Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3688-V, miércoles 16 de enero de 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a agilizar la investigación de los recursos federales proporcionados al gobierno de Chiapas en la administración 2007-2012, suscrita por el diputado William Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente
Exposición de Motivos
Como es del conocimiento de la opinión pública, los graves problemas de endeudamiento que enfrentan los gobiernos estatales y municipales es consecuencia de la reiterada conducta de algunas autoridades locales para recurrir a empréstitos, lo que ocasiona una severa afectación de la buena marcha de la administración pública.
El estado de Chiapas, en la administración 2006-2012 no fue ajeno a estas prácticas comprometedoras del futuro económico del estado, si no que hoy, es referente nacional del endeudamiento y quiebra financiera.
La gravedad de la administración pública estatal chiapaneca por la crisis financiera heredada a la entrante administración ha obligado a las nuevas autoridades a tomar medidas drásticas para iniciar el proceso de recuperación económica, sin embargo el nivel de endeudamiento no se conoce aún con precisión, por lo que resulta urgente y necesario contar con el diagnostico real del problema.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas es el estado más pobre del país, adicional a eso se habla que se tiene una de las deudas más altas con alrededor de 40 mil 442 millones de pesos, equivalente a 897 por ciento de la recaudación estatal; es una deuda semejante a lo que el estado recaudaría por propia cuenta en 9 años. La deuda chiapaneca representa 60.47 por ciento del total de ingresos presupuestados para 2013.
En cuanto a la dependencia de ingresos federales (2012) los ingresos estatales representan 5.1 por ciento de los ingresos totales, proporción inferior a lo observado en la mediana del grupo de estados calificados por Fitch (GEF, 6.4 por ciento).
En cuanto al grado de marginación, en términos de infraestructura pública y cobertura de servicios básicos, Chiapas presenta un “muy alto” grado de marginación, ocupando el lugar 31 entre las 32 entidades federativas del país.
Estructura y Evolución aproximada de la Deuda del Estado de Chiapas
Año Monto Descripción(millones de pesos)
2011 + $ 26 mil 972 Deuda de Inst. Financieras, Proveedores y Contratistas
$ 14 mil 002 Instituciones Financieras
$ 12 mil 970 Proveedores y Contratistas (Corriente)
2012 + $ 3 mil 870 Bancaria, aprobada por el Congreso 2012.
+ $ 9 mil 600 Déficit fiscal (proveedores y contratistas)
Total = $ 40 mil 442 Deuda Total Estimada
cierre 2012
$ 17,872 Deuda a Inst. Financieras
Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que resulta obligado para todo gobierno fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y actuar contundentemente en el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno, todo esto para impulsar la unidad y reconciliación en el país, intereses irrenunciables que están contenidos en el Pacto por México.
En ese contexto no se puede omitir la cada vez más creciente y sonora exigencia social de los chiapanecos para que se esclarezca el uso de los recursos que la federación asignó al gobierno estatal y sus municipios durante el sexenio pasado.
Es improrrogable y urgente darle certeza a la sociedad de las acciones del Estado mexicano para combatir frontalmente e inmediatamente los actos de corrupción y los excesos en que se incurrió para conseguir el agraviante quebranto financiero de la entidad federativa de Chiapas.
En concordancia con lo expuesto por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que ha manifestado que se conducirá bajo una política de austeridad, honradez y transparencia, en consecuencia tampoco debe haber lugar para la corrupción ni para la impunidad.
La demanda social en Chiapas es un castigo para los involucrados en la irresponsable y vergonzosa deuda en que dejaron sumido al estado, por ello es apremiante conocer el uso de todos y cada uno de los recursos ejercidos por el gobierno estatal que concluyó, ya que voces diversas han denunciado actos de corrupción de la pasada administración.
La Auditoría Superior de la Federación, siendo el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, juega un papel importante en la actual situación que aquí se plantea, toda vez que los resultados de dicho organismo ayudarán a los chiapanecos a conocer el estado en que se encuentra la administración pública local, en virtud de lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la revisión de los recursos públicos se pone a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que instrumente y agilice los procesos de revisión y auditoría a los recursos otorgados y aplicados por el gobierno del estado de Chiapas durante el periodo comprendido por los ejercicios de los años 2007 al 2012, y
Segundo. Con relación al elevado endeudamiento público que contrajo el gobierno del estado de Chiapas en los años 2007 al 2012, se solicita respetuosamente que la Auditoría Superior de la Federación determine la responsabilidad de los encargados de la realización de los empréstitos, la disposición y uso de los recursos allegados.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar respetuosamente al órgano superior de fiscalización del Congreso del estado de Chiapas que informe de los resultados de las auditorías practicadas a los ejercicios ya señalados y se agilice la investigación de posibles irregularidades detectadas en el estado de Chiapas y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los ataques y las amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, suscrita por los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ana Gabriela Guevara Espinoza y David Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Congreso de la Unión ha asumido con muchas causas, ser la vocería o difusora de información confiable y a la vez tomar una posición al respecto. En cuanto a los Asuntos Migratorios se ha mantenido atento en el devenir de este proceso mayúsculo de múltiples manifestaciones.
2. En días pasados nos enteramos por los medios de comunicación de que la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, recibió amenazas contra sus colaboradores, que fueron reivindicadas por supuestos familiares de un trabajador indocumentado que fue asesinado recientemente en esa capital.
En un comunicado, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del albergue, recordó que el pasado 30 de diciembre los integrantes de dicho centro recibieron una llamada telefónica de un sujeto desconocido –que se identificó como pariente del migrante asesinado– que amenazó atentar contra ellos.
3. No obstante, a decir del director, la Casa del Migrante ha mantenido comunicación cercana y cordial con la familia del adolescente para concretar la repatriación de su cuerpo, por lo que dijo sospechar que la llamada busca confundir a la comunidad y criminalizar a los indocumentados, mientras se desvían las indagatorias.
Xicoténcatl Carrasco denunció que en semanas recientes al menos tres colaboradores del albergue han sufrido agresiones directas de robo con violencia, teniendo como fondo la campaña contra migrantes y quienes defienden sus derechos. Como secuela del suceso, organizaciones civiles y religiosas exigen a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de Coahuila salvaguardar la integridad de los defensores de migrantes que recientemente han sido amenazados de muerte:
Las personas firmantes manifestamos nuestro apoyo y respaldo al trabajo en defensa de los derechos humanos de personas migrantes que desarrolla la Casa del Migrante de Saltillo (Cedillo, Juan Alberto. “Exigen a Gobernación proteger a defensores de migrantes”, en Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=329690, consultado el 9 de enero de 2013).
La proclama está respaldada por más de 15 organizaciones de derechos humanos, civiles y religiosas de diversas partes del país que se reunieron en la capital de Coahuila en el marco de la celebración del 25 aniversario del episcopado del obispo de Saltillo.
Las organizaciones no gubernamentales demandaron que se investigue y se proteja la vida de los responsables del refugio para centroamericanos, pues el pasado 30 de diciembre fueron blanco de amenazas y agresiones.
Asimismo, solicitaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que encabece y garantice el cumplimiento de los acuerdos de las mesas interinstitucionales de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También exhortaron al procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a investigar de manera conducente y exhaustiva dicho suceso.
4. Es viable observar la precaria y vulnerable situación por la que atraviesan las pocas casas del migrante en el país. Por ende, resulta pertinente emitir nuestra postura de rechazo contra las sistemáticas injusticias hacia la comunidad migrante que causan diversos efectos, entre ellos el de llamar la atención sobre casos como el mencionado.
Por ello se suma a voces que alertan contra las amenazas hacia la Casa del Migrante en Saltillo y solicita atención de las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno para concentrar esfuerzos en la atención de la denuncia.
Por todo lo anterior se someten a consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a cumplir a cabalidad los acuerdos establecidos en las mesas interinstitucionales de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular a la amenazada Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.
Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al procurador general de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, a realizar una profunda, expedita e imparcial investigación sobre los hechos de hostigamiento y amenazas contra la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2013.
Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SRE a impulsar acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero, suscrita por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jorge Herrera Delgado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de Educación Pública, y de Relaciones Exteriores del gobierno de la república a impulsar que en el ámbito de sus competencias acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas en el extranjero para estudiantes mexicanos, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Fortalecer la educación de los jóvenes del país es sin duda invertir en el futuro del pueblo al otorgarles mejores herramientas para el desarrollo personal y colectivo.
Segunda. La Carta Magna establece en el artículo 3o., segundo párrafo: “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
Tercera. La Ley General de Educación expone lo siguiente en los artículos 3o. y 7o.:
Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
Párrafo reformado DOF 17 de abril de 2009, 17 de abril de 2009, 28 de enero de 2011.
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;
Fracción reformada DOF 28 de enero de 2011.
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
Fracción reformada DOF 13 de marzo de 2003.
V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;
Fracción reformada DOF 17 de junio de 2008, 28 de enero de 2011.
VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;
VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte;
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;
Fracción reformada DOF 15 de julio de 2008, 28 de enero de 2011.
XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;
Fracción reformada DOF 30 de diciembre de 2002, 28 de enero de 2011.
XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.
Fracción adicionada DOF 2 de junio de 2006.
XIV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
Fracción adicionada DOF 15 de julio de 2008.
XIV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.
Fracción adicionada DOF 17 de abril de 2009.
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
Fracción adicionada DOF 17 de abril de 2009.
XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se comentan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Cuarta. De los dispositivos legales citados se puede inferir la obligación del Estado mexicano de impulsar una educación tendente a desarrollar de manera integral todas las facultades del ser humano, favoreciendo el florecimiento de facultades para adquirir conocimientos.
Quinta. Según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, de sólo 10.5 de los encuestados el nivel máximo de estudios es profesional, para maestría o doctorado sólo 0.5 por ciento; sin embargo, la mayoría de los encuestados considera que sí vale la pena estudiar una carrera profesional (93.9 por ciento), pero solamente 2.0 refirió estar becado cuando se le preguntó “¿Cómo le haces para sostenerte económicamente?”
La encuesta citada revela que los jóvenes mexicanos creen en la educación como un instrumento para elevar su calidad de vida, sin embargo son muchas las circunstancias que les representan obstáculos para formarse académicamente.
Sexta. El Estado mexicano tiene mucho por hacer para garantizar el derecho constitucional y humano de una educación que desarrolle las facultades y habilidades que mejore la convivencia entre individuos, impulsando y fortaleciendo las acciones necesarias para este fin.
Séptima. De ahí la importancia de fortalecer y ampliar el sistema de intercambio y becas para estudiantes mexicanos que deseen estudiar en el extranjero como herramienta eficaz para fomentar en ellos los valores y principios del cooperativismo, para desarrollar mejores habilidades para el desarrollo y el crecimiento personal, académico y profesional.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Educación Pública, y de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo federal a impulsar en el ámbito de sus competencias acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Jorge Herrera Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a explicar por la SHCP el alza adicional de los combustibles, suscrita por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Antecedentes
Indudablemente uno de los temas que genera mayor preocupación a todos los mexicanos es el relacionado con aspectos que afectan directamente a su economía. Tal es el caso de la política que se instrumentará por la nueva administración en materia de precios de los combustibles.
En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se encuentra pendiente y en permanente monitoreo del comportamiento de estas acciones que pudieran afectar los intereses de la sociedad mexicana.
Estamos a favor y así lo hemos manifestado siempre, de mantener un escenario de finanzas públicas sanas y estables, que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento correcto del Estado mexicano. Pero por encima de ello, mantenemos la convicción de velar por las necesidades de la población y por ello, el tema que abordamos en el presente punto de acuerdo es de la mayor relevancia.
En concreto, en días recientes la nueva administración anunció incrementos importantes a los precios de los combustibles, dichos incrementos en los precios son de aproximadamente 33 por ciento mayor, que el último ajuste mensual realizado por la administración anterior, es decir no solo no se continuó con el desliz que se venía dando mes con mes, sino que se éste se incrementó de manera significativa en el inicio de la presente administración.
Lo anterior de entrada, contraviene uno de los principales compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, que era bajar el precio de los combustibles, lo cual genera mucha incertidumbre en el sentido de que si realmente es un compromiso el bajar éstos precios, o únicamente era retórica electorera.
De ser esto último, consideramos en Acción Nacional que con el bienestar de la población no se lucra, y exigimos que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detengan cuanto antes este deslizamiento en los precios de los combustibles, hasta que no se delimite de manera clara y precisa la política que seguirá este gobierno en relación a los precios de los combustibles, para que la población tenga pleno conocimiento sobre qué política se instrumentará y si es cierto o no, el compromiso del actual presidente de bajar los precios de los combustibles.
Al respecto, es oportuno citar algunos cuestionamientos y reflexiones que compañeros congresistas de mi Partido has esgrimido en fechas recientes sobre el tema, lo¿existe alguna razón de emergencia financiera que justificara que el PRI incumpliera su compromiso de campaña? Asimismo, conocer ¿por qué se da un incremento del 33 por ciento en los precios de los combustibles, si se compara con el último ajuste mensual realizado por la administración anterior? También que expliquen ¿si la política de deslizamientos de los precios de los combustibles es o no una política correcta en términos económicos, de justicia social y medioambiental? Y finalmente que se de a conocer a toda la población ¿cuál será la política a seguir por la nueva administración en relación a los precios de los combustibles?
Recordemos que en la década de los noventas, cuando el PRI era gobierno, los incrementos en los precios de los combustibles fueron del orden del 427 por ciento si se compara el precio de 1 peso por litro en 1990, a 5.27 pesos por litro en el año 2000. De manera contrastante, si se hace el mismo ejercicio del año 2001 al 2010, el incremento es de 49 por ciento, muy lejos de los observados en la década de los 90s, solo por citar los dos períodos más recientes comparables en esta materia.
Lo anterior es realmente preocupante para la población dados dichos antecedentes, por lo que en Acción Nacional estaremos vigilantes que no se vuelvan a dichas prácticas, sí que contemos con finanzas sanas, justicia social y cuidado del medioambiente, pero no a costa del sacrificio de los mexicanos, como era en las épocas gobernadas por el PRI del siglo pasado. Pugnamos por conservar dichos principios como se hizo en los gobiernos emanados de Acción Nacional, con responsabilidad, transparencia y honradez.
Finalmente, quiero precisar que con la falta de claridad en la política de precios de los combustibles de la presente administración, se pone en riesgo la estabilidad económica que se ha logrado en los últimos años, y que no por descuidos en materia de política económica o falta de claridad en la misma, pondremos en riesgo el bienestar de la población.
En Acción Nacional decimos con contundencia: No a las viejas prácticas que atentan contra la economía de los mexicanos, no a políticas enfocadas al alza de los precios de los combustibles que el día de mañana se conviertan en severos incrementos recurrentes como se acostumbraba en el siglo pasado. Esas prácticas las pudimos revertir con los gobiernos emanados de Acción Nacional, sí se puede.
Bajo este contexto, en Acción Nacional estamos ciertos de que debemos garantizar y velar por el bienestar de todos los mexicanos, por lo que someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que expliquen a esta Soberanía los motivos que propiciaron el incremento en los ajustes mensuales que se habían venido realizando en los precios de los combustibles, así como el impacto en el bienestar de la población derivado del mismo.
Segundo. Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que explique a todos los mexicanos cómo se cumplirán los compromisos de campaña, específicamente los relacionados con la reducción de los precios de los combustibles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP a aplicar los recursos necesarios en favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no reciben el apoyo, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. Como es conocido, durante los años 1942 a 1964 el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno mexicano celebraron acuerdos para la aplicación del llamado Programa de Trabajadores Migratorios, mejor conocido como Programa Bracero, por medio del cual cientos de miles de mexicanos fueron contratados y prestaron sus servicios laborales en Estados Unidos de América.
2. Como parte de los acuerdos binacionales, los patrones norteamericanos les realizaban descuentos periódicos del 10 por ciento en su salarios con el fin de constituir un fondo de ahorro como respaldo para el retorno a nuestro país; recursos que fueron entregados puntualmente al gobierno mexicano.
3. Sin embargo, todos los recursos retenidos a los braceros desaparecieron durante la burocrática y corrupta extinción de diversas instituciones bancarias que realizaron los gobiernos posteriores al retorno de los ex braceros.
4. Ante la desaparición de los fondos y como un mínimo acto de justicia social hacia los trabajadores braceros, el 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
5. El 29 de septiembre de 2005, se celebró el contrato de Fideicomiso de Administración, por parte del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal centralizada, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Institución Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria. Dicho Contrato dio origen al denominado “Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)”.
6. El 27 de octubre de 2005, se dieron a conocer las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, en el Diario Oficial de la Federación. En tales Reglas de Operación se estableció que la Dependencia Coordinadora del Fideicomiso sería la Secretaría de Gobernación (Segob).
7. A partir de entonces, año con año, en los presupuestos anuales se asignaron recursos para ir realizando el pago mínimo estipulado a los ex braceros de 38 mil pesos.
8. Para el año de 2012 la cifra asignada en el Presupuesto de Egresos para los ex braceros fue de 3 mil 816 millones de pesos.
9. Resulta inadmisible que con la llegada de un nuevo gobierno y a pesar de que aún quedan pendientes miles de ex braceros o sus beneficiarios de recibir el limitado recurso que se les otorga, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se haya suprimido la partida, que año con año se contiene en el ramo 04 “Gobernación”, bajo el rubro “Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”.
10. Es importante recordar que el 29 de junio de 2009, el Ejecutivo Federal, tomó la decisión de pagar a los trabajadores migrantes braceros o sus beneficiarios el importe de 38 mil pesos, en exhibiciones parciales anuales, pagando sólo 4 mil pesos, de inicio y los restantes 34 mil pesos a plazos durante 10 años. Sin embargo, esta decisión pareció desproporcionada ante las demandas y necesidades de los ex braceros y sus familias, por eso los diputados de la LXI Legislatura modificaron el artículo 5o., fracción II, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalando que el Comité Técnico:
“Debe elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición”...
De esa manera, el gobierno federal quedó obligado a liquidar esos pagos en una exhibición, en un plazo de 90 días.
Pero nos encontramos ante un problema social donde el recurso no llega a los beneficiarios, los titulares son personas mayores de 85 o más años, y están muriendo, y su apoyo social no les llega.
Sin embargo, actualmente se siguen presentando problemas de diversa índole que han hecho imposible el cobro de la cantidad acordada por la totalidad de los beneficiarios, algunos de ellos son:
• Un cúmulo de problemas de cobro derivados de la diferencia en nombres de los ex braceros.
• Muchos ex trabajadores cuentan con documentos probatorios, pero por diversos motivos no pudieron inscribirse en el programa de apoyo social.
A la fecha un sin número de ex trabajadores no han podido cobrar la totalidad del apoyo.
11. Con fecha 21 de diciembre del año 2012, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa presentó oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, solicitando una mesa de trabajo con las Secretarias de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, para dar solución a los trabajadores migrantes braceros que no han recibido su apoyo social, así como aquellos que quedaron fuera del registro de beneficiarios y cuentan con documentos que acreditan su legitimo derecho.
12. Por lo señalado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática solicita que se le asignen los recursos necesarios para finiquitar esta deuda que no sólo es legal, sino también moral, para estos trabajadores y sus familias. Solicitamos que para cubrir este apoyo ordenado por el decreto de la materia, las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público busquen los mecanismos para que al efecto se destinen para el 2013, un mínimo de mil 200 millones de pesos.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretaría de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que acuerden los mecanismos legales necesarios, para que se destinen a la brevedad un mínimo de mil 200 millones de pesos a favor de los ex braceros o sus beneficiarios que aún no han recibido el apoyo económico de 38 mil pesos, en cumplimiento a lo ordenado por el decreto que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se integre una Mesa de Trabajo conformada por diputados representantes de cada Grupo Parlamentario y dicho órgano invite a integrarse a tal mesa a representantes oficiales de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dar seguimiento al pago efectivo a los trabajadores migrantes braceros (de 1942 a 1964) que quedan pendientes de pago y se analice la posibilidad de abrir nuevas mesas receptoras para inscribir a los trabajadores que no pudieron registrarse por causas ajenas a ellos y se les otorgue la compensación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, respecto a los casinos en México y a la instalación de una comisión bicamaral de investigación sobre el otorgamiento de permisos para operarlos, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta asamblea puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La información más reciente que han publicado los medios de comunicación sobre excesos y corrupción, tráfico de influencias, dádivas, sobornos, colusión de servidores públicos y conflictos de intereses relacionados con el tema de los permisionarios y operadores de casinos nos obliga a reflexionar sobre las últimas modificaciones efectuadas la Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de 19 de octubre de 2012, que motivaron una controversia constitucional por la Cámara de Diputados.
Consideramos que los hechos han ido demostrando que la forma atropellada, ilegal e inconstitucional con que fue elaborado dicho reglamento fundamenta la sospecha de que tal proceder obedeció a la intención de favorecer indebidamente a permisionarios y operadores de casinos.
Esa situación se hizo costumbre como práctica de gobierno en el pasado reciente. El entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, otorgó concesiones para juegos de azar en 2004. La situación fue llevada al absurdo en el gobierno del presidente Calderón, con las lesivas reformas por decreto del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que lesiona el sentido de la prohibición constitucional a los juegos de azar y las apuestas, creando en los hechos una red de contubernio y complicidades entre casinos, jueces y funcionarios públicos.
No actuar contra ese atropello constitucional nos haría cómplices de tanta ilegalidad.
Al establecer una salvedad a la prohibición de instalar máquinas tragamonedas a favor de los casineros ya que contaran con un permiso, el Ejecutivo, contrariamente a la Constitución, legisló y vulneró la división de poderes, el principio de supremacía de la ley suprema y su obligación constitucional de velar por la estricta observancia de la ley por la administración pública.
¿Cómo no sospechar de las motivaciones que hubo detrás de ese reglamento aprobado de última hora como un regalo para esa red oscura de operadores de casinos?
Ahora surgen elementos que ponen al descubierto el papel de diversos ex funcionarios en una red ilícita para otorgar permisos a fin de instalar casinos o casas de apuestas de manera irregular.
Resulta indignante la simple sospecha de que la autoridad encargada de guardar la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio pasado haya sido el caldo de cultivo y parte de negociaciones y operaciones contrarias a derecho para favorecer intereses particulares y francamente delictivos.
Se han ventilado acusaciones muy serias en radio y televisión contra un funcionario que ocupó cargos en la Secretaría de Gobernación y fungió como secretario particular del presidente Calderón.
Los vínculos en esa red delictiva con funcionarios públicos se hacen cada vez más evidentes. Desde hace más de un año ya se publicaban acusaciones y se filtraba información contra funcionarios de la Segob de ese entonces que presuntamente eran investigados por la PGR por actos de corrupción, y nada se hizo contra ellos.
Ahora estos nombres salen a relucir, todos ellos vinculados a Juan Iván Peña Nader, a quien ahora su ex esposa Thalía Vázquez ha puesto al descubierto en sus actividades delictivas y quien está preso en un penal federal de Matamoros.
Los personajes aludidos se aprovecharon de su cercanía con el circuito más allegado a la Presidencia de la República para, después de separarse de sus funciones en la Segob como asesores del subsecretario de Gobierno, constituir una empresa dedicada a la gestión irregular de asuntos relacionados con el sector casinero, que desembocó en el desproporcionado enriquecimiento de estos personajes y los convirtió en propietarios de casinos.
Asimismo, se ha hablado de la intervención directa de ex funcionarios del gobierno federal en favor de la instalación de casinos y centros de apuestas, cuya operación va contra el orden jurídico, llegando incluso al ofrecimiento de importantes cantidades de dinero para ello.
Las circunstancias hacen relevante el caso, pues pese a lo complejo de éste, se establecen relaciones con diversos actos de la administración calderonista, como el otorgamiento de los permisos de operación a 94 casinos el 30 de noviembre de 2012, a minutos de concluir su gestión.
Los actos llevados a cabo por funcionarios de la anterior administración no son simples actos de corrupción, son un asalto a la vida democrática nacional. La Cámara de Diputados ha actuado diligentemente y en consecuencia, interponiendo una controversia constitucional para señalar este ataque contra las instituciones y los ciudadanos.
Es menester recordar los hechos del 25 de agosto de 2011, recordar el casino Royal en Monterrey, Nuevo León, recordar las 52 víctimas de aquel día, recordar a sus familias, recordar las acusaciones hechas entre funcionarios municipales y federales. Es momento de no eludir la responsabilidad que nos toca y clamar un “ya basta” en nuestro papel de representantes populares y, en consecuencia, con nuestro mandato constitucional.
Es indispensable que esos hechos se investiguen a fondo y sin dilación. Es necesario también conocer el resultado de la controversia interpuesta por la Cámara para tener la certeza de que ese reglamento, autorizado de manera subrepticia e ilegal, no legalice posibles actos basados en la corrupción y el tráfico de influencias.
Es necesario asimismo que el ministro Alberto Gelasio Pérez Dayan se excuse de conocer o participar en la resolución de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados debido al conflicto de interés que le afecta al haber aprobado el Séptimo Tribunal Colegiado al que perteneció justo antes de su nombramiento al pleno de la Suprema Corte, los amparos que han permitido la operación de numerosos casinos, con lo que su conducta no podría asumirse cercana a la objetividad y a la justicia.
Por todo lo expuesto se solicita a esta soberanía que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en el marco del examen sobre la controversia constitucional 123/2012, interpuesta por la Cámara de Diputados, revise y resuelva con la mayor brevedad y diligencia el expediente, con absoluto respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación relacionado con los operadores y permisionarios de casinos y casas de apuesta.
Tercero. Se exhorta al ministro Alberto Gelasio Pérez Dayan a excusarse de conocer o de participar en la resolución del caso, por ser notorio y ostensible el conflicto de intereses en que podría estar incurriendo.
Cuarto. Se instale una comisión bicamaral de investigación a fin de obtener información sobre el tema del otorgamiento de permisos para operar casinos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer su facultad de atracción sobre denuncias presentadas por defraudados por empresas ahorradoras de vivienda en la República Mexicana, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información recibida por los afectados, aproximadamente hace trece años la empresa Caja Popular Número Uno defraudó a cientos de poblanos y después de diez años le pagaron sólo el setenta por ciento de su capital invertido a quienes demandaron por la vía mercantil mediante el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).
Pero esto no termina, hace tres años se registró uno de los mega fraudes en la ciudad de Puebla que junto con otros diez estados más de la Republica mexicana les robaron los ahorros de muchos años de trabajo sin que ninguna autoridad federal, estatal o municipal se haya tomado la molestia de intervenir en la solución de este grave problema social.
En Puebla, según datos de Procuraduría General de Justicia estatal, las empresas que defraudaron son las siguientes: Coofia, Sitma, Invergroup, Bienestar Social La Paz, Comsbmra, Incoin, Geici, Sare, In vertlax, Fusion, Jarcos, Sibce, Burcap, Inverbien, Cobirmex, Del Valle, Acierta, Fervag, Capress, Financiera del Sureste, Inversinova, Invercapital, Heron, Rabaca, Crebainp Y Invertanda.
El número de afectados es de aproximadamente 25 mil poblanos con un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos, ocasionando un daño moral, económico, afectaciones en la salud, pero lo peor es que la gente afectada son en su mayoría adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, pensionados y familiares de trabajadores migrantes.
Por otro lado, a cualquier ciudadano que quiere instalar algún tipo de negocio la burocracia le agobia con trabas que van desde la licencia de funcionamiento, de bomberos, de protección civil, Soapap, SAT, y los inspectores están sobre el ciudadano, dando plazos que de no cumplir se hacen acreedores a multas y multas, la pregunta que surge es ¿por qué estas inmobiliarias trabajaron tanto tiempo sin que ninguna autoridad tomara cartas en el asunto?, y aun más grave, el fuerte movimiento de dinero que se depositaba en bancos sin que tuvieran una supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Antecedentes de las empresas
Las empresas antes mencionadas se dieron de alta como inmobiliarias y dentro de su objeto social es comprar y vender, tanto bienes inmuebles como muebles, con origen en paquetes de aseguradoras, bancos e instituciones financieras en remate y subastas, adecuar y mejorar superficialmente y realizar su venta por menor; las fuentes de fondeo que se buscarían serían inversionistas privados.
Sitma, Invergroup e Inverbien además de establecerse en Puebla establecieron sucursales en Veracruz y Tlaxcala, en el caso de Inverbien y las otras dos se establecieron en estado de México, Distrito Federal, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala.
Estas tres inmobiliarias recibieron la inspección por parte de CNBV. Por lo que corresponde a Inverbien, tuvo una visita el 23 de septiembre de 2009 con el objeto de determinar si la sociedad estaba incurriendo en captación de recursos del público, actividad reservada por la Ley a Instituciones de Crédito. La sociedad dio respuesta a este oficio el 29 de enero de 2010 entregando diversa información dentro de la que destaca, información financiera al cierre de 2008 y a agosto de 2009 y una relación incompleta de inversionistas y montos de inversión detallada a diciembre de 2009.
Mediante oficio de fecha 19 de marzo de 2010 la CNBV ordenó a la sociedad la suspensión de inmediata de la celebración de contratos de mutuo, así como el uso de la marca Inverbien y le otorgó 60 días para que liquidara los contratos de inversión existentes; situación, que no sucedió porque siguieron operando con normalidad.
Lo que es de extrañar, es que cuando los afectados interpusieron demanda-queja ante la CNBV, la respuesta fue que a ellos no les correspondía porque no eran entidades financieras.
Otra situación que resulta destacable en el presente recurso parlamentario, es el de los gastos de publicidad de las empresas acusadas de defraudar.
Según información proporcionada por los afectados, en este rubro, el gasto de publicidad fue excesivo durante toda la operación de las empresas defraudadoras, teniendo campañas con artistas y comunicadores destacados como: Omar Fierro, Maribel Guardia, Frank Merri, Erik Guerrero. Además de mensajes por teléfono, televisión, radio, prensa y espectaculares con el único objetivo de convencer para invertir.
Un aspecto más de este asunto, es el actuar de los notorios que constituyeron estas sociedades con domicilios fiscales falsos, ya que los afectados se dieron a la tarea de investigar y comprobar que tales domicilios no existían.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras no exigió a las sociedades la información necesaria como podría ser los domicilios fiscales, los nombramientos de sus comités, además de que no alerto a los ciudadanos del peligro de invertir en este tipo de empresas.
Gestiones realizadas por los afectados
Sólo para ilustrar la desatención de varias autoridades, y de acuerdo con datos de los afectados, ellos han recurrido a todas las instancias que se relacionan a continuación en la búsqueda de solución a su problemática.
Por lo que podemos advertir que es urgente que esta representación nacional intervenga a fin de que las instancias de procuración y administración de justicia desahoguen las causas que se han abierto.
Es de reconocer que esta Comisión Permanente debe de intervenir, en el marco de su función de representación popular, y demandar la pronta solución del conflicto en beneficio de los afectados.
La Constitución General de la República, en la garantía del artículo 17, concede a las y los ciudadanos la protección del estado de sus bienes y su persona:
Artículo 17. [...]
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes , emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
[...]
En razón de lo anterior, es que se propone a esta soberanía solicitar a la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción sobre las causas penales interpuestas por los afectados, en virtud de lo que dispone el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 10 . Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.
También será competente para conocer de un asunto, un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.
En estos supuestos no procede la declinatoria.
En este sentido, datos aportados por la parte afectada señalan que existen ante diversos juzgados las siguientes denuncias:
Denuncias penales interpuestas por los defraudados
Así como, Inverbien: 234/2010 juzgado 6; 19/2011, juzgado 4; 252/2011 juzgado 6; Sitma: 414/2009 juzgado 1; y 4161/2010 juzgado 6.
Esta petición se interrelaciona con la disposición contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20131 , que establece, en la exposición de motivos:
Por otro lado, se propone conservar en el artículo 1o. de la ley cuya emisión se propone, la disposición que faculta al gobierno federal para continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo , misma que ha sido reconocida en el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004.
Asimismo, se plantea mantener la disposición que establece que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del decreto citado en el párrafo que antecede, se utilizará para restituir los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados y, previo a su reintegro, a cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las acciones relativas a la transmisión, administración o enajenación de dichos bienes y derechos, para atender la problemática social de los ahorradores mencionados.
En congruencia con la exposición de motivos, el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 establece:
Con el objeto de que el gobierno federal continúe con la labor reconocida en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados .
[...]
El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al gobierno federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.
La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2012.
Con lo que se exige mediante esta proposición, por la vía de lo solicitado a la Procuraduría General de la República, que se les pague a todos los defraudados el monto total de lo invertido en las diferentes empresas defraudadoras. Alguna otra propuesta no resultaría una verdadera opción, ya que no es suficiente que el estado, mediante un pequeño apoyo y por única vez, resuelva de fondo su problema.
Queremos ser responsables con los afectados, y consideramos que un pronunciamiento en el sentido que se propone coadyuvará más eficientemente con la solución del conflicto, y sobre todo, con la aplicación de la ley a quienes abusaron de la confianza de los inversionistas.
Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a las atribuciones y facultades legales de las autoridades de procuración y administración de justicia federal, les hace un exhorto, a que con independencia y autonomía, realicen las gestiones necesarias para ejercer la facultad de atracción de las causa penales en las que se involucra a personas defraudadas por empresas de ahorro de vivienda en diversos estados de la República mexicana con el objeto de hacerles posible una justicia pronta y expedita.
Nota
1. Paquete Económico 2013, Ley de ingresos 2013: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2013/criter ios_generales/lif_2013.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a constituir por la Sedesol y la Sagarpa el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, suscrita por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI
El que se suscribe, René Juárez Cisneros, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Una de las decisiones que integran los cinco ejes de la propuesta de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto es combatir la pobreza alimentaria a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la acción del Ejecutivo federal y la sociedad en su conjunto para atacar este mal. Ofreció lograr que las familias tengan un piso básico de bienestar como principio elemental de su política social.
A partir de lo anterior, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para tomar las acciones pertinentes y trabajar de la mano con la sociedad a fin de lograr ese objetivo.
Todos los días se desperdician en el país más de 30 mil toneladas de alimentos en buen estado, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA).
En gran parte del país hay bancos de alimentos que buscan apoyar a la población más desprotegida con el abasto de productos básicos de alimentación y salud. Eso se logra mediante la recolección y entrega de donativos en especie a las instituciones inscritas en el programa. Sin embargo, es necesario que desde el gobierno federal se realice mayor esfuerzo para coordinar y potenciar las acciones de los particulares.
El mayor desperdicio se da en centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles, mercados e, incluso, en miles de hogares donde no se planifican de manera correcta compras ni consumos.
De ahí la necesidad de reforzar los esquemas de colaboración entre la Sedesol, la AMBA y las organizaciones no gubernamentales para rescatar y distribuir la comida que se desecha en buenas condiciones entre las familias que no cuentan con ingresos suficientes para la compra de la canasta básica y que no pueden satisfacer la ingesta de tres comidas al día, con objeto de paliar la pobreza alimentaria en el país.
El desperdicio de alimentos llega también al campo, donde las malas prácticas en conserva, transporte y distribución de productos, el intermediarismo y el desplome de precios derivan en cosechas desperdiciadas. De ahí la necesidad de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación pueda participar de manera decidida en esta sinergia y contribuir al rescate y la distribución de alimentos por el esquema que la Sedesol establezca.
Es importante que ambas dependencias federales constituyan un sistema nacional de donación de alimentos que fomente la infraestructura para el almacenamiento y la distribución de alimentos aprovechables para consumo humano, al tiempo de crear mecanismos y convenios de colaboración con el sector público y privado para ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas, con el propósito de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas que carecen de alimentos.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que por las Secretarías de Desarrollo Social; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se constituya el sistema nacional de donación y distribución de alimentos aprovechables para consumo humano, que permita ponerlos al alcance de la población vulnerable y de las comunidades marginadas a fin de mitigar el hambre, mejorar la salud y aumentar los niveles nutricionales de millones de personas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2013.
Senador René Juárez Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director del INAH para que informe sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Walmart a fin de abrir tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán, suscrita por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
José María Martínez Martínez, senador en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El grupo Wal-Mart es actualmente la empresa más grande del mundo. Ocupa el lugar 19 de las 100 mayores economías del planeta, superando a países como Suecia, Noruega y Arabia Saudita. Es la mayor compañía de ventas directas al consumidor en Estados Unidos, Canadá y México. En México, esta empresa tiene 54 por ciento del mercado total, al ser dueña de Bodegas Aurrerá, Superama, Suburbia, los restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi, además de los almacenes Sam’s Club y Wal-Mart. Esto le da un alto poder sobre consumidores, proveedores, productores y políticos.
Los legisladores estadunidenses Elijah Cummings y Henry Waxman, responsables de la investigación del caso Wal-Mart en México, enviaron una carta a Michael T. Duke, presidente de la empresa, a quien cuestionaron por promover una serie de sobornos a funcionarios mexicanos, involucrados en casos de corrupción.
Los señalamientos coinciden con lo que había publicado el diario New York Times el año pasado, en donde se señalaron cargos que van desde presidentes municipales hasta el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Uno de los involucrados sería el exalcalde de San Juan Teotihuacán en 2004, cuando se construyó una tienda cerca de las pirámides; Guillermo Rodríguez Céspedes -del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, fue quien encabezó la administración de 2003 al 2006.
Guillermo Rodríguez avaló un nuevo plan de zonificación de Teotihuacán -recibido en la Gaceta del Gobierno el 11 de septiembre de 2003-, para que se pudiera edificar una Bodega Aurrerá a menos de dos kilómetros de donde se localiza la zona arqueológica.
El cabildo de Teotihuacán en 2004 votó unánimemente por otorgar los permisos a Wal-Mart para construir su tienda.
En ese entonces, estaba conformado por once personas, además del presidente municipal: el síndico municipal y diez regidores, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al PRD.
Aunque la jurisdicción local adoptó un mapa de zonificación que podría haber impedido a Wal-Mart la construcción de su tienda, el New York Times informó que “Wal-Mart de México corrompió oficiales para cambiar el mapa” antes de que fuera publicado en un periódico, que fue el último requisito antes de que el mapa de zonificación se convirtió en ley. De acuerdo al New York Times , otros pagos fueron hechos para el alcalde y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El New York Times describió la tienda Wal-Mart en Teotihuacán como “el más polémico de Wal-Mart en México, un poderoso símbolo del impacto de la globalización sobre la cultura mexicana y el comercio”.
Los sobornos que Wal-Mart presuntamente pagó a congresistas locales del PRI y PRD, por 1.2 millones de pesos, con los que tendría la mayoría del Congreso mexiquense para autorizar cambios de uso de suelo y de 900 mil pesos al INAH; 500 mil pesos por concepto de “donación” y un “regalo personal irregular” de 400 mil pesos para “el director”.
En ese momento el director del INAH era el licenciado Sergio Raúl Arroyo, quien estuvo en el encargo de 2000 a 2005 y que nuevamente ocupa el puesto desde el pasado mes de diciembre en la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombrado por el secretario de Educación.
Debido a que las pirámides son patrimonio cultural, toda vez que fue declarado como tal en 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ya que es considerada la sexta urbe más grande del mundo, sus templos y pirámides siguen siendo importantes para el patrimonio cultural de México, por lo que el trabajo que realiza el INAH para la conservación de estos lugares es de gran relevancia, y su aprobación es necesaria para construir cualquier establecimiento dentro de la zona arqueológica protegida.
A pesar de la importancia de su cultura y de lo que representa; en la actualidad se anteponen los intereses políticos y materiales, al interés legítimo por conservar este patrimonio cultural de los mexicanos; a pesar de que existen investigaciones que aseguran que es un lugar sagrado donde se practicaban ceremonias religiosas, no ha existido ninguna autoridad local o federal que haya intentado impedir la expansión de la empresa transnacional en la zona de los antiguos teotihuacanos.
Este caso, es muestra de la avasallante política de expansionismo del grupo Wal-Mart, que busca instalarse en cada uno de los sitios culturales de nuestro país, sin importarle las excavaciones arqueológicas que se estén realizando en zonas aledañas a la construcción del supermercado.
Es necesario reflexionar sobre la pertinencia de que funcionarios públicos que tienen acusaciones serias sobre corrupción, sigan en su encargo sin la debida investigación o destitución del mismo.
Es de considerarse que a pesar de la polémica que causó en 2004 la construcción de una tienda de la cadena Wal-Mart en la zona arqueológica de Teotihuacán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha seguido otorgando permisos a la trasnacional para erigir otros complejos comerciales aledaños a sitios históricos y/o prehispánicos, por ejemplo en Amecameca, estado de México; Cholula, Puebla, y Filobobos, Veracruz, entre otros.
Por tal motivo, con base en los acciones que se han cometido y en donde presuntamente se ven involucradas distintas autoridades federales, locales y municipales, se debe investigar de manera exhaustiva, independiente e imparcial, para fincar responsabilidades a las funcionarios públicos que tengan relación con este caso.
Es muy importante, conocer un informe detallado ante esta soberanía, sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Wal-Mart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del licenciado Sergio Raúl Arroyo García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe de manera detallada a esta soberanía, sobre las autorizaciones realizadas al Grupo Wal-Mart para la apertura de tiendas de autoservicio en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Senador José María Martínez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y a las militares a reforzar la seguridad pública en Morelos por el aumento de la delincuencia; y al gobernador, a preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la SSP e instruir a las dependencias a su cargo para cumplir la legalidad y protección de los derechos humanos en los procedimientos públicos, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD
EL suscrito, senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción II, y los artículos 276, 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se exhorta a las autoridades federales y militares a reforzar la seguridad pública en el estado de Morelos ante el alza de eventos delictivos, y al gobernador constitucional de la entidad, para preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar la designación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública e instruir a las dependencias a su cargo, para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos, en todos los procedimientos públicos, particularmente en materia de seguridad pública y procuración de justicia, bajo las siguientes
Consideraciones
El estado de derecho, es la razón de ser de la civilidad y la vida en sociedad, donde todo gobierno esta compelido a ser exhaustivo en las tareas que implican la prevención, persecución y ejecución de toda conducta antisocial.
Particularmente, Morelos ha sido acosado con el lastre de la delincuencia por muchos años, durante el sexenio de Jorge Carrillo Olea, en la sociedad surgió la necesidad de organizarse para protestar enérgicamente contra el delito del secuestro que aquejó a todas las familias, siendo responsables las principales autoridades encargadas de la procuración de justicia lo que provocó la licencia del entonces gobernador constitucional.
Durante el sexenio pasado, nuestra tierra se vistió nuevamente de sangre y desolación, solamente en el año del 2011, se iniciaron 159 carpetas de investigación para una cifra de 211 ejecutados, las cuales no han prosperado en su investigación a la fecha, donde murieron 180 hombres, 7 mujeres, 11 menores de edad, y 13 víctimas más, que por las condiciones en que se encontraban al momento de su levantamiento de cadáver, no se pudo determinar si son hombres o mujeres, lo cual nos indica el nivel de sadismo y la problemática a la que ha llegado el homicidio en Morelos.
Para el año del 2012, fueron 343 ejecutados, de los cuales 85 son de la administración de Graco Luis Ramírez Abreu, 77 hombres, 3 mujeres, 2 menores, 3 servidores públicos, incluso donde muere un policía en el mes de diciembre del 2012, más 9 homicidios más en 7 días del mes de enero del 2013, para sumar 92 homicidios impunes, en la administración del actual gobernador.
Por otra parte, no es admisible que el comándate de la vigésima cuarta zona militar, el general de brigada del Estado Mayor Édgar Luis Villegas Meléndez, ante una llamada de auxilio del suscrito senador de la República, diga que no le importa mi integridad física, que es un problema de las autoridades locales, por lo que si un integrante del Ejército Mexicano, considera que la integridad de las personas no es su problema, y si eso le contesta a un senador de la República que le podrá importar un ciudadano común y corriente, sostenemos ante esto la tesis que el ejército debe regresar a los cuarteles a cumplir con las facultades que estrictamente le otorga la Constitución.
Las autoridades locales están completamente rebasadas, el gobierno del estado tomó una desafortunada decisión al poner como titular de la Secretaría de Seguridad Pública a la señora Alicia Vázquez Luna, que además de su ignorancia supina en la materia, carece de la experiencia y criterio para la prevención del delito y de los principios más elementales y sentido común para implementar acciones que paren esta ola de sangre, dolor y desolación de Morelos, muestra de ello son las estadísticas criminales, por lo que prácticamente esta secretaría se encuentra acéfala.
La procuración de justicia se ha agazapado, generando la más completa impunidad contra el delito, la sociedad ha perdido por completo la confianza desde hace muchos años en las autoridades de procuración y administración de justicia, el nuevo modelo de justicia oral, ha sido desprestigiado y desatendido por malos operadores, con la corresponsabilidad de todos los mandos de la Procuraduría y la mínima ética de los fiscales; la falta de conocimientos y criterio de algunos jueces de control y algunos jueces orales, incluso de algunos magistrados que prefieren confirmar sentencias absurdas y en el peor de los casos, prefieren revocar sentencias absolutorias, para qué sea la justicia federal la que en la competencia del juicio constitucional de derechos humanos y sus garantías, se haga valer la casi desaparecida “presunción de inocencia”; un acusado por estos vicios obtendrá su libertad después de uno o dos años de procedimientos, habiéndose mantenido privado de su libertad a disposición de las autoridades.
Muestra de la falta de responsabilidad de quienes ejercen la procuración de justicia, es el boletín de prensa número 2, de fecha 7 de enero del 2013, donde la autoridad investigadora, pone en riesgo la integridad de las personas y sus familias, al señalarnos públicamente como testigos de un homicidio acaecido en el municipio de Amacuzac, Morelos, donde la autoridad pone de conocimiento público que se citará al senador Fidel Demédicis Hidalgo y al presidente municipal, como testigo del asesinato de un director de Seguridad Pública municipal y su escolta, poniéndonos en riesgo innecesario, por lo que hago responsable al Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, y al gobernador constitucional Graco Luis Ramírez Abreu, como titular del gobierno del estado, de mi integridad personal y la de mi familia, y de la integridad del presidente municipal de Amacuzac y de su familia.
Reconocemos el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, que inició de oficio el expediente de queja 001/2013, por los hechos acaecidos en el municipio de Amacuzac, Morelos y que el pasado once de enero del presente año, solicitó y notificó a la Procuraduría General de Justicia que se adoptara una medida precautoria, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los testigos, en dicha medida razonó que: “...tomando en consideración que en el devenir de la investigación que este organismo realiza respecto a la queja de oficio de mérito, se establece que públicamente se han ventilado los nombres y cargos de personas a las que se les ha dado el carácter de testigos, sin embargo, ello podría poner en riesgo tanto la integridad física y de seguridad personal, como la investigación misma, por lo que se solicita se adopte como medida precautoria ajustarse a los parámetros de secrecía y reserva que disponen a las investigaciones ministeriales el artículo 12 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; a efecto de no transgredir lo establecido en la parte ínfima del artículo 20 Apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De manera extrema hemos llegado al absurdo de vivir atemorizados en nuestra misma tierra, limitándonos en el ejercicio de nuestros derechos, poniendo rejas en nuestras casas y centros de trabajo, cuando las rejas deben tenerlas en la prisión quienes desprecian a la sociedad y delinquen impunemente. La gente de Morelos, no se merece seguir en un clima de hostilidad y delincuencia, por lo que hacemos este exhorto para que las autoridades federales y militares atiendan esta urgencia imperiosa, no podemos descuidar nuestras instituciones y arriesgarnos a que se llegue a la problemática superior de ingobernabilidad y anarquía.
Se hace un llamado a las autoridades federales y militares para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, actúen a favor de los habitantes, transeúntes y turistas de Morelos, con las acciones preventivas y ejecutivas que la ley les otorga, para preservar la paz y tranquilidad social de la mencionada entidad.
Por lo expuesto, solicitamos de urgente resolución, la consideración de esta honorable asamblea, para la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales y militares, para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias implementen las acciones y medidas necesarias para preservar la paz y seguridad en el estado de Morelos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador constitucional de Morelos, a preservar la paz y seguridad de todas las personas, revisar designaciones e instruir a las dependencias a su cargo, para cumplir con la legalidad y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en los procedimientos públicos, particularmente en materia de seguridad pública, y en las carpetas de investigación donde debe cuidarse particularmente la integridad de las víctimas, ofendidos y testigos en términos del artículo 20 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, del honorable Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a difundir la lista de universidades privadas sancionadas y de las que se ha revocado el reconocimiento de validez oficial por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el documento publicado recientemente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), titulado RVOES federales y programa de fomento a la calidad de las instituciones particulares, se señala que en los últimos seis años se sancionó por falta de calidad educativa a 7 mil 84 programas de licenciatura, maestría, doctorado y especialidades, lo que representa 45.6 por ciento de los programas avalados por la SEP, lo que se constituye en un fraude para estudiantes que salen sin los conocimientos que se requieren, y para las y los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas.
En el balance que hace la dependencia, se informa que entre 2007 y 2012 se presentaron más de 11 mil solicitudes para revalidación de validez oficial de estudios, con el fin de abrir nuevas opciones educativas a nivel superior, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, lo que es más de la mitad de la totalidad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.
Además, de acuerdo a declaraciones del investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Blanco, hay cerca de 921 programas que han sido “cancelados o retirados” entre 2007 y 2012, de los cuales no existe información en la página de Internet del sistema de Revalidación de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOES) de la SEP, y que a pesar de carecer de reconocimiento de validez oficial se siguen ofertando a estudiantes universitarios en diferentes universidades privadas.
Esta situación es claro un ejemplo de lo insuficiente que resultó la “pseudoreforma educativa” que dejo sin tocar a las universidades patito que defraudan a miles de jóvenes universitarios.
Es importante puntualizar que de acuerdo a la fracción III del articulo 55 de la Ley General de la Educación, corresponde a la autoridad educativa, es decir a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales, considerar la procedencia de planes y programas de estudio para autorizar los reconocimientos de validez oficial, y de acuerdo a la información difundida por la dependencia de los más de 27 mil programas autorizados en el país, a nivel federal la SEP autorizó más de 15 mil, por lo que el peso mayor recae en la dependencia a nivel federal.
Además conforme a lo que marca el artículo 56 de la Ley General de Educación establece que “Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos” información que no ha sido difundida oportunamente lo que permite se continúe defraudando a quienes acceden a esos programas. En virtud de ello, es urgente que la SEP difunda por todos los medios, cuáles son las instituciones educativas que han sido sancionadas o a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial.
Es una realidad en México que por la falta de inversión en la educación pública a nivel superior, se ha dado paso a la proliferación de universidades patito que carecen de calidad educativa, y se han convertido en un negocio fructífero a expensas de jóvenes que salen sin los conocimientos que requieren. Muchas se han convertido en un gran negocio y un gran fraude a costillas de miles de jóvenes y padres de familia.
Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a difundir la lista de universidades privadas que han sido sancionadas y a las que se les ha revocado el reconocimiento de validez oficial por tener programas que no cumplen estándares de calidad educativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a respetar los acuerdos y programas emanados del Poder Legislativo federal, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Jaime Bonilla Valdez, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados y en nombre de las y los integrantes de dicha comisión, de la LXII Legislatura y con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el articulo undécimo de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito presentar a la consideración de esta Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que respete los acuerdos de esta soberanía, al margen del desarrollo del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los antecedes, del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, radican en el año 2000, durante la LVII Legislatura en donde se implementó este programa y es hasta la LX Legislatura que se aprueba la implementación de manera permanente, en la pasada legislatura la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, coordinó de manera general dicho programa, mismo que ha tenido como objetivo principal supervisar y vigilar el trato que se le da a nuestros connacionales, por parte de las autoridades y funcionarios en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen durante las temporadas de festividades decembrinas.
En este año, el antecedente de dicho programa surge con la presentación de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por parte del diputado por el estado de Guanajuato, Raúl Gómez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentado el 22 de noviembre de 2012, mismo que la Junta de Coordinación Política aprobó el 6 de diciembre del mismo año para la implementación entre el 12 de diciembre y el 6 de enero de 2013.
Según lo aprobado por la Junta de Coordinación Política, la aplicación de este programa sería en los estados y municipios fronterizos, con alcance en las dependencias del Poder Ejecutivo federal, a todos ellos, se les solicita respetuosamente su colaboración y apoyo mediante las instancias gubernamentales correspondientes, a su vez, se establece en dicho acuerdo, suscribir los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y la determinación para la coordinación en la aplicación de este programa.
De manera específica en el punto segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.
No obstante lo anterior, con fecha 28 de diciembre de 2012, el titular del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, impidió tajantemente el desarrollo del programa en comento, al oponerse a la distribución de información básica sobre los derechos de migrantes y paisanos dentro del territorio nacional, dicha información tiene por objetivo evitar abusos y extorsiones por parte de las autoridades y coadyuvar en el funcionamiento del programa Paisano.
Esta soberanía rechaza las acciones emprendidas por el personal del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, al oponerse al desarrollo del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, prohibiendo el acceso al diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte.
Los integrantes de esta comisión condenamos toda acción que vulnere y trasgreda los acuerdos que la Junta de Coordinación Política, relativo a los programas que benefician a la población, es por ello, que en la pasada reunión de esta comisión, del 9 de enero de 2013; se acordó por unanimidad presentar el presente punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dentro de sus facultades tome las previsiones correspondientes para la atención de los programas emanados de esta soberanía y se le brinden facilidades a los legisladores para el buen desempeño de sus funciones.
Debemos señalar que el aeropuerto de Tijuana se encuentra concesionado al Grupo Aeroportuario del Pacífico, y corresponde a la secretaría en cita.
Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, por mi conducto, nos permitimos poner a con sideración de esta honorable Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a respetar los acuerdos y programas emanados de esta soberanía.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pronuncie de manera enfática en contra de las acciones que atenten contra legisladores y que impidan el desarrollo de los programas aprobados por esta representación social.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que vigile el actuar de los funcionarios y personal adscrito a las terminales aéreas concesionadas, y que se garantice el desarrollo eficiente de los programas emanados del Poder Legislativo federal.
Dado en el salón Legisladores de la República, de la Cámara de Diputados a los 16 del mes de enero de 2013.
Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica) presidente; Amira Griselda Gómez Tueme, María de Jesús Huerta Rea, María del Carmen López Segura, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Lazara Nelly González Aguilar, Lorenia Iveth Valles Sampedro, secretarios; Flor Ayala Robles Linares, Ramon Antonio Sampayo Ortiz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Irma Elizondo Ramírez, María Fernanda Schroeder Verduzco, Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Martha Beatriz Córdova Bernal, David Perez Tejada Padilla, Marcelo Garza Ruvalcaba, Trinidad Secundino Morales Vargas.
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al secretario de Salud que informe sobre las políticas en materia de salud mental, especialmente de las morbilidades no discapacitantes, como la depresión, suscrita por la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El aumento de las enfermedades nerviosas, ya sean de origen neurológico o psicosomático, ha sido un fenómeno creciente a nivel mundial. En tiempos de crisis económica, la incidencia de depresión y/o ansiedad, así como de las adicciones, aumenta exponencialmente y eso implica la acción corresponsable del estado para elevar el bienestar de la población.
Actualmente, se calcula que la depresión afecta a uno de cada diez mexicanos, lo que implica que debe haber once millones en total de personas que presentan este trastorno; se trata prácticamente de una epidemia que debe ser atendida a través de políticas públicas diseñadas para prevenir y controlar el trastorno, atender las crisis y establecer estrategias de rehabilitación desde un enfoque médico y otro terapéutico, pues en algunos casos puede haber una largo proceso de terapia psicológica, pero si se carece de un adecuado diagnóstico de tipo neurológico y/o psiquiátrico, los resultados serán desalentadores.
Uno de los principales efectos de la depresión es que suele presentarse, aunque no de manera exclusiva, en edades productivas, por lo cual su presencia suele generar un círculo vicioso que afecta en primera instancia a las familias, pero también al ámbito laboral y profesional de las personas. A esto habría que añadir que las personas que presentan trastornos como depresión, ansiedad o algún tipo de adicciones suelen ser estigmatizadas y no se tiene conciencia entre la población de que son personas enfermas que requieren intervención médica especializada, algunas veces, de tratamiento farmacológico además de ayuda terapéutica, para salir adelante. La gran mayoría de los casos tiene una prognosis favorable, si la intervención es realizada a tiempo, pero ello depende de la accesibilidad que se tenga a un diagnóstico y el caso es que en México no es fácil lograrlo. Hay estados como Campeche que carecen de un centro de salud especializado o entidades como Baja California Sur en donde sólo hay cinco psiquiatras.
El estrés es el primer detonante de las psicopatologías más comunes y ello se ve potenciado en situaciones de violencia. Es por ello que se precisa de una política pública de salud mental que no sólo atienda las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia o las conductas antisociales u otro tipo de patologías que ameriten una reclusión temporal o parcial para atender a los pacientes. Es necesario atender las patologías que no son completamente discapacitantes en sus etapas tempranas, para evitar que evolucionen en morbilidades que requieran tratamientos más complejos y que mermen por completo las capacidades del individuo para vivir una vida emocional y físicamente sana, que sean productivos para sí y sus familias.
La atención de las morbilidades psiquiátricas requiere de una mayor atención por parte del sector público. Al momento, especialistas1 señalan que el gasto público en salud mental en países desarrollados es de 6.59 por ciento del gasto en salud; en México se destina menos del 1 por ciento, a pesar de que 18 por ciento de las enfermedades que afectan a vida productiva de las personas son de origen neurológico o psiquiátrico.
Existen alrededor de 300 trastornos mentales identificados a escala global; sin embargo, en México existen apenas 3 mil especialistas en el tema. Es necesario tomar conciencia sobre los trastornos mentales y su atención, precisamente para prevenirlos y tratarlos en sus etapas iniciales, ya que ello implicaría para el gobierno una reducción del gasto en tratamientos de larga estancia y, más importante, devolvería la salud a las personas que pueden reintegrarse a sus tareas productivas y a una vida social normal, mediante diagnósticos y tratamientos adecuados.
Es por todo ello que proponemos a través del presente que se solicite al secretario de Salud rinda un informe sobre las políticas públicas en materia de salud mental, especialmente en las morbilidades no discapacitantes como la depresión.
Por lo anterior expuesto, me permito presentar a ustedes los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, a efecto de que informe acerca de las estrategias y programas para la atención de la salud mental, así como la población beneficiada y la prevalencia de morbilidades de tipo neurológico, psiquiátrico, psicológico y emocionales en la población general, sus patrones de distribución en edad y regiones, así como también para que instruya a las áreas competentes para la realización de un censo de enfermedades mentales no discapacitantes con objeto de integrar una política pública de atención a dichas morbilidades.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, a efecto de que instruya a la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental a que rinda a esta soberanía un informe pormenorizado de los logros obtenidos a través del Modelo Hidalgo de Salud Mental, cuáles han sido sus alcances en cuanto objetivos y metas, así como la metodología para la atención de pacientes psiquiátricos y cómo se efectúa el proceso de rehabilitación y reinserción social.
Notas
1. En conferencia de prensa dictada el pasado 6 de septiembre, el psiquiatra Alejando Nenclares, gerente médico de la división de sistema nervioso central de la farmacéutica Pfizer de México y ex investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud, dio a conocer cifras de la salud mental en México. Cfr. La Jornada, 7 de septiembre de 2012, p. 12
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputada María de las Nieves García Fernández
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la CNBV que investigue si la sucursal de Banco Azteca en Matamoros, Tamaulipas, presta servicios de acuerdo con las sanas prácticas bancarias y en el marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Carlos Alberto García González, diputado a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la comisión nacional bancaria y de valores, investigar el servicio de banca y crédito que ofrece la sucursal banco azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy en día es muy común que las personas recurran al crédito como medio de liquidez para solventar distintas necesidades tales como; pagar una deuda, adquirir bienes muebles e inmuebles, realizar una inversión o simplemente colmar la carencia de algún otro satisfactor; esto con la plena conciencia de que cualquier tipo de crédito solicitado va a generar un costo por su uso, que se traduce en algún tipo de interés.
Como sabemos, los bancos son por excelencia los encargados de generar el mayor número de operaciones crediticias, sujetando a los usuarios de sus servicios financieros al pago de diferentes tasas de interés, que van desde las preferenciales hasta las más elevadas, esto dependiendo del tipo y monto del crédito solicitado sumado con otros elementos como son los plazos de pago.
Dadas las características de este tipo de operaciones crediticias, existe un organismo encargado de salvaguardar la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad, este organismo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta entre otras facultades con las de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.
Es la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la que faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la entidad reguladora del cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades financieras y para expedición de disposiciones adicionales tendientes a lograr los propósitos de la ley; pudiendo dicha institución establecer las tasas máximas y mínimas de las comisiones y tarifas por los servicios que presten dichas entidades. Obligando que los montos de las comisiones que por sus servicios cobran las entidades financieras, sean en todo momento acompañados por la publicidad e información provisional del producto de que se trate y por cualquier medio publicitario que se utilice de manera comprensible al público.
No obstante lo anterior, hoy en día existen algunas entidades financieras que han dejado de cumplir con las buenas prácticas bancarias, creando una situación de desventaja en perjuicio de los usuarios de servicios y productos financieros, lo cual ha desembocado en quejas y reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que es la institución pública encargada de atenderlas.
Cifras publicadas por la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revelan que hay instituciones con más de cien asuntos de quejas y reclamaciones recibidas durante el año de 2011, que han sido sancionados con multas por esa comisión, ocupando los servicios de Banca Múltiple el segundo lugar en número de multas impuestas.
Es por ello que hoy ante ustedes compañeros diputados, vengo a exponer la situación de abuso de la que son objeto los usuarios de servicios y productos financieros de la sucursal de Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Las quejas de los usuarios es por el cobro de exageradas comisiones acompañado de malos tratos e insultos por parte de las personas encargadas de realizar dichos cobros quienes realizan llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche a los domicilios de los usuarios; señalan los afectados que se presentan casos en los cuales, de presentarse un atraso en el pago de la anualidad de los servicios financieros prestados por el banco, el adeudo se incrementa a tal grado que llega a duplicarse su monto original y al realizar el pago de la deuda éste alcanza únicamente para cubrir intereses moratorios.
Estos datos son corroborados con datos registrados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues simplemente en el año de 2011, Banco Azteca ocupa el primer lugar en sanciones impuestas por incumplimiento a la Ley de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tal como se muestra en la siguiente imagen:
En efecto, tal como lo revela la imagen arriba inserta Banco Azteca encabeza la lista del índice de sanciones por incumplimiento a la ley de la Condusef con un porcentaje del 1.9 por ciento , lo cual resulta demasiado elevado tomando en cuenta que el promedio por sector es del 0.5 por ciento.
Bajo este contexto, considero que a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan el sistema financiero, las entidades deben cumplir debida y eficazmente con las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros y en caso contrario la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la suspensión de operaciones de Banco Azteca, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la ley aplicable.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro de sus respectivas atribuciones investigue el servicio de Banca y Crédito que ofrece la sucursal Banco Azteca en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tomando en cuenta la información que la Condusef reporta al público al respecto, a fin de determinar si la actividad de banca múltiple que presta dicha institución bancaria privada, se realiza acorde con las sanas prácticas bancarias y dentro del marco de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que una vez teniendo los resultados de la investigación, se proceda a realizar la supervisión y seguimiento pertinente sobre el cobro de comisiones y cuotas interbancarias que lleve a cabo la entidad financiera Banco Azteca, SA, Institución de Banca Múltiple en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, en términos de la legislación aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat a evaluar los permisos otorgados a las transnacionales sobre la siembra de maíz transgénico, a fin de que se implanten medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, suscrita por los diputados Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Cámara de Diputados, -y dado que se ha hecho caso omiso a los tres puntos de acuerdo emitidos en esta Legislatura relativos al tema de transgénicos- el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, y suscribe la diputada Alfa Eliana González Magallanes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Revisando los tres puntos de acuerdo relativos al tema de transgénicos, presentados en este recinto los días 25 de octubre, 20 y 22 de noviembre por los diputados José Antonio León Mendívil (Partido de la Revolución Democrática), Sergio Torres Félix (Partido Revolucionario Institucional) y por la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (Partido Revolucionario Institucional), respectivamente, y que a la fecha, se encuentran en status pendiente en las Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riesgo; Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diputada Alfa Eliana González Magallanes y yo compartimos la preocupación por la protección del maíz, los campesinos, el ambiente y la salud de los mexicanos.
II. Las empresas Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dow Agroscience y Bayer han solicitado permiso para la siembra a escala comercial de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, las solicitudes abarcan la totalidad del territorio cultivable de dichos estados. Los transgénicos en nuestro país son una realidad, sin embargo, numerosos estudios demuestran que pueden significar un riesgo para la salud y la afectación del medio ambiente.
III. Greenpeace denuncio ante el órgano interno de control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a los funcionarios Alfonso Flores, actual director de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental y Mauricio Limón, ex subsecretario de gestión para la protección ambiental, por dejar sin efectos las opiniones de los expertos al firmar los permisos de siembra de soya y maíz genéticamente modificados.
Cabe mencionar que el pasado 29 de noviembre, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Elvira Quesada, modificó el artículo 27, fracción XX, del Reglamento Interior de la Institución, cerrando con ello la relación vinculatoria del análisis y la evaluación del riesgo de los cultivos transgénicos y la autorización de los permisos al campo mexicano en detrimento de las investigaciones provenientes del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Seguridad Alimentaria.
• Anterior Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006).
Artículo 27. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:
XX. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión técnica vinculante , análisis y evaluación de riesgo del Instituto Nacional de Ecología , de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
• Nuevo Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012).
Artículo 28. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:
XVII. Emitir el dictamen de bioseguridad cuando se trate de los permisos de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial de organismos genéticamente modificados, competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión técnica, análisis y evaluación de riesgo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y, en su caso, opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Con la desregulación del maíz transgénico para comercialización se incrementará la capacidad de inserción de transgenes en las poblaciones de maíz en México trayendo consigo serias implicaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales para la conservación del maíz nativo en los centros de origen, domesticación y diversificación, debido a las patentes involucradas en las secuencias transgénicas.
IV. En varios países del mundo se han prohibido los cultivos transgénicos, debido al severo cuestionamiento sobre la inocuidad de dicha tecnología, su impacto en el ambiente y la salud una vez desarrollados.
Nuestro país no es sólo la cuna del maíz, segundo cereal más importante a nivel mundial, sino también es uno de los centros de origen y diversificación de semillas, un reservorio de diversidad genética sumamente necesario para mantener su producción frente a nuevas plagas y los extremos del clima, por ello el gobierno, a través de los titulares de las secretarías mencionadas, están obligados a seguir las medidas de seguridad pertinentes a fin de no arriesgar uno de los principales productos de consumo de la población mexicana.
Al introducirse los transgenes patentados en las plantas de maíz, se genera semilla nativa que se convierte en transgénica, por lo que entra en el ámbito de la propiedad intelectual y se sujeta a las reglas de las leyes de propiedad industrial en México. En un escenario de esa magnitud se proyecta que si los transgenes contaminan los maíces nativos de los centros de origen en México, nuestro maíz correrá el riesgo de ser privatizado.
México tiene otras alternativas para enfrentar el déficit en la producción de maíz sin recurrir a plantaciones de maíz transgénico. La verdadera solución ante la crisis del clima y, por ende de alimentos, está en la gran diversidad de razas y variedades de maíces mexicanos. México puede dejar de depender de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, sin adquirir una nueva dependencia a las semillas de las empresas transnacionales.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Se exhorta al licenciado Enrique Martínez Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al ingeniero Juan José Guerra, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para:
Primero . Realizar una evaluación de los permisos que se han otorgado para la siembra de maíz transgénico en nuestro país a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience y, en su caso, revocar, negar y evitar aquellos que atenten contra la tierra, la producción y la salud de los mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Segundo . Implementar medidas e incentivos a fin de promover estrategias que protejan la diversidad del maíz y preserven las semillas nativas, evitando con ello, que se vuelvan dependientes de las transgénicas y, en consecuencia, reducir los riesgos de contaminación que traen consigo para las cosechas, lo cual ha sido constatado por numerosos estudios a nivel mundial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputados: Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara a adecuar los programas de vivienda rural implantados en Urique, Chihuahua, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las condiciones de pobreza extrema en la que viven las y los indígenas tarahumaras o rarámuris, son conocidas internacionalmente, lo alejado que se encuentran las comunidades en las que habitan, provoca que a diario recorran cientos de kilómetros para conseguir agua, alimento, productos básicos y servicios médicos, si es que los hay.
Tal es el caso del municipio de Urique, Chihuahua, en donde entre las altas montañas y profundas barrancas, se pueden encontrar familias completas viviendo en cuevas, las cuales no miden más de diez por dos metros, esto en pleno siglo XXI.
Por otro lado, el clima es un factor determinante en esta región, ya que en épocas de calor, principalmente en los meses de abril a septiembre, se alcanza los 50 grados centígrados y ni qué decir de la temporada invernal, en donde la temperatura desciende hasta diez grados bajo cero, provocando intensas heladas, e importantes decesos entre sus habitantes.
Como ejemplo, en pasados días las nevadas registradas en la Sierra Tarahumara, dejaron incomunicadas al menos 150 comunidades, según datos de la Unidad Estatal de Protección Civil, provocando que los cuerpos de auxilio enviaran apoyo a las personas que habitan la zona.
No olvidemos que la mayoría de estas familias no cuentan ni con lo más mínimo para vivir día con día, a pesar de que el municipio es gran productor de oro y que aporta 70 por ciento de lo que se extrae en Chihuahua, las ganancias son para las empresas extranjeras y no para sus habitantes.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, Urique está dentro de los diez municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH) de la república, lo cual representa tener niveles comparados con países africanos como Namibia o Botswana.
Esto es claro ejemplo de que no se ha entendido a los pueblos indígenas, que por la marginación causada por el mismo gobierno, carecen de los servicios más elementales para contar con una vida digna y que son considerados como derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales y –en teoría– garantizados por nuestra Constitución.
A pesar de que el gobierno del estado ha implementado algunos programas de vivienda rural como Haz tu casa, en los que se les proporciona el material necesario, las familias tienen que recorrer largos y difíciles caminos para transportar lámina, puertas, ventanas y blocks de adobe.
“La Coordinadora Estatal de la Tarahumara apoyó a mil 200 familias indígenas del estado con los implementos necesarios para que edificaran un par de cuartos, y no tuviesen que vivir en cuevas, casas de cartón o en la intemperie.”
Algunas personas decidieron construir en los lugares más altos, lo cual resulta inaccesible para vehículos e incluso para animales, por lo que se tienen que cargar los materiales y dar decenas de vueltas.
Quienes pasaron semanas enteras de caminatas y construyendo una “vivienda digna”, recibieron un bono de tres mil pesos para comprar alimentos y víveres, pero siguen sin contar con una cama donde dormir o una mesa donde comer.
Quienes, por su parte, no se vieron beneficiados con dicho programa aún duermen y comen a la intemperie, y como la gran mayoría no tienen agua, por lo que se bañan en el río.
Algo que tienen en común quienes habitan la zona, son las sequías producidas por las altas temperaturas, por lo que se alimentan de frutos que recolectan a los alrededores y cuando existen las condiciones necesarias siembran principalmente maíz y frijol para autoconsumo.
Corresponde, en este caso, al gobierno estatal y municipal echar a andar programas de mayor alcance, acordes a las particularidades de cada localidad, de cada comunidad y de esta forma poder incrementar los niveles en la calidad de vida de las y los indígenas.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, perteneciente al gobierno del estado de Chihuahua, a adecuar los programas de vivienda rural implementados en el municipio de Urique.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe del estado que guardan las obras de reparación de la carretera federal 15, México-Nogales, suscrita por los diputados Ricardo Cantú Garza y Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Jaime Bonilla Valdez, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados y en nombre de las y los integrantes de dicha comisión, de la LXII Legislatura y con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el articulo undécimo de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, se permite presentar a la consideración de esta Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe el estado que guardan los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15, en Sonora
Exposición de Motivos
Sonora ofrece oportunidades reales de desarrollo económico y sustentable, debido a sus fronteras con los estados de Arizona y Nuevo México que facilitan múltiples negociaciones con Estados Unidos de América.
Sonora, es la segunda entidad federativa más grande del país, y representa el 9.2 por ciento de la superficie total del territorio mexicano. Su extensión territorial es de 184 mil 900 kilómetros cuadrados y su límite fronterizo con los Estados Unidos de América comprende una extensión de 588 mil 199 kilómetros.
En esta entidad se ubica el tramo carretero de cuatro carriles de la carretera federal 15 México-Nogales, también conocida como “Carretera Internacional” en la cual, debido a las obras de reparación y la falta de señalamientos en la misma, se han presentado múltiples accidentes que terminaron con la vida de varias personas.
Pese a que esta carretera recorre gran parte de México –desde la frontera con los Estados Unidos hasta la Ciudad de México– y por ello es considerada como una de las más importantes del país, esta carretera ya es comúnmente conocida como la “carretera de la muerte”.
Esta cinta asfáltica, inició formalmente sus operaciones el 1 de julio de 1989 con una longitud de 459 kilómetros y 6 casetas de cobro distribuidas a lo largo del territorio de Sonora.
Por consiguiente, los usuarios de esta vía de comunicación han denunciado la pésima situación de la misma así como los elevados costos que representa el transitar por ella, ya que las malas condiciones de la carpeta asfáltica, baches, grietas y la ausencia de acotamientos adecuados, provocan daños a los vehículos que provocan accidentes, por ende, las cuotas de peaje no se ven reflejadas en la mejora de la infraestructura o rehabilitación de esta.
Las condiciones en las que actualmente se encuentra esta carretera, se ha traducido en una ineficiencia por parte de las autoridades y que se ven reflejadas en las pérdidas de muchas vidas humanas.
En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición atiende una justa exigencia ciudadana y por ello resulta menester que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta Soberanía cuánto tiempo durarán trabajo de operación y mantenimiento de esta vía.. Asimismo se deben instalar, a la brevedad, un mayor número de señalamientos para solventar las especificaciones de seguridad requeridas y evitar que se sigan suscitando accidentes.
Es competente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer del asunto, debido a que el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal manifiesta:
Artículo 36. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;
...
De igual forma, la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal asevera en su artículo 5, fracciones I y II:
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:
I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;
II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;
...
Además el artículo 22 de este ordenamiento jurídico establece que este tipo de construcciones son de utilidad pública:
Artículo 22. Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los interesados, efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación aplicable.
En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de la secretaría.
Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales.
Por lo expuesto y fundamentado, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía cuánto tiempo durarán los trabajos de rehabilitación de la carretera federal 15 México-Nogales, específicamente en el tramo cuatro carriles.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale, a la brevedad, los señalamientos necesarios que permitan solventar las especificaciones de seguridad requeridas para evitar que se sigan suscitando diversos accidentes en el tramo carretero de referencia.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica) presidente; Amira Griselda Gómez Tueme, María de Jesús Huerta Rea, María del Carmen López Segura, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Lazara Nelly González Aguilar, Lorenia Iveth Valles Sampedro, secretarios; Flor Ayala Robles Linares, Ramon Antonio Sampayo Ortiz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Irma Elizondo Ramírez, María Fernanda Schroeder Verduzco, Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Martha Beatriz Córdova Bernal, David Perez Tejada Padilla, Marcelo Garza Ruvalcaba, Trinidad Secundino Morales Vargas.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a garantizar que los planes tarifarios de las compañías de telefonía celular incluyan la protección antivirus para los equipos que permitan el acceso a Internet, suscrita por el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abraham Montes Alvarado, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los avances tecnológicos de la última década han permitido que los equipos de telefonía celular sean utilizados en muchas otras aplicaciones, además de solamente para realizar y recibir llamadas. En la actualidad, estos equipos son más que un simple teléfono, se trata de instrumentos altamente sofisticados que nos permiten enviar y recibir correos electrónicos, editar documentos, funcionan como sistemas globales de navegación por satélite y posibilitan el acceso a múltiples servicios a través de Internet.
En razón de lo anterior, se almacenan en la memoria de estos dispositivos diversos tipos de datos que tienen el carácter de confidencial.
En México, durante el primer trimestre de 2012, el número de líneas móviles alcanzó 95.1 millones, lo que implicó un crecimiento de 1.1 millones respecto a finales de 2011, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU)1 . Durante el mismo periodo de tiempo se duplicó el uso de teléfonos inteligentes (58 por ciento) para conectarse a Internet respecto a 2011 (26 por ciento), según cifras de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
Las cifras anteriores, nos muestran un panorama de cambio de hábitos de los internautas, que nos hace deducir que el sector de bienes y servicios deberá adecuar sus productos a las nuevas modalidades que el mercado está imponiendo. En este orden de ideas, el rápido crecimiento de los teléfonos inteligentes y la inmadurez de los usuarios, hace de América Latina un paraíso para el robo de datos personales.
El principal medio por el que se da la sustracción de datos es la descarga de archivos que simulan ser aplicaciones gratuitas, juegos, fotos, música, pornografía, actualizaciones de software y promociones atractivas que tienen la capacidad de robar información almacenada en el celular, enviar mensajes de texto sin tu autorización y robar contraseñas, entre otras cualidades. Estos archivos necesitan ser instalados por el propio usuario para poder concretar el ataque.
Si bien hasta ahora no existen cifras exactas sobre este tipo de ataques, debido a que se trata de una modalidad reciente de sustracción de datos personales, la tendencia de ataques crecerá en la medida que incremente el número de usuarios de teléfonos inteligentes.
Es cierto que estos dispositivos presentan mayor resistencia a los virus informáticos que los equipos de cómputo, no obstante lo anterior, no quiere decir que sean inmunes, por ello, es recomendable, además de medidas como la activación de contraseñas, el uso restringido de dispositivos de bluetooth y la descarga de aplicaciones desde sitios seguros, la adquisición de herramientas de protección como el uso de antivirus.
Los teléfonos inteligentes requieren de un manejo precavido, y en la medida que los usuarios conozcan la forma en la que viaja la información, se incrementarán las medidas de protección que tomarán los usuarios hacia sus datos personales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Comunicaciones, a efecto de garantizar que en los planes tarifarios que ofrecen las compañías de telefonía celular, venga incluida la protección antivirus para los equipos de telefonía móvil que permitan el acceso a Internet.
Notas
1. The Competitive Intelligence Unit es una firma de consultoría e investigación de mercado de alcance regional y con amplia experiencia en las comunicaciones, infraestructura y tecnología.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a elaborar un programa estratégico de seguridad eficiente para atender la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto, suscrita por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y diputado Fernando Rodríguez Doval, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8o., fracción I, 164, numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a elaborar un programa estratégico de seguridad eficiente para atender la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la Ciudad de México, al tenor de los siguientes
Consideraciones
Desde que la Ciudad de México es una metrópoli se ha convertido en una entidad con problemáticas complejas, de distintas índoles, entre ellas la comisión de delitos de alto impacto, como el homicidio, el cual ha sido una asignatura pendiente por las autoridades encargadas del gobierno de la Ciudad de México.
Con los 13 homicidios ocurridos en un lapso de 18 horas durante el fin de semana, el número de muertes se incrementó casi 100 por ciento en la ciudad, de acuerdo con el fiscal central de Investigación de la Procuraduría capitalina, Guillermo Terán Pulido quien refirió:
El promedio diario de homicidios que teníamos, de acuerdo con los últimos reportes de estadística institucional, son alrededor de siete, pero ponderando la población fluctuante del Distrito Federal.
El fiscal confirmó 13 asesinatos, pese a que, haciendo el recuento, se contabilizan 14, también precisó:
No hay ninguna relación con los homicidios: todos son hechos aislados, todos son hechos diferentes.
Durante la noche del viernes, y la madrugada y la tarde del sábado se registraron hechos violentos que causaron la muerte de 14 personas.
El primer crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes, cuando dos hombres fueron hallados muertos en un camino de terracería en Tláhuac.
En la madrugada del sábado ocurrieron más asesinatos. En la colonia Agrícola Oriental, dos individuos fueron ultimados. En Iztapalapa, dos jóvenes murieron acribillados tras una riña, y en el centro histórico un hombre murió durante un asalto.
En la mañana, en un módulo deportivo, en Gustavo A. Madero, fue hallado muerto un hombre, con golpes en la cabeza.
Ya en la tarde del sábado, una disputa en la colonia Las Águilas, en Álvaro Obregón, dejó dos víctimas más. En Iztapalapa, un hombre en la colonia Renovación mató a tiros a tres trabajadores de un negocio de recolección de desperdicios industriales.
El último crimen ocurrió a las 17:00 horas en la colonia Valentín Gómez Farías, en Venustiano Carranza, donde un conductor que discutía con ambulantes les disparó y causó la muerte de una mujer.
De los datos anteriores se desprende que si bien los hechos acontecidos el pasado fin de semana no tienen conexión entre sí, permiten arribar a una conclusión: no hay seguridad suficiente en la ciudad, pues ninguna autoridad encargada de la seguridad pública evitó que se consumaran los lamentables hechos en distintos puntos del Distrito Federal.
Eso habla de que los ciudadanos están desprotegidos, debido a la falta de cobertura y eficiencia de los elementos de seguridad pública. En tal virtud, se hace necesario reflexionar sobre la estrategia de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera.
Ante tales consideraciones, es preciso que desde esta soberanía se solicite al gobierno de la ciudad que implante urgentemente medidas que permitan garantizar la paz y el orden públicos, salvaguardando la seguridad y el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos.
En mérito de ello, los proponentes estimamos necesario que se implante un programa de acción para atender y combatir los delitos de alto impacto, así como dotar de incentivos a los elementos policiacos encargados directamente del combate de la delincuencia y que sean capacitados especialmente para la atención de delitos de alto impacto a todos los involucrados en los temas de seguridad pública y no sólo a los agentes encargados de combatir directamente la delincuencia sino también a los encargados de la administración y procuración de justicia, como los ministerios públicos y la policía de investigación.
Aunado a lo anterior, es necesario que los centros de readaptación sean verdaderamente una alternativa social para que quienes ingresen por la comisión de un delito se conviertan en personas útiles y de bien para la sociedad, que su estancia no sea sólo costosa e inútil, ya que cada preso nos cuesta a los ciudadanos en promedio 40 mil pesos anuales y normalmente su ingreso en estos centros de readaptación sólo genera mayor perversidad en quienes egresan de los llamados “universidades del crimen”.
En consecuencia, se someten a consideración de esta soberanía los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa estratégico de seguridad pública para la atención y el combate de los delitos de alto impacto.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a implantar estrategias de profesionalización y dignificación de la policía capitalina que contenga mecanismos e incentivos como aumento salarial para los elementos policiacos y capacitación continua para atender situaciones de riesgo y combate de delitos de alto impacto, como el homicidio, el secuestro, extorsión y robo con violencia.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a generar en materia de procuración de justicia un sistema de capacitación, control constante y mejora en la eficiencia de los agentes del Ministerio Público y policías de investigación en delitos considerados graves.
Cuarto. Asimismo, se exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal a generar un programa de modernización de los esquemas de readaptación social en los reclusorios de la Ciudad de México.
Dado en el salón de sesiones, a 16 de enero de 2013.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)
Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNBV información sobre créditos contratados con estados y municipios, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos sexto y undécimo del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
1. Origen del problema de la deuda de las entidades federativas y los municipios
El endeudamiento de las entidades federativas y municipios puede ser una estrategia valiosa si se emplea como una herramienta para apalancar la inversión pública productiva que detone el crecimiento, siempre y cuando existan las fuentes de ingreso para soportarlo. Sin embargo, cuando la deuda no se utiliza para proyectos de inversión, si se contrata sin transparencia y rendición de cuentas y desobedece al equilibrio ingresos-egresos, puede generarse una falla estructural.
El problema de la deuda de los estados y municipios tiene su origen y explicación multifactorial en1 :
• La crisis económica y financiera de 2008-2010 que impactó negativamente a la Recaudación Federal Participable (RFP), cuya disminución fue de 11 por ciento en 2009 con respecto a 20082 . En consecuencia, fueron necesarios los créditos de corto plazo para hacer frente el gasto corriente. En el ejercicio fiscal 2009 las participaciones federales tuvieron una reducción nominal de 47.7 mil millones de pesos respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.
• La reforma hacendaria de 2007 (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Ley de Coordinación Fiscal) recortó el acceso a recursos adicionales de las entidades federativas y municipios dado que se fijaron reglas para la determinación del precio del petróleo, se modificaron las fórmulas de distribución de recursos, se reguló el destino y uso de los excedentes petroleros y se creó el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF).
• La epidemia de influenza provocada por el virus A(H1N1) y los desastres naturales que movieron a algunas entidades a endeudarse para hacer frente a la emergencia y la devastación.
• Esquemas pari passu que demandan inversión de recursos por parte de los gobiernos locales para otorgar acceso a los fondos federales, lo que también ha provocado que las entidades se endeuden.
• Posible irresponsabilidad financiera de los funcionarios de los gobiernos a la hora de estimar las reducciones a los presupuestos o prever escenarios de restricción en el gasto, dada la crisis económica y financiera.
2. Evolución de la deuda de las entidades federativas y los municipios
Actualmente, no se cuenta con información pública completa y detallada de la deuda de las entidades federativas y municipios ya que sólo se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la deuda de largo plazo, no así la de corto plazo y de los pasivos pensionarios como los pagos pendientes a proveedores y préstamos quirografarios, por ejemplo. En los próximos años, esta situación deberá corregirse con la recién aprobada Ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga a todos los órdenes de gobierno a la transparencia y rendición de cuentas, pero es pronto para advertir sus resultados.
Los préstamos bancarios (con plazos menores a un año) son utilizados por los estados para conseguir liquidez inmediata y cubrir algunos faltantes en sus presupuestos; en muchos casos no son reportados en su totalidad a las autoridades, ni se necesita la autorización de los congresos locales. El gobierno federal estima que el monto de la deuda de corto plazo excede en 10 por ciento sus cálculos de la deuda total3 . Por su parte, los pasivos de los sistemas de pensiones estatales representan 12 por ciento del producto interno bruto (PIB)4 versus 2.7 por ciento de la deuda estatal y municipal de largo plazo5 .
No obstante que la deuda pública de las entidades federativas y municipios registrada ante la SHCP (deuda de largo plazo) en términos relativos al PIB no es tan alta (2.7 por ciento a junio y 3 por ciento a septiembre de 2012), ésta representó 11 por ciento del presupuesto de egresos de la federación en 2012 y se duplicó en los últimos 4 años al pasar de 203 mil 070 millones de pesos en diciembre de 2008 a 404 mil 409 millones en junio de 2012 y 406 mil 764 millones de pesos en septiembre de 20126 . En ese sentido, la deuda como porcentaje del PIB aumentó 1 punto porcentual de 2008 (1.7 por ciento) a 2012 (2.7 por ciento).
Con un afán comparativo, es importante señalar que la deuda de las entidades federativas y municipios representa más de 76 por ciento del presupuesto educativo en 2012, o bien, representa más de la mitad de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que ascendían a 808 mil 265 millones de pesos en septiembre de 2012 (5.14 por ciento del PIB), según datos del instituto, e implica que cada mexicano debe pagar más de tres mil 500 pesos para saldar esa deuda.
La deuda se paga a través de ingresos propios, aportaciones y participaciones federales, siendo que los primeros son muy reducidos y las últimas (principal fuente de ingresos de los gobiernos) tienen destino asignado. Por tanto, las entidades federativas y municipios dependen de las participaciones federales, que se han convertido en la principal garantía de los créditos. Para 2008 la deuda representaba 50.7 por ciento de las participaciones y para junio de 2012 ya alcanzaba 80.1 por ciento, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con lo expuesto, se hace evidente la falta de incentivos para aumentar la capacidad de tener ingresos públicos y la citada dependencia de las transferencias federales.
Este hecho es preocupante porque en los últimos cuatro años las entidades federativas se han enfrentado a una reducción en la recaudación federal participable (RFP). En noviembre de 2012 se estima que se encontraba en 0.8 por ciento por debajo de su nivel de 2008. Aunado a lo anterior, la modificación de la mecánica de distribución de participaciones que entró en vigor en 2008, también impactó las participaciones federales que reciben las entidades federativas; de tal manera que para el periodo enero-noviembre de 2012, 19 entidades federativas (considerando al Distrito Federal) cuentan con un monto menor de recursos por dicho concepto en términos reales respecto a 2008. El impacto negativo de las nuevas fórmulas está altamente concentrado en unas pocas entidades federativas (Distrito Federal, Tabasco, Sonora) y la ganancia está también concentrada en sólo unas cuantas (estado de México, Guanajuato, Puebla), sin que existan mecanismos para compensar, por lo menos parcialmente, este efecto.
Del saldo total de la deuda pública (406 mil 764.6 millones de pesos a septiembre 2012), 357 mil 133.2 millones de pesos corresponden a las entidades federativas (88 por ciento) y 49 mil 631.1 millones a los municipios (12 por ciento)7 . Las entidades federativas con mayor incremento absoluto en su endeudamiento de 2008 al tercer trimestre de 2012 son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán8 . La mayor exposición de deuda (porcentaje PIB estatal) está en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz9 .
Aunque la deuda es relativamente pequeña en los municipios (0.3 por ciento de PIB versus 2.7 por ciento de PIB de las entidades federativas) ésta creció más en los últimos 7 años (19.2 por ciento promedio anual versus 11.8 por ciento de las entidades federativas, pesos reales) y está muy concentrada ya que 2.3 por ciento de los municipios endeudados (22) representan 50 por ciento de la deuda total municipal. Los municipios más endeudados al segundo trimestre de 2012 son Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez, y la deuda municipal con mayor exposición se sitúa en Tonalá, Cuernavaca, Benito Juárez, Tlaquepaque y Tlajomulco10 .
Destaca también que del total de la deuda (septiembre 2012), 246 mil 103.4 millones de pesos (60 por ciento) es de la banca comercial, 87 mil 953.8 millones de pesos es de la banca de desarrollo (21 por ciento) y 58 mil 612.3 millones de pesos (14 por ciento) de emisiones bursátiles11 .
Diversas calificadoras han comentado y dado su opinión sobre la deuda de las entidades federativas y municipios. Han manifestado que el sobreendeudamiento no es aún un problema sistémico, sino focalizado en algunos estados con deudas muy altas. Fitch Ratings señala que el sobreendeudamiento de los gobiernos locales en México es un fenómeno aislado ya que 63 por ciento del incremento en la deuda pública se concentra en 7 estados y los 4 casos de impago registrados en 2012 fueron municipios. Moody’s suscribe esta postura pero señala que es preocupante que la deuda de algunos estados ya esté por encima de 30 por ciento de sus ingresos.
Por su parte, el principal foco de atención del análisis para Standard and Poor´s y Moody’s se centra en el crecimiento de la deuda pública de los gobiernos locales, especialmente durante los últimos 4 años, en los que pasó de 203 mil 100 millones de pesos a 404 mil 400 millones de pesos porque el crecimiento desmedido de la deuda de los estados puede deteriorar su capacidad de pago.
Tanto para Moody’s como para Fitch Ratings, los financiamientos a corto plazo representan el principal riesgo para la capacidad de pago de los gobiernos locales debido a que no están respaldados por transferencias federales y el manejo de los créditos es poco transparente. Además, resulta preocupante la tendencia a la baja en el gasto público en inversión, desde 2006, y el incremento en el gasto corriente. En este contexto, Moody’s señala que es necesario poner especial atención en la implementación de medidas de racionalización y planeación del gasto en los gobiernos estatales y municipales.
3. Algunos casos en el nivel internacional y nacional
La deuda de los estados puede representar un riesgo real para la estabilidad de los indicadores macroeconómicos nacionales, especialmente si la mayoría de las entidades enfrentara altos porcentajes de endeudamiento. El caso reciente de Jalisco, tiene que ser revisado a la luz de casos internacionales como el de Minas Gerais, en Brasil, y el reciente caso de España, que ha llevado a las autoridades españolas a adoptar una serie de medidas de vigilancia específicas y especiales a las entidades financieras españolas.
En diciembre pasado, la calificadora Fitch Ratings México anunció la baja de la nota crediticia de Jalisco a través de su portal web, argumentando que “era de su “conocimiento que no se cumplió en tiempo y forma con el pago de capital de un crédito contratado con el Banco Interacciones por mil 400 millones de pesos, con vencimiento el 21 de diciembre de este año”. Así las cosas, la agencia modificó la calificación que hasta antes del 24 de diciembre era de A+(mex), es decir, “alta calidad crediticia” a D(mex), “incumplimiento”. Otros 13 créditos del gobierno estatal, solicitados entre 2005 y 2011, que dan un saldo total de 10 mil 962 millones de pesos, se colocaron con “observación negativa”.
Ante el eventual impago de un estado: (1) existe la posibilidad de que otros estados imiten la medida, provocando una reacción en cadena, lo que comprometería la solvencia de las entidades financieras que prestaron. (2) Existe el riesgo de que el impago de los estados sea interpretado por las calificadoras y los mercados como el preludio de un impago en la deuda nacional, generando presiones adicionales sobre el tipo de cambio y dificultando el financiamiento del gobierno federal en los mercados de valores.
4. Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre endeudamiento
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a México poner límites a los niveles de endeudamiento de los estados y municipios. Lo anterior se incluye en el documento México: mejores políticas para un desarrollo incluyente , mismo que forma parte de la serie Mejores Políticas. En particular en el artículo 3, “Desafíos fiscales en el corto y mediano plazo”.
La OCDE menciona que proporcionar mayor información sobre la deuda y las obligaciones contingentes de los estados y los municipios contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y a vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En 2012, la OCDE señala en Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México , que las finanzas públicas nacionales son sanas, pero no facilitan un flujo de financiamiento suficiente para las políticas sociales y las políticas promotoras del crecimiento.
5. Preocupación por la contratación de créditos
En abril de 2006, durante el Primer foro de deuda estatal y municipal , la Asociación de Banqueros de México (ABM) destacó que si bien el nivel de endeudamiento de estados y municipios como proporción del PIB es bajo en comparación a países emergentes, el desarrollo del mercado bursátil de estados y municipios aún tiene un gran camino por recorrer. También se subrayó la importancia de contar con normas prudenciales sobre el uso de la deuda pública.
En su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 23 de junio de 2011, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) analizó dos temas que pesan sobre la estabilidad del mercado financiero nacional: a) el deterioro de la situación en Europa, particularmente la fragilidad en las finanzas de Grecia; y b) el rápido crecimiento de la deuda de algunas entidades federativas.
En lo que se refiere a la situación crediticia de las entidades federativas, de los municipios y de sus organismos descentralizados, el consejo expuso que:
“De acuerdo con el Registro de Obligaciones Financieras y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el endeudamiento de estas entidades se ubicó en 314 mil 428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. Sin embargo, la información preliminar sobre este endeudamiento proporcionado para la misma fecha a las autoridades financieras por los propios intermediarios financieros y a la emisión de valores, sitúa dicha cifra en 363 mil 422 millones de pesos. Tratándose del endeudamiento por entidad federativa, en algunos casos éste es hasta 3.5 veces superior al manifestado en el registro. Lo anterior obedece a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los endeudamientos que generan afectación a sus participaciones.
Sobre este tema y después de una amplia consideración, el consejo propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adoptar diversas medidas para generar incentivos que permitan mejorar la transparencia y propiciar políticas fiscales prudentes en las entidades federativas a través, entre otras, de modificaciones a la regulación bancaria en materia de creación de provisiones y reservas.”
En los últimos años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mejorado las metodologías para la calificación y reserva de los créditos que otorgan las instituciones financieras en el país, en especial, a los créditos otorgados a entidades federativas y municipios. En 2011, entró en vigor la nueva metodología para el cálculo de reservas de la cartera de créditos a estados y municipios, así como cambios contables en lo referente a cartera de crédito, con el objetivo de precisar el tratamiento aplicable a las reestructuras y renovaciones que realizan las instituciones de crédito.
Entre las modificaciones destacan la incorporación al Buró de Crédito en el criterio de evaluación de riesgo, se da mayor sensibilidad al riesgo en el proceso de generación de reservas y la alineación de los incentivos basada en las pérdidas esperadas de la cartera.
Con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, el Grupo Parlamentario del PRD formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 10 estados y los 20 municipios que mayor riesgo presentan en lo que se refiere a deuda pública, así como los motivos por los cuales se les considera riesgosos a cada uno de ellos?
La respuesta de la SHCP fue que la contratación y manejo de la deuda pública de entidades federativas y municipios se rige conforme al artículo 117 constitucional, y, lo más importante, es que reconoce que: a) los actos relativos solamente competen a entidades federativas y municipios por lo que su deuda no es deuda contingente del gobierno federal y que al gobierno federal no le corresponde generar métricas de riesgo de impago, pues esa labor les corresponde a las agencias calificadoras y las instituciones crediticias, quienes utilizan la información que proporcionan las propias entidades federativas y municipios solicitantes del crédito y que sólo poseen la información sobre la contratación de deuda pública que afecta participaciones o aportaciones federales (Ramo 28 y Ramo 33).
En 2008 se dijo que la crisis económica era un “catarrito”. Hoy hay que realizar un análisis integral de las finanzas públicas estatales y no mantenerse al margen de la severa situación financiera que viven muchos estados y municipios. El problema no se puede reducir a la indisciplina fiscal, malos manejos de carácter individual o ilegalidades personales de servidores públicos. Un diagnóstico más profundo nos obliga a reconocer y atender el problema del sobreendeudamiento, observando que su origen está en el gradual debilitamiento que desde 2008 padecen las finanzas públicas estatales. Hay que proponer medidas para evitar que este problema se convierta en uno estructural y trabajar para eliminar el sobreendeudamiento y la fragilidad fiscal de estados y municipios.
Además, hay que revisar los casos para castigar a los responsables de abusos y excesos que pusieron en riesgo las finanzas públicas estatales y municipales, de conformidad con la normatividad aplicable.
El caso de Jalisco, si no es atendido con responsabilidad, puede ser el origen de una crisis que ponga en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero nacional.
Por todo lo anterior, se puede identificar y concluir preliminarmente que la deuda de los estados y municipios presenta los siguientes síntomas, problemas y desafíos:
• Hoy no se conoce con claridad el monto y el tipo de la deuda de corto plazo y los pasivos pensionarios, la calidad de las garantías, el destino de los créditos (¿los créditos van al gasto corriente o a inversión pública productiva?) y con qué instituciones se contratan los créditos. Tampoco se conocen las características de los créditos vigentes, tasa y plazo, los niveles de reservas constituidas para cada uno de esos créditos y la totalidad de las evaluaciones y calificaciones de riesgo para determinar los créditos que otorgan dichas instituciones. Todas estas incógnitas son sintomáticas de la falta de transparencia y rendición de cuentas.
• Dependencia de los gobiernos de las participaciones federales, bajos ingresos propios y poco uso de los mecanismos de bursatilización.
• Falta de corresponsabilidad de los gobiernos estatales en la planeación y seguimiento de la deuda de los municipios.
• Bajo perfil y participación de la banca de desarrollo en el impulso de la inversión público-productiva.
• Ausencia de un régimen legal que regule el otorgamiento de créditos, cadenas productivas y créditos quirografarios.
• Vaguedad en el esquema de sanciones y ambigüedad en la definición de inversión pública productiva.
• El impago de un gobierno local puede amenazar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y plantear un riesgo sistémico a las variables macroeconómicas nacionales.
En consecuencia, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución el presente
Punto de Acuerdo
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a:
Primero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que solicite de forma inmediata a todas las instituciones de crédito autorizadas en el país un informe completo, detallado y actualizado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con estados y municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, qué porcentaje representan esos créditos de sus operaciones totales, qué características de tasa y plazo contienen, garantías, y el nivel de reservas constituidas para cada uno de estos créditos, a fin de que la citada comisión pueda rendir dicho informe al Congreso de la Unión, como plazo máximo el último día de enero de 2013.
Segundo. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que dentro de sus atribuciones, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119, 120 y 121 del Reglamento del Senado de la República, y con base en el presente punto de acuerdo, se sirva proponer al pleno de esa soberanía, la creación de la Comisión especial para el análisis del sobreendeudamiento de estados y municipios y fortalecimiento de sus finanzas públicas, con facultades para investigar, evaluar y proponer acciones urgentes con tal finalidad, cuyos integrantes determine la propia Junta de Coordinación Política.
Notas
1. Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios de la ASF, 2012
2. SHCP
3. CNN Expansión, abril, 2011
4. IMCO
5. SHCP
6. SHCP
7. SHCP
8. Fitch Ratings
9. SHCP
10. SHCP
11. SHCP
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Salud que informe sobre las estrategias y los programas de atención de enfermedades raras, suscrita por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las enfermedades raras, también conocidas como enfermedades huérfanas, son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser considerada como rara, una enfermedad específica sólo puede afectar a menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7 mil enfermedades raras que afectan a 7 por ciento de la población mundial. La gran mayoría de estos padecimientos son de origen genético, y sitúan a los pacientes en peligro de muerte y/o invalidez crónica. Los efectos pueden aminorarse en algunos casos e incluso revertirse, si se llega a una detección temprana del padecimiento.
La rareza de los padecimientos, hace escasa la investigación sobre su origen, lo que obstaculiza la búsqueda de un tratamiento específico. En el caso de enfermedades raras ya conocidas, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento es altamente costoso y el diagnóstico requiere de una infraestructura muy específica, pues son indispensables pruebas de tipo genético, a las que poca gente tiene acceso debido a sus altos costos.
Entre las enfermedades raras encontramos el síndrome de Addison, un padecimiento de tipo hormonal que deteriora a las personas por la destrucción paulatina de las glándulas suprarrenales, lo que causa anorexia, debilidad muscular y, finalmente, la muerte.
Otra enfermedad rara es el síndrome de Asperger, que es una forma de autismo leve, que requiere no sólo de tratamiento farmacológico, sino también de una constante intervención terapéutica de tipo psiquiátrico y pedagógico que no todas las familias tienen los recursos para hacer frente a tratamientos que duran de por vida.
También están los casos de enfermedades hematológicas, como la hemofilia, pero existen otras como la ausencia del factor XII, por el cual las personas carecen de factores de coagulación sanguínea, rasgo de Hageman, sin antecedentes familiares de desórdenes hemorrágicos.
Existen algunas enfermedades raras como el síndrome del restaurant chino que es disparado por el glutamato monosódico, un aditivo que se utiliza en grandes cantidades en la gastronomía china, y que también está presente en la mayonesa, aceitunas, mostaza, salsa de tomate, pasteles, etcétera, que produce dolor de cabeza, urticaria, calambres, ataques de asma y palpitaciones.
En España, tres millones de personas padecen algún tipo de enfermedad rara, de un total de 47 millones; en Estados Unidos, la cifra es de 25 millones de personas de un total de 315 millones personas. En México, desde 2008, se celebra el Día de las Enfermedades Raras el último día de febrero. Sin embargo, no hay cifras oficiales conocidas que indiquen la prevalencia de este tipo de enfermedades y mucho menos información de a dónde acudir para recibir un diagnóstico especializado, aunque se calcula que 6 millones de mexicanos padecen alguna enfermedad rara, y muchos ellos desconocen su condición. No existe una conciencia fuera de los grupos de interesados para difundir la existencia de este tipo de padecimientos y no se ve una estrategia gubernamental encaminada a la información sobre el tema ni una política pública para la atención de enfermedades raras.
Por lo anterior expuesto, me permito presentar a ustedes los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud informe acerca de las estrategias y programas para la atención de enfermedades raras, así como las estadísticas de morbilidad y mortalidad relacionadas con éstas.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud integre un comité dentro del sector encaminado a la atención integral de este tipo de padecimientos, especialmente en el ámbito del diagnóstico oportuno y sin costo en las instituciones del sector salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a hacer la declaración general de inconstitucionalidad contra la reforma laboral publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Silvano Blanco Deaquino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Sabiamente, el Legislativo, que aprobó las reformas en materia de amparo (publicadas el 6 de junio de 2011) y en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011), que van de la mano, tomó en cuenta que, hasta ese momento, los únicos caminos para hacer la declaración de invalidez de una norma con efecto generales eran la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que, sin embargo, la mayoría de las veces no se interponen, en vista de intereses de grupo, en claro atentado contra el estado de derecho y la justicia.
En vista de lo anterior, el Legislativo creó, por así llamarlo, un camino ciudadano para lograr tal nulidad de la norma con efectos generales, por medio de la “declaratoria general de inconstitucionalidad”.
La declaratoria general de inconstitucionalidad (extensión de la protección del amparo) marca su procedencia con relación a los amparos interpuestos contra normas generales. Se instituye a fin de alcanzar un verdadero respeto de los principios de supremacía constitucional y de igualdad ante la ley, y la regularidad del orden jurídico, se modifica el principio de relatividad del juicio de amparo, a fin de proteger a personas que no hubiesen participado en el juicio de amparo en que se determinó la inconstitucionalidad de una norma general, ya que es una injusticia y una verdadera esquizofrenia jurídica que una norma ya invalidada continúe aplicándose en perjuicio de todos los que no se hubieran amparado, normalmente, por falta de conocimiento de sus derechos o de recursos económicos. Además, se favorece el principio de economía procesal, pues se evitan la interposición y el conocimiento de amparos innecesarios.
La Constitución federal señala en el artículo 107, fracción II:
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.
Fuera de las hipótesis referidas, continuará la aplicación del principio de relatividad (efectos sólo individuales) o “fórmula Otero”.
La declaratoria general de inconstitucionalidad no sólo fortalece al Poder Judicial y el juicio de amparo, sino que da una nueva arma al pueblo para luchar por esta declaración general, en la tutela de sus derechos humanos. Presiona a los Poderes Ejecutivos federal y locales y a los Legislativos para realizar con pulcritud su trabajo. De lo contrario, además de que quedará sin validez la norma inconstitucional, deberá absorber el respectivo costo político. Al abonar al equilibrio de poderes, fortalece la democracia en el país.
Partiendo de lo anterior, se ha denunciado una y otra vez por los trabajadores, sus sindicatos y especialistas el carácter abiertamente inconstitucional de la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. En congruencia con lo anterior, se han interpuesto de manera masiva amparos, representativos de más de 2 millones de trabajadores inconformes, que han comenzado a ser admitidos por las autoridades de amparo. En tal virtud, se abre la posibilidad de que esta injusta e impopular reforma, en su totalidad o en sus partes más lesivas, sea objeto de la referida declaración general de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en beneficio no sólo de los que interpongan los amparos sino de todos los trabajadores del país.
Eso, con apoyo del referido párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, y que en forma esquemática exige como requisitos para la declaración general de inconstitucionalidad
a) Que se trate de una jurisprudencia por reiteración;
b) En la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general;
c) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya notificado a la autoridad emisora;
d) Que hayan transcurrido 90 días naturales sin que la autoridad emisora haya superado el problema de inconstitucionalidad;
e) Por ello, ante tal omisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad; y
f) En la declaratoria general de inconstitucionalidad se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
La Corte, está en una importante oportunidad, para aplicar a plenitud, esta nueva y trascendente facultad.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de la colaboración entre poderes, que con base en los amparos masivos contra la reforma laboral que han sido interpuestos por más de 2 millones de trabajadores y que han comenzado a ser admitidos, llegado el momento procesal oportuno y cubiertos los extremos del párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional, haga declaración general de inconstitucionalidad contra la reforma laboral de cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, reparando así la grave violación de los derechos humanos de los trabajadores que ésta implica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la PGR que capacite por el Centro Médico Forense a las Procuradurías de Justicia locales en materia de servicios periciales y medicina forense, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República implemente, a través del Centro Médico Forense, capacitación a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense; asimismo, se exhorta a los gobiernos estatales que adopten estándares nacionales para la operación de los Servicios Médicos Forenses que prestan en sus respectivos territorios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La medicina legal o forense es la especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia y con ello dilucidar o resolver problemas de indole jurídico y cooperar en la formulación de leyes.
La medicina forense es quizá el área de conocimiento más antigua que ha auxiliado al Derecho, particularmente al área penal, en la resolución de controversias entre los miembros de la sociedad, al otorgar claridad y certidumbre en sus planteamientos.
Quien práctica la medicina forense obtiene un alto contenido humanístico, pues dicha ciencia concibe al hombre en su integración biopsicosocial.
El diccionario jurídico define a la ciencia forense como la aplicación de prácticas científicas dentro de un proceso legal. Lo anterior se traduce en investigadores altamente especializados y criminalistas que localizan evidencias que sólo proporcionan prueba concluyente al ser sometidas a pruebas en laboratorios. La ciencia forense utiliza de manera rutinaria ADN para la identificación de cadáveres, solucionando muertes a partir de estos bloques estructurales de la vida; incluso las huellas dactilares delatan al o los probables responsables y arrojan datos para la identificación de cadáveres.
La patología forense, con los instrumentos y mecanismos adecuados, resulta una disciplina auxiliar de la administración de justicia, abocada a la determinación de las causas y circunstancia de la muerte, así como de la identificación de los cadáveres, mediante la aplicación de una serie de técnicas que le son específicas.
André A. Moenssens y Fred E. Inbau afirman que “la patología forense debe responder, como mínimo, a un cierto número de cuestiones de causa y efecto planteadas en los procesos penales, a saber: establecimiento de la causa de la muerte, ya sea natural o violenta; estimación del tiempo de la muerte; deducción del tipo de arma utilizada para infligir las lesiones; distinción entre los casos de homicidio, suicidio y accidente; identificación del occiso; y determinación de los efectos acumulativos de la enfermedad natural y el trauma”1 .
Tan solo la llamada guerra contra el crimen organizado ha generado en nuestro país, en los últimos seis años, un incremento en muertes violentas equiparable al número de decesos ocurridos en países en guerra. Según cifras del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, durante los años 2006 a octubre de 2012 se registraron un total de 101 mil 199 denuncias de homicidio doloso, es decir, 35.7 por ciento más que las registradas durante el sexenio anterior2 .
Mientras los criminales han desarrollado maneras cada vez más ingeniosas de quebrantar la ley, el Estado mexicano se ven en la imperiosa necesidad de implementar métodos mucho más efectivos para someterlos a la justicia, sin que a la fecha se cuente con un sistema pericial y médico forense efectivo y profesional que determine y establezca la identificación de victimas y tiempo de su ejecución.
Asi, de contar con instalaciones y equipamiento adecuado y sobre todo moderno en todas y cada una de las entidades federativas del país, la medicina forense cumpliría exitosamente sus funciones como:
- Diagnóstico de muerte.
- Causa de la muerte.
- Fecha de la muerte: cronotanatodiagnóstico.
- Diagnóstico diferencial de lesiones en vida y post-mortem.
- Necropsia médico-forense.
- Exhumación.
- Exámenes toxicológicos.
- Exámenes hematológicos.
- Exámenes anatomo-patológicos.
Sin embargo en nuestro país, la patología forense ha permanecido en el olvido, no obstante el importante papel que desempeña en la investigación técnico científica de los delitos.
Ante situación, se hace imperante contar con mecanismos forenses capaces no sólo de determinar con exactitud las causas y el momento del deceso de una víctima, sino además la identificación de ésta, a efecto de determinar incluso el móvil del crimen.
Hasta el día de hoy, los servicios médico forense del país no cuentan con laboratorios debidamente equipados. Probablemente la excepción sería el Servicio Médico Forense del Distrito Federal, en donde la conservación de cadáveres para permitir su identificación y posterior entrega a familiares puede ir más allá de un año y se practican pruebas de ADN, huellas dactilares y fotografía a los cadáveres.
De esta forma, resulta conveniente solicitarle al Centro Médico Forense de la Procuraduría General de la República para que implemente capacitación a las procuradurías de justicia de los gobiernos estatales en materia de servicios periciales y medicina forense, y a su vez, exhortar a dichas entidades federativas a que cuenten con personal especializado en patología, antropología, dactiloscopia, odontología y fotografía forense, cuyo objetivo sea el estudio de los cadáveres que ingresan en calidad de desconocidos, para su probable identificación.
Asimismo, cada entidad federativa deberá contar con instalaciones adecuadas que le permitan el desarrollo de sus funciones con eficiencia y profesionalismo, tales como:
a) Anfiteatro, con cámaras de refrigeración y congelación para la mejor conservación de los cadáveres.
b) Aparato de rayos X para búsqueda de proyectiles.
c) Aula de prácticas quirúrgicas.
d) Laboratorio químico.
e) Laboratorio de genética.
d) Laboratorio fotográfico.
e) Sistema de identificación genética y fotográfica.
f) Permanente cruce de registros locales con los de Plataforma México.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su obligación por instaurar un verdadero Estado de Derecho y una verdadera y eficaz administración de justicia. Ademas de encontrar plena legitimidad dicha propuesta en la intención del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor José Narro Robles, al anunciar la creación de la licenciatura en Ciencias Forenses como una necesidad motivada por la ola de violencia en el país y para combatir la impunidad que afecta a la justicia mexicana, cuyo propósito es ayudar a la formación de profesionales en fenómenos relacionados con la seguridad, ciencias forense, impartición de justicia y tecnologías.
En consecuencia, se somete a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Procuraduría General de la República implemente, a través del Centro Médico Forense, capacitación a Procuradurías de Justicia de las entidades federativas en materia de servicios periciales y medicina forense.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y gobierno del Distrito Federal para que adopten estándares para la operación de los Servicios Médicos Forenses que se prestan en sus respectivos territorios.
Notas
1 Casarett, Louis y Doull, John., Manual de Toxicología, la ciencia básica de los tóxicos, pág. 16.
2 http://www.mexicoevalua.org/index.php
Dado en el salón de sesiones, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil trece.
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al gobernador y a la legislatura de Tlaxcala, así como a los sindicatos involucrados, a constituir una mesa de diálogo para solucionar el conflicto surgido por la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles del estado, suscrita por el diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Silvano Blanco Deaquino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
La seguridad social es un derecho humano central para el bienestar de las personas que viven de su trabajo, que debe tutelarse por orden expresa del artículo 123 constitucional y diversos instrumentos de los que el país es parte.
Desde los primeros meses de 2011, al inicio del actual sexenio, el gobernador de Tlaxcala planteó la necesidad de reformar la ley local de pensiones civiles, pues dicha institución presentaba un déficit financiero; se diferenciaron las posiciones de las partes sobre las causas del quebranto.
Hasta mediados de 2012 no empezó a concretarse dicha pretensión de reforma legal; surgió en ese momento un conflicto entre el Ejecutivo local y los sindicatos involucrados. Precisamente la oposición de los sindicatos a la pretendida reforma generó el establecimiento de mesas de trabajo a fin de consensuar posibles reformas. Sin embargo, los consensos no se logran, toda vez que cuatro de cinco sindicatos siguieron oponiéndose. Destacan el 7 de Mayo, de servidores públicos estatales y municipales y los de maestros estatales de la sección 55 del SNTE, Alberto Juárez Blancas de la CROC y Mártires de 1910 de la CROM.
Pese a la oposición, el 13 de diciembre de 2012, prácticamente a hurtadillas, el gobernador hizo llegar a la legislatura del estado una iniciativa de nueva Ley de Pensiones Civiles, sin que fuera distribuida de manera oportuna al conjunto de los diputados. Hasta el 21 de diciembre no se convocó a sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y Trabajo y Previsión Social, ambas están integradas por 11 diputados y sólo acudieron 4, por lo que no hubo quórum para sesionar. En su lugar se hizo una reunión de información con la presencia de dos sindicatos para intercambiar puntos de vista sobre la posible reforma de la ley de pensiones civiles del estado.
El mismo 13 de diciembre, el coordinador del PRI pretendió en repetidas ocasiones llevar a cabo su aprobación casi inmediata en una sesión extraordinaria, con dispensa de segunda lectura y sin que mediara el debido procedimiento legislativo consistente en el dictamen de comisiones correspondiente. También en esa fecha, la sección 55 del SNTE presentó su propuesta; posteriormente hizo lo mismo el sindicato 7 de Mayo.
Después de intensas y diversas reuniones entre diputados y sindicatos, el 29 de diciembre el coordinador del grupo priista prometió que la nueva ley no se aprobaría hasta en tanto no se hiciera un análisis de las tres propuestas y se lograsen los consensos pertinentes. Sin embargo, al día siguiente, 30 de diciembre, y hasta la madrugada del 31 de diciembre del año próximo pasado se sucedió una serie de hechos irregulares, que llevaron a la aprobación de la Ley de Pensiones Civiles para Tlaxcala, entre los que destacan dos circunstancias muy preocupantes:
a) Un grupo numeroso de granaderos de la policía estatal, encabezados por el secretario de Seguridad Pública, violando la soberanía del Poder Legislativo local, ingresó en el recinto, sin que el presidente de la Comisión Permanente hubiera solicitado la intervención de la fuerza pública al gobierno del estado. No sólo eso: los granaderos ofendieron y agredieron a algunos diputados y a personal que labora en la legislatura. Lo anterior, en franca violación de lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala y en lo relativo al 172 y 173 del Reglamento Interior del Congreso.
b) Al día siguiente, 31 de diciembre de 2012, los diputados que apoyaban la aprobación de la ley de cita fueron a sesionar a un hotel fuera de la ciudad de Tlaxcala, donde supuestamente se instalaron para reanudar la sesión, donde esos 17 diputados aprobaron la nueva ley de pensiones. La Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso prevén sesiones en sedes alternas en caso de suscitarse hechos que alteren el orden de aquéllas, pero para que eso ocurra quien preside debe declarar la suspensión de la sesión y, al mismo tiempo y previo acuerdo, hacer la declaración de sede alterna, lo cual no ocurrió en ningún momento.
Esto, en cuanto a la forma, al trámite parlamentario. Ya en el fondo o la esencia de la nueva Ley de Pensiones Civiles para Tlaxcala, vemos que ésta viola los derechos de los trabajadores y hace recaer en ellos la crisis financiera de la institución.
Debe quedar perfectamente claro que dicha crisis financiera no ha sido provocada por los trabajadores sino por el propio gobierno y sus deficientes administraciones, pues en sexenios anteriores Pensiones Civiles era una de las instituciones más fuertes y solventes, cumpliendo plenamente sus responsabilidades y compromisos.
La nueva ley de comento considera dos tipos de régimen, los llamados “libros A y B”.
El libro A no tiene razón de ser por lo siguiente:
1. Una vez que se entabla una relación laboral, la legislación que regirá dicha relación será precisamente la que existe en ese momento de inicio de la relación laboral; puede normarse por una legislación futura siempre que ésta otorgue beneficios a los trabajadores, lo cual no sucede en el caso.
2. Lo anterior es así conforme a lo establecido en el artículo 14 constitucional, que impone el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. En el caso concreto, de aprobarse la parte del libro A que modifica sustancialmente la seguridad social de los trabajadores, las formas de pensión y jubilación en particular, al cambiarse los tiempos y el régimen de pensiones alterándose la edad de jubilación y los años de servicio para ello, así como las formas y tipos de prestaciones y de atención a la salud, por otras que, además, no prueban la eficacia de su desempeño ni existe la certeza de que se den, además de que duplican las cuotas de aportación, indudablemente que constituyen un perjuicio para los trabajadores, por lo que su aprobación será inconstitucional, ya que la relación laboral que tienen los actuales servidores públicos se ha entablado con base en la legislación vigente, que les otorga otro tipo de beneficios de seguridad social.
3. Es abundante la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la violación del principio de no retroactividad de leyes, de las laborales en particular, más aún cuando hay contratos, convenios o acuerdos específicos suscritos entre sindicatos de servidores públicos y los entes de gobierno donde se otorgan en mucha ocasiones mayores beneficios que los establecidos en la ley y que constituyen verdaderos derechos adquiridos por los trabajadores.
4. En consecuencia, el libro A no tiene razón de ser, pues los trabajadores actuales se rigen por la ley vigente y aun cuando se haya abrogado, seguirá vigente para ellos por el simple hecho de que su relación laboral se entabló con dicha ley.
Los derechos de los trabajadores son irrenunciables conforme lo establece el artículo 123 constitucional. De ahí que de aprobarse el libro A, además de violarse el artículo 14 constitucional respecto al principio de retroactividad, se restringirán derechos ya adquiridos que, siendo de mayor beneficio para los trabajadores, son irrenunciables.
El libro B considera lo siguiente:
1. Duplica las cuotas de aportación.
2. Aumenta la edad de jubilación de 53 a 65 años de edad con 30 años de servicio.
3. Respecto a la seguridad social, servicio médico y servicios financieros, se consideran en una ley estatal convenios con el gobierno federal para incluir a los trabajadores en el Seguro Popular o en el ISSSTE sin saber, es decir, sin tener ninguna certeza y garantía jurídica, de que el gobierno federal o el ISSSTE quieran hacer convenios con Pensiones Civiles de Tlaxcala, cuando el Seguro Popular deja mucho que desear y no cubre las expectativas de los mexicanos, y cuando el ISSSTE tiene su crisis financiera, de medicamentos y servicios médicos y demás servicios administrativos.
De aprobarse tal cual el libro B, se violarán también los convenios y acuerdos suscritos con los sindicatos, que constituyen derechos adquiridos en el régimen de protección social establecido en el artículo 123 constitucional y en las leyes federales y locales.
La mencionada nueva ley también considera para los trabajadores con menos de cinco años optar por el régimen del libro A o el del libro B, para lo cual deben manifestar expresamente que optan por el libro A, de lo contario se considerará que quedan incluidos en el B. Esta disposición también es inconstitucional, pues resulta innegable que ninguna relación laboral debe regirse por leyes futuras sino por las vigentes al momento de iniciarse la relación laboral.
Todo esto ha generado malestar no sólo entre los servidores públicos y maestros estatales, sino una inconformidad social que puede llevar a una escalada del conflicto.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente hace un respetuoso llamado al gobernador constitucional y a la Legislatura de Tlaxcala, y a los sindicatos involucrados, a constituir con la mayor brevedad una mesa de diálogo a fin de encontrar los caminos de solución al conflicto surgido con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles para ese estado, de manera de preservar en todo momento los derechos de los trabajadores, en general el estado de derecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a realizar las acciones conducentes a actualizar e incorporar en el padrón electoral y la lista nominal de electores a las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a realizar los actos conducentes a actualizar e incorporar en el padrón electoral y lista nominal de electores las poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, las cuales durante 22 años han presentado problemas de seccionamiento electoral, a fin de generar condiciones para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos oaxaqueños que habitan esa zona en el proceso electoral ordinario 2012-2013, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 23 de noviembre de 2011, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas emitió el decreto 008, mediante el cual se crearon los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez.
2. Ese acto fue combatido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los municipios colindantes de Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa, San Pedro Tapanatepec y los poderes constitucionales de Oaxaca, por considerar que hay un conflicto territorial limítrofe y una probable invasión de la soberanía del estado oaxaqueño.
3. El 1 de enero de 2012, el secretario general de Gobierno de Chiapas, en nombre del gobernador constitucional, tomó protesta a los integrantes del consejo municipal de Belisario Domínguez.
En dicho acto protocolario, el gobierno de Oaxaca señala que se invadió territorio estatal al haberse realizado en la escuela primaria Ignacio Flores Rayón, del núcleo agrario Rodolfo Figueroa, situado en el territorio municipal y comunal de San Miguel Chimalapa.
4. Con fecha 19 de marzo de 2012, la Comisión Nacional para la Defensa de los Chimalapas signó un oficio dirigido al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde acusa un probable delito electoral al permitirse empadronar y realizar campaña política en los municipios de nueva creación chiapaneca en territorio oaxaqueño. Solicitó en dicho oficio la reelaboración de padrón electoral y nuevas emisiones de credencial de elector de los ciudadanos que habitan las poblaciones siguientes:
San Miguel Chimalapa Santa María ChimalapaCerro Baúl C Colonia Benito Juárez I
Rancho La Hondonada de la Encantada Colonia Benito Juárez II
Ejido Doctor Rodulfo Figueroa Ejido Elsy Herreria de Castellanos
Ejido Gustavo Díaz Ordaz Ejido Francisco Sarabia
Rancho El Quebrachal Colonia Guadalupe Victoria
Ejido Ramón Escobar Balboa Ejido Rafael Cal y Mayor
Rancho Montebello Rancho los Manueles
Ejido Flor de Chiapas Rancho la Retirada los Rodríguez
Rancho el Paraje
Ejido Canan
Colonia Pilar Espinoza de León
5. Con fecha 1 de octubre del presente año, el secretario general de Gobierno de Oaxaca, contador público Jesús Emilio Martínez Álvarez, solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca incorporar en el padrón electoral y la lista nominal de electores dichas localidades, pertenecientes a Santa María Chimalapas y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, al asegurar que desde hace 22 años un error en la cartografía electoral del Instituto Federal Electoral hace referencia a las mencionadas localidades en Cintalapa, Chiapas (clave 17), mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía las sitúa en Oaxaca, por lo que solicita el apoyo del órgano autónomo en materia electoral para permitir que los habitantes de las localidades oaxaqueñas puedan ejercer su sufragio en el estado en las elecciones ordinarias de julio de 2013.
Consideraciones
Atendiendo al desarrollo de la vida democrática del Estado mexicano, al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos que son salvaguarda de las instituciones y tribunales electorales, así como a la garantía de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como fines del Instituto Federal Electoral, resulta propicio apoyar la medida solicitada por la Comisión Nacional para la Defensa de los Chimalapas, respaldada por la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca.
En atención de las atribuciones legales conferidas al órgano autónomo electoral local, éste se encuentra imposibilitado para dar una respuesta favorable a la petición de los ciudadanos de la región denominada “Chimalapas”. Por tanto, resulta oportuno y urgente que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con fundamento en el artículo 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, revise, actualice e incorpore tanto en el catálogo general de electores como en el padrón electoral los ciudadanos de las 18 poblaciones de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, que desde hace 22 años presentan impedimento para ejercer correctamente su derecho a votar y ser votados.
Artículo 128
1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:
a) Formar el catálogo general de electores;
b) Aplicar, en los términos del artículo 177 de este código, la técnica censal total en el territorio del país para formar el catálogo general de electores;
c) Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que determine la Junta General Ejecutiva;
d) Formar el padrón electoral;
e) Expedir la credencial para votar según lo dispuesto en el título primero del libro cuarto de este código;
f) Revisar y actualizar anualmente el padrón electoral conforme al procedimiento establecido en el capítulo tercero del título primero del libro cuarto de este código;
g) Establecer con las autoridades federales, estatales y municipales la coordinación necesaria a fin de obtener la información sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención de la ciudadanía;
h) Proporcionar a los órganos competentes del instituto y a los partidos políticos nacionales, las listas nominales de electores en los términos de este código;
i) Formular con base en los estudios que realice el proyecto de división del territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales;
j) Mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral;
k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos en este código;
l) Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes de los partidos políticos a las comisiones de vigilancia;
m) Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios y el desahogo de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente dentro de la esfera de su competencia;
n) Acordar con el secretario ejecutivo del instituto los asuntos de su competencia;
o) Asistir a las sesiones de la Comisión del Registro Federal de Electores sólo con derecho de voz; y
p) Las demás que le confiera este código.
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al padrón electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el director.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está consciente de la persistente problemática que aqueja a Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa, pertenecientes al distrito de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en cuanto al litigio que versa sobre la delimitación de sus territorios respecto a sus homólogos colindantes de Chiapas, que de ninguna manera presuponen actos o hechos que tiendan a conculcar garantías constitucionales o derechos adquiridos por los habitantes de los municipios chiapanecos de reciente creación. Por ello es correcto manifestar que el Instituto Federal Electoral y el Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca deben garantizar la seguridad jurídica del proceso electoral de julio próximo, en el que se renovarán el Congreso y los ayuntamientos del estado, así como la salvaguarda del sufragio, libre, individual y secreto. Esta soberanía hace un llamado respetuoso, sin que ello signifique una intromisión, a las partes en conflicto para que mediante acuerdos y diálogos encaminen sus diferencias a la solución pacifica que procure la satisfacción igualitaria y justa a sus intereses.
Resulta oportuno solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorte al Instituto Federal Electoral a resolver por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el expediente formado por las peticiones de los habitantes de las 18 comunidades de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa; y en su caso, expida las credenciales para votar y se ejerza a plenitud la democracia en Oaxaca en las elecciones de 2013.
En consecuencia, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral a realizar los actos conducentes para actualizar e incorporar en el padrón electoral y lista nominal de electores San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, las cuales durante 22 años han presentado problemas de seccionamiento electoral, a fin de generar condiciones para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos oaxaqueños que habitan esa zona en el proceso electoral ordinario 2012-2013.
Dado en el salón de sesiones, a 16 de enero de 2013.
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente a la titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ante el pleno de esta Comisión Permanente.
Exposición de Motivos
La corrupción ha sido un gran lastre para el país y la cual ha traído como consecuencia que en el presente año, en la encuesta global de “Corporativo de Empresas”, por sus siglas en ingles CEO de la firma de Consultoría Price Water House Coopers (PWC), indica que México está fuera de la lista de los 10 mejores países en los que las empresas internacionales buscarían oportunidades para crecer, al caer del sitio 8 al 121 .
Es así que en el sexenio pasado el ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Rafael Morgan Ríos informó que se habían sancionado alrededor de 50 mil servidores públicos por diversos actos de corrupción, de los cuales 9 mil 500 eran mandos medios y altos. Así también en el mismo lapso fueron sancionadas casi dos mil empresas y personas físicas implicadas en actos de corrupción con servidores públicos2 .
Por lo que es importante darle seguimiento a todo acto de soborno, cohecho, tráfico de influencias, quebranto patrimonial y, en general, de prácticas corruptas, que se han vuelto tan frecuentes y costosas al país, que hoy equivalen al 9 por ciento del producto interno bruto, según cálculos del Fondo Económico Mundial (FEM) a nivel empresarial las compañías gastan hasta el 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, práctica a la que recurre más del 70 por ciento de empresas3 .
Por lo expuesto es importante darle un puntual seguimiento a la denuncia presentada el 6 de noviembre de 2012, ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en contra de Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dicha denuncia se basa en el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue celebrado el 21 de junio del año 2011.
Con base en el análisis de contratos celebrados entre esos dos entes, algunos de los servicios que se señalan se duplican entre un contrato y otro, sin justificación alguna; ejemplo de ello es lo correspondiente al contrato SCT/CGOTI/UAEM-FONDICT-05-11, cuyo objeto es la implantación del mapa nacional de ancho de banda y administración de quejas de servicios de telecomunicaciones. Ese contrato ya se había establecido un mes antes con el mismo fondo de la universidad mexiquense y se elevaba el monto aproximadamente tres veces el recurso presupuestal que se destinó inicialmente al primero.
Así también, tenemos claro que la Comisión Federal de Telecomunicaciones firmó un contrato plurianual con “Enapsys México”, el 7 de mayo de 2012, cuyo monto asciende a 52 millones 379 mil pesos, con el objeto de desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en el año 2011 e incluso en el año 2012.
Por lo anterior, presento al pleno de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se cita a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al ciudadano Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe con relación a los contratos celebrados por esta Comisión el 21 de junio del año 2011 y el 7 de mayo de 2012; mismos a que se refiere el presente punto de acuerdo.
Segundo. Se remita copia de presente punto de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación para su conocimiento e investigación que proceda.
Notas
1 http://www.pwc.com/mx/es/encuesta-ceo/3a-encuesta-ceo/publicacion.pdf
2 http://www.proceso.com.mx/?p=320373
3 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/24/mexico-mas -corrupto-menos-transparente/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2013.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de Zacatecas y de Aguascalientes a retirar las iniciativas que pretenden proteger el derecho a la vida desde la concepción, suscrita por el senador Mario Martín Delgado Carrillo y la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
El senador Mario Delgado Carrillo y la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 así como en las demás disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
El derecho a la salud de las mujeres es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en la materia. Por lo cual, el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a la atención de la salud.
De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, para garantizar este derecho, se debe ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación de la familia, y a que trate de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios. Además, se debe promover e impartir ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y adolescentes de ambos sexos. Asimismo se deben contar con mecanismos eficaces que permitan el acceso a servicios de aborto seguro en las circunstancias previstas por la ley1 .
En el año de 2007, se realizaron reformas al Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Salud, mediante las cuales se reformula la definición jurídica del aborto, pues éste solo castigara si se realiza después de la semana doce de gestación. Lo anterior, al considerar que el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Además señala que las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las solicitudes de aborto aún cuando la mujer que lo solicite cuente con algún otro servicio de salud público o privado, y que la atención a la salud sexual y reproductiva tiene un carácter prioritario.
Asimismo, mediante estas reformas se establece la obligación del gobierno del DF promover permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una perspectiva de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Así, el Gobierno de la Ciudad asume como una obligación impostergable el generar mecanismos eficaces de prevención de los embarazos no deseados.
A través de estas reformas, el gobierno del Distrito Federal desarrolló una política pública integral para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en cumplimiento con el marco jurídico nacional e internacional; ya que las mujeres embarazadas en el Distrito Federal cuentan con las posibilidades de:
1. Interrumpir su embarazo
2. Continuar con su embarazo
3. Continuar con su embarazo y dar a su hijo o hija en adopción
Las mujeres en la Ciudad de México tienen garantizado su derecho a decidir y al consentimiento informado. Desde el 24 de abril del 2007 –fecha de entrada en vigor de las reformas– al 31 de noviembre de 2012, se han practicado 91 mil 151 interrupciones legales del embarazo. Con más de 5 años de vigencia, esta medida ha demostrado que brinda las garantías de acceso libre y pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Como una reacción a la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán se reformaron sus Constituciones para reconocer, con diversas fórmulas, el derecho a la vida del no nacido y su calidad de persona desde el “momento de la concepción o fecundación”.
Estas reformas, provocaron que en muchos de estos 16 estados, el aborto, en todas sus modalidades, sea perseguido por las autoridades penales, violando derechos de miles de mujeres, obligándolas a ser madres o privándolas de su libertad aún en casos de abortos espontáneos y estimando el hecho como homicidio, incluso agravado.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2011, analizó si las reformas en Baja California y San Luis Potosí –que garantizan el derecho a la vida desde la concepción– eran inconstitucionales (es decir contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) tanto por cuestiones de la competencia del legislador local como por el riesgo en el que ponen los derechos humanos de las mujeres.
Durante el análisis de las acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN o Corte) reafirmó que indudablemente debe protegerse la vida prenatal pero que dicha protección no puede ser absoluta ni restringir los derechos de las mujeres. Tal y como señaló el ministro presidente Juan Silva Meza “la intervención del Estado para proteger al no nacido, debe ser en función de la vinculación que existe entre uno y otro (la madre) pues al no poderse separar, se debe tener la posibilidad de graduar la protección de derechos de uno y otro”. Es decir, el mensaje es claro: la protección de la vida prenatal debe ser compatible con los derechos de las mujeres.
Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea refirió “este asunto que estamos discutiendo sin duda tiene una gran trascendencia para millones de mexicanos, pero más trascendencia aún para millones de mujeres, sobre todo porque siempre son las que al final pierden, en estos casos, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, lo que es no solamente profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio, y por tanto, inconstitucional.”
La ministra Olga Sánchez Cordero refirió que “la norma que ahora analizamos no solamente tiene implicaciones sobre los derechos inherentes a las mujeres, sino que también impacta los de cualquier persona, a su dignidad sobre todo y por supuesto que esto encuentra sustento en aquellas formas de discriminación que atenten contra la dignidad humana a que se refiere el párrafo final del artículo 1o. de nuestra Constitución General de la República, pues la dignidad humana no sólo es referente al desarrollo mismo de la vida sino a la posibilidad también de decidir sobre el destino digno y final de ésta”.
Con base en lo anterior, la mayoría de siete ministros de la SCJN consideró que dichas reformas que protegen de forma absoluta al producto de la concepción son inconstitucionales. Faltó sólo un voto para lograr la mayoría calificada que era necesaria para declarar la invalidez de estas reformas. Por lo cual, el pleno de la Corte tuvo que desestimar ambas acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, se debe resaltar que existe una opinión jurídica mayoritaria sobre la inconstitucionalidad de estas reformas.
En el mismo sentido, se debe señalar que las constituciones locales están sujetas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales; su papel sería el de positivar para ampliar la protección de los derechos sustanciales de las personas, pero no les es dable extender esa protección a definiciones sobre el concepto de persona que desborda los criterios científicos y presenta opiniones diversas en el campo moral, en el que cada quien actúa según su conciencia y autodeterminación.
En opinión de la Academia Nacional de Ciencias Penales “si la Constitución no reconoce la personalidad constitucional del nasciturus, ni la Corte ha resuelto ésta cuestión, los estados no tienen ninguna facultad para aumentar la población constitucional general, pues ésta es una competencia del Poder Revisor de la Constitución.” Así, de acuerdo con la academia “Los estados han decidido proteger la vida no por su valor intríseco, sino a través del reconocimiento de la personalidad jurídica del nasciturus, es decir, no sólo proteger su vida por su vida, sino reconocerle derechos e intereses. Esta situación evidentemente aumenta la población constitucional lo que lógicamente implica una reducción en el goce de los derechos de terceros. Al anteponerse el “derecho” a la vida del nasciturus frente al derecho a decidir y a la intimidad de la mujer embarazada, estamos frente a una colisión de derechos, en donde uno de ellos no es reconocido en el ámbito constitucional y por ende inconstitucional, pues limita de forma inválida los derechos de la mujer embarazada.”
A pesar de la amplia discusión y opinión mayoritaria de la inconstitucionalidad de estas reformas, en fechas recientes, las jerarquías eclesiásticas han presionado fuertemente con pretensiones regresivas, impulsando iniciativas en los estados de Zacatecas y Aguascalientes para “proteger la vida desde la concepción” y buscando coartar el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre su propia vida y maternidad.
Es menester recordar, que el 6 de noviembre de 2012 el Senado emitió la declaratoria de validez de la reforma al artículo 40 constitucional, que consolida el carácter laico de la República mexicana, luego de ser avalado por 16 congresos locales.
Por lo cual, se puede afirmar que las iniciativas presentadas en los Congresos de Aguascalientes y Zacatecas son contrarias al carácter laico del Estado mexicano e inconstitucionales, por ir en contra del artículo 1 y 40 Constitucionales. Así, de ser aprobadas darían marcha atrás a los avances que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos, especialmente en derechos humanos de las mujeres.
En este sentido, se debe recordar que Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante Cocedaw o comité) emitió un documento con una serie de observaciones y recomendaciones al Estado mexicano el 7 de agosto de 2012. En el documento, el Cocedaw externa su preocupación por “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción” porque han puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos.
El comité también refiere como otro motivo de preocupación aquellos casos “en que los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían los restrictivos criterios reglamentarios y, a continuación, las denunciaron ante las autoridades judiciales, quienes a su vez las condenaron a largas penas de prisión por infanticidio o asesinato”.
Ante esta situación, el comité recomienda al Estado mexicano:
a) Armonizar la legislación federal y estatal relativa al aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal;
b) Informar a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las reformas a las Constituciones locales no derogan los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben;
c) Asegurar que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.
Con base en lo anterior, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben establecer medidas adecuadas y efectivas para el debido cumplimiento de estas recomendaciones, así como abstenerse de realizar acciones que contravengan el marco jurídico constitucional e internacional. Es decir, de acuerdo a los hechos referidos, los Congresos estatales de Aguascalientes y Zacatecas deberán tomar medidas no para criminalizar a las mujeres, sino para garantizarles sus derechos, en cumplimiento a las recomendaciones internacionales.
A partir del 1 de diciembre ha regresado a gobernar este país el partido que durante más de setenta años fue símbolo de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. En el discurso, el Presidente de la República se ha comprometido a cambiar ese pasado y que gobernaran él y quienes integran su partido, respetando plenamente los derechos humanos. Al respecto, se debe recordar que en 31 estados del país, las mujeres no tienen garantizado uno de sus principales derechos humanos: el derecho a decidir, y que en 16 estados las mujeres son criminalizadas. Las nuevas autoridades tienen el deber jurídico y ético de promover, proteger y garantizar que las mujeres tengan pleno acceso a su derecho a la salud y en especial a los servicios de aborto. Sólo así podrán mostrar la congruencia entre las promesas y los hechos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhorta a los Congresos de Aguascalientes y Zacatecas a no aprobar reformas que criminalizan a las mujeres, como las que protegen el derecho a la vida desde la concepción, por contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados en materia de derechos humanos, así como por atentar contra el carácter laico de la República Mexicana.
Segundo. Exhorta a los Congresos de Aguascalientes y Zacatecas a que armonicen su legislación relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, la recomendación general núm. 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, así como las medidas adoptadas en materia de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México.
Nota
1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México CEDAW/C/MEX/CO/6, 25/08/2006, paras. 32 y 33.
Recinto Legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2013.
Senador Mario Delgado Carrillo, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbricas).
Loading