Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3627-III, jueves 18 de octubre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a detener las licitaciones sobre contratos de parques eólicos en curso y las programadas para el futuro próximo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Rosendo Serrano Toledo, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Asamblea de Comuneros de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, aprobó en 2009 un ordenamiento territorial que incluye el desarrollo de un proyecto eólico comunitario. La propuesta supone una solución constructiva de los problemas ocasionados por el modelo eólico actual, que transfiere el control y usufructo sobre la tierra a empresas extranjeras, mientras que las comunidades apenas si reciben beneficios pese a que casi toda la tierra es de propiedad social (ejidos y comunidades).
Este modelo alimenta conflictos sociales: en el istmo de Tehuantepec se han realizado centenares de bloqueos y protestas contra parques eólicos, con consecuencias graves, como la de un muerto y varios heridos. Los conflictos se intensifican, lo que aumenta el riesgo de los proyectos y, por tanto, el coste de su financiamiento y de la energía producida.
El modelo eólico comunitario, en contraste, garantiza el control de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios y da a las comunidades un papel central en los proyectos, convirtiendo la energía eólica en motor de prosperidad. El modelo ha tenido gran éxito en Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá y Japón, entre otros países, donde con base en políticas adecuadas las comunidades han demostrado ser las promotoras de proyectos eólicos más efectivas, dinámicas y competitivas. El modelo comunitario genera gran aceptación social, lo que multiplica los proyectos, reduce riesgos y permite obtener financiamiento en condiciones óptimas.
En México, los proyectos comunitarios pueden ser la clave para la transición a un sistema energético democrático y participativo, donde la energía limpia sea motor de desarrollo social. La comunidad de Ixtepec han dado todos los pasos necesarios (estudios, permisos y otros factores) para instalar un parque eólico comunitario de 102 MW en los terrenos comunales de Ixtepec, al lado de la subestación eléctrica Ixtepec Potencia. El proyecto contará con financiamiento de inversionistas sociales, de tal modo que la mayoría de los beneficios generados se invertirá en el desarrollo social de Ixtepec y en replicar el modelo eólico comunitario en otras comunidades.
El proyecto eólico comunitario será realizado con base en una forma legal que todavía no hay en México, llamada Community Interest Company (CIC) Limited by Guarantee. Las CIC son propiedad de sus fines sociales de beneficio comunitario, a cuya realización tienen que dedicar todos sus activos, como es el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones. Pero a diferencia de éstas, las CIC pueden llevar a cabo actividades con fines de lucro para financiar sus fines sociales y devolver financiamiento.
El proyecto eólico comunitario generará un fideicomiso de desarrollo comunitario que financiará el desarrollo social y productivo de Ixtepec, con base en una estrategia de diversificación económica y formación de capacidades humanas de excelencia. Asimismo, generará un fondo de garantía e inversión para respaldar la propiedad comunitaria de los activos y replicar el modelo en otras comunidades. Esto es posible gracias a un esquema de financiamiento específico, basado en créditos blandos con objetivos sociales, sin que tenga lugar una transferencia de acciones a los financiadores.
Para llevar a cabo este proyecto se requiere un contrato adecuado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene el monopolio de la electricidad para el servicio público. Cuando la comuna de Ixtepec comunicó a la CFE su propósito de instalar un proyecto eólico comunitario, en el contexto de la negociación para instalar en sus tierras la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, la CFE no consideró la propuesta. La comuna de Ixtepec, sin embargo, siguió adelante con el proyecto, en colaboración con Grupo Yansa, la organización que trabaja en esta visión con la comunidad de Ixtepec desde 2009.
Como parte del proceso preparativo, se llevaron a cabo múltiples reuniones con la CFE y Secretaría de Energía. Desafortunadamente, la promesa del secretario de Energía, Jordy Herrera, de celebrar el contrato para el proyecto eólico comunitario como proyecto piloto de esta naturaleza no se materializó. Por tanto, quedó únicamente abierta la vía de la licitación para obtener el contrato con la CFE.
Actualmente hay dos licitaciones en marcha a fin de adjudicar contratos para parques eólicos. Una convocatoria, denominada “Sureste I Fase I”, adjudicará 200 MW, divididos en varios contratos. La otra, “Sureste I Fase II”, adjudicará un solo contrato, de aproximadamente 100 MW, y agotará la capacidad de transmisión bajo control de la CFE disponible en el istmo.
La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) da a la CFE gran autonomía para definir las bases de licitación. Por tanto, la CFE ha decidido ignorar los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que reducen las barreras de acceso a los procesos de licitación, e incluir en las bases los siguientes requisitos para que una propuesta sea considerada:
• Obligación de presentar una carta de crédito o aval líquido de 7 millones de dólares estadounidenses.
• Obligación de presentar estados financieros que demuestren que el licitante, o un miembro del consorcio con una participación mínima de 20 por ciento del accionariado, cuenta con al menos 548 millones de pesos en capital contable.
• Compromiso de cubrir los gastos incurridos por la CFE y el Fideicomiso 2030 con relación a un sitio opcional al que no optará el parque comunitario, lo cual viola el Reglamento de la LSPEE.
Estos requisitos suponen una barrera infranqueable para la participación de un proyecto comunitario. La obligación de presentar una garantía previa de 7 millones de dólares es ilegal de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, pero el Reglamento de la LSPEE permite que la CFE la exija si lo considera oportuno.
La obligación de dar una participación de 20 por ciento a un socio capitalista supone una negativa al esquema de financiamiento con créditos blandos de los parques comunitarios. Al verse forzada a adoptar una estructura de accionariado determinada por aportaciones de capital, la comunidad verá su papel diluido por no contar con más capital que los terrenos, quedando en una posición marginal.
Se ha explicado a la CFE en repetidas ocasiones que el acceso al capital social para el proyecto comunitario está condicionado a que el proyecto gane la licitación, y hemos solicitado formalmente en todas las juntas de aclaraciones que se eliminen estas barreras arbitrarias y discriminatorias. La CFE ha decidido mantenerlas, restringiendo así la participación en la licitación a propuestas comunitarias, y haciendo el contrato accesible únicamente a empresas multinacionales.
Adicionalmente, para participar en la licitación Sureste I Fase I es necesario tener derecho de acceso a la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, derecho que la CFE no reconoce a la comunidad de Ixtepec, pues vendió los derechos sobre la subestación a seis empresas (cuatro de ellas españolas). La convocatoria está hecha a la medida de éstas, pues nadie más puede participar.
Al negar a las comunidades campesinas dueñas de los territorios donde se instalan los proyectos eólicos la posibilidad de obtener contratos, la CFE viola derechos recogidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en convenios internacionales, y en el derecho agrario. Contradice asimismo la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, según la cual todos los proyectos de más de 2.5 MW tienen que aplicar las mejores prácticas internacionales para promover el desarrollo social en la comunidad. Según la Asociación Mundial de Energía Eólica, dichas mejores prácticas corresponden a los proyectos comunitarios.*
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a detener los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso (Sureste I Fase I y Fase II, con números de procedimiento LO-018TOQ054-T11-2012 y LO-018TOQ054-T12-2012), así como los programados para el futuro próximo, hasta que se hayan adaptado las bases de licitación para facilitar la participación de propuestas comunitarias.
Nota
* Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Artículo 21. Los proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables con capacidad mayor de 2.5 megawatts procurarán
I. Asegurar la participación de las comunidades locales y regionales, mediante reuniones y consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, ejidales o comunales; en dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos en el desarrollo social de la comunidad;
II. Según se convenga en el contrato respectivo, pagar el arrendamiento a los propietarios de los predios o terrenos ocupados por el proyecto de energía renovable; la periodicidad de los pagos podrá ser convenida con los interesados, pero en ningún caso será inferior a dos veces por año;
III. Promover el desarrollo social en la comunidad en que se ejecuten los proyectos de generación con energías renovables, conforme a las mejores prácticas internacionales, y atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Rosendo Serrano Toledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y de la Conapesca a liberar los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura para Yucatán, en particular en su componente “Sustitución de motores marinos ecológicos”, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Mauricio Sahuí Rivero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fin de que liberen los recursos concernientes al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Exposición de Motivos
México es uno de los países que cuenta con una gran extensión de litorales. De acuerdo con datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nuestro país tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales a lo largo de la República Mexicana, lo cual significa un gran potencial en recursos del mar.
Aunado a lo anterior, nuestro país ocupa el cuarto lugar en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina. De igual forma nos encontramos dentro de los 20 lugares en producción pesquera a nivel mundial, y en la posición 26 en acuacultura.
En México las familias que se dedican a esta actividad primaria son principalmente de escasos recursos, algunas de ellas llevan a cabo su actividad para beneficio propio y otras trabajan para terceros. Sin embargo, la gran cantidad de pescadores que existe en el país se ve afectada por la carencia de recursos materiales para llevar a cabo sus actividades.
En algunos estados, y principalmente en algunos municipios, la pesca es una de las actividades consideradas de mayor importancia para el fortalecimiento de su economía, así como el sustento alimenticio para muchas familias. Por otra parte, para otros es una tradición que viene de generación en generación y se vuelve parte del quehacer cotidiano y una actividad económica para salir adelante.
El estado de Yucatán, al día de hoy cuenta con 373 kilómetros de litorales, que representan 10 por ciento de la línea litoral total del Golfo de México y el mar Caribe. Su plataforma continental es de las más amplias en el país con una superficie de 37 mil 344 kilómetros cuadrados de extensión y su mar territorial es de 6 mil 792.
Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán, se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente el pepino de mar. Es preciso señalar que la pesca de langosta de los estados de Yucatán y Quintana Roo representa poco más de 25 por ciento de la pesca a nivel nacional, lo mismo sucede con el pulpo que en la actualidad arroja volúmenes de poco mas de 18 mil toneladas.
Asimismo, los principales puertos de actividad pesquera del estado se ubican en la zona oriente (Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González); Zona Centro (Telchac Puerto, Progreso y sus comisarías costeras) y la zona poniente (Sisal y Celestún), y se cuenta actualmente con poco mas de 15 mil pescadores, los cuales se encuentran divididos en 3 grupos siendo estos: socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.
Ante ello, la federación y los estados destinan recursos a este sector con el objeto de fortalecer la producción y desarrollo de las actividades pesqueras, pero siempre son insuficientes debido a la demanda que tiene esta para la sociedad, prueba de ello son los programa federales que se ejercen a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De los programas autorizados para este año, la Sagarpa contempla diversos componentes, uno de ellos es el denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, el cual lo ejerce directamente la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con recursos ya autorizados y que año con año se habían estado ejerciendo de forma correcta.
El Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 11 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, otorgó a la Sagarpa específicamente en el anexo 7 el monto de 25, 635,478 millones para el programa denominado Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el cual se incluye el componente denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.
Por lo que se refiere a los recursos de dicho componente, al estado de Yucatán ya se le habían autorizado, toda vez que se le dio apertura a las ventanillas para recibir las solicitudes, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma y posteriormente aprobadas, adquiriendo la autoridad una obligación frente a los beneficiarios los cuales hasta el día de hoy nos les dan una solución, alegando la autoridad que ya no se tienen los recursos para dicho programa en Yucatán, entre otras cosas.
En ese sentido, las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y sin tintes políticos, ya que al día de hoy contamos con un gran número de pescadores en espera de la entrega de sus motores para poder promover el desarrollo de los mares y generar empleos, pero vemos que es imposible con autoridades que no tienen sensibilidad ante las circunstancias de los que menos tienen.
Por ello, en el Poder Legislativo tenemos una responsabilidad con todos los sectores de la sociedad, en especial por el firme compromiso que hicimos con la sociedad de responder a sus necesidades más apremiantes y es por ello que exhortamos al Ejecutivo federal con el fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa y sean beneficiadas las personas que ya han sido aceptadas en el mismo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputados. Mauricio Sahuí Rivero, María del Rocío Corona Nakamura, Adriana Hernández Íniguez, Salvador Arellano Guzmán, Sergio Armando Chávez Dávalos, Ossiel Omar Niaves López, Eduardo Roman Quian Alcocer, Maricela Velázquez Sánchez, Marco Antonio Barba Mariscal, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbricas).
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a realizar acciones conducentes a reducir el peaje de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera: Que con fecha jueves 26 de abril del 2001 ante el pleno de la honorable LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenté el punto de acuerdo por concepto de cuotas por el uso de la Autopista del Sol, derivado del implemento de un programa piloto que establecía un descuento del 22% en determinados días de la semana.
Segunda: Que por acuerdo de fecha 26 de abril del 2001 el presidente en turno de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó esta propuesta a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Hacienda, sin resultado alguno.
Tercera: Once años después, el peaje sigue incrementándose desmesuradamente, apenas hace unas semanas, de manera pública en los distintos medios de comunicación electrónicos e impresos, se dio a conocer el nuevo incremento a las tarifas que por concepto de cuotas se cobran a los usuarios de la Autopista del Sol México-Acapulco.
Cuarta: Toda vez que en el estado de Guerrero, la actividad turística representa la principal fuente de ingresos y desarrollo. Los principales destinos turísticos de la Entidad, como son el Puerto de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, generan la mayor captación turística haciendo de dicha actividad el sector más importante de percepción de ingresos.
Quinta: Que los costos tan elevados por concepto de cuotas por el uso de la Autopista del Sol que une los destinos de México con el Estado de Guerrero, representan una disminución importante del afluente turístico del Estado, en razón de que hoy día cuando una persona decide trasladarse el fin de semana del Distrito Federal al Puerto de Acapulco, paga por transitar el tramo carretero de referencia el viaje redondo, la cantidad de 990 pesos por concepto de cuotas, sin considerar las erogaciones respectivas realizadas por el pago de la caseta, mejor conocida como maxitúnel con un costo total de 176 pesos y el rubro de combustible, costos que en suma en algunas ocasiones podrían resultar un gasto mayor que el de un boleto de avión.
Sexta: Ante la medida tomada del incremento a las tarifas que por concepto de cuotas se cobra a los usuarios de la Autopista del Sol México-Acapulco, los Guerrerenses y los mexicanos exigimos que disminuya el costo de peaje de la Autopista del Sol hasta un 50%, ya que las actuales tarifas tienen como consecuencia que un importante sector de la población deje de asistir al Estado de Guerrero disminuyendo de manera importante el aforo turístico que representa una transcendental derrama económica para el Estado.
Séptima: Que de conformidad con lo establecido por el artículo 49 de la Ley General de Vías de Comunicación, es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocer de las tarifas y sus elementos de aplicación a través de la Comisión Consultiva de Tarifas.
Octava: Que en términos de lo establecido por el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el artículo 15 de la Ley de Planeación, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer las bases y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal.
Novena: Que corresponde al organismo descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, proponer a las autoridades competentes, las tarifas que se aplicarán para la explotación de las vías y los servicios que presta en términos de lo establecido por el artículo 1º fracción III del decreto de creación del organismo de referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de 1963.
Décima: Para apoyar al municipio de Acapulco en su reactivación turística, resulta indispensable reducir el peaje de la autopista e incentivar las visitas al puerto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realicen las acciones conducentes para reducir el peaje de la Autopista del Sol.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que por el SAT preste en Manzanillo, Colima, el servicio de expedición por primera vez de la firma electrónica avanzada, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
La diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria preste el servicio de la expedición de la firma electrónica avanzada en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para quienes por primera vez requieran realizar dicho trámite, tomando en cuenta la actividad económica y demográfica de esta ciudad y puerto, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Manzanillo fue el tercer puerto que fundaron los españoles en el Pacífico de nuestro país en el año 1522, por el capitán Gonzalo de Sandoval quien lo nombró puerto de Tzalahua. Su nombre actual proviene de un frondoso árbol de manzanilla, de donde los lugareños tomaron el actual nombre de “Manzanillo”.
El puerto de Manzanillo se encuentra localizada entre los 103º59’ y 104º44’ de longitud oeste y los 18º53’ a 19º 18’ de latitud norte, con una altura sobre el nivel del mar de 4 metros en el malecón, delimitándose al sureste con el municipio de Armería, al sur con el Océano Pacífico, al noreste con el municipio de Coquimatlán, al norte con el municipio de Minatitlán, y al noreste y oeste con el estado de Jalisco. A esta ciudad también lo conforman 3 bahías (Manzanillo, Santiago y Cenicero), siendo las dos primeras las que registran mayor afluencia de turistas.
Asimismo, el municipio de Manzanillo es considerado como uno de los más poblados del estado de Colima, cuenta con 161,420 habitantes, que corresponde al 28.3 por ciento de la población estatal, seguido del Municipio de Colima que tiene 146, 904 habitantes, lo que representa el 25.01 por ciento de la población estatal, de acuerdo a los datos del Inegi 2010.
Es importante mencionar que la tasa de actividad en el municipio de Manzanillo es de cada 100 personas en edad laboral, 61 se encuentran económicamente activas, de acuerdo con los resultados arrojados por el mismo Inegi en 2010. En este sentido el puerto de Manzanillo tiene como actividad fundamental el comercio, llevando a cabo la transferencia de parte importante de las mercancías de las regiones occidente, del Bajío y centro del país, regiones cuya producción representa más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto del país y que cuentan con una población equivalente al 47 por ciento de la nacional. En el plano internacional, es un puerto estratégico para el comercio con los países de la Cuenca del Pacífico y el trasbordo de cargas provenientes de Centro y Sudamérica, así como del litoral Pacífico de Estados Unidos y Canadá. Estas características hacen que el Puerto de Manzanillo sea un líder nacional en manejo de carga contenerizada, movilizando cerca de 1.4 millones de contenedores. En el ramo económico en que se encuentran la actividad portuaria, transportes, correos y almacenamiento, tienen la segunda mayor contribución al PIB estatal, de un 13.2 por ciento, después de las actividades relacionadas con la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, que tienen un 62.8 por ciento. Cabe señalar que en Manzanillo se encuentra la termoeléctrica Manuel Álvarez de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que abastece de energía a ocho estados del país y cuyo excedente se transfiere a la red nacional. Además, está en operación una regasificadora de gas natural licuado también de la CFE, que genera más de 1,500 empleos directos a nivel estatal, y en proceso de operación un gasoducto hacía Guadalajara, Jalisco.
Por otra parte, el sector de la manufactura aporta el 5.3 por ciento del PIB estatal, en tanto que las actividades económicas primarias, como lo son la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza, contribuyen con el 1.7 por ciento de la economía estatal. En este sentido, cabe señalar que en el municipio se ubican importantes empresas productoras y procesadoras de productos primarios que exportan a diversos países del exterior.
El comercio al por menor y al por mayor y los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas se encuentran ligados a las importantes actividades turísticas del municipio, significando conjuntamente 10.7 por ciento del PIB estatal. Por otra parte, la concurrencia vehicular en la carretera de Manzanillo-Cihuatlán, del kilómetro 36+325 al 43+600, circulan diariamente más de 15 mil autos, lo que significa que beneficia en mucho al puerto, aunado a que representa un punto para la realización de diversas actividades comerciales y facilita el intercambio económico entre Jalisco y Colima, que colabora con el desarrollo turístico de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el desarrollo de las comunidades San Juan 4 Vientos, El Chavarín, Sayulita y La Ciénega que se ubican a lo largo de esta vía. Asimismo se tiene registrado que transitan alrededor de 11 mil autos que corresponden a los municipios aledaños que conforman el estado de Colima y que acuden a la ciudad de Manzanillo puesto que ahí se encuentra su trabajo, ya sea por la regasificadora, las agencias aduanales, las empresas de comercio o micro empresas, los hoteles, las industrias así como por las labores propias del puerto.
Con respecto al turismo en este municipio, ha ido en crecimiento en estos últimos años; sin embargo, la mayor afluencia de visitadores es conocida como turismo de negocios, por lo que aproximadamente cada año arriban a este puerto 216 mil visitantes vía aérea y tan sólo se hospedan 120 mil turistas; sin embargo es de señalar que la mayoría de estos turistas son visitantes del “día” por no pernoctar en hoteles, pues su objetivo es sólo hacer algún trámite, negocio o inversión en el puerto.
De acuerdo a las características antes mencionadas, es importante resaltar que Manzanillo es considerada una ciudad de negocios, generadora de empleos y sigue consolidándose como uno de los mejores recintos portuarios, que más carga contenerizada mueve en Latinoamérica llegando a figurar entre los 5 puertos más importantes. Asimismo, la revista internacional Containerisation International Awards 2011, que año con año entrega reconocimientos a los mejores puertos del mundo, en el mes de octubre pasado destacó que sólo tres puertos del continente americano entraron dentro de los mejores 10, primero al puerto de Balboa (Panamá), segundo al Puerto de Manzanillo (México), y seguido de éste el puerto de Seattle (USA).
A pesar del reconocimiento internacional que tiene Manzanillo y la derrama económica que representa para el estado, para la región e incluso para el país, es de señalar que la mayoría de las dependencias gubernamentales, tanto de índole local como federal, están concentradas en Colima capital, haciendo que los usuarios, visitantes y empresarios, tengan que hacer una infinidad de viajes a dicha ciudad, para la realización de algún trámite, cuando bien podrían realizarlo en el mismo puerto, lo que conlleva a mermar su tiempo y sus ingresos correspondientes a ese día laboral o complicando la negociación y afectando gravemente la continuidad de la misma, de las inversiones o deberes jurídicos que se deben de cumplir, como es el caso de las obligaciones fiscales que año con año los módulos del Servicio de Administración Tributaria se ven saturados, pues todos los interesados del puerto tienen que dejar sus trabajos para cumplir con los trámites a más de una hora de distancia, afectando primeramente su economía o incurriendo muchas veces en el incumplimiento; pues entre el desplazamiento, la escasez del personal y la burocracia de los procedimientos, se hace que los mismos sean lentos y engorrosos, como es el caso del módulo para la tramitación de la firma electrónica avanzada en el que los ciudadanos del puerto forzosamente tienen que acudir a Colima para estar al día con sus obligaciones fiscales.
En este sentido, es de señalar que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria estipula que le corresponde al presidente de la República emitir distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y la creación de las dependencias pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ésta tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria, asimismo especifica el artículo 14 del mismo ordenamiento que la unidades de Administración General de Servicios al Contribuyente permiten celebrar con éste toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de la firma electrónica avanzada. Es importante resaltar que el artículo 4o. de la Ley del SAT menciona que el domicilio del Servicio de Administración Tributaria será la Ciudad de México, donde se ubicarán sus oficinas centrales, y que contará con oficinas en todas las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia fiscal.
Además de lo anterior, el pasado 11 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Firma Electrónica Avanzada. Dicha ley es de suma importancia para lograr una mayor competitividad para nuestra economía. En este sentido, resulta importante resaltar los beneficios potenciales que se esperan a través de la instrumentación de esta Ley, los cuales son los siguientes:
• Contar con un marco jurídico que regule la firma electrónica avanzada que, a través de medios de comunicación electrónica, se utilicen por servidores públicos y particulares en los trámites, servicios y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República.
• Delegar la facultad a la Secretaría de la Función Pública para interpretar las disposiciones de la ley, así como para emitir, con el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, las disposiciones generales que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de la misma.
• Conferir a las autoridades certificadoras la facultad para celebrar bases o convenios de colaboración para la prestación de servicios relacionados con la firma electrónica avanzada.
• Establecer como obligación para las dependencias y las entidades, la de crear y administrar un sistema de trámites electrónicos a fin de que los particulares puedan interactuar con éstas en la realización de los trámites que las mismas ofrecen.
• Evitar el uso indebido de los certificados digitales, y consecuentemente de la firma electrónica avanzada, por lo que se incorpora un apartado relativo a las responsabilidades y sanciones en que podrán incurrir los servidores públicos y los particulares que contravengan las disposiciones de la ley.
Bajo este contexto, con la Ley de la Firma Electrónica Avanzada se da un importante paso en materia de mejora regulatoria, y simplificación administrativa. Lo cual, sin duda trae importantes beneficios para la población, ya que se inhiben las prácticas de actos de corrupción, se reduce la discrecionalidad, se incrementa la transparencia y se hace más eficiente la gestión gubernamental.
En este orden de ideas, se justifica la necesidad de instrumentar la firma electrónica avanzada en la operación de actividades económicas en la Ciudad y puerto de Manzanillo, en especial para quienes por primera vez requieran realizar este trámite. Cabe destacar que el objeto y espíritu del punto de acuerdo en comento es aprovechar todas las bondades y ventajas que tiene la utilización de la firma electrónica avanzada, en relación con la mejora regulatoria y simplificación administrativa, aunado a que se está facilitando el cumpliendo de las obligaciones fiscales, a las que estamos comprometidos lo mexicanos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 constitucional. Por lo que me permito solicitar a esta honorable Cámara se sirva considerar esta proposición para fomentar la competitividad del puerto de Manzanillo, al tenor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria preste el servicio de la expedición de la firma electrónica avanzada en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, para quienes por primera vez requieran realizar dicho trámite, tomando en cuenta la actividad económica y demográfica de esta ciudad y puerto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de promoción del desarrollo regional, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Mario Miguel Carrillo Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial de promoción del Desarrollo Regional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Que el desarrollo es un proceso durante y mediante el cual se mejora la calidad de vida de la sociedad.
2. Que por razones estructurales el desarrollo de México ha sido regionalmente desequilibrado.
3. Que los desequilibrios regionales en el desarrollo, lejos de resolverse se están acentuando.
4. Que no se puede aspirar a la sostenibilidad del desarrollo en el futuro en las condiciones actuales.
Se requiere que el Estado adopte un esquema de promoción del desarrollo nacional con una visión regional.
Es necesario que el gobierno participe o intervenga de manera sistemática y permanente con políticas sociales y económicas tendientes a resolver los desequilibrios regionales.
Asimismo, que los gobiernos de las diferentes regiones del país intervengan de manera coordinada para promover conjuntamente el desarrollo de su región, aprovechando las ventajas competitivas de cada uno.
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de promoción del Desarrollo Regional.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial es el siguiente:
a) Impulsar la adopción, por parte del Estado y del gobierno federal de una visión regional de promoción del desarrollo.
b) Promover la adopción de la planeación estratégica con base comunitaria como mecanismo de actuación que permita una coordinación efectiva de los gobiernos de las regiones y sus comunidades correspondientes.
c) Impulsar la adecuación de los mecanismos del financiamiento del desarrollo al nuevo esquema de su promoción.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con base en los criterios de proporcionalidad y contará con los recursos humanos, materiales y financieros aprobados por la Junta de Coordinación Política, para su funcionamiento.
Cuarto. La vigencia de la Comisión Especial materia del presente acuerdo será durante la LXII Legislatura, al término de sus trabajos entregará un informe a la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputados: Mario Miguel Carrillo Huerta, Aleida Alavez Ruiz, José Ángel Ávila Ponce, Javier Orihuela García, Dolores Amalia García Medina, José Luis Esquivel Zalpa, Antonio García Conejo, Roberto López Suárez, Domitilo Posadas Hernández, Roberto López Rosado, Víctor Reymundo Nájera Medina, José Luis Muñoz Soria, Guillermo Sánchez Torres, Martha Lucía Micher Camarena, Antonio Sansores Sastre, Edilberto Algredo Jaramillo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Socorro Ceseñas Chapa, José Antonio León Mendívil, Trinidad Morales Vargas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Rodrigo González Barrio, Fernando Belauzarán Méndez, Luis Arias Pallares (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Salud una campaña permanente de detección y tratamiento del cáncer de próstata, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Felipe Arturo Camarena García, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, inciso 2, fracción V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud prevé, si no se interviene con políticas públicas de salud adecuadas, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 2005 y 2015.
Las autoridades sanitarias consideran al cáncer de próstata como la segunda causa de muerte entre varones de 40 años, la primera en mayores de 65, siendo que el índice de defunciones en la capital mexicana alcanza los 4 mil casos por año.1
La próstata es una glándula cuya principal función es producir líquido seminal, se localiza en un espacio entre la vejiga y la uretra. El aumento del volumen de la próstata se produce en la mayoría de los hombres a partir de los 40 años, afectando a un 10% de la población; en cambio, los varones de 80 años son afectados en un 60%.
El cáncer de próstata es un importante problema de salud pública con altos costos sociales y una considerable carga individual para el paciente, lamentablemente, la incidencia de este flagelo parece aumentar, pues se considera como el más frecuente entre hombre, y el segundo más letal, sólo desplazado por el cáncer de pulmón.
Sin embargo, en México, a pesar de ser considerado un problema de salud pública no se desarrollan campañas de detección oportuna en la población de riesgo, circunstancia contraria a otras neoplasia malignas2 como el cáncer cérvico uterino o de mama, casos en los cuales se han implementado continuas políticas de difusión social con intervención de gobiernos municipales, estatales y federales, así como de la iniciativa privada orientadas a su prevención y tratamiento oportuno.
El cáncer de próstata está relegado por considerarse exclusivo del adulto mayor, lo cual no es del todo cierto, pues se presentan casos en hombres cuyas edades circundan los 40 y 45 años.
También, por la misma razón, se considera una enfermedad cuya repercusión no se manifiesta en el ciclo económico por considerar a México como un país eminentemente de jóvenes; sin embargo, en el último censo de población y vivienda realizado por el Inegi, existe una población total de 112,336,538 (ciento doce millones, trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho), de los cuales 54,855,231 (cincuenta y cuatro millones, ochocientos cincuenta y cinco mil dos cientos treinta y uno) son hombres, de estos, aproximadamente 13 millones son mayores de 45 años, población en riesgo de padecer cáncer de próstata, lo cual representa al 11.5% de la población.
Se estima, de acuerdo a proyecciones al año 2049 realizadas por el Consejo Nacional de Población que más de la mitad de los hombres de más de 75 años, continuará siendo población económicamente activa. A diferencia de los censos poblacionales pasados, nuestro último censo demuestra que a pesar de que seguimos siendo un país de jóvenes, nuestra población es cada vez más longeva, esto nos vuelve más susceptibles a las enfermedades crónico degenerativas, afecciones cardiacas, hipertensión arterial sistémica, diabetes Mellitus y al cáncer.
El cáncer de próstata es indolente, sin embargo, en los países desarrollados se logra detectar al 80% de los pacientes en etapas tempranas, en México, es lo contrario, pues el 80% son diagnosticados en estados metastásico, ello implica la imposibilidad de realizar terapias encaminadas a la curación y por ende la labor medica se limita a una función eminentemente paliativa.
La detección se lleva a cabo por la prueba en sangre del antígeno prostático específico, llamado PSA o por exploración física de la glándula prostática (tacto rectal).
La prueba de sangre es considerada como el mejor marcador tumoral para el diagnóstico del cáncer de próstata demostrando un adecuado costo beneficio al ser un estudio económico y accesible.
En la mayoría de los centros de primer nivel, se considera al antígeno, por arriba de 4ng/ml, como sospechoso de malignidad, en consecuencia se procede a la extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es examinada en microscopio.
El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o bien, una combinación de todas. La edad y el estado de salud general del afectado, tanto como el alcance de la diseminación, la apariencia de los tejidos examinados al microscopio y la respuesta del cáncer al tratamiento inicial, son vitales en la determinación del resultado terapéutico debido a que el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta preferentemente a hombres mayores.
Al respecto, en nuestro país no existe una campaña permanente encaminada a la detección del cáncer de próstata por ello es imperativo establecer mecanismos, acciones y campañas de detección para disminuir la mortalidad relacionada con esta patología, la cual tiene efectos sociales graves al impactar directamente en jefes de familia.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud implemente una campaña permanente de detección y tratamiento del cáncer de próstata con la finalidad de disminuir la mortalidad por esta causa en nuestro país.
Notas
1 http://www.acentoveintiuno.com/?Aumenta-incidencia-de-cancer-de
2 Neoplasia es el proceso de proliferación descontrolada de células en un tejido u órgano que desemboca en la formación de un neoplasma. Un neoplasma que forma una masa diferenciada se denomina tumor y puede ser benigno o maligno. Otros neoplasmas pueden no formar tumores sólidos, como la neoplasia cervical intraepitelial y la leucemia.
Un neoplasma puede ser benigno, o potencial o claramente maligno. Entre los neoplasmas malignos encontramos muchos tipos de cáncer.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 18 de octubre de 2012.
Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta lo mismo al presidente de la República que a los titulares de la SHCP y de la Sedena a desistirse de adquirir la aeronave Dreamliner 787-9 para uso del primero, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los recursos públicos son de todos los mexicanos por lo que tenemos derecho a que se nos informe cuánto se gasta, en qué y para qué. Dado que los ingresos que obtiene el país son limitados y las necesidades son muchas, el adquirir un bien siempre involucra sacrificar otro que sea menos prioritario.
Es por esto que el artículo 134 de la Constitución establece que “los recursos económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos a los que estén destinados”.
Asimismo, en la totalidad de sus informes, el gobierno federal ha sido muy puntual en recalcar que los ejes que dirigen su administración son la responsabilidad y austeridad. Nos resulta claro que esto sólo existe en papel pues no hay manera de describir como responsable o austero el gasto que se pretende hacer adquiriendo un nuevo avión presidencial.
El avión que se procura comprar es un Dreamliner 787-9, cuyo precio de lista es de 190 millones de dólares. Las fuentes de Boeing han declarado que, además del costo de venta, habría que añadirle alrededor de 100 millones de dólares más en equipamiento interior y de seguridad. Es así que el costo total de la aeronave rondaría los 239 millones de dólares, es decir aproximadamente 3 mil 62 millones 320 mil 492.49 pesos a tipo de cambio promedio en estos días.
Se ha utilizado como argumento por parte de legisladores integrantes de las Comisiones de Seguridad Pública y de Defensa Nacional que el actual avión presidencial no responde a las condiciones de seguridad necesarias.
Apenas en 2011 se sometió a mantenimiento pesado el actual transporte, el cual incluye revisión detallada por condición física, funcional, operativa del planeador, motores y estructura. Con base en esto la Coordinación General de Transportes Aéreos y Presidenciales tuvo un presupuesto en dicho año de 297 millones 924,876 pesos.
El ejecutivo expone que los rubros prioritarios en el país son la consolidación del crecimiento económico, el gasto social, el combate a la pobreza y el combate al crimen organizado. He aquí unos ejemplos de lo que se podría lograr en estas áreas con el despilfarro que se piensa realizar.
Si hablamos en cifras, para la consolidación del crecimiento económico es necesaria la creación de empleos. El salario mínimo promedio en el país es de 60.86 pesos, es decir con la adquisición del avión se podrían pagar más de 50 millones de salarios mínimos, estos significan más de 50 millones de oportunidades para familias que subsisten con casi nada. En un país donde el sector informal genera 2 millones ocho mil empleos, debido a la insuficiencia de oferta del gobierno, no es poca cosa.
En México existen, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 52 millones de pobres. Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total. Sin embargo, se ha preferido ignorar este problema y dedicarse a ser un gobierno que, lejos de caracterizarse por la austeridad, se caracteriza por los lujos.
No hay dinero para combatir la cantidad alarmante de pobreza, pero si lo hay para manejar armamento de Estados Unidos con valor de 400 millones de dólares al año, para invertir en Repsol aún cuando no es rentable o para crear monumentos deficientes y malogrados como la Estela de Luz.
En cuanto al combate contra el crimen organizado, los “daños colaterales”, según datos del Inegi, han llegado a 90 mil muertos. Esto quiere decir 90 mil familias con una pérdida además de emocional, económica. El dinero utilizado para el avión significa 34, 025 pesos como indemnización por persona.
La Secretaría de Desarrollo Social destina 500 pesos mensuales a los adultos mayores de 70 años o más, y 700 pesos a madres trabajadoras con niños entre 1 y 4 años de edad. El costo del avión se traduce así, en la capacidad de apoyar a 500,000 adultos mayores más al año o 365,000 madres trabajadoras.
Resulta tan exorbitante el monto que se desea destinar a la adquisición del avión, que representa la mitad de presupuestos destinados a algunas entidades federativas. Colima recibe 7,525.4 millones de pesos al año a 2012, mientras que Baja California Sur 7,086.8. ¿Cuánto podría aumentar lo destinado a las múltiples necesidades de los estados con el ahorro de esta compra?
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha declarado que la compra se encuentra en período de evaluación y revisión y que se realizará con claridad y transparencia el proceso. En Movimiento Ciudadano creemos que parte de la evaluación deben ser los datos aquí presentados. La claridad y transparencia involucran tomar en cuenta las necesidades inmediatas de los más desvalidos y no simplemente intereses particulares.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional, a desistir de la adquisición de la aeronave Dreamliner 787-9, para uso del titular del Ejecutivo federal por las razones anteriormente expuestas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán y al presidente de la CNDH sobre la solución del conflicto derivado de las exigencias de los alumnos normalistas, y a crear una comisión plural de legisladores que se traslade a dicha entidad y ayude a encontrar una salida al problema, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para hacer un exhorto al titular del Ejecutivo de Michoacán, para que entable una mesa de diálogo y negociación, para resolver el conflicto entre su gobierno y los estudiantes normalistas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Michoacán vive momentos de incertidumbre e inestabilidad política, todo ello reflejado en la constante inconformidad generada a lo largo y ancho de su territorio y en los sectores más apremiantes de la población.
Campesinos, trabajadores y estudiantes exigen su derecho a ser escuchados y no ser reprimidos.
Los acontecimientos del lunes 15 de octubre en las escuelas normales de Tiripetío, Arteaga y Cherán, son sólo algunos casos de los que los principales medios de comunicación han dado cuenta, pero la realidad es que se vive un caos que lamentablemente ha llegado a límites extremos.
En virtud de los sucesos ocurridos en Michoacán en donde elementos de la Policía Federal Preventiva y de la policía preventiva de ese estado realizaron un operativo policiaco en la madrugada del pasado lunes 15 de octubre para recuperar las normales de esas localidades, y resultando con la detención de 176 estudiantes, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que no es la violencia, ni la represión el método de solución de conflictos, sino el diálogo y la negociación.
Por eso exhortamos a que esta honorable Cámara de Diputados, actuando con vocación política y democrática, se constituya en coadyuvante entre las partes para lograr un acuerdo que solucione el conflicto planteado.
Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión estatal de Derechos Humanos para que brinden asesoría y apoyo a los estudiantes detenidos, para que sean respetados sus derechos humanos y si fura el caso, tomen nota de las violaciones que se llegaran a presentar durante el proceso judicial y penal a que sean sometidos.
Por supuesto que la solución pasa, necesariamente, por la inmediata libertad de los estudiantes detenidos.
La condición de negociación radica en los consensos y acuerdos plasmados para dar solución a las demandas de los estudiantes; así los temas que atiendan las causas que tienen en una situación de zozobra a los actuales modelos educativos de las normales rurales, deben ser atendidos de forma inmediata y bajo el diálogo.
Una reforma curricular y un modelo educativo por competencias, son los principales temas que generan la inconformidad de los alumnos, el fortalecimiento al sistema de formación de docentes, es un tema en el que sí están de acuerdo y exigen ser escuchados.
Finalmente, queremos decir que las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de cualquier tipo de represión contra los alumnos normalistas de Michoacán y pugnamos por el diálogo y la solución del conflicto de manera pacífica.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, a que establezca de manera pronta una mesa de discusión y negociación para dar solución al conflicto derivado de las exigencias de los alumnos normalistas del estado y que cese la persecución policiaca de la que son objeto.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación de una comisión plural de legisladores, para que se traslade a Michoacán y coadyuven a la construcción de una salida al conflicto entre el gobierno del estado y los estudiantes normalistas.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su titular doctor Raúl Plascencia Villanueva, a vigilar que todo acto ejecutado por el gobierno del estado sea en apego a garantizar los derechos humanos de todos los involucrados en el conflicto entre el gobierno y los estudiantes normalistas.
Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputada María del Carmen Martínez Santillán
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE y al titular de la SHCP a establecer una tarifa eléctrica justa, según las necesidades y las carencias de los usuarios, en especial los bajacalifornianos, así como la capacidad real de producción de energía, a cargo del diputado Fernando Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1 y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Derivado de reiteradas solicitudes de información a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hechas por el sector empresarial de Baja California y la Universidad Autónoma de ese estado, se obtuvo información sobre el elevado costo de las tarifas eléctricas en la entidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), cobra al sector doméstico e industrial 770 por ciento más, por el consumo de la energía, a diferencia de lo que cobra por exportarla a los Estados Unidos.
La información obtenida y dada a conocer por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, asentada en Mexicali, Baja California, confirma que la energía eléctrica generada en suelo mexicano por la Comisión Federal de Electricidad en las plantas de Rosarito y Cerro Prieto y que destina la venta de electricidad a la empresa Sempra Energy, asentada en el Condado de San Diego California en los Estados Unidos, se ofrece por 19 dólares el Megavatio/hora (Mw/h), mientras que, en México, la tarifa es de 166 dólares por la misma cantidad.
De lo anterior resulta evidente que la tarifa ofrecida a la empresa antes mencionada, es a todas luces la que cuenta con el subsidio más alto del país, lo que resulta un agravio para los consumidores que se encuentran en territorio mexicano.
De acuerdo con datos arrojados por un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, denominado "Impacto del Consumo Eléctrico en la Economía Familiar en Mexicali, B.C.", las familias con ingreso promedio de apenas un salario mínimo mensual, destinaron el 53% del mismo para pagar su consumo de luz durante el verano al consumir un promedio de 659 kwh. Por otra parte, las de dos salarios mínimos al mes, destinaron el 27%, al tener consumos promedio de 865 kwh. Este grupo representa el 12% de la población.
A su vez, las familias con ingresos de 2 a 3.5 veces el salario mínimo mensual utilizaron el 15% del mismo, al promediar consumos de 887 kwh, y aquellas con ingresos de 3.5 a 5 salarios mínimos al mes destinaron el 13% consumiendo en promedio 1,046 kwh. Cabe mencionar que el grupo de 2 a 5 salarios mínimos representaron al 40% de la población, mientras que quienes obtuvieron de 5 a 10 salarios mínimos destinaron entre el 8 y 9% al tener consumos promedio de 1500 kwh, representando así el 20% de la población.
Los datos anteriores contrastan radicalmente con el promedio del ingreso que el resto de las familias mexicanas destinaban para este fin, rondando cerca del 2.7% mensual.
Aunado a lo anterior, un reciente estudio de la UABC demuestra que la Comisión, no sólo cobra “horarios pico” a todos los consumidores durante los meses de julio y agosto, sino que extiende esta modalidad de cobro a mayo y junio, a pesar de contar con un remanente de exportación, resultando evidente que las tarifas “horario pico”, no están basadas en una realidad de oferta y demanda, ni en la capacidad de producción real de la paraestatal.
Esto se suma a una larga lista de acciones y determinaciones oficiales, centralistas y con total ausencia de sentido común, en agravio directo a los bajacalifornianos, quienes se ven obligados a destinar, gran parte de su ingreso, al pago de energía eléctrica.
Por lo anteriormente expuesto, resulta de vital importancia exhortar al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a que se establezca una tarifa para el suministro de energía eléctrica justa, que tome en cuenta las necesidades y carencias de los usuarios, en especial de los bajacalifornianos, así como la capacidad real de producción de energía eléctrica.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que se establezca una tarifa para el suministro de energía eléctrica justa, que tome en cuenta las necesidades y carencias de los usuarios, en especial de los bajacalifornianos, así como la capacidad real de producción de energía eléctrica.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo
Con punto de acuerdo, sobre los lamentables hechos recién ocurridos en Nogales, Sonora, que derivaron en la muerte de un menor a manos de cierto agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme a las siguientes:
Consideraciones
El pasado 11 de octubre todos nos enteramos del lamentable asesinato en la Ciudad de Nogales Sonora, de un joven de 16 años que falleció tras haber sido acribillado por un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
Recientes investigaciones indican que el menor, junto con otros jóvenes, habían cruzado de manera ilegal la franja fronteriza para internarse en el país vecino y al ser descubiertos por los agentes norteamericanos, emprendieron su huida a territorio mexicano desde donde comenzaron a lanzar piedras a los agentes, los cuales respondieron el ataque abriendo fuego contra dicho grupo de jóvenes, causando las letales consecuencias que ya conocemos.
Desde 2006 hasta julio de este año, la Secretaria de Relaciones Exteriores ha documentado 201 incidentes en Estados Unidos en agravio de mexicanos, los casos incluyen la muerte de 20 connacionales entre los cuales está involucrada la Patrulla Fronteriza.
Compañeros, el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país.
En consecuencia, resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido así como las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral, fortaleciendo así, las acciones conjuntas entre ambos países dedicados a la prevención de la violencia en la región fronteriza para estar en condiciones de prevenir y atender oportunamente situaciones de esta naturaleza.
Del mismo modo, es imperativo que las autoridades competentes tanto mexicanas como estadounidenses realicen una investigación oportuna y transparente hasta sus últimas consecuencias, brindando la asesoría jurídica y asistencia consular que resulte necesaria a los familiares de la víctima.
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus debidas atribuciones y facultades, realicen las acciones que consideren necesarias para llevar a cabo, de manera conjunta o individual, una investigación exhaustiva, oportuna y transparente que derive, en su caso, en las sanciones que correspondan y del mismo modo, se brinde a los familiares del connacional fallecido toda la asistencia consular y asesoría jurídica que resulte necesaria hasta el esclarecimiento de estos hechos.
Salón de sesiones del Palacio de San Lázaro, México Distrito Federal, a 18 de octubre de 2012.
Diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria aeroespacial mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La industria aeroespacial es la industria que se ocupa del diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de aeronaves (aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, misiles, etcétera), naves espaciales y cohetes, así como de equipos específicos asociados (propulsión, sistemas de navegación, etcétera). Es una de las actividades del sector económico de la industria aeronáutica y espacial. Estos sectores están estrechamente ligados a las actividades de abastecimiento de materiales militares. La industria aeroespacial es la aplicación de las actividades de la aeronáutica a los vuelos al espacio exterior, cuya aplicación para la defensa tiene fines militares, principalmente, de telecomunicaciones, meteorológicos, de investigación y científicos.
La industria aeroespacial representa hoy en día una de las industrias de mayor dinamismo a nivel mundial, su mercado se ha estimado en el orden de los de 450 mil millones de dólares. Se estima que la industria aeroespacial, así como la industria de la defensa a nivel global, crecieron a razón de 8.7 por ciento anual en el periodo comprendido entre 2005 y 2009, alcanzando un monto de 920.6 mil millones de dólares y se proyecta que para el año 2014 la industria aeroespacial mundial alcanzará un valor de $1,190 mil millones de dólares. Este sector se encuentra estrechamente vinculado a la continua innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de vanguardia, contribuyendo de manera relevante en el desarrollo económico y social de los países con alta participación en el ramo.
En el área del espacio aéreo se mueven aeronaves, satélites y misiles que demandan la actuación de una serie de agentes imprescindibles para su desenvolvimiento, ya sean fabricantes, líneas aéreas, aeropuertos, centros de innovación y desarrollo, etc. Es por ello que el sector aeroespacial posee una serie de características propias que hay que recordar para no perder de vista su incidencia en la sociedad y su impacto a mediano y largo plazo en la actividad general.
El sector aeroespacial facilita la comunicación y el transporte a escala planetaria de personas, mercancías y datos. En la historia sobran los ejemplos de saltos gigantescos en la ciencia y la tecnología que han transformado las posibilidades de la vida humana. Aunque pocos han revolucionado tanto como la invención del avión al comienzo del último siglo, ya que ha reducido las distancias y extendido la movilidad humana. Mientras que los beneficios económicos y sociales resultantes, de la misma, han sido inmensos. Recordemos que a mediados del siglo XX, con la puesta en órbita de los satélites se han revolucionado las telecomunicaciones, haciendo llegar la información multimedia a todos los rincones de la Tierra. La conquista del cielo nos ha liberado de las barreras impuestas por la geografía. Las rutas aéreas son las autopistas de la economía global, ya que transportan personas y bienes sobre enormes distancias a gran velocidad. Así mismo el cielo se ha visto surcado por las autopistas de la información que ya dan nombre a la sociedad actual, calificándola de ese modo. La sociedad actual es inconcebible sin las prestaciones del transporte aéreo y las comunicaciones vía satélite. Además de que las cifras que dan idea de la magnitud de estos efectos, a nivel mundial y nacional, son realmente destacables.
La industria aeroespacial figura en vanguardia del avance tecnológico, actuando, a su vez, como motor de desarrollo para otras disciplinas. El efecto de su componente investigación + desarrollo tecnológico es de primordial importancia. Pero, por la misma razón, los costes de I+DT en relación con los costes de producción no se comparan con los de otros sectores industriales y los periodos de recuperación de inversiones son largos, es así que la conexión entre investigación y las innovaciones es evidente en todos los sectores pero, en especial, en el aeroespacial. En el sector aeroespacial mundial se ha venido repartiendo la actividad según estas proporciones: poco más del 60 por ciento en producción, 18 por ciento en I + D y aproximadamente 20 por ciento en mantenimiento. Con esto se observa que la proporción de I + D es sumamente alta si se compara con otras industrias y tecnologías. Comparado con otros sectores de alta tecnología, la industria aeroespacial es líder en inversiones en investigación y desarrollo.
La industria aeroespacial constituye una formidable fuente de difusión de know how científico e industrial mediante el traslado continuo a otros campos como: la electrónica, la informática, las comunicaciones, el diseño, las estructuras, los métodos productivos, los sistemas de seguridad, métodos de cálculo, hardware, gestión de proyectos, etcétera. Muchos de los frutos de la investigación encuentran en ella, la aplicación en mercados completamente distintos del aeroespacial que necesitan de sus tecnologías pero carecen de los recursos necesarios para desarrollarlas. La tecnología aeroespacial es reconocida como impulsora de otros sectores, con significativos spin-offs en tecnología y sistemas, además de que integra y promueve el desarrollo de un amplio rango de destrezas, procesos y tecnologías vitales para mantener una economía próspera de amplio margen.
Así mismo, esta industria ha jugado un papel relevante en el desarrollo de nuevos servicios sustentados en las infraestructuras espaciales que van desde las telecomunicaciones a la navegación y observación de la Tierra. Transportes, comunicaciones y otros sectores de la economía se han beneficiado extraordinariamente de las capacidades generadas en el ámbito de la industria aeroespacial, estimulando su poder de innovación. A su vez el liderazgo tecnológico ha llevado a la industria aeroespacial a ser pionera en productos sometidos a condiciones extremas, materiales avanzados de alta resistencia, en situaciones límite de peso y espacio (microprocesadores en sistemas de guiado, por ejemplo.) y a la solución de complejos sistemas y procesos.
La industria aeroespacial en México
México es promotor en este sector, ya que, la industria aeroespacial mexicana es una joven y dinámica industria que nació a inicios de este siglo y que, en promedio, ha crecido 20 por ciento anualmente, situándose como el decimo quinto mercado más grande del mundo.
La industria en México cuenta con ventajas relevantes respecto a otras economías como por ejemplo, su posición geográfica, la cercanía con dos de los principales centros de desarrollo de tecnología aeroespacial (Quebec, Canadá y Seattle, Estados Unidos) abre la oportunidad para una integración industrial y tecnológica. Asimismo ventajas en los costos de operación, ya que cabe mencionar que también el país cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada. Lo anterior se identificó a partir de un estudio realizado por una consultoría en 2009, a petición de la Secretaría de Economía,1 mediante el cual se pudiera identificar a aquellos sectores estratégicos, que por su alta competitividad e impacto potencial, contribuyesen al desarrollo de la economía nacional.
La industria aeroespacial y de defensa genera un porcentaje importante de las exportaciones mexicanas. En 2010 las exportaciones de la industria fueron de 3 mil 266 millones de dólares, con una balanza comercial superavitaria de más de 401 millones de dólares. Mientras que para el 2011, el monto de exportaciones mexicanas ascendió a 4 mil 500 millones de dólares.2 La industria aeroespacial mexicana está volcada hacia los mercados internacionales, provee principalmente a Estados Unidos (81 por ciento), en segundo lugar se ubican Francia y Alemania con el 2.8 por ciento, respectivamente, y en tercer término Canadá con 2.6 por ciento y Reino Unido también con el 2.6 por ciento del total de su producción.3 México está clasificado como el noveno proveedor para el mercado aeroespacial de Estados Unidos y el sexto para la Unión Europea. Dicha industria, concentra sus procesos en los siguientes productos y servicios principalmente: manufactura, fabricación y ensamblaje de componentes y partes de aeronaves 79 por ciento. MRO Mantenimiento, Reparación y Operación, 11 por ciento; y D&I Diseño e Ingeniería, 10 por ciento. A su vez, la inversión extranjera y nacional en el sector superó los mil millones de dólares en el 2010, logrando un monto cercano a los 3 mil millones de dólares en los últimos tres años.4
Por otro lado, cabe mencionar que en los últimos cinco años la industria se ha consolidado como generadora de empleos, ya que ha triplicado la mano de obra empleada, contratando a más de 29 mil personas en el 2010, y para el 2011 los empleos generados, alcanzaron la cifra de 31 mil.
La industria aeroespacial compone una cadena de valor que se encuentra localizada en 17 entidades federativas de la Republica Mexicana, con un numero de empresas que ha crecido en los últimos años, siendo que en el 2005 apenas había 61 empresas en el país, mientras que en el 2010 ya eran 238 y actualmente la industria aeroespacial nacional integra a 260 empresas, entre las cuales destacan:
Región sureste: Yucatán (3), Guerrero (1);
Región central: Distrito Federal (8), estado de México (7), Querétaro (35), San Luis Potosí (6), Puebla (3), Guanajuato (1);
Región noroeste: Baja California (54), Sonora (34), Chihuahua (36);
Región noreste: Coahuila (6), Nuevo León (24), Tamaulipas (11); y
Región oeste: Aguascalientes (2), Jalisco (6), Zacatecas (1).5
Esta agrupación surge como resultado de las capacidades logísticas y de innovación de las empresas instaladas, cercanía con su mercado principal (EEUU), accesibilidad de infraestructura de comunicaciones (aérea, terrestre y marítima), suministro de energía, disponibilidad de grandes sitios industriales, así como la presencia de universidades e institutos tecnológicos.
La industria aeroespacial mexicana se caracterizada, principalmente, por empresas extranjeras que han encontrado en México un lugar atractivo para establecerse y crecer, así como empresas mexicanas que han focalizado una oportunidad de desarrollo y crecimiento en actividades de manufactura, de ingeniería, de mantenimiento, de reparación y supervisión para el sector aeroespacial.6
A su vez, es indispensable desarrollar capital humano en este sector y por ello se estima que en el país hay más de 750 mil estudiantes de ingeniería y tecnología y, en promedio, egresan 90 mil ingenieros al año, la mayoría de los cuales habla inglés como segundo idioma (ANUIES: Anuario Estadístico 2000-2008). Y por ejemplo, en las universidades de Querétaro, Nuevo León y Baja California ya existe la carrera de ingeniería aeroespacial.
Asimismo, como parte de este esfuerzo, por formar capital humano en el país, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) ha diseñado un programa de capacitación (básico, intermedio y avanzado) en las siguientes áreas o commodities: maquinado, aeroestructuras, procesos especiales, electro-mecánica, MRO, diseño y materiales compuestos. Cabe agregar que esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar Ingenieros y técnicos especialistas en el sector aeroespacial, que puedan cubrir las demandas del sector en materia de capital humano especializado, encontradas en la cadena de valor del sector aeroespacial.
De igual manera, la Agencia Espacial Mexicana (AEM), contribuye con este sector siendo la encargada de regular la política espacial, a través de 1. Rectoría del Estado en la materia; 2. Autonomía del país en la materia; 3. Protección a la soberanía y seguridad nacional; 4. Protección de la población; 5. Sustentabilidad ambiental; 6. Investigación, desarrollo científico, tecnológico e innovación; 7. Desarrollo del sector productivo; 8. Formación de recursos humanos; 9. Coordinación, reglamentación y certificación; 10. Cooperación internacional; 11. Divulgación de actividades aeroespaciales; 12. Financiamiento; y 13. Organización y gestión.
La AEM a través del Programa Nacional de Actividades Espaciales incita a incursionar hacia el centro de la cadena de valor en el proceso de innovación; así se apoya a la industria aeroespacial en su competitividad, y se estimula la aplicación de resultados científicos; mantiene una estructura que aproveche capacidades en recursos humanos e infraestructura instalada en México, y el contacto con la comunidad internacional; todo ello a través de su liderazgo, visión y como un actor importante en la aglutinación de las diversas comunidades espaciales: gobierno, industria, academia, comunidad internacional.
Entendiendo que el espacio es un gran habilitador de la ingeniería mexicana ya que ofrece grandes oportunidades de desarrollo en una multitud de disciplinas y constituye un gran articulador del desarrollo de proyectos para el beneficio de la sociedad mexicana y es de vital importancia en la generación de capital humano en ciencia y tecnología espacial, indispensable, para México. Además de otros actores relevantes para el desarrollo de la industria, conjuntamente con las empresas, entre los que destacan: Secretaría de Economía, Presidencia de la República, Conacyt, SCT-DGAC, Sedena, Secretaría de Marina, SHCP, Congreso de la Unión, Sedecos, inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, centros de desarrollo tecnológico, escuelas técnicas y universidades, entre otros.
Por ello, es importante recalcar que existen áreas de oportunidad, que es necesario desarrollar para impulsar el sector aeroespacial a otro nivel, lo que implicaría que en el 2020 lograríamos exportaciones entre los 10,000 MUSD y los 12,000 MUSD, con una generación de empleos entre los 90,000 y los 110,000, entre 30 por ciento y 35 por ciento puestos de ingeniería; pasaríamos del decimoquinto al décimo lugar a nivel mundial en ventas en el sector, por delante de Brasil y España. Además de que se podrá fortalecer la base de manufactura y la integración de la cadena productiva, impulsar la capacitación y especialización del capital humano, lograr la certificación de calidad y seguridad de las empresas del sector, promover actividades de investigación y desarrollo vinculadas a la industria aeronáutica, facilitación comercial y establecer una política de apoyos verticales para la industria aeroespacial similar a la de países competidores.
Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados LXII Legislatura a crear la Comisión Especial de la Industria Aeroespacial Mexicana.
Segundo. El objetivo principal de esta comisión estará enfocado a desarrollar el análisis y la estructuración de políticas que sirvan para fortalecer a este sector en el país, así como impulsar programas de corto, mediano y largo plazos para consolidar el mercado interno, incrementar la presencia en el mercado internacional y mejorar los servicios en ingeniería, desarrollo de tecnología e innovación de la industria aeroespacial, a través de construir los acuerdos necesarios con las autoridades, instituciones y organizaciones responsables del ramo.
Tercero. La comisión especial se integrará, con base en los criterios de proporcionalidad, pluralidad e inclusión, por diputadas y diputados pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura.
Cuarto. La Junta de Coordinación Política deberá aprobar y asignar los recursos técnicos, financieros y materiales apropiados para el adecuado funcionamiento de dicha comisión especial.
Quinto. La comisión especial tendrá la obligación de presentar un informe semestral de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o ante la Junta de Coordinación Política.
Sexto. La comisión especial tendrá una vigencia a partir del día de su instalación hasta el 31 de agosto de 2015.
Notas
1 Diagnóstico y estrategias para la atracción de inversiones y operaciones a México; The Boston Consulting Group (BCG), octubre de 2009.
2 Pro Aéreo. 2012-2020. Femia, Secretaria de Economía.
3 Excélsior, octubre de 2010.
4 Secretaría de Economía, DGIE.
5 SE-DGIPAT.
6 Secretaría de Economía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a hacer públicas las cifras oficiales de pobreza con que concluirá la administración 2006-2012 y a fortalecer las estrategias encaminadas a superarla, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Miguel Sámano Peralta, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993, con el fin de promover mayor conciencia sobre la importancia de eliminar la pobreza y la indigencia en el mundo, en particular en los países que se encuentran en desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud calificó a la pobreza como la enfermedad más mortal del mundo, pues gran parte de los decesos se relacionan con las malas condiciones de vida de millones de personas.
Luchar contra la pobreza es la mejor forma de combatir muchas enfermedades que pueden ser erradicadas o controladas y evitar con ello la muerte de millones de seres humanos en todo el mundo.
Uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio consiste en buscar la erradicación de la pobreza extrema para el año 2015 o, al menos, reducir a la mitad el porcentaje de las personas que viven en indigencia, es decir, aquéllas cuyos ingresos son inferiores a 1.25 dólares por día.
El pasado 29 de febrero, el Banco Mundial divulgó que el número de personas que vivían en estas condiciones en 2008, eran mil 290 millones, lo que representaba un 22% de la población mundial.
Se calcula que en 2015, los seres humanos que vivirán con menos de 1.25 dólares serán alrededor de mil millones.
Por otro lado, 2 mil 471 millones de personas vivían en 2008 con menos de 2 dólares al día, es decir el 43% de la población mundial.
Si bien se reconocen los avances registrados en todo el mundo, es justo reconocer también que no serán suficientes para alcanzar la meta del milenio.
En este contexto, México es uno de los países con mayor desigualdad en ingresos y con altos niveles de pobreza, debido a las elevadas tasas de autoempleo, la concentración de los subsidios y una pobre base fiscal, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En diciembre pasado, la OCDE reveló que el ingreso promedio del 10% de los mexicanos con más altas percepciones es 26 veces superior al promedio de los más pobres en el país.
Con ello, México es el segundo país –sólo después de Chile– con la más alta desigualdad en ingresos dentro del conjunto de naciones de la OCDE.
Al respecto, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indicó que la población en situación de pobreza en nuestro país ascendió a 46.2% en 2010, lo que representa 52 millones de personas, siendo éste, el último dato con el que se cuenta.
Es decir, hubo un aumento de 3.2 millones de personas en comparación con 2008, no obstante que el número promedio de carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5.
En comparación con la reducción que tuvo el PIB en 2009, la pobreza no creció en la misma magnitud, debido al incremento en educación, acceso a los servicios de salud, vivienda y seguridad social.
El informe señala que las condiciones de México no podrán mejorarse si no se realizan cambios económicos profundos, que propicien el incremento de la productividad, la inversión, la generación de más empleos formales y de mejor calidad, así como el aumento del salario real de manera sistemática y sostenida.
En razón de ello, y en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, convocamos a todas las fuerzas aquí presentes a que generemos consensos, a fin de establecer las condiciones que permitan eliminar la pobreza en nuestro país.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, a fin de que se hagan del conocimiento público las cifras oficiales de pobreza, así como fortalecer las estrategias encaminadas a superarla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre de 2012.
Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán a frenar la represión contra los estudiantes y a otorgarles las garantías constitucionales, así como dirigir sus esfuerzos a brindar seguridad a los habitantes y poner un alto a la delincuencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Ricardo Mejía Berdeja, diputado de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
• El miércoles 15 de febrero de 2012 Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta como gobernador constitucional de Michoacán. Apenas dos meses después, el 28 de abril, en punto de las 3:30 de la madrugada envió a la policía estatal a reprimir a jóvenes en las Casas de Estudiantes 2 de Octubre y Nicolaita en el centro histórico de Morelia y posteriormente a las 10:53 llegaron a la Casa Lucio Cabañas. Actuaron de forma violenta y arremetieron en contra de estudiantes y transeúntes, arrojando gases lacrimógenos y abriendo fuego con armas de alto poder.
• El 21 de julio, secuestran en Paracho a los jóvenes Luis Enrique Castañeda, Diego Antonio Maldonado y Ana Belén Sánchez, los tres militantes de Movimiento Ciudadano. Quienes fomentaban entre niños y jóvenes de la meseta purépecha el interés por la ciencia. Sin que hasta la fecha exista información del avance de las investigaciones sobre su desaparición.
• El 14 de septiembre de 2012, familiares de los 3 jóvenes levantados en Paracho suplican al Ejecutivo del Estado una entrevista. Hasta la fecha no los ha recibido. Los canaliza con el Procurador de Justicia del Estado quien les “sugiere”, en tono de evidente amenaza, que mejor dejen las cosas por la paz y se vayan del estado.
• El jueves 20 de septiembre de 2012 alrededor de las 13:30 horas el grupo de operaciones especiales de la entidad, comandado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Elías Álvarez Hernández, ingresó a la Facultad de Medicina y sometió a los integrantes del movimiento de aspirantes y rechazados de la UMSNH.
• El pasado 15 de octubre de 2012, cientos de policías federales y estatales toman por asalto las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, Michoacán, golpeando a jóvenes normalistas manteniéndolos bocabajo y atados de pies a manos con sus agujetas. Se reporta a 176 jóvenes estudiantes detenidos. Por la tarde de ese día, varios profesores, entre ellos el dirigente y ex dirigente magisteriales, Juan José Ortega y Jorge Cazares Torres, fueran detenidos, en las inmediaciones de la oficina sindical, por agentes federales y llevados a la cárcel preventiva.
Exposición de Motivos
Actualmente los jóvenes son los más vulnerables ante la inseguridad que priva en el país, sufren el acoso y muchos han sido ingresados a las filas del crimen organizado. La falta de oportunidades de trabajo y estudio, los hace más proclives a caer en esta actividad delictiva
Reprimir a jóvenes que exigen su derecho a estudiar, tratarlos como delincuentes, violentar con policías los recintos universitarios y casas de estudiantes y normalistas del estado de Michoacán evidencian el poco tacto, por decir lo menos, del Ejecutivo Estatal para atender la problemática que viven los jóvenes en la entidad y otorgarles alternativas de vida honesta, que es su responsabilidad como gobernador de la entidad.
La desaparición de los jóvenes promotores de la ciencia en Paracho y el silencio del Ejecutivo estatal evidencian la complicidad entre las autoridades y la delincuencia.
El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa encubre a los delincuentes y reprime a los estudiantes y profesionistas.
A pocos meses del gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, lo único que ha sabido hacer es reprimir a los jóvenes y dejar que la violencia y la inseguridad sigan privando de la paz de sus habitantes y cancelando el desarrollo del estado.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto del artículo 79 fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a que frene la represión de su gobierno a los estudiantes, otorgue las garantías constitucionales a los jóvenes estudiantes y profesionistas, y dirija sus esfuerzos a cumplir con sus obligaciones constitucionales para garantizar seguridad a los habitantes del estado y poner un alto a la delincuencia.
Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la aplicación integral y el fomento nacional de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar la aplicación integral y el fomento a nivel nacional de la vacuna contra el virus del papiloma humano al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos programa el Derecho a la Salud cuando instituye que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
En ese marco constitucional se enmarca el impulso de políticas públicas de salud que, con visión de género, tiendan a controlar enfermedades que afectan a las mujeres del país.
El cáncer cérvico-uterino es un padecimiento silencioso que ocasiona un sinnúmero de muertes de mujeres en todo el mundo, se instala y se desarrolla sin que cause molestias y sin que nos demos cuenta permea no solo en el cuerpo de la mujer; sino también en todos los ámbitos de su vida, trastocando a toda nuestra sociedad.
El cáncer cérvico-uterino es a nivel mundial el segundo cáncer más común entre las mujeres y es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, con aproximadamente más de 4 mil 500 muertes al año, equivalente a una tasa de 14.7 por cada 100 mil habitantes femeninas.
En nuestro país mueren 12 mujeres por este cáncer cada 24 horas.
El virus del papiloma humano es el principal causante de esta grave enfermedad, hay más de 100 cepas diferentes de este virus, se transmite por vía sexual y sólo las personas que no han tenido relaciones sexuales no han estado expuestas; es el segundo padecimiento por transmisión sexual más común después de la infección con clamidia, se calcula que el 80 por ciento de la población mundial se expone a este virus en sus diferentes cepas en algún momento de su vida y se estima que el riesgo de exposición al papiloma humano es de 15 por ciento por cada pareja sexual que se tiene.
La mayoría de las infecciones de las distintas cepas son transitorias y asintomáticas, de tal manera que el 70 por ciento de las mujeres infectadas en alguna etapa de su vida eliminan la infección en el lapso de un año y el 90 por ciento lo logra en un lapso de dos años; pero aproximadamente el 10 por ciento de las mujeres expuestas presentan y evolucionan en patologías persistentes, y en nuestro país entre el 13.2 por ciento y el 31.4 por ciento de la población adulta sexualmente activa presenta infección por este tipo de cepa viral.
De los tipos de cepas de virus del papiloma humano que existen registrados, al menos 40 cepas atacan el tracto genital generando al menos verrugas genitales y más de 20 cepas son catalogadas como de alto riesgo para el desarrollo del cáncer ya que están asociados a un 99 por ciento de los casos de tumores en el cérvix. Por ello se le divide en dos grupos de tipos, el grupo de alto riesgo y el de bajo riesgo dependiendo de su asociación con el desarrollo de cáncer; los tipos 16, 18, 45 y 56 son los considerados de más alto riesgo.
Principales tipos de cepas del virus de papiloma humano
(Registradas en México)
Cepas de alto riesgo: 16, 18, 26, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 y 82
Cepas de bajo riesgo: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 73 y 81
En nuestro país la cepa tipo 16 y 18 son las responsables del 70 por ciento de los tumores malignos que derivan en cáncer cérvico-uterino; mientras que la cepa tipo 6 ocasiona cerca del 80 por ciento y la del tipo 11 un 15 por ciento de los casos totales de verrugas genitales.
En el hombre la cepa del tipo 6 de este virus está presente en al menos el 2 por ciento del total de su población.
El virus del papiloma humano también produce infecciones de piel y no solo afecta las mucosas del tracto ano-genital, sino también a la oral como boca y garganta, y de igual forma puede afectar a las mucosas respiratorias; pero se ha descubierto que puede ocasionar cáncer en la vagina, en el ano y en la garganta.
Aunque los expertos difieren en la relación del virus del papiloma humano con el cáncer de garganta, todos coinciden en que las prácticas como el sexo oral tienen una elevada incidencia de alojar este virus en la cavidad bucal.
Si bien en materia de acceso a la información, prevención, detección temprana y atención oportuna del cáncer cérvico-uterino se ha avanzado mucho, en realidad poco se ha hecho en nuestro país para erradicarlo determinadamente. El cáncer cérvico-uterino es el único cáncer que es prevenible y no se ha aprovechado esta valiosa condición que ofrece la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Hay 2 tipos de vacunas reconocidas y certificadas contra el papiloma humano que pueden ser aplicadas tanto en mujeres como en hombres; la primera, es una vacuna cuadrivalente denominada así porque protege contra cuatro tipos de cepas del virus del papiloma la 6, 11, 16 y 18; se administra en una serie de tres dosis intramusculares por un periodo de 6 meses. Su aplicación está permitida en hombres y mujeres de entre 9 y 26 años de edad; y para el caso de las mujeres está enfocada en primer lugar en prevenir el cáncer cérvico-uterino y posteriormente algunos otros cánceres como el vulvar y vaginal que son causados por los tipos de cepa 16 y 18 de este virus. Esta vacuna esta aceptada también para prevenir en mujeres y hombres las verrugas genitales causadas por los tipos de cepas 6 y 11.
La segunda vacuna aceptada es la bivalente porque protege únicamente de dos tipos de cepa del virus de papiloma humano la 16 y 18; se administra de igual forma y bajo las mismas condiciones que la vacuna anterior.
Algunos estudios recientes concluyen, que tener en un país como el nuestro un programa de vacunación generalizado en la población femenina, presenta una gran ventaja y efectividad en la erradicación total del cáncer cérvico-uterino y en la incidencia de otras patologías del tracto ano-genital, y demuestran su potencial de reducir dos terceras partes el número de muertes por este cáncer; además ha incluido en el debate la una posibilidad adicional una incidencia en la reducción del riesgo de padecer cáncer de orofaringe en hombres y mujeres, y cáncer de pene en hombres.
Se reconoce además, la efectividad de la vacuna para imposibilitar casi al 100 por ciento los cambios precancerosos de las células cervicales con una duración de la inmunidad de hasta 4 años mínimo, después de la aplicación en mujeres no expuestas; aunque se acepta que puede ser todavía mayor.
Además, otra de las ventajas de aplicarse esta vacuna es que no genera efectos secundarios adversos; únicamente los similares a los que se experimentan con la aplicación de otras vacunas y las molestias comunes en el sitio de la aplicación intramuscular.
Esta efectividad está garantizada siempre y cuando la vacuna se aplique antes de la infección del virus de papiloma humano, por lo los países que la utilizan la administran antes de que las mujeres sean sujetas a la exposición del virus; es decir, que sean sexualmente activas.
El pasado 4 de octubre del año en curso en el marco de la semana nacional de salud, en nuestro país el presidente Felipe Calderón anuncio la aplicación de esta vacuna en más de un millón de niñas de entre 10 y 11 años de edad, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos y comento lo siguiente: “La vacunación contra el virus del papiloma humano implica un hito, el inicio, el principio del fin del cáncer cérvico-uterino si México es constante”.
Tiene razón y hay que reconocer que con este inicial pero importante esfuerzo coloca a nuestro país en el camino que las naciones de primer mundo ya están recorriendo para erradicar de su sociedad el cáncer cérvico-uterino; es por esto que desde esta soberanía debemos de aportar nuestro apoyo incondicional a este tipo de programas y fortalecerlo para darle una vigencia permanente en nuestro país.
Por ello; la realización de una amplia campaña en todo nuestro territorio sin exclusión o excepción alguna, de información veraz y oportuna sobre las ventajas de la Vacuna Contra el Papiloma Humano y su aplicación, acompañada de un programa permanente de vacunación generalizado en niñas de entre 11 y 12 años de edad de todo el país; es una condición requerida en el esfuerzo por erradicar de forma definitiva el cáncer cérvico-uterino en nuestro país.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Artículo Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales realice permanentemente una campaña a nivel nacional de información y difusión de todas las ventajas aplicarse la vacuna contra el virus de papiloma humano.
Artículo Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que en coordinación interinstitucional con los centros educativos de todo el país implemente en los planes de enseñanza en materia de salud reproductiva, información amplia y detallada sobre el virus del papiloma humano, enfermedades que provoca y su prevención.
Artículo Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar a nivel nacional de manera coordinada con las instancias de salud estatales y municipales; una campaña de vacunación permanente y concomitante con las demás campañas del esquema nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano, para todas las niñas del país de entre 11 y 12 años de edad.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir por la Sectur el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada por Guanajuato a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, capítulo 2, fracción III, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a expedir y publicar el Reglamento de Ley General de Turismo.
Consideraciones
México es privilegiado debido a su posición geográfica y su gran diversidad turística: de segmentos especializados como alternativo, cultural, de salud, deportivo, náutico, de negocios y gastronómico. Es decir, turismo para todos.
El turismo es reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como una prioridad nacional, para lo cual se han puesto en marcha estrategias que buscan posicionar a México como un país líder en servicios turísticos de calidad internacional, a través del fomento de la competitividad de sus empresas y la diversificación de sus mercados, productos y destinos.
La importancia del sector turismo es reconocida mundialmente, pues la actividad influye directa e indirectamente en el crecimiento económico, en la generación de empleos y en la preservación del ambiente y aporta al desarrollo regional un sinnúmero de beneficios por demás conocidos, como la creación de empresas locales.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan resultados de los indicadores trimestrales de la actividad turística (ITAT) para el trimestre octubre-diciembre de 2011. Dichos indicadores son elaborados en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST).
En el cuarto trimestre de 2011, el indicador trimestral del PIB turístico se incrementó 3.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 2010, producto del aumento de la demanda de servicios de los turistas.
Gráfica 1. Indicador trimestral del PIB turístico al cuarto trimestre de 2011(Índice base 2003 = 100)
Fuente: Inegi.
En el trimestre en cuestión, el indicador del consumo turístico interior avanzó 4.4 por ciento, comparado con el cuarto trimestre de 2010. Por componentes, el consumo del turismo interno creció 6.7, mientras que el del turismo receptivo retrocedió (-)9.7.
Aspectos generales
El Inegi presenta los resultados de los ITAT para el cuarto trimestre de 2011. Dichos indicadores son elaborados en el contexto del CTEEEST.
Los ITAT son indicadores de coyuntura que permiten ofrecer un panorama de la evolución macroeconómica trimestral de las actividades relacionadas con el turismo, con datos de diversas fuentes de información oportuna y con una agregación similar a la difundida en la CSTM (Inegi. Cuenta satélite del turismo de México 2006-2010, México, Inegi, 2012.). Con ello se fortalece la información estadística que permite conocer más oportunamente el comportamiento y la tendencia del PIB turístico, complementado con el indicador trimestral del consumo turístico interior, apoyando así el análisis y la toma de decisiones de este importante sector.
Principales resultados indicador trimestral del producto interno bruto turístico. En su comparación anual, los resultados de éste indican que el cuarto trimestre de 2011 fue superior en 3.3 por ciento al observado en igual trimestre de 2010.
Gráfica 2. Indicador trimestral del PIB turístico al cuarto trimestre de 2011(Índice base 2003 = 100)
Fuente: Inegi.
Hoy por hoy, en México, de acuerdo con el índice de competitividad turística de los estados mexicanos, elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey, el turismo es un sector estratégico que equivale a 12.0 por ciento del PIB del país en 2011. Según ese índice, por la capacidad que tiene esta actividad para generar empleo, atraer divisas, detonar el desarrollo regional y apoyar el desarrollo de múltiples actividades debe considerarse uno de los sectores de mayor aportación social y económica.
Todos estos elementos anticipan que los resultados en 2012 cerrarán positivamente. Se espera que en este periodo finalmente los destinos nacionales logren dar la vuelta a la crisis que se gestó en 2008 y 2009, la más profunda desde que se llevan las cuentas en México.
El artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo señala: “La secretaría deberá emitir el reglamento de la presente ley dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la presente ley”.
Sin embargo, el Ejecutivo federal no ha publicado el reglamento, con lo cual se tiene un retraso de más de tres años, lo cual hace urgente que las dependencias responsables solventen las observaciones que se tengan y lo aprueben y publiquen con la mayor brevedad.
El reglamento es un instrumento normativo que permite otorgar certeza jurídica y equidad a los operadores turísticos e inversionistas que buscan impulsar y consolidar este importante sector. De ahí la relevancia de su pronta publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En el reglamento se delimitan las competencias de las autoridades y de los particulares, se regula de forma clara la actividad turística, se armoniza el funcionamiento del sector y se mejora el ordenamiento turístico a través de reglas bien definidas que proporcionen el equilibrio entre los actores participantes en el ramo.
Por lo expuesto, y convencida de la trascendencia económica y social del turismo en México, presento ante ustedes este punto de acuerdo, pues considero es inaplazable que se expida el Reglamento de la Ley General de Turismo que dé las herramientas necesarias e impulse las estrategias efectivas que promuevan mayor derrama económica en beneficio de este sector tan importante.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a expedir por la Secretaría de Turismo el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para transparentar e investigar el llenado de los socavones de las minas de Texcoco de 2010 a la fecha, suscrita por los diputados Claudia Elena Águila Torres y Jorge Federico de la Vega Membrillo, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Claudia Elena Águila Torres y Jorge de la Vega Membrillo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En septiembre de 2010, camiones de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados incrementaron sus actividades dentro del municipio de Texcoco, pero no para transportar arena, grava o tepetate, sino residuos de la construcción y posteriormente lodos con alto grado de contaminantes, así como materia fecal, los cuales escurrían durante su tránsito por las calles del ayuntamiento.
Con estos materiales y lodos se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan, afectando a estas comunidades, así como a las Colonias Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, con el transito constante (las 24 horas) de los camiones por sus vialidades y los desastres que ocasionan a la carpeta asfáltica, además del olor desagradable que dejan a su paso.
Es importante destacar que estas minas se encuentran en la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la sierra nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del valle de México y que los socavones de las minas son importantes debido a que de manera natural tienen la función de pozos de absorción.
Sin embargo se otorgaron permisos para el llenado de los socavones de las minas con materiales de la construcción, pero esto no fue cumplido, dado que se llenaron con lodos residuales, presuntamente del canal de la compañía sin tomar la precaución de poner una capa de impermeabilizante para la protección del suelo y para evitar la filtración de lixiviados al acuífero de la zona.
Ante esta situación los habitantes de las comunidades de San Luis Huexotla, Tequexquináhuac, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE, San Mateo Huexotla, Cooperativo, Sector Popular, del Municipio de Texcoco han formado un frente para evitar que los camiones sigan depositando los lodos contaminantes en los socavones de las minas y por consiguiente para evitar el daño al acuífero y a la salud de la población.
Cabe destacar que expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo, también han denunciado la contaminación de los lodos que se están depositando en los socavones de las minas. En un principio con lodos que llevaron algunos lugareños al laboratorio de suelos de la UACh, se realizaron los primeros estudios, encontrándose en ellos, metales pesados en concentraciones de 1.39 mg de plomo y 0.08 miligramos de cadmio por kilogramo de lodo, es decir aproximadamente 70 gramos de plomo y 4 gramos de cadmio por metro cuadrado.
Además de materia fecal, que contienen un porcentaje importante de nitrógeno, el cual se transformara en nitratos y nitritos, siendo este componente tóxico y de alto riesgo para la salud, los cuales llegaran al acuífero en forma de lixiviados por la permeabilidad del suelo.
Cabe destacar que los promoventes realizamos un recorrido el pasado 12 de octubre a los socavones de las minas y pudimos constatar el relleno de los mismos con desechos de la construcción, llantas, tierra, lodos, pet, y algunos otros materiales; que son acompañados de un olor desagradable característico de las aguas residuales. Durante el recorrido, la doctora Irma Rodríguez, profesora investigadora del Departamento de Suelos de la UACh, tomó muestras de los lodos, junto con sus alumnos; los lodos estaban debajo de una pequeña capa de tierra no mayor de 10 o 15 centímetros, la cual no podía permanecer firme para pisar en ella, quienes tomaron las muestras caminaban como en un pantano o sobre arenas movedizas, pues es la consistencia de los lodos, además hay unos lugares donde se encharca los lixiviados junto con el agua de lluvia.
Otra de las irregularidades encontradas fue el taponamiento de un río, al cual le colocaron tierra y cascajo, para poder tener un puente y al mismo tiempo una muralla que facilitará el depósito de los materiales.
Considerandos
1. Que para evitar cerrar la zona de recarga del acuífero, la más explotado del país, donde se sacan nueve litros y sólo se recarga uno, esto por la composición del suelo arenoso y en donde los habitantes disponen en menor cantidad el suministro del agua, es necesario realizar los estudios necesarios a fin de garantizar la sustentabilidad de los suelos, así como de incrementar los requisitos para el llenado de las minas, tal es el caso de contar con un estudio de impacto hidrológico.
2. Que para evitar la filtración de materiales dañinos a la salud es necesario cancelar todos los permisos otorgados para el llenado de los socavones de las minas de Texcoco, además de realizar estudios de impacto hidrológico, usando la tecnología y a los expertos que sean necesarios a fin de conocer la magnitud del daño al acuífero y resarcir en la medida de lo posible el daño a la naturaleza y hacia los habitantes de la zona oriente del valle de México.
3. Que de encontrarse componentes dañinos en los materiales depositados en los socavones de las minas de Texcoco, será necesario desalojarlos e iniciar un proceso de rehabilitación de los mismos, así como de investigar, la falta de interés de las autoridades del honorable ayuntamiento de Texcoco, gobierno del estado de México, Secretaría de Gobernación, Profepa, Conagua, Semarnat, ante un problema de esta magnitud.
4. Que ante la denuncia de que se han presentado múltiples casos de enfermedades respiratorias (fuera de lo normal, que antes no ocurrían) es de gran importancia realizar estudios de salud en la población, más aún en la infantil, a efecto de evitar males mayores en la comunidad.
5.-Que para ayudar a la recarga del acuífero es fundamental que los socavones se sigan conservando como tales, su conformación funciona como pozos de absorción y esto contribuye junto a la ladera noroccidental de la Sierra Nevada, a recargar el acuífero de Texcoco y parte del oriente del valle de México.
6. Que para evitar que estos casos se sigan presentando es necesario legislar en la materia, para evitar que con un simple estudio de impacto ambiental se den los permisos, es fundamental adentrarse en la conformación del lugar, de las repercusiones hacia la comunidad, pero sobre todo de la vigilancia por parte de la autoridad que otorga la autorización.
7. Que para una adecuada recarga del acuífero, así como del abastecimiento a la población del valle de México, es necesario crear un programa donde se tome en cuenta la instalación de plantas de tratamiento, la rehabilitación de los ríos, se incentive la cosecha de agua de lluvia y se fomente una verdadera educación hídrica. En lo referente a los lodos residuales se deberá aplicar la norma correspondiente y en su caso tratarlos como residuos peligrosos de acuerdo a las normas y leyes establecidas en materia ambiental
Derivado de lo anterior sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tenga por objeto específico transparentar e investigar todos los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco del año 2010 a la fecha.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputados: Claudia Elena Águila Torres, Jorge de la Vega Membrillo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a liberar los recursos correspondientes a la segunda etapa del teatro de Valladolid José María Iturralde y Traconis, aprobados por esta soberanía en el PEF de 2012, a cargo del diputado William Renán Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, William Renán Sosa Altamira, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se tuvo a bien, por parte de los diputados federales del estado Yucatán, someter a consideración de esta soberanía la propuesta de asignación presupuestal para la construcción del Teatro de la Ciudad de Valladolid, Yucatán, nombrado en honor de “José Ma. Iturralde y Traconis”.
En su momento y durante la convocatoria de recepción de proyectos emitida por la Comisión de Cultura de la LXI legislatura, se tuvo a bien inscribir el proyecto para la construcción del Teatro de la Ciudad de Valladolid, al tenor de las siguientes consideraciones:
i. La construcción del Teatro de la Ciudad de Valladolid complementa el equipamiento necesario para la expresión y la difusión de las artes como parte de la estrategia de desarrollo cultural para el Oriente del Estado de Yucatán. La construcción de un recinto cultural de estas dimensiones constituye un viejo anhelo para los habitantes de la región, quienes estaban obligados a trasladarse a la capital del Estado para disfrutar de eventos culturales.
ii. El Teatro de la Ciudad de Valladolid trasciende al mero objeto de infraestructura cultural, puesto que se trata de un centro cultural integral, ya que albergará una gran diversidad de actividades sociales, exposiciones culturales, clases de teatro, música, danza, presentaciones de libros, entre muchos otros.
iii. La obra en cuestión representará un importante factor para la atracción de turistas nacionales e internacionales de la Riviera Maya que asisten a Chichén Itzá y que tienen como trayecto intermedio el municipio de Valladolid. Con esta importante obra de infraestructura y la adecuada oferta de eventos culturales de calidad se podrá retener turistas, aumentar las tasas de ocupación hotelera y aprovechar la derrama económica asociada.
Derivado de las consideraciones antes expuestas y de la sólida justificación social del proyecto, la Comisión de Cultura valoró como positiva la propuesta asignando suficiencia presupuestal para la Primera Etapa del proyecto por 20 millones de pesos, monto establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. La Segunda Etapa del proyecto, con la que se concluirá la construcción de tan importante obra para el Primer Distrito Federal de Yucatán fue soportada financieramente con una asignación de 39 millones de pesos, monto dictaminado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, en su anexo 32.11 titulado “Proyectos de Cultura”, siendo la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán la institución asignada como ejecutora de gasto.
Con respecto a la Primera Etapa del Proyecto, los recursos aprobados para su implementación, establecidos en un monto de 20 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, fueron ejecutados en tiempo y forma por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán. Se da fe de lo anterior a través de los Reportes Trimestrales de Avance relativos al Convenio de Coordinación celebrado entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, identificado con el número CNCA/DGVC/CCOORD/02093/11. La Segunda Etapa del Proyecto, que será ejecutada con un monto de 39 millones de pesos asignados en el anexo 32.11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, aún no ha sido implementada por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, debido a la demora con la que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha evaluado el expediente del proyecto, mismo que fue recibido en tiempo y forma el 18 de mayo del presente.
El proyecto del Teatro de la Ciudad de Valladolid se trata, entonces, de un decreto presupuestal multianual que opera normativamente bajo la figura de donativo. El conjunto de donativos culturales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación son administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, institución que evalúa los alcances de cada proyecto y en su caso radica los recursos a las entidades ejecutoras.
Las atribuciones y facultades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en esta materia, provienen de diciembre de 1988 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes”, documento que señala en su octavo motivo o consideración, que Conaculta se constituye como órgano desconcentrado para incrementar la eficiencia y alcanzar la eficacia en la promoción cultural. Consecuentemente, toca a Conaculta “ejercer [...] las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes”1
El cumplimiento de dichas atribuciones representa un reto importante para Conaculta, puesto que requiere gestionar la relación con múltiples organismos con características heterogéneas y lógicas organizacionales diversas. El correcto desempeño de estas actividades no sólo está en función de la capacidad de la estructura administrativa del Consejo para trabajar en coordinación con los distintos niveles de gobierno y el Poder Legislativo; también depende de las capacidades de dicha estructura para responder de manera expedita y eficiente a los requerimientos de sus instancias interlocutoras, particularmente en el ámbito presupuestal.
Los donativos, como esquema presupuestario, son definidos en el “Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos” del Diario Oficial de la Federación publicado el 28 de agosto de 2008, como “los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, o autorizados en el presupuesto de las entidades no apoyadas, cuya identificación presupuestaria sólo podrá corresponder con las partidas de gasto respectivas del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, destinados para ser donados a los beneficiarios a que se refiere el inciso ‘e’ [...]”2
Los recursos establecidos como donativos en el Presupuesto de Egresos de la Federación pueden ser otorgados “por parte de la Federación a los siguientes beneficiarios:
a) Asociaciones no lucrativas que demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes;
b) Fideicomisos constituidos por las entidades federativas o particulares;
c) Entidades federativas o sus municipios, y
d) Organismos e instituciones internacionales, en el marco de los tratados o acuerdos internacionales que suscriba el Gobierno Federal”3
En relación al marco normativo que regula los donativos, el título tercero “de los subsidios, transferencias y donativos”, capítulo VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que toca al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización de los subsidios y transferencias aprobadas en el Presupuesto de Egresos; además, “los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables”.4 De lo que se deriva que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es el responsable por el adecuado ejercicio de los recursos que, una vez aprobados en la Cámara de Diputados, se transfieren a las unidades ejecutoras de gasto.
Como ha sido expuesto, los subsidios y donativos operados por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no requieren reglas de operación, sin embargo, esto no los exime de seguir criterios mínimos. La ley instituye los criterios a los cuales deberá sujetarse el proceso de adjudicación de subsidios, a saber, “objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad”.5 En consecuencia, el art. 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al establecer el criterio de temporalidad, obliga al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a la entrega, en tiempo y forma de los recursos financieros de los proyectos que permita una aplicación oportuna de los mismos por parte de los beneficiarios y unidades ejecutoras de gasto.
En atención a lo anteriormente expuesto se derivan las siguientes consideraciones:
I. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes está obligado, de acuerdo a lo explicitado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a garantizar que los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados, en este caso los donativos referidos a proyectos de cultura, sean entregados de manera oportuna a los beneficiarios o entidades ejecutoras de gasto, en este caso la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Yucatán.
II. La demora con la que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes está evaluando el expediente relativo a los 39 millones de pesos aprobados en el PEF 2012 para la ejecución de la Segunda Etapa del Teatro de la Ciudad de Valladolid, ha traído consigo la interrupción en los trabajos de tan importante obra cultural y ha generado entre los ciudadanos y la opinión pública de mi Distrito gran inconformidad y un sentir desfavorable sobre el desempeño del gobierno.
Por las razones previamente vertidas someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que libere de manera inmediata y oportuna los recursos de la Segunda Etapa del Teatro de la Ciudad de Valladolid “José María Iturralde y Traconis”, aprobados por esta Soberanía en el Anexo 32.11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. Lo anterior con la finalidad de poder concluir la construcción de tan relevante obra para los habitantes del Oriente del Estado de Yucatán.
Notas
1 Artículo 2 del decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes
2 Artículo 3 del acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2008.
3 Artículo 184 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4 Artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5 Artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de octubre de 2012.
Diputado William Renán Sosa Altamira (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para solucionar la problemática de los mineros de Cananea y de toda la República Mexicana, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, diputados Lorenia Iveth Valles Sampedro, Trinidad Morales Vargas, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Rangel Espinosa, en nuestro propio nombre y de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, y Revolucionario Institucional, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acudimos ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar solución a la problemática de los trabajadores mineros en Cananea y de toda República Mexicana, con base en los siguientes:
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo, uno de sus objetivos es incrementar la participación de México en los Flujos de Comercio Mundial y en la Atracción de Inversión Extranjera Directa, con la estrategia de incrementar la inversión en el sector minero y generación de empleos formales para el sector.
Que el artículo 2 fracción VI de la Ley de Planeación señala como uno de sus objetivos, “el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social”.
Al mes de Julio del año 2012, el empleo en el sector minero metalúrgico se registro de 330,240 trabajadores, pero al cierre del año 2011, se registro un total de 309,722 trabajadores, lo que representa un pausado aumento de 20,518 trabajadores.
A pesar de que en el mes de junio del año pasado, la tasa de desocupación en el país fue de 4.81 por ciento, menor al 5.42 por ciento reportado en igual mes de 2011, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por sector de actividad, precisa el citado Instituto, que 43.1 por ciento de la población ocupada se concentró en los servicios, 20.1 por ciento en el comercio, 14.9 en la industria manufacturera, 13.2 en las actividades agropecuarias, 7.2 en la construcción, 0.8 por ciento en “otras actividades económicas” (que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas) y el restante 0.7 por ciento no especificó su actividad.
La política de generación de empleos para el sector minero no ha sido la deseada, y las empresas mineras y metalúrgicas, han abusado de las condiciones laborales del trabajador, observamos que, sus contratos no son respetados, o bien no existen, la supervisión de condiciones salubres se encuentra por debajo de los estándares requeridos y la Organización Internacional del Trabajo ha hecho en reiteradas ocasiones observaciones al respecto, sin mencionar que en ocasiones no gozan con la seguridad social que el Estado les provee, no les brindan las herramientas de trabajo que la ley exige para el patrón, y arriesgan su vida todos los días que van a laboral; lamentables sucesos ha vivido nuestra Nación con sus fallecimientos, y sólo por citar una breve reseña de las perdidas humanas en el transcurso de 6 años:
• El 19 de febrero del año 2006, se presentó una tragedia en “Pasta de Conchos, era un domingo por la madrugada, una explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban dentro de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila.
• Con fecha 3 mayo del 2011, en Sabinas, Coahuila, estalló una bolsa de gas grisú fallecieron 15 trabajadores.
• En Jalisco el 5 mayo del año 2011, se registró un derrumbre en la mina de ópalo Pata de Gallo, ubicada en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, con tres personas muertas.
• El 21 de enero del año 2012, en Tlanepantla, el derrumbe de una mina de Cantera ubicada en la colonia El Temayo, en el municipio de Tlalnepantla, dejó dos personas muertas y dos heridos.
• Con fecha 18 de mayo del 2012, en Sabinas, Coahuila, se presentó accidente en el pozo de carbón denominado “El Hondo”, se hallaron los restos de los mineros.
• El 26 de junio del 2012, en Querétaro, tras inundarse el túnel de ventilación de la mina El Mono, en la comunidad de Plazuelas, municipio de Peñamiller, tres personas fallecieron.
• El día 25 de julio del año 2012. En Múzquiz, Coahuila, Siete trabajadores fallecieron en la mina de carbón en el Ejido La Florida, en Barroterán.
• Con fecha 3 de agosto del presente año, en el municipio de Progreso, Coahuila, cinco mineros perdieron la vida, en una mina de carbón de Coahuila. En 9 días fallecieron 12 mineros en Coahuila.
Es importante señalar como antecedente que durante la LXI Legislatura, se puso de manifestó la preocupación por esta problemática surgida por conflictos mineros en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas; muchos de los cuáles aún continúan, dando lugar, a la Creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática surgida de los conflictos mineros del país.
Con fecha 11 de septiembre del año 2012, el diputado Trinidad Morales Vargas, presentó punto de acuerdo por el que solicita “Crear la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de conflictos mineros en el país”; explicando la necesidad de que los legisladores debe atender la problemática que enfrenta nuestro país, respecto de las más de 113 fallecidos entre los años 2006 al 2010, otras fuentes señalan que son más de 213 muertos. Señala el legislador que:
“Dichos accidentes se sumaron a los cientos de fallecidos de los últimos años en las minas del país debido sobre todo a las pésimas condiciones de trabajo, lo que al mismo tiempo, ha acarreado múltiples conflictos laborales. También señala que en México, existen únicamente 776 inspectores para 830 mil 705 patrones según datos del IMSS; contrario a la recomendación de la OIT, que recomienda 4 inspectores por cada 100 mil trabajadores como mínimo. Nuestra proporción es de apenas 1.77 por cada 100 mil trabajadores”.
Compartiendo el interés del legislador, en que las condiciones laborales, sociales, salubres para los trabajadores mineros deben ser dignas y cumplir los contratos y prestaciones sociales que la ley les otorga.
Es una realidad, los contratos colectivos de trabajo no están siendo cumplidos, se merman los derechos laborales de los trabajadores, les han suspendido los servicios básicos como luz, agua, gas, etcétera.
Y las condiciones de las minas en el país, dicho por expertos nacionales y extranjeros, no reúnen condiciones de seguridad, además de que sus instalaciones y técnicas son obsoletas; no son adecuadas para la labor metalúrgica. Mención aparte merecen las condiciones laborales, pues en la mayoría de los casos, los trabajadores, ni siquiera tienen la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y sólo por citar un ejemplo, los Mineros de Cananea Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; han presentando violaciones en sus derechos humanos por las indignantes condiciones de trabajo, continúan con un movimiento nacional de huelga ante la Empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, filial del Grupo México. La situación que padecen ha afectado a la manutención de sus familias.
Es importante mencionar que los Mineros de Cananea, recibían un subsidio en energía eléctrica y gas, en virtud de que el 29 de noviembre de 1991 el Sindicato firmó un convenio con la empresa Mexicana de Cananea; mediante el cual se les otorgó subsidio por 696 kilowatts hora de “servicio de energía eléctrica”; asimismo, el servicio de gas por el importe de consumo hasta 100 metros cúbicos entre los meses de abril a septiembre y hasta 250 metros cúbicos durante los meses de octubre a marzo y quien absorbería el costo del subsidio sería la empresa citada.
Actualmente, no se les otorga dicho apoyo, por lo que están solicitando la ayuda de las y los legisladores federales, para que se gestione antes las autoridades competentes, un subsidio al servicio energía eléctrica, como lo tenían por su relación contractual, cabe decir que ya la pasada legislatura les consiguió dicho subsidio.
Sin menoscabo de señalar los problemas que viven todos los trabajadores mineros mexicanos y sus familias como servicio médico, gas, educación e Infonavit.
Es evidente, que se hace un llamado urgente a la Junta de Coordinación Política, para que apruebe la creación de la Comisión Especial para dar solución a la problemática de los trabajadores mineros en Cananea y de toda República Mexicana, donde se abordará el replanteamiento general de la actividad minera del país, otorgándose el derecho de audiencia y participaran los organismos descentralizados y demás autoridades competentes, con el animo de resolver su problemática; generando un informe que sirva para la consolidación de una reforma en la legislación minera, que tenga por eje esencial la tutela de la vida y salud de los mineros, principal riqueza de la minería, ya que con su esfuerzo cotidiano, con su mano de obra calificada a través de los siglos, se logran los importantes resultados de la actividad minera. Igualmente deberá tomar en cuenta, las recomendaciones en la materia emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, el contenido de los diversos instrumentos ratificados por nuestro país, y el Informe Final de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos constituida en la LX Legislatura.
Diversas voces han estado señalando de manera reiterada, la necesidad, que el Congreso asuma la responsabilidad de atender el tema minero, pues forma parte de los estratégicos sectores de la actividad industrial del país.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:
Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se crea la “Comisión Especial para dar solución a la problemática de los trabajadores mineros en Cananea y de toda República Mexicana”.
Segundo. Esta Comisión Especial tendrá como objeto, el conocimiento de los asuntos laborales, salubres y de seguridad social de todos los mineros en el País.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por el número de diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Cuarto. La Comisión Especial estará vigente hasta agosto de 2015.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves dieciocho de octubre del año dos mil doce.
Diputados: Lorenia Iveth Valles Sampedro, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Monreal Ávila, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Trinidad Morales Vargas Gisela Raquel, Mota Ocampo, Hugo Sandoval Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Fernando Belaunzarán Méndez, Alberto Gutiérrez Anaya, José Luis Valle Magaña, María del Carmen Martínez Santillán, Lilia Aguilar Gil, Loretta Ortiz Ahlf, Antonio Sansores Sastré, Marcos Rosendo Medina Filigrana, José Francisco Coronato Rodríguez, José Antonio León Mendívil, José Humberto Vega Vázquez, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Agustín Barrios Gómez Segués, Roberto López Rosado, Edilberto Algredo Jaramillo José Luis, Muñoz Soria, Alliet Mariana Bautista Bravo, Roberto López González Rodrigo, González Barrios, Jhonatan Jardines Fraire, Israel Moreno Rivera, Yesenia Nolasco Ramírez, Fernando Cuéllar Reyes, Julio César Moreno Rivera, Roberto López González, Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Marcelo Garza Ruvalcaba, Carol Antonio Altamirano, Joaquina Navarrete Contreras, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Miguel Alonso Raya, Silvano Blanco Deaquino, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Lucía Mícher Camarena, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Zuleyma Huidobro González, José Valentín Maldonado Salgado, Víctor Reymundo Nájera Medina, José Ángel Ávila Pérez, Domitilo Posadas Hernández, José Rangel Espinosa, Jessica Salazar Trejo, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Rosa Elia Romero Guzmán, Jorge Salgado Parra.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a intervenir en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas; y se solicita la creación de una comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del diferendo, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado por Oaxaca a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas; y se crea una comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, con base en las siguientes
Consideraciones
Los Chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, está situada entre el bosque tropical de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente se considera una de las últimas reservas de selva tropical del país, con un delicado ecosistema de gran riqueza, que produce 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios enriquecedores de variedades de pesca al Golfo de México y al istmo de Tehuantepec. Además, dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Tiene una extensión de 594 mil hectáreas, de las cuales 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa; y 134 mil, a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los Chimalapas resulta una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país y, al mismo tiempo, de las menos conocidas para la población mexicana.
Los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.
Lamentablemente, durante los últimos 45 años los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas) han librado una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594 mil hectáreas (6 mil 759.31 kilómetros cuadrados) en favor de estos dos municipios, contra controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente, con ejidos de Chiapas; abarcan más de 100 mil hectáreas de ejidos situados en bienes comunales de los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los Chimalapas.
Pese a los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente.
Por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio, sin el conocimiento de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios han violentado la paz y armonía sociales e, incluso, derramado su sangre.
Esa situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales. Pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo cual hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente, reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar nueve ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22 mil 929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas incluyendo todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego que el ministro instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Actualmente, las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo en el territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y de la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con las gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, y la comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, que propongo crear, participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo expuesto, y fundado en el artículo 79, numerales 1 y 2, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente las acciones pertinentes para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas.
Segundo. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de la comisión especial de análisis, seguimiento, y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, para que colabore en la solución del conflicto.
Tercero. La comisión especial contará con los recursos y el personal necesario para su operación, y su duración será hasta que se haya cumplido el objeto. Al efecto deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Cuarto. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de la legislatura, y estarán representados los grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva, formada por un presidente y dos secretarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades realizadas para prevenir el secuestro de indocumentados centroamericanos e investigar el paradero de los 40 migrantes desaparecidos este 3 de octubre en Medias Aguas, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. México debido a su posición geográfica estratégica al sur de Estados Unidos de América se ha convertido en un país de tránsito de migrantes centroamericanos, que intentan llegar por tierra a este país, en busca de mejores condiciones de vida. Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al año ingresan a México más de 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Recurrentes son las denuncias e informes sobre violaciones a los derechos humanos de estos migrantes. Amnistía Internacional, organización encargada de realizar actividades de promoción e investigación centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos humanos de individuos y grupos alrededor del mundo y en México, encontró que muchos de los centroamericanos que se internan en nuestro país para llegar a los Estados Unidos de Norte América han sido secuestrados por bandas criminales que, en ocasiones, trabajan en complicidad con las autoridades locales. La impunidad de los abusos contra las personas migrantes, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad, ha permitido que estos abusos se incrementen, a pesar de los compromisos que ha hecho el gobierno de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
La Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de mayo del 2011, es un avance importante en la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes. En el cual se establece, en el artículo 6o. que “el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria”. Sin embargo, poco ha repercutido esta ley en la realidad, y si no se actúa con energía será letra muerta.
Segunda. El padre Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, desde el 2007 denunció el secuestro masivo de migrantes en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Derivado de esa denuncia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en 2009 el “Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México”, trabajo que por primera vez expuso la situación de los migrantes secuestrados a través de la recopilación de múltiples testimonios. Dentro del informe señalado se estimó, que en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9 mil 758 migrantes fueron secuestrados, dejando a los perpetradores un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares.
Dando seguimiento al asunto, la CNDH elaboró un segundo informe, publicado en febrero de 2011, el cual advierte que “en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la Comisión documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigo de hechos, resultaron 11 mil 333 migrantes víctimas de secuestro”. Esta cifra es alarmante, puesto que representa un 74 por ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012.1
En los últimos años, el secuestro, desaparición, asesinato de migrantes ha sido una constante; basta recordar a los setenta y dos migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010, y el de los cuarenta o cincuenta desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre del 2009. Claras muestras de violaciones a los derechos humanos, que se suman a las denuncias a los agentes de migración por vejaciones cometidas a los centroamericanos sufridas en su tránsito por nuestro país.
De acuerdo a denuncias de activistas en pro de los derechos humanos de los migrantes, el pasado 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga en Medias Aguas, Veracruz. Hasta la fecha se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.
Las autoridades del Estado de Veracruz señalan desconocer secuestro de los migrantes centroamericanos; el comandante de la sexta región militar de la Sedena, René Aguilar Páez aseguró, que lo dicho por el padre Alejandro Solalinde Guerra no tiene fundamento. Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que ni la subprocuraduría regional, ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen reporte alguno y/o denuncia sobre el presunto plagio de migrantes.
Lo cierto es que existe una deuda con la protección de los derechos humanos de los migrantes en México; y la desaparición de estos centroamericanos, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que se les da a los migrantes que cruzan nuestro territorio; y de la corrupción e impunidad imperante a lo largo de las rutas migratorias mexicanas. En repetidas ocasiones en esta tribuna se ha alzado la voz para exhortar al Gobierno estadounidense que respete y proteja los derechos humanos de nuestros compatriotas; el caso que hoy les expongo no nos debe ser ajeno ya que se trata de seres humanos que su único delito ha sido salir de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al gobierno de Veracruz a hacer público el resultado de las actividades que han realizado para prevenir los actos de secuestro de indocumentados centroamericanos durante su tránsito por el territorio nacional. Además, se exige que las autoridades investiguen el secuestro y den con el paradero de más de 40 personas migrantes en Medias Aguas, Veracruz, el 3 de octubre pasado.
Nota
1 De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2006 a agosto de 2012 se denunciaron un total de 6 mil 512 secuestros en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición contenidas en las sentencias dictadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 2o. que el país “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, los cuales, conforme al último Censo de Población y Vivienda representan más de 12 por ciento de la población.
En dicho artículo garantiza asimismo el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, para lo cual, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas, señala, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Segunda. El artículo 1o. del máximo ordenamiento establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Tercera. No obstante, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de los que expresamente les confiere la Constitución.
Así lo constatan cientos de casos de mujeres y hombres indígenas. Diversos organismos internacionales, entre ellos, las Naciones Unidas, han documentado y condenado el hostigamiento, los encarcelamientos injustos e injustificados, los procesamientos infundados; así como el incremento de la violencia sexual contra las mujeres cometida con fines políticos, particularmente en zonas donde hay una intensa militarización, como en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
Dos de los casos que destacan por la serie de atropellos y vejaciones son los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega que, no obstante, en virtud de su fortaleza y valentía, han sentado un precedente significativo en los ámbitos nacional e internacional en la búsqueda de justicia para la población indígena y, dentro de ésta, para las mujeres indígenas.
Cronología de los hechos
Caso Valentina Rosendo Cantú
16 de febrero de 2002: Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, es interrogada por un grupo de militares –cuando se encontraba lavando ropa en un arroyo a 200 metros de su casa, situada en Barranca Bejuco, en Acatepec– sobre el paradero de un “encapuchado”. Al no recibir respuesta, fue amenazada, golpeada y violada por dos soldados del 41 Batallón de Infantería. Tenía 17 años.
18 de febrero de 2002: Valentina acude a la clínica de Caxitepec, en el mismo municipio, donde le deniegan la atención porque el médico de turno argumentó temor hacia los militares.
26 de febrero de 2002: Valentina se dirige al hospital central de Ayutla de los Libres, Guerrero, que queda a más de ocho horas de su casa, pero tampoco es atendida porque le informaron que requería cita.
Al día siguiente, luego de solicitar la cita, un doctor le examina sólo el estómago, negándose a realizar otros exámenes porque no había doctora.
27 de febrero de 2002: Valentina Rosendo y su esposo interponen una queja contra elementos del Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
3 de marzo de 2002: 50 soldados del Ejército se presentan en la casa de Valentina y la obligan a señalar a sus agresores.
8 de marzo de 2002: Valentina interpone una denuncia formal ante el Ministerio Público del fuero común con sede en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.
11 de marzo de 2002: Valentina Rosendo y su esposo presentan una solicitud de intervención al Gobernador Constitucional de Guerrero, en la cual además de solicitar justicia, pidieron “imponer correctivos al servicio de salud al que tienen derecho en la clínica de Caxitepec”.
19 de marzo de 2002: Valentina es revisada por el médico legista Enoch Dolores Flores, adscrito al Distrito Judicial de Morelos, gracias a la solicitud número 135, realizada por la agente titular del Ministerio Público del fuero civil especializado en delitos sexuales. El certificado médico ginecológico indica que Valentina presenta huellas de violencia física.
5 de abril de 2002: El Ministerio Público Común remite la averiguación previa a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero para continuar la investigación, por considerar que era incompetente en razón de territorio.
15 de abril de 2002: La Procuraduría General de Justicia del Estado remite la averiguación previa a la titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Distrito Judicial de Morelos, para que prosiguiera las investigaciones correspondientes, aunque continúa practicando algunas diligencias.
16 de mayo de 2002: La Procuraduría General de Justicia de Guerrero declina su competencia a la justicia militar.
7 de junio de 2002: Valentina presenta un amparo a través del cual solicita que las autoridades militares declinen la competencia del caso.
20 de enero de 2003: La solicitud de amparo es rechazada.
11 de febrero de 2003: Valentina interpone una segunda demanda de amparo en el Distrito Federal, para que su caso tenga continuidad y no quede en el olvido.
29 de abril de 2003: La nueva solicitud de amparo es rechazada.
6 de noviembre de 2003: Valentina acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar su caso, después de una serie de irregularidades ante las autoridades nacionales.
10 de noviembre de 2003: La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) demandaron ante la CIDH la admisión del caso.
26 de febrero de 2004: La Procuraduría General de Justicia Militar archiva el caso por “no acreditar” la violación sexual.
21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.
12 de octubre de 2007: Tiene lugar la audiencia pública ante la CIDH por el caso de Valentina. En la sesión, Valentina narra las trabas para ser atendida en los servicios de salud y el hostigamiento militar para identificar a sus agresores.
El Estado argumenta que no se comprobó la violación, pues Valentina no acudió a las diligencias y no reconoció a quien la atacó. Además, insiste en que los soldados no incurrieron en faltas a la disciplina militar.
27 de marzo de 2009: La CIDH emite su Informe de Fondo donde acredita la violación sexual y responsabiliza al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables.
2 de abril de 2009: El Estado mexicano es notificado del Informe de Fondo, dándosele un plazo de dos meses para informar sobre las acciones emprendidas para implantar las recomendaciones.
Con el pretexto de atender la crisis de influenza, el Estado pidió una prórroga de un mes para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de junio de 2009.
4 de mayo de 2009: Los peticionarios solicitaron que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
31 de julio de 2009: Ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta del Estado Mexicano, la CIDH presentó una demanda en contra del estado mexicano ante la Coidh.
14 de agosto de 2009: Valentina Rosendo amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.
27 de mayo de 2010: Representantes del Estado mexicano, Valentina y sus abogados de Cejil y Tlachinollan comparecen en una audiencia ante la Coidh, con sede en Costa Rica.
31 de agosto de 2010: La Coidh emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. Se condenó al Estado mexicano a
• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, como de la obstrucción a la justicia, encubrimiento e impunidad que imperaron en el caso.
• Reformar la legislación federal y militar a fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades que la justicia militar debe abstenerse en cualquier supuesto de conocer sobre violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sin importar si éstos se encuentran o no en servicio activo.
• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones de los derechos humanos de las indígenas.
• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas: me’phaa.
• Otras de carácter normativo y administrativo.
Caso Inés Fernández Ortega
22 de marzo de 2002: Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, es allanada en su hogar –en el que se encontraba con sus cuatro hijos–, situado en Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres, por un grupo de 11 militares. Mientras la apuntaban en el pecho con un arma, la cuestionaban acerca de la procedencia de los trozos de carne que secaba en el patio. Ellos aseguraban que era robada. Inés no respondió porque no habla español. Su silencio enfureció a los soldados y enseguida la violaron. Tenía 25 años de edad.
24 de marzo de 2002: Inés Fernández interpone una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común con residencia en Ayutla de los Libres, enfrentándose a trabas para su recepción y sin la asistencia de un perito traductor.
25 de marzo de 2002: Médicos le practican estudios a Inés Fernández y obtienen pruebas espermáticas de la violación sexual. Las pruebas son posteriormente destruidas.
Inés Fernández presenta una queja formal por violaciones de sus derechos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, la cual la remitió a la CNDH.
17 de mayo de 2002: El agente titular del Ministerio Público del Fuero Común se declara incompetente y remite el caso al Ministerio Público Militar.
10 de abril de 2003: Inés Fernández interpone una demanda de amparo para atraer su denuncia a la justicia civil.
3 de septiembre de 2003: Le es denegada la solicitud de amparo.
19 de septiembre de 2003: Inés Fernández presenta un recurso de revisión del amparo.
27 de noviembre de 2003: Se confirma la resolución recurrida.
28 de noviembre de 2003: La CNDH emite la recomendación 48/2003, dirigida al secretario de la Defensa Nacional y al gobernador de Guerrero para que integre la averiguación del caso e investigue las omisiones en las que ha incurrido el Ministerio Público Militar.
14 de junio de 2004: Inés Fernández, la OPIM y el Centro Tlachinollan denuncian el caso ante la CIDH.
15 de septiembre de 2006: La investigación del caso es archivada por la Procuraduría General de Justicia Militar.
21 de octubre de 2006: La CIDH admite el caso.
20 de septiembre de 2007: La CIDH emite medidas cautelares a Inés Fernández y su esposo, ante el riesgo y amenazas que enfrentan.
12 de octubre de 2007: Inés Fernández asiste a una audiencia pública ante la CIDH en Washington, DC.
10 de febrero de 2008: Lorenzo Fernández, hermano de Inés, aparece muerto y con visibles huellas de tortura.
27 de junio de 2008: La CIDH amplió las medidas cautelares, en favor de otros 41 miembros de la OPIT, luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega. No obstante, durante el periodo de vigencia de dichas medidas y a pesar de ellas, los beneficiarios continuaron recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal y sufriendo actos de hostigamiento.
30 de octubre de 2008: La CIDH aprueba un informe de fondo sobre el caso de Inés Fernández.
7 de noviembre de 2008: El estado del informe de fondo, concediéndosele un plazo de dos meses para comunicar las acciones emprendidas para implantar las recomendaciones.
12 de diciembre de 2008: El Estado presenta un informe preliminar y solicita una prórroga, la cual le fue concedida por tres meses, a partir del 5 de febrero de 2009.
9 de abril de 2009: La Coidh emite medidas provisionales para Inés Fernández, así como para otros 106 defensores de derechos humanos en Guerrero.
20 de abril de 2009: El Estado presenta su informe final, sin acreditar avances sustantivos en el cumplimiento de las recomendaciones.
7 de mayo de 2009: La CIDH presenta una demanda en contra del Estado mexicano ante la Coidh.
14 de agosto de 2009: Inés Fernández amplía su declaración ministerial, aportando datos físicos de sus presuntos agresores para elaborar un retrato hablado e identificándolos por medio de un álbum fotográfico.
15 de abril de 2010: La Coidh celebró la audiencia del caso de Inés Fernández durante el periodo extraordinario de sesiones de la corte en Lima, Perú.
30 de agosto de 2010: La Coidh emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial; así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, en perjuicio de Inés Fernández Ortega y de varios integrantes de su familia. Se condenó al estado mexicano a
• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas.
• Reformar la legislación federal y militar a fin de que establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sin importar si éstos se encuentran o no en servicio activo.
• A pagar una indemnización económica por daño material a Inés Fernández Ortega y su esposo, e inmaterial a Inés Fernández y varios integrantes de su familia, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarle a sus cuatro hijos becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.
• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas: me’phaa.
• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres.
• Otras de carácter normativo, social y administrativo.
Proceso conjunto
1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la Coidh.
25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo e Inés Fernández, con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob, un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implantación de las reparaciones emitidas por el tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: i. Justicia; ii. Reconocimiento de responsabilidad; iii. Educación y atención médica; iv. Indemnización; v. Capacitación; vi. Reformas legislativas; y vii. Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implantación coordinada de los resolutivos.
29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la Coidh una interpretación de las sentencias, en virtud de que la Procuraduría General de la República (PGR) “quiso dejar claras algunas determinaciones de la corte que fueron muy generales”.
Reconoció que esta petición ante la corte retrasó la implantación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la PGR y de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de la Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.
8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
15 de marzo de 2011: Tras cinco meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR y la Consejería Jurídica de Presidencia. Todos, como representantes del Estado mexicano, se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implantar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.
30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las Mesas de Trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento al plan de trabajo suscrito.
Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña Cumplir las Sentencias para Romper el Muro de la Impunidad, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con el objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de que Inés y Valentina fueron víctimas.
12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.
20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional. Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, los ofendidos del delito y los representantes legales.
15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la procuradora Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones de los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.
6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El acto estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora, Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.
31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en la gran mayoría de las medidas dictadas por la Coidh.
Cuarta. El pasado 1 de octubre se cumplieron dos años de que la Coidh notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, pese a que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la corte: “El gobierno de México reitera su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”, el Estado mexicano, en su conjunto, y el gobierno federal en lo particular, se han encontrado reacios a cumplir de manera pronta y cabal las sentencias, las cuales permanecen incumplidas en sus aspectos más sustantivos, destacando los siguientes:
• A la fecha, la Fevimtra no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.
• El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades; sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.
Ante el próximo cambio de poderes y, en virtud, de la negligente dilación en su cumplimiento, es indispensable exigir que las medidas reparatorias incumplidas o parcialmente cumplidas sean cubiertas antes de que concluya la presente administración. O bien, asegurar los mecanismos institucionales que garanticen su continuidad en la próxima administración.
Por lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a
a) Retomar las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por ambas partes;
b) Cumplir a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos Rosendo Cantú y otra vs. México y Fernández Ortega y otros vs. México;
c) Generar los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso y el cumplimiento de los resolutivos que quedaran pendientes, por parte de la administración entrante;
d) Rendir un informe pormenorizado a las Sras. Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las Sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento; y
e) Hacer del conocimiento público la información a que hace referencia el inciso anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a retomar y redoblar el esfuerzo de combate contra los “productos milagro”, basado en el monitoreo sobre medios de comunicación masiva, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento de la nación, establece en el artículo 4o. la garantía de la protección de la salud.
El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la Secretaría de Salud (Ssa), entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes confieren al Ejecutivo federal, y vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
La Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional, establece en el artículo 17 Bis las facultades de la Ssa, que ejerce a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como los establecimientos dedicados al proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las actividades, productos y servicios a que se refiere la ley y demás disposiciones aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 3o. de su reglamento.
Conforme al citado artículo, a la Cofepris corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer los actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de la ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de la ley, sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia, ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos y participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades, entre otras.
Todo lo anterior corresponde al marco jurídico básico de la citada Cofepris, el cual puede consultarse en línea.
Cada día, y al menos desde hace algunos años se ha iniciado por el Estado mexicano una lucha por controlar los “productos milagro”, que buscan eliminar del mercado mexicano los famosos productos anunciados principalmente en las grandes televisoras que operan en el país, que dicen curar todo y al final no sirven para nada o, peor aún, atentan contra la salud.
De ello dan cuenta boletines de prensa de la propia institución de 2010, donde destacan cerca de 240 “productos milagro” que aseguró la Cofepris, el comunicado 23 de la Procuraduría Federal del Consumidor en que resalta el convenio firmado entre ésta y la Cofepris para hacer un solo frente contra la publicidad engañosa, entro otros documentos oficiales que publicitan la acción del Estado en esta materia.
Sin embargo, al parecer aún es insuficiente esta actividad. Tan es así que en marzo del presente año se modificó el reglamento en materia de publicidad sanitaria, que dotó de nuevas atribuciones y facultades a la Cofepris, esperando marcar con ello un avance cualitativo en el quehacer de esta institución, sin embargo, reitero, aún parece insuficiente, ya que tanto en páginas web, como en revistas o en los mismos programas televisivos siguen exhibiendo estos productos engañosos, los cuales día con día remiten nuevos pacientes a los consultorios médicos, tanto públicos como privados.
Por lo expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a retomar y redoblar el esfuerzo en el combate contra los “productos milagro”, con la realización de un monitoreo de medios masivos de comunicación electrónicos, principalmente televisión, y de comunicación escritos, a fin de detectar estos productos y proceder con las sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2012.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD
El Día Mundial de la Alimentación que se celebra el16 de octubre de cada año fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el objetivo de concientizar al mundo sobre el problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En 1980, la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó la observancia de este día por considerar que “la alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental”.
En la actualidad más de 1,000 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, uno de cada seis habitantes del planeta, la mayoría de s cuales viven en los países del sur, emergentes o en vías de desarrollo, entre ellos México.
Investigadores del tema, apoyados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que tan sólo de 2001 a 2010 fallecieron en nuestro país 85 mil 343 personas por desnutrición.
Otros expertos señalan que “hay millones de mexicanos que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos” por lo que “si no mueren por desnutrición, morirán por otras enfermedades generadas por ésta”.
Debemos reconocer que la pobreza extrema y el limitado acceso a los alimentos no es un problema pasajero y menos nos es ajeno.
Esta es una realidad lacerante y vergonzosa presente que requiere de una profunda revisión de la política económica y social, para construir una economía con equidad y justicia.
Basta mencionar la situación de hambruna que vivió el pueblo tarahumara o rarámuri en el estado de Chihuahua a principios de este año, provocada por el hambre, las heladas y la indiferencia de los gobiernos federal y estatal.
Esta situación no es exclusiva de uno de los estados más prósperos. Se encuentra presente en estados del centro y del sur, particularmente en Guerrero, Chiapas y Oaxaca en donde millones de personas sufren una pobreza alimentaria, patrimonial, económica, una carencia de atención sanitaria, educativa, y sobre todo de empleo.
Sobra decir que la pobreza no sólo es por falta de alimentos, carbohidratos y proteínas. Lo es también por falta de agua, de pisos de tierra, de drenaje. Tiene que ver con el cuidado de los jefes de familia y de su capacidad para proteger a los más vulnerables que son los niños.
Por ello, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura más que motivo de celebración hacemos un llamado a la acción.
Hemos analizado, discutido y consensado desde el inicio de la presente Legislatura, una propuesta amplia de Agenda Legislativa Rural.
En esta agenda, el derecho a la alimentación de los mexicanos, al igual que ustedes es de nuestra mayor preocupación.
Desde este espacio legislativo nos proponemos dar viabilidad a dicha agenda a través de acciones legislativas de corto y mediano plazo, entre las cuáles en obvio de tiempo sólo menciono algunas:
1. Impulsaremos un modelo alternativo de desarrollo rural que incluya un conjunto integral de políticas y acciones que reduzcan la desigualdad, supere la pobreza, genere bienestar y construya las condiciones que satisfagan las necesidades básicas de los mexicanos con una orientación a la inversión en bienes públicos que apoyen la producción de los pequeños y medianos productores, así como, la de los pueblos y comunidades indígenas.
Estamos convencidos que el combate a la pobreza y la protección a la economía familiar debe de ir aparejado a la promoción de la seguridad alimentaria como derecho humano fundamental a proteger por parte del Estado.
2. En este modelo alternativo se reconocen las asimetrías y la desproporción entre el desarrollo rural del norte y la situación de los estados del sur del país. Este reconocimiento implica la urgente necesidad de reorientar las políticas públicas para esta última región.
Se requiere un desarrollo armónico y equilibrado en la geografía nacional que respete las condiciones de las diferentes culturas y formas de producción.
3. Impulsaremos la creación de una reserva estratégica de alimentos y del Instituto Mexicano de la Alimentación, para hacer frente a la crisis alimentaria que vive el país.
4. En materia de soberanía y seguridad alimentaría mantendremos nuestra oposición a que se pretenda avanzar a través de la siembra y consumo de alimentos transgénicos provenientes de organismos genéticamente modificados.
Insistiremos en el perfeccionamiento de la norma vigente en esta materia en lo que se refiere a adicionar en el texto de la misma el tema del etiquetado.
Concluyo mi intervención, haciendo una última reflexión. Ante el agotamiento del modelo agroalimentario mundial que le apostaba a la eficiencia de las grandes empresas aplicando la teoría de las ventajas comparativas, avancemos en la perspectiva de la agricultura campesina y familiar sustentable, la promoción de la autosuficiencia a partir de la pequeña y mediana parcela y la promoción y desarrollo del mercado interno agropecuario y pesquero.
Avancemos en un nuevo modelo de producción justo, equitativo y sustentable.
Por su atención ¡Mucha gracias!
Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica)
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