Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3721-VII, martes 5 de marzo de 2013

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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a implantar acciones para retirar los topes en carretera que sean innecesarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar seguimiento puntual a los resultados de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles organizados por la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales a fortalecer y vigilar corresponsablemente la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su programa nacional las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y de los municipales a llevar a cabo en las regiones con los índices de mayor pobreza extrema acciones a fin de conseguir que el programa Sistema Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ de Chiapas a resolver con prontitud los homicidios dolosos en la entidad y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a promover en el marco del Programa de Apoyo Alimentario considerado en el PEF de 2013 la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía saluda al presidente electo de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, y expresa al gobierno y al pueblo de ese país su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su Órgano Interno de Control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a la impartición de la educación bilingüe en las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración pública federal a firmar y dar continuidad por las dependencias competentes al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para consignar y castigar al policía o los policías responsables de la violación de una menor de edad y la muerte de su novio; y al DIF estatal, a proporcionar atención médica y psicológica a la víctima y a familiares afectados, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Sonora a otorgar con la mayor brevedad los subsidios federales etiquetados al Instituto Tecnológico de Sonora en los Presupuestos de Egresos de 2011 y de 2012, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a implantar acciones para retirar los topes en carretera que sean innecesarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las carreteras son vías de comunicación concebidas especialmente para la circulación de vehículos de transporte; a través de ellas se acortan las distancias entre una localidad y otra. Por eso promueven actividades como el comercio y el turismo; en suma, desempeñan un papel fundamental para el desarrollo económico.

La infraestructura vial del país requiere modernizarse para que la economía se vuelva más productiva y alcance mayor grado de competitividad. El deterioro que presentan muchas carreteras afecta, en ocasiones seriamente, la circulación por ellas. Un hecho que atrae nuestra atención es la cantidad de topes colocados en algunas carreteras y que provocan contratiempos a quienes transitan por ellas.

Los topes no sólo hacen que las personas tengan que invertir más tiempo en trasladarse de un lugar a otro sino que, también, provocan mayor desgaste a los vehículos en frenos, llantas y suspensión.

El mayor gasto de combustible que un vehículo debe realizar por culpa de los topes ha provocado cuantiosas pérdidas económicas a los empresarios del sector transporte, que tienen que sustentar con dinero de sus bolsillos un sensible incremento de los gastos operativos. Transportistas de Chiapas que operan en la carretera San Cristóbal-Comitán estiman que a causa de los topes su consumo de combustible ha aumentado hasta 20 por ciento.1

Un ejemplo de la excesiva cantidad de topes que hay en las carreteras es el camino San Cristóbal-Palenque, que a lo largo de sus 191 kilómetros tiene más de 400;2 eso se traduce aproximadamente en ¡1 tope cada 500 metros!

Pero la problemática de los topes no sólo se reduce a pérdidas económicas sino que tiene, también, repercusiones ambientales: un mayor gasto de combustible contribuye a incrementar la contaminación atmosférica.

Así lo confirma un estudio realizado por especialistas del Centro de Investigación en Óptica y del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un trayecto de la carretera Jojutla-Alpuyeca, en Morelos, cuyas conclusiones evidencian que los 3 mil automóviles que transitan diariamente por ahí desperdician, a causa de los 50 topes contabilizados en el tramo, unos 7 mil litros de gasolina, lo cual supone arrojar a la atmósfera 6 mil toneladas de dióxido de carbono cada año. La energía que ahí se desperdicia equivale, calculan los investigadores, a la energía necesaria para mantener encendidos 4 horas 1.5 millones focos ahorradores.3

En un contexto de inseguridad como el que hoy vivimos en México, los topes se han convertido en un riesgo para quienes circulan por las carreteras. Debido a que los topes obligan a los automovilistas a reducir la velocidad de sus vehículos hasta casi detenerse, éstos se convierten en presa fácil de la delincuencia, que aprovecha la oportunidad para despojarlos de sus pertenencias.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública admitió ante el Senado de la República en octubre de 2011 que la inseguridad en las autopistas y vías federales es un problema grave y creciente, al tiempo que señaló que algunos procuradores estatales ocultaban información y maquillaban cifras. Entre enero y agosto de 2011 se registraron mil 828 robos de vehículos públicos y particulares en carreteras de 13 entidades, de los cuales 86.8 por ciento fue violento.4

Desde nuestro punto de vista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la responsabilidad de brindar seguridad a los usuarios de la red carretera federal. Además –de acuerdo con los objetivos planteados por la propia dependencia en su página de Internet–, ésta debe abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.5

En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios y sustituir los indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios a detenerse.

Notas

1 Véase “Topes carreteros causan pérdidas por miles de pesos”, en www.diariodecomitán.com.mx, martes 6 de marzo de 2012.

http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_c ontent&view=article&id=8572:topes-carreteros-causan-perdidas-po r-miles-de-pesos&catid=54:municipio&Itemid=70

2 Véase “Existen más de 400 topes en el camino San Cristóbal-Palenque”, en El Heraldo de Chiapas, 7 de mayo de 2011.

http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n2067900. htm

3 Véase “Topes urbanos, altos generadores de contaminación, concluyen especialistas”, en www.inves.com.mx

http://www.invdes.com.mx/medio-ambiente/2222—topes-urban os-altos-generadores-de-contaminacion-concluyen-especialistas

4 Véase “Asaltos carreteros pegan a la producción”, en Excélsior, 14 de octubre de 2011.

http://www.intermediamexico.com/lib/cntcubs.php?clave=21 83716

5 Véase “Objetivos estratégicos”, en www.sct.gob.mx

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-co nservacion-de-carreteras/conocenos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.

Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba y Salvador Barajas del Toro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Víctor Serralde Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que lo requiere. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.

Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.

Con una cosecha estimada en 23 millones de toneladas durante 2012 y una superficie de siembra anual promedio de 7.2 millones de hectáreas, México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil.

No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año que concluyó fue de 9.5 millones de toneladas.

Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.

Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del TLC, México acordó con los Estados Unidos y Canadá, el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.

Estos acuerdos precisaron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y, por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual, empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.

Contrario a lo establecido, y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyectó en 9.5 millones, que equivale a 380 por ciento más de lo previsto.

Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.

Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, que finalizó en junio anterior, donde al primer semestre del año pasado se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.

Sucede entonces que existe sobre oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.

Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.

Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad, sin dejar de mencionar las afectaciones, que en el caso de Sinaloa y Sonora, han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado.

Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en 2012 sumó 163 millones de pesos.

Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.

En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.

Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.

Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que sea esta dependencia quien determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que esta dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.

Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. El próximo 7 de Julio se celebrarán comicios electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, sólo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

2. Estamos convencidos que se deben ejercer comicios transparentes, bajo un ambiente de cordialidad y total claridad; ya que con anterioridad, se han dado sucesos en los que las elecciones se han contaminado con la sospecha de la utilización de recursos públicos, con fines proselitistas.

3. Según algunos medios de comunicación, se acusa la posibilidad en la manipulación de ciertos programas, que deberían estar encaminados a beneficiar a la sociedad mexicana, sin embargo el criterio utilizado por el diario Reforma, en su edición del 10 de Febrero del 2012, radica en que se puede entender como sacar provecho de éstos programas en las próximas elecciones; todo ello, en el caso especifico del programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; dónde a su vez, se argumenta que no se están considerando a los municipios que en realidad tienen extrema pobreza; si no que por el contrario, se están contemplando municipios o ciudades que son las más buscadas por su número de habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo, con la finalidad de verse beneficiados algunos partidos políticos con votos en esta próxima contienda.

4. Cabe señalar, que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas, aplaudimos que se destinen recursos a las ciudades y principalmente a Baja California, sin embargo, se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el Gobierno Federal ha contemplado para la implementación de los mismos.

Sólo por enunciar las ciudades o municipios que habrán de beneficiarse, son Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos, dentro del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, siendo que algunas de estas no tienen un índice alto de pobreza, tal como lo establecen propias dependencias del gobierno federal y estudios que instituciones especializadas han arrojado, sobre el mismo tema.

5. Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta coalición, y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza. Baja California por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de gobernador, además de diputados locales y alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población, y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema; así lo destaca la nota del periódico Reforma.

6. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tijuana cuenta con 3.5 por ciento de población que vive en pobreza extrema; Cancún 3.2 por ciento; Torreón 2.9 por ciento; Puebla 6.0 por ciento; Aguascalientes, sólo cuenta con el 2.3. En tanto, en que existen municipios con un alto índice de marginación como lo es, San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 57.4 por ciento; Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento; Chichiquila, Batopilas, Chihuahua. 55.4 por ciento; Santa María Peñoles, Oaxaca; 47.4 por ciento de población en pobreza extrema, los cuales hasta el momento no están contemplados dentro del programa Cruzada Nacional contra el hambre.

7. Existe la preocupación, que se sigan ejerciendo estas prácticas en la aplicación o uso indebido de recursos públicos, en estas próximas elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos. Es por ello, que hacemos un llamado al gobierno federal, a que se abstenga de intervenir en las próximas elecciones y que los recursos financieros se utilicen adecuadamente y no se desvíen como se ha apreciado en ocasiones anteriores.

Esto nos puede dar un claro ejemplo, que el programa no está tomando en consideración a localidades entre los 400 municipios con alto nivel de pobreza y que en verdad carecen de recursos para sufragar sus necesidades primordiales como son la alimentación, mas sin embargo, se tiene la sospecha que este programa esta incluyendo a municipios en los cuales se llevaran a cabo este próximo mes de julio elecciones para diputados locales y alcaldes; tal es el caso de Baja California dónde se elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es menester de esta representación nacional, evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población para quienes fueron creados y encaminando estos esfuerzos hacia una elección en dónde se trata de beneficiar a algún o algunos partidos políticos y sus candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 26 del mes de febrero de 2013.

Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar seguimiento puntual a los resultados de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles organizados por la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículos 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el progresivo desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, el orbe ha experimentado grandes avances en distintos ámbitos de la vida social. Lo anterior ha ayudado a que los individuos acorten los tiempos y las distancias en distintos rubros de su vida diaria, tales como en lo laboral, lo educativo y en sus actividades personales.

En efecto, a lo largo y ancho del mundo las nuevas herramientas tecnológicas han permitido una mayor transferencia de información y por ende, una mayor tecnificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, así como de desarrollo de las tareas académicas, financieras, bursátiles, administrativas y en general, profesionales.

De ahí que las computadoras y los dispositivos móviles se hayan vuelto una herramienta de primer orden para la sociedad, pues permite la realización de tareas de forma más sencilla y dinámica.

Hay que reconocer que entre los resultados más palpables del nuevo desarrollo tecnológico se encuentra su vinculación con el terreno educativo y laboral, debido a la capacidad de los ordenadores para coadyuvar al desarrollo de labores de búsqueda y transferencia de información; manipulación, planeación, diseño y sistematización de base de datos, así como procesamiento y presentación de información, entre un gran número tareas que facilitan el trabajo y la interacción social.

Es por esta razón que tanto computadoras como dispositivos móviles representan a las herramientas del siglo XXI que son utilizadas como un apoyo indispensable para profesionalizar el trabajo y el aprendizaje en nuestro país.

De acuerdo con lo anterior, la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología -por sus siglas en inglés UNESCO- señala que en el 2012 había más de 6 000 millones de suscriptores de telefonía móvil alrededor del mundo. Ello, sin lugar a dudas, muestra el alto índice de individuos que se encuentran inmersos en la sociedad de la información y que cuentan con un dispositivo móvil.

Si bien aún desconocemos cifras oficiales de cuántos mexicanos cuentan con un dispositivo móvil, lo cierto es que de acuerdo con cifras del INEGI en el 2010, en México se contabilizaron 38.9 millones de personas, usuarios de una computadora y 32.8 millones con acceso a Internet. La mayor parte de los usuarios de Internet poseen un rango de edad de entre 12 a 34 años de edad, lo que representa el 66.8% del total.

Sin duda, la Internet se ha vuelto una herramienta fundamental para la consulta de información, noticias, investigaciones científicas, encuestas, fotografías, videos y material multimedia que son utilizados por un sector mayormente joven. Sin embargo, lo anterior ya no sólo es posible frente a una computadora portátil o de escritorio, sino también a través del uso de dispositivos móviles de nueva generación.

La Segunda Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, a celebrarse en París, Francia, del 18 al 22 de febrero de 2013, es un foro internacional de gran nivel para fomentar el aprendizaje de forma democrática, ampliando el acceso y la calidad de la enseñanza.

Sus experiencias serán indispensables para lograr abatir el porcentaje de analfabetismo promedio en nuestro país, siendo éste de 6.9% a nivel nacional. Entre los estados de la República que superan la media nacional de analfabetismo se encuentran Chiapas (17.8%), Guerrero (16.7%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (11.4%), Puebla (10.4%), Hidalgo y Michoacán (10.2%), Yucatán (9.2%), Campeche (8.3%), Guanajuato (8.2%), San Luis Potosí (7.9%) y Tabasco (7.1%), siendo una enseñanza importante también para ellos.

Otro de los beneficios que se buscan por medio del aprendizaje a través de dispositivos móviles es buscar nuevos mecanismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ayuden tanto a docentes como a alumnos a mejorar las capacidades cognitivas. Además, se lograría una cada vez más balanceada educación entre hombres y mujeres.

Importante es comentar que durante la Segunda Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, se llevará a cabo la demostración de los contenidos del teléfono celular los días 18 y 19; una reunión de funcionarios gubernamentales de alto nivel el día 20, y un seminario virtual de residentes en el extranjero para presentar proyectos los días 21 y 22 de febrero del presente año.

De ahí que sería importante que la Secretaría de Educación Pública diera un seguimiento puntual de los resultados llevados a cabo en el evento organizado por la UNICEF en París, Francia. Ello, sin lugar a dudas, armaría nuestro país de herramientas técnicas para aplicar nuevos mecanismos y estrategias que modernicen las técnicas de aprendizaje en México, representando un documento fundamental para el análisis al interior de la SEP y de los recintos legislativos a nivel federal, pues permitiría a los tomadores de decisiones incrementar su campo de visión con respecto a las nuevas herramientas de aprendizaje.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para dar seguimiento puntual de los resultados obtenidos de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles organizados por la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputada Marina Garay Cabada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales a fortalecer y vigilar corresponsablemente la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la entidad federativa de Nuevo León, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de los siguientes

Considerandos

Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.

Lo anterior exige, además de combatir y sancionar la actividad delictiva, a contar con un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.

A mediados de febrero de este año los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García del estado de Nuevo León, acordaron la aplicación del programa "Código Esperanza" para la búsqueda inmediata de menores extraviados dentro de estos tres municipios.

Este "Código Esperanza" tiene como base el programa Internacional Alerta Ámber desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de América en 1996, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.

Aunado a la necesidad de una pronta colaboración entre los estados para buscar a los niños, niñas y adolescentes extraviados me veo en la necesidad de impulsar este punto de acuerdo para exhortar a las distintas entidades federativas para que activen este Código por el bien de nuestra niñez.

Hace unos días en el municipio de Juárez, también en el estado de Nuevo León, desapareció el niño Moisés Alejandro Juárez Rojas de 8 años de edad, desafortunadamente por la falta de coordinación entre autoridades se encontró su cadáver 4 días después de su desaparición. De ahí la necesidad de activar este código de colaboración al interior de cada estado y entre los propios estados entre sí, para evitar y prevenir más casos como el de "Moy".

Otro ejemplo pero esta vez exitoso fue que gracias a la activación del Código Esperanza se logró ubicar a la niña Linda Maricruz Lugo Galván de 13 años, quien había desaparecido en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En tal virtud, es necesario activar y fortalecer el Código Esperanza en todos del estados de la República para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Este Código debe sumar todos los esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general.

Al igual que la Alerta Amber, el Código Esperanza debe sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Los Objetivos Específicos de Código Esperanza serán:

1. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.

2. Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha de este Programa.

3. Potenciar la coordinación de acciones intra e interestatales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes.

4. Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas.

5. Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Cada entidad federativa contaría con una Coordinación Estatal del Código Esperanza, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General de Justicia de cada Estado o Fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del Protocolo como enlace Esperanza

Las funciones de dicha coordinación estatal serían en primer lugar, determinar los casos de la activación, actualización y desactivación del Código. En segundo lugar coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión. De manera enunciativa pero no limitativa, los Protocolos Estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la administración pública federal que integran el programa nacional. En tercer lugar, remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la coordinación nacional.

Para lograr los objetivos de dicho protocolo, es fundamental la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, organismos públicos autónomos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, considerando siempre la inclusión de otros participantes que manifiesten su voluntad de adherirse al programa.

Dicho protocolo involucra a todos los siguientes:

I. Dependencias de la administración pública federal: Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Instituto Nacional de Migración, Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Otras que se adhieran al programa.

II. Iniciativa privada: Concesionarios y permisionarios de radio y televisión nacionales y locales, concesionarios y permisionarios de televisión o audio restringidos, empresas de periódicos y revistas de circulación nacional y locales, empresas de transporte de pasajeros, empresas de telecomunicación (empresas de telefonía fija y móvil), Centros comerciales y tiendas de autoservicio, cámaras de comercio, cámaras de transporte de pasajeros y/o de turismo, servicios de Internet, otros.

III. Sector social, educativo y otros: Sindicatos, Universidades y centros educativos, Organizaciones de la sociedad civil organizada, Organizaciones no gubernamentales, otras que se adhieran al programa.

Por lo anteriormente expuesto, y dado que se trata de un fenómeno que desgraciadamente se presenta de manera cotidiana en todos los Estados de la República Mexicana, ponemos a consideración del honorable Congreso la importancia del presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Ejecutivos estatales para que de manera corresponsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2013.

Diputado José Martín López Cisneros

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su programa nacional las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carlos Augusto Morales López, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de "demarcaciones prioritarias" del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Todo ello en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera. A principios de febrero de este año, el presidente de México presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual, dice su objetivo: el cual integra los esfuerzos de diversas áreas del gobierno federal para la consecución de los objetivos más relevantes: Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes como agentes de transformación social; realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria; promover la implantación de estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos, que impulsen alternativas y oportunidades de desarrollo en aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad social; ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la sociedad civil organizada participe en las políticas públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias.

El programa pretende atender de manera prioritaria un conjunto de 57 municipios del país, entre ellos dos delegaciones del Distrito Federal, debido a que estos son los que presentan las mayores "...tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia". El segundo nivel de atención lo cubren un total de 100 municipios en los cuales se plantea un seguimiento coordinado entre los estados y la federación; el tercer nivel lo constituyen un total de 251 demarcaciones, que son los municipios beneficiados con el Subsidio en Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El cuarto nivel de atención lo constituyen el resto de los municipios y demarcaciones territoriales del país.

Segunda. En el caso de las dos delegaciones que son atendidas como parte del programa en el Distrito Federal, es menester realizar las siguientes consideraciones, porque en efecto, se trata de las dos entidades más pobladas de la Ciudad de México y, por ende, las que presentan una mayor probabilidad de incidencia delictiva atendiendo a números brutos. Pero, haciendo un análisis más pormenorizado de las situaciones de violencia e inseguridad en la Ciudad se observan algunas discrepancias con relación a considerar a estas dos delegaciones como las que presentan los estados más críticos. Considerando la estadística aportada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el mes de enero se pueden tomar las siguientes consideraciones:

a) En cuanto al total de delitos de alto y bajo impacto social la Delegación Iztapalapa es la que reporta más delitos, con 2,339, un promedio de 75.5 delitos diarios; sin embargo, no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la Delegación Cuauhtémoc, el centro de la Ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8. Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto sin considerar que las delegaciones que mostraron un incremento de la incidencia delictiva en enero fueron Xochimilco (13.3); Azcapotzalco (10.5) y Gustavo A. Madero (9.6).

b) Considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); todas estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16.1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más alta (Cuauhtémoc). (http://pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/0113.pdf)

Los que muestra la estadística, es que la situación de incidencia delictiva en el Distrito Federal es muy diversa; la tasa delictiva depende más, creemos nosotros, de la posición geográfica y económica que de la población total de cada una de las delegaciones.

Tercera. En materia de incidencia delictiva el Distrito Federal muestra indicadores más positivos que otra entidades de la República, producto de la una acertada política en materia de prevención del delito y seguridad pública, que es muy recomendable se reproducir en otras entidades federativas pero además fortalecer en el propio Distrito Federal.

De acuerdo con cifras de los primeros ocho meses de 2012, en el Distrito Federal se iniciaron un promedio de mil 362 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes. El comportamiento en esta materia es el siguiente:

• En la comisión del delito de homicidio doloso, el DF registró 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándonos en el lugar vigésimo tercero a nivel nacional, por debajo de la tasa nacional que es de 12.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

• Se registraron 22 robos a vivienda con violencia, por cada 100 mil viviendas habitadas. Este comportamiento posiciona al Distrito Federal en el lugar decimoséptimo en el país, por debajo de la tasa nacional que es de 31 robos.

• Por lo que respecta al delito de violación, fueron registradas 6 violaciones por cada 100 mil habitantes, que nos ubica en el lugar vigésimo primero a nivel nacional, también por debajo de la tasa nacional que es de 8 violaciones.

• En cuanto al robo de vehículos, el Distrito Federal se encuentra en el lugar decimoséptimo, con una tasa de 297 vehículos robados por cada 100 mil vehículos en circulación, por debajo de la tasa nacional que es de 427 robos.

• Cabe destacar, que de 2010 a 2011 la tasa porcentual del delito de secuestro disminuyó 0.68 por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, de enero a agosto de 2012, nos encontramos en el lugar vigésimo con 0.43 secuestros por cada 100 mil habitantes, incluso por debajo de la tasa nacional que es de 0.72 secuestros.

• Asimismo, por lo que hace a los 7 delitos de alto impacto (7 delitos homologables a nivel nacional) en el 2012 (enero-agosto), se registraron 204 delitos por cada 100 mil personas, presentando una notable disminución en este concepto en los últimos 6 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de -4.0 por ciento mientras que a nivel nacional la tasa de crecimiento promedio anual es de 6.4 por ciento.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de "demarcaciones prioritarias" del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y de los municipales a llevar a cabo en las regiones con los índices de mayor pobreza extrema acciones a fin de conseguir que el programa Sistema Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Héctor Narcía Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pobreza es un tema muy amplio, resultado de situaciones complejas en el mundo, fenómeno presente a lo largo de la historia y lamentablemente agudizado día a día, es el origen de un estilo de vida sufrido por muchas personas quienes no tienen la posibilidad de una movilidad social, que satisfaga sus necesidades físicas y básicas.

Factores deplorables en la alimentación, vivienda, asistencia médica y sanitaria, una educación escasa o nula, el desempleo y la falta de ingresos, son considerados como una problemática latente, la cual es difícil de abatir a corto y mediano plazo.

México no es la excepción, pues sufre esta lacerante situación, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza se incrementó de 48.8 millones a 52. En este panorama se encuentran 1003 municipios de los 2400 existentes en la República Mexicana, además en estas entidades administrativas, el 75 por ciento o más viven en condiciones paupérrimas, situación vergonzosa y alarmante.

Lo anterior creemos que no es posible si reflexionamos que México se caracteriza por tener una gran superficie, y un haber significativo en recursos naturales; empero, existe una crisis alimentaria la cual afecta directamente a unas 28 millones de personas, casi la cuarta parte del país, consecuencia de diversos agentes como son el cambio climático ocasionado por el hombre, los elevados precios en alimentos de la canasta básica y las desenfrenadas importaciones.

Organismos Internacionales como la FAO, la OCDE, entre otros, recomiendan producir el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, pero actualmente solamente producimos el 20 por ciento.

Este panorama desolador es originado por la aplicación de políticas públicas mal dirigidas, las cuales, siguen siendo las mismas y no garantizan atender a las necesidades demandadas por nuestra gente, quienes se encuentran en pobreza extrema. La finalidad es apoyar a los medianos y pequeños productores locales para impulsar la economía de las comunidades rurales, con la finalidad de garantizar el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.

La pobreza y la crisis alimentaria son temas centrales para el país, y se encuentran afectando a gran parte del pueblo mexicano, por ello el día 21 de enero se dio a conocer en Chipas –entidad en la cual se concentra un alto porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza, pobreza extrema y marginación– el Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, el cual pretende reducir esta situación durante un periodo de seis años, para atender a todas aquellas regiones del país que sufren por esta problemática.

Como primer objetivo se aplicará en los 400 municipios con pobreza extrema y marginación en el país, para atender a 7.4 millones de personas, una población que padece desafortunadamente el índice más elevado en desnutrición, sin acceso a los servicios de salud y educación.

En ese sentido, reconocemos la preocupación del presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, para que funcione adecuadamente esta política pública se necesita sumar esfuerzos desde los gobiernos municipales, estatales y desde luego, el federal, y de este modo atacar la desnutrición infantil, así como aumentar la producción agrícola y el ingreso de los campesinos con salarios dignos.

Muchos se preguntarán cómo se lograrán estos objetivos, creemos primero, a través de políticas públicas bien diseñadas y robustecidas, las cuales, planeen, evalúen e implementen las acciones gubernamentales adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria, desarrollo social y económico, infraestructura en vías de transporte y comunicación, seguridad social, seguridad pública y los medios suficientes para obtener asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual hago un llamado a los tres sectores de gobierno, organismos internacionales y nacionales, instituciones, investigadores, para en conjunto llevar a cabo un buen trabajo y en éstos términos se garantice alimentación a la gente en extrema pobreza mediante el aumento a la producción agrícola interna nacional y reducir de esta forma la dependencia del país a las importaciones de granos y otros alimentos.

Así mismo, dar solución a la precariedad, generar empleo bien remunerado y una agenda más compleja que va hacia el desarrollo industrial, competitividad, productividad y renovación tecnológica.

Todo ello se logrará con fundamentos importantes y con políticas generadoras de un crecimiento estable en el tiempo y, por supuesto no se aproveche esta situación convirtiéndose en un instrumento político para obtener votos en esos lugares, como ha ocurrido anteriormente.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales a que en las regiones que presentan los índices con mayor pobreza extrema, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de conseguir que el programa Sistema Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada a través de políticas públicas garantizadoras de estabilidad social, economía digna, educación, productividad del campo mexicano, competitividad, empleos y lograr la soberanía alimentaria de los niños, mujeres y hombres, de toda la nación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputado Héctor Narcía Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ de Chiapas a resolver con prontitud los homicidios dolosos en la entidad y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados se reveló que en el estado de Chiapas se tiene el registro de 54 homicidios dolosos, en el periodo comprendido de diciembre pasado a la fecha; de los cuales 24 asesinatos presentan características pertenecientes o relacionadas con el crimen organizado, lo cual ha puesto en alerta a la región, sobre todo en la frontera sur, en su área colindante con Guatemala.

Dichos asesinatos tienen en común la evidencia de tortura y el tiro de gracia, así como la existencia de narco mensajes y que los cuerpos sean arrojados en espacios públicos; 13 de los 24 casos se perpetraron en el mes de diciembre pasado, ocho en enero y tres en febrero, según reportes de la Policía, investigaciones ministeriales y registros periodísticos.

A pesar de que el secretario de gobierno en Chiapas, Noé Castañón León, haya señalado que tales hechos ya son investigados de manera conjunta entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado, y su posible relación con el crimen organizado; incluso se realizó una reunión de trabajo con representantes en México del FBI, autoridades de Centroamérica y el gobierno de Chiapas, donde acordaron estrategias para reforzar la seguridad en la frontera sur del país; sin embargo aún no se tienen respuestas claras y fehacientes por parte de las autoridades.

Es por demás conocida la situación por la que atraviesa la frontera sur, la cual en últimos años se ha agravado por la errónea guerra contra el narcotráfico y la falta de estrategia sobre el asunto migratorio, principalmente con nuestros vecinos centroamericanos, en donde “la escasa vigilancia e innumerables pasos informales que existen (es una vía latente) por donde ingresan armas, droga, mercancías y migrantes”, provocando que sea un campo de cultivo para el crimen organizado.

A pesar de que Chiapas fue nombrada en diciembre pasado como Comunidad Segura por el Instituto Karolinska, universidad médica sueca colaboradora de la Organización Mundial de la Salud; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de los 2 mil 278 homicidios que se registraron en Chiapas entre los años de 2007 y 2011 el 87 por ciento permanecen sin esclarecer; lo cual posiciona al estado como la entidad número 17 en cantidad de asesinatos no resueltos en dicho periodo.

Aunado a los 24 homicidios previamente señalados, en días recientes se reportaron dos asesinatos en la capital del estado, uno de los cuales corresponde al caso de un taxista de 42 años, quien fue encontrado en un terreno baldío de la colonia La Fortuna, degollado y con huellas de tortura.

El segundo de los homicidios se registró en un bar en la colonia Jardines del Pedregal, donde un hombre fue agredido por al menos cinco personas, por este caso fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, quienes fueron identificados como los presuntos responsables.

Ante este panorama, alzamos la voz y preguntamos ¿cuántas víctimas más debemos conocer para que el Estado mexicano actúe?, ¿cuánto tiempo más vamos a permitir la situación hasta ahora imperante en el país?, dejemos de dar cifras de las víctimas y exijamos a los tres órdenes de gobierno que se tome cartas en el asunto, antes de que la situación nos rebase inmensurablemente.

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Procuradurías General de la República y de Justicia del estado de Chiapas a resolver con prontitud los casos de homicidios dolosos en la entidad, y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a promover en el marco del Programa de Apoyo Alimentario considerado en el PEF de 2013 la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete, respetuosamente, a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 marcó uno de los puntos de inflexión más trascendentales de la historia del siglo XX, misma que tuvo como telón de fondo una de las luchas más encarnecidas que libraron en lo ancho y largo de la República obreros y campesinos bajo la bandera de la tierra, libertad y democracia en nuestro país.

Las intensas luchas campesinas y obreras fueron corolario de la creación de una nueva Constitución Política de corte social, promulgada el 5 de febrero de 1917, uno de los ordenamientos jurídicos más avanzados para su época, incluso a nivel internacional por reconocer garantías sociales y derechos para todos los trabajadores. En efecto, nuestra Constitución fue en su momento un modelo a nivel internacional.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba en su artículo 27 que la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano correspondía a la Nación, y que ésta poseía la facultad de transmitir este derecho a particulares, para constituir la propiedad privada, fraccionando los latifundios con el fin de repartir equitativamente la riqueza pública. Los preceptos constitucionales se fueron materializando de manera paulatina hasta la reforma agraria de 1992, siendo la repartición más importante, la que se llevó a cabo durante la administración del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), alcanzado 18 millones de hectáreas.

El ejido fue una de las figuras agrarias más importantes que estaba destinada a conglomerar núcleos de población, con el fin de restituir las tierras del sector campesino, y la cual alcanzó su objetivo a una problemática agraria durante la mayor parte del siglo XX.

Fue hasta con la reforma al artículo 27 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, cuando se dio fin al reparto agrario, modificando diversas disposiciones constitucionales y derogar la reglamentación e instituciones encargadas de la repartición agraria; se crean los tribunales federales agrarios, la Procuraduría de Justicia Agraria, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunitaria, se protege las tierras de los grupos indígenas, se reconoce la facultad para que los ejidatarios decidan sobre el aprovechamiento de sus recursos y se liberaliza la compra de tierras.

Poco tiempo después, el 28 de enero de 1992, se publica una nueva reforma por la que se otorga personalidad jurídica a las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto. Además queda sujeta la adquisición de bienes raíces por las instituciones de beneficencia.

Una última reforma tuvo lugar el día 13 de octubre de 2011, en la que se agregó un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 constitucional, señalando que el desarrollo integral y sustentable, tendrá entre sus fines, que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Sin embargo, por no tratarse de una reforma que propiamente inscribe cambios al reparto agrario, los estudiosos han contemplado a la de 1992 como una reforma de fondo para el sistema agrario en México.

No cabe duda que desde la Revolución Mexicana hasta la fecha, la problemática agraria en nuestro país ha vivido un sinnúmero de contrastes, volviendo cada vez más compleja las relaciones económicas, jurídicas y políticas entre los pequeños productores del campo y los consumidores, ello debido a la gran influencia de los intermediarios en el proceso comercial por el que transcurren los productos agrícolas.

Para muchos pequeños productores, esta situación significa un gran problemática que afecta la venta de hortalizas, frutas, cereales y granos derivados de la siembra y cosecha del campo, ello debido a que los intermediarios compran al mayoreo y venden comercializan estos productos de forma directa o indirecta en las centrales de abasto y en los centros comerciales rurales. Incluso los propios consumidores, se han visto afectados debido al excesivo control de la oferta de los productos agrícolas, lo cual muchas veces provoca un aumento o abaratamiento de los precios controlados por los mismos intermediarios.

Se trata de un proceso que se encuentra sometido por las reglas del mercado y en el que los campesinos deciden vender su producto al mejor comprador. Por su parte, los intermediarios utilizan sus capacidades y recursos para transportar productos agrícolas del campo a las ciudades o a los centros comerciales e incluso se atienen a la oferta o la demanda de los alimentos existentes, arriesgando sus propias inversiones.

Ello sin lugar a duda afecta a los pequeños productores que no cuentan con los medios para transportar sus mercancías; por lo tanto no controlan el proceso productivo y la comercialización de estos. El transporte muchas veces debe ser rentado, lo cual invariablemente provoca incrementos en la mercancía al final.

Además otro de los grandes problemas afectan a los productores agrícolas, pero en particular a los pequeños, pues la realidad es que no todo el terreno que se siembra obtiene ganancias. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 hubo 21 millones 952 mil hectáreas sembradas y de estas 20 millones de 167 mil fueron superficies que sólo fueron cosechadas, lo cual ejemplifica claramente las pérdidas que sufren los agricultores.

El 22.2 por ciento de la población en México vive en zonas rurales; es decir, aglomeraciones poblacionales con menos de 2 500 habitantes; lo que significa que una gran parte de la población vive de las actividades agropecuarias y es necesario fomentar programas gubernamentales que apoyen a los productores más desfavorecidos no sólo a través de la asesoría técnica, sino también de apoyos para fortalecer el campo mexicano.

Justo es señalar que en desde 1937 se han creado iniciativas de gran importancia para nuestro país y controlar los precios de alimentos agrícolas, desde la creación del Comité Regulador del Trigo, el 22 de junio de ese mismo año y la desaparecida Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA (CEIMSA) el 1 de septiembre. Sus orígenes se remontan a la administración del Presidente Lázaro Cárdenas, y se encargó de abastecer productos de consumo básico como lenteja, huevo, frijol, arroz y leche a los barrios más pobres de la ciudad de México, con precios más bajos que los que se encontraban en el mercado.

CEIMSA desapareció y fue retomada en 1962, pero con la denominación de Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), la cual tenía el objetivo regular el mercado de productos básicos como arroz, cebada, frijol, maíz, oleaginosas, sorgo, trigo y leche en polvo, eliminando la intervención de intermediarios y promover el desarrollo de los productores de bajos ingresos. En el año de 1972, se crea la Distribuidora Conasupo, (Diconsa) fomentado el desarrollo social del país; sin embargo, Diconsa absorbió en 1999, a las subsidiarias para crear una sola empresa nacional con distintos proceso a los de la antigua Conasupo.

Lo cierto es que en la actualidad, Diconsa sigue siendo una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Su objetivo es contribuir al abasto de productos básicos a las zonas rurales de alta y muy alta marginación, encargándose de la negociación para la adquisición de estos productos. Incluso, Diconsa contribuye en la actualidad a la realización del programa denominado Abasto Rural.

Los pequeños productores agrícolas, a través de estas importantes iniciativas, podría contar con mayores alicientes para poder vender sus productos, lo cual contribuiría no sólo al impulso del campo mexicano sino también al abastecimiento de alimento en las zonas rurales de alta y muy alta marginación.

Sería un error implementar un modelo de Estado paternalista, en el que el gobierno intervenga en los procesos económicos; sin embargo, es necesario fomentar el apoyo al campo mexicano a través de las políticas públicas existentes y que cuentan con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013, en especial el programa de Apoyo Alimentario llevado a cabo por la Sedesol.

De esta manera se solicita respetuosamente al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a través de su compromiso Nacional número 11 para erradicar la pobreza alimentaria, apoye no sólo a los grupos más desfavorecidos para asegurar una dieta nutritiva y sana, sino además para procurar la compra directa de productos de la canasta básica a los pequeños productores que sean utilizados para el apoyo alimentario. De esta manera se fortalecería el nivel de vida tanto de productores agrícolas como de los consumidores.

Lo que se propone no es que el gobierno compre los productos a un precio mayor que el ofertado en el mercado, sino que el precio de compra de los productos no sea inferior a los costes de producción.

Con el fin de atender al nivel a la regionalización de la pobreza y marginación alimentaria, se propone que dicho exhorto apoye a los productores agrícolas de los estados que cuentan con zonas de alta y muy alta pobreza como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

De acuerdo con la Medición de Pobreza 2010 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Veracruz el 18.1 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema, mientras que en Puebla es 14.9 por ciento, Guerrero 28.8 por ciento y Chiapas 32.8 por ciento, entidades que se encuentran por arriba del promedio mostrado a nivel nacional que es del 10.4 por ciento.

Se trata de importantes estados productores de alimentos para todo el país, sin embargo, al enfrentar grandes obstáculos para su comercialización y distribución de estos productos, se ven obligados a dejar perder sus cosechas u ofertarlas a precios más bajos.

Por lo expuesto y con fundamento con el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el marco del Programa de Apoyo Alimentario contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se promueva la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputada Marina Garay Cabada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía saluda al presidente electo de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, y expresa al gobierno y al pueblo de ese país su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, con fundamento en el artículo 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Antecedentes

El domingo 17 de febrero se realizaron elecciones generales en la República del Ecuador, los resultados han llevado a que Rafael Correa obtuviera 56,92 por ciento de los votos a su favor, lo que se traduce en un nuevo mandato por cuatro años más.

Las elecciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad y paz que abona a una democracia madura en la región, Guillermo Lasso, candidato de asociaciones de corte neoliberal y ligadas a la derecha tradicional del país, reconoció su derrota poco antes de las ocho de la noche. Lasso anunció que con esta elección se inauguró la nueva oposición ecuatoriana.

Rafael Correa manifestó públicamente –al conocer los resultados–, que había triunfado la revolución en una sola vuelta, refiriéndose a que en dicho país hay segunda vuelta electoral, agregó que la idea es cambiar al Ecuador ahora, no hacerlo así, sería no hacerlo nunca.

Correa cumplió las principales promesas de campaña en su primer mandato al iniciar el desmantelamiento de las políticas neoliberales y mejorar las condiciones de vida de la población, programa que ofrece profundizar, en los años venideros.

La democracia llegó a Ecuador como fruto de una intensa lucha social que derrocó a tres presidentes neoliberales sometidos al consenso de Washington; protagonistas destacados en este proceso fueron los pueblos indígenas que representan 30 por ciento de los habitantes del Ecuador.

El analista mexicano Ángel Guerra, consignó cómo Rafael Correa logró hacer de Ecuador un estado plurinacional, y adoptó como propias las demandas del movimiento indígena y popular, entre ellas la valiosísima Filosofía del Buen Vivir; puso fin a la presencia militar de Estados Unidos en la base de Manta; estableció la cooperación con Venezuela en materia de hidrocarburos, que se ha traducido en un significativo ahorro; no sólo no firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington sino ingresó a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) e impulsó la integración regional; realizó una auditoría de la deuda externa que permitió ahorrar miles de millones de dólares y dedicarlos a la inversión pública y al gasto social.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador ha abatido la pobreza sostenidamente durante el gobierno actual y sólo en 2012 la redujo de 37.1 al 32.4 por ciento. El presupuesto educacional se ha incrementado de 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2006 hasta alcanzar 6 por ciento en 2013, uno de los más altos de la región. Kishore Singh, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la educación calificó de “momento histórico” el que vive Ecuador en este campo y añadió que de no tener una política en educación hasta 2006 la nación andina “ahora tiene una misión nacional de educación que se ha convertido en la prioridad más alta del gobierno”.

La inversión en salud ha escalado de 561 millones de dólares en 2006 a mil 774 millones en 2012, equivalente a 6.8 por ciento del PIB. En colaboración con Cuba se producen medicamentos genéricos distribuidos gratuitamente. La actual administración ha creado un programa integral de atención a la población con capacidades diferentes que es un referente internacional. En Ecuador los ricos pagan impuestos y la recaudación se duplicó entre 2006 y 2010. Los créditos a la vivienda suman cientos de millones de dólares y el bono de desarrollo humano se ha más que duplicado en cantidad y ampliado considerablemente su alcance.

La economía ha crecido como pocas en la región con una política anticíclica, fuerte aumento de la inversión pública, intervención estatal y una considerable elevación de su participación en la renta petrolera. Son logros tangibles, concretos, innegables, que han ganado el apoyo popular y elevado el prestigio de Ecuador y de su presidente en nuestra región y en el mundo. (Ángel Guerra, La Jornada “Correa camino a una gran victoria” 14 de febrero de 2013).

Diversos medios de información y comunicación, tanto nacionales como extranjeros, han dado cuenta –al paso de los años–, de la acertada política de estado que Rafael Vicente Correa Delgado, tan es así que las mismas se reflejan directamente en los bolsillos de los sectores más pobres, destacando una reforma tributaria que liberó del pago de impuestos a los asalariados que ganan menos de 25 mil dólares al año, y trasladó la carga fiscal a los sectores con ingresos mayores, al tiempo que cerca de un millón de la población salió del nivel de pobreza.

Por otro lado, existe además el programa Ecuador, vuelvo a ti, que ofreció 53 millones de dólares en becas para estudiantes ecuatorianos emigrados, así como haber impulsado la Escuela del Milenio, que opera sólo con maestros que han pasado una estricta evaluación en zonas rurales, en escuelitas pequeñas pero dotadas de tecnología de punta para el aprendizaje.

En salud pública hay otros programas, así como en otros sectores, las medidas adoptadas por Correa y su gobierno se han traducido en evidentes mejoras para la población, no es casual, entonces, el triunfo obtenido en las urnas el pasado 17 del mes y año en curso.

En otro orden de ideas y, derivado de la importancia de mantener los lazos entre la República del Ecuador y México y, considerando que las relaciones diplomáticas entre ambos países datan de 1883, además de que todo nexo se ha venido dando en un marco de pleno respeto y mutua cordialidad, a lo que habría de agregarse que entre nuestras naciones hay convenios bilaterales que datan del año 1974, suscritos por los titulares del Ejecutivo de cada nación en las gestiones subsecuentes a la fecha.

México y Ecuador han suscrito tratados desde el 3 de noviembre de 1823, como el Tratado de Unión, Liga y Confederación, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito el 10 de julio de 1888; la Convención que Modifica el artículo 1 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888, suscrito el 1 de mayo de 1934; Acuerdo sobre Visas, suscrito el 1 de enero de 1939; Convenio sobre Relaciones Culturales, suscrito el 10 de agosto de 1948; el Acuerdo de Supresión de Visas, suscrito el 8 de julo de 1969; Convenio sobre Relaciones Culturales Complementaria del 10 de agosto de 1948, suscrito el 14 de enero de 1974; la Declaración Conjunta de Cancilleres, suscrito el 14 de febrero de 1974; el Convenio de Cooperación entre el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador-Cendes y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 12 de julio de 1974; el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Industrias Comercio e Integración del Ecuador y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 12 de julio de 1974, por mencionar tan sólo algunos.

Lo anterior sale a colación porque, pese a esa importante y fuerte relación entre ambos países, de acuerdo a la información que obra en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dicha representación está vacante, por lo que se vuelve imperativo contar con la debida representación oficial de nuestro país en la República del Ecuador1 .

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, saluda al presidente electo de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero de 2013, el cual indiscutiblemente es un triunfo de la democracia y fortalece la unidad en las naciones de la región.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en el marco de sus facultades y obligaciones, conferidas en el artículo 89 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos presente el nombramiento de Embajador de nuestro país en la República del Ecuador.

Nota

1. Embajada de México en Ecuador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su Órgano Interno de Control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de Petróleos Mexicanos es una problemática que no sólo implica las esferas política y económica, también involucra a la seguridad nacional. La paraestatal representa un sector estratégico en el país, por lo que debe ser manejada con plena transparencia y eficiencia.

Se estima que la demanda energética en los próximos treinta años crecerá en un 55 por ciento. Es con base en esto, que los recursos de este sector se vuelven indispensables para todos los países del mundo. La única manera de garantizar la soberanía, y con esto satisfacer la demanda interna, es teniendo el pleno control de éstos.

Si realizamos un diagnóstico de la situación mexicana actual, el panorama es desalentador. Pemex se encuentra descapitalizado, teniendo como consecuencia una disminución en la producción de crudo de 25 por ciento, es decir, se presenta una caída de 3.3 a 2.6 millones de barriles diarios.

Hasta el momento la paraestatal, lejos de situarse en un entorno que le permita una vigilancia exitosa de sus bienes, se ha dedicado a desmantelar la empresa y a realizar alianzas en las que el monitoreo de recursos es nulo.

El propio director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha declarado que al asumir el cargo se encontró con movimientos impregnados de corrupción; expone como ejemplo la deuda ocasionada por una demanda de 450 millones de dólares que la administración anterior perdió.

Asimismo, menciona las irregularidades de los contratos firmados con Mexicana de Lubricantes, Mexlub. Desde septiembre del año pasado, Movimiento Ciudadano denunció este caso como un convenio que resultó ser sinónimo de fraude, opacidad e impunidad.

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector, que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares, declaró tener pérdidas netas cada año.

Mexlub desde el inicio fue poco transparente; la composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación; aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba estipulado que debía enseñarlos a Pemex cuando éste lo deseara.

Ante estas anomalías se presentaron 60 juicios en contra, en los que se exigió la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

A pesar de lo anteriormente expuesto, en el 2012 Petróleos Mexicanos decidió reanudar relaciones con la empresa. Resultan inauditas las declaraciones de Mexlub informando que “el proceso de liquidación de la empresa se mantiene como se acordó en septiembre del año pasado, pese a las investigaciones que está haciendo el Órgano Interno de Control de Pemex.”

Las prácticas de lujos excesivos que comenzaron en 1992 no han podido erradicarse, pese a la investigación que se encuentra en marcha. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, Santiago Martínez, actual presidente del Consejo de Administración, cuenta con un sueldo que, al sumarle prestaciones, asciende a 600 mil pesos.

Es por esto que resulta menester que el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos especifique en que etapa se encuentran los procesos de investigación de los contratos y convenios celebrados con Mexicana de Lubricantes.

Ya basta de continuar con un negocio que representó, y sigue representando, pérdidas millonarias para un organismo que opera con recursos de todos los mexicanos. Es hora de terminar la relación con una empresa que no ha hecho más que saquear por medio de todos los instrumentos a su alcance a Pemex.

No existe una actitud de cambio en Mexicana de Lubricantes, los vicios que desembocaron en un fraude millonario siguen presentes, es por esto que el cambio debe provenir de la administración de Pemex, terminando de una vez por todas con la corrupción que la aqueja.

Con base en lo expuesto proponemos

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que, a través del Órgano Interno de Control de Pemex, se haga público el estatus de la investigación llevada a cabo en contra de Mexicana de Lubricantes, incluyendo los procesos de la extinción de la obligación de exclusividad de la venta de lubricantes, el contrato de uso de marcas, el contrato de venta de primera mano y los contratos de maquila.

Segundo. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que presente las denuncias penales correspondientes, ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de Pemex.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila. (Rúbrica.)

Con punto de acuerdo, relativo a la impartición de la educación bilingüe en las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada, Dulce María Martínez Muñiz, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículos 6o., numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las reformas al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, en materia de derechos indígenas, tuvieron, entre otros, el propósito fundamental de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, propuestas tendentes a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Con la finalidad de dar cumplimiento al espíritu Constitucional de esta reforma, fue modificado el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Educación, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010, que entre otras disposiciones dejó de manifiesto determinar, que para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

En este contexto, con fecha 13 de marzo del año 2003, fue publicada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas cuyo objetivo es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Asimismo, establece como una obligatoriedad del Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales; señala también que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente ley, entre otros garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate. Asimismo, ésta ley crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

De conformidad con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México tiene 68 lenguas indígenas, de ellos se derivan 364 dialectos distintos de los cuales 64 están en muy alto riesgo de desaparecer. Por su parte el Inegi ha manifestado que la tendencia de hablar una lengua indígena se está perdiendo entre las nuevas generaciones. Asimismo, la Fundación para las Lenguas en Peligro de Extinción, más de la mitad de las lenguas indígenas también están moribundas o tienden a desaparecer porque los mayores ya no las enseñan a las nuevas generaciones, a pesar de ser parte integrante del patrimonio cultural de cada país.

En México, de conformidad con el censo de 2010, viven 16 millones de indígenas, siete millones hablan un idioma indígena y un millón sigue siendo monolingüe en lengua indígena. De acuerdo con los expertos en esta materia, las lenguas desaparecen por razones diversas, por ejemplo: los propios hablantes guardan algunas veces una actitud negativa hacia su propia lengua, la cual no se transmite a las nuevas generaciones; la falta de recursos económicos para pagar los honorarios o sueldos de quiénes podrían dar la capacitación adecuada; la falta de personal capacitado para la impartición de esta materia, la falta de propaganda que haga ver entre los hablantes de la importancia vigente de sus idiomas naturales como una parte de su patrimonio histórico, entre otros.

Los esfuerzos que el Estado mexicano ha venido realizando durante las dos últimas décadas para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas no han tenido el impacto suficiente, pues aún prevalecen marcados rezagos en esta materia que nos impiden crecer y desarrollarnos, respetando las raíces y patrimonio histórico y social de cada comunidad, de conformidad con lo establecido por nuestra Carta Magna; nuestro patrimonio histórico cada vez se encuentra deteriorado por la creciente transculturización a que se ha visto sometida nuestra sociedad, impactando severamente en las zonas en donde se presentan los niveles más bajo de educación y cultura y por ende los más pobres.

Las comunidades indígenas en donde prevalecen otras lenguas, a parte del español, no están recibiendo la educación bilingüe, la falta de instalaciones adecuadas y maestros capacitados para ello, en algunas comunidades es altamente deficiente, situación que está favoreciendo en mucho al deterioro de identidad y a la pérdida de las lenguas naturales de muchas de nuestras comunidades, lo que nos obliga, como representantes populares pero también como gobierno, a buscar todas las alternativas que nos ayuden a menguar este problema, en beneficio de nuestro país.

Compañeros diputados: es de suma importancia reflexionar sobre este problema, que de no atenderse en estos momentos con la suficiente energía y los recursos necesarios estaremos dirigiéndonos a la pérdida de nuestra cultura y valores originarios, haciendo prevalecer otros que no son los nuestros y que equivocadamente, por la penetración desmedida de los mercados y las excesivas propagandas de consumo, hemos venido adoptando como nuestros; una sociedad sin identidad está destinada su pulverización total.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, Artículos 6º, numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a este honorable asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que de manera inmediata se inicie una extensa supervisión en las comunidades indígenas en donde se imparte educación bilingüe, a efecto de constatar que quienes la imparten estén debidamente capacitados y reúnen los requisitos suficientes que requiere la materia, además de conocer la comunidad, sus raíces, costumbres y cultura en donde se desempeñan como profesionales. Asimismo, iniciar una intensa campaña por todo el territorio nacional sobre la necesidad de hacer prevalecer nuestra cultura original, respetando los valores y lenguas de las comunidades, principalmente las indígenas.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de las facultades que le confiere la fracción XI del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dé cumplimiento estricto, en materia de derechos indígenas, a la preservación y enriquecimiento de lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad y, a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo en todo momento la educación bilingüe .

Dulce María Martínez Muñiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior al efecto de que sea turnado, como de obvia y urgente resolución la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país.

Lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El azúcar es un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.

La industria azucarera mexicana ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario, constituye uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.

La producción de caña en el país, se ha incrementado en los últimos años en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.

La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por la entrada en competencia con edulcorantes como el alta fructuosa y los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce.

A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que esto permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.

La crisis provocada por la baja los precios del dulce en todo el mundo, debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avisorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.

De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.

De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.

Es por ello necesario el fomento de dicha empresa para beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.

Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.

La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.

Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:

1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26 inciso A) dice:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

2. En el Reglamento interior de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, en su artículo 2, fracción X, XVII a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;

XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;

3. En su artículo 2 de su reglamento interior La Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo Federal.

La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.

4. En el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su artículo 2 señala sus facultades para:

I. Ejecutar la política exterior de México;

II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;

III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e

IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.

5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria azucarera y cañera del país, por lo que se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, que contemple los siguientes ejes:

1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.

2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (Brasil por ejemplo, ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).

3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.

Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración pública federal a firmar y dar continuidad por las dependencias competentes al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI

Señoras diputadas, señores diputados, la que suscribe, Miriam Cárdenas Cantú, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, 153 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Administración Pública Federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y, posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho tiene un carácter dinámico; cada norma es producto de las exigencias o necesidades de una sociedad que cambia y evoluciona y, en esa misma medida, el derecho se transforma para responder a una realidad. Por ello, no puede concebirse como un producto limitado a las fronteras estatales, porque hoy día, es elemento modelador de esa “aldea global” en la que nos encontramos inmersos.

En palabras del doctor Jaime Cárdenas Gracia,1 “el derecho no puede ser el obstáculo al cambio social, sino el promotor del mismo [...] orientado hacia la protección de los derechos fundamentales, tanto de libertad como de naturaleza social, económica y cultural; además, es [...] incluyente con derechos fundamentales de nuevas generaciones que se inscriben en un contexto de sociedades pluralistas, multiculturales y heterogéneas dentro de procesos de globalización [...]”

Entonces, si los países comparten intereses y, a la vez problemas con repercusiones y alcances que trascienden sus territorios, la cooperación internacional debe aparecer como mecanismo que permita, en un marco de respeto e igualdad entre los Estados, enfrentarlos y resolverlos.

Al respecto el reconocido jurista italiano, Luigi Ferrajoli señaló:

Reconsiderar al Estado en sus relaciones exteriores a la luz del derecho internacional actual es lo mismo que pensar el Estado en su dimensión interna a la luz del derecho constitucional [...] Significa, en una palabra, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, “tomar en serio” el derecho internacional y, por tanto, aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre [...] No es una perspectiva irreal. Se trata, por el contrario, de una perspectiva obligada.2

En ese contexto, como apuntan los catedráticos Rodrigo Brito y Miguel Carbonell “la globalización de los Derechos Humanos es un fenómeno que asume cada día una importancia mayor, pues nadie podría negar que éstos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Por ejemplo, de ellos depende en gran medida la estabilidad que es necesaria para la gobernabilidad democrática y, además, los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en el plano mundial se califican tomando como parámetro su vigencia, validez y positividad. En consecuencia -utilizando las palabras de Bobbio-, los derechos se han convertido en un ‘signo de los tiempos’”3

En ese tenor, nuestro país ha celebrado tratados internacionales de los que ahora es parte.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce y protege precisamente esos derechos y junto con la Declaración Universal, integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

México se suma a los 160 Estados que han suscrito el pacto,4 pero no así el Protocolo Facultativo del mismo, no obstante participó en los foros para su discusión, elaboración y aprobación.

Ante la ausencia de un pronunciamiento que indique las causas que motivan la falta de esa firma, la primera pregunta que nos asalta es ¿por qué no firmar ese protocolo? Podríamos pensar que, tal vez, se consideró a los derechos económicos, sociales y culturales como una especie secundaria de derechos porque, según algunas corrientes doctrinarias existen otros de mayor importancia como los derechos civiles y políticos.5 Sin embargo, esto solamente es especular.

Entonces, me parece que el sentido de la pregunta debe invertirse ¿Por qué firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Primero, porque se trata de una resolución6 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas que establece un mecanismo para que las personas o comunidades, planteen ante un comité casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales en los que se identifique como responsable a alguno de los Estados Partes del pacto y que se hayan adherido a su protocolo facultativo.

En otras palabras, el protocolo posibilita que sean presentadas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) quejas por parte de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación en esos derechos por parte de un Estado miembro del propio protocolo.

En ese mecanismo descansa la mayor bondad del protocolo porque, si recordamos, el pacto fue adoptado en 1966 y, desde ese entonces, no existía dentro del Sistema de Naciones Unidas un mecanismo internacional de quejas para casos de violaciones a los derechos consagrados en ese instrumento que ofreciera a las víctimas una vía de exigibilidad para la defensa, protección y reparación de sus derechos.

Segundo, porque ese mecanismo de defensa se seguirá únicamente como última instancia cuando se hayan agotado todos los recursos internos del Estado Parte. De manera que se garantiza a las personas el acceso a instancias internacionales de defensa.

Tercero, el protocolo prevé que en casos urgentes podrán solicitársele al Estado Parte la adopción de medidas provisionales para evitar daños irreparables a la víctima o víctimas de la supuesta violación a sus derechos.

Cuarto, porque señala un proceso de amigable solución entre las partes mediante la intervención del Comité DESC con sus “buenos oficios”, además, se incorporan mecanismos para solucionar conflictos no sólo entre Estado/individuo, sino también entre Estados por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y

Quinto, porque se prevé un procedimiento de investigación ante violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el pacto.

Como puede observarse, las ventajas de firmar el protocolo son importantes,7 entonces el discurso que de los derechos humanos ha hecho nuestro país en los años recientes de ninguna manera debe de quedar en eso, en un mero discurso retórico, debe de materializarse en medidas claras y contundentes que minimicen las enormes brechas de desigualdades de las que desafortunadamente hoy somos ejemplo.

Firmar y ratificar el instrumento internacional en comento, será una de esas medidas con las que nuestro actual gobierno sabrá consolidar su papel en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

Estamos aún a tiempo de que se dé trámite al procedimiento de firma y ratificación del protocolo. Éste instrumento ha reunido ya el número de firmas necesarias para entrar en vigor el próximo 5 de mayo de 2013, una fecha que es por demás conmemorativa para nuestro país.

Sería un acto de gran simbolismo que en dicha fecha en la que se conmemora la libertad del pueblo mexicano frente a los embates de las fuerzas imperialistas, pudiera tener lugar un acto libertario con el reconocimiento de mecanismos internacionales de defensa.

Actualmente, los Estados que han firmado el referido Protocolo y que han cumplido los procedimientos internos necesarios para obligarse conforme al tratado (ratificación o adhesión) han sido Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay.8

De gran orgullo es el hecho que este instrumento internacional este próximo a cobrar vigencia gracias al compromiso de cinco países latinoamericanos (la mitad de los necesarios para que entre en vigor), mismos que, a pesar de su historia reciente caracterizada por problemas de golpes de Estado y terribles dictaduras, han sabido dar vuelta a esa fatídica etapa de su historia, destacándose ahora como emblemáticos faros libertarios en la lucha por la conquista más sagrada de la historia: los derechos humanos.

Considerando lo anterior, reafirmo que si asumimos en serio los derechos humanos debemos adoptar compromisos firmes y contundentes para su defensa, protección, garantía y promoción.

En consecuencia y, por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la administración pública federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y, posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Notas

1 Doctor Jaime Cárdenas Gracia. “Hacia un Cambio en la Cultura Jurídica Nacional”. Profesor e investigador de la UNAM y miembro del sistema nacional de investigadores y ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral.

2 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 148.

3 Rodrigo Brito y Miguel Carbonell. La Globalización de los Derechos Humanos, a la Luz de la Reforma Constitucional de Junio de 2011. Disponible en http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Globalizaci_n.pdf

4 Dicho Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981.

5 La distinción entre unos y otros ha sido franjada por circunstancias más bien políticas e históricas que de contenido. Los derechos civiles y políticos, plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron durante la Guerra Fría considerados como emblemáticos de las naciones partes del llamado bloque capitalista en el que las libertades civiles y políticas eran consideradas como los derechos por excelencia. En contrapartida, los derechos económicos, sociales y culturales fueron sujetados al estigma de la identificación socialista/comunista, una serie de derechos más bien enfocados en lograr la igualdad de todos que en conseguir su libertad (la clásica dicotomía derechos de igualdad frente a derechos de libertad). Además de estas consideraciones políticas, la distinción entre unos y otros derechos fue zanjada básicamente en lo que hace a sus mandatos de optimización. Mientras los llamados derechos civiles y políticos requerían de una simple abstención de la conducta estatal (derechos de medio), los otros requerían de una acción directa del Estado en aras de garantizar su optimización. Esta intervención se traducía en la necesaria erogación de recursos para hacer efectivos derechos como la salud o la educación (derechos de resultado). La realidad ha llevado a constatar que esta distinción resulta ser infundada pues se h a demostrado que tanto en uno como en el otro caso, ambos tipos de derechos implican obligaciones tanto de medio como de resultado y que todo derecho en sí mismo implica un costo económico y social. Así por ejemplo, derechos tan clásicamente liberales como el sufragio o la libertad de imprenta implican inmensas cantidades de dinero para que pueda ser garantizados (tan sólo pensemos en los gastos en campañas electorales que se autorizan. O bien, en los enormes fondos que desde el Estado se autorizan para que los sectores más desfavorecidos puedan hacerse escuchar a través de ciertos impresos o publicaciones). Por el contrario, tenemos el caso de derechos sociales emblemáticos como la educación o la salud en donde incluso pueden advertirse no sólo conductas de hacer por parte del Estado sino de no hacer (Como el permitir que los padres practicantes de ciertas religiones eduquen a sus hijos en las mismas creencias en escuelas privadas, o que se respeten las formas tradicionales de medicina indígena).

Lo antes señalado ha sido reiteradamente repetido por Naciones Unidas en el sentido de que los derechos humanos no deben de ser entendidos de manera independiente, ellos se estructuran bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Lo cierto es que los diseños institucionales que han implementado los Estados a nivel internacional sigue reflejando claramente la prevalencia de ciertos derechos por sobre otros y esto no puede (o debería) seguir ocurriendo. Todo derecho humano es esencial y por eso obtiene ese carácter, el firmar y ratificar un instrumento como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contribuiría colocar en su real dimensión a los llamados DESC, brindándoles un soporte institucional que los coloque a la altura de los derechos civiles y políticos.

6 Resolución A/RES/63/117 del 10 de diciembre de 2008.

7 Así lo ha destacado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien ha señalado que [ ] la entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales [ ] el Protocolo proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional. Este Protocolo permitirá a esas personas, que de otra manera estarían aisladas e indefensas, concienciar a la comunidad internacional sobre su situación Además con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo se desarrollará una jurisprudencia que ayudará a definir el alcance de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y a delinear reparaciones adecuadas para las víctimas [ ]. Disponible en

http://ratificapfpidescmex.org/2013/02/07/pillay-celebra -avance-que-permitira-la-presentacion-de-quejas-individuales-en-relacio n-con-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales/

8 Cabe precisar que este tratado ha sido firmado por 42 Estados. No obstante, de ellos, sólo 10 han cumplido con sus procedimientos internos (adhesión o ratificación) necesarios para obligarse conforme a derecho internacional. Los Estados parte son: Argentina; Armenia, Azerbaiyán; Bélgica, Bolivia; Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Irlanda, Italia, Kazakstán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Mali, Mongolia, Montenegro, Holanda, Paraguay, Portugal, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Timor Oriental, Togo, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Consultado en la página oficial de Naciones Unidas el 11/02/2013, 17:11 horas. Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I V-3-a&chapter=4&lang=en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2013.

Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para consignar y castigar al policía o los policías responsables de la violación de una menor de edad y la muerte de su novio; y al DIF estatal, a proporcionar atención médica y psicológica a la víctima y a familiares afectados, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el umbral del nuevo milenio observamos que la humanidad ha dado un buen número de pasos adelante en lo relacionado con la protección de los derechos humanos. Por ello, buscamos que hoy y en el futuro, impactemos con la acción conjunta de procesos reeducativos, divulgación y campañas de información y promoción de cumplimiento y respeto a los derechos humanos de todas y cada una de las personas que integramos la sociedad.

Por ello, debemos levantar nuestras voces para visibilizar hechos sumamente preocupantes como el que hoy, la violencia contra las niñas y las adolescentes en el Estado de México camina entre cifras de violaciones, abusos sexuales y asesinatos al alza, entre otros delitos.

Las violaciones, abusos sexuales y feminicidios registrados los últimos años, sin duda, no tienen comparación con ningún otro delito que puedan sufrir las niñas y las adolescentes.

En razón de lo anterior, el viernes 22 de febrero del año en curso, en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, según información publicada en diversos medios de comunicación, una adolescente fue violada por un policía municipal y posteriormente, su novio quien intentó detener a uno de los agresores recibió dos disparos como respuesta ocasionándole la muerte.

Bajo esta situación estamos claros que la Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente respecto a estos graves hechos que nos agravian e indignan como sociedad, cuando medios de comunicación dan a conocer delitos que ponen en evidencia a servidores públicos que lejos de realizar su tarea de protegernos tenemos que cuidarnos de ellos.

La presunta responsabilidad de los policías respecto a los hechos, constituyen motivo suficiente para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realice las investigaciones ministeriales de manera pronta y expedita para detener a los policías y consignarlos al juez competente para que sean juzgados por sus delitos.

Lo anterior atendiendo a los compromisos contraídos por nuestro país al ser signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se proclaman el cuidado y asistencias especiales que la niñez requiere y donde se observa el deber que se tiene para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias.

Asimismo, es necesario cumplir lo establecido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño que a la letra señala; los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por ello, demandamos contar con información de primera mano por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a fin de estar permanentemente enterados de los avances de las investigaciones vinculadas con estos hechos tan lamentables y así estar en posibilidad de exigir a las autoridades de la investigación que lleguen hasta las últimas consecuencias, fin de velar siempre por la aplicación irrestricta del interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes.

En esta legislatura debemos ser tajantes contra el abuso de menores de edad y luchar por identificar a quienes violen sus derechos humanos e incidir para que se aplique con rigor todo el peso de la ley y el perfeccionamiento del marco legal, para acabar con la impunidad que ha minado gran parte del sistema de procuración e impartición de justicia.

Es uno más de los retos a los que se enfrenta la Comisión de Derechos de la Niñez, los cuales deben materializarse para reforzar una nación garante de democracia y justicia para todas y todos sus habitantes y de manera particular para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del estado de México, a llevar a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al policía o policías responsables de la violación de la adolescente y la muerte de su novio al intentar detener al agresor.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que le proporcione atención médica y psicológica a la adolescente víctima del delito de violación, así como a su familia y a la familia del adolescente quien fue privado de la vida.

Tercero. Se crea una comisión de diputadas y diputados federales de la LXII Legislatura, a fin de dar seguimiento puntual a las investigaciones de los hechos que ocurrieron en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, donde una adolescente fue violada por un policía municipal y posteriormente, cuando su novio quien intentó detener a uno de los agresores recibió dos disparos como respuesta ocasionándole la muerte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, Alliet Mariana Bautista Bravo, Josefina Salinas Pérez, Javier Salinas Narváez, Joaquina Navarrete Contreras, Ramón Montalvo Hernández, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jessica Salazar Trjo, Arturo Cruz Ramírez, Juana Bonilla Jaime, Domitilo Posadas Hernández, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Sonora a otorgar con la mayor brevedad los subsidios federales etiquetados al Instituto Tecnológico de Sonora en los Presupuestos de Egresos de 2011 y de 2012, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados Faustino Félix Chávez, Flor Ayala Robles Linares y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, y al Congreso estatal a otorgar con la brevedad, los subsidios federales etiquetados en los Presupuestos de Egresos de 2011 y de 2012 al Instituto Tecnológico de Sonora para que se evite cualquier malversación.

Exposición de Motivos

En cualquier sociedad, el uso de indicadores es fundamental para elaborar un proceso de planeación, estos pueden ser económicos o sociales.

En el sector social se encuentra el rubro educativo, el cual otorga información pormenorizada acerca del funcionamiento del sistema y representa una herramienta para analizar el estatus que guarda la educación, ya sea para mejorar o implementar el diseño de políticas públicas; administrar los servicios y recursos en este rubro; planear la atención a la demanda, entre otros.1

Pese a lo anterior, el desarrollo de una planeación educativa apropiada en México se ve limitado, en buena medida, por la falta de financiamiento educativo. 2

El gasto educativo nacional se constituye por recursos presupuestales del sector público, privado y organismos internacionales.

Los recursos para el sector educativo están conformados por el Presupuesto que la Federación otorga a la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11), así como de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios (Ramo 33), y por los montos que asignan otras Secretarías para realizar tareas de tipo educativo, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).3

Asimismo, concurren en estos recursos los gobiernos estatales y municipales. 4

Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 28, segundo párrafo, a la letra dice:

Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo federal través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que le sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación;

Por su parte, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción XI, asevera que la Secretaría de Educación Pública se encargará de

Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar.

En relación con los argumentos anteriormente vertidos, el objeto de estudio que nos ocupa es que a la fecha el Gobierno del Estado adeuda 56, 898,905.98 pesos (cincuenta y seis millones, ochocientos noventa y ocho mil, novecientos cinco pesos con noventa y ocho centavos), por concepto del subsidio federal 2012 etiquetado para el Instituto Tecnológico de Sonora. 5

De igual forma en 2011 el gobierno estatal no entregó 7, 480,052.96 pesos (siete millones, cuatrocientos ochenta mil, cincuenta y dos pesos con noventa y seis centavos).6

Esta institución educativa cuenta con alrededor de 17 mil alumnos y ofrece 23 carreras, 2 especialidades, 1 programa de profesional asociado, 8 programas de maestría y 3 programas de doctorados distribuidos entre sus 6 diferentes campus.7

El ITSON, mediante alianzas, apoya y asegura que las comunidades regionales apliquen conocimiento y tecnología que permita el desarrollo exitoso de su infraestructura social, cultural, y económica, en un ambiente que provee desarrollo sustentable y oportunidades a sus habitantes.8

Por lo anterior, es importante precisar que el artículo 2o., párrafo 2, de la Constitución Política del estado de Sonora asevera:

“...

El Estado garantizará el derecho de acceso a la información pública, sin más limitación que el respeto a la privacidad de los individuos, la seguridad pública y la seguridad nacional.”

No debemos olvidar que la transparencia y la rendición de cuentas reduce la incertidumbre y aumenta la predictibilidad de las decisiones gubernamentales, logrando de esa manera impulsar la inversión privada y por ende, el crecimiento económico y la generación del empleo productivo. Además, la transparencia es un insumo fundamental para lograr la eficiencia en el manejo de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno.

A nivel estatal la situación no es diferente ya que las leyes locales reproducen, en mayor o menor medida, el contenido de la ley federal, debido a que incluyen como sujetos obligados a los poderes del Estado, las entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, los ayuntamientos y sus órganos, las instituciones y entidades declaradas de interés público y los órganos locales constitucionalmente autónomos, entre otros.9

Por los argumentos anteriormente vertidos, esta proposición tiene como objetivo exhortar al gobernador de Sonora a entregar, con la brevedad, la totalidad del subsidio federal destinado al Instituto Tecnológico de Sonora 2011 y 2012, debido a que el artículo 79, fracción XXII, de la Constitución Sonorense manifiesta como obligación del titular del Ejecutivo estatal cuidar que los fondos públicos estén perfectamente asegurados y que su distribución se haga con arreglo a la ley.

De igual forma resulta menester exhortar al Congreso de Sonora ya que el artículo 64 fracción XXII de la Constitución señala como obligación de este órgano legislativo contemplar las partidas necesarias destinadas a subsanar los servicios prioritarios para el desarrollo estatal, y por su parte, el artículo 67 asevera como obligación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización –órgano del Congreso dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión-, ejercer la función de fiscalización, revisando los estados financieros y las cuentas públicas estatales y municipales.

Compañeras y compañeros legisladores, de no existir transparencia, el esquema de opacidad en el gasto público continuará, lo que abonará al deterioro de la legitimidad con la que cada año las entidades federativas se acercan a la Cámara de Diputados a gestionar más recursos, ya que el Presupuesto de Egresos es una directriz que permite conocer el destino de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Sonora otorgue, con la brevedad, el subsidio federal etiquetado en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2011 y de 2012 al Instituto Tecnológico de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Sonora para que a través del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, revise los estados financieros y las cuentas públicas destinadas al Instituto de referencia.

Notas

1 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

2 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

3 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

4 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

5 Información proporcionada por el ITSON.

6 Información proporcionada por el ITSON.

7 http://www.itson.mx/Paginas/index.aspx

8 Ídem.

9 http://estepais.com/site/?tag=ricardo-corona.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.

Diputados: Flor Ayala Robles Linares, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Faustino Félix Chávez (rúbricas).