Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3744-VI, martes 9 de abril de 2013
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente para que el hospital central Doctor Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí, sea reconocido y clasificado como regional de alta especialidad, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, Jorge Terán Juárez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Rebeca Terán Guevara, José Everardo Nava Gómez, óscar Bautista Villegas, Mirna Hernández Morales, Adolfo Bonilla Gómez, Enrique Cárdenas del Avellano, María Concepción Navarrete Vital, Abel Octavio Salgado Peña y del Partido Acción Nacional: María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Enrique Alejandro Flores Flores, Xavier Azuara Zúñiga y Felipe de Jesús Almaguer Torres, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
Existen diversos antecedentes legislativos, que datan desde la LIX Legislatura, encaminados a dotar al Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, el carácter de Centro Regional de Alta Especialidad.
El 10 de marzo de 2011, se turnó a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que emita un Decreto para la creación del Hospital Regional de Alta Especialidad como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Sectorizado a la Secretaría de Salud, presentada por la diputada Delia Guerrero Coronado.
El 8 de noviembre de 2011 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, votó por unanimidad el Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a crear, mediante decreto, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” en el Estado de San Luis Potosí, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría.
El 5 de noviembre del año 2012, los Senadores César Pedroza Gaitán; Maki Ortiz Domínguez y Sonia Mendoza Díaz del PAN, así como el senador Teófilo Torres Corzo del PRI, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo para Exhortar a la Secretaría de Salud a reconocer el Hospital Central como Centro Regional de Alta Especialidad y a la Cámara de Diputados para asignar en el PEF 2013 los recursos necesarios acordes con la naturaleza y funciones que realiza el hospital.
En esa misma fecha, el honorable Congreso del estado de San Luis Potosí exhortó respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que realizara las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, para la consecución del objeto en comento.
El 8 de noviembre del año en curso, la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado de San Luis Potosí, aprobó por unanimidad en sesión ordinaria del día de la fecha, Punto de Acuerdo, que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2013, se prevean recursos que permitan al Ejecutivo Federal decretar al Hospital Regional de Alta Especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto” del Estado de San Luis Potosí, como organismo público descentralizado de la administración pública federal. Dicho Acuerdo, se remitió a la Cámara de Diputados y fue publicado el 14 de Noviembre en Gaceta Parlamentaria.
Finalmente, el Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, encabezado por el doctor Fernando Toranzo Fernández, ha realizado adicionalmente diversas gestiones para hacer posible el establecimiento del Centro Regional de Alta Especialidad.
Consideraciones
1. El Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto se ha caracterizado por ofrecer atención a todo tipo de población que llega a pedir un servicio médico e históricamente ha sido el centro de referencia de los estados circunvecinos como son Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas.
2. En el año 2011, por consulta externa se atendieron como pacientes de primera vez, al 2.35% de los usuarios que solicitaron este servicio y que provenían de otros estados. En Urgencias y bajo el mismo criterio, se atendió el 3.23% de pacientes de otros estados y finalmente en Servicios de Hospitalización se ofrecieron servicios médicos al 4.07%. Esto nos da un total de 9.65% de atenciones brindadas a otras entidades federativas.
Los pacientes proceden principalmente de entidades federativas como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, entre otras.
3. Se realizó un análisis de los egresos hospitalarios reportados en el SAEH en el periodo 2011 y de enero a agosto del 2012, ya que estas representan el mayor costo para la institución y muchas de ellas no son cubiertas por el IMSS, ISSSTE o el Sistema de Protección Social en Salud por diferentes razones.1
4. En el año 2011 se egresaron 17,594 pacientes de los cuales 717 eran de otros estados de la República Mexicana, lo que representa el 4.07% del total de egresos.
5. El costo de las atenciones otorgadas durante el 2011 a los pacientes de otras entidades federativas fue de $ 27,351,922.44 y en el 2012, hasta agosto, se lleva gastado $14,406,325.76 lo que nos da un gran total de $ 41,758,248.20.
5. A mayor abundamiento es menester destacar que:
– La asignación presupuestal federal para el año 2012 fue de $ 156,801,580.87 (ciento cincuenta y seis millones ochocientos un mil quinientos ochenta pesos 87/100 M.N.) y que procede de FASSA.
– El hospital de referencia es de los últimos lugares en presupuesto ya que este llega vía los Servicios de Salud de San Luis Potosí y no directamente de la Federación como para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
Es necesario hacer notar que el hospital central como prestador de servicios de especialidad comparado con los diversos hospitales de su tipo en el país, recibe 3.5 veces menos presupuesto por cama censable, respecto al Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, mientras que 14.4 veces menos respecto al presupuesto por cama censable asignado para el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por mencionar sólo algunos estados.
Aproximadamente, el presupuesto federal requerido para operar de manera óptima se calcula en $752,000,000.00 (setecientos cincuenta y dos millones de pesos) lo que cubriría el capítulo 1000, 2000 y 3000. Para su funcionamiento adecuado se requiere al menos 2.8 mdp anuales por cada una de las 269 camas censables.
Los principales argumentos para solicitar su conversión a hospital de tercer nivel (Hospital Regional de Alta Especialidad), se pueden sintetizar en:
– El Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como objeto la investigación científica en el campo de la salud, formación y capacitación de recursos humanos calificados, prestación de servicios de atención médica de alta especialidad y cuyo ámbito de acción comprende el territorio nacional.
– El hospital cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley de Institutos Nacionales de Salud publicada en el DOF el 26 de mayo de 2000 y para la creación del ente descentralizado de la administración pública federal.
– Reúne los requisitos tanto para formalizar al Hospital como Instituto Nacional como para convertirse en Hospital Regional de Alta Especialidad.
Con el objeto de clarificar y con los fines expositivos del presente documento, a continuación se exponen a detalle en diferentes cuadros, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Institutos Nacionales de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000 y para la creación del ente descentralizado de la administración pública federal.
Bajo el anterior orden de ideas, es menester señalar que el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto inaugurado en 1946, es el único que proporciona atención a población abierta. Actualmente ofrece 76 especialidades médicas, otorga más de 1,500,000 atenciones por año, es campo clínico para 5 carreras universitarias y 19 posgrados, considerado un centro regional formador de recursos humanos para la salud y de investigación.
Su principal política es el “cero rechazo” a pacientes. Da servicio como Hospital regional, ya que en el año 2011 egresaron 17,594 pacientes de los cuales 717 eran de otros estados (Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas), lo que representa el 4.07% del total.
Además, vale dejar en claro que el Hospital ha sido acreditado para la atención en servicios de Alta Especialidad por la Subsecretaría de Innovación y Calidad y el Comité de Acreditación, como prestador de servicios al Sistema de Protección Social en Salud, en las siguientes patologías: neonatología, VIH—-Sida, cáncer cervicouterino, catarata, leucemia linfoblástica aguda, cáncer en adolescentes, cáncer testicular, linfoma, hemofilia, enfermedades lisosomales, cáncer de glándula mamaria, cáncer de próstata y trasplante de cornea.
A lo anterior, es preciso agregar que el Hospital Central cuenta con el Programa de Posgrado de Residencias Médicas en dónde ofrece 12 especialidades médico quirúrgicas y 7 subespecialidades, dentro de estas últimas ofrece formación académica en geriatría, neonatología, neurología adultos, neurología pediátrica, reumatología, nefrología y cardiología.
Actualmente cuenta con una capacidad de 269 camas censables y 137 no censables. En 2011 egresaron 17,400 pacientes, siendo su porcentaje de ocupación superior al 93%.
No omitimos que este hospital ha recibido el reconocimiento federal del 1er. Lugar Nacional en Donación Cadavérica de Órganos. De enero a septiembre 2012 se han realizado 55 trasplantes de riñón, 11 de hígado y 33 de cornea.
Actualmente cuenta con nuevos servicios clínicos como son el Centro de Información y Atención Toxicológica en el Servicio de Urgencias, Genética Clínica, Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Avanzado en Oftalmología, Plasmaféresis y Plaquetoféresis, Cirugía Bariátrica, Resonancia Magnética y Trasplante de Hígado.
A pesar de lo anterior, el Hospital Central tiene dificultades financieras y presenta una creciente demanda asistencial, dada la alta responsabilidad institucional de atender a la población sin seguridad social, aproximadamente 1.45 millones de personas. El presupuesto federal asignado, no ha aumentado conforme a la vocación y política del Hospital de “cero rechazos y atención a población abierta”, anualmente exenta de pago en aproximadamente 105 mdp anuales.
En conclusión, el hospital central es una institución de asistencia regional que atiende a población sin seguridad social con una política fundamental de “cero rechazos”; es un centro regional formador de recursos humanos para la salud y la investigación, que requiere de inversión para modernizar infraestructura y equipo, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de servicios complejos de la comunidad, con calidad y seguridad.
Es ineludible la necesidad de contar con un presupuesto acorde al grado de especialidad y complejidad de las atenciones que otorga, y desde luego un presupuesto acorde a las demandas y derechos de los ciudadanos.
En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la presente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a emitir el decreto correspondiente, a efecto de que el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, por virtud de sus características y servicios, sea reconocido y clasificado como “hospital regional de alta especialidad”, dando con ello respuesta a una reiterada y legítima demanda tanto de la entidad como de de los usuarios, pertenecientes a los estados circunvecinos como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo y Tamaulipas.
Nota
1 Cabe hacer mención que los datos estadísticos del 2012 son concordantes con lo presentado el 2011, por lo que con fines demostrativos, sólo se menciona ese año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputados: Jorge Terán Juárez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, José Everardo Nava Gómez, Óscar Bautista Villegas, Enrique Cárdenas del Avellano, María Concepción Navarrete Vital, Abel Octavio Salgado Peña, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Enrique Alejandro Flores Flores, Xavier Azuara Zúñiga, Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Mirna Hernández Morales, Adolfo Bonilla Gómez
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución por el que los diputados de la LXII Legislatura reiteramos nuestro respaldo a la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013; y por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
En diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, el Ejecutivo federal presentó junto con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión con un amplio consenso (72% de los diputados federales y 88% de los senadores votaron a favor). Del mismo modo, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, por lo que el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo de la reforma educativa es garantizar la educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los medios para alcanzar el citado objetivo son los concursos de oposición de los maestros, tanto para el ingreso y permanencia en el servicio docente, como para la promoción a cargos administrativos o de supervisión. Así mismo, la reforma en materia educativa establece, desde la Constitución, la evaluación universal a los profesores a través de un órgano autónomo y con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.
La evaluación del sistema educativo permite detectar sus deficiencias para la implementación de soluciones, e incentiva a los maestros a mantenerse actualizados en lo relativo a contenidos y a las mejores prácticas pedagógicas. Las implicaciones de la evaluación universal, por lo tanto, son positivas: mayor transparencia del estado que guarda la educación, docentes más capacitados y competitivos, niños y jóvenes mejor preparados.
La evaluación en ningún caso supone una vulneración de los derechos laborales de los profesores. Al contrario, los profesores conocen bien sus ventajas puesto que ellos la aplican a sus alumnos para medir su desarrollo pedagógico. A través de la evaluación y del proceso de capacitación que la precederá, los profesores adquirirán nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, serán personas más preparadas y mejor formadas en un mundo cada vez más competitivo. Podrán educar mejor a los niños y jóvenes, quienes recibirán una instrucción de mucho mejor calidad.
A pesar de lo anterior, aún existen en México grupos que anteponen sus intereses a los intereses de la nación; grupos que, con tal de preservar sus privilegios, están dispuestos a sacrificar el futuro del país. De este modo, un reducido número de profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero, recientemente y haciendo uso de tácticas de chantaje político, han pretendido echar atrás la recién aprobada reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales.
En Oaxaca, unos cuantos maestros – que no representan ni el 10% del gremio de la entidad – adheridos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado calles, carreteras y casetas, han ingresado a las instalaciones de radiodifusoras y han bloqueado centros comerciales y edificios públicos, afectando la actividad económica y turística de la entidad. Este reducido grupo, además, emprendió una campaña para desinformar a la sociedad con respecto a los fines y los alcances de la reforma en comento. Lo más grave: llevaron a cabo un paro de labores que afecta a más de un millón 300 mil alumnos.
Entre las demandas planteadas por los que se manifiestan se encuentra la entrega de novecientas veinte plazas, sin una previa evaluación. Asimismo se manifiestan en contra de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares).
En Guerrero la situación no ha sido diferente: pocos maestros – que buscan mantener sus privilegios y seguir con la política de vender y heredar plazas – han recurrido al paro de labores, a las manifestaciones, a los bloqueos de carreteras y a la toma de edificios públicos como maniobras para presionar a los poderes públicos del estado a que cedan a sus demandas. En este sentido, el pasado 22 de marzo la autopista del sol fue bloqueada durante más de nueve horas. La pretensión: que la entidad, en los hechos, permanezca exenta de los alcances de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año.
Las conductas descritas han significado una sistemática violación al Estado de Derecho, que debe ser sancionada conforme al orden normativo aplicable. No obstante, ante la ausencia de determinación por parte de las autoridades, los grupos mencionados que incurren en estas faltas se aprovechan y buscan negociar algo innegociable: la aplicación de la ley suprema de nuestro país, la Constitución Política.
A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se produzca en el país y ésta no la puede contradecir. La supremacía de la Carta Magna no puede estar sujeta a chantajes políticos, así como su aplicabilidad en todo el territorio nacional no acepta ningún tipo de exención. Sin embargo, en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, sucumbió a las presiones e hizo suya la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para reformar la Ley Estatal de Educación; iniciativa a todas luces inconstitucional, que pretende otorgar plazas a normalistas de manera automática – sin concurso de por medio – y evadir la evaluación a la que por disposición constitucional están obligados todos los maestros.
Tras la reforma educativa aprobada, el artículo tercero de la Constitución establece claramente, en su fracción IX, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.
La prueba ENLACE ha evidenciado la mala situación en la que se encuentra el sistema educativo en los estados de Oaxaca y Guerrero, los cuales en 2006, en el rubro de matemáticas, tenían los porcentajes más altos de alumnos con bajo nivel. En 2012 la situación para Guerrero mejora, y sin embargo, más de la mitad de los alumnos permanecen en niveles de aprovechamiento bajos.
Ceder a los chantajes de las cúpulas sindicales implica condenar a los alumnos de dichas entidades al subdesarrollo y al atraso, además de representar flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo tercero constitucional que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición del edificio del IFE, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La utilización de los recursos públicos siempre ha sido un tema polémico; la desviación de estos consiste en que un funcionario encargado de la administración de fondos estatales, destine los mismos a un cometido público distinto de aquel al que estuvieren jurídicamente destinados.
Esta figura delictiva ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento, ya que la sociedad cada vez exige más transparencia en el manejo de estos recursos que, se supone, debe de ser para el servicio de todos. Con todo y los organismos de transparencia que se han creado en años pasados, el acceso a la información y la disposición de recursos públicos parece ser todavía un tabú entre la sociedad.
En la Quinta Encuesta Global sobre Delitos Económicos llevada a cabo en el año 2009, por Price Water House Coopers junto con la Escuela de Negocios in Sead, se publicó que México fue ubicado en el sitio número cinco de cincuenta y cuatro países avanzados y en vías de desarrollo en que se cometen un mayor número de fraudes económicos y delitos financieros.
Un claro ejemplo del tema en comento es la construcción del monumento emblemático llamado “Estela de Luz”. Sabemos que fue un derroche y un gasto torpe, existiendo mejores proyectos. Esta obra inicialmente costaría 200 millones de pesos; pero finalmente representó una inversión total de mil treinta y cinco millones de pesos; es indignante que en nuestro país existan necesidades básicas pendientes de subsanar y que el Gobierno Federal gaste los recursos públicos en una construcción arquitectónica llena de irregularidades.
Otro caso evidente es la construcción del moderno edificio sede del Senado, ubicado en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Inmueble construido en total corrupción, incurriendo en pagos anticipados, erogaciones en exceso, deficiencias en la aplicación del ajuste de costos y trabajos de mala calidad.
La controvertida sede del Senado cuyo presupuesto debió incurrir en mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos termino costando tres mil doscientos setenta y seis millones de pesos, arrojando un costo final de cuarenta y tres mil pesos metro cuadrado para cada uno de sus 75 mil metros, por eso hoy la nueva sede está bajo la lupa y conforme aparecen los números crecen las preguntas sobre sus costos y las muy cuestionables decisiones que se tomaron para su majestuosa construcción
La nueva casa del senado fue construida con materiales insensibles a la problemática y demandas de la ciudadanía, ya que, mientras la crisis golpeaba los bolsillos de millones de trabajadores, se aprobó para su construcción un cincuenta y dos por ciento más del presupuesto destinado.
El propósito de este punto de acuerdo es destacar el caso de la adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa en la Ciudad de México por el Instituto Federal Electoral (IFE) en base a un avalúo realizado por Banobras, que proyectó la cantidad de doscientos sesenta y dos millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General del IFE, una de las dos áreas del edificio fue adquirida en doscientos sesenta y dos millones de pesos. Sin embargo, el Órgano de Fiscalización subraya que la Escritura No. 51617, de diciembre del año 2007, consignó que las dos áreas del mismo edificio estaban valuadas en cuarenta y cinco millones de pesos.
Sobre las acciones realizadas para adquirir el inmueble rentado en el año 2008 y comprado en el año 2009, se afirma que había un Acuerdo de la Junta General Ejecutiva que señalaba que para instalaciones arrendadas solamente se podían hacer inversiones no mayores a 550 mil pesos. A su vez, existe un Acuerdo del Consejo General del IFE, que facultaba a la Secretaría Ejecutiva a fin de realizar las inversiones y ejercicios que fueran necesarios para cumplir con sus obligaciones legales.
La Contraloría manifiesta que para la compra del inmueble de mérito, no se consideraron recursos presupuestales suficientes, se estableció la adquisición mediante adjudicación directa, se desechó la modalidad del pago mediante arrendamiento financiero, no se consideró la situación legal y administrativa del inmueble y no se efectuó un análisis económico del costo de los pisos a adquirir en copropiedad.
A pesar de que el Contralor del IFE, Gregorio Guerrero, presento un expediente de 456 cuartillas muy claro y preciso en cuanto al rechazo del primer avalúo por 118 millones de pesos y la solicitud de uno nuevo para justificar la compra.
Los ocho consejeros electorales con derecho a voto en el máximo órgano de dirección del IFE declararon improcedente el expediente administrativo en el que el Contralor General, proponía sancionar al funcionario Fernando Santos Madrigal quien fungió como Director Ejecutivo de Administración del organismo, concluyendo que no hubo irregularidad alguna en la compra del edificio.
La determinación de exonerar al funcionario y la resolución de los consejeros es sin lugar a dudas, indigna ya que no hay congruencia con la postura pública sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al consejo General del IFE, a reconsiderar el desechamiento del informe presentado por el contralor General, referente a la adquisición de un inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, en el Distrito Federal, por resultar a todas luces un grave casi de corrupción.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie las investigaciones correspondientes, por la probable comisión de diversos delitos, en el caso del informe del contralor General del IFE sobre el tema de la compra de un edificio ubicado en la Avenida Acoxpa en el Distrito Federal
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril de dos mil trece.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director del IMSS a implantar dispositivos que regulen las guarderías subrogadas a escala nacional, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI
María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al doctor José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar mecanismos que regulen las guarderías subrogadas a nivel nacional.
Exposición de Motivos
El esquema de guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, nace en el año 1994 con un éxito incuestionable “atender la demanda de este servicio a través de micro y medianas empresas sociales coadyuvantes del estado, integradas en la economía formal”.
Hasta 1999 la relación entre prestadores del servicio y el instituto fue de cordialidad y de unión de esfuerzos para otorgar una atención de calidad, seguridad y sobre todo de compromiso con su trabajo.
A partir de 2001 se dio inicio al debilitamiento del esquema, ya que al abaratar los costos operativos se vio afectada directamente la atención a los usuarios, debido a la disminución de la cuota de servicio que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pagaba; asimismo se redujo la plantilla de personal, bajaron perfiles de puesto, cambiaron de menús, hubo menor requerimiento de equipo y mobiliario y además disminuyeron las horas de servicio de 12 a 9 horas, por lo que muchas madres no contaron con el apoyo en su jornada laboral y todavía persiste esta situación.
Este fue el inicio del desmantelamiento de un esquema de gran calidad, así llegamos a 2009 con la lamentable tragedia en una guardería de Sonora. A partir de ese momento cambian los requerimientos referentes a seguridad con estándares de primer mundo y que los prestadores con toda la responsabilidad y compromiso que asumen al iniciar una empresa de atención a niños y niñas han implementado.
Las acciones aplicadas en los últimos diez años por la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social ha generado la inviabilidad del esquema de guarderías subrogadas por diferentes circunstancias, pero todas han llevado a considerar lamentablemente la no renovación contractual y así se perdieron en diciembre del año 2009 más de 120 espacios altamente calificados y profesionalizados.
En el mes de diciembre de 2012 se sumó la perdida de aproximadamente 36 guarderías afectando a acerca de cinco mil niños y niñas aunado a la pérdida de mil quinientos empleos directos y mil empleos indirectos aproximadamente a nivel nacional.
Cabe señalar que la autoridad institucional lleva tres años solicitando, cambiando y requiriendo, según su criterio y libre albedrío, los contratos, lo cual está llevando al esquema hacia la inviabilidad.
En el mes de diciembre de este año está por llevarse a cabo la renovación contractual y es inminente encontrar el punto ganar–ganar para darle permanencia a este esquema otrora exitoso, pero vemos con gran pesar que nuevamente cambian requerimientos y criterios que exigen nuevas inversiones para lo cual ya no hay recursos y esto podrá llevar a que aproximadamente 250 guarderías no puedan continuar prestando el servicio, situación muy lamentable por los altos estándares con los que actualmente ya cuentan las guarderías y no hace falta hacer más cambios.
La autoridad institucional no ha querido asumir el costo de estos requerimientos constantes y los prestadores están solicitando la actualización de la cuota de servicio, para lograr la viabilidad y seguir adelante con los proyectos en donde se atiende a los niños con gran calidad, en esta etapa donde indudablemente se forman las bases del desarrollo de todo ser humano y además se trabaja con las madres de familia para incidir en una buena educación, condición nutricional, preservación y fomento de la salud.
Sería muy lamentable el cierre de al menos una guardería, pues es terrible la idea de que pierdan el servicio y beneficio las madres trabajadoras e hijos, por decisiones unilaterales e injustas sobre las guarderías subrogadas que son en primer lugar asistenciales.
Asimismo, no hay que perder de vista que el esquema real ha generado incertidumbre jurídica y financiera, esto denota una afectación directa sobre la atención a niños y niñas, tan es así que es obvio e indispensable generar políticas públicas que permitan ampliar la cobertura del servicio con más y mejor calidad, atención y seguridad para las familias.
Esto va encaminado a instaurar una relación de equidad y justicia entre la autoridad institucional y los prestadores del servicio, lo que implica responder a los derechos fundamentales de niños y niñas, no sólo porque se lo merecen, sino porque permite el crecimiento y desarrollo del esquema que se inició en primera instancia con gran calidad.
Es un hecho que el cierre o cancelación del servicio de una guardería tiene un gran impacto social:
En primer lugar, atenta contra los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Sin duda la actividad de las guarderías forma parte del desarrollo integral de la niñez, como es:
• La alimentación, el aseo e higiene, la educación, la recreación, la salud, la seguridad, y demás necesidades básicas.
• Se negaría la ayuda de resolver el aspecto social de incorporación laboral de la mujer en el ámbito laboral.
• Incumple con la prestación laboral y derechos de las mujeres trabajadoras, propiciando en muchos casos que pierdan su fuente de trabajo al no tener quién les cuide a sus hijos.
• El proceso de desenvolvimiento y desarrollo social de los infantes se vería afectado. Tan es así que una guardería constituye una guía de la etapa más temprana de un niño, donde se propicia un ambiente de confiabilidad y estimulación apropiada para el crecimiento y formación de su personalidad.
De manera particular en el estado de Baja California cerraron cinco guarderías el año pasado, dos en Mexicali y tres entre Tijuana y Ensenada, esta situación ha sido alarmante.
Por ello a fin de resolver esta problemática general, nos encontramos con el propósito de rescatar este servicio social organizado de atender a niños y niñas cuyos padres se ven obligados a permanecer fuera del hogar por razones de trabajo; pues se busca estimular el desarrollo físico, mental y emocional de la niñez.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa al doctor José Antonio González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de su competencia, establezca y fije fecha para llevar a cabo una mesa de diálogo con los prestadores de servicios de guarderías (subrogadas), con el objetivo de escuchar sus planteamientos referentes a los temas relativos a: Analizar los recursos del ramo de guarderías; determinar la cuota que proporcione viabilidad financiera a las guarderías subrogadas, establecer y difundir el mecanismo para apoyar a las madres que han perdido esta prestación por el cierre de guarderías a nivel nacional, con la finalidad de firmar un contrato bilateral que favorezca a las partes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a publicar en el DOF información relativa a la regulación de los precios y las tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas LP, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la directiva de regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP, así como el estudio a que se refiere el numeral 2.8 del apartado primero de dicha directiva, a fin de que esta entre en vigor, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Secretaría de Energía publicó la directiva, sin que ésta a la fecha haya entrado en vigor y sin aplicarse, misma que es total y absolutamente inoperante, toda vez que en el artículo segundo transitorio señala que la aplicación de las tarifas máximas está sujeta a la publicación del estudio a que se refiere el numeral 2.8 del apartado primero.
La directiva establece el mecanismo económico a través del cual los permisionarios de Gas LP podrán determinar las “tarifas máximas” por los servicios de distribución que prestan a los consumidores finales de dicho combustible.
En este sentido, mientras la Secretaría de Energía no elabore y publique el citado estudio, necesario para que tenga plena vigencia la directiva, ésta será letra muerta y se continuará causando daño y perjuicio a los consumidores y a la red de de permisionarios de Gas LP.
De los antecedentes citados, se desprende que las obligaciones a cargo de la Secretaría de Energía son las siguientes:
a) Establecer mediante directiva la regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución.
b) Publicar la directiva en el Diario Oficial de la Federación, en un periodo que no deberá de exceder de doscientos cuarenta días hábiles.
c) El periodo inició el 6 de diciembre de 2007 y concluyó el 28 de noviembre de 2008.
Aún y cuando en septiembre de 2010 se publicó una directiva, dicho sea de paso, mucho tiempo después del plazo establecido en el RGLP, ésta quedó sujeta a la publicación del estudio a que se refiere el numeral 2.8 del apartado primero de dicha directiva.
El citado estudio no se ha publicado a la fecha, quedando en consecuencia sin cumplir la obligación a cargo de la Secretaría de Energía.
Bajo este contexto, es importante precisar que es de especial prioridad el que se publique en el Diario Oficial de la Federación “la directiva de regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP”, ya que dicho instrumento dará certeza jurídica a los entes involucrados en la comercialización del este energético, así como al consumidor final del mismo.
Por tanto, es necesario mencionar la importancia que tiene el Gas LP en el consumo nacional, dado que más del 80 por ciento de los hogares mexicanos consumen Gas LP, la demanda interna de este combustible en el sector residencial asciende a 181 mil barriles diarios. Así mismo, nuestro país tiene que importar cerca del 30 por ciento del Gas LP que se consume.
Bajo este contexto, el Gas LP tiene una importancia social considerable en México ya que representa, además de un insumo de uso familiar, un energético estratégico, precisamente por eso es relevante el que se cumpla con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de “la directiva de regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP”, a fin de evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final de este bien.
Cabe mencionar que la directiva está orientada a determinar las tarifas máximas que deberán observar los permisionarios que realicen los servicios de distribución en las siguientes modalidades: entrega en planta, entrega en bodega, entrega en domicilio y entrega en estación de carburación, que forman parte de la actividad de distribución de Gas LP; sin perjuicio del derecho que tienen de negociar tarifas menores entre distribuidores, adquirentes y usuarios finales.
Bajo este escenario, se considera relevante el punto de acuerdo en comento, ya que busca dar certeza jurídica y económica al funcionamiento comercial del sector del gas natural, el cual es de suma relevancia para la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos los siguientes
Considerandos
Primero. Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, la regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4, segundo párrafo, de la misma ley, tendrá por objeto asegurar el suministro eficiente y comprenderá, de conformidad con la fracción II del propio artículo 14, la determinación de los precios y tarifas aplicables, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
Segundo. Que de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2007, corresponde a la Secretaría de Energía regular los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP, con excepción de aquellos supuestos cuya regulación corresponda a la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus atribuciones, mismo que en términos del artículo primero transitorio, entró en vigor el 6 de diciembre de ese mismo año.
Tercero. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del citado Reglamento, corresponde a la Secretaría de Energía establecer mediante directiva la regulación de precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP, con excepción de aquellos supuestos cuya regulación corresponda a la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus atribuciones; regulación de las tarifas máximas aplicables a la actividad de distribución de Gas Licuado de Petróleo, sin que a la fecha esté en vigor.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía a ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de “la directiva de regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de Gas LP”, ya que dicho instrumento dará certeza jurídica a los entes involucrados en la comercialización de este energético, así como al consumidor final del mismo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía a publicar en el Diario Oficial de la Federación el “estudio a que se refiere el numeral 2.8 del apartado primero de dicha directiva”.
Tercero. En caso de que la Secretaría de Energía determine que no es factible la publicación de los instrumentos regulatorios señalados en los artículos anteriores, se exhorta a dicha dependencia a expedir los mecanismos económicos más eficientes, a fin de dotar a los permisionarios de Gas L.P., de las “tarifas máximas” por los servicios de distribución que prestan a los consumidores finales de dicho combustible.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Germán Pacheco Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan urgente para combatir la inseguridad y la ola de violencia que aqueja a diversos estados, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México, y esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales, ya sea entre ellas mismas o con las fuerzas de seguridad estatales y federales, situación grave que aqueja a quienes no tienen la culpa, los ciudadanos, la población en general y quienes tienen que “pagar los platos rotos” por la incapacidad del gobierno para brindar la tan demandada seguridad.
Hace días terminamos el sexenio de Felipe Calderón, un sexenio que se destacó, no por un enorme crecimiento económico, ni por ser generador de millones de empleos como lo prometiera el expresidente en su campaña, sino porque ha sido el sexenio más violento en la historia reciente de México, más de 101 mil muertos, que ubicaron al país como el más violento, por delante de Kirguistán, Haití o Pakistán e incluso, se superaron los más de 100 mil decesos de la guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995; lamentablemente el panorama que hemos podido apreciar, ante el inició de la nueva administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no es muy alentador, ya que la violencia y muerte siguen manifestándose en todo el país, esencialmente en la inseguridad, que vive la población que se ve afectada por el aumento de los delitos, y el auge imparable del narcotráfico que vemos desde el “sexenio del horror” con Calderón.
A lo largo de la república mexicana continúan siendo noticia, de todos los días, los levantones, ejecuciones, narcofosas y tiroteos. Para todos los ciudadanos esta situación habla de un México con graves problemas de seguridad, ya que las estructuras de protección, inteligencia y justicia se encuentran rebasadas y dañadas. En todas partes se habla del poder del narcotráfico mexicano y sólo el gobierno, dirigido, en este momento, por Enrique Peña Nieto, parece ser indiferente a esta situación y en su responsabilidad para con la población. Dicha administración ha estado muy ocupada demostrando a sus opositores, mediante la promoción de los logros del llamado Pacto por México, que ha conseguido que el país avance por una tersa civilidad política, que en los primeros cien días del nuevo gobierno, se ha vanagloriado por la detención de líderes sindicales prominentes y reformas en materia educativa, laboral y de telecomunicaciones, pero de la violencia, el narcotráfico y sus consecuencias económicas nada se ha dicho.
Es realmente ofensivo percibir que los medios de comunicación, salvo honrosas, muy honrosas excepciones, se han vuelto ciegos ante la grave inseguridad que sigue viviendo nuestro país, siendo que desde que el nuevo titular del Poder Ejecutivo federal asumió el mando, dejamos de saber sobre ejecuciones, enfrentamientos entre cárteles, la aparición de narcofosas, el lavado de dinero, secuestros, entre otros delitos; mismos que ya no existen para los medios de comunicación, aunado a esto, tampoco sabemos nada del hombre que se supone acabaría con esta violencia y ríos de sangre que siguen corriendo por los municipios de nuestro país; el general Naranjo, y a quien con tanto ímpetu se nos presentó como el hombre que resolvería dicha situación.
No es ajeno saber que muchos funcionarios, representantes populares y el propio presidente, siguen embriagados con las mieles del Pacto por México, mientras que en cientos de rincones del país la población sufre los embates de la delincuencia. De acuerdo con distintos recuentos, realizados por algunos medios mexicanos, la violencia en el país sigue en aumento; por ejemplo, el diario Milenio informó que sólo en diciembre de 2012 (primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto) se registraron 982 ejecuciones y en el estado de México, la lucha entre bandas del crimen organizado, dejó 86 personas muertas en los primeros 27 días de 2013, justo el estado del cual era gobernador, el ahora presidente y que ahora tiene bajo su tutela otro priista, Eruviel Ávila.
Cabe señalar que en 2011, el gobierno del estado de México fue exhibido por la revista inglesa The Economist , al declarar que manipuló información sobre homicidios, y ante este escándalo, el mismo exgobernador Peña tuvo que reconocer en televisión nacional que había ofrecido datos alterados en su último informe de gobierno, es por ello que no queremos que esta situación vuelva a ocurrir y mucho menos a nivel federal, pretendiendo dar una falsa idea de que el problema de inseguridad se ha resuelto.
Simplemente, en los últimos días, han sido ejecutadas al menos 119 personas en diferentes zonas del país, siendo los estados con más asesinatos: Guerrero con 19, Morelos con 17, Sinaloa con 13, Michoacán con 12, 6 en Tamaulipas, 6 en Chihuahua, 5 en Nuevo León al igual que Jalisco, Veracruz y Sonora, cuatro muertes en el estado de México y Coahuila, así como Tijuana, el Distrito Federal, Oaxaca y Durango con 3 ejecuciones, Quintana Roo y Zacatecas con 2, y por ultimo, Nayarit y San Luis Potosí con 1. Aunado a estos datos, en los últimos 4 días de marzo se registraron 72 asesinatos, un promedio de 18 ejecuciones por día, mismas que ocurrieron en el país, siendo Sinaloa la entidad con mayor cantidad de decesos con al menos 16, le sigue Chihuahua, con 14; Morelos, con 7; Durango con 6; el estado de México, con 5; y Guerrero y Jalisco, con 4; cifras absolutamente alarmantes.
Es por ello que a través de diferentes fracciones parlamentarias, de quienes integramos la Cámara de Diputados, se ha manifestado el rechazo al cambio de política de comunicación en materia de seguridad, que ha ejecutado el gobierno federal, ya que busca limitar la difusión de datos para no hacer de este terrible flagelo, como se le ha llamado, una “apología de la violencia”; sin embargo ocultar el problema no es la solución, sino que se debe atacar desde sus orígenes y cumplir todo lo que la anterior administración dejó de hacer para proteger ante todo los derechos e integridad de los ciudadanos, no queremos que el gobierno federal busque determinar o dosificar la información sobre hechos violentos que ocurren en el país, al pretender que así se tiene la percepción de que la situación está mejorando, no podemos pretender esto, siendo que esta situación tan grave debe combatirse firme y eficazmente, a través de nuevas políticas de seguridad y no sólo con un doble discurso sobre el tema, sino con un interés serio por dar una mejor realidad a los ciudadanos.
No queremos que México siga siendo el país en el que el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil, los casinos ilegales, la venta de inmuebles, joyas, robos a mano armada, asesinatos a plena luz del día, secuestros y otras vías delictivas, encuentran un terreno fértil para desarrollarse.
Por tal motivo, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hemos denunciado y exigido, en diversas ocasiones, que el gobierno federal tome cartas en el asunto e implemente las acciones necesarias para mitigar los efectos de la violencia e inseguridad que afectan a la población mexicana, sabemos y tenemos el firme compromiso de que México tiene que cambiar y como representantes populares estamos contribuyendo a que esto suceda, por lo que pese a las modificaciones que se hagan a la nueva estrategia de seguridad, estamos convencidos de que la ciudadanía siempre debe estar informada de manera puntual sobre estos hechos, pero sobre todo resguardar la integridad de la población ante tales situaciones, así como respaldar políticas que pongan más énfasis en la prevención del delito y participación ciudadana para su protección.
Desde el Congreso de la Unión hacemos un llamado enérgico al presidente de la república para que informe puntualmente a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ya que este es un problema que debe atacarse de fondo y no con discursos demagógicos; demandamos nos anuncien las acciones a realizar para combatir tan alarmante problema, ya que los mexicanos no queremos seguir viviendo en la incertidumbre y la zozobra de que en algún momento pudiese ocurrir algún hecho violento que vulnere la estabilidad de nuestras familias.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta al presidente de la república, al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la república, para que implementen un plan emergente a efecto de combatir la inseguridad y la fuerte ola de violencia que aqueja a diversos estados del país;
Segundo. Se exhorta al gobierno de la república para que de manera inmediata informe a la población sobre las acciones que se han emprendido para garantizar la seguridad en los diversos estados de la república que sufren el flagelo de la violencia, así como evaluar su política de comunicación con respecto a dar a conocer información veraz sobre la situación actual que vive México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de las entidades federativas a implantar una política permanente de aplicación del alcoholímetro en los actos de asistencia masiva, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado día domingo 31 de marzo, fueron reportados por diversos medios de comunicación, fenómenos de violencia acontecidos en el estadio Omnilife, el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, al noroeste de la zona metropolitana de Guadalajara.
Estos lamentables hechos, ocurrieron en el marco de un partido de fútbol, el llamado “clásico”, en donde como ya parece una costumbre1 se liaron en una gran gresca, en diferentes instantes, simpatizantes de uno y otro equipo, en un entorno que por su construcción ascendente escalonada, es extremadamente peligroso, pero además, los sucesos acontecen en un escenario de una afluencia variada, en donde se hallan familias enteras, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, entre otros, que presenciaron tan denigrantes sucesos, y donde también corrían el riesgo de resultar lesionados o imbuidos por la turba iracunda.2
Lo acontecido, ya no puede considerarse un asunto menor, es reiterativo y en muchas ocasiones ascendente y extensivo, incluso afuera de las sedes deportivas, afectando así a transeúntes y comercios.3
Este fenómeno, está extendido en algunos otros países, en este contexto, para todos es conocido el caso argentino, en donde las llamadas barras se agreden de modo absoluto y han llegado hasta la pérdida de vidas. No obstante, hay que recordar que en Europa los llamados Hooligans, también tienen su historia negra de agresión, y cómo no alterarnos del suceso de invitación, en España, de seguidores de los equipos de Barcelona y Madrid para agredirse mutuamente con botellas, de hecho, la nota llegó a la difusión pública a través del Diario El País, con el título de la nota, Pactos que atizan la violencia, del pasado 05 de abril.4
En cierta medida estoy convencido de que los sucesos descritos, son producidos por muchos factores que van desde la frustración social, hasta el uso de sustancias des-inhibitorias y dañinas para la salud. En cualquier caso, los Estados deben aplicar medidas para evitarlos.
No obstante debe de reconocerse, que los organizadores de los eventos deportivos ya han asumido algunas medidas como revisiones, de esa manera retiran todo instrumento cuyo uso pueda transgredirse y convertirse en arma, como los postes o palos de las banderas utilizadas para la animación, paraguas, botellas de vidrio, petardos, cinturones, encendedores, entre muchos otros; así mismo, se han ido instalando detectores de metales en las entradas, de este modo las armas deberían evidenciarse y en consecuencia retenerse.5
Lamentablemente se nota que lo anterior no es suficiente, pues se ha demostrado que nada puede hacerse ante el consumo de alcohol.
Cierto es que existen medidas como vender un número limitado de bebidas alcohólicas por personas, o bien, dejar de venderlo a partir de la mitad de los eventos, pero el problema provienen desde antes de iniciarlos, en virtud de que la afluencia de espectadores en la gran mayoría de los casos, ya han ingerido una cierta cantidad de alcohol, lo cual, al volver a beber al interior de la plaza correspondiente, aumenta la posibilidad de desmanes.
Por todo lo anterior, consideramos conveniente y un factor de orden y seguridad, tanto para la concurrencia a los eventos como para los vecinos de las plazas, la implantación de un alcoholímetro al ingresar a este tipo de sedes, de esta manera se evitarán grescas y situaciones lamentables, o en su defecto, se reducirán significativamente.
El éxito del alcoholímetro es evidente en diversas ciudades del país; las estadísticas comparativas de accidentes derivadas del alcohol disminuyeron trascendentalmente, por lo cual, creemos oportuno replicar este fenómeno en los estadios de fútbol, el cual es el evento deportivo de mayor asiduidad en este país.
Sin embargo, al ser las disposiciones de espectáculos públicos competencia de las entidades federativas, este Congreso de la Unión y en concreto esta Cámara de Diputados, está limitada para actuar directamente, pero no impedida para solicitar a la totalidad de las entidades federativas, incluida el Distrito Federal, considerar la pertinencia de la implantación de alcoholímetros en las sedes en donde se realicen espectáculos masivos y en especial, en los accesos a los estadios de futbol profesional.
Cabe recordar que en algunas entidades del país, ya se ha solicitado lo que en este momento pedimos, por lo cual creo que es acertado continuar con el apoyo a esta medida que bien podemos expresar, sirve para la mejor armonía social.
De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes de todas las entidades federativas, a implementar una política permanente de aplicación de alcoholímetros en todos los eventos de asistencia masiva con la finalidad de evitar posibles desmanes y erradicar así, la violencia de los espectáculos multitudinarios.
Notas
1 Recientemente, cuando se enfrentaron los equipos Guadalajara y León, el enfrentamiento entre porras ocasionó desmanes graves.
2 http://www.informador.com.mx/deportes/2013/448036/6/el-ambiente-familia r-regresa-al-clasico-nacional.htm
3 http://mx.deportes.yahoo.com/noticias/se-pelean-a-golpes-aficiones-de-n eza-y-el-am%C3%A9rica-210551793.html
4 http://deportes.elpais.com/deportes/2013/04/05/actualidad/1365183186_14 1646.html
5 http://www.centraldeportiva.com/home/detalle/Seguridad+extrema+en+el+Om nilife-66305
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de abril del año 2013.
Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por los titulares de la Conagua y de la Semarnat políticas que incluyan la nula descarga de sustancias tóxicas en ríos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy, una tercera parte de la población mundial padece de escasez de agua, y una sexta parte no cuenta acceso a una fuente limpia de agua a menos de un kilómetro de su hogar; y la mitad de los habitantes de países en desarrollo no tienen un sistema de saneamiento.
A este problema que se presenta en el mundo hay que sumar la presión demográfica y el cambio climático que influyen directamente sobre la cantidad y calidad del vital recurso.
Desafortunadamente, el país no es la excepción: en él, más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este líquido vital (Informe Estadísticas del agua en México, edición 2011, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, página 38).
En Ríos tóxicos, documento elaborado por Greenpeace México, se consideran tóxicos nuestros ríos debido a la descarga de aguas municipales y las aguas resultantes de las actividades productivas, principalmente de la industria y la agricultura.
Además, revela que los cuerpos contaminados afectan directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes provocando daños a su salud y fuentes de alimentos.
Los estados que presentan los casos más emblemáticos de ríos contaminados son Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, lo que no significa que las demás entidades no presenten la misma problemática.
Según datos del informe Human perspectives on the global water crisis, 84 por ciento de los mexicanos consideran que la escasez y la contaminación del agua son temas muy preocupantes, ya que su consumo se asocia directamente a la trasmisión de enfermedades que afectan a la salud humana, ya sea por la ingesta directa o por el consumo de alimentos contaminados.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo cerca de 4 mil niños menores de 5 años mueren diariamente a causa de enfermedades curables trasmisibles por consumir agua contaminada.
Académicos de la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional señalan que la prevalencia de insuficiencia renal crónica entre niños de 6 y 12 años es de hasta 700 casos por millón de habitantes, cuando la media nacional e internacional es de 70.
Los infantes constituyen el grupo más vulnerable en la ingesta de agua contaminada, ya que son los más propensos a desarrollar insuficiencia renal crónica, hiperqueratosis, cáncer de piel o vejiga por el consumo de cromo, cadmio, plomo o arsénico en el agua.
La mayor parte del problema se debe a la falta de un marco normativo claro en el manejo integral del agua, permeando de esta manera la capacidad de las instituciones gubernamentales para monitorear, supervisar y aplicar leyes de regulación ambiental que frenen la contaminación.
Las erróneas políticas públicas en torno al agua que se han implantado en México han ocasionado que las industrias “sucias” sean beneficiadas por la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales, que incentivan la descarga de aguas residuales con niveles de contaminación por encima de lo permitido en las normas ecológicas, a costa del medio ambiente, de la calidad del agua y de las actividades industriales limpias.
Las administraciones federales, las cuales deberían ser el principal promotor de condiciones factibles para el consumo de agua de calidad, han olvidado su responsabilidad tal y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., que a la letra dice:
Artículo 4o. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
(...)
Sin embargo, seguirán siendo insuficientes los esfuerzos de las autoridades, mientras no se destinen recursos para la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento, para la utilización de tecnologías alternativas que permitan reutilizar los caudales y poderlos regresar a la naturaleza con buena calidad, así como un monitoreo y control permanente en las descargas industriales en aguas nacionales y municipales.
Por esa razón, los diputados de Movimiento Ciudadano proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por de los titulares de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federma, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, políticas públicas que incluyan la nula descarga de sustancias toxicas para mantener limpios los ríos del país.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar las sustancias reguladas en la NOM-001-ECOL-1996 y la NOM-002- ECOL-1996.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, Cristina Olvera Barrios, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús a efecto de aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La movilidad en las grandes ciudades es una de las bases necesarias para el crecimiento urbano ordenado y del desarrollo sustentable.
Como parte del ordenamiento urbano, desde 2005 se implantó el sistema conocido como autobús de tránsito rápido (bus rapid transit, en inglés), con el nombre de Metrobús, el cual ha desplazado el transporte ineficiente, contaminante y peligroso que existía anteriormente.
Los beneficios del sistema son claros: el tiempo de traslado de los ciudadanos disminuyó al tener un carril confinado, la calidad de las unidades es mejor en beneficio de los usuarios y se brinda en general mayor comodidad a éstos.
Al tener un sistema en el cual los empleados trabajan sin competir por el pasaje sino que tienen sueldos fijos, los autobuses brindan viajes más seguros a los pasajeros. También la seguridad en las estaciones y, en general, el servicio es mejor que los sistemas de pasaje anteriores.
Entre los beneficios reportados por el propio sistema, al año se han dejado de emitir alrededor de 110 mil toneladas de bióxido de carbono al año, atendiendo de mejor manera a 800 mil pasajeros al día entre las 4 rutas existentes.1 Debemos reconocer que, en general, el tráfico en las avenidas en las que se estableció el sistema no ha disminuido. Sin embargo, al tener una forma de movilidad más eficiente, el propio diseño resulta un aliciente para transportarse por este sistema público y dejar el auto particular en casa.
Pese a los avances y beneficios reportados por el Metrobús, aún hay opciones para mejorar el sistema, disminuir sus costos directos de implantación y mejorar los servicios ambientales.
Cuando se creó el sistema hubo sugerencias de hacerlo eléctrico. Pero las condiciones específicas de ese momento hacían más costoso un sistema eléctrico nuevo, tanto económica como ambientalmente. Resultaba necesario implantar el sistema eléctrico, generar la energía necesaria para su funcionamiento, transportar el fluido eléctrico o realizar la interconexión y alimentar al naciente Metrobús. Además de su costo, esto generaría mayores gases de efecto invernadero que lo que generaría el Metrobús que funciona por diesel.
No obstante, las tecnologías han cambiado. Por citar un ejemplo, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana han desarrollado opciones de transporte eléctrico de baja tensión y bajo consumo eléctrico, bajo costo y con necesidades menores de infraestructura comparado con el Metrobús actual.
La quema de diesel genera, entre otros, gases óxidos de nitrógeno, benceno, bióxido de azufre y formaldehído, algunos de los cuales son incluso cancerígenos.1 Considerando esto, deberíamos implantar una política de disminución del uso de diesel, y en este caso reemplazarlo por el uso de electricidad para la movilidad.
Cabe señalar las ventajas de los transportes eléctricos: no generan gases de efecto invernadero donde transitan. Al no usar, ni tirar y derramar diesel, no se maltrata la carpeta asfáltica de manera grave y por lo tanto, no se requiere repavimentación en los carriles por los que circula. Además, su costo de operación es estable debido a que no depende del costo del petróleo.
Por otro lado, las condiciones energéticas también han cambiado. Actualmente y después de clausurar el Bordo Poniente, el gobierno del DF ha reordenado el manejo de los residuos sólidos y tiene, en el Bordo Poniente, condiciones óptimas para generar energía. A su vez, esta energía podría abastecer a los sistemas eléctricos de transporte, disminuyendo los costos de operación del sistema Metrobús, y, lo más importante, dejando de emitir gases de efecto invernadero y no sólo reduciéndolos como hasta ahora sucede.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que debemos ser consistentes en la lucha contra el cambio climático y usar de manera inteligente y eficiente los recursos con los que cuenta la ciudad. La organización de la urbe y del transporte es un espacio de oportunidad. Se debe aprovechar esta oportunidad y generar la energía necesaria para que estos sistemas funcionen al menor costo económico ambiental.
Por las razones expuestas presento ante el pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a considerar en la licitación de las Líneas Cinco y Seis de Metrobús el uso de sistemas eléctricos a fin de crear líneas “cero emisiones”.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a considerar la generación de energía eléctrica con los recursos disponibles en el Bordo Poniente para alimentar los sistemas de movilidad eléctrica de la Ciudad de México.
Notas
1 www.metrobus.df.gob.mx
2 http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.as px?ArticleID=169
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a emprender acciones para tipificar en la normativa y conforme a los estándares internacionales en la materia el delito de desaparición forzada de personas, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe Miriam Cárdenas Cantú, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con el objeto de exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas del país, para que emprendan las acciones legislativas necesarias a fin de tipificar en su legislación, en el caso en que no lo hayan hecho, el delito de desaparición forzada de personas o para que, en aquellos estados en donde el referido delito se prevé, realicen, las adecuaciones necesarias, a efecto de que el tipo penal correspondiente guarde armonía con los estándares internacionales en la materia, con base en las siguientes
Consideraciones
Recientemente fue reformada nuestra Constitución Federal para colocar como tema central de todo el engranaje estatal, los Derechos Humanos. Esta reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación de la Constitución de 1917, vino a inaugurar una nueva etapa en el país.1
México ha demostrado su compromiso de respetar, proteger, promover y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Así lo reflejan, entre otras acciones, la reforma constitucional en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad, la expedición de la Ley General de Víctimas y el cumplimiento progresivo de las observaciones, recomendaciones o sentencias de organismos internacionales.
Sin embargo, existen aún retos por superar. Por ello, acudo ante esta Soberanía a presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, con el objeto de exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas del país, para que realicen esfuerzos legislativos que lleven a la inclusión, en su sistema normativo local, del delito de desaparición forzada de personas, en los casos en donde aún no se prevé y, para que, en el caso de aquellas entidades federativas en donde ya existe ese tipo penal, adecuen su tipificación a los estándares internacionales en la materia.
Ciertamente, la desaparición forzada de personas es una realidad que nos lastima.
Familias enteras sufren por desconocer el paradero de sus seres queridos. Madres, padres, hijos e hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas viven con incertidumbre por la ausencia de hombres y mujeres que un día desaparecieron. Además, a ese sufrimiento hay que sumar que las familias deben enfrentar problemas civiles, laborales, administrativos y penales.
La problemática en comento reviste la mayor importancia, porque la persona desaparecida carece de un status jurídico que impide considerarle, para ciertos trámites y acciones legales, como viva o, en su caso, muerta y, por tanto, en lo que hace al ejercicio que de sus derechos podrían hacer sus familiares legítimamente habilitados (por ejemplo pensión alimenticia, indemnizaciones o ser beneficiarios de ciertos derechos), los mismos se encuentran imposibilitados jurídicamente para ejercer acción alguna.
Ante esto, no podemos dejar a un lado el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.
Es de señalarse, que en fechas recientes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nos reunimos con miembros de sociedad civil organizada, quienes buscan unir esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de sus desaparecidos.
Las víctimas de desaparecidos nos expresaron el calvario que han vivido, no sólo por el dolor que les imprime la desgracia que les aqueja, sino por la tramitología y burocracia de las dependencias públicas, cuya respuesta han sido invariablemente promesas incumplidas, apatía, desinterés, incredulidad y omisión.
Estamos ciertos de que el respeto de los derechos humanos debe ser centro de toda decisión gubernamental, estoy cierta de que un marco jurídico armonizado con normas que respondan a parámetros internacionales, es base fundamental para avanzar en la construcción de un sistema de protección efectivo de los derechos humanos.
Por ello, nuestro compromiso como legisladoras y legisladores, federales y estatales, es dotar a ese sistema de normas que definan con claridad qué conductas violentan derechos y cuáles han de ser las sanciones que les correspondan para que se inhiba su comisión
Es en este sentido que propongo ante Ustedes este Punto de Acuerdo, con el objeto de exhortar a las entidades federativas del país que no han legislado sobre desaparición forzada, para que lo hagan y para que, aquellas que ya lo han hecho, realicen, en su caso, adecuaciones para que dicha tipificación se apegue a los parámetros internacionales en la materia.
Encuentra también respaldo esta proposición en las recomendaciones formuladas por la Organización de las Naciones Unidas que, en su informe relativo a la Misión realizada en México con motivo de las desapariciones forzadas o involuntarias (2012), señaló:
El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con lo establecido en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes.2
Hay que recordar que México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevé la desaparición forzada de personas y que, conforme a nuestra norma suprema y diversos criterios jurisprudenciales, sus disposiciones constituyen obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que tiene que dar cuenta. Al respecto, cabe citar la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:
Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.3
Ahora bien, a nivel internacional, los principales instrumentos en la materia son la Declaración sobre la protección a todas las personas contra las desapariciones forzadas4 y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.5 En esta última, vigente para México desde 2010, se define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 6
Además, se señala en ese documento que cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal .7
Por lo que hace al sistema regional de protección de los derechos humanos, la desaparición forzada se prevé en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.8 En esta convención se le define (artículo II) como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
De la misma manera que los instrumentos señalados anteriormente, en el interamericano se señala la obligación del Estado de adoptar medidas internas para tipificar como delito a esta figura. Así señala en su artículo III:
Artículo III
Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.
El valor de los instrumentos jurídicos antes señalados es de pleno derecho y constituye, por tanto, una obligación ineludible para todas las autoridades del Estado Mexicano en sus distintos órdenes de gobierno.
Por si fuera poco, el tema de la desaparición forzada resulta tan preocupante para la comunidad internacional en su conjunto, que existen diversas sentencias en la materia emitidas por tribunales internacionales, como tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la desaparición forzada.
Ahora bien, en lo que hace a nuestro derecho interno, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son soft law , recomendaciones potestativas u otra forma jurídica alternativa que carezca de carácter vinculante para el Estado Mexicano. Las Sentencias de la Corte Interamericana en las que el éste sea parte, son obligatorias para todos los servidores públicos en todos los niveles y, por tanto, deben ser cumplidas a cabalidad. Así ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede constatar en las siguientes tesis:
Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio. El Estado mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.9
Pues bien, México tiene una sentencia sobre sí en la materia, corresponde al caso Radilla en el que la Corte Interamericana encontró culpable a México, entre otras cosas, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y al efecto dispuso que:
El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.
En suma, es de señalarse que a la redacción de la presente Proposición, los gobiernos de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no han legislado en materia de desaparición forzada, en base a los parámetros internacionales.
Asimismo, existen entidades federativas que ya cuentan con un tipo penal para que, en su caso, lo adecuen a esos parámetros, toda vez que, de un análisis de derecho comparado se desprende que algunas entidades federativas en las que se prevé el delito de desaparición forzada incurren, considerando el derecho internacional de los derechos humanos, en una distorsión de la figura, al incluir en sus tipos penales elementos ajenos al mismo, como es el caso del estado de Oaxaca.
En este orden de ideas y finalmente, es de señalarse que, por ejemplo, Aguascalientes, a pesar de que prevé la figura, ésta se circunscribe estrictamente a los servidores públicos, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que puede ser cometido el delito por particulares bajo el auspicio, connivencia u omisión manifiesta de actuar de parte del Estado.
En consecuencia y, por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta Honorable Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.
Notas
1 Carbonell, Miguel y Pedro Salazar (coordinadores). La Reforma constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma. México. UNAM-IIJ. Septiembre 2011.
2 Naciones Unidas. Informe de misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, 2012. Pág. 28. Parr. 86.
3 El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre de 2011, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), esta tesis aislada. México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 2011. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
4 Resolución 47/133 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992.
5 Resolución 61/177 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 23 de septiembre de 2005.
6 Ver artículo 2°.
7 Ver artículo 4°.
8 Adoptada en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y en vigor desde el 28 de marzo de 1996. México es parte desde 2002.
9 El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre de 2011 aprobó, con el número LXV/2011 (9a.), esta tesis aislada. México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 2011.Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la posibilidad de revisar si se configura alguna de las excepciones del Estado Mexicano al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de aquélla, o alguna de las reservas o declaraciones interpretativas formuladas por el Estado Mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conagua y del Banobras a atender la instrucción del Ejecutivo federal para acelerar la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la entidad federativa de Nuevo León, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de los siguientes
Considerandos
El pasado 6 de diciembre de 2012, en su primera gira como Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto visitó nuestro Estado, Nuevo León, cuyos ciudadanos le dieron una cálida bienvenida y más cuando se comprometió a impulsar y apoyar dos obras estratégicas para el desarrollo: la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.
Palabras textuales, el Primer Mandatario ofreció lo siguiente a los nuevoleoneses: “aquí está el Secretario de Comunicaciones, a quien instruyo para que a este proyecto (Línea 3 del Metro) se le imprima celeridad, al igual que el señor Director de CONAGUA en lo que hace al proyecto de Monterrey VI”.
Pues bien, en relación al Metro ya se han realizado las primeras acciones, lamentablemente no ha ocurrido así con el proyecto Monterrey VI, que dada la severa sequía que padecemos, es vital que se le dé celeridad, pues representa ni más ni menos que la salvación de nuestro Estado ante la crisis de agua que ya empezamos a padecer.
En esa gira de trabajo, el Presidente Peña Nieto explicó que el proyecto Monterrey VI tendrá una inversión de casi 14 mil millones de pesos, se realizará en aproximadamente 3 años y consiste en un acueducto de 520 kilómetros de longitud, que pasará por los Estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, y llegará a Nuevo León, para garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en la entidad.
En congruencia, aquí en esta Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de 2013 del Gobierno Federal el cual incluye 2 mil 675 millones de pesos para iniciar las obras de Monterrey VI.
Sin embargo, la celeridad que ha solicitado el Presidente Peña Nieto a su gabinete no ha sido debidamente atendida, pues el pasado 4 de marzo, el Director de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, visitó Nuevo León y dio la noticia de que el esquema financiero que se implementará para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI aún no está definido, por lo que no tienen fecha para el arranque de esta obra trascendental para el Estado.
Y esto se da en el contexto de una severa sequía, así como una crisis de agua, pues ya el Gobierno del Estado, que ha intentado minimizar el problema, por fin aceptó que va a tener que bajar la presión de las tuberías, e incluso que solamente hay abasto suficiente de agua para 18 meses.
Aquí ya se han dado a conocer las precarias condiciones que se viven en el área rural del Estado, pues se han perdido miles de cabezas de ganado, así como cosechas, pues el agua, abundante tras el huracán Alex hace casi tres años, simplemente ha desaparecido por la escasez de lluvias.
Además, nuestro Estado ha trasvasado agua de la Presa el Cuchillo para cumplir el convenio con Tamaulipas, y eso ha dejado las presas muy reducidas en su capacidad de almacenamiento.
Por lo tanto, es urgente que el Gobierno Federal saque de la congeladora al proyecto hidráulico Monterrey VI, y brinde las acciones necesarias, bajo un esquema financiero adecuado, para arrancar esta obra cuánto antes.
El tiempo apremia, porque cada día que pasa, la crisis del agua se agudiza en Nuevo León, por lo tanto, es necesario hacer un llamado al Presidente de la República y a su gabinete para que pasen de las palabras, de las promesas, a los hechos concretos.
Motivos suficientes para proponer ante ustedes la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que atiendan la instrucción del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, definiendo el esquema financiero y arrancando las obras a la brevedad posible.
México, DF, a 9 de abril de 2013.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ayúdenos para sacar a volar la empresa;
Ayúdenos a recuperar nuestra fuente de empleo y tener una pensión segura;
Ayúdenos para que Mexicana vuelva a ser la empresa pionera en la aviación, no permitan que malos administradores destruyan su historia y que a sus trabajadores los dejen sin empleo y sin pensiones;
Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que los inversionistas tengan la oportunidad de expresarse y demostrar que Mexicana si puede volar.
Trabajadores de la Empresa Mexicana de Aviación
Hablar de Mexicana de Aviación, es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.
A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.
Mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaban la actividad aérea comercial en la República Mexicana.
Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.
De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un servicio de transportación aérea, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a: Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
Es aquí donde nace Mexicana de Aviación la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.
Con la firma, el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la Aviación Comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.
A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.
La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.
En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.
Mexicana de Aviación enfrenta, en los años 60, la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.
En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.
La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.
Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.
Sin embargo ante el regreso de Mexicana de aviación en los años noventa, a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.
Las nuevos retos hacen que la Aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de MasterCard Internacional.
La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005, por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.
La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la empresa, el 28 de agosto de 2010.
A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:
1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.
2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal “Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando”. Para sumarla a las exigencias de solución.
3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8,640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del gobierno federal licenciado Enrique Peña Nieto para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, además de ensombrecer el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todas de la administración pública federal, para que realicen una investigación para transparentar los fideicomisos a favor de los trabajadores y que estos no sean desviados o desaparecidos, además de investigar a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para fincar y deslindar responsabilidades.
Tercero. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y a la de Economía, todas de la administración pública federal para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, integrada por todas las partes involucradas, para que se facilite la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones de prevención y atención de la rickettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos surgidos de forma contingente, que en materia de salud, amenazan la vida de las personas o la calidad de ésta.
Como fenómenos que se presentan dentro del territorio nacional, y que amenazan la salud de las personas, es de relevancia hacer mención de los hechos ocurridos en las primeras semanas de enero del presente año en Mexicali, Baja California.
De acuerdo con lo establecido en algunos reportes de prensa escrita, la muerte de los menores Brayan Ramsés, ocurrida el 4 de enero, y Esmeralda García López, el 24 del mismo mes, con sólo 11 años de edad, se atribuye al conjunto de bacterias denominados “rickettsia”. Esta enfermedad, según se ha dado a conocer, es sumamente agresiva, y presenta diversa sintomatología, y realizar diagnóstico oportuno ha resultado sumamente complicado para las instituciones de salud en el estado.
La Secretaría de Salud federal, en un estudio elaborado en 2009, señala que la rickettsia es considerada una enfermedad estacional, que se presenta con mayor frecuencia entre abril y septiembre, y tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días; la sintomatología que presenta, de acuerdo con un estudio elaborado por las Organizaciones Panamericana de la Salud (OPS), y Mundial de la Salud (OMS), puede variar según el tipo de rickettsia de que se trate y pueden presentarse escaras, fiebre, cefalea, mialgia/artralgias y linfadenopatía.
La presencia de aparentemente dos casos relacionados con esta enfermedad en lo que va del año en el citado municipio, y que por la dificultad de su diagnóstico y tratamiento se ha convertido en un fenómeno preocupante en la región, hace necesario el desarrollo de acciones en materia preventiva y reactiva que ayuden a contrarrestar los fenómenos negativos que origina, y que además son preocupantes, pues la enfermedad no suele presentarse con frecuencia en estos meses.
El caso de la rickettsia en Mexicali salió a la luz pública en 2009; los antecedentes de esta enfermedad se remontan al inicio de dicho periodo, en el cual se detectó en Mexicali, Baja California, la presencia de la enfermedad, provocada por el parásito intracelular Rickettsia rickettsii y prowasekii, transmitido por la garrapata Riphicefalus sanguineus (de acuerdo con lo establecido en el estudio realizado por la Secretaría de Salud federal en 2009).
En esa ocasión, de acuerdo con la información que se retoma, se estudiaron mil 453 casos sospechosos, 734 probables y 278 confirmados; y que derivaron en ese año en 8 fallecimientos confirmados por la rickettsia. Ello, además de lamentable, es preocupante porque un diagnóstico a tiempo habría generado resultados probablemente distintos.
Valdría la pena mencionar con referencia a estos datos que el rango de edades en que se presentó el mayor número de casos sospechosos comprendió de 1 a 24 años; asimismo, se mostró que la distribución por sexo fue de 58 por ciento mujeres y 42 en hombres.
El ayuntamiento de Mexicali, con apoyo del gobierno estatal, implantó acciones contingentes para enfrentar los contagios por ricketsia: se realizaron tareas de limpieza de predios, fumigación de casas y baldíos, que en ese tiempo representaron 5 mil 514 toneladas de basura. Además de las acciones de limpieza, se llevaron a cabo brigadas casa por casa para detectar casos que presentaran sintomatología atribuible a la rickettsia, las cuales fueron instauradas por brigadas federales, personal de empleo temporal y del propio ayuntamiento.
Retomando lo encontrado en los documentos elaborados por la Secretaría de Salud federal, la OPS y la OMS, se establece que los problemas para identificar los síntomas de la referida enfermedad dificultan su tratamiento oportuno, lo cual genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso pueden llevarlo a la muerte (en este estudio se señala en 50 por ciento el índice de mortalidad, sobre todo en los casos donde el tratamiento de la rickettsia fue después del sexto día).
Además, la falta de acciones preventivas concretas y continuas para la atención de esta enfermedad incide en que puedan seguir presentándose casos de este tipo, donde estarán en riesgo la salud e, incluso, la vida de las personas.
Lo expuesto en los párrafos anteriores denota dos aspectos importantes: por un lado, se muestra la gravedad de la enfermedad; y, por otro, la dificultad existente para hacer un diagnóstico preciso, que establezca con claridad la sintomatología, así como la morbilidad en cuanto a los casos directamente relacionados con la rickettsia, que desprenda acciones precisas para la prevención, el control y el tratamiento y de los casos que se presenten en Mexicali, así como en las demás regiones del país proclives a presentar la enfermedad entre la población; y que de acuerdo con las observaciones de organismos internacionales como la OPS y la OMS, con referencia al padecimiento de la rickettsia, y a las variantes de este padecimiento que se puedan presentar en algunas regiones del país deben implantarse acciones tendentes a
1. Prevenir, atender, tratar y controlar la enfermedad.
2. Establecer métodos efectivos de diagnóstico y de vigilancia activa.
3. Difundir mediante los medios convenientes los métodos de prevención, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento.
4. Establecer protocolos para identificar a la población o las zonas de riesgo de epidemias o casos relacionados con el padecimiento.
5. Diseñar e implantar protocolos de atención y contingencia con métodos apropiados de diagnóstico.
6. Establecer e implantar protocolos para estudiar los agentes trasmisores de la rickettsia y de sus variantes.
7. Diseñar e implantar los demás instrumentos que se consideran indicados para contrarrestar la presencia de este tipo de contingencias en Mexicali, y en entidades proclives a este tipo de padecimientos.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones para lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención de la rickettsia y de sus variantes, para atender de forma oportuna los casos que puedan presentarse en Mexicali, y demás zonas del territorio nacional propensas a la enfermedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Ssa a llevar a cabo inspecciones periódicas en los sanitarios de las casetas de la Autopista del Sol y redoblar esfuerzos para mantener en buen estado la red carretera del país, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México el turismo es una de las actividades de mayor importancia para el crecimiento económico, ya que su desarrollo representa alrededor de 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, posicionándolo de esta manera como uno de los rubros con el porcentaje más alto en generación de empleos en el país.
Tan grande es el empuje de esta actividad económica que la Organización Mundial de Turismo (OMT) en 2012, colocó a México en la décima posición del ranking de arribo de turistas internacionales.
Sin embargo, el crecimiento del turismo en nuestro país, se ha visto seriamente mermado en los últimos años principalmente, debido al clima de inseguridad y violencia que se respira producto de la equivocada estrategia de combate frontal en contra del crimen organizado.
Uno de los lugares que sufre esta situación es Acapulco, localidad por excelencia del turismo nacional y extranjero, el cual aunado al conglomerado de problemas de seguridad y financieros, se le suma la deficiente infraestructura carretera existente para llegar a este destino turístico.
El alto cobro de tarifas de peaje en la Autopista del Sol, no necesariamente se refleja en la reducción de tiempos de traslado y en la calidad de los servicios por parte de los concesionarios a lo largo y ancho de esta vía.
Para el automovilista ya es común encontrarse en su trayecto baches, reducción de carriles, señales deterioradas y un deficiente mantenimiento higiénico de los sanitarios ubicados en las casetas, situación que preocupa.
En el caso de los sanitarios se cobra una tarifa adicional a la ya pagada en la caseta, de entre 4 o 5 pesos, y aún así no cumplen con las mínimas normas de higiene para su uso.
El mal estado y la falta de limpieza y mantenimiento en sanitarios que se encuentran a cargo de los concesionarios de la Autopista del Sol, además de la mala imagen que se proyecta a los paseantes, pone en riesgo la salud de quienes los usan al ser estos un foco de infección por las condiciones insalubres en las que se encuentran.
Esta realidad no es exclusiva de la Autopista del Sol, sino por el contrario es una constante que se manifiesta a lo largo y ancho de la red carretera de nuestro país.
Lejos de ser un tema de estética, nos encontramos ante una serie de violaciones por parte de los concesionarios, al no cumplir con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, si entendemos que los sanitarios públicos que se encuentran en las casetas no sólo para los usuarios de la vía de comunicación, sino también operan como centros de trabajo.
Por esta razón los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que una estrategia que coadyuve al fortalecimiento de la actividad turística en el municipio de Acapulco es la promoción de servicios de calidad a lo largo y ancho de la Autopista del Sol, que consistan en módulos de orientación turística, apoyo vial, reforzamiento de seguridad, señalizaciones en otros idiomas, higiene en sanitarios y avisos oportunos de mantenimiento, y en el mejor de los casos tarifas de peaje más accesibles, que hagan del traslado de los paseantes su mejor opción.
Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Salud, para que lleven a cabo inspecciones periódicas en los diversos sanitarios que se encuentran ubicados en las casetas de la Autopista del Sol y en caso de encontrar violaciones al reglamento sancionen éstas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en la medida de sus atribuciones redoble esfuerzos a fin de mantener en buen estado la red carretera de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que por los consulados en Estados Unidos de América informe a los mexicanos residentes sobre los beneficios de registrar a los hijos en las oficinas consulares, así como que las representaciones en aquel país emprendan una campaña informativa en caso de deportación, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Julio Cesar Flemate, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El movimiento migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos de América tiene profundas raíces estructurales además de una prolongada tradición histórica, desarrollada a lo largo de más de 160 años en muy diversas regiones del país. Este fenómeno en la actualidad constituye el nexo migratorio bilateral más importante del mundo.
Cabe recordar que el flujo migratorio entre México y Estados Unidos fue estimulado por el sistema de contratación y manejo de la mano de obra denominado como el “enganche”. Las necesidades de trabajadores obligaron a empresas mineras, terratenientes y de ferrocarriles a recurrir a contratistas para reclutar personal en la frontera o en el interior del país.
Con la cancelación del programa Bracero en 1964, se provocó una explosión de desplazamientos irregulares y con ello se configura un nuevo modelo basado en la circulación de trabajadores migratorios.
Las olas de migración hacia el país del norte se dieron en los años ochenta, ya que de mil 776 millones de entradas de indocumentados en 1982 paso a 3 mil 822 millones en 1986, hecho que provocó la creación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA). Hoy en día y de acuerdo a cifras oficiales, el éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos es de 550 mil a 600 mil migrantes por año.
El número de mexicanos residentes ha pasado de 2.2 millones en 1980 a 11.9 millones en 2009. Al respecto existen indicios que la migración mexicana ha dejado de crecer debido a los problemas económicos que tiene el país vecino.
El destino de los inmigrantes indocumentados se ha vuelto más incierto, ya que son obligados a permanecer en Estados Unidos ante la militarización en la frontera, ya que no tienen opción de regularizar su situación migratoria y viven día a día con la angustia y el temor de ser aprehendidos, deportados o bien separados de su familia.
Se trata de millones de mexicanos que trabajan y pagan impuestos en aquel país, pero carecen de derechos de ciudadanía, como son los servicios de salud o los de educación.
A pesar de la importancia que tienen los migrantes en la economía de Estados Unidos y de la historia migratoria entre México y el citado país, está sucediendo un hecho el cual no podemos dejar a un lado, me estoy refiriendo a la deportación del padre o bien de la madre, por parte de las autoridades de aquella nación.
Gloria Muñoz, presidenta de Enlace Fundación, menciona que por cada seis migrantes que se deportan, dos niños son afectados, de seguir esta tendencia en un año o dos habrá 15 mil niños de padres deportados, dejándolos sin una persona que se ocupe de su guarda y custodia.
Mientras el proceso legal de sus padres está en marcha, los menores son llevados a los hogares denominados foster home, hogares generalmente de familias afroamericanas y que el gobierno paga por su cuidado.
Si el gobierno de aquél país no tiene comunicación con los padres o familiares en un periodo de meses, estos pierden la patria potestad y son registrados en una lista de adopción.
Elsa Leyva, abogada de esta fundación, señala que en muchos casos los padres los quieren recuperar, no obstante existe un desconocimiento tanto de los trámites que se tienen que realizar, como de las instituciones a las que tienen que acudir para poder recuperar a sus hijos.
Al respecto, la Convención sobre los Derechos del niño en el artículo 3 numeral 1 señala que
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
No podemos dejar a un lado este problema, ya que el interés del niño está por encima de cualquier ley o política pública de un país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que a través de sus consulados en Estados Unidos de América se informe a la población mexicana residente en aquel país, los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así mismo, para que las representaciones de México en los Estados Unidos de América emprendan una campaña de información en el caso de que se de una Deportación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Semarnat a realizar acciones de reforestación para revertir el daño causado al ecosistema y a la población de la Huasteca potosina por los incendios forestales ocurridos en marzo pasado, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, II y III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que se realicen las acciones inmediatas en la reforestación para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la huasteca potosina por incendios forestales ocurrido el pasado mes de marzo, suscrito por la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Exposición de Motivos
En México existe una gran diversidad de bosques, selvas, pastizales y otro tipo de vegetación de hecho, se estima que somos uno de los países con una importante variedad de flora y fauna, contamos con todo tipo de clima, tanto húmedo como seco extremo, dada su privilegiada situación y extensión, México es más que una tierra de desiertos o de espinosos cactus. La extrema diversidad de los ecosistemas está dada por su extensión (cuatro veces más grande que España) y por su especial geografía de hecho, los científicos afirman que alrededor del 15 por ciento de las especies botánicas y animales en México, no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
Específicamente, me referiré al estado de San Luis Potosí y a los daños ocasionados al ecosistema por los incendios forestales ocurridos en días pasados afectando así a la zona de la huasteca que representa 18.31 por ciento de la superficie del estado, con aproximadamente mil 409 hectáreas1
El estado se encuentra localizado en la altiplanicie central mexicana y ocupa el noveno lugar nacional en biodiversidad (incluye flora y fauna), esto se debe a la amplia variedad de condiciones climáticas, tipos de suelo, hidrología, geología así como por su ubicación, pues convergen las dos regiones biogeográficas del continente: neártica y neotropical (Torres y Sierra, 2003).
Lo anterior, es para evidenciar que a lo largo de los últimos años el cambio climático, la desinformación de la población, la falta de herramientas necesarias para combatir desastres naturales, han propiciado a que nuestro ecosistema se encuentre en peligro, que ni siquiera las políticas públicas permitan mayor control de vigilancia y seguridad para este sector tan vulnerable y en ocasiones desprotegido por la propia ley dejando así, expuesto a más de mil 200 especies de flora y fauna en peligro de extinción no solo al interior del estado sino a largo del país.
Es cierto que el país cuenta con 60 áreas protegidas entre parques nacionales, reservas de la biosfera, zonas desérticas y selvas tropicales, pero también es cierto que existen zonas que de igual forma son parte de un ecosistema abundante como la huasteca potosina donde encontramos a la Sierra del Abra Tanchipa una reserva de la biosfera de gran importancia a nivel nacional, la cual en días pasados se vio en peligro por las afectaciones de los incendios ocurridos.
En este sentido, es importante reafirmar la eficacia de las políticas públicas para ampliar y profundizar la visión social existente acerca de los recursos forestales y el uso del fuego.
El pasado 16 de marzo se registro el primer incendio sin embargo y por cuestiones naturales, factores como el clima que en dicha zona la temperatura asciende a más de 50 grados centígrados y vientos arriba de 60 kilómetros por hora, fue imposible controlarlo ya que no existen las medidas preventivas adecuadas y no hay abastecimiento de equipo necesario.
El fuego se había propago en 10 mil 923 hectáreas, asimismo cabe señalar que, en lo que va del año la Comisión Nacional Forestal (Conafort) reporto que, se han registrado 3 mil 742 incendios forestales en las 32 entidades federativas, que son 10 estados entre ellos San Luis Potosí con mayor superficie afectada, que del 22 al 28 de marzo se vieron afectadas un total de 24 mil 272 hectáreas el 93 por ciento, correspondió pastizales, matorrales y arbustos2 .
Si bien se sabe, México desde hace décadas ha venido desarrollando estrategias de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través de la Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.
Que a través de la Semarnat y Comisión Nacional Forestal, Conafor, esta última como coordinadora de la difusión y la información herramientas clave para la prevención de este desastre natural, considere prioritario informar a la sociedad medidas preventivas sobre las causas y acciones derivadas de los incendios que se registran en el territorio, ya que hasta el momento, del total de las hectáreas consumidas por incendios forestales registradas 50 por ciento pertenecen al estado en comento.
Simplemente el balance de daños en Ciudad Valles uno de los cuatro municipios mayormente afectado los incendios dejaron 3 mil 340 hectáreas de pastizales y 249 de cultivos devastados por el fuego, además de 29 viviendas quemadas. De hecho la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de Emergencia para los municipios de Ciudad Valles, Lagunillas, Santa Catarina y Tamazunchale y que partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Es por eso que acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y que dadas las condiciones se vigile el cumplimiento de la declaratoria de emergencia y se brinde el apoyo necesario e inmediato para atender a todas las familias afectadas que perdieron sus bienes inmuebles, a través de Fonden.
Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal para que a través de sus políticas públicas se realicen las medidas y acciones preventivas necesarias como la reforestación inmediata para combatir la problemática ambiental respecto de los daños al ecosistema relacionado con los incendios forestales en el estado de San Luis y la huasteca potosina.
Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal a invertir mayores recursos en el combate a los incendios forestales, principalmente al Programa Nacional Forestal para San Luis Potosí porque el riesgo de incendios forestales durante las temporadas de sequía aumenta.
Notas
1 Fuente: Monografía del estado de San Luis Potosí , gobierno del estado de San Luis Potosí, 2012, página 23.
2 Fuente: Reporte semanal de resultado de incendios forestales, del primero de enero al 28 de marzo 2013, Conafor, en linea http://www.conafor.gob.mx/portal/, 3 de abril de 2013.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el aprovechamiento sustentable del agua como estrategia de seguridad nacional, y conservar y preservar los servicios ambientales asociados al recurso; asimismo, a considerar en los proyectos de inversión el emplazamiento por región hídrica y garantizar cobertura universal de líquido a la población, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado federal, Javier Orihuela García y los diputados que suscriben, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguiente
Exposición de Motivos
No hay futuro posible, si no tenemos un presente viable y en materia del recurso agua, sin duda es condición de seguridad nacional, ya que éste recurso es condición de vida para todo organismo vivo en nuestro planeta, por supuesto que para los humanos también.
Recientemente la gestión de este recurso en nuestro país, se transforma en un reto para el crecimiento y bienestar de la población y en muchas regiones de nuestro territorio ya enfrenta una situación crítica, ya que más de la mitad de nuestros recursos hídricos se encuentran utilizados por encima de sus tolerancias ambientales, producto de la sobrexplotación, acentuada por los efectos negativos del cambio climático natural y de origen antropogénico, que reta sin duda la viabilidad de nuestra sociedad, no solamente en el futuro inmediato, sino en el presente de muchas de nuestras regiones hídricas y de la población y recursos naturales bióticos emplazados en nuestro territorio.
Nuestro país presenta condiciones territoriales y ambientales que condicionan la disponibilidad natural del recurso hídrico, creando regiones de abundancia o escases relativas y por lo mismo, de disponibilidad de agua distintas a lo largo y ancho de nuestro país, destacando que de las 37 regiones hídricas en las que se puede integrar nuestro territorio, en tres de ellas: Lerma Chapala; Aguas del Valle de México y el Río Bravo o Grande se concentra poco más del 50 % de la Población y de la actividad económica de nuestro país, creando una ocupación de nuestro territorio altamente concentrada.
Esta concentración se asocia en relación directa a los recursos hídricos sobreexplotados, si incluimos la región hídrica del Balsas alcanzamos más del 60% de nuestra población y actividad económica creando un esquema de la población y actividad económica extremadamente concentrado que se traduce en una presión regional excesiva de los recursos hídricos en donde se emplaza.
Si a ello le sumamos que en relación a los servicios ambientales asociados con el territorio integrado por regiones hídricas, podemos observar que de manera sistemática hemos trasformado las zonas de cabecera, recarga, traslado, embalse y emisión de todas nuestras principales cuencas de manera intencional y deliberada y en muchos caso de manera inconsciente, pero que tienen un efecto sistemático de deterioro eco-sistémico de los ciclos superficiales y subterráneos del recurso agua en nuestro territorio.
Ejemplos hay muchos, en la cuenca Texcoco-Zumpango en donde hemos poblado y seguimos poblando las zonas de embalse de los antiguos lagos de Texcoco, Chalco, Zumpango y pavimentando las zonas de recarga de los acuíferos, represando los causes de traslado, urbanizando las zonas de embalse y recarga y con ello profundizando su deterioro y favoreciendo su potencial extinción, privilegiando la importación del recurso de otras regiones hídricas y trasladando los impactos ambientales negativos y económicos de nuestra falda de visión y planeación a otras regiones.
En el mismo sentido, actualmente el deterioro de nuestra condición hídrica es muy importante, al grado que por condiciones antropogénicas hemos redefinido sus características naturales de algunas de ellas: recientemente la RH Lerma Chapala de ser naturalmente una región hídrica que drenaba al pacifico a través del río Santiago, hoy en día artificialmente es una cuenca endorreica ya que su flujo hídrico en los años recientes no fluye al océano pacífico transformándose en una región hídrica endorreica por abatimiento y alteración de su flujo de agua natural.
Si a ello le agregamos que de las 37 RH cuatro de ellas son endorreicas y se encuentran emplazadas en la biogeoregión neártica: Nazas Aguanaval: el Salado; Cuencas cerradas del norte Casas Grandes y Mapimí en donde se emplaza que presentan restricciones naturales para su aprovechamiento.
Sin lugar a dudas, sino transformamos la forma en que aprovechamos nuestros recursos naturales y la forma en que ocupamos nuestro territorio difícilmente podremos contener el deterioro de nuestros ecosistemas y nuestras regiones hídrica.
Fundamentos
El aprovechamiento sustentable tiene el objetivo de garantizar la conservación de las aguas tantos superficiales como subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas de las comunidades actuales y, preservar su existencia para las generaciones futuras.
Garantizar la permanencia del recurso implica un aprovechamiento que respete las tolerancias naturales, es decir, la capacidad de resistencia entendida como la capacidad del sistema hídrico de soportar la utilización del recurso sin que pierda su funcionalidad, y resiliencia que se entiende como la capacidad de restablecer su equilibrio posterior a una perturbación garantizando la conservación del balance hídrico natural.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a:
Primero. Establecer como una estrategia de seguridad nacional el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos hídricos.
Segundo. Que el PND 2013-2018 se considere la planeación por región hídrica o por cuenca.
Tercero. Que todos los proyectos que se evalúen para su ejecución, consideren el emplazamiento hídrico como una condición necesaria para su aprobación.
Cuarto. Que exista una estrategia nacional para garantizar la permanencia y conservación de los servicios ambientales asociados al los ciclos superficiales y subterráneas del agua en nuestro territorio con planes de ordenamiento territorial regional sustentable con enfoque de región hídrica.
Quinto. Garantizar de manera sustentable el derecho humano al agua logrando una cobertura universal de nuestra población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a integrar una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 25 de marzo, Darcy Losada, de 20 de años de edad, en la Ciudad de México fue víctima de la forma más extrema de violencia de género: el feminicidio, así como sucede con muchos otros casos de mujeres asesinadas violentamente en todo el país.
Hacer justicia en un caso de feminicidio es fundamental para atajar la impunidad con la que se puede matar, con total menosprecio por su vida, a una mujer. Sólo con la actuación comprometida en atender de manera eficaz y oportuna los casos de feminicidios por parte de las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia, es que se logrará atajar este grave problema, signo de la descomposición social que nos afecta hoy en día y el cual representa la forma más extrema de violencia hacia las mujeres.
Darcy sabía desde finales del 2012 que su vida corría peligro, fecha en la que terminó su noviazgo con Omar Alejandro Dueñas Zamora, de 22 años, a quien había conocido en una heladería de la colonia Villa de Cortés, en la delegación Benito Juárez, donde ella trabajaba para pagar sus estudios, una vez hubiera ingresado a la carrera en diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.
Como era costumbre, Darcy era la encargada de abrir y cerrar el local, por lo que en una ocasión en la que “invitó a Alejandro a pasar al local mientras preparaba el cierre. En un descuido, ella perdió de vista la caja registradora y 13 mil pesos se extraviaron, con Alejandro como el único sospechoso del robo.”
Tras el suceso, el dueño del local exigió denunciar a Alejandro, así como la reposición del monto robado con tal de no emprender acción legal en contra de Darcy, ella aceptó y terminó la relación.
A partir de dicho acontecimiento, Alejandro comenzó a amenazar a Darcy para que retirara la denuncia “y, para hacerlo, todos los días ideaba una forma diferente para amedrentarla: un miércoles le decía que moriría de un disparo; un jueves, ahorcada; un viernes, a golpes.”
Darcy, al verse amenazada retiró la denuncia, pero las intimidaciones por parte de Alejandro no cesaron, ahora estaban encaminadas hacia la nueva relación que ella comenzaba, generando que la celotipia fuera una constante en los mensajes que él le mandaba en donde dejaba muy claro que “si no podía ser suya, no podía ser de alguien más. Darcy vivía con temor esas amenazas que cada vez eran más concretas en los cómo, cuándo y dónde la atacaría; mientras tanto, la joven trabajaba casi exclusivamente para pagar la deuda”.
Aproximadamente el 20 de marzo, Alejandro se comunicó con Darcy “para decirle que la dejaría en paz y saldría de su vida para siempre. Quería pedirle perdón y cubrir la deuda. Él le dijo: ‘el 25 te voy a liquidar’ (según las declaraciones de la madre de Darcy).”
Lo que nunca se supo fue que dicha frase no estaba referida al dinero que se debía, sino que ese día Alejandro terminaría con la vida de la joven.
El lunes 25, después de que Darcy cerrara el local y avisara a sus compañeras que se regresaría a casa con Alejandro, nadie volvió a verla con vida; “a las 9 de la noche con 15 minutos del lunes, la madre de Darcy recibió una llamada del celular de su hija (el cual se remarcaría con el forcejeo): del otro lado de la línea, ella gritaba, sollozaba, se ahogaba y suplicaba que pararan los golpes”.
A partir de ese momento, la familia comenzaría la búsqueda de la joven y emprendería el recorrido por varias dependencias de la Ciudad de México, en la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no recibió eco ya que nadie había pedido por Darcy; “en la agencia 50 del Ministerio Público local, le dijeron que debía ingresar primero un reporte de desaparición; y en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la PGJDF le pidieron esperar para reportarla como ausente, (lo cual aún no podía proceder por las pocas horas transcurridas)”, pero tras insistir, se levantó el reporte.
En la mañana del martes 26, la madre de Darcy acudió al Servicio Médico Forense y pidió ver los restos de una mujer que había presentado características similares a las de su hija, y aunque decían que parecía de una mujer entre 30 y 40 años, “le bastaron unos segundos para reconocer que sí era su hija”. El certificado de defunción estipula que según el diagnóstico oficial, Darcy falleció a causa de policontusiones y asfixia.
Aunado a ello, la familia, al enterarse que Omar Alejandro estaba utilizando la cuenta de Darcy en Facebook, comenzó una conversación con él, en la que sólo recibieron burlas, amenazas de muerte e insultos; donde presumía de tener parientes en la política y por ello no le iban a poder hacer nada.
“Cuando el presunto homicida se desconectó, (el padre de Darcy) buscó en Facebook fotografías de Alejandro, creó una imagen con ellas y las publicó en internet, pidiendo datos sobre el presunto homicida y ayuda para capturarlo.”
“Por otro lado, Isabel llevó la conversación a la Procuraduría local (en donde) un agente recibió el nombre del principal sospechoso, dónde vive y la evidencia que había recabado” para que dicha información ayudara a la averiguación.
El pasado miércoles 3 de abril, el presunto asesino de Darcy fue detenido en Tlalnepantla, estado de México, por posesión de arma de fuego; según las autoridades el joven también ha cometido diversos actos delictivos, en su mayoría relacionados con el robo a transeúntes; Omar Alejandro Dueñas Zamora se identificó con otro nombre y “estuvo a punto de evadir la acción de la justicia. Ya había sido liberado por las reservas de ley por el Ministerio Público de la Federación, ya que el delito que se le imputaba no era grave”, sin embargo, minutos después fue aprehendido de nueva cuenta.
Ante esto, y conociendo la forma en la que muchas veces se carece de una real impartición de justicia, alzamos la voz para que el asesinato de Darcy no quede impune y se llegue hasta el fondo de las investigaciones; exigimos que al igual que el caso de esta joven, sean investigados y castigados los feminicidios que lamentablemente ocurren con mayor frecuencia a lo largo y ancho del país.
Así como se ha acuñado la expresión: cuando se golpea a una se nos golpea a todas y todos, cuando se hace justicia a una víctima de feminicidio se comienza a hacer justicia a todas.
Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a integrar una averiguación previa, sólida y contundente, que permita hacer justicia en el caso de feminicidio de Darcy Losada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar negociaciones por la SRE para establecer oficinas consulares de Estados Unidos de América en Acuña y Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Irma Elizondo Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Coahuila de Zaragoza es una de las entidades que en los últimos años ha mostrado un flujo económico importante, debido a las grandes plantas acereras, cerveceras, maquiladoras y automotrices que hay en su territorio, así como a la diversidad de individuos que se dedican a una actividad económica en forma cotidiana, razón por la tienen que cruzar en reiteradamente la frontera que divide a Estados Unidos de América y a México.
De ese modo, Coahuila de Zaragoza, por ser una de las 6 entidades federativas que forman parte de la franja que colinda con Estados Unidos de América, tiene en Acuña y Piedras Negras una zona fronteriza que enfrentan una serie de problemáticas comunes que afecta a toda su población, e incluso a la de otros municipios como los de Jiménez, Zaragoza, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo, Nava, Morelos, Allende, Sabinas, San Juan Sabinas, Progreso, Monclova, Escobedo, Abasolo, Candela, Juárez y Castaños, muy cercanos a Nuevo León, sólo que causa especial interés en la proponente, la consistente en la ausencia de una oficina consular del vecino país del norte para que atienda de manera sencilla y pronta cada uno de los trámites correspondientes con los coahuilenses de la región.
Esta problemática la enfrentan los individuos que por su actividad económica tienen que cruzar frecuentemente la frontera entre los Estados Unidos de América y México, los cuales son habitantes de Acuña y Piedras Negras en su mayoría, así como también, de aquellos municipios mencionados anteriormente, al tener que emprender el viaje hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, o bien, a Monterrey, Nuevo León, que son lugares en donde se encuentran las oficinas consulares que corresponde a la región, para realizar trámites migratorios que se requieran, lo cual acarrea pérdidas y la obstaculización del flujo económico, incluso por varios días, debido a que se deja de realizar dicha actividad económica y se generan gastos de traslado, de alimentación e incluso de hospedaje para acudir ante dicha oficina consular fuera de Coahuila de Zaragoza, sin contar el pago por realizar el trámite por la obtención de la visa de internamiento.
Aunado a ello, los coahuilenses al realizar sus traslados hacia Nuevo Laredo o a Monterrey generalmente lo hacen por vía terrestre, lo cual resulta muy riesgoso actualmente, ya que las carreteras y autopistas del norte del país, han sido tomadas por el crimen organizado, representando un grave peligro para quien circula por ellas.
De ese modo, tal problemática ha sido considerada por los respectivos presidentes municipales como una prioridad que debe resolverse con la mayor brevedad, pues al tener que realizar los coahuilenses de Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Zaragoza, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo, Nava, Morelos, Allende, Sabinas, San Juan Sabinas, Progreso, Monclova, Escobedo, Abasolo, Candela, Juárez y Castaños, recorridos hasta Nuevo Laredo o a Monterrey, se generan altos costos económicos, de tiempo y graves riesgos, únicamente para realizar trámites que en su momento se realizaron en Acuña y Piedras Negras, por lo que es necesario que se realicen las gestiones necesarias para establecer una oficina consular en alguno de estos dos municipios, que permita a los coahuilenses de la región realizar sus trámites migratorios sin implementar grandes costos, de tiempo o de seguridad durante sus traslados a Nuevo Laredo o a Monterrey, lugares en donde se encuentran las oficinas consulares correspondientes a Coahuila de Zaragoza.
Ciertos instrumentos internacionales versan sobre el establecimiento de oficinas consulares. Al respecto, los artículos 2 y 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 dicen lo siguiente:
Artículo 2
1. El establecimiento de relaciones consulares entre Estados se efectuará por consentimiento mutuo.
2. El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos Estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento de relaciones consulares.
3. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares.
Artículo 4
1. No se podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado receptor sin su consentimiento.
2. La sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular, las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor.
3. El Estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor.
4. También se necesitará el consentimiento del Estado receptor si un consulado general o un consulado desea abrir un viceconsulado o una agencia consular en una localidad diferente de aquélla en la que radica la misma oficina consular.
5. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependencia que forme parte de aquélla, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso del Estado receptor.
Sobre ese particular, el artículo 1 de la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América, de 1942, establece lo siguiente:
Artículo 1
1. Cada una alta parte contratante, funcionarios consulares en aquellos de los puertos, poblaciones y ciudades, en donde sea conveniente y que estén abiertos a los representantes de las altas partes contratantes, conviene en recibir de la otra consulares de cualquier Estado extranjero...
Es importante mencionar que durante 1999 en Acuña, debido a un fuerte impulso de la Cámara de Comercio, se logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizara gestiones con su homólogo estadounidense para establecer en ese municipio, una oficina consular, lo cual sí se logró. Sin embargo, fue poco el tiempo de duración, ya que 2000, dicha oficina consular fue cerrada y desde entonces no se ha vuelto a abrir una oficina de esta naturaleza en alguno de los municipios que forman parte de tal franja fronteriza.
Esta problemática fue planteada desde la LXI Legislatura a través de una proposición con punto de acuerdo, misma que fue dictaminada en sentido positivo y aprobada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 6 de abril de 2010, sin embargo, no tuvo mayor eco una vez que se exhortó al Ejecutivo Federal por medio de la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que iniciara negociaciones ante su homólogo para tal objetivo, por lo que es evidente la existencia de dicha problemática al no existir una Oficina Consular en la región fronteriza citada que haga frente a la demanda que ha impuesto la población económicamente activa, presencia que es muy fuerte en dicha franja, debido a la existencia de plantas acereras, cerveceras, automotrices y maquiladoras, así como por aquellos individuos que realizan actividades económicas en forma independiente.
De establecerse una oficina consular en Acuña o Piedras Negras, se traería un importante beneficio, no sólo para los habitantes de los Municipios antes mencionados, sino también para los de Jiménez, Zaragoza, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo, Nava, Morelos, Allende, Sabinas, San Juan Sabinas, Progreso, Monclova, Escobedo, Abasolo, Candela, Juárez y Castaños, así como para las plantas y maquiladoras que en la región se han establecido.
En este sentido, la proponente, consciente de la compleja problemática que viven los coahuilenses que son habitantes de los Municipios antes mencionados, quienes por no contar con una oficina consular cerca de su domicilio para realizar los trámites migratorios que requieran, les ha implicado la realización de gastos económicos, de tiempo e importantes riesgos en su integridad física, por lo que acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicte instrucciones a la Embajada de México en los Estados Unidos de América, e inicie negociaciones con sus homólogos, con la finalidad de que se establezcan oficinas consulares de los Estados Unidos de América en Acuña y Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; lo anterior, tomando como fundamento la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América, de 1942; y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”, y a transformar el Centro de Cultura Digital Estela de Luz en Centro de la Memoria y de la Paz, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente u obvia resolución de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La Estela de Luz es el resultado de un proyecto multidisciplinario elegido dentro del concurso para constituir un monumento que conmemorara el Bicentenario de la Independencia Mexicana y el Centenario de la Revolución Mexicana; idea que inicialmente fue controvertida por múltiples especialistas en arte, historia y arquitectura.
La Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, estableció en la convocatoria que el proyecto ganador concluiría su construcción en septiembre de 2010, y sería inaugurado el 15 de ese mes en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
De igual forma cabe mencionar que en ningún lugar de la convocatoria se mencionaba la construcción de una Estela de Luz, por lo que el proyecto fue socialmente conocido como Arco del Bicentenario o Arco Bicentenario. A partir del anuncio del proyecto ganador el gobierno federal se refirió a la obra como “Estela de Luz”, como llamó el arquitecto Pérez Becerril al elemento vertical del proyecto original, que comprendía además una plaza cubierta, un espacio público con fuentes y jardines de 2 mil metros cuadrados que unirían el Altar a la Patria, la Plaza de la Secretaría de Salud, la Torre Mayor y el Parque Ariel; así como sala de exhibiciones subterránea.
No obstante, múltiples errores y actos de negligencia por parte de autoridades y particulares, motivaron que la obra se concluyera hasta diciembre de 2011, y fuera inaugurada el 7 de enero de 2012, con lo que el proyecto se vació de significado. A la entrega tardía de la obra se suma un costo exorbitante de más de mil 050 millones de pesos, cifra que resulta casi el cuádruple del presupuesto original de alrededor de 280 millones de pesos, y que implicó una serie irregularidades detectadas en la adjudicación directa a la constructora.
De tal forma, el Monumento Estela de Luz enfrentó graves cuestionamientos de la sociedad y de los actores políticos. En vez de cumplir con la intención inicial de celebrar los procesos históricos y fortalecer la identidad, la construcción ha sido renombrada popularmente de múltiples maneras que aluden a la corrupción, a la impunidad, al desaseo o a su semejanza con una galleta.
Como sostiene la petición firmada por defensores y defensoras de derechos humanos, escritores, artistas y personalidades, con fecha 2 de abril de 2013: “Lejos de ser un referente legítimo de la identidad compartida y de los anhelos de justicia social que la fecha de 2010 evocó, ha sido motivo de burla, escarnio y humillación, una afrenta en el rostro de la patria que hay que lavar resignificándola”.
El extitular del Ejecutivo, Felipe Calderón, declaró que la Estela de Luz sería un emblema de la nueva era para México, donde florecería una nación más segura, justa y próspera. Sin embargo, esa nueva era no ha llegado, pues la injusticia, inseguridad e impunidad permean nuestra sociedad, lo que se refleja en un monumento sin significado político y carente de reconocimiento ciudadano.
Los procesos de verdad histórica comprometen al estado con la sociedad civil y requieren de una colaboración permanente entre ambos a fin de que el reconocimiento de los hechos, las víctimas y los culpables evolucione a un proceso social, colectivo, por una paz real y duradera.
Es por todo lo anteriormente descrito que hacemos nuestra la propuesta generada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que fue entregada al titular del Poder Ejecutivo el 9 de enero de 2013, para transformar el nombre, la función y el significado del complejo arquitectónico de la “Estela de luz”.
Estamos plenamente convencidas y convencidos que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías, monumentos, que sobrecogen a cada visitante desde el primer contacto sensorial. Por los acontecimientos de los últimos años, que significaron la muerte de varias decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de memoria retomando las experiencias de naciones hermanas.
En nuestro continente los conflictos armados internos y gobiernos autoritarios que han derivado procesos de paz, tienen un componente de justicia, tanto para los responsables de violaciones como para las víctimas de la violencia, pero también se han fundado en el pilar de recuperación de la memoria histórica.
Desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el palacio de gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.
Es necesaria una decisión de estado a partir del planteamiento de la sociedad civil, para que a la vez de renombrar logre resignificar la Estela de Luz. Con su altura y su luz en un lugar destacado de la capital, la Estela de Paz se convertiría en un símbolo público que reconozca y recuerde con dignidad a todas las víctimas de la violencia de nuestra nación, como ha manifestado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en varias movilizaciones y actos en dicho monumento.
Consideramos que el memorial inaugurado en las cercanías del Campo Marte no cumple con la legitimidad entre la sociedad civil ni con las características necesarias para recordar y detener el flagelo de la violencia que incluye también la Guerra Sucia, la represión contra activistas y personas que han sido consideradas simples “daños colaterales”.
Cabe mencionar que el 16 de septiembre de 2012 fue inaugurado el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, un espacio para actividades artísticas que se ubica debajo del monumento. Consideramos que el centro cultural debe mantener sus objetivos de difusión, educación, producción y contacto cultural, pero a la vez debe desarrollar actividades como centro para la cultura de la paz y derechos humanos, por su vinculación directa con el monumento y por la posibilidad de que esta interacción detone un proceso social de paz y de justicia, en atención a una de las obligaciones constitucionales del estado para promover los derechos humanos.
Estamos conscientes de que la emergencia nacional amerita un sinnúmero de medidas legislativas y políticas públicas que destierren la impunidad y frenen la violencia. Con este acto singular es posible que en memoria de las víctimas se haga un firme compromiso para que los lamentables hechos y los inocultables fenómenos que hoy nos ocupan no se repitan más.
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que en el ámbito de sus atribuciones modifique la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por la de Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz, y ponga en marcha a la brevedad los procedimientos administrativos necesarios para transformar el Centro de Cultura Digital Estela de Luz en Centro de la Memoria y de la Paz.
Segundo. Para efectos del resolutivo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a convocar conjuntamente a una mesa de trabajo con los movimientos y organizaciones de víctimas para instalar un consejo directivo ciudadano para el diseño y la aprobación de los lineamientos generales para la creación y operación del espacio cultural Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz y el Centro de la Memoria y de la Paz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputados: Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina, Loretta Ortiz Ahlf, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar el diálogo ante las manifestaciones realizadas sobre la reforma educativa en diferentes zonas del país; y a los legisladores, a incluir en las adecuaciones de la legislación secundaria en la materia las propuestas recibidas de los grupos involucrados, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La reforma constitucional en materia educativa, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero, adoleció de un elemento fundamental: la visión de todos los sectores involucrados en la educación pública en México, particularmente de maestras y maestros, así como de las y los padres de familia, quienes viven día a día las deficiencias del sistema educativo, que ha estado en el abandono presupuestal o en medio de la corrupción imperante promovida desde las altas esferas del poder.
La reforma educativa es el primer producto de la cúpula de intereses políticos y económicos representada en el supremo poder metaconstitucional llamado Pacto por México, que por encima de los poderes legalmente constituidos, ha pretendido imponer un proyecto educativo, con visión centralista, que viene a terminar por desmantelar la educación pública en nuestro país.
Coincidiendo con el artículo de John Ackerman, publicado en el periódico La Jornada , el pasado 1 de abril, la reforma educativa no busca fortalecer la educación pública, ni acabar con el corporativismo sindical, sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del nuevo PRI en el gobierno.
Prueba evidente de lo anterior es el recibimiento por parte del titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, al nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, con todos los usos del viejo sistema, con lo que se confirma que más allá de la utilización mediática del encarcelamiento de la exlíder del SNTE, Elba Esther Gordillo, la alianza de complicidades se mantiene intocada. Sólo cambiaron los personajes, los contubernios son los mismos.
Lo dijimos en la tribuna, en cada una de las reservas que las y los diputados de Movimiento Ciudadano presentamos, la reforma educativa debía ser puesta a consulta, escuchar las voces de los maestros y maestras, de los especialistas, de los profesionistas, de los padres de familia, de los académicos y pedagogos, debía incluir la diversidad cultural y pluriétnica que conforma a nuestro país, considerar las condiciones de infraestructura que se requieren para garantizar la calidad y gratuidad de la educación pública, nos opusimos al establecimiento de la legalización del cobro de cuotas escolares previsto en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso A) de la reforma constitucional, y exigimos revisar las necesidades que condicionan el acceso y permanencia de las niñas y niños al sistema educativo.
Fuimos claros al afirmar que para que haya educación de calidad, no hacen falta solamente maestros y maestras capacitados y actualizados en las nuevas metodologías de la enseñanza, hace falta también que tengan las herramientas técnicas y la infraestructura para emplearlas.
Cómo hablar de educación de calidad, cuando en las mismas ciudades –ya de las comunidades rurales ni ahondamos– las escuelas carecen de techo y piso, que en condiciones climatológicas extremas como las que se viven en algunos estados, son necesidades básicas. Cómo hablar de calidad cuando las escuelas carecen de materiales educativos elementales para impartir clases, y las madres o padres de familia tienen que hacer esfuerzos por solventar esas necesidades, pero en los casos en que no les es posible se pone en entredicho la permanencia de sus hijos en el sistema educativo.
Propusimos que la reforma educativa debía considerar un sistema de evaluación al magisterio que considerara las diferentes habilidades y capacidades que deben desarrollar derivadas de su trabajo en los diferentes niveles educativos, así como en las diversas zonas y regiones del país, la reforma educativa debía incentivar el trabajo de las maestras y maestros, y velar por sus derechos laborales; las autoridades que se deberían elegir para la evaluación debían tener un perfil de experiencia en la materia, y no responder a cuotas partidistas o ligadas al control sindical.
Sin embargo, así como no escucharon ninguna de las reservas que se presentaron a la reforma, menos intentaron escuchar a las diferentes voces que hay sobre el tema.
La reforma educativa no podía venir de una visión centralista, que desconoce las diferentes realidades regionales y los problemas históricos y estructurales del sector educativo, elaborada desde el escritorio de algún funcionario a sueldo del Pacto por México, ni imponerse por la vía de la sumisión parlamentaria, convirtiendo a la Cámara de Diputados y en general al Congreso de la Unión en una mera oficialía de partes del Ejecutivo.
Ahora vivimos las consecuencias de la cerrazón política para debatir, para hacer las cosas bien. El Pacto por México es una camisa de fuerza autoritaria que ahoga la vida de la república y la pluralidad del país.
Las manifestaciones de maestras y maestros, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, responden a la necesidad de buscar caminos para ser escuchados, llegando en su desesperación a vías extremas con las que no coincidimos cuando afectan a terceros, pero que entendemos surgen de la impotencia frente a la negativa a abrir alternativas de diálogo. La represión a esas manifestaciones por parte del gobierno federal responde a la reprobable regresión autoritaria y a la involución política que se vive en el país.
Hemos visto en los últimos días una escalada de violencia ante la intransigencia política de escuchar a otras voces, las manifestaciones han ido adquiriendo otros niveles, ante a los oídos sordos que han respondido con el uso de la fuerza para imponer su visión única, centralista. Algunos medios han sido el conducto para la criminalización pública de la protesta, así como lo son para la legitimación del gobierno. Pero el descontento y malestar se ha ido generalizando, al ver en los hechos que nada cambia y si cambia no es para bien.
Los profesores que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han forjado en las luchas sindicales para el reconocimiento de sus derechos laborales, y por el fortalecimiento de la educación en México y no han sido pocas las batallas que han tenido que dar. Esta sin duda, es una de las batallas más trascendentales que están dispuestos a dar, y es preciso abrir los canales de diálogo y negociación política que conduzcan a los acuerdos necesarios que nos conduzcan a la reforma educativa que realmente México demanda.
Ante las condiciones que privan a raíz de la reforma constitucional en materia educativa, consideramos pertinente hacer un llamado al Ejecutivo federal a entender este entorno, y abrir esos canales de diálogo antes del uso de la fuerza pública.
Aunque no es la vía idónea, pues en la Constitución deben estar plasmados los principios rectores de la educación en México, la legislación secundaria en esta materia abre una oportunidad para reconducir el proceso legislativo y considerar las visiones que han sido excluidas hasta ahora en la reforma educativa.
Así como a los legisladores, compañeros de esta legislatura, les exhortarlos a asumir el papel que como representantes de la ciudadanía tenemos, antes que de partidos o de intereses particulares, para desarrollar nuestro quehacer legislativo y parlamentario de cara a la ciudadanía y escuchando las voces de todas aquellas personas que tienen un interés legítimo en que la educación sea realmente el motor de desarrollo en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar el diálogo ante las manifestaciones realizadas en relación con la reforma educativa en diferentes zonas del país y evitar la represión en contra de los movimientos sociales.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a iniciar un proceso amplio de consulta a todos los sectores involucrados en la educación pública a fin de incluir sus propuestas en la reforma a legislación secundaria en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a investigar las causas de la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
A partir de la muerte de 65 mineros en la Mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, se ha desatado en el país, una injusta y cada vez más frecuente muerte colectiva de trabajadores. Las mayoría de las cuáles ha tenido lugar en grandes empresas, que tenían los recursos necesarios para prevenir estos riesgos de trabajo: PEMEX, Coppel, mineras y ahora, 7 trabajadores pierden la vida en la cervecera Grupo Modelo.
Todos estos dolorosos y condenables hechos, devienen ya no de una casualidad persistente, sino de la desregulación del Estado Mexicano en materia de seguridad e higiene, que tiene su primer antecedente en la NOM-19 sobre la materia publicada el 22 de octubre de 1997, y que entre otras medidas, suprimía la obligación patronal de inscribir ante la Secretaría del Trabajo a las Comisiones de Seguridad e Higiene, abriendo de par en par el incumplimiento de los patrones, poniendo en riesgo permanente la vida y salud de los trabajadores.
A esto sumemos el poco número de inspectores, su baja capacitación, la insuficiencia de recursos materiales para que cumplan con su tarea, la ineficiencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Basta ver que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la cuenta pública 2011, emitió dictamen negativo sobre las acciones realizadas por la Secretaría del Trabajo en materia de inspección y verificación sobre seguridad en las minas subterráneas de carbón, pese a las terribles tragedias que se han dado en estas minas. Como si esto fuera poco, la Reforma Laboral reciente, suprime la facultad de la Secretaría del Trabajo para clausurar las empresas que no adopten las medidas necesarias que les sean indicadas por esta Dependencia para la prevención de los riesgos de trabajo.
Por tanto, ya no basta con guardar minutos de silencio para los trabajadores que pierdan la vida, lo que se necesita es que el Estado mexicano deje de renunciar a su obligación de regular y vigilar con firmeza el cumplimiento patronal en materia de seguridad e higiene, especialmente respecto a las grandes empresas que abusan de su poder fáctico, lo que debe llevar, además de hacer una revisión completa de la legislación en la materia, a que la Secretaría del Trabajo reestructure de forma completa a sus dos Direcciones antes referidas, por otra parte la Cámara de Diputados debe destinar los recursos presupuestales suficientes para que exista el número de inspectores necesarios conforme a los parámetros definidos por la OIT, además de darles la debida capacitación y dotarlos de los elementos necesarios, debe igualmente haber una mejor coordinación en la materia con los gobiernos locales y, se debe proceder a la ratificación de varios Convenios de la OIT que tienen disposiciones que harían avanzar la tutela a favor de la prevención de los riesgos de trabajo.
En suma, debe haber cero tolerancia con el cumplimiento de las normas mínimas que tutela la vida y salud de los trabajadores. No es posible que en tanto los patrones recogen las utilidades, los familiares recojan a sus muertos y derramen las lágrimas. Es un exceso de flexibilización en materia de seguridad e higiene el estado actual de las cosas y, sobre todo cuando la impunidad domina en este campo. Los poderes fácticos no pueden estar sobre la letra de la ley y la vida de los trabajadores.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero . Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a investigar a profundidad las causas de la muerte de 7 trabajadores en la cervecería Grupo Modelo, localizada en la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, con el objeto de deslindar responsabilidades y tomar las medidas correctivas en sus atribuciones en materias de inspeccionar en el trabajo y seguridad e higiene, para prevenir la inadmisible muerte colectiva, cada vez más frecuente de trabajadores, haciendo públicos sus resultados en un máximo 30 días hábiles.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, para que constituya una subcomisión para que determine las reformas integrales que se hagan necesarias en materia de inspección y de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir este tipo de tragedias.
Tercero. Asimismo se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en forma coordinada, den todo el apoyo que se requiera a los deudos y se respeten puntual y oportunamente sus derechos, incluyendo a los trabajadores que laboraban en el marco de la subcontratación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a iniciar negociaciones bilaterales para establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Guatemala sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El agua dulce es el recurso natural más elemental para la vida humana. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no somos consientes de que este recurso es finito y no tiene sustituto alguno.
El agua es vital para el sostenimiento y equilibrio de la vida, el medio ambiente y sin ninguna duda, para el desarrollo social y económico.
Los cuerpos de agua adquieren su status transfronterizo cuando atraviesan límites internacionalmente establecidos entre territorios de dos o más países.
Los sistemas hidrográficos son aquellos en que las aguas abarcan un río principal desde su nacimiento hasta su desembocadura; a esto último hacemos puntual referencia al Río Usumacinta, el cual tiene la característica de que lo compartimos con nuestro vecino país de Guatemala.
El majestuoso Río Usumacinta, es el sexto río más largo de Latinoamérica proveniente de las partes altas de El Quiché en la Republica hermana de Guatemala. Avanza con gran cauce hacia el sureste de nuestro país adentrándose en el estado de Tabasco en donde hace vínculo con otro gran río que es el Grijalva. Finalmente, este desemboca en el Golfo de México y cuenta en su totalidad con una longitud de mil 100 kilómetros de largo. Es considerado uno de los ríos más caudalosos con los que contamos, llevando consigo una descarga de unos aproximados 150 mil litros por segundo.
Las normas de Helsinki de 1966, definen concretamente en su artículo II, las cuencas hidrológicas internacionales como zonas geográficas que se extienden por territorios de dos o más estados demarcadas por líneas divisorias de los sistemas hidrográficos de aguas superficiales que tienden a fluir hacia sus salidas. Consecuentemente, el río Usumacinta hace parte de un sistema de carácter internacional donde también gracias a su composición territorial, funge como delimitación fronteriza entre nuestro país y Guatemala.
Este sistema hidrográfico el cual compartimos, a pesar de ser una bendición natural, también como ya todos sabemos representa un peligro heredado de las alteraciones provenientes de la mano del hombre.
Repercusiones consecuentes y catastróficas se han presentado para la parte mexicana en el estado de Tabasco, en donde creemos que las constantes inundaciones entre otras consecuencias, podrían apaciguarse revirtiendo la ausencia de un marco regulatorio y de control administrativo conjunto.
Es importante contar con obligaciones y normas legales para la organización, manejo y protección de los sistemas hidrográficos el cual geográficamente compartimos con otro Estado-Nación para manejar adecuadamente las necesidades y prioridades que otorguen su uso con los principios generales del derecho internacional, que apliquen para este tema.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar negociaciones bilaterales para la construcción de un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala para la regulación y cooperación regional en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua que haga públicos los motivos por los que se incrementó el monto y se reprogramó el periodo de ejecución del contrato para construir el túnel emisor oriente, a cargo del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Que la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas residuales y pluviales y operar de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las temporadas de estiaje (en una temporada operaría un túnel y en la siguiente el otro), a fin de inspeccionar y dar mantenimiento a ambas estructuras con objeto de conservar en condiciones óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla que prevalece en la actualidad sobre el TEC.
Que como meta física, el TEO tendrá 7.0 m de diámetro, una longitud aproximada de 62.3 kilómetros, una capacidad de desalojo de hasta 150.0 m³/s y un tiempo estimado originalmente de construcción de cuatro años conforme con el periodo del contrato original.
Que el contrato de obras públicas mixto número SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, que tiene por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del TEO en el Distrito Federal y el estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo; fue adjudicado directamente por la Conagua a Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, SA de CV, con la participación conjunta y solidaria de las personas Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, Carso Infraestructura y Construcción, SAB de CV, Construcciones y Trituraciones, SA de CV, Constructora Estrella, SA de CV, y Lombardo Construcciones, SA de CV, por un monto de 9,595,580.5 miles de pesos y un periodo de ejecución del 14 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2012 (1,402 días naturales).
Que el 5 de julio de 2011, la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 4,207,935.9 miles de pesos y reprogramar el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014, debido a que durante la ejecución de la obra fue necesario realizar trabajos adicionales.
Que el contrato de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado número SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD tiene por objeto realizar la supervisión técnica y administrativa, el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del Túnel Emisor Oriente; fue adjudicado directamente por conducto de la Conagua a Dirac, SA de CV, y empresas asociadas, Lumbreras y Túneles, SA de CV, y Consultoría Integral de Ingeniería, SA de CV, con un monto de 651,401.4 miles de pesos y un periodo de ejecución del 11 de diciembre de 2008 al 10 de diciembre de 2012 (1,461 días naturales).
Que el 30 de septiembre de 2011, la entidad fiscalizada, Dirac, SA de CV, y las empresas asociadas formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 382,091.0 miles de pesos y reprogramar el periodo de supervisión de los trabajos en 751 días naturales, por lo que su fecha de terminación se modificó del 10 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014. En 2011 se ejercieron 229,964.2 miles de pesos.
Que el pasado 7 de abril de 2013, senadores, diputados federales y locales del Distrito Federal, acusaron irregularidades en el costo y desarrollo del Túnel Emisor Oriente, lo que pone en riesgo a la ciudad ante la próxima temporada de lluvias.
Que tales irregularidades en la obra han registrado modificaciones presupuestales en su costo original, cuyo monto era 9 mil 595 millones de pesos para su ejecución del 14 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2012.
Que lo anterior de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-16B00-04-0374-DE-108, el 5 de julio de 2011, la entidad fiscalizada (Comisión Nacional del Agua) y la contratista (Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, SA de CV), formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 4,207,935.9 miles de pesos y reprogramar el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014, debido a que durante la ejecución de la obra fue necesario realizar trabajos adicionales.
Que extraoficialmente la Conagua ha dicho que el costo final de la obra será de 19 mil 500 millones de pesos, lo que significaría un sobrecosto de más del 100 por ciento, de acuerdo con la cifra original.
Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, propone los siguiente
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua que haga del conocimiento de la opinión pública los motivos por los que el contrato para la construcción del túnel emisor oriente incrementó su monto en 4,207,935.9 miles de pesos y se reprogramó el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014. Así como aclarar si la obra erogará un costo total de 19 mil 500 millones de pesos aproximadamente.
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua haga público el porqué la entidad fiscalizada, Dirac, SA de CV, y las empresas asociadas formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto del contrato para la supervisión técnica y administrativa, el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del Túnel Emisor Oriente en 382,091.0 miles de pesos y reprogramar el periodo de supervisión de los trabajos en 751 días naturales, por lo que su fecha de terminación se modificó del 10 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a terminar los trabajos de construcción del Túnel Emisor Oriente a la brevedad, ante la necesidad de evitar riesgos de inundaciones en la Ciudad y zona colindante del Estado de México durante la próxima temporada de lluvias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. El día establecido fue el 7 de abril, el cual, desde1950 se celebra como Día Mundial de la Salud.
Cada año se elige para esta fecha un tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública mundial. El tema electo para este año fue la hipertensión.
La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta, aumenta el riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebro-vasculares e insuficiencia renal. La hipertensión no controlada puede causar también ceguera, irregularidades del ritmo cardiaco y fallo cardiaco.
Uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. Esta proporción aumenta con la edad: una de cada diez personas entre 20 y 40 años la padece, mientras que cinco de cada diez lo hace entre los 50 y los 60 años. En general, su prevalencia es menor (35 por ciento) en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos y medios (40 por ciento), una diferencia que cabe atribuir al éxito de las políticas públicas multisectoriales y al mejor acceso a la atención de la salud.
Se trata de una enfermedad, en gran medida, silenciosa porque no siempre produce síntomas. La consecuencia son más de nueve millones de muertes anuales a nivel mundial. De ellas, aproximadamente, la mitad son causadas por ataques cardíacos y cerebrales, siendo estos uno de los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles, ENT, también denominadas crónicas por ser afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. El cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas cierran este conjunto.
La relevancia de estas enfermedades radica en que representan la causa de defunción más importante en el mundo, pues acaparan un 63 por ciento del número total de muertes anuales, es decir, más de 36 millones de personas cada año. Pero además, para los países en desarrollo, radica en que cerca del 80 por ciento de estas muertes se concentran en los países de ingresos bajos y medios.
En el marco del tema para la conmemoración del Día Mundial de la Salud definido para este año, destaca que la hipertensión constituye el principal factor de riesgo metabólico-fisiológico de este tipo de enfermedades, ya que se le atribuyen el 16.5 por ciento de las defunciones, seguido por el consumo de tabaco (9 por ciento), el aumento de la glucosa sanguínea (6 por ciento), la inactividad física (6 por ciento), y el sobrepeso y la obesidad (5 por ciento)1 .
A mil días de que expire el plazo para cumplir los Objetivos del Milenio, fijados por las Naciones Unidas en el año 2000 para antes de que finalice el 2015, la creciente epidemia de estas enfermedades está poniendo en riesgo su avance, toda vez que, al ser el primer objetivo la reducción de la pobreza, estas enfermedades están estrechamente relacionadas con factores de riesgo en su incremento. Esto es, en los entornos con pocos recursos, los costos de la atención sanitaria para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas pueden agotar rápidamente los recursos de las familias y abocarlas a la pobreza.
El costo desorbitado de las ENT para las familias, en particular, el relativo a su tratamiento, así como el derivado de la desaparición del sostén de éstas –toda vez que más de 9 millones de las muertes atribuibles a las ellas se producen en personas menores de 60 años– están empujando a millones de personas a la pobreza cada año, sofocando el desarrollo. Asimismo, los costos de estas enfermedades para los sistemas de salud tienen gran repercusión en la macroeconomía y se prevé que aumentarán. Cada año las cardiopatías, los accidentes cerebro-vasculares y la diabetes causan pérdidas de miles de millones de dólares en el ingreso nacional de la mayoría de los países más poblados del mundo. Los análisis económicos sugieren que cada aumento de 10 por ciento de las enfermedades no transmisibles se asocia a una disminución del 0.5 por ciento del crecimiento anual de la economía2 .
En virtud de lo anterior, las enfermedades no transmisibles, y la hipertensión como su principal factor de riesgo metabólico, constituyen no sólo un problema sanitario sino también un desafío en materia de desarrollo, en particular, para los países de ingresos bajos y medios, en los cuales el alarmante crecimiento de las ENT se ve acelerado por los efectos negativos de la globalización, la urbanización descontrolada, los estilos de vida cada vez más sedentarios y el consumo creciente de alimentos hipercalóricos, tabaco y alcohol, en gran medida, producto de extensas campañas de marketing y de su mayor disponibilidad en el mercado.
Nuestro país es particularmente víctima de este contexto, lo cual se ve reflejado en que las tres primeras causas de muerte de la población corresponden precisamente a los tres principales tipos de enfermedades no transmisibles: enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos3 . Adicionalmente, alrededor del 30 por ciento de la población adulta padece hipertensión arterial, pero aproximadamente el 60 por ciento de ellos lo desconocen, sin contar con que ocupa el segundo lugar mundial en obesidad y sobrepeso en adultos y el primer lugar en infantes.
Por ello, el día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, resulta trascendental destacar, en el caso del Poder Legislativo, su labor fundamental de expedir leyes y establecer los mecanismos que garanticen su cumplimiento, a fin de garantizar una mayor protección para la salud de sus ciudadanos; y, en el del Poder Ejecutivo, su responsabilidad de mejorar la calidad de los servicios de salud en cuanto a la prevención de estas enfermedades y a la atención de los gastos catastróficos una vez que estas se han presentado.
Notas
1 OMS 2013: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/
2 OMS 2011, Informe sobre la situación mundial de las Enfermedades No Transmisibles 2010: http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf
3 Inegi 2011: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=e st&c=23587
Diputado Marni Miranda Salgado (rúbrica)
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