Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3702-III, miércoles 6 de febrero de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar por la SCT a las empresas concesionarias respectivas que homologuen las tarifas de telefonía fija en Nuevo León y no se consideren larga distancia, a cargo del diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado federal Pedro Pablo Treviño Villareal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
La telefonía ha dejado de ser un lujo, como lo fue en un pasado reciente, para convertirse en un artículo de primera necesidad entre la población del país.
La telefonía hoy día es, en un gran número de poblaciones, el único medio real de comunicación con que cuentan sus habitantes para tener contacto con el exterior de forma inmediata y oportuna. Comunicación que reviste especial importancia ante la presencia de una enfermedad, un accidente o un desastre natural.
El teléfono ha pasado a ser un instrumento de comunicación cotidiana, de todos los extractos sociales. La telefonía fija cuenta con 19.7 millones de usuarios, lo que ha representado enormes ganancias para las compañías que prestan este servicio.
Estos servicios, como todos sabemos, han estado sujetos a cuestionamientos de los usuarios por diversos motivos; como el que a veces las coberturas son deficientes; que se cobra en exceso; que no se cobran tiempos de uso reales, ya que se cobra minutos completos cuando sólo se usa una fracción del mismo; o que se saturan las líneas en determinados horarios, entre otras. Pero la queja de muchas de las poblaciones es que se tiene tarifas diferenciadas, en lugares que están sólo a escasos kilómetros unas de otras, que son cobradas como largas distancias.
Este último aspecto, el de los cobros diferenciados de tarifas entre centros urbanos y localidades adyacentes cercanas, por la misma compañía, el cual es injustificado, es el que abordo en este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, porque estas diferenciaciones en las tarifas afectan normalmente a comunidades cercanas a los centros de población, en donde se asientan los pobladores con mayores carencias y menos recursos económicos; o bien son comunidades rurales, también en circunstancias semejantes, quienes tiene que pagar normalmente tarifas más elevadas.
Lo anterior es altamente injusto, ya que a sus carencias económicas agregamos tarifas caras de un servicio, que como ya se dijo, es parte de la vida diaria, es un artículo de primera necesidad y en muchas ocasiones es el único medio de comunicación con que cuentan los habitantes de dichas comunidades.
Por ello, considero de justicia social que dichas tarifas sean homologadas, entre los centros urbanos y las comunidades más cercanas y no sean consideradas largas distancias las llamadas entre comunidades que se encuentran sólo a escasos kilómetros unas de otras, por lo que presento este punto de acuerdo, para que las empresas concesionarias de servicios telefónicos, como muestra de solidaridad y de responsabilidad social empresarial, con las comunidades de menores recursos económicos, lleven a cabo esta homologación.
En virtud de las razones antes expuestas presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como coordinadora de sector, solicite a las empresas concesionarias de servicios telefónicos que homologuen las tarifas de la telefonía fija que están cobrando por dichos servicios en el estado de Nuevo León; las de los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes, con todas la localidades que se encuentren en un radio de 200 kilómetros del mismo y no sean consideradas como “larga distancia”.
Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 79, numeral 2, fracción III, se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputado Pedro Pablo Treviño Villareal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SHCP a aplicar los recursos necesarios en favor de los ex braceros o sus beneficiarios, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Consideraciones
1. Como es de todos conocido, durante los años 1942 a 1964 el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno mexicanos celebraron acuerdos para la aplicación del llamado Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero, por medio del cual cientos de miles de mexicanos fueron contratados y prestaron sus servicios laborales en Estados Unidos de América
2. Como parte de los acuerdos binacionales, los patrones norteamericanos les realizaban descuentos periódicos del 10 por ciento en su salarios con el fin de constituir un fondo de ahorro como respaldo para el retorno a nuestro país; recursos que fueron entregados puntualmente al gobierno mexicano.
3. Sin embargo, todos los recursos retenidos a los braceros desaparecieron durante la burocrática y corrupta extinción de diversas instituciones bancarias que realizaron los gobiernos posteriores al retorno de los ex Braceros.
4. Ante la desaparición de los fondos y como un mínimo acto de justicia social hacia los trabajadores braceros, el 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
5. El 29 de septiembre de 2005, se celebró el Contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal Centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria. Dicho Contrato dio origen al denominado “Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)”.
6. El 27 de octubre de 2005, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, en el Diario Oficial de la Federación. En tales Reglas de Operación se estableció que la dependencia coordinadora del fideicomiso sería la Secretaría de Gobernación.
7. A partir de entonces, año con año, en los presupuestos anuales se asignaron recursos para ir realizando el pago mínimo estipulado a los ex Braceros de 38 mil pesos.
8. Para el año de 2012 la cifra asignada en el Presupuesto de Egresos para los Ex Braceros fue de 3 mil 816 millones de pesos.
9. Resulta inadmisible que con la llegada de un nuevo gobierno y a pesar de que aún quedan pendientes miles de ex Braceros o sus beneficiarios de recibir el limitado recurso que se les otorga, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se haya suprimido la partida, que año con año se contiene en el ramo 04 “Gobernación”, bajo el rubro “Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”.
10. Es importante recordar que el 29 de junio de 2009, el Ejecutivo Federal, tomó la decisión de pagar a los Trabajadores Migrantes Braceros o sus beneficiarios el importe de 38 mil pesos, en exhibiciones parciales anuales, pagando sólo 4 mil pesos, de inicio y los restantes 34 mil pesos a plazos durante 10 años. Sin embargo, esta decisión pareció desproporcionada ante las demandas y necesidades de los ex braceros y sus familias, por eso los Diputados de la LXI Legislatura modificaron el artículo 5o., fracción II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalando que el Comité Técnico:
“Debe elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición”...
De esa manera, el gobierno federal quedó obligado a liquidar esos pagos en una exhibición, en un plazo de 90 días.
Pero nos encontramos ante un problema social donde el recurso no llega a los beneficiarios, los titulares son personas mayores de 85 o más años, y están muriendo, y su apoyo social no les llega.
Sin embargo, actualmente se siguen presentando problemas de diversa índole que han hecho imposible el cobro de la cantidad acordada por la totalidad de los beneficiarios, algunos de ellos son:
• Un cúmulo de problemas de cobro derivados de la diferencia en nombres de los ex braceros.
• Muchos ex trabajadores cuentan con documentos probatorios, pero por diversos motivos no pudieron inscribirse en el programa de apoyo social.
A la fecha un sin número de ex trabajadores no han podido cobrar la totalidad del apoyo.
11. Con fecha 21 de diciembre del año 2012, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presentó oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, solicitando una mesa de trabajo con las Secretarias de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, para dar solución a los Trabajadores Migrantes Braceros que no han recibido su apoyo social, así como aquellos que quedaron fuera del registro de beneficiarios y cuentan con documentos que acreditan su legitimo derecho.
12. Por lo anteriormente señalado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita que se le asignen los recursos necesarios para finiquitar esta deuda que no sólo es legal, sino también moral, para estos trabajadores y sus familias. Solicitamos que para cubrir este apoyo ordenado por el decreto de la materia, las Secretarias de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, busquen los mecanismos para que al efecto se destinen para el 2013, un mínimo de mil 200 millones de pesos.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que acuerden los mecanismos legales necesarios, para que se destinen a la brevedad un mínimo de mil 200 millones de pesos a favor de los ex Braceros o sus beneficiarios que aún no han recibido el apoyo económico de 38 mil pesos, en cumplimiento a lo ordenado por el decreto que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política, se integre una Mesa de Trabajo conformada por diputados representantes de cada Grupo Parlamentario y dicho órgano invite a integrarse a tal mesa a representantes oficiales de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dar seguimiento al pago efectivo a los Trabajadores Migrantes Braceros (de 1942 a 1964) que quedan pendientes de pago y se analice la posibilidad de abrir nuevas mesas receptoras para inscribir a los trabajadores que no pudieron registrarse por causas ajenas a ellos y se les otorgue la compensación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer de manera corresponsable centros de justicia para mujeres y reforzar los existentes, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En el sexenio pasado se brindó como nunca antes apoyo a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, quienes desgraciadamente siguen sufriendo todos los tipos de violencia en el país. Su acceso a la justicia es y debe ser una garantía de igualdad de oportunidades. En México constituyen más de 51 por ciento de la población y, como sabemos, el acceso a la justicia es notoriamente desigual por razón de género.
El acceso a la justicia es un derecho, y el Estado tiene la obligación y responsabilidad de brindarlo. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres prevalece, aun con todos los esfuerzos que se han hecho en la materia, manifestándose en distintas formas y magnitudes.
Durante siglos, miles de mujeres en todo el mundo han sufrido violencia de cualquier tipo: física, psicológica, económica o sexual. Hay cifras alarmantes sobre mujeres y niñas cuyos agresores viven bajo la sombra de la impunidad, delitos que se caracterizan por altos niveles de ilegalidad sistemática en los procesos judiciales; es decir, enfrentan obstáculos específicos para acceder a la justicia.
Ante ello, millones de mujeres trabajaron y pugnaron para generar documentos y ordenamientos que promovieran y vigilaran sus derechos. Así, el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, el cual enmarca los derechos humanos de las mujeres. Define igualdad, indica cómo lograrla y establece acciones que los Estados parte deben cumplir para garantizar el goce de estos derechos.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, sólo 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda.
Señala que 46.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en México sufrió algún incidente de violencia por su pareja a lo largo de la relación. De las mujeres que solicitaron ayuda, sólo 33 por ciento lo realizó ante un Ministerio Público para levantar una denuncia, y 32 recurrió al DIF.
En menor estadística acudió a la policía, a la presidencia municipal o a la delegación y, en menor grado, a los institutos estatales o municipales de la mujer. Éstos brindaron mejor atención, mientras que las dos últimas fueron señaladas en su mayoría con un trato desfavorable.
Esos datos nos hacen ver que la mayoría de las mujeres se desalienta a buscar ayuda y protección con las autoridades; se genera de esta manera un círculo vicioso ante la casi nula denuncia.
Por ejemplo, si se observan otros ámbitos donde se desenvuelven las mujeres, de acuerdo con la misma encuesta, la violencia laboral ocurrida el último año a las ocupadas asciende a 22.6 por ciento, y 20.6 declaró haber sufrido algún incidente de discriminación laboral, ya sea por recibir un menor sueldo o tener menor oportunidad de ascenso, sin mencionar aspectos no visualizados, como el acoso laboral o la discriminación por embarazo.
En el caso de violencia patrimonial, 3.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más la ha vivido. Asimismo, en el tema de la violencia económica, 24.5 de las encuestadas refirió que recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, además de recibir cuestionamientos respecto a la forma en que lo gastan.
Podemos ver con estos datos que ante esa problemática el Estado debe actuar. La Cedaw ha recomendado al Estado mexicano “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”.
Lo anterior, derivado de que en el país hay grandes deficiencias tanto en investigación como en impartición de justicia en casos de violencia contra las mujeres; por ejemplo, vacíos e irregularidades en los procesos y la sanción de éstos, la ineficacia reiterada de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres, la existencia de patrones socioculturales discriminatorios en la atención jurídica, la debilidad de los ministerios públicos, y la falta de unidades especializadas y de policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia.
En junio de 1994, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia en contra de la Mujer, la cual define como uno humano el “derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado”; establece un conjunto de medidas jurídicas y educativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Respecto al país, el 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicarla. Con base en los principios de igualdad y no discriminación, define los tipos y las modalidades, hace visibles las formas y los ámbitos de expresión del fenómeno.
La ley general señala que “las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a las víctimas, así como, proporcionarles la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita”.
Así, en el sexenio pasado el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), erogó en los últimos dos años, 42 millones de pesos para construir los centros de justicia para las mujeres (CJM).
En 2012 se financiaron y se encuentran en etapa de habilitación o construcción los CJM en Cuautitlán Izcalli, México; Puebla, Puebla; Oaxaca, Oaxaca; y Azcapotzalco, Distrito Federal. Esos espacios libres de violencia contribuyen a prevenir la comisión de delitos derivados de la violencia de género, fomentan el incremento de las denuncias con un seguimiento puntual que reduce la impunidad y brinda la restitución del daño a las víctimas.
La Conavim ha apoyado así la creación y operación de CJM. Informa que actualmente operan en Campeche, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dichos centros se basan en la coordinación de instancias gubernamentales, del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo tiene como objetivo ofrecer servicios coordinados y bajo un mismo techo a personas usuarias víctimas de violencia y a sus hijos para facilitarles el acceso a la justicia, lo cual favorece que inicien un proceso de autovaloración que las lleve a detener la violencia que viven.
Además, se les proporcionan los servicios integrales que necesitan para tomar ciertas decisiones, a fin de apoyarlas a fin de que tengan un nuevo proyecto de vida para ellas y su familia.
A través de estas instancias, las mujeres que viven violencia reciben atención especializada, en un ambiente confidencial y seguro.
De acuerdo con la Conavim, “las características de la atención integral que se proporcionan en los CJM a la usuaria se basa en evitar su revictimización. Proporcionar sus datos y relatar la situación que vive en una entrevista le genera la sensación de confianza que necesita para sentir que cuenta con el apoyo de personal especializado en un mismo lugar. La estancia de atención infantil le da la certeza de que sus hijas e hijos están bien seguros y atendidos, a la vez que ella recibe atención psicológica y médica, y alternativas de empoderamiento económico en un mismo lugar. Respetar las decisiones de la víctima permite acompañarla en su proceso, paso a paso, y le va generando confianza en los resultados para continuar en su procedimiento, lo cual evita que las mujeres desistan de continuar su proceso, ya que cuando lo hacen es por falta de recursos económicos y desmotivación por darse cuenta de que no existen avances en los trámites que realiza”.
La atención que prestan los centros, son casos que van desde violencia familiar y violencia sexual (hostigamiento, acoso, abuso, violación, explotación sexual) hasta trata de personas y otras conductas consideradas en la legislación que requieran su atención.
Las áreas están a cargo de servidores públicos profesionales con capacitación en derechos humanos, violencia y perspectiva de género, y ofrecen todos los servicios que requieren las mujeres para rehacer su vida, sostener su denuncia, lograr el acceso a la justicia, y obtener servicios psicológicos y sociales de apoyo.
Para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, en cuanto a la atención de las víctimas, muchos países han puesto en práctica diversos modelos para su abordaje. El modelo de atención integral con perspectiva de género que promueve la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el de los CJM.
Es importante que los gobiernos garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a sus hijos, ello a través de recursos integrales legales, psicológicos y de apoyo en todo el proceso, a fin de que se respete cada uno de sus derechos, su integridad física, de conformidad con nuestros ordenamientos, respetando en todo momento la dignidad de la persona.
Por ello pugnamos para que por lo menos se edifique en cada estado un centro de justicia para las mujeres. La violencia hacia ellas no debe ser un elemento cotidiano para millones en México.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer de manera corresponsable centros de justicia para mujeres; y de los segundos, a los que ya cuentan con dichos centros, a reforzarlos en beneficio de las mujeres de las respectivas entidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Olintla, al gobierno de Puebla, a la SE, a la Semarnat, a la CFE y a la Segob a instalar una mesa de negociación interinstitucional para solucionar el conflicto social por la construcción de una presa hidroeléctrica en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, en dicho municipio, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
El sábado 26 de enero los pobladores y un grupo de ambientalistas y defensores de los derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla en la Sierra Norte poblana, fueron retenidos por un grupo de gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla. Al término de la asamblea en la comunidad donde se dieron a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan además de la explotación de esta, la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región.
Desde el 5 de diciembre de 2012, los pobladores sostienen un plantón cerca de la ribera de Ajajalpan, ya que el presidente municipal intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin el consentimiento de la población. La ley es muy clara y los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar (artículos 6, 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la OIT).
De acuerdo con lo que se establece en el artículo 1o. constitucional, los convenios signados por nuestro país son ley suprema y son de obligatorio cumplimiento.
Se tiene conocimiento que a las 17 horas del 26 de enero del presente, los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a “nunca más” volver al municipio. De entre la turba surgieron gritos de que lincharían a los activistas y los quemarían vivos.
A las 19:00 horas llegó un contingente de la policía estatal, pero se limitó a mantenerse a la expectativa.
Entre los activistas del Consejo Tiyat Tlali privados de su libertad se encuentran integrantes de la Organización Indígena Independiente Ahuacateca, la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa del Medio Ambiente, Pastoral Social, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Naku Skgoy, el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras.
Durante la primera semana de enero, policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, en una clara acción de intimidación; mientras el edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores a dejar pasar la máquina y permitir los trabajos preliminares.
Es importante señalar que Grupo México, empresa que pretende construir la hidroeléctrica, ha sido vinculada con denuncias, omisiones y violaciones a los derechos humanos, señalada como responsable de la tragedia en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, entre otros temas en donde ha estado involucrada el grupo que encabeza Germán Larrea Mota.
Por lo expuesto y fundado, ponemos a su consideración, como de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social de la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras así como garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena, la cual ha manifestado rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tendrá la obligación, no sólo de consultar a éstos, sino también deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos, según sus sistemas normativos, con fundamento en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores, a fin de darle seguimiento al conflicto social de la construcción de la hidroeléctrica y demás conflictos sociales que existen en los territorios de los pueblos indígenas.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2013.
Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez.
Con punto de acuerdo, relativo a los humedales de Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En este 2 de febrero marcado en el calendario ecológico internacional, como la fecha en que se celebra el “Día Mundial de los Humedales”, queremos llamar la atención sobre la problemática que enfrenta el sistema de chinampas y humedales de la delegación Tláhuac en la zona limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, sometidos a un paulatino deterioro derivado de los asentamientos humanos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y las descargas que sobre éstos se hacen de aguas residuales.
“Los humedales de Tláhuac”, también conocidos como “Ciénaga de Tláhuac” o “La Ciénaga Grande”, es un remanente de lo que fue el Lago de Chalco, que durante la época de la Colonia fue desecado paulatinamente, y ya en el periodo de vida independiente en nuestro país fue convertido en un área agrícola de temporal. La superficie a la que nos referimos, se encuentra específicamente, en las comunidades de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic en la delegación Tláhuac del Distrito Federal, en una zona adyacente a la Laguna de Xico en el municipio de Chalco-Solidaridad en el Estado de México.1
El entorno de la zona que comprende aproximadamente mil 500 hectáreas, está rodeado de áreas naturales protegidas: los Ejidos de Xochimilco y la Sierra de Santa Catarina, que desde 1986 se benefician de recursos federales y locales para su conservación, y el “Santuario del Agua Lagunas de Xico”, declarada en 2004 como área natural protegida bajo la categoría de parque estatal por el gobierno del Estado de México.
A pesar de ello, la zona en comento en el Distrito Federal ni siquiera es reconocida como lago sino como suelo de propiedad ejidal sujeto a usos agrícolas y, en el mejor de los casos, promovido como zona de rescate ecológico. Esta situación ha facilitado que en este espacio los mismos habitantes del lugar, ante la baja productividad agrícola de los terrenos, cedan porciones cada vez más importantes para la edificación de viviendas, no obstante que, a sólo unos pasos, letreros del gobierno delegacional advierten que se trata de una zona que no puede invadirse, y en la que no se puede construir so pena de recibir sanciones hasta de nueve años de prisión.
Además de la problemática de los asentamientos irregulares, este espacio lacustre está siendo abatido por la sobreexplotación de los mantos freáticos a causa del bombeo para abastecer la creciente demanda de agua potable de la red del Distrito Federal, en otras palabras, de los Humedales de Tláhuac, que por su estructura geológica son una fuente importante de recarga acuífera de corrientes subterráneas, se está extrayendo una cantidad de agua por encima de su capacidad de recuperación.
El resultado de lo anterior ha sido que el paisaje lacustre con vegetación acuática y clima templado y húmedo, se ha transformado en un paisaje urbano con clima cálido y seco, lo cual está poniendo en riesgo a la flora y fauna del lugar que se refugia en una extensión de terreno cada vez más reducida.2
La propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), inició en el año 2006 un proceso para hacer efectiva la declaración de esta zona como patrimonio mundial, cultural y natural de la humanidad y con ello comenzar el rescate y la conservación de esta región, que forma parte de los pocos restos de hábitat húmedo dentro del Valle de México y en la que habitan varias especies endémicas de México.3
Entre la flora que habita los humedales de Tláhuac se encuentran: el talar, el pasto salado, el carrizo, ahuejotes, ahuehuetes, eucaliptos y sauce llorón, en lo que respecta a la fauna, se cuentan distintas especies de aves, réptiles y anfibios, algunas de los cuales se encuentran sujetas a protección especial como es el caso del ajolote, el cincuate, la culebra de agua y la víbora de cascabel.4
Cabe señalar además, que México suscribió en 1971 la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como la Convención de Ramsar, mediante la cual se compromete a proteger el hábitat de cientos de especies de aves migratorias que vienen a nuestro país a reproducirse. En México, existen 129 sitios protegidos bajo los términos de la Convención de Ramsar, sin embargo estos no incluyen a la zona a la que nos referimos.
Así pues, en el Partido Verde nos preocupa el evidente deterioro de este sitio, y consideramos que se hace necesario un proyecto de rescate ecológico de la zona que pueda revertir el daño que se ha causado al ecosistema a través del tiempo, que permita controlar el crecimiento de la mancha urbana y que reubique los asentamientos irregulares, al tiempo que ofrezca proyectos alternativos de desarrollo y de aprovechamiento sustentable de los recursos del lugar para los actuales dueños de los terrenos, o sea los pobladores originarios del lugar. Como primer paso para cumplir con este propósito planteamos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida un decreto mediante el cual se declare a los Humedales de Tláhuac como zona natural protegida.
Segundo. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en conjunto con la Jefatura Delegacional en Tláhuac emprendan esfuerzos destinados a la protección de la biodiversidad local, a la recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así propiciar la recarga de los mantos freáticos del Distrito Federal.
Notas
1 Véase “Estudio para la elaboración de recomendaciones de política para mejorar la administración de la zona de los humedales de Tláhuac”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, México, 2009.
http://centro.paot.mx/documentos/paot/estudios/EOT-06-20 09.pdfhttp://centro.paot.mx/documentos/paot/estudios/EOT-06-2009.pdf
2 Ibídem.
3 Véase González Alvarado, Rocío, “Impulsa UNESCO el rescate de las chinampas y humedales de Tláhuac”, Periódico La Jornada, lunes 2 de octubre de 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/02/index.php?section= capital&article=043n1cap
4 Véase “Estudio para la elaboración de...”, op.cit.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGJ de Chiapas que esclarezca el caso de la operación en el parque eólico de Arriaga y la detención de César Octavio Blanco García, líder de los propietarios del predio El Brillante, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
En 2012 se construyó en Chiapas el primer parque eólico de Arriaga, conocido como El Dragón y que se sabe pertenece al Grupo Salinas, para tal obra se tuvo una inversión de 70 millones de dólares en el predio “El Brillante” perteneciente a ejidatarios y pequeños propietarios, quienes habrían firmado un contrato de arrendamiento por treinta años, por la instalación de nueve de las 16 plantas eólicas.
Desde el 14 de enero del presente año, un grupo de propietarios del predio, bloqueó el acceso a las instalaciones del parque eólico, demandando una supuesta falta de pago, así como la exigencia del cumplimiento del contrato por parte de la empresa y reparación de daños contra el medio ambiente.
Tras –aproximadamente– una semana, se realizó un “operativo de restitución” por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Ssypc) con la finalidad de reabrir las instalaciones y permitir el acceso a trabajadores de la empresa, restableciendo las operaciones normales.
Según el informe de las autoridades, en dicho operativo se detuvo a César Octavio Blanco García, uno de los líderes del grupo de ejidatarios, quien junto con Dagoberto Castellanos Cruz serían los presuntos responsables de los “hechos ilícitos” en contra de la empresa.
Asimismo, informaron que “el Ministerio Público investigador ejercitará acción penal en contra de César Octavio Blanco García por el delito de despojo, siendo ingresado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados”.
En días pasados, la revista Proceso denunció que Blanco García podría ser considerado el “primer preso político” de la administración del gobernador Manuel Velasco, ya que su detención no se dio en la forma en que dicen las autoridades, sino de forma violenta y fuera de la ley.
Según las declaraciones de Mirna Palacios Ovando, esposa del ejidatario, “narró que la tarde del martes viajaba junto con su marido en una camioneta de su propiedad (...) cuando de pronto fueron interceptados por dos camionetas blancas con hombres armados.”
Asimismo, se denunció que los agentes no iban vestidos como policías y sin ninguna orden de aprehensión, bajo amenazas y uso de violencia “bajaron” a Blanco García de su camioneta para llevárselo a la Fiscalía de Justicia de Tonalá.
Resulta evidente la contradicción en las declaraciones sobre la forma en la que fue arrestado y sobre todo los motivos de las acusaciones que se le imputan.
Por lo expuesto y fundado, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición, con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas que esclarezca el caso del operativo en el parque eólico de Arriaga y de la detención de César Octavio Blanco García, líder de los propietarios del predio “El Brillante”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila. (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizado en los mercados públicos de las delegaciones y los municipios de la República Mexicana, y establecer convenios con las empresas que los expiden a fin de que los locatarios puedan canjearlos por efectivo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado José Arturo López Cándido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
En México, desde tiempos ancestrales, el comercio y los mercados han estado presentes, comenzando con el trueque que implicaba el intercambio de objetos y/o mercancía, posteriormente con la invención de la moneda y el precio, el trueque pasó a segundo término logrando así el juego del mercado o de oferentes y demandantes que mediante un precio adquirían bienes y servicios.
Los mercados públicos son espacios donde la ciudadanía se abastece de diversos productos y mercancías, primordialmente de la canasta básica, ya que en dichos establecimientos pueden obtenerse bienes a precios más accesibles para la población.
Las trabajadoras y trabajadores que tienen la fortuna de contar con prestaciones de seguridad social, reciben incentivos tales como los bonos de fin de año u otras prestaciones se hacen con base en vales de despensa, los cuales se aceptan únicamente en supermercados, donde el precio de la canasta básica se duplica o en algunos casos se triplica a diferencia del precio en los mercados públicos.
Este hecho genera que las personas que reciben este tipo de prestaciones vean limitado su poder de compra, son víctimas del poder de mercado ejercido por los grandes almacenes, donde sólo la plusvalía entra en su forma de hacer negocios.
Para los locatarios de los mercados públicos se provoca una competencia desleal, porque aunque pueden ofrecer mejores precios que los supermercados, al no poder aceptar los vales de despensa, pierden a ese sector de consumidores.
Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Economía, las cuales se establecen en el artículo 34 de la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, podemos destacar las relativas a que debe formular y conducir la política de industria y comercio, abasto y precios del país, con excepción de los bienes y servicios que ofrece la administración pública federal.
Por ello, creemos que en uso de esta atribución, dicha dependencia del gobierno federal, debe llevar a cabo las acciones y medidas que se requieran para establecer que en los mercados públicos sean aceptados los diferentes tipos de vales de despensa que se les proporciona a los trabajadores como parte de las prestaciones de seguridad social y de complemento a su salario, para que tanto los consumidores como los locatarios puedan llevar a cabo operaciones mercantiles con dichos vales.
Como antecedente que sirve para fundamentar la proposición con punto de acuerdo que estamos proponiendo, podemos señalar que en el año 2010 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, se emitió un punto de acuerdo referente a los vales de despensa a nivel local, con ello se tienen referencias de la necesidad de que no solamente deban aceptarse en la capital del país, sino también en el interior de la República mexicana se tiene la misma necesidad de pagar la compra de productos con los vales de despensa.
Dicha petición puede integrarse dentro de los reglamentos internos de los mercados públicos que los llevan las diferentes tesorerías de los estados, de esta manera garantizaría el respeto del uso adecuado de los vales de despensa, así como para precisar a todos los locatarios a esta forma de pago dentro de los mercados públicos como de las centrales de abasto.
Cabe destacar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene validadas a dos empresas proveedoras de los vales de despensa por la seriedad y regulación de las mismas:
Empresa: Efectivale.
Giro: Vales de despensa.
Domicilio: Saltillo número 19-5o. piso, colonia Condesa, código postal 06100
México, DF
Teléfono: 5241-1400, fax 5211-0703.
Empresa: Impulsora de Mercados de México, SA de CV
Giro: Vales de despensa.
Domicilio: avenida de las Granjas número 473-A, colonia Barrio del Jaguey, Azcapotzalco, DF, código postal 02519.
Teléfonos: 5353-6740, 53 extensión 220.
Registro federal de causantes: IMM-861215-HHO
Representante: Adrian Curiel.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de la necesidad de que se instrumenten acciones y políticas en beneficio de las familias mexicanas.
Abrir la posibilidad de que los vales de despensa sean aceptados en los mercados públicos, redundará en beneficio de las economías a nivel local, además de que las familias mexicanas tendrán más opciones para adquirir los productos de consumo diario, especialmente, los que componen la canasta básica.
Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía lleve a cabo las medidas necesarias para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizado en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República mexicana, y se establezcan los convenios respectivos con las empresas que expiden dichos vales para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Inegi a incluir en el censo de escuelas, profesores y alumnos anunciado por el Ejecutivo federal información específica sobre personas con discapacidad, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Que el interés de la nación por una educación de calidad es, ha sido y será, requisito indispensable para el desarrollo social de su población, con su constante mejoramiento tutela el bien social, bien jurídico, bien político y hasta económico. No obstante, hay que señalar que en los últimos años, a pesar de que se hicieron decretos, reformas a las leyes y nuevos ordenamientos para cambiar el “modelo educativo” –fundamentalmente en la educación básica–, y optimizar con ello todos los recursos, no ha habido los avances ni resultados que nuestro país necesita.
2. Que al ser la educación un tema imperativo en la transformación de la sociedad, cualquier cambio implica un análisis responsable sobre bases sólidas con visión a mediano y largo plazos pues al tratarse de un proceso, requiere tiempo y atención.
3. Que la educación es uno de los derechos humanos fundamentales que mejora las oportunidades de vida, siendo sustancial e imprescindible. Mientras mayor sea el nivel educativo, mejores herramientas tendrá el individuo para alcanzar su desarrollo personal.
4. Que en nuestro país, la consolidación del derecho a la educación es trascendente para el futuro de la nación; cuyo objetivo es fortalecer la democracia, la igualdad, la justicia y la construcción de ciudadanía.
5. Que es evidente que en las escuelas hay discriminación. Baste citar a aquellos alumnos que se expresan de manera distinta, o que por su inteligencia, apariencia física, sexo, preferencias sexuales, creencias, discapacidad y/o identidad étnica, y que por falta de una política pública que les ofrezca la igualdad de oportunidades educativas, terminan excluidos, discriminados.
6. Para frenar, atender y dar legítima respuesta a esta problemática nacional, el presidente de la República sometió a esta soberanía una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 10 de diciembre del presente. En su introducción, párrafo segundo, señala “de la concepción integral del precepto constitucional se desprende que la educación que el Estado ha quedado obligado a proporcionar es aquella que corresponda a los fines que en el mismo precepto se mencionan; desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. ...”. En tal virtud, la educación que el Estado proporciona ha de estar a la altura de los requerimientos que impone nuestro tiempo y la justicia social demanda, una educación inclusiva e incluyente que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.
7. La propia iniciativa de reforma aclara que: “Si bien debe ser una constante la calidad de la educación que se brinda a la niñez y a la juventud, el Estado debe tutelar, de manera prioritaria, a quienes por razones diversas no han sido plenamente incluidos en el Sistema Educativo Nacional o se encuentran francamente marginados. El imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una educación inclusiva.” (II. Del imperativo de la calidad, página 2).
8. En uno de los apartados de la iniciativa de reforma en comento, el presidente precisa: “I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas;” (Transitorio Quinto, numeral I, página 12).
9. Que en México no contamos con la información específica sobre población con discapacidad dentro del ámbito escolar; que pocos informes existen sobre el número de escuelas especiales y escuelas que hacen inclusión educativa, y que atienden a personas con discapacidad; y que, sobre el caso, son contados los tipos de discapacidad que manejan.
10. Que es esencial la información que recabe el Censo. Un conocimiento preciso y profundo ayudará a planificar los programas para satisfacer sus necesidades.
11. Que en dicho censo sobre escuelas, maestros y alumnos, se consideren de igual manera alumnos y alumnas, maestros y maestras con alguna discapacidad. Que tenga los alcances para identificar el número, tipo de discapacidad, lugar y características de las escuelas que existen para personas con discapacidad por entidad federativa a fin de generar las condiciones necesarias para poder otorgarles una mejor atención en todos los rubros acordes con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que el censo de escuelas, maestros y alumnos propuesto por el presidente de la República, incluya información sobre las personas con discapacidad a saber:
• El número de alumnos y maestros con alguna discapacidad y los diferentes tipos de discapacidad.
• Número de escuelas que realizan inclusión de alumnos con discapacidad, alumnos atendidos, si cuentan con personal especializado para su debida atención y los tipos de discapacidad que atienden.
• Número de escuelas con educación especial para alumnos con discapacidad, alumnos atendidos, si cuentan con personal especializado para su debida atención y los tipos de discapacidad que atienden.
A los 6 días del mes de febrero de 2013.
Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instalación del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Poder Legislativo como casa de representación del pueblo de México, cuenta con diversos entes que facilitan la naturaleza de su trabajo y orientan la toma de decisiones de los legisladores independientemente de su filiación partidaria.
En este caso, los centros de estudios están integrados por personas dedicadas a la investigación y a dotar a los legisladores de diversos documentos que facilitan la toma de decisiones en las diferentes comisiones; además, proporcionan la información necesaria para coadyuvar en la elaboración de iniciativas e instrumentos, a partir de los cuales, se pueden conocer los fenómenos sociales sobre los que la Cámara de Diputados está obligada a incidir.
Por otra parte, el Comité del CEAMEG, es un órgano compuesto de legisladores que orienta al centro de estudios para que proporcione de manera rápida y efectiva a las legisladoras y legisladores, información veraz e imparcial para conocer los derechos de las mujeres en el marco de la equidad de género en el ámbito político, económico, social, judicial y cultural.
Al mismo tiempo, con la información que se genera en el CEAMEG como centro de investigación se busca difundir los análisis, propuestas y contenidos, de todos aquellos temas que son prioritarios respecto a los derechos humanos de las mujeres.
En cuanto a su importancia en el medio legislativo, el Comité y el CEAMEG, son un referente importante para conocer la situación de las mujeres en el país así como el estado del disfrute de sus derechos.
Por otra parte, el comité fortalece con la información proporcionada el trabajo legislativo, a nivel federal y local, a fin de homologar las leyes referentes a lograr la igualdad, la no discriminación y las tendientes a evitar la violencia familiar, conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.
Por otra parte al ser un Centro de investigación a partir del cual, el comité sustenta su trabajo legislativo, su pronta instalación permitirá fortalecer la coordinación entre los diferentes poderes, sectores académicos, de investigación, órganos e instancias de gobierno en sus diferentes niveles, por ello, es importante que inicie sus trabajos y operación a fin de evitar el rezago legislativo y sobre todo de investigación en la materia.
Otro objetivo importante, cosiste en realizar un amplio esfuerzo de capacitación, formación y de difusión del marco jurídico y político de las acciones tendentes a lograr la equidad de género.
Por lo anterior, es importante mencionar que falta mucho por hacer y que en la presente legislatura habrán de presentarse aún más iniciativas que erradiquen la violencia de género, la discriminación y exclusión de los derechos de las mujeres.
Los argumentos antes vertidos, son suficientes para impulsar el desahogo y atención de las tareas que deriven en materia de las atribuciones con las que cuenta el Comité del CEAMEG a fin de dar continuidad a los esfuerzos alcanzados en materia de equidad de género.
Por considerar que los derechos humanos de las mujeres es una prioridad del Estado mexicano y de este Poder Legislativo en particular, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Se solicita atenta y respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la instalación inmediata del Comité del CEAMEG a fin de que inicie las funciones que le son inherentes.
Segundo: Que el Comité del CEAMEG, estará integrado de manera plural, por los diputados que determine la Junta de Coordinación Política a partir de los criterios de proporcionalidad y tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta la conclusión de presente legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2012.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María del Socorro Ceseñas Chapa, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La agricultura mexicana ha sido devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto principalmente debido a que entre los años de 1994 y el 2008, los gobiernos de este país, no le dieron la importancia al campo mexicano para prepararlo a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En un estudio presentado en 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a un año de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinaba que sólo seis de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos –que podrían hacer frente– a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender de las importaciones estadounidenses.
2. Pareciera que el exterminio del campo mexicano ha sido planeado por administraciones insensibles convencidas de que es mejor comprar los productos del campo a otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos las y los agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.
3. Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el Artículo 27 de la Constitución.
4. El Tratado de Libre Comercio, en su capítulo agrícola, se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a diferentes ciudades del territorio mexicano o a los Estados Unidos en busca de trabajo. Debido a que no todas y todos los campesinos que abandonaron el campo pudieron ser absorbidos como trabajadores en las ciudades de nuestro país, el ir a los Estados Unidos se convirtió –y sigue siendo– una válvula de escape para las presiones sociales que el Tratado de Libre Comercio produjo; esto sin contar, los innumerables municipios, en los cuales la única alternativa ante al abandono del campo es unirse a alguno de los grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.
5. De acuerdo a datos presentados por esta Cámara de diputados, la caída del financiamiento del Gobierno a la agricultura ha sido aproximadamente del 90 por ciento, que aunado a una sistemática cancelación de los programas de educación y asistencia técnica para las y los agricultores, ha dejado a nuestro campo en una situación de abandono. La reducción agresiva de los presupuestos dirigidos al campo continúa, y un claro ejemplo es el Programa Especial Concurrente (PEC) reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
6. El Congreso Agrario Permanente (CAP) reveló su preocupación ya que mil millones de pesos para proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente (PEC) 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
7. Por lo antes expresado, exhorto de manera urgente a una extensa revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agrícola, ya que en éste, se basa la crisis rural actual; es decir, lo que puede ser llamado la liquidación de una clase campesina que una vez formó la mayoría de la población en México.
Punto de Acuerdo
Único. Se somete al pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo Federal,
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, a cargo de las diputadas Virginia Victoria Martínez Gutiérrez y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD, respectivamente
En México, el cáncer se encuentra dentro de las cinco primeras causas de mortalidad, cada año fallecen alrededor de 60 mil personas como consecuencia de este padecimiento crónico no transmisible, hoy prevenible, mediante la implementación de acciones que reduzcan las posibilidades de exposición a factores de riesgo.
No obstante lo anterior, a nivel mundial 160 mil casos nuevos de cáncer son diagnosticados, 4 de cada 5 niños con cáncer no tiene acceso a medicinas ni tratamiento, lo que dificulta su curación e influye en el rápido avance de la enfermedad. Aproximadamente 100 mil niños enfermos de cáncer, que viven en países en desarrollo, mueren cada año por falta de tratamiento médico. De continuar la situación bajo este esquema, se estima que en 2030 fallecerán 12 millones de personas en todo el mundo a causa del cáncer.
En nuestro país, cada 4 horas muere un niño por cáncer, es la segunda causa de muerte infantil y un importante generador de discapacidades.1
Tan sólo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Consejo Mexicano de Oncología reporta 28 mil muertes cada año a causa de este mal, del cual, 80 por ciento de estos casos podrían ser evitados o retrasados si se detectaran oportunamente.
A pesar de estas cifras, hoy las mexicanas y mexicanos debemos entender que el cáncer no es sinónimo de muerte. En la actualidad, los avances científicos han encontrado diversas alternativas para el combate a la enfermedad, así como para el incremento del tiempo y la calidad de vida de los pacientes que la padecen.
El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer es un esfuerzo de la sociedad civil a nivel mundial, que nos impulsa a reflexionar y colaborar en relación a la difusión de la información y la promoción de acciones de prevención, así como un diagnóstico oportuno y en su caso, el uso de tratamientos adecuados y medidas para el cuidado de la salud.
Hoy más que nunca es preciso hacer causa común entre gobierno y sociedad para que el cáncer deje de ser un problema de salud pública, por el costo en vidas humanas que representa, por los altos costos de atención médica que genera, además del profundo sufrimiento que implica para quienes padecen la enfermedad y sus familias.
De nada sirve contar con la infraestructura médica adecuada para la atención de la enfermedad cuando no existe disposición para erradicar estilos de vida que representan un alto riesgo de contraerla, como el consumo del tabaco o la alimentación basada en altos contenidos calóricos, grasas saturadas y baja actividad física, por lo que el apoyo a la población en este rubro requiere de urgente atención.
En una democracia, la vinculación entre gobierno y sociedad es fundamental para alcanzar una buena calidad de vida y desarrollo humano, la salud pública no debe escapar a esta vinculación y que el esfuerzo se traduzca en un beneficio directo para las mexicanas y los mexicanos.
Notas
1. Cifras de la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (ICCCPO).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica)
Hoy es un día muy importante, un día en que promovemos con mayor énfasis la prevención contra todas las formas del cáncer, enfermedad silenciosa que día a día cobra la vida de muchas personas a nivel mundial; es además, una de las principales causas de mortalidad, con dimensiones de pandemia a nivel mundial.
Cada año se diagnostican 22 mil casos nuevos tan sólo en México...
El cáncer es una enfermedad de la que se registran diez millones de nuevos casos cada año en el mundo y que causa anualmente la muerte de seis millones de personas. Para el año 2020, el mundo tendrá 20 millones de nuevos casos de cáncer por año y el número de fallecimientos debidos a la enfermedad sobrepasará los diez millones, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que prevé un aumento de los casos de cáncer en la mayoría de los países a raíz del envejecimiento de la población.
La Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada el 4 de febrero de 2000 en París, estableció una alianza entre investigadores, profesionales de la salud, pacientes, gobiernos industria y medios de comunicación para luchar contra esta enfermedad, dando como resultado “La Carta de Paris”, que da fe de dicha alianza y establece al 4 de febrero como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer . Siendo el primer movimiento globalizado a favor de esta gran lucha.
¿Qué es el cáncer? El cáncer depende de diversos factores; la evidencia científica muestra correlaciones con el tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, sobrepeso y obesidad; la exposición a radiación ionizante y ultravioleta, a ciertos productos químicos como el asbesto, la contaminación del aire, el uso doméstico de leña y las infecciones por virus como hepatitis B y C, así como del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de papiloma humano (VPH); algunos tipos de cáncer como el de mama, pueden tener además una correlación genética; otro como el cáncer de ovario raras veces se diagnostica en sus estados iniciales y, por lo general, esta bastante avanzado al momento de hacerse el diagnostico. Por otro lado, se han encontrado diferencias epidemiológicas entre los países, las cuales pueden deberse a factores ambientales, estilos de vida, hábitos, genética y alimentación.
El cáncer surge cuando las células de alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin control. Aunque existen más de 100 tipos de cáncer, todos comienzan debido al crecimiento sin control de las células anormales.
En México se han realizado muchos esfuerzos para disminuir los casos de cáncer, así como las posibles secuelas a largo plazo. Cada persona afectada por estos padecimientos tiene que realizar una lucha constante para tratar de sobrevivir a una enfermedad desgastante y demandante que exige esfuerzos tanto del paciente como de su familia.
La mortalidad por cáncer se incrementa conforme aumenta la edad y se diferencia para mujeres y hombres, predominando el cáncer de mama y el cáncer de próstata, respectivamente.
Mi propuesta es que legislemos con mayor ahínco en temas a favor de ésta lucha:
• Dar a los niños y jóvenes un ambiente libre de humo.
• Fomentar estilos de vida energía-equilibrada basado en una dieta sana y actividad física.
• Colaborar con los programas para la información sobre las vacunas contra los virus que causan cáncer (por ejemplo, vacunas contra el HPV).
• Procurar programas para enseñar a los niños y adolescentes como evitar los rayos UV para hace una exposición al “sol inteligente”.
• Proyectos solidarios de colaboración para llevar a las comunidades rurales el conocimiento del daño ocasionado por la inhalación de humo de leña y los proyectos alternativos para evitarlo.
• Es necesario considerar el fortalecimiento y actualización de capacidades de las y los profesionales de salud, estrategias de prevención y detección oportuna, así como la difusión de campañas de autoexploración o revisión periódica por el personal de salud, con un enfoque de calidad y calidez. Además de considerar la programación de recursos financieros y humanos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, y de esta manera lograr una mayor cobertura en el país.
Es evidente que el cáncer no se puede combatir desde el aislamiento. La batalla tan solo se puede ganar creando sociedades globales y comprometidas, sin precedentes, colaborando los diferentes órdenes de gobierno, industria, comunidad científica, los responsables de la salud y por todos aquellos afectados por el cáncer.
Compañeros: ¡Juntos es posible!
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.
Diputadas: Virginia Victoria Martínez Gutiérrez y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica).
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