Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3622-III, jueves 11 de octubre de 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a intensificar las acciones a fin de consolidar la estrategia de detección del virus de papiloma humano en todo el país, continuar la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal, y ampliar la red de laboratorios de biología molecular para detectarlo, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Raquel Jiménez Cerrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, numeral 2, todos del reglamento de la cámara de diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna en el siglo XX, se registró uno de los avances más significativos en materia de salud pública en nuestro País, en enero de 1991 por decreto presidencia se creó el Consejo Nacional de Vacunación (Conava) cuyo objeto principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades transmisibles lo cual se ha logrado a través de la implementación del Programa de Vacunación Universal dirigido principalmente a la protección de la salud de la niñez y de la población más vulnerable.
Actualmente México posee uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, lo que ha permitido modificar el panorama epidemiológico de una nación, es así que gracias a las Semanas Nacionales de Vacunación y otras estrategias se ha logrado controlar y erradicar enfermedades que hasta hace algunos años representaban un verdadero problema de salud.
Sin duda el éxito del mencionado programa es resultado de la participación no solo del Sistema Nacional de Salud, sino de brigadas y voluntarios así como de la decisión y al alto grado de responsabilidad colectiva en todo el País, asegurando que todos los niños y niñas desde su nacimiento no se vean afectados por los padecimientos que pueden ser prevenidos por medio de las vacunas.
A lo largo de las últimas décadas se han ido incorporando al esquema básico de vacunación, diferentes vacunas que responden a una necesidad de salud nacional y mundial.
En México desde principio de la presente administración del Gobierno Federal se propuso incluir la vacunación contra el virus del papiloma humano VPH, como parte del compromiso para lograr una significativa disminución de cáncer cérvico uterino.
A nivel mundial, el cáncer cérvico uterino es el tercer tumor maligno más frecuente en las mujeres. 275 mil mujeres fallecen cada año por este motivo, lo que significa que cada minuto, una mujer pierde la vida debido a esta enfermedad.
Cada año se registran más de 7,480 nuevos casos en nuestro país, los cuales pudieron ser evitados, ya que este es una neoplasia que puede ser prevenida mediante Vacunación o detección y tratamiento de lesiones precursoras. Es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer después del cáncer de mama.
Acorde a cifras preliminares, en 2011 fallecieron por cáncer de mama 3,944 mujeres de 25 años y más, con una tasa de 12.8 defunciones por cada 100,000 mujeres de este grupo de edad.
La detección temprana se ha realizado fundamentalmente con citología (Papanicolaou) que tiene una sensibilidad cercana al 60%, pero actualmente existen pruebas de biología molecular con una mayor sensibilidad (>90%) basadas en la detección de virus de papiloma humano de alto riesgo.
A partir de 2008 se inició la vacunación contra el Virus de Papiloma Humano VPH de alto riesgo en los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, considerado la causa necesaria (pero no suficiente) de este padecimiento. En 2011 la Secretaría de Salud contó con presupuesto para vacunar a todas las niñas de 9 años, lo cual realizó con éxito.
La vacuna contra VPH sólo es efectiva cuando no hay infección, y debido a que la infección por VPH es tan común que afecta hasta el 80% de hombres y mujeres en algún momento de la vida, se recomienda su aplicación antes del inicio de la vida sexual (9-13 años) o en un esquema de vacunación de rescate (14-26 años) a mujeres que quizá ya hayan iniciado vida sexual, pero que podrían beneficiarse de la aplicación de la vacuna.
El cáncer cérvico uterino, ha mantenido tasas elevadas de mortalidad desde los años 90’s, si bien la tendencia en los últimos años es al descenso gradual y sostenido, sin embargo, sigue siendo un problema prioritario de salud pública en nuestro país, en especial en entidades federativas con menor desarrollo económico y social.
Durante la tercera Semana Nacional de Salud de 2012, el Consejo Nacional de Vacunación acordó su aplicación en todas las niñas que cursan el quinto grado de primaria y las no escolarizadas de 11 años de edad, con lo que se completa el proceso de universalización en las menores que se encuentran en el rango de edad entre 9 y 11 años.
La vacuna contra el virus del papiloma humano tiene la posibilidad de prevenir los casos por cáncer de cuello uterino hasta en un 70%. Es justo reconocer el compromiso del Gobierno Federal y de los gobiernos de los Estados con las tareas por lograr la disminución signi?cativa del cáncer cérvico uterino y con el fortalecimiento de la calidad y capacidad de los Servicios de Salud mediante la distribución de la vacuna contra el virus del papiloma humano en todo el Sector Salud.
Actualmente se han aplicado 1.2 millones de dosis de la vacuna para prevenir el cáncer cérvico uterino; las segundas dosis, serán aplicadas de abril a mayo de 2013 mismas que ascenderán a 1.2 millones de dosis nuevamente.
Sin duda, el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud con las Instituciones del Sector Salud, ha permitido la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano en nuestro país, esta política de salud permitirá el mejoramiento de la calidad de la atención y la disminución en la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino en las mujeres mexicanas que aún no han iniciado la vida sexual activa. No obstante resulta indispensable continuar con las acciones de prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos del resto de las mujeres.
En los últimos seis años se han obtenido logros importantes y dignos de mención. Se disminuyó en 15% la tasa de mortalidad al pasar de 15.0 a 12.8. Hoy, las mujeres diagnosticadas con cáncer cérvico uterino cuentan con acceso a tratamiento gratuito en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
En este sexenio se implementó la red de laboratorios de biología molecular para la detección del Virus de Papiloma Humano, que al terminar el 2012, contará con 19 laboratorios para procesar las pruebas.
Se han aplicado millones de pruebas de detección de VPH para mujeres de 35 a 64 años, con lo que se espera mejorar el impacto del programa y acelerar la disminución de la mortalidad por este padecimiento. Asimismo y como ya se ha mencionado, se ha logrado la Implementación y universalización de la vacunación contra VPH en las menores de 9 a 11 años.
Sin embargo, es necesario que el Sistema Nacional de Salud continúe la lucha coordinada contra el cáncer cérvico uterino, a fin de que todas las mujeres de nuestro país cuenten con acceso a la prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos que en cada caso se requieran, con respeto a su dignidad, así como, a su integridad moral y física.
De igual manera resulta indispensable que los servicios de salud cuenten con las condiciones de infraestructura y con el personal idóneo para garantizar a todas las mujeres el acompañamiento emocional y clínico que le permitan enfrentar esta enfermedad a nivel personal.
Se deben realizar acciones efectivas para erradicar la discriminación de hombres y mujeres que padecen la infección por el VPH, ya que genera un impacto negativo en la participación de las mujeres principalmente, en la detección de dicho virus y genera violencia de género por falta de información y mensajes erróneos en medios.
Es preciso mencionar que se considera indispensable, en virtud de las alarmantes tasas de incidencia y de prevalencia, que los servicios de salud de carácter público adquieran la capacidad para mantener la vacunación universal en niñas de 5 años e implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor índice de desarrollo humano.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de Ejecutivo Federal y a los Gobiernos Estatales a intensificar las acciones para consolidar la estrategia de detección de Virus de Papiloma Humano VPH en todo el territorio Nacional, asegurando el seguimiento de la atención médica de las mujeres con resultados anormales y de las que constituyan casos confirmados de infección por VPH.
Asimismo, a instrumentar una campaña de difusión masiva de la información, en los diversos medios incluyendo en redes sociales de Internet, en materia de prevención y atención del VPH, a fin de combatir el estigma y la discriminación de mujeres y hombres que padecen infección por ese virus.
De igual manera a realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes para continuar con la aplicación sostenida y permanente de la vacunación universal en niñas de 9 a 11 años de edad, e implementar la vacunación de rescate en mujeres de hasta 26 años en localidades con menor Índice de Desarrollo Humano, a fin de continuar la lucha contra el VPH y el Cáncer Cérvico uterino.
Segundo. Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar las acciones pertinentes en el ámbito de su competencia, a fin de ampliar la red de laboratorios de biología molecular para la detección del Virus de Papiloma Humano VPH, en grado suficiente para hacer frente a dicho problema de salud pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de un grupo plural en la Comisión de Gobernación a fin de dialogar y negociar con las autoridades de Chiapas para solucionar el conflicto político surgido por el resultado de las elecciones del 1 de julio de 2012, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Héctor Hugo Roblero Gordillo, diputado federal integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se integre una comisión plural de diputados, de entre los que integren la Comisión de Gobernación de esta Cámara, una vez que la misma sea instalada, para que se apersone en el estado de Chiapas, con el fin de dialogar y negociar con las autoridades estatales, una solución que ponga fin a las confrontaciones que se están dando con motivo de las elecciones municipales del uno de julio del presente año, en ciertos ayuntamientos de la entidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo ha referido la prensa nacional, los ciudadanos de los municipios de Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, Sitalá, Motozintla y Chicomuselo, inconformes con el resultado de las elecciones celebradas el uno de julio de este año, manifestaron su desacuerdo con las determinaciones de las autoridades electorales.
Los diferendos han ido escalando niveles cada día más preocupantes, al grado de que ponen en riesgo la gobernabilidad de la entidad.
Adicionalmente, la situación se recrudece más, en función de que en fecha próxima se llevará a cabo el cambio de administración estatal, por lo que es preciso que las partes dialoguen para negociar una salida política que vaya a favor de las comunidades aludidas.
Para que el diálogo sea fructífero, es condición sine qua non que haya respeto irrestricto a la posición de las partes involucradas y se ponga como centro de las conversaciones, el interés supremo de la ciudadanía chiapaneca.
Es preciso evitar que el problema escale grados que mañana podríamos lamentar.
Al efecto, el suscrito diputado federal propone al pleno de esta soberanía se instale de inmediato una comisión plural de legisladores para que se constituyan en el estado de Chiapas y de manera urgente se aboquen a reunir a las autoridades estatales con los quejosos, con el fin de resolver las diferencias que existen.
En mérito de lo expuesto, el suscrito, Héctor Hugo Roblero Gordillo, con fundamento en las fracciones II y III, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con punto de acuerdo por el que se integre una comisión plural de diputados, de entre los que integren la Comisión de Gobernación de esta Cámara, una vez que la misma sea instalada, para que se apersone en el Estado de Chiapas, con el fin de dialogar y negociar una solución que ponga fin a las confrontaciones que se están dando con motivo de las elecciones municipales del uno de julio del presente año, en ciertos ayuntamientos de la entidad, con base en el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda que de manera obvia y urgente se integre una comisión plural de legisladores, de entre los que integren la Comisión de Gobernación de esta Cámara, una vez que la misma sea instalada, para que se traslade al estado de Chiapas, concretamente a los municipios de Mazapa de Madero, Bejucal de Ocampo, Sitalá, Motozintla y Chicomuselo, a dialogar y negociar con las autoridades estatales, una salida al conflicto político que se ha dado derivado del resultado de las elecciones llevadas a cabo el uno de julio de 2012 y las determinaciones de las autoridades electorales estatales.
Al término de su encomienda, la comisión plural designada, habrá de rendir al pleno de esta soberanía, un informe detallado del resultado de sus gestiones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año dos mil doce.
Diputado Federal Héctor Hugo Roblero Gordillo
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a modificar los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCGI-2012 y así prorrogar al menos 180 días naturales su entrada en vigor, pues los proveedores y técnicos especializados no cuentan con capacidad ni infraestructura de servicio a fin de desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país, a cargo de la diputada María Elía Cabañas Aparicio y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno la siguiente proposición, con carácter de urgente u obvia resolución , con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos- Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, la que, de acuerdo con sus artículos transitorios, entrará en vigor el 27 de octubre de 2012.
A la par de la entrada en vigor de la NOM-005-SCFI-2011, antes mencionada, entrará en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-185-SCFI-2012, Programas informáticos y sistemas electrónicos que controlan el funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto pasado.
La NOM-185-SCFI-2012, introduce un nuevo software de dispensarios de combustible y, junto con la NOM-005-SCFI-2011, relacionada con los dispensarios de combustible, se busca proteger directamente a los más de 32 millones de consumidores de gasolina y diesel del país.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, este nuevo marco jurídico beneficiará, no sólo a los dueños de automóviles y camiones, sino también a miles de empresarios que utilizan dichos combustibles para el funcionamiento de sus equipos de transporte y maquinarias.
La entrada en vigor de estas disposiciones normativas permitirán que los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país, cuenten con aditamentos y software que impedirán la manipulación en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel.
Además, con la nueva normatividad, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país, no estén alterados y que su software no envíe instrucciones para entregar menos combustible del que se está pagando.
No obstante lo anterior, la realidad es que actualmente los equipos dispensadores de combustible operan bajo la Norma NOM-005-SCFI-2005 y, para operar bajo la nueva NOM, se requiere cambiar unos 50 mil equipos y esto es gravosísimo para todos los operadores de gasolineras.
De acuerdo con información proporcionada por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC (Amegas), la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, AC (APEGT), así como por la Asociación de Gasolineros de Mexicali, AC (ONEXPO), para cambiar un sólo equipo se requiere una inversión de 10 mil dólares y, si consideramos que en promedio cada gasolinera tiene 4 o 5, el costo por la renovación varía de entre 40 mil a 50 mil dólares y, el cambio de los 50 mil dispensarios, representaría una inversión de 500 millones de dólares, en menos de 130 días, lo que resulta, a todas luces, imposible.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Economía publicó el 20 de septiembre de 2012, en su portal de Internet, un comunicado en el que reconoce que “se han presentado obstáculos en la distribución de los paquetes de escalamiento para adecuar los dispensarios de gasolina, así como la sustitución de estos equipos, para cumplir con la nueva normatividad”.
Agrega “Algunos empresarios recibirán la instalación del escalamiento o del dispensario con posterioridad a la entrada en vigor de las normas”.
La propia Secretaría de Economía dijo que (difiriendo la entrada en vigor de las normas oficiales ya descritas)... “Se podrá garantizar la protección a los consumidores de combustible, sin dejar en estado de indefensión a los empresarios gasolineros que, aun pretendiendo cumplir con la nueva normatividad han encontrado retrasos no imputables a ellos.
La razón fundamental del remplazo de más de 50 mil bombas o dispensarios de gasolina, es que son equipos de fabricación extranjera, fundamentalmente de origen estadounidense como son la marca Bennett, Gilbarco, Dresser Wayne, que acaparan 95 por ciento del mercado nacional y las marcas de dispensarios o bombas de gasolinas que se fabrican en México son Pegasus, Supramax y Team, que representan sólo 5 por ciento del equipamiento nacional.
Estamos convencidos de que este tipo de medidas, representan “candados” para garantizar que la venta del combustible se realice de la manera más honesta y transparente posible; sin embargo, también somos sensibles ante los reclamos de los empresarios gasolineros del país quienes, lejos de criticar las nuevas normas oficiales, sólo buscan estar en posibilidades reales de cumplirlas.
Como representantes populares sabemos la importancia de las normas que emite la autoridad, empero, vemos con gran preocupación que, los tiempos otorgados, no se encuentran ajustados a la capacidad de respuesta de los que tienen que acatarlas.
El día de hoy hacemos nuestros los reclamos de los empresarios gasolineros del país, en especial los de nuestro estado, Baja California, los que, además de justos, redundarán en más beneficios para los consumidores.
En este sentido, se propone exhortar a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de la NOM-005-SCFI-2011 y se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos, por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de estaciones de servicio.
Lo anterior, además de prorrogar la iniciación de la vigencia de la NOM-005-SCFI-2011, también prorrogaría la entrada en vigor de la NOM-185-SCFI-2012, cuestión que apoyaría de sobre manera a los operadores de gasolineras y les daría el tiempo requerido para que puedan acatar al 100 por ciento dichas normas.
Además, derivado de la normatividad aplicable a actualización y modernización de estaciones de servicio, equipamiento y regulaciones en el ámbito de ecología, protección al consumidor y políticas hacendarias, resulta necesario solicitar una revisión urgente a las comisiones por venta de combustible, las que se encuentran sin modificación alguna desde hace más de diez años.
Por último, es menester hacer una revisión del marco regulatorio del Protocolo en Materia de Seguridad e Higiene de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya que emplaza al cumplimiento de diversas normas de protección civil, seguridad e higiene que requieren un mayor plazo para su implementación tanto por la especialización que requieren y el costo representado.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía para que modifique los artículos transitorios de las NOM-005-SCFI-2011 y NOM-185-SCFI-2012, para que se prorrogue su entrada en vigor, cuando menos por 180 días naturales más, toda vez que los proveedores y técnicos especializados no cuentan con la capacidad e infraestructura de servicio necesaria para desplegar la actualización requerida para el total de gasolineras del país.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una revisión integral de las comisiones por venta de combustible, las que se encuentran sin modificación alguna desde hace más de diez años y se ajusten a la realidad.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar y modificar, en su caso, el marco regulatorio del Protocolo en Materia de Seguridad e Higiene que tienen que cumplir los operadores de estaciones de servicio de venta de combustibles (gasolineras), a efecto de otorgar un mayor plazo para su implementación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar –por la SEP y el INAH– zona de patrimonio histórico y cultural de México Tamazula, Durango, y monumento histórico y cultural de México la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Sonia Catalina Mercado Gallegos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 5 de octubre de 2010, el entonces diputado José Ricardo López Pescador presentó proposición con punto de acuerdo ante la Cámara a efecto de exhortar al gobierno federal a efecto de que, por una parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, declarase Tamazula, Durango, como zona de patrimonio histórico y cultural de México, así como también la casa donde vivió y nació don Guadalupe Victoria, en esa población.
Aprobada que fue la referida proposición, las autoridades exhortadas comunicaron en mayo de 2011 a esta soberanía la recepción y el turno de dicho asunto al área correspondiente para “determinar su viabilidad y, de ser el caso, iniciar las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente”.
Pese a lo anterior, prácticamente después de un año y medio, la Cámara no ha tenido una respuesta satisfactoria. De ahí que presente esta proposición, en razón de las siguientes
Consideraciones
A casi año y medio de recibida dicha respuesta, lo cierto es que hasta el momento las autoridades de la SEP no han emitido un acuerdo definitivo sobre el tema requerido, por lo cual el presente punto de acuerdo reitera en sus términos la proposición realizada por el entonces diputado Ricardo López Pescador.
Lo anterior es así porque la herencia de nuestros antepasados es el patrimonio tangible o intangible que nos han legado, el cual tiene su expresión más acabada en los muebles e inmuebles, así como en los aspectos materiales e inmateriales, que dan cuenta del alma y la esencia de nuestro pueblo.
El patrimonio es la fuente de vida de la cual se nutre la sociedad, generación tras generación, para reafirmar su identidad, recrear su existencia y proyectarse en el tiempo.
Los esfuerzos por reivindicar la ineludible vitalidad de la historia para un mejor conocimiento del pasado, comprensión del presente y planeación del futuro reclaman una serie de acciones que nos permitan la materialización de los más altos valores que nos unen e identifican, particularmente en los tiempos actuales, cuando la mundialización y la globalización deben tener como base el rescate y fortalecimiento de lo local.
Luis Villoro señala que desde la antigüedad “la historia ha sido un elemento indispensable en la consolidación de las nacionalidades... En otros casos, la historia que trata de regiones, grupos o instituciones ha servido para cobrar conciencia de la pertenencia de los individuos a una etnia, a una comunidad cultural, a una comarca; al hacerlo, ha propiciado la integración y perduración del grupo como colectividad. Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. La historia nacional regional o de grupos cumple, aun sin proponérselo, una doble función social: por un lado, favorece la cohesión en el interior del grupo; y por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a los grupos externos...”
Es innegable entonces que la conciencia histórica tiene un peso mayúsculo en la vida de los pueblos. Como señala el francés Raymon Aron, “la conciencia del pasado es constitutiva de la existencia histórica. El hombre posee de verdad un pasado sólo si tiene conciencia de poseerlo, pues únicamente esta conciencia introduce la posibilidad del diálogo y la elección. De otro modo, los individuos y las sociedades llevan encima un pasado que ignoran, que sufren con pasividad. Mientras no tienen conciencia de lo que son y de lo que fueron no alcanzan la dimensión propia de la historia. La historia es la reconstitución, por y para los vivos, de la vida de los muertos. Nace, pues, del interés actual que los hombres que piensan, sufren, actúan, tienen en explorar el pasado. Búsqueda de un antepasado cuyo prestigio y cuya gloria se prolongan hasta el presente, elogio de las virtudes que hicieron nacer y prosperar a la ciudad, relato de las desgracias queridas por los dioses o atraídas por las faltas de los humanos que precipitaron su ruina, la memoria colectiva parte, como la memoria del individuo, de la ficción, mito o leyenda, y se abre penosamente camino hacia la realidad...”
En suma, siguiendo a W. Dilthey, en Teoría de las concepciones del mundo, “aspiremos a la luz, a la libertad y a la belleza de la existencia. Pero no en un nuevo comienzo, rechazando el pasado. Tenemos que llevar con nosotros a los antiguos dioses a toda patria nueva”.
En la óptica anterior, resulta plausible dar cuenta a las nuevas generaciones del legado que nos ha dejado a su paso don Guadalupe Victoria, primer presidente de México, un militar y político destacado en la Guerra de Independencia frente al imperio español, cuyo nombre fue inscrito con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara, como un homenaje a su dedicación, entrega, compromiso y heroísmo en favor de la patria.
Es justo también dar visibilidad a los muros y a la noble tierra que fueran testigo de sus primeros pasos, cómplices de su vocación libertaria y dieran cobijo al alma generosa y republicana de don José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.
En razón de lo expuesto, se somete a su consideración la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia
a) Zona de patrimonio histórico y cultural de México Tamazula, Durango; y
b) Monumento histórico y cultural de México la casa donde nació y vivió Guadalupe Victoria, en Tamazula de Victoria, Durango.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 11 de octubre de 2012.
Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/Sida y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo.
En septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015.
El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas fue encargado en el año 2002 por el secretario general de las Naciones Unidas para preparar un plan de acción concreto para que el mundo pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades que afectan a miles de millones de personas. En 2005, el órgano asesor independiente presidido por el profesor Jeffrey Sachs, presentó su recomendación final al secretario general en un volumen de síntesis Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Campaña del Milenio de las Naciones Unidas se ha destacado por la notable coincidencia de opiniones de los líderes mundiales con relación a los retos que el mundo enfrenta, lográndose con ello que se establecieran objetivos concretos, los cuales se denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se constituirían desde ese entonces, como uno de los lineamientos para que todo el sistema de la Organización de las Naciones Unidas trabaje coherentemente y en conjunto hacia un fin común.
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio son:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Estos ocho objetivos están divididos en 22 submetas y 80 indicadores a alcanzar por los países firmantes. Esto es importante ya que el alcanzar cada uno de los indicadores es como se alcanzan las submetas y las metas respectivamente.
El compromiso de México es lograr que los indicadores específicos del país, para cada uno de los temas de interés, alcancen el valor esperado en el plazo establecido. Sin embargo, los datos nacionales no son suficientes para reflejar la situación prevaleciente y se hace necesario calcular y analizar el estado y el comportamiento de los indicadores a nivel de las entidades federativas, pues entre éstas existen marcadas diferencias en cuanto al grado de desarrollo prevaleciente, lo cual significa que los indicadores correspondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podrían estar reflejando marcadas diferencias respecto al promedio nacional.
De ahí la importancia de avanzar en el cálculo, análisis y seguimiento de los indicadores con esa desagregación geográfica y en todos aquellos casos en que sea posible, también a nivel municipal.
Cabe mencionar que a pesar de la falta de datos que faciliten el cumplimiento de este compromiso internacional, el estado de Chiapas aprobó en julio de 2009 una reforma a su Constitución local para adaptar sus leyes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2011 fue más allá al aprobar un nuevo capítulo dentro de la Constitución estatal que convierte en norma superior el cumplimiento de los ODM al establecer que todos los programas sociales deberán armonizarse hasta alcanzarlos. Esto hace de Chiapas un estado pionero y ejemplo de lo que los demás estados de la federación debieran hacer.
Las instituciones federales encargadas de desarrollar el seguimiento y los indicadores del cumplimento de las metas, submetas e indicadores de México en los ODM son: presidencia de la República; Consejo Nacional de Población (Conapo); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Sagarpa); Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Secretaría de Salud (Ssa); Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Objetivos de Desarrollo del Milenio. México
Indicadores de la lista oficial de la Organización de las Naciones Unidas y de Más allá de las Metas del Milenio, septiembre 14 de 2010
¿Por qué es importante una comisión especial que dé seguimiento y coadyuve a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
• Porque estamos a tres años del cumplimiento de los compromisos adquiridos por México como estado firmante de la Declaratoria del Milenio de la ONU.
• Porque existe falta de información sobre el cumplimiento de los ODM en los niveles estatal y municipal de gobierno.
• Porque a la fecha, sólo dos entidades federativas han armonizado su constitución y legislación secundaria para estar en condiciones de alcanzar estas metas: Chiapas y Coahuila.
• Porque alcanzar estas metas, además de ser un compromiso adquirido internacionalmente, se traduciría en el aumento en la calidad de vida la mayor parte de la población mexicana.
• Porque en el seguimiento de alcance de indicadores de México hay 18 que se encuentran en riesgo de no cumplirse por presentar un ritmo más lento al esperado para su consecución.
• Porque 44 indicadores están calificados como “muy probables de cumplir”, debido a que presentan mejoras en sus niveles de desarrollo.
• Porque 18 de los indicadores que México se comprometió a alcanzar ya se han cumplido, por lo que nuestro país se encuentra en ruta correcta para lograr la meta fijada para el 2015.
• Porque de acuerdo al Banco Mundial, México tiene un nivel de ingreso alto-medio, por lo que sus metas tienen mucha probabilidad de ser cumplidas.
• Porque el Congreso de la Unión no debe ser ajeno a la implementación y evaluación de las políticas públicas, tanto federales como estatales, tendientes al cumplimiento de los compromisos hechos por el Estado mexicano, tendientes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto dar seguimiento y coadyuvar con el gobierno federal en la consecución de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.
Tercero. Podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Cuarto. La comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio estará integrada por los diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Quinto. La comisión especial estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de fomentar y vigilar que la industria eólica en el istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y del Trabajo, así como de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo, con las siguientes
Consideraciones
México ha signado diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en los cuales se compromete, entre otras cosas, a incrementar el uso de las fuentes renovables para la generación de energía limpia.
Por ello, en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 se estableció el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26 por ciento durante el periodo.
En el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, definido en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y su Reglamento, se establece como uno de los objetivos específicos para 2012 en materia de energías renovables impulsar el desarrollo de esta industria en México, incrementando la capacidad instalada de 3.3 por ciento en 2008 a 7.6 en 2012, y la eólica de 0.15 a 4.34 en los mismos años.
Por lo que se refiere a la energía eólica, México cuenta con un destacable potencial, que se estima asciende a 71 mil megavatios. La entidad federativa con mayor capacidad potencial de generación de este tipo de energía es Oaxaca, con 33 mil megavatios, donde resalta el istmo de Tehuantepec, considerada una de las mejores zonas de viento a escala mundial, además de que los emplazamientos con alta calidad del recurso eólico en el estado representan aproximadamente 7 por ciento de su área.
A efecto de que México alcance su nivel óptimo de generación de energía eólica es medular que se fomente esa industria en Oaxaca. Como muestra de lo anterior, empresas de origen extranjero han determinado instalar y operar diversos parques eólicos en esa zona del istmo de Tehuantepec: La Venta I, II y III, Oaxaca I, II, III y IV, Parques Ecológicos de México, Eurus, Fuerza Eólica del Istmo, La Mata, La Ventosa, Bii Nee Stipa, Energía Alterna Istmeña, Energía Eólica Mareña, Bii Hioxio, Bii Stinú, Santo Domingo, Desarrollos Eólicos Mexicanos y Zapoteca de Energía.
Si bien en teoría el funcionamiento de centrales eólicas implica beneficios innegables para el país, como la creación de fuentes de trabajo, desarrollo industrial, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribución a la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional, en la práctica el proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales.
En 1999, grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la Comisión Federal de Electricidad por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. La privatización se ha operado por contratos de arrendamiento de tierras que favorecen a las empresas transnacionales, con duración de 30 años, y renovación automática por otros 30, y por los que con frecuencia se pagan a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea, lo cual no es equivalente en ningún caso al costo real de la tierra comparado con las utilidades obtenidas por el uso de éstas.
Los contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para la región; sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con destrucción de las tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos. En resumen, las comunidades afectadas por los parques eólicos hasta el momento establecidos no se han beneficiado con la instalación de éstos, ni siquiera con tarifas preferenciales de consumo eléctrico.
Por tanto, en el istmo de Tehuantepec está en juego el reto de definir la responsabilidad y justicia social, así como el respeto de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las inmediaciones de éstas.
Ello parte del hecho de que muchas de las zonas que cuentan con recursos eólicos para aprovechar en Oaxaca son zonas con bajos índices de desarrollo, habitadas por pueblos indígenas, que han sido agraviadas en cuanto a la alteración de su entorno, sus medios de subsistencia y la contaminación del ambiente.
En particular, las acciones del Estado mexicano en materia de generación de energías renovables, como la eólica, se han centrado en atraer empresas interesadas en instalar y operar centrales eólicas, pero en ninguno de los casos en que éstas contribuyan activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona. Por tanto, la creación de una comisión con ese enfoque es primordial, pues hasta hoy no hay una propuesta con ese objetivo.
La comisión propuesta tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
• Vigilar y, en su caso, exigir a las empresas garantizar el bienestar social de la población en las comunidades donde estén establecidas, partiendo del enfoque “empresa socialmente responsable”.
• Ser interlocutora entre los diferentes actores empresariales, sociales y de gobierno para el entendimiento y la elaboración de directrices y normativas para lograr la armonía y el desarrollo de todos los actores involucrados.
• Vigilar la protección del ambiente, de la fauna y de los medios de subsistencia de las comunidades autóctonas.
• Observar que las comunidades se beneficien de la instalación de los parques eólicos, tanto por derechos adquiridos al amparo de contratos ya signados como por los beneficios que las propias empresas privadas, la Comisión Federal de Electricidad, la CMI, la Sedesol, los ayuntamientos y los Coplademun pudiesen ofrecer, como capacitación y el empleo directo de los habitantes de la misma comunidad.
• Contribuir al desarrollo de la industria eólica y de las zonas, conforme al marco legal, regulatorio y normativo en México.
Por lo expuesto, la comisión especial propuesta se encargará de fomentar y vigilar que la industria eólica en la región del istmo de Tehuantepec contribuya activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental de la zona, pues ha quedado de manifiesto la falta de vigilancia en la responsabilidad social que las empresas con proyectos de energía deben cumplir, así como de la responsabilidad que deben presentar diferentes organismos de gobierno encargados de promover y proveer de políticas públicas de desarrollo social y económico en las comunidades afectadas por la implantación de parques e instalaciones de generación de energía eólica.
Compañeras y compañeros diputados, se someten a resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La constitución de una comisión especial que se encargará de armonizar los intereses del Estado, las empresas y las comunidades donde se instale la industria generadora de energía eólica, a fin de fomentar la inversión extranjera en el rubro, confiriendo prioridad al mejoramiento social, económico y ambiental del istmo de Tehuantepec, a efecto de cumplir uno de los objetivos del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, en cuanto a “fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables”.
Segundo. La comisión especial materia del presente acuerdo tendrá vigencia hasta el final de la presente legislatura, que será el 31 de agosto de 2015.
Diputados: Yesenia Nolasco Ramírez, Silvano Aureoles Conejo, Karen Quiroga Anguiano, Roberto López Rosado, Carol Antonio Altamirano, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Gloria Bautista Cuevas, Mario Rafael Méndez Martínez, Eva Diego Cruz, Rosendo Serrano Toledo, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María de las Nieves García Fernández, Hugo Jarquín, Samuel Gurrión Matías, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, José Soto Martínez, Juan Luis Martínez Martínez, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la SE y de la SHCP a realizar acciones en materia ambiental respecto a la importación definitiva de vehículos automotores, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Felipe Arturo Camarena García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde se establecieron las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, cuya vigencia se ha prorrogado durante dos ocasiones hasta el 31 de enero de 2013.
El respectivo decreto estableció las bases para la importación de vehículos usados, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual México es signatario. Permite así la importación libre y definitiva de vehículos usados para el transporte de personas y de mercancías con peso total con carga máxima de 11.793 kilogramos.
La circulación de dichos vehículos se limita a la región fronteriza norte, sin requerir certificados de origen ni permiso previo de la Secretaría de Economía, de conformidad con el pago de aranceles ad valórem de 1 por ciento para vehículos cuyo año de modelo sea 5 a 9 años, y de 10 por ciento de aranceles para los de 10 años anteriores al año en que se realice la importación.
Adicionalmente, el decreto en cuestión estableció la prohibición expresa de la importación de vehículos usados cuando éstos no cumplan las condiciones físico- mecánicas, o de protección del ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables.
Desde 2006 se encuentran en vigor 10 programas Proaire en igual número de regiones en el país, incluyen Ciudad Juárez, Salamanca, León, área metropolitana de Monterrey, zona metropolitana de Cuernavaca, Victoria de Durango, región comarca lagunera, Mexicali, zona metropolitana de Guadalajara y zona metropolitana de valle de México, que albergan a 35 millones de personas y que se distinguen por los graves problemas de contaminación atmosférica que se registran. Adicionalmente, se encuentran en proceso 8 regiones más, que comprenden la zona metropolitana de Querétaro, zona metropolitanas de Tijuana y Puebla, zona metropolitana de Villahermosa y zona metropolitana del valle de Toluca, que acumulan una población urbana de 8 millones de personas.
De acuerdo con los registros estadísticos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las emisiones nacionales de contaminantes atmosféricos por fuentes móviles durante 1999 reportaron, en toneladas, 4.8 millones de monóxido de carbono, 699 mil de óxidos de nitrógeno y 608 mil de compuestos orgánicos volátiles. Todos son contaminantes típicos provenientes del parque vehicular.
Consideraciones
La fuente más importante de contaminación del aire en las grandes urbes son las emisiones de los automóviles. Con el incremento del número de autos en uso, los niveles de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles en el aire urbano, son suficientemente altos para atraer la atención de las autoridades de salud.
Los controles normativos se han centrado en las emisiones de motores de automóviles, con el propósito de reducir las emisiones de CO, HC y NOx, de manera que no excedan los estándares de calidad del aire.
Los fabricantes cumplen los límites de las emisiones de CO e hidrocarburos, mediante el uso de convertidores catalíticos en los sistemas de emisiones. El envejecimiento de los convertidores catalíticos conlleva su reemplazo, a efecto de minimizar las emisiones atmosféricas.
A la luz de los problemas globales impuestos por el cambio climático, resulta insuficiente la total combustión de los energéticos fósiles, pues el producto final es bióxido de carbono y vapor de agua, los cuales constituyen gases con efecto invernadero.
Muchos vehículos usados en otras latitudes, principalmente en Estados Unidos de América, son captados en México, si bien el ingreso de esas unidades ya superó su utilidad media y, por ende, sus convertidores catalíticos suelen estar agotados o, lo que es peor, en territorio nacional se les retira del convertidor catalítico para mejorar el rendimiento del motor, independientemente del daño atmosférico.
El conflicto se agudiza más por la práctica cultural estadounidense de utilizar primordialmente vehículo de seis o más cilindros, con un elevado consumo de combustible y, con ello, lamentablemente mayor emisión de gases contaminantes.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores se ha opuesto sistemáticamente a la importación de vehículos usados argumentando el incumplimiento de normas ambientales, de condiciones físico-mecánicas y de seguridad, así como la operación del Registro Público Vehicular, la cual resulta indispensable para disminuir la criminalidad y otorgar seguridad jurídica en nuestro territorio.
La misma fuente refiere que la importación desde 2005 de más de 6 millones de vehículos usados ha afectado el mercado de vehículos nuevos, además de imprimir efectos nocivos al ambiente y a la seguridad de los usuarios.
Las organizaciones agrarias han promovido la importación indiscriminada de vehículos, argumentando apoyos a los productores rurales y trabajadores urbanos sin capacidad económica suficiente para adquirir vehículos nuevos nacionales. Al respecto, apreciamos cómo las consideraciones ambientales y de seguridad quedan marginadas, en un afán irracional de defender intereses gremiales, al margen del daño del ambiente.
Cabe añadir la ignorancia supina de muchos jueces federales, quienes en franca violación de las leyes y normas oficiales mexicanas en materia ambiental otorgan amparos para generar el ingreso de autos usados en el territorio nacional.
Por todas esas consideraciones proponemos que los vehículos importados cumplan los requisitos de protección ambiental, esto es, que mantengan los convertidores catalíticos destinados a completar la combustión en los motores en condiciones funcionales y, además, sean sujetos a la verificación vehicular ambiental obligatoria por lo menos dos veces al año.
Es urgente realizar un llamado a las autoridades de los diversos ramos de la administración pública para llevar a cabo un análisis a fin de hallar un punto de equilibrio entre la necesidad de apoyar a los productores del campo y los trabajadores urbanos, y la demanda de vehículos nacionales nuevos, con el objetivo de proteger el ambiente y la salud de toda la población, y abandonar gradualmente la anacrónica práctica de adquirir tecnología estadounidense obsoleta.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir un nuevo decreto de autorización de importación definitiva al territorio nacional de vehículos automotores usados donde se imponga como obligación que los vehículos automotores sean sometidos a la verificación en materia ambiental, siempre que las unidades circulen o pretendan hacerlo en las zonas catalogadas como críticas en materia de contaminación atmosférica.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio técnico-financiero cuya finalidad sea mejorar la calidad de las unidades vehiculares usadas, y abandonar gradualmente la práctica negativa de comprar en el mercado estadounidense vehículos en mal estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo con autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, ONG, organismos internacionales y la sociedad civil para contribuir al diseño de un modelo penitenciario eficiente, justo, digno y ajustado a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
Hoy en día son más los mexicanos que consideran un fracaso la guerra en contra del crimen organizado por parte del gobierno de Felipe Calderón, al Ejecutivo federal no le ha servido de mucho gastar más de 20 mil 501 millones 987 mil pesos en publicidad para la exaltación de sus acciones durante su mandato, ya que diario los enfrentamientos, muertes y ajustes de cuentas entre células del narcotráfico revelan lo contrario.
El combate frontal de Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha pasado por alto el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales del resto de la sociedad, con el fin de justificar un mal menor a cambio de un bien mayor, sin importarle que se pierdan en el camino los objetivos principales de la lucha y las malas prácticas se conviertan en una constante.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México revela en informes detallados sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y ha recibido denuncias adicionales de casi 5 mil 800 violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2007 y octubre de 2011.1
La desacreditación gubernamental por parte de la sociedad, se alimenta de la precariedad en el ámbito políticas públicas, que sirvan para enfrentar las causas que originan el crimen organizado, como es la pobreza y la falta de oportunidades, así como la incapacidad por parte de las autoridades para hecer valer el estado de derecho.2
El crimen organizado durante este sexenio, ha hecho del uso de la violencia irracional un beneficio, ya que le ha permitido eliminar a sus competidores, someter a las autoridades y extender sus dominios territoriales.3
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad Pública 2012, el 57.5 por ciento de las personas mayores de 18 años temen por el clima de inseguridad en el país.
Por su parte el Centro de Investigación para el Desarrollo4 coloca a México en el lugar 16 de 115 países con el mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial, con una tasa de 10.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de naciones como Panamá y Nicaragua y por encima de naciones que han experimentado conflictos armados como Palestina.5
Por esa razón, organizaciones no gubernamentales mexicanas interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el gobierno mexicano, por hechos entre los que destacan las fosas clandestinas descubiertas de 2007 a 2011, de las cuales se han encontrado restos mil 230 cuerpos que no han podido ser identificados, así como los más de 160 cadáveres vinculados a las masacres de Tamaulipas y las decenas de miles de muertes relacionadas con ajustes de cuentas, masacres y los llamados “daños colaterales” por el Ejecutivo federal.
Sin embargo lo único que hemos recibido por parte del gobierno federal a través de discursos y comunicados ha sido un “vamos ganando” y un sistema penitenciario colapsado en su afán de querer hacer la diferencia en números mediante una casería desmesurada, contribuyendo en gran medida a la sobrepoblación en los centros de reclusión.
De acuerdo con datos de la SSP, la población de reos en las cárceles del país asciende a 238 mil 269 reos, de los cuales 50 mil 413 pertenecen al fuero federal, y que tan solo en 27 de cárceles se concentra el 50.1 por ciento de la población penitenciaria nacional.
En el ámbito internacional, México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio internacional es de 145 por cada 100 mil habitantes.
Ahora el Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal informó que en los próximos meses serán entregados 8 centros federales con capacidad para 51 mil reos federales, de los cuales el 73 por ciento de ellos no han concluido sus procesos penales, como si ello solucionara la problemática que enfrenta el sistema penitenciario en nuestro país.
Los centros que quiere dejar Felipe Calderón, antes de que termine su administración, están siendo construidos con fondos de la iniciativa privada como parte del nuevo plan de diseño carcelario, con un costo para el bolsillo de los mexicanos de 200 millones de pesos por la construcción y pago de servicios, el cual será aportado durante los 20 años próximos, lo que representa un gasto de 4000 mil millones de pesos, más los 13 mil 400 destinados por Genaro García Luna para mejorar el sistema penitenciario federal.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el cual se llevó a cabo a más de 100 cárceles del país, se constató que el 60 por ciento de ellas existen autogobiernos donde los internos tienen las llaves de las celdas, imponen castigos y cobran protección.
No se trata de abrir más universidades del crimen, necesitamos que se lleven a cabo las reformas integrales en materia de readaptación social y de justicia.
Basta que exista voluntad por parte de la clase política para concretar las reformas prioritarias en el sistema penitenciario, como en el caso del “Modelo de Gestión Penitenciaria” implantado desde 2003 en la República Dominicana, basado en el respeto a la condición humana de los reclusos y la profesionalización del personal de los centros de integración social, logrado así resultados extraordinarios que le ha permitido ubicarse dentro de los mejores sistemas penitenciarios del mundo.
Desafortunadamente, el sistema penitenciario en nuestro país ha centrado su atención –como tarea primordial del sistema de justicia criminal– en el castigo de aquellos que han cometido un hecho delictivo, dejando en segundo término la labor de rehabilitación y resocialización del individuo una vez que haya cumplido su condena.
Las cárceles en México al igual que en gran parte de América Latina son utilizadas por parte de los reclusos y de las autoridades carcelarias como recintos para perpetrar actos de injusticia, violaciones de derechos humanos, vejaciones, abusos, tortura, violación, corrupción, drogadicción, prostitución, tráfico de influencias, violencia e inequidad, situación que ha despertado la preocupación de organismos a nivel internacional.6
Los centros de reclusión social no cumplen con su tarea que es la readaptación, cada vez están en mayor detrimento para los reos que no cuenten con los recursos suficientes para disminuir su martirio en uno de los hoteles más caros del mundo.
Tenemos un sistema carente de principios que contribuya al bienestar público, mediante el cumplimiento del estado de derecho y el respeto de las garantías de los custodios, trabajadores, reos y las familias de éstos a la hora de visitarlos.
Por lo expuesto, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que es de suma importancia que se atienda de manera inmediata la problemática por la que atraviesa el sistema penitenciario en el país, por ello solicitamos a los diputados integrantes de la LXII Legislatura se pronuncien a favor del punto de acuerdo para que se realicen foros y mesas de trabajo en la que intervengan autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil con el propósito de coadyuvar al diseño de un modelo penitenciario eficiente y acorde a los principios de justicia, legalidad y respeto.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política para que se lleve a cabo una amplia convocatoria a foros y mesas de trabajo en la que participen autoridades, especialistas, investigadores, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil con la intención de contribuir al diseño de un nuevo modelo penitenciario eficiente, justo, digno y con apego a los estándares internacionales en la materia.
Notas
1 Capítulo 1 del Informe Mundial 2012: México, de Human Rights Watch.
2 Juan Carlos Montero, “La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública”, en Revista Perfiles Latinoamericanos, número 39, enero-julio, 2012, México, Distrito Federal.
3 Obra citada.
4 Véase Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, AC, (http://www. Icesi.org.mx)
5 Gutiérrez Cuéllar, Paola, “Violencia, Estado y crimen organizado en México”, en la revista El Cotidiano, número163, septiembre- octubre, 2010, UAM-A, México DF.
6 Véase Lucía Dammert, Liza Zúñiga, La cárcel problemas y desafíos para las Américas, Flacso, Santiago de Chile, 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Sagarpa y de la Conapesca a liberar los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en particular en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, para Yucatán, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Mauricio Sahuí Rivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los Titulares de la SHCP, Sagarpa y de su órgano desconcentrado Conapesca a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Exposición de Motivos
México es uno de los países que cuenta con una gran extensión de litorales. De acuerdo con datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nuestro país tiene 11,122 kilómetros de litorales a lo largo de la Republica Mexicana, lo cual significa un gran potencial en recursos del mar.
Aunado a lo anterior, nuestro país ocupa el cuarto lugar en volumen de pesca, situándose por arriba de países como Brasil, Canadá y Argentina. De igual forma, nos encontramos dentro de los 20 lugares en producción pesquera a nivel mundial y en la posición 26 en acuacultura.
En México las familias que se dedican a esta actividad primaria son principalmente de escasos recursos, algunas de ellas llevan a cabo su actividad para beneficio propio y otras trabajan para terceros. Sin embargo, la gran cantidad de pescadores que existen en el país se ven afectados por la carencia de recursos materiales para llevar a cabo sus actividades.
En algunos estados y principalmente en algunos municipios, la pesca es una de las actividades consideradas de mayor importancia para el fortalecimiento de su economía, así como el sustento alimenticio para muchas familias. Por otra parte, para otros es una tradición que viene de generación en generación y se vuelve parte del quehacer cotidiano y una actividad económica para salir adelante.
El estado de Yucatán, al día de hoy cuenta con 373 Kilómetros de Litorales, que representan el 10% de la línea litoral total del Golfo de México y el Mar Caribe. Su plataforma continental es de las más amplias en el país con una superficie de 37,344 km2 de extensión y su mar territorial es de 6,792.
Debido a la extensión con la que cuenta Yucatán, se ha podido posicionar en la producción de pulpo, camarón, langosta y actualmente el pepino de mar. Es preciso señalar que la pesca de langosta de los Estados de Yucatán y Quintana Roo representa poco más del 25% de la pesca a nivel nacional, lo mismo sucede con el pulpo que en la actualidad arroja volúmenes de poco mas de 18 mil toneladas.
Asimismo, los principales puertos de actividad pesquera del Estado se ubican en la zona oriente (Río Lagartos, Las Coloradas, San Felipe y Dzilam González); Zona Centro (Telchac Puerto, Progreso y sus comisarías costeras) y la zona poniente (Sisal y Celestún), y se cuenta actualmente con poco mas de 15,000 pescadores, los cuales se encuentran divididos en 3 grupos siendo estos: socios cooperativistas, permisionarios y empresarios pesqueros.
Ante ello, la Federación y los Estados destinan recursos a este sector con el objeto de fortalecer la producción y desarrollo de las actividades pesqueras, pero siempre son insuficientes debido a la demanda que tiene esta para la sociedad, prueba de ello son los Programa Federales que se ejercen a través de la Sagarpa.
De los programas autorizados para este año, la Sagarpa contempla diversos componentes, uno de ellos es el denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, el cual lo ejerce directamente la Conapesca con recursos ya autorizados y que año con año se habían estado ejerciendo de forma correcta.
El Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 11 de Diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, otorgó a la Sagarpa específicamente en el anexo 7 el monto de 25, 635,478 millones para el programa denominado Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el cual se incluye el componente denominado Sustitución de Motores Marinos Ecológicos.
Por lo que se refiere a los recursos de dicho componente, al estado de Yucatán ya se le habían autorizado, toda vez que se le dio apertura a las ventanillas para recepcionar las solicitudes, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma y posteriormente aprobadas, adquiriendo la autoridad una obligación frente a los beneficiarios los cuales hasta el día de hoy nos les dan una solución, alegando la autoridad que ya no se tienen los recursos para dicho programa en Yucatán, entre otras cosas.
En ese sentido, las autoridades federales deben ejercer sus funciones con responsabilidad y sin tintes políticos, ya que al día de hoy contamos con un gran número de pescadores en espera de la entrega de sus motores para poder promover el desarrollo de los mares y generar empleos, pero vemos que es imposible con autoridades que no tienen sensibilidad ante las circunstancias de los que menos tienen.
Por ello, en el Poder Legislativo tenemos una responsabilidad con todos los sectores de la sociedad, en especial por el firme compromiso que hicimos con la sociedad de responder a sus necesidades más apremiantes y es por ello que exhortamos al Ejecutivo federal con el fin de que se liberen los recursos destinados a dicho programa y sean beneficiadas las personas que ya han sido aceptadas en el mismo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la SHCP, de Sagarpa y al de su órgano desconcentrado Conapesca, a fin de que liberen los recursos concernientes al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, particularmente en su componente Sustitución de Motores Marinos Ecológicos correspondiente al estado de Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Mauricio Sahuí Rivero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos locales a intensificar las acciones para promover la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos requeridos para satisfacer las necesidades del país en materia de salud, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestro país, cada momento miles de personas requieren de servicios médicos, debido al padecimiento de alguna enfermedad temporal o crónica, siendo éstas el principal motivo para que en todos los niveles de gobierno sean implementados mecanismos que permitan el buen desempeño y eficacia de las unidades médicas que se ubican a lo largo del territorio nacional.
Es cierto que nuestro país ha tenido grandes avances en materia de salud desde el siglo pasado, mismos que se han reflejado en distintos aspectos importantes como la creación de diversas unidades de atención médica que permiten el abastecimiento de servicios médicos, siendo beneficiadas una cantidad considerable de personas que no cuentan con los recursos económicos para poder solventar estos gastos.
Es importante señalar que nuestro país ocupa los primeros lugares en enfermedades como la diabetes, misma que si no es detectada y atendida a tiempo puede tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo.
Actualmente 52.7 millones de personas ya cuentan con la cobertura en salud que da el Seguro Popular de Salud. En la presente administración se triplicó el número de afiliados y en el último año, de junio de 2011 a junio de 2012, se afiliaron 4.3 millones de personas. Con ello se llegó a la cobertura universal de afiliación. A esto debe agregarse que 54.9 millones de personas cuentan con servicios de salud proporcionados por instituciones de seguridad social, el resto de la población es atendida en el sector privado o de asistencia social, por lo que prácticamente toda la población tiene acceso a los servicios de salud.
De 2007 al 30 de junio de 2012, se han construido 1,070 obras nuevas, se han realizado 194 trabajos de sustitución y ampliado o remodelado 2,470 más. Así, el total de las acciones de obra concluidas durante lo que va de esta administración asciende a 3,734. Esto equivale a casi dos obras entregadas cada día. Adicionalmente, están en proceso de desarrollo 1,028 unidades más. El financiamiento de estas obras, alcanza 78,259 millones de pesos, de los cuales 70,523 (90.1%) son federales y el resto corresponde a la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como a la iniciativa privada.
En virtud de que hemos alcanzado la cobertura universal en salud es que nuestro Sistema Nacional de Salud debe enfrentar el reto de contar con el personal suficiente e idóneo para atender la demanda presente y futura.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la escasez grave de personal sanitario, su distribución geográfica desigual y los desequilibrios de la distribución de sus aptitudes suponen importantes obstáculos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud. Es necesario tomar en cuenta que esta organización mundial ha establecido como regla que la distribución mínima de personal de salud debe ser de 23 por cada 10 mil habitantes; en México solamente hay 20 por cada 10 mil habitantes.
Cabe mencionar que desde hace doce años, el ejecutivo Federal ha trabajado arduamente con el único propósito de mantener la salud de toda la población en excelente estado, garantizando con ello, que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas bajo las mejores condiciones.
Sumado a lo anterior, el ejecutivo ha realizado paralelamente acciones encaminadas a fomentar la prevención de enfermedades, permitiendo que los ciudadanos estén lo suficientemente informados de los mecanismos con los que se pueden prevenir distintos padecimientos.
No obstante lo anterior, es imprescindible que las autoridades de salud de todos los niveles continúen por el mismo camino de la prevención. Al respecto es importante señalar que la Secretaría de Salud de nuestro país, tiene como principal misión “contribuir a un desarrollo humano justo incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana”.
Para contribuir y poder alcanzar el desarrollo humano justo en materia de salud, es de suma trascendencia implementar dispositivos que permitan alcanzar el buen funcionamiento de todos los factores implicados en los hospitales y clínicas del sector público, entre los que se encuentra principalmente todo el personal que labora al interior de dichas instituciones.
Es importante mencionar que la Secretaría de Salud tiene como visión que “en 2030 México aspira a ser un país con desarrollo humano sustentable e igualdad de oportunidades. La población contará con un nivel de salud que lo permitirá desarrollar sus capacidades a plenitud”, de igual manera se menciona en la visión de dicha Secretaría que para alcanzar la igualdad de oportunidades, “será necesario asegurar el acceso universal a servicios de salud efectivos y seguros, que serán ofrecidos por un sistema de salud financieramente sólido, anticipatorio y equitativo.”
Para poder alcanzar las metas que se mencionan, es necesario contar con recursos humanos que estén altamente capacitados, y que además cuenten con la preparación profesional y los conocimientos necesarios a fin de poder afrontar las necesidades que se presentan día con día al interior de los centros de salud que atienden una gran cantidad de pacientes.
Actualmente en el mundo se presenta un constante cambio referente al tema de nuevas tecnologías, motivo por el cual es necesario que en materia de salud se pongan en marcha los cambios que son creados en la implantación de nuevos aparatos médicos para un mejoramiento en la atención médica, así como la capacitación técnica y humana del personal que en los hospitales y clínicas labora día con día.
De la misma forma, es importante resaltar que los sistemas de información ayudan a acelerar y mejorar los procesos, logrando que las organizaciones tengan ventajas competitivas que permitan el mejoramiento de sus funciones.
En general, la capacitación son aquellos métodos que proporcionan, a las personas que laboran dentro de una empresa o dependencia todas las habilidades que necesitan para realizar su trabajo; dicha capacitación puede comprender desde cursos enfocados a la terminología y vocabulario, hasta aquellos que permitan dominar los nuevos sistemas teóricos y prácticos, inclusive los dos, para el buen funcionamiento de sus labores.
Con la capacitación que se pueda otorgar a todo el personal del sector salud que labora en los hospitales y clínicas públicas, se puede alcanzar una mayor rentabilidad de conocimientos y en consecuencia, de resultados del puesto que se desempeñe, permitiendo además un mejoramiento en las relaciones laborales y reduciendo la tensión laboral.
De ésta manera, estamos seguros que en cada una de las unidades donde se prestan servicios médicos, los objetivos se podrán alcanzar de una manera más fácil y pronta, toda vez que el personal médico, técnico y administrativo tendrá la capacidad de realizar sus labores con una mayor eficiencia, reflejando los beneficios en una mejor salud a los derechohabientes que asisten a estos centros.
Por lo anterior, es que se someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, intensifiquen las acciones para la promoción de la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieren para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento, atención y fomento de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La Industria Azucarera se ha desarrollado ininterrumpidamente en nuestro país desde el inicio de la conquista española, representando una de las actividades de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico de México. Por tal motivo, la participación de esta Industria dentro de la economía nacional ha tenido y tiene gran relevancia desde cualquier punto de vista, uno muy importante, es que su producción se considera un bien de consumo popular generalizado para toda la población del país. Así como un cimiento de la creación y sostenimiento de empleos productivos y remunerados a lo largo de la República mexicana.
El azúcar es uno de los alimentos básicos más importantes en el mundo; por ser una de las mejores y más baratas fuentes de energía. Por ejemplo, el azúcar, ya sea sola o en combinación con otros alimentos, proporciona un promedio de 12% de hidratos de carbono (elementos productores de energía en el ser humano). Por otra parte es un artículo muy importante para la economía interna del país, como para el comercio internacional, ya que se puede mencionar que desde que el azúcar se convirtió en un artículo de demanda ha sido una fuente de ganancias significativas para México; así mismo podemos darnos cuenta porqué el azúcar es de gran interés en la economía mundial.
La caña de azúcar fue introducida en México desde el siglo XVI, actualmente la superficie cultivada en el país supera las 700 mil hectáreas y desde hace varios años México se ubica entre los primeros diez países productores y consumidores de azúcar en el mundo, representando alrededor del 3.5% del total producido a nivel mundial y consumiendo 5.8 millones de toneladas anuales.
La agroindustria azucarera y la producción de caña de azúcar como materia prima, son vitales para mantener la actividad económica de un amplio sector productivo de la población mexicana, siendo que tiene un alto impacto en más de 227 municipios donde habitan poco mas de 12 millones de personas, especialmente en el medio rural, ya que genera directamente más de 400,000 empleos directos, entre los que se estima existen: 165 mil productores de caña, 176 mil cortadores de caña y trabajadores de campo, 28 mil transportistas, 23 mil obreros sindicalizados, 16 mil personas en labores administrativas y generación de beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.
Para la población mexicana el azúcar ha sido desde hace mucho tiempo un bien de consumo básico, ya que su nivel per-cápita de consumo es de los más grandes en el mundo, durante la última década, llegando a 47 Kg. y dentro de la dieta diaria de los mexicanos contribuye con el 17% de las calorías que consumen diariamente las personas, básicamente en 8 diversos productos (refrescos, jugos, néctares, galletas, repostería, conservas y enlatados, productos lácteos y bebidas alcohólicas); es así como este sector primario nacional contribuye al Producto Interno Bruto con el 3.9%., 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero; 11.6% del valor del sector primario y alrededor del 12 % del producto generado por el sector de la industria Alimentaría. De esta manera la agroindustria azucarera debe tener un efecto multiplicador enfocado al empleo y sobre todo en el ingreso de la población, así como contribuir a la estabilidad social de la misma y a la permanencia de las personas en sus lugares de origen, además de promover la creación y mejorar la infraestructura de apoyo a la producción con caminos, puentes, presas e infraestructura hidráulica, servicios de salud, educación, técnicos, venta de insumos a menor costo, etc. Sin embargo, no es una agroindustria que genere desarrollo regional sostenible e ingresos por la exportación de azúcar, ya que al no ser un sector superavitario y gran exportador, México es una región con producción deficitaria y productividad a la baja en el campo cañero, así como en la calidad de su producto y la eficiencia en la extracción y recuperación de sacarosa en los ingenios, con incrementos de importación de azúcar de tipo refinado y blanco y una alta tasa de adopción de Jarabes de Maíz de Alta Fructosa (JMAF o HFCS) y otros edulcorantes que a largo plazo generaran un efecto contraproducente en la salud de la población.
La producción de azúcar en México depende de tres elementos fundamentales:
a) La cantidad de caña industrializada, b) el rendimiento en fábrica, y c) la capacidad instalada y aprovechada de los ingenios azucareros.
Los campos cañeros, los ingenios azucareros, trapiches y los grupos empresariales productores y consumidores se encuentran distribuidos como la agroindustria de la caña de azúcar en 15 estados de la República: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; cerca de la mitad de la producción total del país se concentra en la costa central del Golfo de México, principalmente en el estado de Veracruz. La región del Golfo, el noreste y la costa central del Pacífico representan, combinadas, más de 80 % de la producción total. Por citar un ejemplo, en el Estado de Morelos, al cual represento, la superficie cosechada, hasta 2009, era de 21,867.55 hectáreas y el destino de la producción de caña de azúcar se dividía de la siguiente manera: azúcar (ingenios) 1,487,448.74 toneladas y piloncillo (trapiches) 2,254.00 toneladas.
Es por ello que expongo que la verdadera competitividad azucarera se evalúa por la productividad y para tal objetivo es necesario identificar las áreas de oportunidad en el campo, los ingenios y la comercialización; considerando una política diferenciada en cada región cañera y cada ingenio, el uso de factores de producción inductores y generadores de esa productividad; así como la innovación del campo cañero, minimizar los efectos del impacto ambiental derivados de la producción de la caña de azúcar y la composición y volumen de la generación de subproductos entre los que se encuentran: residuos de cosecha, jugos, bagazo, melaza, cachaza, bagacillo, cenizas, etcétera, modernización de los ingenios azucareros, variación del aprovechamiento de la caña de azúcar en coproductos y subproductos, el abasto de las necesidades locales domésticas e industriales y exportar más valor agregado sin depender exclusivamente del mercado interno y el de los Estados Unidos de América, dentro del Tratado de Libre Comercio, para los actuales limitados excedentes de azúcar que se presentan dependiendo si las condiciones naturales climáticas limitantes son favorables; a su vez es necesario normar los procesos y evaluar el ciclo de vida de los recursos conforme a la sostenibilidad ambiental, social y económica y así evitar los riesgos virtuales del aumento del precio de azúcar en México y la pérdida de competitividad internacional.
La necesidad de transformar la agroindustria azucarera constituye una prioridad y uno de los retos más importantes es hacer de la caña de azúcar una fuente importante para solucionar problemas esenciales como: la alimentación, la energía y el medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto someto al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados LXII Legislatura, a crear la “Comisión Especial de seguimiento, atención y fomento a la agroindustria azucarera mexicana”.
Segundo. El objetivo principal de esta Comisión estará enfocado a fomentar el desarrollo de la Agroindustria Azucarera Mexicana, construir y alcanzar metas primordiales que lleven a los productores de la caña de azúcar a un adecuado y prometedor futuro de elevar la producción nacional de azúcar a través de construir los acuerdos necesarios con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones de productores, trabajadores, etc. y desempeñar las acciones correspondientes al marco normativo aplicable.
Tercero. La comisión especial se integrará, con base en los criterios de proporcionalidad, pluralidad e inclusión, por diputadas y diputados pertenecientes a los diversos Grupos Parlamentarios de la LXII Legislatura.
Cuarto. La Junta de Coordinación Política deberá aprobar y asignar los recursos técnicos, financieros y materiales apropiados para el adecuado funcionamiento de esta Comisión Especial.
Quinto. La comisión especial, tendrá la obligación de presentar un informe semestral de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o ante la Junta de Coordinación Política.
Sexto. La comisión especial tendrá una vigencia desde el día de su instalación hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2012.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención de la región centro-occidente, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del PVEM
Judit Magdalena Guerrero López, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las mesorregiones son las unidades base del sistema de planeación para el desarrollo regional; se componen de varias entidades federativas que en forma práctica se integran para coordinar proyectos de gran envergadura con efectos que trascienden los límites de dos o más entidades federativas.1
En la elaboración del Plan Nacional de desarrollo 2001-2006, se planteó el objetivo de eliminar las desigualdades entre las regiones de nuestro país, emprendiendo acciones que coadyuvaran al desarrollo integral de éstas.
Existen 5 mesorregiones que son una manera de organización para facilitar la planeación y la colaboración entre las entidades y la federación, en las que se encuentran: la noroeste, (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) noreste, (Chihuahua Durango, Coahuila Nuevo León y Tamaulipas), centro del país, (Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) centro occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) y sur sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco Veracruz y Yucatán).
Todas ellas, con ventajas tanto comparativas como competitivas pero con un fin común: el desarrollo integral.
A pesar de lo complejo que resulta avanzar en todos los ámbitos, las regiones se han podido organizar de manera que han tenido mejoras sustanciales de diversas índoles, estrechando los vínculos con la Federación, y así, llegar a mejores acuerdos. Sin embargo, falta mucho por hacer en bien de la población ya que las disparidades de desarrollo entre las Entidades Federativas se siguen observando.
Como ya mencionamos, una de las cinco mesorregiones que forman parte del país, es la región Centro Occidente, que se constituye formalmente en 2001, a través de la creación de un fideicomiso llamado Fiderco (Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente), después de diversas reuniones con distintas dependencias y organizándose para lograr un desarrollo económico, social, ambiental y territorial (ordenamiento e infraestructura), ha logrado consolidarse como una región competitiva y se propone continuar con ese ritmo a través de la planeación de programas, que le permitan desarrollarse valiéndose de previsiones regionales para las nuevas administraciones de las entidades federativas, y a su vez tomando en cuenta las propias circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
La región centro occidente en su aspiración de continuar ese rumbo proactivo que lo ha caracterizado, se ha dado a la tarea de crear una agenda para el desarrollo de la región 2012-2016, reflejando los esfuerzos y recursos conjuntos para emprender las acciones correspondientes en los próximos años, tomando en cuenta la competitividad, inclusión y cohesión social y la sustentabilidad que son los ejes básicos del Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente.
Es de reconocerse y valorarse el impulso que las mesorregiones han hecho para continuar desarrollándose a pesar de las dificultades, a fin de implementar las acciones que se han propuesto, principalmente por contar con pocas facultades fiscales que les permitan percibir recursos para satisfacer las necesidades de cada una de las entidades federativas, además de la alta movilidad geográfica que tienen las inversiones y la mano de obra.
De acuerdo al índice de competitividad 2010, elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad, (Imco) son cinco las entidades federativas más competitivas, entre las que se encuentran Aguascalientes que concentra el 65 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y Querétaro, que concentra el 49 por ciento de investigadores en todo el país. Es importante mencionar que, el resto de las entidades federativas que forman parte de la región centro occidente, no se consideran en la lista de los menos competitivos, lo cual quiere decir que se está avanzando en el camino adecuado para el desarrollo de la región.
Por otro lado, en cuanto a los avances como economías dinámicas y estables que tuvieron los estados, se encuentra Zacatecas, con un avance de 46 por ciento con relación al crecimiento constante y acelerado del producto interno bruto, PIB, mayor cobertura de la banca y un mercado hipotecario más grande. En el rubro de gobierno eficiente y eficaz, Zacatecas tuvo un avance de 24 por ciento, en cuanto a crecimiento en inversión pública, mayor facilidad para hacer negocios y nómina pública menos costosa.
En este tenor, es evidente que las entidades federativas de la región, convergen en varios temas; sin embargo algunas de las áreas que abarcan no se han desarrollado adecuadamente para ser más competitivas, y lograr por ende el desarrollo sustentable integral que se busca. Por ello, planteamos la necesidad de una Comisión Especial cuya finalidad sea destinar fondos que generen mayor avance de la región de acuerdo al Programa de Desarrollo Regional; así como la agenda para el desarrollo de la región centro occidente, impulsando la mejora en todos los ámbitos de las entidades federativas de la región, permitiendo continuar con el camino que hasta ahora se ha llevado.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por mi conducto, propone al Pleno, el siguiente proyecto, para la creación de una Comisión Especial que atienda a la brevedad este argumento al tenor del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial para la atención de la región centro occidente.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto promover acciones legislativas que coadyuven a la integración social, la competitividad y sustentabilidad para el desarrollo integral de los estados que la conforman.
Nota
1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 pag. 10
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputada Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que instituya el 30 de agosto como Día Nacional de la Participación Ciudadana, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Salvador Arellano Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación se instituya el 30 de agosto como Día de la Participación Ciudadana.
Consideraciones
Primera. La participación ciudadana es un concepto determinado históricamente, pero que también se ve afectado por diferentes corrientes de pensamiento. Por estas razones, para poder explicar la evolución de la participación ciudadana en nuestro país, es necesario, además de hacer un recuento histórico de sus momentos clave, revisar el desarrollo teórico por el que ha pasado.1
Segunda. Entenderemos aquí el concepto de participación como la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socio estatales.
Hoy en día es común escuchar que la participación de la sociedad es indispensable para la buena marcha del gobierno, especialmente en temas como el combate a la corrupción, la superación de la pobreza, la equidad de género o la protección del medio ambiente, seguridad pública.
Tercera. La participación Ciudadana ha tomado nuevas dimensiones en las últimas décadas. Hoy podemos notar que la población ha perdido el miedo a participar y a consecuencia de ello, comienzan a ser representados por un gobierno realmente democrático, pues cada vez son más las figuras no gubernamentales que se interesan, intervienen y contribuyen al mejoramiento de las políticas públicas y las condiciones sociales de la ciudadanía.
Es necesario redefinir el sentido de la participación ciudadana, a fin de que se encauce en sus dimensiones reales y se convierta verdaderamente en un conducto para garantizar el bienestar social y el fortalecimiento democrático, con la finalidad de que todos los ciudadanos se identifiquen con la gestión pública y las diferentes políticas sociales, pues sólo así podrán ser consideradas transparentes, incluyentes y participativas
Cuarta. México vive una etapa muy peculiar, no sólo por el contexto de violencia que padece, sino por el papel que la sociedad civil ha desempeñado en las últimas décadas en la toma de decisiones. En este sentido, la participación ciudadana tiene como objetivo, influir en las cuestiones políticas a través de mecanismos que pueden ser legales o ilegales, de apoyo o rechazo; por lo que no solo se manifiesta en el acto electoral del voto, con el cual se le suele vincular como eje central.
Quinto. La agenda pública y las políticas de estado, deben ser conformadas conjuntamente con la sociedad, pues es ésta la actora principal de las mismas, por lo que necesariamente debe ser escuchada de manera previa a su elaboración, con la finalidad de que el gobierno, en cualquiera de sus niveles y poderes, tome conciencia de su dinámica y realidad social, a efecto de que suceda una retroalimentación mutua, con respecto a las acciones que deberían ser implementadas para garantizar las necesidades sociales mínimas y así, a su vez la ciudadanía, pueda manifestarse informadamente y pedir que se transparente la aplicación de estas políticas a cuya formación contribuyó.
Sexto. Es obligación de todos, pero, fundamentalmente del Estado, promover la vinculación de la ciudadanía en actividades de vigilancia y control de la gestión pública, con la finalidad de implementar y desarrollar estrategias de comunicación que permitan difundir el derecho que tiene la ciudadanía de participar y mantenerse informada,
El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, representatividad y legitimidad. El aumento gradual de las democracias recientes está vinculado a los procesos de liberalización política así como a los intentos de extender la participación.
Es importante tener presente el hecho de que la participación ciudadana no sólo reside en el voto, éste es solo una de sus modalidades; las formas de participación ciudadana van desde el acto mismo del ciudadano en el ejercicio de sus derechos, pasando por la libre manifestación de ideas, la exigencia de rendición de cuentas, hasta la competencia política por la dirección de la nación.
De acuerdo con todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, se instituya el 30 de agosto como Día Nacional de la Participación Ciudadana.
Segundo: Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el 30 de agosto como el Día Nacional de la Participación Ciudadana.
Nota
1 Natacha Molina, “participación ciudadana, género y participación de la mujer” en Primer seminario conceptual sobre participación ciudadana y evaluación de políticas públicas, FLACSO, s/f, en http://www.eurosur.org/FLACSO/confere2.htm (consulta: 4 noviembre 2005).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que ejerza su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos de la desaparición en forma similar de mujeres en Aguascalientes, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada María Teresa Jiménez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
Actualmente en el estado de Aguascalientes se está presentando una problemática muy grave, que en base a reportes de ciudadanos se denuncia la desaparición de al menos 27 mujeres, en condiciones y características similares. Esta problemática está ejemplificada y sustentada jurídicamente por la averiguación previa número DGAP/AGS/10081/08-12 sustanciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, donde se investiga el caso específico de una de las jóvenes desaparecidas, Andrea Noemí Chávez Galván, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 27 de julio frente a la preparatoria Petróleos, donde ella estudiaba. La difusión de este caso en particular ha sido del interés social porque se han dado manifestaciones de paz públicas que ha llevado a cabo su familia, en compañía de amigos, profesores y en general de la población del estado.
Sin embargo; como ya mencioné no es la única víctima desaparecida, lo que se ha denunciado no sólo por los familiares de las mismas sino también, por varias organizaciones civiles como la Federación de Organizaciones Civiles en Aguascalientes y Colectivo Feminista de Aguascalientes. Lo anterior se demuestra con las notas periodísticas integradas al presente documento como anexo único.
Con base en varios testimoniales, hay más de 27 mujeres de las que no se sabe su paradero, por tal motivo, y con la finalidad de llevar a cabo la investigación bajo la línea de una posible intervención del crimen organizado, se pide a la Procuraduría General de la Republica (PGR) su intervención.
Dicha injerencia que se solicita respetuosamente, estaría legalmente sustentada en la facultad de atracción que tiene y que se consagra en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se señala que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan nexo con delitos federales.
Es importante mencionar que tal petición ya debidamente fundada, se motiva por el hecho del temor generalizado que ha propiciado este caso dentro de la sociedad de Aguascalientes por la posible operación sistemática de un grupo delictivo dedicado al lenocinio y la trata de personas.
Igualmente, se exhorta desde esta tribuna, a la PGR para que respetuosamente le dé un impulso primordial a este asunto, sin precedente en el estado. Ya que al no darle el seguimiento oportuno, se corre peligro de dejar la puerta abierta para la incursión de más bandas delictivas, dedicadas a los delitos mencionados.
Lo anterior, con la finalidad de que la Procuraduría General de la República atrajo el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y aún cuando la investigación actual es sobre desapariciones, se entiende que ambos casos son sensibles a una resolución lo más rápida posible.
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción para investigar los supuestos hechos delictivos en la desaparición en forma similar de más de 27 mujeres en el estado de Aguascalientes.
Segundo. En base al artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se le dé curso a este punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la CFE a establecer una tarifa especial para los hogares de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primero. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, afirmó en su “Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011” que los subsidios que otorga el gobierno son inequitativos, ya que benefician a los sectores más favorecidos. En contradicción con la Ley de Desarrollo Social que en su artículo 8° manifiesta que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”.
De acuerdo con este informe los subsidios al consumo aplicados a las tarifas de electricidad son regresivos, es decir la mayor parte de los recursos que se destinan a estos subsidios benefician a las personas con mayores ingresos, pues según cifras de 2011, la población con mayor desarrollo humano e ingreso concentró los mayores porcentajes.
La distribución indiscriminada de este gasto ocasiona que hasta 17% del subsidio a tarifas residenciales de electricidad se ha asignado al 10% de la población con mayor nivel de desarrollo. Por tal motivo, es indispensable agregar otras variables para la asignación de tarifas eléctricas en el territorio nacional, sobre todo por la gran heterogeneidad que existe en los ingresos de los mexicanos.
A la luz de estos resultados, no se puede negar que el gasto público del país tiene un pobre desempeño como reductor de las diferencias de ingreso y la importancia de estos aumenta cuando existe una pobreza elevada. Como se puede identificar en el siguiente cuadro:
Estado Índice de marginación1. Guerrero 88.72
2. Chiapas 84.14
3. Oaxaca 80.48
4. Veracruz 57.63
*Elaboración propia con datos del INEGI 2010
Además, los estados del Sureste citados, sufren año con año extremas oleadas de calor que se agrava con el efecto de humedad que eleva la sensación térmica hasta en un 10°C obligando a los ciudadanos a la utilización de ventiladores y sistemas de aire acondicionado para la realización de sus actividades más elementales.
Los subsidios del gobierno constituyen un instrumento para aumentar las opciones de las personas, al liberar parte del ingreso de las familias para cubrir otras necesidades. Sin embargo, la ausencia de criterios mínimos de equidad en la asignación del gasto puede coartar la ampliación de la libertad de quienes cuentan con más limitaciones. Diversas investigaciones universitarias apuntan a que dentro del gasto en desarrollo social se necesario focalizar los subsidios.
El presente punto de acuerdo pretende subsanar estos problemas, disminuyendo la tarifa de energía eléctrica aplicada a los hogares de los Estados de la Republica que cuentan con los índices más altos de pobreza y marginación.
Segundo. De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad es regida por una Junta de Gobierno, integrada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Energía, es la encargada de acordar y aprobar las propuestas de ajuste a las tarifas.
Hasta el día de hoy existen siete tarifas eléctricas aplicadas a los hogares de los mexicanos, siendo las altas temperaturas la variable utilizada para designarla. El objetivo de este punto de acuerdo es una tarifa especial para los hogares de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz que cuentan con los primeros lugares de pobreza y marginación según cifras oficiales.
Además, de las altas temperaturas y de ser estados potenciales en la generación de energía; se busca cumplir con la deuda histórica que se tiene con los estados del Sursureste y hacer que se cumpla efectivamente con el objetivo de los subsidios, beneficiar a los que menos tienen y más lo necesitan.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad aprobar una tarifa especial para los hogares de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, por ser los estados que se encuentran en los primeros lugares de pobreza y marginación.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, suscrita por los diputados Alma Jeanny Arroyo Ruiz y Jorge del Ángel Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados, Alma Jeanny Arroyo Ruiz y Jorge del Ángel Acosta, en nombre propio y de los diputados que al calce firman, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, punto 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno. Según lo dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Dos. A su vez, el artículo 42 del ordenamiento legal invocado establece que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiendo establecerse en el acuerdo que las establezca el objeto, número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les haya encomendado y que cumplido su objetivo, se extinguirán.
Tres. En términos de lo establecido en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la propia Cámara puede constituir comisiones especiales para la atención de las funciones constitucionales y legales que no sean competencia de las comisiones ordinarias.
Antecedentes
Primero. El paleocanal de Chicontepec es una cuenca geológica constituida por innúmeros yacimientos de hidrocarburos, que en su mayoría se formaron durante la era Cenozoica o Terciaria (Eoceno Inferior-Paleoceno Superior).
Segundo. El proyecto aceite terciario del golfo de Petróleos Mexicanos tiene como objetivo principal la recuperación de una reserva aproximada de 17 mil mmb de petróleo crudo y 28 mil mmmpc de gas asociado mediante un modelo de desarrollo sustentable, en nueve municipios del norte de Veracruz (Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo-Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla), así como tres municipios del oriente de Puebla (Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec), en una extensión de alrededor de 3 mil 785 kilómetros cuadrados, en el área correspondiente al paleocanal de Chicontepec.
Tercero. Aceite terciario del golfo es el proyecto de mayor importancia estratégica para Petróleos Mexicanos, pues en él se concentra aproximadamente el 40 por ciento de las reservas de nuestro país. Sin embargo, dadas sus complejas características geológicas (yacimientos compartimentados y de baja permeabilidad con un alto contenido de arcillas, aunados a liberación de importantes volúmenes del gas disuelto que restringen el paso del aceite hacia los pozos al iniciarse la extracción de crudo), su explotación rentable ha resultado difícil y costosa, sobre todo cuando se le compara con la de los grandes yacimientos existentes en el sureste del país. No obstante lo anterior, estos retos pueden superarse, como ha sido demostrado de manera continuada en el lapso en que el mencionado proyecto ha venido ejecutándose. Baste al efecto notar que según datos del Sexto Informe de Gobierno, la producción del Proyecto Aceite Terciario del Golfo ha ido en franco crecimiento, pues tan solo en el primer semestre de este año se aumentó la producción en 18.3 millones de barriles diarios en comparación al mismo periodo del año anterior.
Cuarto. El proyecto mantiene cuatro estrategias fundamentales:
1. Mantener e incrementar la producción base.
2. Incorporar rápidamente producción de nuevos y productivos campos.
3. Desarrollar e incorporar tecnologías para yacimientos no convencionales.
4. Comunidad, seguridad y medio ambiente.
Quinto. Gracias a las inversiones que se han hecho para incrementar la productividad del proyecto aceite terciario del golfo, se ha logrado una substancial derrama económica en la región, lo que ha generado un robusto mercado local de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto, traduciéndose en la creación de aproximadamente 11 mil empleos directos. Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Universidad Veracruzana en el marco del Convenio para la Colaboración Institucional con Pemex, una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de esa región es que cerca de 70 por ciento de su población está ocupada de manera informal, con un ingreso aproximado de dos salarios mínimos, lo que refleja en general la precaria situación económica de la región, siendo este proyecto un decidido detonante del desarrollo social.
Sexto. A la comisión que se propone crear le corresponderá coordinarse con los organismos involucrados (Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, Comisión Nacional de Hidrocarburos) a efecto de verificar el avance del proyecto y la complementación de las actividades petroleras, lo cual reviste vital importancia desde una perspectiva potencializadora y de integración de sectores locales, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianza locales, eslabonamientos productivos con empresas nacionales y de la región.
Séptimo. Es pertinente señalar que la comisión especial que se propone sea creada funcionó durante la LXI legislatura, cumpliendo importantes tareas en relación con el proyecto aceite terciario del golfo, situación que debe continuar durante la presente Legislatura para que ese trabajo no se pierda.
Por lo expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional, 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados se constituya la Comisión Especial para dar seguimiento a los resultados del proyecto Aceite Terciario del Golfo en el paleocanal Chicontepec, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración con los requisitos señalados por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contará con los recursos y personal necesario para su operación.
Tercero. La comisión se integrará de manera plural por 30 diputadas y diputados representantes de todos los partidos políticos de esta Legislatura.
Cuarto. La comisión especial funcionará por el término de duración de la LXII Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto.
Quinto. La comisión especial deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputados: Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Joaquín Caballero Rosiñol, Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Juan Manuel Diez Franco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Tomás López Landero (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Ponciano Vázquez Parissi (rúbrica), Regina Vázquez Saut.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de impulsar los telebachilleratos y dar seguimiento a su problemática, a cargo del diputado Armando Contreras Ceballos, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Armando Contreras Ceballos, diputado federal de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución por el que se solicita la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los telebachilleratos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema de telebachilleratos en las entidades federativas, es un tema de la mayor relevancia ya que garantiza la gratuidad y la obligatoriedad en la educación media superior. El funcionamiento de los telebachilleratos permite el cumpliendo de los artículos 3o. y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El sistema de telebachilleratos ha significado una alternativa a la carencia de infraestructura convencional de educación. Anualmente da cobertura a la población ubicada en las zonas de alta y muy alta marginación evitando con ello el rezago educativo, la migración, la inserción en actividades ilícitas y además representa importantes ahorros económicos para las familias de más escasos recursos.
Los telebachilleratos dan servicios a lo largo y ancho del país. La demanda se incrementa año con año hasta en un 40 por ciento. Esto permite tener un sistema educativo emergente, pues ante la alta demanda de espacios educativos convencionales, es una alternativa viable para dar cobertura a los excluidos y rechazados de los sistemas educativos escolarizados.
Desde los años setenta, la UNESCO ha considerado al sistema de telebachillerato como un instrumento que favorece la educación a distancia ya que logra la concreción y proyección de las televisoras regionales como parte de una infraestructura educativa. La ventaja fundamental de la teleenseñanza, es su capacidad de cobertura, alcanzando a un número de población el cuál no se cubriría con medios tradicionales. Además genera y desarrolla la habilidad para adaptarse a los cambios a nivel global.
Dentro de los alcances y ventajas de tener un sistema de telebachilleratos podemos destacar lo siguiente:
• Atiende a comunidades dispersas principalmente semiurbanas y rurales.
• Amplía la cobertura en municipios y comunidades rurales de los estados.
• Descentraliza la educación de las ciudades más grandes, dando la oportunidad de generar contenidos temáticos acorde a las distintas regiones y localidades.
• Fomenta la participación y cohesión de grupos y comunidades sociales.
Sin embargo, a pesar de las ventajas y contribuciones al desarrollo educativo nacional, el sistema presenta grandes retos. Entre ellos, cabe destacar la insuficiencia presupuestal, la falta de infraestructura física y de planta docente. Dependiendo el caso, encontramos que se ha intentado cerrar planteles, se recortan los presupuestos operativos y en algunos casos hasta se ha prescindido de los servicios docentes, debilitando su capacidad y calidad académica.
La relación con el personal académico y administrativo, también está en peligro de la confrontación. Hace falta promover el dialogo y el acercamiento entre las partes con el objetivo de resolver los conflictos en torno a las problemáticas que enfrenta el sistema.
Los telebachilleratos requieren de la contribución y apoyo de las autoridades educativas para fortalecer y no debilitar al sistema como está ocurriendo. Los docentes y alumnos están haciendo lo posible para sacar adelante el sistema en sus comunidades. No escatimemos esfuerzos e impulsemos el apoyo de las autoridades.
Invito a la conciencia y a la congruencia, ya que el martes 9 de octubre pasado esta soberanía aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, donde se hizo referencia a la Ley General de Educación y al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se destacó la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, por lo que respetuosamente hago la petición de que se cumpla el decreto del 9 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Dicho decreto menciona que la educación media superior es un nivel de estudio que el Estado debe promover y atender. Por tal motivo, también solicito que en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación se garantice el presupuesto necesario para la educación media superior incluyendo a los telebachilleratos.
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a esta Soberanía considere, la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a la problemática a los telebachilleratos, la cual tendrá como objetivo, revisar las condiciones administrativas y operativas de los telebachilleratos en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputado Armando Contreras Ceballos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a ejecutar medidas provisionales de saneamiento en el vaso regulador El Cristo, a cargo de la diputada Rosalba Gualito Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Rosalba Gualito Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efecto de que en ejercicio de sus facultades y con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua den pronta respuesta a las exigencias sanitarias derivadas de las quejas ciudadanas por el foco de infección que representa el vaso regulador El Cristo.
Antecedentes
El vaso regulador El Cristo se encuentra en la conjunción de Azcapotzalco, Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez; se encuentra en este último municipio 80 por ciento del vaso. El Cristo es un vaso receptor de aguas pluviales, fluviales y residuales, donde convergen los cauces de los ríos Hondo y Chico de los Remedios, así como el escurrimiento del Interceptor Poniente que se descargan al río Hondo vía su planta de bombeo. Dichas aguas, a su vez, tienen salida por el Emisor Poniente y el Río de los Remedios, por lo que El Cristo es parte fundamental del entramado hidrológico del valle de México.
El vaso regulador El Cristo comenzó su funcionamiento a inicios de la década de 1970. Tiene una extensión de 130 hectáreas, su capacidad de almacenamiento es de 4 metros cúbicos y debe ser utilizado exclusivamente para el manejo temporal de los picos de lluvia provenientes de las zonas urbanas. Actualmente, dicho vaso funciona bajo dos regímenes hidráulicos: Primero. En época de secas las aguas que llegan al vaso son derivadas directamente al Río de los Remedios; y Segundo. En época de lluvias sirve para regular las avenidas de los Ríos Chico de los Remedios y Hondo.
Esta problemática, aunque de manera parcial por los términos en que se planteó, ya fue atendida por la Conagua y mediante oficio con fecha 17 de noviembre de 2011, dirigido a la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, remitió contestación a punto de acuerdo relativo al vaso regulador El Cristo.
Dicha contestación no consideró en su tiempo el avance de algunas obras, pues no habían iniciado, además de que no atendió en su totalidad los riesgos para la salud pública, las afectaciones del ambiente y las medidas provisionales que deben tomarse para evitar el riesgo de contagio por enfermedades hídricas, en tanto se resuelve de manera integral la problemática del vaso regulador El Cristo.
Consideraciones
El crecimiento de la mancha urbana en la zona metropolitana del valle de México y la consiguiente pavimentación de zonas altas provocan creciente escurrimiento de aguas pluviales, las cuales se juntan con las residuales de origen sanitario, municipal e industrial. Ello provoca la saturación prácticamente todo el año del vaso regulador El Cristo.
Lo anterior, aunado al aumento de las lluvias atípicas y el hundimiento diferenciado del valle de México, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, ha propiciado que se tomen diversas medidas para evitar inundaciones y rupturas en los drenajes.
Ejemplo de ello son la creación del Programa Regional de Saneamiento del Valle de México, el Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México para la Temporada de Lluvias en el año 2000, la construcción de la planta de bombeo del vaso El Cristo en 2008, la constitución del Fideicomiso 1928 para Apoyar el Saneamiento del Valle de México en 2009, la actualización del Protocolo ya citado en 2011 y la próxima construcción del túnel emisor Poniente II.
Si bien las inundaciones no son un problema menor y deben atenderse de inmediato a fin de evitar catástrofes económicas, de urbanidad y sanitarias como las acontecidas en 2009 en Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez, la saturación del vaso regulador resulta un grave problema por la amenaza que representa para la salud de la población naucalpense que vive en las inmediaciones.
El funcionamiento óptimo del vaso regulador El Cristo se percibe cuando éste se encuentra prácticamente vacío pues, lejos de ser una cuenca artificial de almacenamiento, es un recolector mediante el cual deben administrarse la afluencia de aguas y su debida canalización.
Por los factores mencionados y como la cota de plantilla del túnel emisor Poniente está varios metros arriba del fondo del vaso regulador, el emisor Poniente sólo recibe aguas del vaso cuando se deja embalsar el agua para que alcance un nivel por encima de la cota de plantilla, así que las aguas contaminadas que llegan al vaso ocasionan problemas ambientales y de salud pública.
El embalse del agua ha sido resuelto parcialmente mediante la construcción de la planta de bombeo en el vaso en Tlalnepantla de Baz. Sin embargo, como manifiesta la Conagua en su oficio de respuesta citado en el apartado de antecedentes, la calidad del agua estancada puede ser mejorada con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que, conforme al Programa Regional de Saneamiento del Valle de México y el Fideicomiso 1928, considera tres etapas: Primera. Construir la planta de tratamiento de aguas residuales para reúso municipal y venta de agua tratada con capacidad de .5 metros cúbicos por segundo; Segunda. Ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento a 2.5 metros cúbicos por segundo; y Tercera. Ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento a 4 metros cúbicos por segundo. Al término de las tres etapas enumeradas se lograría, a decir de la Conagua, un espejo de agua de calidad que no represente un foco de infección para la población naucalpense.
Sin embargo, y pese al proyecto que según se considera ejecutar a través del Programa Regional para el Saneamiento del Valle de México y el Fideicomiso 1928, persisten el hedor y las plagas de insectos que tienen como medio propicio para su proliferación el agua residual. Ello representa un peligro de salud pública para la población naucalpense que habita en las inmediaciones del vaso regulador. Ello pone en riesgo la salud y el ambiente sano, derechos fundamentales y garantías del gobernado consagrados en los párrafos cuarto y quinto, respectivamente, del artículo 4o. de la Carta Magna.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las autoridades competentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua que con arreglo a derecho y a solicitud de esta soberanía se ejecuten las medidas provisionales pertinentes de saneamiento y, en su caso, de fumigación periódica a efecto de resolver este problema sanitario en tanto se logra dar solución integral a la problemática causada por la saturación del vaso regulador El Cristo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputada Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y actualizar el subsidio anual otorgado por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Salvador Ortiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar y actualizar el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La experiencia internacional ha demostrado que los países que apuestan en la actividad científica como estrategia para el desarrollo ven el presupuesto destinado al rubro como una inversión y no como un gasto.
En el país contamos con instituciones de educación superior del más alto nivel; una de ellas es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que se ha caracterizado históricamente por su capacidad y potencial de innovar en los campos de educación, investigación, vinculación servicio y difusión.
La UMSNH es la más antigua de las universidades públicas. Su decreto de creación, en 1917, sirvió de modelo para fundar las primeras universidades autónomas durante las tres primeras décadas del siglo XX.
Resulta innegable el carácter que tiene la UMSNH como factor de desarrollo en el estado; genera no sólo movilidad social sino soluciones a la problemática de la entidad. La aplicación de las investigaciones científicas y tecnológicas en diversas áreas como el agro, la pesca y la forestal permite vincular la UMSNH con la solución de problemas reales.
Además, el trabajo realizado en la modalidad de servicio social de los alumnos de licenciatura y posgrado extiende el efecto de la universidad a lo largo y ancho del territorio. Los egresados son el mejor ejemplo de la importancia de la Casa de Hidalgo en el desarrollo estatal.
Cada peso invertido en la UMSNH es bien invertido en el desarrollo de Michoacán, que se multiplicará en investigación, docencia y generación de conocimiento y cultura, que permitirá consolidar no sólo la economía y el crecimiento social del estado sino, también, la calidad de vida de los michoacanos.
Desde su fundación, la UMSNH ha recibido y educado a una importante cantidad de alumnos provenientes de diferentes entidades federativas. En un reciente estudio, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la sitúa como la tercera a escala nacional en admisión de estudiantes de entidades federativas diversas de la propia.
Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional en materia de cobertura educativa, pero este rezago es un reto para la Universidad Michoacana, que actualmente atiende más de 50 por ciento de la demanda de estudios superiores de la entidad, con más de 55 mil alumnos, y 91 por ciento de los que cursan licenciatura lo hace en programas acreditados por organismos externos. Por su calidad y pertinencia, hoy la UMSNH ocupa el quinto lugar nacional en programas de posgrado de calidad.
De la planta de profesores de tiempo completo (PTC), 86 por ciento cuenta con posgrado. Se sitúa en cuarto lugar en el número de PTC con doctorado; ocupa también el cuarto lugar nacional en número de PTC que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Una de las mejores muestras de la calidad de la UMSNH es el trabajo y reconocimiento nacional e internacional de los investigadores y sus estudios.
La universidad financia más de 300 proyectos de investigación a través de la Coordinación de la Investigación Científica y cuenta con un importante número de proyectos financiados por instancias externas, tanto nacionales como internacionales.
En 2010, el Congreso de Michoacán aprobó la ley de gratuidad para la educación media y superior, con lo que exentó del pago de inscripción en el sistema público de educación. Así, la UMSNH se sumó a estados como Jalisco y el Distrito Federal, y se tuvo como fin la obligatoriedad y gratuidad desde el nivel básico hasta el superior.
Sin embargo, desde hace varios años y pese a sus altos estándares de calidad y la gran cobertura que brinda, la UMSNH se encuentra muy por debajo de la media nacional en subsidio federal por alumno. En el ejercicio 2010-2011, ocupó el séptimo lugar más bajo en subsidio por alumno, que fue de 33 mil 700 pesos, cuando la media nacional ascendió a 61 mil 374 (véase http://www.anuies.mx/c_social/presupuesto).
Igual que otras 34 universidades públicas del país, la michoacana tiene un presupuesto integrado en 69 por ciento por aportaciones federales y 31 de aportaciones estatales. Para el ejercicio de 2011, la aportación federal fue de mil 187.7 millones de pesos.
Si este punto de acuerdo lograra su objetivo y se considera revisar el subsidio por alumno al menos por la media nacional, para la UMSNH, no solamente se abatiría el déficit financiero que enfrenta sino que se ampliaría la cobertura educativa con pertinencia y calidad.
El tema del déficit financiero de la UMSNH es un asunto con más de 10 años en gestación. Desde entonces, la matrícula y la oferta educativa de la Casa de Hidalgo han crecido exponencialmente en cobertura y calidad, lo cual necesariamente conlleva inyección de mayores recursos.
Aunado a lo anterior, el sistema de jubilaciones y pensiones y la regularización de la plantilla docente y administrativa son retos que enfrenta la universidad en materia de solvencia financiera y de la que ya hay una propuesta de solución.
En cuanto a la regularización de plantilla laboral, entre algunas de las acciones concretas tomadas, en abril de 2011 el Consejo Universitario congeló la posibilidad de otorgar plazas de nueva creación si no cuentan con sustento presupuestal y se demuestra la necesidad de la contratación. Esto permitió abatir el crecimiento acelerado de la plantilla laboral, especialmente en el caso de los trabajadores administrativos; además, se analiza la vía jurídica para la liquidación del personal administrativo, no basificado que fue contratado de manera irregular por las administraciones anteriores. Para ello es necesario contar con un fondo especial a fin de liquidar conforme a la ley.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar y actualizar el subsidio anual que otorga por alumno a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Diputados: Salvador Ortiz García (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Socorro de la Cruz Quintana León, Eligio Cuitláhuac González Farías, Rodimiro Barrera Estrada, Blanca Villaseñor Gudiño, Alfredo Anaya Gudiño, Luis Olvera Correa, Adriana Hernández Iñiguez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno mexicano a evitar por la Sagarpa y la SE la importación de papa fresca, suscrita por los diputados Jesús Antonio Valdés Palazuelos y Rubén Benjamín Félix Hays, de los Grupos Parlamentarios del PRI y de Nueva Alianza, respectivamente
Los que suscriben, diputado Rubén Benjamín Félix Hays, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
La papa es uno de los productos con más tradición en nuestro continente. Originaria de América del sur, se considera que fue cultivada por primera vez hace más de 2 mil años. Según datos de la Revista Latinoamericana de la Papa , México tiene un consumo anual promedio de papa de 12 kilogramos por habitante, el más bajo en América Latina, y mucho menor que el consumo promedio en Europa, que es de 86 kilogramos por persona.
Es tal vez el crecimiento de la población el factor principal que explicaría el incremento en la producción que se ha observado en las décadas recientes, y en menor medida, el cambio en los patrones de consumo, con la inclusión de mayores cantidades de papa en la dieta mexicana.
Actualmente la producción promedio nacional de papa es de un millón 500 mil toneladas, las cuales son totalmente para consumo nacional, nada se exporta pues todos los mercados tienen al producto en cuarentena.
En México, el cultivo de la semilla reviste una gran importancia por su valor nutritivo y por tratarse de una fuente generadora de empleos. El cultivo de la papa resulta importante también porque demanda una gran cantidad de jornales durante la siembra, cosecha, comercialización y demás actividades directa e indirectamente relacionadas con su producción.
Desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los productores de papa han trabajando el tema con especial interés, debido al peligro que representa la introducción de problemas sanitarios en importaciones de semilla y en contrabando de papa comercial.
A fin de proteger a nuestro país de problemas de importancia cuarentenaria, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), establecieron exitosamente un marco regulatorio fitosanitario a través de protocolos, planes de trabajo y normas, y defensa de problemas fitosanitarios. Lo anterior no sólo brindó certidumbre al sector, sino que también permitió implementar medidas al interior para salvaguardar la fitosanidad.
Siguiendo esta lógica, el Senasica elaboró el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para la importación de tubérculo de papa a México, como sustento técnico científico para la actualización de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de papa y las medidas de mitigación de riesgo para su importación a México, y lo ha compartido con el Servicio de Inspección de la Inocuidad de Animales y Plantas de los Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés), con la finalidad de mantener un nivel adecuado de protección fitosanitaria.
Derivado de esta protección que brinda certeza y seguridad jurídicas a los productores, se firmó el Protocolo para la exportación de papa fresca de los Estados Unidos a México en 2002-2003, donde claramente se especifica que los embarques de papa norteamericanos deben ser inspeccionados y certificados por personal oficial del (APHIS) para evitar plagas, entre otras consideraciones de salud pública.
En resumen, el citado protocolo señala que los Estados Unidos sólo pueden mandar papa fresca sana a México, y bajo los más estrictos controles de calidad, situación que nuestros vecinos del norte no han cumplido a cabalidad y debemos evitar que dichas omisiones (dolosas o incidentales) se presenten de nuevo.
En opinión de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana (Conpapa), en los últimos 10 años, Estados Unidos incumplió al mandar más de mil embarques con plagas cuarentenarias que México rechazó, pero que en 2011 siguió esta práctica, atendiendo a presiones de senadores y congresistas norteamericanos para impedir el paso de papa fresca a Estados Unidos.
Desde principios de 2012, dichos legisladores pretenden actualizar un acuerdo de 2002, donde se facilitaría introducir papa de Estados Unidos a México, pero nuestro país no podría exportar papa a aquel país. Ante esa absurda situación, Conpapa ha señalado que muy pocos países del mundo comercian con papa fresca, pues es un alimento que lleva ciertas impurezas en su cuerpo, que pone en riesgo no sólo el cultivo nacional sino a otras especies.
Como resultado de las presiones políticas de Estados Unidos que hemos señalado, México fue condicionado para la entrada al Acuerdo de Asociación Transpacífica (TTP) a entregar unilateralmente el acceso de la papa procedente de Estados Unidos.
A principios del presente año, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, firmó un acuerdo con la Conpapa para detener la importación de papa fresca que se efectuaba exclusivamente para la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, mismo que tampoco se ha cumplido, ya que como hemos visto, el Ejecutivo federal publicó en la página de Internet de Sagarpa, el supuesto envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) del proyecto de “Acuerdo por el que se establecen las medidas de mitigación de riesgo para la importación de tubérculo de papa a los Estados Unidos Mexicanos”, así como el análisis de riesgo que sustenta dicha propuesta y la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente. Con dicho proyecto de acuerdo, parece ser que el gobierno mexicano ha cedido a las presiones de congresistas estadounidenses para la introducción de papa fresca a territorio nacional.
En Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional tenemos presente que de concretarse esa situación, se presentará un grave riesgo de salud pública para México, ya que nuestras fronteras pueden ser contaminadas al introducir papa fresca, por lo que es necesario proteger los mercados tanto por la vía arancelaria como por la vía fitosanitaria.
Compartimos la enorme preocupación de que por medio de la presión política se violente una veda fitosanitaria, ya que la papa estadounidense fresca tiene un grave riesgo de venir a contaminar nuestros suelos y nuestras hortalizas, no sólo la papa, sino el chile, el jitomate, el pepino y otras legumbres.
Debemos respaldar los esfuerzos de la Sagarpa para impedir el ingreso del producto estadounidense. En la actualidad esto se permite solamente para la zona fronteriza, pero la intención de los productores norteamericanos es introducir a todo el mercado nacional, en virtud de que según ellos, cumplían con todas las normas fitosanitarias establecidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC), mismo que prevé la liberación gradual de fronteras a las importaciones de papa.
Sin embargo, como hemos advertido, diversas voces señalan que el ingreso del producto no cumple con las normas sanitarias mínimas; incluso, Conpapa concretó un panel internacional de expertos en el tema donde a México se le dio la razón, puesto que, de acuerdo a las conclusiones de científicos y analistas, correríamos un grave riesgo de contaminación.
Estamos de acuerdo con el gobierno federal en que no se trata de vetar un producto. México no está vetando ningún producto. La papa puede ingresar pero procesada, no fresca . Conpapa precisa que permitir el ingreso del producto fresco representaría un fuerte impacto económico equivalente a 10 mil millones de dólares por las afectaciones a la comercialización de papa fresca nacional y el daño colateral a otros cultivos por contaminación.
La intención que tienen los productores estadounidenses de contaminar con su producción a los mercados mexicanos, no es nueva. Durante casi veinte años han buscado ese propósito, sólo que han sido frenados por razones fitosanitarias, pues la papa de Estados Unidos presenta enfermedades que no se encuentran en México . Pero al arribar a nuestro país colocarían en un grave riesgo el sostenimiento de la producción nacional del tubérculo e incluso de otras hortalizas como tomate y chile, situación que no debe ignorarse por parte de la federación, sobre todo por los graves riesgos que se correrían.
Para Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional, la protección fitosanitaria continuará siendo el punto central de la defensa para impedir que ingresen estos productos a México. Además, el impacto económico negativo que resentiría este sector, el cual es un importante generador de empleos y detonante de la economía en varias entidades del país.
Aunado a lo anterior, este año ha sido difícil para los productores nacionales. Por un lado, las heladas del pasado mes de febrero afectaron sus cultivos. Por el otro, el incremento de los fertilizantes y el amoniaco en las presentes fechas, impacta más en su economía, y con ello se encarecen más los costos de producción.
Aún se desconoce si la magnitud de las afectaciones a causa de las heladas sea un factor para que en el próximo ciclo agrícola se pueda reducir la superficie de siembra. Recordemos, como señala la Sagarpa, en el ciclo 2010-2011 se sembraron alrededor de 4 mil 500 hectáreas y que actualmente ya se encuentran realizando la cédula de cultivos para iniciar con las siembras a partir de este mes.
Coincidimos con el Ejecutivo federal en el sentido de que, independientemente de las negociaciones comerciales en las que México sea parte, todos los productos de importación deben satisfacer las medidas sanitarias y fitosanitarias vigentes.
Más allá de posturas oficiales frente a desplegados, necesitamos un compromiso serio de las dependencias del Ejecutivo federal a quienes va dirigida la presente proposición. En esta ocasión es la papa, pero después puede ser otro tipo de alimentos que son necesarios para la seguridad alimentaria de México.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno mexicano a que por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a evite la importación de papa fresca a territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).
Efemérides
Con motivo del 12 de octubre, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
En nombre del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura, hago uso de esta tribuna para hacer un reconocimiento a nuestros pueblos originarios que representan el eje central en la conmemoración del 12 de octubre.
Esta fecha ha representado uno de los acontecimientos histórico de gran trascendencia para la humanidad, al cual también se le ha conocido como el encuentro de dos mundos, entre Europa y América, acontecimiento que cambió el rumbo de nuestra historia.
Hoy se conmemoran 520 años del encuentro de culturas, resaltando las indígenas de América Latina. Entre estas naciones es de destacar que es un orgullo que México sea un país pluriétnico y pluricultural.
Al conmemorar este día, nos hace reflexionar que si bien es cierto que la cosmovisión del indígena es diferente a la mayoría de la población en relación con su forma de pensar y actuar, se hace indispensable la disponibilidad de todos los actores de la sociedad para coexistir, recordando que como mexicanos tenemos derecho a un desarrollo económico propio y autónomo, a una representatividad en los ámbitos político y social, así como mantener nuestras lenguas y culturas.
La situación que aún vivimos no es motivo para claudicar, porque ciertos estamos y compartimos que la causa indígena está más que viva y que los diputados aportaremos para mejorar su condición actual de vida, y en esta fecha insistimos que no puede haber una reforma del Estado si no se incluye el tema de los pueblos indígenas, que por muchos años han sido injustamente excluidos.
La conmemoración del 12 de octubre debe ser, además de la conmemoración del encuentro de dos mundos, como se le denomina en algunos países, la oportunidad para enaltecer el papel que tienen nuestros pueblos originarios.
En razón de lo anterior, es importante hacer un breve recuento de lo que en México representan los pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• En 2010, el 6.6 por ciento de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena.
• Las lenguas que cuentan con un mayor número de hablantes son el náhuatl con el 23 por ciento, maya 11.5 por ciento, tzeltal 7 por ciento, mixteca 6.9 por ciento, tzotzil 6.5 por ciento y el zapoteca 6.4 por ciento.
• Seis de cada diez hablantes de lengua indígena de 3 años y más reside en localidades rurales.
• La edad promedio a la que se unen por primera vez las mujeres en edad fértil hablantes de lengua indígena es a los 18.8 años.
• Asimismo, 9.7 por ciento de los niños de 6 a 14 años hablantes de lengua indígena no asiste a la escuela.
• En las comunidades rurales, 68.8 por ciento de la población ocupada de 12 años y más hablante de lengua indígena se dedica a actividades agropecuarias.
De acuerdo con la información que proporciona la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, en 12 estados del país, ubicados principalmente en las regiones centro, sur, y sureste, se localiza casi el 90 por ciento de la población que habla alguna lengua indígena, siendo Chiapas y Oaxaca las entidades en las cuales reside más de una tercera parte de la población hablante de lengua indígena.
Los datos mencionados nos refieren a que es un momento urgente para analizar y trabajar sobre los temas y asuntos pendientes que desde la Cámara de Diputados podemos subsanar.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRI en esta LXII Legislatura asume el compromiso pleno de impulsar las adecuaciones al marco normativo e institucional que tengan como fin fortalecer los derechos y la identidad de nuestros pueblos originarios.
En el rubro presupuestal hacemos el llamado al Poder Ejecutivo federal de eficientar el ejercicio del gasto destinado al desarrollo social, flexibilizando los mecanismos de operación.
Asimismo, la causa de los pueblos y las comunidades indígenas debe ser un tema fundamental dentro de la agenda legislativa a desarrollar en esta legislatura.
Finalmente hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas aquí representadas para que sumemos esfuerzos con el objetivo de transformar la realidad de su entorno con perspectivas de desarrollo y con sentido de pertenencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2012.
Diputada Josefina García Hernández (rúbrica)
Loading