Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3625-III, martes 16 de octubre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno mexicano a evitar por la Sagarpa y la SE la importación de papa fresca, suscrita por los diputados Jesús Antonio Valdés Palazuelos y Rubén Benjamín Félix Hays, de los Grupos Parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza, respectivamente
Los que suscriben, diputado Rubén Benjamín Félix Hays, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
La papa es uno de los productos con más tradición en nuestro continente. Originaria de América del sur, se considera que fue cultivada por primera vez hace más de 2 mil años. Según datos de la Revista Latinoamericana de la Papa , México tiene un consumo anual promedio de papa de 12 kilogramos por habitante, el más bajo en América Latina, y mucho menor que el consumo promedio en Europa, que es de 86 kilogramos por persona.
Es tal vez el crecimiento de la población el factor principal que explicaría el incremento en la producción que se ha observado en las décadas recientes, y en menor medida, el cambio en los patrones de consumo, con la inclusión de mayores cantidades de papa en la dieta mexicana.
Actualmente la producción promedio nacional de papa es de un millón 500 mil toneladas, las cuales son totalmente para consumo nacional, nada se exporta pues todos los mercados tienen al producto en cuarentena.
En México, el cultivo de la semilla reviste una gran importancia por su valor nutritivo y por tratarse de una fuente generadora de empleos. El cultivo de la papa resulta importante también porque demanda una gran cantidad de jornales durante la siembra, cosecha, comercialización y demás actividades directa e indirectamente relacionadas con su producción.
Desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los productores de papa han trabajando el tema con especial interés, debido al peligro que representa la introducción de problemas sanitarios en importaciones de semilla y en contrabando de papa comercial.
A fin de proteger a nuestro país de problemas de importancia cuarentenaria, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), establecieron exitosamente un marco regulatorio fitosanitario a través de protocolos, planes de trabajo y normas, y defensa de problemas fitosanitarios. Lo anterior no sólo brindó certidumbre al sector, sino que también permitió implementar medidas al interior para salvaguardar la fitosanidad.
Siguiendo esta lógica, el Senasica elaboró el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para la importación de tubérculo de papa a México, como sustento técnico científico para la actualización de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de papa y las medidas de mitigación de riesgo para su importación a México, y lo ha compartido con el Servicio de Inspección de la Inocuidad de Animales y Plantas de los Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés), con la finalidad de mantener un nivel adecuado de protección fitosanitaria.
Derivado de esta protección que brinda certeza y seguridad jurídicas a los productores, se firmó el Protocolo para la exportación de papa fresca de los Estados Unidos a México en 2002-2003, donde claramente se especifica que los embarques de papa norteamericanos deben ser inspeccionados y certificados por personal oficial del (APHIS) para evitar plagas, entre otras consideraciones de salud pública.
En resumen, el citado protocolo señala que los Estados Unidos sólo pueden mandar papa fresca sana a México, y bajo los más estrictos controles de calidad, situación que nuestros vecinos del norte no han cumplido a cabalidad y debemos evitar que dichas omisiones (dolosas o incidentales) se presenten de nuevo.
En opinión de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana (Conpapa), en los últimos 10 años, Estados Unidos incumplió al mandar más de mil embarques con plagas cuarentenarias que México rechazó, pero que en 2011 siguió esta práctica, atendiendo a presiones de senadores y congresistas norteamericanos para impedir el paso de papa fresca a Estados Unidos.
Desde principios de 2012, dichos legisladores pretenden actualizar un acuerdo de 2002, donde se facilitaría introducir papa de Estados Unidos a México, pero nuestro país no podría exportar papa a aquel país. Ante esa absurda situación, Conpapa ha señalado que muy pocos países del mundo comercian con papa fresca, pues es un alimento que lleva ciertas impurezas en su cuerpo, que pone en riesgo no sólo el cultivo nacional sino a otras especies.
Como resultado de las presiones políticas de Estados Unidos que hemos señalado, México fue condicionado para la entrada al Acuerdo de Asociación Transpacífica (TTP) a entregar unilateralmente el acceso de la papa procedente de Estados Unidos.
A principios del presente año, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, firmó un acuerdo con la Conpapa para detener la importación de papa fresca que se efectuaba exclusivamente para la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, mismo que tampoco se ha cumplido, ya que como hemos visto, el Ejecutivo federal publicó en la página de Internet de Sagarpa, el supuesto envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) del proyecto de “Acuerdo por el que se establecen las medidas de mitigación de riesgo para la importación de tubérculo de papa a los Estados Unidos Mexicanos”, así como el análisis de riesgo que sustenta dicha propuesta y la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente. Con dicho proyecto de acuerdo, parece ser que el gobierno mexicano ha cedido a las presiones de congresistas estadounidenses para la introducción de papa fresca a territorio nacional.
En Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional tenemos presente que de concretarse esa situación, se presentará un grave riesgo de salud pública para México, ya que nuestras fronteras pueden ser contaminadas al introducir papa fresca, por lo que es necesario proteger los mercados tanto por la vía arancelaria como por la vía fitosanitaria.
Compartimos la enorme preocupación de que por medio de la presión política se violente una veda fitosanitaria, ya que la papa estadounidense fresca tiene un grave riesgo de venir a contaminar nuestros suelos y nuestras hortalizas, no sólo la papa, sino el chile, el jitomate, el pepino y otras legumbres.
Debemos respaldar los esfuerzos de la Sagarpa para impedir el ingreso del producto estadounidense. En la actualidad esto se permite solamente para la zona fronteriza, pero la intención de los productores norteamericanos es introducir a todo el mercado nacional, en virtud de que según ellos, cumplían con todas las normas fitosanitarias establecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC), mismo que prevé la liberación gradual de fronteras a las importaciones de papa.
Sin embargo, como hemos advertido, diversas voces señalan que el ingreso del producto no cumple con las normas sanitarias mínimas; incluso, Conpapa concretó un panel internacional de expertos en el tema donde a México se le dio la razón, puesto que, de acuerdo a las conclusiones de científicos y analistas, correríamos un grave riesgo de contaminación.
Estamos de acuerdo con el gobierno federal en que no se trata de vetar un producto. México no está vetando ningún producto. La papa puede ingresar pero procesada, no fresca . Conpapa precisa que permitir el ingreso del producto fresco representaría un fuerte impacto económico equivalente a 10 mil millones de dólares por las afectaciones a la comercialización de papa fresca nacional y el daño colateral a otros cultivos por contaminación.
La intención que tienen los productores estadounidenses de contaminar con su producción a los mercados mexicanos, no es nueva. Durante casi veinte años han buscado ese propósito, sólo que han sido frenados por razones fitosanitarias, pues la papa de Estados Unidos presenta enfermedades que no se encuentran en México . Pero al arribar a nuestro país colocarían en un grave riesgo el sostenimiento de la producción nacional del tubérculo e incluso de otras hortalizas como tomate y chile, situación que no debe ignorarse por parte de la federación, sobre todo por los graves riesgos que se correrían.
Para Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional, la protección fitosanitaria continuará siendo el punto central de la defensa para impedir que ingresen estos productos a México. Además, el impacto económico negativo que resentiría este sector, el cual es un importante generador de empleos y detonante de la economía en varias entidades del país.
Aunado a lo anterior, este año ha sido difícil para los productores nacionales. Por un lado, las heladas del pasado mes de febrero afectaron sus cultivos. Por el otro, el incremento de los fertilizantes y el amoniaco en las presentes fechas, impacta más en su economía, y con ello se encarecen más los costos de producción.
Aún se desconoce si la magnitud de las afectaciones a causa de las heladas sea un factor para que en el próximo ciclo agrícola se pueda reducir la superficie de siembra. Recordemos, como señala la Sagarpa, en el ciclo 2010-2011 se sembraron alrededor de 4 mil 500 hectáreas y que actualmente ya se encuentran realizando la cédula de cultivos para iniciar con las siembras a partir de este mes.
Coincidimos con el Ejecutivo federal en el sentido de que, independientemente de las negociaciones comerciales en las que México sea parte, todos los productos de importación deben satisfacer las medidas sanitarias y fitosanitarias vigentes.
Más allá de posturas oficiales frente a desplegados, necesitamos un compromiso serio de las dependencias del Ejecutivo federal a quienes va dirigida la presente proposición. En esta ocasión es la papa, pero después puede ser otro tipo de alimentos que son necesarios para la seguridad alimentaria de México.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno mexicano a que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a evite la importación de papa fresca a territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar por la coordinación de la PGR, la Sedena, la Semar, la SSP, la SRE y la Segob acciones legales para atender a las víctimas de crímenes donde se han empleado armas de la operación Rápido y furioso, y a exigir al gobierno estadounidense la reparación del daño, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo conforme a las siguientes
Consideraciones
Es de conocimiento de la opinión pública que la revisión del operativo “Rápido y Furioso” toma mayor relevancia en Estados Unidos de América, puesto que no sólo ha sido tema en el debate de los candidatos a la Presidencia de dicho país, sino que también es tema para el propio Congreso estadounidense, en donde los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa han promovido una extensa investigación de su Congreso sobre el fracaso de la operación y determinar la responsabilidad de funcionarios del gobierno estadounidense.
Abordar el tema de Rápido y Furioso ante el pleno de la asamblea de la Cámara de Diputados obedece principalmente a la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentes de los ciudadanos, víctimas de la delincuencia que adquirió armas del fallido operativo de de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.
La presentación de esta proposición se sustenta en particular en el artículo 20 constitucional, que determina que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, como lo dispone el apartado C de este mismo artículo, en donde se establecen los derechos de las víctimas, entre los que cabe destacar la reparación del daño, para lo cual se obliga al Ministerio Público a solicitar la reparación del mismo. Aunado a ello, en el ámbito internacional diversos tratados determinan que todo incumplimiento o violación de un deber jurídico-internacional, imputable a un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera una obligación el hecho ilícito cometido a cargo del Estado infractor.
Señoras y señores legisladores, la omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos que impulsó la anterior legislatura del Congreso de la Unión, nos obliga a una actuación congruente de nuestra tarea de legisladores con los principios contenidos en nuestra Constitución.
En particular, refiero el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en el párrafo tercero lo siguiente:
Toda autoridad, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, en consecuencia –subrayo señoras y señores legisladores– el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Cito lo anterior porque resulta increíble que investigaciones que realizan medios de comunicación, como Univisión, aporten mayor información sobre las líneas de responsabilidad del operativo instrumentado a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del gobierno estadounidense.
Los datos que aporta la investigación de Univisión fueron publicados en estos días por una gran cantidad de medios en inglés y en español, tanto de Estados Unidos como en México. Se destaca la identificación de armas usadas en las masacres de Ciudad Juárez; la identificación de 57 armas relacionadas con la investigación al comparar una lista de armas registradas bajo el nombre de Rápido y Furioso y una lista del gobierno mexicano de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas de crímenes entre 2009 y 2010.
Identificación de armas que aportan información para determinar la responsabilidad del gobierno estadounidense en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que dicho armamento fue utilizado. Por ello, esta soberanía debe preguntarse ¿qué políticas ha implementado el gobierno de Felipe Calderón para atender a las víctimas y familiares identificadas con las masacres vinculadas con armas del operativo rápido y furioso? y ¿qué ruta legal implementa para determinar la responsabilidad civil y política del gobierno estadounidense en la reparación del daño de las víctimas, directas y colaterales, de las armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos a nuestro país?
En el reciente sexto Informe de Gobierno que presentó el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el tema de política interior se da cuenta del combate al crimen organizado y de los resultados del esfuerzo nacional en materia de aseguramiento de drogas, vehículos, armas y personas detenidas del 2007 al 2012, con cifras actualizadas por la Procuraduría General de la República, como resultado de los trabajos del grupo interinstitucional integrado por PGR, Sedena, Semar, SSP y la SHCP (Administración General de Aduanas).
Por cuanto hace a las armas incautadas en el periodo 2007-2012, se informa el aseguramiento de las siguientes:
En punto aparte, informa que en el periodo del 1 de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2012, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Tráfico y Acopio de Armas de la PGR, inició 225 averiguaciones previas, de las cuales se despacharon 235, se detuvo a 248 probables responsables, y se cumplimentaron 77 órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la Salud.
Con relación a las armas que ha asegurado el Estado mexicano, los datos que aporta la investigación de Univisión destaca la identificación de armas usadas las masacres de Ciudad Juárez. La identificación de 57 armas relacionadas con la investigación, al comparar una lista de armas registradas bajo el nombre de Rápido y Furioso, y una lista del gobierno mexicano de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas de crimen entre 2009 y 2010. En la información reportada por Univisión se hace referencia particular al oficio número S/2 03200 F 37970 de fecha nueve de marzo, suscrito por el subteniente AMG Rigoberto Vega García, que dirige a Felipe de Jesús Espitia Florida, comandante de la quinta zona militar, informando de armas identificadas con el operativo Rápido y Furioso que fueron utilizadas en la masacre de jóvenes en Villas de Salvacar, Ciudad Juárez. Identificación de armas que aportan información básica para determinar la responsabilidad del gobierno norteamericano en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que éstas fueron utilizadas.
La omisión del gobierno federal para dar cuenta de las armas incautadas que reporta en el sexto Informe de Gobierno con las armas que ilegalmente entraron al país del operativo Rápido y Furioso, no sólo manifiesta, en el mejor de los casos ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y estadounidenses en el operativo Rápido y Furioso, la pasividad de las dependencias de seguridad u opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad, al ocultar información y no cumplir con la obligación prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, del las víctimas, violando con ello las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y reparación del daño.
No se puede obviar e ignorar la difusión en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, de la información relacionada con el rastreo e identificación de armas del operativo Rápido y Furioso con las víctimas y sus familiares, en crímenes plenamente identificados por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina; la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, todas dependientes del Titular del Ejecutivo federal. Ello sin atender la información de los medios de comunicación que señala el conocimiento de dicho operativo por parte de la Procuraduría General de la República. Por ello, es exigible para la garantía plena derechos de las víctimas, determinar la responsabilidad y la reparación del daño por parte del gobierno de Estados Unidos responsable de la implementación del citado operativo Rápido y Furioso.
Atendiendo a lo anterior, conforme a la competencia y atribuciones que establecen los artículos 1o., 20, 21, 89, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 27, 28, 29, 30, 30 Bis, 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal y 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para el titular del Poder Ejecutivo y su gabinete de seguridad, se propone la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución:
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en términos del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo “Rápido y furioso”.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación en coordinación con los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima apertura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno estadounidense, y exigir la reparación de daños de las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y Furioso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial del café, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Rebeca Terán Guevara, con fundamento en los artículos 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial del café, con base en las siguientes
Consideraciones
I. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable concibe en el artículo 179 el café como uno de los productos básicos y estratégicos para el país en el sector agropecuario.
II. Que el cultivo de café en México ocupa el séptimo lugar en producción mundial, después de Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, India y Etiopía.
III. Que a escala nacional, el cultivo se desarrolla fundamentalmente en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo, como los principales productores, con 95por ciento. Querétaro, Tabasco, Nayarit, Colima, Jalisco y San Luis Potosí aportan el restante 5 por ciento.
IV. Que la superficie de cultivo es superior a 680 mil hectáreas, distribuidas en 58 regiones y 404 municipios, lo que genera numerosos empleos en el campo, además de ser la principal fuente de ingresos de muchos pequeños productores y de más de 17 grupos indígenas del país.
V. Que la cafeticultura contribuye al equilibrio ecológico y de la biodiversidad, pues favorece la fijación de los suelos, la captación de oxígeno y la retención de agua.
VI. Que Chiapas, Veracruz y Oaxaca cuentan ya con la certificación nacional de su producto. Por ello resulta necesario seguir impulsando desde el Congreso de la Unión una legislación que promueva la comercialización del grano y fortalezca la producción de los pequeños productores que beneficie al resto de los estados cafeticultores.
VII. Que no obstante lo anterior, la actividad cafetalera en el país no ha tenido el efecto deseado que se refleje en la mejora continua de la productividad en el campo y el bienestar de las familias mexicanas, al considerarse actividad fuertemente amenazada, debido entre otras cosas a situaciones climáticas, a la complicada situación por la que atraviesan los productores del ramo, derivado de la deficiente infraestructura y descapitalización, aunado a la falta de asistencia técnica y capacitación oportuna.
VIII. Que el abandono de programas y apoyos federales y la falta de políticas públicas eficientes para el sector hacen necesario que desde la Cámara de Diputados se dé seguimiento a los programas existentes que fortalezcan la producción y la calidad del café, tanto para el mercado interno como en su calidad de exportación que permitan posicionarlo como un producto procesado.
IX. Que resulta necesario modificar el esquema tradicional de apoyos, cuyo criterio es el de favorecer más a los estados con mayor producción en lugar de favorecer de manera compensatoria, de acuerdo con la importancia que este sector productivo significa para el desarrollo económico de las regiones.
X. Que en la LXI Legislatura se formó una comisión especial del café, donde se realizaron esfuerzos y trabajos de gran alcance. Por ello resulta conveniente darles continuidad, en aras de fortalecer la legislación, atendiendo una realidad que permuta constantemente, lo cual hace imprescindible atender nuevas necesidades.
En tal virtud, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a este pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura que se constituya la comisión especial del café.
Segundo. El objeto de la comisión será impulsar y fomentar políticas públicas y programas que fortalezcan el cultivo cafetalero del país, en acuerdo con los productores, comercializadores, industriales y las instancias de gobierno que contribuyan a aumentar la productividad de dicho sector, así como realizar el análisis legislativo conducente a efecto de adecuar el marco jurídico en la materia para impulsar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sustentable de la producción y comercialización de café en México.
Tercero. La comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Cuarto. La comisión especial se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión entre la integración del pleno y su formación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
En su integración se tomará en cuenta preferentemente que los legisladores provengan de las entidades federativas involucradas, como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Nayarit, Colima, Jalisco y San Luis Potosí, y contará con una mesa directiva, que se formará por un presidente y tres secretarios.
Quinto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, no rebasando su término, y presentará semestralmente o cuando se requiera un informe de actividades ante el pleno de esta soberanía o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada María Rebeca Terán Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirla y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito Isaías Cortés Berumen, diputado del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79 numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según algunos resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010: tres de cada 10 personas encuestadas resaltan que sus derechos no han sido respetados por su tono de piel. Seis de cada 10 migrantes, puntualizan que no se respetan sus derechos en México. En cuanto al sufragio, 7.7 por ciento de las mujeres piden permiso para votar. Y cuando se encuestó a los jóvenes se encontró que 35.4 por ciento manifestó que los principales problemas son la falta de oportunidades y empleo. Y dentro de las minorías étnicas, 19.5 por ciento considera que su mayor problema es la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo.
La discriminación es una problemática social que origina violaciones a los derechos humanos, favorece desigualdades fundadas en un trato de inferioridad hacia personas o grupos por su identidad (como la etnia, el sexo o la religión) o por su ciclo vital (niñez, juventud, adultez o vejez) o por cualquier otra condición, como el color de piel, el idioma, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, las preferencias y las orientaciones o cualquier otra condición social que no debería ser factor de ninguna limitación, obstaculización, denegación, distinción, exclusión o menoscabo del ejercicio de los derechos humanos. El asunto central es que se motive por la sencilla razón de pertenecer a cierto grupo en particular.
Por ello la discriminación hace referencia a una histórica e injustificada privación de libertades y derechos para quienes son objeto de ella. A pesar de que la discriminación es el más significativo rasgo de la desigualdad social que caracteriza al país, su combate es reciente, precisamente por su “normalización y culturización cotidiana”, por la dificultad de visualizarla, de reconocerla y asumirla en las esferas pública y privada.
Hasta hace poco tiempo, en nuestro país, no se reconocía explícitamente la existencia de la discriminación. Podemos considerar entonces, como un avance de la mayor importancia la reforma realizada en 2001, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación. De este modo, a partir de entonces en México la no discriminación es un derecho fundamental de todos los habitantes del país.
Luego de este logro era indispensable que la legislación secundaria reglamentara lo que hoy se reconoce como una garantía constitucional: el derecho a no ser discriminado.
México mostró su voluntad de continuar avanzando en su lucha contra todo tipo de trato discriminante y atentatorio de los derechos, con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación el 11 de junio de 2003, que regula el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidades y de trato; y con la creación en 2004 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como órgano del Estado mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.
Asimismo, el Estado mexicano ha suscrito y ratificado decenas de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos aplicables al derecho a la igualdad y a la no discriminación, tanto del sistema internacional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como del sistema interamericano, integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el ámbito del sistema de la ONU algunos de los instrumentos internacionales aplicables en materia de igualdad y no discriminación son los instrumentos de derechos humanos básicos y especializados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos.
Algunos de los instrumentos regionales aplicables, aprobados en el seno de la OEA, son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y culturales o Protocolo de San Salvador.
Sin embargo, muchas entidades federativas aún no cuentan, a pesar de estos esfuerzos nacionales, con una ley que ampare y proteja el derecho a la no discriminación de los habitantes que conviven en sus jurisdicciones. Este asunto, después de los datos señalados, y de que existe un reconocimiento expreso del derecho a la no discriminación en nuestro país, es ya de sí gravísimo.
Así, hoy en día, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, aún 16 entidades federativas no cuentan con una cláusula constitucional antidiscriminatoria, y son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Trece entidades federativas no han incorporado a su legislación estatal una ley para prevenir y erradicar la discriminación: Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, y Veracruz.
Y 18 entidades federativas no han tipificado el delito de no discriminación: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, y Zacatecas.
Llaman la atención entidades como Baja California, Sinaloa, Sonora y Jalisco, por no tener legislación alguna que garantice el derecho a la no discriminación de sus habitantes.
La lucha legal contra la discriminación exige la convergencia de dos principios políticos y jurídicos: el primero, la prohibición de las conductas de desprecio hacia cualquier persona en razón de cualquier atributo particular como su sexo, su religión, su situación de discapacidad, su origen étnico o su preferencia sexual; el segundo, la acción institucional para compensar la situación de desventaja inmerecida y de vulnerabilidad social en que se encuentran algunos colectivos sociales completos como las mujeres, los niños y los ancianos, los indígenas y las personas con discapacidad.
Sin el concurso del primer principio de protección general, la lucha legal contra la discriminación se reduce a una ley de minorías que segmenta a la sociedad y que genera guetos; sin el concurso del segundo, esta lucha legal deja intacta la situación de vulnerabilidad de grupos sociales completos para los que la discriminación es una experiencia continua de segregación y ausencia de oportunidades.
Recordemos pues que la discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en una situación de alta vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas en las que no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a que expidan las disposiciones legales necesarias, encaminadas a la prohibición de la discriminación y al desarrollo de acciones institucionales para compensar la violación de este derecho, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los Instrumentos Internacionales en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a intervenir en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas; y se solicita la creación de una comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del diferendo, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado por Oaxaca a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias en la solución del conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas; y se crea una comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, con base en las siguientes
Consideraciones
Los Chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, está situada entre el bosque tropical de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente se considera una de las últimas reservas de selva tropical del país, con un delicado ecosistema de gran riqueza, que produce 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios enriquecedores de variedades de pesca al Golfo de México y al istmo de Tehuantepec. Además, dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Tiene una extensión de 594 mil hectáreas, de las cuales 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa; y 134 mil, a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los Chimalapas resulta una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país y, al mismo tiempo, de las menos conocidas para la población mexicana.
Los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas.
Lamentablemente, durante los últimos 45 años los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas) han librado una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594 mil hectáreas (6 mil 759.31 kilómetros cuadrados) en favor de estos dos municipios, contra controversias promovidas por ejidos y colonias de municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente, con ejidos de Chiapas; abarcan más de 100 mil hectáreas de ejidos situados en bienes comunales de los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los Chimalapas.
Pese a los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente.
Por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio, sin el conocimiento de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios han violentado la paz y armonía sociales e, incluso, derramado su sangre.
Esa situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales. Pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo cual hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente, reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar nueve ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22 mil 929 hectáreas, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160 mil hectáreas incluyendo todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego que el ministro instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Actualmente, las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo en el territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y de la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con las gobiernos de Chiapas y de Oaxaca, y la comisión especial de análisis, seguimiento y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, que propongo crear, participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo expuesto, y fundado en el artículo 79, numerales 1 y 2, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente las acciones pertinentes para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas.
Segundo. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de la comisión especial de análisis, seguimiento, y conciliación pacífica del conflicto territorial de los Chimalapas, para que colabore en la solución del conflicto.
Tercero. La comisión especial contará con los recursos y el personal necesario para su operación, y su duración será hasta que se haya cumplido el objeto. Al efecto deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Cuarto. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de la legislatura, y estarán representados los grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva, formada por un presidente y dos secretarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a incrementar los apoyos en favor de las mujeres rurales, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Judit Magdalena Guerrero López, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, inciso 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
“Las mujeres rurales desempeñan un papel decisivo en la lucha contra el hambre, la manipulación y la pobreza. Son agricultoras, criadoras, empresarias y educadoras”. Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 62/136, reconoce el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y destaca la igualdad de género y la eliminación de la discriminación de la mujer, así como la importancia de hacer llegar los recursos necesarios a las zonas rurales como educación, alimentación, salud y las comunicaciones, de igual manera poner énfasis en las mujeres y los niños.1
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo son encargadas de la agricultura, de la crianza, son educadoras y empresarias, contribuyen a la seguridad alimentaria y por consiguiente al desarrollo sostenible.2
Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos.
Sin embargo, no cuentan con el acceso a las oportunidades y a los recursos productivos de la misma forma que los hombres, por lo que truncan su progreso, en cambio si la situación fuera igualitaria, las mujeres rurales podrían reducir el hambre hasta en un 17 por ciento, y la explotación agrícola aumentaría hasta en un 30 por ciento con el apoyo de las medidas adecuadas de acceso.3
La población que reside en las áreas rurales del país presenta menores niveles de desarrollo y de bienestar; forma uno de los principales grupos marginados, no sólo por vivir en localidades dispersas en el territorio, lo que les dificulta contar con infraestructura de servicios y de comunicación, sino por su estrecha relación con las actividades agropecuarias, que constituyen aun, su principal sustento económico.
También se les puede considerar un grupo socialmente vulnerable que vive en situaciones de precariedad en materia de recursos productivos, acceso a la tierra y empleos agropecuarios y no agropecuarios, así como de oportunidades para desarrollarse –servicios educativos limitados y deficiente atención a la salud– que dificultan su incorporación con equidad a la sociedad, como comunidad, hogares y personas.
Al respecto, la ONU informa que no hay país en el mundo que se jacte de una real equidad de género, a pesar de los avances en la materia, las mujeres en el mundo rural, siguen padeciendo algún tipo de violencia, discriminación y falta de oportunidades laborales y de salud. No tienen tierras ni acceso a los insumos para la producción agrícola.
Las mujeres que laboran en el campo representan el 43 por ciento de la población mundial, y en algunos lugares este sector representa hasta 70 por ciento. La desigualdad entre los géneros, la crisis alimentaria y el cambio climático, hacen que el 60 por ciento de la población mundial con hambre crónica sean mujeres y niñas.4
En México, 22 por ciento de las unidades económicas rurales están a cargo de mujeres, sin embargo, 75 por ciento de ellas no reciben un salario por su trabajo. Además sus oportunidades de desarrollo son limitadas ya que solo 13 por ciento de estas, tienen propiedad jurídica de sus tierras, y prácticamente no tienen acceso a crédito ni a servicios de capacitación.
Por ello, es necesario modernizar los sistemas de extensión de la tierra, hacerlos más incluyentes y que se sensibilicen ante la situación de las mujeres, y en el sector financiero solicitarles que apoyen las necesidades de la agricultura hecha por las mujeres.5
Asimismo, las mujeres rurales mexicanas tienen trabajos más precarios y menos seguros que los de los hombres rurales, es decir, sin horarios flexibles para conciliar el cuidado familiar, con una menor remuneración y con escasa representación en las organizaciones de los trabajadores.
Una de las muestras de la discriminación hacia la mujer, particularmente en el medio rural y en comunidades indígenas, es la elevada tasa de muertes maternas, que se ubica en 62 por cada 100 mil nacimientos. De acuerdo con la meta a la que se comprometió México para 2015 como parte de los Objetivos del Milenio, tendrá que reducir ese número de decesos en 65 por ciento o lo que es lo mismo 22 por cada 100 mil nacimientos.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el promedio de escolaridad de las mujeres rurales de 15 años y más es tan sólo de 4.6 años. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 20 no tienen instrucción alguna, 33 tienen la primaria completa, 16 cuentan con algún grado de secundaria, 5 lograron concluir al menos un año en el nivel superior y sólo 2 tienen algún grado aprobado de estudios superiores.
Asimismo, 7.3 por ciento de las niñas de 6 a 12 años no asiste a la escuela, proporción que aumenta a 36.7 por ciento en las adolescentes de 13 a 15 años.
De igual forma, las mujeres rurales tienen mayor porcentaje de anemias, accidentes, enfermedades del hígado, deficiencias nutricionales, influenza y neumonía, bronquitis, enfisema y asma, enfermedades infeccionas intestinales, complicaciones del embarazo, parto y puerperio, úlceras gástricas y duodenal y tuberculosis pulmonar.
Al respecto, y en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales celebrado este 15 de octubre pasado, creemos que uno de los grandes retos para el gobierno federal es la generación de los apoyos necesarios en favor de las mujeres rurales mediante políticas públicas eficaces, los cuales les deben permitir adquirir los insumos necesarios (fertilizantes, ganado, equipamiento, semillas, agua, etcétera) para hacer producir sus tierras.
De igual forma, se debe facilitar el acceso total de estas mujeres a sistemas de salud y educación.
Por las razones aquí expuestas, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incrementar los apoyos en favor de las mujeres rurales mediante políticas públicas eficaces, que les permitan adquirir los insumos necesarios para hacer producir sus tierras. Asimismo se debe facilitar el acceso total de estas mujeres a sistemas de salud y educación.
Notas
1 http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
2 http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/sgmessages.shtml
3 Ídem.
4 http://www.un.org/es/events/womensday/
5 http://www.fao.org/agronoticias/agronoticias/detalle/es/?dyna_fef por ciento5Bbackuri por ciento5D=agronoticias/archivo/mensual/es/?mes=2012-03&dyna_fef por ciento5Buid por ciento5D=128265
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a la Semar y a la Policía Federal a exponer de manera pública las recomendaciones de la CNDH, con la inclusión de la denuncia, el estatus del caso y las razones por las cuales no se ha resuelto, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La tortura es una de las violaciones más atroces a la dignidad de una persona. Resulta una práctica abominable que ha llegado a niveles de dolor físico y mental que traspasan la condición humana y atropellan todos los derechos.
Debido a que es un tema de suma gravedad, una gran cantidad de convenciones internacionales la han prohibido sin ningún tipo de derogación y sin importar si se realiza en un período de paz, de guerra o como defensa ante el peligro de existencia de un estado.
Nuestra Carta Magna, en el artículo 20, especifica que queda prohibida y será sancionada toda incomunicación, intimidación o tortura. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue ratificado por el honorable Senado de la República el 11 de abril de 2005 y entró en vigor el 22 de junio de 2006.
Todo esto tiene como finalidad la protección, bajo cualquier circunstancia, contra cualquier acción de este tipo, así como la creación de un mecanismo eficiente que permita la prevención de este delito humano.
No obstante con todo lo expuesto, la práctica de la tortura se ha mantenido vigente en todo el mundo. En nuestro país no sólo ocurre eso, parecería que se privilegia y tolera este crimen como un método más para obtener información en el combate contra la delincuencia organizada.
Es así que, pese al incremento de quejas por tortura y tratos crueles y degradantes en este sexenio, las dependencias gubernamentales han permanecido inmóviles ante las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esta Comisión funciona, desde el 11 de julio del 2007, como el mecanismo nacional de prevención de la tortura de México. Sin embargo, esto parece no importarles ni a la Secretaría de Marina ni a la de Defensa ni a la Policía Federal, ya que de 127 recomendaciones hechas respecto a este tema, sólo se han cumplido 10.
Esto quiere decir que ni siquiera el 10 por ciento de los casos ha sido resuelto. La Policía Federal, la cual depende de la Secretaría de Seguridad Pública, ha cumplido 1 de 31 recomendaciones, mientras que la Secretaría de Marina 1 de 22. Si de por sí estas cifras resultan escandalosas, cabe recalcar que son estadísticas oficiales y que muchos casos no se denuncian.
Los servidores públicos, escudados en un mayor margen de maniobra debido a la guerra contra el narcotráfico, han decidido usar estos instrumentos aumentando, casi en el doble, el número de quejas contra estos abusos del sexenio de Vicente Fox al actual.
¿A quién le tienen más miedo los civiles ante estas atrocidades, a los narcotraficantes o al ejército mismo? No podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad.
Entre las principales acciones de tortura se encuentran golpes en las manos y pies, asfixia, descargas eléctricas, heridas de arma de fuego, violencia sexual, posturas incómodas o mantenimiento de pie a la fuerza.
En Movimiento Ciudadano nos sentimos indignados ante estas estadísticas que, más allá de cifras, significan personas a las que sus derechos están siendo sistemáticamente violados.
Es por esto que exigimos que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el afán de que exista un castigo creíble ante los atropellos de los servidores que se valen de un uniforme para cometer abusos.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal a la exposición pública de cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se pide que éstas incluyan la denuncia, el estatus del caso y las razones por las que no se ha resuelto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. constitucional para que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en las siguientes
Consideraciones
Hay en el ámbito internacional el reconocimiento de que los niños son titulares de derechos humanos. La infancia implica un espacio separado de la edad adulta con pleno goce de una serie de derechos específicos que garanticen su desarrollo cabal en todos los ámbitos de la vida.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas ha aprobado instrumentos internacionales vinculantes sobre derechos humanos para formar el sistema universal de protección de derechos humanos.
Estos tratados constituyen el marco para debatir y aplicar los derechos humanos, y estos instrumentos se han convertido en obligaciones jurídicas para que los Estados se vinculen a ellos a través de mecanismos legales para responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos.
Un elemento central de esta doctrina lo constituye el principio del interés superior de los niños, el cual hace referencia al conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
El Estado en general debe tener como objeto la protección y el desarrollo de la autonomía de los niños, en el ejercicio de sus derechos; permitir que los derechos de la infancia prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto, y promover que el Estado a través de sus políticas públicas les dé prioridad.
El artículo 4o. de la Constitución Política señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La inversión social en la nutrición, la crianza y la estimulación cognitiva influye decisivamente en la posibilidad del niño de para desarrollar todo su potencial en cuanto a salud, capacidades cognitivas y socioemocionales (M. Young. From early child development to human development, Banco Mundial, 2002, Washington, DC).
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es necesario que el Ejecutivo federal garantice el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación de los niños mexicanos.
En cuanto a los primeros nos referimos a la salud, vivienda, alimentación, nutrición y asistencia social. Por su parte, los derechos al desarrollo se encuentran la educación, deporte, recreación, cultura, urbanización y desarrollo regional.
Hasta 2010, el Estado mexicano invirtió 99 por ciento de los 744 mil 730 millones de pesos del gasto en los derechos a la supervivencia y del desarrollo.
De manera desglosada por tema, la educación fue el rubro que mayores recursos recibió en el mismo periodo, con 362 mil 26 millones de pesos. Le siguieron la salud, con 257 mil 125 millones; la urbanización y el desarrollo regional, con 56 mil 431 millones; y la alimentación y nutrición, con 40 mil 858 millones.
Los aspectos del desempeño gubernamental son directamente afectados por el presupuesto público. Lo mismo sucede con la mayoría de las actividades de todos los agentes económicos, de los miembros de la sociedad (hombres, mujeres, niñas y niños); grupos y comunidades en el país, como depositarios de los derechos que el Estado debe garantizarles a través de sus diversas responsabilidades y funciones, con recursos financiados a través del presupuesto.
La competencia técnica y la capacidad política para plantear y promover la aprobación del paquete económico, trabajando con un Congreso responsable y plural, debe permitir a México la capacidad para crecer a tasas anuales de 7 a 8 por ciento, sostenidamente como China, India y Corea, y este instrumento económico debe ser utilizado para promover el crecimiento, la generación de riqueza con infraestructura, el empleo, y condiciones de educación y de salud, y proteger el interés superior de la niñez.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla el principio del interés superior de la niñez, donde los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a formalizar ante esta soberanía la creación e integración de la comisión especial de la industria automotriz de la Cámara de Diputados, en virtud de la importancia que representa el sector para la economía del país y con base en lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 29 de junio de 2008, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión realizó el foro Diagnóstico y perspectivas del sector automotor, en coordinación con la Secretaría de Economía del gobierno federal y los sectores involucrados representados principalmente en asociaciones gremiales de producción de vehículos, autopartes y distribuidores. Este acto constituyó un referente de gran importancia para la cadena productiva automotriz en México, pues desde la Cámara de Diputados se motivaron el propósito y el contenido de los encuentros de análisis e intercambio de ideas y opiniones entre los sectores público, social y privado, con el propósito de vislumbrar las condiciones en que se encontraba la industria automotriz antes y durante la recesión económica mundial de 2008.
Segundo. Con fecha 29 de septiembre de 2009 se presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de la industria automotriz, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente, todos del Grupo Parlamentario del PRI.
Consideraciones
Primera. Que México posee una industria automotriz sólida y pujante, como resultado de diversos factores macroeconómicos, geográficos, de incentivos institucionales (fiscales y de infraestructura) y de calidad probada de la manufactura nacional, lo cual permite importantes inversiones nacionales e internacionales con elevado grado de desarrollo y crecimiento, entre otros aspectos no menos importantes.
Segunda. Que en el periodo 2008-2012, la industria automotriz de México ha registrado un crecimiento de 4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), pues pasó de 16 por ciento del PIB en manufacturas a casi 20 por ciento. Ello representa la generación de divisas adicionales por el orden de 16 mil millones de dólares en el mismo lapso, al pasar de 17 mil a 33 mil millones de dólares de divisas netas. Por lo anterior, México pasó del décimo al octavo lugar mundial como productor de vehículos y actualmente es el cuarto exportador de vehículos; y el quinto lugar en cuanto a calidad de manufacturas automotrices de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por encima incluso de Estados Unidos y Alemania, y sólo abajo de Suiza, países del Este de Europa y Japón.
Tercera. Que en razón de las anteriores ventajas y virtudes que presenta la industria automotriz en México, en los últimos 15 años se ha incrementado de manera importante y variada la presencia de empresas fabricantes de automotores y de autopartes. Ejemplo de ello es a septiembre del presente año, en 14 estados del país se encontraban instaladas más de 18 plantas de ensamble de automotores, así como más de mil 500 empresas fabricantes de autopartes y proveedoras, y un gran número de distribuidores en más de mil 400 ciudades en el territorio nacional. De ahí la trascendencia de una industria de arrastre que no sólo encabeza una de las mayores cadenas de producción existentes en la economía nacional sino que, además, es la que mayor valor agregado genera, así como una de las que mejor distribuye el ingreso a las clases trabajadoras.
Cuarta. Que en 2011, México se registró inversiones por 2 mil 460 millones de dólares, y en lo que va de 2012 llevamos poco más de 3 mil 720 millones de dólares con capitales de las principales marcas de automotores comerciales, como Ford, Nissan y General Motors, lo cual se incrementará en los próximos meses de manera sustancial con el proyecto de la planta de Audi en Puebla, que prevé una inversión a partir de mediados de 2013 de poco más de 2 mil millones de dólares, así como una derrama económica considerable entre Puebla y Tlaxcala. También se vislumbran en el corto plazo inversiones por la empresa coreana Hyundai en Baja California (Tijuana) y para la exportación de autopartes a las plantas de Estados Unidos, con lo que se suplirán las autopartistas estadounidenses, debido a la situación con los sindicatos en ese país.
Quinta. Que en días recientes, el empresariado vinculado a la rama automotriz y representado a través de diversas asociaciones mexicanas como la de Distribuidores de Automotores, AC; la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AC; y la de la Industria Nacional de Autopartes, precisaron ante integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados que hay gran preocupación por los empresarios mexicanos en el sentido de que para este gran sector es imprescindible contar con programas de corto, mediano y largo plazos para consolidar el mercado interno, incrementar la presencia en el mercado internacional y mejorar los servicios en ingeniería, desarrollo de tecnología e innovación automotriz.
Respecto a la necesidad de consolidar el esquema regulatorio de la importación de vehículos usados, resaltaron que se deben fijar normas sobre las condiciones físico-mecánicas de aplicación al parque vehicular, fortalecer el mercado interno mediante programas de renovación vehicular e impulsar programas y recursos para el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológicos, entre otros aspectos.
Sexta. Que es fundamental para el sector automotriz de México que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, dé continuidad al trabajo iniciado en la LXI Legislatura con relación a los avances logrados en el desempeño de la comisión especial de la industria automotriz que, en su oportunidad, fungió como el ente legislativo idóneo para analizar, discutir y proponer normativas y lineamientos propicios para regular e incentivar este gran sector, pilar de la economía nacional.
Séptima. Que en virtud de los puntos expuestos, este legislador considera oportuno, en el marco de la creación e integración de las comisiones especiales por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, establecer la especial de la industria automotriz, a efecto de que atienda de manera especializada un sector tan importante para la economía nacional, como quedó asentado en las consideraciones anteriores.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante a los integrantes del pleno de esta soberanía la creación de la comisión especial de la industria automotriz, en virtud de lo establecido en los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de la comisión será el seguimiento de la situación y el efecto de la industria automotriz en la economía del país, así como establecer las medidas necesarias para la recuperación de la industria, en beneficio de la generación de empleos en el país y de las entidades federativas.
Tercero. La comisión especial de la industria automotriz durará la totalidad de la LXII Legislatura o hasta cuando se haya agotado su objeto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a intensificar acciones a fin de consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el país, continuar la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal, y ampliar la red de laboratorios de biología molecular de detección, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Raquel Jiménez Cerrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 6; fracción II, del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna en el siglo XX, se registró uno de los avances más significativos en materia de salud pública en nuestro País, en enero de 1991 por decreto presidencia se creó el Consejo Nacional de Vacunación, cuyo objeto principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles lo cual se ha logrado a través de la implementación del Programa de Vacunación Universal dirigido principalmente a la protección de la salud de la niñez y de la población más vulnerable.
Actualmente México posee uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, lo que ha permitido modificar el panorama epidemiológico de una nación, es así que gracias a las Semanas Nacionales de Vacunación y otras estrategias se ha logrado controlar y erradicar enfermedades que hasta hace algunos años representaban un verdadero problema de salud.
Sin duda el éxito del mencionado programa es resultado de la participación no solo del Sistema Nacional de Salud, sino de brigadas y voluntarios así como de la decisión y al alto grado de responsabilidad colectiva en todo el País, asegurando que todos los niños y niñas desde su nacimiento no se vean afectados por los padecimientos que pueden ser prevenidos por medio de las vacunas.
A lo largo de las últimas décadas se han ido incorporando al esquema básico de vacunación, diferentes vacunas que responden a una necesidad de salud nacional y mundial.
En México desde principio de la presente administración del Gobierno Federal se propuso incluir la vacunación contra el virus del papiloma humano VPH, como parte del compromiso para lograr una significativa disminución de cáncer cérvico uterino.
A nivel mundial, el cáncer cérvico uterino es el tercer tumor maligno más frecuente en las mujeres. 275 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto, una mujer pierde la vida debido a esta enfermedad.
Cada año se registran más de 7,480 nuevos casos en nuestro país, los cuales pudieron ser evitados, ya que este es una neoplasia que puede ser prevenida mediante Vacunación o detección y tratamiento de lesiones precursoras. Es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer de mama.
Acorde a cifras preliminares, en 2011 fallecieron por cáncer de mama 3,944 mujeres de 25 años y más, con una tasa de 12.8 defunciones por cada 100,000 mujeres de este grupo de edad.
La detección temprana se ha realizado fundamentalmente con citología (Papanicolaou) que tiene una sensibilidad cercana al 60%, pero actualmente existen pruebas de biología molecular con una mayor sensibilidad (>90%) basadas en la detección de virus de papiloma humano de alto riesgo.
A partir de 2008 se inició la vacunación contra el virus de papiloma humano de alto riesgo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, considerado la causa necesaria (pero no suficiente) de este padecimiento. En 2011 la Secretaría de Salud contó con presupuesto para vacunar a todas las niñas de 9 años, lo cual realizó con éxito.
La vacuna contra VPH sólo es efectiva cuando no hay infección, y debido a que la infección por VPH es tan común que afecta hasta el 80% de hombres y mujeres en algún momento de la vida, se recomienda su aplicación antes del inicio de la vida sexual (9-13 años) o en un esquema de vacunación de rescate (14-26 años) a mujeres que quizá ya hayan iniciado vida sexual, pero que podrían beneficiarse de la aplicación de la vacuna.
El cáncer cérvico uterino, ha mantenido tasas elevadas de mortalidad desde los años 90’s, si bien la tendencia en los últimos años es al descenso gradual y sostenido, sin embargo, sigue siendo un problema prioritario de salud pública en nuestro país, en especial en entidades federativas con menor desarrollo económico y social.
Durante la tercera Semana Nacional de Salud de 2012, el Consejo Nacional de Vacunación acordó su aplicación en todas las niñas que cursan el quinto grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, con lo que se completa el proceso de universalización en las menores que se encuentran en el rango de edad entre 9 y 11 años.
La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano tiene la posibilidad de prevenir los casos por cáncer de cuello uterino hasta en un 70%. Es justo reconocer el compromiso del Gobierno Federal y de los gobiernos de los Estados con las tareas por lograr la disminución signi?cativa del cáncer cérvico uterino y con el fortalecimiento de la calidad y capacidad de los Servicios de Salud mediante la distribución de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en todo el Sector Salud.
Actualmente se han aplicado 1.2 millones de dosis de la vacuna para prevenir el cáncer cérvico uterino; las segundas dosis, serán aplicadas de abril a mayo de 2013 mismas que ascenderán a 1.2 millones de dosis nuevamente.
Sin duda, el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud con las Instituciones del Sector Salud, ha permitido la introducción de la vacuna contra el Virus del papiloma Humano en nuestro país, esta política de salud permitirá el mejoramiento de la calidad de la atención y la disminución en la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino en las mujeres mexicanas que aún no han iniciado la vida sexual activa. No obstante resulta indispensable continuar con las acciones de prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos del resto de las mujeres.
En los últimos seis años se han obtenido logros importantes y dignos de mención. Se disminuyó en 15% la tasa de mortalidad al pasar de 15.0 a 12.8. Hoy, las mujeres diagnosticadas con cáncer cérvico uterino cuentan con acceso a tratamiento gratuito en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
En este sexenio se implementó la red de laboratorios de biología molecular para la detección del virus de papiloma humano, que al terminar el 2012, contará con 19 laboratorios para procesar las pruebas.
Se han aplicado millones de pruebas de detección de VPH para mujeres de 35 a 64 años, con lo que se espera mejorar el impacto del programa y acelerar la disminución de la mortalidad por este padecimiento. Asimismo y como ya se ha mencionado, se ha logrado la Implementación y universalización de la vacunación contra VPH en las menores de 9 a 11 años.
Sin embargo, es necesario que el Sistema Nacional de Salud continúe la lucha coordinada contra el cáncer cérvico uterino, a fin de que todas las mujeres de nuestro país cuenten con acceso a la prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos que en cada caso se requieran, con respeto a su dignidad, así como, a su integridad moral y física.
De igual manera resulta indispensable que los servicios de salud cuenten con las condiciones de infraestructura y con el personal idóneo para garantizar a todas las mujeres el acompañamiento emocional y clínico que le permitan enfrentar esta enfermedad a nivel personal.
Se deben realizar acciones efectivas para erradicar la discriminación de hombres y mujeres que padecen la infección por el VPH, ya que genera un impacto negativo en la participación de las mujeres principalmente, en la detección de dicho virus y genera violencia de género por falta de información y mensajes erróneos en medios.
Es preciso mencionar que se considera indispensable, en virtud de las alarmantes tasas de incidencia y de prevalencia, que los servicios de salud de carácter público adquieran la capacidad para mantener la vacunación universal en niñas de 5 años e implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor índice de desarrollo humano.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección de virus de papiloma humano (VPH) en todo el territorio Nacional, asegurando el seguimiento de la atención médica de las mujeres con resultados anormales y de las que constituyan casos confirmados de infección por VPH.
Asimismo, a instrumentar una campaña de difusión masiva de la información, en los diversos medios incluyendo en redes sociales de Internet, en materia de prevención y atención del VPH, a fin de combatir el estigma y la discriminación de mujeres y hombres que padecen infección por ese virus.
De igual manera a realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes para continuar con la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal en niñas de 9 a 11 años de edad, e implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor Índice de Desarrollo Humano, a fin de continuar la lucha contra el VPH y el Cáncer Cérvico uterino.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instrumentar las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia, a fin de ampliar la red de laboratorios de biología molecular para la detección del virus de papiloma humano, en grado suficiente para hacer frente a dicho problema de salud pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2012.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instalación de un grupo de trabajo de seguimiento a los hechos suscitados el 10 de octubre de 2012 en San Dionisio del Mar y al incremento de la violencia en el istmo de Tehuantepec generado por la instalación y operación de parques eólicos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo, con las siguientes
Consideraciones
En 1991 comenzó en el istmo de Tehuantepec el proyecto para generar energía cinética por efecto de las corrientes de aire, o energía eólica, lo cual se realizó con la construcción de lo que en sus inicios fue un parque experimental, La Venta I. El proyecto interesó al sector empresarial por las ganancias que se obtendrían con la implantación de esa industria en la región.
El istmo de Tehuantepec es uno de los mejores lugares del mundo por su ubicación geográfica para generar energía eléctrica a través del viento. Sin embargo, el funcionamiento de empresas de generación de energía eólica ha modificado totalmente la forma de vida en el istmo de Tehuantepec y precipitado un enorme número de conflictos sociales.
Lo anterior, debido a que sus miles de hectáreas de tierras fértiles, bosques, mantos freáticos, lagunas y playas han dejando de dejado de ser la principal fuente de ingresos para los habitantes, pues ahora hay parque eólicos en los lugares donde antes se cosechaba y pescaba.
Además, esa industria no ha materializado beneficios económicos para las familias de la región, ya que no ha empleado a los originarios de la ésta ni se han cumplido las promesas de desarrollo y bienestar para la zona; aunado a que con el transcurso del tiempo los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.
En virtud de lo anterior se han suscitado diversos hechos violentos, como los ocurridos el 10 de octubre del presente año, en San Dionisio del Mar, donde una Caravana de Solidaridad que protestaba respecto a la problemática señalada, integrada por representantes indígenas y de organizaciones sociales, entre las que destacan Asamblea de Comuneros de San Dionisio del Mar; la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; Ucizoni, Maíz-Mixteca; UGOCEP; y Resistencia Civil e Indígena del Sur de Veracruz, fueron agredidos por grupos de choque afines a la industria eólica.
Por lo expuesto, desde esta tribuna manifiesto tajantemente que los hechos violentos producidos durante algunos años, desde la instalación de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, no deben continuar. No podemos permitir que sigan los pleitos a muerte entre hermanos de una misma comunidad, ninguna defunción, ningún secuestro, ninguna desaparición, ningún despojo, ningún tipo de violencia y de injusticia puede ser justificarse en nombre de la energía limpia, que es manchada con estos hechos.
Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La instalación de un grupo de trabajo plural, designado por el pleno de la Cámara de Diputados, que dé seguimiento a los hechos violentos suscitados el 10 de octubre de 2012.
Segundo. El grupo de trabajo propuesto tendrá por objeto la aplicación de acciones efectivas que se materialicen en la disminución de la violencia en el istmo de Tehuantepec, generados por la instalación y operación de parques eólicos en la región.
Tercero. El grupo de trabajo colaborará en las acciones llevadas a cabo por la comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en el istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, en caso de ser aprobada la creación de ésta, o de cualquier otra que tenga un objetivo similar.
Cuarto. Se exhorta a las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca a investigar en el ámbito de sus respectivas competencias si ha habido violación de derechos humanos fundamentales en el istmo de Tehuantepec como consecuencia de los hechos violentos generados por la instalación y operación de parques eólicos en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a liberar los recursos del Fondo Metropolitano para la zona de Ocotlán etiquetados en el PEF de 2012, a fin de ejecutar proyectos presentados por ese municipio, Poncitlán y Jamay, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6 y el 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
Primera. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece como estrategia para consolidar el régimen democrático en México el impulsar la corresponsabilidad y financiera entre los tres órdenes de gobierno. Esta estrategia tiene la finalidad de fortalecer el federalismo con la colaboración entre la federación, los estados y los municipios.
Segunda. El Plan Nacional de Desarrollo también señala que la estrategia de desarrollo regional requiere de acciones compartidas del gobierno federal con los gobiernos de los estados y los municipios, y también de la coordinación entre ellos.
Tercera. Se puede afirmar que las zonas o áreas metropolitanas son las unidades territoriales donde se concentran las principales actividades económicas, políticas, sociales y culturales y su grado de complejidad aumenta con los procesos de desarrollo económico. Estas zonas se componen de porciones territoriales de dos o más municipios.
Cuarta. Una de las demandas sociales sobre zonas metropolitanas ha sido la necesidad contar con recursos para aplicarlos en obras, estudios y proyectos de infraestructura. En el año 2005, producto de la coordinación y negociación de varios sectores; se logró que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobara recursos para el ejercicio fiscal 2006 en el ramo 23 destinado a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso constituyó un logro para que las demás zonas metropolitanas pudieran tener acceso a este fondo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quinta. En el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011 y 2012, la Cámara de Diputados aprobó la cantidad de 23,107’617 y 29,000’000 de pesos para el Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Ocotlán,
Sexta. De conformidad con el Acuerdo que emite las Reglas de operación de los Fondos Metropolitanos, el Fondo tiene el carácter de subsidio federal con el propósito de ser destinado a planes y programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en las zonas metropolitanas, para con su aplicación lograr la competitividad económica y las capacidades productivas; la viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; la consolidación urbana; y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Séptima. De conformidad con las reglas de operación, se celebró la creación de un fideicomiso para administrar los recursos del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco para llevar a cabo los planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.
Octava. El Comité Técnico del Fideicomiso en mención, conformado en su mayoría por integrantes del Gobierno Estatal aprobó llevar a cabo el proyecto denominado “Construcción de ciclovía panorámica y parque lineal Ocotlán - Jamay” con el financiamiento de los recursos del Fondo Metropolitano, dicha obra fue concluida y tuvo un costo de 30 millones de pesos.
Novena. El Gobierno del Estado de Jalisco no ha liberado el recurso etiquetado en el ramo 23 correspondiente al Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Ocotlán, para el ejercicio fiscal 2012, incluso en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo semestre del ejercicio fiscal 2012 se indica de que el Gobierno Jalisciense por un lado tiene recursos pendientes por ejercer, y por otro está en proceso de reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos que estaban destinados para el Consejo Metropolitano de Ocotlán 2011.
Décima. Dada la discreción del Gobierno de Jalisco, por medio del Comité Técnico, pretende ejercer el presupuesto abarcando la totalidad de la ejecución de los proyectos aprobados, sin la participación de los municipios de Ocotlán, Jamay y Poncitlán. Situación que no responde al fin y propósito del Fondo Metropolitano, ya que según se desprende del artículo 47 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento los deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con los programas en materia de desarrollo regional y urbano que se deriven del mismo, además de estar alineados con los planes estatales y municipales de desarrollo urbano y de los municipios comprendidos en la respectiva zona metropolitana.
Décima Primera. Derivado de lo anterior, el Gobierno del Estado de Jalisco ha retenido los recursos impidiendo que los proyectos que realmente son congruentes con los planes municipales de desarrollo urbano de Ocotlán, Poncitlán y Jamay puedan llevarse a cabo, ya que estos reflejan la atención a las necesidades de dichos municipios.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a que libere los recursos del Fondo Metropolitano para la Zona Metropolitana de Ocotlán, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para la ejecución de proyectos presentados por los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Ossiel Omar Niaves López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que ejerza su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos de la desaparición en forma similar de mujeres en Aguascalientes, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Teresa Jiménez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Actualmente en Aguascalientes se presenta un problema muy grave: con base en reportes de ciudadanos se denuncia la desaparición de al menos 27 mujeres, en condiciones similares. Eso está ejemplificado y sustentado jurídicamente por la averiguación previa número DGAP/ AGS/ 10081/ 08-12, sustanciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, donde se investiga el caso específico de una de las jóvenes desaparecidas, Andrea Noemí Chávez Galván, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 27 de julio frente a la preparatoria Petróleos, donde estudiaba.
La difusión de ese caso en particular ha sido del interés social porque se han dado manifestaciones de paz públicas que ha llevado a cabo su familia, en compañía de amigos, profesores y población en general del estado.
Sin embargo; como mencioné, no es la única víctima desaparecida, lo que se ha denunciado no sólo por los familiares sino también por varias organizaciones civiles, como la Federación de Organizaciones Civiles en Aguascalientes y Colectivo Feminista de Aguascalientes. Lo anterior se demuestra con las notas periodísticas integradas al presente documento como anexo único.
La Procuraduría estatal ha expresado a través de su titular que se ha llevado la investigación en el sentido de tener sólo dos casos de desapariciones de mujeres en condiciones similares. Sin embargo, con base en varios testimoniales, la realidad es que se encuentran más de 27 mujeres de las que no se sabe su paradero. Por tal motivo, y a fin de llevar a cabo la investigación en esta otra línea se pide a la Procuraduría General de la República (PGR) su intervención.
La injerencia que se pide estaría legalmente sustentada en la facultad de atracción que tiene y que se consagra en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales.
Tal petición, debidamente fundada, se motiva por el hecho del temor generalizado que ha propiciado este caso entre la sociedad de Aguascalientes por la posible operación sistemática de un grupo delictivo dedicado al lenocinio y a la trata de personas.
Igualmente se exhorta desde esta tribuna a la PGR a dar impulso primordial a este asunto, sin precedente en el estado, evitando que se caiga en la opacidad e impunidad. De no dar seguimiento oportuno al caso, se corre el peligro de dejar la puerta abierta para la incursión de más bandas dedicadas a los delitos mencionados.
Lo anterior, dado que la PGR atrajo el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y aun cuando la investigación actual es sobre desapariciones, se entiende que ambos casos son sensibles a una resolución lo más rápida posible.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos de la desaparición en forma similar de más de 27 mujeres en Aguascalientes, por tener conexidad con delitos federales.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura a observar el interés superior del niño previsto en la Convención de los Derechos del Niño al elaborar y aprobar dictámenes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con el respaldo de diputadas de los Grupos Parlamentarios del PRI, PT y MC; y con fundamento en los artículos 6 fracción II, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la población infantil según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, asciende a 32.5 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, en términos relativos representan 29% de la población total. Las y los niños al inicio de su vida, transitan por varias etapas en las que se identifican necesidades básicas que garantizan su pleno desarrollo.
Retomando otros datos censales de 2010, encontramos que el número de niñas y niños que se encuentran en la primera etapa (0 a 4 años) asciende a 10.5 millones, en tanto que, 22 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años); en términos porcentuales cada conjunto representa 32.4% y 67.6% de la población menor de 15 años, respectivamente.
En el marco del Día Internacional de la Niña (11 de octubre) implementado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 19 de diciembre de 2011, a través de la resolución 66-170, teniendo como origen el propósito de conmemorar para crear conciencia de la problemática de las niñas a nivel mundial, la cual se refleja en el doble impacto que tiene sobre ellas: la pobreza y la cultura diferenciada sobre los géneros.
No es desconocido para todas y todos que principalmente las niñas serán alejadas de la escuela cuando se requiera de un ingreso más para los hogares, ya que en muchos de los casos son vendidas para la trata de personas o para trabajo domestico, así como las responsables del hogar ante la ausencia de las madres trabajadoras, en resumen las que, al igual que las mujeres también enfrentan la doble discriminación; por género y por edad.
Sumado a la problemática particular de las niñas se ve incrementada por la que vive este grupo social que enfrenta en su conjunto, diversas situaciones complejas que las y los alejan de una infancia segura e ideal. Donde niñas y niños sean totalmente sanos, se encuentren en la escuela y en lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí mismos, reciben el amor y el estímulo de sus familias y de una sociedad integrada por adultos que se preocupan de ellas y ellos. Y que asumen convencidos, la responsabilidad que implica la cuadyuvancia en su desarrollo y protección, para colaborar en la formación de infantes sin miedos, seguros frente a la violencia y protegidos contra los malos tratos y la explotación.
Para dar cumplimiento a lo anterior, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el artículo 4o. el fundamento legal que debe regir para la protección de niñas, niños y adolescentes, que a la letra dice:
“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.1
Así también, México ha colaborado y firmado convenios internacionales que se han traducido en verdaderos instrumentos jurídicos que se deben considerar al momento de estudiar y dar seguimiento a la situación de las y los niños. En 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en la cual diversos países se comprometieron a instrumentar acciones encaminadas a la protección y cuidado de la niñez, particularmente de aquellos que se encuentran en circunstancias desventajosas. En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece que la manera más apropiada de interrumpir la cadena de vigencia de la pobreza es dirigir mayor importancia a la atención y protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.2
Por su parte, en relación a los compromisos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y que se encuentra ratificada por México desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las y los niños. Dentro de las consideraciones se cita como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren. Asimismo, se observa el deber para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias. De esta forma, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.
En este sentido, tenemos la reciente reforma constitucional relacionada con un mayor compromiso hacia los derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, la cual contiene en su artículo 1º el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales de los que México es parte se encuentran por encima aún de la Constitución, en tal caso, la Convención de los Derechos del Niño, que debe observarse por el Estado Mexicano.
En la Declaración de los Derechos del Niño se ha definido que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. Por su parte, en la Convención de los Derechos del Niño se establecen diversas disposiciones que textualmente indican.
Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4. Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 6. (...) 2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
En este sentido, estos y otros instrumentos internacionales buscan que prioritariamente el interés de la infancia debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes. Por lo que, la normatividad existente o aquellas que se encuentren en elaboración, deben dirigirse a procurarles de manera prioritaria los cuidados y la asistencia que requieren, con el propósito de lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar tanto en el aspecto familiar como social.
Es importante señalar que este interés superior de la niña y del niño, no es exclusivo de los padres o de quien le represente u ostente la patria potestad, ya que dicho interés pertenece a la sociedad en su conjunto.
Por eso, no podemos olvidar que los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado forman parte de nuestra Ley Suprema y sus postulados deben prevalecer.
De esta misma forma, el interés superior de las niñas y niños y adolescentes previsto en la Constitución General de la República y en los Tratados internacionales implica, como se menciona con anterioridad, que el bienestar del infante cuyo principio obliga al Estado a intervenir, subraya un interés legítimo de las instituciones públicas, para que en todas sus políticas y acciones se apliquen medidas que favorezcan a las niñas, niños y adolescentes.
Así entonces, es requerimiento fundamental que cualquier aplicación de medidas concernientes a menores, las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos de los distintos ordenes y niveles de gobierno, deberán tener presente que su prioridad será el “interés superior de la niña, niño y adolescente”.
Por lo anterior, debe considerarse puntualmente que el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente se refiere al conjunto de acciones y procesos que tienden a garantizar un desarrollo integral y vida digna, plasmadas en condiciones materiales y efectivas que permitan a los infantes vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
Dado que, es importante la necesidad de garantizar que este principio se vea reflejado en la construcción de la normatividad que estará relacionada con la infancia, el Estado Mexicano al hacer suyos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y formar parte de mecanismos de protección, asumió la responsabilidad de realizar acciones legislativas para garantizar su cumplimiento; por tanto, resulta de suma importancia que en la Cámara de Diputados a través de sus comisiones ordinarias encargadas de dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo al momento de hacerlo, se dictaminen de manera transversal, tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales para incorporar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Logrando de esta forma garantizar con un marco jurídico acorde con un desarrollo integral y una vida digna, que generará condiciones materiales efectivas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Comisiones Ordinarias de la LXII Legislatura para que observen y atiendan en todas sus actividades legislativas el principio del Interés superior del niño previsto en la Constitución General de la República y en la Convención de los Derechos del Niño, al momento de elaborar y aprobar los dictamines que les corresponda.
Notas
1 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 2012,
2 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estado mundial de la infancia 2011. La adolescencia una época de oportunidades http://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/SOWC-2011- Main-Report_SP_02092011.pdf, marzo de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Isabel Gauna Ruiz de León, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a continuar por las instancias correspondientes el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el suscrito, diputado Óscar Bautista Villegas del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes y en el marco de sus respectivas facultades se continúe con el Programa denominado “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)”, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de la Revolución Mexicana se establece la posibilidad de un reparto de la tierra a los pueblos y a los individuos organizados, estableciéndose así a partir de la destrucción del latifundio, la llamada “propiedad social”, compuesta por ejidos y comunidades agrarias, conocidos también como “núcleos agrarios”, dando lugar a la propiedad rural, cuyos titulares no son los individuos sino el núcleo de población conformado por grupos de campesinos.1 En este régimen “los ejidos y comunidades poseían tierras comunales y las trabajaban en un sistema de derechos de uso permanente pero no transferible”.2
Con el paso del tiempo la necesidad de certidumbre respecto a la tenencia de la tierra y la libertad para usarla o decidir sobre su destino, dio pie al desarrollo de las reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación en 1992 de la nueva Ley Agraria la cual reconoce a las asambleas ejidales y comunales como las autoridades máximas de los núcleos agrarios; cancela la intervención del gobierno en la vida interna de los mismos, sin renunciar a su obligación de apoyarlos en caso de ser requerido; abre nuevas opciones de asociación entre ejidatarios y con terceros; reconoce derechos a posesionarios y avecindados; permite que por decisión de la asamblea general del núcleo se cambie el tipo de propiedad de la tierra (dando la posibilidad de recibir títulos de propiedad individuales y privados); crea una Procuraduría Agraria y tribunales agrarios para mejorar la justicia en el campo, y señala los mecanismos para certificar y garantizar la tenencia de la tierra. Todo bajo las premisas de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad rural y coadyuvar en el crecimiento económico del campo.
Con tales reformas, “los ejidatarios tienen la libertad de rentar o vender sus tierras con lo cual se buscaba la inversión en tierras agrícolas”,3 así como nuevas formas de asociación y mayor certidumbre tanto a propietarios como a inversionistas.
En virtud de esto, el gobierno federal en manos de Carlos Salinas de Gortari creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, conocido como Procede.
Procede fue un programa agrario sustentado por el gobierno federal, con carácter voluntario y gratuito, creado a partir de las reformas al artículo 27 de CPEUM y puesto en marcha en 1993 para dar operatividad a las disposiciones jurídicas derivadas de dichas reformas y de la nueva Ley Agraria, a fin de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la propiedad social e identificar, evaluar y resolver los problemas y conflictos surgidos por la indefinición en los derechos de la tierra.
“Su operación se sustenta igualmente en la organización y participación activa de los ejidatarios y comuneros, lo que se logra a través de sus asambleas, en las que, con la presencia de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria, así como, en apego al marco jurídico-técnico establecido, deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus tierras”.4
El cierre del Procede se dio el 6 de noviembre del año 2006 con su debida publicación en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del mismo año. A esa fecha el programa garantizaba la atención de la totalidad de los núcleos agrarios5 y la regularización y certificación de 28 454 ejidos y comunidades en el país.
“El objetivo principal del Programa fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, a través de la entrega de certificados parcelarios, certificados de derechos de uso común o ambos, según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten”.6 Además, generar documentación agraria que ratificara los derechos de propiedad, así como facilitar celebrar libremente contratos de asociación, renta, aparcería o mediería.
Su marco normativo se fundamentó en el Artículo 27 Constitucional, la Ley Agraria, el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y las Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al Interior del Ejido.
La cobertura del Procede fue nacional a fin de regularizar la propiedad social que se encuentra distribuida en el país; sin embargo sólo operó en 31 entidades del país con exclusión del Distrito Federal.
Las instituciones directamente responsables de su ejecución fueron: la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y el Registro Agrario Nacional (RAN), en concurrencia con otras dependencias de gobierno y fedatarios públicos.
La Secretaría de la Reforma Agraria fue responsable de la coordinación del Programa, del diseño de las políticas generales y aporte de información a partir de la cual se desarrollaron los trabajos de regularización de la tenencia de la tierra, así mismo coadyuvó en la solución de conflictos.
La Procuraduría Agraria estuvo a cargo de la promoción directa del programa, encargándose también de apoyar y asesorar a los núcleos, aclarando dudas sobre los beneficios, fomentando la organización de los trabajos internos y haciendo que todos los campesinos conocieran claramente sus derechos; coadyuvó también en la resolución de conflictos; promocionó la ejecución del programa; vigiló la correcta integración de los expedientes, el cumplimiento estricto de la legalidad y el respeto absoluto a las decisiones de la Asamblea.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizó los trabajos técnicos de medición, utilizando modernos sistemas de posicionamiento georeferenciado, que permiten definir las coordenadas exactas de los polígonos y linderos, generando con esta información productos cartográficos precisos, garantizando su confiabilidad técnica.
El Registro Agrario Nacional fue el encargado de hacer la revisión técnica y jurídica de cada caso; inscribir los acuerdos de las actas (previa calificación) y de los documentos que formalizan la voluntad de las asambleas; expedir certificados y títulos, otorgando así, seguridad jurídica y documental.
Los gobiernos de los estados y los ayuntamientos participaron en las tareas de coordinación y promoción, apoyando las actividades de regularización, al favorecer las condiciones para la operación del programa.
Por su parte su procedimiento general operativo (PGO) comprendió un conjunto de actividades que debían llevarse a cabo para lograr la certificación de los derechos ejidales y la titulación de los solares en los núcleos de población ejidal, a través de 10 etapas; mismas que a continuación se describen:
Etapa I. Programación de cobertura
En esta etapa SRA/PA/Inegi/RAN a través de los Comités Estatales definen y establecen la capacidad interinstitucional que existe en cada entidad para atender a los núcleos agrarios, realizando una programación general cuantitativa y cualitativa.
Etapa II. Validación documental y de incorporación al programa
El RAN hace entrega de las Carpetas Básicas que amparan las acciones agrarias que integran al núcleo ejidal; la PA elabora el diagnóstico ejidal y se define interinstitucionalmente la viabilidad de incorporación del ejido al Programa.
Etapa III. Coordinación y concertación
La PA realiza la promoción del Procede ante los órganos de representación en aquellos ejidos con diagnóstico favorable; de aceptar los órganos de representación se emite la convocatoria para efectuar la Asamblea de Información y Anuencia. En caso de tener alguna problemática se aboca a su solución realizando las actividades conducentes.
Etapa IV. Asamblea de información y anuencia
La PA y el Inegi en una Asamblea Ejidal informan a ésta sobre la naturaleza, objetivos y características de los trabajos a realizar en el Procede. De aprobar la Asamblea su incorporación al programa, formaliza su solicitud de auxilio técnico al RAN y designa una Comisión Auxiliar integrada por ejidatarios para los trabajos de identificación y delimitación de las tierras al interior.
Etapa V. Trabajos de la comisión auxiliar /PA / Inegi
Los integrantes de la Comisión Auxiliar, la PA y el Inegi, delimitan de conformidad con los colindantes sus linderos, elaboran un croquis de las tierras al interior del ejido, levantan las constancias de conformidad de colindantes e integran los expedientes individuales de los sujetos de derecho.
Etapa VI. Asamblea de informe de la comisión auxiliar
Una vez concluidos los trabajos de delimitación de las tierras ejidales por la Comisión Auxiliar, PA e Inegi, se lleva a cabo una Asamblea en la que se presentan para su aprobación a los integrantes del núcleo ejidal: el croquis que define la delimitación de las tierras, las constancias de conformidad de linderos, la lista de posibles sujetos de derecho y se informa sobre el avance en la integración de los expedientes individuales.
Etapa VII. Trabajos de medición y generación de productos cartográficos
Una vez aprobados por la Asamblea los trabajos de delimitación de las tierras al interior del ejido, el Inegi lleva a cabo los trabajos de medición y el levantamiento de cédulas de información de los atributos de las diferentes áreas: uso común, asentamiento humano, zona parcelada, parcelas y solares. Los datos de medición son procesados y validados y se editan e imprimen los productos cartográficos de las mediciones realizadas.
Etapa VIII. Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras
Concluidos los trabajos de medición, la generación de productos cartográficos y la integración de los expedientes individuales, los planos resultantes del Procede se exhiben durante un lapso de 8 a 15 días previos a la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras en la cual los integrantes del núcleo ejidal aprueban: relación de sujetos de derecho, planos del ejido, realizan la asignación de derechos sobre las tierras de uso común, parcelas y solares y solicitan su inscripción al RAN.
Etapa IX. Inscripción de actas y planos y expedición de certificados y títulos
La PA integra y entrega el Expediente Final al RAN para su calificación, registro e inscripción de los acuerdos de Asamblea así como de los planos y de proceder, se expiden los certificados y títulos, previa inscripción de éstos últimos en el Registro Público de la Propiedad.
Etapa X. Entrega de documentos a beneficiados
La culminación de los trabajos del Procede se da cuando el Registro Agrario Nacional, previa identificación de los interesados, hace entrega a integrantes de los núcleos ejidales de sus respectivos certificados o títulos que amparan sus derechos sobre las tierras del ejido.
Ya para el 2007 después de cerrado el Procede y con la finalidad de atender a los 2 421 núcleos agrarios que no ingresaron al anterior, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario, crearon un nuevo programa, denominado “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar” con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de certificación y titulación.
La unidad responsable del FANAR es el Registro Agrario Nacional (RAN), y los objetivos establecidos en sus lineamientos vigentes son: “fomentar el ordenamiento de la propiedad social de manera gratuita, otorgando certeza técnica y jurídica a los núcleos agrarios que así lo deseen y que cuenten con las condiciones legales y sociales para ello, a través de la delimitación, destino, asignación, certificación y la expedición de los certificados y los títulos correspondientes” e “impulsar la integración y actualización del catastro rural de la propiedad social como herramienta fundamental para la planeación y desarrollo económico del medio rural”.7
La población objetivo son núcleos agrarios que no hayan sido certificados por haber presentado diversas problemáticas pero que ya se encuentre resuelta o la certificación contribuya a finiquitarla; los que hubieren manifestado posición o rechazo al Procede y en la actualidad sus asambleas hayan decidido acogerse a los beneficios de la certificación. Así mismo podrán atenderse los núcleos agrarios de nueva creación por constitución voluntaria o por sentencias recientemente emitidas por los Tribunales Agrarios. De igual manera el FANAR atenderá las solicitudes de los núcleos agrarios con acciones complementarias y/o suplementarias no certificadas.
Como parte de sus beneficios se encuentran:
• Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
• Seguridad patrimonial para las familias
• Facilita el acceso a programas de apoyo del gobierno federal
• Propicia la inversión en el campo
• Aprovechamiento sustentable y ordenado de los recursos naturales
Tiene cobertura nacional y de manera preferente en aquellos grupos agrarios que no han sido certificados.
Procedimiento general operativo del FANAR
Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
La vigencia del FANAR y sus lineamientos se fijó hasta el 30 de noviembre de 2012, y su operación está condicionada a la asignación de recursos en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que en 2012 fueron de 450 MDP8 y de acuerdo con el VI Informe de Gobierno, sus resultados generales fueron los siguientes:
De diciembre de 2006 a julio de 2012.
• Se han certificado 861 núcleos agrarios con 2,111,190 hectáreas en beneficio de 296,406 sujetos de derecho, con la expedición de 555,368 documentos, con un avance de 94% en la superficie regularizada de la propiedad social y de 93% en los núcleos agrarios del país.
De septiembre de 2011 a julio de 2012.
• Fueron certificados 394 núcleos agrarios, con una superficie de 576,475 hectáreas, para beneficiar a 61,348 sujetos de derecho, con la expedición de 113,062 certificados y títulos, 258% mayor a los núcleos agrarios certificados en igual periodo anterior.
Así las cosas y tomando en cuenta que el régimen de propiedad define las reglas de apropiación de los bienes y el tipo de utilización de recursos disponibles para el aprovechamiento productivo de la tierra, resulta fundamental la certeza jurídica respecto de la tenencia de la misma. Bajo esta perspectiva y considerando que a la fecha hay un avance del 94% en la superficie regulada de propiedad social, resulta conveniente la implementación de políticas públicas a fin de cumplimentar con el ordenamiento legal de este tipo de propiedad, fomentando así el desarrollo rural de nuestro país.
En este mismo sentido, la certeza sobre la propiedad de la tierra podrá coadyuvar en el combate a la pobreza que enfrenta el campo mexicano, a través del desarrollo económico mediante la posibilidad de nuevas inversiones y el acceso a los diferentes apoyos de los programas sociales del gobierno federal, así como a nuevas herramientas que contribuyan a mostrar el gran potencial que tienen los ejidos y las comunidades para el aprovechamiento de sus riquezas en proyectos agrícolas por ejemplo.
En vista de ello resulta de suma importancia la continuidad del programa denominado Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar a fin de dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a aquellos núcleos agrarios que por diversas circunstancias no fueron beneficiados a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) implementado de 1993 a 2006 o en su caso con el FANAR ejecutado a partir de 2007 y cuya vigencia se fijó hasta el 30 de noviembre de 2012.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes y en el marco de sus respectivas facultades se continúe con el Programa denominado “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar”, cuya vigencia se fijó hasta el 30 de noviembre de 2012, a fin de dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a aquellos núcleos agrarios que por diversas circunstancias no fueron beneficiados.
Notas
1 Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez. Artículo “El catastro rural en México”. Revista Estudios Agrarios. Secretaría de la Reforma Agraria. Agosto de 2011. www.pa.gob.mx/publica/rev.../Juan_Manuel_Emilio_El_catasro.pdf
2 Josefina Braña Varela y Adán Martínez Cruz. Artículo “El Procede y su impacto en la toma de decisiones sobre los recursos de uso común”. Gaceta Ecológica, abril-junio, número 75, Instituto Nacional de Ecología, México, pág. 36.
3 Ibídem, pág. 37.
4 Juan Manuel Emilio Cedrún Vázquez. Op.cit.
* Entendiéndose por núcleos agrarios atendidos: todos aquellos que se encuentran en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que estén regularizados o en proceso de regularización,
b) Que exista un documento donde se exprese la negativa para la realización de las actividades
operativas o
c) Que no existan las condiciones para la aplicación del Programa.
5 Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 Libro Blanco-Procede . Secretaría de la Reforma Agraria, pág. 8.
6 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar 2010. http://www.sra.gob.mx/sraweb/datastore/transparencia/2011/Lineamientos_ FANAR_2010.pdf
7 Loc. cit.
8 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado Óscar Bautista Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Sener a aplicar en la siguiente temporada invernal un subsidio especial al consumo de gas LP y natural para la población de Chihuahua y Durango, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6, II del numeral 1 y III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Como bien se sabe, Chihuahua y Durango presentan en la época invernal temperaturas extremadamente bajas, lo cual plantea graves problemas de salud, y afecta el bienestar de la población en general. Lo anterior merece sin duda especial atención y solución desde el ámbito de salud, social, económico, energético y de protección civil.
Las bajas temperaturas durante invierno obligan a la población a utilizar diversos mecanismos que aseguren en sus hogares o áreas de trabajo la temperatura necesaria para evitar congelamiento y enfermedades derivadas de la exposición prolongada al frío.
Uno de estos mecanismos es el uso de calefactores de ambiente; los más comúnmente usados funcionan con gas LP o natural.
Es preocupante que los más afectados por el clima extremo en estos estados sean las personas más pobres, como los indígenas y los campesinos, por una parte; y los desempleados y trabajadores migrantes que llegan en busca de trabajo a Chihuahua o van de paso tratando de cruzar la frontera.
Recordemos que en los últimos años, los inviernos han sido de mayor intensidad. Se han presentado temperaturas récord; incluso han sido mayores de los -20 grados Celsius. Por ejemplo, en Ahumada, temperaturas de -23º; Bocoyna, de -18º; Buenaventura, de -17.5; Casas Grandes, de -17.5; Gómez Farías, de -20; Madera, de -19; Ignacio Zaragoza, de -19.5; Guerrero, de -18º; Temosachic, de -21; y Juárez, de -23.
Respecto a Durango, se presentan temperaturas igual de bajas en Durango, Guanaceví, Pueblo Nuevo, San Dimas, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro.
En esos municipios en promedio se presentan cada año temperaturas de entre -18 y -20 grados Celsius, aunado a que en la zona de la alta sierra, donde se encuentran las comunidades de mayor marginación, las temperaturas son de hasta -17º.
Estamos por iniciar otra temporada invernal en la región, por lo que debemos preparar a la población a través del suministro de todas las medidas necesarias para evitar muertes y problemas de salud.
Una de estas medidas, que sin duda beneficiará a la población de esos estados, es dar subsidios especiales al consumo de gas LP y natural en la temporada invernal 2012-2013, con objeto de que puedan hacer uso de calefactores de gas LP o natural.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta respetuosamente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Energía a aplicar en ejercicio de sus funciones un subsidio especial al consumo de gas LP y natural para la población de Chihuahua y Durango en la siguiente temporada invernal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a detener los procesos de licitación de contratos sobre parques eólicos en curso y los programados para el futuro próximo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Rosendo Serrano Toledo, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Asamblea de Comuneros de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, aprobó en 2009 un ordenamiento territorial que incluye el desarrollo de un proyecto eólico comunitario. La propuesta supone una solución constructiva de los problemas ocasionados por el modelo eólico actual, que transfiere el control y usufructo sobre la tierra a empresas extranjeras, mientras que las comunidades apenas si reciben beneficios pese a que casi toda la tierra es de propiedad social (ejidos y comunidades).
Este modelo alimenta conflictos sociales: en el istmo de Tehuantepec se han realizado centenares de bloqueos y protestas contra parques eólicos, con consecuencias graves, como la de un muerto y varios heridos. Los conflictos se intensifican, lo que aumenta el riesgo de los proyectos y, por tanto, el coste de su financiamiento y de la energía producida.
El modelo eólico comunitario, en contraste, garantiza el control de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios y da a las comunidades un papel central en los proyectos, convirtiendo la energía eólica en motor de prosperidad. El modelo ha tenido gran éxito en Dinamarca, Alemania, Suecia, Canadá y Japón, entre otros países, donde con base en políticas adecuadas las comunidades han demostrado ser las promotoras de proyectos eólicos más efectivas, dinámicas y competitivas. El modelo comunitario genera gran aceptación social, lo que multiplica los proyectos, reduce riesgos y permite obtener financiamiento en condiciones óptimas.
En México, los proyectos comunitarios pueden ser la clave para la transición a un sistema energético democrático y participativo, donde la energía limpia sea motor de desarrollo social. La comunidad de Ixtepec han dado todos los pasos necesarios (estudios, permisos y otros factores) para instalar un parque eólico comunitario de 102 MW en los terrenos comunales de Ixtepec, al lado de la subestación eléctrica Ixtepec Potencia. El proyecto contará con financiamiento de inversionistas sociales, de tal modo que la mayoría de los beneficios generados se invertirá en el desarrollo social de Ixtepec y en replicar el modelo eólico comunitario en otras comunidades.
El proyecto eólico comunitario será realizado con base en una forma legal que todavía no hay en México, llamada Community Interest Company (CIC) Limited by Guarantee. Las CIC son propiedad de sus fines sociales de beneficio comunitario, a cuya realización tienen que dedicar todos sus activos, como es el caso de las asociaciones civiles y las fundaciones. Pero a diferencia de éstas, las CIC pueden llevar a cabo actividades con fines de lucro para financiar sus fines sociales y devolver financiamiento.
El proyecto eólico comunitario generará un fideicomiso de desarrollo comunitario que financiará el desarrollo social y productivo de Ixtepec, con base en una estrategia de diversificación económica y formación de capacidades humanas de excelencia. Asimismo, generará un fondo de garantía e inversión para respaldar la propiedad comunitaria de los activos y replicar el modelo en otras comunidades. Esto es posible gracias a un esquema de financiamiento específico, basado en créditos blandos con objetivos sociales, sin que tenga lugar una transferencia de acciones a los financiadores.
Para llevar a cabo este proyecto se requiere un contrato adecuado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene el monopolio de la electricidad para el servicio público. Cuando la comuna de Ixtepec comunicó a la CFE su propósito de instalar un proyecto eólico comunitario, en el contexto de la negociación para instalar en sus tierras la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, la CFE no consideró la propuesta. La comuna de Ixtepec, sin embargo, siguió adelante con el proyecto, en colaboración con Grupo Yansa, la organización que trabaja en esta visión con la comunidad de Ixtepec desde 2009.
Como parte del proceso preparativo, se llevaron a cabo múltiples reuniones con la CFE y Secretaría de Energía. Desafortunadamente, la promesa del secretario de Energía, Jordy Herrera, de celebrar el contrato para el proyecto eólico comunitario como proyecto piloto de esta naturaleza no se materializó. Por tanto, quedó únicamente abierta la vía de la licitación para obtener el contrato con la CFE.
Actualmente hay dos licitaciones en marcha a fin de adjudicar contratos para parques eólicos. Una convocatoria, denominada “Sureste I Fase I”, adjudicará 200 MW, divididos en varios contratos. La otra, “Sureste I Fase II”, adjudicará un solo contrato, de aproximadamente 100 MW, y agotará la capacidad de transmisión bajo control de la CFE disponible en el istmo.
La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) da a la CFE gran autonomía para definir las bases de licitación. Por tanto, la CFE ha decidido ignorar los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que reducen las barreras de acceso a los procesos de licitación, e incluir en las bases los siguientes requisitos para que una propuesta sea considerada:
• Obligación de presentar una carta de crédito o aval líquido de 7 millones de dólares estadounidenses.
• Obligación de presentar estados financieros que demuestren que el licitante, o un miembro del consorcio con una participación mínima de 20 por ciento del accionariado, cuenta con al menos 548 millones de pesos en capital contable.
• Compromiso de cubrir los gastos incurridos por la CFE y el Fideicomiso 2030 con relación a un sitio opcional al que no optará el parque comunitario, lo cual viola el Reglamento de la LSPEE.
Estos requisitos suponen una barrera infranqueable para la participación de un proyecto comunitario. La obligación de presentar una garantía previa de 7 millones de dólares es ilegal de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, pero el Reglamento de la LSPEE permite que la CFE la exija si lo considera oportuno.
La obligación de dar una participación de 20 por ciento a un socio capitalista supone una negativa al esquema de financiamiento con créditos blandos de los parques comunitarios. Al verse forzada a adoptar una estructura de accionariado determinada por aportaciones de capital, la comunidad verá su papel diluido por no contar con más capital que los terrenos, quedando en una posición marginal.
Se ha explicado a la CFE en repetidas ocasiones que el acceso al capital social para el proyecto comunitario está condicionado a que el proyecto gane la licitación, y hemos solicitado formalmente en todas las juntas de aclaraciones que se eliminen estas barreras arbitrarias y discriminatorias. La CFE ha decidido mantenerlas, restringiendo así la participación en la licitación a propuestas comunitarias, y haciendo el contrato accesible únicamente a empresas multinacionales.
Adicionalmente, para participar en la licitación Sureste I Fase I es necesario tener derecho de acceso a la subestación eléctrica Ixtepec Potencia, derecho que la CFE no reconoce a la comunidad de Ixtepec, pues vendió los derechos sobre la subestación a seis empresas (cuatro de ellas españolas). La convocatoria está hecha a la medida de éstas, pues nadie más puede participar.
Al negar a las comunidades campesinas dueñas de los territorios donde se instalan los proyectos eólicos la posibilidad de obtener contratos, la CFE viola derechos recogidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en convenios internacionales, y en el derecho agrario. Contradice asimismo la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, según la cual todos los proyectos de más de 2.5 MW tienen que aplicar las mejores prácticas internacionales para promover el desarrollo social en la comunidad. Según la Asociación Mundial de Energía Eólica, dichas mejores prácticas corresponden a los proyectos comunitarios.*
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a detener los procesos de licitación de contratos para parques eólicos en curso (Sureste I Fase I y Fase II, con números de procedimiento LO-018TOQ054-T11-2012 y LO-018TOQ054-T12-2012), así como los programados para el futuro próximo, hasta que se hayan adaptado las bases de licitación para facilitar la participación de propuestas comunitarias.
Nota
* Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Artículo 21. Los proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables con capacidad mayor de 2.5 megawatts procurarán
I. Asegurar la participación de las comunidades locales y regionales, mediante reuniones y consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, ejidales o comunales; en dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos en el desarrollo social de la comunidad;
II. Según se convenga en el contrato respectivo, pagar el arrendamiento a los propietarios de los predios o terrenos ocupados por el proyecto de energía renovable; la periodicidad de los pagos podrá ser convenida con los interesados, pero en ningún caso será inferior a dos veces por año;
III. Promover el desarrollo social en la comunidad en que se ejecuten los proyectos de generación con energías renovables, conforme a las mejores prácticas internacionales, y atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del medio ambiente y derechos agrarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Rosendo Serrano Toledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP a implantar acciones para atender y eliminar los casos de violencia y acoso escolares, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal la operación de una línea de atención a nivel nacional para la denuncia de los casos de violencia y acoso escolar; y a la Secretaria de Educación Pública para que brinde en todos los centros educativos del país la atención de profesionales especializados en materia de atención y eliminación de este tipo de conductas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, la que imparta el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano.
El dispositivo programático de la Constitución incide en la necesidad de formar hombres y mujeres capaces de alcanzar –a través de la educación– su desarrollo pleno; y se percibe el ejercicio educativo como vía eficiente para contrarrestar la desigualdad social y proporcionar oportunidades de vida digna para las y los mexicanos.
Sin embargo, se ha venido presentando un fenómeno que, por su cada vez mayor incidencia, y por el daño que ocasiona en sus víctimas, se visualiza como un serio obstáculo para el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes del país.
En la actualidad, la violencia y el acoso entre compañeros que se presenta dentro de las escuelas o también llamado bullying , se ha incrementado considerablemente; datos recientes nos indican que más del 45 por ciento de la población escolar a nivel primaria y secundaria en nuestro país, ha sido víctima del llamado bullying y 8.8 por ciento de estudiantes lo ejercen a nivel de primarias y 5.6 por ciento en secundarias; cabe señalar que este porcentaje no incluye los datos estadísticos de esta conducta en nivel preescolar donde también se presenta este fenómeno, ni los de los niveles medio superior y superior, en donde se tiene el conocimiento que la realidad es muy parecida e incluso rebasada.
Este comportamiento es violento y su intención es dañar a las otras personas; tiene la característica de ser persistente y repetitivo llegando a durar, semanas, meses o incluso años; no sólo afecta a la víctima directa sino también tiene victimas indirectas, iniciando por los demás compañeros y compañeras que atestiguan este maltrato donde el 99 por ciento de ellos se convierten en receptor, generador u observador ya que al considerarlo como “gracioso y natural”, inconscientemente se vuelven insensibles, apáticos y con nula solidaridad social ante cualquier forma de violencia.
El bullying puede iniciarse con una simple serie de burlas y provoca casi de manera inmediata una exclusión social de la víctima; generalmente evoluciona a agresiones físicas, verbales, sicológicas, exclusión social y hasta acoso electrónico, y va desde poner apodos, insultar, golpear, injuriar, excluir, ridiculizar, esconder cosas, rechazar, ignorar, robar, amenazar, romper sus cosas, tocamientos erotizados, insultos sexuales, amenazas con arma de fuego, y otros hostigamientos con diferentes grados de rudeza; si no se identifica a tiempo, se previene y se erradica, la situación puede llevar a la víctima a presentar miedo obsesivo, baja autoestima, creciente inseguridad, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, depresión, nula integración en el medio escolar y bajo desarrollo del aprendizaje y finalmente en algunos casos pensamientos sobre el suicidio, pudiendo llegar a su realización.
Existen diferentes manifestaciones del bullying, todas nocivas y generadoras de un maltrato físico y psicológico en la victima y van desde la violencia física (empujones, golpes o lesiones), verbal (insultos y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada), psicológica (persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales), social (el estudiante víctima es excluido y aislado de la convivencia escolar), sexual (comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual), y acoso cibernético (por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones).
De igual forma se tienen identificadas diferentes señales muy específicas que nos indican cuando alguien es víctima de bullying en su entorno o círculo de compañeros y son:
• Cambios bruscos en su estado de ánimo.
• Depresión, irritabilidad o angustia.
• Cambios en los hábitos alimenticios: comer de más o comer poco.
• Presentan desinterés o generan pretextos para no ir a la escuela.
• Una baja considerable en su rendimiento escolar.
• Se sienten enfermos constantemente.
• Presentan continuamente marcas de golpes y afirman ser resultados de juegos.
• Presentan continuamente materiales escolares rotos y objetos perdidos.
• Sugieren repetidamente un deseo injustificado de cambiarse de escuela para hacer nuevos amigos.
• Se vuelven retraídos.
• Presentan en muchos de los casos dificultad para dormir.
Lamentablemente, ni las víctimas y mucho menos quienes atestiguan las prácticas del bullying se atreven a expresar lo que pasa, porque dicen tener miedo a represalias, a ser considerados o llamados “chismosos” o bien porque no tienen el medio adecuado para denunciarlo; no se sienten apoyados, escuchados y entendidos cuando lo hacen, porque sólo tienen 2 opciones que por desgracias no ofrecen respuesta a su problema; la primera es hacerlo con los profesores y la segunda con sus padres; pero en ninguno de los dos casos los actores saben qué hacer, cómo tratarlo, corregirlo y evitarlo porque llegan a considerar esta violencia como algo normal que es parte de un juego pesado entre sus iguales y creen que con una simple llamada de atención o que con el tiempo desaparecerá.
Desafortunadamente no existen datos estadísticos precisos a nivel nacional sobre la denuncia en esta materia, la información es poca y no especifica ni uniforme; pero la poca información especializada que existe nos indica lo alarmante de la situación. Tan sólo para el Distrito Federal, entidad de la que se tienen más datos precisos y una mayor incidencia de casos; se tiene registrado que esta conducta negativa derivó 190 suicidios de menores de entre 11 y 15 años de edad durante un ciclo escolar reciente, de estos casos cerca del 70 por ciento eran hombres y el resto mujeres.
Respecto a las denuncias los datos son todavía más preocupantes, porque son muy bajos los casos que se denuncian (sólo el 15 por ciento de los casos se denuncian formalmente) y de estas denuncias es todavía menor el número de casos a los que se les brinda atención profesional y seguimiento especializado por parte de las autoridades correspondientes, debido principalmente a que se desiste en el seguimiento oportuno del caso ya sea por parte de los encargados de hacerlo o por el lado del denunciante.
Este tema de maltrato e intimidación escolar o bullying, no es nuevo en nuestro país, tan sólo en el año 2007 un estudio elaborado en México por la ONU, se concluyó que un 65 por ciento de los niños en edad escolar manifestó haber sido víctima, al menos una vez, de acoso estudiantil o bullying; esto pese a que México ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a adoptar medidas para garantizar la no discriminación de ninguna índole entre la población infantil en todo nuestro territorio.
La solución a este problema que nos afecta e involucra a todos no sólo está en las autoridades educativas, sino en la sociedad en su conjunto; por un lado los centros educativos deben de crear programas de vinculación real entre a su plantilla de profesores, los alumnos y padres de familia; deben a su vez capacitar a su personal docente en la identificación de actos psicoemocionales, físicos directos e indirectos, sexuales, verbales y el denominado ciberbullying como tipos de maltrato entre escolares; crear gabinetes-observatorio que vigilen las conductas aceptables y aquellas que serán rechazadas por la comunidad escolar, que otorguen sanciones inmediatas y estrictas, y que genere roles positivos modelo; y principalmente deben de tener en su personal de planta, profesionales psicopedagógicos en la atención, prevención y erradicación de estas conductas.
Por otro lado, las autoridades gubernamentales deben de proveer los mecanismos y medios para motivar y atender la denuncia, el seguimiento oportuno y la atención oportuna, especializada, personalizada y sensible para los casos que se presentan.
Y finalmente, la sociedad en su conjunto iniciando por la familia, deben de eliminar de su núcleo tendencias hacia la violencia o de abuso entre sus integrantes para evitar la creación de escenarios hostiles y con ellos motivar que el menor adquiera conductas agresivas que busque repetir en el entorno en que se desenvuelve. No debe de olvidarse que es en la familia en donde los menores aprenden a socializarse en el marco de valores, normas y comportamientos aprendidos en casa.
Es por esto que no es suficiente con promover la prevención y difundir las consecuencias de esta conducta negativa entre la población; se hace necesario también que las autoridades educativas, federales, estatales y municipales en conjunto y coordinación interinstitucional adecuen los mecanismos jurídicos para este efecto y brinden los espacios y canales adecuados para la denuncia y por consiguiente, el seguimiento de este tipo de comportamientos socialmente negativos; dejando en claro que se trata de un comportamiento socialmente indebido.
Todo esto es necesario si se desea erradicar de manera contundente y definitiva esta práctica antisocial, profundamente lesiva y negativa, discriminatoria y de exclusión social entre los niños y adolescentes de nuestro país llamada bullying.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades educativas estatales y municipales, cuenten con la disposición de personal psicopedagógico para la atención, prevención y erradicación de las conductas de bullying en los centros educativos de todo el país a nivel de educación básica y media superior.
Segundo. Se exhorta atentamente al Ejecutivo federal a que implante en todo el país un programa permanente de atención especializada vía telefónica de denuncia, atención y seguimiento a los casos de bullying por medio de una línea-buzón que sea atendida por personal especializado en la atención de conductas nocivas en la población infantil-adolescente.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre de 2012.
Diputada Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a garantizar la soberanía y seguridad alimentarias y nutricionales a partir de la producción nacional, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Antecedentes
1. El Día Mundial de la Alimentación fue establecido por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la reunión general de la organización, en noviembre de 1979. Cada año se celebra, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, en alrededor de 150 países, reflexionándose sobre los problemas que provocan la pobreza y el hambre. En términos oficiales la finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Desde octubre de 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas cada año, a fin de destacar áreas que requieren de reformas sociales, de ellas se destacan las relativas al derecho a la alimentación, precios de los alimentos, de la crisis a la estabilidad, la seguridad alimentaria, agua: fuente de seguridad alimentaria, lucha contra el hambre para reducir la pobreza, conseguir la seguridad alimentaria en época de crisis; y en este año el tema oficial es “las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”.
El tema de este año se ha seleccionado para subrayar el papel de las cooperativas para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la erradicación del hambre. El interés en las cooperativas y las organizaciones rurales se advierte de la misma manera, en la decisión de la Asamblea General de la ONU de declarar a 2012 como “Año Internacional de las Cooperativas”.
De lo anterior se puede inferir la importancia, que a nivel de los organismos multilaterales de cooperación, en este caso la FAO, y la propia Organización de las Naciones Unidas, se le otorga a la alimentación.
El conjunto de temas escogidos para la celebración del Día Mundial de la Alimentación, desde 1981 a la fecha, manifiestan que entre ellos hay claras interrelaciones, lo que por otra parte hace patente que se trata de un problema complejo, de carácter multifactorial, que para su solución requiere de acciones de esa naturaleza.
En todo caso, de lo anterior se desprende el reto relativo al ejercicio del derecho a la alimentación, ante una población desnutrida, en condición de pobreza, cercana al 15 por ciento del total de la población mundial.
Apreciaciones conceptuales sobre la pobreza y el hambre
2. Dentro de los esquemas discursivos surgidos de las diversas reflexiones, destaca el concepto “el combate contra el hambre es uno de los objetivos centrales del desarrollo”.
En efecto durante las tres últimas décadas, aunque con mayor intensidad en las dos últimas, se ha hablado y escrito mucho sobre el tema de la seguridad alimentaria, han surgido expresiones tales como hambre, inseguridad alimentaria, desnutrición, malnutrición, crisis alimentaria; las que son usadas indistintamente para referirse a lo mismo, no obstante tal diversidad terminológica no siempre reconoce el hecho de que el hambre y la pobreza son fenómenos multidimensionales. Estas dimensiones comprenden factores como el acceso a los alimentos y la pobreza misma, la disponibilidad de alimentos y balance nutricional, entre otros factores económico-sociales. Estas expresiones las destaca la propia FAO, de donde han surgido algunas de ellas, no obstante su origen es diverso y se vincula a los distintos ámbitos de discusión: universidades, gobiernos, académicos, etcétera.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, de la ONU, en su reciente publicación Statistical Yearbook 2012, establece y define una serie de hechos y conceptos relacionados con el hambre, la desnutrición y la pobreza, concatenando los efectos de ellos en el desarrollo de las naciones.
Este documento recoge, en la parte correspondiente, tanto la parte conceptual como las referencias estadísticas asociadas a los temas anteriores, a fin de establecer como marco de referencia la situación mundial, para vincularla con lo que acontece en México. A continuación se pretende interrelacionar los elementos señalados:
La FAO establece que es paradójico que la mayoría de la población que padece inseguridad alimentaria vive en las áreas rurales, justamente donde se producen los alimentos y es compradora neta de los mismos, en lugar de ser oferentes. Asimismo que la pobreza no implica simplemente falta de ingreso o insuficiente consumo alimentario, incluye deterioro de la salud, baja o nula educación, inseguridad, falta de presencia político-social e inclusive falta de dignidad.
Adicionalmente señala que los pobres en general son excluidos de las oportunidades generadoras de ingreso, tales como empleos remuneradores, y recursos productivos, lo que incluye tierra, bosques, agua, semillas, tecnología y crédito.
La magnitud de la desnutrición en el mundo
3. El estudio referido de la FAO para establecer el parámetro de referencia sobre la magnitud del problema del hambre en el mundo define que “la seguridad alimentaria existe cuando toda la población, en todo momento, tiene acceso económico, social y físico, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que responda a las necesidades nutricionales y a las de una vida activa y saludable”.
Y vinculado con lo anterior, establece que “la desnutrición o el hambre” se presentan cuando la ingesta calórica se encuentra por debajo de los requerimientos mínimos de energía. Estos requerimientos se refieren a la energía necesaria para desempeñar actividades ligeras y para mantener un peso adecuado para una estatura determinada.
Por otra parte se expresa que incluso cuando la ingesta de energía es suficiente, la falta de una dieta diversificada y de baja calidad regularmente conduce a la prevalencia de deficiencias en la ingesta de micronutrientes, o a lo que se denomina “hambre escondida” que afecta a alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo. Este padecimiento causa enfermedades, disminución de habilidades, muerte prematura, así como menoscabo en el desarrollo cognoscitivo de los que sobreviven.
Las pérdidas de productividad provenientes de las deficiencias nutricionales en adultos, son equivalentes a entre 2 y 4 por ciento del producto interno bruto de Asia del sur.
La insuficiencia nutricional desde la gestación y hasta los dos-tres años, condena a los niños a tener baja estatura, a una tardía incorporación a la escuela, a una menor capacidad académica y a la recepción de menores ingresos en la edad adulta, lo que se traduce en un factor restrictivo del desarrollo nacional.
En virtud a la importancia de la alimentación y la nutrición, la FAO ha desarrollado distintos estudios orientados a la identificación de la magnitud del problema y de ahí ha derivado que los hábitos de consumo habituales, en términos de las calorías por persona por día, es el instrumento clave para medir y evaluar la evolución del hambre crónica en el mundo.
A partir de lo anterior, ha detectado que durante las últimas dos décadas el promedio de consumo calórico se incrementó de 2610 kilocalorías/persona/día a un poco menos de 2800. El incremento se dio básicamente en los países en vías de desarrollo, los países desarrollados previamente tenían niveles de consumo superiores. Es importante hacer notar que los cálculos anteriores se derivan de promedios nacionales, lo que no permite observar la circunstancia de grupos específicos de población. Las recomendaciones de ingesta calórica por persona por día, varían en función de edad, peso, estatura, ocupación y están diferenciadas por los criterios de las instituciones que las emiten.
3.1. Bajo los criterios de la FAO, y con base en la información más reciente, el total de personas desnutridas en el mundo se estima que llegó a 850 millones en 2006-08, y de acuerdo a las proyecciones preliminares esta cifra podría haber estado alrededor de los 925 millones de personas en 2010-2011. Hay informaciones periodísticas que estiman que la cifra para 2012 sería del orden de 1000 millones de personas en esa condición.
No es ninguna sorpresa que el 98 por ciento de la población mundial que está en condiciones de desnutrición, se localiza en los países en vías de desarrollo, en los que prevalece alrededor del 15 por ciento de su población, en desnutrición.
De la población afectada por la desnutrición, alrededor de 264 millones se localizaban en los de menor desarrollo relativo, en 2006-08 más o menos 25 por ciento más que el nivel que se tenía a principios de la década.
3.1. La estructura del consumo alimentario ha ido cambiando, se advierte que hay un proceso de convergencia dietética que va generando el perfil de una dieta global, caracterizada por un mayor consumo de un grupo más reducido de granos básicos, trigo y arroz, mayor consumo de cárnicos, lácteos, aceites vegetales, sal y azúcar y un menor consumo de fibras; lo que refleja los ritmos y presiones propias de los estilos de vida urbanos.
No obstante el fenómeno señalado, los cereales continúan siendo la fuente más importante de energía, proveyendo el 50 por ciento del total de calorías.
En algunos países como Pakistán, Marruecos, Yemen y Chile, existe una alta dependencia respecto al trigo, al tiempo que en México y el sur de África la dependencia es con relación al maíz.
Por su parte los productos pecuarios contribuyen con alrededor del 13 por ciento del total del consumo de calorías y 28 por ciento del total de las proteínas, particularmente mediante el consumo de cárnicos, leche, huevos, entre otros. A pesar del reciente crecimiento del consumo de este grupo de productos, especialmente en Asia y América Latina, todavía hay un importante grupo de población con ingestas nutricionales insuficientes, provenientes de los productos de origen animal.
Carne, leche y huevos aportan proteínas con un amplio rango de aminoácidos que satisfacen las necesidades humanas, así como los micronutrientes tales como hierro, zinc, vitamina A, vitamina B12 y calcio, nutrientes en los que generalmente la población desnutrida es deficitaria.
El consumo de energía y de proteínas está íntimamente correlacionado, y un consumo insuficiente de calorías generalmente va acompañado con un consumo insuficiente de proteínas
El consumo de productos pecuarios, está directamente relacionado con el nivel de ingreso, lo que explica la baja ingesta de estos alimentos, en las regiones más pobres.
La situación de la pobreza y la desnutrición en México
Algunos elementos conceptuales
4. Se recoge en esta sección la afirmación de que la alimentación constituye un factor estratégico en el desarrollo nacional.
La influencia directa que tiene el consumo alimentario y nutricional en el desarrollo de la sociedad, le otorga a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional un carácter estratégico, es decir, debe considerarse como un elemento sustantivo del concepto de seguridad nacional.
En México, la desnutrición se ha convertido en un fenómeno endémico, pasando de generación en generación, debido al encadenamiento entre la desnutrición de la madre gestante y lactante, que tiene hijos con bajo peso y talla y sucesivamente les otorga una alimentación deficiente, que a su vez provoca insuficiencias en su desarrollo, en particular si éstas se dan entre el periodo de 0-3 años de vida, lo que provoca daños de carácter irreversible.
La ingesta alimentaria y nutricional por debajo de las recomendaciones, trae como consecuencia diversos niveles de desnutrición, la cual se refleja generalmente en los estratos de población con menores ingresos y dentro de estos en los grupos vulnerables, es decir, población infantil y madres gestantes y lactantes.
Dada la situación actual de dependencia de los mercados externos, para el abasto de los productos alimentarios básicos y estratégicos, y en virtud al carácter estratégico de la alimentación, el Estado mexicano está obligado a enfrentar la solución de este problema a partir de la clara identificación de políticas de Estado, que sean puestas en práctica en la perspectiva del largo plazo, donde uno de los objetivos estratégicos, sea erradicar la desnutrición.
Para darle cauce a las acciones encaminadas a lo anterior, se plantea una visión prospectiva, que se instrumente mediante la operación de un esquema de planeación, programación y presupuestación, donde haya definición y autorización de recursos públicos a mediano plazo, que vayan expresándose en presupuestos anuales, que tendrán que estar avalados por programas operativos anuales.
Elementos del diagnóstico
5. La orientación del modelo de desarrollo del país ha sido de tal naturaleza que ha ido empeorando la concentración del ingreso, profundizando las desigualdades regionales y sectoriales, aumentando la dependencia económica y política del extranjero e incrementando el poder del capital externo, particularmente de las empresas transnacionales; en suma ha deteriorado el nivel de vida promedio de los mexicanos y ha disminuido sensiblemente la soberanía de la nación.
El área rural del país ha sido, históricamente, la parte que más ha resentido los efectos negativos del modelo de desarrollo por el que el país ha estado transitando. Hoy día, la situación de crisis social se ha agravado.
Esta profundización de la crisis está vinculada al alza internacional de los precios de los granos básicos y oleaginosas, originada en diversos factores, pero particularmente a la determinante influencia que Estados Unidos (EE UU), a través de sus empresas transnacionales, tienen en el comportamiento de los mercados internacionales. El ejemplo de mayor impacto es el uso del maíz para producir etanol, lo que ha tenido efectos significativos en el incremento de los precios.
A pesar de lo anterior, ha habido una permanente renuencia del gobierno federal, para adoptar políticas orientadas al logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, lo que ha traído como consecuencia que el país sea altamente vulnerable a los efectos negativos de las políticas de EE UU. Los resultados de las políticas impuestas durante los últimos casi 30 años, han logrado que la dependencia de México de la importación de productos básicos, sobre todo de EE UU, haya llegado en la actualidad a niveles altamente riesgosos, para la soberanía nacional.
La situación rural nacional se identifica con la incertidumbre productiva, con la inestabilidad social, con la creciente dependencia de las importaciones de alimentos, la reducción de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, la pérdida de millones de empleos, abandono de tierras, degradación ambiental, migración forzada de millones de compatriotas, distorsión de los sistemas de abasto y de los mercados agropecuarios, etcétera.
En México, la insuficiente ingesta alimentaria y la desnutrición, conforman un problema social y representan un factor que restringe el desarrollo nacional. En efecto, el problema aludido ha afectado a un número creciente de mexicanos. Las estimaciones sobre el tema son diversas, la más conservadora expresada en el índice de pobreza alimentaria, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reporta que en 2008, en el país había 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, lo que implicaba, que el total de su ingreso era insuficiente para tener acceso a la canasta básica alimentaria; el mismo organismo también reporta, que en mismo año, 50.6 millones de mexicanos se encontraban en pobreza patrimonial, es decir con ingresos insuficientes para cumplir con los requerimientos de las necesidades esenciales de salud, educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y de transporte.
La propuesta estratégica para la solución del problema alimentario del país
6. La estrategia para la solución del problema alimentario necesariamente requiere de una visión prospectiva, donde es menester expresar la definición de soberanía y seguridad alimentarias; mediante la identificación de los cultivos y/o productos necesarios para satisfacer los requerimientos de ingesta alimentaria y nutricional de la población; donde a su vez se establezcan los rangos de producción mínima necesaria para que el país sea autónomo en sus decisiones en la materia, así como, las determinaciones relativas a la construcción de una reserva nacional estratégica de alimentos.
Si este concepto básico se entiende como la capacidad de la Nación para decidir sobre la cantidad y calidad de productos alimentarios requeridos para satisfacer, cuando menos, el consumo básico de la población, entonces será necesario disponer de manera planificada de los elementos estratégicos para lograrlo.
Entre otros, lo anterior implica la planificación prospectiva de recursos naturales: tierra, agua, agroquímicos, (con una visión hacia la sustentabilidad) tecnología, organización para la producción, apoyos financieros gubernamentales para la integración productiva y exitoso acceso al mercado y en general todos los insumos estratégicos que resulten en los procesos de capitalización de los productores rurales.
Teniendo en cuenta los elementos previamente señalados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a la adquisición de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país, a partir prioritariamente de la producción nacional.
Segundo. Asimismo, que las políticas antes señaladas se expresen en los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, particularmente en aquellos programas orientados al impulso de la producción de alimentos básicos y estratégicos que se originen en los pequeños y medianos productores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y de la Conapesca a liberar los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura para Yucatán, particularmente en el componente “Sustitución de motores marinos ecológicos”, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Mauricio Sahuí Rivero, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fin de que liberen los recursos concernientes al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Exposición de Motivos
México es uno de los países que cuenta con una gran extensión de litorales. De acuerdo con datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), nuestro país tiene 11 mil 122 kilómetros de litorales a lo largo de la República Mexicana, lo cual significa un gran potencial en recursos del mar.
Aunado a lo anterior, nuestro país ocupa el cuarto lugar en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina. De igual forma nos encontramos dentro de los 20 lugares en producción pesquera a nivel mundial, y en la posición 26 en acuacultura.
En México las familias que se dedican a esta actividad primaria son principalmente de escasos recursos, algunas de ellas llevan a cabo su actividad para beneficio propio y otras trabajan para terceros. Sin embargo, la gran cantidad de pescadores que existe en el país se ve afectada por la carencia de recursos materiales para llevar a cabo sus actividades.
En algunos estados, y principalmente en algunos municipios, la pesca es una de las actividades consideradas de mayor importancia para el fortalecimiento de su economía, así como el sustento alimenticio para muchas familias. Por otra parte, para otros es una tradición que viene de generación en generación y se vuelve parte del quehacer cotidiano y una actividad económica para salir adelante.
El estado de Yucatán, al día de hoy cuenta con 373 kilómetros de litorales, que representan 10 por ciento de la línea litoral total del Golfo de México y el mar Caribe. Su plataforma continental es de las más amplias en el país con una superficie de 37 mil 344 kilómetros cuadrados de extensión y su mar territorial es de 6 mil 792.
Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán, se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente el pepino de mar. Es preciso señalar que la pesca de langosta de los estados de Yucatán y Quintana Roo representa poco más de 25 por ciento de la pesca a nivel nacional, lo mismo sucede con el pulpo que en la actualidad arroja volúmenes de poco mas de 18 mil toneladas.
Asimismo, los principales puertos de actividad pesquera del estado se ubican en la zona oriente (Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González); Zona Centro (Telchac Puerto, Progreso y sus comisarías costeras) y la zona poniente (Sisal y Celestún), y se cuenta actualmente con poco mas de 15 mil pescadores, los cuales se encuentran divididos en 3 grupos siendo estos: socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.
Ante ello, la federación y los estados destinan recursos a este sector con el objeto de fortalecer la producción y desarrollo de las actividades pesqueras, pero siempre son insuficientes debido a la demanda que tiene esta para la sociedad, prueba de ello son los programa federales que se ejercen a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De los programas autorizados para este año, la Sagarpa contempla diversos componentes, uno de ellos es el denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, el cual lo ejerce directamente la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con recursos ya autorizados y que año con año se habían estado ejerciendo de forma correcta.
El Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 11 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, otorgó a la Sagarpa específicamente en el anexo 7 el monto de 25, 635,478 millones para el programa denominado Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el cual se incluye el componente denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.
Por lo que se refiere a los recursos de dicho componente, al estado de Yucatán ya se le habían autorizado, toda vez que se le dio apertura a las ventanillas para recibir las solicitudes, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma y posteriormente aprobadas, adquiriendo la autoridad una obligación frente a los beneficiarios los cuales hasta el día de hoy nos les dan una solución, alegando la autoridad que ya no se tienen los recursos para dicho programa en Yucatán, entre otras cosas.
En ese sentido, las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y sin tintes políticos, ya que al día de hoy contamos con un gran número de pescadores en espera de la entrega de sus motores para poder promover el desarrollo de los mares y generar empleos, pero vemos que es imposible con autoridades que no tienen sensibilidad ante las circunstancias de los que menos tienen.
Por ello, en el Poder Legislativo tenemos una responsabilidad con todos los sectores de la sociedad, en especial por el firme compromiso que hicimos con la sociedad de responder a sus necesidades más apremiantes y es por ello que exhortamos al Ejecutivo federal con el fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa y sean beneficiadas las personas que ya han sido aceptadas en el mismo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de su órgano desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputados. Mauricio Sahuí Rivero, María del Rocío Corona Nakamura, Adriana Hernández Íniguez, Salvador Arellano Guzmán, Sergio Armando Chávez Dávalos, Ossiel Omar Niaves López, Eduardo Roman Quian Alcocer, Maricela Velázquez Sánchez, Marco Antonio Barba Mariscal, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Israel Moreno Rivera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre uno de los desafíos del presente inmediato que tenemos que afrontar los ciudadanos del Distrito Federal, se encuentra la necesidad de adecuar nuestro marco normativo, a fin de adquirir la autonomía suficiente para conformarnos como un estado más de la República Mexicana, respetando y fortaleciendo siempre el papel que corresponde ser la capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Nuestra ciudad, antiguo asiento del pueblo mexica, enaltecida al ordenarse como asiento de los poderes federales, al tiempo que demeritada políticamente, se le han negado los derechos y las facultades del resto de las entidades que integran la federación.
Nuestra Constitución Política señala en su artículo 39, que tanto la soberanía nacional como el poder público residen y dimanan del pueblo y se instituyen en beneficio de éste. El artículo 40 constitucional dispone que por voluntad propia sean constituidos en una república democrática, compuesta de estados libres y soberanos unidos en una federación. El artículo 3o. de la Carta Magna precisa que la democracia, que nos circunda y da esencia, no es tan sólo una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo en su conjunto.
No es una afirmación válida señalar que la ciudadanía es el principal vínculo jurídico que relaciona a un individuo con su estado de derecho, y un vínculo político que como establece nuestra norma fundamental, autoriza al ciudadano para propugnar en derecho y obligación por su mejoría económica, social y cultural. Por tanto, un estado federado como tal no requiere que, al constituirse, se le determine a un territorio específico para que en él residan con independencia los poderes federales en perjuicio de sus habitantes; cualesquiera que sean las denominaciones específicas bajo las cuales se le reconozca, no se justifica el menoscabo del cual hemos sido objeto los ciudadanos que en él residimos.
También sostenemos que, como más adelante se examina, la organización interna del Distrito Federal ha sido objeto de múltiples reformas cuyo objeto ha sido siempre el de mantener al Ejecutivo como cabeza principal de su vida interna política y administrativa, siendo ésta particularidad una de las principales razones por las cuales creemos que se ha impedido que esta entidad territorial logre una completa autonomía y en ello, el ejercicio pleno de los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.
La Constitución Política actual, en su artículo 122, señala que el Distrito Federal es residencia de los Poderes Federales y de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero a diferencia de los demás estados que conforman la federación, no cuenta con poderes, sino órganos de gobierno, y jurídicamente no se instaura como un estado federado, sino como un territorio de carácter federal.
En objeción a esta resolución, comenzaremos por señalar que el nuestro no es un caso único en el mundo. En Europa, existen naciones conformadas como federación, las cuáles no han afectado en sus derechos políticos en el asiento territorial de sus poderes, a sus habitantes. Los derechos políticos de sus ciudadanos no son distintos de los demás estados o provincias federadas. Son las necesidades políticas, jurídicas y sociales de cada una de ellas las que marcan en definitiva su estructura jurídica y política.
Desde la Constitución de 1824, en la cual se adoptó el sistema federal, nada se dispuso sobre este punto. La Ciudad de México se convirtió en Distrito Federal, con el “Acta Constitutiva de la Federación y Constitución Federal”. Por consiguiente, al establecerse la federación, quedó asentado que el nuevo territorio compuesto por superficies tomadas del estado de México, sería el asiento para residencia y funcionamiento de los Poderes de la Unión.
La Constitución de 1917 sólo ratificó lo establecido en las modificaciones de 1903. El cambio más relevante fue la completa desaparición a nivel nacional de las prefecturas o distritos, una vez establecido el Municipio Libre, pues la existencia de un departamento o prefectura intermedia serían anticonstitucionales. En el mismo ordenamiento, se reconoció en el artículo 43 al Distrito Federal como parte de la federación y en el artículo 44 como sede de los Poderes de la Unión y capital de la república.
Hasta 1928 el gobierno federal mantenía de forma indirecta el control sobre el Distrito Federal, siendo frecuentes las discrepancias entre los tres niveles de gobierno, que devinieron en nuevas modificaciones legales, siendo la principal la del artículo 73 constitucional, que suprimía el sistema de municipios con ayuntamiento electo, dando paso a las delegaciones y eliminando nuevamente la facultad de elegir autoridades de manera directa.
Fue hasta el año de 1987 que se constituyó una Asamblea Legislativa con facultades acotadas, modificadas en 1996 para otorgarle mayor autonomía, e incluyendo la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal para las elecciones federales intermedias de 1997, momento en que los ciudadanos recuperaron tan sólo parte de sus derechos y estuvieron en posibilidad de elegir directamente a su jefe de gobierno.
Posteriormente, en octubre de 1999, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, lo que permitió la elección de jefes delegacionales (Delegados) para el año 2000, aunque sin modificar su competencia.
En noviembre de 2001 el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, aprobó la iniciativa de decreto de reformas y adiciones a los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al régimen jurídico del Distrito Federal, y la turnó para su dictamen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados presentaron, en diciembre de 2001, el dictamen correspondiente, mismo que fue votado a favor por unanimidad y enviada la minuta correspondiente a la Cámara de Senadores para su revisión, misma que en octubre de 2002, decidió devolver a su cámara de origen.
Como respuesta, en noviembre de 2002, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo resuelta hasta febrero de 2004 con la confirmación de la resolución del Senado y el consecuente sobreseimiento de la controversia constitucional.
Ningún daño, ninguna disminución en su esencia política se produciría en perjuicio de los estados federados otorgando una Constitución al Distrito Federal propia de su identidad, de su problemática y del apoyo de sus ciudadanos para llenar los fines que nuestra Carta Magna reconoce a todos los ciudadanos del territorio mexicano con derechos políticos totales, excepto al nuestro.
Elevar al rango de estado capital al Distrito Federal no lo haría en perjuicio alguno de los estados federados, porque como hemos observado, no obstante que las sucesivas reformas a nuestra organización han significando avances notables, aún falta por alcanzar mayores competencias para la administración pública local y para sus ciudadanos.
Como consta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, diversas iniciativas se han presentado sobre este tema en varias legislaturas, la más reciente fue presentada en la LXI Legislatura por el diputado y exministro de la Suprema Corte de la Nación, don Juventino Castro y Castro (q.e.p.d.), misma que se discutió en las comisiones de Puntos Constitucionales, que él mismo presidía y en la Comisión del Distrito Federal, e incluso se dictaminó pero no llegó a tener el consenso suficiente para que se pudiera deliberar en este pleno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los integrantes de la LXII Legislatura, a los actores sociales y políticos de la Ciudad de México y del país, a los académicos, a los partidos políticos, a los movimientos y organizaciones políticas, sociales y civiles interesadas, a impulsar la reforma política del Distrito Federal que le otorgue autonomía plena, y facultades plenas tanto a sus instituciones como a sus ciudadanos, en un marco de pluralidad, de inclusión, de tolerancia y de convivencia democrática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012
Diputado Israel Moreno Rivera (rúbrica)
Efemérides
Con motivo del 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Petra Barrera Barrera, del Grupo Parlamentario del PRI
En el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, el Grupo Parlamentario del PRI, refrenda su voluntad y convicción a favor de las causa de las mujeres, particularmente de aquellas que menos tienen.
Como es de su conocimiento, el día de la mujer rural, fue establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136 el 8 de diciembre de 2007, al reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza ...”
Ha sido ampliamente reconocido que las mujeres rurales en todo el mundo, desempeñan un papel fundamental para la economía de sus países y para potenciar al sector participando activamente en la producción de cultivos, en el cuidado del ganado, proporcionando alimentos, agua y combustible para sus familias, así como participando en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia; además, de llevar a cabo funciones vitales en el hogar, en el cuidado de menores de edad, adultos mayores y enfermos.
Al igual que en el resto del mundo, en México, la mayoría de las personas pobres son mujeres pertenecientes al campo. Mujeres que llevan a cuestas una ardua tarea, sin que existan las oportunidades suficientes que les permitan vislumbrar una mejor calidad de vida. Mujeres que presentan los niveles más altos de desnutrición, mortalidad y violencia.
Víctimas de una triple discriminación, debido a su pobreza, a su etnia y a su condición de género, las mujeres rurales no han podido en la segunda década del siglo XXI gozar de todos los beneficios del desarrollo.
De ahí, que este día sea un momento propicio para ir más allá de la reflexión. Es momento de poner en centro de las agendas estratégicas de todas las fuerzas políticas, el tema, para abordarlo con una visión de Estado, que permita a las mujeres rurales de México acceder a un mejor destino.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI, deja en claro, su manifiesto compromiso a favor del campo mexicano y de las mujeres rurales de todas las edades. Estamos convencidos que modificar su realidad, significa realizar desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, una serie de acciones afirmativas que les permitan vivir una vida más humana.
Bajo el anterior orden de ideas, proponemos trabajar sobre 5 ejes prioritarios en favor de las mujeres y las niñas rurales:
1. Seguridad alimentaria.
2. Instrucción y capacitación.
3. Facilidad para acceder a los recursos de los diferentes programas sociales y a los créditos financieros.
4. Reducción de la mortalidad materna, y de las muertes por cáncer de mama y cervicouterino.
5. Impulsar una cultura incluyente y no discriminatoria, que les permita gozar de todos sus derechos y prerrogativas.
Nos comprometemos a trabajar con responsabilidad para construir un nuevo andamiaje social, cultural, económico y jurídico que permita a las mujeres rurales acceder a la tierra, ser dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas, contar con seguridad social, asistir a las aulas, ser sujetas de créditos bancarios, tomar las calles, acceder al desarrollo e incorporarse plenamente a un mundo que hasta hoy les había sido ajeno. En suma, apoderarse de su presente y su futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2012.
Diputada Petra Barrera Barrera (rúbrica)
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