Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3605-III, martes 18 de septiembre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las dependencias correspondientes un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la franja fronteriza norte, y a suspender éste en tanto no se obtenga el resultado del estudio, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
1. Las fronteras del país han tenido un crecimiento considerable en el número de cruces fronterizos y tienen una importancia significativa para la economía nacional, principalmente en aquellos que colindan con Estados Unidos de América.
En Baja California se cuentan seis puertos fronterizos activos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Calexico, Mexicali II y Algodones-Andrade, en donde se concentran el mayor número de cruces fronterizos del país, incluyendo al resto de la frontera norte que corre en Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.
2. El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es un programa diseñado para analizar el tipo de vehículo, su número de matrícula y peso en siete segundos; este programa fue diseñado en sus inicios con la intención de detectar tráfico ilegal de mercancías y armamento de Estados Unidos de América hacia el territorio nacional, en términos generales, el objetivo de la creación de este programa es para dotar de mayor seguridad al interior del país, así como detectar la introducción de armas ilegales al País, entre otros.
Para estos efectos, el gobierno federal gastó un total de 14 mil millones de pesos, aplicados en toda la franja de la frontera norte, como parte del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012. Sin embargo, para los ciudadanos de la franja fronteriza del norte del país este gasto no corresponde a los resultados de la aplicación de este programa, mismo que ha dejado mucho que desear y nos afecta de manera directa.
En el tiempo de aplicación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, se ha detectado que el límite de espera ha sido superado considerablemente en los cruces fronterizos, principalmente en Baja California, lo cual hace que el tránsito vehicular sea demasiado lento, inhibiendo el desarrollo de las industrias importantes para el país.
3. Los retrasos en el tránsito lento que ocasiona la aplicación de Siave, se han visto reflejados en varios aspectos, entre ellos la inhibición del turismo, aumento significativo en horas de traslado, complicaciones para inversionistas, etcétera. Lo que al final se ve reflejado en pérdidas económicas para los estados fronterizos y en general para el País.
Incluso, recientemente un medio local, asi como las organizaciones civiles (tales como Coparmex, CCE, Deitac, Canaco, Canacintra , etcétera) han sostenido que la aplicación del Siave ha tenido mayormente afectaciones frente a los resultados que ha brindado, ya que en los tres años que tiene de operación, los resultados han arrojado un total de 19 armas de fuego decomisadas y la detención de 10 personas lo que significa en promedio se han detectado 6 armas por año, todo esto, en la Garita de Tijuana-San Ysidro, también denominada “Puerta México”.
4. Históricamente la garita de Tijuana-San Ysidro se ha considerado la frontera más transitada de todo el mundo, sin embargo, en últimas fechas se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento los cruces por esta Frontera e incluso el sector empresarial ha declarado la pérdida de más de 70 mil empleos en los últimos tres años (que es el lapso de tiempo que este sistema tiene operando) y debido al tránsito lento, se ha calculado la demora en más de 4.5 millones de horas laborales tan sólo en la región de California (Estados Unidos) y Baja California, México.
5. Se coincide en la necesidad de contar con un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional, sin embargo, estos programas deben entrar en funciones cuando se tenga la certeza de su eficiencia y operación sin complicaciones significativas.
6. Se debe considerar la afectación ocasionada por los retrasos para las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales por cuestiones laborales, escolares o personales, sólo por poner un ejemplo, en la ciudad de Tijuana miles de personas pierden más de tres horas diarias en los cruces fronterizos.
Los efectos negativos de mantener la aplicación de este programa se han visto reflejados en la disminución de la afluencia turística, quienes cruzan por estas garitas hacia nuestro País, han padecido las consecuencias de los retrasos inhibiendo el número de las visitas y afectando considerablemente las industrias relacionadas al turismo y en general a la economía del Estado.
A todo esto debemos agregar, en el caso específico de la garita Tijuana-San Ysidro, las obras de ampliación y remodelación que se llevan a cabo y que pretende desviar el tránsito hacia la “Garita del Chaparral”, lo cual incrementará y complicará el tráfico en esa zona, es por ello, que se hace necesario que el gobierno federal realice un análisis sobre la eficiencia de este programa y los resultados que ha tenido la aplicación del mismo.
Consideramos que el Siave es ineficiente e ineficaz, y el gobierno federal debe tomar en consideración suspenderlo con la brevedad posible, hasta tener demostrada la eficiencia y eficacia de su operación.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar a través de las dependencias correspondientes, un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa de Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) y los resultados que ha tenido la aplicación de éste.
Segundo. Asimismo, se suspenda con la brevedad posible la operación del programa Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en las garitas internacionales dentro de la franja fronteriza del norte del país, hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis en comento.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2012.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo en la Comisión de Energía para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia de la administración pública de nuestro país hemos escuchado hasta el cansancio noticas sobre fraudes, corrupción y malos manejos por parte de Pemex.
Los numerosos registros de los dispendios y malos manejos en la paraestatal, dan cuenta de monumentales actos de corrupción que van desde el pemexgate, hasta el escándalo de 400 mil millones de pesos de mayo pasado, donde se resaltó que Pemex Corporativo registró un quebranto –detectado en la Cuenta Pública de 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación especifica, fundamento técnico, ni la autorización del consejo de administración de la paraestatal.
Hoy de nuevo nos encontramos ante un caso indignante.
El hecho de que Pemex haya decidido retomar las relaciones por diez años más con Mexicana de Lubricantes (perteneciente a Impulsora Jalisciense, SA de CV, empresa que realizo un fraude que asciende a 40 mil millones de pesos, no puede tener otra descripción más que la de otro caso paradigmático de encubrimiento e impunidad.
Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares ha declarado tener pérdidas netas cada año.
Mexlub desde su inicio fue poco transparente. La composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación. Aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba obligada a reportarlos abiertamente a Pemex cuando esta lo deseara.
Ante estas anomalías, se entablaron 60 juicios en contra de Mexlub, en los que se exigía la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta la entrega de éstos tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.
No obstante la interposición de estas demandas y denuncias, el 21 de agosto del presente año se ha decidido reanudar las relaciones con esta empresa. Pemex Refinación recibirá 399 millones de pesos obtenidos de la reducción de capital social de Mexlub, además de un monto mínimo de 100 millones de pesos en un plazo no mayor a 3 meses. Como ganancias se le entregarán 6.4 millones de pesos por dividendos de 1998 al 2000, es decir por tres años se le entregarán ganancias menores al escandaloso sueldo del director Martínez Garza y su secretaria de casi 10 millones de pesos.
¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva” cuando los nuevos términos de negociación, implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo? Las utilidades que la empresa debe reportar a la paraestatal, apenas cubrirían los gastos y costas de los juicios entablados en su contra. Pemex mismo ha admitido que la actitud de Mexlub fue irresponsable, y resulta cínico e incomprensible que aún así, se decida restablecer las relaciones comerciales con Mexlub.
Por otro lado, parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido, y muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que le ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal.
Como era de esperarse, el “nuevo” PRI, se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para estudiar y atender la problemática de los ninis, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado, Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar la creación una comisión especial para el estudio y atención de la problemática de los ninis en México.
Antecedentes y consideraciones generales
No estudian y no trabajan. Son millones de jóvenes en todo el mundo que se encuentran en especie de limbo existencial y que, desafortunadamente, son presa fácil de la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia.
Este fenómeno es observable a nivel global. En España, por ejemplo, el Instituto de la Juventud local acepta que casi 600 mil jóvenes se encuentran en estas circunstancias. En Argentina las estadísticas oficiales muestran que 20 por ciento de la población de entre 14 y 24 años está catalogada como nini (y lo peculiar es que, al consultarlos, declaran no querer hacer nada).
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 18 por ciento de los jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja; porcentaje semejante se presenta en Brasil (19 por ciento) y Paraguay (21 por ciento). En el Caribe los adolescentes no se quedan atrás, ya que se estima que 20 por ciento tienen la etiqueta de nini, mientras que en Centroamérica la situación es similar: 21 por ciento de la población de 16 a 29 años se inscribe en esta categoría.
El caso de México
Alrededor de 7 millones de jóvenes mexicanos pertenecen a la llamada generación nini; de ellos, aproximadamente 120 mil se encuentran en la capital de la República.
Estas cifras alarman en un país que colecciona lugares conspicuos en temas como violencia, narcotráfico, corrupción y emigración.
La Secretaría de la Defensa Nacional, revela que en los últimos años mil 200 jóvenes han muerto en enfrentamientos suscitados entre los diversos grupos de narcotraficantes que existen en nuestra geografía.
La problemática nini amenaza con constituir, para el mediano y largo plazos, un freno a nuestro desarrollo y, fuente de riesgos sociales e inestabilidad.
Cada año son centenares de miles de jóvenes –y ciudadanos con igual derecho aspiracional– los rechazados por las universidades e instituciones de educación superior públicas. Casi inevitablemente, estos contingentes tienen por destino el desempleo o el subempleo, toda vez que habrán de carecer de calificación laboral; una importante proporción engrosa la multitud que no estudia ni trabaja y que, consecuentemente, habrá de implicar grandes costos para el país.
El doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha subrayado la falta de oportunidades para los jóvenes mexicanos y el riesgo que esto implica, toda vez que muchos chicos creen que involucrarse con las organizaciones criminales, es una manera de trascender socialmente. “Si seguimos confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es aquel que en menos tiempo hace más dinero, estamos equivocándonos, y eso tiene que ver con el crimen organizado y con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna parte”, ha dicho el máximo representante de la UNAM.
La Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores del Sistema Penitenciario del gobierno del Distrito Federal, explica que el entorno familiar donde se desarrollan los ninis de México es, en lo general, de total abandono. Dicha falta de supervisión por parte de sus padres, deriva de la necesidad de que ambos trabajen. Esta situación, aunada a la carencia de recursos para que los hijos puedan seguir su desarrollo escolar, promueve el ocio. “De allí a la delincuencia sólo hay un paso”.
Los especialistas coinciden en que el fenómeno nini es problema muy grave; muchos de ellos, viven en condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social; son personas obligadas a mantener situación forzada de estancamiento frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso. Son jóvenes desocupados que buscan acomodo, que tratan de encontrar un lugar en la sociedad, que luchan para conseguirlo pero, sencillamente, no lo logran. Asimismo, están en busca de trabajos y universidades, que hacen filas, llenan formularios, acuden a entrevistas y exámenes, pero sólo reciben negativas.
Es lamentable que esta situación ocurra en una etapa tan delicada de la vida, como lo es el inicio del desarrollo profesional, es decir, la fase donde se originan los primeros proyectos y se trabaja para cumplir los sueños que se han forjado. Los ninis de algún modo, están a la deriva, el camino se obstruye y no tienen ruta hacia ningún lugar cierto; esperan una oportunidad, mientras sus padres comparten su angustia y ansiedad porque no saben qué decisión tomar. Como consecuencia, el fenómeno influye en la autoestima de los muchachos, lo que hace que se sientan deprimidos y desorientados.
Falta de oportunidades de acceso a la educación
La estructura educativa de México es un embudo, por lo que tenemos exceso de oferta en los niveles más bajos de la pirámide poblacional y carencia de recursos, profesores e infraestructura en los niveles más altos. La poca planeación académica nos ha llevado a un escenario que hace imposible ofrecer el servicio de educación superior a todos los jóvenes que lo demandan.
De acuerdo con la asociación Mexicanos Primero, sólo 13 por ciento de los estudiantes que ingresan a primaria en México, concluyen una carrera profesional.
Un ejemplo adicional es el de las cifras arrojadas durante los procesos de selección de ingreso a las licenciaturas que ofrecen las universidades e instituciones de educación superior públicas, en las que más de un 80 por ciento de quienes presentan examen, son rechazados –que no reprobados.
Falta de oportunidades de empleo
En este apartado, México también falla a sus jóvenes. Autoridades y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, saben que deben crearse como mínimo un millón de empleos al año para satisfacer la demanda, cifra muy por arriba de aquellas que registra el Seguro Social.
Los jóvenes suelen ser los primeros sacrificados en los recortes de personal y los últimos considerados en los procesos de reclutamiento.
Ante este análisis somero, cabe preguntarse: ¿Cómo no ha pasado ya algo grave en México? ¿A qué le han apostado los gobiernos? ¿Acaso han considerado que el problema lo resolverá de manera natural el mercado? ¿Cuál es el efecto que habrá de propiciarse con 7 millones de jóvenes y cientos de miles que se suman cada año, en esa condición? ¿Qué estarán haciendo esos muchachos? ¿A qué se dedican? ¿Qué harán? ¿Tomarán las calles?
Afortunadamente, hay actores clave en México, como el coordinador de nuestro grupo parlamentario, el diputado Manlio Fabio Beltrones, que se preocupan por atender, no sólo estas interrogantes, sino la problemática en sí. Durante la legislatura pasada, como senador de la República, propuso la Ley de Fomento al Primer Empleo, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2010.
Colofón
En realidad, aún conocemos poco el fenómeno de los ninis. Se trata de un segmento muy especial y sensible de la sociedad, al que debemos atender en forma prioritaria y urgente, pero todavía no tenemos estudios serios que nos permitan saber realmente lo que está pasando con ellos y cómo procesan sus conflictos.
Muchos de estos muchachos viven de la solidaridad familiar, retardan la salida de casa y postergan planes de matrimonio e independencia económica. Algunos, por supuesto, no tiene otra opción más que la migración hacia Estados Unidos.
Otros más, deciden formarse en instituciones de muy baja calidad. Muchos se incorporan al mercado laboral informal, y otros más se inscriben en las filas de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Este sector de la población, como lo ha dicho el doctor Narro Robles, “constituye la bolsa de trabajo del narcotráfico”.
Por lo expuesto, se solicita a la honorable asamblea:
Acuerdo
Único. La creación de una comisión especial para el estudio y atención de la problemática de los ninis en México.
Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2012.
Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Alejandro Llanas Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la cuenca de Burgos al tenor de las siguientes
Consideraciones
El impulso al aprovechamiento del gas natural es parte de una política energética responsable, enfocada no sólo a la transformación de fuentes de energía primaria, sino además, al fortalecimiento de la seguridad energética y sustentable de nuestro país.
Dentro de las medidas emergentes a nivel mundial sobre el cambio climático, la necesidad de recursos energéticos más limpios es una prioridad, por lo que el gas natural se ubica como la tercera fuente de energía más utilizada, después del petróleo y el carbón.
En México, se ha desarrollado un gran mercado nacional de gas natural y como resultado, este energético se ha convertido en una alternativa importante para el sector productivo y para los consumidores finales tanto por su costo como por ser menos agresivo al medio ambiente, por ello, requerimos especial atención por nuevos mecanismos legislativos que permitan materializar proyectos de infraestructura y de mercado que impacten directamente en el crecimiento económico del país y que a su vez mantenga una responsabilidad con nuestro ecosistema.
En referencia, la oferta nacional de gas seco creció de 4 millones 039 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd ) a 6 mil 244 mmpcd entre 1999 y 2009, lo que significó un aumento anual de 4.5 por ciento en el periodo, esto gracias a la participación ascendente del gas no asociado, principalmente el que proviene de la cuenca de Burgos, sin embargo, tanta demanda ha generado importaciones de gas natural para poder dar respuesta al consumidor, primero de Estados Unidos y luego de otros países, como fue en su momento la instalación de las terminales de gas natural licuado (GNL) en Altamira y Ensenada, estas importaciones representaban para 1999 4.2 por ciento de la demanda nacional llegando a 17.0 por ciento para 2009.
Con el fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno de gas natural, Petróleos Mexicanos (Pemex) con el apoyo del gobierno federal ha diseñado nuevas estrategias para apuntalar el desarrollo de su oferta, tratando de mejorar el aprovechamiento de las reservas, optimizando la infraestructura productiva, así como en su capacidad tecnológica ya que se estima que en los próximos años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento al pasar de 7 mil 377 mmpcd en 2009 a 10 mil 779 mmpcd en el 2025.
Así la producción para el abasto energético mediante el gas no asociado al petróleo deberá mantener su carácter prioritario en este nuevo sexenio, lo que nos obliga a un estricto seguimiento para fortalecer su desarrollo y nos demanda mayor atención, en especial la cuenca de Burgos como foco de interés, no sólo por su importancia productiva, sino además, por el descubrimiento de un yacimiento en el llamado Cinturón Plegado Perdido frente a las costas de Tamaulipas, como lo anunció el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
En retrospectiva, la cuenca de Burgos se encuentra en el noreste de México y comprende gran parte de la zona norte del estado de Tamaulipas (12 municipios), así como regiones de los estados de Nuevo León (12 municipios) y Coahuila (10 municipios); colinda al norte con los Estados Unidos, al oriente con el margen del Golfo de México; inició su desarrollo en 1945 en el campo Misión; en 1956 se inaugura el complejo procesador de gas Reynosa, y en 1970 la producción alcanzó un máximo de 620 mmpcd.
Entre 1994 y 1995, Pemex Exploración y Producción diseño nuevas formas de perforar reduciendo los costos, adquirió sísmica 3D, lo que significo un gran avance al poder obtener imágenes con la correcta geometría y disposición de los estratos en el subsuelo, estableció estrategias multidisciplinarias con asesoría especializada para que la suma de estos factores dieran origen al inicio del “Proyecto Burgos” con un plan integral a 16 años a partir de 1997.
En abril de 1999 se reportó una producción de mil mmpcd, que se mantuvo por 4 años con un programa intensivo de perforación y reparación de pozos.
En marzo de 2004 se incrementó la capacidad de proceso de gas húmedo con la construcción del complejo procesador de gas Burgos aumentando su producción 9.6 por ciento, al ubicarse en mil 515 mmpcd, esto gracias al manejo de contratos de obra pública financiada (COPF) para la explotación de los distintos bloques, logrando con ello un crecimiento promedio anual de 6.7 por ciento anual hasta 2009.
En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició el Proyecto Integral cuenca de Burgos donde considera, para el lapso 2010-2027, la perforación de mil 559 pozos para recuperar alrededor de 7 mil 279 mmpcd de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos, logrando en sus primeros avances del año 2011, 10 pozos exploratorios y 91 pozos de desarrollo.
Aparejado a lo anterior, el Proyecto cuenca de Burgos ha generado más de 6 mil empleos directos por parte de Pemex Exploración y Producción, y más de 21 mil indirectos; 2 mil 854 a través de los contratos de obra pública financiada, con una proyección de 40 mil empleos para el presente año.
Dado el impacto económico y social de la cuenca, hoy mas que nunca debemos actuar de manera directa en el seguimiento al Proyecto Integral de Pemex, sumando los distintos factores que participan directa o indirectamente por esta gran obra, como lo es la creación de fondos con recursos tanto de Pemex como de los gobiernos estatales y locales que se benefician con esta actividad en favor de los habitantes de la cuenca, mejorar los programas sobre el uso y aprovechamiento del agua subterránea detectadas por Pemex para combatir principalmente el desabasto o futuras sequías como se han vivido en estos últimos años, impulsar o generar las condiciones para el desarrollo de Pymes en el ramo y garantizar la sustentación de los distintos hábitats.
Por ello, durante la LIX, LX y LXI Legislaturas de la Cámara de Diputados, se creó la Comisión Especial de la región cuenca de Burgos, para dar seguimiento al desarrollo del Proyecto Integral de la Cuenca.
Por lo expuesto, se propone a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la cuenca de Burgos.
Segundo. El objetivo de la comisión que crea este decreto es dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos.
Tercero. Garantizar el marco normativo que permita la sustentabilidad entre la explotación de los recursos energéticos, las diversas comunidades que integran la cuenca y el medio ambiente.
Cuarto. La Comisión Especial de la cuenca de Burgos funcionará en la totalidad del periodo de la LXII Legislatura, o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de septiembre de 2012.
Diputado José Alejandro Llanas Alba (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a dejar de vulnerar la autonomía del municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Graciela Saldaña Fraire, diputada a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, y artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo estatal de Quintana Roo a efecto de que respete la autonomía del municipio de Benito Juárez.
Consideraciones
“La autonomía es un requisito para la eficacia.”Jack Lang
Nuestra Carta Magna es clara al establecer competencia y facultades para cada órgano de Gobierno, tanto Federales, Estatales y Municipales, es decir se les otorga cierta autonomía para el debido funcionamiento de dichos órganos y que se le pueda otorgar a la población la garantía de un adecuado funcionamientos tanto de obras como de servicios públicos.
Independientemente de la afiliación que se sustente en cuanto a la naturaleza del Municipio, éste forma parte del Estado y jurídicamente le está subordinado, aunque con un estatuto legal que le otorga una esfera de competencias para ser ejercidas autónomamente. En otras palabras, el Municipio es la institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un concejo o ayuntamiento, y que es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de un Estado. Particular importancia tiene la apreciación del Municipio en la estructura del Estado Federal Mexicano, ya que, en cuanto a su organización y estructura, establece tres esferas competenciales: la federal, la estatal y la municipal. El texto constitucional, en sus diversos preceptos, deja clara esta diferenciación, por lo que se suele denominar a estas esferas competenciales como “órdenes de gobierno”.
Lo anterior se debe a que en las últimas semanas el Ejecutivo del Estado del Quintana Roo ha estado realizando actividades de obras públicas que le corresponden a los ayuntamientos del Estado, por lo que está vulnerando la autonomía que le otorga nuestra Ley suprema a estos Ayuntamientos, especialmente me enfoco al ayuntamiento de Benito Juárez, donde el Gobernador de Estado Roberto Borge se ha dedicado a pintar parques con los colores institucionales del Partido Revolucionario Institucional, Partido Político al cual representa, por lo que no solo vulnera esta autonomía municipal sino que también actúa en contra del programa Federal de la SEDESOL “Rescate de Espacios Públicos” de conformidad en las Reglas de Operación del programa referido en su numeral 8.1 párrafo 6º que establece:
“...
”En todos los espacios públicos intervenidos, el ejecutor deberá asegurar la presencia en áreas visibles y fachadas del logotipo de la SEDESOL, con la firma del gobierno federal, integrando el símbolo de “Vivir mejor”, con base en lo que se establece en la siguiente liga
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/Disposiciones/ad iciones/258.pdf...”
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al manifestar en el artículo 115:
“...
”Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
” (...)
”III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
” (...)
”g) Calles, parques y jardines y su equipamiento ...”
Así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo:
“...
”Artículo 147.- Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
” (...)
”h) Calles, parques y jardines y su equipamiento...”
Asimismo podría seguir mencionando las demás normas jurídicas que especifican las facultades de Ayuntamiento como lo es la Ley de Municipios del estado de Quintana Roo, pero creo que con las anteriormente mencionadas queda claro que el Ejecutivo está realizando obras que le corresponden al Ayuntamiento y por lo tanto está vulnerando su autonomía municipal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo para que deje de vulnerar la Autonomía Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez y respete las facultades y competencias que la nuestra Ley Suprema les otorga a cada órgano de gobierno.
Distrito Federal, a 18 de septiembre de 2012.
Diputada Graciela Saldaña Fraire
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la movilidad sustentable, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM
Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La creciente demanda de autos particulares, la oferta insuficiente y la baja calidad del transporte colectivo, los riesgos viales y la accidentalidad de manejar bicicleta o ser peatón en las zonas urbanas, semiurbanas y rurales crean un problema de graves consecuencias ambientales, económicas, sociales y de salud pública. La solución es una política pública nacional que cree condiciones para el transporte sustentable no motorizado; es decir, espacios dedicados a ciclovías para el transporte diario.
La elevada emisión de dióxido de carbono y su efecto en el cambio climático, el consumo creciente de combustibles fósiles, la falta de ejercicio y sus consecuencias en la salud y el debilitamiento del tejido social causado por el aislamiento de los individuos en el coche son las principales consecuencias de haber conferido prioridad al uso del automóvil y otros vehículos motorizados durante décadas y no haber dado a la movilidad no motorizada la consideración que sí ha recibido en otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestra referencia oficial, y por supuesto en otros países.
En términos presupuestales, los recursos destinados a la construcción de carreteras y caminos en este sexenio han sido exorbitantes, ya que la cifra asciende a 288 600 000 000 millones de pesos en lo que va del sexenio, cifra mayor a lo gastado en el mismo rubro durante los 2 sexenios anteriores, en los que se gastaron 287 000 000 000 de pesos. La extensión de carreteras que se construyeron o modernizaron en los últimos 6 años fue de aproximadamente 19 145.9 kilómetros. Contrario a ello, el mismo presupuesto federal destinado para este año a la mitigación de emisiones fue de sólo 211 millones de pesos, cifra inmensamente menor que la requerida si consideramos que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nos reportan que el sector transportes emitió en este sexenio aproximadamente 159 400 000 toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Por ello es necesario impulsar acciones y políticas públicas en materia de movilidad no motorizada. El objetivo inicial de las ciclovías en algunas ciudades mexicanas fue abrir espacios para el deporte, pero poco a poco, durante los últimos 8 años, se fue reconceptualizando como una alternativa frente a las desventajas mencionadas del uso excesivo del automóvil. Ante la tendencia a desaparecer el subsidio de la gasolina en México, esta alternativa sigue ganando popularidad. Sin embargo, la infraestructura, las vías, los carriles, no existen. Por eso, la creación de una comisión especial sobre movilidad sustentable no motorizada es urgente para definir una política pública nacional de transporte moderno y sustentable.
De acuerdo con el censo de 2010 del Inegi, México ya es un país principalmente urbano, con congestión vehicular y elevada contaminación. El poder lo tienen los automovilistas, que no representan más que el 15 o 20 por ciento de la población. Ante la falta de infraestructura dedicada, caminar o manejar en bicicleta permanecen como métodos de transporte sumamente arriesgados.
Por otra parte, el problema de la movilidad impera con la ausencia de planeación metropolitana en muchas ciudades en México donde el coche es el rey, pues los trayectos diarios son largos y horizontales. Donde el uso de suelo y el desarrollo urbano están bien regulados, esto es, hay un equilibrio de usos habitacionales, educativos y comerciales, los viajes diarios son de trayectos cortos (menos de 5 kilómetros.) o medianos (menos de 20) y se hacen a pie o en bici, mientras que en ciudades horizontales, mal planeadas, caminar y andar en bicicleta son considerados excentricidades. Sin embargo, con la influencia de la mercadotecnia, seguimos persiguiendo el modelo aspiracional del automóvil propio para dejar atrás la imagen de pobre peatón maltratado o apretujado usuario del transporte motorizado.
Es urgente también atender el fenómeno de la antidemocracia del transporte. En el caso de la ciudad de México el precio al usuario de los sistemas de transporte es subsidiado. Pero en otras ciudades, donde no hay ese subsidio, a los ciudadanos se dificulta pagar el desplazamiento motorizado hacia las fuentes de trabajo o estudio. Incluso optan por no transportarse, pues el costo-beneficio, es decir, lo que cuesta el pasaje comparado con los bajos salarios imperantes en el país, les hace más redituable permanecer en su vecindario, incorporarse a la economía informal en su zona y, como último recurso de subsistencia, solicitar apoyos gubernamentales para la pobreza. Muchos de ellos, jóvenes, podrían optar por carriles dedicados, sin riesgo, sin gasolina y sin boleto de pasaje, es decir, el pavimento exclusivo para ciclovías.
Los beneficios privados del usuario único de automóvil son financiados por la sociedad entera a través de impuestos destinados a autopistas, vías rápidas, distribuidores viales, segundos pisos, calles y avenidas diseñadas sólo para autos. Las externalidades causadas por los automovilistas son pagadas por la sociedad: tratamientos médicos causados por accidentes viales o cuidados de salud causado por la falta de ejercicio físico, costos de programas de mitigación contra las emisiones de dióxido de carbono, bajo desempeño laboral o educativo por el estrés de ruido, la violencia generada por la pérdida del espacio público y el costo de alimentos causado por la sequía originada por el cambio climático. Es la antidemocracia de la movilidad no sustentable o la antidemocracia del transporte motorizado.
Ante ello, varias ciudades en México han intentado implantar proyectos de movilidad masiva no motorizada con el objetivo de masificar los viajes diarios de trayectos cortos y medianos que se hacen en bicicleta. Sin embargo, esto requiere gran inversión en la infraestructura e ingeniería de ciclovías, para las que no ha habido apoyo significativo o trascendente ni una legislación que homologue y fortalezca una política pública nacional de transporte sustentable, más allá de los autos eléctricos.
Hay el riesgo de asociar la movilidad no motorizada con el subdesarrollo económico. Se piensa que para ser rico o por ser rico se necesita gastar gasolina. Pero no es así. La ciudad de Atlanta (y muchas otras en Estados Unidos) tiene un consumo de 3 mil litros de gasolina por persona al año, pues la posguerra produjo ciudades horizontales extendidas. Ho Chi Min, en Vietnam, gasta 15 litros, pues no tienen muchos coches, pero Múnich, en Alemania, o bien Hong Kong gastan menos de 500 litros de gasolina por persona. Esto demuestra que la prosperidad no tiene una relación de causa-efecto con el consumo de gasolina para el transporte individual. Las ciudades con bajos consumos de gasolina per cápita y, por ende, con menor emisión de dióxido de carbono son la de uso de bicicleta.
En muchas ciudades de México, el crecimiento demográfico obliga a una demanda y oferta descontrolada de desarrollos inmobiliarios, donde los ciudadanos viven lejos de sus centros de trabajo, educación, mercados y zonas de esparcimiento con el gasto de desplazamiento arriba mencionado que esto implica. La alternativa no motorizada, donde el pasaje no cuesta, no es posible aquí porque a pesar de que algunos reglamentos municipales obligan a que los desarrolladores dediquen carriles exclusivos a ciclovías en sus calles, ningún marco jurídico de orden superior lo manda o sanciona.
Ésa es una realidad, y miles de mexicanos en fraccionamientos financiados con créditos públicos están aún esperando la oportunidad de tener acceso al transporte masivo no motorizado, el que no cuesta. Si no reaccionamos, también perderemos el bono demográfico que en este contexto se interpreta como mayor número de usuarios en plenitud física para quienes las ciclovías serían la opción preferida.
Anualmente se destinan miles de millones de pesos del presupuesto federal a la construcción de infraestructura vial motorizada en el país. Irónicamente, otros cientos de millones de recursos internacionales y nacionales son destinados a estrategias de disminución de emisión de dióxido de carbono de vehículos. Esta contradicción se resuelve a través de políticas públicas que convergen en la movilidad sustentable o del transporte público no motorizado.
Por ello se hace necesaria una comisión especial en el Congreso ocupada de crear o modificar los marcos jurídicos nacionales en materia de transporte y promover apoyo presupuestal para vías de transporte sustentable no motorizado y su armonización a escala subnacional y para apoyar el diseño de programas sustantivos. La Secretaría de Desarrollo Social considera la construcción de ciclovías en los DUIS, o desarrollos urbanos integrales sustentables, en la nueva Ley de Asentamientos Humanos, asunto pendiente de la legislatura.
A través de esta comisión especial, los legisladores podemos encabezar la avanzada de la movilidad sustentable no motorizada. Las administraciones públicas han demostrado que se puede detonar infraestructura con sentido económico, pero ahora se trata de detonar infraestructura con un sentido social y sustentable.
El ordenamiento de movilidad sustentable genera un círculo virtuoso donde entran la salud, la economía, el turismo y el tejido social, entre otros aspectos. El análisis legislativo deberá revelar las vertientes de derrama económica de los sistemas de movilidad no motorizada donde el sector privado también ganará.
La actual inversión en infraestructura es grande y eso hace más relevante que un grupo de legisladores se centre en esta problemática y en el marco administrativo y jurídico que debe seguir la movilidad no motorizada, donde el sector privado también debe colaborar.
La comisión especial para el transporte sustentable no motorizado se apoyará en estudios, y en la creación y adaptación de marcos jurídicos. También dará herramientas a industrias específicas, como la del turismo, el transporte motorizado, la salud, la cultura, la ciencia y la tecnología, para encontrar áreas de oportunidad en el nuevo ordenamiento de movilidad no motorizada.
Esta nueva política pública procurará beneficios específicos para esos sectores: el ecoturismo creará productos turísticos con rutas temáticas sólo accesibles desde una ciclovía, la ciencia y tecnología podrá innovar en estilos y mecanismos de una nueva industria de producción de bicicletas y los ingenieros civiles asumirán retos de complementar y armonizar todos los tipos de transporte; el sector salud será el gran beneficiado con una herramienta de salud preventiva, como la promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social con el ahorro que ello implica para el país.
Creemos que una comisión especial de la movilidad sustentable es imperiosa porque las ciudades que cuentan con este tipo de redes han demostrado el rápido crecimiento y éxito de los incipientes proyectos. León, la Ciudad de México y Aguascalientes se han distinguido entre las más activas; de hecho, han servido como ejemplos internacionales que otras ciudades y zonas semiurbanas quieren adoptar, pero no encuentran recursos financieros, marco jurídico y apoyo político.
Optar por la masificación de la movilidad no motorizada marcará la diferencia entre un país en pasmo y un México sustentable que toma en serio programas firmes que observamos en países desarrollados.
Adicionalmente, debemos reconocer que la recién aprobada y publicada Ley General de Cambio Climático establece en el artículo 34 que para reducir las emisiones, las dependencias y las entidades de la administración pública federal, y las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación para la reducción de emisiones en el sector transporte mediante las siguientes acciones:
• Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implantación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.
• Diseñar e implantar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.
• Elaborar e instaurar planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades.
• Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.
• Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.
• Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos.
• Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el uso del automóvil.
Así también, el Programa Especial de Cambio Climático establece en el objetivo 2.2.6 “contar con sistemas de transporte público urbano moderno que respondan a criterios de sustentabilidad y alto impacto social, en ciudades mayores de 100 mil habitantes”.
México, como lo describimos todas las fuerzas políticas en nuestros respectivos posicionamientos el pasado 1 de septiembre, no puede esperar, necesitamos tomar decisiones atrevidas, que podrían parecer excéntricas, pues rompen con los paradigmas de transporte tradicional.
En este entendido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde pone manos a la obra y propone a los legisladores presentes la creación de la comisión especial de la movilidad sustentable no motorizada, que deberá proyectarse en tareas de estudio, investigación, cálculos de impacto social, económico y ambiental y ordenamientos del transporte no motorizado.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que en el ámbito de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine y ponga a consideración del pleno la creación de la comisión especial de la movilidad sustentable, determinando su integración plural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán, y a los titulares de la SSP, de la PGR y de la Procuraduría local a adoptar medidas o acciones para esclarecer la desaparición de tres jóvenes en Paracho, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El grado superlativo del fenómeno delincuencial ha provocado el aumento de las desapariciones forzadas de personas en la última década; actividades como el secuestro de civiles, la venta de estupefacientes y de armas, así como las extorsiones, robos y asesinatos por encargo.
En este escenario funesto el gobierno es el principal responsable, ya que por un lado se ha resistido a reconocer el carácter, la naturaleza y las dimensiones del problema, adoptando una actitud nihilista, y por otro, la sistemática ineficacia y decrepitud de las políticas económicas y de seguridad han acentuado la desigualdad, han polarizado a la sociedad, y por ende, han detonado el incremento de la violencia.
A la luz del derecho internacional humanitario, México vive una guerra irregular o “conflicto armado”, en el que sectores sociales y regiones enteras de la población civil requieren ser protegidos, al resultar crecientemente afectados por estas hostilidades.
Hoy en día, en el contexto de esta guerra irregular, hay miles de niños muertos en enfrentamientos armados; alrededor de 300 mil mexicanos desplazados de su lugar de origen por la violencia; más de 90 mil muertos, y más de 10 mil centroamericanos secuestrados sólo el año pasado.
Lo anterior hace más que justificada la intervención de los organismos regionales y mundiales de protección de los derechos humanos, y la aplicación de los estándares internacionales en la materia.
De ahí que, con frecuencia, diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos no gubernamentales hayan expresado su preocupación por el clima de violencia e impunidad que ha propiciado violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, en su visita el pasado marzo del presente año a nuestro país, señaló “que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. “Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del gobierno”.
Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales, y el grupo de trabajo reconoció el derecho y el deber del estado de perseguir la criminalidad, sin embargo, los expertos dijeron, “no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado”.
El grupo de trabajo también indicó que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, ni en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. “La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones”.
El diagnóstico de este grupo de expertos de la ONU ha sido coincidente con las declaraciones de diversos actores desde la dimensión institucional y desde la sociedad civil. El Estado mexicano mismo, ha reconocido en no pocas ocasiones su responsabilidad internacional, derivada de la violación de los dispositivos consagrados en instrumentos como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Un caso paradigmático lo encontramos en un lamentabilísimo hecho ocurrido recientemente, en el que tres de nuestros compañeros de labores y amigos; Luis Enrique Nava Castañeda de 28 años, coordinador de las juventudes capitalinas del partido Movimiento Ciudadano, y los psicólogos Diego Antonio Maldonado Castañeda de 34 años y Ana Belem Sánchez Mayorga de 32 , fueron reportados como desaparecidos en Paracho, Michoacán , luego de participar el VII Festival Internacional de Globos de Cantoya, el 22 de julio de 2012.
Familiares del dirigente juvenil de nuestro partido informaron que los tres jóvenes fueron vistos por última vez durante el encuentro cultural realizado en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, al que acudieron por contratación para impartir cursos y talleres infantiles.
Según las primeras indagatorias, informó Guadalupe Nava , madre de Luis Enrique, él y sus dos acompañantes fueron extraídos por la fuerza del hotel Santa Fe, ubicado en el centro de Paracho, durante la noche del sábado 21 de julio, por un grupo de sujetos cuyas características no pudieron ser establecidas, ya que el empleado señaló que estaba en la recepción del hotel y, por miedo, se escondió durante los hechos, el mismo dijo que no vio nada: “que no vio quiénes se los llevaron”.
Cabe destacar que los encargados del hotel no reportaron este hecho sino hasta el día siguiente.
La desaparición de los tres jóvenes fue denunciada ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Los familiares informaron que se iniciaron diligencias tanto en Paracho como en Morelia, la capital del estado, para su localización, sin que a la fecha se tenga alguna respuesta por parte de las autoridades al respecto.
Cabe destacar que tanto Luis Enrique Nava, como Diego Antonio Maldonado fueron parte del equipo de campaña de Maricela Contreras para la delegación Tlalpan, y participaron también en la promoción del voto en favor del candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en los pasados comicios.
Exigimos con encomio que se investigue el paradero de nuestros compañeros y amigos, que se sancione a los responsables y que se garantice el derecho a la verdad. Con tristeza caemos en cuenta que este no es un caso aislado; son miles las personas que han sido víctimas de hechos atroces como los que hoy nos ocupan. A todas ellas les extendemos la mano y nuestro incondicional apoyo.
No permitamos que ante la anuencia, la incompetencia o indiferencia de las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, los familiares y amigos de Luis Enrique Nava Castañeda, Diego Antonio Maldonado Castañeda, y Ana Belem Sánchez Mayorga , nos veamos en la necesidad de transitar por el tortuoso camino del sistema interamericano de derechos humanos, con la esperanza de encontrar la justicia y la verdad que no garantizan las dependencias de nuestro país.
En donde con seguridad, eventualmente, se declararía la responsabilidad del Estado mexicano, y la obligación ineludible de reparar el daño, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar las medidas que garanticen que tales violaciones graves a los derechos humanos no se repitan.
Responsabilidad que no recae solamente en las autoridades del estado de Michoacán, sino que es el Estado mexicano como tal, el principal obligado en evitar, por todas las vías, la vulneración a los derechos fundamentales de sus gobernados.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía, se exhorte al gobernador del estado de Michoacán, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y de la procuraduría local, a efecto de que a la brevedad adopten las medidas o acciones necesarias para esclarecer la verdad en torno a los hechos sobre la desaparición de los tres jóvenes el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán; identificar y sancionar a todos los responsables de la desaparición, y darle la atención debida a los familiares de las víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Salomón Juan Marcos Issa y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, el de la voz, diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en nombre de los diputados federales de Coahuila de Zaragoza somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 29 de septiembre de 2009, el entonces diputado Rubén Moreira Valdez, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo por el que se propuso la creación de la comisión especial de la industria automotriz.
El 10 de diciembre se publicó y aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se constituyeron 28 comisiones especiales, entre las que se incluía la Comisión Especial de la Industria Automotriz, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de la industria y el efecto de la industria automotriz en la economía del país así como establecer las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos.
Al iniciar actividades, dicha comisión estuvo presidida por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, quien al solicitar licencia fue sustituido en la presidencia por el diputado Hugo Héctor Martínez González, ambos de Coahuila de Zaragoza.
La industria automotriz es clave para el desarrollo económico del país ya que genera el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, el 18 por ciento del PIB secundario y el 12 por ciento del empleo del sector manufacturero. Por lo tanto, ésta es una de las industrias con mayor tradición e importancia para nuestro país por su generación de empleos y su efecto impulsor sobre otros sectores de nuestra economía.
Asimismo, tiene presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana. En las entidades en las que la industria se encuentra, se caracterizan por una participación importante de las manufacturas en el producto interno bruto estatal, así como una mayoría porcentual en la población ocupada en estas industrias.
La industria automotriz de México cuenta con importantes ventajas competitivas a escala mundial como son bajos costos de producción, operación, transporte y logística, así como disponibilidad de mano de obra calificada, por lo que resulta estratégica para nuestra economía.
De acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, en el año 2011, México incrementó su producción y se ubicó en el octavo sitio entre los países productores del ramo. Alcanzándose una cifra récord de 2 millones 557 mil 550 automóviles.
En el ámbito comercial, la industria automotriz es una enorme generadora de divisas superando a Pemex, las actividades del turismo y las remesas familiares. Tan solo en el 2010 la exportación de vehículos generó un saldo positivo de 26 mil millones dólares, convirtiéndose en uno de los factores determinantes para la recuperación económica de nuestro país en ese año.
Una significativa proporción de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país es destinada a actividades directamente relacionadas con la industria automotriz, lo que explica el incremento sustancial en la producción de vehículos y autopartes mexicanas que se exportan a diversos mercados.
Las exportaciones de autos influyeron de forma determinante en el aumento de la producción nacional, en el año 2011 cerraron en 905 mil 886, cifra superior en un 10.41 por ciento a las cifras del año 2010. El crecimiento constante de la demanda externa elevo el segmento de la producción destinado a las exportaciones.
Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas, destino que concentro el 81 por ciento del segmento.
Los datos anteriores muestran que el año 2011 ha sido el año de la consolidación de la industria automotriz en México, manteniendo un paso constante hacia la recuperación.
En un escenario favorable para la industria automotriz de nuestro país, se pronostica que la producción de automóviles que se podrá alcanzar por año, a partir del año 2015, asciende a más de 3 millones.
De acuerdo con anuncios realizados por diversas armadoras establecidas en nuestro país, se prevé que entre 2012 y 2015 se concreten inversiones en la industria del orden de los 6 mil millones de dólares para la fabricación de autopartes y bienes intermedios.
Es por ello, que ante la relevante importancia que tiene la industria automotriz para nuestro país, acudimos a esta Tribuna para solicitar su respaldo a la iniciativa de dar continuidad a las actividades de la Comisión Especial de la Industria Automotriz de la LXI Legislatura.
Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz, cuyo objetivo será dar continuidad a las actividades de seguimiento de la industria automotriz, su efecto en la economía del país y las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos realizadas por esta comisión especial creada en la LXI legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputados: Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Fernando de las Fuentes Hernández (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales adscritos María Isabel Ortiz Mantilla, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Blanca Jiménez Castillo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Julio César Lorenzini Rangel, Rafael Acosta Croda, Humberto Alonso Morelli, Juan Bueno Torio, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Víctor Serralde Martínez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Eufrosina Cruz Mendoza, Víctor Rafael González Manríquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Jorge Rosiñol Abreu, Sergio Augusto Chan Lugo, Raúl Paz Alonzo, Cinthya Noemí Vadallares Couoh, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur- Sureste de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pleno de la honorable Cámara de Diputados podrá aprobar en cada legislatura diversas Comisiones especiales encargadas de analizar y darle trámite a algunos temas específicos, es por ello que nace la necesidad de impulsar esta Comisión especial para apoyar a la región más necesitada de nuestro país, la zona sur- sureste.
Esta región está conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En esta zona podemos observar contrastes muy radicales pues por un lado tenemos una gran riqueza natural y una alta población pero por otro lado contemplamos una extrema pobreza de sus habitantes.
Nuestra labor como representantes de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados, es la de establecer políticas y mecanismos para mejorar su calidad de vida; por ello esta Comisión especial ayudará a buscar un desarrollo más equitativo entre la población, y conseguirá una desarrollo integral de la región.
La importancia de la creación de esta Comisión se deriva de que en esta región se encuentran 8 de los 10 estados más pobres del País, ahí mismo están establecidos casi el 75 por ciento de la población indígena, y además de que en muchos municipios la población se encuentra viviendo en condiciones muy precarias.
En las últimas 4 legislaturas los diputados de los distintos partidos incluso no siendo de esta región, han aprobado por unanimidad la creación de esta Comisión especial derivado de la importancia que tiene y de que se han comprobado los resultados tangibles que ha tenido en relación al desarrollo regional.
Asimismo los 9 gobernadores de estos estados han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de esta comisión, incluso algunos han solicitado en que se convierta en una Comisión Ordinaria; lo anterior, derivado de que sienten el respaldo y la representación de los Integrantes de este órgano legislativo a sus inquietudes, además de que ellos conocen de primera mano las carencias y necesidades de sus municipios y de su población.
Desde la creación de esta comisión, hace más de 10 años, la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur- Sureste de México ha colaborado intensamente en la elaboración del presupuesto, y ha conseguido incluso que se agreguen anexos con proyectos de desarrollo aprobados y etiquetados para los nueve estados.
Se ha comprobado que sumando esfuerzos y trabajando por los intereses de las personas que confían en nosotros podemos conseguir grandes cosas, y esta es una gran oportunidad para demostrarle a México que sus legisladores si trabajan por ellos, si se preocupan por ellos y si conseguirán una mejor calidad de vida para ellos.
Necesitamos sumarnos para que tengamos un México más justo, disminuyendo el rezago económico y el margen de desigualdad que existe en los diversos estados y municipios del país, necesitamos impulsar la creación de escuelas y centros de salud en donde actualmente no tienen acceso a esos servicios, necesitamos que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social lleguen a más personas sobre todo a las más necesitadas, necesitamos la creación de esta Comisión para buscar ese desarrollo integral de los 9 estados, ofreciéndole a todos sus habitantes una igualdad de oportunidades.
En todos los estados de esta región es muy notorio el rezago económico, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas en donde existe un algo nivel de desnutrición infantil, baja escolaridad y carecen de infraestructura básica, por lo cual esta Comisión trabajará en ese sentido, en buscar el desarrollo regional donde más haga falta.
Los diputados que somos de esa región podemos constatar las necesidades que tienen nuestros habitantes y los niveles de pobreza extrema que existen, por ello exhortamos a los demás diputados que apoyen esta propuesta en beneficio de más del 40 por ciento de la población total de nuestro País.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur- Sureste de México.
Segundo. El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.
Tercero. Esta Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de desarrollo regional del sur-sureste presenten los diputados y mantendrá una continua comunicación con los Gobiernos estatales para impulsar sus propuestas.
Cuarto. La comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.
Quinto. Esta Comisión estará vigente hasta el término de esta legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputados: María Isabel Ortiz Mantilla, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Blanca Jiménez Castillo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Julio César Lorenzini Rangel, Rafael Acosta Croda, Humberto Alonso Morelli, Juan Bueno Torio, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Víctor Serralde Martínez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Eufrosina Cruz Mendoza, Víctor Rafael González Manríquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Jorge Rosiñol Abreu, Sergio Augusto Chan Lugo, Raúl Paz Alonzo, Cinthya Noemí Vadallares Couoh, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El cambio climático en términos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está definido como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. Sus efectos amenazan no sólo a la economía y a la estabilidad social, sino la base de recursos y los procesos ecológicos que sustentan la vida en México y en el planeta. El cambio climático es un problema que afecta y afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos del país y del mundo.
En México los efectos del cambio climático de manera directa o indirecta vulneran a millones de habitantes y arrojan pérdidas materiales que se cuantifican en miles de millones de pesos. Es por ello que nuestro país es parte de un gran esfuerzo desde hace 17 años toda vez que signó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático haciendo constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse a cumplir con los lineamientos establecidos en este tratado como parte del anexo 1 de la convención.
Sin embargo y pesar de lo ya mencionado, en nuestro país existen mínimos intentos de un marco jurídico que regule, fomente, posibilite y ordene políticas públicas orientadas hacia la implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ello es que se propone impulsar y fomentar que se establezcan las políticas, estrategias, programas y acciones de la adaptación y mitigación contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.
Por ejemplo, un logro incuestionable de la ciencia es haber demostrado los efectos de las crecientes concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero y sus consecuencias para la vida y para la sustentabilidad del planeta.
En ese sentido es que desde 1997, en el marco de la Tercera Conferencia de las Partes (COP-3) celebrada en Kyoto, Japón, fue adoptado el denominado Protocolo de Kyoto. El protocolo no estableció compromisos de reducción para los países en desarrollo como México, en función del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que hace el protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las partes del anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el actual periodo 2008 a 2012.
El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)1 presentado en el año 2007 es crucial. El IPCC colocó en su punto final el debate sobre la influencia humana en el clima, ya que señala que la mayor parte del calentamiento global observado durante el siglo XX se debe al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero causado por el hombre. El IPCC presentó conclusiones muy preocupantes; plantea que de seguir la tendencia actual en la emisión de los gases de efecto invernadero, en el año 2100 la concentración global de CO2e (dióxido de carbono equivalente) podría ser de entre 540 y 970 partes por millón.
Este incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero afectará también la temperatura, se prevé que para la última década del siglo XXI la temperatura promedio mundial podría aumentar entre 1.8 y 4 grados centígrados.
De acuerdo al citado Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, en el caso de América Latina, algunos de los efectos principales de los incrementos en la temperatura son:
Los impactos económicos y sociales del cambio climático, mismos que son mencionados en el informe de Nicholas Stern, ex vicepresidente del Banco Mundial y asesor económico del gobierno del Reino Unido, quien señala que de no hacer nada, el costo y riesgo total del cambio climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo de 5 por ciento anual del producto interno bruto (PIB) global, de ahora en adelante.
En el caso especifico de México, en el año 2009, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizó el estudio Implicaciones económicas del cambio climático en México” .2
Según este estudio, los costos del cambio climático para México en el 2050 (esto es, cuánto deberemos pagar en un futuro por no tomar medidas para enfrentar este problema) irían de 4.2 a 15.3 por ciento del PIB nacional en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad; mientras que los costos de mitigación serían de entre 0.56 y 5.6 por ciento del PIB.
Esta información se corroborará, con otro importante documento, que es la Cuarta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Dicho trabajo fue presentado en el marco de la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2010, en él se ratifican graves escenarios para el país, en donde destacan: la situación crítica en algunos estados del país por falta de agua; el incremento en las zonas de distribución y en el número de casos de dengue; así como la disminución paulatina de la biodiversidad en amplias zonas del centro y norte del país.
Cabe mencionar que anteriormente, en el marco de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco, el 25 de abril de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que hasta ahora es integrada por nueve secretarías de estado. Asimismo, en la última semana de mayo de 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como una acción de respuesta del Poder Ejecutivo en relación a la mitigación del cambio climático y a los efectos adversos del mismo.
Posteriormente el Poder Ejecutivo federal presentó a fines del mes de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, como principal instrumento del gobierno federal ante este tema. Sin duda alguna es relevante y un avance contar con este documento ya publicado siendo que el PECC establece el pico máximo de emisiones en México para el 2012. Sin embargo, aún está pendiente un marco jurídico amplio que haga vinculante dicha meta, más allá de este año.
Sin embargo y a pesar de los compromisos que se asuman con las medidas para tratar de reducir los efectos nocivos y devastadores del cambio climático y un mayor calentamiento, los rezagos existentes entre la mitigación y sus resultados son aun bastantes amplios. No se debe omitir que las responsabilidades del cambio climático son desiguales, y que existe una relación opuesta entre la responsabilidad ambiental por el cambio climático y la vulnerabilidad ante sus efectos. Es decir, los países desarrollados, los que más gases tóxicos emiten a la atmósfera, son menos vulnerables ante el cambio climático. Mientras que el cambio climático está aumentando los riesgos y la fragilidad que afectan a los países en vías de desarrollo, es así como los países desarrollados, ya están invirtiendo enormes sumas en la generación de infraestructura de protección contra el clima. Lo que se traduce en algo tan evidente como la desigualdad de capacidades entre países desarrollados y en vías de desarrollo para adaptarse al cambio climático.
El cambio climático se reconoce como uno de los mayores retos para el mundo en el siglo XXI, ya que avanzar a grandes niveles de desarrollo humano y bienestar social esperados, manteniendo una estabilidad y crecimiento económico sin alterar el sistema climático, representa un enorme desafío.
En México, hasta hace poco tiempo, los principales representantes sobre este tema eran académicos, la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y la iniciativa privada, todos sectores importantes, pero faltaba la integración del Poder Legislativo, un elemento clave para el diseño de políticas públicas en materia de adaptación, mitigación y fragilidad frente al cambio climático; asignatura que por primera vez en la historia de nuestro país, fue abordada por la anterior LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, misma que realizó trabajos destacados en la materia a través de la creación de una Comisión Especial sobre cambio climático, permitiendo situar este tema como un contenido trascendental mas allá de las comisiones existentes de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Transporte, por ejemplo.
La Comisión Especial sobre cambio climático, instalada el 17 de febrero de 2010, plasma un precedente histórico para refrendar el compromiso que como legisladores consideramos, que por el actual fenómeno económico global, es un tema que no debe quedar relegado, siendo el cambio climático y calentamiento global una de las prioridades de los gobiernos del mundo. Debemos exhortar a que el tema ambiental no sufra más daño por las actuales crisis financieras a nivel mundial, por ello no se debe posponer ningún tipo de acción efectiva al costo que sea necesario en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.
Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo,
Segundo. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones;
Tercero. Que a través de la representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Junta de Coordinación Política se proponga, en virtud de que es un tema trascendental, de interés relevante y con la firme convicción de dar seguimiento y refrendar los trabajos realizados en la LXI Legislatura, la creación de la Comisión Especial encargada de promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global .
Notas
1. La creación del IPCC en 1988, fue impulsada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su función principal consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender el Cambio Climático. En reconocimiento a su labor, en el año 2007, recibió el Premio Nobel de la Paz.
2. Semarnat, 2009. Implicaciones Económicas del Cambio Climático en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la conservación de la selva Lacandona y las cañadas que la integran, a cargo del diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Chiapas cuenta con la riqueza de lo que aún queda de la selva Lacandona, ya que en los años setenta cuando la selva se le adjudicó a la etnia lacandona con 61 familias, tenía un área de un millón 372 mil hectáreas, en el 2001 eran ya 900 mil, y ahora sólo cuenta con menos de 500 mil.
Ante la devastación de las áreas verdes en el mundo, como los ecosistemas de bosques y selvas, se ha agudizado el calentamiento global, grandes desastres naturales, tormentas severas acompañadas con largos periodos de sequías, huracanes de alta intensidad. Cada vez que desaparecen áreas verdes, la escasez de agua y oxígeno es crítica y los virus, que tienen como hospedero a animales que habitan en ellas, se mudan a los hatos ganaderos, e incluso al ser humano. En el pulmón más importante de Mesoamérica, que es la selva Lacandona, ya empezamos a sentir las devastadoras consecuencias de estarla destruyendo, por ello es momento de hacer algo por salvarla.
En la selva Lacandona se localizan 2 mil 274 asentamientos humanos, con el predominio del grupo tzeltal, seguido de los tojolabales, choles, tzotziles, zoques y lacandones así como grupos de otros estados de la república y de Guatemala. Desafortunadamente esta región y los grupos humanos que se asientan dentro de ella se caracterizan por un alto grado de marginación, pobreza y exclusión con uno de los más bajos índices de desarrollo humano del país. El desarrollo regional enfrenta un complejo grupo de contradicciones y problemas de diversa índoles: económicos, sociales, políticos y ambientales, los cuales han provocado conflictos como el encabezado desde 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La selva Lacandona constituye el macizo de selvas tropicales más importante de Mesoamérica, contiene recursos estratégicos para el desarrollo nacional como por ejemplo, riqueza natural, petróleo y abundantes recursos hidráulicos. Los servicios ambientales que presta juegan un papel importante para la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos en la llanura costera del golfo donde se ubican las mayores áreas de humedales del país y Norteamérica.
La riqueza natural de la selva Lacandona es tal que en ella se distribuye 35 por ciento de las aves del país; 27 por ciento de los mamíferos y 12 por ciento de los reptiles, existen varias especies endémicas y otras tantas amenazadas o en peligro de extinción como el jaguar, el águila arpía o el tapir.
No obstante esta riqueza natural en 80 años hemos sido capaces se lograra un impacto importante en este ecosistema, apenas en 1930 el territorio de esta selva era despoblado, sin embargo los caminos forestales dieron paso a los primeros campesinos indígenas en busca de tierras, ya para 1955 tres quintas partes de la selva eran propiedad privada y para 1964 aserraderos como el de Bonanpak, abren nuevos caminos para la extracción de madera que facilitan la colonización de la zona norte de la selva.
El impacto en esta selva ha sido tal que de 1979 a 1993 su cobertura forestal disminuyó en 35.6 por ciento un promedio de 33 mil 500 hectáreas por año y los pastizales aumentaron a un ritmo de 14 mil hectáreas por año.
Los indicadores de marginación en las poblaciones de la selva son brutales, más de 80 por ciento de la población ocupada tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos. Estos son sólo unos datos que evidencian la profunda crisis de la que es objeto esta selva.
Es importante implementar programas que permitan el desarrollo económico, así como la conservación de la selva Lacandona y Las Cañadas, es decir, que los programas se ajusten al desarrollo económico integral porque hasta el momento toda la inversión en la reforestación de la selva ha sido un fracaso, y que la selva Lacandona, en el pensamiento colectivo, todos quieren conservarla, pero en la práctica de producción la están destruyendo.
El Partido Verde Ecologista de México prescribe la representación de una corriente de opinión con base social en la ecología. Estamos interesados fundamentalmente en el cuidado y conservación de la naturaleza y medio ambiente, buscamos la recuperación y el afianzamiento de los auténticos valores culturales del México, en especial de la tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes humanos, animales y vegetales, así como de los elementos naturales.
En el tenor de lo expresado anteriormente invito a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a realizar el mejor esfuerzo para compartir esta responsabilidad desde la filosofía que considere el desarrollo económico–social y la conservación de los ecosistemas como complementario y no como antagónicos.
Recordemos que la conservación de los bosques y selvas es fundamental para la atención de problemáticas tan complejas como los efectos del cambio climático, una selva sana y bien conservada aumenta su capacidad de absorción de dióxido de carbono sirviendo como sumidero.
El cambio climático se presenta como un riesgo muy serio en el intento de reducir la pobreza y amenaza con impedir el desarrollo social y económico de las naciones. De seguir la tendencia actual, para el año 2050 este fenómeno reducirá 25 por ciento el área cultivable del país, la mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más secos, mientras que la desertificación y las sequías serán tan severas y extensas que, según el Banco Mundial, afectarán a 80 por ciento de la población en rápido crecimiento de México, es decir aquella población concentrada en las áreas del norte y centro, las cuales representan más de 80 por ciento del producto interno bruto (PIB), más de 90 por ciento de la irrigación y 75 por ciento de la actividad industrial.
Como Congreso debemos impulsar el desarrollo integral y sustentable de la selva Lacandona a través de acciones coordinadas que permitan mejorar la condiciones de vida de sus pobladores y abatir su degradación mediante acciones de restauración y conservación, por eso les pido aprobar la presente proposición con punto de acuerdo y permitir la creación de una Comisión Especial para la conservación de la selva Lacandona y las Cañadas que la integran.
La compleja situación actual y el futuro de la selva Lacandona demandan ser considerados en la más alta prioridad de la agenda política nacional, hagamos eso posible compañeros.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política a que en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine y ponga a consideración de este pleno la creación de la Comisión Especial para la conservación de la selva Lacandona y las Cañadas que la integran, determinando su integración plural y como objeto primordial el desarrollo integral y sustentable de la selva Lacandona, a través de acciones coordinadas que permitan mejorar la condiciones de vida de sus pobladores y abatir su degradación mediante acciones de restauración y conservación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La trata de personas, esclavitud en términos amplios, es un fenómeno complejo en muchos sentidos que atenta contra los derechos humanos, que denigra totalmente la condición humana, que vulnera la dignidad, la vida, la libertad y la posibilidad de definir el destino propio. Una forma extrema de violencia contra mujeres, menores y personas en estado de vulnerabilidad, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también, el mercado que solicita a las víctimas y la sociedad que tolera y permite estos delitos.
2. Su definición como actividad delictiva, la encontramos en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento mundial del que México es parte, y vinculante sobre la trata de personas cuyo objetivo es facilitar la convergencia en los enfoques en relación con el establecimiento de infracciones penales, fortalecer la cooperación internacional en la materia y proteger y asistir a las víctimas con pleno respeto de sus derechos humanos y fortalecer la cooperación internacional para su combate.
3. Como fenómeno global, la trata de personas es la actividad ilícita más lucrativa, después del tráfico de drogas, millones de personas son explotadas anualmente como víctimas de este delito en el mundo, ya sea para explotación sexual o laboral, servidumbre, tráfico de órganos, explotación de niños para la mendicidad, la comisión de delitos o la guerra. Hasta un 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.
4. Es un delito multifactorial, favorecido desafortunadamente por las condiciones de desigualdad (pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, las crisis políticas y humanitarias y la marginación, subordinación y la discriminación), que puede afectar a todos los sectores sociales, pero afecta sobre todo a las personas de los sectores sociales más desprotegidos y en mayores condiciones de marginalidad, y dentro de ellos, a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad.
5. Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, se sienten atrapadas y sin una salida segura; trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto; residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas; tienen conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales; sufren restricción a su libertad personal; están de paso; han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un establecimiento a otro; probablemente han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su familia; están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de empleadores o tratantes.
6. Es un problema transnacional que afecta a todo el país, por lo que es del mayor interés de la Nación que desde los tres poderes y órdenes de gobierno se hagan esfuerzos para prevenir, perseguir y sancionar este delito, así como para proteger y asistir a las víctimas, en los términos en que México se ha comprometido en la legislación internacional, y ha establecido en la legislación nacional.
7. México, es país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, principales víctimas de la trata de personas, con fines de explotación sexual y laboral extraídos sobre todo de áreas rurales empobrecidas hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas, a través de mecanismos diversos y para finalidades distintas que confluyen en la brutal explotación y el uso de las personas para propósitos ilícitos con fines de lucro.
Considerando
Primero. Nuestro país cuenta con una ley general en la materia, pero esto no es suficiente, es necesario realizar diagnósticos sobre el fenómeno mismo; impulsar la homologación normativa en todo el país; incentivar la participación de la sociedad civil, la formación y capacitación de servidores públicos que le den funcionalidad al marco jurídico, elaboración de mecanismos de protección para víctimas; armonizar los ordenamientos legales vigentes de carácter penal, para la protección de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad y de víctimas, para evitar contradicciones que favorezcan la impunidad o la adecuada atención que requieren quienes han sido víctimas de estos delitos.
Segundo. Se trata de un tema que reviste una enorme complejidad, reconocido en estos términos por la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por lo que mediante acuerdo creó una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.
Durante la pasada legislatura, se reconoció así también la eficacia y apoyo de la Comisión Especial, en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se decidió turnar a la Comisión Especial los asuntos en la materia, legislativos o no, turnados a ella por la Mesa Directiva, para recabar opinión y recibir de ella proyectos de dictamen.
El encargo fue cumplido a satisfacción por la Comisión Especial, que elaboró y remitió en tiempo y forma 18 opiniones y proyectos de dictamen avaladas por su Pleno, que fueron adoptadas en sus términos por las comisiones dictaminadoras y el Pleno de la Cámara. Se elaboraron y presentaron, de igual manera avalados por el Pleno de la Comisión Especial y en un caso por 104 legisladores, iniciativas de reformas legales y constitucionales que fueron aprobadas y se encuentran en vigor.
Tercero. Dentro del marco de una Comisión Especial, con recursos insuficientes y sin facultades para realizarlo, se realizó un trabajo permanente de estudio y seguimiento de fenómeno; de relación con los actores políticos, sociales, económicos y académicos involucrados en cada tema abordado, para llegar a proyectos de dictamen en un número superior al de los asuntos recibidos y dictaminados por la mayoría de las comisiones ordinarias, durante la LXI Legislatura la Comisión especial resulto ser altamente productiva, pues aún más allá de las cuestiones legislativas, realizó diversos foros de análisis y consulta sobre el tema, cumpliendo además con la normativa al realizar sus reuniones ordinarias, publicaciones de programas de trabajo, informes semestrales y actas de las sesiones, lo que marco la diferencia en cuanto a las demás comisiones especiales existentes durante la anterior legislatura.
Cuarto. La complejidad y especialidad del tema; la extensión del fenómeno; los efectos sociales que genera; las implicaciones y relaciones con numerosos instrumentos internacionales y los ordenamientos federales y generales con los que hay que armonizar; la gran diversidad de ordenamientos locales que es necesario homologar; la mayor preocupación nacional en relación con los derechos humanos a raíz de las reformas constitucionales recientes y por la trascendencia misma del tema, no podría considerarse a la trata de personas como una materia sin importancia durante la presente Legislatura.
Quinto. El trabajo en la materia está inconcluso y sin duda en la presente legislatura habrán de presentarse un número de iniciativas aún mayor al de la legislatura anterior sobre la materia, además de las necesidades que se deriven de la entrada en vigor de la nueva Ley General en la materia; por ello resultará necesario para el mejor desahogo y atención de las tareas que deriven, crear una COMISIÓN ESPECIAL en materia de Trata de Personas, que de continuidad a los trabajos realizados por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas durante la anterior Legislatura.
Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la creación de una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, para coadyuvar con las comisiones ordinarias a que se turnen los asuntos en la materia en el estudio y dictamen de los mismos aportando opiniones especializadas y autorizadas; ser enlace de esta cámara con la sociedad y los actores sociales involucrados e interesados, y hacer el seguimiento de las acciones de los diferentes órdenes de gobierno en la implementación de las acciones a que los obliga la ley general para la prevención y el combate de estos delitos, así como para la protección y asistencia a las víctimas.
Segundo. La Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, estará integrada por los diputados que sean elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política y tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre del 2012.
Diputada Leticia López Landero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión especial encargada de dar seguimiento a la aplicación del Programa de Condonación de Créditos Fiscales puesto en marcha por el SAT en 2007; y se exhorta al éste a hacer pública la información que le ha requerido el IFAI, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Alejandro Carbajal González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea soberana la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que la Cámara de Diputados proceda a la integración de una comisión especial encargada de dar seguimiento al Programa de Cancelación de Créditos Fiscales, puesto en marcha por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2007, para que la Cámara de Diputados tenga acceso a la información pública que ese organismo se ha negado a difundir, y se exhorte al mismo SAT a hacer pública la información que le ha requerido el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el sentido de difundir los nombres y apellidos de las personas físicas y las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales aplicados por este organismo durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que dejó de recaudar en los periodos señalados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a la información, consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, es un derecho fundamental de los ciudadanos, y como tal tiene una jerarquía superior a cualquier otra disposición emanada de leyes secundarias.
El derecho de acceso a la información pública gubernamental, que es uno de los cimientos del régimen jurídico democrático en que descansa el Estado, tiene una mayor jerarquía, por ser de interés público, sobre derechos de particulares, de donde se sigue que las dependencias gubernamentales están obligadas a proporcionar la información pública que les sea solicitada por cualquier ciudadano, sin cortapisa alguna.
Esas premisas, que a todas luces parecen ser verdaderas, han sido eludidas por más de cinco años por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), al negarse sistemáticamente a hacer pública la información derivada de la aplicación del Programa de Cancelación de Créditos Fiscales, puesto en marcha el año 2007. En efecto, ese año, la Junta de Gobierno del SAT emitió el Acuerdo-JG-SAT-IVO-6-2007, basado en los artículos 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, y 10, fracción X, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que permite al SAT cancelar, prácticamente a discreción, los créditos fiscales que unilateral y arbitrariamente decida.
El Sistema de Administración Tributaria, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está sujeto a lo que determinen las leyes en materia de transparencia y, en consecuencia, está obligado a difundir la información pública bajo su responsabilidad. Pero es el caso que este organismo se ha negado sistemáticamente a publicar los nombres de las personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación cerca 700 mil créditos, cuyo monto asciende a 73 mil 690 millones de pesos. Se ha negado también a informar sobre los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que dejó de recaudar de 2007 a 2012, periodo en viene aplicándose el Programa de Cancelación de Créditos Fiscales.
En 2007 un particular solicitó, vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que se le informaran los nombres y apellidos de las personas físicas, así como las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas por las cancelaciones de créditos de ese año, a lo que el SAT contestó que su negativa a difundir esa información se sustenta en su obligación de guardar el secreto fiscal y de respetar lo establecido en los Tratados Internacionales en materia fiscal signados por el Estado mexicano, que señalan que los intercambios de información fiscal con otros países tendrá que ser secreta. Lo que no aclara es si las cancelaciones de créditos fiscales están incluidas en la información reservada que exigen los Tratados Internacionales.
En 2009 y 2010 el IFAI emitió tres resoluciones: la 6030/09, la 3880/10 y la 7806/10, en las que nuevamente se ordena al SAT la publicación del número de créditos, los nombres de los beneficiados, los motivos de la cancelación y el monto correspondiente, en aplicación del principio de máxima publicidad a que están obligadas las dependencias gubernamentales.
Esas resoluciones dejaron sin efectos las reservas alegadas por el SAT en diversos recursos intentados lo mismo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ante el Poder Judicial de la Federación para evitar revelar los nombres de las personas beneficiadas ya que se afectaría la protección de datos y el secreto fiscal que está obligado a proteger.
En 2012 el IFAI emitió otra resolución: la 297/12 cuyo contenido es similar a las tres anteriores, es decir, ordena al SAT hacer públicos los nombres de los beneficiados por las cancelaciones de créditos fiscales y los montos de dichas cancelaciones.
Lo único que ha difundido el SAT a este respecto es que se cancelaron 15 créditos fiscales de entre 100 y 500 millones de pesos; 166 créditos entre 25 y 100 millones de pesos; mil 729 créditos entre 5 y 25 millones de pesos y 8 mil 843 créditos de uno a cinco millones de pesos.
Los datos son, como puede observarse, imprecisos y genéricos e informan poco; pero, no obstante, cuando se leen en la prensa este tipo de cifras surge y crece la indignación de los ciudadanos, pues no se sabe cómo ni por qué se concedieron dichas cancelaciones, tampoco a quienes beneficiaron ni con base en qué merecimientos les fueron concedidas; no se sabe cuántos créditos cancelados fueron de 500 millones de pesos y cuantos de 100 millones. Ha dicho el SAT también que estas cancelaciones se autorizaron por “incosteabilidad”, es decir, resultaba más caro tramitar el cobro que las cantidades que habrían de recuperarse. ¡Pero no queda claro cómo resultaría incosteable cobrar un crédito de 500 millones de pesos!
No difundir los datos de los beneficiados ha sido durante todos estos años la decisión inquebrantable del SAT, no obstante que se han sobreseído todos los recursos que ha intentado, tanto un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obligar a este Tribunal a pronunciarse sobre la legalidad de la resolución 6030/09 del IFAI, como los amparos interpuestos ante el juez cuarto de distrito en materia administrativa y la respectiva revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
Resultado de todo este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis de jurisprudencia que establece que las resoluciones del IFAI son obligatorias para las dependencias gubernamentales y no hay recurso contra ellas, misma que se transcribe a la letra para mejor argumentar:
“Tesis aislada XIV/2012 (10ª):
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Efecto de sus resoluciones. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del Legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe dar cumplimiento incondicional de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A. C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Licenciado Heriberto Pérez Reyes, secretario de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.
Esta situación obliga a esta Cámara a promover reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para “darle dientes” al IFAI y evitar que las dependencias gubernamentales reproduzcan estas conductas ilegales.
Asimismo, la Cámara de Diputados está obligada a esclarecer, sin dejar dudas, esta clase de temas, dejando claro que respecto al manejo de recursos públicos es necesario que haya información pública expedita a la que tenga acceso cualquier mexicano que la solicite.
Por todo lo anterior, que me permito poner a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con
puntos de acuerdo
primero. Que se integre una comisión especial de esta cámara de diputados encargada de dar seguimiento a la aplicación del Programa de Condonación de Créditos Fiscales puesto en marcha por el sistema de Administración Tributaria (sat) en 2007, a efecto de vigilar la correcta aplicación de ese programa.
segundo. que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a hacer pública la información que le ha requerido el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dando así cumplimiento a sus resoluciones, publicando los nombres de las personas físicas y las razones sociales de las personas morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, así como los motivos por los que decidió beneficiar a esas personas y los montos que ha dejado de recaudar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los congresos locales, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PVEM
Ruth Zavaleta Salgado, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El federalismo es el arreglo institucional donde el Estado nacional deja a sus componentes la decisión final sobre algunos temas, dejando para sí otros que son centrales para la supervivencia del conjunto. En este último caso se pueden mencionar la política monetaria, las relaciones exteriores o la defensa.
De lo anterior se desprende que un arreglo federal permite que cada entidad se convierta en un laboratorio de arreglos institucionales y políticas públicas, de tal forma que los más exitosos sirvan de antecedente para el resto del país. Y también lo contrario: que los fracasos sean de utilidad para el aprendizaje del conjunto.
Por otra parte cada entidad tiene sus particularidades tanto culturales como en cuanto a capacidades institucionales, las cuales pueden llegar a significar ventajas o desventajas al momento de instrumentar leyes de alcance federal o marcos normativos que involucren a los distintos niveles de gobierno. Lo anterior es importante al momento de elaborar iniciativas o revisar aquellas que se presentan al pleno, toda vez que las experiencias locales deben ser atendidas durante el proceso legislativo.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos colaboración entre el Congreso de la Unión y los congresos locales está fundamentada en el artículo 135, según el cual los estados participan en la reforma de nuestra ley fundamental a través del constituyente permanente.
No obstante, esta participación, en la mayoría de las ocasiones, sólo se concreta al final del proceso legislativo tratándose de reformas constitucionales, con el voto aprobatorio o no de la Norma en discusión, la coordinación de trabajo propuesta en este punto de acuerdo, tiene entre sus objetivos, que haya información oportuna e intercambio de ideas entre el ámbito local y el federal, logrando con ello una mayor transparencia en el quehacer legislativo.
Por otra parte, es de dominio público, el hecho de que la actividad legislativa es una de las menos evaluadas favorablemente por los ciudadanos, por lo que otro de los objetivos de este punto de acuerdo, es dignificar el trabajo de los legisladores a partir del trabajo en conjunto.
En la medida que un órgano legislativo institucionalizado debe contar con mecanismos de vinculación permanentes con otros actores políticos y sociales, es necesario tener mecanismos de vinculación, intercambio de información, colaboración y capacitación entre el Congreso de la Unión y los congresos locales.
Por las razones anteriores se propone la creación e integración de la Comisión Especial de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos Locales, cuyo objetivo será mejorar la calidad de la producción legislativa a nivel nacional a través de una comisión especial que vincule al Congreso de la Unión y los Congresos estatales, generando así no solo un proceso de intercambio de información y coparticipación en la elaboración de leyes tanto federales como locales sino una revaloración del quehacer legislativo y su impacto en la consolidación democrática.
Para cumplir sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
• Presentar una propuesta de trabajo de coordinación entre el Congreso de la Unión o por lo menos la Cámara de Diputados con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Generar un sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales; el cual operará especialmente para el proceso de discusión de reformas a la Constitución Política y otros cambios considerados relevantes. De acuerdo con el carácter y temática de la norma, propondrá y operará esquemas de trabajo entre las diversas comisiones y centros de estudio de la Cámara de Diputados con instancias similares en los órganos legislativos locales.
• Elaborar un diagnóstico de armonización de las normas a nivel estatal; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano legislativo local.
• Publicar documentos de divulgación sobre los temas de la agenda legislativa, con fin de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.
• Facilitar proyectos de capacitación para legisladores locales, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en leyes que involucren a los órganos legislativos federal y locales.
En este tenor serán tareas de la Comisión Especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos locales las siguientes:
• Presentar durante el primer mes una propuesta de trabajo de coordinación entre el Congreso de la Unión o por lo menos la Cámara de Diputados con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Diseñar durante el primer mes un sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales; el cual operará especialmente para el proceso de discusión de reformas a la Constitución Política y otros cambios considerados relevantes. De acuerdo con el carácter y temática de la norma, propondrá y operará esquemas de trabajo entre las diversas comisiones y centros de estudio de la Cámara de Diputados con instancias similares en los órganos legislativos locales.
• Elaborar durante el primer año un diagnóstico de armonización de las normas a nivel estatal; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano legislativo local.
• Coordinar durante el resto de la legislatura el sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales, de acuerdo con la agenda de trabajo de la Cámara de Diputados.
• Publicar documentos de divulgación a lo largo de la legislatura sobre los temas de la agenda legislativa, con fin de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.
• Facilitar proyectos de capacitación para legisladores locales a lo largo de esta legislatura, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en leyes que involucren a los órganos legislativos federal y locales.
• De igual modo serán tareas específicas de la Comisión Especial de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos Locales las siguientes:
• Entrar en contacto con los congresos locales y compilar el marco normativo de sus respectivas entidades.
• Diseñar los procedimientos que faciliten la vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales.
• Elaborar diagnóstico de armonización del marco normativo, presentándolo a los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Elaborar y publicar documentos de divulgación sobre los temas de la agenda legislativa.
• Diseñar y facilitar programas de capacitación para legisladores locales.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos locales, cuyo objetivo será mejorar la calidad de la producción legislativa a nivel nacional, generando así un proceso de intercambio de información y coparticipación en la elaboración de leyes tanto federales como locales. Su duración será la misma que la actual legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2012.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2012, celebrados en Londres, Inglaterra, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada federal Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción I, numeral 1 del artículo 6, el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXX Juegos Olímpicos y los XIV Juegos Paralímpicos de Londres, Inglaterra, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La primera participación de nuestro país en los juegos olímpicos fue en la justa de París 1900 con el equipo de polo, denominado Norteamérica.
En este equipo estaban Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hyden Wright.
Sin embrago, fue hasta los Juegos Olímpicos de París 1924 que México envió oficialmente una representación nacional olímpica, y desde entonces hemos participado en 21 ediciones olímpicas consecutivamente.
Hasta, hoy con un total de 62 medallas, de las cuales 13 son de oro, 21 de plata y 28 de bronce, México se ubica en la posición número 43 sobre 222 países participantes. Ocupamos el 4º sitio dentro de los países latinoamericanos.
La historia olímpica mexicana señala que la mejor actuación se dio en la justa en México 68 con 9 medallas. Después destaca la actuación que se tuvo en la reciente justa en Londres 2012 con 7, le siguen con 6 medallas en Sidney 2000 y Los Ángeles 1984.
Medallas de México en Juegos Olímpicos
La participación de la delegación mexicana en Londres es la más destacada fuera de México en 1968. Destaca de esta justa la obtención de la medalla de oro en el futbol olímpico, ya que es la primera medalla de oro que obtiene nuestro país en juegos de conjunto.
Por otra parte, se reafirmó el trabajo que viene realizando nuestros atletas en la disciplina de los clavados con tres medallas- dos de plata y una de bronce.
Londres trajo una grata sorpresa en la disciplina de tiro con arco; ya que se obtuvo dos lugares de tres posibles en el podio olímpico. Con el segundo y tercer lugar se alcanzó la hazaña deportiva de Los Ángeles 1984 con el 1-2 de Canto y González en caminata.
Hoy podemos afirmar, que México es una nación de respeto mundial en los clavados, en tiro con arco y en el futbol olímpico.
Ahora bien, una vez concluidos los Juegos Olímpicos se celebraron en la misma sede los XVI Juegos Paralímpicos.
Los paralímpicos datan de 1948, año en el que el Dr. Ludwig Guttman propuso una serie de competiciones para los heridos en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto se encontraban en silla de ruedas. De esta idea nacen los juegos paralímpicos.
Justa deportiva mundial en la que participan las personas con discapacidad física, mental y sensorialmente.
Se les denominó paralímpicos, ya que el nombre incluye el prefijo griego para, que significa proximidad o similitud (con los Juegos Olímpicos) aunque en su momento el nombre se puso por la presencia de participantes con parálisis o paraplejía.
Los juegos paralímpicos se han celebrado en:
Roma 1960. Fueron los primeros Juegos Paralímpicos oficiales que se desarrollaron en las mismas instalaciones y sedes Olímpicas. El director del Centro de Lesionados Medulares propuso que los éstos juegos se celebraran coincidiendo con los Juegos Olímpicos de aquel año. Los Juegos iniciaron 6 días después de que concluyeron los Juegos Olímpicos, y contaron con el apoyo del Centro de Lesionados Medulares y de las autoridades italianas.
Los I Juegos Paralímpicos se llevaron a cabo del 19 y al 24 de septiembre de 1960 y contaron con la participación de más de 400 deportistas en silla de ruedas, procedentes de 23 países. Atletismo, baloncesto en silla de ruedas varonil, dartchery, esgrima, natación, snooker, tenis de mesa y tiro con arco fueron las primeras disciplinas paralímpicas.
Tokio 1964. Los II Juegos contaron con la participación de 390 deportistas de 22 delegaciones. Se incluyó a la Halterofilia varonil como deporte paralímpico. En atletismo se incluyó la prueba de 60 metros para ambas ramas. En Tokio por primera vez se usaron el cartel, la bandera y el himno paralímpico.
Tel-Aviv 1968. Los Juegos Paralímpicos del 68 deberían haberse celebrado en México. Ello no fue posible debido a las dificultades organizativas y se celebraron en Tel-Aviv (Israel). La justa deportiva se llevó a cabo del 4 y al 13 de Noviembre de 1968, en ella participaron 750 deportistas de 29 países. En Tel Aviv se introdujeron el lawn bowling, el baloncesto femenil y la prueba 100m.
Heildeberg 1972. En estos Juegos se organizaron por primera vez competiciones para tetrapléjicos. Los Juegos de Heildelberg se celebraron entre el 2 y el 9 de agosto de 1972 y participaron alrededor de 1000 deportistas de 44 naciones. Estos Juegos aportaron a la historia del movimiento paralímpico el desarrollo y definición de los reglamentos de las prueba y se crearon subcomités por disciplina.
Toronto 1976. Son los primeros Juegos Paralímpicos en los que participaron personas amputadas y con discapacidad visual. Los V Juegos Paralímpicos se celebraron entre el 3 y el 11 de agosto y reunieron a más de 1600 deportistas de 42 países. Estos Juegos destacaron por el incremento de participación de las mujeres al registrar alrededor de 253.
En Toronto se incluyeron nuevas distancias al atletismo: 200, 400, 800, y 1500m; además del Tiro Olímpico, el Goalball varonil y el Voleibol de pie.
Arnhem, Holanda 1980. Dado que Moscu no organizo los Juegos, se celebraron en Arnhem. En éstos participaron más de 2500 deportistas de 42 naciones. Destaca que en esta edición paralímpica participaron atletas de más discapacidades: 125 deportistas con parálisis cerebrales, 341 ciegos, 452 amputados y 1055 deportistas con lesiones medulares. Se incorporaron al programa paralímpico al Voleibol Sentado y el Goalball como deporte para discapacitados visuales.
Nueva York 1984. Estos juegos se celebraron en dos ciudades diferentes: Las competiciones para ciegos, amputados y personas con parálisis cerebral en Nueva York; y, las competiciones de personas con lesiones medulares fueron en Stoke Mandeville, Inglaterra. Se llevaron a cabo del 16 al 30 de junio, en ella participaron 1800 deportistas de 45 países. En Nueva York 84 la cobertura televisiva aumento considerablemente. El programa paralímpico incluyó por primera vez el Fútbol-7 practicado por Paralíticos Cerebrales, el Goalball femenil y el maratón. Por su parte, en los Juegos de Stoke Mandeville se celebraron entre el 22 de julio y el 1 de agosto y participaron alrededor de 1100 deportistas de 42 países.
Seúl 1988. En estos Juegos se creó la villa paralímpica para alojar a los más de 3000 deportistas y 1000 técnicos que acudieron. Se aumentó el número de disciplinas, aparecieron competiciones de boccia, ciclismo, judo varonil y el tenis de cancha. El programa ya constaba de 16 competiciones. Por primera vez se utilizó el criterio de marcas mínimas para varias pruebas con el objetivo de hacer una selección que facilitará la mejora de los tiempos e ir así consiguiendo un nivel de élite para los Juegos Paralímpicos.
Barcelona 1992. En esta edición participaron 3020 deportistas de 82 países. Todas las delegaciones se alojaron en la Villa Olímpica adecuada para todos.
Atlanta 1996. Los X Juegos Paralímpicos se celebraron entre el 16 y el 25 de agosto de 1996 y tuvieron una participación de 3195 deportistas y 1717 oficiales de equipo, procedentes de 103 países. El programa deportivo constó de 17 deportes de competición y 3 de demostración (racquetball, vela y rugby en silla de ruedas). En esta adición participaron por primera vez los deportistas con discapacidad intelectual y compitieron en atletismo y natación.
Sidney 2000. Los XI Juegos Paralímpicos de Sidney 2000 comenzaron el 18 de octubre. Sidney 2000 reunió a 3824 deportistas de 103 países. La villa paralímpica acogió en su Zona Residencial a 6943 participantes entre deportistas, oficiales de equipo y oficiales técnicos.
En estos juegos participaron por primera vez como deporte paralímpico el Baloncesto de Discapacitado Intelectuales, la Halterofilia femenil y el Rugby quedando el programa deportivo formado por 19.
Atenas 2004. En ellos participaron 3806 atletas de los que el 31% fueron mujeres y tuvieron una duración de 11 días. Participaron 136 países, fueron 19 deportes los que componían el programa paralímpico y se obtuvieron 304 récords del Mundo y 448 Paralímpicos. También, se realizaron 10 controles de dopaje positivos. Además se incluyo como deportes paralímpicos al Fútbol para ciegos, el Judo femenil y el voleibol sentado femenil.
Pekín 2008. Se llevaron a cabo del 6 y el 17 de septiembre y compitieron más de 4000 atletas de más 130 países.
Nuestro país en los Juegos Paralímpicos ha ganado hasta hoy 259 medallas.
En Heidelberg, Alemania no ganó medalla. En Toronto 1976, gano 16 de oro, 14 de plata y 9 de bronce para un total de 39 medallas, quedando en el lugar 12 del medallero.
En Arnhem 1980, México quedo en 9º lugar al obtener 20 de oro, 16 de plata y 6 de bronce para sumar 42 preseas. En New York, Estados Unidos, 1984, México obtuvo 37 medallas- 6 de oro, 14 de plata y 17 de bronce- ocupando el lugar 25 de la tabla.
En Seúl, México ganó 8 de oro, 9 de plata y 6 de bronce, para un total de 23 ocupando el lugar 24 del medallero. En Barcelona: 0 de oro, 1 de plata y 10 de bronce, 11 en total, lugar 46. En Atlanta 96, México quedó en el lugar 31, obteniendo 3 de oro, 5 de plata y 4 de bronce, 12 en total. En Sidney, Australia, la delegación mexicana se ubicó en el lugar 17: 10 de oro, 12 de plata y 12 de bronce, 34 en total. En Atenas 2004: fueron 14 de oro, 10 de plata y 10 de bronce, las mismas 34-lugar 15- Pekín, China: 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce, 20 en total, lugar 14.
En Londres 2012, nuestros medallistas paralímpicos, fueron:
*Arnulfo Castorena obtuvo la primera medalla para México en los juegos paralímpicos, Londres 2012. El deportista ganó la presea plateada en la prueba de 50 metros pecho categoría SB2.
*Mauro Máximo de Jesús ganó dos medallas en estos juegos paralímpicos. Las medallas de plata y bronce son un reflejo del gran desempeño que tuvo Máximo en lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina.
*Salvador Hernández Mondragón, ganó medalla de plata en la Categoría T52 de 100 metros en silla de ruedas.
*Eduardo Ávila Sánchez, obtuvo la medalla de bronce durante su participación en la categoría de los 73 kilogramos en la disciplina de Judo.
*Daniela Velasco Maldonado, mexicana y con solos 17 años de edad, ganó la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos Londres 2012, durante la prueba de los 400 metros, categoría T12.
*Perla Bárcenas ganó la medalla de bronce en levantamiento de pesas (powerlifting) en la categoría +82.5 kilogramos.
*Pedro Rangel obtuvo la medalla número 11 para México, luego de que se situara en el tercer lugar en 100 metros pecho categoría SB5.
*Patricia Valle, se colgó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros libres categoría S3.
*Juan Ignacio Reyes obtuvo el tercer lugar en la competencia de 50 metros dorso S4 en dichos juegos.
*Benjamín González ganó la medalla de bronce para México en los 400 metros T12 Varonil de JP.
*Amalia Pérez ganó la primera medalla de oro de la delegación mexicana tras su participación en la categoría de 60 kilogramos powerlifting. Rompió récord paralímpico al levantar 135 kilos.
*Gustavo Sánchez Martínez, de 18 años de edad, ganó su primera medalla en este evento luego de quedar en segunda posición en la competencia de 150 metros combinados SM4. Después, subió al podio con la medalla de oro en la final de 100 metros libres S4.
Por otro lado, un antecedente inmediato, a esta propuesta, es que el 4 de diciembre de 2004, esta Cámara aprobó la proposición con puntos de acuerdo para celebrar un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos de Atenas 2004.
En estos Juegos Olímpicos y paralímpicos, el 14 de agosto pasado los atletas ganadores de medallas en Londres 2012 recibieron un reconocimiento de parte del Presidente de la República.
Diputadas, Diputados, es justo y necesario que hagamos, en esta Cámara, un reconocimiento a aquellos atletas que pusieron el alto el nombre de nuestro país en Londres 2012. Es necesario, que fortalezcamos el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, que demos recursos suficientes para el desarrollo pleno de nuestros atletas.
Mandemos a la sociedad el mensaje de que las diputadas y los diputados reconocemos la labor de quienes contribuyen a la grandeza de la Nación.
Por lo expresado, quien suscribe, propone a esta H. Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra, además, entregará un reconocimiento de la LXII Legislatura, a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXX Juegos Olímpicos y los XIV Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación y el seguimiento del caso de Grupo Financiero Monex, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez, a nombre propio y de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudimos ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita la creación de la Comisión Especial para la investigación y seguimiento relativo al caso del grupo financiero Monex, con base en los siguientes
Considerandos
Las condiciones para el Instituto Federal Electoral (IFE) no son las mismas que hace 12 años; Hoy existe una Unidad de Fiscalización de Recursos a los Partidos Políticos con autonomía de gestión, en la que los consejeros del IFE no pueden decir cómo hacer las investigaciones, debido a que esta unidad cuenta con lineamientos y atribuciones para detectar cualquier tipo de irregularidades o anomalías con respecto al financiamiento a los partidos políticos.
Bajo este contexto la coalición Movimiento Progresista vino denunciando presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial del candidato Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México. En esta denuncia se dio a conocer la existencia de dos empresas: Grupo Comercial Inizzio, e Importadora y Comercializadora Efra, ambas forman parte de un complejo entramado financiero usado para triangular recursos mediante la utilización de tarjetas bancarias de la empresa Sí Vale, propiedad de banco Monex, SA, institución de banca múltiple.
El Movimiento Progresista denunció que días previos a la elección, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió recursos de las dos empresas señaladas siendo depositados en Monex, que a su vez emitió tarjetas prepagadas Sí Vale, según consta en la denuncia presentada por el Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife); estas tarjetas sirvieron para pagar a operadores priistas.
Monex y sus empresas sólo fueron la punta del iceberg, ya que, de manera casi simultánea, se destapó otro escándalo, el cual exhibía de manera clara cantidades estratosféricas de dinero que estaban respaldando la campaña de Peña Nieto, este otro caso es el de las tarjetas denominadas “tarjeta del aprecio” expedidas por la empresa Soriana.
Existen testimonios de ciudadanos y ciudadanas, documentados en la denuncia del Movimiento Progresista, que dieron cuenta a los medios de comunicación, de que dichas tarjetas fueron repartidas entre ciudadanos a cambio de su voto.
Todo lo expuesto no sólo supone el rebase de topes de gastos de campaña, prueba violaciones sustanciales y conductas ilegales, es evidente que se presionó y coaccionó a ciudadanos para votar a cambio de compensaciones económicas, a favor de Enrique Peña Nieto, evidenciando las prácticas que el PRI no ha querido desterrar.
Todos y cada uno de los hechos aquí mencionados fueron presentados ante el Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las pruebas correspondientes, respetando los lineamientos y plazos establecidos por la ley, en otras palabras, se respetaron todos y cada uno de los procedimientos legales sin embargo, desde nuestro punto de vista, estos órganos no observaron los principios que rigen su actuar, no fueron serios, ni eficaces al momento de determinar las conductas irregulares, lo que pone en duda la legitimidad del proceso electoral.
A pesar de contar con atribuciones específicas establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tanto el IFE como el Trife fueron omisos y violaron el principio rector de exhaustividad.
Ante estos hechos, surgen muchas interrogantes que quedan pendientes por responder:
1. ¿Quiénes y por qué aportaron tal cantidad de dinero a la campaña de la coalición Compromiso por México?
2. ¿De dónde salió el dinero para capitalizar las tarjetas?
3. ¿Cuánto dinero fue utilizado realmente en la campaña de Peña Nieto?
4. ¿Cómo se realizó la triangulación de recursos?
5. ¿Se va a investigar a los presuntos dueños de Inizzio y Efra, y en caso de resultar responsables, qué tipo de sanciones deben recibir dentro del marco de la ley?
6. ¿Qué intereses pueden tener quienes tuvieron conocimiento de la existencia de tarjetas que estaban circulando, pero decidieron no tomar las medidas necesarias para congelar cuentas de dichas empresas?
7. ¿Por qué el Trife y el IFE simplemente ignoraron este tipo de hechos como pruebas para cuestionar hasta dónde incidieron estas tarjetas en el resultado electoral?
Este Poder Legislativo no puede mantenerse al margen de un proceso incompleto, que ha puesto en vilo la legitimidad de nuestra democracia por omisiones graves.
Un sector muy amplio de la sociedad tiene la percepción clara de que las acciones de estos grupos financieros son y constituyen conductas incluso delictivas que deben ser investigadas con mucha transparencia y seriedad, no generemos un mensaje equivocado que haga presumir la complicidad de este cuerpo colegiado, por ello es necesario apelar a la sensibilidad de los representantes populares para hacer suyo este punto de acuerdo que permita la creación de esta comisión especial.
Los mexicanos merecemos que se esclarezcan todas las interrogantes, no podemos esperar años para saber qué pasó, México ha cambiado, a México ya no se le engaña, México merece saber la verdad.
Ante esta realidad jurídico-social y con objeto de impedir otro caso más de impunidad, se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta legislatura y al pleno de este recinto, se considere el presente punto de acuerdo y se cree la Comisión Especial para la investigación y seguimiento relativo al caso del grupo financiero Monex.
Por lo anteriormente expuesto, con base en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial para la investigación y seguimiento relativo al caso del grupo financiero Monex.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto investigar y dar seguimiento puntual a todo lo relacionado con el caso del Grupo Financiero Monex.
Tercero. Esta comisión podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades que conozcan de las investigaciones, sin perjuicio de llevar a cabo cualquier actividad que permita cumplir con el fin para lo cual es creada.
Cuarto. La comisión especial estará integrada por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Quinto. La comisión especial estará vigente hasta agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.
Diputados: José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez (rúbricas).
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