Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3688-III, miércoles 16 de enero de 2013
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Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un diagnóstico nacional sobre violencia hacia niños y adolescentes en México
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 9 de enero de 2013, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México.
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La diputada Aleida Alavez Ruiz en su proposición, menciona que la violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes en México amerita acciones multisectoriales y coordinadas para su prevención y atención.
Existen diversos instrumentos internacionales, que marcan directrices claras para el gobierno mexicano, para dar cumplimiento a la obligación de prevención, atención y erradicación de la violencia cometida en contra de niñas, niños y adolescentes en México, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Informe mundial sobre la violencia y la salud de 2002 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños (EVCN o Estudio), las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para México, la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, entre otras.
Siendo una de las recomendaciones más importantes la de realizar un diagnóstico previo que permita visualizar las diferentes dimensiones e identificar los tipos de violencia, así como la creación de un sistema de indicadores que permitan medir la frecuencia, concentración, los grupos afectados y factores que propician la violencia en sus diversas manifestaciones contra niñas, niños y adolescentes e identificar posibles vías de prevención, atención y erradicación.
El Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) como organismo especializado sectorizado a la Secretaría de Gobernación se ha venido consolidando como una institución eficiente y con resultados positivos en relación a la prevención y atención de prácticas y costumbres discriminatorias por ello se propone que sea ésta instancia la encargada de realizar el diagnóstico nacional antes mencionado.
Consideraciones
1. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dio un paso decisivo en el compromiso formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la recepción de las normas jurídicas de derecho internacional protectoras de esos derechos, fortalece el Título Primero de la Constitución, al cambiar su denominación por el De los Derechos Humanos y sus Garantías, estableciendo su clara vinculación con el respeto a los derechos humanos y en consecuencia a los de la infancia en tal virtud el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la protección integral de los derechos de los niños, en los términos que consagra la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros tratados internacionales sobre la materia.
2. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por la mayoría de los países del orbe, es el tratado de derechos humanos que más apoyo ha recibido en la historia, lo que representa un consenso mundial sobre los atributos de la infancia, en el citado tratado quedó establecido de manera contundente y destacada que el principio que debe prevalecer es el interés superior del niño, en esa virtud los estados signantes deben emprender el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar a los niños.
3. En 1990 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha sido considerada como el instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial, que define como niño “a todo ser humano menor de dieciocho años”.
4. Al ratificar la CDN todos los estados parte se han comprometido a proteger y asegurar todos y cada uno de los derechos de la infancia y han aceptado cumplir con esta responsabilidad ante la comunidad mundial.
La CDN establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración primordial en todas las medidas relativas a la niñez que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.
El Comité de los Derechos del Niño, ha señalado que los principios de no discriminación, de supervivencia y desarrollo y el respeto a la opinión de niñas y niños deben considerarse para la determinación del interés superior de la infancia en una situación concreta (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2001).
La CDN define el camino desde el cual el estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad (artículo 1).
En su artículo 4o. la CDN establece el compromiso de los estados parte de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a lo estipulado en la misma.
El artículo 19 de la convención señala que los estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para proteger a las niñas y los niños de toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
5. En este contexto la Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo tercero establece la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, así como preservar el derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual.
6. A pesar de la prohibición a la discriminación establecida desde la Constitución y de todos los tratados internaciones suscritos por nuestro país, en México no se ha logrado erradicar la discriminación. La intolerancia se sigue practicando recurrentemente y persisten los abusos en contra de los más vulnerables. En el año 2000, el Instituto Federal Electoral llevó a cabo la Consulta Infantil y Juvenil, en la que una tercera parte de los niños entrevistados afirmó ser tratado con violencia, tanto en su familia como en la escuela. Dicha cifra es tan sólo un indicador de que queda mucho por hacer en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en México, para garantizar el respeto hacia unos y otros, sin distinción alguna.
7. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es un órgano de estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003.
Su principal objetivo es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano.
Y que dentro de sus atribuciones conforme al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se encuentra la de diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación, y por otro lado desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.
8. Para atender el problema de la discriminación y de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes del país, es necesario se realice un diagnóstico certero que indique cuáles son los sectores más afectados por dichas problemáticas, el origen de la violencia en contra de este sector y los principales motivos por los que en ocasiones, se atenta contra su dignidad humana. Todo ello con el objetivo de diseñar una estrategia integral, que contemple la prevención de la discriminación como un eje rector.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México, colocándonos así dentro de los estándares internacionales en la materia en comento.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.
La Primera Comisión
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo, Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco a implantar campañas nacionales de difusión sobre los derechos del consumidor y las sanciones aplicables a los establecimientos que realicen prácticas contrarias a la ley
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de enero del 2013, el senador Benjamín Robles Montoya y el diputado Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a aumentar la cobertura de la campaña de difusión y divulgación sobre los derechos de los consumidores, informando a la ciudadanía sobre los mismos, así como de las violaciones e infracciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para su análisis y dictamen.
Consideraciones
1. Los legisladores que suscriben esta proposición con punto de acuerdo destacan la labor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la defensa de los derechos del consumidor y señalan que dicha labor se intensifica durante las fiestas decembrinas, dada la fuerte actividad económica que se desenvuelve a lo largo del período de tiempo que se menciona. Se considera que la derrama económica que representan las fiestas decembrinas para el sector turístico nacional es mayúscula. Sin embargo, se menciona que los comerciantes aprovechan estas fechas para emplear prácticas desleales, con el fin de obtener mayores ganancias a costa de los derechos de los consumidores.
El papel de la Profeco, por lo tanto, es inhibir dichas prácticas que contravienen la Ley, no sólo por la vía de las verificaciones sino a través de mecanismos preventivos por los que se difundan los derechos de los consumidores, así como las infracciones que corresponden a las diversas violaciones que de éstos se hagan.
De igual forma, los legisladores hacen un exhorto a dicha institución para que dé a conocer un informe que comprenda el número total de denuncias hechas por ciudadanos, así como la cantidad de establecimientos que fueron sancionados durante las fiestas de diciembre.
2. Esta Primera Comisión considera que la prevención de abusos por parte de quienes ofrecen bienes y servicios hacia quienes los adquieren, por la vía de la difusión, es un componente esencial en la defensa de los derechos de los consumidores. Por ello se estima pertinente que se lleven a cabo campañas a través de las cuales se dén a conocer los derechos de los que gozan los consumidores, a fin de que éstos identifiquen situaciones en las que se transgrede la legislación en materia de protección al consumidor y puedan hacer la denuncia correspondiente. La difusión, así, activaría un mecanismo de alarma, por el que los ciudadanos avisarían a las autoridades en qué establecimientos se incumple la ley, sin necesidad de que éstas tengan que realizar actividades de verificación y vigilancia exhaustivas.
Dicha facultad recae en la Procuraduría Federal del Consumidor, con base en lo establecido por el artículo 24., fracción V, de la Ley Federal de Protección al Consumidor:
Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
...
V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta ley;
...
No pasa desapercibido para quienes integran esta Comisión que la propuesta de los legisladores se enfoca en un período de tiempo muy concreto, como son las fiestas decembrinas. No obstante, dado que los posibles abusos por parte de quienes ofertan bienes y servicios no son exclusivos de esta época, parece adecuado que las acciones en materia de difusión de derechos del consumidor sean de carácter permanente.
3. La Procuraduría Federal del Consumidor se ha caracterizado, desde años atrás, por ser una institución de rendición de cuentas y transparencia, particularmente a partir de 2007, cuando los informes anuales comenzaron a contener información de mucha valía: número de quejas ciudadanas recibidas mensualmente, número de infracciones y monto de las multas. Este tipo de información transparenta el estado que guarda el país en materia de derechos del consumidor e indica en qué áreas han de ser reforzados los operativos de verificación y vigilancia.
4. La Procuraduría Federal del Consumidor hizo llegar a esta Comisión de Trabajo un informe relativo al Programa Especial de Verificación y Vigilancia Fiestas Decembrinas 2012-2013, a través del Senador Arturo Zamora, quien forma parte de esta Primera Comisión. En dicho informe se exhiben las acciones emprendidas por la Profeco para hacer valer los derechos de quienes adquieren los bienes y servicios ofertados, focalizando las visitas de verificación en función de los productos más demandados de acuerdo a la festividad.
Por la relevancia de dicho informe para la elaboración del presente dictamen, se hace una transcripción íntegra de éste:
Programa Especial de Verificación y Vigilancia Fiestas Decembrinas 2012-2013
Programa
La Profeco ha puesto en marcha este programa del 28 de noviembre de 2012 al 6 de enero de 2013, con el objetivo de verificar y vigilar que los proveedores de bienes, productos y servicios alusivos a las festividades decembrinas, ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), y que los productos que vendan cumplan con los requisitos de información comercial y especificaciones de seguridad, al igual que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales se encuentren debidamente calibrados y ajustados, cumpliendo en todo momento con la normatividad, a fin de evitar que se afecten o puedan afectar los derechos y economía de los consumidores.
La verificación se realiza de manera focalizada en tres etapas, como se indica a continuación:
• Primera Etapa (Navidad). Del 28 de noviembre y hasta el 24 de diciembre, se concentró en proveedores relacionados con las compras de productos para decoración navideña, regalos y la cena de navidad, incluidos tiendas de autoservicio y departamentales, mercados públicos, centrales de abasto, tiendas de ropa, calzado, electrónica y telefonía celular, así como estacionamientos.
• Segunda Etapa (Año nuevo).- Del 26 al 31 de diciembre, se intensificó en la verificación de restaurantes, bares, centros de espectáculos y salones para eventos en los que se ofrecen y comercializan paquetes cena- show o baile para el festejo de fin de año, así como tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales, además de estacionamientos.
• Tercera Etapa (Reyes). Del 2 al 6 de enero de 2013, se está reforzando la verificación de jugueterías, tiendas de autoservicio y departamentales en las áreas de juguetería, establecimientos con venta de productos y accesorios deportivos, tiendas especializadas con venta de productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, panaderías, tiendas de ropa y calzado para niños.
Acciones preventivas
Como parte del esquema de autorregulación y corresponsabilidad la Profeco ha establecido los canales de comunicación y coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), a quienes se han brindado capacitación sobre las disposiciones legales y normativas que vigila la Profeco, con el fin de que sus afiliados ajusten sus prácticas comerciales a lo dispuesto por la Ley y Normas Oficiales Mexicanas aplicables, acciones mediante las que se busca incrementar el nivel de cumplimiento de los proveedores y reducir la posible comisión de prácticas en perjuicio de los consumidores.
Resultado Primera Etapa Navidad
En el marco del programa, se practicaron a nivel nacional 2 mil 775 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:
• 249 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones en promociones sin informar en qué consisten, así como utilizar instrumentos de medición sin cumplir con la calibración anual obligatoria;
• 113 mil 219 productos verificados, entre los que destacan ropa, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos de temporada, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y consumibles, dulces y golosinas; procediendo a la inmovilización de 2,343 productos por carecer de información comercial.
• 303 instrumentos de medición verificados, (66 relojes checadores de tiempo y 237 básculas), inmovilizando 3 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.
Resultado Segunda Etapa Fin de Año
En el marco del programa, en lo que corresponde a la segunda etapa se practicaron a nivel nacional 388 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:
• 36 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones en promociones sin informar en qué consisten, así como utilizar instrumentos de medición sin cumplir con la calibración anual obligatoria;
• 21 mil 517 productos se verificaron, entre los que destacan ropa, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos de temporada, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y consumibles, dulces y golosinas; procediendo a la inmovilización de 1,015 productos por carecer de información comercial.
• 80 instrumentos de medición fueron verificados, (34 relojes checadores de tiempo y 46 básculas), inmovilizándose 3 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.
Resultado Acumulado
En el marco del programa, se han practicado a nivel nacional 3 mil 163 visitas de verificación, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:
• 285 establecimientos han sido emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como no exhibir precios en montos totales a pagar, aplicar restricciones en la venta de ropa sin informar en qué consisten, establecer métodos o prácticas abusivas consistentes en la negativa de cambio o devolución de prendas de vestir, así como en la aplicación de cargos por concepto de propinas.
• 134 mil 736 productos han sido verificados, inmovilizando 3,358 piezas de diversos productos por carecer de información comercial relativa a la identificación de país de origen, nombre y domicilio del fabricante o importador, lote, fecha de caducidad, información nutrimental, ofrecer garantías sin entregarse por escrito, no entregar manuales e instructivos, no indicar la denominación de bebidas alcohólicas.
Entre los productos verificados se encuentran ropa, calzado, alimentos preenvasados, aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, adornos y artículos navideños, bebidas alcohólicas, equipos de cómputo y sus consumibles, dulces y golosinas.
• 383 instrumentos de medición han sido verificados, (100 relojes checadores de tiempo y 283 básculas), inmovilizando 6 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.
Recomendaciones
• Exigir precios a la vista;
• Comparar precio y tarifas antes de comprar o consumir;
• No adquirir bebidas alcohólicas en el mercado informal;
• Exigir kilogramos completos;
• Exija comprobantes de consumo;
• Que los precios se exhiban en moneda nacional;
• En la venta de bebidas alcohólicas por botella, que se indiquen los mililitros en la carta y se la cantidad de refrescos que acompaña el servicio de botella;
• Que no se condicione o niegue el servicio a un consumo mínimo
• Que no haya selección de clientela, por razones de género, preferencia sexual, étnicas, etcétera;
• Reservar con anticipación e informarse previamente de los términos y condiciones aplicables por el establecimiento para el servicio.
• Apoyarse en el Quién es Quién en los Precios, que se puede consultar en la página de Internet de la institución www.profeco.gob.mx;
• Denunciar cualquier abuso ante Profeco al Teléfono del Consumidor 55688722 para el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01 800 468 8722, lada sin costo del interior de la República Mexicana, y vía Internet denunciasprofeco@profeco.gob.mx y redes sociales como Twitter.
5. La Procuraduría Federal del Consumidor, por la misma vía, hizo llegar a la Primera Comisión de la Comisión Permanente un informe referente al Programa Nacional de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2012. Por los mismos motivos que los del considerando anterior, éste se transcribe íntegramente:
Programa Nacional de Verificación y Vigilancia
Vacacional y Turístico 2012
La Profeco, considerando que la actividad turística representa uno de los principales elementos del crecimiento económico del país, donde la riqueza cultural de las ciudades coloniales, la belleza de sus playas, así como las rutas de balnearios a lo largo del país ofrecen al turista nacional y extranjero una gama de oportunidades de realizar turismo.
Con motivo del periodo vacacional de fin de año, se puso en marcha el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2012-2013, durante el periodo comprendido del 17 de diciembre de 2012 y hasta el 4 de enero de 2013.
Objetivo
Vigilar que los proveedores de bienes, productos y servicios relacionados con la temporada vacacional, ajusten su comportamiento comercial conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y que los productos que comercializan, cumplan con los requisitos de información comercial y especificaciones de seguridad establecidos por las normas oficiales mexicanas, de igual forma que los instrumentos de medición empleados en transacciones comerciales (básculas de aeropuertos y líneas camioneras, así como relojes registradores de tiempo de estacionamientos públicos), se encuentren debidamente calibrados y ajustados.
Giros comerciales a verificar
Las acciones del programa se focalizan en balnearios, destinos de playa y ciudades coloniales, en donde se verificaran giros comerciales como hoteles, restaurantes, discotecas, líneas aéreas, camioneras y agencias de viajes, tiempos compartidos, venta de equipo de video y fotografía, así como juguetes, ropa de playa, además de estacionamientos públicos.
Autorregulación
En el marco del esquema de autorregulación previo a las acciones de verificación, se estableció contacto con cámaras y asociaciones de proveedores como son la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo, a quinees se ha brindado capacitación sobre sus obligaciones como proveedores.
Informe de avances
Derivado de la instrumentación del programa, se han practicado 712 visitas de verificación a nivel nacional, en materia de comportamiento comercial, normas oficiales mexicanas y metrología, derivado de las cuales:
• 69 establecimientos han sido emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la Ley, tales como: no exhibir y respetar precios, no proporcionar información clara y veraz sobre tarifas aéreas, no respetar los descuentos anunciados en servicio de líneas camioneras, aplicar restricciones sin informar de manera clara y adecuada en qué consisten.
• 13 mil 806 productos verificados, de los que se han inmovilizado 982 por incumplimientos de información comercial, principalmente cámaras fotográficas y ropa de playa, por carecer de nombre y domicilio del fabricante o importador, ofrecer garantías sin entregarlas por escrito o indicar términos para hacerlas efectivas y no incluir instructivos de operación.
• 141 instrumentos de medición verificados, (62 relojes y 79 basculas), inmovilizando 2 básculas y 1 reloj registrador de tiempo por no cumplir con calibración anual obligatoria.
Resultados operativo de verificación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, AICM
El viernes 28 de diciembre de 2012, la Profeco llevó a cabo un operativo de verificación encabezado por el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, Procurador Federal del Consumidor, quien estuvo acompañado por el Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Aerotransporte y el representante de la Dirección General del AICM.
Como resultado de este operativo se practicaron 25 visitas de verificación a establecimientos con giro de restaurantes, líneas aéreas, estacionamientos, servicios de taxi, arrendadora de autos, boutiques, cafeterías y minisúper, de las cuales:
• 4 establecimientos fueron emplazados a procedimiento administrativo por infracciones a la ley, por no proporcionar información sobre tarifas de transportación aérea y de arrendamiento de vehículos, operar con básculas en los módulos de líneas aéreas no calibradas y comercializar relojes de pulso que carecen de información comercial.
• 58 instrumentos de medición fueron verificados, (20 relojes registradores de tiempo y 38 básculas), inmovilizando 1 básculas por no cumplir con calibración anual obligatoria.
Por parte del módulo de atención a quejas personal de la Subprocuraduría de Servicios, informó que se atendieron 73 asesorías, 19 orientaciones efectuando además la conciliación inmediata de 20 quejas y 10 más que fueron canalizadas a las delegaciones de Profeco para su atención.
Recomendaciones
Exigir precios a la vista y comparar.
• Exigir comprobantes de compra o prestación de servicios, para una eventual reclamación.
• Adquirir productos con información comercial en español.
• Reservar con anticipación hospedaje y transportación.
• Informarse sobre los términos de cancelación y cargos aplicables.
• Preguntar qué incluyen los paquetes y planes “Todo incluido”.
• Denunciar cualquier abuso de los proveedores.
Pone a disposición de los consumidores el teléfono del consumidor 5568 8722 en el Distrito Federal y área metropolitana, o al 01800 468 8722, lada sin costo del interior de la República Mexicana, para quejas y denuncias por abusos de los proveedores, así como su página web www.profeco.gob.mx y turista@profeco.gob.mx.
6. Atendiendo los dos considerandos previos, esta Comisión estima que la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya y por el Diputado Trinidad Morales Vargas ha sido parcialmente atendida, en lo referente al informe de actividades emprendidas durante las fiestas decembrinas.
7. Por otro lado, esta comisión dictaminadora considera de suma importancia que la Procuraduría Federal del Consumidor realice campañas permanentes entre la ciudadanía, a fin de que ésta pueda tener más claridad sobre sus derechos y, por otro lado, se puedan prevenir abusos en contra de los consumidores.
Por las consideraciones expuestas, esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que de manera permanente continúe con la implementación de campañas de difusión a nivel nacional, mediante las cuales se informe a la sociedad sobre los derechos del consumidor, así como de las sanciones que resultan aplicables a los establecimientos que realicen prácticas en contra de la ley.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica a favor con la adición propuesta por el senador Arturo Zamora), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita una declaratoria de emergencia a fin de activar los recursos del Fonden para los municipios del norte del país de elevada marginación y afectados por la tormenta invernal
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 171-174, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 9 de enero de 2013, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que sean liberados los recursos del Fonden para los estados del norte que se encuentran afectados por la tormenta invernal.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Primera Comisión de la Permanente para estudio y dictamen.
Consideraciones
1. La senadora Lilia Guadalupe Merodio, en la proposición presentada, expone que muchos estados del país han sufrido temperaturas sumamente bajas, que han afectado la calidad de vida de quienes los habitan, especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema. En los primeros días de 2013, Chihuahua ha sido afectado por la entrada de los frentes fríos números 19 y 20 de la temporada invernal. Lo anterior ha cobrado, desafortunadamente, la vida de ocho personas.
La proponente cita que el caso de Chihuahua resulta particularmente dramático, donde las nevadas sucedidas han sido las mayores desde hace 40 años, lo que trae consigo enormes afectaciones a toda la población y a la economía del estado. Además, 63 de los 67 municipios que integran dicha entidad han experimentado temperaturas bajo cero.
Asimismo, que el Sistema Meteorológico Nacional indicó que el frente número 20 ingresó por el noroeste de la República Mexicana e interaccionará con una baja presión fría en niveles medios y altos de la atmósfera para dar origen a la tormenta invernal. En primera instancia tocará el norte de Baja California y Sonora y posteriormente se desplazará por toda la región del norte del país, detalló la dependencia del gobierno federal.
La legisladora señala en la proposición que el gobierno federal cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el cual es un instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil, que coadyuva según los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, a las entidades federativas de la República Mexicana y sus municipios, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y las condiciones previstos en sus reglas de operación.
2. El Fondo para la Atención de Emergencias es un instrumento financiero que tiene como fin proporcionar suministros de auxilio para atender las urgencias y los desastres, y proteger la vida y salud de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales.
3. El artículo 59 de la Ley General de Protección Civil establece: “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.
4. El pasado 9 de enero, la Secretaría de Gobernación emitió en el boletín 1 una declaratoria de emergencia en 21 municipios de Chihuahua por la presencia de nevada severa. Por la relevancia del boletín en comento, se transcribe íntegramente:
Declara la Segob emergencia para 21 municipios de Chihuahua
Boletín 1
México, DF, a 9 de enero de 2013.
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Ahumada, Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame del Sotol, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Madera, Manuel Benavides, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, de Chihuahua, por la presencia de nevada severa, a partir del pasado 30 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Dirección General de Comunicación Social
5. Del mismo modo, el 11 de enero de 2013, la Secretaría de Gobernación, en el boletín 2, emitió una declaratoria de emergencia para siete municipios de Sonora, por las severas heladas:
Declara la Segob emergencia para siete municipios de Sonora
Boletín 2
México, DF, a 11 de enero de 2013.
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Agua Prieta, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Nacori Chico, Nogales y Santa Cruz, de Sonora, por la presencia de nevada y helada severa, durante los días 11 a 15 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Dirección General de Comunicación Social
6. La Secretaría de Gobernación, en el boletín de prensa número 5, emitió una declaratoria de emergencia para otros 13 municipios de Chihuahua:
Declara la Secretaría de Gobernación emergencia para 13 municipios de Chihuahua
Boletín 5
México, DF, a 14 de enero de 2013.
La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una declaratoria de emergencia para los municipios de Balleza, Bocoyna, Carichi, Cusihuiriachi, Doctor Belisario Domínguez, Guachochic, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, Ocampo, Urtique, Uruachi, y Temósachi, de Chihuahua, por la presencia de Nevada Severa, durante los días 8 a 10 de enero de 2013. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.
A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Dirección General de Comunicación Social
7. Para efectos procedimentales, resta que se publiquen ambas declaratorias de emergencia en el Diario Oficial de la Federación. Los boletines, sin embargo, dan cuenta de que la Secretaría de Gobernación ha reconocido el desastre en los 41 municipios mencionados y procederá a liberar los recursos necesarios, luego que el Comité de Evaluación de Daños haya emitido opinión técnica.
8. Pese a que ya se ha hecho la declaratoria correspondiente en 34 municipios de Chihuahua y en 7 de Sonora, resta por activar los recursos del fondo para el auxilio de otros, que por sus condiciones de marginación, aunadas a las bajas temperaturas, requieren apoyo financiero para paliar las complicaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de Nonoava, clasificado por el Consejo Nacional de Población entre los municipios de alta marginación y caracterizado por inviernos gélidos, donde las nevadas son frecuentes, lo que deriva en condiciones de vida sumamente difíciles para la población.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Permanente, para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita a la Secretaría de Gobernación que, una vez que cuente con el informe de evaluación de daños, emita una declaratoria de emergencia para activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para los municipios del norte del país que viven en condiciones de elevada marginación y que se encuentran afectados por la tormenta invernal.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2013.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos adscritos a él, así como llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos correspondientes para sancionar a los que hayan violado los derechos humanos de los migrantes
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 121, 122, 127 y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Primera Comisión sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 3 de enero de 2013, en sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del primer periodo de receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a integrar un estudio minucioso del personal presuntamente involucrado en actos ilícitos e irregulares y, en caso de probarse la comisión de algún delito, se actúe en consecuencia, a fin de garantizar los derechos humanos de los migrantes.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Primera Comisión para análisis y dictamen.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La senadora Luz María Beristáin, en la proposición de mérito, expone que se han presentado numerosas denuncias por actos de ilegalidad y corrupción cometidos por personal del Instituto Nacional de Migración contra cientos de migrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. Se señala que, pese a las irregularidades en el ingreso de los inmigrantes, la integridad de la vida humana debe ser salvaguardada y se han de aplicar los mecanismos previstos en la ley para resolver la situación migratoria de estas personas, sin violentar de ninguna manera sus derechos fundamentales.
De igual forma, se destaca la labor del padre Alejando Solalinde –reconocida por la CNDH – en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que, en la búsqueda de más y mejores oportunidades laborales, cruzan hacia México.
La que suscribe la proposición con punto de acuerdo se remite al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, donde se establecen las atribuciones de los titulares de los órganos administrativos desconcentrados, entre las que se encuentra la facultad para evaluar el funcionamiento y desempeño del órgano a su cargo.
Consideraciones
1. En México, las personas migrantes son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. El párrafo quinto del artículo 1o. constitucional prohíbe la discriminación basada en el origen nacional, es decir, contra las personas migrantes. El mismo artículo establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las migrantes, a partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de manera que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en el ejercicio de los derechos de cualquier persona.
2. En 2006, el gobierno mexicano firmó el “memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre”.
3. El Instituto Nacional de Migración es el encargado, entre otras cosas, de la retención, el alojamiento y la devolución de extranjeros en condición migratoria irregular a sus países de origen.
4. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación faculta en el artículo 56, fracción VI, al comisionado del INM para analizar y proponer programas y acciones para la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. La fracción IX del mismo artículo confiere al comisionado del INM la atribución de promover y coordinar las acciones operativas para que los mexicanos y los extranjeros tengan un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos durante su ingreso, tránsito y salida del territorio nacional.
5. El artículo 2o. de la Ley de Migración establece como uno de los principios fundamentales de la política migratoria del Estado mexicano el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. De igual forma, en el artículo citado se determina que en ningún caso la situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito.
6. La Ley de Migración señala en el artículo 140 como infracción grave la violación de los derechos humanos de los migrantes, que se sanciona con la destitución de los servidores públicos que incurran en ello.
7. La ley en comento obliga a los servidores públicos del instituto a desempeñarse conforme a los principios de legalidad, honradez y respeto de los derechos humanos.
Adicionalmente, la Ley de Migración establece como requisito indispensable que los servidores públicos del INM se encuentren obligados a someterse a un proceso de certificación para su ingreso, promoción y permanencia. La aplicación de los controles de confianza funciona preventivamente, ya que sólo permite que personas que cumplen el perfil requerido presten servicios en el órgano desconcentrado en comento.
8. Que el pasado 12 de diciembre, el director general jurídico del Instituto Nacional de Migración, José Antonio Musi, reconoció que uno de los principales retos de dicho órgano desconcentrado es erradicar la corrupción prevaleciente entre algunos de sus servidores públicos, pues sólo en 2012 fueron despedidos 500 empleados por no acreditar los exámenes de control y confianza.
Por las consideraciones expuestas, y para los efectos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno de la Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración a reforzar los procesos de certificación y controles de confianza de los servidores públicos del instituto, a efecto de que éste sea depurado respecto a los elementos que no cumplen el perfil requerido.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos correspondientes para sancionar conforme al artículo 140 de la Ley de Migración a los servidores públicos que hayan cometido violaciones de los derechos humanos de los migrantes.
Sala de comisiones de la Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), presidente; Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), secretaria; José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Mario Delgado Carrillo (rúbrica), secretarios; Miguel Romo Medina (rúbrica), Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), José María Martínez Martínez (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Luis Armando Melgar.
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a fomentar la implantación del sistema de escritura braille y el acceso a él
Honorable Asamblea:
Con fecha 9 de enero de 2013 a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran al presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado denominado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de enero de 2013 la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, a fin de fomentar la implementación y el acceso al sistema de escritura braille.
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su estudio y dictamen correspondiente, con el número de oficio D.G.P.L. 62-11-7-331 fue recibido con fecha de 10 de enero de 2013.
3. En sesión ordinaria de la Segunda Comisión de fecha de 15 de enero 2013, se entregó a los integrantes de la mencionada comisión el punto de acuerdo en comento para su respectivo estudio.
4. Los miembros de esta Segunda Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita de esta soberanía con los siguientes argumentos:
1. La inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad dentro de la sociedad, implica que la misma sociedad conformada tanto por gobernantes como por gobernados, asumamos una postura de empatía hacia este sector de la población, y emprendamos acciones objetivas y reales, que permitan las condiciones necesarias para lograrla.
2. De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de la población mexicana que padece alguna discapacidad, 27.2 por ciento de la misma, tiene enfermedades de la vista.
3. En nuestro país enfrentamos una situación en la que pese a los esfuerzos y avances en la medicina, existe aún el grave problema de la falta de condiciones para disminuir -en lo posible- las circunstancias que implican una mayor complejidad para el desarrollo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad visual.
4. En ese sentido, el impulso que realicemos dentro de nuestras esferas de actuación, como sociedad atenta, consciente e incluyente, representa la llave para brindar mejores condiciones a personas que se enfrentan con desventajas para su movilidad dentro de espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.
5. El 4 de enero de este mes, recordamos el nacimiento de Louis Braille (1809 - 1852), quien, pese a su discapacidad visual obtenida a raíz de un accidente a los tres años de edad, logró desarrollar sus estudios profesionales y perfeccionar el sistema universal que hoy conocemos para el acceso a la lectura de las personas que tienen dificultades para ver, o padecen totalmente de ceguera.
6. Siendo el sistema de escritura braille, el método idóneo y universalmente adoptado para que las personas con discapacidad visual puedan, mediante la combinación de puntos en relieve, contar con un sistema de lecto-escritura táctil que les permite mejorar su ubicación dentro de un espacio o edificio público, las rutas de acceso, los servicios que se proporcionan en el lugar, entre otro tipo de información útil, consideramos necesario promover su inserción y aplicación.
Por lo anterior, el proponente concluye con su punto de acuerdo que dice:
Primero. Se exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.
Segundo. Se exhorta atentamente a las instancias en materia de educación de las entidades federativas, a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como a coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.
III. Consideraciones
Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan a favor del punto de acuerdo con base en:
México cuenta con un marco jurídico que regula la atención de la población en condiciones con discapacidad en el país, éste se integra por leyes, reglamentos, decretos, normas, y sus respectivas organizaciones gubernamentales, encargadas de dar cumplimiento a la normatividad respectiva, sin mencionar toda la normatividad sólo resaltaremos los vinculados con el punto de acuerdo:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las adiciones al artículo 1, del 14 de agosto de 2001, México entra a una nueva era, en donde se garantizan los derechos de las personas socialmente débiles y, con esto el impulso para la creación de leyes secundarias encargadas de proteger y velar por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Así, el fundamento constitucional del derecho a las personas con discapacidad en México, queda sustentado en el Título Primero de las Garantías Individuales, párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política Federal vigente. Este párrafo hace referencia a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2. Esta mención constitucional reconoce el valor que dan a las personas con discapacidades con prohibición a toda discriminación y que se entiende que como individuos gozan de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
3. El decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo: aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, así como su ratificación por el Senado de la República y la Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad. Al ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendaron su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos con alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio nacional como en el extranjero.
• Como parte de la acciones de la Organización de las Naciones Unidas como se mencionó en el párrafo anterior, en 2006, aprobaron una nueva ley que establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. También dice que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Asimismo, refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.
4. Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y señala el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. En el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.
Esta ley trata de regular ámbitos importantes que coinciden con el espíritu de la promovente como:
Educación. En esta materia, tan importante para el sostenimiento de cualquier estado social y democrático, el estado se encargará de elaborar y fortalecer programas en educación especial; esta actividad comenzará desde los primeros años del infante, por lo cual todas las guarderías tanto privadas como públicas estarán obligadas a admitir a niños con capacidades diferentes; otra de las muchas necesidades será sin duda, la profesionalización del cuerpo docente y del personal que tenga intervención directa en la incorporación educativa de personas con discapacidad; se establecerán programas con reconocimiento oficial en lengua de señas mexicana y sistema de escritura braille; así como las bibliotecas del sistema nacional, tendrán las adecuaciones humanas y tecnológicas, para la plena integración de las personas con capacidades diferentes.
Facilidades arquitectónicas, de desarrollo urbano y de vivienda. De acuerdo a la ley en mención, las personas con discapacidad tienen pleno derecho a un desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos, por lo tanto todos los edificios públicos que se construyan a partir de la entrada en vigor de dicha ley, deberán de tener los diseños y elementos necesarios, para el aseguramiento de accesibilidad de las personas con discapacidad, sin embargo aunque la ley no haga mención de edificios o inmuebles públicos construidos con anterioridad a esta ley, debe de existir una conciencia y una cultura de inclusión, que nos permita adaptar y crear las modificaciones necesarias para el libre desplazamiento de dichas personas. Las empresas privadas deberán apegarse a dicha legislación y proporcionar las facilidades arquitectónicas para el desplazamiento de trabajadores con discapacidad. En materia de vivienda, el sector público incluirá proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad.
Transporte público y comunicaciones. Una de las principales finalidades en este campo será la creación de campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y lugares de acceso público, el estado impulsará programas que permitan la accesibilidad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público, asimismo se incluirán en las unidades de transporte, especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad; de igual manera promoverá licitaciones de concesión del servicio de transporte público con las mismas características.
En materia de discriminación existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyas disposiciones son de orden público y de interés social. En sus artículos 11 y 13 incluye una serie de medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niños y niñas con discapacidad y de las personas con discapacidad en su conjunto.
En el mismo tenor está la Ley General de Salud , que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. En el artículo 3o. de esta ley se señala que la atención médica es materia de salubridad general, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.
La educación como parte importante dentro del desarrollo del ser humano no puede quedar atrás en materia de personas con discapacidad, actualmente nos rige la Ley General de Educación, que regula la educación que imparte el estado (Federación, entidades federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En su artículo 39 esta ley señala que en el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. Asimismo, en su artículo 41 menciona que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.
Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso a toda la población al desarrollo social y dando cumplimiento con el artículo 1 de nuestra carta magna contra la discriminación existe la Ley General de Desarrollo Social la cual en su artículo 8 esta ley señala que toda persona o grupo social en situación de desventaja tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. Además, en su artículo 9 establece que los municipios, los gobiernos de las entidades federativa y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos de acción, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas cuantificables.
5. Ley de Asistencia Social, (2 de septiembre 2004) tiene la finalidad de proteger intereses y derechos de personas con capacidades diferentes, dicha ley tendrá observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley será la que indicará quiénes tendrán derechos a la asistencia social, dará los lineamientos para establecer con claridad cuáles serán los servicios de asistencia social, de igual manera indicará qué instituciones tanto públicas como privadas, pertenecen al Sistema Nacional de Asistencia Social, de igual forma esta ley será la encargada de la supervisión de las Instituciones de Asistencia Social.
Con base en lo mencionado se entendería que las personas con discapacidad cuentan con una cobertura plena en cada una de sus necesidades, pero no es así. En México según diversas organizaciones no gubernamentales hace falta disposición no sólo política sino conciencia cívica para abatir discriminación y rezago de este sector.
Por lo anteriormente expuesto, la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición
IV. Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta atentamente a la Secretaría de Educación Pública federal a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta atentamente a las instancias en materia de educación de las entidades federativas, a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y sus análogas en sus entidades federativas, para que informen a esta soberanía los resultados que se obtengan del exhorto formulado con esta fecha.
Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2013.
La Segunda Comisión
Diputados: María de la Nieves García Fernández (rúbrica), presidenta; Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Ricardo Cantú Garza.
Senadores: Graciela Ortiz González (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron, Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades ambientales competentes a elaborar propuestas de control, manejo y erradicación de especies invasoras de mares y aguas interiores de México
Honorable Asamblea:
Con fecha 9 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México, suscrito por el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de enero de 2013, el diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Profepa, a la Conagua, a la Conafor y al Conanp, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representa las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México.
2. En la sesión correspondiente a la fecha señalada en el numeral que antecede, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-339.
3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión del problema que representan las especies invasoras y elaboren propuestas para su control, manejo y, en su caso, erradicación de los mares y aguas interiores de México.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.
La proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la introducción de especies invasoras es una de las más grandes amenazas a la biodiversidad, entendida como aquella que existe fuera de su distribución normal y actúa como agente de cambio, convirtiéndose en una amenaza para la diversidad biológica nativa y sus ecosistemas.
Un ejemplo del cambio abrupto de un ecosistema por la introducción de especies invasoras es la presa de Infiernillo, ubicada en el cauce del río Balsas, la cual comenzó a funcionar en 1964, y llegó a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas de tilapias y carpas al año. Sin embargo, la aparición del pez diablo también conocido como pleco en la cuenca del Balsas en 1995, impactó severamente esta actividad económica. Para 2007 significó pérdidas por un monto aproximado de 36 millones de pesos al año, y un costo social importante al dejar desempleados o subempleados a 3 mil 600 pescadores, y que junto con sus familias sumaron 46 mil personas afectadas.
Otro pez invasor que ha causado daños a los ecosistemas nacionales es el pez león , especie originaria de los arrecifes del océano Índico y Pacífico occidental. Su liberación al medio natural, en forma accidental o voluntaria, tuvo lugar en el estado de Florida en 1992. Desde entonces el Pez León ingresó en las aguas del Golfo de México y se convirtió en una amenaza para la región. En días recientes, se ha reportado que el Pez León ha llegado hasta Tuxpan, Veracruz y la Península de Yucatán.
Otro ejemplo, es el de los peces cebra originarios del sureste asiático, a los cuales en 2003, se les insertó un gen de fluorescencia natural que les confiere la capacidad de tener colores que brillan y ahora son conocidos como GloFish. En México, a pesar de que está prohibida la comercialización del GloFish no se ha impedido su entrada ilegal.
En los tres casos queda demostrado que cuando nuevas especies llegan a un hábitat donde no hay competidores ni depredadores, pueden encontrarse en condiciones sumamente ventajosas que les permiten establecerse y dispersarse casi sin límites, alterando así ciclos de evolución que se han forjado a lo largo de miles de años. Se requieren acciones inmediatas y específicas para resolver esta problemática:
1. Prevención; es necesario establecer una campaña de información a los aficionados a los acuarios y a la población en general, que alerte sobre los daños que puede tener la liberación de peces cautivos en sitios naturales.
2. Acciones de difusión y educación; dirigidas a los pequeños comerciantes acerca de las especies y su posible potencial invasivo.
3. Promover la certificación de los establecimientos, de manera que sea obligatorio que comercialicen únicamente organismos estériles o del mismo sexo, que aseguren el control total de los riesgos, y que cuenten con la infraestructura y métodos de manipulación adecuados. Incentivando con beneficios fiscales a aquellos comerciantes que cumplan con las regulaciones y medidas impuestas.
4. Vigilancia y control eficientes de invasiones biológicas existentes, con el objeto de dar seguimiento a su proliferación y zonas de concentración. Posteriormente, proceder a su erradicación mediante la promoción del consumo en restaurantes y estudiar otras opciones para generar valor agregado a la pesca de estas especies, como harina de pescado, alimento para granjas acuícolas o como fertilizante.
Por lo anterior, resulta necesario que todos los sectores trabajen de manera conjunta para asegurar una mejor coordinación estratégica, una mayor participación y compromiso de las partes interesadas y un mejor uso y aprovechamiento de los procedimientos de gestión ambiental existente.
III. Consideraciones
1. Ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión reconocen que es absolutamente necesario que el gobierno mexicano haga frente a esta amenaza global uniendo esfuerzos y estableciendo una estrategia nacional que involucre la prevención, la detección, la acción inmediata, el control y la erradicación de especies invasoras, por lo que nos manifestamos de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.
2. Debido a que la problemática de las especies invasoras no sólo involucra actividades pesqueras sino también turísticas, sanitarias y económicas, es necesario que las acciones de detección, prevención, control y erradicación de especies invasoras sean coordinadas por todos los sectores y deberán realizarse en función de prioridades determinadas en primer lugar por la biodiversidad en riesgo y salud de los ecosistemas, en segundo lugar por el bienestar social de las comunidades afectadas y en tercer lugar por las afectaciones económicas que implicarían al país, todo ello mediante el programa nacional de acción dirigido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
3. Durante el estudio y análisis que realizó esta comisión sobre el tema, fue posible detectar que en el ámbito nacional los impactos de las especies invasoras no han sido cuantificados, tampoco se tiene certeza sobre el número de especies invasoras se encuentran establecidas en México, por lo tanto los miembros de esta comisión consideran necesario que exista una base de datos con información científica y técnica que permitan establecer planes de acción específicos, además de lograr que la sociedad identifique rápidamente las especies invasoras con la finalidad de incrementar las capacidades de monitoreo y vigilancia.
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
IV. Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Comisiones Nacional del Agua, Nacional Forestal y de Áreas Naturales Protegidas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que establezcan las acciones necesarias para la difusión de las especies invasoras que incluya datos sobre su distribución, biología, impactos y opciones de control.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) implemente un programa nacional de acciones estratégicas que eviten la entrada de nuevas especies invasoras, incentiven su prevención y disminuyan la expansión de aquellas especies invasoras presentes en el territorio nacional hasta llegar a su erradicación de mares y aguas interiores de México. Al mismo tiempo se deberá entregar un informe anual de los resultados alcanzados con la finalidad de generar un diagnóstico que permita integrar mejoras al programa.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) para mantener actualizada la base de datos de especies invasoras e incluir mejoras en el diseño y operación del sistema de información en el que se especifique su distribución e impactos en los ecosistemas, así como los mecanismos de mitigación.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.
Congreso de la Unión a 15 de enero de 2013.
Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar preferencia en el ejercicio presupuestal a la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB
Honorable Asamblea:
Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la campaña fitosanitaria de prioridad nacional contra el HLB, presentado por la senadora María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta en estudio, así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 3 de enero de 2013, la senadora María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a dar prioridad en el ejercicio presupuestal a la campaña fitosanitaria de prioridad nacional contra el HLB.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-5-352.
3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo, que a la letra señala:
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.
La proposición con punto de acuerdo señala en las consideraciones que para México la citricultura representa una actividad socioeconómica de gran importancia, cuenta con una superficie de 549 mil hectáreas, que producen al año alrededor de 7 millones de toneladas, y colocan a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo. Asimismo, la superficie citrícola es propiedad de 67 mil productores, se encuentra distribuida en 23 estados, con beneficio de más de 10 mil 200 millones de pesos, por lo que es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos. A escala mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual 8 países concentran casi 80 por ciento de la producción, entre los cuales el nuestro es partícipe.
Sin embargo, el documento señala en las consideraciones que esta actividad es gravemente amenazada por la presencia de plagas y enfermedades de interés cuarentenario presentes en el territorio nacional; tal es el caso del huanglongbing (HLB). Ante esta situación, desde 2008 se implantó una campaña fitosanitaria para la atención del HLB y su vector, el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). El huanglongbing (HLB) de los cítricos, también conocido como “greening” o “enverdecimiento”, es ocasionado por la bacteria Candidatusliberibacter spp., que causa inevitablemente el declinamiento productivo y la muerte de las plantas en un periodo no mayor de ocho años, una vez infectadas, dependiendo de la edad y condiciones de cultivo. Dicha enfermedad es transmitida por el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), el cual se encuentra distribuido en prácticamente todas las zonas citrícolas de México.
La Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), inició en 2008 una campaña fitosanitaria de prioridad nacional operada por los organismos auxiliares de sanidad vegetal en las 23 entidades federativas que cuentan con cítricos de importancia comercial, con el objetivo de detectar oportunamente la enfermedad y proteger las más de 500 mil hectáreas de cítricos existentes en el país (IICA, 2010). El mismo procedimiento ha permitido llevar a cabo la detección del HLB en 11 estados del país (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán).
La promovente del punto de acuerdo señala que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y el HLB continúa avanzando paulatinamente hacia y entre las zonas citrícolas, debido a que no se ha realizado el cumplimiento estricto del acuerdo. Prueba de ello son los registros de los huertos que están incumpliendo el citado lineamiento, según se encuentra publicado en la página Web del Senasica, http://www.senasica.gob.mx/ ?id=4737, entre otros actores que incumplen el fundamento legal.
Este acuerdo establece como obligación para la Sagarpa las siguientes disposiciones de tipo administrativo:
1. Cuarentenar áreas con presencia de HLB.
2. Prohibir la movilización de hospedantes de HLB que no cumplan la normativa referida.
3. Ordenar la retención, deposición y destrucción de vegetales, productos y subproductos infectados con la bacteria.
4. Certificación de unidades de producción de material propagativo de cítricos que cumplan el artículo octavo de este instrumento legal.
5. Capacitación y divulgación.
6. Vigilar el cumplimiento del acuerdo.
Acciones de control en áreas urbanas:
7. Exploración para detección de plantas con síntomas.
8. Muestreo y diagnóstico de material vegetal y del vector.
9 Eliminación de plantas con síntomas.
10. Control de vector.
En el punto se afirma que se han detectado algunos factores que han impedido el cumplimiento de la normativa vigente:
1. Falta de apoyo por las delegaciones de la Sagarpa en los estados para la aplicación del acuerdo de HLB.
2. Alto número de viveros no certificados a escala nacional.
3. Deficiencia de supervisiones sobre el acuerdo por los puntos de verificación e inspección, derivado de la situación de inseguridad en el país.
4. Soluciones al problema de HLB sin fundamento científico ni técnico por empresas privadas (no hay sanciones para éstas).
5. Negativa por los productores para la inspección de huertas comerciales.
6. Negativa por los productores y propietarios de huertos de traspatio para la eliminación de plantas con HLB.
7. En la mayoría de los casos no se lleva a cabo el control del insecto vector de forma particular ni regional.
8. Movilización de material vegetal de hospedantes de HLB de áreas con presencia de HLB a zonas sin presencia de la enfermedad.
9. No hay la certeza de que las nuevas plantaciones de cítricos o los replantes se están llevando a cabo con planta certificada.
Finalmente, el punto de acuerdo especifica la necesidad de apoyar toda la superficie citrícola mediante acciones que permitan la detección oportuna de la enfermedad y el manejo del vector, la regulación de material propagativo y fruta, y el principal apoyo estaría centrado en los productores que sí quieren participar, viéndose obligados a organizarse, aportar recursos para lograr el trabajo conjunto, y se le daría seguimiento puntual a través de la tarjeta de manejo que el personal técnico de la campaña le expida, como comprobante de las acciones que está realizando contra el HLB.
III. Consideraciones
1. Debido a que el HLB se considera una de las enfermedades más destructivas para los críticos del mundo, y dado que el vector está presente en todas las regiones citrícolas del país, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de los argumentos presentados en el punto de acuerdo y del resolutivo que le da pie. En consecuencia, los miembros de la comisión se manifiestan de acuerdo con que en el componente de sanidades, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos del Presupuesto de 2013, a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal se ejecute como primera prioridad en los proyectos fitosanitarios referentes a campañas contra huanglongbing de los cítricos. Sin embargo, los resolutivos se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.
2. Debido a que los efectos económicos del HLB en la cadena citrícola mexicana se traducen en una reducción de producción citrícola nacional, desempleo en el campo, agroindustria y actividades relacionadas, disminución en volumen y valor de la producción, además de una subutilización de la capacidad instalada y, por tanto, de una disminución en el volumen de las exportaciones, esta comisión recomienda fortalecer los programas de prevención y control contra el HLB y su vector, analizando una posible coordinación con países vecinos, con la finalidad de compartir experiencia y avances tecnológicos en la materia.
3. Es fundamental que cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria de los cítricos participe de manera coordinada y regional en la estrategia que ha mantenido la Sagarpa a través del Senasica, además de evaluar los alcances del programa, con la finalidad de fortalecer y, si es necesario, redireccionar las estrategias actuales.
4. Conviene destacar que dicha problemática es atendida por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.
Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
IV. Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto del ámbito de sus facultades, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con base al Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades”, contenido en el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se dé prelación en el ejercicio presupuestal para la Campaña Fitosanitaria de Prioridad Nacional contra el HLB, dadas las pérdidas millonarias que ha atraído al sector citrícola del país.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer los programas de prevención y control contra el HLB y su vector, analizando una posible coordinación con países vecinos, con la finalidad de compartir experiencia y avances tecnológicos en la materia.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso recomienda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incrementar la participación de cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria de los cítricos, en la estrategia que ha mantenido a través del Senasica para la prevención y control del HLB y su vector, además de evaluar los alcances del programa, con la finalidad de fortalecer y, si es necesario, redireccionar las estrategias actuales.
Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.
Suscriben el dictamen los integrantes de
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Alejandra del Moral), Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica por sustitución Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa
Honorable Asamblea:
Con fecha 3 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa, presentado en el pleno por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 3 de enero de 2013, el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a revisar y ajustar tarifas en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-3-275.
3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta del resolutivo contenida en el punto de acuerdo que a la letra señala:
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar la concesión que el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV, opera, con la finalidad de ajustar y hacer congruentes las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y libramiento Xalapa, con los de las demás autopistas de cuota, siendo urgente la reducción de sus tarifas que se consideran las más elevadas de la República mexicana.
Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que la concesión para la construcción, explotación, operación y mantenimiento de la autopista Perote-Xalapa, en sus dos tramos carreteros, fue otorgada en 2008 a la Concesionaria Autopista Perote Xalapa. Fue hasta noviembre de este año que se concluyó con los trabajos de construcción del libramiento Xalapa y con ello se inicia el uso de la totalidad de libramiento. Este libramiento presenta un costo de 3.71 pesos por kilómetro que duplica el valor de la autopista más cara antes construida en el país.
En las “Consideraciones” se informa que la autopista tiene como finalidad la disminución de tiempos y costos de traslado en la zona, tanto para transportistas como para particulares; pero el elevado costo de uso no permite su correcto funcionamiento, ocasionando que los transportistas que circulan por la zona estén estacionados hasta por 4 horas para esperar se les autorice el paso por el centro de Xalapa, para así no erogar los 627 pesos que costaría el traslado de sus mercancías por la autopista siendo un camión de 7 a 9 ejes y los 345 pesos que pagaría un camión de 2 a 4 ejes.
El punto de acuerdo continúa afirmando que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) a establecer y revisar las tarifas de los tramos carreteros, así como hacer la revisión de las concesiones.
La fracción VIII del artículo 5o. de la Ley Caminos, Puentes y Autotransportes Federal mandata que la SCT establezca las bases generales de regulación de tarifas, además el artículo 30 de la ley anteriormente referida da la facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar concesiones y revisar las cláusulas de las mismas velando siempre por la utilidad pública.
III. Consideraciones
1. Esta comisión reconoce que en el tramo carretero Perote-Banderillas y libramiento Xalapa existe un elevado costo de uso que no permite su correcto funcionamiento. Por lo que ante los argumentos que expone la proposición, esta comisión dictaminadora se abocó al estudio de los mismos y del resolutivo que le da pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.
2. Debido a que en términos de lo establecido por el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el artículo 15 de la Ley de Planeación, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer las bases y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, es importante incluir en la recomendación a esta secretaría.
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:
IV. Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, a revisar la concesión que opera el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa SA de CV, con la finalidad de ajustar y hacer congruentes las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas, y libramiento Xalapa, con las tarifas de las demás autopistas de cuota.
Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.
Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio para determinar el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV; y a la Sedesol, a implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo
Honorable Asamblea:
Con fecha 3 de enero de 2013, a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, primer receso del primer año del ejercicio, Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación para que por medio de sus convenios se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla la normativa aplicable; asimismo, se exhorta a la Sedesol a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo, presentada por la senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, en relación con la siguiente
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se reproduce los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta en estudio, así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 3 de enero de 2013, la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar un estudio con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación para que por medio de sus convenios se determine el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, a fin de que cumpla la normativa aplicable; asimismo, se exhorta a la Sedesol a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales en beneficio de la comunidad indígena hñähñu de Hidalgo.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para estudio y dictamen correspondiente. Al respecto, la comisión recibió el oficio número DGPL 62-II-7-272.
3. Los miembros de la Tercera Comisión, en reunión, procedimos a elaborar el presente dictamen, que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los suscritos, integrantes de la comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo, que a la letra señalan:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas de investigación por medio de sus convenios a la Empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, para determinar el impacto ambiental de la cementera con la finalidad de cumplir la normativa concerniente aplicable a dicha cementera con relación al ambiente.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar el análisis respectivo para implantar programas sociales principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y los demás aplicables en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.
Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo señala que después de reunirse con los líderes de la comunidad hñahñu, denunciaron el impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV, en Hidalgo, la cual funciona presuntamente con graves irregularidades respecto a la normatividad ambiental que debe cumplir para llevar sus actividades.
En el lugar donde fue construida la cementera originalmente habitaban indígenas hñahñu, una pequeña población que guarda una cultura rica en dialectos, costumbres, leyendas, vestimenta, artesanías, gastronomía, entre muchos otros elementos que caracterizan a todas nuestras ancestrales etnias indígenas. Esta comunidad está preocupada por su salud física. La quema de combustibles fósiles y producción de cemento son los principales emisores de CO2, el mismo mantenimiento de dicha cementera prevé el consumo y la explotación de los recursos naturales, éstos son la principal fuente de empleo, alimento, incluso de algunos casos para realizar la construcción de sus hogares, ya que hacen sus casas de penca de maguey.
Entre las obligaciones del Estado está garantizar la salud, y brindar y garantizar los servicios públicos, como el de agua potable, la cual se pone en riesgo, ya que dicha cementera utiliza gran cantidad del vital líquido, que al paso del tiempo va a culminar dejando sin agua a esa población tan particular.
La cementera despide polvos que caen en los alrededores de la cementera, los cuales están dañando directamente a los habitantes y en general el ecosistema. Es necesario hacer un estudio objetivo en el cual se analicen todos los elementos negativos que implican el funcionamiento de Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita para encontrar los mecanismos de prevención ambiental y dicha cementera funcione de manera en pro del cuidado del ambiente, auxiliándose de todos los lineamientos que le puedan ayudar a su desempeño.
De no normalizar a la cementera se hablaría de acabar con todo su ecosistema y muy probablemente con sus usos y costumbres de esta etnia indígena. La Constitución Política, en el artículo 2o., establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, es decir que se acabaría con parte de la identidad mexicana.
El punto de acuerdo describe que en el artículo 2o., Apartado A, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para “V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución; VI. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo los que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución”.
Finalmente, el punto de acuerdo menciona que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el principal fundamento legal en que se expresa por qué debemos preservar nuestras etnias, considerando a las comunidades indígenas como entidades de interés público, es un deber preservarlas e incluirlas a su mismo desarrollo, fomentando mecanismos de inclusión, donde se creen fuentes de empleo, se mejore la calidad de vida y, sobre todo, de desarrollo, donde se conserven sus tradiciones y todo lo que implica su cultura tan antigua y extensa, para esta comunidad, que es afectada de forma grave en su manera de subsistir y vivir.
III. Consideraciones
1. Ante los argumentos que expone la proposición, la comisión dictaminadora se abocó al estudio de éstos y de los resolutivos que le dan pie, procediendo a revisar información relacionada. En consecuencia, al conocer que esta localidad forma parte de los 38 municipios más pobres del país y que en ella los cerca de 16 mil indígenas otomíes del valle del Mezquital, que se autodenominan hñähñü, padecen y padecerán los estragos ambientales causados por la cementera, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV y que se plantean con base en las siguientes consideraciones y propuestas de modificación.
2. Resulta imperioso que la comisión tenga pleno conocimiento de estudios y análisis que muestren las consecuencias ambientales y de salud pública que el proyecto pueda provocar debido a la extracción de materiales. Por lo anterior requerimos una copia, si la hay, de la manifestación de impacto ambiental de la Semarnat respecto a la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV.
Por lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
IV. Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso, en pleno respeto del ámbito de sus facultades, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio concreto con la UNAM, el IPN y otras instituciones académicas y de investigación a las empresas del sector cementero del país para determinar el impacto ambiental, con la finalidad de cumplir la normativa concerniente al ambiente.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar a este pleno una copia de la manifestación de impacto ambiental de la empresa Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita, SA de CV.
Tercero. Esta comisión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a implantar programas sociales, principalmente 70 y Más, Opciones Productivas, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y demás aplicables, en beneficio de la comunidad indígena hñahñu.
Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.
Suscriben el dictamen los integrantes de
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución la diputada Alejandra del Moral), Mario Martín Delgado Carrillo, Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Condusef a llevar a cabo una campaña de difusión sobre el aumento del pago mínimo de tarjetas de crédito
Honorable Asamblea:
Con fecha 9 de enero de 2013 a la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Primer Receso del Primer Año del Ejercicio, Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, le fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que lleve a cabo una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito, presentado en el pleno por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y señalar las consideraciones que integran el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen, en relación con la siguiente:
Metodología
En el apartado denominado “I. Antecedentes” , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.
En el apartado titulado “II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo” , se reproduce el resolutivo a efecto de puntualizar la propuesta a estudio así como las principales consideraciones contenidas en la proposición.
En el apartado “III. Consideraciones” , se expresan los razonamientos y argumentos generales de los integrantes de la comisión que dan sustento al presente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 9 de enero de 2013, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta Condusef, para que lleve a cabo una campaña de difusión que alerte e informe a los tarjetahabientes de manera clara y detallada sobre el aumento al pago mínimo sobre tarjetas de crédito.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruyó que la proposición señalada en el proemio del presente documento fuera turnada a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. Al respecto esta comisión recibió el oficio D.G.P.L. 62-II-2-293.
3. Los miembros de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar la propuesta de los resolutivos contenidos en el punto de acuerdo que a la letra señalan:
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a instrumentar una campaña de difusión que alerte e informe, de manera clara y detallada, a los tarjetahabientes sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef) a exigir que las instituciones bancarias expliquen a sus clientes, de manera clara y detallada, sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.
Adicionalmente, la proposición con punto de acuerdo en cuestión señala en las “Consideraciones” que con estas acciones, el Banco de México pretende evitar que las deudas de los ciudadanos con tarjetas de crédito se prolonguen, y que el cliente acabe pagando dos o hasta tres veces su préstamo inicial. Esta medida puede afectar los tarjetahabientes más de lo que las autoridades contemplan, ya que la gente que no podía cubrir en un principio con el monto mínimo ahora encontrará mayores dificultades, llegando a endeudarse todavía más.
Al respecto, Juan Pablo Zorrilla, director general de la reparadora de crédito Resuelve tu Deuda, explica que la medida tiene una intención benéfica para los consumidores, sin embargo, implicará un desajuste una vez que entre en vigor. Ante esto, resulta indispensable que la Condusef informe a la ciudadanía en general, y a los tarjetahabientes en particular, sobre las implicaciones de estas medidas. Además de obligar a que las instituciones bancarias hagan lo mismo.
III. Consideraciones
1. De acuerdo con el Banco de México, sólo cuatro de cada 10 personas liquida sus deudas de tarjeta de crédito cada mes y que los demás tarjetahabientes deben pagar intereses y en muchos casos deben cargar con una deuda por años, los miembros de esta comisión se manifiestan de acuerdo con los resolutivos señalados en el apartado IV como consecuencia de que el aumento del pago mínimo, que entró en vigor el 4 de enero de 2013, es el último de una serie de incrementos que se dieron desde 2011 y que tuvieron como propósito ayudar a que los tarjetahabientes liquiden más rápido sus deudas y con menos intereses.
2. Con la finalidad de evitar un aumento en el índice de morosidad en tarjetas de crédito debido a que el usuario esté imposibilitado para cubrir el mínimo o por no percatarse del aumento en el monto, resulta necesario una campaña de difusión para informar a los tarjetahabientes sobre el aumento en el pago mínimo, ya que muchos de ellos acostumbran pagar una determinada cantidad sin revisar a detalle los estados de cuenta.
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
IV. Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso en pleno respeto al ámbito de sus facultades exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a instrumentar una campaña de difusión que alerte e informe, de manera clara y detallada, a los tarjetahabientes sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a exigir que las instituciones bancarias expliquen a sus clientes, de manera clara y detallada, sobre el aumento al pago mínimo para tarjetas de crédito.
Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2013.
Suscriben los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Cavazos Lerma (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Graciela Ortiz González (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica en sustitución de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela), Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Luis Armando Melgar Bravo, Martha Palafox Gutiérrez.
Diputados: Uriel Flores Aguayo, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Manuel Añorve Baños, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Carlos Alberto García González, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Marina Dunyaska García Rojas (rúbrica en sustitución de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles), Ricardo Monreal Ávila.
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