Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3654-IV, miércoles 28 de noviembre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger por la SE y la Sagarpa la producción nacional de maíz blanco y apoyar a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los productores de maíz blanco, atraviesan por una grave crisis tanto en la producción como en la comercialización del grano. Cabe mencionar que en estos momentos se encuentran en la etapa de recolección y no cuentan con un precio de garantía que permita solventar los costos y desarrollar al sector.
En los últimos 12 años, el problema se ha agudizado, particularmente porque:
• Al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual al de maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal, sin embargo el precio se ha tasado igual.
• Las importaciones han propiciado la caída de la producción nacional, teniendo como resultado cuantiosas pérdidas para los productores mexicanos y pobreza para sus familias.
• El maíz que se importa es transgénico, lo cual atenta contra la salud de los mexicanos.
• La soberanía alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada, sobre todo si consideramos que el maíz es el principal producto de la dieta de las familias mexicanas.
Bajo el anterior orden de ideas, es importante recordar que el 2 de agosto del presente año, mediante un boletín del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se dio a conocer el volumen diario de exportaciones de granos.1 Dicha entidad informó que exportadores privados reportaron ventas por un volumen de 982 mil 980 toneladas para entregar a México en el ciclo 2012-2013, y 533 mil 400 para el periodo 2013-2014. Transacción que se señaló como la mayor compra del grano efectuada a los Estados Unidos desde finales de la década de los 80, a pesar de que el precio internacional del maíz mantiene fuertes presiones al alza debido al pronóstico de sequía en el vecino país del norte.
No obstante los señalamientos por parte de Sagarpa, en el sentido de que al tratarse de maíz amarillo destinado al sector pecuario, la compra no afectará el mercado nacional, porque lo que están haciendo las empresas es “una planeación adecuada” que evita las compras de pánico, es clara la omisión de los resultados que la compra tendrá sobre los productores nacionales, sobre los precios y la afectación al gasto de las familias.
Resulta evidente que al tener diversas aplicaciones como forraje y materia prima para la industria, el alza del precio del maíz amarillo generará incrementos en diversos productos como la leche, el cerdo, los embutidos, el chocolate en polvo, los caramelos que contienen glucosa, atoles, alimentos infantiles, cerveza, etcétera.
Aunado a lo anterior, es menester considerar que del 34% de los ingresos familiares que se gastan en alimentos y bebidas, el 71% se destina a productos elaborados con maíz, lo cual, fue expuesto con toda puntualidad durante la última Comisión Permanente la Legislatura pasada.
Por otro lado, es necesario aclarar que México produce aproximadamente 21 millones de toneladas de maíz blanco y ha importado 11 millones de toneladas. Siendo un país deficitario, resulta inconcebible que el maíz nacional no se venda.
Reiteradamente los productores nacionales de maíz blanco han expresado sus demandas sin que se les haya escuchado. En abril de este año informaron cabalmente a la Sagarpa sobre las condiciones de mercado que prevalecieron en su zona de producción, destacando los incumplimientos de contratos de compra entre productores e industriales de la masa y la tortilla, manifestando incertidumbre en el precio del producto así como la predecible especulación de la industria, debido a la escases del grano y las importaciones por un millón 800 mil toneladas de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.
Posteriormente en mayo de este año, los productores acudieron a la Secretaría de Economía, a efecto de manifestar nuevamente sus demandas, en representación de un millar de familias que dependen de estos ingresos para manifestar la inconformidad por la compra del maíz transgénico y obtener apoyos para la comercialización del producto, ya que para esa fecha el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.
Ante esta situación, es evidente que resulta oportuno exigir a la Secretaría de Economía el cabal cumplimiento de sus atribuciones, particularmente, en lo que respecta en las funciones participar en el aseguramiento de bienes de consumo básico para la población; y evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se restablezca el esquema de agricultura por contrato, a efecto de proteger a los productores mexicanos de maíz blanco.
Segundo. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el pago del maíz blanco se realice a precio de indiferencia internacional más las bases que se establezcan para el grano, la cual ha sido históricamente mayor que la del maíz amarillo debido a sus propiedades y a que su destino es el consumo humano.
Tercero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones de maíz, evitar prácticas especulativas, diversificar las fuentes de producción y abastecimiento, así como a retribuir el diferencial del precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando así su costo de producción.
Nota
1 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0 121-12
Dado en el Palacio Legislativo, el 22 de noviembre de 2012.
Diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano hoy es sinónimo de pobreza, de migración, inseguridad y presenta un déficit importante en materia agroalimentaria.
México desde hace décadas se le ha caracterizado como un país con insuficiencia en la producción de alimentos básicos, pese a que se encuentra ubicado geográficamente en las mejores condiciones del continente americano, donde países vecinos por el norte con Estados Unidos de Norteamérica; y en el sur Argentina y Brasil se les ha considerado grandes productores de granos básicos en el continente.
Además México cuenta con regiones que tienen abundantes recursos naturales como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad, para que pueda ser gran productor y proveedor de alimentos a su población.
Sin embargo, las políticas públicas aplicadas fueron insuficientes y mal dirigidas, provocando con ello que a mediano plazo las importaciones del grano del maíz no disminuyeran como sería su propósito, sino que por el contrario, de 2004 a 2012 las importaciones de este grano se han visto incrementadas en un 360 por ciento.
Lo anterior da como resultado una crisis agrícola que financia parte de la industrialización y el desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor. Pero, sobre todo, es el resultado final de las políticas agrícolas neoliberales que buscan deliberadamente subordinar a la agricultura mexicana principalmente a los intereses de la agricultura estadounidense aplicadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Es por ello que debe retomarse con seriedad y oportunidad, la implementación de verdaderas políticas públicas, que protejan a los productores nacionales haciéndolos más competitivos, pero sobre todo privilegiar las acciones que involucren la comercialización de productos del campo.
Hoy una vez más como ocurre año con año, enfrentamos la problemática de la comercialización de la producción del maíz del ciclo primavera-verano 2012, debido a los altos volúmenes de importación que saturan el mercado justo en la época de cosecha, provocando pérdidas a los productores quienes ante esta situación se ven obligados a comercializar a bajos precios su grano con intermediarios y las grandes industrias transnacionales, por no existir un contrato de compra-venta o cobertura de precios futuros, ocasionando un fuerte deterioro económico a los productores de éste cultivo.
Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo al cual nos sumamos, presentado el 27 de septiembre del año en curso a esta honorable asamblea por el diputado Alfonso Inzunza Montoya y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y, en su caso, rediseñen los programas en favor del campo, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes al sector agropecuario, especialmente a Sagarpa, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, a acordar de inmediato acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, que inició a partir de este mes de noviembre, y no sólo de los productores que trabajan con esquemas de financiamiento, sino de todos aquellos productores libres que están fuera de este esquema y que representan el 80 por ciento. Asimismo que se ajusten los programas que se tengan con este propósito y se rediseñen las reglas de operación correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.
En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado.
Entre los múltiples casos de corrupción destaca el endeudamiento constante de las entidades federativas. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.
Como consecuencia, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles. Al primer trimestre del 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco en 19.3 por ciento; Jalisco en 9.9 por ciento; Chiapas en 6.1 por ciento; Morelos en 5.6 por ciento y Yucatán con 3.4 por ciento, entre otros.
De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 70.2 a 390 mil 777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo 3 años.
Analizando estas cifras nos damos cuenta que podría señalarse al sexenio 2006-2012 como la administración del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios.
El problema es que dicho endeudamiento no parece terminar. Apenas en septiembre del presente año el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, cuando le faltaban tres meses para terminar su gestión.
Hoy nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha solicitado al Congreso del estado, a 48 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos.
Resulta indignante este suceso debido a que la cantidad que se pretende obtener supera en sí misma a la deuda actual del estado, la cual es de 3 mil 450 millones de pesos.
Tal parece que el propósito del gobernador no es tan sólo el rezago de Tabasco en sus seis años de mandato, sino la imposibilidad de implementar medidas efectivas de crecimiento económico a la administración entrante, debido a la alarmante cantidad de pasivos que dejaría dicho préstamo.
Las razones que se utilizan para la solicitud de la deuda resultan contradictorias y absurdas. Se ha argumentado que entre los principales objetivos de la misma se encuentran la infraestructura y la seguridad. ¿Qué acciones destinadas a estos rubros pueden implicar el gasto de más de 4 mil millones de pesos en un mes?
Asimismo, se ha sustentado la petición del préstamo con el fin de la reestructuración de pagos de créditos a corto plazo que fueron contraídos con anterioridad, utilizando un esquema de pago a 20 años.
Los recursos que las entidades federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande sería el impacto de atar por 20 años los ingresos de Tabasco en el ritmo de crecimiento del estado? Resulta evidente que es necesario que el Congreso local rechace esta propuesta.
La razón por la que los estados han llegado a una situación insostenible surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel.
El Congreso de Tabasco está a tiempo de romper con este vicio y demostrar que no es un estado más en el que el control hegemónico del gobernador es innegable.
Sólo así las deudas contraídas dejarán de reflejar demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.
Sólo así se podrá garantizar un crecimiento para Tabasco en los próximos seis años, de no hacerlo se estarían limitando las posibilidades económicas del estado aún antes de empezar el gobierno entrante.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, a etiquetar y transparentar todos y cada uno de los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, y se evite cualquier posible malversación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal e implantar acciones reales en materia de cuidados paliativos, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7,1 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El texto normativo de la Organización Mundial de la Salud señala: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. 1
Por ello, el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en los textos constituciones de todo el mundo.
El artículo 4o., párrafo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resguarda el derecho a la protección de la salud.
Pese a lo anterior, en México no hay datos estadísticos reales que nos permitan dimensionar el número de enfermos en fase terminal que ingresan anualmente en los centros de salud.
Según cifras oficiales de la estadística nacional “Causas de defunción, defunciones generales totales por principales causas de mortalidad 2010”, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en ese año se registraron
• 70 mil 240 defunciones por tumores malignos.
• 32 mil 306 defunciones por enfermedades cerebrovasculares.
• 19 mil 468 defunciones por enfermedades pulmonares.
• 11 mil 950 defunciones por insuficiencia renal.
• 5 mil 904 defunciones por bronquitis crónica, enfisema y asma.
• 4 mil 860 defunciones por VIH.2
Pocas de las personas que forman parte de esa estadística recibieron cuidados paliativos en el momento que lo requirieron.
La Organización Mundial de la Salud define cuidados paliativos como “el método que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades terminales, a través de la prevención o alivio del sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración, y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”.3
Por ende, los cuidados paliativos representan un tema de relevancia internacional, ya que varias naciones alrededor del mundo trabajan activamente a efecto de implantar este régimen en los sistemas de salubridad, debido a que es menester preservar la dignidad, la calidad de vida del ser humano y atenuar el sufrimiento de los enfermos terminales y de sus familias.
Desde 1982, la Organización Mundial de la Salud organizó e implantó un proyecto de alivio de dolor por cáncer y cuidados paliativos que demostró su eficacia para la mayoría de los pacientes con cáncer en muchos países con diferentes sistemas de asistencia sanitaria.4
En 1990, en el informe 804, la Organización Mundial de la Salud destaca como objetivos de los cuidados paliativos.5
• Reafirmar la importancia de la vida, aún en la etapa terminal.
• Establecer un cuidado que no acelere la llegada de la muerte ni la posponga artificialmente.
• Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes.
• Integrar los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
• Facilitar que el enfermo lleve una vida tan activa como sea posible.
• Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo.
Para lograr esos objetivos propugna, en 1996, una estrategia cuyos componentes básicos son6
• Políticas nacionales o estatales favorables al alivio del dolor del cáncer mediante apoyo oficial a las actividades de educación y disponibilidad de fármacos.
• Programas educativos dirigidos al público, al personal de salud y a las autoridades de reglamentación.
• La definición de atención farmacéutica: área de conocimiento y de práctica profesional que abarca todo el proceso de suministro de medicamentos y dispositivos médicos y el proceso asistencial, teniendo como objetivo garantizar la buena atención del paciente con equidad, accesibilidad, eficiencia, efectividad y control costo con resultados medibles y con efecto en salud y calidad de vida.
• Políticas de gobierno: normas nacionales o estatales que destaquen la necesidad de aliviar el dolor crónico en el cáncer.
• Promover e implantar los cuidados paliativos.
Las medidas para llevarlo a cabo deben incluir
• La implantación de recursos específicos.
• La mejora de la atención en los recursos ya existentes (atención primaria, hospitales generales y centros de larga estancia).
• La formación de profesionales.
• La educación de la sociedad y su participación a través del voluntariado.
Actualmente nuestra legislación prevé disposiciones normativas en esta materia.
El 5 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la incorporación del título octavo Bis, “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”; y en el artículo 166 Bis 13 se establece la obligación por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Salud de ofrecer una atención integral a los enfermos en situación terminal y garantizar la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos.
De igual forma, la legislación en cita prevé lo siguiente:
• Proporcionar los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, a partir del diagnóstico hasta el final.
• Fomentar la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal.
• En el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la Secretaría de Salud dispondrá de una línea telefónica de acceso gratuito para que se oriente, asesore y de seguimiento al enfermo, sus familiares o persona de su confianza.
Pese a lo anterior, en la praxis, estas disposiciones son letra muerta, ya que la medicina paliativa en nuestro país carece de recursos económicos, materiales y humanos.
Hace un par de días, el Senado de la República remitió una minuta a la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el ejercicio fiscal de 2013 las partidas necesarias para implantar en el sistema nacional de salud, los servicios paliativos a favor de los enfermos en situación terminal y sus familias debido a la elevación del promedio de vida de la población y el envejecimiento demográfico.
Compañeras y compañeros legisladores: no debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los tratados y convenios internacionales, está obligado, en este caso, a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud a los mexicanos, dado que un estado de derecho real debe radicar en la cultura de la legalidad, la justicia social y el respeto pleno de la ley.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a cumplir lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones previstas en los capítulos II y III, relativos a los derechos de los enfermos en situación terminal, e implante con la mayor brevedad acciones reales en materia de cuidados paliativos.
Notas
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/index.html
2 www.inegi.org.mx
3 Davies, E, Higginson, I. Hechos sólidos. Cuidados paliativos, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional de Europa, 2004.
4 http://www.who.int/about/es/
5 http://www.who.int/about/es/
6 http://www.who.int/about/es/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputada Flor Ayala Robles Linares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención y el seguimiento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe la presente, Mariana Dunyaska García Rojas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita la creación de la comisión especial para la atención y seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. Por acuerdo del procurador general de la República, el 15 de febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
2. Con fecha 19 de diciembre de 2006, en la LX Legislatura, fue creada la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
3. El 10 de diciembre de 2009 se creó mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXI, legislatura la comisión para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, con 16 integrantes, determinándose su creación por los tres años de la LXI Legislatura.
4. El 25 de abril de 2012, el Senado de la República aprobó la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con 95 votos a favor, donde principalmente se considera la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implantar medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promisión de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Exposición de Motivos
A. En México se plasma la libertad de expresión en el artículo 6o. de la Carta Magna:
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial ni administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado...
La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático. Luego entonces, la libertad de expresión es un elemento sine que non para considerar democrático un país.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “la libertad de expresión es lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del estado constitucional, como lo son algunos de los derechos fundamentales, la existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de una democracia representativa”.
El 3 de junio, el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, presentó su informe respecto a la visita realizada a México, donde manifiesta que éste encabeza la lista de los países más peligrosos de Latinoamérica para ejercer el periodismo y concluye que los crímenes han quedado impunes por la ausencia de investigaciones concluidas.
En 2011, los informes de los relatores sobre libertad de prensa y expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recomendaron a México “a hacer esfuerzos acelerados para cortar los ciclos de impunidad de éstos crímenes que ya se presentan en un número abultado, colocando a México, en el rango de país sin libertad de prensa”.
La impunidad obedece, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en gran medida, al hecho de que las autoridades encargadas de integrar las averiguaciones previas, incumplen su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los hechos.
Por último, la ya mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció que desde 2000 se han registrado 82 homicidios de periodistas, 16 desapariciones y 28 atentados, de los cuales 19 por ciento ha sido investigado y sólo 7 por ciento ha derivado en condena.
Por ello, la proponente considera importante dar seguimiento a los trabajos realizados en las comisiones formalizadas en la LX y LXI Legislaturas, así como garantizar las investigaciones de los hechos criminales contra los medios de comunicación y sus representantes o trabajadores.
Por lo expuesto me permito proponer ante la Cámara la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial para la atención y seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Segundo. La comisión especial se integrará por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.
Tercero. Los recursos técnicos, financieros y humanos para el funcionamiento de la comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.
Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos, o bien, ante la Junta de Coordinación Política.
Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de noviembre de 2012.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública acciones y políticas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79 numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total, lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, también se indica que, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8%). Se espera que el volumen de adolescentes en el país decrezca en los años venideros, así como su peso relativo. Además, 25.7% de los adolescentes del país residen en localidades rurales y 6.3% son hablantes de lengua indígenas. 49.9% de las personas entre 15 y 19 años son mujeres (5.5 millones), quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país (30.7 millones).
Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8% son solteras, 16.0% están unidas y 1.0% lo ha estado alguna vez. La proporción de adolescentes unidas se ha mantenido estable en el tiempo, pues en 2000 eran el 16.2%. 686 mil 511 adolescentes, es decir 12.4%, tenían al menos un hijo nacido vivo al momento del censo,1 y seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida.
A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de salud sexual y reproductiva, aún es elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como al “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, y el transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica” y fija sus límites entre los 10 y 20 años.
Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial.
La adolescencia, es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.
La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre las clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones económicas, ella podría descender. Sin embargo, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la solución que el problema demanda.
Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, generalmente conocer que se encuentran en el inicio de un periodo de gestación, no planeada, es entonces el inicio de una situación que marca escenarios de difícil solución. El embarazo entonces es considerado como una situación problemática por los involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un “problema”, se limitaría su análisis. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la “salud integral del adolescente”, esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.
Como resultado del embarazo adolescente, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.
Además, en la adolescente se tiene poca conciencia de salud, resultando muy difícil asumir un autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo –generalmente no deseado- y las dificultades que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la consulta, ni comprende la importancia de los estudios complementarios, interpretándolos como castigo.
Por ello, no es difícil que en el desarrollo del mismo se presenten problemas como; trastornos digestivos, abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, hipertensión arterial, etc. Lo anterior, se marca como un problema relevante en nuestro país, sobre todo en las mujeres de 12 a 15 años, ya que en estas edades constituye un elevado riesgo para la salud tanto de la madre como del hijo.
Asimismo, la prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos de mayor riesgo, y el adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.
Se considera que sería innecesario llegar a este punto, sí se contara con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesoras y profesores poco preparados y/o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado y también por la cerrazón de gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia.
Las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro de las personas, de sus hijos e hijas y de sus parejas. El embarazo no planeado es una de las amenazas para el desarrollo integral de los y las adolescentes, ya que esta situación no esperada puede poner en peligro la salud de la mujer y retrasar o suspender los procesos de capacitación para la vida y para el trabajo productivo. El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, el cual debe ejercerse con responsabilidad. También, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios.
Muestra de ello, es que las cifras de embarazo en este sector de la población son alarmantes, debido al estancamiento del uso de métodos anticonceptivos por su ausencia en los centros de salud y servicios médicos, las autoridades federales, estatales y municipales han abandonado su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos, se ha abandonado la promoción de uso de anticonceptivos y en sector SALUD y SEP, han dejado de orientar a los padres y jóvenes adolescentes en la importancia de cuidarse cuando inician su vida sexual.
Para prevenir los embarazos en adolescentes es importante incorporar en la formación escolar la educación sexual, abordando el tema sin prejuicios y limitaciones para evitar que la falta de información sea un factor que impulse a las mujeres a ser madres desde temprana edad. Así como implementar campañas informativas y distribución de métodos anticonceptivos a toda la población demandante.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la de la Secretaría de Salud, y la Secretaria de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente.
Nota
1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Inegi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a elaborar, ejecutar y evaluar en el programa Mejores Escuelas –por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa– políticas sobre construcción, rehabilitación y mantenimiento de sanitarios y bebederos en las instituciones de educación básica, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Los que suscriben, diputadas y diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembros del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa Mejores Escuelas, políticas públicas eficaces que atiendan la infraestructura física en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica.
Consideraciones
La educación es un tema prioritario en la agenda nacional que debemos atender, ya que para nuestro país el acceso y calidad de la educación constituye el mecanismo idóneo para alcanzar niveles importantes de crecimiento social y económico que requiere la sociedad.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de lo anterior, es por ello que nuestros esfuerzos dentro de la Cámara de Diputados se encuentran encaminados a fortalecer el sistema educativo de nuestro país, elaborando puntos de acuerdo que atiendan las necesidades que nuestra comunidad educativa demanda, esto con el objetivo de servir y coadyuvar en el llamado que los mismos nos solicitan.
Estamos convencidos que para elevar la calidad de la educación, debemos recuperar y dignificar la escuela como herramienta de transformación de millones de niñas, niños y adolescentes orgullosos de su patria y comprometidos con México en el inicio de este siglo XXI.
La infraestructura física educativa representa un factor fundamental en el correcto desarrollo de la educación, son los muebles e inmuebles de las aulas educativas, los elementos sobre los cuales los alumnos y maestros interactúan en la impartición de la educación; los servicios e instalaciones del sistema educativo nacional coadyuvan a que ésta se genere en un ambiente adecuado y digno, generando en consecuencia, una educación de calidad.
Según datos del Diagnóstico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 2010 , entregado a la Cámara de Diputados en el marco del proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se presentaron los siguientes datos:
Como podemos observar, 49 por ciento de las escuelas a nivel nacional tienen en malas condiciones o inservibles sus instalaciones sanitarias. Sin duda un dato que denota la falta de mantenimiento en este rubro tan sensible, cuando de lo que se trata es de brindar un servicio educativo de calidad en todos sus componentes, incluida la infraestructura física.
Los sanitarios en los centros educativos constituyen un servicio básico para todas las personas que asisten a estos centros, los cuales deben estar instalados con base en cantidad, calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y equipamiento necesarios para el uso de este servicio, de acuerdo con la política educativa determinada por el estado (Federación, estados, Distrito Federal y municipios).
Los sanitarios en mal estado, representan un foco grave de infección para los alumnos en las escuelas. Las niñas se encuentran en un grave riesgo de contraer infecciones en vías urinarias, y los niños, se exponen a la gastroenteritis, un contagio viral por falta de higiene.
Además de los sanitarios, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está preocupado por el insuficiente número de bebederos en las escuelas, ya que su uso cotidiano en las escuelas puede reducir el consumo de jugos o refrescos con altos niveles de azúcares que afectan la salud de los alumnos. Contar con bebederos adecuados permitirá un mayor consumo de agua por alumno, lo que repercutirá en un mejor nivel de vida y disminuirá los riesgos de obesidad en la comunidad escolar.
Resulta necesario que, para el adecuado desarrollo los servicios educativos, el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, intervenga de manera coordinada, comprometida y eficaz, con la instalación, rehabilitación, mantenimiento y uso adecuado de los bebederos y sanitarios en las escuelas de educación básica.
La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en su artículo 2o. establece lo siguiente:
“El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos generales para:
I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;”
Tal como lo establece el artículo 5 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, entre las autoridades en materia de infraestructura física educativa se encuentra el titular del Ejecutivo federal, el titular de la Secretaría de Educación Pública, el director general del instituto, los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal, los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades federativas, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal.
En el Artículo 8o. de la misma ley, estipula que:
“Al realizarse actividades de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE pública o privada deberán cumplirse los lineamientos generales que expida el instituto, el reglamento de esta ley y la normatividad en materia de obras.”
En marzo de 2010, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, expidió los Lineamientos Generales para Programas de Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas, cuyos objetivos específicos son:
• Mejorar el estado físico de los inmuebles educativos identificados en condiciones malas, muy malas y pésimas, con la finalidad de generar un ambiente escolar adecuado para contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales.
• Vincular directamente a la OPSE de un plantel, con la realización de la acción de mejoramiento de un inmueble educativo.
En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, se constituyó el programa Mejores Escuelas, el cual representa un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para atender los planteles educativos que presentan las mayores condiciones de deterioro en sus instalaciones dentro de los 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
Este programa tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y operatividad de los inmuebles educativos de nivel básico, en los que se cuenta con instalaciones deficientes en edificios, redes de servicios y obras exteriores, otorgando un subsidio para cubrir el costo de la mano de obra, equipo y herramientas necesarias, así como los materiales para el desarrollo de las acciones.
Este programa contempla la rehabilitación o reacondicionamiento de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, muros, techos, pisos, escaleras, accesos, pasillos, reposición de cancelería, áreas de patio, impermeabilización, pintura y otras acciones de mantenimiento en general.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se destinaron recursos por la cantidad de mil ochocientos veinte millones de pesos, destinando una partida adicional en la ampliación al Ramo 11 de Educación por la cantidad de ciento veinte millones de pesos, lo cual refleja la importancia que se le ha puesto por parte de esta Cámara de Diputados hacia este programa.
Con base en lo anterior, estos recursos deben incrementarse, poniendo especial énfasis en el destino encaminado para resolver el problema que actualmente se presenta en la infraestructura de los sanitarios y bebederos de las escuelas de educación básica.
Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ante esta radiografía del estado en el que se encuentra la infraestructura física educativa y consientes de las necesidades que nuestros alumnos y maestros del país requieren para desarrollarse en instalaciones dignas y adecuadas dentro de las aulas, consideramos de extrema urgencia, exhortar al Ejecutivo federal mediante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que, dentro del programa Mejores Escuelas, implemente medidas inmediatas que permitan la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de sanitarios y bebederos, en las escuelas de la educación básica, con el objetivo de construir espacios sanitarios que satisfagan y atiendan las necesidades de la comunidad educativa.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, elabore, ejecute y evalúe dentro del programa Mejores Escuelas, políticas públicas eficaces que atiendan la infraestructura física en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sanitarios y bebederos en las escuelas de educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado nacional de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos a hacer pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado bipartito en caso de escasez o sequía; y a no firmar convenio alguno hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería su adopción, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Carmen López Segura, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días hemos visto en los medios de comunicación, tanto mexicanos como de Estados Unidos, que los gobiernos de estos dos países tienen la intención de firmar un acuerdo que modificaría las reglas sobre la manera de compartir el agua del río Colorado frente una posible sequía en sus estados occidentales.
Este acuerdo, de firmarse, le concedería a México el derecho de colocar algo del agua que le corresponde del río Colorado, en el Lago Mead, que va de Nevada a Arizona, para mejorar su capacidad de almacenaje.
De acuerdo con las notas periodísticas, México cedería algo de su cuota del río durante tiempos de escasez, como ya hacen algunos estados del oeste estadounidense, que acordaron la cantidad que entregarán en los años con poca agua.
Los organismos encargados del agua en California, Arizona y Nevada comprarán agua de México y, se dice, que nuestro país utilizará parte del dinero para mejorar la infraestructura hídrica de la zona.
De materializarse este acuerdo, representaría un cambio sustancial respecto al tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, firmado en 1944, el que, a la letra, dispone:
Artículo 10
De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México:
a) Un volumen garantizado de 1 mil 850 millones 234 mil metros cúbicos (1 millón 500 mil acres pies) cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este tratado.
Como se puede observar, el tratado le concede a México 1.5 millones de acres pies (poco más de mil 850 millones de metros cúbicos) del agua del río Colorado, que son vitales para Tijuana y otras ciudades del noroeste mexicano, ya que, con esa cantidad de agua, se abastecen más de tres millones de casas.
El nuevo convenio, de conformidad con las notas periodísticas, especifica ajustes para México y los estados participantes, es decir, México obtendría menos recursos si hay escasez y mayores si hay excedente.
Por lo menos dos estados, de los mayores consumidores del río Colorado ya firmaron el acuerdo: Arizona y Colorado, pero, faltan por firmar Utah, Wyoming, Nuevo México, Nevada, Colorado y México.
El río Colorado, que nace en el estado de Utah con el nombre de Green, atraviesa buena parte del territorio del oeste estadunidense hasta desembocar en Mexicali, Baja California y es la principal fuente de agua para el noroeste de México.
Ante la posible firma de este acuerdo que modificaría el Tratado de 1944, la sociedad bajacaliforniana se ha manifestado preocupada, puesto que la cantidad de agua que recibe del río es necesarísima para la vida en el estado.
Por lo anterior, el día de hoy proponemos exhortar al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos para que, de inmediato, haga pública la información referente a este posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México y a que no firme ningún acuerdo, hasta que el Congreso de la Unión conozca los perjuicios o beneficios que traería la firma de dicho acuerdo.
Por las razones vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos a que, de manera inmediata, haga pública la información referente al posible acuerdo que modificaría el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, en caso de escases o sequía; y, a que no firme ningún acuerdo hasta que el Congreso de la Unión conozca los posibles perjuicios o beneficios que traería la adopción de un acuerdo de esta naturaleza.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Estados Unidos de América y a la Legislatura de Nueva York a aprobar la ley de trabajadores agrícolas; y a los gobiernos federal y de Oaxaca, a realizar un reconocimiento y otorgar la condecoración Miguel Hidalgo a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV, VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la legislatura del estado de Nueva York para que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales –como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo–, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de los mismos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA) del estado de Nueva York. En términos de lo que establece el capitulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, que se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos, en grado de Collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria. En términos de la competencia del titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, esta honorable Cámara de Diputados solicita atentamente que pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana oaxaqueña y de origen mixteco Librada Paz Rojas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 14 de noviembre en una ceremonia en el edificio Rusell del Senado de Estados Unidos en Washington, DC, la activista mexicana y migrante oaxaqueña Librada Paz Rojas, del Ministerio Rural y Migrante de Nueva York (RMM), recibió el premio Robert F. Kennedy de los Derechos Humanos, en una ceremonia en el Senado.
Librada Paz es activista de la comunidad mexicana en Nueva York desde hace 20 años, y ha sido comparada con los líderes de los derechos de los trabajadores agrícolas, César Chávez y Dolores Huerta.
En el acto de ceremonia la presidenta del Centro Robert F. Kennedy, Kerry Kennedy, sostuvo que cuando Paz llegó a los 15 años a Estados Unidos, enfrentó la realidad de la industria agrícola estadounidense. La activista emergió como lideresa en un mundo donde el trabajo infantil es legal, el abuso sexual es rampante y no hay días de descanso, a lo que se suman represalias por organizarse en un sindicato.
El director de la organización Partners for Human Rights y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo que desde la década de 1930 se ha excluido a los agricultores de Nueva York de las protecciones que gozan otros trabajadores.
El galardón Robert F. Kennedy de los Derechos Humanos le fue otorgado a la migrante oaxaqueña, por su defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos hispanos y que, en ocasiones, trabajan en “pobres” condiciones. Ya que Paz ha liderado el movimiento en defensa de los derechos de los empleados de las granjas del estado de Nueva York durante 20 años y es miembro del Consejo del Ministerio Rural y de Migración del Oeste de Nueva York, una organización no lucrativa dedicada a la defensa de los trabajadores de este sector.
Al recibir la distinción esta mexicana de origen oaxaqueño dijo que “durante años ha luchado para que los empleados agrícolas se organicen y aboguen por el cambio”. Al emigrar a EEUU, a los 15 años desde México para, junto con sus hermanos, ser trabajadora agrícola en granjas de todo el país, se trasladaba de una zona a otra según la época del año y los ciclos de la cosecha.
Durante este tiempo, Paz aseguró haber sufrido “de las más duras” condiciones de trabajo e incluso haber sido “abusada sexualmente” en varias ocasiones por los granjeros que la contrataban. Esta situación la llevó a fundar en 1981 el Ministerio Rural y de Migración con el objetivo de defender los derechos de inmigrantes que, como ella, se encontraban desamparados en el sector agrícola.
Paz Rojas, quien originalmente planeaba estudiar un grado de ingeniería, terminó trabajando en las granjas de frutas y verduras en Nueva York, donde conoció de la “enorme discriminación” y “condiciones inhumanas” que continúan marcando la vida de los trabajadores agrícolas de ese estado. En sus declaraciones dijo “en el campo, no importa -ni su seguridad, ni sus pensamientos, ni su dignidad (...) a pesar de todo los trabajadores sufren una enorme discriminación, este se multiplica en particular para las mujeres. Esto es lo que significa cuando el sistema legal permite el abuso- cuando la justicia no tiene sentido”.
En Estados Unidos, casi el 75 por ciento de los trabajadores agrícolas son hispanos, más de la mitad de los cuales se cree que son indocumentados. Si bien las condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas de toda la Unión Americana siguen siendo difíciles y con frecuencia de cruel marginación, en condiciones casi esclavistas.
Según Paz Rojas, esto se debe a la legislación estatal de Nueva York, aprobada en 1932, que codificó la ley sobre la discriminación sistemática contra los trabajadores del campo en Nueva York, no ha sido suficiente por cómo los otros estados han extendido las protecciones a trabajadores agrícolas.
El Ministerio Rural Migrante, una organización no gubernamental de tres décadas, se ha centrado en los derechos de los trabajadores agrícolas en Nueva York por lo que se ha luchado por mejoras en las regulaciones sobre estos derechos, de conformidad con las normas americanas e internacionales.
Conocemos que el proyecto de ley Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA), está programado para ser debatida el próximo año. En el marco de esta batalla inconclusa, en la actualidad New York cuenta con trabajadores agrícolas que no pueden participar en la negociación colectiva, a la vez que carecen de muchas de las protecciones laborales que han llegado a ser casi universales en otros sectores y estados. Los trabajadores agrícolas no reciben pago de horas extras y con frecuencia trabajan por poco más de tres dólares por hora, y en muchos casos con el trabajo infantil, según se ha informado.
Kerry Kennedy, hija de Robert Kennedy, al otorgar esta presea, dijo que muchos trabajadores agrícolas en el estado están obligados a trabajar 95 horas a la semana, a menudo durante todo el día, vive en una vivienda minúscula, casi de hacinamiento, y pasan años sin recibir tiempo libre. A comienzos de noviembre, se informó que de dos docenas de mujeres trabajadores del campo con las que habría platicado, le informaron haber sufrido abusos sexuales de sus empleadores.
Si se aprueba, la FFLPA sería más fácil para dichas mujeres hacer los cargos correspondientes en contra de sus empleadores. Además, el proyecto de ley aseguraría que en Nueva York, a dichos trabajadores del campo, se les garanticen los derechos como gozan los demás trabajadores de ese Estado, la aplicación de un salario mínimo, jornadas de tiempo de trabajo y las garantías extraordinarias así como la indemnización de los trabajadores y seguros de invalidez.
En su 29ª edición el premio Robert F. Kennedy, durante décadas ha reconocido defensores de los derechos humanos de 26 países. Los derechos de trabajadores agrícolas fue el tema central de la labor de promoción de Robert Kennedy. La semana antes de su asesinato en 1968, Kennedy se reunió con Cesar Chávez, en una huelga de hambre del líder laboral en California que tuvo un impacto significativo sobre los derechos de los trabajadores agrícolas hispanos en los Estados Unidos.
Chávez canalizó gran parte de su trabajo a través de una organización llamada la Unión de Campesinos, que él cofundó en 1962, junto con la activista social Dolores Huerta. Librada Paz es comúnmente comparada con Chávez y Huerta; por ahora Paz está enfocada en aumentar el apoyo a la Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA), en la legislatura de Nueva York, que hemos citado.
En palabras de Paz, “esta legislación no está pidiendo mucho, sólo respeto y dignidad, pero es desde hace mucho tiempo -los que nos alimentan no deben ser tratados como esclavos-, los trabajadores de Nueva York necesitan tener esta legislación aprobada, para darles un cierto nivel de protección, lo que sería un gran primer paso”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la legislatura del estado de Nueva York para que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales –como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo–, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de los mismos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA) de estado de Nueva York.
Segundo: En términos de lo que establece el capitulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, para que se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos, en grado de Collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y sus servicios prestados a la humanidad de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria.
Tercero: En términos de la competencia del titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, esta honorable Cámara de Diputados solicita atentamente que pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana oaxaqueña, mixteca de origen, Librada Paz Rojas.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de dos mil doce.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incorporar al secretario de Turismo de Jalisco en los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Rafael González Reséndiz, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 10 de octubre, la Secretaría de Turismo instaló1 el Comité de Rutas Aéreas Turísticas, con el objeto de analizar las áreas de oportunidad y los retos de la industria turística nacional para fortalecer la conectividad aérea e impulsar las políticas públicas que permitan el desarrollo del sector turístico.
Entre otras responsabilidades, el Comité citado deberá identificar aquellas áreas de oportunidad y emitirá recomendaciones, sin carácter de vinculantes, a la Secretaría de Turismo (Sectur) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el propósito de impulsar y fortalecer las políticas públicas que incidan positivamente en el sano crecimiento y desarrollo del sector.
Para tal efecto, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la propia Secretaría del Ramo, realizaron un estudio2 de conectividad de los 42 principales destinos turísticos del país, a través de la empresa ICF SH&E, la consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo.
Del estudio de referencia, arroja que hoy en día se cuentan con la operación de 35 nuevas rutas nacionales y 13 nuevas rutas internacionales, las cuales seguramente vendrán a complementar la conectividad de nuestro país, ya sea en vuelos domésticos, ya sea en vuelos internacionales.
El Comité de Rutas Aéreas instalado, tiene prevista la entrada en operación de 10 nuevas rutas, 5 de ellas nacionales y 5 internacionales, para el invierno de 2012-2013; así como una nueva ruta nacional en negociación que entraría en operación en el mes de enero del 2013.
Valoramos este esfuerzo que realiza la presente administración, por incorporar nuevas rutas aéreas en el espacio aéreo mexicano, que seguramente vienen a reforzar la política en materia turística que señala el Plan Nacional de Desarrollo, así como el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 y en específico, el Acuerdo Nacional por el Turismo, en el que se establecen la necesidad de impulsar la conectividad para facilitar el tránsito de visitantes a nuestro país y generar el movimiento de la economía en dichos destinos.
No obstante lo anterior, el Comité de Rutas Aéreas motivo de esta proposición, se encuentra constituido sólo por los Secretarios de Turismo de los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí, así como el Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.
Además se encuentran integrados, los representantes de las Secretarías de Turismo, Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como un representante del Consejo de Promoción Turística de México y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, todos ellos servidores públicos que se encuentran seguramente comprometidos con la política turística del país.
Aún así, venimos a proponer que se incluya la participación del Secretario de Turismo de Jalisco, toda vez que los principales destinos turísticos que señala el estudio de conectividad que ordenaron el Consejo de Promoción Turística de México y la Secretaría de Turismo, arroja los siguientes datos duros:
• Guadalajara es el destino que más asientos semanales ofreció en el 2011, con casi 100 mil espacios, inmediatamente después de Cancún;
• En el 2011, Puerto Vallarta fue el tercer destino principal de playa, después de Cancún y San José en Los Cabos;
• Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún (en este orden de presentación), son los tres destinos que presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea;
• Guadalajara y Puerto Vallarta, son los primeros de un total de 42 destinos, que presentaron oportunidades aéreas con al menos una ruta en operación regular “Muy Probables”;
• Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán, son los tres destinos con mayor potencial de vuelos charters;
Es decir, aún cuando Guadalajara y Puerto Vallarta figuran como protagonistas de la atracción turística nacional y con ello, de la generación de economía y la captación de divisas, según se desprende del estudio que dio origen a la creación del Comité de Rutas Aéreas en cuestión, es de sorprender que en su integración no se incorpore a la autoridad turística de Jalisco.
Además de los destinos turísticos que representan Puerto Vallarta y Guadalajara, ya sea nacional o internacional, Jalisco ofrece una riqueza y diversidad cultural y turística al visitante de nuestro país o del extranjero, que busque el turismo en su diversidad.
En Jalisco el turista puede encontrar zonas arqueológicas y patrimonios culturales de la humanidad; descubrirá áreas naturales protegidas y vasos lacustres; así como la mayoría de las vegetaciones en el país, como bosques y playas, por supuesto.
Así las cosas, en virtud del estudio consultado, así como por los demás atractivos que ofrece Jalisco, es que creemos necesaria la integración de un representante de Jalisco, al Comité citado.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, a incorporar de manera permanente al secretario de Turismo del gobierno de Jalisco en los trabajos del Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País.
Notas
1 Secretaría de Turismo. (2012). Boletín Informativo 205/2012. “Instala Sectur el Comité de Rutas Aéreas Turísticas para Fortalecer la Conectividad del País”. Consultado el 30 de octubre de 2012 y recuperado de internet de http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/Boletin_205_
2 Servicio técnico especializado para la evaluación de conectividad aérea de 42 aeropuertos seleccionados. ICF SH & E. Consultado el 30 de octubre de 2012 y recuperado de internet en http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/6610/1/images/Estu dioConectividadAerea.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputado Rafael González Reséndiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer públicos por la Secretaría de Salud los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y a diseñar y aplicar políticas destinadas a combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México, a través de su destacada participación en la Cumbre del Milenio en el año 20001 , se comprometió al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM ) propuestos por la comunidad internacional para ser cumplidos y evaluados en el año 2015, encontrándose entre ellos el Objetivo 5; Mejorar la salud materna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.2 Hace también una distinción entre muerte materna directa que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una causa de muerte indirecta que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de reciente aparición.
Las principales causas de muerte materna son las infecciones bacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, sepsis durante el puerperio, embolismo del líquido amniótico y complicaciones de un aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o Sida.
La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud. La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un gran número de mujeres mexicanas, así como la desatención de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales, el fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad, es una tragedia en gran medida evitable.
Los mayores indicadores de mortalidad materna tienden a presentarse en países que también tienen altos índices de mortalidad infantil, lo que sería un reflejo del pobre cuidado médico y de la baja nutrición. Por ello, debemos reconocer que tenemos serios problemas y rezagos en lo que a la atención de la salud de las mujeres corresponde, además de las limitadas condiciones de vida y la extrema pobreza que enfrenta un gran número de ellas en la población rural.
Las mujeres de los países pobres tienen 300 por ciento más posibilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres de las naciones ricas, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Cada año fallecen más de 500 mil mujeres y niñas en todo el mundo durante la gestación o el alumbramiento, y 99 por ciento de esos casos se produce en el mundo en desarrollo.
Los países con las tasas más altas de mortalidad materna son Níger, Afganistán, Sierra Leona, Chad, Angola, Liberia y Somalia. Por ello, mientras que países como Egipto, China, Ecuador y Bolivia están logrando rápidos progresos para reducir las muertes maternas. Unicef recomienda que los sistemas de salud integren una atención continua en el hogar y la comunidad para dar seguimiento a los embarazos y prevenir sus complicaciones.
Entre las causas relacionadas con la muerte materna se encuentran:
• Problemas en el parto: 34.2 por ciento.
• Hipertensión: 23.2 por ciento.
• Hemorragias: 21.3 por ciento.
• Aborto inducido con 8.4 por ciento.
• Infecciones con 5.6 por ciento.
Otras enfermedades no propias del embarazo, pero que se agravan con éste son clasificadas como causas indirectas y constituyen 7.3 por ciento3 Debe mencionarse que mucha de la prevención y por tanto de la reducción de estas cifras depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud.
México ha logrado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna, pero no es de manera homogénea y aún observamos este problema de salud en la mayoría de los estados del sureste de nuestro país: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, México, Veracruz. Además persisten altos índices de analfabetismo, violencia creciente hacia las mujeres, y en particular hacia las niñas, y mujeres indígenas que padecen en sus comunidades, no sólo en el ámbito familiar, también en el institucional, patrimonial, escolar, etcétera.
Guerrero se coloca como la entidad con mayor incidencia, registró 21 muertes en ocho de sus 21 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH), lo que representa 35 por ciento de las defunciones maternas en el estado, destacando los municipios de Metlatónoc y Acatepec, con seis y cinco defunciones, respectivamente. En Oaxaca, de los 58 municipios identificados como población objetivo, 13 registraron muertes maternas para un total de19 defunciones, las que representan casi 28 por ciento de las defunciones maternas en el estado.
Debemos reconocer entonces que esta profunda marginalidad contribuye significativamente a dificultar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a nivel nacional. Por ello es importante sensibilizar sobre la importancia de lograr erradicar de nuestro suelo este problema de salud, con una mayor voluntad política y un aumento importante de recursos encaminados a la atención de este flagelo social en las zonas de mayor desprotección económica y social.
Resulta fundamental, el cuidado de la muerte materna como una prioridad de atención sanitaria, particularizando las necesidades de cada región, y tomando en cuenta su situación social, económica, étnica y cultural. Buscando además, elevar la calidad de los servicios de salud y su implementación en los lugares donde se requieran.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, ante la cercanía del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, elabore el diseño y aplicación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materna.
Notas
1. Nueva York, 6 – 8 de septiembre de 2000.
2. E. Gómez, “La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: viejos problemas y nuevos enfoques”, Serie Mujer y Desarrollo , CEPAL, Santiago de Chile.
3. Secretaría de Salud (SSA); “Estadísticas sobre Mortalidad”, en internet en: http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/estadisticas/estadisticas/mortal idad/mortalidad.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a organizar e instalar antes de este 1 de diciembre el consejo nacional de prestación de servicios para la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantil, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados Francisco Javier Fernández Clamont y Gerardo Xavier Hernández Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y III del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, para que los integrantes de dicho Consejo tengan voluntad para instalarlo antes del primero de diciembre.
Exposición de Motivos
El entorno social y económico en que participa la mujer en la vida económicamente activa en la actualidad, por su preparación, aspiraciones profesionales o por necesidad económica, las ha llevado a desempeñarse en labores y responsabilidades de diversa índole, esto ha generado que las guarderías en México sean una prestación social o un servicio asistencial que además de contribuir al fortalecimiento de la economía doméstica de las familias, es un mecanismo de apoyo para el empoderamiento de la mujer y sobre todo el crecimiento y desarrollo pleno de los menores.
A partir de los lamentables acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en junio de 2009, donde lamentablemente murieron 25 niñas y 24 niños, y 70 más resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas; se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, controle, supervise, evalúe y en su caso, sancione la operación de los Centros de Atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.
Tristemente, los menores de edad se encuentran en muchos peligros durante la infancia, principalmente por riesgos de quemaduras. De acuerdo con la Fundación Michou y Mau la tasa nacional promedio de quemaduras es 107.26 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un promedio anual de quemados en los últimos 5 años de 113 mil 531 pacientes. Desafortunadamente la población infantil constituye el riesgo más importante y latente ya que las posibilidades de perder la vida frente a un suceso de este tipo se incrementan en relación a una persona adulta, sin dejar de lado que pueden ocasionar lesiones severas que originen secuelas de invalidez, de discapacidad, estéticas y/o funcionales, lo que evidentemente causa un desajuste emocional, psicológico, social y en algunos casos hasta del tipo laboral, lo que repercute de manera directa en la calidad de vida de aquellas personas que lo han sufrido.
Los tratamientos y atenciones médicas relacionadas con las quemaduras, generalmente son costosos y largos, lo que impide en la gran mayoría de los casos que los afectados cuenten con las herramientas económicas y sociales e inclusive personales para atenderse de una manera integral.
Según lo ha reconocido la propia Secretaría de Salud, anualmente en México, 130 mil niños sufren de algún tipo de quemadura y esta se presenta en las familias más pobres de nuestro país, situación que debilita la posibilidad de enfrentar el largo y costoso tratamiento.
La Ley General de Prestación para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, establece las medidas precautorias que deben seguirse para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños.
Las políticas a seguir en relación a la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil a fin de garantizar el interés superior del menor, el cual ha sido definido no sólo como el derecho irrestricto de los padres para educar y guiar al menor, sino como un interés público debe ser jurídicamente protegido con base en los principios de igualdad, protección efectiva, autonomía entre otros, los cuales permitan el pleno reconocimiento de los derechos dentro de la legalidad.
Es importante resaltar que el Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con gran retraso hasta el día 22 de agosto de este año, es decir, 10 meses de después de publicada dicha Ley.
Por otra parte, el Artículo 21 fracción II de dicha Ley establece que es competencia del Ejecutivo federal organizar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil así como el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, hasta hoy la instalación del Consejo sigue pendiente.
Con ello, es notable que el Ejecutivo actual demuestra su insensibilidad ante el desastre ocurrido y más grave aún que no existan funcionarios responsables que estén tras las rejas.
Este Consejo tiene como atribuciones el formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños.
El artículo 33 de la Ley establece que el Consejo deberá reunirse por lo menos cuatro veces al año así como en sesiones extraordinarias que merezcan atención inmediata, pero también señala que deberá entregar al H. Congreso de la Unión un informe semestral o bien alguno de sus integrantes acudirá a comparecer.
Por tanto, cuando menos este Congreso debió haber recibido dos informes que permita conocer cuál es el Programa Nacional de Prestación de Servicios, así como un Registro Nacional de prestadores de Servicios, un base de datos de los infantes y las condiciones de seguridad que guardan los Centros de Atención del país.
Por lo que hacemos un llamado para que el titular del Poder Ejecutivo federal organice e instale de manera inmediata este Consejo y que antes de que los titulares de Despacho que lo integran muestren su disposición y atiendan el llamado respetuoso que se hace desde este órgano legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de la respectiva ley.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social; del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de Instituto Mexicano del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y un representante del sector obrero y otro del sector empresarial, que lo serán los representantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que antes del 01 de diciembre tengan voluntad para instalar el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de noviembre de 2012.
Diputados: Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica); Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las instituciones competentes una estrategia nacional orientada a detener el alza de la canasta básica y garantizar con ello que las familias mexicanas no sean afectadas en el cierre del año y la “cuesta de enero”, a cargo de la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI
María Leticia Mendoza Curiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Ejecutivo federal a implantar un plan urgente que detenga las alzas de la canasta básica alimentaria y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores; y a la Cámara de Senadores, a aprobar la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
Exposición de Motivos
El derecho a la alimentación forma parte de los temas fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y, a su vez, interpretado en los Objetivos del Milenio 2015 como un derecho vital que debe garantizar una vida física y mental satisfactoria. El propio Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha sostenido que
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer y niño, solo o en comunidad con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o los medios para obtenerla. El derecho a una alimentación adecuada no debe por tanto interpretarse en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare con un conjunto de calorías, proteínas y otros nutrientes específicos.
Además, dicho organismo no sólo se limita a expresar el derecho universal de la alimentación sino que se extiende a la obligación del Estado en la implementación de políticas orientadas a garantizar ese derecho de manera que
Los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otro tipo.
En la visita realizada a México por el relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en junio de 2011 se resaltó la preocupación por los niveles de pobreza alimentaria publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas cifras indican que en 2010 de los 52 millones de personas identificadas en situación de pobreza, 28 millones, es decir 24.9 por ciento de la población total, tenían acceso insuficiente a los alimentos. En este reporte, se hace énfasis en la población rural, indígena, infantil, mujeres y de la tercera edad como las más vulnerable a este deterioro alimentario.
Lo anterior deja fuera de duda que el derecho a la alimentación establecido en los preceptos constitucionales 1o., 2o. B, fracciones III y VIII, 4o. y 27 es y será responsabilidad irrestricta del Estado. Así, esta garantía relativa a la seguridad alimentaria debe plasmarse no sólo en las políticas públicas básicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sino que, en situaciones urgentes, se deben tomar las medidas de política adecuadas para que este derecho no se vea amenazado por situaciones coyunturales.
En 2006, el pleno de la Cámara de Diputados avaló por 328 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, el Dictamen por el que se expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional cuyo propósito fundamental es vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación con las necesidades de la capacidad productiva y la disminución de la dependencia agroalimentaria.
En este tenor, y considerando que el trabajo parlamentario realizado por la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, ya vislumbraba una posible crisis alimentaria derivada de una preocupante oleada de incrementos en los precios de diferentes productos de la canasta básica en los últimos años, en especial de los alimentos como el maíz, frijol, papa, tomate, aceite, arroz, tortilla, harina de trigo y el huevo; se resalta el peligroso acercamiento a una inminente crisis alimentaria debido al permanente incremento en los precios de la canasta básica alimentaria, y de manera paralela, apenas marginales incrementos salariales que, en conjunto, han originado una caída estrepitosa del poder adquisitivo de los mexicanos.
Las cifras a este respecto son reveladoras: de febrero de 2011 al mismo periodo de 2012, los precios de los productos de la canasta básica se incrementaron en promedio 8 por ciento, que contrasta con el aumento del salario mínimo general vigente que fue de 4.2 por ciento.
Tan sólo de mayo a junio del presente año, la inflación anualizada en México observó un incremento de 0.5 por ciento, pues pasó de 3.8 a 4.3 por ciento, esto es 12 por ciento mayor que el mes anterior, debido principalmente a las alzas del tomate, la tortilla, la manzana y la naranja, entre otros. En 2012, los salarios aumentaron alrededor de 5 por ciento; es decir, tuvieron un vínculo directo con la inflación por décimo año consecutivo, lo que según expertos ha traído como consecuencia un deterioro de la capacidad adquisitiva de los hogares, pues el precio de ciertos productos básicos, como el jitomate y la tortilla, subieron en mayor proporción, lo que impide a más de la mitad de los mexicanos satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, como se muestra enseguida:
Variación porcentual del salario mínimo real respecto a 2000 (pesos diarios constantes)
Año Salario mínimo Variación porcentual general de la zona A respecto a 2000
Año Salario mínimo Variación porcentualgeneral de la zona A respecto a 2000
2000 64.05 --
2001 62.58 -2.30
2002 62.62 -2.23
2003 61.35 -4.22
2004 61.15 -4.53
2005 60.14 -6.10
2006 60.53 -5.50
2007 60.44 -5.64
2008 60.58 -5.42
2009 59.25 -7.49
2010 59.99 -6.34
2011 59.82 -6.60
Fuente: Elaborado con base en información del salario mínimo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Lo anterior refleja que el Estado mexicano no está garantizando el derecho de los mexicanos a la alimentación, establecido en el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Según la Organización Internacional del Trabajo, los sueldos reales en México han aumentado a un ritmo de 0.4 por ciento desde 2005, lo que ha limitado su capacidad adquisitiva respecto a otros países como Brasil, donde el aumento fue de 3.4 por ciento en el mismo periodo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que los hogares mexicanos ya cuentan con dos proveedores de ingreso, mientras que hace 2 décadas sólo contaban con uno; no obstante ello, la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de fecha 19 de julio de 2012, afirma que cerca de la mitad de la población mexicana considera difícil vivir con su salario. Sin contar que en muchos de los casos, la Mujer desempeña un rol de madre y jefa de familia.
En 2012, son necesarios hasta tres salarios mínimos para tener la capacidad adquisitiva que un solo salario mínimo aportaba a una familia mexicana en 1970, lo que refleja una erosión de la capacidad de compra de las familias, tomando en cuenta que un salario mínimo representa ingresos familiares por mil 870 pesos mensuales, que no alcanza para garantizar la alimentación básica de una familia mexicana compuesta de por lo menos 3 integrantes; mucho menos pensar en servicios de salud, educación y mucho menos en la adquisición de una vivienda digna.
El desfase que se presenta entre el incremento del salario mínimo y el alza a los productos de la canasta básica ha ocasionado que, si en 2006 la canasta básica costaba 812 pesos, en 2012 alcanzó un precio de mil 326 pesos; es decir, aumentó 514 pesos, 61.2 por ciento más que en 2006 y 10 por ciento anual en lo que va de esta administración. Así, entre diciembre de 2006 y junio de 2012, con base en un sueldo promedio de 54 pesos diarios, se ha pasado de necesitar 134 horas de trabajo a 193 para poder adquirir los productos de la canasta básica, según el INPC.
Entre los productos cuyo precio se ha comportado de forma más vulnerable en los últimos años se encuentran los energéticos, como luz, gas y gasolina, así como la harina de maíz, las frutas y las verduras, sobre todo el jitomate, cuyo precio ponderado es el segundo en importancia dentro de la canasta básica en los últimos 6 años, sólo por detrás de la electricidad, que aumentó su precio en 27 por ciento tan sólo en junio de 2012; y hasta en 80 por ciento otros productos básicos como el huevo y la tortilla, en los últimos 6 años.
De diciembre de 2006 a agosto de 2012, los precios de maíz, frijol y arroz crecieron entre 65 y 100 por ciento y alubia y lenteja aumentó entre 115 y 119 por ciento, en tanto que el salario promedio mínimo vigente se incrementó sólo 28.59 por ciento en el mismo periodo. Los precios de los alimentos se incrementaron en 9 por ciento anual, debido a los mayores costos de los productos agropecuarios como carne, huevo, granos básicos y sus derivados, como resultado de la elevada volatilidad en los mercados internacionales; incremento de las importaciones y caída de la productividad, entre otros (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, agosto de 2012).
En el siguiente cuadro se muestra el comparativo de los precios de leguminosas de granos y algunos derivados de granos de 2006 vs 2012 con los salarios medido en términos nominales y reales durante el mismo periodo:
Precios promedio de leguminosas de granos y algunos derivados de granos, diciembre 2006 vs. julio 2012(Precios corrientes y constantes por kilo)
1 SMG: Salario mínimo general promedio nacional.
2 Corresponde al salario mínimo general promedio nacional y se obtuvo con el deflactor del índice nacional de precios al consumidor, base segunda quincena de diciembre de 2010.
Fuente: CEFP, Inegi, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a las autoridades competentes a implantar una estrategia nacional de “carácter urgente” orientada a detener el alza de la canasta básica alimentaria, garantizando con ello que las familias mexicanas no se vean afectadas en el cierre de año y la denominada “cuesta de enero”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
Diputada María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP y de la SRE a garantizar la reapertura y operación normal de la garita San Ysidro-Tijuana, en Baja California, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La garita de San Ysidro constituyó el punto de acceso más transitado entre México y Estados Unidos, se sitúa en Tijuana y cuenta con 24 puertas para el traslado entre las naciones de turistas, trabajadores transfronterizos y bienes, sirviendo así a una zona conurbada entre Tijuana y San Diego, Estados Unidos, cuya población se calcula alrededor de los 4.9 millones de habitantes.
A pesar del gran flujo de personas que concurrían en la garita de San Ysidro, conocida como “Puerta México” esta se cerró el mes de noviembre, quedando la posibilidad de habilitarla únicamente para contingencias, lo que para los pobladores de ambos lados de la frontera representa un problema delicado que debe ser tratado de forma prioritaria por el gobierno federal.
De persistir el cierre de la Puerta México y la disminución de puntos de acceso que esto implica aunado a los ineficientes procesos de revisión se está generando un impacto negativo en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada ocasionada la gran pérdida de tiempo, el tráfico desordenado y la disminución de las actividades turísticas.
La preocupación por esta situación no es nueva, tanto la Cámara Nacional del Comercio como el Consejo Coordinador Empresarial han manifestado su profundo desacuerdo con las medidas emprendidas y los sectores productivos bajacalifornianos se encuentran a la expectativa ante el cierre, pues es cada vez más evidente que las repercusiones económicas en la región no se harán esperar.
El incremento del comercio bilateral en la frontera provoca que uno de los temas inaplazables a resolver sean los tiempos de espera y el caos peatonal y vial, situación que se ha convertido en un inhibidor del desarrollo económico, y que seguramente se agravará ante las medidas emprendidas por el gobierno federal, con pérdidas económicas en constante ascenso para la región de Baja California.
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 de Baja California establece como prioridad resolver los tiempos de espera por los cruces fronterizos con Estados Unidos; coordinándose con las autoridades estadounidenses para lograr una solución integral y de largo plazo, situación que, evidentemente, no se ha materializado.
La frontera bajacaliforniana no está en condiciones actualmente para recibir el tráfico vehicular desde Estados Unidos por la garita “El Chaparral”, y mucho menos en forma ágil y segura.
Tanto Estados Unidos, cuyo proyecto de conexión con la garita en cuestión aún tiene pendiente la tercera fase, como Tijuana carecen de la infraestructura adecuada para recibir de forma directa, adecuada y eficiente por “El Chaparral” el flujo vehicular desde el país del norte.
Se han registrado líneas de automóviles hasta de hasta cinco kilómetros para ingresar a México, con un tiempo de espera que excede las dos horas, de la misma forma las revisiones a los automóviles se han hechos más extensas y en mayor cantidad.
Sólo atendiendo efectivamente el problema del flujo binacional, de forma integral y responsable, se podrá dar resolver el menoscabo económico tan preocupante, al que se enfrenta Baja California.
Por las razones vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, para que garanticen la reapertura de la garita “San Ysidro-Tijuana” en Baja California, así como su operación normal, independientemente de que el punto fronterizo de “El Chaparral” siga operando regularmente.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 28 de noviembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
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