Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3653-IV, martes 27 de noviembre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proteger por la SE y la Sagarpa la producción nacional de maíz blanco y apoyar a los productores mexicanos, a cargo de la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los productores de maíz blanco, atraviesan por una grave crisis tanto en la producción como en la comercialización del grano. Cabe mencionar que en estos momentos se encuentran en la etapa de recolección y no cuentan con un precio de garantía que permita solventar los costos y desarrollar al sector.
En los últimos 12 años, el problema se ha agudizado, particularmente porque:
• Al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual al de maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal, sin embargo el precio se ha tasado igual.
• Las importaciones han propiciado la caída de la producción nacional, teniendo como resultado cuantiosas pérdidas para los productores mexicanos y pobreza para sus familias.
• El maíz que se importa es transgénico, lo cual atenta contra la salud de los mexicanos.
• La soberanía alimentaria del país se encuentra seriamente amenazada, sobre todo si consideramos que el maíz es el principal producto de la dieta de las familias mexicanas.
Bajo el anterior orden de ideas, es importante recordar que el 2 de agosto del presente año, mediante un boletín del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se dio a conocer el volumen diario de exportaciones de granos.1 Dicha entidad informó que exportadores privados reportaron ventas por un volumen de 982 mil 980 toneladas para entregar a México en el ciclo 2012-2013, y 533 mil 400 para el periodo 2013-2014. Transacción que se señaló como la mayor compra del grano efectuada a los Estados Unidos desde finales de la década de los 80, a pesar de que el precio internacional del maíz mantiene fuertes presiones al alza debido al pronóstico de sequía en el vecino país del norte.
No obstante los señalamientos por parte de Sagarpa, en el sentido de que al tratarse de maíz amarillo destinado al sector pecuario, la compra no afectará el mercado nacional, porque lo que están haciendo las empresas es “una planeación adecuada” que evita las compras de pánico, es clara la omisión de los resultados que la compra tendrá sobre los productores nacionales, sobre los precios y la afectación al gasto de las familias.
Resulta evidente que al tener diversas aplicaciones como forraje y materia prima para la industria, el alza del precio del maíz amarillo generará incrementos en diversos productos como la leche, el cerdo, los embutidos, el chocolate en polvo, los caramelos que contienen glucosa, atoles, alimentos infantiles, cerveza, etcétera.
Aunado a lo anterior, es menester considerar que del 34% de los ingresos familiares que se gastan en alimentos y bebidas, el 71% se destina a productos elaborados con maíz, lo cual, fue expuesto con toda puntualidad durante la última Comisión Permanente la Legislatura pasada.
Por otro lado, es necesario aclarar que México produce aproximadamente 21 millones de toneladas de maíz blanco y ha importado 11 millones de toneladas. Siendo un país deficitario, resulta inconcebible que el maíz nacional no se venda.
Reiteradamente los productores nacionales de maíz blanco han expresado sus demandas sin que se les haya escuchado. En abril de este año informaron cabalmente a la Sagarpa sobre las condiciones de mercado que prevalecieron en su zona de producción, destacando los incumplimientos de contratos de compra entre productores e industriales de la masa y la tortilla, manifestando incertidumbre en el precio del producto así como la predecible especulación de la industria, debido a la escases del grano y las importaciones por un millón 800 mil toneladas de maíz transgénico proveniente de Sudáfrica, distorsionando el mercado nacional, sin costo de arancel, precisamente en plena temporada de recolección del grano mexicano.
Posteriormente en mayo de este año, los productores acudieron a la Secretaría de Economía, a efecto de manifestar nuevamente sus demandas, en representación de un millar de familias que dependen de estos ingresos para manifestar la inconformidad por la compra del maíz transgénico y obtener apoyos para la comercialización del producto, ya que para esa fecha el precio había bajado considerablemente, complicando aún más la economía familiar y afectando el oportuno pago de créditos.
Ante esta situación, es evidente que resulta oportuno exigir a la Secretaría de Economía el cabal cumplimiento de sus atribuciones, particularmente, en lo que respecta en las funciones participar en el aseguramiento de bienes de consumo básico para la población; y evitar el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el encarecimiento de productos y servicios.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente Proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se restablezca el esquema de agricultura por contrato, a efecto de proteger a los productores mexicanos de maíz blanco.
Segundo. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el pago del maíz blanco se realice a precio de indiferencia internacional más las bases que se establezcan para el grano, la cual ha sido históricamente mayor que la del maíz amarillo debido a sus propiedades y a que su destino es el consumo humano.
Tercero. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a mantener una vigilancia estricta sobre las importaciones de maíz, evitar prácticas especulativas, diversificar las fuentes de producción y abastecimiento, así como a retribuir el diferencial del precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando así su costo de producción.
Nota
1 http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0 121-12
Dado en el Palacio Legislativo, el 22 de noviembre de 2012.
Diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano hoy es sinónimo de pobreza, de migración, inseguridad y presenta un déficit importante en materia agroalimentaria.
México desde hace décadas se le ha caracterizado como un país con insuficiencia en la producción de alimentos básicos, pese a que se encuentra ubicado geográficamente en las mejores condiciones del continente americano, donde países vecinos por el norte con Estados Unidos de Norteamérica; y en el sur Argentina y Brasil se les ha considerado grandes productores de granos básicos en el continente.
Además México cuenta con regiones que tienen abundantes recursos naturales como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad, para que pueda ser gran productor y proveedor de alimentos a su población.
Sin embargo, las políticas públicas aplicadas fueron insuficientes y mal dirigidas, provocando con ello que a mediano plazo las importaciones del grano del maíz no disminuyeran como sería su propósito, sino que por el contrario, de 2004 a 2012 las importaciones de este grano se han visto incrementadas en un 360 por ciento.
Lo anterior da como resultado una crisis agrícola que financia parte de la industrialización y el desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor. Pero, sobre todo, es el resultado final de las políticas agrícolas neoliberales que buscan deliberadamente subordinar a la agricultura mexicana principalmente a los intereses de la agricultura estadounidense aplicadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Es por ello que debe retomarse con seriedad y oportunidad, la implementación de verdaderas políticas públicas, que protejan a los productores nacionales haciéndolos más competitivos, pero sobre todo privilegiar las acciones que involucren la comercialización de productos del campo.
Hoy una vez más como ocurre año con año, enfrentamos la problemática de la comercialización de la producción del maíz del ciclo primavera-verano 2012, debido a los altos volúmenes de importación que saturan el mercado justo en la época de cosecha, provocando pérdidas a los productores quienes ante esta situación se ven obligados a comercializar a bajos precios su grano con intermediarios y las grandes industrias transnacionales, por no existir un contrato de compra-venta o cobertura de precios futuros, ocasionando un fuerte deterioro económico a los productores de éste cultivo.
Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo al cual nos sumamos, presentado el 27 de septiembre del año en curso a esta honorable asamblea por el diputado Alfonso Inzunza Montoya y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y, en su caso, rediseñen los programas en favor del campo, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes al sector agropecuario, especialmente a Sagarpa, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, a acordar de inmediato acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, que inició a partir de este mes de noviembre, y no sólo de los productores que trabajan con esquemas de financiamiento, sino de todos aquellos productores libres que están fuera de este esquema y que representan el 80 por ciento. Asimismo que se ajusten los programas que se tengan con este propósito y se rediseñen las reglas de operación correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.
En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado.
Entre los múltiples casos de corrupción destaca el endeudamiento constante de las entidades federativas. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.
Como consecuencia, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles. Al primer trimestre del 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco en 19.3 por ciento; Jalisco en 9.9 por ciento; Chiapas en 6.1 por ciento; Morelos en 5.6 por ciento y Yucatán con 3.4 por ciento, entre otros.
De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 70.2 a 390 mil 777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo 3 años.
Analizando estas cifras nos damos cuenta que podría señalarse al sexenio 2006-2012 como la administración del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios.
El problema es que dicho endeudamiento no parece terminar. Apenas en septiembre del presente año el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, cuando le faltaban tres meses para terminar su gestión.
Hoy nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha solicitado al Congreso del estado, a 48 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos.
Resulta indignante este suceso debido a que la cantidad que se pretende obtener supera en sí misma a la deuda actual del estado, la cual es de 3 mil 450 millones de pesos.
Tal parece que el propósito del gobernador no es tan sólo el rezago de Tabasco en sus seis años de mandato, sino la imposibilidad de implementar medidas efectivas de crecimiento económico a la administración entrante, debido a la alarmante cantidad de pasivos que dejaría dicho préstamo.
Las razones que se utilizan para la solicitud de la deuda resultan contradictorias y absurdas. Se ha argumentado que entre los principales objetivos de la misma se encuentran la infraestructura y la seguridad. ¿Qué acciones destinadas a estos rubros pueden implicar el gasto de más de 4 mil millones de pesos en un mes?
Asimismo, se ha sustentado la petición del préstamo con el fin de la reestructuración de pagos de créditos a corto plazo que fueron contraídos con anterioridad, utilizando un esquema de pago a 20 años.
Los recursos que las entidades federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande sería el impacto de atar por 20 años los ingresos de Tabasco en el ritmo de crecimiento del estado? Resulta evidente que es necesario que el Congreso local rechace esta propuesta.
La razón por la que los estados han llegado a una situación insostenible surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel.
El Congreso de Tabasco está a tiempo de romper con este vicio y demostrar que no es un estado más en el que el control hegemónico del gobernador es innegable.
Sólo así las deudas contraídas dejarán de reflejar demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.
Sólo así se podrá garantizar un crecimiento para Tabasco en los próximos seis años, de no hacerlo se estarían limitando las posibilidades económicas del estado aún antes de empezar el gobierno entrante.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, a etiquetar y transparentar todos y cada uno de los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, y se evite cualquier posible malversación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto La Ensenada, de la isla Holbox, en el área natural protegida Yum Balam, de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y a aprobar y publicar el programa de manejo correspondiente a ésta, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La diputada Luisa María Alcalde Luján, así como los suscritos, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Concepción Navarrete Vital, José Pilar Moreno Montoya, María Isabel Ortiz Mantilla, Cristina Olvera Barrios, Claudia Elena Águila Torres, Graciela Saldaña Fraire, Ricardo Astudillo Suárez, Ossiel Omar Niaves López, Gabriel Gómez Michel, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La isla de Holbox, situada dentro del área natural protegida Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, constituye una extensión de los ecosistemas selváticos y humedales de la reserva de la biosfera Río Lagartos. Presenta ecotonos y ecosistemas con una gran biodiversidad neotropical con especies endémicas, raras y en peligro de extinción.1
Los ecosistemas de Yum Balam se encuentran en condiciones poco alteradas que conservan su naturalidad y tipicidad, existiendo diversidad de aves tanto residentes como migratorias, y de casi todos los mamíferos neotropicales, así como anfibios, reptiles y plantas endémicas.2
La amplísima gama de especies de flora y fauna con las que cuenta Holbox incluye el echinodorus, K’ulin che’, la palma real, el chiit, el guayacán, la tortuga mojina; boa constrictor, tortuga marina carey, tortuga blanca, bejuquilla verde, geco enano ocelado, iguana espinosa rayada, tortuga casquito, lagartija escamosa de Cozumel, cantil enjaquimado, mapache, aguililla negra menor, gavilán pollero, gavilán pescador, diferentes especies de garzas, hohob, halcón peregrino, golondrinas de mar, flamencos americanos, vireos mangleros, y por supuesto, los mamíferos marinos cómo el manatí, tres especies de delfines y el majestuoso pez mas grande del mundo, el tiburón ballena.
La isla tiene alrededor de 2 mil habitantes que se dedican a la pesca y al turismo sustentable. Tiene tan sólo 42 kilómetros de largo y 2 de ancho, que ofrecen 36 kilómetros de playas prístinas de arena blanca y coralina, manglares y lagunas, un ecosistema único que a menudo es mejor descrito por quien lo conoce como un paraíso.
Es por ello que el 6 de junio de 1994 por decreto presidencial, se declaró como área natural protegida (ANP), con carácter de área de protección de flora y fauna a la región de Yum Balam, donde se encuentra por supuesto Holbox.
Sin embargo, a pesar de ser ANP de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y por supuesto de representar parte del patrimonio natural de la nación, existe actualmente un proyecto de desarrollo turístico en la isla llamado “La Ensenada”.
El proyecto La Ensenada, con clave 23QR2012TD073, a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, planea construir 875 villas y condominios, 195 cuartos en tres hoteles, seis lotes de preservación y una unidad turística de tres niveles que tendrá plazas, oficinas y aproximadamente 3 mil metros cuadrados de áreas comerciales al menudeo, sumando un total de 2 mil 450 cuartos. Se construirán viviendas y servicios para trabajadores, además de que contará con carreteras, helipuerto, canales y un puerto marítimo, entre otras obras.
El desarrollo turístico-inmobiliario, así como su operación, tendría serias consecuencias en la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas de Holbox, traería consigo impactos ambientales negativos como
I. Un alto nivel de deterioro del suelo;
II. Perturbación severa de la vida silvestre;
III. Sobreexplotación de los recursos naturales;
IV. Procesos de desertificación acelerada y erosión; y
V. Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.3
Las obras de construcción y las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones desencadenarían indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos, así como impactos acumulativos ecológicos, sociales y en materia de salud.4
Considerando los escenarios prevalecientes en la zona y las condiciones actuales del predio que ocuparía el desarrollo, se prevé que La Ensenada conllevaría una alteración grave e irreversible del equilibrio ecológico de la zona. Entre muchas otras cosas, porque
• Se realizará el dragado de un canal, que presumiblemente podría modificar el flujo hídrico alterando a los elementos de mangle presente en el estero.5
• En la temporada de lluvias donde el agua pluvial se contaminará con las aguas grises, podría migrar al manto freático en zonas con ausencia de revestimiento.6
• El área donde pretende desarrollarse La Ensenada se localiza dentro de un humedal prioritario; el más importante de la península de Yucatán.7
• El nuevo núcleo urbano tendrá un promedio de habitantes –sin contar los trabajadores– de 3 mil 838 personas, siendo que la isla cuenta con tan solo 1,486 habitantes fijos, además se estima una población flotante de hasta 10 mil personas. Aún considerando esta población flotante que perturbaría gravemente el medio ambiente, el proyecto la pretende incrementar en una primera etapa en un 40 por ciento.8
Por supuesto, nada de lo anterior se establece en la manifestación de impacto ambiental (MIA) número MIA-23QR2012TD073, que la empresa presentó ante la Semarnat como requisito para la autorización del proyecto, en la que las estimaciones de manglar ni siquiera corresponden a las existencias de manglar actuales según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.9
Los muchos estudios que sobre el tema han realizado organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad o la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente prueban contundentemente que otorgar la autorización del proyecto representaría además de todo lo ya dicho, serias violaciones a los tratados internacionales ratificados por México; principalmente Ramsar y la Convención sobre la Diversidad Biológica.11
Por otro lado el artículo 65 de la LGEEPA señala que la Semarnat deberá formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas. Sin embargo, a la fecha, el ANP Yum Balam no cuenta con un programa de manejo a pesar de que han transcurrido más de 18 años.
En noviembre de 2011 se presentó el último borrador aprobado por la comunidad de la zona. En la reunión pública del proyecto La Ensenada, efectuada el pasado 7 de noviembre del año en curso, el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se comprometió en nombre de la comisión a publicar lo antes posible dicho programa, lo que entre otras cosas establecería las reglas prohibiciones necesarias para proteger el ANP de Yum Balam y la isla Holbox.
Por último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con la ley, tiene como plazo hasta el 30 de noviembre para resolver respecto a la autorización del proyecto.
En virtud de la enorme trascendencia para la protección y desarrollo ecológico de la zona, es que los diputados y diputadas de los partidos políticos aquí representados presentamos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a negar la autorización del proyecto La Ensenada, con clave 23QR2012TD073, en virtud de que no es viable pues no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional , pondría en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo Mac Donald, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el programa de manejo para el área natural protegida de Yum Balam.
Notas
1 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1994, por el que se declara como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Yum Balam, situada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo (anexo 1).
2 Ibídem.
3 Información obtenida del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, del 29 de octubre de 2012 (anexo 2).
4 Ibídem.
5 Información obtenida de la Organización Greenpeace México en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, de octubre de 2012 (anexo 3).
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Información obtenida de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, de octubre de 2012 (anexo 4).
10 Al respecto, conviene consultar la extensa investigación que realizó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sustentada por imágenes satelitales y aéreas tomadas de la zona, donde delimitan las zonas de construcción y manglar.
11 Información obtenida de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente en la respuesta a la consulta pública sobre el proyecto La Ensenada, del 30 de octubre de 2012 (anexo 5).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputados: Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, María Concepción Navarrete Vital, José Pilar Moreno Montoya, María Isabel Ortiz Mantilla, Cristina Olvera Barrios, Claudia Elena Águila Torres, Graciela Saldaña Fraire, Ricardo Astudillo Suárez, Ossiel Omar Niaves López, Gabriel Gómez Michel, José Luis Esquivel Zalpa, Juan Manuel Fócil Pérez.
Con punto de acuerdo, relativo a la concesión del tramo de la autopista Armería-Manzanillo y las obras de ampliación de la carretera libre Manzanillo-Armería, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Francisco Alberto Zepeda González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los últimos cincuenta años, ya que han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país.
En México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos. Esta red está operada en México por Caminos y Puentes Federales, organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas de México. Además, operar una red propia de carreteras y también ha concesionado otros tramos carreteros a particulares.
El reporte anual del año 2011 de Promotora y Operadora de Infraestructura, establece que el 9 de noviembre de 1990, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, otorgó a PAPSA una concesión para la construcción, operación y mantenimiento de una autopista de cuota de cuatro carriles de asfalto, con una longitud de 47 km, que enlaza a las ciudades de Colima y Manzanillo (la “Concesión para la Autopista Armería-Manzanillo”). Cuyos términos se han renegociado con el Gobierno Federal, venciendo el 8 de noviembre del año 2020.
En enero del año 2011, justificando la empresa PAPSA un juicio interpuesto en relación con la Concesión de la Autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, le transfirió a PAPSA una ampliación de la concesión por 30 años más, al tramo carretero de la autopista Armería-Manzanillo, del Estado de Colima, venciendo este último en año 2050.
En este tramo carretero se encuentra uno de los polos de desarrollo más impórtate del país, el Puerto de Manzanillo, que hoy en día es considerado el puerto más importante en movimiento de carga contenerizada, moviendo un promedio 2 millones de TEUS, con una proyección generada, por la ampliación de la zona norte de dicho puerto para el año 2016, de 4 millones de TEUS y con la declaratoria del nuevo puerto de Manzanillo, ubicado en el Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, en donde se proyectan 50 posiciones de atraque más, lo que generaría más movilidad tanto de tránsito pesado como de ligero.
Por este puerto se importan una gran cantidad de mercancías al país y también se exportan una gran gama de productos generados en nuestro territorio nacional, la movilidad de los sectores productivos sociales se ven seriamente afectados por los altos costos que representa el peaje por este tramo carretero, que oscila entre un vehículo compacto y en camión doble remolque entre $114.00 y $600.00.
Una gran expectativa de ser competitivo en la región y en el país, se ha generado esperando el termino de concesión de esta autopista, para que sea recuperada por el gobierno y puedan bajar los costos de peaje, ya que los ingresos que reporta la empresa concesionaria, de acuerdo al aforo aproximado que tienen, es de alrededor de los 600 millones de pesos al año y un gasto mínimo de operación y mantenimiento, ya que la única obra que se ha hecho desde su construcción es un puente de retorno a la altura del km 12 y fue pagado por el Gobierno Federal a través de la SCT.
El costo promedio de todo tipo de unidad que cubre el peaje, representa un costo excesivo de $7.6 pesos por kilometro de seudo autopista.
Cabe mencionar que, desde la construcción hasta el día de hoy, la autopista no ha sido terminada de acuerdo a lo que establece la norma, ya que aún existe un tramo específicamente en el puente de Tepalcates que no ha sido culminado en su totalidad como debe de ser a cuatro carriles.
Se está ampliando la concesión de la autopista Armería-Manzanillo, como consecuencia de un juicio interpuesto por PAPSA, relacionado con la concesión de la Autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, otorgándole 30 años más del manejo de la autopista del Estado de Colima.
No se justifica la ampliación de la concesión, porque no hay un proyecto de inversión de nueva infraestructura en el tramo carretero en comento y el mantenimiento es de bajo costo, en proporción a lo que percibe la empresa concesionaria por el pago de peaje.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez- Jácome Friscione, a que se aplique a resarcir los daños ocasionados a todos los sectores productivos y sociales del país, la región, el Estado y los municipios aledaños, con la ampliación de la concesión del tramo carretero de la Autopista Armería–Manzanillo por 30 años a la empresa PAPSA, otorgada en el mes de enero del año 2011; y para tal efecto realice la obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera libre Manzanillo—Armería.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aumentar por la SHCP la supervisión en las aduanas; y a la Segob, a reforzar por el Instituto Nacional de Migración la vigilancia del programa Paisano, suscrita por el diputado Fernando Jorge Castro Trenti e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Carmen López Segura, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el periodo vacacional, gran cantidad de migrantes mexicanos regresa para celebrar las fiestas navideñas en compañía de los familiares que permanecen en el país.
Los ciudadanos que vivimos en los estados de la frontera norte siempre nos hemos preocupado por el trato que deben recibir los connacionales en su entrada en el territorio mexicano, pues son víctimas de arbitrariedades y abusos de las autoridades aduanales y de los policías federales.
La mayoría de los problemas que afectan a nuestros paisanos en su regreso a casa tiene su origen en uno de dos factores: la corrupción de los funcionarios de alguna de las dependencias públicas en sus tres órdenes de gobierno, o la ineficacia administrativa de éstas.
Ello lesiona intensamente al conjunto de la sociedad mexicana, cuando nuestros paisanos que viven en el extranjero son extorsionados por alguna autoridad, sin menospreciar el esfuerzo de todos los que sí ejercen su trabajo en congruencia con principios y valores éticos que su puesto exige.
Es penoso ver cómo los migrantes mexicanos regresan con la ilusión de ver a familiares y amigos para entregarles los obsequios que les compraron con tanto esfuerzo, y además traen consigo sus ahorros, y aquélla disminuye al momento de cruzar la frontera, donde comienzan la extorsión y corrupción de que son objeto, o bien la ineficacia y apatía de las autoridades respecto al servicio que deben prestarles.
Los migrantes mexicanos tienen que afrontar los deficientes programas del gobierno federal que les exige el pago excesivo de franquicias fiscales y mercancías que se introducen en el país. También enfrentan a algunos agentes aduanales o policías corruptos o delincuencia organizada, que los roban en las autopistas o caminos rumbo a sus hogares.
Es sustancial que las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales cumplan con eficiencia y calidez humana las funciones que les corresponden para recibir bien a nuestros paisanos, y que cumplan el objetivo principal del programa Paisano: asegurar un trato digno y ajustado a derecho a los mexicanos y descendientes que vivan o trabajen en los países vecinos y que retoman al país, que combatan la extorsión, el robo, la corrupción, el maltrato y la prepotencia en que incurren algunos servidores públicos contra connacionales al pisar suelo mexicano.
La necesidad que tienen los migrantes de traer artículos que mejoren la calidad de vida de sus familias los hace presa fácil de policías federales, agentes aduanales y migratorios que están en espera de los valiosos regalos y dólares que traerán consigo. Y que debido al elevado cobro de impuestos por mercancía extra tendrán que dejar a su paso por las aduanas mexicanas.
Por ello se tienen que garantizar los derechos y el trato digno de nuestros paisanos que viven en el extranjero cuando regresan a México. El gobierno federal es el encargado de garantizar y refrendar de manera categórica su apoyo incondicional a los mexicanos que regresen al país, de proteger sus derechos y brindar bienestar a los migrantes y a millones de familias mexicanas que esperan con ilusión el buen regreso a casa de los seres queridos.
Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir en el ámbito de sus atribuciones al secretario de Hacienda y Crédito Público para que aumente la supervisión en las aduanas; y al de Gobernación, a fin de que refuerce por el Instituto Nacional de Migración la vigilancia del programa Paisano, con el propósito de evitar la extorsión que sufren los connacionales en temporada vacacional, y se les den la seguridad y protección tanto al ingresar aquí como al salir a los países de donde nos visitan.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 2012.
Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la ASF a analizar con detalle la situación que guardan las finanzas públicas de Cuernavaca, Morelos; y a la SFP, a investigar y –en su caso– emprender acciones legales contra los servidores que resulten responsables por el daño al erario municipal, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Luis Miguel Ramírez Romero , diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus competencias proporcionen un informe pormenorizado de la situación que guardan las finanzas públicas del municipio de Cuernavaca; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Hemos visto en los últimos días el escandaloso y penoso endeudamiento público de algunas entidades federativas y de algunos municipios vulnerando la viabilidad financiera y patrimonial de corto y largo plazo de los erarios públicos locales, tal es el caso del municipio de Cuernavaca Morelos que equivale a 50.2% del total de ingresos previstos para el municipio en el 2012, mismo que fue aprobada por el cabildo el 23 de septiembre pasado, y el cual ascendió a mil 231 millones 455 mil 284 pesos.
El trayecto seguido para alcanzar tal nivel de endeudamiento participó además del ahora ex alcalde, el priísta Manuel Martínez Garrigós, los integrantes del cabildo del municipio de Cuernavaca y diputados de Congreso local, quienes conocieron la solicitud de la deuda y la aprobaron, en ambos casos, por unanimidad.
Los integrantes del cabildo fueron convocados a celebrar una sesión extraordinaria en el Salón Benito Juárez del Palacio Municipal de Cuernavaca el 10 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas. En el punto seis del orden del día se establecía: “Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza al Lic. Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal Constitucional del municipio de Cuernavaca, a realizar los trámites necesarios a efecto de contratar un crédito, el cual se deberá de constituir como deuda pública, para el municipio de Cuernavaca”.
Los diputados Federales de Acción Nacional tenemos el compromiso de salvaguardar los recursos públicos, que con gran sacrificio contribuyen los ciudadanos a fin de que haya un correcto y ético gasto público, que inexcusablemente debe traducirse en servicios públicos, y no en deudas financieras de largo plazo para los ciudadanos, que además comprometen el correcto desarrollo de los futuros gobiernos locales.
Lo que se contendería era permitir o no al alcalde endeudar al municipio. Finalmente, con 17 votos a favor, por unanimidad, se aprobó el acuerdo AC/SE/10-XII-09/030, que pedía al Congreso local la autorización para contratar deuda pública por hasta 600 millones de pesos, “pagaderos en un plazo no mayor a 15 años ante diferentes instituciones bancarias con la garantía de que las tasas de interés sean las más bajas del mercado financiero y con el compromiso ineludible de hacer un uso transparente”.
El documento fue remitido al Poder Ejecutivo. El 30 de diciembre de 2009, en vísperas de las celebraciones de Año Nuevo, se publicó en el Diario Oficial de Morelos (“Tierra y libertad”, número 4764) el decreto 113. El acuerdo del cabildo no fue modificado en ningún sentido: se aceptó el monto de 600 millones y el plazo de 15 años para pagar; es decir, las próximas cinco administraciones se encuentran desde ahora condicionadas.
Al mismo tiempo se autorizó al gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo “para que por conducto del Secretario de Finanzas y Planeación, en representación del Gobierno del Estado de Morelos, se constituya como aval del municipio de Cuernavaca, ante la o las instituciones financieras con las cuales se contrate el crédito, afectando en garantía de pago las participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio de Cuernavaca, Morelos”
El 20 de marzo de 2011, en sesión extraordinaria, el cabildo facultó a Martínez Garrigós a gestionar un refinanciamiento de la deuda. Se argumentó que era posible obtener mejores condiciones con otros bancos. Según el acuerdo AC/SE/20-111-11/226 votado por unanimidad, “posterior a la contratación del financiamiento, se han recibido una serie de propuestas de instituciones financieras diversas, que proponen a este gobierno municipal mejorar las condiciones originalmente contratadas por el ayuntamiento de Cuernavaca con el Banco del Bajío SNC y de esa manera, obtener ahorros sustanciales que permitan la liberación de flujo de capital en beneficio de la sociedad”.
En esa misma sesión se aprobó la implementación del Programa de Racionalidad, Austeridad, Disciplina, Ahorro y Control Presupuestal del ayuntamiento de Cuernavaca mediante el acuerdo AC/SE/20-111-11/225, en cuyo texto se advierte: “Todos debemos de participar con un porcentaje de aportación para que la administración municipal se encuentre en condiciones de operar adecuadamente, sin que ello represente una carga económica insostenible y nos obligue a llevar a cabo acciones que nadie desea”. Se decidió que asesorías, gastos de alimentación, viáticos, pasajes, servicios de fotocopiado, agua, luz, telefonía, internet, entre otros, serían reducidos “al mínimo costo”.
En marzo de 2011, el gasto corriente del municipio de Cuernavaca fue de 57 millones 467 mil 173 pesos –incluyendo 3 millones 529 mil 505 pesos por pago de deuda–; en octubre aumentó casi un millón de pesos, al alcanzar los 58 millones 462 mil 187 pesos, incluyendo 3 millones 988 mil 645 pesos por concepto de deuda pública. En 2011, al 31 de octubre, los egresos por gasto corriente suman 532 millones 928 mil 22 pesos, de acuerdo con la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto del ayuntamiento de Cuernavaca.
El Congreso de Morelos aprobó en mayo pasado el refinanciamiento de la deuda del ayuntamiento capitalino. La tasa de 6.83% que pagaba al Banco del Bajío fue reducida a 6.09%, que se retribuiría al banco que ofreciera las mejores condiciones, que se especulaba era Bancomer. Con esto, el ayuntamiento ahorraría apenas 30 millones: “Eso significa que durante los 15 años que estará endeudado, con el refinanciamiento terminará pagando 240 millones adicionales a los 600 millones del capital”.
Todavía en octubre pasado, las autoridades de Cuernavaca pagaron 3 millones 895 mil pesos al Banco del Bajío por concepto de interés. En 2011, al 31 de octubre, el banco ha recibido 34 millones 120 mil 205 pesos derivado del crédito otorgado, según puede verse en el más reciente Estado Comparativo de Egresos Presupuestales del municipio, elaborado por el tesorero municipal, Nelson Torres Mondragón.
Además debe quedar muy claramente dicho, que los gobiernos no están para endeudarse, sino para gastar exclusivamente lo que recaudan, y en caso de que dichos recursos sean insuficientes, mejorar la recaudación y el ejercicio del gasto, y como última opción el financiamiento.
Sin duda alguna lo que se refleja en las deudas públicas de estados y municipios del país es la opacidad con que se conducen, de igual manera la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos públicos efectivamente ejercidos, el caso de Cuernavaca es un ejemplo contundente de cómo la opacidad en el manejo de las finanzas públicas puede ser aprovechado por ciertos alcaldes para buscar cargos de mayor prestigio.
El gobierno federal en los últimos 12 años ha promovido significativos cambios legales e institucionales en favor de la transparencia y rendición de cuentas. En particular en la búsqueda de consolidar un orden y certeza en el ejercicio de los recursos públicos de la federación.
Sin embargo, también es cierto que se afirma que en Cuernavaca no se observa una transformación que justifique un endeudamiento por 600 millones de pesos.
El caso de Cuernavaca remite a Pardinas al tema de la reelección de presidentes municipales, de la que se asume como partidario. Cree que el desempeño de Martínez Garrigós obliga a pensar en propuestas de cambio institucional que permitan procesos electorales más equitativos.
Se ha podido descubrir que algunos de los pasivos confirmados por los acreedores no fueron clasificados o registrados de acuerdo a la establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, lo que podría derivar en responsabilidades legales.
Nuestro país requiere de un Estados con finanzas sanas donde la contratación de deuda se utilice verdaderamente como una herramienta financiera y no como mecanismo político, por ello que los estados deben hacerse responsables de sus obligaciones y del uso que les dan a los recursos públicos, en términos generales, la situación en las entidades federativas y municipios es de una marcada opacidad, por lo que los ciudadanos y las autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sea que estos fueron obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento ya que los gobernantes locales no están obligados a reportar cómo gastan, dando como resultante el incremento irresponsable del gasto público.
Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de la Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus competencias incorpore un programa pormenorizado de la situación que guardan las finanzas públicas del municipio de Cuernavaca del periodo del 2009-2012, y en su caso de existir anomalías se de vista al ministerio público para las investigaciones correspondientes por causar un daño patrimonial a la hacienda pública estatal del municipio de Cuernavaca, Morelos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones y en su caso emprender las acciones legales contra los funcionarios públicos que resulten responsables por el daño patrimonial a la hacienda pública estatal del municipio de Cuernavaca, Morelos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada del impulso y seguimiento de los asuntos mineros, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La minería en México es una actividad que antecedió a la llegada de los españoles. La población precolombina preciaba el valor del oro y el de las piedras preciosas como el jade y la malaquita, que se utilizaban en la elaboración de ornamentos. La llegada de Hernán Cortés a México en 1521 dio inicio al comercio de bienes minerales desde México hacia España. Históricamente, la explotación de minas por los españoles se inicia aproximadamente en 1532 y ya para el siglo XVI, los metales preciosos representaban más del 80 por ciento de las exportaciones históricas totales de México a la Nueva España. Las exportaciones de oro y plata registraron un descenso después de la firma de la independencia, fecha a partir de la cual, los metales preciosos son acumulados para ser acuñados como monedas La minería mexicana se fue diversificando durante los siguientes 300 años que precedieron al descubrimiento por los españoles, para pasar de ser una de las mayores productora de plata –más de 10 billones de onzas producidas a la fecha– hacia la producción de cantidades significativas de cobre, oro, plomo, zinc, hierro y carbón.
México frente al proceso de globalización, debe concentrar y coordinar acciones dirigidas a aquellos aspectos que aseguren el incremento de la participación de la inversión extranjera en minería y que además mejore su posicionamiento competitivo principalmente, frente a países que en que en Latinoamérica aplican y desarrollan con mayor agilidad cambios en el ciclo de la industria, aún sin la tradición minera que la caracteriza nuestro territorio.
Los principales indicadores económicos, tales como el PIB minero, en el país actualmente se reporta en cero de las exportaciones, lo que repercute en la generación de empleo calificado, directo e indirecto, valor de la producción y otros, son medidas de consecuencia, mas no, los únicos parámetros de análisis frente al desarrollo minero en si, condicionando por aspectos fundamentales como el trabajo sectorial que se disgrega en acciones de poco impacto frente a los elementos desarrollo minero global.
Las asimetrías ancestrales existentes entre las entidades federativas productoras del norte, con las del sur del país, lamentablemente no sólo se siguen presentando sino que, con el paso del tiempo, se han vuelto más profundas, hasta ahora, y son muchos los temas pendientes en la agenda política, económica y social en los estados del sursureste.
Teniendo en cuenta que un aumento de los ingresos que se obtengan de la explotación de recursos naturales no renovables como las del ramo minero, lo que le daría un impulso económico regional, y sería importante determinar los mecanismos apropiados para la estabilización de dichos ingresos y una estrategia de política económica para establecer vínculos con los demás sectores productivos, que redunden en mayores niveles de crecimiento económico.
Una intervención adecuada de las autoridades económicas durante los períodos de fuerte crecimiento de los ingresos por dicho concepto, debe garantizar el principio de equidad en la distribución de la riqueza extraída del subsuelo en tres dimensiones:
Primero, generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica, y mantener estable el gasto público a través del tiempo.
Segundo, un mecanismo de inversión de los ingresos minero-energéticos que priorice su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social.
Tercero , el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad de todos los mexicanos, debe favorecer el desarrollo regional de todos sus estados y municipios. Este concepto de equidad regional fortalece la integración de diversas entidades territoriales en pos de proyectos comunes; promueve, además, la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo.
Temas como la generación de energías alternativas; la revisión de tarifas eléctricas preferenciales; el control eficaz de los flujos migratorios, comerciales y de especies animales y vegetales; la seguridad en fronteras; la adecuada recaudación fiscal; el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competitividad; el fortalecimiento y expansión minera; el sistema logístico para el desarrollo de la s zonas y regiones mineras del país as inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente, por parte del gobierno.
Nuestro país, por su ubicación geográfica y porque cuenta con una gran potencialidad productiva y vastos recursos naturales y humanos debiera ser considerada estratégica para la seguridad nacional. Tendrían que canalizársele recursos que permitieran disminuir aceleradamente la brecha que separa al estado de Oaxaca con el resto de la república.
Pero, contradictoriamente, esto no se hace y los 112.5 millones de mexicanos que en ella habitan no logran salir de su atraso, de su marginación y de su pobreza.
Esto debiera obligar políticamente a los diputados y a las diputadas de esta LXII Legislatura a seguir coadyuvando para que las entidades federativas que conforman el país superen las inequitativas, injustas y desfavorables condiciones que padecen.
Es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, estados y municipios para establecer prioridades; impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad y de comunicaciones; y generar riqueza y bienestar a México.
Para atender esta tarea, consecuentemente, es conveniente y oportuno reinstituir y relanzar la instancia parlamentaria especializada que ha tenido como finalidad la creación de instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impacto en la región. Es decir, es necesario crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo minero de México.
En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Asuntos Mineros, que deberá impulsar y dar seguimiento a los asuntos programas y proyectos de desarrollo de la minería de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La Comisión Especial de Asuntos Mineros estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al predio La Mexicana, que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete proposición con punto de acuerdo al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
En fechas recientes vecinos de la delegación Cuajimalpa de Morelos del Distrito Federal han solicitado la intervención de las autoridades federales para resolver el conflicto que existe por la aprobación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, que comparten territorialmente las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos en el Distrito Federal, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial de esa entidad el 4 de mayo de 2012.
Los vecinos de esta demarcación han señalado que a través de los medios de comunicación tuvieron conocimiento que en un predio conocido como “La Mexicana”, se había permitido la construcción de más de 5 mil viviendas, obra que comenzaría a mediados del próximo año, y que de ejecutarse generaría un grave conflicto de carencia de servicios e infraestructura para los habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México.
Efectivamente, el predio La Mexicana forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe (instrumento de planeación que sirve para regular en lo específico la zonificación en un determinado territorio), y se ubica de las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, y Álvaro Obregón de la Ciudad de México.
Los vecinos igualmente manifestaron que en el mes de agosto del presente año, el jefe de Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la desincorporación del predio en cuestión, para que, previo avalúo, fuera vendido en un precio ínfimo para beneficiar a sólo un pequeño grupo, afectando al medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Ante ello, los vecinos han iniciado una serie de actividades entre las que se encuentran visitas a las autoridades locales de la Ciudad de México (como a la Secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda), y a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También han enviado cartas al presidente de la República, y han solicitado la intervención de esta Honorable Cámara para resolver este gravísimo problema.
La cuestión no es menor, si consideramos que dicha problemática abarca elementos de tipo ambiental, de dotación de agua y otros servicios públicos, infraestructura y saturación de vialidades, que vendrán a complicar de manera importante la difícil situación que ya de por sí viven los habitantes de esa zona.
Es importante destacar que por su parte, los comités vecinales manifiestan que no fueron convocados para emitir su opinión al respecto, ni por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, ni por las autoridades delegacionales de Álvaro Obregón ni de Cuajimalpa de Morelos; más aún, afirman que en el territorio de esta última demarcación territorial, no se realizó la consulta ciudadana a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
De igual forma, denuncian los vecinos que la consulta ciudadana –que sí tuvo verificativo en la delegación Álvaro Obregón–, no se realizó en los tiempos que para tal efecto establece el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que dispone que la misma no podrá durar menos de 30 días ni más de 60 días, sino que tuvo una duración de tan solo 10 días, se realizó en un establecimiento mercantil de acceso restringido.
Adicionalmente, los vecinos de la delegación Cuajimalpa de Morelos han señalado que a la fecha han presentado diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por los daños al medio ambiente que la construcción de las más de 5 mil viviendas les generará, así como por la violación al derecho humano de acceso a la información a que se refiere el artículo 6o. constitucional, y por la transgresión al artículo 26, también de la Carta Magna, en materia de planeación.
Derivado de todo lo anterior y toda vez que esta soberanía no tiene elementos suficientes para realizar una valoración de fondo para hacer un pronunciamiento sobre el particular, es que a través de este punto de acuerdo deseamos exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a realizar un revisión de todo el proceso de elaboración del Programa Parcial de la Zona de Santa Fe, así como de la desincorporación del predio La Mexicana, mismo que forma parte de esa zona.
En el mismo sentido, consideramos que los titulares de las jefaturas delegacionales en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, licenciados Leonel Luna Estrada y Adrián Rubalcava Suárez, respectivamente, deben revisar su participación en el proceso de elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, que forma parte de ambas demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ya que estos territorios serán los más afectados en caso de continuar con el desarrollo de este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a revisar el procedimiento de elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe, desde el “aviso” para informar el inicio de la formulación del programa hasta la aprobación y publicación del mismo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Asimismo, analizar de manera minuciosa el proceso de desincorporación del patrimonio del Distrito Federal y actos subsecuentes del predio La Mexicana, mismo que forma parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares de las jefaturas delegacionales en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, licenciados Leonel Luna Estrada y Adrián Rubalcava Suárez, respectivamente, a revisar los actos de su participación en la formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Santa Fe y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a realizar los trabajos conducentes a entregar la credencial para votar fuera del territorio nacional a los ciudadanos localizados en el extranjero, y celebrar con la SRE los acuerdos correspondientes sobre dicho documento, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En las últimas dos elecciones presidenciales los mexicanos que se encuentran en el extranjero han tenido la posibilidad de emitir su voto fuera del territorio nacional, sin embargo, sigue siendo un reclamo de muchos connacionales, el hecho de no poder ejercer sus derechos políticos plenamente, por no contar con el instrumento indispensable para ello: “La credencial para votar”.
En cuanto a la colaboración que para el ejercicio del voto se requiere en el extranjero por otras autoridades mexicanas, el 1 de diciembre de 2010, el IFE suscribió con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el “Convenio General de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre el Instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores”; dentro del cual, entre otros aspectos se acordó lo siguiente:
Resulta necesario fortalecer la presencia de México ante la comunidad internacional en materia de democracia electoral y que los mexicanos que viven en el extranjero cuenten con los elementos necesarios para poder ejercer su ciudadanía con pleno conocimiento de sus derechos, así como de las formas de participación político- electoral, a través de la conjunción de esfuerzos entre el Instituto Federal electoral y la Secretaría de Relaciones exteriores en los ámbitos de sus respectivas competencias.
En virtud del derecho de los mexicanos de elegir al Presidente de México, el Estado mexicano debe poner a disposición de los ciudadanos que residen en el extranjero, los medios y condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y electorales.
En el marco de éste convenio que aun se encuentra vigente por haberse determinado por las partes que fuera de duración indefinida, en 30 consulados de México en los Estados Unidos de Norteamérica, se pusieron a disposición de los ciudadanos y se realizaron trabajos de apoyo, para el llenado de formatos de solicitud de inscripción a la lista nominal para residentes en el extranjero.
Bajo el amparo de este convenio existe la obligación para ambas instituciones firmantes de poner a disposición de los ciudadanos que residen en el extranjero, los medios y condiciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos cívicos y electorales; que implica la posibilidad de realizar un esfuerzo conjunto para poder dotar a quienes residen en el extranjero de un instrumento indispensable para votar, como sería el canje y entrega de la credencial.
Actividades que mediante la conjunción de esfuerzos entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los ámbitos de sus respectivas competencias sería posible realizar dentro de los espacios físicos destinados a los servicios consulares, como parte de los servicios que brinda el gobierno mexicano a sus ciudadanos en el exterior, por lo cual no se requerirá de otros convenios, solamente hacer efectivos los términos ya establecidos en el convenio firmado por ambas instituciones del Estado mexicano.
Anteriormente, pero sobre todo a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se deben destacar los principales razonamientos y elementos que justifican dotar de credencial a los ciudadanos mexicanos en el extranjero.
El voto garantiza la expresión de su decisión como mexicanos y es el reflejo de la nacionalidad que por el simple hecho de haber nacido en nuestro país tiene cada individuo, dotándolos a su vez del derecho de elegir a quien va a gobernar a su país, en este caso al Presidente de la República; por lo que es obligación del Estado que este derecho se ejerza plenamente por todos los mexicanos, garantizando a los connacionales el derecho al voto, libre, secreto y en condiciones de igualdad con independencia de su lugar de residencia.
Aquellos que vivimos en nuestro país, contamos con una credencial diseñada ex profeso, como el instrumento que brinda certeza técnica y jurídica en un proceso electoral, sin embargo, en el extranjero carecen de ella, por lo tanto, una de las formas de igualar las condiciones para el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, es dotar al marco electoral de los preceptos jurídicos utilizados al interior de nuestra nación.
Y no solo para hacer valer el principio constitucional de igualdad, sino para forzar a las instituciones a que se cumpla con la ley, ya que en ese sentido el artículo 6 del COFIPE es muy claro al señalar que para ejercer el derecho al voto, el ciudadano debe contar con la credencial de elector, con lo que la violación a la ley es grave al no dotar a los mexicanos residentes en el extranjero con este documento a pesar de ser connacionales y dejarlos ejercer el derecho a votar para elegir a su gobierno conforme a lo que establece la norma jurídica.
Asimismo, cabe recordar, que todos los mexicanos tienen derecho a una identidad y la credencialización es una herramienta que le permitirá ese derecho, porque son ciudadanos conforme lo establece el artículo 34 Constitucional esto es, los que tienen 18 años cumplidos al día de la elección y cuentan con un modo honesto de vivir; sabemos que muchos no desean ejercer ese derecho en el extranjero, por temor a diversos factores, no obstante, es un derecho que deben tener; que el Estado mexicano les debe brindar y dejar que ellos elijan si lo ejercen o no.
De la misma forma se plantea, se realicen campañas temporales para la credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero y puedan obtener su credencial de elector con medias de seguridad, que no podrán ser menores a las que tiene la actual credencial para votar con fotografía que se utiliza dentro del territorio mexicano.
Si la credencial de elector es el medio por el cual un ciudadano ejerce el derecho de sufragar, evidentemente es necesario contar con dicho instrumento para no hacer nugatoria el derecho de otra a través de la credencial de elector en extranjero, sin tener que trasladarse a México, e incluso el registro y credencialización de los migrantes mexicanos que son mayores de edad y que están fuera del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice los trabajos necesarios para poder realizar la entrega de la credencial para votar fuera del territorio nacional a los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, así como, celebrar con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que publique en noviembre el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Minerva Castillo Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral I, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Titular del Poder Ejecutivo Federal tres facultades transcendentales:
a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión.
b) La de ejecutar dichas leyes.
c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, es decir, la facultad reglamentaria1 .
Lo anterior lo ratifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aseverar en su Tesis P./J. 79/2009:
“Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal. Sus principios y limitaciones. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita.”2
El especialista, Miguel Alejandro López Olvera, argumenta que la fracción I del artículo 89 de la Carta Magna otorga al Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria; pero dicha facultad reglamentaria únicamente lo es para completar las leyes en las cuales se desarrolla la actividad de la administración pública. Dichos reglamentos son los llamados “de ejecución”, ya que dicha fracción debe interpretarse teniendo en cuenta todo el texto, y no sólo la frase que establece “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Por lo cual, dicha facultad es restringida y no genérica; es decir, el Presidente no puede expedir normas jurídicas de cualquier tipo y género, sino única.
Y exclusivamente reglamentos que regulen y completen las leyes que expida el Congreso de la Unión3 .
Por su parte, Gabino Fraga4 señala que el sentido gramatical de la palabra “proveer” es el de poner los medios adecuados para un fin; es decir, para facilitar la ejecución de las leyes, por lo que si se analizan las circunstancias prácticas en que las leyes deben ejecutarse, se observará que es necesario para que tengan una exacta observancia, entre otros actos, desarrollar sus preceptos para ajustarlos a las modalidades que tienen las relaciones a las cuales van a ser aplicados5 .
Afirma también que las disposiciones que detallan los elementos que la ley consigna deben tener el mismo carácter que ésta, pues la fracción se refiere no únicamente a un solo caso de observancia, sino a todos los casos que puedan presentarse, a diferencia de la ejecución misma, que siempre significa la aplicación concreta de la ley a un caso especial6 .
En consecuencia, puntualiza que la atribución de la facultad reglamentaria al poder Ejecutivo se justifica desde el punto de vista práctico por la necesidad de aligerar la tarea del poder Legislativo relevándolo de la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está en mejores condiciones de hacer ese desarrollo, puesto que se encuentra en contacto más íntimo con el medio en el cual va a ser aplicada la ley. Además, existiendo mayores facilidades para la modificación de los reglamentos, el uso de la facultad reglamentaria permite que la legislación se pueda ir adaptando oportunamente a las circunstancias cambiantes en que tiene que ser aplicada, adaptación que no sería posible si dependiera del poder Legislativo, ya que éste tiene procedimientos más complicados y periodos reducidos de funcionamiento7 .
Delimitando el objeto de estudio que nos ocupa, en términos legislativos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene como fin regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
En ella, se establece que la política nacional en la materia debe considerar, entre otros lineamientos, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; fomente la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; promueva la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; promueva la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.
Para la concreción de la política nacional se contemplan como instrumentos de ésta el Sistema Nacional, el Programa Nacional y la Observancia en la materia.
De ese modo, el Sistema Nacional se define como el conjunto articulador de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Por consiguiente, el Programa Nacional se considera como el instrumento rector de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres que requiere para su cumplimiento la coordinación entre dependencias, transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal.
Por su parte la Observancia –con tareas de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia de equidad de género– recae en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al considerarse que dicha materia forma parte de la noción de protección integral a los derechos humanos inherentes a todo individuo.
De ese modo, llevar a cabo una evaluación integral de su ejecución exige tener certidumbre de la operatividad de sus instrumentos, de su efectividad práctica, de la concreción de objetivos y metas en cada tema que integra la llamada Política Nacional.
En este tenor, es necesario precisar, que a la fecha, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres no tiene el reglamento respectivo que siente las bases de su aplicación.
De esa manera, por ejemplo, es menester que el Ejecutivo federal precise en el Reglamento, no en una disposición administrativa interna de bajo perfil, lo siguiente:
Que acciones fehacientes tomarán las “autoridades correspondientes” para garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
Cómo se va articular el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; esto es, qué dependencias y entidades de la administración pública federal lo integran y qué atribuciones tienen, sin menoscabo de la tarea administrativa que recae en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres en esta materia.
Qué dependencias y entidades de la administración pública deben concretar los objetivos y acciones de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y con qué procedimientos.
Qué acciones desarrollarán las “autoridades correspondientes” para que se alcance la igualdad en la vida económica nacional; en la participación y representación política; en el acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales y en la vida civil.
También, que acciones implementaran las autoridades correspondientes para la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo, así como para dar cauce al derecho a la información y a la participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
De qué manera se garantiza la concreción de los objetivos y las líneas de acción del programa nacional en la materia.
Dada la importancia del objetivo que persigue el presente punto de acuerdo, es oportuno puntualizar que el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de establecer plazos específicos para que el Ejecutivo Federal expida reglamentos, es por ello que solicitamos que se emita y publique el documento de referencia antes de que termine el mes de noviembre del año en curso:
“Tesis Jurisprudencial Núm. 58/2007 (Pleno)
Reglamentos. El Congreso de la Unión puede establecer en la ley los plazos en que el Ejecutivo federal deberá expedirlos. El principio de primacía de la ley derivado de los artículos 89, fracción I, y 72, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la posibilidad de que el Congreso de la Unión establezca plazos específicos en los que el Ejecutivo Federal deba expedir los reglamentos correspondientes a la ley emitida, a fin de proveer a su exacta observancia. Por tanto, cuando la ley prevé un plazo o da líneas específicas materiales para el ejercicio de la facultad reglamentaria, el presidente de la República no puede elegir si cumple o no con la norma, sino que está obligado a acatar lo ordenado por el legislador, toda vez que la norma le obliga por mandato constitucional y debe cumplirla.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006.- Promoventes: Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión.- 7 de junio de 2007.- Unanimidad de nueve votos. (Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz).- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.”
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a publicar, en noviembre de 2012, el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Notas
1 Semanario Judicial de la Federación, México, SCJN, Octava época, tesis XL/89, tomo III primera parte, página 325.
2 “Número de registro: IUS 166,655, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Tesis: P./J. 79/2009, página: 1067.”
3 Miguel Alejandro López Olvera. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico; páginas 358 y siguientes.
4 Fraga, Gabino, Derecho administrativo, México, Porrúa, 2000, Citado por Miguel Alejandro López Olvera. La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico; página 358 y siguientes.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputada Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Profeco y de la Comisión Reguladora de Energía a sancionar o, en su caso, cancelar el permiso de suministro de Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV –o Z Gas–, por la suspensión del servicio dada el pasado 18 de octubre sin previo aviso a los clientes ni a las autoridades, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Andrés de la Rosa Anaya, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El jueves 18 de octubre la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV, mejor conocida como Z Gas, suspendió sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales, el servicio de suministro de gas por tubería a 2 mil 599 usuarios de las colonias Industrial, Burócratas, Nueva y Los Pinos de la ciudad de Mexicali.
Dentro de las zonas afectadas se encuentran ubicadas casas habitación, escuelas, hospitales, guarderías, el centro de readaptación social así como numerosos comercios dedicados a la venta de alimentos, lo que se tradujo en pérdidas económicas de considerable cuantía que pudieran ascender a más de 15 millones de pesos.
La empresa a través de su representante, Ignacio Alcalá, atribuyó dicha decisión estrictamente a razones de seguridad, sin embargo no presentaron ningún dictamen sobre las condiciones de la red de distribución ni de una fuga o falla de tal magnitud que justificara la cancelación súbita del servicio.
De igual forma, la empresa no previó ningún plan de transición para sus clientes, lo que ocasionó una reacción en cadena que encareció los precios de los competidores, y provocó instalaciones sin asesoría técnica especializada que asegurara las medidas mínimas de seguridad.
A la fecha la empresa no ha dado una respuesta contundente sobre el cierre definitivo de la red o su restablecimiento.
Es por ello que exigimos se sancione y, en su caso, se cancele el permiso de suministro de gas a la empresa Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV, o Z Gas, hasta que no repare los daños ocasionados por suspensión del servicio a la población afectada.
Al respecto, contamos con información acerca de que la Comisión Reguladora de Energía giró un requerimiento de información al permisionario con fecha 18 de octubre, estableciendo un plazo de 3 días para presentarla, el cual venció el 23 del mismo mes.
Asimismo, es importante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informe a esta soberanía sobre los procedimientos administrativos abiertos para dar solución a las demandas de los consumidores.
Finalmente solicitamos a la Profeco asesore a los usuarios o consumidores afectados, para que puedan presentar una demanda colectiva contra Z Gas por daños y prejuicios con el propósito de resarcir los daños provocados a los consumidores por dicha empresa.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al titular de la Comisión Reguladora de Energía para que, en ejercicio de sus funciones, sancione o en su caso cancele el permiso de suministro dado a la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV, por la suspensión del suministros de gas, que sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades gubernamentales se dio el pasado 18 de octubre.
Segundo. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en ejercicio de sus funciones, informe a la opinión pública sobre los procedimientos administrativos abiertos ante esta procuraduría para dar solución a las demandas de los consumidores, derivado de la suspensión en el suministro de gas, por parte de la empresa Gas Butano Propano de Baja California, SA de CV.
Tercero. Que la Procuraduría Federal del Consumidor asesore a los usuarios o consumidores afectados para que puedan presentar una demanda colectiva contra la empresa Gas Butano Propano de Baja California SA de CV o Z Gas, por daños y prejuicios, con el propósito de resarcir los daños provocados a los clientes por dicha empresa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, al jefe del gobierno del Distrito Federal y a diversos jefes delegacionales a transferir instalaciones para formar centros deportivos de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD
El infrascrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, y 122, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I y IV, 76, fracción IV, 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de los órganos político-administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco del Distrito Federal, para transferir instalaciones deportivas para la conformación de centros deportivos para alto rendimiento, con base en los siguientes elementos
Exposición de Motivos
El deporte capitalino ha sufrido un deterioro constante en la última década debido principalmente a la transferencia de las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) a los órganos político-administrativos (delegaciones).
El proponente considera que, independientemente de que cada entidad federativa en este país tiene plena autonomía en su administración sobre materia deportiva, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene especial corresponsabilidad constitucional con el Distrito Federal, no sólo de forma estructural, sino también sobre su población y, por ende, sobre la garantía de la cobertura de los servicios públicos a que son derechohabientes. Esta es la razón principal por la que se pone a consideración del pleno de la Cámara federal el punto de acuerdo en materia deportiva capitalina que a continuación se sustenta.
El 31 de enero de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se transfieren a los órganos político-administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal1 . Las 12 instalaciones involucradas en el proceso de transferencia fueron:
• La ciudad deportiva “Francisco I. Madero”, delegación Iztapalapa.
• El centro deportivo “Guelatao”, delegación Cuauhtémoc
• El centro deportivo “Margarita Maza de Juárez”, delegación Gustavo A. Madero
• El centro hípico de la Ciudad de México, delegación Miguel Hidalgo
• El centro deportivo “Rosendo Arnaiz”, delegación Gustavo A. Madero
• El centro deportivo “Plan Sexenal”, delegación Miguel Hidalgo
• El centro deportivo “Tiempo Nuevo”, delegación Tlalpan
• La ciudad deportiva “Magdalena Mixhuca”, delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza
• El velódromo olímpico, delegación Venustiano Carranza
• La pista olímpica de remo y canotaje “Virgilio Uribe”, delegación Xochimilco
• La alberca olímpica “Francisco Márquez”, delegación Benito Juárez
• El gimnasio olímpico “Juan de la Barrera”, delegación Benito Juárez
Cuando el gobierno del Distrito Federal realizó dicho proceso se perseguían los objetivos de facilitar el acceso de los servicios deportivos a la población, fortalecer el sistema de detección de deportistas para el alto rendimiento, además de coadyuvar en el combate a la corrupción en dichos centros. Al día de hoy y a más de 10 años de entrar en vigor esta decisión, se puede ver con lamentación que ninguno de estos objetivos ha sido cumplido.
Según lo establecido en el punto 3 de los considerandos del acuerdo en comento, “que es necesario que la administración de las instalaciones deportivas esté a cargo de los órganos político administrativos, para lograr un funcionamiento más adecuado y eficaz de los mismos, así como para su mejor conservación y mantenimiento (sic)”, la finalidad de la descentralización no se ha cumplido en ninguna de las 12 instalaciones involucradas.
Los propios vecinos y usuarios han dado testimonio de cómo dichas instalaciones se han ocupado para eventos de todo tipo, tales como conciertos, exposiciones, puestas de circos, espectáculos privados y hasta actos político-electorales, con lo que evidentemente el uso deportivo ha quedado menospreciado ante el voraz deseo de las delegaciones por rentarlas el mayor tiempo posible y obtener así recursos financieros autogenerados.
Sobre esto, el artículo 6 de dicho acuerdo sentenció que “La utilización y destino de los recursos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se generen mediante el mecanismo de aplicación automática, derivados de las instalaciones deportivas mencionadas en este acuerdo, quedan a cargo de los órganos político administrativos a los que éstas se transfieran, con el objeto de que sean utilizados para el mantenimiento, sostenimiento, seguridad, desarrollo y funcionamiento de las instalaciones que los generen; de conformidad con lo establecido por el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
El problema comenzó al no crear medidas coercitivas para hacer cumplir a la letra a los órganos político-administrativos en este aspecto: en otras palabras, cada jefe delegacional desde entonces ha podido administrar bajo su libre criterio (porque hay que recordar que no cuentan con ningún cabildo para contrapesar sus decisiones) el uso de los recursos financieros autogenerados por distintos conceptos relacionados con la renta de estas instalaciones deportivas, lo que siempre ha sido una sombra en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Es decir, nunca se ha sabido con certeza si el total de recursos financieros obtenidos de las instalaciones deportivas se han aplicado precisa y únicamente al uso de las instalaciones deportivas y a la promoción y desarrollo deportivo, lo cual fue la meta presupuestal de este proceso. Por consiguiente, jamás se conocerán las cifras reales de cuánto ingresó a las arcas delegacionales bajo este concepto.
Por cuanto a la promoción y desarrollo deportivos se refiere, se ha visto en esta década cómo las delegaciones designan, por ejemplo, menos personal para la enseñanza de deportes, utilizando incluso el régimen de autogenerados para explotar a varios profesores de disciplinas que cobran una miseria por su tiempo y esfuerzo; y ni qué decir sobre las escuelas técnico-deportivas, las cuales, en algunos casos, sólo se han desarrollado en la tinta y el papel de los informes anuales que entrega cada Jefa o Jefe Delegacional, porque, en la realidad, no existen.
Sin duda, el desarrollo del deporte de alto rendimiento ha sido el más castigado de toda la escala deportiva: mientras que antes de 2001 el IDDF dedicaba tiempos y espacios para sus atletas olímpicos en estas 12 instalaciones, ahora cada delegación negocia directamente con las asociaciones, ligas y/o con los profesores y evalúa la conveniencia de rentar o dejar libres los espacios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo de descentralización citado. Ante la imposibilidad de contar con instalaciones seguras en tiempo y forma para sus entrenamientos, muchos atletas prefieren irse a vivir a otros estados y competir a su nombre; el Distrito Federal cede atletas a otras entidades.
El resultado de lo anterior: del segndo lugar obtenido por el Distrito Federal en 2000 en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional con 468 medallas, con tristeza podemos apreciar nuestra caída libre al noveno puesto con apenas 239 metales, superados por estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sonora, México, Yucatán, Quintana Roo y Guanajuato, cuya mayoría no cuenta con la cantidad de instalaciones deportivas que tenemos en esta ciudad.
Este fenómeno también ha sido denunciado por diversos medios: según el periódico La Crónica de Hoy en su edición del miércoles 2 de julio de 2003, “las delegaciones deciden qué hacer con sus instalaciones, qué hacer con sus deportistas y ahora está todo disperso a falta de coordinación de una rectoría del deporte capitalino”3 . El domingo 4 de noviembre pasado Milenio Televisión hizo público el abandono y la falta de transparencia en los millonarios permisos para uso de las instalaciones deportivas en La Magdalena Mixhuca4 . De continuar esta situación así, los grandes afectados serán los usuarios de las instalaciones deportivas y los atletas de alto rendimiento.
Por igual suerte corre el IDDF, el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal: al verse desprovisto de sus instalaciones deportivas, se vio inutilizado para coordinar los procesos de preparación de atletas de alto rendimiento, además de que su principal tarea, a saber, la promoción y el desarrollo del deporte, se ha confinado a eventos mínimos en las calles o en lugares no aptos para el deporte masivo.
Al perder la coordinación deportiva de facto, el IDDF se vio obligado a negociar con los Jefes Delegacionales el uso de las instalaciones y la participación de los deportistas (ya en manos de cada demarcación) en las justas atléticas de cada año; lo anterior no hace más que perjudicar el proceso de formación de atletas, pues los coloca en la indefensión y en medio de la rebatinga política entre la administración central y las delegacionales, lo cual empeora cuando gobierna la oposición en las segundas; el factor político-electoral también perjudica al deporte capitalino.
La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal hace énfasis en la superioridad del IDDF ante las delegaciones en materia de instalaciones deportivas: de acuerdo con lo señalado por su artículo 69 “Los responsables o administradores de toda instalación deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, quien verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se requiere”. Es decir, el espíritu de la ley implica la necesidad de que el Instituto mantenga el orden necesario para el uso correcto de dichos espacios; pero, al mismo tiempo, no le da armas para cumplir con este ideal.
Con esta exposición de motivos se pretende sensibilizar a esta Soberanía para tomar acciones inmediatas en torno a estos fenómenos que han producido inestabilidad en el proceso deportivo capitalino, toda vez que también es nuestra responsabilidad lo que sucede en el Distrito Federal y sus habitantes en el ejercicio de sus derechos sociales.
Por lo expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales de los Órganos Político-Administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, del Distrito Federal, a realizar la inmediata transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas por el Acuerdo por el que se transfieren a los Órganos Político-Administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal, emitido por el Gobierno del Distrito Federal el 31 de enero de 2001, al organismo público descentralizado llamado Instituto del Deporte del Distrito Federal para cumplir con los objetivos previstos por tal acuerdo.
Segundo. Una vez realizado el proceso de transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas, se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Instituto del Deporte del Distrito Federal a generar en ellas centros de alto rendimiento y promoción y desarrollo deportivo, en estricta observación con lo establecido por la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
Notas
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1130.doc
2 http://on2012.deporte.org.mx/Medallas.aspx
3 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=72692
4 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0f3f4dc87152c7cd20421624d26 78f7e
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre la situación de los migrantes repatriados a territorio nacional, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes.
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios presentados en nuestro territorio.
Hablar de la frontera México-Estados Unidos, es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte. En la problemática de la frontera norte, las políticas migratorias de ambos países afectan no sólo a la población migrante en la frontera misma, y también a los migrantes indocumentados; así como a los residentes legales, que se encuentran en los Estados Unidos.1
Autoridades del Condado Imperial, California señalaron que por tiempo indefinido aumentarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras como lo es Texas. Además, dieron a conocer que dichas aprehensiones se realizan en dicha área, siendo transportados vía aérea a Yuma para posteriormente ser deportados por la garita de Calexico, California. También denunciaron que estas deportaciones serán hechas a partir de las 5:00 horas y en grupos numerosos.
La Patrulla Fronteriza (Border Patrol), argumentó que no son deportaciones masivas, sino forman parte del regreso voluntario del Programa de Salida y Transferencia de Extranjeros (Alien Transfer and Exit Program, ATEP).
Este programa inició desde diciembre de 2007, y su objetivo principal es impedir un nuevo contacto con los polleros, a quienes contratan para internarse en los Estados Unidos, mediante el traslado a un punto fronterizo alejado de aquél por donde ingresaron y fueron detenidos. Este operativo contempla, además de regresar a hombres de entre 20 a 60 años, también serán repatriados mujeres y familias; aplicándose principalmente de lunes a viernes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), adoptó prioridades claras centradas en los recursos de control; una manera de maximizar la seguridad pública, protección de la frontera e integridad del sistema de inmigración. Sus acciones consisten en identificar y deportar a quienes trasgreden leyes en materia penal, apenas crucen la frontera ilegalmente, y que han trasgredido repetidamente las leyes de inmigración o son fugitivos de la corte de inmigración.
Los datos generados en materia de migración, arrojaron cifras alarmantes como en el año fiscal 2011, donde 144,745 de los deportados, aproximadamente cincuenta por ciento, eran personas con antecedentes penales sentenciados por diversos tipos de delitos; desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.
Respecto a este fenómeno se presentó un aumento del 89 por ciento en la deportación de personas con antecedentes penales en relación al 2008, y el mayor número de personas con antecedentes penales extranjeros deportados en la historia de la agencia.
Entender este fenómeno implica comprender como son tratados los migrantes, pues el procedimiento de detención bajo el cual son dispuestos nuestros connacionales, consiste primero, en la recepción del Consulado Mexicano de una llamada telefónica de la persona detenida y/o notificación sobre la misma por parte de la autoridad migratoria estadounidense correspondiente, posteriormente, el personal de Protección investiga con las autoridades del Centro de Detención Migratorio, la situación física y migratoria del connacional en cuestión; a partir de ello, este personal acude a entrevistar al detenido orientándolo sobre sus derechos en materia migratoria.
De acuerdo con testimonios brindados por personas deportadas, en forma cotidiana se les encadena y esposa, sobre todo a los detenidos en la frontera Tijuana-San Diego, además, no se les devuelven sus pertenencias, ni tampoco sus documentos oficiales, los cuales son confiscados en los centros de detención, asimismo, no se respetaba su derecho a la salud ya que si están enfermos no se les brinda la atención médica adecuada, por último muchos manifestaron que estos fueron deportados a altas horas de la noche ó en la madrugada.
En materia de migración se han establecido entre México y los Estados Unidos, el “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, suscrito el 20 de febrero de 2004 y los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”.
Según el Memorándum y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones; sin embargo, por el estado de Baja California actualmente se presenta el mayor número de repatriaciones, principalmente por las Garitas de Mexicali y Tijuana, aconteciendo 4 de cada 10 por esos cruces.
En otros puntos acordados dentro del convenio, las repatriaciones son esporádicas; y únicamente funcionan en casos de emergencia, o han quedado suspendidas de forma definitiva por la autoridad estadounidense hasta nuevo aviso.
Esto se ha convertido en un problema para los municipios fronterizos, tanto en materia de seguridad pública como protección de los derechos humanos, en virtud de que la gran mayoría de los migrantes llegan a ser presa de las bandas criminales o deciden quedarse para intentar lograr cruzar la frontera nuevamente.
De acuerdo con el artículo 11 de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano se encuentra facultado para revisar la calidad migratoria en los puntos fronterizos donde ingresen los deportados, para con ello garantizar, que quien ingrese a nuestro territorio no cuente con alguna de denuncia por responsabilidad penal, civil y administrativa, o por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Con el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, pretendemos mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la recepción de las/los migrantes, ya sean entidades federales, estatales, municipales de ambos lados de la frontera, así como las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creación de bases de datos binacionales e intercambio de información, y la implementación por parte de nuestro país, de la llamada plataforma “México”.
La recopilación de información será mejorada por medio de la revisión de los cuestionarios aplicados a las/los migrantes, y mediante la creación de una base de datos para obtener estadísticas exactas sobre el retorno de todos ellos, tales como revisión de antecedentes penales, calidad migratoria, captura de biométricos; así como, orientación en base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente U obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a sus lugares de origen de nuestros connacionales salvaguardando su bienestar físico.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar la plataforma “México”, para poder recopilar información, antecedentes de los migrantes, revisión de calidad migratoria, captura de biométricos y su respectivo apoyo para la reinserción en el mercado laboral, de los retornados.
Nota
1 Estudio “Breve visión sobre las medidas de control migratorios en la frontera norte de México”. Investigadores: Doctor José Ascensión Moreno Mena y Blanca Villaseñor Roca
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2012.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender el inconstitucional estado de sitio que se vive en los alrededores y el interior de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Alfonso Durazo Montaño, Zuleyma Huidobro González, Luisa María Alcalde Luján, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Merilyn Gómez Pozos, Nelly Vargas Pérez, Martha Beatriz Córdoba Bernal, José Soto Martínez, Juan Luis Martínez Martínez, José Valle Magaña, Juan Ignacio Samperio Montaño, Víctor Manuel Jorrin Lozano, José Antonio Hurtado Gallegos y José Francisco Coronato Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las violaciones que estamos viendo con motivo del acto protocolario del 1 de diciembre, son por decir lo menos exageradas y desproporcionadas. Soldados, policías, agentes francos y encubiertos. La evidente suspensión del Estado de Derecho que, motivada por el miedo del gobierno federal y muy en especial, Felipe Calderón Hinojosa, en funciones del Poder Ejecutivo, están haciendo.
Nuestra Constitución es clara al respecto, el artículo 29 señala que para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías se necesita el acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y contar con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente.
Nada de esto se ha hecho.
Pero se están violando ahora mismo, además, varios artículos de nuestra Constitución Política, y estamos ante el supuesto de violación de varios más; para empezar el libre tránsito, artículo 11; y el de no ser molestados en nuestra persona, familia o domicilio, el 16.
Lo que hoy estamos viendo es vergonzoso. Que domicilios y trabajos que tienen la mala suerte de estar ubicados en el perímetro de este Congreso sin más son restringidos en su acceso. Las estaciones del metro aledañas están canceladas, igual el metrobús. Ahora mismo los puentes de peatones están tomados por la fuerza pública y se requiere demostrar la residencia o la comprobación de que se está trabajando en esta zona, para permitirse el acceso a ella.
Está en entredicho también el artículo 9, pues con el pretexto de reuniones pacíficas que pretenden realizar ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos, que desean protestar por el acto del 1 de diciembre, se ponen vallas y cercos alrededor del Congreso y aún más allá.
¿A qué le tienen miedo? La gente no está contenta pero no está levantada en armas. El que fuera nuestro candidato ha llamado a movilizaciones pacíficas y aquí en esta ciudad se va a llevar a cabo en El Ángel de la Independencia. ¿Por qué pues el estado de sitio? ¿Por qué el aparato de represión?
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano repudiamos estos hechos y elevamos la voz enérgica y categóricamente, porque lo que hoy mismo estamos viendo no puede suceder en un país democrático, y por lo mismo constituye de sí un pésimo augurio para el inicio del nuevo gobierno.
Dejo la advertencia aquí de que, con este tipo de decisiones, Felipe Calderón les está endosando a los priístas sus miedos y sus fobias, su miedo al pueblo, pero les está dejando también su proclividad a violar nuestro orden constitucional, algo a lo que él está tan acostumbrado, como la última palada sobre su gobierno y que podría ser la primera al que viene.
O de plano, que se nos diga de qué tamaño es el miedo y por qué y a quien, y que se cumpla con el ordenamiento del artículo 29 y que vengan a esta Cámara a pedir de plano, y que lo justifiquen, la suspensión de garantías.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que se exhorte al Ejecutivo federal para que suspenda este estado de sitio inconstitucional que estamos viviendo en los alrededores de la Cámara de Diputados y en su interior.
Segundo. Que cese el cerco y la vigilancia sobre domicilios, calles y trabajos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2012.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SSP que dé a conocer a la opinión pública la situación de las reclusas y atienda la problemática suscitada con ellas en los Ceresos, ajustándose a las leyes, los tratados y las convenciones en la materia, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que remita a esta soberanía un informe real sobre las mujeres en reclusión.
Exposición de Motivos
Es de conocimiento público que las mujeres privadas de su libertad son doblemente castigadas y señaladas, ya que por una parte compurgan una sentencia por la comisión de un presunto delito y por otra son objeto del señalamiento y olvido de la sociedad y de sus propias familias.
Desde que son detenidas, las mujeres sufren maltratos físicos, mentales, psicológicos, morales y sexuales, además de inequidad en la imposición de las sentencias respecto a los hombres, debido a que el sistema no toma en consideración que generalmente las mujeres son primodelincuentes y si analizaran este elemento estarían enfrentando delitos culposos y no dolosos, el cual es un elemento determinante respecto de la tipicidad.
La Secretaría de Seguridad Pública señaló que al mes de octubre de 2011, la población penitenciaria en el país era de 231 mil 510 reos, de dicha población, 220 mil 806 son hombres y 10 mil 704 mujeres. Es importante señalar que entre los 20 y 44 años de edad es cuando se registra un mayor índice delictivo por parte del sexo femenino.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tres delitos de mayor incidencia atribuidos a las mujeres son contra la salud, robo y lesiones. Lo anterior se debe a que en ocasiones las mujeres al no encontrar una mejor opción, ponen en riesgo su libertad o bien, son obligadas por sus parejas a cometer el delito.
Por lo anterior, la violencia de género representa uno de los factores por los cuales la mujer delinque, dado que es una causal ante la indiferencia de las autoridades del sistema de justicia penal y penitenciaria de nuestro país.
Estos hechos son contradictorios con lo previsto por el artículo 4o. de nuestra ley suprema, las garantías de legalidad, así como de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que son
• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.
• El respeto a la dignidad humana de las mujeres.
• La no discriminación.
• La libertad de las mujeres.
En este tenor, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo una investigación sobre la situación de las mujeres en reclusión y dio a conocer que el 94 por ciento contó con un abogado (asignado o contratado), durante su detención, lo cual denota la mínima atención y desinterés por parte de la defensa durante el proceso.
En cuanto a las reclusas de origen indígena, sólo el 14.3 por ciento contó con los servicios de un traductor, lo que denota el estado de indefensión de este sector ante la incertidumbre de su situación jurídica.
En materia educativa, el 50.6 por ciento de las internas tenían, al momento de su ingreso al penal, un nivel escolar de primaria o menor. Un 12 por ciento lo constituyen las mujeres sin alfabetización.
La investigación de referencia señala que el 78.8 por ciento desarrolló alguna actividad económica antes de ingresar al penal y el 77.4 por ciento de las mujeres recluidas desarrolla una actividad remunerada al interior de las cárceles, que de las 455 que existen actualmente en nuestro país, exclusivamente 13 son femeniles.
Ante esto, la salud de las mujeres en reclusión se ve afectada ya que padecen enfermedades psíquicas como el insomnio, estrés, ansiedad y depresión, y padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes, hipertensión, obesidad.
Por ello es deplorable que los sistemas de salud al interior de los centros de reclusión no respondan a las necesidades de la población penitenciaria, ya sea por negligencia, insuficiencia de medicamentos o la negativa en la atención; situación que ha sido denunciada constantemente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo existen centros que carecen de áreas ginecológicas, lo cual es alarmante si tomamos en consideración que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres mexicanas.
Por lo anterior me cuestiono en dónde quedó el compromiso del Ejecutivo federal de transformar y mejorar la infraestructura del sistema penitenciario; ¿de qué forma se están cumpliendo los objetivos de la nueva ley en la materia que tanto alardeó Felipe Calderón?
Compañeros, es indubitablemente que una vez más el presidente del empleo dejó otra tarea pendiente en su sexenio.
Otro sector vulnerable en este sistema son las internas con padecimientos psiquiátricos, debido a que en los centros de reclusión no existen áreas especializadas para su tratamiento y al convivir con el resto de la población son objeto de diversos abusos.
En este tenor, no olvidemos que hace unos meses, la ex diputada federal Rosi Orozco denunció en esta tribuna la existencia de una presunta red de prostitución forzada que operaba en el penal femenil de Santa Marta Acatitla y en el Reclusorio Oriente, en donde se vieron involucrados reos, personal de seguridad y del área jurídica de los juzgados.
Ante la gravedad de este asunto, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal aceptó la recomendación en todos sus términos de la Comisión de Derechos Humanos de esta circunscripción pero este asunto ha quedado en el olvido.
Otro tema sensible que circunscribe a este fenómeno es la maternidad. El Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que de una muestra de 580 reclusas, 557 de ellas son madres, es decir el 95 por ciento.
La reclusión de las madres se hace extensiva a sus hijos, sobre todo a los menores de edad. La convivencia de las y los niños con sus madres en la prisión es un derecho previsto en las Reglas Mínimas de Tratamiento del Delincuente de la ONU, en el que se estipula la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para la atención de las y los hijos que nazcan durante la reclusión de la madre y para los menores que vivan con ellas en los centros de reclusión.
Desafortunadamente en nuestro país las diversas legislaciones estatales en la materia no contemplan este tipo de especificidades relativas a los requerimientos particulares de las mujeres y de sus pequeños. Es menester que se aplique la nueva ley.
Este entorno disiente con el interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política, así como de la postura que el Poder Judicial de la Federación, mediante la siguiente tesis jurisprudencial, asevera:
Registro número 172003
Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265. Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.
Interés Superior del Niño
Su concepto
En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
De igual forma con las disposiciones jurídicas previstas en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en su artículo tercero establece como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.
Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas, en el Marco Internacional de los Derechos Humanos, ha promulgado una serie de instrumentos jurídicos cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los Estados miembros.
En materia de tratamiento de reclusos y el sistema penitenciario, los instrumentos internacionales más representativos son los siguientes:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 37 económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer:
Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
• Reconocer la igualdad del hombre y de la mujer frente a la ley.
• Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
• Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.
• Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
• Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará)
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
• El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.
• El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.
• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.
• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
• Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esa Convención.
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
Principio 5:
Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
Regla 8:
Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles
Regla 23:
En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
Regla 53:
En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de una funcionaria femenina responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal.
Por lo anterior, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública nos informe acerca de la situación real de las mujeres en reclusión, ya que sólo con cifras fidedignas podremos contribuir a la restructuración real del sistema penitenciario.
No debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los tratados y convenios internacionales, se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en reclusión el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.
México tiene la enorme responsabilidad, al ejercer su ius puniendi, de garantizarles seguridad y bienestar, así como de estructurar sus políticas penitenciarias en base a las condiciones concretas del género, por ello es momento de incorporar la perspectiva de género en las normas jurídicas en materia penitenciaria para prevenir y sancionar las transgresiones que sufren las mujeres.
No olvidemos compañeros legisladores que un Estado de Derecho real debe reconocer, resguardar y garantizar los derechos humanos, así como radicar en la cultura de la legalidad y el respeto pleno de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública que dé a conocer a la opinión pública la situación de las mujeres que se encuentran recluidas y atienda la problemática que se suscita en los centros de readaptación social con este sector de la población, apegándose estrictamente a las leyes, tratados y convenciones que rigen la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita Ejecutivo federal que fortalezca los programas e instrumentos de atención para combatir la violencia contra niñas y mujeres, a efecto de poder implantarlos de manera eficiente y equitativa, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa en comparación con otros programas que cuentan con mayores recursos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 54/134, a través de la cual declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al establecer esta conmemoración a nivel mundial, se hace un llamado a todas las naciones y a sus gobiernos, para que lleven a cabo acciones eficaces tendientes a sensibilizar a la población sobre la importancia de poner fin a esta problemática que a todos, directa o indirectamente, nos afecta.
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México indicó que la violencia contra la mujer inhibe su derecho a la plena participación y su desempeño en la toma de decisiones, mientras que, por su parte, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , señaló la cuestión cultural como uno de los motivos por los que hoy en día continúa presentándose este fenómeno en nuestra sociedad, el cual varía en cada pueblo, por eso es indispensable mantener el compromiso para erradicar esta práctica denigrante para cualquier ser humano, sobre todo para aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, denunció el mismo Instituto en el Mecanismo de seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi), que los presupuestos para la seguridad pública en México y los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) llegan hasta 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en el caso de los programas para atender la creciente violencia y discriminación hacia niñas y mujeres van apenas del .01 al .1 por ciento del PIB.
La elaboración de los indicadores para la protección del derecho de la mujer y de las niñas a una vida libre de violencia, así como las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y para asistir a la mujer afectada por la violencia, deben ser fortalecidas puesto que las estadísticas son alarmantes en nuestro país como un ejemplo de la magnitud de esta problemática mundial. De todas las mujeres que comparten hogar con su pareja, 45 por ciento manifiesta haber sido víctima de, por lo menos, un incidente relacionado con violación emocional, física, económica o sexual.
Otros datos proporcionados en la novena reunión del comité de expertas de Mesecvi, son que en México, 67 por ciento de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, o que en la región niñas y mujeres representen 80 por ciento de las víctimas de trata, mayoritariamente con fines de explotación sexual y que en aplicación del derecho en el caso de violación a los derechos de niñas y mujeres, prevalezca la impunidad. Se destacó que la mayoría de los países con representación ante la OEA, no reportan el número de violaciones contra niñas y mujeres, ni el número de sentencias contra sus violadores; tampoco el número de feminicidios ni de sentencias contra sus asesinos.
Asimismo, la Secretaría de Salud señala que los egresos hospitalarios por abuso sexual en el año 2000 ascendieron a 21 casos y para 2009 la cifra se incrementó a 59, mientras que las muertes por agresión en menores de 15 años en el año 2009, fueron de 296 casos en mujeres y 199 en hombres. De igual forma, esta secretaria reporta que 73 por ciento de los casos de abuso sexual lo padecen menores de cuatro a nueve años de edad: más de 70 por ciento de los delitos lo padecen las niñas y 45 por ciento de estos hechos se originan en el propio hogar. Mientras que 86 por ciento de los abusos los cometen los varones y 13.9 por ciento mujeres adultas.
De acuerdo con el informe presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el estado de México se denunciaron 922 homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, es decir, el doble de casos a los reportados en el mismo periodo en Ciudad Juárez.
Si bien el estado Mexicano ha realizado una serie de acciones para combatir esta problemática, como la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ejemplo que han seguido diversas entidades federativas, aún falta camino por recorrer, pues hasta ahora los resultados han sido limitados en parte por la tolerancia de esta práctica por parte de la sociedad e incluso, de las autoridades.
La sociedad y las autoridades deben ser conscientes y sensibles para combatir esta práctica, de lo contrario no se logrará mejorar la situación. Para ello es necesario contar con servicios de vigilancia y atención eficaces, así como con un sistema de justicia imparcial, que sancione a los responsables.
Las circunstancias nos obligan a que las palabras de los discursos se transformen en políticas públicas oportunas, consistentes, eficientes y efectivas, pero sobre todo que se destinen mayores presupuestos a los programas, tanto de prevención como de contención, a fin de resguardar de la violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas.
En la medida que logremos una sociedad cada vez más igualitaria, podremos avanzar con pasos firmes hacia el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas, lo que sin duda contribuirá al desarrollo económico, político, social y cultural de México.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa en comparación con otros programas que cuentan con mayores recursos.
Segundo. Se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a intensificar las campañas destinadas a concientizar y sensibilizar a la población sobre la no violencia contra las niñas y mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a actualizar y expedir el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra Mujeres y Niñas, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
Blanca Estela Gómez Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como es de conocimiento público, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007– estableció en la fracción IX del artículo 38, que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres considerará acciones con perspectiva de género a fin de “garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, a fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia”.
La fracción X del artículo de referencia establece que dicho programa también contendrá acciones con perspectiva de género para “publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres”.
La fracción XII del artículo 42 estableció que la Secretaría de Gobernación (Segob) está facultada para “realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
A efecto de reforzar la anterior disposición, el artículo quinto transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que “el diagnóstico nacional a que se refiere la fracción XII del artículo 441 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
El Reglamento de la Ley General de Acceso precisa –en el inciso f) de la fracción V del artículo 54– que la Segob, en su calidad de presidenta del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tendrá la atribución de coordinar, a través de la secretaría ejecutiva del sistema, la tarea de “efectuar el diagnóstico nacional de la violencia de género con los ejes de acción que señala la ley, a partir de la información integrada en el banco nacional”.2
El Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) actúa como secretaría ejecutiva, quedó instalado el 3 de abril de 2007, de conformidad con la Ley General de Acceso. Luego entonces, resulta notorio que los plazos se han agotado.
Al respecto, ya desde el segundo informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2007-2012) se dio cuenta de los compromisos atendidos por el gobierno federal durante 2008, derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; entre ellos, “se integró el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que concentra la información local y federal sobre los registros administrativos y las denuncias en los casos de violencia hacia las mujeres y se elaboraron el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las bases para realizar el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos”.
Posteriormente, en el tercer informe del gobierno federal (septiembre de 2009) se detalló que la Segob, en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, firmó el 13 de noviembre de 2008 un convenio plurianual de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México con el propósito de elaborar un “diagnóstico nacional con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el país”.
En ese tenor, el Poder Legislativo ha sido consecuente con las disposiciones de la ley general por lo que se refiere al artículo 39, que a la letra dice:
Artículo 39. El Ejecutivo federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley.
Así, desde 2008 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó recursos para llevar a cabo el citado diagnóstico: en 2008, 20 millones; en 2009, 9 millones; y en 2011, 15 millones.
De esa forma, entre febrero y septiembre de 2010, la misma Segob informaba a la Cámara de Diputados que el diagnóstico de referencia estaba en la etapa de observaciones, las cuales eran atendidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de conformidad con el convenio signado.
No obstante, la información oficial –proveniente de los informes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de la Segob, expuestos ante la Cámara de Diputados– daba cuenta de que el interés institucional se había centrado en la elaboración de los “estudios complementarios”, también previstos en la fracción XII del artículo 42, pasando por alto que lo primordial era formular el diagnóstico nacional.
Entre las razones expuestas por los funcionarios de Gobernación para justificar el retraso del diagnóstico nacional resaltaban las siguientes:
• Que la Universidad Nacional Autónoma de México, analizaba las observaciones realizadas por la Secretaría de Gobernación.
• Que las instancias que presentaron las observaciones fueron el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Que debido a una cláusula de confidencialidad no presentarían adelanto alguno de los resultados del diagnóstico.
• Precisaron que el término del convenio, signado el noviembre de 2008 con la UNAM, fue en octubre de 2009.
Han pasado cinco años y seguimos careciendo de un insumo básico para delinear una política nacional en la materia sobre bases reales. Tal retraso implica no contar con información objetiva para la elaboración de políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En documentos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados se ha abordado la idea de la existencia del diagnóstico nacional en cita. Sin embargo, en la Ley General de Acceso no se dispone que dicho insumo tenga carácter confidencial o reservado; por tanto, estamos convencidos de que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debe ser publicado.
Pese a ello, es menester actualizar el citado diagnóstico nacional, más aún porque contamos ya con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, publicada por el Inegi –que detalla el grado de violencia ejercido contra más poco más de la mitad de la población, en los ámbitos nacional y estatal–, y también porque recientemente la Secretaría de Gobernación, en su sexto informe de labores, dio a conocer que a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se acordó impulsar “la homologación de los sistemas de información de los bancos estatales de casos de violencia contra las mujeres para hacerlos compatibles y poder alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres”, que debe sustentar la actualización del diagnostico nacional.
No olvidemos, compañeras y compañeros legisladores, que México ha ratificado diversos tratados internacionales en materia de erradicación de violencia contra la mujer. Por ello se genera la inaplazable necesidad de analizar el contenido de estos instrumentos con el objeto de contribuir al conocimiento del ordenamiento jurídico y promover la cultura de la legalidad; tal es el caso de la Convención de Belém do Pará, ratificada en 1998.
Esa convención tiene carácter vinculante para México y establece la obligación de cumplirlas disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Por lo anterior, en función de la interpretación de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considero conveniente establecer la siguiente tesis de jurisprudencia:
Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión... “parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben de emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destaca: supremacía del derecho federal frenarte al local y misma jerarquía de los dos en sus variantes lisa y llana, con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que se calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se aplica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de las entidades federativas y, por medio de su gratificación, obliga a sus autoridades . otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa que en esta materia no existe limitación competenciada entre la federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido de tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado puedan obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro “Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.3
En virtud de estos argumentos, reiteramos la necesidad de contar con datos fidedignos que nos permitan erradicar el problema.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, doctor Alejandro Poiré Romero, a actualizar y expedir el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra mujeres y niñas del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Notas
1 En realidad se trata de una imprecisión que no ha sido corregida; la fracción XII corresponde al artículo 42.
2 En torno del banco nacional, señala el sexto informe de labores de la Segob (de septiembre de 2012):
Del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación presidió tres sesiones ordinarias y una extraordinaria: Dentro de los principales acuerdos destacaron (...), la homologación de los sistemas de información de los bancos estatales de casos de violencia contra las mujeres para hacerlos compatibles y poder alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, y la formación de una mesa de trabajo para la revisión y propuesta de reforma del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3 Novena época, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1999; página 46.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputada Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica)
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