotidiano, así como para determinar el valor económico del consumo de combustibles fósiles evitado. Asimismo, se le exhorta a recomendar a las entidades federativas, a los municipios y a los particulares, el uso de la bicicleta y la bicicleta eléctrica como una práctica de aprovechamiento sustentable de la energía.
Notas
1. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/96c635b53e31f2ee3b9cb60d74d 0080b al 22 de octubre de 2013.
2. http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/tr ansports-doux
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, a la CDHDF y a la ALDF a fortalecer y garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en la ciudad, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Rodrigo Chávez Contreras, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Carta Magna señala en el párrafo séptimo de su artículo cuarto que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
Casa, vestido, sustento, son necesidades humanas fundamentales. Por tanto, la vivienda constituye un derecho humano básico, más allá de cualquier consideración legal y económica. Su carencia constituye una injusticia estructural por depender de una inequitativa distribución del Ingreso que hace cada vez más distante la brecha entre ricos y pobres
La vivienda no es una necesidad individual a resolver sólo mediante el esfuerzo personal, por tratarse de injusticia social, su solución es responsabilidad de la Sociedad en su conjunto.
Durante los últimos años, en el Distrito Federal, se ha realizado un esfuerzo importante por satisfacer las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos.
A partir del año 2001, se incremento de manera sustancial el presupuesto para vivienda, este pasó de 400 millones en el año 2000 a 2170 millones de un presupuesto total para el Distrito Federal de 44 mil 860 millones de pesos.
Este incremento de más del 500 por ciento, significó abatir en gran medida el rezago habitacional existente en ese entonces, generando mejores condiciones y calidad de vida para los habitantes de la ciudad. Baste decir que en el periodo 2001-2012 se otorgaron 250 mil créditos a igual número de familias.
Sin embargo, aunque se considere un éxito en cuanto a número de acciones de vivienda producidas, en los últimos años, se muestra un rezago y un déficit creciente de atención a los sectores de más bajos ingresos.
Para disminuir este rezago se requieren anualmente alrededor de 25 mil viviendas nuevas y 45 mil mejoramientos de vivienda, situación que no es posible atender con los recursos que le asignan al Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Para el ejercicio 2013, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal cuenta con un presupuesto de 2 mil 543 millones de pesos, es decir, solo presenta un incremento de 1.76 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2001, a contra parte, el presupuesto total para el Distrito Federal es de 144 mil millones de pesos, lo anterior, representa un incremento real del 321 por ciento. En resumen, el presupuesto para el Distrito Federal se triplico y el presupuesto para vivienda prácticamente sigue igual que hace trece años.
Si consideramos la proporción en cuanto a presupuesto de vivienda se refiere tomando como base el año 2001, en 2014 el presupuesto para vivienda debería de ser de alrededor de 7 mil millones de pesos.
Comportamiento del presupuesto asignado a la vivienda en el Distrito Federal
Aunado a lo anterior, el costo de la vivienda en estos trece años, casi se duplicó por lo que el alcance de acciones de viviendas evidentemente sufrió una disminución considerable.
En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones, los instrumentos, apoyos y facilidades que permitan a todos resolver sus necesidades, así como esta soberanía tiene la obligación de legislar al respecto para facilitar a las entidades y a la sociedad en general leyes acordes a las necesidades actuales y recordar a los gobernantes esta obligación cuando así lo considere necesario.
Con base en lo anteriormente expuesto propongo
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fortalecer y garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en el Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Rodrigo Chávez Contreras
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar la recategorización del área natural Nevado de Toluca, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reconsidere la recategorización del área natural nevado de Toluca y establezca zonas de restauración en el nevado de Toluca, para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El día 1 de octubre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial mediante el cual se modifica la declaratoria del área natural de la montaña denominada “Nevado de Toluca”, cambiando su régimen de protección jurídica de parque nacional por uno con carácter de área de protección de flora y fauna.
Según este decreto modificatorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el estudio previo justificativo para modificar el decreto publicado en el DOF el 25 de enero de 1936, por el que se declaró Parque Nacional al Nevado de Toluca y así cambiar su categoría de protección, tal y como lo mandata el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); el cual, según el decreto modificatorio, se puso a consideración del público en general mediante aviso publicado en el DOF el 29 de enero de 2013.
Con base a lo mencionado por este decreto modificatorio, durante el periodo en el que estuvo a disposición del público en general el estudio señalado en el párrafo anterior, la Conanp solicitó opinión del Gobierno del Estado de México, los gobiernos de los municipios y las delegaciones en cuyas circunscripciones territoriales se localiza el área natural Nevado de Toluca, las dependencias de la Administración Pública Federal que por sus atribuciones tienen intervención en las actividades que se desarrollan dentro de la citada área natural protegida, a organizaciones de la sociedad civil, a los ejidos y comunidades, a personas físicas y morales interesadas y a las universidades y centros de investigación, tal y como lo estipula el artículo 58 de la LGEEPA.
De acuerdo al decreto modificatorio, con base en las opiniones e información allegadas, la Conanp actualizó el estudio previo justificativo de la declaratoria modificatoria, permitiéndole actualizar los datos técnicos relativos al polígono del área natural protegida e identificar que el Nevado de Toluca continúa representando un área de gran relevancia biológica , pues cuenta con una flora y fauna muy variada , dentro de las cuales se encuentran especies de flora enlistadas en la NOM-059-Semarnat-2010 “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”; así como 235 especies de animales, de las cuales 41 están dentro de alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana. Así mismo, el decreto reconoce que el Nevado de Toluca sigue teniendo una importancia hidrológica estratégica, debido a que su enorme capacidad de captación de agua alimenta dos de las regiones hidrológicas más grandes de México: la del río “Lerma-Santiago” y las del “Río Balsas” y contribuye al abasto de agua de la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México, así como a la subsistencia de los ecosistemas que se desarrollan en el propio Parque Nacional y los ecosistemas aledaños.
Que se cambió la protección del área natural del Nevado de Toluca de Parque Natural a Área de Protección de Flora y Fauna, especificando una superficie total 53,580-67-86.28 hectáreas (cincuenta y tres mil quinientas noventas hectáreas, sesenta y siete áreas, ochenta y seis punto veintiocho centiáreas), de las cuales 1,941-39-28.50 hectáreas (mil novecientas cuarenta y un hectáreas, treinta y nueve áreas, veintiocho punto cincuenta centiáreas) corresponden a una zona núcleo y 51,649-28-57.78 hectáreas (-) a la zona de amortiguamiento.
Que según el decreto modificatorio, tomando en consideración las condiciones sociales y económicas existentes dentro y fuera del área natural protegida y la necesidad de preservar los elementos naturales y los servicios ambientales que esta área proporciona, se decidió cambiar la categoría del Nevado de Toluca como área de protección de flora y fauna.
Consideraciones jurídicas
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza reafirma su compromiso con el Estado de derecho y la legalidad de los actos de autoridad. En ese sentido y en lo que respecta al proceso de recategorización del área natural protegida del Nevado de Toluca, el GPNA pugna por un proceso realizado con estricto apego a los requisitos formales y de fondo que las disposiciones legales en la materia establecen al respecto.
De este modo, en lo que concierne a los requisitos de forma, consideramos que el artículo 47 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas no ha sido cumplido íntegramente por la autoridad. En efecto, este artículo obliga a la Semarnat a publicar el estudio previo justificativo no solamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sino también en la Gaceta Ecológica; es decir, es obligatorio para la autoridad y no opcional realizar la publicación del estudio en ambos medios. Sin embargo, el decreto modificatorio que nos concierne sólo hace mención de la publicación del estudio en el DOF. Por ende, de no haberse cumplido con el requisito de forma de publicar en ambos medios de comunicación, se estaría incurriendo en un vicio de forma que invalidaría el decreto modificatorio.
En lo que se refiere a la obligación de la Semarnat de solicitar la opinión de los diversos entes, organizaciones, instituciones y personas mencionadas en el artículo 58 de la LGEEPA y en el artículo 47 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas, el decreto modificatorio menciona que tal obligación se ha cumplido a través de la Conanp; sin embargo, no precisa los nombres de tales entes, organizaciones, instituciones y personas, lo cual le resta transparencia al proceso de recategorización de esta área natural protegida que constituye un asunto de interés público.
Ahora bien, en lo que se refiere a los requisitos de fondo del proceso, consideramos que la LGEEPA no permite recategorizar un área natural protegida una vez establecida, sino sólo modificar las características de la misma. En efecto, el artículo 62 de la LGEEPA estipula que “una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión , y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones , por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva”. Es decir, una vez establecido un tipo de ANP, solo se podrá modificar su extensión, sus usos de suelo, sus modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales, sus lineamientos generales para la administración, entre otras disposiciones ya establecidas en su decreto de establecimiento y que le corresponde legalmente según su categoría. Esto implica, que no se puede recategorizar una ANP una vez establecido, por lo cual el GPNA considera que el decreto modificatorio no encuadra con el supuesto legal.
Ahora bien, el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP permite la modificación de categoría, estableciendo más supuestos de los establecidos en la ley general que reglamenta. En efecto, en su artículo 63 este Reglamento contempla la modificación de las declaratorias de ANP por cambio de categoría. Sin embargo, es importante resaltar que aún en el caso en que hipotéticamente este capítulo del reglamento no fuera más allá de su ley general; los supuestos que el artículo 62 del mencionado reglamento establece para que se permita la modificación de una declaratoria de ANP, ya sea por categoría u otra característica, no se materializan en el caso del Nevado de Toluca.
Los supuestos que el Reglamento contempla para permitir una modificación de declaratoria de ANP son los siguientes: desplazamiento de las poblaciones de vida silvestre que se encuentran bajo un régimen de protección; contingencias ambientales, como incendios, huracanes y otros fenómenos naturales que modifiquen o alteren los ecosistemas existentes en el área; o por cualquier otra situación grave que haga imposible el cumplimiento de los objetivos de su establecimiento.
Ahora bien, si nos basamos en los considerandos que el decreto modificatorio proporciona para justificar el cambio de categoría del ANP del Nevado de Toluca, ninguno de los motivos esgrimidos encuadra con los supuestos contemplados en el Reglamento para que se materialice la modificación de categoría de una declaratoria de ANP.
Incluso la tercera circunstancia que se refiere a la imposibilidad para cumplir con los objetivos del establecimiento del área natural protegida, en este caso un Parque Nacional, no se perfecciona. Cabe señalar que el motivo y fundamento argumentado en el decreto modificatorio que recategoriza el Nevado de Toluca es reconciliar “las condiciones sociales y económicas existentes dentro y fuera del área natural protegida y la necesidad de preservar los elementos naturales y los servicios ambientales que esta área proporciona”.
No obstante, desde nuestra perspectiva para el cumplimiento del objetivo del (ex) Parque Nacional del Nevado de Toluca, conforme a la LGEEPA, es la instauración de zonas de restauración en las partes del ANP del Nevado de Toluca que hayan sido dañadas; de tal modo que se restaure el equilibrio ecológico de la zona que motivó el establecimiento de una protección jurídica específica para esta área.
En efecto, la figura de zonas de restauración que se contemplan en el capítulo II del Título Segundo de la LGEEPA tienen el propósito de establecer en las áreas que presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos dentro del ANP, zonas de restauración, lo que implica la realización de acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban y que motivaron la preservación del lugar. En este sentido, consideramos que la recategorización como área de protección de la flora y fauna no se justifica.
Impacto ambiental
El Nevado de Toluca es un área estratégica y, por ende, de interés público debido a su alta importancia biodiversa e hidrológica. Cambiar la categoría de esta ANP de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna implicaría que sólo el 3.62 % del área natural protegida será zona protegida y restringida; mientras que el 96.38% del área corresponde a una superficie en la que se permitirán no sólo actividades de preservación y recuperación, sino también actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de uso público y de asentamientos humanos. De acuerdo con las disposiciones del decreto modificatorio las actividades permitidas incluyen, entre otras, las siguientes: manejo forestal (el cual contempla labores y prácticas silvícolas), aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, actividades agrícolas y pecuarias (incluyendo prácticas integrales de agrosilvopastoreo y sus variantes); construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada.
Si lo que la autoridad pretende es garantizar la protección de la flora y fauna del lugar, lo que correspondería hacer, incluso en el caso de querer recategorizar un ANP, es sanar el ecosistema antes de aprovechar y explotar.
En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reconsidere la recategorización del área natural Nevado de Toluca, ya que esta acto administrativo no encuadra con las disposiciones legales ni reglamentarias en la materia.
Cuarto: Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que establezca zonas de restauración en el Nevado de Toluca, para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a remitir a la SCJN los expedientes relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades federativas pendientes de resolución, a cargo del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Raymundo King de la Rosa, diputado federal por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numerales 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para que se remitan a la brevedad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades federativas pendientes de resolución, con carácter de urgente y obvia resolución.
Consideraciones
El 15 de octubre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo primordial fue trasladar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia para conocer por vía de controversia constitucional de los conflictos limítrofes entre las entidades federativas, la cual, por virtud de la diversa reforma constitucional del 8 de diciembre de 2005 se había depositado en el Senado de la República.
En la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la reforma constitucional fue aprobada en sesión del 15 de diciembre de 2011 por 84 votos a favor y 3 en contra, y en esta colegisladora a su vez se aprobó en sus términos en sesión del 25 de abril de 2012 por 323 votos a favor y 2 abstenciones, sin votos en contra.
Posteriormente, en sesión de la Comisión Permanente de este honorable Congreso del 22 de agosto de 2012, se dio cuenta con los comunicados enviados por las Honorables Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, por lo que, previo el cómputo respectivo y en términos del precepto constitucional antes mencionado dicho órgano constitucional realizó la declaratoria de reforma constitucional, ordenándose su turno al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
Así pues, esta reforma constitucional contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Federal y satisfizo en sus términos el proceso previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal.
Debe señalarse que antes de la reforma de 2005 diversas entidades federativas que tuvieron algún conflicto de naturaleza limítrofe acudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la controversia constitucional para que se resolvieran por vía jurisdiccional. Así, se radicaron ante el Máximo Tribunal de la Nación, entre otras, las controversias constitucionales 9/1997 y 13/1997, interpuestas por el Estado de Quintana Roo, en contra de autoridades de los Estados de Campeche y Yucatán, respectivamente, así como la identificada con el expediente 3/1998 interpuesta por el estado de Colima en contra de autoridades de Jalisco.
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional del 8 de diciembre de 2005, las controversias por límites que se encontraban en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que en términos de sus atribuciones constitucionales procediera a establecer los límites de manera definitiva mediante decreto legislativo; turnándose ante la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, la cual asignó el número de expediento 01/2006 al diferendo de límites existente entre los estados de Colima y Jalisco y el diverso 02/2006 al conflicto limítrofe entre las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Sin embargo, no se presentaron las condiciones legales para que el Senado de la República asumiera su competencia constitucional y, como ya se mencionó, el 22 de agosto de 2012 se declaró por la Comisión Permanente la reforma constitucional para asignar la atribución de resolver los conflictos de límites por vía de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la publicación de la reforma constitucional el pasado 15 de octubre de 2012, finalmente se establecieron las condiciones para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma plenamente la jurisdicción que le ha sido asignada por el poder reformador de la Constitución, por lo que es imperativo que le sean remitidos los expedientes respectivos a fin de que se concluya su trámite y se resuelvan con la celeridad que los respectivos casos ameritan.
Es importante destacar que en el caso particular de Quintana Roo, han pasado ya dieciséis años desde que se presentaron las controversias constitucionales con motivo de los conflictos de límites territoriales con los Estados de Campeche y Yucatán, sin que haya habido una solución definitiva, en demérito de la soberanía de las entidades federativas involucradas y, sobre todo, del derecho a la seguridad jurídica de los habitantes de los territorios en disputa.
Esta situación ha provocado que proliferen los conflictos generados por la falta de definición respecto de estas controversias, presentándose múltiples problemas que van desde la dificultad para la aplicación de programas sociales y la indeterminación de los derechos políticos de quienes los habitan, hasta invasiones de tierras y comisión de delitos del orden común, a la vera del vacío generado por la falta de certeza respecto de las autoridades competentes en materia de administración e impartición de justicia.
En este orden de ideas debe considerarse prioritario que en términos de la reforma constitucional del 15 de octubre de 2012 de inmediato se dé cauce legal a las controversias constitucionales sobre límites pendientes de resolución, atento al principio constitucional de impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, que en el ejercicio de sus facultades constitucionales, se formule atento exhorto al Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, a efecto de que con las formalidades del caso se remitan a la brevedad a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes relativos a los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas pendientes de resolución, para que en ejercicio de las atribuciones que le corresponden en términos de los artículos 46, segundo párrafo y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aboque a su conocimiento y resolución definitiva, para lo cual propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores a efecto de que con las formalidades del caso se remitan a la brevedad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades federativas pendientes de resolución, para que ese alto tribunal se aboque a su conocimiento y resolución definitiva, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden de conformidad con los artículos 46, segundo párrafo y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Conaculta y al INAH a llevar a cabo acciones para inscribir la fiesta charra o charrería en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de inscribir la fiesta charra o charrería en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Consideraciones
A partir de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003, debe de entenderse por patrimonio inmaterial “todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana”.1
Tal como se define en la Convención,2 el patrimonio cultural inmaterial, se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos:
• Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial.
• Las artes del espectáculo.
• Los usos sociales, rituales y actos festivos.
• Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
• Las técnicas artesanales tradicionales.
La convención incluye también los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales.
La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, fue aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en 2003 y entró en vigor en 2006, hasta el momento ha sido ratificada por 136 Estados miembros, entre ellos México.
La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se compone de las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y contribuyen a una mayor conciencia de su importancia.
Dentro de los precursores de la charrería en México, se reconoce a Sebastián de Aparicio (1502-1602).
Sebastián llegó a la Nueva España en 1532, desempeñándose como carretero y constructor de caminos.
Más tarde, adquirió una hacienda en Puebla dedicándose a la ganadería y la agricultura, así como amansador e instructor de actividades relacionadas con la domesticación y aprovechamiento de las bestias para el tiro, la carga y la silla.
Sebastián de Aparicio, murió en su hacienda de Puebla en 1602.La peculiar figura del charro mexicano es un símbolo de nuestra mexicanidad.
El primer contacto de los pobladores indígenas de América con el caballo, empleado como medio de transporte, se remonta a la época de la conquista.
En 1519, Hernán Cortés originario de Extremadura, España zarpó con su flota, proveniente de Cuba decidido a emprender la conquista de México.
Cuando la expedición llegó a México en abril, las tribus del litoral, sometidas a los aztecas, acogieron a Cortés como libertador, identificándolo como Quetzalcóatl, el dios rubio, de piel clara y ojos azules, que según la leyenda había de regresar en su ayuda, procedente del mar.
Al desembarcar, los conquistadores españoles traían consigo 14 caballos a quienes los habitantes indígenas confundieron como caballo y jinete en un solo ser; (“una yegua castaña que parió en el navío al primer nacido en tierra mexicana ”). Aquellos caballos y yeguas, fueron los primeros que trotaron por el territorio y fueron tomados por monstruos, ya que los indígenas no conocían semejante animal.
Hasta 1619, los caballos estaban prohibidos para los indígenas y los criollos, aún cuando ellos fueran descendientes de reyes.
Conocido es que la legislación europea fue inflexible para castigar a los infractores hasta con la pena de muerte.
Sin embargo, los indios y los mestizos tenían que ocuparse del cuidado de todos los animales y como los caballos estaban en libertad, había que lazarlos, jinetearlos y amansarlos con la reata.
Fue así como Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, (1535-1550) se vio obligado a otorgar permisos para que los indios montaran, pues había que defender la tierra y cuidar el ganado.3
En 1619, el virrey Luis de Tovar Godínez otorgó el primer permiso escrito para que 20 indígenas en la Hacienda de San Javier, Pachuca, actual capital de Hidalgo, “pudieran montar libremente caballos con silla, freno y espuelas.
Las necesidades rurales variaron las circunstancias, pues se precisó de la ayuda de los aborígenes para la guerra y los servicios rurales.
Desde una perspectiva, histórica, la figura del charro mexicano, se remonta a la época de la colonia, cuando se originaron las haciendas de economía mixta, agrícola-ganadera, conocidas como estancias o ranchos.
En el siglo XIX, durante la época de la colonia, los terratenientes, poseedores de ganado y propietarios de grandes extensiones de tierra, fueron los mayormente beneficiados con la economía rural, para la cual, requirieron de gran cantidad de trabajadores.
Las haciendas prósperas, llegaron a emplear varios centenares de peones permanentes, un tanto eventuales y en menor cantidad de arrendatarios y de aparceros que se encontraban en los límites de las haciendas, esparcidos en rancherías o congregaciones y en pequeños caseríos.
El agro mexicano giró durante varios siglos en torno a la economía de las haciendas, predominando aquellas criadoras de ganado mayor, en donde surgieron, una significativa escala de trabajadores protagonistas de hechos que darían origen al charro y a la charrería.
Los trabajadores de las Haciendas, teniendo mayor injerencia la población de libre movilidad como los arrendatarios, aparceros y rancheros, dejaron grata memoria escrita de aquellas faenas camperas, finalizadas en festejo, conocidas como “Jaripeos,” era una batida circular que hacían los vaqueros montados en sus caballos para bajar el ganado de las serranías y concentrarlo en un punto donde se haría la selección de animales.
Para la faena de amansar y arrendar o hacer a la rienda los caballos se requería de hombres diestros y entrenados.
La actividad conocida como “Coleadero” surgió como una necesidad, pues a menudo, las haciendas tenían demasiado ganado; una vez que los animales estaban separados, los vaqueros acostumbraban derribarlos, tirándolos por la cola. Surgía así entre los jinetes un enfrentamiento amistoso-deportivo.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX tenían todavía lugar los jaripeos.
En el corral mayor se llevaba a cabo la concentración de animales para iniciar la selección en dos pequeños corrales anexos y realizar las tareas de conteo, herraje y capazón, implicando la participación de experimentados jinetes, muy hábiles en el manejo de las reatas para las lazadas de los animales.
A los jaripeos se invitaba a connotados charros, expertos en las lides de lazar, colear y jinetear el ganado. También participaban los señores hacendados y el espectáculo era presenciado por sus familiares y por la población ranchera de los alrededores. Entre los de a caballo, no faltaban los desafíos de tirar una botella al suelo, y a carrera tendida, levantarla sin caer del caballo.
El 16 de diciembre de 1933 se funda la Federación Nacional de Charros que se dio a la doble y fructífera tarea de agrupar a todas las asociaciones de charros del país, para organizar competencias y elaborar un reglamento común que unificará criterios en la práctica de este deporte nacional.4
Conclusiones
La charrería en México es considerada el deporte nacional por excelencia. El término deriva de charro,5 sinónimo de jinete.
El actual equipo campeón nacional es Puente de Camotlán de Nayarit, coronándose el 4 de noviembre de 2012 en el Monumental Lienzo Charro de Zacatecas.
La charrería fue declarada “deporte nacional” por el señor presidente de la república don Manuel Ávila Camacho, tras la reforma agraria de principios del siglo XX, cuando los antiguos terratenientes emigran a las Ciudades de México y Guadalajara principalmente; en ellas se organizan en asociaciones de charros que gradualmente se extendieron por todo el país dando lugar a la charrería organizada. Esta práctica está basada en las actividades tradicionales de la ganadería, como ha sucedido en otros casos las actividades ecuestres y ganaderas son el origen de varios deportes en países de América y del resto del mundo como:
1. El rodeo estadounidense,
2. Toros coleados,
3. Rodeo chileno,
4. Gauchadas,
5. Corridas de toros
6. Peleas de toros, entre otros.
La fiesta charra, se inicia con el desfile general de los charros participantes y de las Adelitas de alguna escaramuza, quienes recorren en sus corceles el ruedo y rinden honores a la bandera.
Cabe resaltar que existen antecedentes importantes que evidencian su importancia como una de las expresiones que le dan identidad a los mexicanos, y que al igual que la proposición que se comenta, impulsan su declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Por ejemplo, se puede mencionar que el Congreso del estado de Querétaro ya ha declarado a la charrería como patrimonio cultural inmaterial del estado. Con ello, entre otros beneficios, se espera que el apoyo oficial hacia el deporte nacional mexicano en la entidad crezca. Por otro lado, la tradicional charrería también fue declarada por el gobierno del estado de Guanajuato como Patrimonio Cultural Inmaterial en toda la entidad.
La charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana.
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de inscribir la fiesta charra o charrería en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
Notas
1 Consultado en: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-herit age/
2 Artículo 2, numeral 2. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
3 http://www.mexicomaxico.org/dadivas/charreria.htm
4 http://www.decharros.com/historia.htm
5 El charro es un personaje popular que cumple las funciones de hacendado y de jinete en las zonas rurales del país. Icono de la mexicanidad, presente en el imaginario colectivo así como en la literatura, cine, pintura. El traje del charro representa los caudales de los hacendados, pues lleva botonadura de plata. Además del poder económico, los charros ostentaban un poder social importante como dueños de grandes extensiones de tierra productoras.
Dado en el salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Torreón, Coahuila, a tomar acciones inmediatas contra la delincuencia ejercida en ese ayuntamiento, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México la sociedad tiene múltiples necesidades que se han transmitido por generaciones y cada vez es más difícil poder satisfacerlas. Hoy en día uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la inseguridad que aqueja a nuestro país.
El crecimiento desmesurado de la corrupción ocasiona la falta de credibilidad en las corporaciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
El factor violencia afecta a la competitividad mexicana, pero es difícil medir su impacto sobre la actividad económica. Sin embargo, cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2011 demuestran que la inseguridad le cuesta a México 1.5 por ciento del producto interno bruto.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (EVIPE) se revela que mientras la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes bajó casi 20 por ciento, la tasa nacional aumentó 12.4 por ciento.
Son los estados de Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y de México los que se han catalogado como los más violentos del país al primer cuatrimestre de 2013, según información del Director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope.
A pesar de no estar entre los lugares más violentos del país, el estado de Coahuila se encuentra atrapado en la inseguridad, en gran medida se debe a su situación geográfica, ya que se encuentra rodeado por cinco entidades, las cuales reflejan cifras con respecto a víctimas de la delincuencia con alzas de 7 por ciento en Chihuahua, 22.1 por ciento en Durango, 21.3 por ciento en Nuevo León, 8.7 por ciento en San Luis Potosí y casi 1 por ciento en Zacatecas.
Sin embargo, es el municipio de Torreón, el que se considera uno de los más violentos de todo el país, al grado que los homicidios ligados a la delincuencia se han multiplicado en el último año, el saldo reflejado de muertes es de 24 policías y más de 500 civiles, sin contar los de años anteriores, esto según datos proporcionados por el alcalde, Eduardo Olmos Castro.
Por mencionar algunos casos nos remontaremos a las balaceras ocurridas afuera del estadio de futbol del equipo Santos, el asesinato del hijo del exgobernador Humberto Moreira en octubre de 2012, la captura del Z40 y la muerte de Heriberto Lazcano por la presencia de Los Zetas en el estado, y los delincuentes que venían huyendo de los estados vecinos por el efecto cucaracha.
Con base en el cuadro de delincuencia existente en este municipio, las autoridades han implementado varias acciones de prevención, así como también operativos que han dando golpes importantes a la estructura de la delincuencia, sin embargo falta mucho por hacer.
A pesar de los esfuerzos del gobierno del estado y el municipio en mención hacen día a día por mejorar la situación, los ciudadanos han empezado a tomar acciones por su cuenta, un ejemplo de ello ocurrió en días pasados, en donde los empresarios de la industria restaurantera iniciaron con el cierre simbólico de sus establecimientos, estos negocios colocaron mantas con la leyenda “Nos unimos al cierre por falta de seguridad”.
La manifestación de los restauranteros es derivada de la ola de asaltos de los que algunos negocios fueron víctimas junto con sus clientes. En las últimas dos semanas, cinco conocidos restaurantes han sido objeto de robos a mano armada, aunque en el trimestre de agosto a la fecha, se tiene registro de 15.
Los establecimientos fueron asaltados por individuos que portaban con armas de fuego, que además del dinero del negocio se apoderaban de las pertenencias de los comensales, sobre todo billeteras y teléfonos móviles, las fechorías fueron cometidas en los negocios El Chamuco, La Cochera y La Marina Fish, todos con la misma técnica delincuencial, uno de los asaltantes se dirigía a la caja registradora en tanto que los otros lo hacían con los comensales.
Estos hechos dieron lugar a reuniones entre los encargados de la seguridad en el municipio, Adelaido Flores Díaz, como director de Seguridad Pública; y Fernando Olivas Jurado, delegado en la región de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Con esto se implementaron medidas para reforzar la vigilancia en este tipo de establecimientos, no obstante la inquietud de los restauranteros los motivó a declarar el cierre de los negocios y 150 locales mantuvieron esa postura.
Son estas situaciones las que no podemos permitir que sucedan, no permitamos que se llegue a un punto en donde la delincuencia pueda más que la justicia, este problema se debe atacar de raíz.
La inseguridad en este país ha ido escalando a niveles que hoy convierten este tema en el que más le duele a la sociedad, que puede soportar crisis económica, analfabetismo, discriminación, pobreza, pero el temor de salir a la calle y ser víctima de un crimen, perder la vida, el patrimonio que han creado con esfuerzo, es lo que más le angustia a la sociedad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortamos al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Coahuila, a la alcaldía del municipio de Torreón, a que juntos redoblen esfuerzos para combatir la delincuencia que afecta a los habitantes del municipio de Torreón, esta situación que ha llegado a su límite, que daña y lacera los derechos de la ciudadanía, coartando su libertad y afectando su vida cotidiana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Salud campañas de prevención y acciones determinantes para erradicar la enfermedad de Chagas en México, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica provocada por el parásito Tripanosoma Cruzi , el cual es transmitido por la picadura de un insecto llamado triatoma barberi, y por el triatoma dimidiata, mejor conocidas como chinches hociconas . El nombre de la enfermedad lo recibe del médico brasileño, Carlos Chagas, quien descubrió la enfermedad, su agente causal y su transmisor.
La enfermedad de Chagas afecta a la población más pobre, sobre todo en zonas del país como Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ya que las chinches que transmiten el parásito se encuentran en lugares insalubres, escondidas en techos de palma y muros de adobe y madera. La transmisión se da principalmente en zonas rurales, donde existen precarias condiciones socioeconómicas, mientras el vector convive con los habitantes humanos.
Los síntomas más comunes son: fatiga, fiebre, vientre hinchado y miocardiopatias o inflamación del corazón. En los niños suele aparecer el signo de Romaña, una inflamación en los parpados de los ojos que es signo común del mal de Chagas. En la etapa avanzada de la enfermedad suelen presentarse alteraciones de colon, esófago, corazón y puede llegar a ocasionar muerte súbita en personas que aparentaban buena salud.
Los datos de la enfermedad a nivel mundial, continental y nacional son inciertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007 se estimaban que 10 millones de personas estaban infectadas, además de causar 15 mil muertes al año en Latinoamérica. En 1996, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró un millón 600 mil mexicanos infectados con este mal, y una incidencia anual de 44 mil casos nuevos. En 2011 tan solo en Chiapas se detectaron 62 casos de Chagas. En los estudios que se realizan en el banco de sangre del Hospital General de la Ciudad de México se calcula que la prevalencia del Chagas es del 0.5 al 2.8 por ciento; motivo por el cual, a raíz de transfusiones de sangre, el Chagas se transmite a regiones que no son endémicas.
“En marzo de 2012, Médicos Sin Fronteras hizo pública su preocupación por la falta de un programa específico de combate al Chagas en México, y por la ausencia de medicamentos para la enfermedad en el cuadro básico de salud.”
La Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, tiene por objetivo establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector. Sin embargo, es urgente realizar campañas públicas de salud que tengan por objeto prevenir estas enfermedades en las zonas endémicas y que se garantice el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud donde exista mayor incidencia de la enfermedad.
El Estado mexicano debe redoblar esfuerzos contra esta enfermedad que afecta terriblemente a los más pobres, puesto que el factor endémico se da en zonas marginadas, con personas que viven en casas con pisos de tierra o expuestos a la intemperie.
Por lo general las personas desconocen que las chinches pueden transmitir parásitos mortales, posteriormente la dificultad es atenderse en un centro de salud que cuente con médicos capacitados para diagnosticar la enfermedad y por último, se presenta la problemática de conseguir los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad.
Por estas razones el objetivo de este punto de acuerdo es promover la creación y realización de campañas de prevención de la enfermedad, fumigación de los insectos transmisores del parásito, detección temprana de la enfermedad, y atención oportuna con medicamentos suficientes para la ciudadanía. Todo con el objetivo de erradicar la enfermedad de Chagas de México.
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se realicen campañas de prevención, fumigación del vector transmisor, atención temprana de la enfermedad y dotación de medicamentos en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas, a fin de erradicarla del país.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se informe a esta soberanía sobre la situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado José Angelino Camaal Mena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Educación federal y estatales a establecer programas de calidad educativa con los que actualicen los planes académicos de las escuelas normales, a cargo del diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI
José Alejandro Montano Guzmán, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el numeral 1, fracción I, del artículo 6; numerales 1 y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de la Cámara de Diputados federal a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas para que establezcan programas de calidad educativa, con los que actualicen los planes y programas académicos de las escuelas normales, para efectos de certificación por instancias externas, a fin de que sus alumnos egresen con estándares de calidad internacionales en concordancia con la reforma educativa que promueve el estado mexicano, con base en los siguientes
Antecedentes
1. El 18 de marzo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por el Presidente de la República, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y todos los titulares de las entidades federativas del país.
2. Con fecha 11 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo Federal, presentó ante la honorable Cámara de Diputados Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Educativa. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Congreso General y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero de 2013.
3. El 14 de agosto de 2013 el titular del Ejecutivo Federal presentó ante la honorable Cámara de Diputados las iniciativas para la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la modificación a la Ley General de Educación, mismas que fueron aprobadas por el Congreso General y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de septiembre de 2013.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:
Considerandos
Con la creación de las Escuelas Normales a finales del siglo XIX, la importancia del magisterio se centro en el maestro y en la calidad de su educación. Reconocidos normalistas que al salir de estas Escuelas Normales no solo lo hacían para dar clases, sino para redactar los textos de donde surgieron los libros de geografía y de lectura y escritura de Daniel Delgadillo, el de Método Onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero, el de lectura de Delfina Rodríguez, entre otros, lo cual nos habla de la excelente preparación que tenía el magisterio en sus inicios.
La educación de las personas en cualquier etapa de su vida depende de aspectos multifactoriales, ya que la sociedad conjuga varios elementos como la familia, las amistades, el entretenimiento, la cultura, la etnicidad, etc. por mencionar algunos, empero, en lo que concierne a los conocimientos adquiridos en las aulas, es el maestro la pieza fundamental que articula la formación de los estudiantes, pues de común consenso se reconoce que el alumno estará bien instruido en tanto cuente con un buen profesor en el aula, que guíe el conocimiento que se adquiere.
Con base en distintas fuentes de información es posible asegurar que en nuestro país el problema de la educación no es de dinero. En México se gasta en promedio el 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, proporción superior a la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina. Además, se debe enfatizar que para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se observan aumentos presupuestales tanto para el Programa de Gestión de Educación Normal, como para el Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal.
Sin embargo y muy a pesar de las cada vez mayores asignaciones presupuestales a la educación, los resultados arrojados por las pruebas PISA y Enlace son decepcionantes y no reflejan mejorías en el desempeño escolar que se correlacionen con las crecientes asignaciones de gasto, por el contrario; en distintos aspectos que estas pruebas examinan se registran retrocesos y los resultados de los niños mexicanos en matemáticas, ciencia o lectura, se ubican en los últimos lugares de los países evaluados.
Es necesario reconocer que el Estado mexicano no cuenta con estadísticas confiables en lo que concierne al total de maestros en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el personal docente asciende a un millón 815 mil 089 docentes para 2012 y ni el magisterio ni la propia Secretaría de Educación Pública conocen la cifra correcta. Por lo cual y de acuerdo con las palabras del propio Secretario de Educación en su comparecencia del 25 de septiembre, se dará comienzo a un censo que será base para el Servicio de Información y Gestión Educativa a nivel Federal. Debemos tener claro que el problema educativo en México pasa por dos rutas muy claras y deseablemente paralelas, la primera es identificar la cantidad de escuelas, profesores y medios con que cuenta el Estado mexicano para llevar a cabo su función educativa y la segunda es la necesaria e impostergable mejora de la calidad de dicha función.
Por lo que con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación, la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en su conjunto se refieren a la reforma estructural en materia Educativa, se busca entre otros aspectos, elevar la calidad de educación que reciben los propios docentes y dignificar la profesión del maestro.
Por esto se debe dar el siguiente paso para actualizar las normas jurídicas vigentes en las entidades federativas y que éstas comiencen a ser aplicadas.
Adicionalmente, es necesario que la dependencia encargada de la educación pública lleve, tan pronto sea posible, a cabo un programa de calidad educativa en las escuelas normales, que permita la certificación externa de instituciones como puede ser la que realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES, que valoran los procesos y prácticas de una institución de educación superior en su totalidad o de algún programa en específico o, en su caso, el Consejo Acreditador para la Educación Superior a efecto de que todas las escuelas normales del país cumplan con criterios de calidad certificados.
Es necesario puntualizar que lo que se pretende con este punto de acuerdo es que dentro de los planes y programas de estudio que se lleven a cabo para la formación de docentes en las escuelas normales, se refuercen las metas y conocimientos que deba tener el estudiante de estas instituciones, con el fin de que salgan de ellas maestros con capacidades mayores y suficientes para elevar la calidad de la enseñanza y por lo tanto; del aprendizaje de los educandos tal y como lo establece el Estado mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a los titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas para que establezcan programas de calidad educativa, con los que actualicen los planes y programas académicos de las escuelas normales, para efectos de certificación por instancias externas, a fin de que sus alumnos egresen con estándares de calidad internacionales en concordancia con la reforma educativa que promueve el estado mexicano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los quince días del mes de octubre de dos mil trece.
Diputado José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética acciones a fin de promover que en todos los establecimientos de atención médica y las instalaciones de salud públicas, privadas y sociales funcionen y se integren los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El 14 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adiciona el artículo 41 Bis y se reforma el artículo 98 de la Ley General de Salud, en el cual se prevé la creación e integración de Comités Hospitalarios de Bioética en todos los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, los señalados por los artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y además, todos aquellos establecimientos médicos que tengan como propósito la atención a los enfermos que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Todo lo mencionado anteriormente con fin de proporcionarle al paciente un respaldo con calidad de ética moral en la resolución de dilemas que puedan generar conflictos y controversia en la interacción entre el personal de salud, pacientes, familias y sociedad.
Por tanto, éstos comités son responsables del análisis, discusión y apoyo para la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la atención médica o docencia en la propia institución de salud.
Así, sus diversas tareas son de primera importancia ya que desde el punto de vista ético efectúan la ponderación de los dilemas bioéticos en forma colectiva, transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre de influencia política, institucional, profesional y comercial. De esta manera, a éstos les compete emitir las recomendaciones de carácter ético que correspondan.
Cabe mencionar que, a casi dos años de su decreto, de las 32 entidades federativas con las que cuenta nuestro país, tan sólo 22 estados de la República Mexicana cuentan con registros de Comités Hospitalarios de Bioética, es decir, sólo el 68.75 por ciento cumple con el mandato legal. Por lo dicho anteriormente, es importante que, en todos los estados y, asimismo, en todos los establecimientos que a su nivel le competan, se implante la conformación de un Comité Hospitalario de Bioética.
Del mismo modo, aunque el porcentaje de registros rebase un poco más del cincuenta por ciento, es necesario que la Comisión permanezca en constante y mayor difusión para la integración de los Comités Hospitalarios de Bioética, ya que en comparación con el número de establecimientos para la atención médica de los que dispone el país, hospitales de los estados como lo son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán, aún no cuentan con ningún comité de bioética conformado en ninguno del total de sus establecimientos médicos, e incluso los estados que cuentan con registro de Comités Hospitalarios de Bioética tienen un índice bajo de éstos.
Aún cuando se ha promovido la instalación de los Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación en las unidades médicas de las principales instituciones del sector salud IMSS, ISSSTE, Sedena, entre otros, es necesario recalcar que sólo se han registrado 7 Delegaciones del IMSS de las 14 existentes, 4 del ISSSTE y ningún establecimiento de la Sedena, aun cuando el trámite y procedimiento a seguir para registrar un Comité Hospitalario de Bioética no implica una mayor dificultad, ni se abandona en complejidades, además de que hay asesoramiento en su proceso por parte de la Comisión Nacional de Bioética.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Salud, cito, “los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.”
Al enfocarse en la frase “éticamente responsable” ya se hace un llamado a que las autoridades competentes focalicen esfuerzos en realizar las actividades necesarias para establecer normativos que fomenten y opten por atender la necesidad de que el actuar médico y de investigación, posea las características necesarias para salvaguardar los derechos éticos y morales de los que los pacientes constitucionalmente gozan, y así, de esta forma, exista certeza de que las acciones llevadas a cabo en ellos conlleven un respaldo ético necesario, adecuado, responsable e informado.
El derecho a la protección de la salud, que tiene toda persona, tiene como una de sus finalidades la protección y el acredito de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de salud que contribuyan al desarrollo social. En este contexto, todas la instituciones de salud, desde hospitales generales y hospitales de alta especialidad, deben contribuir a la salvaguarda de éste, respetando los derechos humanos de toda persona que reciba servicios de salud, específicamente, atención médica que abarca actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.
Es sustancial hacer énfasis y acentuar en la importancia que tiene el integrar los comités ya mencionados. El número de comités registrados a la fecha no es suficiente en relativo a las necesidades éticas que se presentan día con día en cuestiones en las que surge incertidumbre sobre la resolución de los problemas derivados de la atención médica. Ocasiones en las que hay inseguridad en cuanto a toma de decisiones con ende moral y ético, en las cuales, la salud del paciente está de por medio y es necesaria la debida asesoría y asistencia para su persona y familia, siempre y cuando se opte por el bienestar del internado.
Indudablemente, en la ciencia médica se obtienen avances tecnológicos, los cuales son benéficos para el ser humano si la aplicación de estas nuevas tecnologías se adecúa de manera responsable en el tratamiento e investigación de enfermedades, por otro lado, pueden resultar perjudiciales si se aplican de manera irresponsable y sin fundamentos éticos por parte de los prestadores de servicios de salud.
Siendo que las atribuciones de la Comisión Nacional de Bioética corresponden al promover que en las instituciones de salud públicas y privadas se organicen y funcionen Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación, es indispensable brindarle aún mayor difusión a los criterios que estos cuerpos colegiados deberán considerar para el desarrollo de sus actividades, así como para apoyar la capacitación de sus miembros.
Por lo expuesto, someto a su atenta consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus competencias, tenga a bien ordenar a la Secretaría de Salud a su cargo y a su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Bioética, para que realicen las acciones de coordinación necesarias en materia de difusión para promover que en todos los establecimientos para la atención médica y las instalaciones de salud públicas, privadas y sociales, funcionen y se integren los Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en Investigación, mencionados en el artículo 41 Bis de la Ley General de Salud, así como la capacitación de los miembros que los conformen.
Referencias y fuentes de información:
• Ley General de Salud: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf
• Comisión Nacional de Bioética: http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/
• Sobre los derechos de los pacientes:
http://cecamed.guanajuato.gob.mx/pdf/derechos_pacientes. pdf
• Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Zacatecas a garantizar condiciones de seguridad para la caravana migrante de zacatecanos por realizarse en diciembre, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A nivel internacional “la migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, y para los propios migrantes. Es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo”.1
De tal forma que resulta indispensable considerar lo establecido en el Informe sobre las migraciones en el mundo 2010. El Futuro de la migración: creación de capacidades para el cambio, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “las capacidades de los Estados de todo el mundo en términos de gestión de la migración son limitadas. Por tanto, habrá que actualizar o modificar los marcos jurídicos para tener en cuenta nuevas esferas migratorias, o para el manejo de las nuevas corrientes de entrada o de salida de migrantes; proporcionar equipo, formación y apoyo al personal que trabaja en primera línea; e integrar adecuadamente a la sociedad civil y los propios migrantes en el proceso de recopilación de datos así como de formulación y aplicación de políticas.2
En dicho tenor, México ha establecido –mediante el Instituto Nacional de Migración (INM)– una serie de políticas y programas públicos para atender a las personas migrantes, a la par de impulsar un marco normativo que regule dicho fenómeno; sin embargo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, expresa que “las personas migrantes, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. México al ser país de origen, tránsito y destino presenta una problemática que repercute en agravio de los migrantes, quienes son objeto de las conductas delictivas de más alto impacto que se presentan en una sociedad: secuestro, trata de personas, violencia, comercio sexual y pornografía infantil.”
Por lo que la CNDH emitió una serie de propuestas encaminadas a “implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en coordinación con los interlocutores sociales y la sociedad civil para una adecuada gestión de las migraciones”, el fortalecimiento de “mecanismos de cooperación internacional partiendo del principio de responsabilidad compartida, a fin de fomentar la migración legal, segura y ordenada, y poder reducir la migración irregular” y la implantación de “programas de prevención y atención específica a las personas migrantes víctimas del delito, para evitar el secuestro y otros delitos conexos.”
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite de manera constante diversas recomendaciones en la materia derivadas de la visita de personal del organismo a México, entre ellas se encuentran: garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes; facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan con condiciones mínimas de seguridad; garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes; establecer protocolos, en consulta con la sociedad civil, en relación con el manejo y la identificación de los cadáveres y cuerpos sin vida hallados; entre otras relacionadas a garantizar el pleno disfrute de derechos y seguridad humana bajo los criterios señalados en los estándares internacionales.
Desafortunadamente, en nuestro país existe una violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes, un ejemplo de ello es que en días pasados, Ardelio Vargas Fosado, quien actualmente encabeza el INM, declaró que “más de mil funcionarios han sido despedidos este año por actos de corrupción, por integrar de manera inadecuada los expedientes o por tratar de abusar de los migrantes.”3
Bajo dicho contexto, es fundamental visibilizar la situación de las y los mexicanos que, ya sea por voluntad propia o como resultado de ciertos procesos, se ven obligados a cambiar de lugar de residencia; tal es el caso del fenómeno migratorio en el estado de Zacatecas, del cual se ha desprendido un movimiento importante que articula a diversas organizaciones en una Federación de Clubes Migrantes, como respuesta a la falta de acciones del Estado mexicano, y que octubre pasado tras una reunión de trabajo en la Casa Zacatecas de Fort Worth, Texas, decidió organizar para el próximo diciembre “caravanas que partieran de la frontera entre México y Estados Unidos, precisamente por el hartazgo de padecer una serie de extorsiones en su regreso a sus respectivas comunidades”.4
Es por ello que en días pasados, expresamos nuestro compromiso y apoyo con las personas migrantes y con la Caravana Migrante de Zacatecanos, a través del diputado migrante José Guadalupe Hernández Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de Zacatecas, en miras de conjugar esfuerzos entre las distintas dependencias y órdenes de gobierno para garantizar las condiciones de seguridad para quienes integren la caravana y para impulsar las acciones pertinentes que coadyuven a mejorar la situación de las personas migrantes y sus familias en el país; por lo que en razón de ello y lo anteriormente expuesto, presentamos a esta asamblea la siguiente resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados se solidariza con la Caravana Migrante de Zacatecanos y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador constitucional de Zacatecas a garantizar las condiciones de seguridad para las personas que integren dicho movimiento a realizarse en diciembre.
Notas
1 Sin Fronteras www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/hablemos-de/migracion.
2 Informe sobre las migraciones en el mundo 2010 http://www.oim.org.mx/news/boletin_29nov_wmr%20FLYER_SP.pdf
3 Suman más de mil funcionarios cesados en Migración. www.proceso.com.mx/?p=357350
4 Propuesta del Proyecto Migrante Zacatecano en el marco de la Convención de Federaciones Zacatecanas, agosto de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la Profeco a garantizar los derechos de los usuarios del sector asegurador, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a garantizar los derechos de los usuarios del sector asegurador, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, el sector asegurador ha tenido un importante desempeño en el transcurso de los últimos 10 años. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas los ingresos por venta de seguros se han incrementado en un 146.8% pasando de 124 mil 894 millones de pesos en el año 2002 a 308 mil 256 millones de pesos al último y más reciente reporte de resultados.
Lo anterior le ha representado a éste importante sector un crecimiento anual en los últimos años del 11% en promedio, es decir cada día la gente en nuestro país está interesada en adquirir los servicios que se ofrecen ya sea por seguridad, obligación o en el menor de los casos por prevención.
Básicamente podemos definir que en nuestro país la póliza de seguro es un contrato -que tiene la característica de ser bilateral y aleatorio- reconocido por la ley, en el cual se establece la disposición por parte de una empresa (la proveedora de la póliza, también llamada aseguradora) en la que se obliga a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida con el contratante (también llamado asegurado) en el caso de sufrir un evento imprevisto; lo anterior mediante el pago puntual ya sea en su totalidad o en parcialidades definidas, de un costo denominado prima y un cobro adicional que puede existir o no, denominado deducible.
Se considera bilateral, porque establece tanto derechos como obligaciones por parte de ambas partes y aleatorio porque implica la cobertura de un imprevisto que se supone tiene la posibilidad de presentarse o de no presentarse a lo largo del tiempo establecido que cubra la póliza contratada.
Ésta característica es determinante en el diseño de las condiciones generales de las pólizas de seguros, ya que obliga a considerar ciertos riesgos externos que representan una mayor posibilidad de incidencia de producirse la eventualidad que se pretende cubrir al asegurado.
Por ello en nuestro país y por lo general en todo el mundo donde se tiene la existencia de éste sector, se cuenta con una gama de pólizas que atienden intereses, necesidades y requerimientos particulares y perfectamente bien definidos.
Es así que, como lo establece la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en su artículo 7mo., existen varios tipos de seguros; pero en general tenemos los sociales que se refieren a la protección de los trabajadores de manera colectiva contra eventualidades derivadas del desempeño de sus funciones y los privados que son los que contratan las personas físicas o morales de manera voluntaria; para ello tenemos a nuestra disposición principalmente y entre otros los siguientes tipos de pólizas de seguro:
• Seguros de vida.
• Educativos.
• Seguros contra accidentes y enfermedades.
– Accidentes personales;
– Gastos médicos;
– Salud;
• Seguros de Daños.
– Responsabilidad civil y riesgos profesionales;
– Marítimo y transportes;
– Incendio;
– Agrícola y de animales;
– Automóviles;
– Crédito;
– Crédito a la vivienda;
– Garantía financiera;
– Diversos;
– Terremotos y otros riesgos catastróficos.
Sin duda alguna, el contar con la cobertura de este tipo de servicios es ya una necesidad que lamentablemente no ha dejado de representar un lujo inalcanzable para la mayoría de la población o un sinónimo de problemas y dolores de cabeza para quienes pueden o deben acceder a su disposición.
A pesar del notable comportamiento particular del sector; aún falta mucho por hacer en nuestro país para penetrar en la sociedad una cultura efectiva de la contratación de una póliza de seguros por motivos de prevención, ya que el comportamiento descrito con anterioridad en el monto de venta de pólizas no corresponde a éste criterio que es el escenario deseable.
Esto se puede afirmar debido a que las principales pólizas que son adquiridas en el país corresponden a seguros de vida, de automóviles y en tercer lugar de gastos médicos.
Para el caso de las pólizas de vida, un gran porcentaje de éstas provienen de manera indirecta por operaciones financieras como la contratación de créditos o la disposición de instrumentos bancarios, los cuales en su gran mayoría establecen el requisito de contratar estas pólizas.
Sobre los seguros de automóviles, el repunte de las pólizas vendidas corresponde más en algunos casos a una obligación de circular bajo el amparo de ésta cobertura como requisito establecido por las autoridades correspondientes y, no por un criterio de conciencia vial. No obstante y a pesar de lo anterior y de que en la actualidad por el creciente flujo de automóviles que circulan cada vez más, los índices de accidentes automovilísticos tanto menores como mayores se han incrementado desproporcionadamente, en México de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tan sólo el 26% del total del parque vial existente cuenta con la cobertura de una póliza de seguro.
En específico, sobre los seguros de gastos médicos, su crecimiento en ventas si corresponde en su mayoría a criterios de prevención en un factor imprescindible para el desarrollo del individuo y la sociedad en su conjunto; el cuidado y la procuración de la salud.
Estos atienden las eventualidades en la salud de las personas que cuentan con la cobertura de una póliza de éstas, sin importar incluso si ya disponen con la protección de las instituciones públicas de atención médica. Ya que al contratar este seguro, el usuario o asegurado y sus beneficiarios que se dispongan, tienen la oportunidad de atenderse en algún hospital de su interés o con los profesionales de la salud de su confianza y elección. Es decir, se ve ampliada la gama de opciones para su comodidad y de posibilidades que atiendan sus intereses o requerimientos particulares en materia de atención médica.
A pesar de todo lo anterior, el porcentaje de mexicanos que contratan un seguro por voluntad propia es muy bajo, menor al 10% del total de la población, en comparación con otros países con niveles de actividad económica y social muy similar a la nuestra.
De entre los desafortunados factores que motivan éste comportamiento y que impiden u ocasionan la baja penetración efectiva en la sociedad de la adquisición por motivos voluntarios de prevención de pólizas de seguros; podemos identificar básicamente a los siguientes:
• El costo elevado, y;
• La desconfianza en el servicio y eficiencia del sector.
Comparativamente con los países de América Latina, tenemos que en México los servicios que brinda el sector asegurador son los más caros.
Hay casos en los cuales las primas que los mexicanos pagamos por contratar la cobertura de algún seguro, son hasta 40% más caras que lo que se pagaría en otros países con similares niveles de desarrollo y por las mismas condiciones de cobertura y servicio que se espera recibir o que es ofrecido.
Este factor genera que para el grueso de la población el cubrir en promedio anualmente en un solo pago, por ejemplo un seguro de gastos médicos que representa el desembolso de treinta o treinta y cinco mil pesos o una mensualidad constante que rebasa los mil pesos; tristemente es impensable.
A pesar incluso de la variada gama y número de empresas aseguradoras que hay en nuestro territorio, que en términos de oferta y demanda debería representar para la población una ventaja por las bondades que se crean en un sistema de competencia como el que se supone correspondería en este sector.
En lo que respecta a la desconfianza en el servicio y la eficiencia de las empresas aseguradoras; su precio -si se está en la condición económica- en el momento de meditar la posible adquisición de un seguro sigue siendo determinante.
Esto sucede porque es conocido por la mayoría de los mexicanos, los innumerables casos de una mala experiencia con alguna aseguradora en los servicios o la asistencia y cobertura que se esperaba recibir y que además al momento de reclamar no se sienten protegidos de manera efectiva por las autoridades correspondientes y ven infructuoso el intento de hacerlo.
Tan solo el año pasado, la Condusef reportó que el 13% del total de las quejas que recibió en atención a sus facultades; conciernen a inconformidades, omisiones, incumplimientos o infracciones en los contratos de pólizas de diversos seguros.
Las principales quejas y reclamos ante las autoridades por parte de los usuarios de los seguros, son cobros indebidos e incumplimiento total o parcial de lo establecido en el contrato, así como la poca claridad que genera desconocimiento por parte del asegurado, en las condiciones o cláusulas que son determinantes en las reservas para hacerlas efectivas y que incluso en algunos casos han llegado a ser omitidas completamente o disimuladas de manera descarada.
Siendo considerado lo anterior como procedimientos o métodos negativos en el establecimiento de los contratos, las condiciones de las pólizas de seguros y el los mecanismos de venta; que atentan contra los asegurados e incluso con el interés de realizar un esfuerzo y contratar alguno, ya que la ciudadanía las considera abiertamente como trampas o mañas lascivas.
Este problema que atenta de manera directa en contra los derechos plenos de los usuarios del sector asegurador, no puede ser permitido ni tolerado.
Como se puede ver, sin duda alguna el crecimiento y la amplia variedad en la gama de servicios que presta y ofrece el sector asegurador en el país beneficia a todos, al igual que el establecimiento de una cultura efectiva de prevención en materia de imprevistos en toda la sociedad y sobre todo, al alcance de todos los bolsillos.
No obstante debemos aceptar, que este sector no puede ni debe quedar exento de observaciones que busquen corregir algunos vicios o errores que empañan su imagen y que nos obligan a asumir la rectoría del Estado que lo faculta para velar por los intereses de sus usuarios.
Es por ello que es necesario reconocer la importancia de impulsar el desarrollo de este sector de una manera que no pierda el espirito de su origen, que es la de brindar protección, seguridad y asistencia en los momentos inesperados y en los que más se necesitan, con la certeza que brinda la confianza en el servicio que se está pagando y el cual se espera recibir en contraparte.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de las dependencias de gubernamentales, se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a:
1. Que realicen y difundan anualmente, un reporte de alerta del comportamiento de las aseguradoras en función del número de quejas, así como el motivo de las mismas y el tiempo y el sentido de la resolución.
2. Que en atención a sus facultades, establezcan las medidas conducentes para que las aseguradoras de manera obligatoria hagan del conocimiento del interesado de adquirir un seguro la información integra del más reciente reporte de alerta del comportamiento de las aseguradoras antes de la firma del contrato de la póliza, y además sea incluido como parte del mismo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de noviembre de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a publicar las disposiciones estatales y municipales en materia de prestación de servicios para la atención, el cuidado y el desarrollo integrales infantiles, y verificar que se encuentren alineadas con las características de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN
De la diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los honorables congresos de las entidades federativas para que publiquen a la brevedad las disposiciones estatales y municipales en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, verificando que dichas disposiciones se encuentren alineadas con las características de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como se revisen las disposiciones publicadas y las iniciativas y, en su caso, se realicen los ajustes correspondientes que garanticen su operatividad al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 24 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil , la cual señala como objeto “establecer la concurrencia entre la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, (...) en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil (...)”; para ello, establece un Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil , que en teoría se coordinaría con los sistemas estatales y municipales en dicha materia, que debieran crearse en virtud de las leyes secundarias, buscando la aplicación de los criterios que resulten de la creación conjunta de la política nacional y coordinando la implementación de un programa nacional de supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento.
Esta ley también plantea la creación de un Registro Nacional de Centros de Atención , mismo que se alimentaría de la información que a tal efecto remitieran las entidades federativas, quienes a su vez obtendrán esta información del ámbito municipal, ya que por lo general es dicha esfera de la administración pública quien provee la información relativa a permisos o autorizaciones emitidas a los prestadores de servicios de cuidado y atención infantil (uso de suelo, licencias de funcionamiento, anuencias, entre otras figuras).
Adicionalmente, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil también señala las medidas mínimas en materia de seguridad con las que debe contar un inmueble destinado a dicho uso.
Asimismo indica que se deberá revisar la normatividad aplicable en materia de protección civil a efecto de realizar los cambios que resulten pertinentes en cuanto a este tipo de establecimientos.
Sin embargo, a dos años de publicada la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil únicamente dos entidades han publicado las leyes secundarias relativas a dicha Ley General y dos cuentan con sólo una iniciativa. Más allá del preocupante tema de la omisión en realizar los esfuerzos necesarios en la publicación de las disposiciones legales, y en la revisión de los proyectos de iniciativas, nuestro trabajo como legisladores nos obliga a darle seguimiento a las leyes que en algunos casos se presentaron hace más de un año, sin que se hayan revisado y votado por congresos locales.
En relación a las leyes estatales publicadas a la fecha, encontramos variables muy importantes en cuanto a su calidad, algunas crean figuras que no existen en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil , otras son un compendio administrativo de cómo realizar el trámite, invadiendo materias que competen a los municipios, están también aquellas que en afán de “ser diferentes” a dicha ley, la contradicen estableciendo obligaciones importantes (como la autorización que se debe emitir a cada centro de atención) a cargo de autoridades que no tienen las facultades o el presupuesto para una tarea de tal magnitud , sólo por mencionar algunos ejemplos.
A efecto de que esta Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil funcione es imperante no sólo publicar a la brevedad las disposiciones estatales y municipales, sino realizar un esfuerzo en la búsqueda de que dichas disposiciones se encuentren alineadas con las características de la mencionada ley, a efecto de integrar un sistema que funcione operativamente y efectivamente dote de seguridad a los centros de atención mediante la supervisión y el monitoreo.
Debemos realizar un ejercicio de conciencia en cuanto a si es tolerable y ético dejar este tema a la deriva, abandonarlo sin mayor seguimiento, permitir que esta ley se vuelva obsoleta, pues mientras nosotros estamos aquí, niñas y niños acuden todos los días a estos centros de atención; madres y padres salen a buscar el sustento dejando a sus hijos en estancias, guarderías y centros de atención que pueden estar laborando sin regulación alguna, cuando en realidad ya existe una ley.
¡La herencia para ellos de la terrible tragedia de la Guardería ABC es este proyecto, que aún no empieza y que requiere de una gran voluntad para desarrollarse!
Con base en lo anterior someto a la consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para expedir sus respectivas leyes o, en su caso, adecuen las ya existentes conforme a lo previsto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a efecto de que realicen las adecuaciones y adiciones necesarias a la legislación y normatividad en materia de protección civil, con el fin de establecer las condiciones de seguridad de niñas y niños en los centros de atención, en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Leonor Romero Sevilla (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener, de Pemex y de la ASF a hacer pública la información sobre los contratos que presuntamente benefician a funcionarios y ex funcionarios públicos en miras a fincar las responsabilidades correspondientes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En días recientes, la revista Proceso dio a conocer información relacionada con los beneficios que Jesús Reyes Heroles González Garza ha conseguido en el marco de la reforma energética promovida por parte del Ejecutivo Federal,1 entre los cuales se encuentra que “apenas en la tercera semana del sexenio, el 21 de diciembre de 2012, el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) –integrante de Structura, consorcio de cabildeo, inversiones, fusión de negocios y relaciones públicas fundado por Reyes Heroles en 2002– obtuvo su primer contrato (el P-OS/058/2012CONVAMP) en la administración de Peña Nieto, vía Banobras, para definir las variables para calificar la cartera crediticia de estados y municipios”.2
Al mencionado contrato, se suma el referido por el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal como (P-OS/026/2013) en el pasado mes de febrero por un monto de 320 mil pesos y adjudicación directa, en miras de obtener dichas variables.
Asimismo, “para mayo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó, mediante contratación por invitación a cuando menos tres personas, el contrato IO-0090009-88-N4-2013 para la elaboración de estudios complementarios del anteproyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado a los siguientes asociados: ADHO Consultores (de Aarón Dichter, subsecretario de Transportes el sexenio pasado), Grupo Consultor Independiente (de Federico Torres Arroyo, quien fuera coordinador general de Programación Sectorial de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal), Sintra, Emartrons, EMC Consultoría en Proyectos Público-Privados (la cual asesoró a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la SCT) y GEA, que ya había trabajado a la cabeza de ADHO y EMC en otros estudios de factibilidad ferroviaria. La asignación inicial fue de 63 millones de pesos, que poco después se ajustaron a casi 93”. 3
Aunado a ello, cabe destacar que en pasadas semanas, se dio a conocer que “El 13 y 14 de septiembre de 2012 Alex Murphy, especialista en pronósticos financieros, presentó en Boston ante inversionistas de las grandes petroleras el documento Strategic FP&A in the Oil & Gas Industry... The Mexico Case, que reproduce los escenarios optimistas de ingresos y utilidades de Petróleos Mexicanos a partir de un diagnóstico elaborado por la propia paraestatal en julio de ese año”.4
Por otro lado se exhibe que “Reyes Heroles y sus socios –Investigaciones Sociales y Aplicadas ADHO Consultores, las empresas de Structura– han facturado en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto más de 200 millones de pesos, según se desprende de la revisión en fuentes oficiales de las referencias sobre 76 contratos, aunque no son ni por mucho el total de los que han obtenido del gobierno federal. De las cifras facturadas, 63 millones 320 mil pesos corresponden al gobierno de Peña Nieto, 50 millones 419 mil 252 al de Calderón y 32 millones 481 mil al de Fox”.5
Asimismo, se establece que “a partir de ese documento, el especialista Murphy reelaboró una propuesta que destaca la alta rentabilidad de Pemex en comparación con otras compañías extranjeras y advierte que los grandes aliados en la estrategia de financiamiento y apertura serán personajes como Ramírez Corzo, Reyes Heroles y Aspe, accionista este último del fondo de inversiones Evercore Partnes que adquirió en septiembre de 2012 el 20 por ciento de la firma Diavaz DEP”.6
Por último, se hace mención que “un mes antes de la presentación de la iniciativa peñista de reforma energética, Pemex Exploración y Producción, asignó un contrato (420213801) por 378 mil pesos a Transparencia Mexicana, organización fundada en 1999 y presidida por Federico Reyes Heroles, para la aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y el Medio Ambiente. Y el 6 de septiembre, dos semanas antes de que el presidente de Transparencia Mexicana participara en el foro Nexos-Televisa en favor de la privatización (y tres antes de su cabildeo ante senadores para “dar certeza jurídica” a los inversionistas extranjeros) la organización obtuvo los contratos P350421-095384 y P350422-095384 para proveer de testigos sociales al IMSS, por 480 mil pesos cada uno. En total, el bimestre previo al inicio de las disertaciones de Federico Reyes Heroles en pro del esquema de concesiones e Pemex al capital privado significó para Transparencia Mexicana gratificaciones del gobierno federal por la menos 1 millón 338 mil pesos, según registros del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI el pasado 10 de octubre”.7
Resulta urgente que este tipo de actos en donde se han visto beneficiados funcionarios y ex funcionarios públicos se documenten de manera pública en miras de establecer las responsabilidades correspondientes y evitar prácticas que contravengan con los principios rectores de la administración y servicio público, sobre todo en el tenor del intento privatizados que representa la iniciativa de reforma energética por parte del Ejecutivo federal y apoyada por diversos actores políticos; lo cual representaría un gran golpe al proceso de desarrollo del país que afectaría directamente en la economía de las familias mexicanas; por lo antes expuesto y por la preocupación que nos representa la situación de Pemex y de los procesos en torno a las fuentes de energía en México presentamos a esta asamblea, el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía y a la Auditoría Superior de la Federación a hacer pública la información sobre los contratos que presuntamente benefician a funcionarios y ex funcionarios públicos en miras de fincar las responsabilidades correspondientes.
Notas
1 Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex. www.proceso.com.mx/?p=357564
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Mercenarios trasnacionales, detrás de la reforma energética. www.proceso.com.mx/?p=350307
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Reyes Heroles y socios, magnates gracias a Pemex.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que se tomen medidas respecto a la aprobación del Reglamento Municipal del Plan Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte de Baja California, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adán David Ruiz Gutiérrez, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La región vitivinícola del estado de Baja California se ha convertido desde hace algunos años en promotor constante de la economía, tanto del municipio de Ensenada como del resto de la región, que año con año se beneficia de la importante derrama que las actividades emblemáticas de la zona generan; tal es el potencial de estos valles que en la actualidad concentran la producción de 90 por ciento del vino que se produce en México, y han logrado además atraer anualmente a más de 300 mil turistas que visitan el estado para acudir a las cada vez más concurridas fiestas de la vendimia o para realizar alguna actividad relacionada con la cultura del vino.
Aún con todo el potencial económico con el que cuenta la región, enfrenta diversas problemáticas de desarrollo y conservación que involucran desde la constante escasez de agua, hasta la falta de políticas públicas que garanticen su preservación como espacio cultural, sustentable y turístico del estado.
En un esfuerzo por generar un mayor orden y preservación de los valles vitivinícolas, diversas autoridades estatales municipales y federales acordaron en 2010 la realización de un programa sectorial que permitiera la regulación del desarrollo de la zona, dicho programa fue aprobado por las autoridades correspondientes bajo el nombre de Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, y el 15 de octubre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, comenzando así su vigencia.
El programa en mención establece en la actualidad una serie de lineamientos que garantizan en cierta medida la protección de estos valles mediante restricciones que permiten priorizar la actividad vitivinícola y la construcción de instalaciones turísticas sustentables y de bajo impacto.
Relativo a ello, el pasado siete de noviembre el cabildo del ayuntamiento de Ensenada aprobó la expedición del reglamento al programa sectorial; este reglamento tiene su fundamentación legal en la Ley de Desarrollo Urbano, y se encuentra jerárquicamente supeditado a las determinaciones y supuestos establecidos en el programa aludido; en ese contexto, el procedimiento de aprobación y dictamen de dicho reglamento se llevó a cabo en medio de graves irregularidades que implicaron incluso una sesión a altas horas de la noche, en la que según diversas declaraciones de habitantes y productores de la zona, los integrantes del cabildo intentaron deliberadamente ocultar la determinación para votar el reglamento.
Las sesiones del cabildo y los asuntos por tratarse en ellas, por constituir asuntos del orden e interés publico, son por determinación legal publicas, salvo los casos especiales previstos en las legislaciones; en el tema que nos ocupa la negativa por parte de las autoridades para dar difusión a la agenda y asuntos sometidos a votación constituye una grave agresión a los derechos e intereses de la ciudadanía, pues en un marco de transparencia y rendición de cuentas, todos los actos públicos pueden y deben de encontrarse al alcance de los ciudadanos interesados.
Aunado a las irregularidades anteriores, en este reglamento se observan diversas modificaciones que pudieran contrariar lo establecido en el programa sectorial de desarrollo, como la conformación del comité de evaluación, en el cual se omite incluir a diversos actores fundamentales de la zona como las autoridades ejidales e indígenas, y la autorización expresa para continuar con obras que se establecieron y no contaban con el permiso conducente; de esta lectura se hace evidente que de publicarse y hacerse vigentes estas disposiciones, el equilibrio y estabilidad social, económica y ecológica de la zona podrían verse permanentemente alteradas.
En este sentido resulta fundamental pugnar porque la responsabilidad civil y social de los funcionarios municipales los lleve a reconsiderar las modificaciones planteadas, y en un acto de consolidación publica, dadas las avasalladoras manifestaciones sociales en contra de las formas y contenido del reglamento, y considerando que la administración municipal concluirá el próximo primero de diciembre, permitan a los ediles electos retomar la discusión de este proyecto una vez que ingresen en funciones.
De igual manera es importante recomendar al Ejecutivo del gobierno del estado que en el ámbito de sus atribuciones, y en caso de no haber rectificación por parte de los regidores, se abstenga de publicar el aludido reglamento, ya que como se estableció previamente, de comenzar la vigencia, las consecuencias sociales y ecológicas para el entorno de las zonas vitivinícolas podrían ser irreversiblemente dañadas.
Respecto del programa sectorial vigente, y que en el caso que nos ocupa pudiera ser violentado por el reglamento de merito, resulta fundamental señalar que para el proceso de elaboración e integración técnica, se erogaron recursos públicos de diversos órdenes de gobierno, entre ellos recursos federales etiquetados en el presupuesto de egresos, y que fueron aportados a través de la Secretaría de Turismo y Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); razón por la cual esta cámara encuentra especial interés en procurar que las autoridades locales analicen a cabalidad las demandas y características sociales y productivas de la zona, antes de afectar de facto un plan sectorial aprobado hace apenas 3 años y sufragado en parte con recursos federales que en aquel momento se destinaron para lograr una correcta estructuración técnica e integral del programa.
En cuanto a la responsabilidad social es de suma importancia señalar que a través de redes sociales y distribución publica, diversos sectores de la población han hecho circular un documento en el que se solicita la intervención de las autoridades para detener el avance del proyecto de modificación, hasta la fecha se han logrado recopilar más de 10 mil firmas, y en los últimos días la reacción social ha sido tan contundente que se ha logrado reunir en manifestaciones a mas de 3 mil personas con una convocatoria de menos de 24 horas, razón por la cual resulta fundamental que demandas sociales como la que se está gestando en la ciudad de Ensenada, Baja California, reciban un posicionamiento por parte de esta soberanía, y con base en la responsabilidad pública se gestionen las acciones y respuestas que reclaman los habitantes de la zona.
Por las razones anteriormente vertidas se somete al pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para que tomando en consideración que su periodo constitucional como alcalde se encuentra a menos de 30 días de concluir, y que las manifestaciones sociales acerca del reglamento aprobado son contundente y notoriamente en contra, promueva la abrogación del reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, para que su discusión pueda ser retomada por los ediles entrantes y, en ese sentido, se abstenga de continuar con la promoción de cambios que enrarezcan el equilibrio y tranquilidad social de las comunidades relacionadas a los valles vitivinícolas de la zona.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al cabildo del XX Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones y ante los evidentes reclamos de la sociedad baja californiana, promuevan la abrogación al reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, y en un acto de responsabilidad civil, moral y política, permitan que la discusión de este reglamento sea retomada por los ediles entrantes, que por mandato constitucional comenzarán sus funciones en menos de 30 días.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo del estado de Baja California para que en el ámbito de su competencia y ante las notorias manifestaciones sociales en contra de la aprobación al reglamento del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Estado de Baja California, se abstenga de la publicación de dicho ordenamiento en el periódico oficial del estado, y de esta manera pugne porque en esa región se prioricen antes del desarrollo inmobiliario intensivo, la conservación e impulso de las actividades primarias y culturales de la zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputados:Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a realizar acciones para fortalecer la política estatal en materia de protección de los derechos de niños y de adolescentes, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe diputada federal Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, y en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 1, fracción I, del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán para que realice las acciones necesarias a efecto de fortalecer la política estatal en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Censo 2010, en México el número de niños con menos de un año de edad es de 2 millones y en ellos resulta crucial implementar una política pública que permita su sobrevivencia, sobre todo, para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud.
Los niños de 1 a 5 años, en el mismo año, es de 10.7 millones y en esta edad es importante que cursen la educación preescolar, ya que con el trabajo educativo que se da en este nivel, se potencializan sus habilidades futuras. Entre los 6 y 14 años se identifican a 19.8 millones de niños que por su etapa escolar, requieren recibir una educación básica de calidad a fin de que amplíen sus oportunidades futuras y mejoren su calidad de vida.
En todas estas etapas se pueden presentar aspectos que vulneren su desarrollo, como la pobreza, marginación, discapacidad, violencia intrafamiliar o trabajo infantil. En este contexto, quiero resaltar la situación del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Yucatán del cual soy originaria.
“Yucatán es un estado de contrastes. Tiene un gran potencial debido a su cultura, a su entorno natural, a su posición estratégica y a su oferta comercial y de servicios. Sin embargo, persisten problemas sociales como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades laborales y educativas que no han podido resolverse a pesar de las reorientaciones económicas y las acciones de política pública emprendidas en las últimas décadas.
Ello conduce a la presencia de desigualdades sociales, económicas y políticas en la población que dificultan el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia.”
Así inicia el estudio titulado Los derechos de la infancia y la adolescencia en Yucatán, realizado recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) y el gobierno del estado de Yucatán. Dicho estudio aborda la situación del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el estado.
Es importante resaltar algunos de los resultados encontrados porque son una muestra que si bien ha habido avances, también se debe reconocer que existen innumerables retos que se requiere cumplir porque de ello depende que la infancia y la adolescencia del estado de Yucatán vean cumplidos y protegidos sus derechos, y alcancen mejores niveles de vida.
En el estudio se reconocen las buenas prácticas que el estado ha realizado hacia el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, como es la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán en 2008, una de las leyes más completas e integrales del país, de acuerdo con el índice de medición de la calidad de las leyes en la materia desarrollado por la Red por los Derechos de la Infancia.
Asimismo resalta la creación e instalación en 2009 del Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán con el propósito de establecer los mecanismos para vigilar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y generar información periódica sobre el estado de los derechos de la infancia en Yucatán.
Por otro lado, se resalta que Yucatán es un estado con más de 654 mil 860 niños, niñas y adolescentes, y más de la mitad son indígenas. Lo preocupante es que el 53.7 por ciento de las niñas y niños en el estado están en situación de pobreza. Además entre 2008 y 2010 el porcentaje de población infantil en pobreza extrema se incrementó 2.1 puntos porcentuales, pasando de 10.8 por ciento a 12.9 por ciento.
Entre los principales hallazgos del estudio está el impacto que tiene la doble carga de desnutrición y sobrepeso en las niñas, niños y adolescentes, afectando ambas situaciones a las adolescentes mujeres en Yucatán más que en cualquier otro Estado de la República. En el caso de sobrepeso y obesidad, Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en niñas y niños de 5 a 11 años.
Aunado a ello, Yucatán ocupa el cuarto nivel nacional en desnutrición. Y para el caso de las adolescentes mujeres, ocupa el primer lugar, más de 28 puntos porcentuales arriba de la media nacional.
Asimismo el estudio hace evidente la brecha de acceso a una educación de calidad que se agudiza en estudiantes de las modalidades del Consejo Nacional de Fomento Educativo e indígena, lo que disminuye sus oportunidades futuras de desarrollo y movilidad social. La modalidad de educación indígena ofrece una calidad y una cobertura insuficientes para garantizar plenamente los derechos de la población yucateca.
Es decir, casi el 22 por ciento de los niños y adolescentes de 3 a 17 años que hablan lengua indígena no asisten a la escuela. Mientras que esto sucede en el 14.5 por ciento de los niños y adolescentes no indígenas.
En 2010, en preescolar 25 por ciento de las niñas y niños fue atendido bajo la modalidad indígena, un porcentaje menor al número de hablantes de lengua indígena de 3 años y más que es de 30 por ciento. Es decir que en lugar de atender a cerca de 20 mil niñas y niños bajo la modalidad indígena, se tendría que atender a poco más de 50 mil. En primaria sólo una de cada 20 niñas o niños es atendido por la modalidad indígena.
Frente a estos resultados, la representante de la UNICEF en México hizo un llamado a las autoridades del estado para fortalecer la política estatal de infancia y adolescencia, y mejorar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado.
Unamos esfuerzos para identificar las prioridades más apremiantes para la niñez y la adolescencia, trabajemos para lograr cambios y emprender acciones que tengan un impacto positivo, concreto, medible y cotidiano en la vida de las niñas y niños del estado de Yucatán, y de todo el país.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán para que realice las acciones necesarias a efecto de fortalecer la política estatal en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Yucatán para que realice las acciones conducentes a efecto de fortalecer el Observatorio Regulador de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y avanzar en el mejor cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al posible tráfico de influencias en la entrega de contratos de reparación y mantenimiento de las carreteras federales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
En nuestro país, la historia de las carreteras es sinuosa, accidentada y está llena de baches. El paso de las tormentas Manuel e Ingrid, además de provocar daños y afectaciones a la infraestructura nacional, pusieron de manifiesto las fallas integrales y la baja calidad de ésta.
Sin embargo, esto no es más que la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Durante décadas, el gobierno mexicano se erigió como el principal agente dentro de la economía nacional, participando incluso en tareas de construcción de infraestructura, por lo que rápidamente se constituyó una amplia red carretera apoyándose de manera muy importante en el eficiente trabajo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
No obstante, durante las décadas de los 70 y 80, los programas oficiales de desarrollo de infraestructura no alcanzaron los niveles que exigiría más tarde la globalización. Por lo que a la llegada de administraciones que abrazaban el liberalismo económico, se inició un agresivo proceso de desincorporación de las empresas públicas, dentro del cual las carreteras fueron incluidas, por lo que su administración llegó a manos de inversionistas privados.
Este proceso de privatizaciones, se aceleró durante la administración de Carlos Salinas, quien tuvo como prioridad el sistema carretero nacional, bajo el argumento de que eran indispensable elevar los montos de inversión para ampliar la red carretera, su mantenimiento y la eficiente operación de las autopistas federales existentes en aquel momento, se regalar concesiones al por mayor.
El resto de la historia, es por todos conocida, la mala administración ocasionó que muy pronto las principales empresas que obtuvieron concesiones enfrentaran problemas financieros para operar las autopistas otorgadas.
Derivado de las elevadas cuotas cobradas, el flujo de vehículos fue menor al esperado, aunado al aumento en los costos de operación ocasionado por la recesión económica de 1994-1995; las concesionarias pronto se fueron a la quiebra.
Pese a todo, el gobierno federal pronto acudió a su rescate; el Estado mexicano decretó, el 27 de agosto de 1997 rescatar 23 de las 52 autopistas concesionadas, asumiendo la deuda de los concesionarios por 58 mil 123 millones de pesos mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras. Sólo 5 años después, el costo del rescate carretero ya ascendía a más de 150 mil millones de pesos.
La federación no actuó sola, también participaron en este proceso, los gobiernos estatales y grupos corporativos privados. Los principales beneficiarios fueron las constructoras: Ingenieros Civiles y Asociados, Sociedad Controladora, Triturados Basálticos, SA, y Grupo Mexicano de Desarrollo.
Para 1998 el gobierno federal comenzó a operar directamente 23 carreteras de la Red Nacional de Autopistas, equivalentes a una longitud de 5 mil 300 kilómetros. Designó para operarlas así como para su adecuada preservación y mantenimiento, al FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), a través de la SCT. Al mismo tiempo Caminos y Puentes Federales fue contratado para la operación y mantenimiento de esta red.
Actualmente, en México la red de autopistas se encuentra operada por Caminos y Puentes Federales, organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas.
Este organismo opera un total de 3 tipos de redes carreteras, las cuales se mencionan a continuación:
1. Red propia: la que se refiere a las autopistas de más antigüedad y por tanto, las mayormente consolidadas en México;
2. Red privada: consiste en operar autopistas concesionadas a particulares o a gobiernos de los estados;
3. Fonadin: Fondo Nacional de Infraestructura, las cuales estaban concesionadas a particulares o gobiernos estatales y que después de un quebranto económico pasaron a la administración de dicho fideicomiso creado por el gobierno.
Sin embargo, son diversas las voces que han denunciado las malas condiciones de las carreteras en todo el país. No sólo los usuarios y transportistas expresan sus quejas al servicio carretero; ingenieros civiles, y expertos conocedores del diseño de carreteras y mecánica de suelos han señalado, la falta de control en la administración de estas carreteras, así como la entrega de obras a amigos o a empresas, que ven en ellas un negocio muy redituable.
Cientos de veces se pueden observar cuadrillas de personal público o privado haciendo reparaciones en carreteras federales, utilizando materiales de pésima calidad y en condiciones no aptas para las mismas, esto es, con personal poco capacitado o durante la lluvia.
En la actualidad el paso por las carreteras concesionadas se vuelve una auténtica proeza para quienes deciden o necesitan hacerlo. Incontables baches, tramos que eternamente se encuentran en reparación, deslaves, desgajamiento de cerros, además de elevadas cuotas que sitúan a las carreteras mexicanas entre las más caras del mundo, hacen que el transitar por ellas se vuelva costoso, tortuoso y peligroso.
Es por eso que no podemos seguir permitiendo que el amiguismo y compadrazgo de directivos y empresarios siga enriqueciendo a algunos con la designación de contratos que no resuelven de fondo el problema de las carreteras federales de México.
Por lo expuesto, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ejercicio de sus facultades realice las auditorias correspondientes, a fin de que los contratos de reparación y mantenimiento otorgados en la presente administración, hayan sido cumplidos a cabalidad conforme a la normatividad vigente.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que investigue el posible tráfico de influencias en la designación de contratos de reparación y mantenimiento a carreteras federales, los cuales no se han cumplido a cabalidad poniendo en riesgo la infraestructura nacional y perjudicando gravemente las finanzas públicas del país.
Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de noviembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sener, de la SE y de la CFE a revisar y ajustar las tarifas de electricidad en Chiapas, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 1 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, numeral, 6, fracción I y IV, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I y II y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo a la información que arroja el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información, Chiapas ocupa uno de los últimos lugares en casi todos los indicadores del nivel de bienestar: analfabetismo, mortalidad materno infantil, acceso a servicios de salud, seguridad social y desempleo; viviendas con servicios básicos de agua, drenaje, electricidad, techo y piso firme, y número de habitantes por vivienda.
En Chiapas se concentran muchos de los municipios más pobres del país (San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó, Mitontic, Ocotepec, Pantelhó, Sintalá, Zinacantán, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, San Juan Cancuc y Santiago el Pinar, por mencionar algunos).
Casi todos los municipios calificados como de alta marginación del país son de población mayoritariamente indígena quienes ni siquiera ganan el salario mínimo.
No obstante lo anterior, Chiapas es rico en ríos, arroyos y lagunas, por lo que resultó ser el estado idóneo para la producción de energía eléctrica; de acuerdo al último informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se señala que dicho estado, produce gran parte de la energía eléctrica que se consume en todo el país, a través del sistema de presas hidroeléctricas instaladas en el territorio chiapaneco.
La energía eléctrica producida se vende en el territorio chiapaneco a otros estados de la República y también a nuestro país vecino (Guatemala). De acuerdo con el reporte de la CFE, las presas de Malpaso, La Angostura y Chicoasén son consideradas cuencas hidroeléctricas de gran dimensión.
Sin embargo, a pesar de que las presas de Chiapas proveen una buena cantidad de la energía hidroeléctrica producida por el país, dicha riqueza no se ha visto distribuida en beneficio de quienes han pagado el costo de este aporte al desarrollo del país.
Las tarifas de energía eléctrica en las zonas urbanas y especialmente en las rurales son elevadas y en nada corresponden a sus bajos niveles de ingreso.
A pesar de que en Chiapas de produce la mayoría de la energía eléctrica, los pobladores aluden que la CFE da un mal servicio con la sobrefacturación, puntualizan que los recibos de la luz son arbitrarios, exagerados y no tienen que ver con los gastos de energía eléctrica de cada vivienda. En algunos casos, en hogares donde hay solamente uno o dos focos, los recibos en regiones rurales han oscilado entre los 500 hasta los 15 mil pesos, existiendo cortes de energía sin aviso previo, variaciones de voltaje que causan daño en los aparatos domésticos y falta de mantenimiento de las estructuras de distribución de energía.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no debe impedir ni comprender la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, como ocurre con la mayoría de las comunidades pobres de Chiapas. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho humano, o elemento fundamental para el disfrute de los derechos humanos, el Estado mexicano debe asumir su obligación para conocerlo como tal; lograr que la luz llegue a todas las comunidades mexicanas, y que por disfrutar la luz se pague solo aquella cantidad que no comprometa la realización de otros derechos. En este contexto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió con fecha 23 de marzo de 1981, considera que: “los gastos personales o del hogar entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general conmensurados con los niveles de ingreso”.
De tal modo que, existe una resistencia al pago de la luz por parte de la comunidad chiapaneca, siendo esta una forma de protesta de las poblaciones indígenas, campesinas y populares de Chiapas que así reclaman sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Las condiciones de marginación y discriminación que sufren en las poblaciones indígenas son por demás obvias y contradicen flagrantemente la obligación del Estado de eliminar las diferencias socioeconómicas entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional.
En razón de lo anterior, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los secretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, así como al director general de la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo la capacidad real de producción de energía eléctrica que genera Chiapas y dadas las características sociales del mismo, se establezca una tarifa preferencial aplicable en todo su territorio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conade a investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del subdirector general del Deporte y funcionarios involucrados; y a la SHCP, a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el PEF de 2013, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Jorge Rosiñol Abreu, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, fracción II, numeral 1 y fracciones I, II y III del numeral 2, del Reglamento de La Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a instruir al contralor interno de la Conade a fin de investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del subdirector general del Deporte y funcionarios involucrados y, en su caso, imponer las sanciones aplicables en los términos de la ley; asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013; lo anterior, con base en las siguientes
Consideraciones
Para que cualquier gobierno pueda cumplir sus funciones, es indispensable el poder contar con los recursos suficientes y necesarios. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, este gasto público es utilizado por el gobierno federal con la finalidad de cubrir las siguientes demandas de la población:
- Proporcionar servicios educativos y de salud; construir carreteras y vivienda; construir espacios públicos de recreación, esparcimiento, deportivos y culturales, apoyar el desarrollo del campo; generar y distribuir electricidad; garantizar la soberanía y seguridad nacional; procurar e impartir justicia; desarrollar actividades legislativas; transferir recursos a los estados y municipios; sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre algunos otros.
En suma, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año y el cual es aprobado por esta soberanía.
Corresponde a la Conade desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano y que impulsen la integración de una cultura física sólida. Para ello, la Conade dispone de recursos presupuestales federales; como ustedes saben, corresponde a la Cámara de Diputados aprobarlos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 fueron aprobados por la Cámara recursos etiquetados para realizar infraestructura deportiva, sin embargo como todos conocemos, este nuevo gobierno federal no ha ejercido los recursos autorizados por la Cámara generando así un subejercicio sin precedente en la historia de México, de más de 40 mil millones de pesos.
En días pasados, el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector general del Deporte, el encargado del área donde se erogará la tercera parte del presupuesto federal deportivo de este año y quien antes de asumir tan importante puesto público se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Independiente del ISSSTE, subdirector de Cultura Física en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y jefe del departamento de Educación Física del valle de Toluca en el estado de México. En otras palabras: un digno representante del grupo político del PRI mexiquense, sin experiencia previa en el manejo de infraestructura deportiva, envió el memorándum número SGD/192/2013, para que no sean fondeados, es decir, entregados los recursos públicos, de los proyectos de infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2013, por la Cámara de Diputados, en beneficio de Carmen, Campeche, Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, Veracruz; Camargo, Tamaulipas, Tonila, Jalisco, Joquicingo y Zacualpan, México; y Choix, Sinaloa, y que, en conjunto, suman 17 millones 139 mil 950 pesos. Ocho de 10 municipios son, casualmente, gobernados por el Partido Acción Nacional. El argumento es que “por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Habría que preguntarle al doctor Luis Videgaray, si “dictó esas instrucciones”.
Con este memorándum, prácticamente, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, están derogando un mandato de este soberano poder legislativo, liquidando la división de poderes que rige la república y traicionando la confianza depositada por la Junta Directiva y su director general para que promoviera el deporte, no para impedir que el mismo se practique en instalaciones deportivas dignas, como las que fueron aprobadas para estos municipios. Además se está incurriendo en responsabilidades administrativas, las cuales deben ser investigadas por el órgano interno de control en la Conade y evitar que se consume, con total impunidad, este atentado contra la voluntad de esta soberanía.
Es ya una práctica recurrente en esta dependencia incurrir en actos de corrupción y favoritismo partidista, ya que en días pasados el ex subdirector general de Administración de la Conade, también integrante del PRI mexiquense, Alberto Leger Meza, fue cesado, de manera atinada y oportuna por el actual director de la Conade porque no supo presentar de forma correcta y oportuna, la documentación correspondiente para que la Secretaría de Hacienda entregara el dinero de la partida presupuestal asignada por la Cámara de Diputados, además de los actos de corrupción en que incurrió, entre otros, con los servicios de limpieza y de seguridad de esa dependencia federal deportiva.
No hay en el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la Conade disposición jurídica que faculte a la Subdirección General del Deporte para ordenar la cancelación presupuestal de proyectos de infraestructura deportiva, y mucho menos, si éstos son por mandato presupuestal de la Cámara de Diputados.
¿Será acaso que el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno quiere desviar esos recursos federales autorizados a ayuntamientos Panistas para entregárselos a ayuntamientos gobernados por el partido político que gobierna? o ¿será que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, sin fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se está convirtiendo de facto en un “superlegislador” que puede, a su libre arbitrio, derogar la voluntad de esta soberanía popular?
Habría que recordar a estos funcionarios de la administración pública federal que el Constituyente de 1917 estableció con claridad meridiana la división de poderes y que, por ende, ningún poder público se puede sobreponer a otro.
¿Dónde quedan los compromisos del titular del Ejecutivo de gobernar para todos y con todos los mexicanos sin distingo de partido? ¿Dónde queda su promesa de gobernar con plena democracia? México conoció por primera vez en su historia a través de Acción Nacional cómo se gobierna con plena democracia. Por primera vez, los gobernadores y el jefe de gobierno, así como también los Poderes de la Unión, no estuvieron sujetos a las decisiones y mando del presidencialismo monárquico ejercido por el PRI, pues los gobiernos emanados del PAN no sólo permitieron la democracia sino que, además, incrementaron las partidas presupuestales en los Presupuestos de Egresos a todas las entidades federativas, en beneficio de los más necesitados.
Por lo expuesto, y toda vez que se trata de la aplicación de recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del presente año, y tomando en consideración que estamos a pocos días de aprobar el Presupuesto federal de 2014, someto a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a instruir al contralor interno de la Conade a fin de que investigue y finque responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el subdirector general del Deporte, en el desempeño de sus facultades y atribuciones y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados para infraestructura deportiva, que fueron etiquetados en ampliación presupuestal, para el ejercicio fiscal de 2013 en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, en beneficio de Carmen, Campeche, Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, Veracruz; Camargo, Tamaulipas, Tonila, Jalisco, Joquicingo y Zacualpan, México; y Choix, Sinaloa, por un monto de 17 millones 139 mil 950 pesos, en beneficio de la comunidad deportiva de esas demarcaciones territoriales.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo, a la secretaria de Salud y al director general de la Conagua a emprender acciones para garantizar la distribución de líquido no contaminado, la atención médica y el abasto necesario de fármacos a las personas infectadas de cólera en el estado, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Érick Marte Rivera Villanueva, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus facultades emprendan las acciones necesarias para garantizar la distribución de agua no contaminada así como la atención médica y el abasto necesario de medicamentos a las personas infectadas de cólera en el estado de Hidalgo, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae . Se calcula que cada año se producen entre 3 millones y 5 millones de casos de cólera y entre 100 mil y 120 mil defunciones. El breve periodo de incubación, que fluctúa entre dos horas y cinco días, acrecienta el carácter potencialmente explosivo de los brotes epidémicos.
El cólera es una enfermedad que afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas. Aproximadamente 75 por ciento de las personas infectadas con V. cholerae no presenta ningún síntoma, a pesar de que el bacilo está presente en sus heces fecales durante 7 a 14 días después de la infección y vuelven al medio ambiente, donde pueden infectar a otras personas.
En 80 por ciento de las personas que presentan síntomas estos son de leves a moderados; 20 por ciento padece diarrea acuosa aguda con deshidratación grave. Si no se da tratamiento, ésta puede ocasionar la muerte.
Las personas con inmunidad reducida, como los niños con desnutrición y los enfermos con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, corren un riesgo mayor de morir, de no tratarse a tiempo esta enfermedad.
Segundo. Desde el 9 de septiembre al 10 de octubre, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de México, notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un total de 159 casos de cólera confirmados de infección por Vibrio cholerae O:1 Ogawa toxigénico, incluido un fallecimiento.
Del total de casos confirmados, 2 (1,3 por ciento) son residentes del Distrito Federal, 145 (91,2 por ciento) del estado de Hidalgo, 9 (5,7 por ciento) del estado de México, uno (0,6 por ciento) del estado de San Luis Potosí y dos (1,3 por ciento) del estado de Veracruz. De la misma forma 84 (53 por ciento) pacientes son del sexo femenino y 75 (47 por ciento) del sexo masculino, con un rango de edad que va desde 3 meses hasta 88 años. Un total de 43 (27 por ciento) casos requirieron hospitalización.
Esta ha sido la primera transmisión local de cólera registrada en México desde la epidemia 1991-2001. El perfil genético de las cepas aisladas en los casos actuales en México presenta una alta similitud (>95 por ciento) con la cepa que está circulando actualmente en tres países del Caribe (Haití, República Dominicana y Cuba), y es diferente de la cepa que había estado circulando en México hace más de una década.
Tercero. Sin embargo, una última actualización de los reportes indica que hasta el 27 de octubre se tienen contabilizados 181 casos y uno de ellos mortal. De estos, 157 fueron en el estado de Hidalgo, 9 en el de México, 6 en Veracruz, 2 en San Luis Potosí y 2 en Distrito Federal.
Ante este panorama el gobierno de la república ha tomado acciones para combatir esta enfermedad como son: la atención médica a pacientes de la enfermedad, brigadas médicas, el envío de especialistas para la capacitación de los profesionales de la salud en el tratamiento de este padecimiento, monitoreo de los lugares afectados y campañas de prevención e información.
Se han visitado 32 mil 184 casas para la identificación de casos sospechosos, bloqueo familiar, estudios de contacto, y se han entregado 21 mil 85 sobres de vida suero oral, 15 mil 659 frascos de plata coloidal, y se han dado 8 mil 370 prácticas de prevención.
Cuarto. Cobra especial relevancia el estado de Hidalgo, donde se centra 90 por ciento de los casos de cólera, de éstos la mayoría se han registrado en la zona de la Huasteca; áreas con escasa infraestructura urbana y limitada disponibilidad de agua potable y saneamiento.
El uso de letrinas en los hogares de la Huasteca, por ejemplo, es una de las fuentes más importantes de contaminación, ha explicado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Por ejemplo, Huejutla, población con más de 120 mil habitantes, sólo existen 13 mil 124 tomas domiciliarias de agua, otras 10 mil son tomas ilegales, y el resto se abastece de ríos, arroyos, manantiales y pozos. Debe hacerse énfasis en que los usos y costumbres de la región hace que los indígenas sigan yendo a los ríos para bañarse y lavar su ropa; ahí abrevan sus animales, usan el agua en sus casas y se resisten a tener tanques o depósitos con agua que llega debidamente clorada.
Y aunque se han realizado algunas acciones como el programa Agua Limpia, de la Comisión Nacional del Agua, y mediante el cual se hacen trabajos de desinfección del líquido de consumo humano y uso de riego, es necesario redoblar los esfuerzos a fin de poder garantizar el abasto de agua potable, la atención médica y el abasto necesario de medicamentos en esta zona de la Huasteca que tanto lo necesita.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus facultades emprendan las acciones necesarias para garantizar la distribución de agua no contaminada así como la atención médica y el abasto necesario de medicamentos a las personas infectadas de cólera en el estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2013.
Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)
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