Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3827, viernes 2 de agosto de 2013

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Comunicaciones

De la Mesa Directiva, sobre iniciativas precluidas porque no fueron dictaminadas en el plazo reglamentario correspondiente
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Del diputado Juan Manuel Diez Francos
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe de la participación en la Cumbre de Líderes del G8 del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y de la visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, del 15 al 19 de junio de 2013
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el segundo informe trimestral fiscal de 2013 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto
De la Secretaría de Gobernación, por la cual remite similar de la Semarnat con el informe sobre contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al segundo trimestre
De la Secretaría de Gobernación, con las que concede permiso para que ciudadanos puedan prestar sus servicios a gobierno extranjero
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite informe de bienes destinados en junio de 2013
De la Secretaría de Salud, con la que remite evaluaciones externas o complementarias que la Dirección General de Evaluación del Desempeño ha coordinado a programas prioritarios en salud durante 2007 y 2012

Iniciativas

Que reforma los artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por Leobardo Alcalá Padilla, en nombre propio y de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, diputados del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que reforma la fracción VIII y adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud, recibida del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, suscrita por los diputados Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social, recibida del diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal, recibida de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que agilice el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, recibida del diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cámara de Diputados a otorgar seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esta soberanía, ya sea a través de los grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios, recibida de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Junta de Coordinación Política a solicitar a la Dirección de Servicios del Palacio Legislativo el informe presentado por la CFE de la inspección técnica a las instalaciones eléctricas de este recinto legislativo e informar a este pleno sobre los mecanismos y las acciones que se prevé realizar, recibida de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Actas

Del Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura, concerniente a la reunión de instalación, que tuvo verificativo el miércoles 17 de julio de 2013

Convocatorias

De la Comisión Especial del Café, a la cuarta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el viernes 2 de agosto, a las 11:00 horas
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la reunión ordinaria por efectuarse el martes 6 de agosto, a las 13:00 horas
De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, a la novena reunión ordinaria, que se celebrará el miércoles 7 de agosto, a las 10:00 horas
De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la sexta reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, a las 11:00 horas
De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, a la cuarta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 7 de agosto, a las 12:00 horas
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, a la undécima reunión plenaria, por celebrarse el viernes 9 de agosto, a las 10:00 horas
De la Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país, a la reunión que se llevará a cabo el viernes 9 de agosto, a las 15:00 horas
De la Comisión de Ganadería, a la sexta reunión ordinaria, que se celebrará el miércoles 14 de agosto, a las 9:30 horas
De la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, a la octava reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto, a las 16:00 horas

Invitaciones

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la conferencia magistral El nuevo juicio de amparo y sus implicaciones en la administración de justicia, que se celebrará el martes 6 de agosto, de las 10:00 a las 12:30 horas
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, al seminario Historia y actualidad del Congreso mexicano, que se llevará a cabo el jueves 8 de agosto, de las 9:00 a las 15:00 horas
De la Comisión de Puntos Constitucionales, al diplomado El poder constituyente, derecho electoral y procesos legislativos que, con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes hasta el 22 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 horas
De la Comisión de Derechos Humanos, al diplomado Derechos humanos, sistema de justicia y derechos de las víctimas que, con la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realizará los martes, miércoles y jueves comprendidos del 6 de agosto al 19 de diciembre, de las 8:00 a las 10:00 horas

Comunicaciones

De la Mesa Directiva, sobre iniciativas precluidas porque no fueron dictaminadas en el plazo reglamentario correspondiente

Honorable Asamblea:

En cumplimiento del punto primero del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluido o vencerá en el lapso restante del primer año de ejercicio, aprobado por el pleno el 30 de abril del año en curso, y con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara precluidas las siguientes iniciativas, que no fueron dictaminadas en el plazo reglamentario correspondiente:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados.

Presentada por la diputada Adriana González Carrillo (PAN).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Séptima sección.

Expediente 1852.

Fecha de sesión: 23 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 26 de junio de 2013.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Roberto López Suárez (PRD).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cuarta sección.

Expediente 1037.

Fecha de sesión: 18 de diciembre de 2012.

Fecha de vencimiento: 4 de julio de 2013.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI).

Comisión de Recursos Hidráulicos.

Primera sección.

Expediente 1942.

Fecha de sesión: 30 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Presentada por la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza).

Comisión de Energía.

Séptima sección.

Expediente 1948.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Presentada por el diputado José Everardo Nava Gómez (PRI).

Comisión de Energía.

Segunda sección.

Expediente 1962.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Presentada por el diputado Carlos Alberto García González (PAN).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Quinta sección.

Expediente 1972.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración.

Presentada por el diputado Mauricio Sahui Rivero (PRI)

Comisión de Asuntos Migratorios.

Tercera sección.

Expediente 1984.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Presentada por el diputado Faustino Félix Chávez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia.

Séptima sección.

Expediente 1995.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza).

Comisión de Defensa Nacional.

Primera sección.

Expediente 2010.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o. y 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Presentada por el diputado Juan Pablo Adame Alemán (PAN).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Segunda sección.

Expediente 2032.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez (PT).

Comisión de Justicia.

Cuarta sección.

Expediente 2048.

Fecha de sesión: 29 de abril de 13.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Presentada por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano).

Comisión de Defensa Nacional.

Primera sección.

Expediente 2052.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

13. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5-Ter a la Ley del Servicio Militar.

Presentada por la diputada Mayra Karina Robles Aguirre (PRI).

Comisión de Defensa Nacional.

Sexta sección.

Expediente 2057.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 263, 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Movimiento Ciudadano).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Séptima sección.

Expediente 2058.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar.

Presentada por el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN)

Comisión de Defensa Nacional.

Tercera sección.

Expediente 2068.

Fecha de sesión: 29 de abril de 2013.

Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2013.

16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 de la Ley General de Educación y 18 de la Ley de Migración

Presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, (Movimiento Ciudadano) y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano).

Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Migratorios.

Tercera sección.

Expediente 1434.

Fecha de sesión: 5 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 16 de julio de 2013.

17. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, basados en un Régimen de Capitalización Individual, restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto.

Presentada por el diputado Silvano Blanco Deaquino (PRD).

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sexta sección.

Expediente 1437.

Fecha de sesión: 5 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 16 de julio de 2013.

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Presentada por la diputada María del Rocío García Olmedo (PRI).

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Segunda sección.

Expediente 1457.

Fecha de sesión: 7 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 17 de julio de 2013.

19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 Ter a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano).

Comisión de Energía.

Primera sección.

Expediente 2125.

Fecha de sesión: 15 de mayo de 2013.

Fecha de vencimiento: 17 de julio de 2013.

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Presentada por la diputada Margarita Licea González (PAN).

Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Quinta sección.

Expediente 1474.

Fecha de sesión: 7 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 18 de julio de 2013.

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Trinidad Morales Vargas (PRD).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Cuarta sección.

Expediente 1511.

Fecha de sesión: 12 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 22 de julio de 2013.

22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 65 y 67 de la Ley General de Comisión de Educación.

Presentada por el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN).

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Quinta sección.

Expediente 1512.

Fecha de sesión: 12 de marzo de 2013.

Fecha de vencimiento: 22 de julio de 2013.

23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 y adiciona los artículos 8 Bis; 8 Ter; y 8 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Presentada por la diputada Adriana González Carrillo (PAN).

Comisión de Gobernación.

Séptima sección.

Expediente 2132.

Fecha de sesión: 22 de mayo de 2013.

Fecha de vencimiento: 26 de julio de 2013.

24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c) del artículo 2o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano).

Comisión de Gobernación.

Segunda sección.

Expediente 2134.

Fecha de sesión: 22 de mayo de 2013.

Fecha de vencimiento: 26 de julio de 2013.

25. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Penal Federal

Presentada por el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD).

Comisión de Justicia.

Séptima sección.

Expediente 2139.

Fecha de sesión: 22 de mayo de 2013.

Fecha de vencimiento: 26 de julio de 2013.

Se tiene por desechados. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de agosto de 2013

Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Presidente

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

México, DF., a 24 de julio de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federa para que en el ámbito de su competencia analice la factibilidad de modernizar la normativa y programas que regulan los mercados públicos y las concentraciones en el Distrito Federal, así como para que informe a esta soberanía sobre las políticas públicas que se han implementado o se tienen previstas implementar con relación al desarrollo y modernización de los mercados públicos y concentraciones en la ciudad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a contemplar en la discusión del Presupuesto de Egresos Federal y el correspondiente del Distrito Federal para 2014, la inclusión de recursos para el fortalecimiento de mercados y concentraciones del Distrito Federal’.

Atentamente

Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Vicepresidente

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

México, DF, a 24 de julio de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se considere un incremento económico en la inversión en el sector educativo público en el nivel básico, medio y superior, con la finalidad de cumplir con la obligación constitucional del estado de impartir educación.

Atentamente

Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Vicepresidente

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

México, DF, a 24 de julio de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la primera comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, impulsen mecanismos internos y definan una agenda de Parlamento Abierto, así como para que refuercen los canales oficiales de comunicación y colaboración con aquellas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que impulsen el modelo de Parlamento Abierto.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para que refuercen los mecanismos institucionales de participación ciudadana, generando una mayor corresponsabilidad informada en la toma de decisiones legislativas.

Atentamente

Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Vicepresidente

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

México, DF, a 24 de julio de 2013.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia al diputado Juan Manuel Diez Francos para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del31 de julio de 2013.

Atentamente

Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Vicepresidente

Del diputado Juan Manuel Diez Francos

México, DF, a 24 de Julio de 2013.

Senador Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisi6n Permanente

Honorable Congreso de la Unión

Presente

En la sesión del pasado 2 de abril del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mi solicitud de licencia por el periodo del 5 de abril al 30 de julio del año en curso, sin embargo, las disposiciones electorales del Estado de Vera cruz, establecen que la licencia solicitada para separarse del cargo con el objetivo de contender a un cargo de elección popular, deberá mantenerse hasta la conclusión del proceso electoral, el cual a la fecha aún no concluye.

Por tal motivo, y con fundamento en lo establecido en el artículo 62 y 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13 todos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, por su conducto, al pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, licencia por tiempo indefinido a partir del miércoles 31 de julio de 2013, para continuar separado del cargo de diputado federal electo a la LXII Legislatura por el XV distrito en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ante tal situación, le solicito sea comunicada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que se realicen los trámites administrativos correspondientes y continúe en el cargo de diputado federal como lo ha estado desempeñando desde el 18 de abril del año en curso, mi suplente el C. Juan Isidro del Bosque Márquez.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente y aprovecho para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Diputado Juan Manuel Diez Francos (rúbrica)

(Aprobada en votación económica. Julio 24 de 2013.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe de la participación en la Cumbre de Líderes del G8 del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y de la visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, del 15 al 19 de junio de 2013

México, DF, a 19 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1218/13, el licenciado Antonio Iván Rojas Navarrete, encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la visita de Estado del C. presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación en la Cumbre de Líderes del G8, el pasado 15 al 19 de junio de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideraciól1 distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 18 de julio de 2013.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Estimado señor subsecretario,

Con fundamento en el artículo 16, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer llegar a usted el informe de la participación del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del G8 y de su visita de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente

Licenciado Antonio Iván Rojas Navarrete (rúbrica)

Encargado de la Dirección General

Informe de la participación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del G8 y de su visita de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Lough Erne, Irlanda del Norte y Londres, Reino Unido, 15 al 19 de junio de 2013

Contenido

A) Cumbre de Líderes del G8 (Lough Erne, Irlanda del Norte)

B) Visita de trabajo a Reino Unido (Londres)

1. Encuentro con el señor Nicholas Clegg, viceprimer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

2. Reunión con el Consejo de editores de Financial Times

3. Almuerzo empresarial ofrecido por la Confederation of British Industry y HSBC

4. Reunión privada con el señor José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE

5. Reunión con el Consejo de Editores de The Economist

6. Conferencia magistral en Chatham House Mexico’s Moment: Structural Reforms, Democratic Govemance and Global Engagement

7. Almuerzo con miembros de Chatham House

8. Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Export Credit Guarantee Department

C) Anexos

A) Cumbre de Líderes del G8

I. Participación en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 (Lough Erne, Irlanda del Norte, Reino Unido, 18 de junio de 2013).

A invitación del Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron, el presidente Enrique Peña Nieto participó en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, el18 de junio pasado.

El G8 es el foro de concertación informal que reúne a países desarrollados con una gran importancia política y económica internacional (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia). El G8 trata una agenda amplia de temas de interés global y ha desempeñado un papel preponderante en el establecimiento de normas internacionales en materia de comercio, finanzas y asistencia al desarrollo.

Durante el presente año, Reino Unido preside los trabajos del G8 y albergó la Cumbre de Líderes. La Presidencia británica del G8 fijó tres prioridades (tres T):

Impuestos (tax), transparencia (transparency) y comercio (trade).

En sus intervenciones, el presidente Peña Nieto compartió los avances de México en la agenda de reformas estructurales que buscan aumentar la competitividad y prosperidad, destacando las políticas públicas encaminadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el comercio y el combate a la evasión fiscal.

Impuestos

Las discusiones sobre este tema se centraron en el diseño de estrategias para evitar la evasión fiscal por medio del intercambio automático de información y transparencia corporativa, así como para generar capacidades en países en vías de desarrollo para incrementar la recaudación fiscal.

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que la estrategia de México para aumentar la recaudación fiscal busca generalizar el cumplimiento tributario, modernizar los mecanismos de auditoría y cobranza de adeudas fiscales (promoviendo el intercambio automático de información fiscal y asistencia mutua entre países), e introducir las nuevas tecnologías de la información al ciclo tributario. Indicó que México se propine llevar a cabo una reforma hacendaria para lograr que los impuestos sean más justos y más eficientes.

Asimismo, el presidente Peña Nieto destacó la voluntad de México para convertirse en el primer país no europeo en adherirse a la Iniciativa Multilateral de Intercambio Automático de Información junto con Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Por medio de esta iniciativa se buscará que un problema internacional como la evasión fiscal se solucione de manera global a partir de un intercambio multilateral y automático de información. Con estas acciones, México refrenda su compromiso con la lucha contra la evasión y elusión fiscales, lo cual permite verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y con esto, fortalecer los ingresos vía la recaudación fiscal de nuestro país.

Por otra parte, el presidente de México refirió que nuestro país apoya los esfuerzos de la OCDE y el G20 para actualizar las reglas fiscales internacionales, a fin de que las empresas globales no eludan impuestos y paguen lo justo.

Transparencia

Las discusiones versaron sobre medidas para evitar delitos financieros, generar un Gobierno cercano a la gente, cuyas acciones sean democráticas y transparentes, y obtener mayor información sobre las actividades’ de las industrias extractivas.

Libre comercio

Las discusiones se centraron en las acciones para combatir el proteccionismo, dar continuidad a la liberalización del comercio, y promover un sistema abierto, global y sustentado en reglas.

El presidente Enrique Peña Nieto refirió que México ve en su apertura al mundo una plataforma para impulsar su crecimiento económico y acelerar su desarrollo social. Refirió cómo se ha modificado la composición del comercio exterior de México y subrayo que en la actualidad el comercio representa el 60% del PIB.

Destacó que nuestro país también impulsa acuerdos regionales de liberalización comercial, especialmente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y la Alianza del Pacífico. Además, enfatizó que el proteccionismo mina el crecimiento y las posibilidades de desarrollo de los países.

México sostiene acuerdos de libre comercio eón siete de los ocho países del G-8:

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón.

B) Visita de Trabajo al Reino Unido

1. Encuentro con el señor Nicholas Clegg, viceprimer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Londres, Reino Unido, 17 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto y el Sr. Nicholas Clegg, viceprimer ministro del Reino Unido, acordaron fortalecer la relación bilateral en los ámbitos político, económico y de cooperación. Coincidieron en la importancia de promover el libre comercio en distintos foros multilaterales, así como de aumentar el flujo comercial y de inversiones entre ambas naciones.

Asimismo, conversaron sobre las reformas que se han materializado en México en el marco del Pacto por México, y sobre este acuerdo entre las distintas fuerzas políticas del país y el Gobierno de la República. De igual manera, se refirieron a las perspectivas de la Cumbre de Líderes del G8 en Lough Eme, Irlanda del Norte.

Durante la reunión, el viceprimer ministro Clegg manifestó su intención de realizar un segundo viaje a México (su primer viaje fue’ en 2010) dedicado a impulsar iniciativas de negocios para empresas británicas y mexicanas. Por igual se manifestó muy interesado en la reforma de México en materia educativa, por lo que el presidente pudo realizar una detallada exposición sobre objetivos y estado actual de los procesos legislativos que complementan esta reforma. El viceprimer ministro Clegg abordó el esfuerzo que el Reino Unido está realizando en materia de reformas educativas y ofreció compartir experiencias, particularmente en los temas de evaluación.

El viceprimer ministro también expuso los principales desafíos que Reino Unido ve en la “eurozona” y las consecuencias que la volatilidad económica de algunos países europeos tiene en su país. Expresó la importancia que tiene América Latina y en particular México para desarrollar alternativas de vinculación económica para las empresas británicas. Expresó confianza en las medidas que el gobierno británico está implementando Y detalló las oportunidades que percibe para que el sistema financiero británico contribuya a impulsar empresas latinoamericanas.

II. Reunión con el Consejo de Editores de Financial Times

(Londres, Reino Unido, 17 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con el Consejo de Editores de Financial Times, con el propósito de explicar las reformas estructurales que el Gobierno de México está impulsando. Se refirió a las reformas laboral, educativa y de telecomunicaciones, así como a la iniciativa de reforma energética que será presentada para la consideración del Congreso de la Unión próximamente. Asimismo, se refirió a las iniciativas de reforma en materia financiera y fiscal e indicó que todos estos esfuerzos perfilan a México cómo un país muy atractivo para la inversión y mencionó las estrategias para que en México se reduzca la violencia y se atiendan las desigualdades sociales. El presidente también se refirió a la importancia de que México haya sido invitado por el Reino Unido a participar en la Cumbre del G8.

Sobre temas de política exterior, el presidente Peña Nieto explicó las perspectivas de crecimiento del país, la estrategia específica que se tiene para impulsar una relación con China más balanceada y el sólido interés que ha generado la Alianza del Pacífico como el proceso de coordinación e integración más dinámico en el contexto latinoamericano.

III. Almuerzo empresarial ofrecido por la Confederation of British Industry y HSBC

(Londres, Reino Unido, 17 de junio de 2013)

El presidente Enrique, Peña participó en un, almuerzo con empresarios de la Conferetarion of British Industry así como representantes del sector financiero británico con el propósito de fortalecer los vínculos económicos entre México y Reino Unido y atraer inversiones. El presidente Peña Nieto subrayó la estabilidad económica de México así como su compromiso en el libre comercio y su gran potencial para hacer negocios.

La ocasión permitió que el presidente Corporativo de HSBC realiza una exposición sobre la perspectiva optimista que México genera entre inversionistas de los sectores financieros e industrial y para que el presidente de la Confederation of British Industry, por su parte, realizara un reconocimiento a la forma en que México está logrando atraer inversiones con base en la generación de un ambiente de negocios caracterizado por la certidumbre, los avances tecnológicos y la integración de los mercados de América del Norte.

El presidente Peña Nieto pudo subrayar el significado que ha tenido el acceso al mercado norteamericano para le desarrollo empresarial del país, y mencionó el interés por impulsar una vinculación más dinámica con otras regiones, particularmente Europa, aprovechando la excelente relación con el Reino Unido.

IV. Reunión privada con el Sr. José Ángel Gurría; Secretario General de la OCDE

(Londres, Reino Unido, 17 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, subrayaron la excelente cooperación entre México y la OCDE en diversos ámbitos: de política pública. En vísperas de la Cumbre de Líderes del G8, subrayaron que la evasión y elusión fiscal constituyen un riesgo para los ingresos tributarios de los países. Convinieron en que la falta de coordinación de las reglas fiscales internacionales ha contribuido a que muchas empresas tomen ventajas de esta situación. Acordaron continuar impulsando esfuerzos internacionales coordinados para combatir la evasión y elusión fiscal. También coincidieron en la necesidad de impulsar el libre comercio y las reglas vinculadas a las transacciones comerciales en el ámbito multilateral como herramienta sustancial encaminada a detonar crecimiento económico.

V. Reunión con el Consejo de Editores de The Economist

(Londres, Reino Unido, 19 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto compartió con el Consejo de Editores de esta importante publicación los principales objetivos, logros y tareas pendientes del Gobierno de México. Subrayó la voluntad transformadora de los principales partidos políticos para superar diferencias y acordar las medidas más urgentes para el desarrollo del país. El encuentro permitirá contribuir a fortalecer la imagen de México en el exterior y posicionar a nuestro país como un actor con responsabilidad global.

VI. Conferencia magistral en Chatham House: “Mexico’s Moment: Structural Reforms, Democratic Govemance and Global Engagemenf”

(Londres, Reino Unido, 19 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto dictó una conferencia magistral en Chatham House, institución independiente de discusión y análisis, sede del Royal Institute of International Affairs, de reconocido prestigio en el estudio de temas de política y economía internacional. El evento constituyó una oportunidad valiosa para compartir las prioridades y logros del gobierno de México con especialistas en estas disciplinas, cuya opinión es de gran relevancia en el mundo.

El presidente Peña Nieto se refirió a las prioridades del gobierno federal para impulsar el desarrollo nacional: 1) México en paz, 2) México incluyente, 3) México con educación de calidad, 4) México próspero y 5) México con responsabilidad global. Indicó que hay un consenso interno favorable a la aprobación de reformas estructurales que permitan aumentar la competitividad del país y el bienestar de la población. Asimismo, se refirió a la importancia de elevar y democratizar la productividad, así como impulsar una reforma política de fondo. La conferencia expuso por igual el significado que el Pacto por México ha tenido y la importancia de los acuerdos alcanzados entre distintos actores relevantes en la política, la economía y la sociedad mexicana, hacia objetivos compartidos por todos.

El presidente intercambió puntos de vista con algunos asistentes a la conferencia en los temas de promoción económica, seguridad, derechos humanos y educación. La ocasión permitió mostrar, por igual, la perspectiva de la actual administración en temas internacionales y subrayar el objetivo del gobierno por impulsar una presencia más activa de México en foros internacionales.

VII. Almuerzo con miembros de Chatham House

(Londres, Reino Unido, 19 de junio de 2013)

Al concluir su conferencia magistral, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un almuerzo con miembros de Chatham House, con quienes continuó conversando sobre las reformas estructurales y los objetivos prioritarios del Gobierno Federal.

Durante esta conversación se trataron temas como la competitividad de América del Norte y ras acciones del Gobierno de México encaminadas a una integración balanceada y benéfica en el contexto de las relaciones con Estados Unidos y Canadá. También se menciona los desafíos comunes con América Central y las acciones que México puede emprender para detonar mayor cooperación. El presidente Peña Nieto tuvo oportunidad de dialogar con el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica del Reino Unido, Hugo Swire, el Ministro de Comercio e Inversión, Stephen Green, así como con la representante personal del Primer Ministro para el desarrollo económico y comercio con México, Baronesa Bobham-Carter.

VIII. Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Banco Comercio. Exterior y el Export Credit Guarantee Department

(Londres, Reino Unido, 19 de junio de 2013)

El presidente Enrique Peña Nieto participó como testigo de honor en la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Export Credit Guarantee Department (ECGD).

Durante el evento, expresó la importancia de este acuerdo, ya que refleja la voluntad de México y Reino Unido para acelerar el fortalecimiento del comercio entre estos dos países, así como para general garantías. Estas herramientas ayudarán a incrementar la inversión de las pequeñas y medianas empresas ya que se reflejará en mayores espacios y oportunidades para sus productos en el mercado global.

Anexo I

Visita a Reino Unido, Cumbre de Líderes del G-8

Londres e Irlanda del Norte 15 al 19 de junio de 2013

Comitiva Oficial Mexicana

Licenciado Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

1. Doctor José Antonio Meade Kuribreña

Secretario de Relaciones Exteriores

2. Doctor Luis Videgaray Caso

Secretario de Hacienda y Crédito Público

3. Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal

Secretario de Economía

4. Maestro Aurelio Nuño Mayer

Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República

5. General de Brigada DEM Roberto F. Miranda Moreno

Jefe del Estado Mayor Presidencial

6. Licenciado David López Gutiérrez

Coordinador General de Comunicación Social Presidencia de la República

7. Licenciado Francisco Guzmán Ortiz

Coordinador de Asesores

Presidencia de la República

8. CP Jorge Corona

Secretario Auxiliar del presidente de la República

9. Embajador Carlós de Icaza

Subsecretario de Relaciones Exteriores Secretaría de Relaciones Exteriores

10. Ingeniero Juan Bosco Martí Ascencio

Jefe de Unidad de Asuntos Internacionales

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

11. Embajador Alfredo Rogerio Pérez Bravo

Director General de Protocolo, Secretaría de Relaciones Exteriores

12. Embajador Alejandro Ives Estivill Castro

Encargado de Negocios a.i.

Embajada de México en el Reino Unido

Anexo 2

Mensaje a medios de comunicación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto

Reino Unido, 17 de junio de 2013

Déjenme ponerlos al tanto de las actividades que hemos tenido el día de hoy. Por la mañana, tuve oportunidad de reunirme con el viceprimer ministro Nick Clegg, con quien hicimos reconocimiento a la invitación que ellos hicieran, precisamente, para que asistiéramos al encuentro del G8.

Y revisamos los temas de la relación bilateral entre México y Gran Bretaña, en el compromiso que ambos países tenemos de impulsar el libre comercio, de trabajar en favor de este mecanismo para alentar el crecimiento y desarrollo económico de nuestros países; de intensificar nuestra relación comercial, que si bien hoyes del orden de los cinco mil millones de dólares, y que se ha acrecentado en los últimos años, advertimos que tiene un enorme potencial para que al menos podamos duplicar este flujo de comercio en los próximos dos años. Al menos.

Hablamos, obviamente, de nuestra participación el día de mañana, donde evidentemente los temas que habrán de abordarse en esta reunión del G8 son temas de gran coincidencia con varias de las políticas y temas que hemos venido impulsando en México.

La agenda de mañana prevé, prácticamente abordar tres temas, lo que hoy le llaman las tres T, que tienen que ver con el comercio, con los impuestos y con la transparencia.

Antes de referirme a los temas de la reunión de mañana, permítanme también decirles que hoy, por la mañana, también tuve encuentros con varios líderes de opinión, precisamente para compartirles lo que está ocurriendo en México, el acuerdo político que se tiene, el Pacto por México.

Compartirles en el contexto en que éste se ha dado, ustedes lo conocen ya muy bien, y cuál es la agenda de reformas que nos hemos trazado para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país.

Y en este mismo alcance, me reuní hoy, por la mañana, con la Confederación de la Industria Británica, en la sede del HSBC, que fue quien albergó este encuentro con empresarios de este país que aglutina esta Confederación de la Industria Británica, con quien compartimos también, precisamente, estos temas.

Y, sobre todo, buscar despertar en ellos el interés para que inviertan en México y puedan generar empleos. Para que vean en México una oportunidad de crecimiento a sus inversiones.

Algunas de esas empresas ya con presencia en México y otras más, que no lo están, que conozcan realmente de lo que se está haciendo, de la prospectiva que México tiene de crecimiento económico en los próximos años.

Y que las reformas que tuve oportunidad de compartirles, que están inscritas dentro del Pacto por México, las que ya se han dado y las que eventualmente puedan darse en el futuro, sin duda, vendrán a promover este crecimiento económico.

Ésta es una forma de promover a México en el mundo, de buscar que inversionistas vayan a nuestro país, generen empleos, generen inversión productiva y mayor desarrollo para nuestro país.

El día de mañana, perdón, pasado mañana me habré de reunir, también, con otro grupo think tank, el más importante aquí, de Gran Bretaña. Que es el Chatham House.

Y permítanme solamente referirles algunos temas que habrán de ser abordados el día de mañana. Seguramente mañana, también, lo compartiré con ustedes, pero los temas que se abordarán en esta reunión del G8.

Es el tema de comercio. Evidentemente, la convicción que México tiene para es un importante promotor del libre comercio; el mantener nuestra agenda de trabajo, nuestras políticas públicas alineadas, precisamente a que México tenga una mayor presencia en el mundo, para que los productos mexicanos puedan llegar a todas las partes del mundo y dar, también, mecanismos o generar desde esta óptica de libre comercio, mecanismos que permitan una mayor relación comercial de México con el mundo y del mundo con México.

En el tema discal. Vale la pena destacar que México se encuentra a la vanguardia en este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con el intercambio de información fiscal y financiera.

Con estados Unidos tenemos un acuerdo celebrando, de hecho, el único que ha entrado en vigor de los que Estados Unidos ha celebrado. Un acuerdo que permite tener intercambio de información automática en materia fiscal, para evitar la elusión fiscal de las empresas que trabajen en ambos países.

Y por igual, México ha suscrito ya, en su interés por pertenecer, también, ha suscrito su deseo de participar en un acuerdo de similar alcance para la información, para el intercambio de información automática, fiscal y financiera, con los países que la tiene ya en Europa. Y me refiero a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España.

Esto nos permitirá combatir las prácticas de algunas empresas, que con cierta planeación fiscal, pero llegando a la elusión fiscal, dejan de pagar impuestos en estos países.

Y esto significa que para México, el que por esta vía se esté perdiendo recaudación que podría favorecer al desarrollo de infraestructura carretera, hospitalaria, de servicios educativos que México necesita hacer.

Entonces. Hay coincidencia con lo que hoy estos países que participan, particularmente en el G8, con los que México tiene relación bilateral, podamos ser parte de este acuerdo, con los que México tiene relación bilateral, podamos ser parte de este acuerdo. Insisto, ya tenemos uno celebrado con los Estados Unidos, que ya entró en vigor, y estamos trabando para que podamos ser parte también, de un acuerdo con los cinco países que ya he referido y, con ello, podamos evitar la elusión fiscal.

En materia de transparencia. Estamos para compartir lo que es la experiencia en México, donde claramente hemos presentado dos iniciativas para este alcance.

Uno, es la ampliación de las facultades del IFAI y, sobre todo, una mayor capacidad del IFAI sobre todo en sus ámbitos competenciales para con los estados y para los municipios, para buscar una mayor transparencia en ejercicio del gasto y en la actuación de gobiernos municipales, de gobiernos estatales y, por supuesto, del propio gobierno federal y de los otros poderes.

Y, por igual, lo que es la Comisión Nacional Anticorrupción, que ustedes bien conocen los alcances y propósitos que tienen las dos iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, y que serán los temas que habremos de compartir el día de mañana en este encuentro del G8.

Esta visita, sin duda, representa para México una gran oportunidad de proyectar lo que viene haciendo, y la razón, consideramos, de haber sido considerados para participar en este encuentro del G8 es, precisamente, por las expectativas que hoy México está generando al mundo.

Un país, el nuestro, que se proyecta al mundo con prospectiva de mayor desarrollo social, de mayor desarrollo económico, de crecimiento económico sostenido, por las reformas que se han hecho y por las que eventualmente puedan prosperar en el futuro, de acuerdo a la agenda que se ha definido en el Pacto por México.

Esto ha generado una gran expectativa en varios países, en el mundo entero. Y esto dio pie a haber tenido esta invitación para participar en este encuentro del G8, donde habremos de compartir, precisamente esto que está ocurriendo en México y el futuro, que para nosotros debe ser alentador, esperanzador, de un mayor desarrollo, de crecimiento económico y de alcanzar las cinco grandes metas nacionales que ustedes conocen ya plenamente. Ustedes las conocen muy bien, pero aquí es importante que las conozcan.

Precisamente, esta visita nos permite darle una mayor dimensión, explicación amplia y proyección a lo que México está haciendo y que, obviamente, ya está motivando la atención de varios países en México, y que es importante que conozcan de por qué deben tener esta decisión, por qué es importante que México se coloque en el centro de esta atención, y esto venga más bien a favorecer un mayor intercambio comercial, a mayores inversiones productivas para nuestro país, que generen empleo y empleo, además, bien remunerado, y que nos permita crecer en nuestra capacidad productiva.

Hemos ya señalado en distintos espacios que una de las variables que está, o en las que están centradas varias de las políticas públicas que este gobierno está y estará impulsando es, precisamente, para elevar la productividad de nuestro país, y que esta productividad se despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional; que no se concentre ni en unas solas empresas, ni en unas solas regiones del país, sino que realmente la democratización de la productividad alcance a todas las regiones del país, y que podamos tener en los próximos años un desarrollo homogéneo, de oportunidad, para todo México.

Estos son los alcances de lo ocurrido el día de hoy.

Vaya estar compartiendo con ustedes, evidentemente, todos los temas o, más bien, la agenda que estemos desarrollando.

El día de mañana, muy temprano, nos habremos de trasladar a Irlanda del Norte, precisamente donde se llevará a cabo este encuentro, sobre nuestra participación, y el día de mañana volveré a verles.

Ustedes, entre tanto, seguirán aquí, seguramente observando el desarrollo de estas actividades, y aquí les estaré compartiendo.

Por ahora, es cuanto tengo que informarles.

Hecho.

Muchas gracias y los sigo viendo.

Anexo 3

Mensaje a medios de comunicación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto

Reino Unido, 18 de junio de 2013

Muy buenas tardes a todas y todos ustedes.

Me da mucho gusto saludarles.

Y han estado ustedes fuera de donde se ha realizado el evento el día de hoy, déjenme compartirles. Me gustaría compartirles lo ocurrido en dos vertientes.

Primero. Darles el contenido, más bien primero, a lo mejor referirles el contexto del evento realizado el día de hoy en la ciudad de Belfast. Cómo se llevó a cabo.

Ustedes no estuvieron ahí, por las restricciones que impuso la propia organización del evento y las condiciones de seguridad que se establecieron.

Y, después, referirles cuál es el contenido, precisamente, de nuestra participación.

Hoy, por la mañana, nos trasladamos a Belfast. Ahí llegamos a una base naval.

Posteriormente, junto con otros presidentes, particularmente de África y presidentes de algunas organizaciones multilaterales, el presidente del Banco Mundial, el presidente de la OCDE, espero no estar omitiendo alguno, la Presidenta del Fondo Monetario Internacional.

Todos ellos fuimos trasladados ahí, en helicópteros, al lugar del evento, que fue en las instalaciones de un campo de golf, que está en Lough Erne, que es a donde se llevó a cabo el evento.

Ahí nos fuimos. Tuvimos oportunidad de tener un espacio de dialogar informal con varios de los asistentes, previo al almuerzo que tuvo lugar.

En este encuentro hubo oportunidad de platicar, particularmente con presidentes con quienes no habíamos tenido encuentros, presidentes, Primeros Ministros. Los países de África que asistieron, cuatro: de Liberia, de Libia, de Senegal y de Etiopía; con el presidente del Banco Mundial, con el Secretario General de la OCDE y la Directora General del Fondo Monetario Internacional. Con todos ellos hubo encuentros.

Posterior a esto, en ese mismo espacio, tuvimos ahí el primer encuentro con el Primer Ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña. Después, al mismo tiempo, con el presidente de Estados Unidos, quienes juntos llegaron para tener un primer saludo a quienes asistíamos como invitados especiales a este encuentro del G-8.

Posteriormente, pasamos al lugar del almuerzo, que seguramente ustedes es donde había, ahí sí, bastante prensa y tomó imágenes de este trayecto que hicimos de donde nos encontrábamos primeramente, al lugar del almuerzo.

Y en el almuerzo, como ayer se los había anticipado, se abordaron tres tenas fundamentales: El tema de impuestos, el tema de transparencia y el tema de comercio.

Sobre estos temas hicimos, fijamos claramente la posición de México, la experiencia de México, lo que México está haciendo y dónde quiere participar en los trabajos que los países miembros del Grupo de los 8 ya está teniendo.

Y déjenme pasar, entonces, a los contenidos de este encuentro.

En materia de impuestos. Como lo señalé, México está a favor de que estos sean más justos y más eficientes.

Compartí con ellos que México se propone llevar a cabo una Reforma Hacendaria, precisamente para alcanzar ese objetivo, que es un tema que está inscrito en el Pacto por México, compartí cuál es el alcance del Pacto por México.

Un acuerdo celebrado entre las principales fuerzas políticas del país, el Gobierno de la República y más que tratarse de una mesa de negociación, se ha convertido en un instrumento para impulsar la transformación de nuestro país.

Y desde ahí poder impulsar reformas estructurales que permitan acelerar el crecimiento económico y el crecimiento o desarrollo social de nuestro país.

Compartimos el interés por participar en un proyecto, precisamente, en una iniciativa multilateral con algunos países de Europa.

México sería el primer país que ha expresado su interés de participar en esa iniciativa multilateral de intercambio automático de información en materia fiscal con Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

De igual forma, hicimos saber que en congruencia con este interés, está el primer acuerdo que ya hemos celebrado con los Estados Unidos en lo que se denomina FATCA, por sus siglas en inglés. Y que entrará en vigor o que entra hoy en vigor, y que tendremos el primer intercambio de información a partir del 2014.

Y que somos, junto con Estados Unidos, los primeros países que logramos este acuerdo.

El propósito y que además creo que está claramente contenido en la declaración de este encuentro del G-8 al que habré de referirme después de exponer los otros temas que fueron abordados en este almuerzo.

El segundo tema fue el de transparencia. Compartimos el interés y la convicción que tenemos de que todo gobierno democrático debe ser transparente, debe ser abierto, que para eso en México estamos impulsando o hemos impulsado ya dos iniciativas importantes que están a discusión en el Congreso.

Una, para ampliar las atribuciones y forma de organización del IFAI y, otro, como ya lo compartí, también, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

También, como ustedes lo saben, México presidirá a partir del año 2013, copresidirá, perdón, en el 2013, ya copreside y presidirá en el 2014-2015, la Alianza por el Gobierno Abierto, un esfuerzo impulsado por varios países, precisamente del que México forma parte, para impulsar los gobiernos abiertos, a ser transparentes, su actuar, su gestión y todo lo que lleva a cabo y las inversiones que realiza de carácter público o en gasto de inversión.

Después, abordamos el tema de comercio, donde, evidentemente los países que ahí participan están claramente en favor del libre comercio. Y fue oportunidad para refrendar la posición que México guarda sobre este tema, de seguir siendo un ferviente e importante promotor del libre comercio, que México reconoce que a través del libre comercio se puede lograr mayor crecimiento económico y mayor desarrollo social.

Y compartí, para ilustrar, precisamente esta convicción lo que en México ha ocurrido en las últimas tres décadas, cuando en los años 80 los ingresos que México tenía por vía de exportaciones, el mayor componente de este ingreso estaba en el petróleo; 67 por ciento del ingreso era por las ventas del petróleo, y sólo 22 por ciento era por manufacturas.

Desde entonces, y especialmente cuando México empezó a abrirse al mundo, y empezó a tener mayor comercio con el mundo a partir del año 94, cuando se firmaron distintos instrumentos de libre comercio; con 12 acuerdos que se firmaron y que nos permiten tener acceso al mercado consumidor de 44 países, esto nos ha permitido cambiar estas cifras que les, he dado.

Hoy, el 14 por ciento de los ingresos por exportaciones son del petróleo, y 81 por ciento son por manufacturas. Hemos crecido notablemente, a través del comercio exterior.

Y simplemente vale la pena señalar que la riqueza que hoy genera el país, el Producto, Interno Bruto de nuestro país, 60 por ciento está en el comercio que hace México con el mundo. Esa es la importancia que tiene para nosotros el comercio, por eso somos- un país abierto, somos de los países más abiertos al comercio con el mundo y seguiremos siendo promotores de este propósito y de este objetivo de alcanzar un mayor comercio con otras regiones del mundo.

Por eso, nuestra participación en la Alianza del Pacífico, con países de América Latina: Chile, Colombia y Perú; por eso nuestra participación con el TPP, este Acuerdo Transpacífico en el que participa Chile, en el que participa Perú, en el que participa México, Canadá, Estad os Unidos, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, otros países de la región asiática, precisamente para crear un mayor comercio entre la región de América y la región Asia-Pacífico.

Ésta fue la exposición que tuvimos. Recogimos, obviamente, las expresiones de los otros países que participaron con posiciones, con ponencias.

Y permítanme simplemente decirles que nos fue compartida la declaración que habrán, eje signar los miembros del Grupo de los 8 y donde nos adherimos, a esta declaración conjunta que habrán signado ya seguramente los Jefes de Estado y que a mí me gustaría destacar cuatro puntos de los 10 que señala esta declaración, que fue dada a conocer por los Jefes de Estado que forman parte del Grupo de los 8. El primero tiene que ver con que las autoridades fiscales de todo el mundo deberán compartir automáticamente la información para combatir la evasión fiscal.

Dos. Las empresas multinacionales deben ser transparentes en cuanto a qué impuestos pagan y en dónde lo hacen.

Tres. Las empresas deben saber quiénes son sus verdaderos dueños y los recaudadores de impuestos y los encargados de hacer cumplir la ley deben poner obtener fácilmente dicha información.

Y cuatro. Los países en desarrollo deben contar con la información y la capacidad de recaudar los impuestos que se les adeudan y los demás países tienen obligación de ayudarles para cumplir con ese propósito.

Estos son los cuatro, cuatro de los 10 puntos que contiene la declaración que han firmado los presidentes o Jefes de Estado de los países que participan en el G-8.

Seguramente aquí habrá oportunidad, obviamente los medios de comunicación ya la han hecho más que pública, ustedes tendrán acceso a ella. Y estos son los que a mí me gustaría destacar, porque precisamente tenemos plena coincidencia con estos temas que están en esta declaración conjunta.

Y yo creo que fue una oportunidad importante de poder compartir con los países miembros del G-8 lo que México está viviendo, lo que México está impulsando de carácter estructural, sobre todo en los temas que aquí he abordado; la convicción que México tiene sobre estos temas que aquí fueron abordados y el poder realmente lograr también un mayor acercamiento que hemos venido trabajando y cultivando con los países que ahí estuvieron presentes o con sus presidentes, con sus Primeros Ministros, con quienes representan a países con quienes tenemos relación y además participación en distintos foros multilaterales.

Esto es cuanto yo podría compartirles de esta experiencia que me parece da oportunidad para que México siga exponiendo ante el mundo qué viene haciendo y también asumiendo, como claramente lo señala una de las cinco grandes metas nacionales que mi Gobierno se ha trazado: asumir su responsabilidad global, en realmente ser parte de los esfuerzos conjuntos que los países en el mundo deben hacer para alcanzar distintos propósitos.

Hoy estos son los tres temas abordados en los que hoy mi Gobierno y en los que hoy México tiene realmente también coincidencia plena y, por eso, la relevancia de haber podido participar en esta reunión del Grupo de los 8.

Espero no haber sido omiso en algún tema o en algún punto, o en algún detalle del encuentro en el que hoy participamos.

Anexo 4

Conferencia Magistral del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lic. Enrique Peña Nieto, en Chatham House: “Mexico’s momento: structural reforms, democratic governance and global engagement”

Reino Unido, 19 de junio de 2013

Muchísimas gracias.

Muy buena tardes a todas y todos ustedes.

Es un privilegio y un gran honor para mí el poder estar aquí, en Chetham House, con una gran tradición y espacio para poder compartir con esta muy distinguida audiencia, lo que está ocurriendo en México, después de que esta Administración iniciara hace seis meses.

Poder compartir con ustedes el clima político que ha en nuestro país, donde hemos venido consolidando nuestra democracia y cómo desde la democracia estamos dando pasos importantes para realmente impulsar el desarrollo y el progreso de nuestro país.

Le quiero agradecer al doctor Robin Niblett su hospitalidad y sus palabras de bienvenida.

Y, sin mayor preámbulo, permítame dar paso, precisamente a la presentación que he elaborado para poder compartir con ustedes.

Y, posterior a ello poder estar, también, en condición de poder responder algunas de las preguntas que tuvieran.

Agradezco la presencia de muy distinguidas personalidades del ámbito académico, del ámbito diplomático que hoy está aquí presentes.

Aprecio mucho su presencia y oportunidad de compartir con ustedes estos temas.

Este espacio, sin duda, refleja un especial interés por conocer la transformación que hemos iniciado en nuestro país.

Lo entiendo, esta invitación, también, como un reconocimiento al compromiso que todos los mexicanos tenemos por construir un país más moderno, productivo y desarrollado.

Por largo tiempo, el amplio y el diverso potencial mexicano se ha quedado sólo en eso, en una posibilidad.

Y, por eso es que hoy estamos dando pasos muy importantes para impulsar la transformación de nuestro país.

A pesar de los importantes avances en el ámbito de nuestra macroeconomía, de la estabilidad de nuestras instituciones y del vigor de nuestra democracia, México no ha logrado que esto se traduzca en mayores niveles de vida para su población.

Hay grandes desafíos que superar: la inseguridad, la violencia que ha minado la paz y la libertad en algunas comunidades del territorio nacional.

Somos irónicamente un país que crece a dos velocidades: Un México de progreso y desarrollo, pero, también, hay otro México que va más rezagado y que vive en mayor atraso.

Hoy, todavía, somos una Nación donde parte importante de la población carece de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos, que es el objetivo central en el que mi Gobierno está trabajando y se está ocupado: el asegurar que los derechos que consagra nuestra Constitución tengan vigencia plena, se materialicen y sean una realidad en todos los mexicanos.

Hay un gran número de mexicanos que viven al día preocupados por la falta de empleo y oportunidades, porque el país no ha crecido lo suficiente en las últimas tres décadas.

Y precisamente, a partir de este panorama y del deseo de todos los mexicanos por cambiar esta condición, es que hoy tenemos la oportunidad histórica para transformamos internamente y consolidarnos como una potencia económica emergente.

Estoy seguro de que las circunstancias están dadas para conseguirlo. Y, por ello, es que sentimos, es el momento de México.

Si bien aún tenemos condiciones de gobierno sin mayoría en el Congreso, hoy a diferencia de otros momentos en nuestra historia reciente, existe una amplia coincidencia sobre qué tenemos que hacer para superar los momentos de adversidad y, realmente, poder detonar el enorme potencial que tiene nuestro país.

Tenemos un gran consenso de que no hay tiempo que perder, y que México no puede seguir posponiendo reformas fundamentales. Hay, también, un importante respaldo social de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil para concretar las reformas que el país necesita.

Los mexicanos estamos listos y decididos a perfeccionar una democracia, que si bien es sólida en sus instituciones y en sus procesos electorales, aún no logra traducirse en una democracia de resultados mayores, de resultados que, realmente beneficien e impacten la calidad de vida de todos los mexicanos.

También, advertimos que éste no es, quizá, un problema único y exclusivo de los mexicanos. Es un problema donde hoy advertimos en distintos escenarios mundiales o globales, cómo el clima de diversidad y de pluralidad política que se vive, ha propiciado polarización.

Y por eso en México, reconociendo nuestra pluralidad, nuestra diversidad, las naturales diferencias políticas que se tienen entre las distintas fuerzas políticas y, sobre todo, entre distintos sectores sociales, reconociendo esta condición propia de toda democracia, hoy estamos resueltos a dar pasos en favor de la transformación y del cambio que permita acelerar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social.

Al inicio de mi administración claramente señalamos cuáles son las grandes metas nacionales en las que mi Gobierno estaría concentrando su esfuerzo.

En primer lugar, claramente señalé que queríamos recuperar o queremos recuperar la seguridad y la tranquilidad, que queremos trabajar por un México de paz. Y para eso hemos instrumentado una nueva política en materia de seguridad, precisamente para recuperar la tranquilidad de todos los mexicanos.

Un segundo objetivo es el de un México incluyente. Un México que nos permita revertir los escenarios de pobreza y de desigualdad que hay en nuestro país, y que debo decir no es característica propia de México, sino especialmente de la región de América Latina, el de tener escenarios de enorme desigualdad social y que tenemos que contrarrestar.

Un tercer gran objetivo nacional que se ha trazado mi gobierno es el de asegurar una educación de mayor calidad para todos los mexicanos, que permita, especialmente a las nuevas generaciones contar con las herramientas necesarias para realmente ser parte de un mundo de mayor competencia. .un mundo de mayores, exigencias y que se les dote de las capacidades y de las habilidades necesarias para realmente insertarse en ese mundo de alta competencia.

Un cuarto objetivo, el de un México próspero, que esto significa lograr, a partir de cambios estructurales el que México pueda lograr un mayor crecimiento económico y de forma sostenida.

Y en alcance a este objetivo es que hemos señalado que un énfasis en el que habremos de prestar una mayor atención y dedicar políticas públicas para asegurar este crecimiento económico de forma sostenida es en elevar la productividad.

Ya lo señalaba hace un momento, si bien es cierto que México tiene una condición macroeconómica muy favorable, de estabilidad económica, también es cierto que no hemos logrado crecer lo suficiente, ni, para generar los empleos que el país demanda y sobre todo el realmente ampliar las oportunidades individuales para más mexicanos.

Y cuál ha sido razón de esto.

La productividad de nuestro país en las últimas tres décadas ha venido disminuyendo.

Y, por eso, hoy hemos apuntado dentro de las políticas o acciones para acelerar el crecimiento económico, el elevar y no sólo elevar la productividad, sino democratizar la productividad.

Y eso significa que la productividad realmente se refleje en todas las regiones del país, no sólo en algunas para que el crecimiento de nuestro país sea homogéneo, sea uniforme en todo el país y también que no sea privilegio de unas cuantas empresas, sino que realmente se extienda, de manera particular a las pequeñas y medianas empresas a donde estamos dedicando políticas específicas para elevar la productividad de las mismas.

Quinto objetivo; México no puede sustraerse del mundo en el que vivimos y asume su responsabilidad global a favor de las grandes causas de la humanidad.

Quiere trabajar a favor del desarrollo, a favor de la paz, a favor de la prosperidad mundial.

Y, por eso México tiene clara conciencia de este papel que deberá jugar dentro del orden global.

Queremos ser un país promotor del libre comercio, garante de las inversiones que recibe; una nación solidaria, responsable que abandere la paz y el apoyo fraterno a la comunidad internacional.

Éstas son las cinco metas, las cinco metas del nuevo gobierno mexicano. Integran una visión realista, responsable, que está a nuestro alcance.

Son, en conjunto, un propósito común que nos une por encima de cualquier diferencia política o partidista.

Para hacer realidad esta visión del país, al segundo día de haber iniciado la Administración, el día 2,de diciembre.

Gracias; y aquí tengo que hacer un público reconocimiento, a la responsabilidad y voluntad de las principales fuerzas políticas de mi país, se concretó un gran acuerdo nacional que hemos denominado: Pacto por México.

Se trata de un consenso político que dio comienzo a una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país.

Una etapa caracterizada por el diálogo, el entendimiento y el compromiso de darle curso a los grandes cambios, a las grandes transformaciones que el país demanda.

La importancia de este Pacto radica en que los tres principales partidos políticos de México: Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, junto con el gobierno de la república, decidimos privilegiar las coincidencias y ponerlas por escrito.

Acordamos una agenda de trabajo de 95 puntos donde hoy tenemos un avance cercano al 50 por ciento, a partir de las reformas que hemos podido impulsar en estos primeros seis meses.

Me he de referir a una reforma, al apoyo dado para que se concretara una reforma laboral, que flexibiliza el mercado laboral, da mayores facilidades para la contratación, especialmente de jóvenes, que sin mayor experiencia se incorporan al mercado laboral.

Una reforma educativa que pone énfasis en alcance del tercer objetivo que compartí con ustedes, en la calidad de la educación.

Una reforma a la ley de competencia económica para favorecer una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones y en otros ámbitos del desarrollo económico de nuestro país.

Una reforma a la ley de telecomunicaciones para favorecer la competencia dentro de este sector, y poder garantizar a los mexicanos servicios en telefonía, en televisión, en los servicios de banda ancha digital que realmente nos permitan ser más competitivos y que estén al alcance de todos los mexicanos. Y que entre los servicios ofrecidos haya competencia y mejores precios en la oferta que tengan los distintos prestadores de estos servicios.

En este Pacto por México debo decir que se acredita madurez de nuestra democracia, se acredita civilidad política de sus integrantes, quienes han decidido que el Pacto y su agenda acordada estén por encima de cualquier coyuntura.

Este ánimo de unidad, el tener claridad en el rumbo y voluntad política para anteponer los intereses de la Nación, nos han permitido avanzar decididamente en diversas reformas transformadoras, a las que ya he hecho referencia.

Y que, además, debo decir, todavía tenemos por delante una ambiciosa agenda de trabajo que concretar y en la que estamos trabajando.

Además de las reformas que ya he compartido con ustedes, la reforma en materia de educación, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en competencia económica, está, también, trazada la ruta para lograr otras importantes reformas. Cuáles son éstas.

Una reforma financiera que permita incentivar un mayor nivel de crédito, especialmente para la pequeña y mediana empresa, y para todos los mexicanos. Ya lo decía yo hace un momento, las instituciones financieras de nuestro país tienen una condición de solidez financiera, pero que lamentablemente el nivel de crédito con respecto al producto interno bruto es bajo en contraste con el que se tiene en otras naciones de mayor desarrollo y en otras con desarrollo similar al de México.

Por eso tenemos que incentivar el crédito y asegurar que el crédito como palanca para el desarrollo económico esté aun mayor nivel, de acceso entre los mexicanos, que puedan accesar al crédito y que el crédito sea más barato.

Éste es el alcance de la reforma financiera que debo diferenciarla de lo que será también una Reforma Fiscal, que está inscrita en los acuerdos del Pacto por México y que buscará el que tengamos y que éste será, tema de las próximas semanas; dejos siguientes meses, una vez iniciado el próximo periodo legislativo ordinario en nuestro país, en el mes de septiembre, una Reforma Hacendaria que permita asegurar un régimen fiscal de impuestos justo, simplificado, que revise las atribuciones fiscales entre los distintos niveles de Gobierno, que permita cumplir con un principio de progresividad en el impuesto; es decir, que paguen más quienes más ganan y que realmente esto permita fortalecer la capacidad del Estado mexicano para atender las demandas sociales.

También está inscrita una Reforma Energética, donde partimos de importantes coincidencias, fuerzas políticas y el gobierno de la República.

Primero. Que los hidrocarburos deben seguir siendo propiedad del Estado mexicano, que la rectoría de la empresa nacional Pemex debe ser del Estado mexicano, pero que hay necesidad, de elevar la productividad y de ampliar la infraestructura instalada para explotar otras fuentes generadoras de energía.

Con qué alcance.

Para que los insumos energéticos, especialmente el gas natural sea más barato; que realmente la electricidad, la energía eléctrica que consumen los mexicanos y por la que pagan los mexicanos, también sea más barata.

Y para lograr este objetivo será importante impulsar una reforma energética que permita la participación del sector privado para ampliar esta capacidad productiva de nuestro país.

Adicionalmente está también inscrita una reforma. Política en la que estamos trabajando ya dentro del Pacto. Esta Reforma Política busca hacer más eficiente el quehacer gubernamental y fortalecer la influencia de los ciudadanos dentro de nuestro sistema político.

Dada la magnitud e importancia de esta reforma, ésta estará comprendida en tres bloques de iniciativas que estamos trabajando ya en la mesa del Pacto por México.

Primero. Legislar las nuevas modalidades de participación ciudadana ya previstas en la Constitución, como son; candidaturas ciudadanas, la iniciativa popular y la consulta ciudadana,

Segunda. Una reforma a las instituciones y procedimientos electorales, incluyendo una ley de partidos.

Y tercero. Una reforma al propio régimen de gobierno que incluirá el debate sobre temas como la reelección legislativa, gobiernos de coalición y la reforma política al Distrito Federal.

Como se puede observar, los alcances de esta reforma política ilustran la disposición y, apertura de los partidos políticos y del propio gobierno de la república para llevar a cabo cambios estructurales y reformas de fondo.

Señoras y señores:

Cuando decimos que éste es el momento de México, es porque hoy tenemos y estamos aprovechando al máximo la oportunidad histórica de emprender una profunda transformación nacional que detone el desarrollo integral de nuestro país en las próximas décadas.

Contamos con plena estabilidad macroeconómica, solidez institucional y un amplio consenso político-social en favor de las transformaciones del país.

La pluralidad y las legítimas diferencias ideológicas, lejos de ser un obstáculo, han servido para impulsar los cambios que demanda nuestro país.

Las circunstancias están dadas para mover y transformar a México.

Hoy, México está optimista y esperanzado con los cambios que se están llevando a cabo para impulsar el crecimiento, fomentar el desarrollo social y abrir mayores oportunidades para todos los mexicanos.

Tengo confianza en que el trabajo realizado en estos primeros seis meses acredita la voluntad de cambio que hay entre las distintas fuerzas políticas, compartida con el gobierno de la república.

La disposición para que más allá de la coyuntura, realmente demos espacio a los cambios y a los consensos que debemos lograr para la transformación de nuestro país.

Los cambios alcanzados hasta ahora nos permiten realmente o, más bien, resultan muy alentadores y nos permiten realmente proyectar que en los próximos meses, México seguirá impulsando importantes cambios estructurales que permitan, realmente que en los próximos años México tenga un mayor desarrollo social y un mayor crecimiento económico.

Creo que el paso que México ha dado con el Pacto por México deja ver con toda claridad que en democracia sí es posible obtener resultados y beneficios para la población.

Que la democracia no debe agotarse solamente en el ejercicio de una justa o competencia electoral, sino que en democracia debemos abrir espacios para el diálogo, para la construcción de acuerdos y, sobre todo, para la definición de grandes objetivos en los que todos tenemos coincidencia.

El Pacto por México es un elemento importante y de relevancia mayor dentro de nuestra democracia. Más que tratarse de una mesa de negociación es, sin duda, una visión compartida, insisto, con madurez y visión de las distintas fuerzas políticas y del Gobierno de la República para realmente hacer los cambios, impulsar los cambios estructurales y transformadores del México que queremos.

Por eso, decimos: éste es el momento de México, porque lo estamos viviendo. No lo estamos haciendo en el discurso. La proyección que hoy México tiene en distintos órdenes y en distintos escenarios, es a partir de la concreción de reformas que ya han tenido lugar y de las que nos proponemos llevar a cabo.

Yo creo y espero que realmente éstas se materialicen por el bien de México y por el beneficio de todos los mexicanos.

Yo agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes estas ideas, lo que está ocurriendo hoy en nuestro país.

Muchísimas gracias.

Respuesta del presidente Enrique Peña Nieto a pregunta específica sobre la reforma energética:

Creo que lo he señalado. Lo que buscamos es ampliar la capacidad de Pemex bajo la base y sobre un consenso que tenemos con las fuerzas políticas y que tiene el propio gobierno de la república.

El Estado debe mantener la propiedad de los hidrocarburos, el Estado debe seguir siendo, mantener la rectoría sobre Pemex, pero necesitamos ampliarla.

Y creo que es claro que en la modernización y transformación de Pemex está el posibilitar la participación del sector privado. Ésta es, sin duda, una de las metas y los alcances.

No es, y aquí quiero dejarlo claramente señalado y subrayado: no se trata de privatizar. Algunos han creído que la participación del sector privado es privatizar. Al contrario. Una y otra vez he insistido y he declarado: el Estado seguirá siendo propietario, dueño de los hidrocarburos del país, dueño del petróleo, pero necesitamos ampliar su capacidad.

PEMEX por sí mismo no tiene los recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para general más energía.

Y ya dije cuál es el objetivo. Si queremos, tener gas más barato, si queremos asegurar que la energía eléctrica sea más barata, que el gas natural para la producción de nuestro país. sea más barata, tenemos que ampliar nuestra generación de energía y, por eso, tenemos que asegurar la participación del sector privado, en mecanismos que además están probados ya en otras, partes del mundo, que sin perder la propiedad del Estado, el Estado sobre los hidrocarburos, den esta facilidad y esta oportunidad.

Anexo 5

Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos y el Export Credits Guarantee Department del Ministerio de Estado para Comercio e Inversión del Reino Unido

Reino Unido, 19 de junio de 2013

Muchas gracias.

Señoras y señores:

Muy buenas tardes.

Me da gusto saludar a los directores de las dos importantes instituciones de apoyo al comercio exterior, de México y de la Gran Bretaña.

A los funcionarios del gobierno de la república que me han acompañado en esta gira que hemos realizado, precisamente al Reino Unido, a propósito de la invitación que tuvimos oportunidad de tener para participar en el encuentro del G8.

Y con este acto estamos cerrando esta visita que, sin duda, tiene importante relevancia, significación, y con este acto también refrendamos el compromiso y el acuerdo que personalmente he hecho con el Primer Ministro David Cameron, para fortalecer y enriquecer el comercio entre México y el Reino Unido, entre el Reino Unido y México.

Como aquí se ha expresado, éste ha tenido un crecimiento en los últimos años y queremos acelerar ese crecimiento.

Hoy, es del orden de los cinco mil millones de dólares y queremos duplicar al menos este monto de comercio para el año 2015.

De tal suerte que tenemos que acrecentar los montos de inversión, tenemos que acercar los instrumentos de apoyo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para que tengan mayores espacios y oportunidades de tener presencia de sus productos en este mercado global y muy señaladamente en el Reino Unido.

Lo que hoy estamos aquí signando es el compromiso de dos instituciones para apoyar a sus empresas exportadoras.

Insisto, con particular interés en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual se inscribe en uno de los compromisos que mi Gobierno ha formulado, precisamente para apoyar a este sector, para apoyar el libre comercio y para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que tomen beneficio, para que aprovechen las alianzas estratégicas y de libre comercio que hemos hecho con varios países en el mundo.

No se trata de que los beneficios que dan los acuerdos de libre comercio sólo alcancen a algunas empresas o a las más grandes, sino que esta condición que favorece al libre comercio, alcance también a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el mayor número de empleo en nuestro país.

Por eso es que hemos dado un nuevo mandato, una nueva instrucción a la Banca de Desarrollo, por eso la estamos fortaleciendo y ésta en particular, la Institución Financiera de nuestro país del Estado mexicano, Bancomext, para que apoye y respalde a las empresas exportadoras de México, a que tengan una mayor presencia en el mundo, y aquí con este convenio para que la tengan aquí, en el Reino Unido.

Yo me felicito de este acuerdo, sobre todo porque con ello estamos concluyendo esta gira de trabajo que ha sido intensa, pero que yo creo también traerá importantes frutos y beneficios a la relación que tenemos entre México y el Reino Unido, entre el Reino Unido y México.

El acuerdo tomado con el Primer Ministro quiere materializarse, quiere tomar vigencia plena y para ello estaremos trabajando, como lo queremos hacer en otros frentes y con otros países con quienes hemos celebrado Tratados de Libre Comercio y de acuerdo comercial.

Creo que ésta ha sido, insisto, una gira productiva, que viene a significar la proyección que México está teniendo en el mundo, el interés que está despertando, sobre todo por esta importante agenda de cambios y de transformación que se viene impulsando en nuestro país y que habrá de detonar desarrollo social, crecimiento económico y aprovechar el enrome potencial que México tiene y pro el que estamos trabajando para beneficio de todos los mexicanos.

Quiero agradecer a la fuente, a la prensa que hoy nos acompaña, tanto la de este país como la que nos ha venido acompañando a lo largo de esta gira.

Muchas gracias, por estar presentes y, sobre todo, atestiguar este último acto, que nos permite concluir esta gira de trabajo.

Que tengan muy buena tarde.

Y éxito a los acuerdos, a este acuerdo que se ha tomado, que le permita a esta relación hacerla más intensa, más productiva y de mayor imPacto y desarrollo para nuestras naciones.

Muchas felicidades.

(Remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Julio 24 de 2013.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el segundo informe trimestral fiscal de 2013 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto

México, DF, a 19 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente

Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2013.DGVP.542, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el segundo informe trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de esa dependencia, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración. Pública Federal, y en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

México, DF, a 18 de julio de 2013.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

Con fundamento en lo señalado por el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los artículos 181 y 285 de su Reglamento, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el segundo informe trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de esta Secretaría.

Los fondos y programas son los siguientes:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur).

• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes).

• S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim).

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca).

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat).

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (Proind).

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo Pro México).

• U006 Fondo Emprendedor.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica)

Director General de Vinculación Política

(Remitida a las comisiones de Economía, y de Presupuesto. Julio 24 de 3013.)

Informe

Anexo

De la Secretaría de Gobernación, por la cual remite similar de la Semarnat con el informe sobre contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al segundo trimestre

México, DF, a 16 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que por el oficio número 511.1.2/ 1879, el doctor Héctor Pérez Galindo, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), envía el informe sobre contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al segundo trimestre, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Ciudad de México, a 16 de julio de 2013.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Asunto: Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector medio ambiente y recursos naturales durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2013.

Fundamento: Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio número 312. A.- 002266, de fecha 8 de julio de 2013, de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP.

Información: En atención del oficio número 312. A.- 002266, de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir dicha obligación.

Para lo anterior, le envío en impresión y disco compacto el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2013” del sector medio ambiente y recursos naturales con datos al segundo trimestre.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Héctor Pérez Galindo (rúbrica)

Director General de Programación y Presupuesto

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Julio 24 de 2013.)

De la Secretaría de Gobernación, con las que concede permiso para que ciudadanos puedan prestar sus servicios a gobierno extranjero

México, DF, a 23 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente

Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1217/13, el licenciado Antonio Iván Rojas Navarrete, director general adjunto, encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Virginia Fernández González.

Puesto: Gerente de Planeación de Proyectos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Daniel Alejandro López Mariñelarena

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: María Andrea Acosta Guzmán.

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Leticia Lowenberg Cruz.

Puesto: Analista.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación, solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Mario Abram Meza Salas.

Puesto: Chofer de la Sección Servicios Generales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre: Andrea Renata Fernández Olivares.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Graciela Adriana N. Zubikarai Porras.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario

México, DF, a 18 de julio de 2013.

Secretarios de la Comisión Permanente

Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio numero DEP-1211/13, el licenciado Antonio Iván Rojas Navarrete, director general adjunto, encargado de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Sergio Abraham Jiménez Arévalo.

Puesto: Cajero.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Alberto Laija Reyes.

Puesto: Analista de Facturación.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación, solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Luis Alberto Medina Hernández.

Puesto: Empleado en el Departamento de Servicios Generales.

Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite informe de bienes destinados en junio de 2013

México, DF, a 23 de julio de 2013.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaría (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de junio de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales y plantas; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de junio de 2013 fue de 35,514 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, kilogramo y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica)

Administrador Central de Destino de Bienes

(Remitida a la Comisión de Economía. Julio 23 de 2013.)

De la Secretaría de Salud, con la que remite evaluaciones externas o complementarias que la Dirección General de Evaluación del Desempeño ha coordinado a programas prioritarios en salud durante 2007 y 2012

México, DF, a 15 de julio de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012 (PAE 12) elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y conforme con lo establecido en los lineamientos generales para la evaluación de programas federales (título tercero, capítulo VII) y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (capítulo VII, artículo 32, numeral VI), en anexo al presente me permito enviarle en versión electrónica las evaluaciones externas o complementarias que la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud ha coordinado a los programas prioritarios en salud durante el periodo 2007-2012.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Esteban Puentes Rosas (rúbrica)

Encargado del Despacho de la Dirección de Evaluación del Desempeño

(Remitida a la Comisión de Salud. Julio 24 de 2013.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Iniciativas

Que reforma los artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por Leobardo Alcalá Padilla, en nombre propio y de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, diputados del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Los que suscriben, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo del artículo 20, y primero y segundo del 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, una de las quejas más recurrentes de los usuarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos es que se no se le respetan sus derechos como consumidor y menos sus garantías como usuarios de este servicio.

Lamentablemente no hay en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal precisión en la defensa de estos derechos, dejando prácticamente a discreción de los prestadores de servicios los modos y formas de la prestación del servicio, lo cual constituye una desventaja para el usuario, creando una afectación de sus intereses.

Estas denuncias por abusos de los operadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos son muy recurrentes en relación a las tarifas que aplican, que llegan a ser desproporcionadas y elevadas con relación a las garantías del servicio ofrecido.

Otro aspecto que no atiende la norma vigente en mención es que no ofrece certeza y respaldo de los bienes que se le confían a los prestadores de servicios, con los consecuentes casos de perjuicio, ultraje y sustracción de los que son objeto los vehículos objeto de la solicitud de estos servicios.

En la dinámica jurídica en que se encuentra el país no se puede omitir este reclamo de la sociedad, que pide mayores garantías y defensa de su patrimonio mueble y que hace uso de las vías generales de comunicación. Por ello resulta inaplazable considerar esta expresión social y traducirla en la obligación de los prestadores de los servicios mencionados para garantizar un trabajo responsable y de calidad.

No puede quedarse el marco jurídico respectivo sin incorporar a los prestadores de servicios auxiliares, entre los que se encuentran los de arrastre, salvamento y depósito, a las obligaciones que tienen los concesionarios, para que de esta manera se establezca en un mismo sentido la salvaguarda de los derechos de los usuarios.

Resulta relevante y además necesario velar por la protección de los viajeros, los usuarios y sus bienes por los daños que sufran con motivo de la prestación y el uso de cualquiera de los servicios auxiliares.

De traducirse en ley esta iniciativa se beneficiará e incrementará la calidad de los diversos servicios auxiliares que se brindan, en virtud que al darle una garantía suficiente al usuario, los prestadores de servicios realizarán un trabajo más eficiente y eficaz.

En síntesis, la presente iniciativa busca en primera instancia modificar el segundo párrafo del artículo 20 de la referida Ley a efecto de precisar que las tarifas deberán observar, además de los principios de calidad, competitividad y permanencia, el del interés del usuario.

Además, se plantea la modificación del artículo 62 de la referida Ley para precisar que los prestadores de servicios auxiliares, entre los que se encuentran los de arrastre, salvamento y depósito, estén sujetos a brindar la protección a los usuarios de sus servicios. Cabe destacar que si bien el referido artículo plantea la responsabilidad de concesionarios y permisionarios en general, es necesaria una precisión de los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo que nos permite habilitar la mención de los prestadores de servicios auxiliares.

Por las consideraciones expuestas se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos segundo del artículo 20, y primero y segundo del 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Capítulo IV
Tarifas

Artículo 19.

...

Artículo 20. La secretaría podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las unidades de verificación, así como las bases de regulación tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

En los supuestos a que se refieren este artículo y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia, protegiendo en todo momento el interés del usuario.

Título Sexto
De la Responsabilidad

Capítulo IDe la Responsabilidad en los Caminos, Puentes y Autotransporte de Pasajeros y Turismo

Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo, además de los que presten los servicios auxiliares referidos en el artículo 52 de esta ley, protegerán a los viajeros, usuarios y sus bienes por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo y en el uso de cualquiera de los referidos servicios auxiliares.

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que establezca el reglamento respectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de julio de 2013.

Diputados:

(Turnada a la Comisión de Transportes. Julio 24 de 2013.)

Que adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos en medios digitales, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las personas con fines delictivos.

La “suplantación de identidad” está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años y el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Nuestro país no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y ninguna institución como el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), se hacen responsables del problema.

En 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la Condusef relacionado con posibles fraudes con tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques ascendió a 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.

Actualmente vivimos en la constante zozobra del delito, nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal, en la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.

La delincuencia afecta la vida, la integridad y el patrimonio de sus víctimas y cuando se extiende genera un grave fenómeno de inseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo al desarrollo económico, social y político del país.

Desafortunadamente, la actividad delictiva que nos acosa presenta un inusitado incremento en la frecuente y recurrente violencia, que ha constituido en un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

De acuerdo con la definición de suplantación más aceptada, este ilícito ocurre cuando alguien ocupa con engaños el lugar de alguien, defraudándole el derecho o bien que disfrutaba. Adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer daño patrimonial.

La suplantación de la identidad, entendida como la del titular de un derecho o crédito por un impostor para obtener un beneficio ilícito, recibe cada vez más atención en materia de fraudes cometidos con la ayuda de las tecnologías de la información. Las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica directa del titular del derecho afectado, para comprometer su historia crediticia, su prestigio y hasta su identidad social; ser molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude de que fue objeto.

El fraude con tecnologías de la información permite observar la creciente preocupación que genera la denominada “suplantación de la identidad” como una modalidad mediante la cual alguien suplanta a alguna otra persona en la titularidad de un derecho o una pretensión para obtener un bien o una prestación. Aunque esta modalidad de defraudación no es novedosa, la difusión de la titularidad de derechos de crédito a través de tarjetas y la extensión del comercio electrónico han planteado, incluso a nivel legislativo, la adopción de tipos legales de incriminación autónoma de esta conducta, así como de otras que pueden ser interpretadas como medios ejecutivos para la suplantación, en particular el phishing o pesca a través de la red para obtener información confidencial de titulares de derechos que puede ser utilizada con propósitos de defraudación.

Argumentación

En el Código Penal Federal no está tipificado la “suplantación de identidad”, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas, aunado a esto a partir de 2009 se incrementó la clonación de tarjetas de crédito, según la Condusef.

Por tanto, se propone la inclusión de una nueva figura jurídica, para que se tipifique un tipo penal consistente en el delito de suplantación de identidad, que tiene lugar: cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento y aunado a ello, permite al delincuente abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares de manera ilícita.

Una de las principales medidas de protección es tener una mayor educación en cuanto al manejo de datos personales, debe existir una mejor cooperación transfronteriza en el manejo de la información de los usuarios en materia informática y de documentos personales así como una revisión de los estándares de seguridad informática para el tratamiento de datos personales.

Los efectos de la suplantación de identidad rebasan en gran medida las pérdidas patrimoniales directas por las cantidades apropiadas indebidamente, y se extienden a la pérdida o degradación de la capacidad crediticia del afectado, debido a la inclusión en listas de deudores morosos, a la pérdida de respetabilidad e incluso, a la supuesta participación en diversos delitos cuando la identidad es suplantada.

La discusión sobre la suplantación de la identidad en el contexto de un país con gran volumen de comercio electrónico y donde el control de la capacidad crediticia de los compradores es crucial, guarda relación con dos hechos conceptuales jurídicos independientes: por una parte la defraudación mediante la obtención de una ganancia injusta a costa de la persona cuyo derecho de crédito se suplanta, y por otro lado, la impostura de la identidad ajena con un propósito más amplio, que incluye pero no se agota en la continuación de la defraudación, como podría ser el evadir responsabilidades penales o el desviar la atención sobre otras actividades ilícitas del impostor. Ello explica la tendencia legislativa a incriminar como delito autónomo la suplantación de la identidad, cualquiera sea la finalidad perseguida con ello.

La extensión del comercio a través de medios electrónicos ha llevado a la creación de nuevos tipos penales que criminalizan la obtención indebida de beneficios utilizando tecnologías de la información, tratando de resolver lagunas de la legislación tradicional en cuanto a quiénes constituyen “víctimas” de la defraudación, titulares de derechos o sujetos en la autenticación de documentos y procesos de pago.

Por tanto, es necesario tipificar el delito de suplantación de identidad en el código Penal Federal, ya que éste ha proliferado en distintas entidades federativas.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, al tenor siguiente:

Artículo 287 Bis. Al que utilizando cualquier medio se apropie de manera ilícita de datos personales a fin de suplantarla identidad de otra persona, con o sin consentimiento de ella con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario vigente.

Se aumentará en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 24 de julio de 2013.

Diputados:

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 24 de 2013.)

Que reforma la fracción VIII y adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud, recibida del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

El suscrito, Luis Antonio González Roldán, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Planteamiento del Problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la depresión como una enfermedad mental reiterada que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, que afecta tanto física, como mentalmente a la persona.

Esta enfermedad es cada vez más frecuente en todo el mundo. Según la OMS, actualmente la padecen cerca de 350 millones de personas, y apunta que para el año 2020 este mal puede llegar a ser la primera causa de incapacidad a nivel mundial.

Al respecto, el escenario en nuestro país también es alarmante, ya que la depresión puede llegar rápidamente a convertirse en un problema de salud pública mayor, pues cada vez son más las personas que la padecen de manera crónica o recurrente y lamentablemente, no son atendidas a tiempo agravándose la enfermedad con la consecuente disminución de funciones físicas, mentales y sociales, lo que a largo plazo dificulta sensiblemente su desempeño en diversos ámbitos de la vida.

El mayor riesgo que trae la depresión es la correlación que existe entre ésta y los suicidios, los cuales han aumentado de manera dramática en México durante los últimos años, llegando a ser la tercera causa de muerte en el país entre la población adolescentes de entre 15 a 19 años.

Según cifras del Inegi, en el año 2010 se registraron 5 mil 12 suicidios (cifra que duplicó la presentada en 1990) y se estima que a nivel mundial el suicidio es la causa de aproximadamente un millón de muertes anuales.1

Sobre la depresión en México, los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2010,2 arrojaron datos de interés, por ejemplo: una tercera parte de la población ha padecido en algún momento de su vida un trastorno afectivo; asimismo, resalta que alrededor de 13.9 por ciento de los encuestados había tenido al menos un cuadro depresivo en el último año y de estos, 6 de cada 10 personas lo habían presentado durante los 30 días anteriores al estudio.

Los trastornos más frecuentes, referidos en la encuesta citada, fueron los de ansiedad, presentándose en un 14.3 por ciento, seguidos por los de abuso de sustancias 9.2 por ciento y los afectivos 9.1 por ciento. Los trastornos afectivos y de ansiedad son más frecuentes entre las mujeres, mientras que los trastornos por abuso de sustancias son más usuales entre los hombres.

Estos tipos de trastornos depresivos están presentes en el 33 por ciento de los casos de otras patologías y a pesar de lo anterior, sólo 1 de cada 10 personas con trastorno afectivo recibe atención especializada, de los cuales solo el 50 por ciento reciben un tratamiento adecuado.

Especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz han publicado recientemente diversas aseveraciones3 que obligan a reflexionar sobre la problemática de la depresión en nuestro país y, sobretodo, a impulsar un cambio normativo para enfrentar esta grave disyuntiva.

En ese sentido, informan que los estudios realizados en México muestran que la depresión produce mayor discapacidad que otras condiciones crónicas como la diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiacas o la artritis. Por ejemplo, las personas con depresión pierden hasta 2.7 más días de trabajo que aquellas con otro tipo de enfermedades crónicas.4

La relación entre las enfermedades mentales y físicas es muy estrecha. A la mayoría de las personas les resulta difícil aprender a sobrellevar y vivir con una dolencia crónica de larga duración como la diabetes o el cáncer, por lo que no sorprende que la depresión sea la complicación más común asociada con este tipo condiciones, agravando el cuadro patológico y complicando el progreso de los tratamientos médicos.

Las personas con enfermedades físicas graves corren un mayor riesgo de padecer depresión. Por ejemplo, en las personas con diabetes el riesgo de presentar depresión es dos veces más alto que en aquellas que no sufren esta condición; para la población con asma u obesidad, el riesgo aumenta tres veces y para aquellas que sufren de dolores crónicos el riesgo crece cinco veces.

Del mismo modo, las personas que padecen síntomas de depresión tienen mayores probabilidades de presentar enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias, generando condiciones de males crónicos responsables de más de 60 por ciento de las muertes en el mundo.5

En nuestro país, la depresión es la principal causa de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres. La edad inicial de la mayoría de los trastornos afectivos se ubica en las primeras décadas de la vida, ya que casi el 50 por ciento de los adultos que han sufrido depresión la padecieron antes de cumplir 21 años.6

Es importante señalar que si los trastornos depresivos se presentan antes de los 18 años el curso de la enfermedad será más crónico y de mayor duración, en este sentido, estudios con población adolescente muestran que entre los trastornos mentales más frecuentes entre los jóvenes, se encuentran los depresivos, pues el 7.8 por ciento de ellos cumplieron con los criterios de diagnósticos de depresión mayor y el 0.8 por ciento con criterios de depresión crónica.

En cuanto a la población adulta, en población mayor de 65 años la prevalencia de depresión se encuentra arriba de 20 por ciento y es más frecuente entre los desempleados, los viudos y los solteros.7 Además en este segmento los problemas mentales son una de las cinco principales causas de discapacidad.

Los especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría refieren que estudios de epidemiologia psiquiátrica realizados en México señalan que alrededor de 32 por ciento de la población diagnosticada con un trastorno de consumo de sustancias adictivas (alcohol o drogas) presenta también un trastorno afectivo o depresión, en el supuesto de solo considerar a las personas con abuso o dependencia a sustancias ilícitas, la comorbilidad es mayor a 50 por ciento.

En México, menos de 20 por ciento de quienes presentan depresión buscan algún tipo de ayuda, se estima que quienes lo hacen tardan hasta 14 años en llegar a un tratamiento especializado.

En este sentido, nuestro país es una de las naciones que muestra mayor rezago en generar acciones y programas de atención pública a este problema de salud. Aunado a lo anterior, cuando los pacientes acceden a los servicios de salud, solamente 50 por ciento de ellos reciben algún tipo de tratamiento mínimo adecuado, consistente en por lo menos cuatro sesiones de psicoterapia y en caso de prescripción de medicamentos, de al menos dos visitas con el médico o psiquiatra para un tratamiento con fármacos.

De esta manera la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción, empeorando la situación vital de la persona afectada y por consiguiente, derivar en cuadros depresivos de mayor complejidad generándose un círculo vicioso.

Por tanto, debemos tomar las medidas adecuadas para otorgar a la población las herramientas necesarias que ayuden a prevenir y tratar la depresión; de esta manera, evitaremos que esta enfermedad sea la antecesora a otros padecimientos más severos o incluso de suicidios.

Ante la dimensión de esta problemática social que aqueja a miles de mexicanos y con una clara visión de futuro, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza proponemos contemplar la prevención y el tratamiento de la depresión en la Ley General de Salud para que de éste modo, el Sector Salud este obligado a prestar atención debida a este trastorno mental y no se convierta en un problema de salud pública de mayores proporciones.

Argumentación

Las mayores barreras o desincentivos para el correcto tratamiento de esta enfermedad radican en que al solicitar ayuda, el enfermo puede sentirse estigmatizado o señalado públicamente debido a la ignorancia social sobre qué es y cómo se atiende la depresión, o que los horarios de atención en las unidades médico familiares son poco convenientes, las largas listas de espera para obtener una cita, el diferimiento de las consultas, o el simple desconocimiento del tratamiento, entre otros.

Es muy importante el señalar la discrepancia existente entre las necesidades sanitarias de la población en lo respectivo a la salud mental y el tipo de asistencia que actualmente se ofrece en el sistema de salud público, ya que al no haber acciones o políticas públicas enfocadas en alertar, prevenir y atender la depresión, las personas que la sufren suelen considerar sus padecimientos como problemas cotidianos o consecuencia de la presencia de estrés o tristeza en sus ámbitos laborales, económicos, de pareja, o familiares, sin percatarse de que requieren atención profesional integral, la cual debe de ir acompañada de consejo, entendimiento o empatía, para que la asistencia de los servicios de salud no solo se limite a realizar diagnósticos psiquiátricos y tratamientos de los trastornos detectados.

Esta falta de conocimiento e información en la manera de vivir y entender la enfermedad también dificulta que la población afectada acuda a tiempo al médico, continúe su tratamiento y logre la recuperación de su salud8.

En la actualidad existen tratamientos eficaces y accesibles para diagnosticar y tratar a la depresión que se pueden establecer desde los módulos de primer nivel de atención como las Unidades de Medicina Familiar o Centros de Salud, los cuales están basados en acciones terapéuticas consistentes en apoyo psicosocial básico, prescripción de fármacos antidepresivos, o psicoterapia como las terapias cognitivo-conductual, psicoterapia interpersonal o técnicas para la resolución de problemas.

Los tratamientos psicosociales son eficaces y deberían ser los de primera elección en los cuadros de depresión leve; en cambio, los tratamientos farmacológicos y antidepresivos se recomiendan solamente en los casos de depresión moderada y grave. Estos últimos no se recomiendan para tratar la depresión en niños salvo en aquellos que así lo requieran, ni como primera instancia en adolescentes, pues en esta población se deben de utilizar con precaución.

Para tratar la depresión debemos entender que en esta enfermedad la principal afectación es la salud mental, la cual es un componente integral y esencial de la salud en general, como bien lo señala la Organización Mundial de la Salud en su carta constitutiva:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Aunado a lo anterior, recordemos que el derecho a la protección de la salud, como derecho humano, fue elevado a rango constitucional, mediante reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 3 de febrero de 1983, adicionando el siguiente párrafo:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Este párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Federal, establece que será a través de la Ley, refiriéndose a la vigente Ley General de Salud, dónde se definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, con la finalidad de desarrollar, regular y detallar los contenidos para que la ciudadanía pueda ejercer de manera plena este derecho.

El artículo 2o. de la Ley General de Salud se encarga de enunciar los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, y en relación al tema que nos ocupa en la presente iniciativa, destacamos la disposición expresa en su fracción I que señala que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.

Asimismo, consideramos para los fines de la presente iniciativa, lo establecido en la fracción VI del artículo 3° de la ley referida, que preceptúa a la salud mental como materia de salubridad general.

En este sentido, el régimen jurídico de la protección de la salud mental se desarrolla en el Capítulo VII del Título Tercero, de la Prestación de los Servicios de Salud, de la referida ley secundaría, asignándole la debida importancia a un tema que representa un enorme reto para las instituciones del sistema de salud pública, debido a la complejidad de su atención y en el cual se deben considerarse múltiples factores como los económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos.

Todo lo anterior hace que se considere a la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales y la abordemos desde sus diversos aspectos sociales, psicológicos y biológicos.

Con este fundamento, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza asume su responsabilidad con las obligaciones del Estado mexicano en materia de salud pública, responsabilidad que permitirá asumir el compromiso de coadyuvar en el perfeccionamiento y la armonización del orden jurídico que regula y brinda a quienes padecen de enfermedades mentales, más y mejores mecanismos para alcanzar la salud. Por ello, consideramos que es de suma importancia abordar la prevención y atención de la depresión de manera frontal y directa.

Reconocemos que si bien, ésta es una de las diversas enfermedades que se consideran en el ámbito de la morbilidad mental, es dentro de éstas la que más se presenta actualmente en la población mexicana. Además tiene una correlación directa con otras enfermedades crónicas y lo que es más preocupante aún: se le asocia como origen o agravante en los casos que lamentablemente terminan en suicidio.

También sabemos que se presenta frecuentemente en personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes o con enfermedades cardiovasculares, lo cual aumenta el impacto económico de su atención para el paciente, su familia y el sistema de salud, siendo esta una razón de peso del por qué muy pocas personas acuden a un tratamiento integral.

Por ello, en Nueva Alianza proponemos atender de mejor manera el serio problema de la depresión en México, ya que esta enfermedad mental tiene un alto impacto en la calidad de vida y en el funcionamiento cotidiano de la población.

La promoción, prevención y atención de la salud mental es un deber del Estado mexicano, consistente en generar acciones y políticas públicas que mejoren el entorno y las condiciones de vida que permitan a las personas adoptar, mantener y recuperar hábitos que los hagan tener una vida saludable.

Estas acciones deben prevenir el escenario en el que más mexicanos tengan problemas depresivos, así como atender de manera adecuada a aquellos que ya los presentan. Para ello, hay que incorporar la atención y el cuidado de la salud mental a las políticas y programas del Sector Salud, con la finalidad de generar una cultura de prevención y atención de la salud mental y así disminuir considerablemente la presencia de la depresión, principal causante de los trastornos afectivos, agravante de un gran número de otras enfermedades crónicas y causa en múltiples casos de suicidios en nuestra población.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos necesario legislar a favor de programas de prevención y atención de la depresión, incorporando en la Ley General de Salud la obligación expresa del Estado de atender este grave problema, antes de que se convierta en un reto mayúsculo para el sistema de salud pública nacional.

De este modo, al promover los cambios normativos a la Ley General de Salud, establecemos las medidas preventivas para que la ciudadanía de nuestro país no llegue a sufrir cuadros patológicos más severos y complejos, cuya atención causarían un impacto económico mayor para las finanzas públicas del Estado.

Lo anterior, si bien es un cambio muy destacable, debemos resaltar que con esta mejora legislativa, brindamos a las y los mexicanos mejores servicios públicos sanitarios para la correcta y adecuada atención de sus problemas salud.

Fundamento Legal

Por las consideraciones antes expuestas, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

Someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud, para incluir la depresión como un problema de salud mental

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I a VII...

VIII. Las acciones de prevención y atención de la depresión, para que se contribuya a fomentar y proteger la salud mental, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículos Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Las erogaciones que deban realizarse a fin de cumplir el presente decreto se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sus respectivos Presupuestos.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud.- Prevención del Suicidio (SUPRE). Instrumentos dirigidos a grupos específicos sociales y profesionales particularmente relevantes para la prevención del suicidio. Disponible en http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/.

2 Realizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Federal.

3 Depresión: estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México, Shoshana Berenzon, D en PSic., María Asunción Lara, D en es, Rebeca Robles, D en PSic., María Elena Medina-Mora, D en Psic. Publicación disponible en la revista Salud Pública, México 2013; Vol. 55, Número 1, páginas 74 a 80.

4 Lara MC, Medina-Mora ME, Borges G, Zambrano J. Social cost of mental disorders: disability and work days lost. Results from the Mexican Survey of Psychiatric Epidemiology. Salud Mental 2007.

5 Word Federation for Mental Health. Mental health and chronic physical illnesses. The need for continued and integrated careo USA: World Federation for Mental Health, 2010.

6 Benjet C, Borges G, Blanco J, Rojas E, Fleiz E, Méndez E. et al. La Encuesta de Salud Mental en adolescentes de México. En: Rodríguez J, Kohn R, Aguilar-Gaxiola S, eds. Epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y el Caribe. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2009; 90-100.

7 Mejía-Arango S, Miguel-Jaimes A, Villa A. Ruiz-Arregui L, Gutiérrez- Robledo LM. Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Pública en México, 2007; 49 (Supl 4): 475-481.

8 Estrategias utilizadas por un grupo de mujeres mexicanas para cuidar su salud emocional. Autoatención y apoyo social. Salud Pública en México. 2009.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013.

Diputado Luis Antonio González Roldán (rúbrica)

(Turanada a la Comisión de Salud. Julio 24 de 2013.)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, suscrita por los diputados Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Los suscritos, Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya y Fernando Cuéllar Reyes, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, para su trámite debido, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La creación de los defensores para la infancia es un fenómeno en expansión. El concepto del ombusdman como organismo independiente para supervisar las acciones del gobierno en defensa de los derechos humanos se desarrolló inicialmente en Suecia en 1809, seguida por Finlandia en 1919, Dinamarca en 1955 y Noruega en 1962.

Actualmente, la mayoría de las democracias occidentales tienen defensores de los derechos humanos y en la actualidad según datos del Instituto Internacional del Ombusdman (International Ombudsman Institute), esta figura existe en 125 países.

Aunque los defensores de los derechos humanos no se encuentran impedidos para otorgar sus servicios a las niñas, niños y adolescentes, estas instituciones tampoco se dedican de forma especializada y explícita a los problemas de éstos. Incluso, la legislación aplicable a las mismas no hace referencia alguna a las diferencias que existen entre los asuntos que afectan a los menores de edad y los que afectan a los adultos, y tampoco a que la naturaleza de los derechos de los niños y los mecanismos necesarios para lograr su respeto también son diferentes. Asimismo, raramente dan a conocer su actuación a través de mecanismos que permitan salvaguardar la situación particular de los niños o conocer su existencia.

El primer defensor de los niños fue establecido en Noruega en 1981. Hoy existen defensores de los derechos del menor en Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Perú y Suecia. También hay defensores del menor provinciales en Australia del Sur, España, Israel, Nueva Zelanda y en Ontario y Columbia Británica.

Muchos defensores de los menores difieren considerablemente del concepto tradicional de ombudsman . Mientras que algunos han sido creados como oficinas públicas, otros actúan desde las organizaciones no gubernamentales.

Algunos conservan el encargo tradicional de actuar en la investigación de quejas individuales, mientras que otros han asumido un papel de defensa de los intereses colectivos de los menores.

Lo que todos tienen en común es su compromiso de asegurar que el Estado reconozca y defienda los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los ombusdman tradicionales son nombrados para interceder entre el individuo y el Estado, para garantizar que se han seguido los procedimientos adecuados, y que se han cumplido las leyes y reglamentos. Sin embargo, no tienen capacidad alguna para juzgar el impacto o el resultado de una investigación particular sobre el bienestar personal del demandante, teniendo en cuenta la responsabilidad de los adultos en la protección de la infancia.

Sin embargo, los defensores de los menores desempeñan un papel más amplio y activo, por ejemplo intentando cambiar la actitud ante el castigo físico de los niños o imponiendo más rigor en el análisis del gasto público dedicado a la infancia.

Los defensores están capacitados para hacer frente no sólo a las violaciones individuales de los derechos de los menores, sino también para influir en la ley, en la política y en la práctica; fomentar o realizar investigaciones; y promover la sensibilización sobre sus derechos, con el objetivo de lograr un mayor compromiso con sus derechos.

Cada vez somos más conscientes de que las niñas, niños y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable y de que es necesario establecer instituciones y procedimientos especializados para proteger y promover sus derechos.

• Los menores de edad son vulnerables porque están en una posición limitada para hacer valer sus derechos por sí mismos, porque no tienen voz ni voto, ni influencia en los grupos de presión o en las instituciones que asesoran sobre la política y la economía;

• Los menores de edad son vulnerables en nuestra sociedad porque persiste la idea tradicional de que “los niños son propiedad de sus padres”, y la actuación del Estado en su defensa se interpreta como una intrusión en los derechos de los padres. La idea de que los niños tienen derechos propios y que sus intereses pueden diferir de los de sus padres puede ser difícil de aceptar.

• Los menores de edad son vulnerables porque en nuestro país no existen las estructuras institucionales, legales y sociales necesarias para permitir que los derechos de los niños sean reconocidos y respetados. La responsabilidad hacia las niñas, los niños y adolescentes se divide entre distintos secretarías y organismos, y a menudo existe muy poca comunicación o colaboración entre estas instituciones, fracasando el desarrollo de servicios integrados y desconociéndose su impacto global en los propios niños.

• También son particularmente vulnerables cuando sus derechos están siendo violados porque tienen menos posibilidades que los adultos de acceder a un asesoramiento y una defensa independientes y de ser escuchados al presentar una queja.

• Los menores de edad son vulnerables porque, a pesar de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, en nuestro país subsiste una resistencia importante hacia la legislación y las políticas que podrían hacer efectivos los derechos civiles de los menores.

• Los menores de edad son vulnerables porque aun cuando la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el reconocimiento de sus derechos civiles, económicos y políticos, lo cierto es que insuficiente para asegurar su protección real; y

• Los menores de edad son vulnerables porque a pesar de que la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce, al menos en principio, los derechos sociales, políticos y económicos de los menores, en la práctica, la falta de poder económico, social y político los hace vulnerables ante el olvido de estos derechos cuando se formula la legislación, se distribuyen los recursos o se aplican las políticas.

Por tanto, resulta indispensable la creación de un Defensor de los Derechos de los Menores para asegurar la aplicación efectiva de los derechos que les reconocen los tratados y convenios internacionales suscritos por México; la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; difundir y promover el respeto de todos sus derechos humanos fundamentales, e incluso, promover el reconocimiento de los derechos humanos que todavía no forman parte de nuestra legislación, nuestra cultura y nuestra vida diaria.

Para tal efecto, el defensor de los menores debe establecer su actuar con base en tres principios:

• Garantizar el cumplimiento de los programas que garanticen educación, salud y vida digna de los menores de edad;

• Prevenir a través de programas específicos, situaciones de riesgo físico, económico, sexual y emocional de los menores de edad; y

• Proteger a los menores de edad especial mediante la cual se puedan considerar los factores que privan o limitan el pleno disfrute de derechos y permita diseñar acciones dirigidas a la población infantil en desventaja.

Para tal efecto, el defensor de los menores debe instituirse bajo los siguientes principios:

•·Independencia. El defensor debe ser independiente y no estar sujeto a manipulación por parte de los gobiernos o de los partidos políticos; ni siquiera los funcionarios del gobierno deben poder dificultar sus funciones. El defensor no puede ser parte del aparato de gobierno que se encarga de la toma de decisiones, razón por la cual tampoco tendrá un control directo sobre las políticas relativas a la infancia.

• Accesibilidad. El defensor debe ser accesible para los menores si quiere ganarse su confianza. Así pues, es necesario que su oficina no sea burocrática y que se dirija directamente a los menores. El “estilo” de trabajo de la oficina debe ser informal y cercano a los menores, a fin de permitir que éstos sientan la confianza necesaria para dirigirse directamente al Visitador de la Defensoría. Es necesario que la información sobre la oficina sea escrita en un lenguaje adecuado para los niños y que sea difundida a través de los medios de comunicación o utilizando otros mecanismos que capten su atención.

• Habilidad para conseguir que las voces de los menores de edad sean escuchadas. El defensor debe asegurar una aplicación efectiva del derecho de todos los niños capaces de expresar una opinión, a ser escuchados y a ser tomados en serio en todas aquellas cuestiones que les afecten, previsto en el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “probablemente” su principio más trascendental y significativo.

• Fomentar el respeto hacia las ideas y experiencias de los menores como pieza fundamental en el proceso de hacer a los niños “visibles” ante la sociedad. El defensor debe asegurar no sólo que su propio trabajo esté tan informado como sea posible por las opiniones de los niños, sino que también cree oportunidades para que dichas opiniones estén directa y debidamente representadas en otras instituciones. La tarea del Defensor de promover los derechos del niño debe estar directamente informada por la experiencia de los propios niños y no depender de suposiciones sobre lo que ellos piensan y sienten.

• Atención exclusiva centrada en los menores de edad. Los derechos de los menores no son ampliamente aceptados y los menores de edad son los únicos que carecen del derecho de autonomía o propia determinación, por lo que la tarea de representar sus derechos es totalmente diferente de la de representar los intereses de los adultos. Los niños tienen una posición y un perfil político débiles, y sus intereses suelen ser ignorados si entran en competencia directa, en tiempo y recursos, con los derechos de los adultos. Los métodos de trabajo, los materiales de promoción y el estilo necesario para lograr un diálogo efectivo con los niños difieren significativamente de los empleados en relación con los adultos.

• Poderes legales suficientes. El Defensor de los Menores debe la autoridad y poderes legales suficientes para actuar como abogado y supervisor de la aplicación de los derechos de los niños, poderes para investigar, para promover una acción legal, para publicar informes y para ser consultado en relación con la legislación que afecta a la vida de los menores de edad.

• Influir en la ley, la política y la práctica. Un componente clave del trabajo del Defensor debe ser identificar y mostrar cómo y por qué fracasan las políticas o prácticas actuales en el respeto de los derechos y los intereses de la infancia, y proponer medidas para atender tales fallas. Cuando la legislación interna es conforme a dichas normas, el papel del Defensor es el de supervisar su aplicación efectiva. Cuando no lo sea, el objetivo será el de promover el cambio necesario en la legislación y las políticas y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

• Atender las violaciones individuales de los derechos de los menores de edad. Sin duda, conceder a los menores la oportunidad de que puedan hacer frente a las violaciones de sus derechos es fundamental para el reconocimiento efectivo de los mismos, ya sea promoviendo la aplicación efectiva de la ley, al garantizar que las quejas de los menores sean investigadas apropiadamente, incluso proponiendo cambios a la legislación para hacer efectivos esos derechos, es una función fundamental del Defensor.

• Representar los derechos de los menores de edad como colectividad. Dado el riesgo que corre el Defensor de los Menores de ser “engullido” por los casos individuales, así como el elevado número de los asuntos que abordaría y la naturaleza no vinculante de sus decisiones, es necesario que el Defensor tenga, adicionalmente, la capacidad para atender cualquier aspecto de la legislación, la política o la práctica que afecte a las vidas de los menores. Además de que los Defensores se constituyan en el mecanismo principal de tramitación de toda queja, sería mejor que complementariamente se dedicasen a desarrollar mecanismos globales para que los menores puedan hacer frente a las violaciones de sus derechos.

• Fomentar o realizar investigaciones sobre los derechos de los menores. Los Defensores desempeñan un importante papel a la hora de identificar las lagunas que existen en relación con la necesaria adecuación de la legislación nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como para fomentar o promover la investigación necesaria para llenar dichas lagunas. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas continuamente ha señalado que sin una recogida efectiva de datos es imposible evaluar hasta qué punto se está aplicando la Convención, y ha expresado su preocupación por el fracaso de muchos gobiernos cuando se trata de dar los pasos apropiados para levantar la información necesaria.

• Promover la sensibilización sobre los derechos de los menores. No sólo deben existir mecanismos efectivos que garanticen la realización de los derechos de los menores, sino que además éstos necesitan saber que tienen derechos y cómo hacer efectivos esos derechos. El artículo 42 de la Convención de las Naciones Unidas, impone la obligación a los gobiernos de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los menores.

En este sentido, la erección del Defensor de los Derechos del Menor en México aquí propuesta, no sólo sería una expresión de compromiso con el respeto a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y con la rendición de cuentas del Estado mexicano en esta materia, el acatamiento de los compromisos asumidos al haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los mismos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta ante esta asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto por el que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor

Único. Se expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, para quedar como sigue:

Ley del Defensor de los Derechos del Menor

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos del Menor, a fin de garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el orden federal, en los términos que este mismo ordenamiento establece.

Artículo 2. La Defensoría de los Derechos del Menor es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría de los Derechos del Menor será elaborado por la propia Defensoría, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 3. Los servicios que regula esta Ley se prestarán gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo.

El Defensor del Menor deberá observar, en todo momento, un deber de silencio en cuanto a los eventos que lleguen a su conocimiento en el desempeño de su función relacionados con las niñas, niños y adolescentes. Esta misma situación se aplicará a los todos los servidores públicos de la Defensoría. El deber de silencio se mantendrá incluso después de la terminación del empleo.

Artículo 4. Los servicios que presta la Defensoría se otorgarán a petición de parte interesada, de cualquier ciudadano o de oficio cuando se estime necesaria su intervención.

Artículo 5. Las autoridades y los servidores públicos federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de su competencia, estarán obligadas a atender, en tiempo y forma, los requerimientos de información o documentos vinculados con los asuntos relativos a menores de edad que conozca la Defensoría, que se encuentren en su poder, o que por razones de sus funciones o actividades puedan proporcionar, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a las sanciones que en la misma se establecen y, en su caso, a la responsabilidad que se derive de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 7. El personal que preste sus servicios a la Defensoría se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Defensor de los Derechos del Menor y sus Visitadores no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Capítulo Segundo
Estructura y Organización de la Defensoría

Artículo 8. La Defensoría de los Derechos del Menor se integra por los siguientes órganos:

I. El Defensor de los Derechos del Menor;

II. El Órgano de Gobierno de la Defensoría;

III. El Órgano Consultivo de la Defensoría;

IV. Los Delegados Regionales; y

V. El personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 9. La Defensoría tendrá las facultades siguientes:

I. Vigilar y evaluar las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, a la luz de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la debida observancia de sus derechos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y demás legislación aplicable.

II. Conocer e investigar, de oficio, por denuncia o a petición de parte, de las presuntas violaciones a los derechos de los menores de edad, por actos u omisiones de autoridades de carácter federal;

Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos en la presente ley;

III. Representar legalmente los intereses de las niñas, niños y adolescentes ante las autoridades judiciales o administrativas.

IV. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

V. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos actos que se presuman constitutivos de delito cometidos contra niñas, niños y adolescentes, coadyuvando en la averiguación previa.

VI. Promover la investigación, estudio, enseñanza y divulgación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa, protección y mejora de sus derechos, así como la salvaguarda de sus intereses, necesidades y derechos;

VII. Celebrar convenios de colaboración y coordinación con los gobiernos de los, estados, del Distrito Federal y los municipios, así como con los sectores social y privado a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

VIII. Proponer a las a las autoridades federales, estatales y municipales, en el exclusivo de sus competencias, los cambios y modificaciones a las disposiciones legales y reglamento, así como de políticas y prácticas administrativas, que a juicio de la Defensoría redunden en una mejor protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

IX. Supervisar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el sistema de readaptación social del país;

X. Instalar el Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría;

XI. Emitir su Estatuto Orgánico;

XII. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley; y

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. Para su designación, el Defensor deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Poseer título y cédula profesional de licenciado en psicología, trabajo social, pedagogía, derecho o carreras afines;

III. Contar con experiencia acreditada en materia de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando menos por un término de diez años inmediatos anteriores a su designación;

IV. No haber ocupado ningún cargo en la Administración Pública Federal, estatal, del Distrito Federal, o municipal, centralizada o paraestatal;

V. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión y si se tratare de delito patrimonial o contra menores de edad, cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público Federal, Estatal o del Distrito Federal; y

VI. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

Artículo 11. El Defensor estará obligado a

I. Velar por el cumplimiento de las funciones de la Defensoría;

II. Emitir recomendaciones públicas no vinculatorias;

III. Presidir y conducir las sesiones del Órgano de Gobierno;

IV. Elaborar el proyecto de Estatuto Orgánico de la Defensoría, así como de cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la aprobación del Órgano de Gobierno;

V. Proponer al órgano de gobierno los nombramientos de los servidores públicos hasta el segundo nivel;

VI. Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de la Defensoría;

VII. Ejercer con probidad los recursos presupuestales que se le asignen a la Defensoría;

VIII. Ejercer la representación legal de la Defensoría y, en su caso, otorgar poderes de representación de la misma, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico;

IX. Emitir lineamientos para la organización del trabajo y el mejor desarrollo y desempeño de las actividades de la Defensoría; y

X. Las demás que determinen las leyes y el Estatuto Orgánico.

Durante el ejercicio de su encargo, el Defensor, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.

Artículo 12. La designación del Defensor, será realizada por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República.

El Defensor durará en su encargo seis años y podrá ser ratificado para un segundo período.

Será responsable y podrá ser destituido por las causas y conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pudiere incurrir.

Artículo 13. Los servidores públicos de la Defensoría deberán reunir para su nombramiento, los requisitos que señale el Estatuto Orgánico.

Artículo. 14. El Órgano de Gobierno de la Defensoría se integrará de la siguiente manera:

I. El Defensor, quien lo presidirá,

II. El titular de la Secretaría de Gobernación;

III. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

V. El titular de la Secretaría de Salud;

VI. El titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y

VII. El Director General del Instituto Mexicano de la Juventud.

Cada integrante tendrá un suplente, que será designado por el titular de que se trate.

Todos los miembros del Órgano de Gobierno tendrán derecho de voz y voto.

El titular del órgano interno de control y el titular del área jurídica de la Defensoría participarán como invitados permanentes, con voz pero sin voto.

El Órgano de Gobierno sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requerirá de un quórum de mayoría simple de sus integrantes para sesionar válidamente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto.

Las sesiones del Órgano de Gobierno serán convocadas por el Defensor, o bien, mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros.

El Estatuto Orgánico establecerá las reglas para el debido funcionamiento del Órgano de Gobierno.

Artículo 15. El Órgano de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Defensor;

II. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Defensoría;

III. Aprobar el programa anual de actividades de la Defensoría;

IV. Aprobar la normatividad interna de la Defensoría que regule la actuación de ésta y del Defensor;

V. Velar por el cumplimiento de la normatividad del servicio profesional de carrera de la Defensoría;

VI. Evaluar y, en su caso, aprobar el informe anual del Defensor;

VII. Aprobar el nombramiento de los delegados de la Defensoría, así como de los servidores públicos de la Defensoría hasta el segundo nivel; y

VIII. Las demás que establezcan las leyes y el Estatuto Orgánico.

Artículo 16. El Consejo Técnico Consultivo, es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de la presente Ley, y para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.

Artículo 17. El Órgano Consultivo de la Defensoría se integrará de la siguiente manera:

I. El Defensor, quien lo presidirá, y

II. Seis representantes de las organizaciones no gubernamentales establecidas de conformidad con lo dispuesto en Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, designados por éstas.

La Comisión emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membresía y desempeño de las organizaciones.

Los nombramientos de los representantes de las organizaciones no gubernamentales deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Defensoría. El cargo de consejero es honorífico y durará tres años.

Para su nombramiento, los consejeros representantes de las organizaciones no gubernamentales deberán cumplir los mismos requisitos que el Defensor.

Cada integrante tendrá un suplente, que será designado por el titular o representante de que se trate.

Todos los miembros del Órgano de Gobierno tendrán derecho de voz y voto.

Artículo 18. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades:

I. Proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la aplicación y cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la presente ley;

II. Evaluar las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en favor de los derechos de la infancia y adolescencia;

III. Establecer los protocolos y lineamientos generales de actuación de la Defensoría;

IV. Asesorar, proponer, opinar y emitir recomendaciones al Defensor respecto de la aplicación y cumplimiento de esta ley;

V. Solicitar al Defensor información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Defensoría;

VI. Opinar sobre el informe anual que el Defensor; y

VII. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones

Artículo 19. El Consejo Técnico Consultivo sesionará de manera ordinaria cada tres meses y extraordinariamente cuando sea necesario. En ambos casos, se requerirá de un quórum de mayoría simple de sus integrantes para sesionar válidamente.

Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes con derecho a voto.

Las sesiones del Consejo Técnico Consultivo serán convocadas por el Defensor, o bien, mediante solicitud que formulen a éste cuando menos tres de sus miembros.

El Estatuto Orgánico establecerá las reglas para el debido funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo.

Artículo 20. La Defensoría tendrá un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Capítulo Tercero
De los Visitadores

Artículo 21. Los Visitadores deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III. Tener título profesional preferentemente de licenciado en Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Derecho o carreras afines expedido legalmente, y tener tres años de ejercicio profesional cuando menos; y

IV. Ser de reconocida buena fama.

Artículo 22. Los Visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Recibir, admitir o rechazar las quejas o denuncias de los derechos de los menores, de oficio o petición de parte o de cualquier persona;

II. Iniciar la investigación de violaciones a los derechos de los menores y tramitar las quejas o denuncias que le sean presentadas;

III. Formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán a consideración del Defensor; y

IV. Las demás que le señale la presente ley, el Estatuto y el Defensor, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Capítulo Cuarto
De la Tramitación de las Investigaciones, Quejas o Denuncias e

Artículo 23. Cualquier persona, física o moral, podrá presentar queja o denuncia por presuntas violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las oficinas de la Defensoría.

Artículo 24. La queja o denuncia sólo podrá presentarse en cualquier tiempo, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los actos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos.

Artículo 25. La queja o denuncia respectiva deberá presentarse preferentemente por escrito, para lo cual la Defensoría deberá establecer los formatos correspondientes; así mismo, podrá formularse de manera verbal o por cualquier medio de comunicación electrónica, mediante el levantamiento de acta circunstanciada.

Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará gratuitamente un traductor.

En todos los casos que se requiera, la Defensoría levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.

Artículo 26. La formulación y tramitación de quejas y denuncias ante la Defensoría, así como las recomendaciones que emita, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá informarse a los interesados en la presentación de la queja o denuncia.

Artículo 27. Cuando la queja o denuncia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Defensoría, se deberá proporcionar orientación al quejoso o reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público que corresponda conocer o resolver el asunto.

Si de la presentación de la queja o denuncia no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Defensoría, ésta requerirá por escrito al quejoso o denunciante para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo.

Artículo 28. Una vez admitida la queja o denuncia, deberá ponerse en conocimiento de los interesados y autoridades utilizando cualquier medio de comunicación, dentro de las 24 horas siguientes a su presentación.

En la misma comunicación se solicitará a las autoridades rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en la queja o denuncia, el cual deberán rendirse por escrito dentro de un plazo máximo de 72 horas.

En las situaciones que a juicio de la Defensoría se consideren urgentes, dicho plazo podrá ser reducido.

En el informe, las autoridades señaladas como responsables deberán señalar si existieron los actos u omisiones de las mismas respecto de las cuales se duele el quejoso o denunciante, los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los mismos o sobre los que verse la investigación de oficio, así como los documentos e información que solicite la Defensoría o que consideren necesarios para acreditar su dicho.

La falta de rendición del informe o documentación requerida, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad administrativa respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja o denuncia, se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.

Artículo 29. La Defensoría podrá declinar su competencia en un caso determinado, cuando así lo considere conveniente.

Artículo 30. De lograrse la solución satisfactoria a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tiempo y forma, antes de que se emita una recomendación, la Defensoría acordará la no responsabilidad y ordenará el archivo del expediente respectivo, el cual podrá ser reabierto si la Defensoría detecta, por cualquier medio, que no se ha cumplido con lo dispuesto por las la convención, las leyes y demás normatividad aplicable.

Para estos efectos, la Defensoría, en el término de 24 horas dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.

Artículo 31. Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, el Visitador General tendrá las siguientes facultades:

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos de los menores, la presentación de informes o documentación adicionales;

II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes;

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección, en términos de ley;

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y

V. Efectuar todas las demás acciones y diligencias que conforme a derecho juzgue convenientes para mejor proveer al conocimiento del asunto de que se trate.

El Visitador tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la continuación o la consumación irreparable de las violaciones de los derechos de los menores, o la producción de daños de difícil reparación a los mismos, así como solicitar su modificación cuando cambien las circunstancias que las justificaron.

Dichas medidas podrán ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.

Artículo 32. Las pruebas que, en su caso, se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de los derechos de los menores, o bien que la Defensoría requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja, denuncia o investigación.

Artículo 33. La Defensoría podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en la presente ley.

Concluida la investigación, el Visitador formulará, en un plazo no mayor de treinta días naturales a la presentación de la queja o denuncia, o de que se haya tenido conocimiento del asunto por la Defensoría, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos y actos de las autoridades responsables, los argumentos y pruebas vertidos por las partes y la Defensoría, así como los elementos de convicción y demás diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos violaron o no los derechos de niñas, niños y adolescentes, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados, o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los mismos o sus representantes legales, durante un período que exceda los plazos fijados por las leyes. Dicho plazo podrá ser ampliado mediante acuerdo del Defensor que justifique la ampliación.

Las conclusiones de la recomendación o acuerdo de no responsabilidad, estarán fundadas y motivadas exclusivamente en la documentación, pruebas y demás elementos que obren en el propio expediente.

En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos, y si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Los proyectos serán sometidos al Defensor para su consideración final.

Artículo 33. La recomendación será pública y no tendrá carácter vinculatorio para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija y, en consecuencia, por sí misma no podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia, o practicado la investigación.

Artículo 34. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de las 72 horas siguientes a su notificación, si la acepta o no. Entregará, en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación, o bien un informe de las razones por las que no la acepta. Dicho plazo podrá ser ampliado por el titular de la Defensoría, cuando la naturaleza del asunto así lo amerite.

La Defensoría determinará, si la fundamentación y motivación rendidas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la misma y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.

Si persiste la negativa, de estimarlo procedente, la Defensoría podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a las personas o servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Artículo 35. En contra de las recomendaciones o acuerdos de la Defensoría, no procederá recurso alguno.

Artículo 36. La Defensoría estará obligada a entregar a la autoridad o servidores públicos a la cual dirigió una recomendación, las pruebas, constancias y elementos de convicción que la llevaron a emitirla.

Asimismo, la Defensoría entregará las pruebas o constancias al menor, quejoso, denunciante o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, o a sus representantes legales, cuando vayan a ofrecerlas como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional o administrativo.

Artículo 37. La Defensoría notificará inmediatamente a los quejosos o denunciantes, y demás interesados, la recomendación o acuerdo de no responsabilidad que haya emitido, así como la aceptación y ejecución que se haya dado a la misma, en su caso.

Artículo 38. El Defensor deberá publicar sus recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad, en su página de internet, dentro de las 72 horas siguientes a que se haya emitido, observando en todo momento lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental, y de acuerdo con las circunstancias del propio caso.

Artículo 39. El Defensor presentará anualmente al Congreso y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, un informe sobre las actividades que haya realizado en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El informe deberá comprender una descripción del número y características de las quejas, denuncias e investigaciones que se hayan realizado, las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las estadísticas, programas y demás datos que se consideren convenientes.

Asimismo, el informe podrá contener las propuestas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como locales y municipales, o del Distrito Federal, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los derechos de los menores de edad y lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

Capítulo VDe las Sanciones

Artículo 40. Los servidores públicos federales serán sancionados con una multa de entre cinco y diez salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal cuando

I. No rindan el informe, las pruebas, los documentos y demás elementos requeridos por la Defensoría, en el plazo y términos establecidos en la presente ley;

II. No entreguen las pruebas, los documentos y demás elementos adicionales requeridos en el plazo y términos establecidos por la Defensoría; y

III. No informen si aceptan o no la recomendación emitida por la Defensoría, dentro de los plazos y en los términos a que se refiere esta ley;

IV. No acaten la recomendación aceptada, en el plazo y términos establecidos en la presente ley.

Artículo 41. Será motivo de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando los servidores públicos de las autoridades se nieguen a rendir los informes a que se refiere la presente ley.

Artículo 42. La imposición de las multas estará exclusivamente a cargo del Defensor, sin que la misma pueda ser delegada.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto deberá entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo de la Federación deberá presentar al Senado de la República su propuesta de terna para ocupar el cargo de Defensor del Menor, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente.

Artículo Tercero. El Senado de la República deberá designar al Defensor del Menor, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá proveer recursos suficientes necesarios para la entrada en operación de la Defensoría dentro de los treinta días naturales siguientes a la designación del Defensor.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer las adecuaciones presupuestarias procedentes e incluir los recursos solicitados por la Defensoría en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, y el decreto respectivo deberán prever recursos suficientes para ello.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Diputados:

(Turnada a las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Derechos Humanos. Julio 24 de 2013.)

Que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el sistema constitucional mexicano se encuentran dispositivos referentes a la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda, efectuados por el presidente de la República; lo anterior, con fundamento en los artículos 76, fracción II, y 89, fracción III, de la Carta Magna, dicha reglamentación no han cobrado la relevancia que merece.

La función ratificadora del Senado implica la injerencia de este órgano en las facultades de nombramiento que el Ejecutivo federal posee. Se trata de una función de control sobre el Poder Ejecutivo, debido a la decisión política de un constituyente, que por ser la economía un factor real de poder y en especial la materia hacendaria, se inserta en el texto constitucional, significando con ello, una excepción a la facultad presidencial de nombrar y remover libremente a los altos funcionarios de la administración pública federal.

La validez de esta excepción se funda en el principio de equilibrios de poderes que, en todas las constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso de la Unión la facultad de ejercer el control presupuestario y para tal efecto, en 1824 se creó una Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Auditoría Superior de la Federación organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados.

Pese a esto, el control del Poder Legislativo ha ido aún más lejos y ha pretendido intervenir en los nombramientos de funcionarios hacendarios.

La atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda, cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, tales como los artículos 110, fracción VI, de la Constitución federal de 1824, en la cual se consagró la facultad del Poder Ejecutivo para nombrar a los “empleados de la oficinas generales de Hacienda”, sin especificar cuáles eran. No obstante, la Constitución federal de ese año introduce la aprobación por parte del Senado, sobre los nombramientos de los empleados de dichas oficinas generales de Hacienda.

La Constitución de 1836 también consagró –en el artículo 52, fracción III– la función de ratificar a los altos empleados de Hacienda, pero tal facultad la atribuyó no al Senado, sino a la Cámara de Diputados. Esta disposición se repitió en el segundo proyecto de Constitución de 1842, en el artículo 74.

Pese a estos antecedentes, no se encuentran en los respectivos debates y proclamas, ninguna explicación acerca de la justificación de la atribución. Así pues, tan sólo se cuenta con los debates verificados en la sesión del 13 de octubre 1856, para especificar de manera enunciativa lo que ya, para la Constitución de 1857, eran los “empleados superiores de Hacienda”.

El proyecto de Constitución sometido al Congreso Constituyente no consideraba a tales funcionarios, sino que, por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez, fue incluida en la fracción respectiva, manifestando que al Congreso de la Unión le correspondía la participación en el nombramiento de todos aquellos funcionarios que manejaran el tesoro público, denominados altos empleados de Hacienda, entre los cuales se cuentan ministros tesoreros administradores y empleados de aduanas.

En el mismo Congreso Constituyente de 1856-57, el diputado José Antonio Gamboa expresó que tales empleados superiores eran los ministros, tesoreros, directores de rentas y administradores de correos y aduanas . Ignacio Ramírez en forma más sistemática, encuadró como altos empleados de Hacienda, a todos los funcionarios del ramo que efectuaran las funciones de recaudación, inversión y dirección.

Con estas consideraciones, la función de ratificación fue establecida originariamente en la fracción XXII, del artículo 72 de la Constitución de 1857; sin embargo, con las adiciones y reformas del 13 de noviembre de 1874, se transformó este precepto en la fracción II, del apartado B, del mismo artículo, quedando como atribución exclusiva del Senado de la República.

No obstante, durante la segunda mitad del siglo pasado, la denominación de cargos y la asignación de atribuciones, fueron objeto de múltiples cambios, debido a la desorganización administrativa y a la precaria situación económica del país, que obligó a la variación de políticas y de organismos.

Por ello representa un serio problema no sólo saber quiénes son los empleados superiores, sino también determinar cuál es el ramo de Hacienda al cual deben referirse dichos empleados.

Los decretos mencionados no detallan que tal ramo de Hacienda se reducía, en esa época, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que además de esta Secretaría se encontraban las Oficinas Generales, cuyas atribuciones compartían la función hacendaria del Estado.

La expresión “empleados superiores de hacienda” debe circunscribirse a los jefes de esas oficinas generales y a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando implicaran funciones de recaudación o de distribución de los caudales públicos.

No obstante, con la creación de una Dirección del Tesoro General, mediante el reglamento del 16 de agosto de 1861, dependiente del secretario de Hacienda, en la cual se confiaría la función de recaudación de las rentas de la nación y, consecuentemente se le daba la categoría de Oficina General, la cual evidentemente su jefe tenía que ser ratificado por el Senado, dejando en claro que ningún funcionario dependiente de la Secretaría de Hacienda, está excluido del concurso de la Cámara alta.

Ahora bien, la respuesta final y actual sobre quiénes son los empleados superiores de Hacienda, difiere en mucho con la que no se pudo dar en el siglo pasado, pues aunque pueden anotarse algunas constantes para determinarlos, resulta con dicha determinación, una interpretación analógica, fuente de errores y de criterios maleables políticamente para fines completamente distintos de los que los constituyentes determinaron.

La disposición constitucional resulta totalmente ambigua, y lo que es más grave, lo es desde 1917.

Hoy por hoy, la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;

...

También, el artículo 89 de la CPEUM menciona lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

...

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

...

Sin embargo, no hay aún en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la indicación de quiénes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que el Ejecutivo no tiene la obligación de someter los nombramientos que haga para las oficinas de Hacienda, pues la falta de norma jurídica impide no solamente que se conozca quiénes son los empleados a quienes se refiere la Constitución, sino los trámites que deban observar para la ratificación de éstos.

Un ejemplo de ello ocurrió el 11 de octubre de 1877, en la cual se solicitó sólo la ratificación del señor Bonifacio Gutiérrez, recientemente nombrado tesorero general de la Nación por el presidente Porfirio Díaz, además de que el Senado se basó únicamente en la publicidad de la honradez y aptitud del señor Gutiérrez, por lo que el senador Benigno Arriaga presentó una proposición suspensiva, donde indicaba que la ratificación no fue válida, al no haberse realizado con la minuciosidad adecuada, argumentando que la opinión pública es un elemento subjetivo y por lo tanto, no digno de confianza, la cual fue rechazada.

Los artículos 239, numeral 2, y 275 del Reglamento del Senado de la República, en la fracción V, establece cuáles son los nombramientos, hechos por el presidente de la República, que deben estar sujetos a ratificación, y en ellos se menciona a los empleados superiores de Hacienda.

Aunque también se menciona que será a través de un acuerdo por parte de la Mesa Directiva la que especificará cuáles y cuántos son, a libre albedrío, los cargos por considerar.

En el acuerdo que para esta nueva administración Federal se entendió como “empleados superiores de Hacienda”, se encuentran los titulares de las siguientes áreas:

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público;

2. Subsecretario de Egresos;

3. Subsecretario de Ingresos;

4. Procurador fiscal de la Federación;

5. Tesorero de la Federación;

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria;

7. Administrador general de Recaudación;

8. Administrador general de Auditoría Fiscal Federal;

9. Administrador general de Aduanas;

10. Administrador general jurídico;

11. Administrador general de Grandes Contribuyentes;

12. Jefe de Unidad de Crédito Público; y

13. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.

Sin embargo, es inconcebible que en el acuerdo en comento sean sujetos a ratificación sólo algunas administraciones generales del Servicio de Administración Tributaria y jefes de unidad de la SHCP.

El acuerdo mencionado no considera a los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual o mayor importancia como es el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los cuales también son designados directamente por el secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, la fracción constitucional en comento no es clara, es vaga, ambigua y no dice cuales son los empleados superiores de Hacienda, ni hace una enumeración de ellos.

Por tanto, esta iniciativa propone garantizar que los titulares de todas las administraciones generales, jefes o titulares de unidad, así como los órganos desconcentrados y descentralizados sectorizados a la secretaría, también puedan ser ratificados por el Senado de la República, debido a la gran importancia que estas plazas e instituciones tienen sobre la hacienda pública de México.

Por eso se propone reformar las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de garantizar la puntual ratificación de los funcionarios mencionados.

Derivado de lo anterior se somete a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman las fracciones II del artículo 76 y III del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados a la misma , integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XII. ...

Texto vigente

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado

I. ...

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

...

Texto propuesto

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados de la misma , integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

...

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, subsecretarios, jefes de unidad y demás empleados superiores de Hacienda, así como organismos públicos desconcentrados y descentralizados de la misma, y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Diputados:

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 24 de 2013.)

Que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social, recibida del diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

Planteamiento del problema

Como en ocasiones anteriores, en el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS, 2012-2013 se documenta la crisis financiera del Instituto y su inviabilidad para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a que está obligado con sus derechohabientes.

Según el informe, factores tanto externos como internos ponen en riesgo su viabilidad en el muy corto plazo. Las transiciones demográfica y epidemiológica amplían el costo y la duración de los servicios médicos y tratamientos que debe otorgar el Instituto. Se tiene además un régimen administrativo y laboral que impone fuertes presiones al gasto corriente que tiene que cubrir como obligación el IMSS.

En los últimos cuatro ejercicios fiscales, los ingresos ordinarios del Instituto no han sido suficientes para cubrir sus egresos, por lo que el Instituto ha tenido que recurrir a sus reservas. Con autorización del Congreso, en 2011, se transfirieron excedentes de los saldos de las reservas financieras y actuariales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo a la reserva del seguro de enfermedades y maternidad por 61 mil 222 millones de pesos.

El instituto presenta un desequilibrio financiero debido principalmente a los seguros que destinan recursos a la atención médica. En el caso del seguro de enfermedades y maternidad, incluyendo los gastos médicos para pensionados, se registra un déficit de 2 billones 447 mil millones de pesos, lo que representa 14.6 por ciento del PIB de 2013. De este déficit, los gastos médicos de pensionados ascienden a un billón 854 mil 148 millones de pesos, el 11.1 por ciento del PIB de 2013.

Si el instituto continúa haciendo uso de sus reservas, sólo podría extender los años de suficiencia financiera hasta 2015. En 2016 se necesitarían 8 mil 510 millones de pesos; al siguiente año, se requerirían casi 20 mil millones de pesos, y así.

Obviamente, tampoco se podrían acumular reservas en lo sucesivo.

Argumentación

En el informe, el IMSS propone una serie de propuestas legislativas para enfrentar los factores internos y externos, ante la problemática que acarrea la insuficiencia financiera del instituto.

Los ingresos del Seguro Social en 2012 ascendieron a 301 mil 359 millones de pesos, de los cuales 265 mil 568 millones de pesos (88 por ciento) provinieron de cuotas obrero patronales y aportaciones del estado. En dicho ejercicio, el gasto (sin reconocimiento del pasivo laboral) ascendió a 301 mil 065 millones de pesos, de los cuales el principal gasto es el de servicios personales, por 135 mil 227 millones de pesos (44.9 por ciento del total).

La dinámica de los gastos del Seguro Social no tenderá a bajar por el aumento en los gastos médicos (los tratamientos de las principales enfermedades crónico degenerativas ascendió en 2012 a 71 mil 352 millones de pesos, el 30.4 por ciento del gasto total del seguro de enfermedades y maternidad).

Por otra parte, al depender los ingresos mayormente de la afiliación de trabajadores asegurados, ésta se mantiene a la baja pues el mercado laboral tiende a desincentivar la contratación de trabajadores formales permanentes y los salarios con los que cotizan tampoco se incrementan.

Para aumentar los ingresos del Instituto, se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 27 y se derogó el artículo 32 de la Ley del Seguro Social para homologar las bases de contribución del salario base cotización con las deducciones del impuesto sobre la renta, lo que propiciaría una mejora en la fiscalización y un aumento en los ingresos por cuotas obrero patronales de hasta 3 mil millones de pesos.

En la presente iniciativa se retoman otras propuestas presentadas ante el Congreso porque no es nueva la problemática pero tampoco se ha manifestado una voluntad política por hacerlas prosperar. Los diagnósticos y las recomendaciones por parte del IMSS se han repetido sin que la situación cambie, por lo que se considera indispensable poner sobre la mesa estas alternativas y dar la discusión abierta y objetiva sobre el financiamiento del Seguro Social.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II; 73, fracción X; 78, fracción III; y 123, Apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social.

Ordenamientos por modificar

En el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS, 2012-2013 , se mencionan además otras dos reformas a la Ley del Seguro Social que podrían mejorar la condición financiera del Instituto, sin olvidar que se necesita una reforma integral de la seguridad social.

En función de ello, se propone modificar las primas de los seguros, buscando alcanzar el equilibrio financiero en el seguro de invalidez y vida e intentando mitigar el déficit de seguro de enfermedades y maternidad, evitando subsidios cruzados, manteniendo los niveles actuales de contribución de patrones y trabajadores e incorporando la cuota social del Estado al financiamiento de los servicios de salud para pensionados.

Se propone entonces una reforma que permita reequilibrar las primas del seguro de invalidez y vida a favor del seguro de enfermedades y maternidad. Esta reforma no implica un aumento de cuotas sino buscar un uso eficiente de los recursos del instituto.

Durante 2012, el seguro de invalidez y vida tuvo un superávit de 900 mil 675 millones de pesos. La valuación actuarial determina que la prima nivelada para el otorgamiento de las prestaciones de este seguro es de 1.43 del valor presente de los salarios futuros, a 50 años y 1.55 a 100 años.

Esto tiene su base en el informe citado, pues sostiene que la prima actual de 2.5 por ciento de los salarios de cotización es suficiente para cubrir el pasivo por pensiones y el gasto administrativo del seguro de invalidez y vida y la acumulación de reservas en el largo plazo.

Concretamente, se propone que los patrones y los trabajadores les cubran, para el seguro de invalidez y vida el uno punto cero cinco por ciento y el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente, en vez de los actuales.

Concomitantemente, se incrementarían las cuotas obrero-patronales para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios. Al patrón correspondería pagar el uno punto setenta y cinco y al trabajador el cero punto seiscientos veinticinco.

Se traslada por tanto un punto porcentual de aportaciones del seguro de invalidez y vida. De haberse aplicado este balanceo en 2012, se hubieran trasladado el 40 por ciento de los ingresos de este seguro a gastos médicos de pensionados, equivalentes a 17 mil millones de pesos, sin necesidad de aumentar cuotas obrero-patronales.

Finalmente, el Seguro de Salud para la Familia, que es un seguro voluntario destinado a la población abierta se encuentra desfinanciado pues sus costos de operación son deficitarios respecto a los ingresos de quienes utilizan los servicios. En 2012, este seguro tuvo un déficit de operación de 5 mil 291 millones de pesos. Según el Informe multicitado, este resultado obedece a dos problemas: por un lado, a la selección adversa que significa un seguro médico voluntario que tiende a afiliar a una población de mayor edad de la población asegurada, por lo que el costo de atención tiende a aumentar.

Además, el nivel de cuotas vigente en el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, desde 2001, resulta del todo insuficiente.

En esta iniciativa se propone establecer que todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares y cualquier familiar adicional, pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan y facultar al Consejo Técnico para determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforman los artículos 25, 147 y 242 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto setenta y cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto seiscientos veinticinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto cero cinco por ciento y el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

Artículo 242. Todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares a que se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan. El Consejo Técnico podrá determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Julio 24 de 2013.)

Que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal, recibida de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

México es el quinto país con mayor número de sub registro poblacional de América Latina. De acuerdo con las cifras de La infancia cuenta en México 2011 (libro de datos) Red por los Derechos de la Infancia en México, la proporción de niñas y niños menores de un año no registrados era de 19.20 por ciento. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirma que el problema de la población que no cuenta con un acta de nacimiento radica en la falta de acceso al Registro Civil.

Asimismo, afirma que la población con mayores dificultades para acceder al Registro Civil y, por tanto, para contar con un acta de nacimiento, es la infantil perteneciente a las comunidades rurales, migrantes e indígenas.

En el caso de las comunidades indígenas, uno de los problemas que dificulta particularmente el acceso al acta de nacimiento se deriva de los formalismos de ciertas oficinas del Registro Civil, ya que algunos jueces esgrimen argumentos extralegales para impedir que las personas registren el nombre de sus hijos con plena libertad, tales como la dificultad para escribirlo y el uso de vocablos cuyo origen es en lengua indígena.

A la llegada de los españoles, en el territorio que ahora es México, existían aproximadamente 170 idiomas indígenas. A finales del siglo XIX se hablaban alrededor de 100 idiomas. En el umbral del siglo XXI, se hablan solamente 62, de las cuales 23 se encuentran en peligro de desaparecer.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reforzar el marco legal en aras de proteger el derecho al nombre en lengua indígena, lo que a su vez representa un paso más en la lucha contra el sub registro poblacional, la discriminación por cuestiones étnicas; así como un esfuerzo por preservar y enriquecer las lenguas indígenas como elemento fundamental de la cultura y la identidad de la nación.

II. Argumentos que la sustenten

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación se reconoce a sí misma como “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas... y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” y por ende “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para...preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

Pese a esto, tanto en la práctica de las oficinas del Registro Civil como por falta de legislación expresa al respecto, la discriminación hacia personas que desean adoptar un nombre o nombrar a sus hijos e hijas en lenguas indígenas es frecuente. Un ejemplo de lo anterior es el caso de una niña hija de padres hñahñu en abril de 2007 a quien en el Registro Civil de Tepeji del Río, Hidalgo, denegaron el registro con el nombre de Doni Zänä (Flor de Luna), argumentando que el sistema de cómputo rechazaba algunos caracteres.

Servidores públicos de Hidalgo hicieron un exhorto a los familiares para que accedieran a registrar a la niña con un nombre “menos problemático”. Pese a esto, los padres no accedieron y después de un juicio de casi dos años, expedientes: 2007/1629/4/Q de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y CONAPRED/DGAQR/193707/DR/II/HGO/R114 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; así como una fuerte presión mediática lograron registrar a su hija bajo el nombre en lengua hñahñu de Doni Zänä Cruz Rivas.

El caso anterior es sólo un ejemplo de cómo el gobierno ha sido incapaz de garantizar un derecho básico de todas las personas desde el momento del nacimiento, como lo es el derecho al nombre, componente básico de la identidad y la nacionalidad, mismas que a su vez permiten el reconocimiento del Estado a través del acta de nacimiento, la consecuente adquisición de la personalidad jurídica y por ende el acceso y ejercicio a todos los demás derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así mismo deja manifiesta la discriminación que todavía enfrentan los integrantes de los pueblos indígenas al intentar acceder a servicios que el Estado debe garantizar a todos y cada uno de sus ciudadanos sin excepción, como se establece en la Constitución y los tratados internacionales que se enumeran a continuación y que respaldan el argumento de la presente iniciativa.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

...

Artículo 2. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

...

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

...

B . La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

...

Artículo 4. ... El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”.

Convención sobre los Derechos de los Niños

...

Artículo 7

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

...

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

...

Parte I. Política General.

Artículo 1

...

2 . La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio.

...

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones...

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

...

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,

...

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño,

...

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,

...

Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.

...

Artículo 8.

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

...

Artículo 13.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

...

Artículo 33.

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

...

Artículo 43. Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales

Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las expresiones culturales tradicionales, es un factor importante que permite a los pueblos y las personas expresar y compartir con otros sus ideas y valores,

...

Recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y promoción de las expresiones culturales,

Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo,

...

Artículo 2

3. Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas

La protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos.

...

Artículo 4

1. Diversidad cultural

La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

7. Protección

La “protección” significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. “proteger” significa adoptar tales medidas.

Convención Americana de Derechos Humanos

...

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Con base en la legislación anterior queda respaldada la necesidad de proteger el derecho al registro del nombre en lengua indígena por dos razones, la primera es recordar el problema subyacente que trae consigo las dificultades para acceder al Registro Civil como lo es el sub registro poblacional, que a su vez acarrea una importante serie de consecuencias en la vida de quienes lo padecen porque al no ser reconocidos por el Estado, no figuran como personas jurídicas y por tanto tampoco existe un reconocimiento por parte de este de sus problemas, lo que trae como resultado que no se implanten las acciones necesarias para solucionarlos.

Para enfrentar este problema, la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó, en 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y el Derecho a la Identidad, cuya misión es “asegurar para 2015 la universalidad, accesibilidad y de ser posible gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad”. El Estado mexicano fue uno de los principales colaboradores en la estructuración de este programa.

Entre algunas de las principales resoluciones establecidas en el programa podemos encontrar las siguientes:

3. Alentar a los Estados miembros a que continúen adoptando medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, enfatizando que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

Para alcanzar esta meta se fijaron algunas acciones concretas entre las que destacan como sustento de la presente iniciativa las que a continuación se enlistan:

Acciones concretas

1. Universalización y accesibilidad del Registro Civil y el Derecho a la Identidad

a. Los Estados garantizarán el acceso, sin discriminación, de todas las personas al registro.

...

c. Los Estados asegurarán el registro del nacimiento de todos los nacidos en su territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de los padres del menor, de conformidad con la legislación de cada Estado.

2. Fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legislación

a. Los Estados formularán y ejecutarán políticas, normas y otras medidas destinadas a eliminar prácticas de racismo, discriminación e intolerancia de sus sistemas de Registro Civil.

La segunda razón es la importancia de preservar las lenguas indígenas como elemento cultural. En el mundo se hablan actualmente alrededor de cinco mil idiomas. El país con más riqueza de idiomas vivos es la India, que cuenta con 65. El segundo con mayor abundancia de lenguas es México, con 62, de las cuales 23 se encuentran en peligro de desaparecer.

En términos generales, cuando una lengua se pierde, se pierde así mismo la cultura que ella ha generado, aunque esta afirmación también vale en el sentido inverso: con la preservación de las lenguas indígenas se conservan las culturas que los pueblos produjeron.

Una de las grandes riquezas de nuestro continente son sus idiomas, riqueza que debemos defender porque son el alma de todos los pueblos que nosotros somos, porque no hay un idioma superior a otro.

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende reforzar el marco legal en aras de proteger el derecho al nombre en lengua indígena, lo que a su vez representa un paso más en la lucha contra la discriminación por cuestiones étnicas, contra el subregistro poblacional y esfuerzo por preservar las lenguas indígenas del país.

III. Fundamento legal

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 58 del Código Civil Federal.

V. Ordenamientos por modificar

Código Civil Federal

VI. Texto normativo propuesto

Artículo 58. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

Es derecho de cualquier persona ser registrado o registrar a sus hijos bajo un nombre en lengua indígena, con los caracteres pertenecientes a ésta si así se desea.

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal dispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los Estados y el Distrito Federal y ordenará su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013.

Diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 24 de 2013.)

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas). Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila. Javier Salinas Narváez, Miguel Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes (rúbricas). Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Alfonso Durazo Montaño.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que agilice el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, recibida del diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

El que suscribe, José Luis Flores Méndez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 16 de abril de 2013, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, misma que fue turnada el 29 de abril de 2013.

El objetivo de la iniciativa es que se realicen reformas a la Ley Federal de Derechos, a fin de propiciar inversiones que mejoren las condiciones para la extracción del gas grisú asociado previamente a la del carbón.

En esencia, la propuesta consiste en aplicar un esquema gradual y competitivo de cobro del derecho a partir de una tasa que va del 6 hasta un 23 por ciento, ajustándose de conformidad con el volumen de producción y el precio del gas de mercado, ello, sin un solo subsidio, ni incentivo, ni estímulo fis al, ni trato preferencial, en lugar del 40% que se aplica actualmente y que hace incosteable su extracción y aprovechamiento.

En México existen tres regiones carboníferas que se ubican en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila; de éstas, la más importante se halla en el estado de Coahuila, donde se encuentra el 95 por ciento de las reservas nacionales de carbón; es el recurso que caracteriza a la cuenca de Sabinas.

Asociado al carbón, el gas grisú se forma junto con él, de ahí que se encuentre en las minas de este mineral. Este gas tiene propiedades que potencian la formación de atmósferas explosivas debido a que es fácilmente inflamable, por lo que es un peligro constante para la vida y la salud de los mineros.

Durante la historia de la extracción del carbón en nuestro país, se han registrado diversos accidentes de trabajo. Sólo en Coahuila ha ocurrido explosiones que cobraron la vida de mil 866 personas.

Junto a las razones financieras y la rentabilidad de su aprovechamiento debemos ten r en cuenta, prioritariamente, el factor humano y la realidad social. Evitar que se siga poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en la minas de carbón, sin que antes se haya extraído el gas grisú por no ser rentable hacerlo.

El factor de recuperación del gas grisú es aproximadamente del 50 por ciento.

Puede estima se que en el país, el gas recuperable y aprovecha le podría ascender a 3 mil 46 millones de pies cúbicos por día, que por el momento están contaminando y dañando la capa de ozono.

En otras partes del mundo, por el contrario, se emplea como una fuente generadora de energía eléctrica. En Australia, Sudáfrica, España, Francia, Estados Unidos y Canadá los mantos de carbón se desgasifican antes de ser minados.

Actualmente se ventea a la atmósfera en una cantidad del orden de 407 mil 762 metros cúbicos por día. Ello hace evidente que no hay recaudación por concepto de este derecho.

Diversos factores han evitado que los inversionistas se interesen en la captación y transformación de este gas, siendo el principal la alta tasa del derecho que se cobra por concepto de uso y aprovechamiento del gas grisú.

Actualmente -sabemos- se están dictaminando minutas e iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de todo el sector minero desde diversos ángulos de la normatividad vigente, lo cual resulta de la mayor importancia para este importante sector productivo y para la economía del país, y esperamos que pronto se discutan en la instancia correspondiente; sin embargo, el tema de gas grisú requiere, además, un tratamiento específico en lo que se refiere a los derechos que se cobran por su extracción.

Recientemente se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo, en las que se establecen restricciones a la explotación de carbón bajo condiciones de riesgo; sin embargo, la propuesta de la iniciativa lo que busca con los reformas y adiciones al artículo 267 de la Ley Federal de Derechos es darle rentabilidad a la inversión para extraer previamente el gas grisú en las minas de carbón, con lo cual se elimina el factor de riesgo y se propicia su debido aprovechamiento.

La importancia que significa para este sector productivo la iniciativa es que no se trata únicamente de la reducción en la tasa de derechos como condición de posibilidad para darle rentabilidad a su aprovechamiento, sino que, con ello, podemos evitar muertes de los mineros, daños ambientales severos, generar empleos y desarrollar la región carbonífera, y aprovechar un recurso natural en beneficio del país.

Por otra parte, en México, la dependencia de importaciones de gas natural se ha ido incrementando, cuando podrían reducirse al evitar el desperdicio del gas grisú, que es un combustible mineral gaseoso sustituto del gas natural.

Es urgente contrarrestar el daño ambiental, reducir las importaciones de gas natural y con ello la fuga de divisas que entraña la compra de este recurso al exterior, contribuir a la mayor generación de riqueza nacional y empleos, así como incrementar los niveles de recaudación por concepto de este derecho, que ante las tasas impositivas vigentes es nula.

Necesitamos un tratamiento integral al tema del gas grisú; integral por cuanto se promueva la inversión, se propicie el aprovechamiento del gas, se salven vidas, se mejore la economía familiar de los trabajadores mineros, y se impulse, con todo ello, el desarrollo regional de la zona carbonífera en Coahuila.

De lograrse que se realicen mayores inversiones en la zona carbonífera de Coahuila, se estará contribuyendo a impulsar el desarrollo regional y la economía del país. Es apremiante ampliar y multiplicar las opciones de empleo en todo el país.

Se trata de promover una desgasificación con sentido productivo que, a la vez contribuya a proteger el medio ambiente.

Ahora bien, a partir del turno de la iniciativa referida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, como lo dispone el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se inicia el cómputo del término para dictaminar. Hemos pedido prórroga, la cual se vence en octubre; sin embargo no queremos llegar al término y no ver cristalizada esta importante reforma para el Estado de Coahuila, ya que es apremiante económica y socialmente que el dictamen se realice a la brevedad posible, porque la experiencia legislativa nos ha dado muchas lecciones de que aún con prórroga no salga en tiempo y forma, razón por la cual se solicita respetuosamente a la comisión para que agilice su formulación y discusión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que agilice la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputación del estado de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de julio de 2013.

Diputado José Luis Flores Méndez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 24 de 2013.)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cámara de Diputados a otorgar seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esta soberanía, ya sea a través de los grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios, recibida de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

La suscrita, diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputa os, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante mucho tiempo, la discusión sobre la existencia de una elación laboral proveniente de un contrato civil de prestación de servicios profesionales parecía estar resuelta al establecerse por ley, la doctrina y la jurisprudencia que no es posible la existencia de un vínculo laboral entre las partes de dicho contrato, pues no existe la subordinación como elemento distintivo de la relación laboral, al considera a la prestación de servicios profesionales como un ejercicio independiente de determinad función, sujeta a la autonomía de las partes contratantes.

En este sentido, la utilización de los contratos civiles de prestación de servicios profesionales, se convirtió en la mejor forma de permitir el fraude laboral, simulando una relación diferente a la laboral, mediante la realización de dichos “acuerdos e voluntades”, con lo que el empleador evadía el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación laboral, como lo es el no otorgar la seguridad social.

En este sentido, grandes empresas transnacionales y sus corporativos han encabezado este tipo de políticas desde haces más de 20 años, prácticas jurídicas que se han ido arraigando tanto en ámbito privado como público. Inclusive estas formas de contratación se extendieron a las administraciones públicas federales, estatales y municipales; pero lo peor es que este tipo de prácticas alcanzaron a los poderes Legislativo y Judicial, ámbitos donde se supone que se legisla y se administra justicia a favor de los ciudadanos.

De todos es conocido que cada vez es mayor el número de plazas del gobierno federal que se someten a la dinámica de contratación por honorarios y que quienes se contratan por esta vía, no cuentan con las prestaciones relativas a la seguridad social.

Aunado a esto, debemos mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 123, Apartado B, fracción XIV, que los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal que “La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen di frutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”.

Asimismo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), reglamentaria del artículo 123 constitucional Apartado B, dispone en su artículo 5, fracción tercera, numeral A, el catálogo de trabajadores de confianza que integran la plantilla laboral de la Cámara de Diputados. Mientras que, en el artículo 10 del mismo ordenamiento, se señala que: “Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga”.

Finalmente, la Ley citada en su artículo 43 fracción VII establece la obligación de los titulares de la relación laboral, en este caso, la Cámara de Diputados, d proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del ISSSTE, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la Norma y Reglamentos en vigor.

Por otra parte, debemos mencionar que en el ámbito jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de la Tesis Jurisprudencial/96 de agosto del 2009, Tomo XXX, página 1479, denominada Relación laboral hipótesis en que un contrato de prestación de servicios profesionales ofrecido por el demandado no acredita la naturaleza de u a relación diversa a la laboral, a favor de la protección de los trabajadores, contrarrestando los efectos de las llamadas “relaciones de trabajo encubiertas”, ya que en ella plantea claramente la existencia de una relación de trabajo proveniente de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, como son lo de honorarios.

Inclusive, en la ejecutoria correspondiente, encontramos un ejemplo de estudio detallado de un contrato civil de prestación de servicios profesionales, pues el Tribunal respectivo realizó un análisis y revisión de cada una de las cláusulas del contrato y a pesar de estar en presencia de una actividad profesional, se determinó que el ejercicio e ésta carecía de independencia, y por tanto, subsistía el elemento de la subordinación.

Ahora bien, en esta Cámara existe un número significativo de trabajado es que no están recibiendo las prestaciones laborales que marca la ley, por lo menos en los primeros contratos que recibieron no se les otorga el derecho a la seguridad social, situación que después de que votamos la reforma laboral resulta inconcebible. Lo anterior es así porque se utiliza la figura de contratación por honorarios proveniente de la legislación civil, la cual establece una relación contractual, de naturaleza no laboral, sino de prestación de un servicio profesional.

La realidad es que en los hechos los trabajadores de confianza o por honorarios que laboran en esta Cámara mantienen una relación laboral con funciones específicas y subordinadas a un jefe inmediato superior, todo ello disfrazado a través de la figura de prestación de servicios profesionales.

Para compartirles algunos datos, del total de número de plazas existentes en esta soberanía (5 mil 25) encontramos que al menos mil 658 fueron contrataciones por el régimen de honorarios, para los cuales se asignaron alrededor de 554. 5 millones de pesos, esta información se puede corroborar en el siguiente cuadro:

Ahora bien, en el pasada Legislatura, esta Cámara acordó otorgar seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a las personas que prestaban sus servicios profesionales, ya fuera a través de los grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios.

Para tal efecto, se creó un Fondo por 47 millones de pesos mediante el cual a partir del 01 de enero del 2011, se inscribió a todos los trabajadores de honorarios al ISSSTE, que tenían contrato eventual mínimo de un año y aunque esta situación en u principio podría haber afectado a un elevado número de trabajadores que no contaban con ese tipo de contrato, debido a que en Cámara los contratos se renuevan cada seis meses, el problema se resolvió a través del artículo 204 de la Ley del ISSSTE, donde se establece que las distintas dependencias del gobierno federal podrán celebrar convenios con el ISSSTE para inscribir a sus trabajadores eventuales, independientemente del tiempo en que dure su contrato eventual.

Derivado de lo anterior y en concordancia con lo anteriormente expuesto, creemos que es importante empezar por nuestra propia institución para dar un ejemplo de compromiso con los trabajadores que prestan sus servicios y apoyan a las tareas institucionales de esta Cámara y de los Grupos Parlamentarios.

No podemos ser omisos ante este tema, ya que el trabajo desempeñado por los asesores y asistentes de cada uno de nosotros, se ve reflejado en el trabajo administrativo de nuestras oficinas, en las Comisiones Ordinarias o Especiales a las que pertenecemos, en los Comités, en el Pleno y en las actividades que realizamos al interior y exterior de esta Cámara.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a otorga con la mayor brevedad seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta Cámara, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios.

Sede de la comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Junta de Coordinación Política a solicitar a la Dirección de Servicios del Palacio Legislativo el informe presentado por la CFE de la inspección técnica a las instalaciones eléctricas de este recinto legislativo e informar a este pleno sobre los mecanismos y las acciones que se prevé realizar, recibida de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de julio de 2013

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática del estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existen hechos inesperados en el acontecer del día a día, éstos pueden ser benéficos o por el contrario perjudicial, en el caso de los segundos, los denominamos accidentes, mismos que traen consigo daños integrales a la salud, economía, la familia, el trabajo y el desenvolvimiento de la o las personas que lo sufren.

Los accidentes suelen efectuarse principalmente por ignorar las medidas de prevención mínimas establecidas cuando se realizan acciones de riesgo que ponen en peligro la integridad de las personas.

Es natural el conocimiento de que ninguna persona está exenta de sufrir algún accidente, pero todos tenemos la capacidad de evitarlos, dado que en su mayoría son prevenibles, el respeto a las normas de seguridad en el hogar, lugares de trabajo, escuela o en la calle son un factor que abona a la reducción de accidentes.

El Palacio Legislativo de San Lázaro, edificio sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y espacio laboral para miles de empleados no está exento de ello, el ejemplo lo tenemos con el incendio del día 5 de mayo el año de 1989, mismo que destruyó parte del edificio que alberga el salón de sesiones, teniendo que ser trasladada la sede de manera momentánea a la Unidad Cultural y de Congresos Dr. Ignacio Morones Prieto, del Centro Médico Nacional del IMSS.

Después de un largo y preciso proceso de restauración en el me de octubre de 1992 se reanudaron las labores en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde hasta la actualidad permanece la sede.

Las autoridades correspondientes aprendiendo de la experiencia han dotado a la sede camaral de brigadas contra incendio y rescate en un constante adiestramiento bajo la supervisión de bomberos urbanos y prácticas de apoyo a desalojo mediante el proceso de rapel.

Se cuenta también con un buen sistema contraincendios con basto número de hidrantes con una potencia de chorro de agua de 130 caballos de f erza, además se apoya con alrededor de mil 250 extintores para todo tipo de fuego.

Sin embargo aún con todas las medidas preventivas anteriormente citadas, existe el riesgo permanente de que la sede de la Cámara de Diputados s a escenario de un accidente, pues cuenta con Transformadores obsoletos, mismo que dotan de energía eléctrica a este reciento.

En el año 2010 conociendo la antigüedad y las condiciones es que la Dirección de Servicios del Palacio Legislativo, solicitó a la Comisión Federa de Electricidad (CFE) se realizara una inspección técnica, misma que se efectuó por parte de la Zona de Distribución Aeropuerto, revisando equipos de suministro primario de energía y de respaldo de los Edificios, concluyendo con la entrega de un diagnóstico técnico de los mismos y con recomendaciones para garantizar la continuidad.

Los puntos revisados fueron los siguientes:

• Gabinetes de subestaciones

• Transformadores

• Plantas de emergencia

• Tableros principales

• Cableado

• Sistema de tierras.

Para 2012 se aprobó dar continuidad al estudio, siendo que la CFE entregaría un plan de trabajo donde se realizarían pruebas eléctricas a los transformadores y físico química al aceite de estos.

De esos entregables la CFE emitió resultados por cada banco situado en cada uno de los edificios que conforman esta sede, las conclusiones fueron las siguientes:

En el edificio A los bancos T1 y T2, se muestran transformadores con envejecimiento térmico normal por operación.

A pesar que el aceite utilizado para el buen funcionamiento de éstos se cambió en fechas reciente, las pruebas eléctricas nos indican ya un envejecimiento y contaminación del aislamiento de los devanados, por lo tanto una alta probabilidad de daño irreversible en caso de algún esfuerzo del equipo por arqueos internos, por sobrecarga o sobrecalentamiento. Lo que se resume en una sustitución.

Lo mismo sucede con el edificio B en su banco T1, que reporta que el transformador no cumple con especificación de la norma NMX-J-308-ANCE-2004, con un alta probabilidad de daño irreversible en caso de algún esfuerzo del equipo por arqueos internos, por sobrecarga o sobrecalentamiento.

Se recomendó sustituir el transformador de este edifico también.

El edifico C banco T1 indica que el transformador no cumple con especificación de la norma NMX-J-308-ANCE-2004, se recomendó un mantenimiento mayor y revisión de falsos contactos, los que significa sacar de operación este transformador por alrededor de tres meses.

Lo mismo requiere el transformador del edificio D T1 y con el edifico E en su banco T2, el edificio H en su T1, edifico I en su banco T1.

Lo anteriormente enunciado implica un riesgo latente para el personal que labora en los edificios de la Cámara de Diputados, por ello es necesario tomar las medidas de prevención y evitar accidentes futuros.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a solicitar a la Dirección de Servicios del Palacio Legislativo el informe presentado por la CFE de la inspección técnica a las instalaciones eléctricas de este recinto legislativo e informe a este pleno los mecanismos y acciones que se prevén realizar con la finalidad de evitar accidentes futuros y la inoperancia de las instalaciones.

Sede de la Comisión Permanente, a 24 de julio de 2013.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Julio 24 de 2013.)

Actas

Del Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura, concerniente a la reunión de instalación, que tuvo verificativo el miércoles 17 de julio de 2013

El miércoles 17 de julio de 2013, a las 15:00 horas, se realizó la reunión de instalación del Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sala Karl Marx, edificio B, primer piso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), conforme al siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum. A las 15:15 horas del miércoles 17 de julio de 2013, se realizó la reunión de instalación del Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura, con la presencia de los diputados Alberto Anaya Gutiérrez (PT), María de las Nieves García Fernández (Partido Revolucionario Institucional), Carmen Lucía Pérez Camarena (Partido Acción Nacional), Verónica Beatriz Juárez Piña (Partido de la Revolución Democrática), Judit Magdalena Guerrero López (Partido Verde Ecologista de México), Nelly del Carmen Vargas Pérez (Movimiento Ciudadano), Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza).

Se declaró quórum legal para iniciar la sesión de instalación del comité.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Se puso a consideración de los presentes la propuesta de orden del día, que fue aprobada por unanimidad de votos.

3. Palabras de bienvenida del presidente, Alberto Anaya Gutiérrez. Se desahogó satisfactoriamente este punto del orden del día.

4. Presentación de los integrantes. Se desahogó satisfactoriamente este punto del orden del día.

5. Designación y presentación del secretario técnico del comité. Se desahogó satisfactoriamente este punto del orden del día.

6. Declaración formal de instalación del comité, por el presidente, Alberto Anaya Gutiérrez: En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 16:30 horas del miércoles 17 de julio de 2013, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 30 de abril de 2013, se declara instalado el Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura.

7. Asuntos generales. Se desahogó satisfactoriamente este punto del orden del día.

Cerró la sesión de instalación el presidente, Alberto Anaya Gutiérrez.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 17 de julio de 2013.

El Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán de la LXII Legislatura

Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), presidente; María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López, Carmen Lucía Pérez Camarena, Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).

Convocatorias

De la Comisión Especial del Café

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá verificativo el viernes 2 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón II Tututepec del hotel Oaxaca Real, situado en Manuel García Vigil número 306, en Oaxaca, Oaxaca, código postal 68000.

A la reunión acudirán funcionarios de los gobiernos federal y estatal para tratar asuntos relevantes para el cultivo del café.

Se solicita que se confirme la asistencia llamando al número 50360000, extensión 52008.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, modificación y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera reunión ordinaria, celebrada el 16 de julio de 2013.

4. Mensaje del gobierno de Oaxaca.

5. Participación de funcionarios adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura.

6. Participación del ingeniero Belisario Domínguez Méndez, director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

7. Participación del delegado de la Sagarpa en Oaxaca, ingeniero Manuel García Corpus.

8. Participación del licenciado Ulises Soto, director general del Consejo Estatal de los Sistemas Producto del estado de Oaxaca.

9. Participación del director regional del Pacífico Sur de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ingeniero Perfecto Rubio Heredia.

10. Participación de funcionarios adscritos a la Dirección Regional de Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura en Oaxaca.

11. Asuntos generales.

12. Clausura.

Atentamente

Diputado Héctor Narcia Álvarez

Presidente

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público

A la reunión ordinaria por efectuarse el martes 6 de agosto, a las 13:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Análisis y discusión de las iniciativas en materia de la reforma financiera presentadas por el Ejecutivo federal el 15 de mayo de 2013.

4. Asuntos generales.

Atentamente

Diputado José Isabel Trejo Reyes

Presidente

De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte

A la novena reunión ordinaria, que se celebrará el miércoles 7 de agosto, a las 10:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Opinión de la comisión sobre el acuerdo enviado por el Congreso de Coahuila.

5. Informes de respuesta del gobierno federal sobre los acuerdos presentados por la comisión.

6. Asuntos generales.

Atentamente

Diputado Jaime Bonilla Valdez

Presidente

De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente

A la sexta reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el miércoles 7 de agosto, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente

Diputado Mario Rafael Méndez Martínez

Presidente

De la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 7 de agosto, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente

Diputado Mario Rafael Méndez Martínez

Presidente

De la Comisión de Recursos Hidráulicos

A la undécima reunión plenaria, por celebrarse el viernes 9 de agosto, a las 10:00 horas, en el salón Centenario, Country Club, sito en bulevar Canuto Ibarra 1031 Sur, Los Mochis, Sinaloa.

Atentamente

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa

Presidente

De la Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país

A la reunión que se llevará a cabo el viernes 9 de agosto, a las 15:00 horas, en la Universidad del Valle de México en Zapopan, Jalisco.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Verificación y declaración de quórum.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.

5. Análisis y discusión de la problemática de regularización de solares de los estados.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Omar Antonio Borboa Becerra

Presidente

De la Comisión de Ganadería

A la sexta reunión ordinaria, que se celebrará el miércoles 14 de agosto, a las 9:30 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, presentada por el diputado Raudel López López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura.

7. Lectura de correspondencia recibida.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

Atentamente

Diputado Salvador Barajas del Toro

Presidente

De la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

A la octava reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto, a las 16:00 horas, en el zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Verificación y declaratoria de quórum.

3. Aprobación del orden del día.

4. Revisión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la sexta reunión ordinaria.

5. Seguimiento y, en su caso, aprobación de la iniciativa para modificar los Ramos 28 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputado José Arturo Salinas Garza

Presidente

Invitaciones

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A la conferencia magistral El nuevo juicio de amparo y sus implicaciones en la administración de justicia, que se celebrará el martes 6 de agosto, de las 10:00 a las 12:30 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.

Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz, magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y presidente de la Academia de Justicia Constitucional.

Atentamente

Licenciado Sami David David

Director General

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al seminario Historia y actualidad del Congreso mexicano, que se llevará a cabo el jueves 8 de agosto, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.

Atentamente

Doctor Rafael Aréstegui Ruiz

Director General

De la Comisión de Puntos Constitucionales

Al diplomado El poder constituyente, derecho electoral y procesos legislativos que, con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes hasta el 22 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Programa

Módulo II. Régimen político y formas de representación parlamentaria.

Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, asambleísmo, aspectos generales del Derecho Parlamentario y de las prácticas parlamentarias, estudios comparados de modelos de Parlamento, el régimen de partidos y la representación parlamentaria, la LXII legislatura del Congreso de La Unión.

Fechas: 24, 26, 29, 31 de julio, y 2, 5, 7, 9, 12 y 14 de agosto.

Módulo III. La organización del Congreso.

El marco legal del Congreso, los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, las comisiones legislativas, la organización administrativa y técnica, el debate parlamentario, las asociaciones regionales e internacionales de carácter parlamentario.

Fechas: 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de agosto, y 2, 4 y 6 de septiembre.

Módulo IV. El Proceso Legislativo.

Facultades concurrentes, facultades concurrentes y las facultades exclusivas de las Cámaras federales y locales. Los proyectos legislativos, iniciativas, proposiciones, dictámenes, los trámites parlamentarios, la iniciativa de trámite preferente, la iniciativa popular. El trámite legislativo. Nuevos sujetos del proceso parlamentario: la consejería jurídica, la Comisión Federal de mejora Regulatoria, los órganos de enlace ante el Poder Legislativo, los cabilderos. El proceso de interpretación de la ley, el papel de la suprema corte de justicia.

La viabilidad de proyectos legislativos: conceptos y herramientas; los sistemas de administración parlamentaria; la contratación y administración del personal parlamentario; los sistemas de información parlamentaria; la asesoría y la consultoría parlamentaria; el perfil legislativo: elegibilidad-cualificación-representación.

Fechas: 9, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de septiembre, y 2 de octubre.

Módulo V. Las funciones presupuestal, económica y de control y fiscalización del Congreso.

El proceso presupuestario, económico y fiscal, límites y alcances; el sistema de control ingreso-gasto; la cuenta pública; la legislación de responsabilidades de los servidores públicos; las auditorias públicas, el dilema de la reconducción presupuestal, tipos y opciones de presupuestos aplicables para México.

La evaluación de las políticas públicas, la fiscalización de la gestión pública, indicadores y evaluación de la gestión pública; la evaluación por programas; el papel del poder legislativo en el control de la gestión pública y en la búsqueda de un gobierno de resultados.

La representación y la transparencia; mecanismos de rendición de cuentas, el combate a la corrupción.

Fechas: 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de octubre.

Módulo VI. Reforma del estado y reforma parlamentaria.

Representación política; minorías; consultas; la integración territorial; el parlamento en la gobernanza, calidad legislativa y proceso parlamentario; nueva representación, transformación moderna de la ley; la relación pleno-comisiones; las reformas del marco jurídico; la legislación delegada; la afirmativa y negativa ficta; la reestructuración de las comisiones; la evaluación del impacto de las reformas legislativas, las tecnologías de la información y comunicación, y el Poder Legislativo.

Plebiscito, referéndum e iniciativa popular; la ética y la rendición de cuentas legislativa; las nuevas tecnologías en los procesos parlamentarios, reforma política, reforma del Estado y desarrollo en el mundo, América Latina y México. Escenarios para el futuro.

Aspectos para implantar el servicio civil de carrera en el Congreso de la Unión y los congresos locales; mecanismos de consulta ciudadana; plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato.

Fechas: 28 y 30 de octubre, y 4, 6, 8, 11, 13, 15 y 20 de noviembre.

Ceremonia de clausura: 22 de noviembre.

Programación sujeta a cambios.

Atentamente

Diputado Julio César Moreno Rivera

Presidente

De la Comisión de Derechos Humanos

Al diplomado Derechos humanos, sistema de justicia y derechos de las víctimas que, con la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realizará los martes, miércoles y jueves comprendidos del 6 de agosto al 19 de diciembre, de las 8:00 a las 10:00 horas.

El diplomado está dirigido a legisladores, servidores públicos, organizaciones no gubernamentales, investigadores, estudiantes y personas interesadas o relacionadas con los derechos humanos en el entorno de la política, las instituciones internacionales y la formulación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno o desde la sociedad civil.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Informes e inscripciones del 1 al 31 de julio, de las 10:30 a las 14:00 horas, en los teléfonos 5628 1300, extensión 2281; y 044 55 2309 4730, 044 55 2921 2480 y 044 55 3666 5185, así como en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, situadas en el segundo piso del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Correos electrónicos: diplomado.camara@gmail.com

http://diplomadocamara.wix.com/diploderechoshumanos

Se desarrollan 6 módulos, en 60 sesiones, con 120 horas de trabajo.

Programa

Módulo I. Conceptos básicos y evolución de los derechos humanos.

Fechas: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 27 de agosto.

Módulo II. La protección internacional y regional de los derechos humanos.

Fechas: 28, 29 de agosto, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17 y 18 de septiembre.

Módulo III. Instituciones, marco jurídico y organización social en materia de derechos humanos.

Fechas: 19, 24, 25, 26 de septiembre, 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de octubre.

Módulo IV. Seguridad pública, Fuerzas Armadas y derechos humanos.

Fechas: 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 de octubre y 5 de noviembre.

Módulo V. Delitos colectivos y derechos humanos (trata de personas, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, centros penitenciarios).

Fechas: 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 y 27 de noviembre.

Módulo VI. La perspectiva de los derechos humanos en el siglo XXI.

Fechas: 28 de noviembre, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de diciembre.

Atentamente

Diputada Miriam Cárdenas Cantú

Presidenta