Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3849-I, viernes 30 de agosto de 2013
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Comunicaciones
De la Mesa Directiva
México, DF, a 28 de agosto de 2013.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones ordinarias del Congreso y a las fuerzas políticas del país a que en la, discusión de la reforma energética se establezcan mecanismos que garanticen que los empleos generados a partir de ésta se destinen de manera preferente a los jóvenes mexicanos, particularmente por la vía del Servicio Nacional de Empleo y mediante acuerdos contractuales en los que se excluya la aplicación de la cláusula de exclusividad por ingreso.
Atentamente
Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)
Vicepresidente
(Remitida a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Energía. Agosto 28 de 2013.)
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo relativo a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante
México, DF, a 26 de agosto de 2013.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-699, signado por el diputado José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP1399/13, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
México, DF, a 22 de agosto de 2013.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de abril del año en curso, el cual remitió para la atención de esta Secretaría con oficio SEL/UEL/311/759/13, mismo que a continuación trascribo:
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Educación Pública, a) Revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) y enviar un informe completo de las acciones realizadas; b) Implementar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a migrantes y establecer medidas binacionales que garanticen el éxito educativo.
Por lo antes expuesto, y en relación con la información que nos fue remitida por la Subsecretaría para América del Norte mediante oficio SSAN/0912, ruego a usted ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Emilio Suárez Licona (rúbrica)
Director General de Coordinación Política
Respuesta al punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de educación pública: A) Revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) y enviar un informe completo de las acciones realizadas. B) Implementar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a migrantes y establecer medidas binacionales que garanticen el éxito educativo.
El Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) deriva de la cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública, junto con los gobiernos y autoridades educativas de entidades federativas mexicanas y estadounidenses.
La Secretaría Técnica del Programa es dirigida por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se encarga de revisar el contenido del Programa para atender de manera integral las necesidades educativas de los migrantes. Busca que los alumnos binacionales se beneficien de estos esfuerzos y que todo estudiante con experiencia educativa transnacional tenga una mejor bienvenida en el sistema mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores funge como vínculo con las comunidades mexicanas en el exterior y, específicamente, como promotora y difusora de las acciones de este programa en Estados Unidos. Con el apoyo de la red consular de México en ese país, conformada por 50 representaciones, ha sido posible apoyar que se establezcan relaciones interinstitucionales locales que contribuyan a incrementar la colaboración entre el sistema educativo de México y el de Estados Unidos.
El Probem tiene como meta asegurar la continuidad de la educación de los menores migrantes, considerando las características de los alumnos de nivel básico que cursan una temporada del año escolar en México y otra en Estados Unidos, así como aquellos que son repatriados por sus padres de forma permanente. La capacitación de los profesores que tienen a su cargo estudiantes migrantes es parte medular de este esfuerzo.
Entre los principales esfuerzos desplegados por el Programa, se encuentran los siguientes: asegurar la continuidad escolar de los niños, jóvenes y adultos migrantes en ambos países; otorgar una educación de calidad, equidad y pertinencia; fortalecer las relaciones educativas y socioculturales entre México y Estados Unidos; reforzar el conocimiento de la historia, la cultura, los valores y las tradiciones nacionales entre los alumnos de origen mexicano que migran, y además de promover estudios e investigaciones educativas para desarrollar propuestas que beneficien a la población migrante.
La Cancillería colabora específicamente en las siguientes acciones del Probem: 1) Distribución de los documentos elaborados por la SEP, a través de la red consular en Estados Unidos; 2) facilitar el intercambio de profesores mexicanos y estadounidenses para compartir métodos de enseñanza y aprendizaje.
La Cancillería colabora específicamente en las siguientes acciones del Probem: 1) Distribución de los documentos elaborados por la SEP, a través de la red consular en Estados Unidos; 2) facilitar el intercambio de profesores mexicanos y estadounidenses para compartir métodos de enseñanza y aprendizaje.
La Cancillería coincide con la SEP, instancia que trabaja el anteproyecto de programa, en que se debe promover su transversalidad y eficacia. Es importante contar con ejes temáticos actualizados que continúen respondiendo a las necesidades de los estudiantes migrantes.
En el marco del Probem, el Programa de Intercambio de Maestros busca: 1) fortalecer el conocimiento de la historia, la lengua, la cultura, los valores y las tradiciones nacionales entre alumnos de origen mexicano en Estado Unidos; 2) reafirmar su identidad nacional; 3) mejorar la educación que reciben; y 4) propiciar una comunicación permanente entre los profesores de EUA y México para fomentar el intercambio de experiencias que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El gobierno mexicano ha hecho operativo este programa bajo los siguientes rubros: 1) profesores mexicanos que visitan Estados Unidos durante el verano, de 3 a 8 semanas, con el fin de colaborar como maestros asistentes con niños monolingües hispanos; 2) profesores estadounidenses que visitan, una o dos semanas en el año escolar, escuelas mexicanas, de donde provienen sus alumnos. Se busca incentivar el acercamiento cultural y de aprendizaje sobre el sistema educativo mexicano.
El programa ha sido exitoso en la medida en que los profesores participantes han sido de alta calidad y han demostrado su compromiso para desarrollar herramientas educativas que ayuden a hacer frente a los retos que imponen otros ambientes socioculturales,
De manera adicional a este esfuerzo, el 2 de mayo de 2013 los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron la creación del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobes II). Los detalles fueron difundidos mediante el siguiente comunicado: http://saladeprensa.sre.gob.mxIindex.php/es/comunicados/2578-138.
Con un enfoque amplio, se busca desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de corto y mediano plazo para promover la colaboración y la coordinación de políticas, e intercambiar mejores prácticas e información.
Se apoyarán las acciones de cada país para ampliar el acceso a la educación superior de calidad, incluyendo para grupos demográficos tradicionalmente marginados.
El 5 de junio de 2013 se instaló el Grupo de Consulta Mexicano del Fobes II, en la que participaron dependencias del gobierno federal, academias nacionales, institutos de investigación, universidades, sector privado y organizaciones filantrópicas, así como líderes y expertos de organizaciones de la sociedad civil. La segunda reunión del grupo de consulta se realizó el 24 de junio de 2013. Los siete grupos de trabajo que lo conforman presentaron los avances en la preparación de sus respectivos planes de trabajo que lo conforman presentaron los avances en la preparación de sus respectivos planes de acción. El mecanismo interno es coordinado por la SER, la SEP y el Conacyt.
A juicio del gobierno de México, dentro del Fobes II será posible impulsar el intercambio de profesores entre ambos países. Se buscará potenciar los mecanismos existentes y evitar duplicidades.
Para el gobierno de México es una prioridad proteger y garantizar los derechos de los migrantes mexicanos en situación de vulnerabilidad, en particular de los menores. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su compromiso para continuar trabajando con autoridades mexicanas y estadounidenses para garantizar los derechos de los menores migrantes y promover sus intereses.
De la Secretaría de Gobernación, por la que remite similar de la SE con el segundo informe respecto a la operación y gestión de Pemex correspondiente al segundo trimestre de 2013
México, DF, a 26 de agosto de 2013.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 100. DGVE. 154/ 13, la maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el segundo informe trimestral de año 2013 respecto a la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.*
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de su anexo, en formato impreso y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
México, DF, a 29 de agosto de 2013.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
Por este medio me permito enviarle el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, remitido a esta dependencia por el director general de la entidad para estatal, el pasado 22 de agosto, correspondiente al segundo trimestre de 2013.
Lo anterior, con objeto de que por su conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica)
Directora General de Vinculación y Enlace
(Remitida a la Comisión de Energía. Agosto 28 de 2013.)
De la Secretaría de Gobernación, con la que envía el informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2013
México, DF, a 27 de agosto de 2013
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 80, fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DOO/100/148/2013, el ciudadano Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2013.
Por lo anterior, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como dos carpetas que contienen el citado informe y dos discos compactos, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social. Agosto 28 de 2013.)
Del Servicio de Administración Tributaria, por la que informa que durante julio de 2013 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
México, DF, a 6 de agosto de 2013.
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo
Presidente de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo l45, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de julio de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Entre los bienes que fueron destinados por el SA T por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:
• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos; productos químicos, entre otros.
El total de bienes destinados en el mes de julio de 2013 fue de 335,900 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, par, kilogramo y litro, se anexa al presente el informe respectivo.
Atentamente
Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica)
Administración General de Recursos y Servicios
(Remitida a la Comisión de Economía. Agosto 28 de 2013.)
Iniciativas
Que reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Es evidente y alarmante la polarización y diversidad social en la que nos encontramos inmersos; los constantes cambios de índole social, económico, político y tecnológico, han mostrado abiertamente la realidad, deterioro y fragmentación del tejido social a causa de la desigualdad, discriminación e inseguridad.
Un tema que roba la atención es la discriminación como generador de sinergias que obstaculiza el desarrollo social, limita el crecimiento económico y relega el principio de equidad social.
Entender y reconocer de manera explícita la dimensión y profundidad de las prácticas y conductas discriminatorias así como el impacto y detrimento que estas ocasionan, abonará a construir una agenda que contemple la lucha contra la discriminación como una de las vías fundamentales para alcanzar una ciudadanía y democracia plena.
La discriminación entendida y basada como un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados, y tabúes aceptados acríticamente. Comparte sin razón del machismo, la intolerancia religiosa, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo, la xenofobia y el racismo.
Estas prácticas disminuyen la esperanza de vida, fortalecen la intolerancia a la diversidad social, facilitan los abusos de autoridad, y promueven el odio entre los grupos; legitima la ley del más fuerte. Es caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de igualdad de derechos. Se expresa en maltrato, en abusos, en exclusión, en miedo y en algunos casos finaliza en la privación de la vida. La discriminación es negación de la dignidad humana, afianza la pobreza convirtiéndose en tierra fértil para la violencia y cáncer para la democracia.
Las prácticas discriminatorias se basan en estereotipos creados y transmitidos socialmente, donde se reduce, aísla, soslaya a las personas o grupos de personas que no cuentan con las características biológico-somáticas (es decir, color de piel, cabello, etcétera), sociales, simbólicas e imaginarias que les permitirían tener la pertenencia o identificación a cierto grupo, casi siempre mayoritario.
El distanciamiento, negación, exclusión o segregación del otro basado en razón de apariencia física, tono de piel o tipo de cabello, es decir, de acuerdo con el fenotipo, debe ser considerado práctica discriminatoria que lacera y menoscaba la dignidad humana.
El racismo haciendo “referencia a actitudes (opiniones, creencias, prejuicios o estereotipos), a comportamientos o prácticas sociales (apartar, discriminar, segregar, perseguir), a funcionarios institucionales excluyentes y a ideologías que se basan en ideas erróneas de que unos grupos sociales son inferiores a otros, que esta superioridad o inferioridad es natural y que se expresa en el color de la piel, los rasgos de la cara o el tipo de pelo y en prácticas culturales, como hábitos alimenticios, creencias religiosas, vestimentas, bailes, música o relaciones familiares”.1
Por su parte, Ruth Benedict define racismo como un dogma según el cual se le adjudica a un grupo étnico una inferioridad casi congénita y a otro grupo una superioridad heredada.
El fenotipo que se mal denomina como “negro” se ha usado de manera peyorativa para denigrar a las personas afrodescendientes o que comparten ciertas características o similitudes físicas, reduciéndolos a ciudadanos de segunda.
Argumentación
La presencia histórica de la población de origen africano en México tiene sus antecedentes durante la época colonial y los siglos XIX y XX; niñas, niños, mujeres y hombres fueron arrancados y comercializados de diferentes regiones del continente de África para ser utilizados como esclavos en las actividades económicas y sociales propias de la época colonial como lo eran la minera, de haciendas, servicio domestico y de oficios. Las mujeres, niñas y niños fueron enfocados a las actividades de campo y ciudad.2
El puerto de Veracruz fue el acceso principal por el cual el comercio de personas provenientes de África ingresaron en nuestro país, en segundo lugar se encuentra el puerto de Acapulco y finalmente Campeche, éstos tres autorizados por las autoridades de la Nueva España, no obstante una gran mayoría arribó de contrabando por puertos no autorizados; a su llegada posteriormente eran trasladados y vendidos a la ahora llamada Ciudad de México.
En el periodo comprendido de 1567 a 1650 llegaron a la Nueva España cerca de 250 mil africanos, sin considerar a los que arribaron de contrabando y los que nacieron esclavos en la Nueva España.3 La magnitud de las cifras a pesar de la promulgación de leyes y reformas que recomendaban la unión entre los mismos grupos o que trataron de limitar la convivencia entre indígenas, españoles y africanos refleja la diversidad y el intercambio social que desde entonces predomina en el país.
La contribución de esta población al sistema económico, social y cultural del país va desde su llegada a continente Americano y específicamente en la historia del país hasta hoy, formaron parte de la milicia, edificaron los fuertes de Veracruz y Acapulco, establecieron comercios y trabajaron en ocupaciones marítimas.
Los estados que cuentan con mayor proporción de población con descendencia africana son Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos. En este último, los africanos y afrodescendientes se encargaron de los ingenios azucareros, posteriormente se mezclaron con los indígenas de la región.
El caso de Guerrero, las Costas Chica y Grande revisten singular atención, al ser contemplada como una región de población afrodescendiente; donde la participación de éste sector fue esencial en el desarrollo de Acapulco desde el siglo XVI.
Durante el siglo XIX, el puerto de Veracruz fue el escenario para el intercambio comercial con Europa y el Caribe, esta práctica produjo un gran mosaico cultural, al contar con una gran diversidad cultural desde tiempos prehispánicos, facilitando la convivencia de personas de distintos orígenes: africanos esclavizados y libres, conquistadores y colonizadores españoles, comerciantes portugueses, empresarios franceses, migrantes libaneses, así como refugiados judíos.
En la sexagésima cuarta sesión de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas llevada a cabo en 2010, se acordó y promulgó que en 2011 como Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. Dicha declaración tuvo por objetivo fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de éste grupo para procurar el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y cultura.
Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, estima que México cuenta con una población afrodescendiente de 450 mil habitantes. La mayoría de ellos están asentados en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como algunos estados al sur como Tabasco y Chiapas. En esa encuesta, 15 por ciento de la población consultada manifestó que “sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel”.
Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esto evidencia que en México hay personas que son discriminadas y se les niegan derechos por motivos relacionados con prejuicios basados en una visión de “superioridad de razas”.
El Estado mexicano ratificó en 1980 la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, donde se obliga a
a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen;
b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la convención, independientemente de que tales personas residan en el territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de ese Estado o de algún otro Estado o sean personas.
Declarando que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales.
En noviembre de 2011, en un encuentro en Charco Redondo, en la Costa Chica de Guerrero, las comunidades afrodescendientes de Guerrero y Oaxaca, acompañadas de académicos, representantes del estado y organizaciones internacionales decidieron constituirse en una red afromexicana para sumar esfuerzos y fortalecer las acciones de reconocimiento constitucional. Uno de los acuerdos alcanzados fue la decisión de nombrarse afromexicanos como una forma de reconocer su historia y su pertenencia a un país.
Considerar en la ley de la materia el término racismo abonará a prever acciones dirigidas a erradicar este tipo de conducta discriminativa, que constituyen una de las mayores violaciones de los derechos humanos.
Empero, es necesario introducir en los planes de estudio de educación básica los conceptos y preceptos histórico-sociales que permitan comprender y transmitir el origen, presencia y relevancia de la población afrodescendiente en la historia de nuestro país, aunado a diseñar e implementar políticas públicas que tengan por objetivo crear una sociedad tolerante y respetuosa, lo que implica un largo proceso de educación social, que deberá generar valores, principios, actitudes y comportamientos en pro de una cultura de igualdad, ello contribuirá a una verdadera cohesión social con respeto a la diversidad social, reivindicando el derecho a un trato humano y digno.
México se debate entre el reconocimiento de los derechos humanos y es tolerante con ciertas formas de discriminación, sin embargo necesita incluir en la reglamentación en materia, los términos, conceptos y categorías analíticas para dar cuenta de la diversidad humana y la riqueza de ésta, que permitan construir mecanismos de protección y equilibrio que reviertan conductas discriminatorias.
Fundamento legal
La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente:
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones políticas, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia, el antisemitismo y el racismo en cualquiera de sus formas conexas de intolerancia y manifestación de las mismas .
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Velázquez, María Elisa (coordinadora). Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012.
2 Cristina Masferrer. “Niños esclavos de origen africano en la capital novohispana”, en María Elisa Velázquez Gutiérrez (coordinadora). Debates históricos contemporáneos: africanos afrodescendientes en México y Centroamérica, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3 Velázquez, María Elisa; Iturralde, Gabriela. Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012.
Dado en el Senado de la República, a 28 de agosto de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Agosto 28 de 2013.)
Que modifica la fracción IX de la Ley General de Educación, recibida de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la Fracción IX de la Ley General de Educación. al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El vocablo “educación” parece ser un término equívoco. Lo anterior se sustenta en el sinfín de significados, aplicaciones e impactos que conlleva, lo que hace difícil determinar, en un primer momento, todo lo que la expresión representa.
Según el artículo segundo de la Ley General de Educación, la educación es:
“el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”
Dicha definición acota poco los alcances del término, pero nos facilita vislumbrar los elementos básicos del mismo. Sin embargo, no permite al lector analizar la problemática educativa desde una óptica más amplia que la entendida habitualmente, pues este concepto involucra problemas muchas veces no planteados por la dogmática educativa tradicional, tales como, la educación alimentaria.
Este tipo de educación no se limita a un sector definido y necesita crear diversos canales de comunicación para ser asimilada por la población en su conjunto.
Actualmente, México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, justo después de Estados Unidos. De 1980 a la fecha, dicha prevalencia se ha triplicado en la población adulta y ha aumentado rápida y significativamente en la población infantil.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), se estima que alrededor del 78.1 por ciento de la población padecen sobrepeso u obesidad lo que representa un total de 48 millones de habitantes.
En México nos estamos enfrentando a un problema serio y profundo, pues el sobrepeso y la obesidad son la epidemia más importante en la salud de las y los mexicanos.
De conformidad con datos de la ENSANUT 2012, el 42.6 por ciento de la población masculina sufre sobrepeso y obesidad y un 35.5 por ciento de las mujeres.
En cuanto a la obesidad infantil, la misma encuesta revelo que el 26.6% de los niños varones del país sufre obesidad y 20.8 por ciento sobrepeso. En las niñas, el porcentaje con obesidad es de 20.2 y el que padece sobrepeso es de 19.7 por ciento.
Así las cosas, los costos relacionados con el sobrepeso y la obesidad comienzan a ser una carga importante para el sector salud, ya que el tratamiento de una persona obesa es 37 por ciento más costoso que el de una persona de peso normal. Asimismo, se estima que el gasto anual en saludpor obesidad equivale a 0.2% del PIB y representa el 9% del gasto total en salud. Los costos directos mayores los representan los medicamentos y la atención de complicaciones.
Las cifras anteriores son el resultado de causas ambientales, físicas y psicológicas que se estudian bajo el nombre de “determinantes sociales”. Los determinantes sociales se pueden definir burdamente, como las condiciones relativas a las personas que tieneninjerencia directaen sus oportunidades de tener una vida saludable.
En el capítulo 5 del Informe de México sobre los Determinantes Sociales de la Salud, el doctor Juan Rivera y sus colaboradores proponen un modelo de determinación social aplicado a la obesidad. En este modelo se encuentran divididas las causas en: inmediatas, subyacentes y básicas. Las causas inmediatas serán las que tienen un nivel de causalidad más próximo a la enfermedad como lo son: la determinación genética, el consumo de energía, la ingesta de alimentos, la actividad física.
Las causas subyacentes, serán a su vez, las responsables de las inmediatas y dentro de este rubro se identifican: la disponibilidad de alimentos,el tiempo en la preparación de los mismos, la pérdida de la cultura alimentaria tradicional, los precios de los alimentos, el medio ambiente alimentario, entre otros. Asimismo, estas causas son fruto de las llamadas causas básicas, donde se encuentran las políticas y normas de estado, la globalización y los procesos tecnológicos.
Este modelo da un mapeo claro de los determinantes sociales o de las causas de la obesidad en el mundo globalizado y ubica a esta enfermedad como resultado de tendencias políticas, sociales y alimentarias.
La definición de educación alimentaria se ha pretendido dar a través de diversos instrumentos de política pública, acciones que han implicado la publicación de diversos acuerdos, programas y manuales como parte de la estrategia contra el sobre peso y la obesidad; no obstante es clara la incapacidad del estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno para la instrumentación y aplicación de dichos programas que no han tenido impacto alguno en la población, ya que lejos de verse una disminución en los índices de obesidad se percibe un incremento considerable.
Sin embargo, dichos trabajos sólo se han encardado de condicionar el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas y sal, sin el establecimiento de una verdadera guía de alimentación a la población, tomando en consideración los aspectos de economía, disposición y producción de alimentos en cada región del país.
Son varios los países de América Latina los que ha sido reconocida la educación alimentaria como la mejor estrategia para el control y prevención de problemas relacionados con la alimentación tal y como es el caso de Argentina, Chile y Colombia, los cuales han aprobado leyes marco sobre seguridad alimentaria y nutricional.
Por lo anterior, es que surge la necesidad de ampliar en la legislación aplicable en materia de educación, el concepto de educación alimentaria, con objeto de implementar las acciones que vayan encaminadas a lograr este tipo de formación necesaria para la población mexicana.
Asimismo, no podemos dejar de lado el estado de salud actual de los mexicanos, el cual tiene ya un impacto descomunal en el gasto destinado a salud pública, otorgándosele 80 mil millones de pesos al año para el tratamiento de enfermedades crónicas relacionadas al sobrepeso, ello sin contar que éste se seguirá incrementando con el paso de los años, al ser México el país número uno en obesidad infantil y general, estimándose que llegara a ser de 350 mil millones de pesos anuales.
Todo ello en el contexto de un sistema de salud en apuros económicos, lo cual agravara de forma preocupante el panorama de la salud pública en México.
La finalidad de esta nueva disposición será conseguir el establecimiento de los alcances de un término incluyente y eficaz que involucre cuestiones tales como la difusión de información acerca del contenido acerca de los alimentos para la toma de decisiones alimenticias saludables.
Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se modifica el contenido de la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación
Único. Se modifica la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
...
...
IX. Infundir el conocimiento de la educación alimentaria por medio de la difusión de la información acerca del contenido nutrimental de los alimentos para la toma de decisiones alimenticias saludables y estimular la educación física y la práctica del deporte;
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
(Rúbrica)
Texto actual
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a VII. ...
IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;
...
Modificaciones propuestas
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a VII. ...
IX. Infundir el conocimiento de la educación alimentaria por medio de la difusión de la información acerca del contenido nutrimental de los alimentos para la toma de decisiones alimenticias saludables y estimular la educación física y la práctica del deporte;
...
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Agosto 28 de 2013.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativa al proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal, recibida del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Quien suscribe, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Antecedentes
1. Con fecha 10 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la declaratoria de necesidad por cual que el gobierno reconoce la creación de la vía periférica continua “carriles centrales del Periférico Oriente”, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial Muyuguarda, hacia el oriente de la Ciudad de México.
2. Con fecha 20 de enero de 2011, la Oficialía Mayor del Gobierno del DF., publicó la convocatoria 001/2011 con la finalidad de otorgar una concesión para la explotación y administración de la vía periférica señalada, con la carga de diseñarla, construirla, conservarla y mantenerla por un periodo de 30 años y/o el menor tiempo que proponga el participante. El término establecido en dicha convocatoria para emitir el Dictamen; el resultado de la propuesta económica y; el fallo final, fue el 10 de marzo de 2011.
3. Con fecha9 de noviembre de 2012, se otorgó el Título concesión a las empresas Ascendi México, SA de CV; GAMI Ingeniería e Instalaciones, SA de CV y Cemex Concretos, SA de CV, como encargadas de la obra en cuestión, mejor conocida como Autopista Urbana Oriente, según reportes de la misma Oficialía Mayor del Gobierno del DF.
Consideraciones
A finales del mes de julio diversos investigadores y académicos de la UNAM y de UAM ante este instituto político con el objeto de denunciar una serie de irregularidades en torno a las autorizaciones para construir la Autopista Urbana Oriente. A partir de entonces distintas voces se han sumado a las inconformidades, como ONG y asociaciones civiles.
Entre aquellas organizaciones se encuentran El Poder del Consumidor, AC; Alternativas y Capacidades, AC; Bicitekas; Xochimilco Vivo; Cuemanco Sustentable; Asociación independiente del embarcadero de Nativitas; Asociación de Refresqueros Dentro del Canal Turístico; Cooperativa Xochiquetzalli del embarcadero San Cristóbal; Asociación de Artesanos dentro del canal de Xochimilco; Asociación de vendedores de plata; Asociación remeros Nahuatlacas y; la Asociación de Floristas de Xochimilco.
En todos los casos se afirma, que de llevarse a cabo dicha obra, el costo ambiental y social para el Distrito Federal sería sumamente alto, pues implicaría la pérdida de áreas verdes, de lugares de esparcimiento y recreación, de sitios para la práctica de deportes al aire libre e incluso, de centros culturales; además, se actualizaría diversas violaciones a las legislaciones locales y federales en materia de áreas naturales protegidas, de patrimonio urbanístico y arquitectónico, de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico.
La información con la que se cuenta hasta el momento es la siguiente:
• Costo estimado de 4 mil millones de pesos
• Sería la cuarta autopista urbana de cuota de la ciudad.
• Extensión de 15 kilómetros
• Irá de Mayuguarda hasta calzada Ignacio Zaragoza.
• Se construirá en los carriles centrales del arco oriente del Periférico y sólo 2.5 km de ella serán elevados.
• Se compondrá de cuatro carriles, dos por sentido.
Al respecto, las autoridades de la Ciudad han expresado que la construcción de la autopista no traerá consigo un número mayor de personas para poblar la zona chinampera de Xochimilco; además, ésta no atravesará humedales y manifestaron también que el proyecto se ha perfeccionado para reducir el impacto ambiental, lo cual redituará diversos beneficios a la sociedad.
Al respecto, manifestamos un total hermetismo de las Dependencias del Gobierno del Distrito Federal sobre el Proyecto; sin embargo, tenemos la certeza que desde noviembre de 2012, la licitación hecha por las autoridades, ya tiene un ganador, por ello, el propio Secretario de Obras y Servicios declaró desde en el mes de julio pasado que en breve la Secretaría del Medio Ambiente emitiría su visto bueno a dicha construcción.
De acuerdo a la información proporcionada tanto por profesionistas en la materia, así como por los vecinos organizados de Xochimilco e Iztapalapa, se actualiza la violación del derecho humano a un medio ambiente sano; así mismo, del derecho a la información, pues el proyecto hasta este instante es desconocido para prácticamente toda la población de la zona.
Igualmente, otro tema sobre el cual las distintas organizaciones y vecinos han manifestado su preocupación, es el relativo a las declaratorias como sitio de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR) con el cual cuenta el Sistema Lacustre de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco de acuerdo a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas; así como de Patrimonio Cultural de la Humanidad, emitido por la UNESCO. En este sentido, de llevarse a cabo la obra en cuestión, se asegura que ambas declaratorias correrían un grave riesgo y por ende también sus beneficios asociados, como diversos recursos económicos y desde luego, las distinciones internacionales gracias a las cuales se consiguen promover el turismo en la zona.
Finalmente, otro inconveniente lo constituye, según los vecinos y las asociaciones, de que la Manifestación de Impacto Ambiental está incompleta pues ésta sólo hace referencia a una parte de la obra a construir; así mismo, presenta medidas de compensación inadecuadas e insuficientes y; no contempla los efectos negativos sobre la actividad económica de Xochimilco.
Sabemos de algunas reuniones llevadas a cabo con los distintos interesados; así mismo, también es de nuestro conocimiento la existencia de un sector importante de la sociedad, a la cual no se le han satisfecho sus inquietudes a plenitud sobre la magnitud y consecuencias de la ejecución de una obra de tal envergadura, por lo anterior, solicitamos a las autoridades un pronunciamiento oficial a la brevedad; así como poner a la disposición del público toda la información del proyecto.
En este contexto, consideramos hacer del conocimiento del Congreso de la Unión, este tema, sin limitar a nuestro instituto político de realizar lo correspondiente a nivel local.
En este sentido, de acuerdo al artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reconocemos la pertinencia de la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues a ésta le corresponde promover y asegurar la coordinación de acciones en el exterior para intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los cuales el país sea parte. Por lo anterior es conveniente precisar que México signó la “Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, mejor conocida como la “Convención Ramsar”, convenio y acuerdo para la protección del medio ambiente, ratificado por el Senado Mexicano en 1986.
Resulta procedente solicitarle a la Cancillería su intervención para recurrir a la Convención y solicitarle su intervención, de igual modo, también ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, ya que la construcción de la Autopista Urbana Oriente repercutirá en la zona de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En el mismo orden de ideas se concluye que también debe intervenir la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 70, fracciones I, VIII, X y XIV y el artículo 71, ya que la CONANP es la autoridad designada en la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional para procurar los humedales, manglares, pastos marinos, humedales de alta montaña, arrecifes de coral, oasis, sistema cársticos y sitios con especies amenazadas.
Por todo lo anterior, nos permitimos remitir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y Servicios, ambas del Gobierno del Distrito Federal, emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto de la obra pública, Autopista Urbana Oriente, que tendrá en los ámbitos, económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, realice una evaluación exhaustiva de la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de la Autopista Urbana Oriente y en caso de que las conclusiones del documento se contraponga con las leyes, reglamento, normas oficiales mexicanas, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; o bien, la obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas, o en peligro de extinción o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; o bien, exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o bien, si la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garantizan la integridad del ambiente y de las personas, se niegue la autorización para la realización de la obra.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, su inmediata intervención en uso de sus facultades relativas a “conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial” para que si se llegase a comprobar irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la Autopista Urbana Oriente, proceda a solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, en los términos indicados en su misma normatividad interna.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos en el proceso de la autorización de la construcción de la Autopista Urbana Oriente.
Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal intervenga, de acuerdo a sus competencias derivadas de la fracción I del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para hacer del conocimiento de las autoridades de la “Convención RAMSAR ”, el proyecto de la construcción de la autopista urbana Oriente en el Distrito Federal, en atención al eventual daño ecológico en la zona protegida por la misma Convención.
Sexto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal intervenga, de acuerdo a sus competencias derivadas de la fracción I del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para hacer del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ya que la construcción de la Autopista Urbana Oriente se proyecta con un impacto en la zona que tiene la Declaratoria de esta misma Organización como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en su carácter de entidad encargada de velar por la Convención Ramsar para cuidar los humedales y manglares, entre otros, su inmediata intervención ante las autoridades correspondientes del Gobierno del Distrito Federal, en torno al proyecto de la construcción de la Autopista Urbana Oriente que se realizará en una zona de humedales protegida por la Convención.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 27 días del mes de agosto del 2013.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, relativo a la no homologación del impuesto al valor agregado en la franja fronteriza, recibida de los diputados David Pérez Tejada Padilla del Grupo Parlamentario del PVEM; Jaime Bonilla Valdez, del PT; María del Carmen López Segura, del PRI; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del PAN; Luis Alfredo Murguía Lardizábal del PRI; y Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como algunos de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Jaime Bonilla Valdez, María del Carmen López Segura, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Martha Beatriz Córdova Bernal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En vísperas de la reforma fiscal que presentará el Ejecutivo Federal, diversas voces en las entidades federativas, tanto del norte como del sur de la República Mexicana, han manifestado su preocupación ante los posibles efectos negativos que traerían consigo a dichas regiones; la homologación de la tasa que se cobra por el impuesto al valor agregado (IVA) en la franja fronteriza en relación a la que se cobra en el resto del país, que incluye además de los 6 Estados de la Frontera Norte a Baja California Sur y Quintana Roo, toda vez que se estima que traería efectos inflacionarios y afectaría la dinámica en el consumo en dichas zona fronteriza norte y sur del país. Los diversos esfuerzos que pretende emprender el Gobierno Federal por elevar la recaudación de recursos provenientes de los impuestos que se cobran a los ciudadanos, podrían traer consigo diversos efectos negativos en materia de equidad, competitividad, entre otros si no se generan alternativas distintas en integrales, a la simple homologación de las tasas que se cobran por el impuesto al valor agregado en nuestro país.
Tanto académicos como organismos empresariales y sociales, han realizado investigaciones científicas, así como foros de opinión, con la finalidad de analizar y discutir, los efectos que traería consigo la homologación en las tasas que se cobra por dicho impuesto, y asimismo conocer los posibles impactos que se podrían generar en la franja fronteriza tanto norte como sur del país, si se llegase a concretar en materia fiscal, la homologación de las tasas que se cobran del impuesto al valor agregado (IVA), que pasaría del 11 por ciento que se cobra en la franja fronteriza al 16 por ciento que se cobra en el resto del país; lo que traería alteraciones según los especialistas tanto en la dinámica de consumo, inversión económica en la región, así como la pérdida de competitividad que traería consigo fuga de consumidores y por ende migración de capitales y la pérdida de empleos según algunas estimaciones que van de 60 mil empleos en el primer año, y de hasta 100 mil empleos en los 3 primeros años.
El trato diferenciado en materia del impuesto al valor agregado, en relación a los estados de la franja fronteriza, radica en diversos elementos jurídicos, que fundamentan y justifican este hecho, ya que la misma dinámica social, cultural y económica, han originado que las franjas tanto norte como sur, tengan prerrogativas con la finalidad de ser competitivas en relación a los países vecinos donde existe el riesgo de contar con un impuesto a la venta 3 veces mayor, en dado caso que se pretenda homologarlo, por ejemplo en un Condado del Estado de Nuevo México en Estados Unidos donde la tasa es del 5.5 por ciento.
En el Senado de la República, el pasado 23 de Noviembre del 2012 se presentó por parte de Legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional; un punto de acuerdo en donde se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como a la H. Cámara de Diputados, con la finalidad de en la elaboración y discusión del proyecto del Paquete Económico para el año 2013 no se considerara el aumento en la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) en la región fronteriza. El Punto de Acuerdo en comento, fue retomado el pasado 24 de Julio, por el Diputado Jaime Bonilla Valdez, en donde se hace mención de la constante preocupación que representa para las Entidades Federativas de la franja fronteriza del norte del país, en relación a la homologación que se podría dar en materia del IVA; por lo anteriormente expuesto y en coherencia con nuestra postura como representantes populares de un Estado de la región fronteriza del país; establecemos los siguientes argumentos que justifican nuestra postura, basados en elementos tanto de investigaciones científicas como la generada por los diversos actores y organismos empresariales de Baja California y la región:
En el caso de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establece:
Artículo 2o.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Cabe hacer mención que dentro de este artículo, [...] se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Por lo cual, de acuerdo a lo que establecen diversos expertos, el incremento en 5 por ciento de la tasa impositiva que se pretende cargar a la región fronteriza, mediante la homologación a la tasa del IVA en dicha zona implicaría un incremento real de la tasa impositiva para la región fronteriza del 45 por ciento del total de la tasa impositiva(esto en el caso del estado de Baja California, si desestimar los posibles efectos en las demás entidades con estas características); quedando la región fronteriza con una más alta carga fiscal consecuencia de un aumento mayor en la tasa aplicable del IVA, lo que traería efectos poco favorables en relación a la dinámica en el consumo, producción y competitividad de la entidad y demás entidades federativas que forman parte de la zona fronteriza; lo que recaería según argumentos, en el sector de la población con menores ingresos económicos, toda vez que destinarían mayor parte de sus ingresos económicos al pago de este impuesto, lo que afectaría directamente su capacidad real de consumo en un 31 por ciento según estudios del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).Todo lo anteriormente expuesto trae consigo efectos de tipo inflacionario toda vez que en las franjas fronterizas se elevarán en la misma proporción que el incremento de la tasa general del IVA; trasladando este impuesto a los consumidores finales del bien. En este sentido, se plantea que los sectores de la población con mayores ingresos dentro de la franja fronteriza en específico la del norte del país, cambiará su dinámica en cuanto al consumo del productos dentro del país, provocando fugas de capital dentro de la escala domestica, por su proximidad con el mercado estadounidense.
Otro efecto negativo que predicen los expertos, es la generación de un efecto recesivo, toda vez que se plantea que el incremento a las tasas del IVA en la franja fronteriza, repercutirá en la capacidad consumo y de producción de las empresas, lo que a la larga generaría la disminución de empleos.
Los efectos en el ámbito distributivo, se daría en el sentido en que las familias de menores recursos económicos, destinarían un mayor monto de sus ingresos familiares, afectando su capacidad de compra y su estabilidad económica, cosa que de acuerdo a lo que plantean los estudiosos, no sucedería de igual forma con los estratos con mayores ingresos, toda vez que en el caso de la frontera norte, estas familias son las que tienen mayor acceso al mercado estadounidense, teniendo otras opciones de consumo; por ende la recaudación que se estima obtener por el incremento a las tasas del IVA dentro de las franjas fronterizas, no tendrían los efectos deseados, por las practicas de consumo que se estiman se llevarían a cabo por parte de la población.
Es por esto, que de acuerdo al análisis de diversos especialistas, y de la interpretación expresa del artículo en mención, que se concluye que la existencia de una tasa diferenciada del IVA en la región fronteriza, de acuerdo a lo que establece la Ley, se da siempre y cuando las actividades que se contemplan para el pago de impuesto al valor agregado, se realicen en dicha zona.
De acuerdo a los elementos que recopilan, en diversos estudios realizados por expertos en la materia, “[...] la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN:2011), ¯[la tasa de 11 por ciento] aplicable cuando los actos o actividades se realicen por residentes en la región fronteriza, responde a que el consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza con el resto del país, pues la cercanía de aquella con otra nación altera los patrones de consumo. De esta forma, el trato diferencial tiene el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios del extranjero.”
Es por lo anteriormente expuesto que en la investigación citada, se refuerza la idea que el trato diferenciado en la zona fronteriza de nuestro país, se fundamenta en la dinámica de flujos migratorios, económicos, comerciales y culturales, entre los países vecinos, principalmente los Estados Unidos de América, por la gran dinámica comercial con nuestro país, al ser uno de nuestros principales socios comerciales.
En materia de competitividad, otro punto que habría que tomar en cuenta y que requiere de la atención necesaria, sería lo que los estudiosos llaman efectos en la neutralidad por los incrementos en la tasas del impuesto al valor agregado, que de acuerdo a lo que se menciona en dichas investigaciones, el incremento a esta tasa, impacta en mayor medida la dinámica que se desenvuelven en la franja fronteriza, así como a la competitividad de las entidades federativas, en materia de industria, turismo; en relación al mercado que se desarrolla primordialmente entre Estados Unidos de América y México.
En definitiva, se puede concluir con base a los elementos argüidos en las investigaciones consultadas que la política fiscal que se pretende implementar en México con la Homologación o aumento de la tasa impositiva del impuesto al valor agregado resulta totalmente equivocada, en lo particular en los aspectos extra fiscales que traería la homologación, y a la violación constitucional de los artículos primero, veinticinco y treinta y uno de la Constitución, por trasgredir aspectos de derechos humanos, así como el principio de competitividad y por último los principios tributarios; de acuerdo a lo que establecen diversos estudiosos en la materia. Además de esto, se puede señalar que:
1. El objeto del IVA, es el consumo, el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios;
2. Es un hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras naciones altera los patrones de consumo;
Al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera , desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional
De conformidad con lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de no considerar dentro de la reforma fiscal prevista para el mes de septiembre, el apartado de la homologación del IVA en la franja fronteriza, por los efectos negativos que ello implicaría.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de agosto del 2013.
Diputados: David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez, María del Carmen López Segura, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Martha Beatriz Córdova Bernal.
(Turnada a la Comisión de Hacienda. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a que en coordinación con las de Justicia del Distrito Federal y de Guerrero, investiguen y esclarezcan la desaparición de Linda Karent López Arias y David González Arroyo, recibida de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como función intrínseca del Estado y como mandato de origen constitucional, el gobierno mexicano está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas.
Lo cierto es que desde 2006 el Estado mexicano no sólo ha sido incapaz de controlar a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que en el fallido combate contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad pública han incurrido en graves violaciones de derechos humanos.
En febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón publicó extractos de una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de la República entre diciembre de 2006 y diciembre de 20121 .
La información publicada, contiene el registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, sin embargo, hay que señalar que dicho registro no sólo incluye personas a las que se presume se llevaron a la fuerza, sino también personas extraviadas o no localizadas, es decir, personas que quizá se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad ni domicilio.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tampoco contempla los casos de desapariciones forzadas documentados por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch ha documentado más de 140 casos desde 2007, en las cuales participaron actores estatales en forma directa, o indirectamente mediante su colaboración o anuencia.2
Sin embargo, aunque el registro del gobierno federal no ofrece un panorama terminado de los casos, sí confirma una constante sistemática de desapariciones forzadas, que las autoridades en distintos órdenes han pasado por alto y en donde no se adoptaron medidas pertinentes ni exhaustivas para buscar el paradero de las víctimas o los hechos que condujeron a su desaparición.
El registro demuestra la lastimera metodología y la falta de procedimientos claros para recabar datos fiables en la materia; estas deficiencias por parte de las autoridades encargadas de la política de seguridad pública, han socavado la naturaleza y dimensión de las desapariciones en el país, así como han velado la posibilidad de localizar e identificar a las víctimas. Ante dicho contexto, Human Rights Watch afirma:
“Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.”3
Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012, prometió resolver la crisis de seguridad que ha desangrado al país y que hasta el momento, ha costado la vida a cerca de 100 mil mexicanos a lo largo de los últimos años4
Sin embargo, ha iniciado el segundo semestre de su primer año de gobierno, y la estrategia de seguridad pública permanece desdibujada y no sólo eso, hasta el momento, no hay visos claros que indiquen un compromiso verdadero con la obligación irrenunciable de asegurar que se resuelvan y reparen las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por funcionarios como por miembros del crimen organizado.
Y para muestra un botón de los miles de casos, que no dejan duda sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.
El pasado 10 de agosto Linda Karent López Arias, trabajadora de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 27 años y David González Arroyo, comerciante de 32 años de edad, presuntamente desaparecieron en el trayecto de municipio de Arcelia, Guerrero hacia el Distrito Federal.5
El lunes 12 de agosto Karent y David no se presentaron a sus respectivos lugares de trabajo, por tanto los familiares de ambos procedieron de inmediato a su búsqueda.
El martes 13 de agosto, los familiares de Karent, levantaron la denuncia AYO/2606/2013 ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Posteriormente, los familiares de González Arroyo notificaron que éste tenía planeado dirigirse a Arcelia para luego trasladarse a Iguala, ambos municipios de Tierra Caliente en Guerrero, una de las regiones de alta incidencia delictiva en el país. Tras esta información, la familia de Karent se trasladó a Iguala, donde no había rastros de ninguno de los dos jóvenes.
El martes 20 de agosto, Nallely López Arias, hermana de la víctima, levantó el reporte con número 8616 en la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; no obstante aún no hay rastros que indiquen el paradero de la joven.
De acuerdo con el informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional, los familiares que buscan a sus seres queridos hacen “recorridos dependencia tras dependencia”, donde se enfrentan a un “sinfín de organismos e instituciones –tales como: las corporaciones policíacas en los tres ámbitos de gobierno; lasProcuradurías especializadas en delincuencia organizada, ejército, fuerza naval, militares, tantoestatales y federales; Comisiones Nacional yEstatales de Derechos Humanos”6 para intentar que las autoridades intervengan, y donde con frecuencia “no está claro quién tiene responsabilidad y autoridad, los casos pasan de unas manos a otras, sin que haya unreconocimiento explícito de asegurar investigaciones oportunas y eficaces”7
Los esfuerzos infructuosos o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a las personas que fueron sustraídas, ahondan el sufrimiento de los familiares, por ello, nos unimos a las exigencias de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos les provoca una desesperación latente; por ello y por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a que agilicen las investigaciones en torno a la desaparición de Linda Karent López Arias y David González Arroyo.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de ejercer la facultad de atracción referida en la fracción XXI del artículo 73 constitucional y el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y atraiga la averiguación previa penal iniciada con motivo del caso de Linda Karent López Arias y David González Arroyo, desaparecidos en días recientes.
Notas
1 Segob reporta 26 mil 121 personas “no localizadas” en México, (en línea) Animal Político, 27 de febrero de 2013, dirección: URL: http://www.animalpolitico.com/2013/02/segob reporta 26 mil 121 desaparecidos en-mexico.
2 Human Right Watch, “Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada” (en línea) febrero 2013, página 1, dirección URL:http://www.hrw.org/es.
3 Ibídem. Página 3.
4 Amnesty International “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México”, junio de 2013, página 2.
5 La Jornada, “Desaparecen empleada de la SEP y acompañante en viaje a Guerrero”. (en línea) México, 18 de agosto de 2013, dirección: URL:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/18/151816609-desaparecen -empleada-de-la-sep-y acompañante-en-viaje-a-guerrero.
6 Amensty International, obra citada página 13.
7 Ibídem.
Dado en la Comisión Permanente, a 28 de agosto de 2013.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
(Remitida a la Comisión de Justicia. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, a que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio, recibido de la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Los que suscriben, diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La mujer, a lo largo de la historia, ha desempeñado un papel central en movimientos tanto sociales como políticos y económicos de México, además su creciente inserción en el mercado laboral, así como su participación cada vez más cotidiana en puestos de toma de decisiones, ha logrado que se haga cada vez más evidente e insoslayable la aportación que las mujeres realizan en favor de la sociedad.
En la esfera internacional México ha adoptado múltiples compromisos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención de Belém do Pará, entre otros, que principalmente tienen como objetivo eliminar la violencia en detrimento de la mujer motivada por su género.
Es responsabilidad de los legisladores, tanto del ámbito federal como local, la elaboración y aprobación del marco jurídico que prevenga y erradique la violencia en contra de las mujeres y la homologación en los estados de dicha perspectiva, principalmente en la derogación del delito de adulterio que claramente es un delito cultural que busca menoscabar la libertad sexual, así como tomar las medidas legislativas conducentes para robustecer y fomentar los derechos fundamentales de la mujer en nuestra sociedad, y destacar la necesidad de políticas públicas encaminadas a eliminar la violencia motivada por el género en todos los ámbitos tanto el público como el privado.
Es de esta forma que se deben de generar estrategias suficientes que puedan combatir este problema que ha sido recurrente en la legislación penal a lo largo de nuestro país, por lo que es impostergable la actualización y armonización con el Código Penal federal de leyes dentro de las legislaturas estatales, con el objetivo de tener un orden jurídico que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.
Lo que se pretende es que se suprima de los Códigos Penales Locales de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, únicas entidades donde subsiste la penalización del adulterio, todo capítulo que tipifique como delito las relaciones sexuales extramaritales en aras de reivindicar la libertad y dignidad de las mujeres de un vergonzoso delito que se construyó culturalmente en su contra. Vale la pena recordar que en 2011 se aprobó la reforma que derogó el capítulo IV del título XV del Libro Segundo del Código Penal Federal, que tipificaba el adulterio como delito.
Técnicamente es imposible que en la práctica se configure el delito, pero hay razones de peso para derogar ese tipo penal, además de las ya expuestas, pues se trata de un ordenamiento jurídico generado a partir de una perspectiva machista para mantener como propiedad a las mujeres, lo que también resulta ineficaz y obsoleto.
Es un tipo penal que sólo puede configurarse en el lecho conyugal o con escándalo, su direccionamiento de género es obvio así como su oprobio. Es menester recordar los registros con que se cuenta sobre la penalización del adulterio, ya que en el Código español de mil ochocientos veintidós se otorgaba al cónyuge varón la capacidad de imponer la pena contra su cónyuge mujer en caso de infidelidad, obviamente no se aplicaba esto en sentido contrario.
Insistimos, es un delito cultural que se configura por la necesidad absurda de los hombres para proteger su honor; no el de los seres humanos en general, sino su honor como género, creyendo ser dueños del cuerpo y de los pensamientos de las mujeres. Las prácticas sexuales extramaritales masculinas tienen otra lectura cultural, es cuestión de orgullo atendiendo a una perspectiva corta y sexista como amos y conquistadores, situación que incluso se ha llevado a una idealización mediática en el estereotipo dominante de género.
Cuando se habla de adulterio vienen a la mente conceptos generales relacionados con la moral y el deber recíproco sobre la dignidad entre dos personas que celebran un matrimonio, pero no son bienes jurídicos de la más alta jerarquía en derecho penal, y en cualquier ponderación racional en conflicto con el derecho a la libertad y al ejercicio de los derechos civiles y políticos pareciera que la fidelidad marital se debilita como bien tutelado frente a estos.
Debe considerarse que de acuerdo con los elementos del delito que se exhorta a derogar: “en el domicilio conyugal” y: “con escándalo”, en el adulterio, exclusivamente son estas dos conductas las que determinan su configuración. Bajo estas circunstancias, en la norma que lo consigna no es verdad que se tutele la “fidelidad marital” o “el derecho a la fidelidad recíproca” de los cónyuges en su vínculo matrimonial, porque si así lo fuera, cualquier infidelidad sería delito. Por lo tanto, es sensato concluir que lo que realmente se busca proteger, desde una perspectiva machista, y se sanciona es el buen nombre, el prestigio y el honor del cónyuge inocente, cuando las relaciones sexuales se sostuvieren en el domicilio conyugal; o bien, en cualquiera otra parte, pero con publicidad o exhibición, es decir este delito es una satisfacción a aquellos referidos vulgarmente como “cornudos” que trasciende el ámbito civil a uno penal en función de una perspectiva cultural sesgada.
Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de agosto de 2013.
Diputada Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Igualdad de Género. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas, recibida de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas resulta una problemática que el gobierno mexicano ha sido incapaz de solventar de manera satisfactoria.
Tan sólo por citar un ejemplo, para el ciclo escolar 2013-2014, el noventa por ciento de quienes aplicaron el examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México fue rechazado, es decir de las 184 mil 152 personas, tan sólo 17 mil 616 obtuvieron un lugar en dicha institución de educación superior.
Este hecho constata el colapso educativo que se vive a nivel nacional, el cual no fue ni mínimamente contemplado por la contrarreforma aprobada el año pasado en la materia, lo cual refleja que la llamada reforma educativa es mediocre, incompleta y se circunscribe básicamente a lo laboral; no abordó, entre muchas otras cosas, la falta de opciones para miles de jóvenes que no encuentran alternativas de educación superior ni ataca la proliferación de las llamadas “escuelas patito” que sin contar con calidad y, a veces, sin el debido reconocimiento oficial, engañan a jóvenes y a sus familias que pagan por esos falsos estudios.
Por otro lado, el Estado mexicano ha faltado a lo estipulado en el artículo tercero constitucional, entre otras cosas en expresado en su fracción V:
Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
De esta forma, cientos de jóvenes con grandes ánimos por continuar sus estudios, conformaron desde hace varios años, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, mejor conocido como MAES, el cual ante su organización y eventual movilización consiguió un acuerdo con varias instituciones de educación superior para que se otorgarán más lugares para el ciclo escolar 2014-2015, lo cual es un primer paso para revertir la deuda en materia educativa a nivel superior; sin embargo debemos reconocer que con esto no se solucionará de raíz el problema educativo en México.
Si bien, se puso en marcha el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior 2013-2014 (Proemes), promovido por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer una alternativa a quienes no pudieron ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México o a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de México; el cual busca “ofrecer alternativas de estudios universitarios a los aspirantes que participaron en los recientes procesos de admisión del área metropolitana del Distrito Federal y algunas instituciones del Estado de México, y que aún no se matriculan en alguna institución de educación superior”, éste necesita garantizar que los 36 mil 376 lugares disponibles (en ocho áreas del conocimiento) brinden una preparación acorde a la realidad que enfrenta el país y a las exigencias del contexto internacional, permitiendo que quienes egresen de dichas carreras tengan los elementos necesarios para hacer frente al mercado laboral tan competitivo.
Por otra parte, es necesario destinar más recursos a las universidades públicas, ya que en 2013 el presupuesto asignado fue de 103 mil 30 millones de pesos, el cual según el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Enrique Fernández Fassnacht, en una entrevista para el periódico La Jornada, comentó que “la disminución de recursos en términos reales se ha reflejado en el déficit de dos mil 200 millones de pesos para las universidades de los estados, lo cual ha impactado en los incrementos salariales de los trabajadores”.
En este sentido, cabe rescatar la información relativa a las y los jóvenes que no asisten a la escuela ni tienen empleo, ya que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de los 34 países que conforman la organización; sólo tras Turquía e Israel.
Es así que en el informe Panorama de la educación 2013, realizado por la OCDE, se revela que en México el 24.7 por ciento de población de 15 a 29 años, conforman este sector y del número de mujeres jóvenes en este rango de edad el 37.8 por ciento se encuentra en tal situación, mientras que del número de hombres jóvenes sólo es el 11 por ciento.
De esta forma, reconocemos la importancia que tiene la educación sobre todo para las generaciones más jóvenes, es por ello que lo contemplado en el artículo tercero no puede ser letra muerta, seguiremos dando batalla ante los intereses excluyentes del Pacto por México, los cuales no benefician al país. La juventud es el sector más golpeado por el modelo económico y los mal llamados ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son una terrible expresión del fracaso del gobierno mexicano en la materia y que en fechas recientes ha sido aprovechado por el crimen organizado al ser reclutados; es por ello que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a generar mayores alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas, tal y como pretende ser el Programa Emergente de Matrícula en la Educación Superior, en coordinación con las mejores Instituciones de Educación Superior del país.
Dado en el Senado de la República, a 28 de agosto de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar acciones en beneficio de los jóvenes que no estudian ni trabajan, recibida de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
La suscrita, María Guadalupe Velázquez Díaz, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México presenta en la actualidad una población de 36.2 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad, se trata de un contingente histórico con el que nuestro país cuenta para alcanzar el desarrollo de nuestro país. Los jóvenes representan actualmente una oportunidad inédita, representan un factor de cambio y motor del desarrollo económico de nuestra sociedad.
El hecho de propiciar estos cambios de forma exitosa, depende en gran medida de las circunstancias en las que las y los jóvenes lleguen a la edad adulta, en la medida en la que tengan acceso a los recursos necesarios para su evolución personal, intelectual y profesional, podremos aspirar a una sociedad inclusiva, participativa y con desarrollo económico.
Sin embargo, nuestro país presenta una problemática que requiere de urgentes soluciones, ya que 6 millones 887 mil 152 jóvenes no estudian ni trabajan y el 75 por ciento de ellos son mujeres.1
El fenómeno de jóvenes que no estudian ni trabajan, se ha convertido actualmente en una tendencia global cuyo impacto supera el territorio mexicano, no obstante lo anterior, el hecho de que no realicen actividades remuneradas económicamente, no significa que no estén haciendo nada, como tampoco significa que no busquen un empleo o que requieran conseguirlo.
Como muestra de lo anterior, observamos este 75 por ciento de mujeres que se encuentran dentro de este segmento poblacional y que se dedican de tiempo completo a las tareas domésticas, actividad que aunque no se encuentre contabilizada bajo los actuales conceptos de producción, sin duda es trabajo realizado y encaminado a atender las necesidades primarias de un hogar.
En este orden de ideas, resulta necesario generar opciones viables de apoyo para las y los jóvenes que no estudian ni trabajan, cuya situación afectará en un futuro el desarrollo de nuestra nación; ya que dentro de este sector de jóvenes, encontramos aproximadamente 5 millones de mujeres jóvenes, cuyas actividades domésticas son el resultado del rezago familiar en razón de su género, acotándoles toda oportunidad para cumplir con la instrucción educativa obligatoria o en su caso la posibilidad de incorporarse a la vida laboral; asimismo, un número considerable de jóvenes que vive con alguna discapacidad que le impide incorporarse a la vida productiva y aproximadamente 3.2 millones de jóvenes que se desempeña en roles no identificables o marginales, ya que han dejado sus estudios para buscar un empleo, los cuales en estratos más bajos son presa fácil de las redes del crimen organizado.
Es necesario generar un cambio en la mentalidad de nuestras sociedades, si mantenemos a las y los jóvenes desvinculados del mercado laboral y del sistema educativo, estaremos generando en pocos años un importante porcentaje de la población totalmente ajeno a la participación política y social de nuestra nación, así como altos costos para la economía mexicana, si establecemos acciones y políticas de apoyo para facilitar y hacer atractivas a las y los jóvenes las opciones en el mercado laboral y el sistema educativo, sin duda obtendremos una población adulta que contribuirá al crecimiento de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Economía, así como al director general del Instituto Mexicano de la Juventud a implementar acciones y políticas de apoyo para que las y los jóvenes que no estudian ni trabajan tengan fácil acceso a su inserción al sistema educativo y en su caso al mercado laboral.
Nota
1 Negrete, Prieto Rodrigo, Leyva, Parra Gerardo, “Los ninis en México: una aproximación crítica a su medición”, Realidad Datos y Espacio, Revista Internacional de Estadística y Geografía, páginas 90-121, volumen 4, número 1, enero-abril 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de agosto de dos mil trece.
Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Agosto 28 de 2013.)
Con punto de acuerdo, por el que se propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mantener el régimen fiscal de las regiones y zonas fronterizas en los términos de la actual legislación del Impuesto al Valor Agregado, recibida del diputado Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de agosto de 2013
El suscrito, Raymundo King de la Rosa, diputado por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la anunciada reforma fiscal que en su momento presentará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, considere mantener el régimen fiscal de las regiones y zonas fronterizas, en los términos de la actual legislación del Impuesto al Valor Agregado, con base en las siguientes
Consideraciones
En la redacción original de la Ley del Impuesto Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 y en vigor a partir del 1 de enero de 1980, se estableció una tasa general del diez por ciento, aplicable a las actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles y la importación de bienes o servicios.
Asimismo, en el artículo 2o. de esta ley se estableció una tasa diferenciada, del seis por ciento, a los actos realizados por residentes en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las zonas libres de Baja California y norte de Sonora y de Baja California Sur, y siempre que la entrega de bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en las citadas franja o zonas.
Mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1979, en vigor a partir del 1o. de enero de 1980, se incorporó a la franja fronteriza colindante con Belice.
Sin embargo, por decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1991, en vigor al día siguiente, se propuso eliminar este tratamiento diferencial, derogándose el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con lo que fue eliminado el régimen preferencial de la franja y zonas fronterizas quedando homologada la tasa impositiva en diez por ciento en todo el territorio nacional.
Por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1995, en vigor a partir del 1o. de abril de ese mismo año, se estableció el quince por ciento como tasa general del Impuesto al Valor Agregado y en el artículo 2o. se estableció que el impuesto se calcularía aplicando la tasa del diez por ciento, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realizaran por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
En el mismo artículo se consideró como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; y de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Finalmente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, en vigor a partir del 1 de enero de 2010, la tasa general del Impuesto al Valor Agregado se fijó en dieciséis por ciento, en tanto que el aplicable en la franja y zonas fronterizas, en términos del artículo 2o. de la ley de la materia, se estableció en once por ciento.
Desde la iniciativa presentada por el presidente de la República el 30 de noviembre de 1978, se reconoció la situación de la franja fronteriza norte y de las zonas libres de Baja California y norte de Sonora y Baja California Sur, lo cual motivó que se estableciera un régimen particular en materia impositiva, el cual se hizo extensivo posteriormente al estado de Quintana Roo.
Esta situación particular no es otra que evitar que la aplicación del impuesto en las franjas y zonas fronterizas en los mismos términos que el resto del país, afecte la competitividad de las empresas ubicadas en ellas, dada la facilidad con que los consumidores preferirían acudir a los países fronterizos favorecidos por tasas impositivas de menor cuantía y con precios finales más competitivos.
Esta política se interrumpió con la reforma de noviembre de 1991, pero se regresó a la aplicación de un régimen preferencial en abril de 1995, reconociéndose de nueva cuenta la necesidad de establecer este esquema diferenciado para apoyar la competitividad de las empresas en las franjas y zonas fronterizas.
El trato diferenciado se justifica plenamente por el diferencial impositivo que hay con los países con los que se comparte frontera. En el caso de la zona libre de Belice, colindante con el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, la tasa de impuesto al consumo es de 0 por ciento, situación única en todo el país; en Guatemala, el Impuesto al Valor Agregado tiene una tasa del 12 por ciento; en Texas, se paga un impuesto estatal a las ventas de 6.25 por ciento más un impuesto variable en los condados que puede ser de hasta 2 por ciento, con lo que la tasa total es de hasta 8.25 por ciento; en California, donde también se aplican tasas combinadas del estado y los condados, el impuesto por ventas va de 7.5 por ciento a 9 por ciento.
Como puede advertirse, las tasas de los impuestos similares al del valor agregado en términos generales son semejantes al que actualmente se cobra en México en las franjas y zonas fronterizas, lo que permite a las empresas establecidas en esas zonas ofrecer sus productos y servicios a un precio final competitivo respecto de las establecidas en los países vecinos, con la salvedad del caso de la zona libre de Belice que implica un mayor reto debido a que allá no se cobran impuestos al consumo y, por tanto, la diferencia es de 11 puntos porcentuales respecto del impuesto que actualmente se paga en Quintana Roo, la cual se elevaría a 16 puntos en caso de homologarse con el resto del país, lo que significaría un severo golpe a la economía del sur de ese estado, que no cuenta con alternativas económicas viables en el corto plazo, en tanto que manteniéndose el impuesto en los términos actuales se favorecería la inversión y se propiciaría posicionar a esta zona como puerta de entrada para la actividad comercial en el marco de los tratados de libre comercio con Centroamérica.
Entendemos que la reforma fiscal es inaplazable. Conforme a los compromisos establecidos en el Pacto por México, es improrrogable realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo nacional, para lo cual se requiere fortalecer la capacidad recaudatoria del estado.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está trabajando en la elaboración de la propuesta de reforma fiscal que el Ejecutivo federal presentará a la consideración del Congreso de la Unión bajo las premisas de fortalecer la capacidad financiera del gobierno federal, así como de los estados y municipios para financiar educación, salud e infraestructura para el crecimiento económico; crear un sistema tributario justo, en el que paguen y contribuyan más al gasto público quienes más ganan; y generar una mayor competitividad mediante la simplificación del sistema fiscal y la reducción de costos para pequeñas y medianas empresas.
Desde luego, apoyamos decididamente los objetivos que se han planteado para la reforma fiscal y por ello consideramos relevante que en este proceso se considere mantener el régimen especial en las regiones y zonas fronterizas, en virtud de que este esquema favorece la recaudación fiscal, a la vez que estimula la actividad económica y el sustento de la plantilla laboral, pues permite mantener la competitividad de las empresas en esas zonas.
En efecto, al ser el Impuesto al Valor Agregado una carga que repercute en el precio final de los bienes y servicios, la homologación de la tasa con la que aplica en el resto del país no traería necesariamente una mejora en la recaudación, sino que desalentaría el consumo en esas zonas, ya que los consumidores comprarían en los negocios ubicados al otro lado de las fronteras, buscando las mejores condiciones de compra.
En este escenario, no solamente se afectaría la actividad económica de las empresas ubicadas en las regiones y zonas fronterizas al ver disminuidas sus ventas, sino que ello llevaría a la pérdida masiva de empleos y a desalentar la inversión en el mediano plazo, lo que finalmente provocaría un efecto contrario al deseado, pues con la caída en las ventas también se generaría una disminución de la recaudación neta.
Los impuestos como instrumentos de la política económica del estado, no sirven únicamente para recaudar recursos, sino como atinadamente se delinea en la reforma fiscal en ciernes, como medio para fomentar la competitividad de los actores económicos.
No se trata de mantener tratos privilegiados para algunas regiones del país, sino de reconocer la realidad económica y la asimetría fiscal de las regiones fronterizas con las de nuestros vecinos, en las que la cercanía de negocios con regímenes fiscales más atractivos, coloca a las empresas ubicadas en México en condiciones de desventaja que es necesario atenuar mediante el esquema fiscal que ha venido operando desde 1995.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto Acuerdo
Único. Se propone a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la anunciada reforma fiscal que en su momento presentará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, considere mantener el régimen fiscal de las regiones y zonas fronterizas, en los términos de la actual legislación del Impuesto al Valor Agregado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de agosto de 2013.
Diputado Raymundo King de la Rosa (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Agosto 28 de 2013.)
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