Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3636-III, miércoles 31 de octubre de 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas subterráneas que realicen actividades de carácter agropecuario, a cargo del diputado Abraham Montes Alvarado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados federales por el estado de Chihuahua, Abraham Montes Alvarado, Kamel Athié Flores, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 65, 76, 79, numeral 2, fracción III; 82, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece que dentro de la misión de la Administración Pública Federal, se encuentra la de considerar al desarrollo humano como eje rector de su acción, diseñando e instrumentando políticas públicas que den lugar a un desarrollo económico dinámico, incluyente y en armonía con la naturaleza, asegurando a las generaciones futuras, la existencia de los recursos naturales, reconociendo para ello la importancia de contar con elementos confiables que permitan elaborar el mejor manejo integral de dichos recursos;
II. Que la Ley de Aguas Nacionales, vigente a partir de 1992 y reformada en el 2004, consagró un nuevo marco jurídico para una mejor regulación de la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de lograr el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico, determinándose por dicho ordenamiento que la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales únicamente podría realizarse mediante el otorgamiento de concesiones o asignaciones por parte del Ejecutivo federal;
III. Que por tanto, quienes se encontraban explotando, usando o aprovechando aguas nacionales, quedaron en aptitud de solicitar la concesión respectiva o de intercambiar los documentos en que sustentaban su derecho por el correspondiente título de concesión o de asignación de aguas nacionales, para así adecuar su situación a la nueva legislación, lo que además otorgó la posibilidad a las autoridades de contar con mayores elementos para una mejor determinación de la disponibilidad de las aguas nacionales;
IV. Que es principio fundamental del Programa Nacional Hidráulico 2006-2012 fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola para elevar y extender la competitividad del país, a efecto de desarrollar y mejorar las condiciones socioeconómicas de la población rural, ampliando las oportunidades para los grupos vulnerables de las comunidades indígenas y de todos aquellos enclavados en las zonas de riego a través de la extracción de aguas del subsuelo.
V. El estado de Chihuahua está localizado en la región hidrológico-administrativa Río Bravo, considerada como de fuerte presión sobre el recurso hídrico, ya que del volumen total de agua concesionada, el 78 por ciento está garantizado y el 22 por ciento restante depende de las precipitaciones o retenciones de agua y que a falta de ellas, genera una fuerte crisis entre los productores por la falta de agua.
La disponibilidad natural media de la subregión Conchos-Mapimí a 2005 era de 4,062 millones de metros cúbicos al año y la disponibilidad natural media per cápita era de 1,516 metros cúbicos/habitante/año, que equivale al 33 por ciento del promedio nacional.
El estado utiliza 5,144 millones de metros cúbicos/año, de los cuales el 89.2 por ciento son para uso agropecuario, 9.2 por ciento para uso público urbano, 1.0 por ciento para industria autoabastecida y 0.5 por ciento para termoeléctricas.
Aguas subterráneas
El agua subterránea del estado representa el 62 por ciento del abastecimiento, lo que lo convierte en el segundo estado del país con mayor extracción de agua de acuíferos. De los 61 acuíferos estatales, 17 están sobreexplotados y coinciden con las principales zonas agrícolas del estado de Chihuahua, el déficit total de agua subterránea en el estado es de 856 millones de metros cúbicos/año.
VI. Como es del conocimiento de todos, el estado de Chihuahua al igual que otras entidades de la república, requiere de la extracción de agua subterránea para atender la demanda total hídrica, necesaria para el establecimiento y desarrollo de los cultivos anuales y perenes cuya producción es por el orden de 1.2 millones de hectáreas, en la entidad.de las cuales 500,000 hectáreas son de riego y el resto son de temporal, dentro del concepto de riego, destacan 150,000 hectáreas de aguas superficiales y aproximadamente 350,000 hectáreas se explotan con aguas del subsuelo.
La agricultura tiene la mayor participación económica en el estado, teniendo como principal mercado, la producción del cultivo de la manzana, algodón, nuez, maíz, cebolla, papa, alfalfa, durazno y chile.
VII. Caso especifico las especies perenes preferentemente frutales, requieren como el cultivo de Nogal, el liquido vital durante todo el año y periodos productivos que van de los 30 a 60 años.
Esta situación se acentúa grandemente, debido a la sequia extrema que se presenta en los últimos dos años y que afecta a más de 22 estados de la república, cuya falta de agua en algunos casos, ha puesto en riesgo la sobrevivencia de la población.
VIII. Es evidente que para la extracción de agua a través de bombeo en pozos profundos, se requiere de una concesión, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, misma que dispone lo siguiente:
El termino de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, no será menor de cinco ni mayor de 50 años.
IX. Cabe destacar que en la entidad se presenta una problemática al igual que en otras entidades del país, en relación a las concesiones otorgadas.
En Chihuahua, de los 12,400 títulos de concesión de pozos agrícolas, con un volumen total concesionado de 2,556,107,369 metros cúbicos/año, además de 896 títulos del ramo pecuario, en un 18 por ciento las concesiones están vencidas, otras de las veces las concesiones están vigentes, pero los beneficiarios no tramitaron la renovación oportunamente, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra señala:
Articulo 24 . ...
Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo II del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al termino de su vigencia al menos seis meses antes de su vencimiento.
La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considera como renuncia al derecho de solicitar la prorroga.
...
...
X. Como es conocido por todos, existen antecedentes de un decreto por parte del Poder Ejecutivo federal, expedido en febrero de 2002, donde se otorgaron facilidades administrativas por parte del ejecutivo federal para la regularización de concesiones vencidas y condonación de multas y no aplicar las sanciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento por no contar con los títulos de concesión siempre y cuando los usuarios agrícolas de aguas nacionales regularizaran su situación administrativa.
XI. No obstante el acuerdo anterior, la problemática sobre las concesiones no ha cambiado nada, al contrario el problema se ha agravado, quizás por falta de difusión de los programas emitidos por la Conagua, o en otros de los casos, por la ubicación de los beneficiarios concesionarios de los pozos, que al residir en el lugar de las áreas de cultivo se les dificulta llevar a cabo las gestiones para tener actualizado los registros de las vigencias de sus pozos.
XII. En los últimos meses, el estado de Chihuahua se ha resentido una fuerte sequía que ha derivado en la disminución del caudal del Río del Carmen y del volumen de la presa Las Lajas, por lo que desde junio productores rurales de los municipios de Namiquipa, Buenaventura y Ahumada iniciaron una serie de acciones en la cuenca del Río del Carmen debido a que algunos colonos menonitas han sido beneficiados con aprovechamientos ilegales del agua por parte de autoridades federales.
XIII. Lamentablemente, el 22 de octubre en el municipio de Namiquipa, Ismael Solorio Urrutia y su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, fueron asesinados en un contexto en donde miembros de organizaciones campesinas y ejidatarios mantienen diversas controversias con un grupo de menonitas por el aprovechamiento ilegal del agua, la defensa del agua del semidesierto y la conservación de los acuíferos.
XIV. Finalmente, es menester señalar que diferentes entidades y regiones del país, los productores que tienen sus concesiones vencidas están enfrentando la misma problemática, por lo que es preciso darles respuesta urgente y solidarizarnos con ellos.
Por lo anteriormente expuesto, comparezco ante esta soberanía para poner a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en términos similares al decreto por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2002, se otorguen las mismas facilidades a los productores agropecuarios que tienen sus concesiones vencidas y las que se encuentran dentro del límite de seis meses o menos antes de su fecha de caducidad.
Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que la prorroga a la que se refiere el punto primero de esta proposición tenga un plazo de 180 días naturales, para que dicho beneficio administrativo sea atendido por parte de las autoridades del agua y los concesionarios de pozos agrícolas y pecuarios.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a efecto de que de manera inmediata atienda y resuelva, en el marco de la legalidad, las demandas de los productores agropecuarios y ejidatarios en el estado de Chihuahua.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Abraham Montes Alvarado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a constituir antes del 6 de diciembre el fondo para el cambio climático, previsto en la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes.
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta imperativo atender los efectos del cambio climático de manera urgente y tajante.
Para ello, es fundamental atender las disposiciones que establecen las leyes existentes, entre ellas la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2012.
Este ordenamiento establece en el capítulo VII, artículo 80, la creación del Fondo para el Cambio Climático, con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y sus efectos, donde las acciones relacionadas con la adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos existentes en el fondo.
La ley en cuestión, especifica que el Fondo estará constituido por recursos anuales, en su caso señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y aportaciones de otros fondos públicos, contribuciones, pago de derechos, aprovechamientos, donaciones, aportaciones de gobiernos de otros países y otros que pudiera obtener previstos en otras disposiciones legales.
Los recursos de dicho Fondo serán destinados a acciones para la adaptación al cambio climático, atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país, incluyendo proyectos que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático, revertiendo la deforestación y la degradación, y facilitando la conservación y restauración de los suelos para elevar la captura de carbono, implementando prácticas sustentables en todos los sectores.
Además, se prevé que el Fondo aplique sus recursos para el desarrollo y ejecución de estrategias de mitigación, conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático.
Es importante resaltar que los recursos previstos en el fondo, podrán aplicarse en la creación de programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información para lograr una economía de bajas emisiones de carbono.
La investigación es y será materia de la aplicación de los recursos del Fondo, para lograr los objetivos que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático.
La Ley General de Cambio Climático especifica que el Fondo operará a través de un Fideicomiso público, creado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
En cuanto a la integración del Fondo, este contará con un Comité Técnico presidido por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía., Gobernación, Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Los efectos del Cambio Climático son latentes en nuestro país, dañan la economía y salud de las poblaciones afectadas, y representan un área urgente de atención para las autoridades.
Hoy nuestras leyes prevén un mecanismo que auxilia a aminorar los efectos del Cambio Climático, por lo mismo, resulta imperativo y urgente la creación del fondo en cuestión.
Un fondo de asistencia para el cambio climático, es de gran utilidad para financiar programas, actividades, iniciativas y medidas de transferencia de tecnología y de acción fundamentales para evitar los desastres y complicaciones del cambio climático.
Además, resulta un instrumento esencial para hacer llegar a las comunidades necesitadas los recursos que necesitan para enfrentarse a los peores efectos del cambio climático, si se crea de manera apropiada, podría proporcionar atención y recursos a aquellos que más lo necesitan.
La creación de Fondos de Cambio Climático existe en otras partes del mundo:
En el año 2010, Colombia destacó las vulnerabilidades de ese país ante este grave problema, y propuso la creación de un fondo que ayude a los países en desarrollo a enfrentar esta situación.
En ese mismo año, Brasil destinó más de 100 millones de dólares para la creación de su propio fondo de cambio climático nacional.
Al año siguiente, Nicaragua se convirtió en el primer país de Centroamérica en crear su fondo de adaptación al cambio climático.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público a fin de que constituya el Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General de Cambio Climático antes de su fecha límite, el próximo 6 de diciembre de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por el asesinato de los activistas de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre de 2012 en Chihuahua, y se solicita el esclarecimiento de los hechos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados exprese su condena por los asesinatos de los activistas del Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lamentablemente la ola de violencia en nuestro país no tiene fin. Los hechos violentos se convierten en algo rutinario y que cada vez nos sorprenden menos.
El pasado 23 de octubre fueron asesinados en el estado de Chihuahua los dirigentes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras.
Ellos tenían una larga trayectoria de defensa de los movimientos sociales, la cual se remonta al movimiento barzonista, que defendió a miles de mexicanos que cayeron en insolvencia producto de la crisis financiera de diciembre 1994, conocida como “el error de diciembre”.
A partir de esa experiencia, estuvieron siempre del lado de las personas necesitadas, con una actitud comprometida y solidaria.
En el momento de su muerte, estaban denunciando una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas del estado, en específico, la perforación de pozos profundos para sobre explotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo, en perjuicio de los campos de cultivo, que son alimentados a través de sistemas de riego por aspersión y por goteo.
Además, formaban parte del amplio movimiento que se opone a la instalación de la mina El Cascabel, ya que la actividad de dicha compañía generaría contaminación de los mantos acuíferos, en la misma zona donde se ubica el conflicto por la perforación de pozos profundos.
Tenemos que señalar que en ambos conflictos las autoridades han pecado de omisión y han dejado que las cosas crezcan y empeoren a un punto trágico.
Ismael Solorio Urrutia ya había advertido que el conflicto por la perforación de los pozos profundos y la instalación de la mina podría provocar hechos muy lamentables.
El pasado 13 de octubre, él y su hijo fueron golpeados por un grupo de personas, presuntamente vinculados con la mina El Cascabel, no se sabe si contratados expresamente para amedrentar a los opositores.
Ante ese hecho, los líderes barzonistas exigieron que se garantizara la seguridad de los integrantes del movimiento, particularmente la de Ismael Solorio y su familia. Hoy vemos con mucho pesar que esa exigencia no fue cumplida.
Hoy hay luto y pesar en las familias Solorio y Solís.
Compañeras y compañeros diputados, la situación que se vive en el estado de Chihuahua con el conflicto por la perforación de pozos profundos y con la instalación de la mina El Cascabel se está volviendo muy delicada, ya cobró la vida de inocentes, por lo que es de la mayor urgencia que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan ambos problemas.
Es necesario que se resuelva el problema de la sobreexplotación de pozos, porque ello está afectando a un número muy importante de productores agrícolas, sin que hasta el momento haya castigo alguno para los infractores.
Por lo que respecta a la mina El Cascabel, es necesario que se determine la afectación ecológica y medioambiental que entraña la posible puesta en marcha, sobre todo el daño que pudiera generarse en los mantos acuíferos de la zona.
Es por ello, que sometemos al pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su condena por el asesinato de los líderes del movimiento barzonista Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 23 de octubre en el estado de Chihuahua. Asimismo, exige que se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades y se castigue a los culpables de dicho crimen.
Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la sobreexplotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.
Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación y puesta en marcha de la mina El Cascabel, con la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables, y en caso de que proceda se revoque la autorización a la empresa Compañía Minera el Cascabel.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de octubre de dos mil doce.
Diputados: Kamel Athié Flores (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez, Karina Velázquez Ramírez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Pedro Domínguez Zepeda, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Rocío Reza, Lilia Aguilar Gil (rúbrica).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía a promover que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y con las excepciones establecidos en la ley, no se utilice como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal a erradicar todas las formas de discriminación en el ámbito laboral, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 1o. que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Y en el último párrafo dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El dispositivo programático de la Constitución establece que en la actuación del Estado, debe ausentarse cualquier forma de discriminación bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Sin embargo, prevalecen medidas coercitivas de discriminación o exclusión en ámbitos como el laboral. Actualmente ha aumentado la solicitud de la “carta de no antecedentes penales”, que después de la credencial de elector es uno de los documentos más solicitados en el mercado laboral, mercantil y de esparcimiento y que es considerado por demás discriminatorio.
El documento ha sido señalado por estudiosos del derecho como violatorio de derechos humanos, principalmente por las personas que han purgado una sentencia o procesados a los que dicha normatividad no escrita les ha complicado su reinserción al mercado laboral formal y realización de trámites principalmente.
Resulta ilógico que en la mayoría de los empleos al solicitarlo les pidan a las personas que demuestren que no han sido sentenciados por delitos, cuando debiera ser que una vez cumplimentada con la sanción penal que le fue dictada, es la retribución social que cumplieron a la sociedad por el hecho de haberse equivocado.
Pese a ser un documento muy solicitado en la mayoría de la entidades federativas, no existe alguna ley que norme o regule su utilización, es por ello que el abuso de solicitud de tal documento se ha vuelto una practica común solicitarlo, hasta para los tramites más comunes.
Y quienes más la solicitan son personas que buscan empleo o hasta quienes pretenden arrendamiento de viviendas, así como turistas y estudiantes.
Se ha vuelto una práctica común entre los empleadores solicitar dicho documento.
Y caemos en una situación por demás discriminatoria, aquella persona que cuente con antecedentes penales, simplemente no se le expide, lo cual lo pone en desventaja ante la solicitud de un empleo, además del costo que ello representa.
Costo de la “carta de no antecedentes penales” en algunas entidades
Estado Costo (pesos)Puebla 210
Baja California 155
Aguascalientes 105
Durango 80
San Luis Potosí 68
Sonora 67
Nuevo León 61
Zacatecas 57
Jalisco 50
Distrito Federal Ninguno
Veracruz Ninguno
México Ninguno
Aunque consideramos que salvo algunas excepciones que la ley lo contemple, es donde seria indispensable no contar con antecedentes penales, en cualquier otro no se justifica dicho requisito.
Dice la doctora en derecho y especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas Catalina Pérez Correa:
Resulta contradictorio que en algunos trabajos se solicite a las personas que demuestren que no han sido sentenciados por delitos, cuando supuestamente el hecho de cumplir la sanción penal es lo que la ley establece como una retribución social.
Tenemos antecedentes penales podemos entender como una condición social, por la cual te está castigando la sociedad y te está castigando doble vez, una es la pena que cumpliste y otra es el después: hacerte imposible que puedas ingresar en la vida laboral.
El mensaje que estamos enviando es “No eres digno de confianza, porque alguna vez cometiste un delito”. Entonces, esa persona eventualmente dice: “Pues si no soy digno de confianza, para qué hago el esfuerzo de ser como la sociedad quiere que sea”.
Esta doble penalización no regulada por alguna ley o autoridad en las entidades federativas, conlleva al riego de que los ex reos vuelvan a delinquir para sobrevivir o engruesan las filas de la economía informal.
De acuerdo con el estudio El gasto en seguridad. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la gestión y uso de recursos, que realizó la Organización México Evalúa, definió que en 2009 sólo 1.1 por ciento de los reos liberados obtuvo un empleo, por abajo del 2.2 por ciento que lo hacía en 2005.
Ante estas circunstancias podemos afirmar que el sistema penal en su última etapa también está fallando: no da a las personas la oportunidad de convertirse en las que el estado desea que sean.
Tenemos el ejemplo muy plausible de Campeche, que reconsideró la expedición del multicitado documento discriminatorio y suspendió la entrega de “cartas de no antecedentes penales”, a fin de que no sean un requisito para solicitar trabajo.
En el acuerdo expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche destaca lo siguiente:
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche, no expedirá constancias o certificaciones de antecedentes penales a los particulares, salvo en los casos que sea necesario para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto.
La protección de los derechos humanos , trascienden en el respeto de las personas que cumplieron sanción penal por haber infringido la norma, puesto que no puede aceptarse que una pena sea soportada o purgada por el resto de la vida de un ser humano, así haya éste violado la solidaridad o la convivencia de la colectividad.
Por ello se hace necesario replantear el uso, la finalidad y el propósito original sobre la expedición y solicitud de este documento; haciendo de antemano el ejercicio de estudio y razonamiento que plantee las excepciones que por su naturaleza se tengan que considerar para este efecto, con sus consideraciones jurídicas respectivas y necesarias en el propósito de que dicho documento no esté violentado la normatividad constitucional del artículo 1o. de la Carta Magna, respecto a la discriminación en todas sus formas.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a promover en atención de sus facultades que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y con las excepciones que establezca la ley, no sea utilizada como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral en todo el país.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención de las rutas gastronómicas de México, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, la creación de la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México.
Exposición de motivos
El turismo de alimentos ha ganado cada vez más atención en los últimos años. Los turistas son atraídos por productos locales y muchos destinos se han centrado en el desarrollo de los mismos y el marketing como consecuencia.
La comida está profundamente conectada a su origen, este enfoque permite la entrada de destinos turísticos al mercado y los posiciona como verdaderamente únicos y atractivos para los viajeros que buscan sentirse parte de su destino a través de sus sabores.
Según los expertos de los sectores turístico, cultural y gastronómico reunidos en septiembre pasado en Bakú, República de Azerbaiyán, en la «Conferencia Internacional sobre alimentación, cultura y turismo », la gastronomía desempeña un papel importante y cada vez más presente en el desarrollo turístico mundial.
En el discurso de apertura de la Conferencia, el señor Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señaló que en los últimos años está creciendo la demanda de turismo basado en la experiencia, y agregó que en el contexto actual de mundialización, los consumidores buscaban cada vez más experiencias auténticas como las aportadas por las tradiciones culinarias locales.
El señor Rifai explicó además que el turismo gastronómico es también un vehículo esencial para el desarrollo, pues utiliza productos de origen local, asegurando así que los dólares de los turistas se reinviertan en la comunidad y permitan prosperar a otras empresas.
Los expertos hicieron hincapié en que la gastronomía es una parte esencial de la experiencia turística y representa un porcentaje cada vez más elevado del gasto turístico total.
Uno de los objetivos de turismo gastronómico no sólo es el de visitar, sino el de ser sorprendido con nuevos sabores y/o preparaciones culinarias.
Es una forma de hacer turismo en la que la gastronomía del país visitado es parte de la actividad preponderante durante su visita, es una nueva opción de aventura, no sólo dirigido a personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o gourmets, más bien, está enfocado a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura culinaria.
Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como la visita de mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de los lugareños, participación en fiestas locales, además de las ofertas culturales, de playa, de historia, de aventura, tan sólo por mencionar algunos.
En la actualidad existen varias rutas gastronómicas en el mundo dedicadas a diversos tipos de comida o insumos, por ejemplo; en España existe la ruta del jamón Ibérico, la ruta de los quesos de cabra, la ruta de la tenca, la ruta de las frutas y los licores, la ruta de los vinos, la ruta de los nuggets, entre otras.1 En los que se eligen temas culinarios que remarcan la identidad de la ruta, se promueve la venta de un producto alimenticio (marketing), se desarrolla una economía local, se promueve la cultura e identidad de una región. El turismo gastronómico está asociado generalmente a otras actividades que lo complementan, tal y como puede ser el turismo rural.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que muchos de los miles de millones turistas de todo el mundo están volviendo a destinos conocidos para disfrutar platillos y recetas probados con anterioridad, o viajar más lejos en busca de cocina nueva y especial; la gastronomía se ha convertido en una parte central de la experiencia de turismo.
Con la intención de dar una definición técnica, se puede afirmar que, según Simao Oliveira del Politécnico de Leiria, Portugal,2 el turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde degustar un plato; el desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar determinados alimentos; y hasta la realización de rutas gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía; entre otros.
El turismo gastronómico existe en paralelo con el enoturismo, en el caso de destinos donde la promoción de los recursos vino y gastronomía es conjunta; y donde se desarrolla el denominado turismo de gastronomía y vino que busca captar turistas interesados tanto en el vino como en la gastronomía así como turistas que sólo se interesan en el vino (enoturistas) o sólo en la gastronomía (turistas gastronómicos).
El eje central del turismo gastronómico en su forma más “pura” está en los alimentos; es el que pretende realizar actividades relacionadas con los alimentos existentes en un destino.
El 16 de noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO integró “La Cocina Tradicional de México, cultura comunitaria, ancestral, popular y viva” a su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Reconocimiento que hasta ese entonces sólo la cocina francesa tenía.
En México, el Acuerdo Nacional por el Turismo es un instrumento de colaboración entre múltiples actores signatarios que se creó a través de un ejercicio de consulta que, por primera vez en México, articula una política de estado de largo plazo en materia turística.
A través del acuerdo se atienden las necesidades de los participantes de la actividad turística, reconociendo sus prioridades e integrando los objetivos comunes para impulsar el turismo de manera conjunta.
El acuerdo plantea 10 ejes con 101 acciones a implementar por el Ejecutivo Federal para impulsar el turismo en el país.
El sexto eje plantea diversificar y enriquecer la oferta turística, con destinos, productos y servicios de mayor calidad, modernos y diferenciados a fin de incrementar la estadía y el gasto del turista en nuestro país se relaciona con la acción 55, la cual establece la creación de 18 rutas gastronómicas alineadas con el Programa Rutas de México.
El pasado 28 de febrero de 2012, la titular de la Secretaria de Turismo (SECTUR) presentó las “Rutas Gastronómicas de México“, un nuevo producto turístico que comprende 18 recorridos por prácticamente todos los Estados de la República Mexicana especialmente diseñados para ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros los platillos y las bebidas tradicionales que son resultado de nuestro mestizaje. Con esta iniciativa se potenciará la oferta turística de nuestro país y se impulsará la gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea.
Los recorridos turísticos abarcan 155 destinos, 31 Pueblos Mágicos, 9 ciudades Patrimonio de la Humanidad, 14 sitios naturales y culturales, 25 etnias, así como más de 1,500 platillos y bebidas típicas de los rincones de nuestro país.
Estas cifras reflejan la gran relevancia para la creación de una comisión especial.
Las 18 Rutas Gastronómicas de México son las siguientes:
Los fogones entre Viñas y aromas del mar (Baja California y Baja California Sur);
El sabor de hoy (Ciudad de México);
Cocina de dos mundos (Chihuahua);
La ruta del cacao (Chiapas y Tabasco);
Los mil sabores del mole (Oaxaca);
La mesa de la huerta y el mar (Sinaloa);
El altar del día de muertos (Michoacán);
La ruta de los mercados (Morelos y Guerrero);
Del café a la vainilla (Veracruz);
Platillos con historia (Querétaro y Guanajuato);
Cocina al son del mariachi (Jalisco);
Los sabores del mar (Nayarit y Colima);
La cultura del maguey (Hidalgo);
Del mar a la laguna (Tamaulipas);
Los dulces sabores de antaño (Tlaxcala y Puebla);
El sazón del minero (Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas);
Entre cortes y viñedos (Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora);
Los ingredientes mestizos del Mayab (Yucatán y Quintana Roo).
Además, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados incluye 3 más denominadas “Rutas de Aromas y Sabores de México: Ruta Maya, Ruta Norte y Ruta del Bicentenario”, y las rutas presentadas por la Chef Patricia Quintana Fernández “Sabores de la Tierra Mexicana a Caballo y Sabores de la Tierra mexicana Gastronómica”, entre otras.
La propuesta culinaria de estas Rutas Gastronómicas se sustenta también en la participación de más de 500 chefs de todo el país quienes crearon igual número de platillos, que combinan tanto la tradición como la modernidad.
Estas rutas gastronómicas reconocen la antigüedad, continuidad histórica y originalidad de los productos, técnicas y procedimientos característicos de la cocina mexicana que constituyen un atractivo gastronómico cultural y el conocimiento de las tradiciones de los pueblos prehispánicos que se encuentran a lo largo de las 18 Rutas gastronómicas. Es dar a conocer la comida que realmente nos hace amar a nuestro país, la experiencia que todos hemos tenido alguna vez en alguno de nuestros viajes que nos hace recordar un lugar y querer volver para repetir la experiencia.
Por medio de las rutas se muestra al mundo la gran riqueza de la gastronomía mexicana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las rutas representan un producto que permite potenciar la oferta turística del país y detonar la gastronomía mexicana, tradicional y contemporánea.
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. La Comisión se encargará de revisar, analizar y evaluar el marco normativo, su funcionalidad y los resultados a fin de medir los impactos en las economías locales, así como también analizar y realizar nuevas propuestas de rutas que permitan el fomento del turismo gastronómico en la mayoría de las regiones de México.
El objetivo de la Comisión Especial para la atención de las rutas gastronómicas de México es, impulsar el sector turístico que detone la economía, que facilite, fomente, fortalezca e incremente las rutas gastronómicas y la generación de empleos en nuestro país, además de difundir y dar seguimiento puntual a los trabajos de infraestructura, capacitación, innovación, competitividad y desarrollo.
Notas
1 http://www.rutasgastronomicas.info/
2 http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v16n3/v16n3a01.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En estas fechas se instalan las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Tal será el caso de la de Radio y Televisión, el martes 30 de octubre, a las 16:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Los diputados, a la hora de tomar protesta de ley para desempeñar el encargo, hicimos un compromiso frente a la nación de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes por el bien del país.
Este compromiso fundamental me obliga, como legisladora a resaltar el hecho de que el diputado Federico José González Luna Bueno, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, no puede desempeñar dicho encargo en virtud de contravenir lo establecido en la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, ya que está ante el supuesto del conflicto de intereses con la materia primordial de dicha comisión.
El artículo 108 constitucional establece que los representantes de elección popular son servidores públicos y están sujetos al régimen de responsabilidades del título cuarto del máximo ordenamiento.
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que son obligaciones de todo servidor público “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
También el artículo 47, fracción XIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; deja en claro las bases legales para que un servidor público se excuse de intervenir en asuntos que le puedan representar conflicto de interés.
El artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece en la fracción VI del numeral 1 que será obligación de los diputados “informar de los asuntos en que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión” de éstos. El numeral 2 del mismo artículo 8 indica: “Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la legislatura”.
El diputado Federico González Luna, quien ha fungido como asesor de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y en tal carácter es suplente del consejero propietario del Consejo Nacional de la Radio y Televisión, Javier Tejado Dondé, directivo de Televisa, quien ocupa uno de los dos asientos asignados a la industria en dicho consejo, como puede constatarse en http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/consejo_radio_tv.php
En este contexto, toda vez que su actuación como presidente de la Comisión de Radio y Televisión resulta una violación grave de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias citadas, la instalación de la comisión debe impedirse, exhortando al diputado para que él, y cualquier otro legislador o legisladora que pudiera tener impedimento para atender los asuntos de la comisión, presenten sus excusas so pena de hacerse sujeto de las responsabilidades a que se refiere la Constitución, y entre ellos incluyo a la diputada Ana Lilia Garza, también postulada por el PVEM, quien fungió hasta su candidatura como subdirectora jurídica de la CIRT; al diputado por el PRI Patricio Flores, líder del sindicato de Televisa; Enrique Cárdenas, radiodifusor y director de la Organización Radiofónica Tamaulipeca, con 10 emisoras en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, del PRI.
Es claro que la protección y el apoyo brindados por Televisa y Tv Azteca, así como por los diarios de la OEM, Milenio y El Universal al presidente electo, le impedirán presentar una propuesta de reforma de la ley de medios congruente y ambiciosa, que altere los intereses de esos grandes monopolios y abra el sector a mayor competencia, y para ello la pretendida “telebancada” buscará ejercer de manera ilegal sus mejores oficios. Ahora estamos ante la oportunidad de impedir este atropello.
La violación de lo establecido en el marco jurídico en este precepto es considerada grave, lo cual conlleva a diversas sanciones, además de la destitución del cargo. El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y los diputados al Congreso de la Unión que incurran en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, ya sea por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al diputado Federico José González Luna Bueno a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los legisladores de la Comisión de Radio y Televisión que estén en los mismos supuestos de conflicto de intereses a que se refieren los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios invocados en el cuerpo de la presente proposición a excusarse de participar en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Radio y Televisión que posponga su instalación hasta que se hayan presentado las excusas que por norma y en aras del correcto funcionamiento de la comisión deban presentarse.
Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2012.
Diputada Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, selección de personal y evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas y de los órganos de procuración de justicia y reinserción social, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno punto de acuerdo sobre la eliminación del uso del polígrafo como criterio de selección y permanencia para los servidores públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los derechos más sagrados que tenemos es sin duda el que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la denominación de “seguridad pública”, que consagra en el artículo 21, en el cual convergen las instituciones de prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social.
Debe brindarse conforme a cuatro principios torales: honestidad, eficacia, legalidad y profesionalismo.
A través de este derecho fundamental se protege desde el derecho primigenio como es el de la vida misma, la de nuestros seres queridos, de nuestros bienes y propiedades.
Para ello el Estado mexicano, mediante sus instituciones, tiene la obligación constitucional, legal y moral de protegerlos y tutelarlos sin excepción.
Ello a todas luces no es así; predomina la ineficacia en dichos servicios.
La eufemísticamente llamada “lucha contra el narcotráfico” ha pretendido ser justificada en aras de la bandera de la seguridad, no obstante que hasta el momento ha provocado el efecto contrario: se ha erosionado el tejido social y se ha violentado el estado de derecho.
Los representantes de las Fuerzas Armadas y el propio titular del Ejecutivo buscaron en su momento el apoyo de la Cámara de Diputados para que se autorizaran más de 13 mil millones de pesos para modernizarse y crear miles de plazas, requisitos para frenar el deterioro del poder militar. Asimismo, buscaron que el Congreso de la Unión les autorizara la creación de 18 batallones de fuerzas especiales (Gafes) para reforzar el combate del narcotráfico en 2012.
Queda claro que el gobierno quiere enfrentar el problema de la inseguridad con más elementos, entrenados dentro y fuera de México, para luchar contra el crimen organizado. La deserción severa que han sufrido nuestros cuerpos de seguridad pública y nuestras fuerzas armadas durante las últimas administraciones, ha mermado su capacidad de respuesta ante los retos que se les impuso en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.
La contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la Policía Federal, ha sido una medida prioritaria para el gobierno. Sin embargo, los procedimientos de evaluación de control de confianza tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos no han sido idóneos.
Por ello si bien gran parte de las acciones desplegadas por los Batallones de Fuerzas Especiales, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, han rayado en la ilegalidad, la falta de controles adecuados para garantizar el ingreso y permanencia de miembros que cuenten con las cualidades de probidad, honradez y honorabilidad, potencia aún más las probabilidades de someter a la sociedad a ilegalidades, arbitrariedades o abusos.
Esto último ha provocado que los gobernados, de continuo, se hayan visto envueltos en un manto de confusión cuando trata de reconocer a sus victimarios. Pues cuando se tiene frente a sí, verbigracia, encapuchados que irrumpen arbitrariamente en los domicilios o perpetran “levantones”, o uniformados que con lujo de violencia detienen y auscultan a los vehículos y a sus ocupantes en retenes ilegales, lo mismo da pensar que se trata de militares o policías disfrazados de sicarios, o sicarios disfrazados de militares o policías.
Hay una necesidad impostergable de revisar a conciencia, la manera de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales, para demostrar que los miembros de nuevo ingreso de las corporaciones de seguridad o los que están actualmente en funciones, cuentan con cualidades de honradez y honorabilidad. Se deben brindar garantías a la población de que los policías cumplirán adecuadamente con su trabajo.
Es inconcebible que actualmente se estén realizando prácticas de evaluación basadas en criterios que no tienen un estricto arreglo a las bases científicas, y que por otro lado, estén reportando resultados falibles en la práctica.
Se deben privilegiar criterios de objetividad en los procesos de control de evaluación de confianza, llevados a cabo por las dependencias públicas, para seleccionar al personal de nuevo ingreso y determinar su permanencia en las corporaciones de seguridad pública.
La utilización de la prueba del polígrafo, por ejemplo, representa una agresión al derecho a la intimidad, porque obliga a las personas a responder, bajo presión psicológica, a los interrogatorios agresivos formulados sobre su vida sexual, su entorno familiar y privado, entre otros temas.
El advenimiento del detector de mentiras en Norteamérica en el siglo XX fue una respuesta histórica a un conjunto especifico de imperativos; estos incluían la demanda popular para que el estado trazara una línea entre el comportamiento legal e ilegal, las negociaciones en curso que producirán un régimen particular de propiedad intelectual y la necesidad de elevar la fiabilidad en las nuevas instituciones jerárquicas.
La cultura resultante de la desconfianza se encuentra constantemente bajo nuevas presiones.
Por desgracia como ha ocurrido con otros ejemplos “de mala ciencia” el polígrafo, la vigilancia electrónica, y otros dispositivos de invasión de la privacidad siguen aplicándose, partiendo sobre todo de una premisa autoritaria, las sociedades tecnológicas requieren verdaderas políticas de inteligencia, pero integradas por individuos no sólo capacitados, sino además comprometidos con el bien general, y el cumplimiento y la protección de los derechos básicos.
La inseguridad y exigencia social motivada por el temor ante los criminales ha orillado en otras épocas a recurrir muy prematuramente a poner en práctica conocimientos “científicos” no comprobados.
En realidad, en nombre de la lucha científica contra los criminales se han cometido actos de abuso, crueldad, castigo desmesurado y, sin duda, injusticias.
Quienes aplican el polígrafo en México son algunas veces profesionales de la salud, pero en su mayor parte, son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses del examinado, que tan diferentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se es presentan preguntas “neutrales”, en comparación con la reacción ante preguntas “comprometedoras”. La premisa discutible y discutida en la que se apoyan estas evaluaciones, desde 1900, es que las reacciones más intensas son indicadores de que la persona está mintiendo, cuando en realidad dicha persona puede estar más alterada emocionalmente por la prueba misma, la situación de tensión que la acompaña y el riesgo de perder el empleo o de ser incriminado por un delito.
Vivimos tiempos inciertos, con cambios inesperados, muchos de ellos inclinados hacia la tergiversación y el doble sentido, cargados de expresiones falsarias y metáforas manipuladas. En este contexto social la oferta del uso del polígrafo suena seductora a los oídos de ciudadanos, alarmados por las amenazas potenciales a su seguridad; si no pueden depositar su confianza en otros ciudadanos (políticos, policías, vecinos, etcétera) al menos podrían hacerlo en una máquina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en la recomendación general número 6 de 2004 que la práctica de una prueba de confiabilidad, mediante la aplicación del examen poligráfico, en procesos de selección para aspirantes a ingresar en determinada dependencia, en evaluaciones periódicas, en procedimientos administrativos de responsabilidad y en averiguaciones previas, sin que esté regulado el uso de dicha prueba ni el destino que se dará a los resultados de ella, ni requisitos de personas en su aplicación, ni las medidas que en su caso se deben tomar para evitar el mal uso de la información obtenida, constituyen un acto violatorio del derecho humano a la dignidad de toda persona.
Como vemos, el examen poligráfico implica una violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho que tienen los seres humanos a que se respete su dignidad humana y su intimidad, aunado a que sus resultados de ninguna manera son científicamente comprobables.
En consecuencia, dada la necesidad de adoptar procesos completamente idóneos para seleccionar o garantizar la permanencia de los elementos más aptos de los cuerpos de seguridad pública, se debe prescindir de pruebas que puedan arrojar resultados confusos o poco confiables y evite como consecuencia que servidores públicos honestos y profesionales se les separe injustamente de su empleo y por el contrario verdaderos delincuentes sigan en el amparo de un puesto público.
No debe dejarse de lado la finalidad de proteger los derechos y garantías de las personas que son sometidas a este tipo de pruebas, pues con el uso del polígrafo, por ejemplo, se violan algunas disposiciones legales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en el artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, y en los artículos 6 y 117 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por supuesto tratados internacionales como las Declaraciones Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Universal de los Derechos Humanos.
Derivado de lo anterior se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a prescindir totalmente del uso de la prueba del polígrafo en procedimientos de control de confianza, de selección de personal y en las evaluaciones periódicas de los miembros de las corporaciones policiacas, y de los órganos de procuración de justicia y de reinserción social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa, el IMSS y el ISSSTE un dispositivo nacional que permita el cruce de padrones de afiliados, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Julio César Flemate Ramírez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el país, la prestación de los servicios de salud, está encomendada a la Secretaría de Salud, servicios estatales de salud, IMSS e ISSSTE, a otras de tipo federal como es el caso de los servicios de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina o el de Pemex, así como otros de tipo estatal o incluso municipal.
En 2002 se implantó el Seguro Popular y posteriormente se le incorporó mediante reformas y adecuaciones de la Ley General de Salud de 2003, en el título tercero bis, donde se establecieron las reglas generales de financiamiento y prestación de los servicios, para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en el caso de la población sin acceso a seguridad social.
El propósito del Seguro Popular es contar con un mecanismo para garantizar a la población que se incorpora al mismo, el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin ningún desembolso al momento de utilizar los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, de tal manera que se facilite la resolución integral de las necesidades de salud de esa población.
En congruencia con la ley y con el objetivo de universalizar la salud, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado 3.2, “Salud”, específicamente en la estrategia 7.1, plantea avanzar hacia la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
El 15 de junio del presente año, el presidente Felipe Calderón fue testigo de la firma del convenio piloto de colaboración celebrado entre el IMSS, ISSSTE y el sistema de salud federal, cuyo objetivo es que los afiliados y beneficiarios de las instituciones mencionadas puedan ser atendidos indistintamente en cualquiera de ellas, aunque no pertenezcan a ese sistema.
Las palabras del titular del Ejecutivo fueron las siguientes:
Éste es el principio de la verdadera universalización de los servicios; y claro, había el temor de que afectara a las instituciones porque el Seguro Social tiene sus gastos, el ISSSTE tiene sus gastos, tiene su presupuesto, pero no va a ser en demérito de nadie, porque se logró estructurar un sistema de tarifas y de precios de tal manera que si va un asegurado del Seguro Social a atenderse a un hospital de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular, el Seguro Popular le va a pagar al ISSSTE o a su beneficiario, o sea hay un convenio que permiten arreglos financieros que evita que se desequilibren los sistemas.
Es de suma importancia que las instituciones encargadas de proporcionar servicios de salud, hayan celebrado entre ellas infinidad de convenios; a manera de ejemplo por citar alguno de ellos, y en congruencia con el esquema de universalidad en la salud, está el que se celebró el pasado 12 de mayo del 2011, por los titulares de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, en el que se fijaron los lineamientos generales para la formalización de los compromisos para intercambiar servicios de atención médica de alta especialidad.
Podemos señalar entonces que, en nuestro país se está avanzando hacia la universalidad en la salud, pero para poder llegar de manera clara y precisa, se debe contar con la certeza de la población beneficiaria de los servicios de salud, mediante el padrón de afiliados y beneficiarios de las instituciones, es justo decir, que el ISSSTE ya cuenta con él y puesto a disposición en una página web de fácil consulta. Por otra parte, a la Secretaría de Salud y al IMSS corresponde contar con su respectivo registro. Debe haber cruzamiento de padrones para un mejor control administrativo y prestación del servicio.
Actualmente, las instituciones enfrentan entre ellas la problemática financiera por no recibir el pago pronto y oportuno por los servicios prestados, es lógico y hasta entendible por el elevado número de beneficiarios que tienen registrados, ya que según datos de las propias instituciones,
• El IMSS a 2011 contaba con 54 millones 906 mil 396 beneficiarios;
• El ISSSTE a 2010 con 11 millones 993 mil; y
• La Secretaria de Salud, a través del Seguro Popular, a abril del presente año reportaba 52 millones 738 mil 355.
Ante estas cifras es necesario que dichas instituciones pongan a disposición sus padrones de afiliados y beneficiarios para evitar duplicidad de datos y se pueda volver realmente eficiente el sistema administrativo que corresponda entre las dependencias del sector. No se desconoce que el sistema de salud en nuestro país esté segmentado y que por ello se presente una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere. Por ello reitero la necesidad de que los sectores pongan a su disposición los padrones para los usos que así correspondan.
Con voluntad política y actuando dentro de los cauces de la ley se puede lograr que los padrones sean intercambiados entre las instituciones del sector, puesto que el problema no es de ley, sino de articulación y coordinación, basta mencionar que a la Secretaría de Salud corresponde (conforme a los artículos 6, fracción I, 7, fracción X, y 33, fracción II, de la Ley General de Salud) la coordinación del sistema nacional de salud, el cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica.
El artículo 89 de la Ley del Seguro Social determina que el IMSS podrá prestar los servicios que tiene encomendados mediante convenios de colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera.
El ISSSTE establece entre sus finalidades la administración de los seguros, prestaciones y servicios. Sus funciones incluyen realizar toda clase de actos jurídicos, y celebrar los contratos y convenios que requiera el servicio a su cargo, de conformidad con los artículos 207 y 208, fracción X, de la Ley del ISSSTE.
La Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE se encuentran facultados en sus respectivas leyes para prestar el servicio de salud a derechohabientes de otras instituciones, y celebrar convenios o contratos que se requieran para lograr un mejor servicio, es de suma importancia que el sector salud en nuestro país, pongan a disposición sus padrones de afiliados y derechohabientes y no ver afectada a la población objetivo.
La Ley General de Salud determina en el artículo 77 Bis 5, Apartado A, fracción XI:
A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud
XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud y a los directores del IMSS y del ISSSTE para que implanten un mecanismo nacional que permita el cruce de padrones de sus afiliados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Semarnat a participar en el análisis del tercer Foro nacional de educación ambiental para la sustentabilidad, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir en 2014 el compromiso nacional de la década de la educación para el desarrollo sustentable, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN
El diputado federal Ernesto Alfonso Robledo Leal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción II del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS) permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible.
Educar para el desarrollo sustentable significa incorporar los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sustentable. Asimismo, la EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar la adopción de medidas en pro del desarrollo sustentable.
Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que se aplican actualmente; de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)–.
La UNESCO es la organización encargada de coordinar el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
No obstante lo anterior, promover una Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, es una de las propuestas surgidas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002. Esta década se aprobó celebrarla del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2014, por lo cual nos encontramos en la fase final del periodo.
Al respecto es necesario señalar que en Marzo de 2011, las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación Pública1 concluyeron el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años que ha permitido generar la primera revisión curricular integral en México para la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad en los Programas de Estudio de Preescolar, Primaria y Secundaria.
Se dio a conocer que a partir del año escolar 2011-2012 existiría un solo Plan de Estudios que integre los programas de preescolar, primaria y secundaria, en los cuales, con el mismo enfoque, de manera acorde a la edad de los niños y en forma gradual, se incorpora la “Educación Ambiental para la Sustentabilidad en todas las asignaturas de las áreas de Ciencias, Geografía, Formación Cívica y Ética e Historia, lo cual permite definir aprendizajes esperados y estándares de logro educativo para cada grado escolar.
En nuestro país existe un Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad que responde a dos iniciativas, la primera ocurrida en 2005 cuando se firma el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, en el que se prevé conformar un Consejo Técnico con el propósito de dar seguimiento al presente instrumento en las alianzas, convenios o acuerdos particulares que de éste se deriven. Este tiene como función ser órgano de consulta y mediación de los sectores ambiental y educativo, para facilitar y garantizar la participación organizada y corresponsable de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; fomentar el desarrollo y consolidación de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México en el marco del “Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible” y dar seguimiento nacional y local, que favorezca la construcción de una cultura ambiental, el mejoramiento de la calidad de vida y la protección de los recursos naturales.
En el año 2006 se publico la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, documento de política en educación ambiental que señala como una de las metas del asunto estratégico “El fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial e interinstitucional la creación del Consejo de Educación Ambiental para la sustentabilidad.
Del mismo modo la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los siguientes términos señala:
“XXXVIII.: Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida”.
Además en su artículo 39 establece:
“Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.
Asimismo, propiciaran la participación comprometida de los medios de comunicación masiva el fortalecimiento de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable.
La Secretaria, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.
La Secretaria mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los ecosistemas incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la prevención, restauración, conservación y protección del ambiente”
Es preciso señalar que la Ley General de Educación señala también aspectos relacionados con el tema que nos ocupa. En su artículo 7 fracción XI, establece que la educación que imparta el Estado tendrá entre sus fines:
“XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionaran los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.
Cabe mencionar que en los procesos educativos y culturales los resultados más importantes se constatan en el mediano y largo plazo, después de ocho años de transcurrida la propuesta de la Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), la Unesco señala que han se ha presentado considerables progresos hacia la EDS, toda vez que es más visible en los debates y reflexiones mundiales tanto sobre educación como sobre desarrollo sostenible. Una prueba son las importantes menciones en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrado en Rio de Janeiro, 2012; y el hecho de que en un creciente número de países el tema se considera un componente básico para mejorar la calidad de la educación.
No obstante la UNESCO admite la necesidad de un trabajo de promoción estratégica de la EDS ante muy diversos interlocutores, con la finalidad de puntual seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los de la Educación para Todos. La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sustentable (Japón, 2014) revestirá especial importancia en este proyecto.
Con el propósito de promover una acción más concreta y a mayor escala de la EDS como un elemento clave de la educación de calidad y uno de los medios más eficaces para responder a desafíos como el cambio climático o la pérdida de diversidad biológica; es necesario integrar la EDS en todos los ámbitos y niveles del sistema educativo mediante planteamientos que movilicen a cada institución en su conjunto, así como hacer hincapié en actividades locales, con respaldo comunitario, así como en aquellas en las que participe la población joven.
En virtud de lo anterior, la UNESCO propuso a su Consejo Educativo en sesión celebrada del 3 al 18 de octubre del presente año, darle continuidad a las acciones impulsadas durante la década mediante la presentación de un marco pragmático, el cual carece de plazo fijo y permite que los principales ejes de trabajo vayan cambiando; y al no tener un límite temporal permitirá perseguir objetivos a largo plazo, que no se pueden cumplir en solo diez años. Dicho marco pragmático, definirá y hará énfasis en la importancia del tema a escala mundial, precisando un cuadro de referencia para impulsar actividades a todos los niveles.
En este sentido, se considera presentar un marco pragmático de modo que el seguimiento del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable se realice sin discontinuidad después de 2014, con el liderazgo de la Unesco, el cual se aprobó recomendar para transmitirla a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que ésta se pronuncie al respecto en su sexagésimo noveno periodo de sesiones (2014)
Asimismo estimamos que se debe concientizar a la población en general de la importancia de la Educación para el Desarrollo Sustentable en todos los niveles educativos del país; tema abordando en el III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, celebrado del 20 al 23 de octubre de 2012 en Boca del Río, Veracruz cuyos objetivos fueron la elaboración de un balance general sobre lo logrado en la materia de educación ambiental para la sustentabilidad en México, tomando en cuenta lo propuesto en el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable y, a partir de ello, identificar la agenda de prioridades para los próximos años.
Buscar intensificar y profundizar el debate conceptual y estratégico de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad, especialmente para dar respuesta a la problemática ambiental que enfrenta el país, con énfasis en el cambio climático y el tránsito hacia la sustentabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a participar en el análisis del tercer Foro nacional de educación ambiental para la sustentabilidad, a fin de reforzar las acciones que permitan cumplir a cabalidad en el año 2014 con el Compromiso Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable.
Nota
1 A través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat y la dirección General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica de la SEP, respectivamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 31 de octubre del 2012.
Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones contra periodistas, y a la creación de una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente punto de acuerdo en relación con la necesidad de evitar que se sigan suscitando más agresiones en contra de periodistas, columnistas, comunicadores, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
“El periodista no es buscador de problemas. Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos.”
Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido con el nombre de “el cuarto poder”. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista hoy en día desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.
Cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a periodistas asesinados y desaparecidos los cuales ascienden a 109 en el periodo de 2001 al 2012, según reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas, representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son solo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable.
Ya que según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas, son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.
En 1984 había sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización articulo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista (1976-1982) la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa.
Mientras que mediante las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pudo tener el conocimiento de los tres sexenios siguientes, con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) resultaron 24 muertos, durante el mandato de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 26 fueron asesinados y de 4 más se desconoce su paradero, mientras que para el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.
Ello da un total de 206 periodistas asesinados en un lapso de 42 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas.
Las agresiones en contra de periodistas no constituyen algo novedoso, más bien se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988 por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a expedir diez años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).
Han sucedido además hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, “El acto contra Healy (sic) fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior”.
Las represalias en contra del gremio se han agravado paulatinamente y se han multiplicado asimismo sus agresores. En el presente año asesinaron a Ana Irasema Becerra Jiménez, quien era la publicista en el periódico El Dictamen. Dicho homicidio fue perpetrado por el N, presunto jefe operativo y homicida del cártel Jalisco nueva generación.
Actualmente, de acuerdo con el listado de ataques a los derechos humanos de los periodistas denunciados ante la CNDH, la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80; 2009 con 78; 2010 con 139, y 2011 con 172.
La CNDH agregó en su momento que esta cifra podía ser mucho mayor, si se sumaban los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los estados, así como todas las agresiones que no se denuncian, por miedo a la seguridad propia.
En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía. Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.
No es gratuito, por ello, que se haya catalogado a 2008-2009 como un período conflictivo pero estos 2 años se ven opacados por la violencia suscitada durante los 3 años siguientes pues representan periodos más violentos y con mayor numero de ataque para el periodismo mexicano.
La tragedia mexicana se salda con la muerte de decenas de miles de sus conciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado de los cárteles y de los poderes públicos, en los que con gran frecuencia se ha infiltrado el crimen organizado. Entre estas víctimas se encuentran más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos durante la última década.
Como se ha mencionado, tristemente hemos visto que las vejaciones y violaciones a los derechos de los periodistas han aumentado. De 1999 a julio del año pasado, la Organización de las Naciones Unidades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.
De acuerdo con un informe presentado por el responsable del área jurídica del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país.
Los comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas y/o programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con el que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.
Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido además víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de su libertad como represalia por denunciar públicamente a una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.
Son recalcitrantes las notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En México, se contabilizan 15 víctimas mortales tan solo en lo que va del año: 14 informadores y una trabajadora de prensa.
Con lo anterior, la cifra nacional de las víctimas mortales por las libertades de prensa y de expresión se eleva a hora a 115: 98 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores. Hechos todos ocurridos tan solo en el transcurso de las dos últimas administraciones.
Lo que coloca a México como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según lo constatan organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, el Club Primera Plana y la Asociación de Periodistas Comunicadores de Morelos, quiero dejar constancia que este punto de acuerdo se deriva de su preocupación y ocupación por la impunidad que hasta ahora se cuenta de los delitos cometidos en contra de sus compañeras y compañeros, y la vulneración que su actividad les representa, la cual hago como propia.
Como se deduce de lo expuesto con antelación, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia “legal” hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación.
Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta, la cual conlleve y sea capaz de explicar toda la situación en la cual se ven inmersos estos profesionistas.
Es totalmente preocupante que la frecuencia de la violencia contra periodistas a nivel mundial vaya en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios por lo cual es inexistente la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, ya que no se tiene al victimario.
Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos presenciado con tristeza y desesperación, como los comunicadores y los medios de comunicación han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos en esta guerra absurda emprendida por la sórdida administración federal; la delincuencia organizada y el aparato coercitivo del Estado.
La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado Statu quo. En tal virtud, en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de periodistas y miembros de los medios de comunicación, y aquellos que se cometan no queden en la impunidad.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a adoptar las medidas pertinentes para elevar el carácter de Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión, tomando en consideración la vulneración que les representa a los miembros de los medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, y se resuelvan la totalidad de las indagatorias de los delitos cometidos hasta ahora en su contra, los cuales están en la impunidad. La cual deberá adoptar los mecanismos necesarios para demostrar que los responsables de las pérdidas de la vida y los ataques en contra de los comunicadores, y medios de comunicación, sean esclarecidos y debidamente juzgados y sancionados.
Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa los gobernadores de las entidades federativas para que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los integrantes de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar a través de las Procuradurías locales, y se esclarezcan los delitos locales cometidos con los integrantes de los medios de comunicación, y se les brinde en su caso la protección, en caso de que alguno este en riesgo.
Tercero. Que por conducto de los órganos colegiados de esta honorable soberanía, se proceda a crear una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, y no se siga minimizando la trasgresión de sus derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo metropolitano, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Raúl Paz Alonzo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios en la pasada legislatura lograron acuerdos trascendentes para modificar el marco jurídico en materia de desarrollo metropolitano. Dicho trabajo fue reforzado con la participación del Senado, a través de la mesa interparlamentaria.
Tras varios meses de discusiones, análisis y acuerdos alcanzados en diversos foros que contaron con la participación de autoridades estatales, municipales y federales, así como de empresarios, urbanistas, asociaciones civiles e investigadores se lograron aterrizar proyectos legislativos de gran calado.
Uno de ellos fue la iniciativa presentada el 15 de diciembre de 2010 ante el pleno de esta Cámara de Diputados, dicho proyecto recogía una serie de iniciativas presentadas en anteriores legislaturas. Este proyecto, por sus dimensiones, fue impulsado por senadores y diputados de todos los partidos políticos. La iniciativa para su análisis y estudio fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Vivienda, de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Social, y del Distrito Federal.
Fue así que el 27 de abril de 2011, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la cual fue remitida para sus efectos constitucionales a la Cámara de Senadores.
El día 28 de abril el Senado recibió la minuta, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos y el empeño puesto por todos los grupos parlamentarios para su desahogo oportuno, este no fue posible en la pasada legislatura, por lo cual es que hacemos este llamado para que una vez que ya han sido instaladas las comisiones en el Senado, pongan manos a la obra y discutan en el pleno su aprobación.
La minuta enviada al senado reviste trascendentes modificaciones que permitirán, entre otros beneficios:
– Una mayor y mejor coordinación entre municipios metropolitanos, dejando a un lado sesgos partidistas;
– Se eleva a rango constitucional la función de ordenar los asentamientos humanos;
– Se logra responsabilizar a los estados y municipios a regular y planear, conjuntamente y de manera coordinada, el desarrollo metropolitano que les concierne;
– Se contribuye a instaurar el ordenamiento territorial metropolitano y la planeación metropolitana como tareas obligatorias en cuyo financiamiento y ejecución deban participar los municipios metropolitanos;
– Se garantiza que los planes municipales de zonificación y de desarrollo urbano sean formulados en términos de guardar la debida congruencia con la regulación y planeación del desarrollo de la zona metropolitana de la cual forman parte.
Por ello, es de vital importancia que el Senado dé el empuje necesario a la minuta enviada por esta Cámara de Diputados, para que México logre que las autoridades que concurren en las zonas metropolitanas se coordinen entre sí, sobre la base de una planeación estratégica de largo plazo y una gestión pública integral, que permita con mayor eficacia atender los requerimientos y resolver los problemas urbanos comunes.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Senado de la República como cámara revisora, y en específico a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a dictaminar con la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de desarrollo metropolitano, recibida para su estudio y votación el 31 de octubre de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Raúl Paz Alonzo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre los asesinatos suscitados en Chihuahua contra la niñez, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con puntos de scuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Seis años de guerra contra el crimen organizado con la finalidad de legitimar un sexenio, que ha costado más de 70 mil muertos y un constante incremento de la violencia en nuestro país.
El gobierno federal ha avanzado el la recomposición de la seguridad, pero ha venido socavando la tranquilidad de los estados, logrando convertir un problema federal en uno local.
Tenemos pues, el máximo logro de este gobierno, la transformación de la naturaleza de una guerra del ámbito federal transferido a la jurisdicción de las autoridades locales y municipales, dejándoles un estado de vulnerabilidad palpable. Es decir, de seguridad nacional a seguridad publica.
Lo mas terrible de esta situación, son los daños causados a la niñez la cual, parece pasar una infancia en la que se cambian los juguetes, las risas y la convivencia, por actos de imaginación que sugieren armas, guerras y muertes; acondicionándoles un nuevo mundo, sobre todo a las niñas y niños del norte del país.
Hasta octubre del año pasado, se contabilizaban mil 400 niños asesinados, según lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim; estos hechos han generado daños colaterales de un impacto negativo crítico.
Es común en el estado de Chihuahua y la zona fronteriza del país, escuchar frases como “los malos le dispararon a mi madre” y “los odio, los quiero matar”, propagando el rencor y un círculo vicioso en la población infantil, con graves repercusiones en la sociedad.
Según la revista Proceso, que da a conocer una declaración del ombudsman capitalino Luis González Placencia, se asegura que la guerra emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado ha dejado ya un saldo de 4 mil niños muertos.
Sumado a lo anterior, se citó un balance el cual arroja un saldo de 3 mil 700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por las bandas delincuenciales, en un escenario de 20 mil familias afectadas por la violencia.
Cifras por demás escalofriantes, lo anteriormente citado viene por los hechos ocurridos este pasado fin de semana en el municipio de Creel, en Chihuahua, en los cuales un menor de 6 años de edad fue encontrado sin vida con severos rasgos de violencia física, en los informes se dio a conocer que el menor presentaba quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, lo que habla de un acto desalmado y por demás inhumano.
A estos acontecimientos agreguémosle los ocurridos el pasado mes de Julio de este mismo año, en el cual un menor de 5 años de edad perdió la vida, al igual que su progenitor, en la ciudad de Camargo, Chihuahua, cuando un grupo de hombres fuertemente armados atacaron con armas de alto poder su camioneta.
Tampoco se debe pasar por alto los hechos que culminaron con la vida de José Antonio Elena Rodríguez y de Ramsés Barrón Torres, asesinados hace dos semanas y un año, respectivamente, por elementos de la patrulla fronteriza.
El estado de Chihuahua punteó el incremento de homicidios de niños con edades de 15 a 17 años; de 2007 a 2008 reflejó un 364 por ciento más de homicidios de esta índole, al pasar de 12.6 a 45.5 menores.
Lo anterior me obliga como portadora de la representación de mi estado y en calidad moral debida al compromiso social, pero sobre todo como madre, a manifestar una profunda preocupación ante la falta de garantías de los derechos a la protección e integridad de una vida plena de las niñas y niños del país, pero con un compromiso mayor por la niñez de mi estado, Chihuahua.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, para que se esclarezcan los asesinatos cometidos contra las niñas y los niños del estado y se castigue conforme a las leyes existentes en la materia.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado a indemnizar a las familias que han perdido a sus hijos e hijas, debido a los denominados “daños colaterales”, resultado de las acciones implementadas por el representante del Ejecutivo contra el crimen organizado.
Tercero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la Republica, y al gobierno del estado de Chihuahua a definir acciones preventivas que frenen el incremento en el índice de homicidios en contra de la niñez.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2012.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el desarrollo integral de la familia, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
Tania Margarita Morgan Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita crear Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país ha experimentado cambios profundos en distintos órdenes de la vida social, económica, política y cultural durante todos los tiempos, pero con mayor acentuación en los últimos 50 años.
Cabe destacar, por ser tema central del presente, que en el ámbito de la familia, las transformaciones han sido realmente notables.
Posterior a la revolución de 1910, los avances en materia de disminución de la mortalidad han sido muy considerables; Se tradujeron en una mayor supervivencia de la población y particularmente en los miembros del hogar, que junto a una alta fecundidad implicó que la familia típica mexicana, consistiera de una pareja con numerosa descendencia.
A partir de entonces, la configuración de las familias mexicanas ha sido objeto de diversas publicaciones, pronunciamientos, estudios y en sí ha generado una configuración diferente de la sociedad. Para propiciar dicha transformación, destacan los siguientes elementos:
- La edad media para contraer matrimonio aumentó en los hombres de 21.3 años a 24.1; mientras que en las mujeres fue de 24.4 a 26.1 años.
- El descenso de la fecundidad disminuyó de 6.6 a 2.2 hijos. Y según estudios prospectivos del Consejo Nacional de Población, en los próximos cincuenta años la natalidad descenderá hasta alcanzar 11 nacimientos por cada mil habitantes.
- La disolución de los contratos matrimoniales se duplicó un poco más del 6 por ciento.
- La incorporación del género femenino a la vida laboral.
- La expansión de la escolaridad entre niños y jóvenes y la expansión del control de los nacimientos.
La combinación de estos hechos advierte una amplia diversidad de estilos o tipos de hogares en México, así como de los arreglos familiares encabezados por una mujer o por el varón y del parentesco que hay entre aquellos que integran un hogar.
Independientemente de cuál sea el género que encabece los hogares, los arreglos familiares se agrupan en dos categorías. La primera de ellas, dispuesta de arreglos nucleares (pareja e hijos), extensos (el núcleo y otros parientes) y los compuestos (viven también personas no emparentadas). La segunda categoría, es integrada por los hogares unipersonales y los que son habitados por corresidentes.
La familia constituye el medio por el cual, los hijos o menores que habitan un hogar, son sujetos de la formación y de la información que los padres les brindan; éstos aprenden hábitos, conductas y actitudes para ir construyendo su propia visión de la realidad, misma que va de la mano con su crecimiento.
El fortalecimiento de los lazos entre los integrantes de la familia se propicia a través de la comunicación y el diálogo. A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, como producir, donde trabajar y a que dedicarse; como relacionarse con otras personas o grupos sociales; Propiciar que todos los integrantes nos sintamos como miembros de una nación, de respetar su cultura, de mantener las tradiciones aceptadas por todos, de generar conciencia sobre el cuidado de nuestro entorno, de la participación cívica y de la corresponsabilidad con la sociedad.
Es por eso que la familia tiene influjo determinante en la sociedad entera.
Entre algunos de sus fines debe encontrarse la continuación responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y el perfeccionamiento de la persona y la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida ordenada y suficiente. Corresponde a la familia la preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso al Estado.
El Estado tiene la función esencial de hacer posible y de facilitar el cumplimento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política; por lo que ambos deben cooperar estableciendo orden en la sociedad y cumpliendo las tareas fundamentales de orientar y educar social y políticamente a sus miembros. Este debe crear condiciones educativas, económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social que estimulen la responsabilidad y energía de las familias. En sus relaciones con la familia, el Estado, también debe respetar el principio de subsidiariedad y garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos.
Por lo tanto el papel del Estado frente al de las familias es y debe ser de interés para todo el ámbito gubernamental sin excluir al Poder Legislativo. Hay que comprender cuál es el papel que juega la familia en México, ya que no debe concebirse como un ente aislado, sino como eje, motor y fundamento de la dinámica nacional.
La Ley General de Salud incorpora en su artículo 172 a un organismo público que es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y le otorga como objetivo, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la promoción sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas.
Mientras que la Ley de Asistencia Social en su artículo 27 lo concibe como un sistema con patrimonio y personalidad jurídica propios. Además, de las atribuciones y otros ordenamientos jurídicos que se enmarcan en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Las atribuciones/obligaciones del Estado, no terminan su relación con la asistencia social y con el desarrollo integral de las familias en los apartados mencionados en el párrafo anterior, sino que también ejecutan acciones desde diversas áreas de la administración pública federal, las cuales tienen una incidencia directa en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; en el respeto y cuidado de los derechos de los y las niñas de México; en el apoyo subsidiario a las madres embarazadas, en velar por los derechos de los migrantes, a las víctimas de explotación, maltrato, comercio sexual y trata de personas. En asistir a los adultos mayores.
La configuración de la familia mexicana a la que hicimos referencia en los primeros a aparatados del presente, mas las condiciones relativas a la situación de la pobreza, de la salud, de la alimentación y de la educación que privan en México el escenario adquiere una complejidad notable.
Desde mi punto de vista, son más o menos evidentes un conjunto de problemas sociales que se agudizarán, en el futuro próximo, en torno a la familia. Se debe pensar, por ejemplo, en el aumento de los adultos mayores y su implicación en términos de seguridad social para los próximos años. Se debe pensar que el caso mexicano de envejecimiento poblacional se encuentra acompañado de un conjunto de condiciones estructurales que aún impiden el que se dispare un plan general de desarrollo humano y social continuo y sólido. Se debe pensar en el incremento de la unión libre, las madres solteras y el número de personas separadas.
Una reconsideración de la familia como comunidad de personas que desempeñan ciertas funciones sociales (las mencionadas) permitirá que el propio Estado piense, provea y diseñe estrategias para que de manera subsidiaria y no paternalista, otorgue la seguridad social hasta se considere suficiente; elabore una política pública y una legislación que reconozca la soberanía de las familias y la tome como parámetro principal en su diseño para ayudar a que lo social adquiera verdadera condición sustantiva en el modelo de desarrollo, quedando entonces, al servicio de los rostros reales que integran a las familias reales.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo por él se cual se cree una Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, bajo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante los diputados y diputadas integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial para el desarrollo integral de la familia, en virtud de lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los partidos en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias. Además de poder contar con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La duración de los trabajos realizados por la comisión especial será hasta agosto de 2015. Sin omitir la posibilidad de que una vez que se cumpla el objetivo por el cual fue creada, se extinga de manera anticipada.
Notas
1 La familia y su futuro en México. Rodrigo Guerra López. Revista Bien Común, Fundación Rafael Preciado Hernández.
2 Libro “Respuestas” Temas de Apoyo; Partido Acción Nacional.
3 Encuesta Nacional de Dinámica Familiar 2011; DIF Nacional.
4 Diagnóstico de Familia con base en la ENDIFAM 2011.
5 Niveles Socioeconómicos en México. Instituto del Investigaciones Sociales S.C.
6 www.conapo.gob.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Consideraciones
1. En últimos años, la industria vitivinícola mexicana ha tenido un auge importante, haciendo de esta industria parte de las de mayor crecimiento y con escaso apoyo gubernamental, a pesar de ello, esta industria genera empleos y un número importante de recursos para la federación, haciéndola importante para la economía nacional.
Dentro del Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados decidió en la pasada legislatura establecer una comisión especial de impulso al desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, misma que tuvo como eje rector la atención de los problemas inmersos en esta y la representación de los diversos actores que componen la cadena productiva de este sector.
Como parte principal de los trabajos de la pasada comisión especial, se desarrollaron importantes vínculos entre los presidentes de los comités estatales de los sistemas producto vid y de las asociaciones estatales de vitivinicultores con esta Cámara de Diputados, a su vez, los productores nos han expresado sus deseos para que esta legislatura retome y continúe con los trabajos realizados en años anteriores, mediante la realización de foros de consulta, cumbres de estudio e integración, así como la organización de este sector.
Este sector demanda apoyos gubernamentales y ha trabajado de manera conjunta con la pasada comisión especial de fomento al desarrollo de la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, mediante la presentación de una iniciativa con proyecto de Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, misma que se encuentra pendiente de votación ante el pleno de la Cámara de Diputados, toda vez que la Comisión de Economía de la LXI Legislatura envío ante este pleno el dictamen en sentido favorable y votado por unanimidad al interior de las comisiones turnadas.
De igual manera, este sector nos exige la creación de una comisión especial que le dé seguimiento a los acuerdos que se establezcan como parte del programa de trabajo de la misma, tales como el impulso a la industria vitivinícola, mediante la ley de fomento a este sector y los diversos programas que el gobierno federal destina para el sector primario y de transformación.
Actualmente los estados que tienen producción vinícola son Baja California, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Zacatecas, consecuentemente por prioridades de su producción.
En diversos foros los representantes de este sector productivo, han establecido prioridades en diversos temas, entre los que se encuentran: a) Apoyos para cosechar y cultivar una mayor cantidad de hectáreas destinadas específicamente a la producción vitivinícola; b) Protección para el uso de suelo de acuerdo a su vocación natural, y a su potencial crecimiento en cuanto al cultivo de la vid; y c) Aprobación de una ley federal de esta industria, que dote de certeza jurídica a este sector así como a los apoyos gubernamentales del mismo.
El sector vitivinícola en México es una de las industrias que más ha crecido en nuestro país, sin embargo, aún se encuentra en desventaja por el apoyo que reciben de los gobiernos en países como Chile, Argentina, Francia, España o Uruguay, todo este apoyo se ve reflejado en la relación de precio y calidad.
Los vinos mexicanos han obtenido más de 700 medallas internacionales, demostrando de sobra la calidad de nuestros vinos, de igual manera, debemos tener en consideración, la calidad en las regiones de México que producen vino y que han sido reconocidas por organismos internacionales, tal como ha sucedido con los diversos reconocimientos que la Organización Internacional de Vino (OIV) ha entregado a nuestro país, en materia vinícola nacional.
Para nuestro país es imperante el cultivo y cosecha de mayor número de hectáreas dedicadas a la vocación de uva vinífera, ya que resulta costoso el proceso de elaboración de caldos mexicanos, lo cual se agrava de manera significativa con la cantidad tan elevada de impuestos que paga el vino mexicano, mismos que son alrededor de 43 por ciento por botella, lo que se traduce en un producto final caro, a su vez, debemos agregar el tiempo que los productores deben dejar para poder elaborar un vino de consumo, mismo que se alarga hasta por 5 años a partir de la primer cosecha de la uva para vinificación, lo anterior debido a los altos índices de acidez que tienen estas uvas, de igual manera se debe aumentar el periodo de añejamiento que deben pasar los vinos en barricas para que finalmente pueda ser distribuido y vendido.
Existen diferencias significativas en México con relación a la producción de la Unión Europea, dónde se producen aproximadamente 36 mil millones de litros de vino, en tanto que en México producimos únicamente alrededor de 45 millones de litros anuales.
Por otra parte, se encuentra aún pendiente de votación el dictamen con proyecto de Ley Federal de Impulso a la Industria Vitivinícola, misma que se quedó agendada en el último orden del día de las sesiones del pleno, y desde dónde se establece que el impulso a esta industria, tiene su fundamento legal en el artículo 25 constitucional, ya que el Estado tiene el deber de fomentar el crecimiento económico y el empleo, para lo cual, planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.
Asimismo, se establece que el fomento de las actividades de esta industria se encuentre acorde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual se establece el deber de incrementar acciones que den certidumbre a las actividades de los sectores económicos. Dicha certidumbre, según el PND, sólo puede lograrse por medio de un marco jurídico que regule con transparencia y certeza las relaciones sociales y actividades productivas, así como con un sistema institucional adecuado, que permita la actuación de los actores económicos y pueda regular y ordenar los mercados.
Igualmente, se establece en el Plan Nacional de Desarrollo la obligatoriedad para fortalecer la oferta de los productos mexicanos mediante la promoción comercial de los mismos.
Las diputadas y los diputados tenemos la obligación de seguir los lineamientos legales que nos imponen nuestro marco normativo, garantizar a nuestros representados que sus solicitudes se evaluarán al interior de los órganos de la Cámara de Diputados y dar respuesta a sus necesidades mediante el uso de nuestras facultades.
Es por ello que se considera necesaria la creación de una comisión especial desde esta Cámara de los Diputados, que tenga como objetivo velar por la industria vitivinícola nacional, así como darle seguimiento a las políticas encaminadas al sector y la aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, por lo cual se propone que dicha comisión tenga una duración de por lo menos dos años y medio.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dentro del ámbito de su competencia cree la Comisión Especial para impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos Derivados de la Vid.
Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que la presente se inserte de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a implantar acciones para completar la certificación de policías estatales y municipales antes de este 15 de diciembre, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Alicia Concepción Ricalde Magaña, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo a implementar las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, como lo mandatan los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fin principal salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, de acuerdo con los Artículos 21, 73 Fracción XXIII y 115 Fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Constitucionalmente, se establece que el Estado, a través de las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.
3. Para ello se necesita, entre otros aspectos: la actuación legal e imparcial de la autoridad y de los cuerpos policiacos, el respeto a las instituciones, la confianza de la población en la autoridad y el respeto a la corporación policial, la cooperación de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad pública y la capacitación adecuada de los cuerpos policiacos.
4. A lo largo del tiempo, la policía ha sido identificada como un órgano represor, brazo ejecutor de la ley, y organismo encargado de velar por los intereses de quienes ostentan poder social, económico o político, antes que por la seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en general.
5. Como institución, fue una de las bases más importantes y fuertes del régimen autoritario que caracterizó a nuestro país durante la mayor parte del siglo XX, razón por la cual hoy en día nos encontramos con instituciones policiales anquilosadas, con estructuras que siguen trabajando como en el viejo régimen y que no responden a las necesidades sociales e incluso políticas del país.
6. Uno de los ejes fundamentales en la conducción de las políticas al día de hoy, se refiere a la concreción de un Estado de Derecho en el que sea posible garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y para este punto la policía, como aquel órgano que permitirá la recuperación de la seguridad pública.
7. Para los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el congreso de la unión y las legislaturas de los estados, la reforma policial es un asunto de la mayor importancia, ya que el incremento de la inseguridad se vincula, entre otras cosas, con la ineficiencia de las instituciones policiales.
8. Esta preocupación está reflejada en los documentos que guían la actuación del gobierno federal, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al dedicar un eje del mismo a desarrollar los planteamientos que permitirían restaurar el Estado de Derecho.
9. En este sentido, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fecha 11 de diciembre del 2008, se busca hacer frente a esta exigencia y necesidad de la población, para confiar de nuevo en policías preparados, capacitados y conscientes de su papel, ante una nueva sociedad, más informada y por ende más exigente.
10. Para ello el legislador plasmó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios que:
“Tercero. De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.”
“Cuarto. Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
11. Como podemos observar, el mandato es claro y contundente, de ahí la preocupación del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, porque las entidades federativas lleven a cabo de manera puntual lo establecido en la Ley, pero sobre todo por parte del estado de Quintana Roo, quien se encuentra en niveles críticos de certificación.
12. Según datos oficiales, obtenidos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo y sus 10 municipios se convertirían en el primer estado del país que tendrían que separar de sus cargos al 90 % de los policías. Esto debido a que de enero de 2010 al 31 de julio de 2012, las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo han evaluado al 15 % de sus mandos y al 5% de los policías operativos. (Ver cuadro 1)
13. Pero además, con base a las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) que el gobierno federal le entregó a Quintana Roo en 2010, arrojó que las autoridades estatales no han venido utilizando adecuadamente el recurso y detectaron una serie de irregularidades relacionadas, entre otras cosas, con la evaluación de policías estatales y municipales.
14. Por otra parte, la Auditoria concluyo que aún cuando en 2009 y 2010, los recursos asignados para la creación y operación del Centro Estatal de Control de Confianza oscilaron en los 5.2 y 4.4 millones de pesos, respectivamente, el organismo se encontraba en la etapa inicial del proceso de certificación y acreditación, por lo que estaba trabajando parcialmente y sin poder emitir certificados.1
15. Para el mes de marzo de 2011, se inauguró el Centro Estatal de Evaluación y Confianza (C3), pero aún cuando ya existe este organismo, los avances han sido muy pobres, por no decir casi inexistentes.
16. En el mes de agosto del presente, el presidente de la república hizo una visita a Quintana Roo y toco el tema, manifestando que: “Hay estados que van muy bien, avanzando más de la mitad de sus exámenes de control de confianza, pero hay otros que no han terminado de establecer su Centro de Control de Confianza, como, desgraciadamente, es el caso de Quintana Roo.”
17. De ahí que el miércoles 29 de agosto, el gobernador de Quintana Roo, respondió a los señalamientos del presidente Calderón, al declarar ante medios locales que era un error que ubicaran a su estado en el último lugar en materia de certificación policiaca, pues habían practicado exámenes toxicológicos al 40% de sus policías. Lo que no aclaró el ejecutivo estatal es que hasta que no completen el resto de las fases no se puede completar la evaluación integral, que comprende exámenes psicológicos, de entorno social, de consumo de drogas y de polígrafo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Quintana Roo, a implementar las acciones necesarias para completar el proceso de certificación de policías estatales y municipales, antes del 15 de diciembre del presente año, como lo mandatan los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nota
1 Informe y Observaciones a la Cuenta Pública 2010, Auditoria Superior de la Federación, México, 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2012.
Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)
Efemérides
Con motivo de la conmemoración de la constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
El pasado 27 de octubre se conmemoró la fundación del estado, del cual tengo el honor de provenir y de representar a este recinto: el estado de Guerrero.
El único, cuyo nombre se eligió en honor a un ex presidente de la nación, el general Vicente Guerrero, por su incansable labor e innegable contribución al logro de nuestra Independencia. Uno de los primeros en responder al llamado de la Independencia y en gestar la consolidación de la nación como un estado liberal y federalista. Y un activo militante de la lucha de la Revolución en favor de la causa campesina y los derechos y la justicia sociales.
Los hombres y mujeres de Guerrero han sido responsables y partícipes, directa o indirectamente, de los cambios sociales y políticos de la más alta trascendencia para la consolidación y evolución de nuestra nación como un estado democrático.
Y, sin embargo, a más de 200 años de la Independencia y más de 150 de su fundación como estado integrante de ésta, la nación mexicana, los guerrerenses y las guerrerenses siguen en espera de los frutos de esas victorias, siguen teniendo sed de justicia, igualdad y oportunidades dignas de desarrollo.
Concretamente, el sur de México fue un espacio representativo y decisivo tanto para el levantamiento, como para la consumación del movimiento de Independencia: sólo quince días después de iniciado el movimiento, se levantaron en armas los primeros insurgentes en Tepecoacuilco, donde ya funcionaba una junta revolucionaria encabezada por Valerio Trujano. A fines de ese año, fueron fusilados los primeros insurgentes caídos en el territorio suriano.
A la muerte de Morelos, quien apoyado por las bravas huestes sureñas logró integrar un importante contingente con la colaboración de José María Izazaga, de Coahuayutla; de los hermanos Galeana de Técpan y de Juan N. Álvarez, de Atoyac; el segundo momento más importante de la lucha fue dirigido por un sureño, el general Vicente Guerrero.
La bandera de la insurrección en un periodo de resistencia a cargo de la guerrilla permitió mantener vivo el deseo de la libertad e independencia y recobrar la iniciativa militar en varios frentes, hasta que culminó la patriótica empresa de convertirla en realidad en 1821.
En este contexto, los intentos por conformar el estado sureño fueron diversos. El primero, en 1810, en el que Morelos hizo conocer a sus tropas la intención de erigir una provincia en el sur del país llamada Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, con territorios de las intendencias de México, Puebla y Valladolid.
El segundo, en 1823, a cargo de los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Pero no fue sino hasta 1848 que se puso a consideración de los estados afectados –México, Puebla y Michoacán– la propuesta de erección de la entidad con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco.
Los estados de México y Puebla aceptaron ceder el territorio solicitado, pero Michoacán se pronunció en contra, lo que provocó que Tierra Caliente protestara decidiendo pertenecer al estado en gestación, de tal forma que el 25 de febrero de 1849 fue suscrita en Coyuca un acta de adhesión al nuevo estado, mientras que Tlapa y Costa Chica se sublevaron también en apoyo a la formación de la entidad. Ante esta situación, el presidente José Joaquín de Herrera intervino como mediador y el 15 de mayo de 1849 envió al Congreso la iniciativa para crear el estado de Guerrero.
La Cámara de Diputados recibió esta propuesta y el 20 de octubre del mismo año aprobó el decreto, y seis días después, lo aprobó la Cámara de Senadores.
El 27 de octubre de 1849, en solemne sesión, la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero, y Juan N. Álvarez fue designado, provisionalmente, comandante general.
Fue así que nuestra entidad surgió en un periodo histórico de profundas convulsiones políticas y sociales en el país y es, sin duda, un claro ejemplo de la importancia que tuvieron las movilizaciones campesinas locales en la construcción del Estado-nación mexicano. Lo anterior, debido a que su carácter local trascendió el ámbito regional y logró impactar al nacional al hacer resonar las demandas en contra de las decisiones de gobiernos centrales que afectaban sus autonomías y capacidad de ciudadanía. Preocupaciones que, debemos reconocer y subrayar, siguen vigentes casi dos siglos después.
Ya como estado, Guerrero fue también importante en la Revolución de Ayutla, concebida, peleada y consolidada precisamente en su territorio, y la cual habría de marcar el triunfo del Partido Liberal antes de la Guerra de Reforma y la llegada al poder nacional de las fuerzas regionales sureñas.
Igualmente importante fue su participación en la Revolución Mexicana. Personajes como Octavio Bertrand y los hermanos Figueroa lograron consolidar un proyecto político antirreeleccionista en la entidad, y pasaron de la lucha ideológica a la agitación política y, finalmente, a la insurrección armada.
La Revolución en Guerrero no fue un movimiento armado ocasional de inconformidad, sino la ocasión propicia para los guerrerenses de sumarse a la rebelión contra la imposición, el despotismo y en pro de la conquista de mejores condiciones de vida. La insurrección trajo consigo la oportunidad de continuar la tradición de lucha por la autonomía local, iniciada por los Álvarez contra el poder del Estado nacional.
Hoy, a más de 150 años de su formación y contrario a lo que dictaría el sentido común y de justicia histórica, Guerrero ocupa el segundo lugar en porcentaje de población en pobreza, incluyendo pobreza extrema, sólo después de Chiapas, y es la primera entidad cuya población presenta mayor número de carencias sociales, es decir, donde la pobreza es más profunda.1 Es, asimismo, el estado cuyos habitantes viven con los mayores niveles de marginación.2
Estos datos reflejan, pues, que la federación no ha sido lo suficientemente solidaria con las contribuciones que nuestro estado ha realizado a la conformación de la nación. Y nos habla, al mismo tiempo, de la urgencia inaplazable de traducir la vulnerabilidad, el atraso y el olvido en que muchos guerrerenses viven, en un presupuesto más justo y equitativo.
Pero también nos habla de la conveniencia de revalorar, desde esta óptica presupuestaria, su vocación turística y riqueza cultural, así como su carácter potencial como generador de desarrollo económico y de destino de inversión.
El próximo inicio de la discusión del presupuesto de Egresos de la Federación debe hacernos reflexionar a todos los legisladores, no sólo a los guerrerenses, en torno a la conveniencia, ya sea por razones de justicia o por razones estratégicas, de dirigir más recursos a este maravilloso estado y saldar así la deuda que la nación, en su conjunto, tiene con él.
Notas
1 Informe de pobreza en México el país, los estados y sus municipios 2010. Coneval, 2012.
2 Índice de Marginación 2010. Conapo, 2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2012.
Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)
Loading