Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3607-III, jueves 20 de septiembre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sener, de la SE, de la CFE y de la Conagua a revisar y ajustar las tarifas de electricidad para consumo doméstico en Chihuahua y en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputadas y diputados federales de Chihuahua, Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, presentan ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo del año 2011, el comportamiento de la temperatura media en los Estados Unidos Mexicanos estuvo marcada por tres altibajos; el primero en el segundo mes del año cuando intensas nevadas en el noroeste permitieron al promedio nacional ubicarse muy cerca de dos desviaciones estándar por debajo del promedio.
El segundo se observó durante el verano al promediar temperaturas por arriba del umbral de dos desviaciones estándar.
El tercero, al final del año cuando nuevamente eventos aislados de corta duración ocasionaron el descenso de la temperatura más importante del año. Los extremos de temperatura para todo el año 2011 fueron: temperatura máxima extrema, 49.1° Celsius en Paso Nacori, Sonora, el 19 de junio; temperatura mínima extrema, -22.0° Celsius en Santa Bárbara, Durango, el 28 de noviembre.
Se establecieron nuevos récords de temperatura en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas que tuvieron el año más cálido de los últimos 41 años. Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Distrito Federal, Tlaxcala y Campeche fueron ubicados como el segundo más cálido. Otros cuatro estados (Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas) se ubicaron dentro de los cinco más cálidos.
Es importante mencionar que el factor que influye para que el consumo de energía eléctrica sea mayor en las localidades del estado es el clima extremoso, que se ha presentado desde el inicio del año 2011, por lo que la fijación de tarifas para el cobro de este servicio debe de ser justa, equitativa y precisa, considerando en todo momento la necesidad económica - social que existe en las regiones que presentan este tipo de climas extremos que obligan al consumo elevado de electricidad.
Es importante destacar, sólo como referencia, que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.9 millones de clientes al mes de junio del año en curso, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos.
Al cierre de 2011, el suministro de energía eléctrica llegó a mas de 190 mil localidades (190 655 rurales y 3 744 urbanas) y el 97.61 por ciento de la población utiliza la electricidad.
Cabe destacar que en el Estado de Chihuahua, se ha presentado un clima extremoso por estar ubicado en una zona de tipo desértico y semidesértico, y su temperatura en la época de verano asciende por encima de los cincuenta grados centígrados en algunas localidades y en la temporada de invierno, ha llegado a descender hasta los veintiún grados centígrados bajo cero, aunado a ello su régimen de lluvias es muy escaso, teniendo como consecuencia que las y los ciudadanos, en el afán de mantener un clima templado artificial al interior de sus hogares, además del consumo regular de la energía eléctrica, utilizan aparatos eléctricos, tales como: aires acondicionados, ventiladores, calentones o calefacción, entre otros, buscando protegerse y hacerle frente a las temperaturas tan extremas.
Si bien el sector doméstico agrupa 88.41 por ciento de los clientes, sus ventas representan 24.63 por ciento del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1 por ciento de los clientes representa más de la mitad de las ventas.
Es importante destacar que en el año 2003 se presentó una gran problemática social tras el Acuerdo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y reduce el subsidio a las tarifas domésticas. Diversos sectores de la sociedad, de distintas entidades federativas, se manifestaron públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afectaba directamente la economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, así como aquellas que habitan en regiones en que las condiciones climatológicas obligan a utilizar, en mayor medida, sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los efectos de la temperatura ambiental, lo que implica necesariamente un mayor consumo de energía eléctrica.
Paralelamente al incremento en las tarifas eléctricas, el subsidio se ha reducido en 18 por ciento, al bajar de 28 mil 113 millones de pesos otorgados en el primer trimestre de 2009, a 23 mil 70 millones en el primer trimestre de 2010. Los precios medios de energía eléctrica pasaron de 112.77 centavos por kilovatio- hora en marzo de 2009 a 120.38 centavos a marzo de 2010, es decir, un alza de 6.7 por ciento.
Las estadísticas difundidas por la Secretaría de Energía precisan que en el periodo enero-marzo de 2010, las ventas de electricidad en el sector doméstico cayeron 3.3 por ciento como reflejo de las elevadas tarifas. En el sector comercial las ventas bajaron 10.4 por ciento y en el de servicios cayeron 12.1 por ciento, mientras que las del sector agrícola descendieron 5.6 por ciento.
Las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica se clasifican de acuerdo con su uso y nivel de tensión en
Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC)
Servicios públicos: 5, 5-A y 6
Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N
Temporal: 7
Generales en baja tensión: 2 y 3
Generales en media tensión: O-M, H-M y H-MC
Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF
Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L
Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF y HT-LF
Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-RM
Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF y HT-RM
Servicio interrumpible: I-15 e I-30
Hay que señalar que todas las tarifas eléctricas se encuentran sujetas a ajustes mensuales, con excepción de las tarifas agrícolas de estímulo 9-CU y 9-N, que se ajustan anualmente. Las tarifas del servicio en media tensión (MT) y alta tensión (AT) en uso general y respaldo, así como las de servicio interrumpible, tienen diferencias metodológicas respecto a las tarifas específicas. En el caso de las tarifas generales, se actualizan mediante un mecanismo de ajuste automático mensual que refleja las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación. Asimismo, dichas tarifas tienen cargos por consumo y por demanda con diferencias regionales, horarias y estacionales. El resto de las tarifas (domésticas, servicios públicos y agrícolas) se ajustan mediante factores fijos, sin diferencias horarias.
Las tarifas domésticas (sin incluir la DAC), las agrícolas 9 y 9-M y las de servicios públicos, se ajustan mediante factores fijos y el resto (DAC, comerciales e industriales) mediante una fórmula que incorpora las variaciones de los precios de los combustibles y la inflación.
Los factores fijos se autorizan generalmente en forma anual mediante acuerdos específicos y se relacionan con las estimaciones de la evolución esperada de la inflación. Por otra parte y como se ha mencionado, el ajuste automático mensual refleja los movimientos de los precios de los combustibles fósiles utilizados en la generación de electricidad, así como las variaciones inflacionarias. Los cambios en el costo de combustibles se estiman con base en dos elementos:
1) Las variaciones en el precio de los combustibles; y
2) Los cambios en la proporción en que los combustibles fósiles participan en la generación total.
Las variaciones mensuales en la componente de inflación se estiman utilizando un promedio ponderado de los índices de precios al productor de siete índices seleccionados del sistema de precios productor del Banco de México.
Tales índices corresponden a seis divisiones de la industria manufacturera y a la gran división de la construcción.
Debemos señalar que para el objeto de establecer la tarifa que se aplica en las diversas entidades y zonas del país, se considera como elemento fundamental el promedio de la temperatura que se registra en las mismas, utilizando para ello estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se tienen solo 133 estaciones meteorológicas automáticas (EMA) administradas por la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN) con transmisión vía satélite. En comparación a esto, la provincia de Andalucía en España tiene más de 50 estaciones, con una densidad de 1 estación por cada 1500 kilómetros cuadrados, en contraste los Estados Unidos Mexicanos tiene una densidad muy baja con 1 estación por cada 14,700 kilómetros cuadrados, o sea 10 veces menor. Esto puede traer como consecuencia que las temperaturas registradas en estas estaciones no necesariamente representan las temperaturas de las localidades del país, dada la baja densidad de estaciones que operan, en tiempo real, en los Estados Unidos Mexicanos.
Se debe tomar como ejemplo el caso de Quintana Roo, donde se instaló una red de 12 estaciones meteorológicas para medir 16 parámetros climatológicos, disponibles en tiempo real, que son adicionales a las estaciones del SMN, con el fin de tener un mayor número de lecturas de temperatura, humedad, viento, irradiación solar y el cálculo de sensación térmica, entre otras variables, que sustenten el establecimiento de tarifas eléctricas y la posibilidad de aprovechar la energía solar en la producción de energía eléctrica.
Este errado criterio, al que se suma la escasa tecnología aplicada, provoca que según datos de las estaciones meteorológicas del SMN-Conagua, las temperaturas medias mensuales en grados Celsius, por entidad federativa no alcanzan el valor de 33o Celsius establecido como mínimo para tener acceso a la tarifa 1F, y solo alcanzaron el valor más alto, en los últimos tres años (2007-2009), de 30.6o Celsius, en el mes de agosto en el estado de Sonora. Para el año 2008, la temperatura media más alta fue de 29.7o Celsius para el mes de agosto en Quintana Roo y para el 2007, la temperatura media más alta fue de 29.5o Celsius para el mes de agosto en Baja California Sur y en Sinaloa.
En general, las entidades con mayores temperaturas medias en los últimos años fueron: en orden decreciente: Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo-Sonora para el 2007; Quintana Roo, Sinaloa, Campeche-Tamaulipas-Yucatán para el 2008; y Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur y Sinaloa para el 2009.
Con base en los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, 112 estaciones climatológicas del país han reportado temperaturas medias mensuales de 33o Celsius o superiores, las cuales están localizadas en los estados de Baja California (14), Baja California Sur (7), Campeche (3), Coahuila (1), Chiapas (1), Colima (1), Guerrero (21), Hidalgo (1), Jalisco (2), Nayarit (2), Nuevo León (1), Oaxaca (1), San Luís Potosí (4), Sinaloa (5), Sonora (45), Tamaulipas (1), Veracruz (1) y Yucatán (1); resulta de ello evidente que ninguna de éstas estaciones se encuentre ubicada en el Estado de Chihuahua, el más extenso territorialmente, con todo lo que ello implica para los efectos que se contienen en el presente líbelo.
Pero sólo 10 de las 112 estaciones mencionadas tienen datos registrados en 3 años consecutivos con temperaturas medias de 33o Celsius o superior; es decir que cumplen con la norma vigente. Sin embargo, al menos existen 50 estaciones del país si han tenido años con al menos dos meses consecutivos con temperaturas de 33o Celsius o superior. En los mismos datos proporcionados por el SMN, existen infinidad de estaciones climatológicas que no tienen datos registrados y disponibles en todos los meses del año. Asimismo, se carece de los datos de 2007 en adelante para la mayoría de las estaciones; algunas pocas tienen datos de 2008 y escasas de 2009, 2010, 2011 y 2012. Esto puede ocasionar que no se tenga entonces el registro consecutivo de dos meses por año, por más de tres años consecutivos, lo que excluye a las localidades, asociadas a estas estaciones, del acceso a las tarifas preferenciales.
Por todo lo anterior, en beneficio de la economía de las familias de los mexicanos que habitan las zonas áridas y semiáridas del país, se propone que debe de otorgarse tarifa preferencial 1F a todas las localidades que hayan registrado temperaturas promedio de 33 grados centígrados, considerándose a las localidades del estado de Chihuahua primeramente.
En términos del segundo artículo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público, por lo que debe entenderse que es obligatoria su observancia y que por tanto no son renunciables los derechos emanados de la misma.
Es importante subrayar que por disposición de la propia ley, todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, aun cuando todas estas actividades no las realice por sí misma.
La Comisión Federal de Electricidad se encuentra obligada, por la ley en mención, a suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo.
En cuanto a la venta de energía eléctrica, esta se encuentra regida por las tarifas fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al criterio de cubrir eficientemente las necesidades financieras del suministrador y contar con recursos para ampliar el servicio. La Comisión Federal de Electricidad propone dichas tarifas o sus modificaciones con base en los estudios y análisis económicos que se llevan a cabo permanentemente en la institución, y las Secretarías de Energía y de Economía formulan su respectiva opinión, que se hace llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante la inquietud existente de las mediciones de temperatura, así como el registro y método utilizado para determinar la temperatura media mínima en cada localidad, y la constante inconformidad de los ciudadanos del estado de Chihuahua y demás localidades con climas extremosos de los Estados Unidos Mexicanos que han manifestado su inconformidad por la inflexibilidad con que se clasifican las tarifas asignadas y que no se consideran apropiadas de acuerdo al clima y temperaturas que presentan, las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Chihuahua, en mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción II y apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de ésta Soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, todos de la administración pública federal, a realizar una revisión y ajuste de tarifas eléctricas de consumo doméstico en las localidades del estado de Chihuahua, así como en las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en consideración la sensación térmica, la temperatura y la humedad relativa.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones incrementen la construcción de estaciones meteorológicas fortaleciendo la red meteorológica nacional, para que proporcionen en tiempo real, sensación térmica, humedad relativa y vientos, por mencionar algunos datos, que hagan posible la formación de criterios reales para establecer las tarifas eléctricas, los niveles de consumo y los subsidios respectivamente.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones beneficien y apoyen a las localidades del estado de Chihuahua y a los ciudadanos mexicanos otorgando la aplicación de la tarifa 1 F, toda vez que el Estado, debido a que su clima extremoso obliga, a que sus habitantes consuman cantidades muy altas de energía eléctrica, así como a las demás localidades de los Estados Unidos Mexicanos que han registrado de manera constante la temperatura media de 33º C, , según las actualizaciones disponibles de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad a realizar en el ámbito de sus atribuciones el cobro correspondiente de forma mensual, sustituyendo el cobro bimestral del servicio por consumo de energía eléctrica
Quinto. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda Crédito Público, de Energía, de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones, en las épocas de verano e invierno, consideren la sensación térmica para el cálculo de la temperatura por localidad y lleve a cabo la revisión de los topes de consumo de acuerdo a las tarifas, con el objetivo de minimizar las preocupaciones económicas a las que están expuestos los y las jefas de familia en las localidades del estado de Chihuahua y demás localidades consideradas zonas áridas y semiáridas de los Estados Unidos Mexicanos, como una medida previsora del tiempo que tarde la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones meteorológicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputados: Kamel Athié Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar a fondo el ataque realizado contra agentes diplomáticos estadounidenses en Morelos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Catalino Duarte Ortuño, diputado a la LXII Legislatura por el distrito 1 del estado de Guerrero, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo los hechos ocurridos en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El pasado 24 de agosto, en lo que en su momento fue calificado por la embajada estadounidense como una emboscada, agentes de la Policía Federal dispararon a un vehículo con placas diplomáticas en el que viajaban dos personas de nacionalidad estadounidense y un oficial de la Marina Armada de México, de lo cual resultaron heridos algunos de sus ocupantes. Debemos señalar que, según lo establecido en la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, este incidente constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y su tratamiento debe responder a la importancia de los acontecimientos.
Es por lo anterior que debemos llamar la atención de esta honorable Cámara para un mayor fortalecimiento estructural y presupuestal de la Procuraduría General de la República que ha sido objeto de un desmantelamiento endémico especialmente durante el último sexenio, situación que esta soberanía debe atender de manera urgente si queremos garantizar que los índices de impunidad que al día de hoy llegan al 98 por ciento, se vean realmente disminuidos y así hacer efectivo el derecho a la justicia para todas y todos los mexicanos.
En el incidente que nos ocupa, llama poderosamente la atención la identidad de las personas de nacionalidad extranjera; identidad que no se ha develado claramente y que ha sido motivo de diversas especulaciones, como el hecho de que estaban armados y se trataba, por ende, de contratistas de empresas militares privadas que operaban en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos.
Estas especulaciones resultan sumamente graves, dado que el informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación de la ONU ha señalado que estas compañías privadas operan bajo diversas “irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, que incluyen hacinamiento, exceso de horas laboradas, falta de pago o pago incompleto de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento, y desatención a las necesidades básicas como la salud. Aunque se les había contratado como ‘contratistas independientes’ o ‘guardias de seguridad’, estas personas recibieron un adiestramiento militar en Estados Unidos de América, Jordania o en Iraq, y terminaron desempeñando funciones militares” socavando el estado de derecho y su monopolio exclusivo de la fuerza.
El grupo de trabajo ha hecho énfasis en una “evaluación regional efectuada por el grupo de trabajo sobre la tendencia a la privatización de la seguridad en América Latina, incluido el fenómeno observado en los últimos años de contratación de ciudadanos de los países de la región por empresas militares y de seguridad privada. Dichas empresas son filiales de, o han sido a su vez subcontratadas por empresas con sede en el extranjero que operan en situaciones de conflicto armado o de posconflicto como Afganistán e Iraq”.
Es importante hacer el señalamiento que nuestra Ley Federal de Seguridad Privada no hace ninguna distinción entre las empresas de seguridad que prestan sus servicios de vigilancia y resguardo, de aquellas que realizan entrenamiento militar y operan como verdaderos ejércitos. Esto supone que el vacío legal a que nos enfrentamos representa un ámbito de oportunidad para el desarrollo de estas actividades.
Tenemos noticia, además, de que estas empresas operan ya en nuestro país, prestando sus servicios. Como ejemplo de ello, podemos citar los servicios de vigilancia que presta la empresa Halliburton a Pemex, desde hace ya varios años.
Al día de hoy, existen elementos que no han sido aclarados y se derivan en interrogantes que no han sido contestadas. ¿Cómo es posible que el gobierno federal permita el ingreso de agentes diplomáticos estadounidenses sin un debido control, ni mucho menos el estar enterados del motivo de su visita en territorio nacional? ¿Qué hacían estos diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos? ¿Acaso el gobierno federal desatendió la visita de estos agentes y el propósito de la misma en nuestro país? ¿Puede alguien ingresar a nuestro país y, más aún, pueden personas con un cargo de tal nivel ingresar sin que el gobierno federal siquiera se dé por enterado? ¿Está acaso permitido el espionaje de manera deliberada en nuestro país?
Otra interrogante que se debe investigar es por qué la Policía Federal no puso a disposición inmediata del Ministerio Público Federal los cinco vehículos en que viajaban las personas vestidas de civil, autores de la agresión, ni las armas que utilizaron contra estos agentes diplomáticos.
Por todo lo anterior, es necesario acelerar la investigación sobre estos hechos acontecidos antes señalados.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo, y hasta las últimas consecuencias, el ataque perpetrado por elementos de la Policía Federal en contra de diplomáticos estadounidenses que viajaban en un vehículo diplomático, hechos acaecidos el 24 de agosto pasado.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, que en el momento oportuno se ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de los probables o las probables responsables por la comisión de algún delito en el asunto que nos ocupa.
Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el análisis, el debate y la elaboración del dictamen sobre la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, del titular del Poder Ejecutivo federal, de trámite preferente, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que el pleno de la Cámara de Diputados instruye a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para garantizar la más amplia difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el análisis, debate y elaboración del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo del titular del Poder Ejecutivo federal de trámite preferente.
El que suscribe, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Cámara de Diputados recibió, el pasado 1 de septiembre del dos mil doce, del titular del Poder Ejecutivo federal, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Refiere el propio Ejecutivo federal, en la exposición de motivos de dicha iniciativa, que después de que éste realizó un exhaustivo análisis de los asuntos pendientes que requieren ser abordados con urgencia, concluyó que la modernización de la Ley Federal del Trabajo justifica con creces que este tema pueda ser puesto a consideración del Congreso de la Unión, a través de la Iniciativa Presidencial de Trámite Preferente.
Efectivamente, la reforma a la Ley Federal del Trabajo es un tema relevante para el Congreso de la Unión y también para la sociedad mexicana, puesto que a través de ésta se proponen modificaciones sustantivas a las formas que se regulan las relaciones entre trabajadores y patrones, así como los procedimientos para la solución de conflictos laborales, entre otros. Sin lugar a duda, las reformas que se presentan, en caso de aprobarse, incidirán en los factores de producción de nuestro país. Es por ello, que resulta un tema de alta responsabilidad de esta Cámara de Diputados, como cámara de origen en el proceso legislativo y de la Cámara de Senadores, en su función de Cámara revisora.
Conforme a lo dispuesto por la fracción I y el tercer párrafo del artículo 71 Constitucional, la iniciativa de trámite preferente determina una plazo máximo de treinta días naturales para que esta Cámara de Diputados, en su calidad de cámara de origen, discuta y someta a votación la reforma a la Ley Federal del Trabajo que propone el Ejecutivo Federal. Misma que en caso de ser aprobada, pasará de inmediato a la Cámara de Senadores en su calidad de revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo bajo las condiciones antes descritas.
Para ello en la sesión del día catorce de septiembre del año en curso, el Pleno de esta Cámara de Diputados aprobó constituir e integrar la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para la LXII Legislatura. Así mismo, aprobó el Acuerdo por el que se establece el método de dictamen para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo enviada con carácter preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, así como los patrones, tienen derecho a conocer los trabajos de esta Cámara de Diputados en el análisis y dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que propone establecer nuevas condiciones en las relaciones y la solución de conflictos laborales.
En un ejercicio democrático y en plena observación de los principios de transparencia y rendición de cuentas, es necesario que tanto la Cámara de Diputados y de Senadores realicen la mayor difusión posible de los trabajos de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma que pretende establecer nuevas formas en las relaciones laborales; modificar el proceso de solución de conflictos y la forma de registro y publicidad de las asociaciones de trabajadores, entre otras. A ello estamos obligados, en tanto ser un órgano de representación popular que atiende y debe atender a la voluntad de sus representados. A ello, también nos obliga el derecho a la información de todas las mexicanas y mexicanos, garantía contenida en el artículo 6º Constitucional, la cual es de estricta observación por el mandato del artículo 1º de la misma Carta Magna que determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. Además, en el párrafo tercero del mismo artículo constitucional se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Para lo anterior, en primera instancia, el Congreso de la Unión, cuenta con un medio de difusión idóneo como lo es su Canal de Televisión, el cual, como lo dispone el artículo 131, segundo párrafo, de Ley Orgánica del Congreso de la Unión, tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.
Para ello se considera necesario y procedente que este pleno de la Cámara de Diputados apruebe, a través de acuerdo legislativo, garantizar que todas las sesiones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se transmitan en forma directa a través del Canal del Congreso, autorizando con ello, la alteración de la programación ordinaria de dicho medio de comunicación, para garantizar la cobertura directa de las sesiones de trabajo de dicha Comisión. Debiendo quedar abierta la señal de transmisión para todo medio de comunicación público o privado que así lo desee.
Por otra parte, es necesario que a través del tiempo oficial en radio y televisión que le corresponde a la Cámara de Diputados se difundan cápsulas informativas de dichas sesiones de trabajo legislativo, atendiendo en ello a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad en sus contenidos.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 5, fracción IV, 6, 9, 10 y 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y en el sentido de fortalecer el derecho y acceso a la información de actos y resoluciones que son de interés general y que por su contenido es de importancia relevante para la sociedad mexicana, se considera necesario exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social realicen en los tiempos oficiales en radio y televisión, la más amplia difusión del debate legislativo en torno a la iniciativa que en carácter de preferente remitió al Congreso de la Unión, atendiendo de igual forma a la objetividad e imparcialidad en la información.
La discusión pública y abierta de la reforma de una ley que trasciende el interés de grupos o partidos es un ejercicio pleno de la democracia, la apertura del debate es de suma importancia para los trabajadores y empresarios de nuestro país, puesto que en el sentido de la reforma se apuesta por un esquema de las relaciones de trabajadores y patrones que pretenden incidir en forma directa a la política económica del país y a las estructuras orgánicas de los trabajadores. La discusión abierta de la reforma laboral, presenta una oportunidad de vida democrática en el Poder Legislativo, que puede ser fomentada por la misma difusión que realice el Legislativo a través de los tiempos oficiales de radio y televisión, así como el análisis y difusión que los propios medios de comunicación concesionados realicen del trabajo legislativo. Con lo anterior se propone un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas; la opacidad en la administración pública y el gobierno se termina con la publicidad de sus actos. Diputadas y diputados no desperdiciemos esta oportunidad que podemos darnos en bien de la República y de sus habitantes. Así nos lo demandan nuestros electores.
Por lo expuesto, someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Acuerdos
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados instruye a su Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política para que se garantice la más amplia y adecuada difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y del debate que en su momento se presente en esta Cámara de Diputados, a través del Canal del Congreso y en los tiempos oficiales asignados, observando los principios de objetividad e imparcialidad en la información que se difunda por el Canal del Congreso. Asimismo, atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas, se garantice a todos los medios de comunicación el acceso a la señal de grabación de video y audio en tiempo real de los trabajos de la Comisión.
Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política para que en el tiempo oficial que corresponde a la Cámara de Diputados en Radio y Televisión, se difundan las actividades de la comisión y se informe de los diversos argumentos expuestos el análisis y debate de la reforma laboral garantizando los principios de pluralidad, objetividad e imparcialidad.
Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de las Secretarías de Gobernación, y del Trabajo y Previsión Social informen a la sociedad mexicana del contenido de la iniciativa que presentó al Congreso de la Unión y de las posiciones que se generen en los trabajos legislativos para la reforma laboral, observando los principios de pluralidad, objetividad e imparcialidad, en tiempos oficiales que corresponden a las dependencias del Poder Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20de septiembre de 2012.
Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a cumplir el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 20 de junio de 2011 y homologar el costo de las llamadas del valle de Mexicali, con clave lada 658, y considerarlas locales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente aprobó el dictamen emitido por la Tercera Comisión, relativo a la necesidad de homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 para que fueran consideradas como llamadas locales.
El dictamen antes referido constaba del siguiente resolutivo:
“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que tenga a bien instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y éstas sean consideradas como llamadas locales.”
Este exhorto, que la Comisión Permanente emitió el año pasado, se suma a otros que han sido aprobados por el Congreso de la Unión sobre la misma temática, por ejemplo:
• El 31 de mayo de 2006, los entonces diputados federales Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del GPPRI, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y a la empresa Teléfonos de México (Telmex) a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica en los 125 municipios del estado de México, e integrarlos al servicio local con el Distrito Federal, mismo que fue dictaminado y aprobado por el pleno de la Comisión Permanente el 7 de junio de 2006
• El 14 de junio de 2006 se aprobó el dictamen correspondiente al punto de acuerdo presentado por el entonces diputado Tomás Trueba Gracián, por medio del cual se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica del valle de Orizaba, Fortín y Córdoba, en Veracruz.
Como se puede observar, desde hace años el tema de reconsiderar las tarifas de larga distancia en algunas partes del país ha estado presente en la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional debido a que, por sus características y necesidades únicas, existen zonas del país en las que es menester apoyar a la población con medidas de este tipo y, sin embargo, no hemos encontrado respuesta satisfactoria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por esta razón es que el día de hoy se recuerda el punto de acuerdo que presenté el año pasado, siendo senador de la república por Baja California, sobre la homologación de las tarifas en las llamadas realizadas en las comunidades del valle de Mexicali, ya que se exhortó a las autoridades federales a fin de que tomaran medidas para aliviar la situación de los habitantes de nuestro estado que resultaron afectados por el terremoto ocurrido el 4 de abril de 2010, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades exhortadas, no obstante que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Permanente y ya ha pasado más de un año desde que se hizo la petición.
La cuestión es que, por ejemplo, para realizar una llamada telefónica desde la capital estatal al puerto de San Felipe, ésta se cobra como local, mientras que a la zona norte del valle de Mexicali, que en kilómetros de distancia está más cerca de la ciudad, la llamada se realiza como de larga distancia nacional.
Esta situación afecta doblemente a los bajacalifornianos, primeramente, porque consideramos que el manejar distintas tarifas telefónicas en una misma zona resulta discriminatorio y en segunda instancia, porque debido a este acto inequitativo se afecta la economía de los ciudadanos del lugar.
Además de lo anterior, esta situación lesiona la economía de muchos jóvenes que se trasladan del valle de Mexicali a la capital del estado para realizar sus estudios puesto que, al comunicarse con sus familiares, están obligados a pagar llamadas de larga distancia.
Situaciones como la antes descrita se han presentado con anterioridad y han sido resueltas favorablemente para los usuarios de los servicios telefónicos. Recordemos que hasta hace algunos años, las llamadas que se realizaban desde el centro de la ciudad de México hacia las delegaciones más alejadas como Milpa Alta y Tláhuac, o los municipios conurbados del estado de México, tenían un costo de larga distancia y, conforme se ensanchó la mancha urbana, fueron cobradas como llamadas locales.
Si esta situación pudo resolverse en la capital de país, no vemos impedimento para que no pueda hacerse lo mismo a favor de los bajacalifornianos, máxime que, desde el Poder Legislativo, hemos hecho nuestra tarea y se han emitido exhortos a las autoridades competentes, lamentablemente, parece ser que hemos regresado a la dinámica viciosa en la que el Congreso de la Unión emite exhortos y las autoridades exhortadas no los acatan.
Es necesario revertir esta dinámica viciosa en la que nos encontramos envueltos, en la que los exhortos emitidos por Poder Legislativo tienen el poder vinculatorio de las llamadas a misa. Es tiempo de exigir el cumplimiento de nuestras solicitudes y demandas. Por esto, se somete al pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cumplir de manera inmediata el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y éstas sean consideradas como llamadas locales.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos de las zonas metropolitanas del país, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en zonas metropolitanas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es bien sabido que el fenómeno político social de la Revolución Mexicana, que costó al país más de un millón de muertes, se originó ante la inequitativa distribución de la riqueza territorial generada en una legislación individualista y errada. Ante tal desigualdad fue que se levantaron los revolucionarios de 1910, demandando la restitución de tierras a sus legítimos poseedores, la dotación de tierras y aguas a quienes carecían de ellas, el reparto del latifundio y la protección del sector campesino. Además se instituyó la coexistencia de la propiedad particular y la propiedad social, esta última conformada por la propiedad comunal y la propiedad ejidal.1
La propiedad ejidal nació como consecuencia del movimiento armado revolucionario, contando con personalidad jurídica propia, siendo propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.2
Por otra parte la propiedad comunal o régimen de comunidades se refiere a los núcleos agrarios ya presentes, a quienes se les restituyó la propiedad de las tierras.
El artículo 27 constitucional, en su fracción VII, reconoce la personalidad jurídica tanto de los núcleos de población ejidales y comunales (propiedad social), protegiendo “su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.”
En cuanto a la primera Ley de Reforma Agraria, se publicó el 6 de enero de 1915, en ella se reconoció el derecho de los núcleos de población a recuperar las tierras que les fueron despojadas. Asimismo la Ley Federal de Reforma Agraria salió a la luz el 16 de marzo de 1971. Varias décadas transcurrieron hasta la reforma constitucional y la aparición de la Ley Agraria de 1992, hoy en vigor y que contempla, entre otros, el propiciar la producción de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; acabar con las burocracias en decisiones ejidales; dar certidumbre a la tenencia de la tierra; y crear instituciones de procuración de justicia y representación de los núcleos agrarios. Parecía que la justicia agraria se hacía presente por primera vez desde el triunfo de la Revolución Mexicana.
Desde el reparto agrario hasta 1992 los ejidos representaban sólo la entrega de la tierra, sin mayor documento que el certificado de derechos ejidales que no los reconocía como propietarios. A partir de la expedición de la Ley Agraria los ejidos pueden ser regularizados, y obtener sus títulos de solares urbanos, y sus títulos de uso común, con lo que se pone a los pobladores a un paso de convertirse en pequeños propietarios.
Han pasado casi 20 años desde que fue publicada la Ley Agraria, sin que hasta la fecha se haya dado plena validez jurídica a la totalidad de los ejidos, y solares del país.
Para dar respuesta a las demandas de ejidatarios y comuneros, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el cual tenía como propósito dar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos. El 17 de noviembre de 2006 por acuerdo se declara el cierre del programa, quedando 2 mil 421 núcleos agrarios fuera del beneficio.
Posteriormente, y con la finalidad de dar continuidad a la regularización de tierras, se creó en 2007 el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), vigente a la fecha, el cual brinda asesoría legal y asistencia técnica a los núcleos agrarios que lo soliciten. El FANAR opera con los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que son autorizados por la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
A pesar del esfuerzo el objetivo del FANAR no se ha cumplido en su totalidad, entre otros, porque las reglas y normas para la regularización son complejas y burocráticas, generando que el trámite se vuelva tardado y por ende transcurran meses y hasta años para lograr la certificación y titulación de tierra.
Aunado a la situación, existe aún una gran población que habita en suelos ejidales irregulares, ubicados en las zonas metropolitanas de todo el país, lo que contribuye a que estas colonias se conviertan en blanco fácil de quienes apoyan la invasión de predios.
Más aún, el acelerado ritmo del crecimiento poblacional requiere una rápida regularización de asentamientos urbanos (solares) no atendidos en su totalidad. Urge apresurar el paso para la obtención de derechos sobre tierras de uso común, títulos de solares urbanos y de dominio pleno. Es necesario que los solares sean de propiedad plena de sus titulares.3
Dicho de otro modo se requiere convertir a los colonos ocupantes de tierras urbanizadas en dueños de las mismas, y de igual manera que estos adquieran obligaciones sobre su patrimonio, así se estaría dando un gran paso para resolver los problemas y conflictos jurídicos, urbanísticos, y políticos.
Por todo ello, vengo a proponer la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país; con este órgano, desde el ámbito legislativo podemos contribuir a darle seguimiento y celeridad a los trámites que tienen que realizar las familias, con lo que apoyamos a que obtengan seguridad patrimonial y jurídica en la tenencia de la tierra.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país, a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se crean las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformarán para el trabajo de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.
Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país son: a) Trabajar coordinadamente con las dependencias municipales, estatales y federales para impulsar convenios que den a los propietarios de solares irregulares seguridad jurídica y patrimonial, así como certeza documental sobre sus tierras. b) Impulsar y facilitar los trámites de medición, certificación, pago de derechos y título de propiedad, para convertir los núcleos de población en colonias regulares.
Tercero. La Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país, estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.
Cuarto. La Comisión Especial para dar seguimiento a la regularización de solares urbanos en las zonas metropolitanas del país, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.
Notas
1. “Hoy, la propiedad social comprende 52 por ciento del territorio nacional, esto es, alrededor de 103 millones de hectáreas de la superficie del territorio nacional.” En: Rivera Rodríguez, I., op. cit., p. 181.
2. Ley Agraria, artículo 9.
3. Ley Agraria, artículo 68.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR a atraer la investigación que permita esclarecer los posibles hechos delictivos en que se encuentran involucradas camionetas propiedad de la empresa Televisa, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con el trámite de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
1. El 20 de agosto del año en curso, en un operativo contra el narcotráfico 18 personas que viajaban en seis camionetas fueron detenidas en Nicaragua con 9.2 millones de dólares y cocaína. Los detenidos aseguraron que trabajaban para la empresa mexicana Televisa.
2. Cinco días después la primera Comisionada, Aminta Granera, jefa de la policía de Nicaragua, informó durante la inauguración de la 31 Reunión Extraordinaria de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica, el Caribe y México que se celebró en Managua, que los detenidos eran sospechosos de participar en actividades ilícitas y se identificaron como periodistas. Confirmó que se identificaron como trabajadores de la empresa Televisa y que al momento de ingresar a su país llevaban por lo menos seis unidades con logotipos de la misma empresa.
3. El señuelo que utilizaron los sospechosos fue que iban a cubrir el juicio que se inició en dicho país hermano contra el empresario Henry Fariñas, por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo las propias fuentes judiciales de aquel país corroboraron que no existía solicitud de periodistas mexicanos y menos de Televisa para dar cobertura al juicio.
4. Por su parte el Grupo Televisa emitió boletín de prensa en el que rechazó que los vehículos retenidos en Nicaragua, en la investigación iniciada por las autoridades nicaragüenses por lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de drogas, hayan sido adquiridos o registrados ante autoridad alguna por la empresa. También negó que los detenidos sean empleados de Televisa y se deslindó de toda responsabilidad del caso.
Ante tal suceso, las autoridades diplomáticas mexicanas decidieron guardar un cauteloso silencio.
5. Diversos medios de comunicación mexicanos han dado a conocer recientemente que las camionetas involucradas en el posible tráfico de drogas y lavado de dinero están registradas a nombre de Televisa, SA de CV, con domicilio en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores del Distrito Federal.
6. Frente a tal revelación y, dada la importancia de la detención de una supuesta banda de criminales que utilizaban vehículos identificados con la empresa televisiva más grande del país, las y los diputados debemos exigir a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva que le permita a esta representación popular conocer la verdad de los hechos.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a iniciar una investigación que permita esclarecer los hechos en que se encuentran detenidas en Nicaragua 18 personas, sospechosas de participar en actividades de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, que se identificaron como trabajadores de la empresa Televisa y que al momento de ingresar a ese país llevaban por lo menos seis unidades con logotipos de la misma.
Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Miguel Alonso Raya, Trinidad Morales Vargas.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de aduanas y cruces fronterizos, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
David Pérez Tejada Padilla, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Según dictamina el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.”
México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Tiene una costa oriental bañada por el golfo de México y el mar Caribe, que forman parte del océano Atlántico. Por el poniente, posee un enorme litoral bañado por el océano Pacífico. Colinda al norte con Estados Unidos y al sur con Centroamérica, específicamente con Guatemala y Belice. México comparte una larga frontera norte con Estados Unidos de América y una al sur con Guatemala y Belice. Al este limita con el Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. Aproximadamente el 85% del país (con excepción de la península Yucatán y de las llanuras costeras del este y noroeste) está formado por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental corren paralelas a ambas costas. Entre ellas se encuentra una vasta región de valles, altiplanicies y mesetas (altitud media 2 mil metros). En el extremo sur de la altiplanicie se hallan las cimas más elevadas de México: el Pico de Orizaba o Citlaltépec, el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl.
El territorio mexicano comprende numerosas islas localizadas en su mar patrimonial, de las que sobresalen la isla Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo. La superficie aproximada del país es de 1 964 375 kilómetros cuadrados, que lo ubican en el decimocuarto puesto a nivel mundial y el quinto en América, después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y la República Argentina. México tiene poco más de 3,200 kilómetros de largo entre sus puntos terrestres más lejanos.
La más amplia frontera de México es la que comparte con Estados Unidos, de una longitud de 3,326 kilómetros lineales, la mayor parte de la cual está definida por el río Bravo, que es también el más largo del país. El resto de esta frontera es definida por una serie de marcas artificiales y naturales. La frontera con Guatemala es formada por los ríos Suchiate, el Usumacinta y tres líneas artificiales. La longitud de esta frontera es de 871 kilómetros. Con Belice, la frontera de 251 kilómetros es señalada por el cauce del río Hondo.
La frontera entre Estados Unidos de América y México es la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo, con 50.23 por ciento de cruces peatonales desde el año 2002, además de la frontera con más cruces ilegales en el orbe con casi 12 millones, de los cuales bastantes mueren cada año, siendo en su mayoría de nacionalidad mexicana, y en orden decreciente centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos.
La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo y se inicia en la desembocadura del Río Bravo con el golfo de México, corre a lo largo de este sobre un punto entre las ciudades de El Paso, Ciudad Juárez, hasta Tijuana.
La región a lo largo de la frontera es caracterizada por los desiertos, las montañas, y dos ríos importantes el Colorado y el Río Grande (Río Bravo del Norte). Los estados norteamericanos a lo largo de la frontera, de oeste a este, son California, Arizona, Nuevo México, y Texas; los estados mexicanos son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.
Desgraciadamente hemos comprobado a través de reportajes e investigaciones policiacas, que dicha frontera ha sido también usada para cometer delitos de muchas índoles, como son el tráfico de personas y armas, secuestros, trasportación de enervantes prohibidos, etcétera.
La frontera sur de México, que va desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, tiene unos mil 200 kilómetros de longitud y colinda con Guatemala y Belice. La porción fronteriza compartida con Guatemala tiene una longitud de aproximadamente 956 kilómetros, e incluye colindancias de los estados de Chiapas (654 kilómetros), Tabasco (108 kilómetros) y Campeche (194 kilómetros) con los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, y Petén.
Por otro lado, históricamente, nuestro país había mantenido una economía estatizada, introvertida y protegida. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sufrido una dramática transformación. Si recordamos hace dos décadas nuestra industria no crecía en su mercado interno, como consecuencia, tampoco tenía las condiciones, ni el interés para competir en los mercados internacionales. Sin embargo, la apertura, aunada a la cercanía con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos de América presentó la disyuntiva de competir o desaparecer.1
Evidentemente, esta apertura comercial trajo como consecuencia que aquellas empresas que no estuvieran preparadas para competir internacionalmente se vieran afectadas, y muchas de ellas sucumbieron ante los grandes retos que implica una economía globalizada.
La disciplina que regula el intercambio del comercio exterior es la política comercial externa o política comercial internacional, sector que junto a las demás políticas sectoriales conforman la política económica de un país. En este sentido, el Maestro Pedro Trejo Vargas afirma que el comercio exterior constituye el objetivo de la política comercial, la cual puede orientarse a finalidades proteccionistas, liberales o neoliberales, estadistas o de economías dirigidas según el modelo económico aplicable.
El comercio exterior constituye aquella parte del sector externo de la economía que regula los intercambios de bienes, servicios, capitales y tecnologías entre proveedores y consumidores residentes en dos o más territorios aduaneros y/o países distintos, cuyas operaciones se registran estadísticamente en su balanza comercial.2
Los instrumentos de la política comercial, los podemos clasificar en dos tipos: los arancelarios, que son aquellos aranceles o impuestos a la importación o a la exportación y los no arancelarios, que son mecanismos legítimos de protección que buscan combatir las prácticas desleales de comercio, como ejemplo, las cuotas compensatorias y las medidas de transición; el control de ciertas importaciones sensibles a través de mecanismos como los permisos previos de importación, o los cupos, y la protección temporal contra los efectos indeseables de una apertura que pueda causar un daño a la industria nacional, como las salvaguardas, o la protección de la vida, la seguridad nacional, la salud, etcétera, a través de regulaciones técnicas, certificados o normas oficiales mexicanas.
Asimismo, existen diversas herramientas que forman parte del procedimiento para la importación de los productos que responden a diferentes propósitos, ya que mediante los trámites, inspecciones y procedimientos aduaneros se asegura la correcta aplicación y control en los puntos de entrada al país, tal y como se resume en la siguiente tabla:
Herramientas de comercio exterior3
La importancia de nuestras fronteras norte y sur, debe de ser un valor superior, ya que de ella dependen desde la seguridad de nuestro país, hasta el importar bienes y servicios que son indispensables para nuestro país, como podría ser la gasolina, los automotores, las maquinarias para la industria, huevo (últimamente y como consecuencia de la gripe aviar que tuvimos en nuestro país), etcétera
Si bien reconocemos que a través de la Secretaria de Economía y la de Hacienda y Crédito Público se han obtenido logros significativos en materia de comercio exterior, como:
• En mayo de 2012 se obtuvo un fallo favorable y definitivo por parte del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que resolvió la disputa que restringe la comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de América (EUA), con esta resolución se beneficiará a una industria cuya producción total ascendió a 112.4 millones de dólares en 2011, y que emplea a más de 10 mil trabajadores mexicanos.
• En octubre de 2011 cruzó la frontera con EUA el primer camión mexicano para prestar servicios de transporte de carga internacional, conforme a lo dispuesto en el nuevo Programa de Autotransporte Transfronterizo de Carga, firmado por autoridades de ambos países, en julio de 2011. Esta medida resulta crucial para la industria del autotransporte debido a que el comercio entre México y EUA asciende a casi 400 mil millones de dólares anuales, y aproximadamente 70% de este se transporta por vía terrestre.
• El 3 de octubre de 2011 se liberó el portal ventanillaunica.gob.mx, mediante el cual las empresas iniciaron el registro de usuarios, contando al 21 de junio de 2012 con 54,500 empresas registradas. A partir del 1 de junio de 2012, inició en todas las aduanas de méxico el uso obligatorio de la ventanilla única de comercio exterior mexicana (VUCEM) para realizar el despacho electrónico de mercancías por medio del comprobante de valor electrónico (Cove) y la digitalización de documentos anexos a la declaración en aduanas.
También reconocemos que no son suficientes, ya que nuestro país cada vez importa más productos, para darnos una idea de los que estamos hablando, desde enero a julio de este año según datos del Inegi el valor de las importaciones de mercancías fue de 211 mil 551 millones de dólares, por lo que consideramos de urgente creación la comisión especial sobre asuntos fronterizos, ya que consideramos que sería un instrumento que abonaría de manera significativa a resolver y proponer soluciones a todas las incidencias que se llevan a cabo dentro de las mismas.
Para cumplir sus objetivos, la comisión tendrá las siguientes atribuciones:
• Presentar una propuesta de trabajo.
• Generar un sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y todas las dependencias federales, estatales y municipales que tengan alguna relación con la frontera sur o norte de nuestro país.
• Elaborar un diagnóstico de armonización de la legislación, reglamentos, memorándums, etc. de los tres niveles de gobierno; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano involucrado.
• Publicar tanto impreso como en medio electrónico documentos de divulgación sobre los temas a tratar y tratados, a de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.
• Facilitar proyectos de capacitación para operadores de cualquier órgano de gobierno, independientemente de su nivel, a fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en legislación que involucre su labor cotidiana.
• Solicitar respetuosamente la comparecencia de funcionarios públicos involucrados en el manejo de las fronteras norte y sur.
En este tenor serán tareas de la comisión especial sobre asuntos fronterizos las siguientes:
• Presentar durante el primer mes una propuesta de trabajo de coordinación entre los integrantes de la Comisión y las autoridades involucradas en asuntos de las aduanas y cruces fronterizos en las fronteras, norte y sur de nuestro país.
• Elaborar durante el primer año un diagnóstico de armonización de las normas a nivel federas, estatal e incluso municipal; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano.
• Coordinar durante el resto de la legislatura el sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y las autoridades encargadas de nuestras fronteras, de acuerdo con la agenda de trabajo de la Cámara de Diputados.
• Solicitar respetuosamente las comparecencias de los funcionarios públicos que por mayoría de votos y a petición de los integrantes de la comisión se requieran.
• Publicar en papel como en medios electrónicos documentos de divulgación a lo largo de la legislatura sobre los temas de la comisión, con fin de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.
• Facilitar proyectos de capacitación para las personas que laboren dentro de las fronteras norte y sur, a fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en determinadas circunstancias.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial sobre Aduanas y Cruces Fronterizos, cuyo objetivo será mejorar la calidad de la seguridad y el comercio dentro de nuestras fronteras sur y norte, generando así un proceso de intercambio de información y coparticipación en la elaboración de políticas públicas y legislación tanto federal, como estatal y municipal. Su duración será la misma que la actual legislatura.
Notas
1 Blanco Mendoza, Herminio, Las negociaciones comerciales de México con el mundo, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique, La apertura comercial de México.
2 Según el Banco de México la Balanza Comercial es “la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son mayores las exportaciones.
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion /material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF% 7D.pdf
3 Elaboración propia a partir de Dickens 1998, en El impacto de la regulación del comercio exterior en la competitividad y el bienestar económico, CIDE. Página 16.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la familia, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, define a la familia, como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización.
En la actualidad han surgido cambios estructurales tanto demográficos, sociales y culturales, que ejercen una presión en la movilidad y evolución de las familias, la situación presente identifica alarmas que debemos considerar con sensibilidad, ubicarlas y atenderlas mediante políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio del bienestar social de sus integrantes.
Es necesario ubicar a la familia como el fundamento de una sociedad bien constituida, que se torna indispensable para el logro del bien general y el interés público, además de que se hace necesaria para la vida comunitaria; ubicándose en orden de importancia en la punta de la pirámide sobre cualquier otra forma de constitución grupal.
Según datos del Consejo Nacional de la Población, en México existen cerca de 24 millones de familias.
Los estudios oficiales distinguen tres tipos distintos de hogares familiares:
a) Los nucleares, que están constituidos por un jefe y su cónyuge con hijos dependientes de los padres.
b) Los extensos, en los cuales además de los constituyentes de la familia nuclear se agregan otros parientes.
c) Los diversos, compuestos por una gran variedad de formas de organización familiar, lo mismo aquellas encabezadas por madres solteras o padres solteros, que por abuelos, tíos, parejas homosexuales, etcétera.
En nuestro país según cifras del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (Inegi), el 90.5 por ciento de los hogares conformados son familiares, lo cual significa que el 97. 3 por ciento de la población forma parte de esas estructuras.
El número de hogares nucleares que se conforma por los monoparentales y biparentales, es del 70.9 por ciento del total de los hogares familiares.
El 28.1 por ciento restante es agrupado por los hogares ampliados y hogares compuestos.
Otra dato importante de señalar es la conformación en cuanto a jefe de familia, para 2010, del total de los hogares familiares, 77.7% tienen como jefe a un varón y 22.3% a una mujer.
Esta cifra, analizada más ampliamente indica que los hogares en los cuales la figura de jefe de familia es integrada por una mujer, se deben a disoluciones conyugales o de pareja.
El 28 % de ese total son viudas, es decir, tres de cada diez mujeres, el 29.2 % están en proceso de disolución de su matrimonio o separadas, la cifra de jefas de familia casadas o en unión libre es del 28 %, pero destaca que a pesar de ello en un 31.4 % de los casos el cónyuge no reside en el hogar, en conclusión, en 78 por ciento de los casos donde la figura recae en la jefa de familia es porque existe ausencia del cónyuge.
Para 9 de cada 10 mexicanos la familia tiene valor prioritario dentro de sus escalas de interés, pero existe un dato preocupante de que uno de cada cinco mexicanos menciona que no existen muestras de cariño en su familia.
Otro aspecto a destacar son los asuntos relacionados con la población infantil, sobre todo con su escolaridad, pues se ha demostrado que los padres con mayor índice de analfabetismo tienden a tener menores expectativas y aspiraciones en educación y con su descendencia, en gran parte de estos hogares se coloca privilegiadamente el trabajo por encima de la educación escolar, esto derivado de los altos costos que les incurren y las bajas oportunidades para competir.
En los hogares de padres de familia menores de 30 años, de bajo nivel escolar y con escasos recursos, de toda América Latina, México se ubica en la cuarta posición.
Estos factores que prevalecen como ciclos cada vez más recurrentes propicia que estemos viviendo una época en la cual, la desintegración familiar esta incrementándose, generando diversos conflictos en los miembros que forman ese conjunto que debería ser armonioso y desemboca en crisis social.
Con cifras del Inegi se observa un aumento paulatino y constante de las separaciones y las uniones, señala pues mientras que en 2009, se consumaron 558 mil 913 matrimonios, se llevaron a cabo 84 mil 302 divorcios.
Esto es que en tan solo nueve años del 2000 a 2009 el número de matrimonios se redujo en 21 por ciento, por su parte el índice de divorcios se incremento en un 61 por ciento.
Se establecen como los mayores problemas que vulneran la tranquilidad de las familias, la violencia intrafamiliar, los problemas económicos y la desintegración familiar.
Lo que a violencia intrafamiliar compete, existen sesgos muy marcados entre la violencia ejercida a la mujer y otro tipo de violencia ejercida contra los hijos.
Un psicoterapeuta en su momento dijo que, el matrimonio no está en decadencia sino en un profundo predicamento, esto debido a la falta de valores. Santiago Ramírez presidente de la sociedad psiquiátrica mexicana señaló que “infancia es destino”.
Esa misma falta de valores en nuestra sociedad es la causante y generadora de la impunidad, la corrupción, que ha enfermado a nuestra nación convirtiendo esto en un obstáculo que frena el desarrollo del país y la armonía social.
Según Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción IPC se ubica a México en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor percepción de corrupción.
Esta situación nos indica que la percepción de la sociedad sobre la falta de transparencia del gobierno no ha mejorado durante los últimos diez años y por el contrario ha marcado una tendencia negativa y creciente.
Esa desconfianza también se lleva a otros ámbitos, por ejemplo, en nuestro país solo 28 % de los ciudadanos dicen tener confianza en la gente.
Estas cifras por demás alarmantes son preocupantes y se tiene la obligación de atenderlas, el clima de desconfianza que impera en nuestra sociedad predispone negativamente a la comunidad incidiendo en la conformación de redes de pulso ciudadano, mermando el capital social, riqueza de una nación.
Ese capital social en los últimos años se ha visto envuelto en aires de violencia, vulnerando la estabilidad y armonía de las familias.
Los datos sobre índice de medición de nuestro entorno social indican que hay grandes problemas y el Estado tiene grandes responsabilidades sociales que ha venido postergando. Esas estimaciones nos han indicado que existe bastante desintegración familiar. Lo que ha propiciado que la niñez se refugie en entornos no dignos de ella.
El documento titulado “La Infancia y Conflicto Armado en México”, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, da cuenta de lo anterior, al citar que en nuestro país, 10 mil niños han quedado huérfanos como resultado de la violencia que se vive, 160 mil desplazados determinados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y un aproximado de 23 mil jóvenes han sido reclutados por el crìmen organizado.
Algunas otras organizaciones estiman que en México de 30 a 50 mil menores están involucrados con la delincuencia organizada.
Son esos mismos estudios los que arrojan la escalofriante cifra de 30 mil niños que no llegan ni a la mayoría de edad, es decir niños de entre 9 y 17 años son explotados por grupos criminales de diversas formas y están involucrados en unos 22 tipos de delitos que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.
El tema citado se vuelve entonces alarmante y preocupante, son asuntos medulares que prenden los focos rojos de la sociedad, este tiene que ser un asunto que debe ocupar a Estado y sociedad; como representantes populares es obligatorio actuar y no permanecer inmunes a una realidad que parece rebasarnos y nos afecta por igual a todos.
Es fundamental aplicar políticas públicas en busca de mejoras en la protección de las familias y por ende de la niñez y más allá de aplicarlas, es menester velar por su cumplimiento.
La familia es por tanto, la escuela, donde emanan las virtudes humanas y sociales que requiere nuestro entorno, es este círculo primario de donde emergerán buenos o malos ciudadanos a una sociedad ya inestable.
Es la educación familiar tan importante que difícilmente puede suplirse.
Bien lo citaba el doctor José Manuel Valenzuela, al decir que “las figuras que representan la dimensión ética de la sociedad se encuentran deterioradas y no hay una correspondencia entre los valores éticos y el reconocimiento social, en los ojos de muchos niños y niñas no hay diferencia cualitativa entre el policía y el narcotraficante”.
Es bien cierto que la base de toda sociedad civil esta cimentada en los pilares de la familia, que esta sigue siendo una estructura fundamental, que son el sustento de esta sociedad que cada vez está más fraccionada, es además la única organización por la cual aun se puede apostar para formar redes sociales.
La sociedad es entonces, el hábitat del hombre y éste es, al mismo tiempo, el constructor y el transformador de su entorno, de su comunidad.
La conquista de un cambio de fondo solo podrá lograrse fundamentando como necesaria y a priori la educación con valores.
En nuestras manos tenemos la fórmula para romper con los paradigmas que nos persiguen mediante números fríos los cuales nos califican con un, 59 por ciento de la población que percibe nuestras leyes y a los que las formulamos, como una herramienta para satisfacer sus requerimientos, o como ese 26 por ciento que cree que son una simple excusa para cometer arbitrariedades.
Es momento también de romper esquemas y procurar la igualdad y los valores familiares, la familia es el grupo social primario en el cual no debe prevalecer como receta la indiscutible supremacía del padre y el absoluto y mezquino autosacrificio de la madre.
En el complejo e interesante tema de la familia, los retos que se presentan son en esencia la salvaguarda de la misma ante los esquemas actuales que atentan contra ella, pero también al interior de la misma, se deben crear esquemas que propicien una mayor convivencia y comunicación, para que de manera solidaria se disuelvan los conflictos que por la naturaleza en su dinámica de convivencia cotidiana surgen.
Conformemos una sociedad con valores y cimientos sólidos que nazcan en la familia y el respeto de todos y cada uno de sus integrantes, que sea el punto de partida para introducirnos a la socialización y procuración de personas congruentes en actos en beneficio propio y de su comunidad.
Entender la familia como la forma principal de promoción solidaria, para de este modo sensibilizar en el hecho, la cultura familiar es base para un desarrollo sustentable de equidad.
Es imperiosa la necesidad de organizarnos, abocarnos en un trabajo concienzudo, al tiempo que como representantes populares respondamos armonizando la legislación y el trabajo comunitario en beneficio y atención de los grupos vulnerables a estas situaciones, en especial identificar las necesidades de la comunidad y las formulas para propiciar una inclusión armoniosa de las familia y de sus integrantes en un estrato social ameno y generoso.
La idea de crear una comisión especial, es para dejar de lado el término de familia como mero tópico e ingresarlo a la categoría de relevancia que le corresponde, no podemos continuar con mera retórica política ni con discursos vanos, uno de los objetivos fundamentales de esta comisión será: que las políticas públicas apoyen los valores de integración de la familia y coadyuven al fortalecimiento de la vida comunitaria del país.
Ahondaremos en la búsqueda de evidenciar elementos que fortalezcan a la familia, identificar los rubros que impacten de manera sensible las funciones sociales y su importancia al interior de la nación.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial de la Familia, sus valores, su importancia y su inclusión en la sociedad, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Tercero. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Cuarto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial, será el mes de agosto de 2015, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinte días del mes de septiembre de 2012.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de desarrollo municipalista, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, José Isidro Moreno Arcega, diputado federal a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de desarrollo municipalista.
Exposición de Motivos
La palabra municipio está constituida por dos términos latinos el primero, municipium, se derivaba de monus, muneris, que significa “oficio, función, cargo; empleo público”, y capere, que quiere decir tomar, obtener conseguir. El segundo municipium, proviene municeps, municipis (ciudadano de un municipio, munícipe; compatriota, paisano).
Desde el inicio de nuestra república la célula básica de nuestro Estado-nación es el municipio, que prevalece hasta la actualidad teniendo una gran trascendencia en nuestro sistema jurídico mexicano, contemplado en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El municipio en su marco jurídico desde su creación ha sufrido diversas reformas de las cuales se destacan: la del 3 de febrero 1983 la cual trató de asegurar al municipio libertad económica política, administrativa y de gobierno, dando como resultado la base sobre la cual pudieran integrar su patrimonio a fin de conseguir la independencia económica; En diciembre 1986 se envió al constituyente permanente la reforma al artículo 115 constitucional con el objeto de perfeccionar el orden jurídico donde se pretende darle mayor autonomía política y económica a los municipios.
La función que tiene el municipio en el desarrollo económico, social, político y cultural en nuestra nación, ha dado pie al debate para proponer nuevas alternativas que llevarán a mejorar de manera más eficaz y eficiente la actuación de los ayuntamientos, ante los retos del siglo XXI.
La finalidad de los municipios es administrar sus propios recursos, sin embargo en la actualidad dependen de mayor o menor medida de una Entidad Pública Superior, es decir la Federación, y los Estados limitan la autonomía del Ayuntamiento al no darle una independencia de carácter político–administrativo.
El artículo 115 constitucional que a la letra dice: “Los Estados adoptaran para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre...“ Por lo anterior, el municipio es la célula básica, política y territorial de nuestro país, siendo el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, por esa razón debe haber una estrecha relación en los Municipios, sus Entidades Federativas y la Federación, para mejorar las relaciones de los niveles de gobierno antes mencionados.
En consecuencia la existencia del municipio está determinado por la referencia territorial, podríamos decir, que su territorio es el espacio físico sobre el cual se ejercen las potestades políticas y administrativas de las que está dotado como ente jurídico, así como el ámbito de validez de las normas que emite su órgano de gobierno o cualquier otro facultado constitucionalmente para ello. Esto es así, en rigor, jurídicamente todo territorio es un ámbito espacial de validez normativa. En el caso del municipio existen disposiciones que dicta el propio Cabildo Municipal, pero también otras que surgen de las legislaturas de los Estados y que se individualizan en el marco físico de su territorio.
Es por ello, que las modernas relaciones intergubernamentales tienen que guiarse en un sistema político administrativo más cercanos a sus destinatarios y que es necesario efectuar una adecuada redistribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, por lo tanto es conveniente que se establezca una serie de atribuciones compartidas y concurrentes entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
Aunado a lo anteriormente expuesto, es urgente y necesariamente indispensable tener un vinculo directo entre el poder legislativo con los gobiernos municipales, teniendo la finalidad de poder facilitar el acercamiento, y la comunicación de dichos ayuntamientos, para sostener, fortalecer el crecimiento y el desarrollo municipalista, beneficiando a la ciudadanía.
La creación de la Comisión Especial de desarrollo municipalista responde a los nuevos retos del sistema Jurídico Mexicano, ante una nueva practica en el Municipalismo actual, más en un proceso de cambio institucional de tal magnitud que se requieren cambios de actitudes de comportamientos, de mecanismo de resolución de conflictos, de sistemas de incentivos y particularmente en el aspecto financiero, para llegar a un sistema de comunicación y equilibrio que debe tener un proceso de carácter incrementativo que permita ir acumulando capacidades administrativas para poder asesorar, ayudar y aclarar los beneficios y los recursos que pueden desarrollar los municipios.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Junta de Coordinación Política de esta H. LXII Legislatura y al pleno de la Cámara se considere el siguiente punto de acuerdo que tiene como principal finalidad la creación de la Comisión de Desarrollo Municipalista, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 205 y 207 del reglamento de la Cámara de Diputados y los demás aplicables, por lo cual someto a la consideración del pleno de esta H. legislatura los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita la creación de la Comisión Especial de desarrollo municipalista.
Segundo. El objetivo de la Comisión Especial de desarrollo municipalista, será el consolidar una nueva práctica municipalista con un proceso institucional donde se requieren cambios de actitudes, de comportamientos, de mecanismos de resolución de conflictos, de sistemas de incentivos y en el aspecto financiero, con la finalidad de tener un sistema de continua comunicación, ya que debe de quedar claro que se trata de un proceso de carácter incrementativo, que permita ir acumulando capacidades administrativas, políticas y de desarrollo para ayudar, aclarar y beneficiar la autonomía del municipio.
Tercero. La Comisión Especial de desarrollo municipalista estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta honorable legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias contando para la dirección de sus trabajos con un Presidente y dos secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial de desarrollo municipalista tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto del año 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado José Isidro Moreno Arcega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de las reglas de operación de los programas del anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, conforme a lo establecido en el PEF de 2012, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Blanca Jiménez Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno federal a realizar una revisión desde la perspectiva de género de las reglas de operación de los programas federales contenidos en el Anexo 10 del PEF de 2012, intitulado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con base en las siguientes:
Consideraciones
La Secretaría de la Función Pública define que las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
Las reglas de operación detallan las formas de interrelación e interlocución entre el Estado con la población objetivo de los programas sociales –personas, grupos u organizaciones– y llegan a constituirse como mecanismo de corresponsabilidad. Por ello, los programas regidos por reglas de operación deben establecer con claridad quién o quiénes son sujetos de recibir los apoyos; en qué consisten estos y cuáles son los requisitos para obtenerlos; cómo contribuyen al desarrollo personal, comunitario y organizacional o institucional y cuáles son los mecanismo para vigilar que los recursos públicos sean aplicados conforme a los objetivos establecidos en esos programas.1
La estructura general de las Reglas de Operación tiene una secuencia que define el marco legal, antecedentes y objetivos del programa así como su alcance y del mismo modo, las reglas definen el funcionamiento del programa y los mecanismos para su seguimiento y evaluación.
En el proceso de elaboración, autorización y publicación de las reglas de operación concurren varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria como entidades rectoras de los lineamientos para la formulación, y autorización de las reglas de operación y por supuesto las dependencias de la Administración Pública Federal encargadas de operar los programas. Por lo anterior, estas tres dependencias son fundamentales en el proceso de elaboración, aprobación y publicación de estos instrumentos normativos.
Por otra parte, es conveniente aclarar que desde el Ejercicio Fiscal de 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación ha incluido un anexo específico que detalla las erogaciones etiquetadas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género. En dicho anexo se concentran todos los programas presupuestarios que la administración pública federal destina para atender la diferentes necesidades y problemáticas que viven las mujeres en nuestro país ya sea en materia de salud, educación, desarrollo social, violencia de género y trata de personas, agencia económica, discriminación y violación de sus derechos, etcétera.
Por lo que respecta el presente Ejercicio Fiscal de 2012, el Anexo 10 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF de 2012, incluye 30 programas sujetos a reglas de operación. En este sentido, se debe mencionar que existen programas que desde la naturaleza de su concepción y por el tipo de funciones que realiza la unidad responsable de su ejecución, muchos de estos programas ya incorporan una visión de género en sus reglas.
Entre estos programas se pueden definir el S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y S229 Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres ejecutados por el Inmujeres, el S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas y S239 Acciones para la Igualdad de género con población indígena ejecutados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros. Estos programas desde su misma denominación llevan implícitos el objetivo de atender las necesidades de las mujeres y/o actuar a favor de la igualdad de género.
El resto de los programas han sido diseñados desde la mismas funciones que realizan las diversas unidades responsables, y esto invisibiliza las diferencias existentes entre hombres y mujeres en los ámbitos de ejecución de cada programa, ya sea por ejemplo en el acceso a créditos para proyectos productivos, la atención de problemáticas comunitarias o de espacios públicos, atención de problemas de desarrollo sustentable y sostenible, etcétera.
La importancia de analizar desde la perspectiva de género las reglas de operación radica que durante la elaboración o actualización permite la reflexión sobre los resultados de los programas y políticas públicas y su impacto en la vida de mujeres y hombres, de tal forma que en su formulación se puedan plantear criterios y acciones que favorezcan la igualdad de género, así como conocer si hombres y mujeres obtienen un beneficio equivalente en términos de derechos y oportunidades, o por el contrario, se producen situaciones de desigualdad y discriminación.
Esta necesidad de analizar desde la perspectiva de género y que se incluya el principio de igualdad en las reglas de operación se ha manifestado desde la misma aprobación del PEF de 2012, ya que en el artículo 28 establece en uno de sus párrafos lo siguiente:
...
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres revisará las reglas de operación de los programas del Anexo 10 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables.
...
A pesar de que se pide el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad mediante la ejecución de los programas, las reglas de operación en la mayoría de los casos no tienen visión de género, cuestión que implica que se siga discriminando a las mujeres o que se sigan reproduciendo los roles históricos de la mujer como responsable de las funciones reproductivas de la familia.
Por esta razón es importante que desde el diseño de las reglas de operación se incluya el análisis desde la perspectiva de género, con el objetivo de erradicar todas aquellas situaciones que perpetúen las desigualdades de género así como los rezagos en la condición de vida de las mujeres.
Por lo expuesto, se hace la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que cumpla con la revisión de las Reglas de Operación de los programas contenidos en el Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” conforme a lo establecido en el artículo 28 del PEF de 2012.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria, emita los lineamientos para que todas las reglas de operación de los programas de las administración pública federal consideren el principio de igualdad de género en su elaboración y actualización.
Nota
1 Inmujeres, Reglas de Operación con perspectiva de género. Guía práctica para elaborar reglas de operación de programas sociales con perspectiva de género. Diciembre, 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012, celebrados en Londres, Inglaterra, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I, numeral 1, del artículo 6, el 79, numeral 2, artículo 100, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXX Juegos Olímpicos y los XIV Juegos Paralímpicos de Londres, Inglaterra, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La primera participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos fue en la justa de París 1900 con el equipo de polo, denominado Norteamérica.
En este equipo estaban Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hyden Wright.
Sin embrago, fue hasta los Juegos Olímpicos de París 1924 que México envió oficialmente una representación nacional olímpica, y desde entonces hemos participado en 21 ediciones olímpicas consecutivamente.
Hasta, hoy con un total de 62 medallas, de las cuales 13 son de oro, 21 de plata y 28 de bronce, México se ubica en la posición número 43 sobre 222 países participantes. Ocupamos el 4º sitio dentro de los países latinoamericanos.
La historia olímpica mexicana señala que la mejor actuación se dio en la justa en México 68 con 9 medallas. Después destaca la actuación que se tuvo en la resiente justa en Londres 2012 con 7, le siguen con 6 medallas en Sidney 2000 y Los Ángeles 1984.
Medallas de México en Juegos Olímpicos
La participación de la delegación mexicana en Londres es la más destacada fuera de México en 1968. Destaca de esta justa la obtención de la medalla de oro en el futbol olímpico, ya que es la primera medalla de oro que obtiene nuestro país en juegos de conjunto.
Por otra parte, se reafirmó el trabajo que viene realizando nuestros atletas en la disciplina de los clavados con tres medallas- dos de plata y una de bronce.
Londres trajo una grata sorpresa en la disciplina de tiro con arco; ya que se obtuvo dos lugares de tres posibles en el podio olímpico. Con el segundo y tercer lugar se alcanzó la hazaña deportiva de Los Ángeles 1984 con el 1-2 de Canto y González en caminata.
Hoy podemos afirmar, que México es una nación de respeto mundial en los clavados, en tiro con arco y en el futbol olímpico.
Medallistas mexicanos en Londres 2012 fueron
Ahora bien, una vez concluidos los Juegos Olímpicos se celebraron en la misma sede los XVI Juegos Paralímpicos.
Los Paralímpicos datan de 1948, año en el que el doctor Ludwig Guttman propuso una serie de competiciones para los heridos en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto se encontraban en silla de ruedas. De esta idea nacen los Juegos Paralímpicos.
Justa deportiva mundial en la que participan las personas con discapacidad física, mental y sensorialmente.
Se les denominó paralímpicos, ya que el nombre incluye el prefijo griego para que significa proximidad o similitud (con los Juegos Olímpicos), aunque en su momento el nombre se puso por la presencia de participantes con parálisis o paraplejia.
Los Juegos Paralímpicos se han celebrado en
Roma 1960. Fueron los primeros Juegos Paralímpicos oficiales que se desarrollaron en las mismas instalaciones y sedes olímpicas. El director del Centro de Lesionados Medulares propuso que los estos juegos se celebraran coincidiendo con los Juegos Olímpicos de aquel año. Los juegos iniciaron 6 días después de que concluyeron los Juegos Olímpicos, y contaron con el apoyo del Centro de Lesionados Medulares y de las autoridades italianas.
Los primeros Juegos Paralímpicos se llevaron a cabo del 19 y al 24 de septiembre de 1960 y contaron con la participación de más de 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes de 23 países. Atletismo, baloncesto en silla de ruedas varonil, dartchery, esgrima, natación, snooker, tenis de mesa y tiro con arco fueron las primeras disciplinas paralímpicas.
Tokio 1964. Los segundos juegos contaron con la participación de 390 deportistas de 22 delegaciones. Se incluyó a la Halterofilia varonil como deporte paralímpico. En atletismo se incluyó la prueba de 60 metros para ambas ramas. En Tokio por primera vez se usaron el cartel, la bandera y el Himno Paralímpico.
Tel-Aviv 1968. Los Juegos Paralímpicos del 68 deberían haberse celebrado en México. Ello no fue posible debido a las dificultades organizativas y se celebraron en Tel-Aviv (Israel). La justa deportiva se llevó acabo del 4 y al 13 de Noviembre de 1968, en ella participaron 750 deportistas de 29 países. En Tel Aviv se introdujeron el lawn bowling, el baloncesto femenil y la prueba 100 metros.
Heildeberg 1972. En estos juegos se organizaron por primera vez competiciones para tetrapléjicos. Los juegos de Heildelberg se celebraron entre el 2 y el 9 de agosto de 1972 y participaron alrededor de mil deportistas de 44 naciones. Estos juegos aportaron a la historia del movimiento paralímpico el desarrollo y definición de los reglamentos de las prueba y se crearon subcomités por disciplina.
Toronto 1976. Son los primeros Juegos Paralímpicos en los que participaron personas amputadas y con discapacidad visual. Los quintos Juegos Paralímpicos se celebraron entre el 3 y el 11 de agosto y reunieron a más de mil 600 deportistas de 42 países. Estos juegos destacaron por el incremento de participación de las mujeres al registrar alrededor de 253.
En Toronto se incluyeron nuevas distancias al atletismo: 200, 400, 800, y 1500 metros; además del tiro olímpico, el goalball varonil y el voleibol de pie.
Arnhem, Holanda 1980. Dado que Moscú no organizo los juegos, se celebraron en Arnhem. En éstos participaron más de 2 mil 500 deportistas de 42 naciones. Destaca que en esta edición paralímpica participaron atletas de más discapacidades: 125 deportistas con parálisis cerebrales, 341 ciegos, 452 amputados y 1055 deportistas con lesiones medulares. Se incorporaron al programa paralímpico al voleibol sentado y el goalball como deporte para discapacitados visuales.
Nueva York 1984. Estos juegos se celebraron en dos ciudades diferentes. Las competiciones para ciegos, amputados y personas con parálisis cerebral, en Nueva York; y las competiciones de personas con lesiones medulares fueron en Stoke Mandeville, Inglaterra. Se llevaron a cabo del 16 al 30 de junio, en ella participaron mil 800 deportistas de 45 países. En Nueva York 84, la cobertura televisiva aumento considerablemente. El programa paralímpico incluyó por primera vez el futbol-7 practicado por paralíticos cerebrales, el goalball femenil y el maratón. Por su parte, en los juegos de Stoke Mandeville se celebraron entre el 22 de julio y el 1 de agosto y participaron alrededor de mil 100 deportistas de 42 países.
Seúl 1988. En estos juegos se creó la villa paralímpica para alojar a los más de 3 mil deportistas y mil técnicos que acudieron.
Se aumentó el número de disciplinas, aparecieron competiciones de boccia, ciclismo, judo varonil y el tenis de cancha. El programa ya constaba de 16 competiciones. Por primera vez se utilizó el criterio de marcas mínimas para varias pruebas con el objetivo de hacer una selección que facilitará la mejora de los tiempos e ir así consiguiendo un nivel de élite para los Juegos Paralímpicos.
Barcelona 1992. En esta edición participaron 3020 deportistas de 82 países. Todas las delegaciones se alojaron en la Villa Olímpica adecuada para todos.
Atlanta 1996. Los décimos Juegos Paralímpicos se celebraron entre el 16 y el 25 de agosto de 1996 y tuvieron una participación de 3195 deportistas y 1717 oficiales de equipo, procedentes de 103 países. El programa deportivo constó de 17 deportes de competición y 3 de demostración (racquetball, vela y rugby en silla de ruedas). En esta adición participaron por primera vez los deportistas con discapacidad intelectual y compitieron en atletismo y natación.
Sidney 2000. Los undécimos Juegos Paralímpicos de Sidney 2000 comenzaron el 18 de octubre. Sidney 2000 reunió a 3824 deportistas de 103 países. La villa paralímpica acogió en su zona residencial a 6 mil 943 participantes entre deportistas, oficiales de equipo y oficiales técnicos.
En estos juegos participaron por primera vez como deporte paralímpico el baloncesto de discapacitados intelectuales, la halterofilia femenil y el rugby quedando el programa deportivo formado por 19.
Atenas 2004. En ellos participaron 3 mil 806 atletas de los que el 31 por ciento fueron mujeres y tuvieron una duración de 11 días. Participaron 136 países, fueron 19 deportes los que componían el programa paralímpico y se obtuvieron 304 récords del mundo y 448 Paralímpicos. También se realizaron 10 controles de dopaje positivos. Además se incluyeron como deportes paralímpicos el futbol para ciegos, el judo femenil y el voleibol sentado femenil.
Pekín 2008. Se llevaron a cabo del 6 y el 17 de septiembre y compitieron más de 4 mil atletas de más 130 países.
Nuestro país en los Juegos Paralímpicos ha ganado hasta hoy 259 medallas.
En Heidelberg, Alemania, no ganó medalla; en Toronto 1976, 16 de oro, 14 de plata y 9 de bronce para un total de 39 medallas, quedando en el lugar 12 del medallero.
En Arnhem 1980, México quedó en noveno lugar al obtener 20 de oro, 16 de plata y 6 de bronce para sumar 42 preseas. En New York 1984, México obtuvo 37 medallas: 6 de oro, 14 de plata y 17 de bronce, ocupando el lugar 25 de la tabla.
En Seúl, México ganó 8 de oro, 9 de plata y 6 de bronce, para un total de 23, ocupando el lugar 24 del medallero. En Barcelona: 0 de oro, 1 de plata y 10 de bronce, 11 en total, lugar 46. En Atlanta 96, México quedó en el lugar 31, obteniendo 3 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, 12 en total. En Sidney, Australia, la delegación mexicana se ubicó en el lugar 17: 10 de oro, 12 de plata y 12 de bronce, 34 en total. En Atenas 2004: 14 de oro, 10 de plata y 10 de bronce, las mismas 34, lugar 15. Pekín, China: 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce, 20 en total, lugar 14.
En Londres 2012, nuestros medallistas paralímpicos, fueron
• Arnulfo Castorena, obtuvo la primera medalla para México en los juegos Londres 2012. El deportista ganó la presea plateada en la prueba de 50 metros pecho categoría SB2.
• Mauro Máximo de Jesús ganó dos medallas en estos juegos paralímpicos. Las medallas de plata y bronce son un reflejo del gran desempeño que tuvo Máximo en lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina.
• Salvador Hernández Mondragón ganó medalla de plata en la categoría T52 de 100 metros en silla de ruedas.
• Eduardo Ávila Sánchez obtuvo la medalla de bronce durante su participación en la categoría de los 73 kilogramos en la disciplina de judo.
• Daniela Velasco Maldonado, mexicana y con sólo 17 años de edad, ganó la medalla de bronce en la prueba de 400 metros, categoría T12.
• Perla Bárcenas ganó la medalla de bronce en levantamiento de pesas (powerlifting) en la categoría +82.5 kilogramos.
• Pedro Rangel obtuvo la medalla número 11 para México, luego de que se situara en el tercer lugar en 100 metros pecho categoría SB5.
• Patricia Valle se colgó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros libres categoría S3.
• Juan Ignacio Reyes obtuvo el tercer lugar en la competencia de 50 metros dorso S4.
• Benjamín González ganó la medalla de bronce para México en los 400 metros T12 varonil.
• Amalia Pérez ganó la primera medalla de oro de la delegación mexicana tras su participación en la categoría de 60 kilogramos powerlifting. Rompió récord paralímpico al levantar 135 kilos.
• Gustavo Sánchez Martínez, de 18 años de edad, ganó su primera medalla en este evento luego de quedar en segunda posición en la competencia de 150 metros combinados SM4. Después, subió al podio con la medalla de oro en la final de 100 metros libres S4.
Por otro lado, un antecedente inmediato a esta propuesta es que el 4 de diciembre de 2004, esta Cámara aprobó la proposición con puntos de acuerdo para celebrar un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos de Atenas 2004.
En estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el 14 de agosto pasado los atletas ganadores de medallas en Londres 2012 recibieron un reconocimiento de parte del presidente de la República.
Es justo y necesario que hagamos en esta Cámara un reconocimiento a aquellos atletas que pusieron el alto el nombre de nuestro país en Londres 2012. Es necesario que fortalezcamos el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, que demos recursos suficientes para el desarrollo pleno de nuestros atletas.
Mandemos a la sociedad el mensaje de que las diputadas y los diputados reconocemos la labor de quienes contribuyen a la grandeza de la nación.
Por lo expresado, quien suscribe propone a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra, además, entregará un reconocimiento de la LXII Legislatura a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXX Juegos Olímpicos y los XIV Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instauración de un comité de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
EI que suscribe, diputado José Francisco Coronato Rodríguez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esta Honorable Asamblea a que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, al tenor de las siguientes
Consideraciones
EI inicio del siglo XXI se ha caracterizado por ser una época de globalización e interdependencia, regida por continuos cambios y una ciudadanía con mayor presencia y participación en la vida pública. Dichas circunstancias obligan a las estructuras gubernamentales a mejorar su desempeño y niveles de eficacia, debiendo comenzar por generar empatía y ganar credibilidad frente a la sociedad.
Con las nuevas tecnologías los ciudadanos están cada vez mejor informados y en constante comunicación, fenómeno que ha convertido a la sociedad actual en un ente más demandante en comparación con generaciones anteriores. Los mexicanos exigen, para el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.1
Lamentablemente, en nuestros días los antivalores y prácticas corruptas han invadido todos los ámbitos de la vida, el político, el social, el económico y el cultural. Es así que las sociedades contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores, lo que genera una enorme confusión y desorientación en los ciudadanos que la integran, tocando las fibras tanto de gobernantes como de gobernados. Esta situación genera mentes permisivas, que se reproducen en conductas nocivas que afectan el funcionamiento de las sociedades y al mismo tiempo agravan los conflictos nacionales.
La ausencia de los más elementales valores de la ética y la moral, al afectar a las sociedades, inexorablemente afecta también a los Estados en sus diversos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando políticos, jueces, legisladores y demás funcionarios públicos pervierten los valores y principios éticos, se olvidan de cumplir con el objetivo más trascendente de todo gobierno, que es el de impartir justicia garantizando el bien común, teniendo como finalidad preservar la fe y esperanza de la comunidad para lograr un mejor porvenir.
Uno de los principios más valiosos y legítimos de una democracia, es precisamente el inalienable derecho que tiene la sociedad de exigir resultados tangibles a los servidores públicos, por ello, estos últimos no deben anteponer sus intereses particulares o familiares a los de la nación.
Por lo anterior, es menester contribuir al desarrollo de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, que inspire confianza y seguridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos del actuar de los funcionarios públicos.
En México, uno de los cuerpos colegiados de mayor importancia en la vida democrática de la nación, es la Cámara de Diputados, en la que convergen 500 hombres y mujeres en representación de los intereses y anhelos de más de 112 millones de mexicanos, lo que representa una colosal responsabilidad ante la historia y rumbo de nuestra patria, y exige conducirse bajo los más altos estándares de honorabilidad.
En palabras de Max Weber, todo político que se jacte de serlo, debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus acciones.2 Este pensar nos da la pauta para dimensionar la labor que tiene el legislador, que no se limita a la elaboración y mejoramiento de las leyes, sino que le exige hacerlo bajo una conducta ejemplar, pues en su persona ostenta la representaci6n de millones de mexicanos que añoran sistemas institucionales mas incluyentes, pragmáticos y cercanos a su realidad.
Si se analiza la historia reciente de nuestra vida legislativa, especialmente la de la Cámara Baja, inevitablemente resaltan acontecimientos lamentables en el actuar de los legisladores, para ello resulta imprescindible que la actual legislatura asuma como prioridad la creación de un código y un comité de vigilancia de ética parlamentaria, con el propósito de regular la conducta de los Diputados Federales, y que las sesiones del pleno transiten de manera pacífica y ordenada, para lograr los acuerdos que la sociedad demanda, de tal forma que la ciudadana perciba, en el corto plazo, un cambio positivo en su vida, y vuelva a respetar la figura y trabajo de este órgano colegiado.
En el combate a la corrupción y otras prácticas que lastiman a la democracia, los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organizaci6n para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estos códigos han sido adoptados por varios países, pero aun existen muchos otros que carecen de un ordenamiento de este tipo.
A nivel internacional existen claros ejemplos del éxito e impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la antes mencionada, en naciones europeas como Francia, Inglaterra y Alemania, desde hace varios lustros operan este tipo de instrumentos, mismos que en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos y Canadá, igualmente en algunos países latinoamericanos, entre los que destacan Paraguay, Chile y Perú.3
En el caso de México, en legislaturas pasadas se ha hecho un enorme esfuerzo para regir la conducta del legislador, se han presentado al pleno al menos 15 iniciativas y puntos de acuerdo, que pretendían desde la creaci6n de un ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo, que avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que cada legislador se rigiera por los principios básicos de educación y convivencia. EI último intento se dio en la LX Legislatura, con un proyecto denominado Compromiso de Ética, mismo que carecía de poder coercitivo y nunca fue obligatorio, es decir, estaba sujeto a la mera voluntad de cada uno de los legisladores, provocando que menos de la mitad lo firmara.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y desempeño de los legisladores, también lo es que ha hecho falta dar el último paso, aquel que permita hacer realidad un Comité que se encargue de las labores para cumplir con los menesteres de este importante rubro.
EI presente punto de acuerdo busca conminar a esta Cámara a la creación de un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, que tenga como objetivo primordial la elaboración de un Código de Ética Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, es decir, que contemple sanciones en caso de incumplimiento o reincidencia. Cabe mencionar que el Código de Ética Parlamentaria, deberá contar con un Reglamento, que deberá ser redactado por el mismo Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria.
Asimismo, el Comité tendrá la tarea de aplicar y garantizar el cumplimiento del Código de Ética, del Reglamento de la Cámara de Diputados. De igual manera, deberá dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de los legisladores, además, estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.
Esta propuesta se plantea ante la inminente necesidad de devolverle a la Cámara de Diputados el contenido ético que perdió hace mucho tiempo. La realidad es que la gente ha dejado de creer en la seriedad y capacidad de este órgano legislativo, y es nuestra obligación recuperar la credibilidad que en los últimos años ha sido puesta en duda. De no afrontar este reto ahora, al inicio de la presente legislatura, habremos dejado pasar una invaluable oportunidad y habremos fallado como legisladores federales.
Con ello, se busca hacer más eficiente el proceso legislativo, transparentar el uso de los recursos, mejorar la imagen que la sociedad tiene de los legisladores y ubicar a la ética como un valor central de nuestra tarea parlamentaria.
La presente Legislatura ostenta la histórica posibilidad de sentar un precedente en materia de valores y ética parlamentaria, que enarbole los valores más puros y significativos de la dignidad humana, para cumplir y afrontar con responsabilidad la tarea que los ciudadanos han encomendado, y así, recordarnos a nosotros mismos el valioso arte de servir a través del buen gobernar, que es el fin último de la política.
De materializarse este iniciativa, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformas leyes de manera optima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
La sociedad mexicana, en su legitime derecho, nos exige desempeñar con mesura y responsabilidad el cargo que nos confirieron, he ahí donde radica la urgencia de realizar este ejercicio de autoevaluación y autocritica, con el propósito de mejorar nuestra calidad de legisladores y lograr la reivindicación de la política mexicana. Es nuestro deber actuar a la altura de nuestra investidura y juntos, lograr refrendar la fe de los mexicanos y dignificar al Poder Legislativo.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta honorable asamblea a que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, con el propósito de que SE elabore y vigile el cumplimiento de un Código y Reglamento de Ética para esta Cámara de Diputados, y además el Reglamento de la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de regular la conducta de los Diputados Federales, hacer más eficiente la labor legislativa y mejorar la imagen que la sociedad mexicana tiene del Poder Legislativo.
Notas
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estudio sobre “Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros”.
2 Max Weber. El político y el científico. La política como vocación. 1919
3 Chávez Hernández Efrén. Ética en el Poder Legislativo. Boletín de Derecho Contemporáneo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, D.F., 2011.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de septiembre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el seguimiento de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del valle de Mexicali, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 79, numerales 1 y 2, 205 y 207, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como todos sabemos, a principios del mes de abril del 2010, el estado de Baja California se vio sorprendido por un movimiento telúrico que alcanzó los 7.2 grados en la escala de Richter, magnitud que entra en la categoría de terremoto, cuyo epicentro se localizó a escasos kilómetros al sur de la ciudad de Mexicali.
Tras el terremoto, se registraron incendios en viviendas, se reportaron derrumbes, se desplomaron algunos edificios públicos, la caída de postes provocó que en algunas zonas de la ciudad se cortara el suministro eléctrico y las comunicaciones y se provocaran daños en las líneas de transmisión que comunica a Tijuana con Mexicali.
Distintas calles de la ciudad de Mexicali se agrietaron y colapsaron; y las carreteras Mexicali-San Felipe y Mexicali-Tijuana sufrieron cuarteaduras, en La Rumorosa se desprendieron rocas dejando varados a los automovilistas; incluso, varios vehículos con paseantes resultaron afectados al caer en las grietas que se abrieron. Las afectaciones en la infraestructura hidroagrícola fueron las más severas.
Así, estos daños provocados por el terremoto ocurrido el 4 de abril de 2010, vinieron a incidir negativamente en la vida de miles de bajacalifornianos. Servicios básicos como carreteras, hospitales, energía eléctrica y escuelas sufrieron severos daños como consecuencia de la fuerza del sismo, al igual que el sector agropecuario.
Además de lo anterior, los primeros reportes tras el movimiento telúrico, indicaron que los drenes agrícolas habían sido afectados severamente, de tal forma que los daños a la red infraestructura hidroagrícola ascendieron a 737 kilómetros de los cuales 380 correspondieron a drenaje a cielo abierto, lo que trajo como consecuencia que los campos agrícolas del Valle de Mexicali se vieran seriamente afectados en sus actividades productivas.
Lo anterior se afirma, toda vez que la red de drenes parcelarios fue colapsada por la fuerza del sismo, lo cual ocasionó que dichos canales hayan quedado azolvados, tapados o enterrados. Asimismo y dado el crecimiento de la mancha urbana, muchos drenes han desaparecido o se encuentran cubiertos de basura, provocando con ello que no sea posible disminuir la concentración de sales en las parcelas, toda vez que no es posible drenar con rapidez las aguas de retorno de los riegos, razón por la cual resulta necesario que se de seguimiento a los trabajos de reparación y se logre que se destinen recursos suficientes para la reparación de la red de los drenes en la zona afectada.
Los daños en infraestructura, causados por el sismo, se pueden resumir de la siguiente manera:
• Kilómetros de carreteras dañadas: 150 Km de carreteras rurales. La carretera El Faro-Kilómetro 57 quedó prácticamente destruida, con una serie de puentes desplomados y grandes grietas.
• Población directamente afectada: 35,000 afectados.
• Hectáreas inundadas por el desborde de 2 canales alimentadores: Alrededor de 60 mil hectáreas de cultivos afectadas, el desbordamiento de los canales Reforma y Delta, que inundaron 60 comunidades, incluso se dio un fenómeno único: el surgimiento de ciertos géiseres de los que manaron enormes volúmenes de agua con olor azufre.
Debido a lo anterior, desde que ocurrió el terremoto, se han presentado diversos puntos de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, a fin de que se ejercieran acciones para aliviar la situación de los habitantes de aquella entidad fronteriza.
Dentro de estos instrumentos legislativos podemos mencionar la proposición con punto de acuerdo presentada el 16 de junio de 2010 por los senadores Fernando Castro Trenti, Heladio Ramírez López, Adolfo Toledo Infanzón, Margarita Villaescusa Rojo, Francisco García Lizardi y Martina Rodríguez García, el cual fuera aprobado el día 23 de ese mismo mes y año, a través de la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolvió lo siguiente:
• Exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que, además de los recursos provenientes de programas ordinarios de apoyo al sector agrícola, de los recursos provenientes de subejercicios del Ejercicio Fiscal del 2009, se reasignen recursos extraordinarios suficientes para revertir los problemas que generó el terremoto en comento a las tierras destinadas a la producción agropecuaria del Valle de Mexicali;
• Exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al director de la Comisión Nacional del Agua a dar respuesta inmediata a las demandas de los agricultores del valle de Mexicali y a que, de manera conjunta, elaboren e implementen un nuevo modelo de desarrollo agropecuario sustentable para el Valle de Mexicali, que permita superar el rezago y explotar las potencialidades de los productores agrícolas y ganaderos de la zona;
• Exhortar a la Secretaría de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, a sostener una reunión de trabajo con las comisiones de Desarrollo Rural y Energía del Senado de la República, a fin de que informen ante estas comisiones el daño que está provocando la planta Geotérmica de Cerro Prieto en Mexicali, Baja California, tanto a la flora y fauna local como a las tierras destinadas al cultivo; y las medidas que se pretenden adoptar para revertir sus efectos e indemnizar a los productores que han visto afectadas sus tierras de cultivo.
• Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se establezca un fondo compensatorio en apoyo a los productores de trigo del valle de Mexicali, a fin de lograr un precio adecuado por tonelada de trigo, abatir los altos costos de los insumos y elevar los ingresos de los productores, y
• Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación remita a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República un informe sobre las políticas de precios y comercialización a la que ha estado sujeta la actividad agrícola del trigo en Baja California, para que esa Comisión, en las reuniones de trabajo de que resulten necesarias, desarrolle un nuevo modelo de desarrollo para el valle de Mexicali y para que investigue los factores que han influido para que la Sagarpa, por medio de Aserca, haya sostenido una política de precios deficitaria de los productos agrícolas producidos en el valle.
De igual forma se hace notar que, tanto por el Senado de la República como por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los días 6 y 20 de abril, 12 de mayo, 16 de junio, 2 y 9 de diciembre del 2010, se aprobaron diversos Puntos de Acuerdo relacionados con el terremoto que azotó al Valle de Mexicali, siendo los siguientes:
1. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos excedentes para atender las necesidades urgentes derivadas del sismo en el estado de Baja California y se solicita a la Secretaría de Gobernación liberar de forma inmediata los recursos del FONDEN destinados a Mexicali, Baja California.
Presentado el 6 de abril de 2010.
Considerado de Urgente Resolución y aprobado el mismo día.
2. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se difiera el cobro de impuestos federales y contribuciones de seguridad social a que están obligados los empresarios que se han visto afectados por el terremoto que azotó a Baja California el pasado 4 de abril.
Presentado el 20 de abril de 2010.
Considerado de Urgente Resolución y aprobado el mismo día.
3. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a desplegar acciones inmediatas y destinar los recursos suficientes para solventar los daños causados por el terremoto del 4 de abril pasado al Valle de Mexicali.
Presentado el 12 de mayo de 2010.
Considerado de Urgente Resolución y aprobado el mismo día.
4. En relación a la grave problemática que prevalece en el Valle de Mexicali, en Baja California.
Presentado el 16 de junio de 2010
El dictamen correspondiente fue aprobado el 23 de junio de 2010
5. Que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en cumplimiento al compromiso hecho con los productores del Valle de Mexicali, agilice la distribución de los recursos necesarios para evitar que la deuda de los agricultores mexicalenses caiga en cartera vencida.
Presentado el 2 de diciembre de 2010
6. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reparar el Canal Nuevo Delta y rinda informe sobre la situación de la infraestructura hidroagrícola de Baja California y las razones que esclarezcan por qué a la fecha no habían sido reparadas.
Presentado el 9 de diciembre de 2010
Aunado a lo anterior, cuando el entonces senador, hoy diputado, Fernando Castro Trenti, fue presidente de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la unión, impulsó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó a los titulares de Hacienda, de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Energía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad, al igual que a los representantes de los sectores productivos para que, en reunión de trabajo, se elaboren propuestas para reactivar las actividades productivas en la zona afectada por el temblor del 4 de abril de 2010, permitiendo la creación de un programa que tenga como fin establecer un nuevo modelo de desarrollo agropecuario sustentable para el Valle de Mexicali.
Como consecuencia de la aprobación del anterior punto de acuerdo, durante la presidencia del entonces senador, hoy diputado, Fernando Castro Trenti, la Tercera Comisión sostuvo 4 reuniones con funcionarios públicos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Energía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad y con productores agrícolas del Valle de Mexicali, con miras a diseñar un Nuevo Modelo de Desarrollo Agropecuario Sustentable para el Valle de Mexicali.
A pesar de la importancia de los puntos de acuerdo antes mencionados y las reuniones que se sostuvieron el 28 de junio de 2011, el 19 de julio de 2011, el 16 de agosto de 2011 y el 29 de agosto de 2011, con las autoridades exhortadas, nunca se logró materializar el nuevo modelo de desarrollo agropecuario sustentable para el Valle de Mexicali, ni establecer un fondo compensatorio en apoyo a los productores de trigo de dicha región.
A más de dos años y medio de ocurrido el sismo, la reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura afectada ha sido lenta y en algunos casos se ha estancado por falta de compromiso por parte del gobierno federal; por ejemplo, actualmente, sigue sin rehabilitación el módulo de riego 11 del Valle de Mexicali, que abarca los ejidos Sonora, Oaxaca, Nayarit y Durango, lo que trae como consecuencia que, más de 25 mil hectáreas de cultivo, no estén produciendo.
En esa tesitura y, toda vez que las políticas públicas para la consecución de dichos objetivos no han sido satisfactorias, se hace necesaria la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Valle de Mexicali.
Dicha comisión especial se encargará, primordialmente, de las siguientes tareas:
• Verificación y seguimiento de la situación que guardan los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura urbana e hidroagrícola que se vio afectada por el terremoto del 4 de abril de 2010. Esta función incluirá necesariamente la inclusión de apoyos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
• Seguimiento de los diversos compromisos, asumidos por las Autoridades Federales, para apoyar a los habitantes de la zona afectada.
• Buscar un diálogo constante y constructivo, con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Energía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, para la elaboración y puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo para el Valle de Mexicali que reactive las actividades productivas que fueron afectadas por el terremoto del 4 de abril de 2010. Para lograrlo, se propondrán las adecuaciones legislativas que sean pertinentes en los diversos ámbitos incidentes en la atención integral de la región, sin excluir que tales propuestas pudieran desprender aportaciones validas para el mejoramiento general de la legislación nacional, a la luz de la especial circunstancia que atraviesa el Valle de Mexicali.
Los bajacalifornianos, en específico los mexicalenses, requieren de acciones legislativas específicas, oportunas, efectivas y eficaces, que impulsen y promuevan las medidas de soporte institucional necesarias y suficientes para lograr la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura afectada por el terremoto de 2010, para así lograr la reactivación de todas las actividades productivas del Valle de Mexicali.
Para tal fin, es necesario un espacio de análisis, evaluación y discusión dentro de esta Cámara de Diputados, a fin de promover acciones legislativas para lograr los objetivos antes mencionados.
Por lo anteriormente expuesto, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que someta a consideración del pleno, la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Valle de Mexicali.
Segundo. La Comisión Especial estará formada, de manera plural, por diputados del estado de Baja California, de manera proporcional a su representación popular, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. Derivado de ello, analizará la legislación vigente y propondrá las adecuaciones que pudieran ser necesarias; estudiará y presentará propuestas de inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y realizará, por sí misma o solicitará a los organismos competentes acciones de transparencia y adecuada fiscalización.
Cuarto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La Comisión Especial durará la totalidad de la LXII Legislatura o hasta que se agote su objeto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de septiembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo una consulta amplia a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública en la entidad, así como del desempeño de sus autoridades en la materia; y, en su caso, realizar las adecuaciones y reformas legales conducentes, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Consuelo Argüelles Loya, Alberto Coronado Quintanilla, Víctor Fuentes Solís, Fernando Larrazábal Bretón, Martín López Cisneros, Homero Niño de Rivera, Alfonso Robledo Leal, Verónica Sada Pérez y José Arturo Salinas Garza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, en la fracción II del numeral 1 y en el numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo una consulta con ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y otros a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública y del desempeño de sus autoridades en la materia; y, una vez hecho lo anterior, realizar foros de consulta con expertos para proponer un plan de acción que mejore la seguridad en el estado y que se entregue al gobernador, alcaldes electos y legisladores de dicha entidad federativa, para su análisis y, en su caso, implantación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el estudio elaborado por el Tecnológico de Monterrey Indicadores de la percepción ciudadana de seguridad en el área metropolitana de Monterrey, de abril del presente año, aplicado a residentes en Nuevo León, más de la mitad de los ciudadanos, 53.0 por ciento, considera que vivir en el estado es inseguro, 39.8 lo cree poco seguro y sólo 7.1 lo juzga seguro.
Entre 2009 y 2010 hubo un aumento de prácticamente 1000 por ciento en el número de asesinatos en el estado: en 2009 se reportaron 56 ejecuciones y en 2010 se presentaron 517 asesinatos relacionados con el crimen organizado.
Para finales de 2011, la violencia había aumentado tanto que Nuevo León cerró como el segundo estado más violento del país, con mil 750 ejecuciones.
La Procuraduría de Justicia ha informado que en lo que va de 2012 han muerto mil 28 personas en acciones de grupos criminales, entre ellas 51 civiles, 26 policías y 2 militares, y de acuerdo con la prensa nacional, el estado ocupa el nada orgulloso primer lugar de asesinados, con más de 13 por ciento del total nacional.
Ante el incremento de la criminalidad, a principios de 2012 autoridades federales y locales firmaron el convenio modificatorio Nuevo León Seguro, gracias al cual la entidad recibirá 694 millones de pesos para la seguridad pública, con lo cual será la segunda que más dinero reciba del gobierno federal.
Aun con la firma de estos acuerdos y a pesar de que ha contado con el respaldo del gobierno federal, el estatal ha sido incapaz de bajar los índices de criminalidad.
El 14 de septiembre del presente año, los diputados federales del PAN acudimos al palacio de gobierno para entregar un documento donde exigimos transparencia en las investigaciones relativas a los asesinatos ocurridos en el estado y la presentación de un plan que mejore la seguridad en Nuevo León, sin que a la fecha haya habido una respuesta por el titular del Ejecutivo local o de su equipo de trabajo.
Afirmamos y sostenemos que el gobernador no está actuando conforme a las obligaciones que la ley le demanda y está siendo omiso en sus acciones para garantizar seguridad en el estado a todos los habitantes.
El artículo 21 constitucional establece en el párrafo noveno la obligatoriedad de los tres órdenes de gobierno para proveer la seguridad pública a los ciudadanos, de acuerdo con sus respectivas competencias. Tampoco pasemos por alto que el párrafo décimo señala la obligación de que los gobiernos federal, estatal y municipal se coordinen para cumplir los objetivos de la seguridad pública y para ello se forma el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por tanto, para sentar las bases de tal coordinación, el 2 de enero de 2009 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 7 refiere como puntos de la coordinación de tareas de seguridad pública, entre otros
• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, a través de mecanismos eficaces;
• Realizar las demás acciones necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.
Asimismo, no debe pasarse por alto que como parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública se cuenta con consejos locales, precisamente creados para la coordinación, planeación e implantación del sistema en los respectivos ámbitos de gobierno, sin dejar de mencionar su facultad para proponer programas específicos y convenios.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, Alfonso Verde Cuenta, declaró el pasado 17 de septiembre: “No se ve una fortaleza de la autoridad para investigar y perseguir a los delincuentes... Que los ciudadanos que nos establezcan sus estrategias para evitar que tengamos que explicar que somos buenos para investigar después de cometido el delito”. Y finalizó: “No vemos una acción conforme a la ley que permita considerar que los delincuentes que participaron en los delitos sientan que la investigación es muy científica y que la evidencia que es recolectada va directamente a encontrar a los responsables”.
El pasado 13 de septiembre, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional señalamos la situación que vive Nuevo León y marcamos un plazo para que el titular del Ejecutivo local presentara, en un plazo de 48 horas, un plan para frenar la creciente violencia en la entidad.
Ante nuestra petición, el secretario general de Gobierno y el gobernador han reaccionado con desprecio, y de manera superficial nos acusan de querer politizar el tema de seguridad pública. Señalan además que su plan es eficiente y que los resultados están a la vista.
Insistimos: no hay plan alguno del gobierno para enfrentar la violencia y criminalidad que aquejan al estado y que no hay un respeto por el gobierno a la leyes que lo obligan a garantizar seguridad a toda la sociedad.
Por esas razones, presentamos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Congreso de Nuevo León a llevar acabo una consulta amplia a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública en el estado, así como del desempeño de sus autoridades en esta materia; y, en su caso, se realicen las adecuaciones y reformas legales conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputados: Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Víctor Fuentes Solís (rúbrica), Fernando Larrazábal Bretón, Martín López Cisneros, Homero Niño de Rivera, Verónica Sada Pérez, José Arturo Salinas Garza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial que atienda los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación, reconocidas por la UNESCO, a cargo del diputado Hugo Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta honorable asamblea para la creación de una Comisión Especial que atienda a nivel nacional las denominadas “Ciudades Patrimonio”, que padecen problemáticas que cualquier gran urbe pudiera tener (servicios urbanos, mantenimiento, infraestructura, y acciones sociales) así como difusión a nivel nacional e internacional, lo que ha puesto en riesgo de algunas de estas el reconocimiento de tan notable título por parte de la UNESCO lo que sería sumamente grave para cualquiera de las once ciudades con las que cuenta México, por lo que es imprescindible conservarlas como parte de nuestra cultura e historia, así como el atractivo turístico que representan.
Los que suscriben, Hugo Sandoval Martínez, Uriel Flores Aguayo, José Luis Muñoz Soria, Hugo Jarquín, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes.
Antecedentes
En 1972 la Conferencia General de UNESCO adoptó la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, por medio de la cual se promueve una perspectiva internacional mediante la invitación a los países miembros a presentar inventarios de los bienes que conforman su patrimonio cultural y natural para ser incluidos dentro de su lista. Asimismo impulsa los esfuerzos nacionales para proteger ese reconocimiento internacional y la cooperación para su conservación, considera que la desaparición de un bien de interés cultural o natural con valores universales es una pérdida para toda la humanidad.
La relación entre el patrimonio cultural y el turismo ha sido motivo de preocupación para los especialistas de los sectores que convergen en ellos, quienes durante varias décadas en múltiples seminarios, reuniones de expertos y reflexiones académicas han tratado de encontrar la solución para conciliar los intereses de la creciente industria del turismo y la conservación de los bienes culturales.
La declaratoria como patrimonio de la humanidad constituye un gran estímulo para los habitantes locales y para el país. Esto significa el reconocimiento de la comunidad internacional de los valores culturales del sitio.
La apropiación social del patrimonio y el grado de atención para evitar la degradación de éstos como atractivo turístico podría dar como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
La cultura y el turismo se engarzan actualmente en una asociación necesaria en el desarrollo económico de estas áreas geográficas, posibilitando la creación de empleo como la columna vertebral de ingresos necesarios para conservar y/o recuperar el patrimonio de nuestro pasado.
El turismo tradicional de sol y playa, imperante durante muchos años en determinadas áreas geográficas, está siendo complementado con otros segmentos turísticos, entre el que destacamos el turismo cultural. Esta clase de turismo ha tenido en los últimos años un gran crecimiento debido a la necesidad cada vez mayor de las personas de conocer, comprender y valorar el patrimonio que nos han legado nuestros antepasados.
El reto es conservar el patrimonio histórico y cultural por lo que una de las limitaciones a la demanda turística es mitigar el daño que se pueda infringir a dichos sitios y ciudades como “Patrimonio Cultural”.
La ciudad como patrimonio cultural
La ciudad es el lugar de encuentro y escenario de la vida cotidiana, para las relaciones sociales, el trabajo, la educación, etcétera. Es en donde se dan y conviven múltiples expresiones culturales, tanto materiales como inmateriales.
Actualmente se entiende la ciudad cultural, como el conjunto donde adicionalmente a la valoración del patrimonio urbano, basada en los valores artísticos, testimoniales y documentales de los edificios y espacios públicos, se incluyen las expresiones culturales inmateriales que por lo general tienen una relación esencial con el patrimonio construido.
Por ejemplo las procesiones de Semana Santa características de diversas ciudades, así como sus fiestas populares, difícilmente podrían entenderse, sin la escenografía propia que conforman la infraestructura del Patrimonio de estas ciudades.
Al ser considerada en su concepción más amplia una ciudad histórica como un bien cultural, ya sea el centro fundacional de una metrópoli de varios millones de habitantes, una ciudad histórica de tamaño mediano en donde se dan la mayoría de las actividades urbanas o un poblado de interés patrimonial, se constituye en un recurso turístico muy atractivo y con gran potencial.
La conservación del patrimonio cultural no tendría sentido si no se tiene en cuenta a la sociedad que lo disfruta y lo mantiene como identidad. En este sentido debe ser prioritario la apropiación de la ciudad por parte de los habitantes permanentes, así como su desarrollo social y económico, el estímulo para que a través de la apropiación, el patrimonio conserve su cultura y puedan también compartirla con los visitantes.
Es un hecho que se debe tener presente, que una “Ciudad Patrimonio”, tiene una gran fragilidad. En la actualidad frecuentemente aparecen construcciones arquitectónicas y réplicas tanto del patrimonio material como inmaterial, en donde definitivamente se pierde la noción de autenticidad, entendida como la veracidad de las fuentes de información que nos permiten entender el origen y desarrollo de los bienes culturales.
Aunado a ello, tradiciones y costumbres que han sido transmitidas de generación en generación se han transformado o desaparecido para adaptarse a las demandas de los visitantes, lo cual desvirtúa sus valores culturales y atractivo turístico.
Es necesario crear conciencia sobre la importancia de conservar los valores culturales, lo cual redundará en la sustentabilidad del “Patrimonio Cultural” y a largo plazo conservará igualmente el interés de los turistas por el lugar.
Economía en las ciudades patrimonio
Es de todos conocido que el turismo es un importante motor económico en diferentes regiones del país. En este sentido debe considerarse no solo el crecimiento de visitantes, sino que el patrimonio histórico de un territorio, que constituye el factor que dota al lugar de identidad única y debe ser entendido y mantenido como atractivo turístico principalmente cultural.
El patrimonio cultural se ha convertido en el vértice de desarrollo de varias regiones del mundo, los beneficios de estas ciudades redundan directamente en los sectores económicos (prestadores de servicios, artesanos, comercio etc.) culturales y turísticos los que se encuentran estrechamente vinculados.
El adquirir nombramiento de “Ciudades Patrimonio” en el sentido humano estos sitios deberían ser respetados por su cultura, origen y trascendencia, en ese sentido uno de los objetivos de los distintos niveles de Gobierno, debería no solo como un atractivo turístico sino un sitio de espiritualidad cultural.
La visita a un sitio patrimonial por parte de un turista, podría tener los mismos efectos, que para un peregrino la visita a un lugar sagrado. Por ello es necesario encontrar la manera de darle la importancia que ameritan las “Ciudades Patrimonio”.
Es necesario recordar que estas “Ciudades Patrimonio” han quedado presupuestalmente descuidadas; ya que si hacemos un comparativo con el presupuesto de la Administración Calderonista, el combate a la inseguridad, obtuvo presupuestos abrumadores con los resultados de todos conocidos a diferencia de los presupuestos destinados a los rubros de “Ciudades Patrimonio”.
Pero si entendemos que las “Ciudades Patrimonio” pueden ser un baluarte no solo turístico sino cultural que conlleva la movilización de los sectores económicos, culturales y educativos y que si una de las principales orígenes de la delincuencia podrían ser los factores económicos, así como la falta de oportunidades, las “Ciudades Patrimonio” y el desarrollo que ellas acarrean podrían ser un paliativo, incluso para la inseguridad.
La UNESCO ha declarado a 226 ciudades como Patrimonio Mundial de la Humanidad, de estas se localizan 11 en el territorio nacional.
Estas ciudades son un espacio de encuentro con la cultura, las artes, la historia y las tradiciones mexicanas. Son lugares llenos de vida y dinamismo.
Por todas estas consideraciones, proponemos la creación de una comisión especial que se encargue de atender de manera expedita el patrimonio cultural, natural e intangible de todos los Mexicanos.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados Acuerda de conformidad la creación de una Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación, reconocidos por la UNESCO, para los trabajos de la LXII Legislatura.
Segundo. Para el debido seguimiento de los asuntos relacionados con las ciudades patrimonio de la nación, reconocidos por la UNESCO, reunirse cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. La Comisión Especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o bien ante la Junta de Coordinación Política.
Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre del 2012.
Diputados: Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 76 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En la lucha por la independencia nacional fue fundamental desarrollar una visión propia de nación para orientar la lucha por el futuro.
Esa visión de nación, esa idea de lo que se deseaba y buscaba para México, la ofreció José María Morelos y Pavón y el primer grupo de mexicanos que podríamos calificar, sin ningún género de dudas, como los primeros portadores del ideario de la representación nacional.
El Congreso de Anáhuac, fue el primer intento por generar un cuerpo de leyes que orientaran el nacimiento de una nueva nación impulsada por los patriotas que luchaban por nuestra independencia.
Reunido en Chilpancingo en 1813, el Congreso de Anáhuac haría nacer algunos de los documentos fundacionales más relevantes en nuestra historia patria y generaría los primeros elementos de una auténtica tradición constitucionalista mexicana.
Fue en el Congreso de Anáhuac, trabajando en Chilpancingo, Guerrero, donde se proclamarían los Sentimientos de la Nación, la Independencia de México y la abolición de la esclavitud.
El gran impulsor, el gran visionario y el gran patriota que dio vida a este momento histórico, tan relevante, fue José María Morelos y Pavón.
El 20 de octubre de 1810 Morelos fue llamado por Miguel Hidalgo y Costilla y Gallaga y Mandarte, dándole órdenes de libertar el sur de la Nueva España, territorio que comprendía lo que hoy son los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Puebla.
El gran insurgente emprendió cuatro campañas militares atacando a los ejércitos del Virrey; entre las poblaciones donde se anotó triunfos importantes están Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Tlapa, Tlalcozotitián, Tepecoacuilco, lzúcar, Puebla y Oaxaca.
El 13 de septiembre de 1813 al instalar el Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo declaró:
Señor, vamos a restablecer el imperio mexicano, mejorando el gobierno; vamos, en fin, a ser libres e independientes. Temamos el juicio de una posteridad justa e inexorable que nos espera. Temamos a la historia que ha de presentar al mundo el cuadro de nuestras acciones, y ajustemos nuestra conducta a los principios más sanos de honor, de religión y de política.
El 14 de septiembre de 1813 se dan a conocer los Sentimientos de la Nación.
El 5 de octubre de 1813 en Chilpancingo, Morelos reafirma la abolición de la esclavitud y los servicios personales.
El 17 de octubre de 1813, Morelos envía una carta a don Carlos María de Bustamante, representante del Supremo Congreso de Oaxaca en donde le manifiesta la necesidad de reprimir a los rebeldes (soldados realistas) de Jamiltepec.
El 2 de noviembre de 1813 en Tlalcozotitlán (hoy municipio de Copalillo) lanza su Proclama Persuasiva a los Americanos (criollos) y a los Españoles para que se sumen y reconozcan la Independencia de México.
El 6 de noviembre de 1813 en los trabajos correspondientes al Congreso de Chilpancingo se redacta y se proclama el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. El virrey al conocer todo lo que se estaba realizando en Chilpancingo mandó a sus tropas para atrapar y castigar a los congresistas, quienes tuvieron que cambiar su sede a Apatzingán por cuestiones de seguridad de los insurgentes, y lo que se había avanzado en la redacción de la Constitución como producto del Primer Congreso de Anáhuac, tuvo que darse esta promulgación el 22 de octubre de 1814 en aquella ciudad de Apatzingán.
Poco después Morelos es aprehendido, y el 13 de noviembre de 1815 en Tepecoacuilco le escribe una carta a su hijo Juan Nepomuceno Almonte en donde entre otras cosas le decía: “Morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salve a mi patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba.”
Es indispensable rescatar el aspecto educativo en la vida activa de José María Morelos y Pavón. En los momentos en que el pensamiento y la inteligencia se conjugaban entre su conformación de clérigo y militar, presionado por las fuerzas realistas que los acosaban tratando de derrotarlo, por otra parte, la presión de los insurgentes para buscar las alternativas militares que los llevaran a triunfos seguros y contundentes, es un tanto difícil ubicar lo educativo, he aquí un poco de lo que podría considerarse con relación a este aspecto educativo:
En el Reglamento del 11 de septiembre de 1813 por el que se sujetarían los trabajos del Primer Congreso de Anáhuac comprende 59 artículos, el que tiene alguna relación en materia educativa es el artículo 12 que a la letra dice:
Habiendo en este corto lugar pocos sujetos que puedan ocupar los interinatos, sólo nombrará a los que sean aptos para desempeñarlos y que reúnan a sus conocimientos políticos y prendas literarias un vivo amor a la patria y las más acreditadas pureza de costumbres.
En el discurso que Morelos pronunció la tarde del 13 de septiembre de 1813 en la apertura del Primer Congreso de Anáhuac, cuya sede fue la Iglesia de Santa María de la Asunción de Chilpancingo se destacan los siguientes párrafos:
Vosotros, digo, que sin duda presidís esta augusta asamblea, mereciéndoos en derredor de ella, recibid el más solemne voto que a presencia hacemos en este día, de morir o salvar la patria, ¡Morir o salvar la patria! Vuestra majestad ha sido un águila generosa que ha salvado a sus polluelos de las rapaces uñas de las demás aves que los perseguían, y colocándose sobre el más elevado cedro les ha mostrado la astucia y vigor con que los ha librado. Vuestra majestad es esta águila tan majestuosa como terrible, que abre es este día sus alas para colocarnos bajo de ellas y desafiar desde este sagrado asilo a la rapacidad de ese león orgulloso, que hoy vemos entre el cazador y el venablo. Las plumas que nos cobijan serán la leyes protectoras de nuestra seguridad, sus garras terribles los ejércitos ordenados, sus ojos perspicaces la sabiduría profunda de vuestra majestad que todo penetre y anticipe. ¡Día grande, día fausto, venturoso día en que el sol alumbra con la luz más pura, aún a los más apáticos e indiferentes! ¡Genios de Moctezuma, Cacama, Quauhtemoctzin, Xícoténcatl y Caltzontzin, celebrad en torno de esta augusta asamblea y como celebráis el mitote en que fuisteis acometidos por la pérfida espada de Alvarado, el fausto momento en que vuestros ilustres hijos se han congregado para vengar vuestros ultrajes y desafueros y librarse de las garras de la tiranía y el fanatismo que los iba a sorber para siempre al 12 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813; en aquél se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan; en éste se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. ¡Ah, perezca antes el que posponiendo la salvación de la América a su egoísmo vil, se muestre lento y perezoso en serviría y en dar ejemplos de un acrisolado patriotismo!
En lo que se refiere a los Sentimientos de la Nación, dados a conocer el 13 de septiembre de 1813 se destacan los puntos siguientes:
11. Que no se admitan extranjeros, sí no son artesanos capaces de instruir libres de toda sospecha.
12. Que como buena ley es superior a todo hombre, las que dicto nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y detal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.
...
15. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano del otro el vicio y la virtud.
En la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814 por el propio Morelos e inspirada en los Sentimientos de la Nación expuestos en Chilpancingo se rescata lo siguiente:
...sabios compatriotas, penetraos de nuestra buena fe, penetraos de nuestro celo, y compadecidos de nuestra ignorancia, ayudadnos con vuestras luces, para que rectificándose nuestros conocimientos, enmendemos los errores en que hayamos incidido, y precavamos de hoy en más nuestros desaciertos involuntarios.
La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, pues la íntegra conservación de estos derechos es el único fin de las asociaciones políticas. Son obligaciones de los ciudadanos una entera sumisión a las leyes, un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta disposición para contribuir a los gastos públicos y un sacrificio demanden.
A este evento de gran magnitud política, tuvo repercusiones no sólo en América sino en el resto de Europa de la declaratoria hecha por el ilustrísimo José María Morelos y Pavón.
Así, el Primer Congreso de Anáhuac realizado en Chilpancingo determinó los ideales de los mexicanos en cuanto a su situación de tener libertad, independencia y respeto; libertad para todos aquellos mestizos, indígenas y demás pobladores ubicados en las diferentes castas a ser libres, a determinar su situación de poder trabajar por su cuenta sin estar bajo el yugo de un cacique, terrateniente o capataz extranjero. Independiente en cuanto a su gobierno de otra nación; respeto por nuestro pasado histórico, por nuestras raíces, cultura y tradiciones.
El Primer Congreso de Anáhuac tuvo tal impacto como el inicio mismo del movimiento libertador del 16 de septiembre acaudillado por don Miguel Hidalgo y Costilla en todo el continente americano, en España y en toda Europa.
Por lo expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare el año 2013 como el del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que acuerde que en 2013, toda correspondencia oficial de la Cámara de Diputados lleve la leyenda: “2013, Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación”.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política proceda a integrar una comisión especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión especial encargada de dar seguimiento a la aplicación del programa de condonación de créditos fiscales puesto en marcha por el SAT en 2007; y se exhorta a éste a hacer pública la información que le ha requerido el IFAI, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Alejandro Carbajal González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea soberana la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que la Cámara de Diputados proceda a la integración de una comisión especial encargada de dar seguimiento al Programa de Cancelación de Créditos Fiscales, puesto en marcha por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2007, para que la Cámara de Diputados tenga acceso a la información pública que ese organismo se ha negado a difundir, y se exhorte al mismo SAT a hacer pública la información que le ha requerido el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el sentido de difundir los nombres y apellidos de las personas físicas y las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales aplicados por este organismo durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que dejó de recaudar en los periodos señalados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a la información, consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, es un derecho fundamental de los ciudadanos, y como tal tiene una jerarquía superior a cualquier otra disposición emanada de leyes secundarias.
El derecho de acceso a la información pública gubernamental, que es uno de los cimientos del régimen jurídico democrático en que descansa el Estado, tiene una mayor jerarquía, por ser de interés público, sobre derechos de particulares, de donde se sigue que las dependencias gubernamentales están obligadas a proporcionar la información pública que les sea solicitada por cualquier ciudadano, sin cortapisa alguna.
Esas premisas, que a todas luces parecen ser verdaderas, han sido eludidas por más de cinco años por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), al negarse sistemáticamente a hacer pública la información derivada de la aplicación del Programa de Cancelación de Créditos Fiscales, puesto en marcha el año 2007. En efecto, ese año, la Junta de Gobierno del SAT emitió el Acuerdo-JG-SAT-IVO-6-2007, basado en los artículos 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, y 10, fracción X, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que permite al SAT cancelar, prácticamente a discreción, los créditos fiscales que unilateral y arbitrariamente decida.
El Sistema de Administración Tributaria, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está sujeto a lo que determinen las leyes en materia de transparencia y, en consecuencia, está obligado a difundir la información pública bajo su responsabilidad. Pero es el caso que este organismo se ha negado sistemáticamente a publicar los nombres de las personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación cerca 700 mil créditos, cuyo monto asciende a 73 mil 690 millones de pesos. Se ha negado también a informar sobre los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que dejó de recaudar de 2007 a 2012, periodo en viene aplicándose el Programa de Cancelación de Créditos Fiscales.
En 2007 un particular solicitó, vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que se le informaran los nombres y apellidos de las personas físicas, así como las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas por las cancelaciones de créditos de ese año, a lo que el SAT contestó que su negativa a difundir esa información se sustenta en su obligación de guardar el secreto fiscal y de respetar lo establecido en los Tratados Internacionales en materia fiscal signados por el Estado mexicano, que señalan que los intercambios de información fiscal con otros países tendrá que ser secreta. Lo que no aclara es si las cancelaciones de créditos fiscales están incluidas en la información reservada que exigen los Tratados Internacionales.
En 2009 y 2010 el IFAI emitió tres resoluciones: la 6030/09, la 3880/10 y la 7806/10, en las que nuevamente se ordena al SAT la publicación del número de créditos, los nombres de los beneficiados, los motivos de la cancelación y el monto correspondiente, en aplicación del principio de máxima publicidad a que están obligadas las dependencias gubernamentales.
Esas resoluciones dejaron sin efectos las reservas alegadas por el SAT en diversos recursos intentados lo mismo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ante el Poder Judicial de la Federación para evitar revelar los nombres de las personas beneficiadas ya que se afectaría la protección de datos y el secreto fiscal que está obligado a proteger.
En 2012 el IFAI emitió otra resolución: la 297/12 cuyo contenido es similar a las tres anteriores, es decir, ordena al SAT hacer públicos los nombres de los beneficiados por las cancelaciones de créditos fiscales y los montos de dichas cancelaciones.
Lo único que ha difundido el SAT a este respecto es que se cancelaron 15 créditos fiscales de entre 100 y 500 millones de pesos; 166 créditos entre 25 y 100 millones de pesos; mil 729 créditos entre 5 y 25 millones de pesos y 8 mil 843 créditos de uno a cinco millones de pesos.
Los datos son, como puede observarse, imprecisos y genéricos e informan poco; pero, no obstante, cuando se leen en la prensa este tipo de cifras surge y crece la indignación de los ciudadanos, pues no se sabe cómo ni por qué se concedieron dichas cancelaciones, tampoco a quienes beneficiaron ni con base en qué merecimientos les fueron concedidas; no se sabe cuántos créditos cancelados fueron de 500 millones de pesos y cuantos de 100 millones. Ha dicho el SAT también que estas cancelaciones se autorizaron por “incosteabilidad”, es decir, resultaba más caro tramitar el cobro que las cantidades que habrían de recuperarse. ¡Pero no queda claro cómo resultaría incosteable cobrar un crédito de 500 millones de pesos!
No difundir los datos de los beneficiados ha sido durante todos estos años la decisión inquebrantable del SAT, no obstante que se han sobreseído todos los recursos que ha intentado, tanto un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obligar a este Tribunal a pronunciarse sobre la legalidad de la resolución 6030/09 del IFAI, como los amparos interpuestos ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa y la respectiva revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
Resultado de todo este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis de jurisprudencia que establece que las resoluciones del IFAI son obligatorias para las dependencias gubernamentales y no hay recurso contra ellas, misma que se transcribe a la letra para mejor argumentar:
“Tesis aislada XIV/2012 (10ª):
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Efecto de sus resoluciones. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del Legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe dar cumplimiento incondicional de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Licenciado Heriberto Pérez Reyes, secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.
Esta situación obliga a esta Cámara a promover reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para “darle dientes” al IFAI y evitar que las dependencias gubernamentales reproduzcan estas conductas ilegales.
Asimismo, la Cámara de Diputados está obligada a esclarecer, sin dejar dudas, esta clase de temas, dejando claro que respecto al manejo de recursos públicos es necesario que haya información pública expedita a la que tenga acceso cualquier mexicano que la solicite.
Por todo lo anterior, que me permito poner a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con
puntos de acuerdo
primero. Que se integre una comisión especial de esta cámara de diputados encargada de dar seguimiento a la aplicación del Programa de Condonación de Créditos Fiscales puesto en marcha por el sistema de Administración Tributaria (sat) en 2007, a efecto de vigilar la correcta aplicación de ese programa.
segundo. que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a hacer pública la información que le ha requerido el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dando así cumplimiento a sus resoluciones, publicando los nombres de las personas físicas y las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, así como los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que ha dejado de recaudar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar facilidades administrativas a los productores agropecuarios que tienen concesiones vencidas o no renovadas de usuarios de aguas subterráneas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados por el estado de Chihuahua, Abraham Montes Alvarado, Kamel Athie Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, numeral 2, fracción III; 82, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, establece que dentro de la misión de la administración pública federal, se encuentra la de considerar al desarrollo humano como eje rector de su acción, diseñando e instrumentando políticas públicas que den lugar a un desarrollo económico dinámico, incluyente y en armonía con la naturaleza, asegurando a las generaciones futuras, la existencia de los recursos naturales, reconociendo para ello la importancia de contar con elementos confiables que permitan elaborar el mejor manejo integral de dichos recursos;
II. Que la Ley de Aguas Nacionales, vigente a partir de 1992, y reformada en 2004, consagró un nuevo marco jurídico para una mejor regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico, determinándose por dicho ordenamiento que la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales únicamente podría realizarse mediante el otorgamiento de concesiones o asignaciones por parte del Ejecutivo federal;
III. Que por lo tanto, quienes se encontraban explotando, usando o aprovechando aguas nacionales, quedaron en aptitud de solicitar la concesión respectiva o de intercambiar los documentos en que sustentaban su derecho por el correspondiente título de concesión o de asignación de aguas nacionales, para así adecuar su situación a la nueva legislación, lo que además otorgó la posibilidad a las autoridades de contar con mayores elementos para una mejor determinación de la disponibilidad de las aguas nacionales;
IV. Que es principio fundamental del Programa Nacional Hidráulico 2006-2012, fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola para elevar y extender la competitividad del país, a efecto de desarrollar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural, ampliando las oportunidades para los grupos vulnerables de las comunidades indígenas y de todos aquellos enclavados en las zonas de riego a través de la extracción de aguas del subsuelo.
V. El estado de Chihuahua está localizado en la región hidrológico-administrativa Río Bravo, considerada como de fuerte presión sobre el recurso hídrico, ya que del volumen total de agua concesionada, 78 por ciento está garantizado y 22 por ciento restante depende de las precipitaciones o retenciones de agua y que a falta de ellas, genera una fuerte crisis entre los productores por la falta de agua.
La disponibilidad natural media de la subregión Conchos- Mapimí al 2005 era de 4 mil 062 millones de metros cúbicos al año y la disponibilidad natural media per cápita era de mil 516 metros cúbicos/habitante/año, que equivale a 33 por ciento del promedio nacional.
El estado utiliza 5 mil 144 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 89.2 por ciento son para uso agropecuario, 9.2 por ciento para uso público urbano, 1.0 por ciento para industria autoabastecida y 0.5 por ciento para termoeléctricas.
Aguas subterráneas
El agua subterránea del estado representa 62 por ciento del abastecimiento, lo que lo convierte en el segundo estado del país con mayor extracción de agua de acuíferos. De los 61 acuíferos estatales, 17 están sobreexplotados y coinciden con las principales zonas agrícolas del estado de Chihuahua, el déficit total de agua subterránea en el estado es de 856 millones de metros cúbicos al año.
VI. Como es del conocimiento de todos, el estado de Chihuahua al igual que otras entidades de la república, requiere de la extracción de agua subterránea para atender la demanda total hídrica, necesaria para el establecimiento y desarrollo de los cultivos anuales y perenes cuya producción es por el orden de 1.2 millones de hectáreas, en la entidad, de las cuales 500 mil son de riego y el resto son de temporal, dentro del concepto de riego, destacan 150 mil hectáreas de aguas superficiales y aproximadamente 350 mil se explotan con aguas del subsuelo.
La agricultura tiene la mayor participación económica en el estado, teniendo como principal mercado, la producción del cultivo de la manzana, algodón, nuez, maíz, cebolla, papa, alfalfa, durazno y chile.
VII. Caso específico las especies perenes preferentemente frutales, requieren como el cultivo de nogal, el líquido vital durante todo el año y periodos productivos que van de los 30 a 60 años.
Esta situación se acentúa grandemente debido a la sequía extrema que se presenta en los últimos dos años, y que afecta a más de 22 estados de la república, cuya falta de agua en algunos casos, ha puesto en riesgo la sobrevivencia de la población.
VIII. Es evidente que para la extracción de agua a través de bombeo en pozos profundos, se requiere de una concesión, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, misma que dispone:
“El termino de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, no será menor de cinco ni mayor de 50 años”
IX. Cabe destacar que en la entidad se presenta una problemática al igual que en otras entidades del país, en relación a las concesiones otorgadas.
En Chihuahua, de los 12 mil 400 títulos de concesión de pozos agrícolas, con un volumen total concesionado de 2 billones 556 millones 107 mil 369 metros cúbicos al año, además de 896 títulos del ramo pecuario, en 18 por ciento las concesiones están vencidas, otras de las veces las concesiones están vigentes, pero los beneficiarios no tramitaron la renovación oportunamente, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra señala:
“Artículo 24. ...
Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo II del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia al menos seis meses antes de su vencimiento.
La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considera como renuncia al derecho de solicitar la prorroga.
...
...”
X. Como es conocido por todos, existen antecedentes de un decreto, por parte del Poder Ejecutivo federal, expedido en el mes de febrero de 2002, donde se otorgaron facilidades administrativas por parte del Ejecutivo federal para la regularización de concesiones vencidas y condonación de multas, y no aplicar las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento por no contar con los títulos de concesión siempre y cuando los usuarios agrícolas de aguas nacionales regularizaran su situación administrativa.
XI. No obstante el acuerdo anterior, la problemática sobre las concesiones no ha cambiado nada, al contrario el problema se ha agravado, quizás por falta de difusión de los programas emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), o en otros de los casos, por la ubicación de los beneficiarios concesionarios de los pozos, que al residir en el lugar de las áreas de cultivo se les dificulta llevar a cabo las gestiones para tener actualizado los registros de las vigencias de sus pozos.
Por lo anteriormente expuesto, comparezco ante esta soberanía para poner a su consideración la siguiente proposición de urgente resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, en términos similares al Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2002, se otorguen las mismas facilidades a los productores agropecuarios que tienen sus concesiones vencidas y las que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos antes de su fecha de caducidad.
Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que en el decreto al que se refiere el punto primero de esta proposición, se dé un plazo de 180 días naturales, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por parte de las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios a partir de la fecha de su publicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputados: Abraham Montes Alvarado, Kamel Athie Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la Profepa, de la Semarnat y de la Conagua por las irregularidades presentadas en el relleno de los socavones de las minas en Texcoco, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La zona de Texcoco se ha distinguido por su actividad minera, en esta región se explota y se vende arena, grava y tepetate, lo cual hace habitual el tránsito de camiones con este material, cabe destacar que esta extracción ha traído como consecuencia la formación de socavones, los cuales al paso del tiempo han servido como pozos de absorción.
Sin embargo, el tránsito habitual de camiones en las comunidades del municipio de Texcoco, se incremento en el mes de septiembre de 2010, y en particular de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados, al principio la duda era, que maniobras estaban realizando, con el paso de los días la información comenzó a fluir, se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE y Tequexquináhuac.
La incertidumbre de la población se genero al observar que con el paso de los camiones se derramaba un líquido de color obscuro y de olor muy desagradable, lo que transportaban no era tierra, sino lodos de sedimentos presuntamente del canal de aguas negras, para ser depositados en los socavones de las minas.
Cabe hacer mención que estas minas, se encuentran en la zona de la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte nor-occidental de la sierra nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del Valle de México.
Los habitantes de las comunidades del municipio de Texcoco y en particular de San Luis Huexotla, Tequexquináhuac lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, San Mareo Huexotla, Cooperativo, San Diego, Sector Popular e incluso la Universidad Autónoma de Chapingo , se están viendo afectados por el depósito de estos lodos contaminantes en los socavones, que ya han denunciado en el honorable ayuntamiento de Texcoco, gobierno del estado de México, Secretaria de Gobernación, Profepa, Conagua, Semarnat y medios de comunicación locales, así como redes sociales.
A casi dos años de iniciar el relleno de las minas, esta actividad sigue realizándose sin que hasta la fecha ninguna autoridad, municipal, estatal o federal informe a la comunidad por que, en lugar de tierra están vertiendo lodos altamente contaminantes, generando con esta acción problemas serios, entre los que destacan.
1. Incertidumbre en la comunidad debido a que ninguna autoridad en la materia ha presentado información sobre el llenado de las minas del municipio de Texcoco, ni presentado estudios que determinen si se cuenta con las medidas necesarias para evitar la filtración de materiales contaminantes al acuífero de Texcoco, lo que representa un atentado contra la naturaleza y hacia los habitantes de la zona oriente del Valle de México.
2. La zona ecológica donde se produce naturalmente la recarga del acuífero está asociada a la ladera nor-occidental de la Sierra Nevada, misma que alimenta el acuífero de Texcoco y parte del oriente del Valle de México, Los desperdicios altamente contaminantes que son vertidos en las minas de esta zona, con el paso del tiempo se filtraran al subsuelo dañando irreversiblemente los depósitos subterráneos de agua que abastecen a millones de habitantes.
3. Ante la preocupación de las comunidades por el relleno de los socavones de las minas con los desechos contaminantes que son extraídos del fondo de canales de aguas residuales, que tienen un alto contenido de material fecal, así como de metales pesados, es importante analizar las características del material que se está depositando, así como de llevar a cabo un estudio del impacto en el acuífero.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de México y a las autoridades del municipio de Texcoco para que de manera inmediata, se detenga el llenado de las minas ya mencionadas, actividad que inicio en el mes de diciembre de 2010 y que a la fecha sigue, sin que haya información veraz hacia la comunidad.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente así como a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Materiales y a la Comisión Nacional del Agua para que realicen un estudio de impacto ambiental en los socavones de las minas del municipio de Texcoco, y sean desalojados los lodos altamente contaminantes para evitar contaminar el acuífero y con ello un desastre ecológico y de salud pública de millones de habitantes, además de desastres económicos y sociales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique revisiones sobre los recursos públicos federales asignados a la organización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos de 2011, celebrados en Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como es sabido, en octubre pasado la ciudad de Guadalajara fue la sede de los XVI Juegos Deportivos Panamericanos, que reunió lo mejor del deporte continental.
La justa deportiva citada, -organizada por la Organización Deportiva Panamericana-, es un evento internacional que se realiza cada 4 años en el que países americanos participan en 36 disciplinas deportivas, así como su similar en el deporte paralímpico de América Latina.
Para la organización del citado evento, el Gobierno Federal dispuso la ministración de 2,689 millones de pesos (mdp), el gobierno de Jalisco otorgó 2,332 mdp y el gobierno municipal de Guadalajara aportó 163 mdp, que arroja un total de 5,184 mdp en recursos públicos.
Además de lo anterior, los ingresos por concepto de patrocinios y venta de derechos, concentraron la cantidad de 1,037 mdp que sumados a los recursos públicos señalados, da un gran total de 6,221 mdp.
No obstante la gran de cantidad de recursos públicos que fueron suministrados, así como los ingresos diversos señalados, se han encontrado irregularidades en la aplicación del gasto.
En concreto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en el 2010 -y sólo en un muestreo de 400 mdp- diversas anomalías por compras a sobre precios, duplicidad de conceptos, doble presupuestación, proveedores inapropiados y deficiencias diversas, entre otras irregularidades más.
Nos parece grave esta situación, toda vez que de un evento en cuya naturaleza entraña la convivencia armoniosa a través del deporte, pudo haber sido aprovechada con fines distintos al espíritu deportivo.
Aprovechamos el espacio de la más alta tribuna del país, para señalar que la propia ASF requiere en sus proyectos de dictamen, que sean fincadas responsabilidades en contra de servidores públicos responsables del ejercicio de los recursos públicos.
La propia ASF señala también, la transferencia irregular entre partidas presupuestales, en los montos correspondientes a las aportaciones del Estado.
Independientemente de lo señalado por la ASF, se registra también la participación del Instituto de Pensiones y de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público, ambos del estado de Jalisco, por un monto de 300 mdp y 540 mdp, respectivamente, en el que no ha quedado plenamente acreditado el fundamento para tales aportaciones y no existe información alguna sobre esta operación de riesgo, celebrada entre dependencias públicas hacia un negocio de particulares.
Para ilustrar a la asamblea, presento algunas otras anomalías: el equipamiento de gimnasios y de las canchas de volibol, registra una diferencia de poco más de 1 millón 600 mil pesos; el velódromo presenta una diferencia de casi 28 mdp; el estadio de atletismo de más de 465 mdp; el centro acuático de casi 323 mdp; y así podría seguir enunciando diferencias e irregularidades.
No omito comentar que a este primer paquete de anomalías, también se le suma la falta de permisos de la autoridad municipal, correspondiente a la construcción de la villa panamericana y al permiso municipal de descarga de aguas residuales.
A este cúmulo de irregularidades se suma, la falta de voluntad política en transparentar las cuentas, para estar en condiciones de aquellos servidores públicos que ejercieron los recursos presupuestales consignados, tengan la oportunidad de informar a la ciudadanía, el buen uso y destino de los recursos que les fueron confiados, para ser ejercidos debidamente.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que practique las auditorías necesarias, respecto de los recursos públicos federales asignados a la organización y desarrollo de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Segundo: Derivado de lo anterior y de tener los elementos suficientes de hecho y derecho, se levanten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal, a efecto de realizar las investigaciones necesarias, a efecto de deslindar responsabilidades entre los servidores públicos que autorizaron o ejercieron recursos públicos federales, aprobados por esta Honorable Soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la fecha de su presentación.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la integración, promoción y organización de trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Julisa Mejía Guardado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se designa a legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión para integrar, promover, encabezar y organizar los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre: capítulo México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo México se constituyó el 7 de diciembre de 2011. Participaron en la reunión constitutiva 22 miembros de la LXI Legislatura, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, 16 miembros de la academia, 44 representantes de organizaciones campesinas, urbanas, de derechos humanos y ciudadanos interesados, así como 2 representantes del sector privado.
Sus fines y objetivos se plantearon en la consideración de que en nuestro país más de la mitad de la población vive una situación de pobreza y una preocupante situación alimentaria y nutricional:
- 21 millones en condiciones de hambre, 28 millones en condiciones de pobreza alimentaria, 40 millones con algún grado de desnutrición y 70 por ciento de los mayores de 15 años afectados por sobrepeso y obesidad.
- La dependencia respecto a las importaciones de alimentos para el abasto nacional (aproximadamente 45 por ciento) hace extremadamente vulnerable al país en el incremento de precios o de afectaciones a la oferta de alimentos.
- La carencia de un plan estratégico para la producción y abasto de alimentos en nuestro país, y de reservas nacionales suficientes que permitan hacer frente a la crisis alimentaria actual y a posibles contingencias.
- Tampoco existen instituciones especializadas ni políticas integrales que aseguren la alimentación suficiente, nutritiva, de calidad y acorde a la convivencia pacífica de los pueblos.
- Por último, el estado está obligado a garantizar la alimentación de toda persona, puesto que éste constituye un derecho humano intrínsecamente ligado con el disfrute de una vida plena y sin miedo de padecer hambre.
En sus propuestas y acuerdos se plantearon:
- Situar el tema del hambre y la inseguridad alimentaria en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas, así como en los distintos espacios de discusión nacional, regional y subregional,
- Proponer iniciativas, promover su discusión e impulsar la aprobación de los mecanismos normativos de protección y garantía del derecho constitucional a la alimentación en las distintas leyes, reglamentos y acuerdos internacionales,
- Coadyuvar al fortalecimiento y la creación de instituciones y políticas y políticas públicas efectivas para tal efecto,
- Asegurar que en los presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas se asignen recursos suficientes para las políticas, programas e instituciones que hagan viable la realización del derecho a la alimentación,
- Propiciar la cooperación horizontal entre los países de América Latina y el Caribe en la organización y desarrollo de sistemas de producción agropecuaria y de alimentos que sean sostenibles social, económica y ambientalmente,
- Legislar para que el derecho a la alimentación pueda ser exigido por vías administrativas y judiciales,
- Mantener y aumentar la participación de las distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia en el proceso de análisis y discusión de reformas legislativas, así como en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas y programas sobre la materia,
- Convocar a la integración de legisladores federales y de las entidades federativas en el Frente Parlamentario contra el Hambre, así como a la conformación de frentes parlamentarios contra el hambre en las legislaturas locales,
- Promover la continuidad de los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre en las futuras legislaturas.
Concebido como un espacio permanente, pluripartidista, bicameral, con la función primordial de trabajar y fortalecer el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, capaz de trascender al cambio de legislaturas y que represente un espacio de debate, intercambio y reflexión en torno a la creación, implementación y mejora de instrumentos que garanticen el derecho a una alimentación adecuada y para recuperar la soberanía alimentaria y nutricional de México, las senadoras María de los Ángeles Moreno Uriegas, Martha Leticia Sosa, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y los diputados Reginaldo Rivera de la Torre, Rosendo Marín Díaz, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Perla López Loyo y Roberto Rebollo Vivero, todos ellos designados por el Congreso mexicano de la anterior legislatura para formar parte integrante del Frente Parlamentario de contra el Hambre de América Latina y el Caribe , organismo que se creó en Panamá en 2009 y, posteriormente, durante las reuniones sostenidas en Brasil en 2010, Colombia en 2011 y en Guatemala el pasado 30 y 31 de agosto del presente año, avanzaron con la iniciativa promovida por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de promover el capítulo mexicano de este organismo parlamentario.
El interés para constituir un Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) en América Latina y el Caribe surgió como un esfuerzo coordinado entre la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre (ALCSH) y diversos foros parlamentarios de la región, tales como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) , el Parlamento Andino (Parlandino) , el Parlamento Centroamericano (Parlacen) , el Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (Foprel) y el Parlamento del Mercosur (Parlasur) .
II. Derivado de este esfuerzo parlamentario, en México el derecho a la alimentación es una realidad; la reforma constitucional en esta materia, indudablemente, formará parte de los logros más relevantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Con un largo recorrido los esfuerzos legislativos y organizacionales han sido recompensados con la reforma hecha a los artículos 1o., 4o. y 27o. de nuestra Carta Magna.
Los relato a continuación:
- En 1986, cuando el Senado de la República reconoce al doctor Salvador Zubirán con la medalla Belisario Domínguez, éste planteó por primera vez la necesidad de que en la Constitución se estableciera este derecho humano fundamental.
- En 1991, como resultado del desmantelamiento del Sistema Alimentario Mexicano y frente a la negociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), organizaciones urbanas y campesinas fundaron el Frente por el Derecho a la Alimentación (FDA) con el fin de promover acciones públicas a favor de la alimentación y buscar el reconocimiento de este derecho humano en nuestra Constitución; el 16 de octubre de 1992, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Frente por el Derecho a la Alimentación presentó la petición formal a la Cámara de Diputados. La respuesta a esta petición tuvo como consecuencias la organización de foros regionales en el país que culminaron con la presentación, en 1994, de la primera iniciativa para reformar la Constitución presentada por el diputado Francisco Saucedo y, de esta manera, reconocer el derecho a la alimentación.
Los esfuerzos siguieron:
- En agosto de 1996, previa a la celebración de la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada por la FAO en Roma, de nueva cuenta las organizaciones campesinas, indígenas y de productores, populares y ciudadanas, rurales y urbanas, centrales campesinas, universidades e investigadores, convocaron al Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria con el objeto de aportar elementos para las discusiones gubernamentales y reuniones diversas de discusión sobre asuntos alimentarios, antes y después de la cumbre.
- Durante la LX Legislatura (2006-2009), legisladoras y legisladores de diversos partidos presentaron cuatro propuestas de reformas constitucionales para reconocer el derecho a la alimentación, con lo que, hay que decirlo, se mostraba el interés legislativo en esta materia; además estaba pendiente en esta Cámara de Diputados una minuta que proponía la reforma a los artículos 4o. y 27, enviada por la Cámara de Senadores en 2003, que posteriormente se volvería a discutir en 2005.
Uno de los frutos de todo este esfuerzo en el ámbito legislativo en nuestro país, específicamente en esta Cámara de Diputados, fue la creación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), el 16 de octubre de 2004, propuesta hecha por las organizaciones sociales y campesinas con el objetivo de que el Poder Legislativo contara con la ayuda de especialistas para apoyar su labor y aspirar a la recuperación del sistema alimentario nacional.
Bajo este contexto, en 2008, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), conjuntamente con la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de la FAO y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, convocaron al seminario internacional Derecho a la alimentación: legislación y políticas públicas para su garantía , en el que se discutieron las diversas iniciativas sobre reforma constitucional que existían en ese momento.
- Finalmente, en la LXI Legislatura fue aprobada el 29 de abril de 2011 la tan esperada reforma constitucional, y de inmediato fue enviada para su aprobación a los congresos estatales y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de ese mismo año. El texto constitucional reflejaba el compromiso de legisladores, legisladoras, sociedad civil e investigadores con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Para estar en contexto con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, dicha reforma tiene sustento en los siguientes instrumentos:
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, segunda parte de su artículo 25.
2. La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país.
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, punto 2, precisa que los estados adoptarán las medidas o los métodos necesarios para mejorar la producción, conservación, distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos.
4. En La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, se pidió que se estableciera en el derecho a la alimentación un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas de los asistentes.
5. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en la observación general número 12 misma que establece “La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos...”
6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció, –por resolución 2000/10–, el mandato del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación.
7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año de 2002, solicitó crear un grupo de trabajo intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación.
8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 estados miembros del Consejo General de la FAO, adoptaron un “conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, estas directrices son recomendaciones que los estados han aprobado para contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, ofreciendo a los estados orientaciones sobre el mejor modo de cumplir la obligación contraída en razón de respetar el derecho a una alimentación, asimismo asegurar que las personas no padezcan hambre.
Con esta realidad social manifiesta en el texto constitucional, es que se constituye Frente Parlamentario contra del Hambre: capítulo México . Las iniciativas, tanto ciudadanas como las hechas por los legisladores y legisladoras, junto con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) y este órgano parlamentario, son los esfuerzos más acabados en esta materia en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Por el que se designa a legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión para integrar, promover, encabezar y organizar los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre: capítulo México.
Primero. Que la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, las legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados para integrar, promover, encabezar y organizar los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre: capítulo México.
Segundo. Los objetivos del Frente Parlamentario contra el Hambre: capítulo México, serán entre otros la de instrumentar a partir de la definición de los mecanismos de funcionamiento que se estipulen, un programa de trabajo de carácter transversal que haga posible la ejecución de políticas públicas sobre el derecho a la alimentación en México.
Tercero. El Frente Parlamentario contra el Hambre: capítulo México estará integrado por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura y cuyos integrantes serán propuestos por los grupos parlamentarios.
Cuarto. El Frente Parlamentario contra el Hambre: Capítulo México, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputada Julisa Mejía Guardado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Eva Diego Cruz, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo económico y social alcanzado por México muestra grandes disparidades entre sus regiones. Dichas disparidades han sido fomentadas principalmente por una aplicación de políticas públicas discriminatorias.
La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.
Aun cuando se trata de la región más rica en recursos naturales, que cuenta con una gran variedad de suelos y biodiversidad, agua en abundancia, ríos importantes, extensión costera, áreas boscosas y selváticas, importantes yacimientos petroleros y minerales, y albergar un número importante de reservas naturales, las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región son endémicas.
Con el tiempo las brechas económicas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado, siendo aún más evidentes si se descuentan los efectos económicos positivos de las actividades petroleras de la región. Es innegable que el origen de los problemas económicos y sociales de la región son estructurales y no producto de una situación de coyuntura.
Desde principios de los años ochenta se aplica en México el modelo económico neoliberal. Modelo que tiene, entre otros rasgos, el predominio del mercado, la apertura de la economía, la desincorporación de las empresas públicas, la hegemonía de lo económico sobre lo político pero sobre todo se ha instaurado un estado que se ha venido desentendiendo de su responsabilidad para fomentar el desarrollo con equidad entre las diversas regiones que forman parte de la nación.
Es de reconocer que la política de México continúa sin ser una política de estado, que carece de una prioridad conceptual, política e instrumental soportada socialmente, que inhibe la detonación. Es claro que el neoliberalismo no ha funcionado para México.
En el sur-sureste de nuestro país no se ha aplicado una adecuada planeación que tome en cuenta sus potencialidades y el conjunto de actores locales susceptibles a intervenir en su desarrollo. El desarrollo es fruto de la participación activa de los agentes locales; es resultado del esfuerzo de una sociedad, de los actores de un territorio.
Cada región tiene características, estructuras económicas y sociales diferentes, mismas que no han sido tomadas en cuenta para la aplicación de políticas de desarrollo efectivas. Han sido aplicadas a escala nacional, cuando el desarrollo regional debe planearse de abajo hacia arriba.
La importancia del desarrollo regional radica en que permite tratar problemas como la pobreza, el desempleo y el subempleo que no pueden resolverse de forma efectiva a escala nacional o municipal. Las ciudades o municipios no pueden solucionar distintos problemas o fenómenos socioeconómicos en lo particular; éstos deben de abordarse con una base “espacial” más amplia. El desarrollo regional debe ser visto como parte del desarrollo de todo país.
Cabe señalar que nuestra constitución establece en sus artículos 25 y 26 que:
“Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad proteja esta constitución...”
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuya con el desarrollo de la nación.
El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. . .”
“La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan nacional y los programas de desarrollo”.
Los desequilibrios regionales están directamente ligados a los niveles de competitividad. Es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad afectan de manera negativa a la competitividad de los estados y regiones. Las regiones con los mayores rezagos económicos deben alcanzar un nivel de desarrollo en educación, salud, e infraestructura para atraer elevados flujos de inversión extranjera.
En México no existen políticas públicas tendientes a elevar la competitividad desde un punto de vista integral y a largo plazo. A nivel regional las entidades han enfrentado en forma autónoma su competitividad de tal manera que los beneficios se han distribuido en forma desigual.
Los estados más competitivos son aquellos mejor comunicados al principal mercado de exportación (de ahí la importancia de construir una red carretera eficiente), así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, capital humano e institucional.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define la competitividad como la “habilidad de una región para atraer y retener inversiones”, para ello es necesario que una determinada región ofrezca las condiciones integrales aceptables, que permitan, por un lado, maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y personas que en ella radican o quieran radicar y, por otro, incrementar, de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades endógenas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación ofrezcan.
La competitividad depende de varios factores, entre los más importantes el IMCO destaca la del costo de los insumos y la productividad de los mismos, mano de obra capacitada, y por parte de la empresa capital y tecnología, ambiente propicio para los negocios, reinversión de utilidades de las empresas, adecuada infraestructura de telecomunicaciones y transportes y una necesaria innovación tecnológica.
Hoy, las entidades federativas y sus respectivas regiones se encuentran en situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales, ello implica ineficacias y desigualdad regional.
Es apremiante vincular a las regiones marginadas con zonas desarrolladas aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas al proceso de desarrollo mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.
Políticamente en el sur-sureste estamos frente a un escenario complicado, complejo, producto de la señalada desigualdad, sin embargo, también contamos con un enorme potencial humano, que puede ser convertido en ventajas competitivas para la región.
Sabemos que una mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura física, la formación de capital humano y el desarrollo del entorno productivo, permite una mayor convergencia entre las regiones.
Es tiempo que el estado asuma la responsabilidad de asegurar que el desarrollo sea integral y sustentable, que fomente el crecimiento económico y el empleo. Es tiempo que el estado dignifique a los individuos, grupos y clases sociales, impulsando una justa distribución de la riqueza.
El Partido de la Revolución Democrática fiel a su compromiso con las causas del pueblo, la nación y sus regiones, en la lucha por construir una sociedad justa, igualitaria y democrática que tienda a suprimir todo tipo de discriminación, por mi conducto somete a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que proponga un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste que contemple el impulso de la infraestructura y la formación de capital humano capacitado para las exigencias del mercado y del desarrollo del entorno productivo.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que haga efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.
Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)
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