Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3648-IV, martes 20 de noviembre de 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada, Sonia Catalina Mercado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Durango tiene una superficie total de 12 millones 318 mil 100 hectáreas, de las cuales 4 millones 989 mil 401 son bosques, lo que representa el 41 por ciento de la superficie.
Desde hace varios años Durango ha ocupado el primer lugar en producción maderable a nivel nacional, con un promedio aprovechado en la última década cercano a los 2 millones de metros cúbicos de madera en rollo; beneficiando a más de 7 mil 562 productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que se dedican a esta actividad y a la industria forestal la cual genera un total de 17 mil 714 empleos directos, adicionalmente se estima que esta actividad genera alrededor de 35 mil empleos de manera indirecta.
La riqueza de la biodiversidad en materia forestal en el estado es inmensa ya que en su inventario florístico reporta que existen 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y varias especies tropicales, además de diversas especies de flora y fauna solamente se encuentran en esta región, por lo que su importancia no solamente es económica, sino también ecológica; por tal motivo urge que a la brevedad se implementen medidas de control y combate de las plagas y enfermedades que en este momento están causando graves daños a los ecosistemas y a la economía del sector forestal.
El reporte de la Comisión Nacional Forestal señala que en Durango se han registrado más de 160 incendios, que han causado daños a más de 10 por ciento de la superficie forestal, derivado de la falta de lluvias por la que atravesó el norte del país el año pasado y los primeros seis meses del presente año, lo que provocó un fuerte estrés hídrico a los bosques y plantaciones forestales del estado.
El daño no es menor, ya que los bosques tienen una función en la regulación del sistema hidrológico puesto que sirven para retener y propiciar la infiltración del agua, en beneficio de las comunidades del propio estado, así como de las entidades aledañas. Recordar que Durango es la primera reserva forestal del país y como consecuencia el primer productor de madera, pero además es un gran generador de servicios ambientales que beneficia no solamente a los duranguenses, sino a la sociedad en general por lo que es apremiante el esfuerzo de los diferentes ordenes de gobierno para controlar el problema fitosanitario que se ha generado por el ataque de diversas plagas, principalmente por los insectos descortezadores que se tienen identificados de los géneros Dendroctonus e Ips considerados de las plagas forestales más dañinas y que han causando pérdidas considerables no solamente a los propietarios de los bosques sino a todos los eslabones de la cadena productiva forestal y otras también importantes para la actividad económica de estas regiones como el ecoturismo, dejando al desamparo a las comunidades que ejercen dicha actividad y no sólo eso, sino el problema más importante es la pérdida de la cubierta vegetal provocando grandes impactos ecológicos y poniendo en riesgo la biodiversidad de sus ecosistemas, contribuyendo con esto a acelerar el proceso de desertificación.
Por lo expuesto, es necesario y urgente que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio.
Por otro lado, se requiere que se implante el Programa de Empleo Temporal, con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.
En virtud de las razones antes expuestas y a la importancia que tiene la actividad forestal en Durango, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, doctor Juan Manuel Torres Rojo para que, de manera inmediata, inicien acciones y destinen recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que actualmente está atacando a las zonas boscosas en el estado de Durango.
Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.
Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SSP y la SEP acciones coordinadas para garantizar la seguridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la última década México ha vivido un incremento alarmante en los índices de criminalidad, mismo que no ha podido detenerse ni disminuirse; los delitos totales se han aumentado sensiblemente, en 2004 se reportaron 81 mil 539 delitos, mientras que en 2008 se registraron 136 mil 091 ilícitos del fuero federal. En el mismo periodo se aumentaron ciento vente por ciento los delitos contra la salud o narcotráfico (INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores) . Pero además el tipo de delincuencia que se reporta es llevada a cabo por organizaciones dedicadas a delitos sumamente nocivos como la extorsión, secuestro o narcotráfico.
Los homicidios totales reflejan claramente el aumento de la violencia y criminalidad que vive el país. En 2009 se cometieron diecinueve mil ochocientos nueve homicidios, en 2010 aumentó la cifra considerablemente a treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete; y en 2011 a treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete; por mucho, el año más violento en la historia reciente de México. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, más de cincuenta por ciento de los homicidios tienen relación con rivalidades del crimen organizado.
En toda sociedad existen márgenes tolerables de criminalidad que pueden ser controlados por la fuerza pública de los gobiernos; pero, cuando la delincuencia rebasa los índices normales, es que se puede decir que la sociedad presenta niveles patológicos de delincuencia.
Las acciones del gobierno federal han traído como consecuencia que las bandas criminales busquen diferentes formas de costear sus actividades y para ello, han dejado el narcotráfico y se han dedicado a amenazar, extorsionar y secuestrar a ciudadanos, empresas e incluso a organizaciones propias del gobierno. Tan sólo en 2010 la extorsión ocupó el segundo lugar en número de delitos, con siete mil doscientos veintiséis extorsiones por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En el caso del secuestro, este delito se disparó de forma alarmante, entre 2006 y 2011 los plagios aumentaron en trescientos ochenta y cuatro por ciento, llegando a la cifra de dos mil novecientos setenta y nueve secuestrados, de los cuales ciento doce víctimas fueron asesinadas. Con esto, México llega a la tasa más alta en la historia, incluso por encima de Colombia, afirma el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Desgraciadamente la cifra negra, es decir la cantidad de delitos que no se denuncian, todavía es muy alta, a pesar de que se presentó un aumentó de cuarenta y siete por ciento en el periodo de 2004 a 2009 de delitos federales denunciados. (INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores ).
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que entre 2007 y agosto de 2010 habían muerto en enfrentamientos con el Ejército seiscientos cincuenta y seis civiles, número que crece día con día, mientras los enfrentamientos con las organizaciones criminales se desarrollan en el entorno de las ciudades.
En el último año, en diferentes entidades de la república, se ha suscitado de manera preocupante la extorsión a profesores y autoridades educativas; lo que ha ocasionado manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares para exigir que el gobierno federal y los gobiernos de los estados garanticen condiciones suficientes de seguridad.
En 2011, en Monterrey Nuevo León, la maestra Martha Rivera Alanís fue reconocida por cumplir puntualmente los procedimientos de seguridad en contingencias, mientras se desarrollaba un tiroteo en los alrededores de la escuela preescolar Alfonso Reyes. La coordinación del Programa Nacional Escuela Segura ha informado que se suscitaron cuando menos veinte reportes de balaceras en el entorno de escuelas en Tamaulipas y Nuevo León.
En Piedras Negras, Coahuila, el cierre de escuelas y comercios es usual cuando existen persecuciones y tiroteos en la ciudad; además, las actividades fuera de los recintos escolares como visitas guiadas y recorridos han sido canceladas por el riesgo de realizarlas sin poder garantizar la seguridad mínima de los alumnos.
Desgraciadamente la delincuencia ha escalado de los enfrentamientos en los alrededores de los planteles, sino que las escuelas, los maestros y los directivos se han vuelto el objetivo del crimen organizado.
La situación de las escuelas que se encuentran cerradas debido a los amagues de la delincuencia en el estado de Guerrero, es uno de los casos más graves en el país, puesto que a lo largo de un año han cerrado actividades más de cien planteles de diferentes zonas escolares, dejando sin clases a más de cincuenta mil niños. Las acciones del gobierno del estado no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los profesores para que estos puedan regresar a las aulas en su totalidad. En respuesta, los maestros y padres de familia han empezado un movimiento con el objetivo de exigir mayores resultados al operativo Guerrero Seguro, intensificar las acciones contra los secuestros de profesores, y sobretodo el establecimiento de condiciones de seguridad y paz en las escuelas de la entidad.
Caso similar sucede en Salina Cruz, Oaxaca, donde las comunidades escolares de más de treinta y un centros educativos han organizado marchas para pedir mayor tranquilidad y seguridad.
En Gómez Palacio, Durango, debido al clima de violencia, se están tomando las medidas preventivas de reducir horas de clase y recorrer el horario vespertino con el objetivo de tener más horas de luz y evitar riesgos a los alumnos.
El 6 de septiembre del presente año, fue evidente la falta de protocolos de seguridad en contingencias en la mayoría de las escuelas del estado de México y Distrito Federal, al desatarse una alarma en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y en la delegación Iztapalapa, que puso en sobresalto a los maestros y padres de familia.
Además, en el mismo municipio de Nezahualcóyotl, personal docente de más de diecisiete escuelas incorporadas a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se manifestaron en las instalaciones de la presidencia municipal para denunciar la violencia de la que han sido víctimas.
Escuelas en los municipios de Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Amecameca y Tepetlixpa en el estado de México, han recibido llamadas de extorsión amenazando a maestros y alumnos. Los criminales poseen información detallada de las plantilla de maestros, sus familiares y de las actividades que se realizan. Con causa justificada, los miembros de las comunidades escolares temen que se cumplan las amenazas.
A principios de febrero de 2012, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, cerró los centros escolares a todos los niveles por amenazas del crimen organizado. Asimismo, en marzo, en Cuernavaca, Morelos, se dieron cierres de los planteles ante amenazas de balaceras; estudiantes de nivel bachillerato y secundaria fueron víctimas de bandas criminales.
En las ciudades de Pachuca, Matamoros y Ciudad Juárez, se han debido desalojar escuelas por amenazas de bomba, con el objetivo de atemorizar a la población. Este tipo de acciones del crimen organizado pone a prueba la gobernanza de las diferentes autoridades, pero sobretodo al gobierno Federal.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en los 358 municipios con mayor índice delictivo del país están ubicadas cuarenta y dos mil trescientas escuelas públicas, es decir veintidós por ciento de todas las escuelas del territorio nacional, mismas que están más expuestas al narcotráfico, extorsión y secuestros. De los once estados que la SEP ha identificado como focos rojos, según los índices delictivos, siete de ellos son los que concentran cincuenta y siete por ciento del total de homicidios en el país (Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas).
Si bien es cierto que el Programa Escuela Segura es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el cual se han podido diseñar acciones interinstitucionales para evitar condiciones de violencia en el entorno de los planteles, dicho programa no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de las escuelas que han sido blanco de los criminales.
Por tratarse de una delincuencia con gran capacidad de organización y de violencia, de tratarse en muchos casos de escuelas federales, por el tipo de delitos de jurisdicción federal, así como por el contexto nacional de un combate al narcotráfico y al crimen organizado, la federación debe asumir de forma determinante su responsabilidad y tomar acciones eficaces para acabar con estas prácticas delictivas que están lesionando la educación en el país. Según Fernando Escalante Gonzalbo, investigador y catedrático de El Colegio de México, el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado podría ser consecuencia de la presencia de las fuerzas federales, sobre todo en entidades de la república donde se han desplegado operativos conjuntos, además de fuerzas militares para preservar el orden, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.
Es deber imperante del gobierno federal, en coordinación con autoridades municipales y estatales, garantizar la seguridad e integridad de todos los maestros, alumnos y autoridades escolares en los centros educativos.
El gobierno es el encargado de establecer y mantener el orden y la paz social, haciendo uso legítimo de la fuerza pública. Esta es una de las funciones centrales de todo gobierno.
Es de gran importancia que se coordinen acciones conjuntas de diferentes dependencias de gobierno, para garantizar la seguridad de las escuelas, de los profesores y de los alumnos, en el marco de la violencia generalizada y del crimen organizado que se presenta en diferentes entidades de la república.
El Estado mexicano no puede permitir que la educación se desarrolle en un entorno de violencia para los estudiantes. Además deberá garantizar el ejercicio de la profesión de los maestros y directores con plena seguridad del respeto a la integridad física de todos los individuos pertenecientes a la comunidad escolar.
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.
Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldesa de Veracruz a conducirse con estricta sujeción a la legalidad y la civilidad, así como con respeto y tolerancia de la pluralidad política; y a la ASF, a fiscalizar los recursos del ramo 33 que el estado otorga a dicho municipio, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Rafael Acosta Croda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, Carolina Gudiño Corro, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad y el estado de derecho, civilidad, respeto y tolerancia a la pluralidad política.
Consideraciones
Un país en donde se respete la legalidad y el estado de derecho exige invariablemente conducirnos con civilidad, tolerancia y respeto de la pluralidad política, asumíendolos como valores imprescindibles de la cultura democrática.
México, sin lugar a dudas, es un país plural y multicultural, en donde se hace indispensable el diálogo y los valores democráticos para la construcción de una sociedad ordenada. No podemos y no debemos conducirnos bajo la ley del más fuerte ni bajo argumentaciones de absolutos.
La tolerancia consiste en aceptar al otro con sus diferencias, reconociendo que dichos rasgos pueden ser enriquecedores; significa respetar el legítimo derecho que tienen los demás a expresarse y actuar. Este concepto, incluso implica soportar lo que no es común y lo que nos parece extraño.
Desde el proceso electoral, los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz nos comprometimos con las y los veracruzanos a desarrollar con recursos propios un programa de “rebacheo” de calles y vialidades en el municipio, así como otras actividades como reparación de luminarias, equipamiento de escuelas, becas, etcétera para contribuir a darles solución a las quejas más sentidas de las y los ciudadanos.
Acorde a las facultades de gestoría con las que contamos los diputados federales y a los principios de Acción Nacional, ideamos un programa innovador para mejorar las condiciones del pavimento de nuestras calles. Este programa es una respuesta subsidiaria ante un problema grave de la ciudad que sólo ha despertado la inactividad y el poco interés del gobierno municipal por responder a sus promesas de campaña.
Es importante mencionar que en tiempo y forma y en repetidas ocasiones presentamos por oficio varios exhortos a las autoridades correspondientes para que cumplan con esta responsabilidad que tienen encomendada y están obligados a cumplir, sin recibir respuesta.
El pasado viernes 9 de noviembre del presente año el suscrito, acompañado de varios diputados federales del PAN, personal, camiones de asfalto, maquinaria compactadora y cuadrillas de trabajo, nos dirigimos a la esquina de las calles Francisco I. Madero y Juan Soto, para iniciar con el programa de “rebacheo”.
A punto estaba de dar el “banderazo de salida” al programa, cuando fuimos agredidos en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz por un grupo de personas encabezadas por personal del ayuntamiento, entre los que destacaban inspectores de comercio, incluido concretamente el señor Jonathan Vicarte, fotógrafo personal de la alcaldesa Carolina Gudiño Corro.
Mis compañeras y compañeros diputados, así como ciudadanas y ciudadanos simpatizantes con este proyecto, fuimos objeto de la intolerancia de quienes piensan distinto. Sufrimos agresiones físicas y verbales. Lo lamentable no son estas conductas que les describo, lo más grave es que exista quien considera que puede seguir apegando sus acciones a los valores antidemocráticos y dictatoriales del viejo régimen priista.
México ya cambió y no es el mismo de hace ochenta años. Los diputados del PAN no permitiremos que vuelva ese sistema antidemocrático de funcionarios públicos desprovistos de toda responsabilidad que siguen pagando a los más necesitados para manifestarse y agredir. Es indignante que existan políticos que sigan lucrando con la necesidad de la gente.
Mucho nos ha costado alcanzar mejores niveles de democracia en el país, no podemos permitir que las autoridades del ayuntamiento de Veracruz sigan utilizando en el quehacer político la denostación, la violencia y la sinrazón como estrategias para dirimir diferencias ideológicas.
Debe condenarse que las instituciones públicas construidas para todas y todos, sean utilizadas en contra de los adversarios políticos y se impida que los esfuerzos redunden en beneficios para la sociedad.
En Acción Nacional así lo hacemos y exigimos, la generosidad del PAN alcanza para reconocer en otros, incluso a quienes se considera adversarios políticos, su capacidad de aportar ideas y esfuerzos para contribuir a resolver los problemas que aquejan a nuestra comunidad.
Desde esta tribuna, convocamos a todos los actores políticos a conducirse bajo los valores de la democracia y el respeto a la legalidad. Son los ciudadanos quienes pueden otorgar el respaldo a las acciones de los servidores públicos, son ellos quienes nos otorgan o no la confianza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, a fin de que se conduzca con civilidad y pleno respeto a la legalidad, al estado de derecho, a la pluralidad, y cese en su persecución política a toda persona que no comparta la misma posición ideológica política.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Veracruz, a que cese en utilizar las instituciones públicas en contra de adversarios políticos así como a que los funcionarios y servidores públicos se conduzcan con absoluto y pleno respeto a la legalidad y el estado de derecho.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de auditar los recursos otorgados vía Ramo 33, al municipio de Veracruz, en específico los recursos otorgados al mismo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo los relacionados con el capítulo de obras y gastos personales .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.
Diputado Rafael Acosta Croda (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SHCP a instaurar un programa urgente de agricultura por contrato para el ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012.
Contenido
El pasado 31 de julio de 2012, los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, así como el Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, el Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, el Presidente de la Asociación de Bancos de México y el Director de Análisis Financiero del Banco de México, hicieron del conocimiento de la opinión pública una nueva modalidad de apoyos directos para productores y comercializadores agrícolas, bajo la denominación de Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros (PARMIF), que viene a sustituir al Programa de Agricultura por Contrato.
Este programa, según las autoridades federales, fortalece la cadena productiva y comercial agroalimentaria dando certidumbre tanto al ingreso del productor como al abastecimiento del comprador. Lo anterior será posible a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, quien otorgará a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, alrededor de 550 millones de pesos en apoyos directos para incentivar el cumplimiento de la Agricultura por Contrato, los cuales se destinarán a rembolsar parcialmente el costo de la compra de coberturas de precios.
El programa operará a través de las instituciones bancarias y otorgará un apoyo decreciente de hasta 85% del costo de la prima para los productores y de 50% para los compradores, con lo que se afirma se podrán Los apoyos a otorgarse podrán detonar financiamientos hasta por 5 mil millones de pesos en operaciones comerciales que favorecerán principalmente los ingresos esperados de los productores ante las variaciones de precios en el mercado.
En la primera etapa del PARMIF se hará una amplia difusión de las operaciones que se lleven a cabo durante este nuevo esquema, en lo referente a los subyacentes que se operen, en la ubicación de la transacción y el volumen negociado. Asimismo, se publicarán los precios de cierre que se observen en el mercado de Chicago para los mismos bienes.
Así mismo, la Bolsa de Derivados de México (MexDer) publicará diariamente dicha información, misma que será proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en lo que respecta a las operaciones y por el mercado de Chicago en el caso de los precios.
La mecánica del programa consiste en que los participantes en el mercado de valores deberán informar de las operaciones a FIRA y este a su vez, a MexDer. Es importante destacar que en esta primera etapa no se llevarán acciones bursátiles directamente en MexDer; por el momento la Bolsa de Derivados de México se limitara a publicar las operaciones que se lleven a cabo en el marco del Programa. Sin embargo a través del ruteo de operaciones con el mercado de Chicago, los operadores locales podrán desde ahora ejecutar transacciones en ese mercado a través de MexDer.
Así, los intermediarios financieros nacionales podrán ofrecer una gama de servicios a sus clientes, quienes no tendrán que abrir cuentas en el exterior sino únicamente con el banco u operador local.
En la segunda etapa le corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores listar en MexDer un contrato de maíz amarillo, con una proporción de 25 toneladas métricas, cuya finalidad consiste en aprovechar el mercado líquido. El titular de la Bolsa Mexicana de Valores, nos dice que dicho instrumento estará denominado en pesos con lo que se conseguirá disminuir riesgos cambiarios y sobre el tamaño del contrato de futuros, se informa que el mercado de Chicago guarda una proporción mayor de 4 o 5 veces más.
También durante esta segunda etapa se tendrán abiertas las opciones de compra y de venta, y serán listados en los futuros mencionados, el contrato de futuros sobre el maíz amarillo que ya fue aprobado por los distintos órganos de gobierno de MexDer y que se encuentra en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes. El objetivo es impulsar este proyecto entre los meses de septiembre y octubre.
Finalmente la tercera etapa del Programa de Administración de Riesgos de Mercados a través de Intermediarios Financieros, tiene por objeto desarrollar y listar en MexDer un futuro de maíz blanco mexicano y proporcionar a los productores y comercializadores una opción de cobertura más amplia, además de establecer un mecanismo que permita la fijación de precios de este importante insumo.
Este esquema, que ya se encuentra trabajando, implica una desventaja ya que el pequeño productor debe estar bancarizado y el registro es personal lo que afecta a las organizaciones sociales de productores, además de que el registro se realiza ahora con FIRA y no con ASERCA, además de que expone las cosechas nacionales a la fluctuación de los mercados bursátiles.
Si bien uno de los beneficios es la liquidez y la pronta recepción del financiamiento, estos son ínfimamente pequeños en proporción a los daños que pueden ocasionar dichas decisiones al campo mexicano y a su economía.
No obstante los evidentes estragos que han padecido algunos gobiernos y diversas empresas que incursionan en el mercado bursátil, las autoridades mexicanas ofrecen poner en riesgo al sector agropecuario, uno de los más vulnerables del país. Además el Programa se inicia frente a una delicada situación económica, en donde los índices de los precios de productos básicos sufren de una extrema volatilidad, afectando inclusive a las economías más sólidas.
Finalmente es imperante que no se reflejen las actuales condiciones de concentración de apoyos y financiamientos a ciertos productores, pues sólo se estaría remplazando un sistema por otro y los beneficiados serían los mismos. La concentración del financiamiento en un pequeño grupo de productores además de ser una práctica inequitativa, repercute directamente en la economía del país y de las miles de familias mexicanas que viven en una situación de pobreza extrema, ya que al presentarse una contingencia que obligue a la carencia de algún producto o alimento básico, se impactará el abasto y se incrementarán los precios, todo ello en contra del consumidor final.
Además, el programa se castiga con -93% de presupuesto ya que en el componente del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización” tuvo una asignación Presupuestal de 8 mil 500 millones de pesos y sólo se asignan 550 millones a través del FIRA. Por lo que proponemos retomar el modelo exitoso de Agricultura por Contrato con las reglas de operación ya conocidas y que sea implemente un programa emergente para el Ciclo primavera-verano 2012, con un monto de 3 mil millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Soberanía se apruebe esta proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a instrumentar un programa emergente de agricultura por contrato, por 3 mil millones de pesos para el ciclo primavera-verano de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Noé Barrueta Barón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.
Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.
De acuerdo con datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.
Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.
El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.
Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.
Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.
Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.
Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:
Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.
Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
• Agua potable,
• Alcantarillado,
• Drenaje y letrinas,
• Urbanización municipal,
• Electrificación rural y de colonias pobres,
• Infraestructura básica de salud,
• Infraestructura básica educativa,
• Mejoramiento de vivienda,
• Caminos rurales, e
• Infraestructura productiva rural.
Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.
Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.
Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se declara Balandra área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2m fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Exposición de Motivos
Los humedales incluyen una amplia gama de ecosistemas y hábitats, entre los que encontramos a los pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos y áreas costeras como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, así también como arrecifes de coral y otras áreas marinas cuya profundidad no exceda de los 6 metros, el valor biológico de estos ecosistemas ha permitido que la comunidad internacional impulse mecanismos especiales de protección, como la Convención sobre los Humedales, mejor conocida como Ramsar, por haberse firmado en aquella ciudad iraní en 1971, este es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. En junio de 2007 el total de naciones adheridas a la convención como partes contratantes era de 155, y había más de mil 700 humedales de todo el mundo, con una superficie mayor de 151 millones de hectáreas, designados para su inclusión en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar.
La gran riqueza ecosistémica de nuestro país, ha permitido que contemos con un gran número de humedales registrados ante esta convención, según reportes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nuestro país tiene registrados 134 humedales ante esta convención.
No obstante, el régimen jurídico de protección a los ecosistemas mexicanos tiene mecanismo complementarios, tal es el caso de las declaratorias de áreas naturales protegidas, ya que la regulación de las actividades que se pueden realizar dentro un área importante para conservación juega un papel fundamental en el mantenimiento de los procesos biológicos de los ecosistemas.
Para nosotros como Partido Verde, la conservación de los ecosistemas y sus elementos ha sido parte fundamental de nuestra agenda política nacional y legislativa, es nuestra esencia como partido político, por ello desde hace muchos años hemos impulsado reformas y mecanismos legales que permitan la conservación de los ecosistemas mexicanos, por ello la relevancia del planteamiento que hacemos ante esta tribuna, me permitiré hablar de Balandra. Balandra se localiza a 22 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el municipio del mismo nombre. Su clima es seco-desértico y cálido con lluvias en verano. Es un humedal de zona árida, es decir, cuenta con una laguna interior. El cuerpo de agua mide 30 hectáreas, la boca del estero mide 140 metros y su sedimento está conformado por arenas medias y limo grueso.
La cercanía y accesibilidad del estero de Balandra a la ciudad de La Paz lo han hecho, desde tiempos inmemorables, uno de los sitios más visitados por los paceños y los turistas tanto nacionales como extranjeros. En cuanto al carácter cultural, basta recordar que la formación rocosa denominada El Hongo de Balandra, es el símbolo de la región.
En Balandra predominan las especies de mangle negro (Avicennia germinans ), blanco (Laguncunaria racemosa ) y rojo (Rizophora mangle ), ésta última sujeta a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. El manglar de Balandra cubre un área de aproximadamente 30 hectáreas; se trata de pequeños bosques maduros que presentan valores altos de área basal de 24 m2 ha-1, alta densidad con una máxima de 2 mil 835 individuos por hectárea-1 para mangle blanco y con medinas alturas.2 En el año 1994 se llevó a cabo la reforestación de una superficie importante de manglar, lo que permitió evaluar en campo las técnicas de restauración aplicadas, actividad que resulta de la mayor trascendencia si se toma en cuenta que en los últimos 20 años el país ha perdido 65 por ciento de la superficie cubierta por manglares y se estima que cada año se deforestan 9 mil 913 hectáreas de manglar.
Además en Balandra se han identificado 72 especies de microalgas, de las cuales 46 pertenecen a la división Rhodophyta , 14 a la división Chlorophyta y 12 a la división Phaeophyta , destacando las siguientes: Caulerpa sertularioides (verano), Cladophora stimpsonii (verano), Acetabularia calacyculus (verano) y “Morfología Funcional de mantos de rodolitos en Baja California Sur”. Enteromorpha clathrata (invierno).
De igual forma, dentro y en las inmediaciones del estero de Balandra se encuentra un importante número de especies de flora y fauna silvestre protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre los mamíferos marinos destacan: el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus ) sujeto a protección especial; el león marino de California (Zalophus californianus ); las ballenas: de Bryde (Balaenoptera edén ), Azul (Balaenoptera musculus ), de Aleta (Balaenoptera physalus ), Jorobada (Megaptera novaeangliae ), Gris (Eschrichtius robustus ), todas ellas sujetas a protección especial; la Orca (Orcinus orca ), sujeta a protección especial; el tiburón ballena (Rhincodon typus ), amenazado. También se han detectado colonias de tortuga laúd (Dermochelys coriacea ) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata ), ambas en peligro de extinción.
Por lo que se refiere a las aves destacan el bobo patas azules (Saula nebouxii ), el bobo café (Saula leucogaster ), la gaviota ploma (Larus heermanni ), sujeta a protección especial; la gaviota parda (Larus livens ) sujeta a protección especial; el pelícano café (Pelecanus occidentales ), que en esta zona y sus inmediaciones tiene colonias de reproducción; la garza gris (Egretta rufescens ), sujeta a protección especial; la garza rufa (Larus heemanni ), sujeta a protección especial, entre otras.
En cuanto a la ictiofauna, un estudio revela que en el estero de Balandra, así como en los de Enfermería y Zacatecas, ubicados también en La Paz: “...estuvo compuesta por 53 especies, de las cuales cerca de 40 por ciento fueron visitantes excepcionales, indicando la existencia de una elevada dinámica en estos sistemas. La mayor diversidad se registró en Balandra posiblemente por la influencia oceánica a que está sometida en contraste con los otros dos sitios estudiados.” Pero no sólo eso, sino que en dicho estudio quedó científicamente comprobado que el estero de Balandra sirve como área de reclutamiento y crecimiento de juveniles de especies de alto valor ecológico y comercial, incluyendo pargos, cabrillas, lisas y mojarras.
El reconocimiento a la riqueza biológica y singularidad del estero de Balandra ha trascendido fronteras toda vez que se ha incluido a las Áreas Prioritarias Marinas para la Conservación de América del Norte, concretamente al área APC-24 “Corredor Los Cabos/Loreto”. Asimismo el estero está comprendido dentro de la región marina prioritaria RMP-10 “Complejo Insular Baja California Sur”. Aunado a lo anterior, en el año de 2004, el ayuntamiento de La Paz lo decretó como área natural protegida con categoría de zona de conservación ecológica y de interés de la comunidad, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California Sur.
Balandra es considerado un activo natural importante del estado de Baja California Sur y del norte de México, ya que en el área se enlazan y acoplan procesos ecológicos acuáticos y terrestres de cuya continuidad depende la cadena evolutiva y la conservación de los servicios ambientales que benefician al hombre. Balandra ofrece a los habitantes de la ciudad de La Paz y al turismo la experiencia de disfrutar de una playa prístina, con paisajes terrestres y costeros aún no modificados por el desarrollo inmobiliario u otro tipo de infraestructura, con un potencial en recursos naturales aún posibles de ser conservados.
Se ha evaluado que el conjunto de elementos que conforman el humedal de Balandra se encuentran en buen estado de conservación, ecológica, sólo amenazado por las prácticas de desarrollo humano costero vigentes.
Balandra, es uno de los pocos manglares no contaminados representativos de regiones áridas que quedan en el mundo, lo que ha beneficiado a especies de flora y fauna tanto terrestres como marinas, por lo que el 2 de febrero de 2008 se declaró el área como el sitio Ramsar número 1767.
Para fortalecer e incluir al régimen de protección al integro de elementos que comprenden al ecosistema de Balandra desde hace varios años el Partido Verde ha exhortado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realizará los estudios previos justificativos que permitieran emitir la declaratoria de área natural protegida del estero de Balandra, por lo cual el 1 de febrero de 2008 la Conanp publicó en el Diario Oficial de la Federación, aviso mediante el cual concluye que la región conocida como Balandra reúne los requisitos necesarios para declararla como área natural protegida federal para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.
La manifestación de impacto regulatorio por parte de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) establece que durante “el periodo en que los estudios estuvieron a disposición del público, Conanp recibió información técnica proporcionada por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, proponiendo la ampliación de la superficie del área.
Una vez que fue analizada la proposición remitida y realizando algunas adecuaciones basadas en la práctica, el conocimiento del terreno y la delimitación de las subcuencas y microcuencas existentes en el sitio, esta comisión nacional, concluye que es necesario ampliar la superficie originalmente propuesta de 2 mil 131 hectáreas a 2 mil 512 hectáreas, incluyendo a la poligonal del área natural protegida (ANP): el estero Bahía Falsa, la playa El Tesoro, Puerto Gato, Punta Colorada, además de una porción marina adyacente a estos sitios, lo que significa un incremento de 17.8 por ciento de ecosistemas trascendentales para garantizar la conservación del mayor número de rasgos morfológicos interconectados y la conectividad entre hábitat, aplicando esquemas estrictos de protección.”
Como se ha expuesto, el Partido Verde ha impulsado el proceso de declaratoria de área natural protegida de Balandra, desde hace varios años, lo cierto es que al día de hoy y pesé a contar con los elementos suficientes, el gobierno federal no ha emitido dicha declaratoria, por lo cual de conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que lo antes posible publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna a Balandra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS, de la Sedesol, de la Sener y de la SE a implantar un programa de evaluación sobre seguridad y salud en la industria minera, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro país tiene un fuerte dominio a nivel internacional en el tema minero, propiciado por la ubicación en que se encuentra, sobre una fuente volcánica con alta riqueza de minerales.
La concentración del músculo minero es evidente en estados como Sonora, Zacatecas, Durango, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí e indudablemente Chihuahua.
La importancia que tiene este sector para la economía es basta, así como los conflictos por cuestiones de salud, seguridad, relaciones laborales, etcétera.
Estas pugnas se han convertido en verdaderos problemas entre los sindicatos representantes de los trabajadores, las empresas y los gobiernos federal, estatal y local.
En contraste el presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, José Martínez, expresó que el sector minero se encuentra en momentos inmejorables, pues se catapulta como el primer lugar a nivel Latinoamérica y el cuarto sitio a nivel mundial en recepción de inversión extranjera.
Expresó que estos niveles de captación de inversión han permitido ubicar al sector como el tercero en generación de ingresos en el país al atraer 22 mil millones de dólares, tan sólo en 2011, esto sólo por debajo de la industria automotriz y los ingresos petroleros.
Los ingresos de la minería superaron a los provenientes del turismo, este margen de ganancias no se refleja en los sectores más vulnerables de la sociedad, esto debido a que la mayoría de las compañías son extranjeras y un margen grande de estas proviene de Canadá.
Otro aspecto relevante es que en la mayoría de países de Latinoamérica con presencia en este sector las empresas tienen obligaciones fiscales proporcionales a sus márgenes de ganancia, mientras que en México sólo están obligadas a erogar lo que se denomina derecho de explotación, lo que hace verdaderamente atractivo invertir en el país.
Según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el desarrollo de la minera canadiense Gold Corp, se debe a las grandes ventajas que nuestro país otorga a la industria minera, entre los que destacan el gran apoyo por parte del gobierno y la estructura impositiva favorable.
Expresa el mismo estudio que los derechos cobrados a las compañías mineras son de entre 5 a 11 pesos por hectárea explotada, sin pasar por alto que los impuestos por extracción son nulos, en comparación con otros países que llegan a cobrar hasta 18.5 por ciento de presupuesto.
Mientras que las empresas continúan acrecentando sus márgenes de ingreso y ganancia en el país, existen datos que señalan que el salario de un minero en el área de extracción de carbón, oscila los 3 mil pesos mensuales.
Las ganancias promedio de un obrero se ubican entre 400 y 800 pesos semanales, esto depende directamente de la cantidad de minerales extraídos durante una jornada de 8 horas de trabajo.
Sumemos a lo anterior las condiciones de trabajo bajo pésimos estándares de seguridad e higiene, la carencia de prestaciones y un bajo perfil profesional.
Según cifras del Censo Trimestral de Empleo y Salarios de Estados Unidos, un minero de ese país gana a la semana 751.24 dólares, debe contar con un perfil específico que estipula 45 años de edad y un mínimo de 24 horas de entrenamiento en áreas de seguridad.
Los empresarios mineros incurren en faltas graves en perjuicio de los trabajadores y de las instituciones públicas, esto quedó al descubierto en el accidente donde perdieron la vida siete trabajadores de la mina de carbón El Progreso, en Coahuila. Las faltas que cometieron están estipuladas en el artículo 307 de la Ley del Seguro Social, donde las compañías mineras caen en la comisión del delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social, por la probable omisión de informes de registro al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
¿Quién no recuerda el desastre minero de Pasta de Conchos? En el cual murieron 65 personas, lo lamentable de este acontecimiento es que existen referencias de que los mineros habían estado en huelga en contra de Grupo México al menos 14 veces antes de que ocurriera el incidente, sus principales peticiones eran incrementos de salario, pero sobre todo apelaban a la constante negativa de las autoridades a revisar las medidas de seguridad y salud que prevalecían.
De ese trágico accidente podemos rescatar la existencia de un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que solicita al gobierno mexicano que se implementen y, sobre todo, que se cumplan las normas de seguridad de tal forma que se pueda defender a los trabajadores de los casos de siniestros.
La NOM 032 surgida del accidente en Pasta de Conchos referente a minas subterráneas de carbón fue solo un paliativo, dado que los accidentes siguen cobrando vidas.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Energía, y de Economía, para que se implemente un programa de evaluación, relativo a la industria minera en los temas de seguridad y salud.
Segundo. Basado en los resultados del programa de evaluación, se exhorta a las secretarías antes señaladas, para que adopten medidas de prevención y corrección de los evidentes peligros en seguridad y salud que afecten a los mineros.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que estudie con detenimiento el cumplimiento de las reglas de operación de los concesionarios de minas y en caso de incumplimiento, aplicar las medidas y sanciones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales que establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignificación del adulto mayor, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La vertiginosa dinámica social nos ha obligado como nación, y por mandato constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y consagra el derecho de acceso a una vida digna; a realizar un adecuado ejercicio de observancia sobre las necesidades especificas de toda nuestra población que la compone, requerimientos que no sólo atiendan diferencias derivadas del género, sino también de la pluralidad que se motiva resultado de distintas formas de pensar, expresarse, relacionarse e incluso de aquellas surgidas por la edad.
Es así que tenemos requerimientos específicos de carácter políticos, sociales, de servicios, económicos, culturales, entre otros; que deben de atender y responder a sectores de la población identificados y claramente diversos en su composición, finalmente es en la tolerancia hacia la diversidad donde radica la fortaleza y solidez de cualquier sociedad.
Sólo por mencionar algunos rubros específicos de la población como niños, jóvenes, mujeres, hombres, de cuidad o zonas rurales, padres de familia, solteros, con preferencias diferentes, en edad laboral, estudiantes, asalariados, de la economía informal, jefas o jefes de familia, con capacidades diferentes y también, y no menos importantes, adultos mayores; son la pluralidad que compone nuestra sociedad y que como tal debemos de asumir el compromiso y la capacidad de proveer los satisfactores necesarios para desarrollarse en plenitud en las mejores condiciones posibles y favorables.
En nuestro país, desafortunadamente como sociedad no hemos solventado deudas históricas con muchos de estos sectores que no hemos atendido del todo. En especial con los adultos mayores tenemos todavía muchos rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.
Además, junto a esto tenemos aspectos coyunturales que agravan aún más la precariedad a la que se enfrenta esta población, por ejemplo: nuestros servicios de salud no garantizan la atención integral que necesita este sector en respuesta a patologías propias de su edad, como tampoco con los estándares de atención profesional y personalizada que ameritan; o que el Estado en sus tres niveles de gobierno no les provee de los espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.
La situación se torna alarmante si observamos la tendencia en nuestro país de un marcado envejecimiento en su población, que pronostica que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir un 30% del total de nuestra población estará en este segmento poblacional.
Aunado a lo anterior y según datos estadísticos, de cada 100 hogares en nuestro territorio, 27 tienen al menos una persona de 60 años o más, existen cerca de 11 millones de adultos mayores, es decir 11 de cada 100 mexicanos tienen al menos 60 años y al día cerca de 850 habitantes llegan a esta edad y por ende cada año tenemos cerca de 306 mil nuevos adultos mayores.
Asimismo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “tres millones de adultos mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector informal, sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una pensión”.
Además de este total, las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los excluye todavía más.
Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más 12 por ciento viven solas, el 70 por ciento de estos mexicanos tiene prevalencia de cuadros de diabetes mellitus no insulinodependiente que le implican ingresos hospitalarios y atención médica-especializada focalizada, el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por su edad.
Concretamente, tenemos que reconocer no solo como legisladores sino como sociedad en su conjunto, que los adultos mayores en México viven en una comunidad que los vuelve invisibles, que los excluye y que los asume como si estuvieran fuera de contexto y ajenos a ella.
A los adultos mayores sin importar su condición o clase en nuestro territorio, se les niegan sus derechos básicos establecidos internacionalmente como:
• El derecho a ser tratado en todo con dignidad y respeto.
• El derecho a participar enteramente y libremente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.
• El derecho al acceso a condiciones dignas de vida con el disfrute de un estándar adecuado, incluyendo rubros como la alimentación, vivienda, vestimenta y esparcimiento.
• El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al ámbito laboral, acceso a vivienda, cuidado, atención, prevención y procuración de su salud y el goce de servicios sociales básicos.
• El derecho a altos estándares de servicios profesionales y especializados médicos de salud.
• El derecho de protección institucional ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso físico o mental.
• El derecho a la cobertura integral de seguridad social, asistencia y protección.
• El derecho al disfrute y acceso a una amplia y activa participación en todos los aspectos de su desarrollo tanto social, económico, político y cultural de la sociedad y entorno al que pertenecen.
Desde esta soberanía, debemos de asumir que en nuestro país los adultos mayores son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.
Tienen un acceso nulo o en el mejor de los casos limitado a servicios sociales, de procuración y seguimiento a su salud; carecen de espacios públicos destinados a ellos, de estancias gratuitas auspiciadas por el gobierno y un marco adecuado que les provea información, protección y asistencia legal, y también de amplios instrumentos legales e institucionales que castiguen los principales tipos de maltrato que sufren y que entre otros son:
• Un maltrato físico repetitivo enfocado en causarles dolor o lesiones visibles de poca, mediana o prolongada permanencia.
• Coerción física mediante el uso o no de fuerza y la restricción de su libertad de movimiento.
• Un maltrato psicológico y emocional con acciones o actitudes que les producen sufrimiento y daño reiterativo.
• Abuso económico o material que los somete a explotación de sus recursos en forma ilícita o a la utilización, disposición o disfrute de terceros sin su autorización de sus bienes o propiedades.
• Abuso sexual que los obliga a mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con otra persona.
• Y finalmente al descuido y negligencia consciente e intencional que les niega o los excluye de la atención a su persona y alcance de la satisfacción de sus necesidades especificas.
En resumen, estamos permitiendo la permanencia y el desarrollo de una sociedad cada vez más insensible ante su población adulta mayor; que carece de instituciones, acciones, políticas y programas exclusivos y necesarios para brindarles una atención integral y no solo de subsistencia, que no prevén medidas de sensibilización y respeto a sus demandas, problemas y requerimientos específicos para su desarrollo e incluso desplazamiento físico. Carecemos de los mecanismos y protocolos institucionales, incluso en nuestras dependencias gubernamentales, que les faciliten su inserción amplia en la dinámica política, social, económica, laboral, educativa y cultura, solo por mencionar algunas. Y sobre todo carecemos de los instrumentos necesarios y mínimamente indispensables para proteger sus derechos.
Necesitamos urgentemente desde nuestras instituciones y en corresponsabilidad con la sociedad, el construir específicamente para los adultos mayores en nuestro país protocolos de convivencia civilizada en el marco del respeto irrestricto, de la solidaridad consecuente, y de una amplia cobertura de protección, promoción y reconocimiento social. Finalmente esta soberanía debe de impulsar la elaboración de protocolos, políticas, estrategias y acciones afirmativas que privilegien el respaldo comunitario a este sector en especial, posicionándolos en el lugar aventajado que su experiencia intergeneracional, sus conocimientos de vida y la sabiduría que los años de vida les provee.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de todas las Entidades Federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.
Artículo tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre del 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes
Consideraciones
Los chimalapas, zona indígena de las etnias zoques y tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas, actualmente es considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40 por ciento de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.
Por muchas razones, los chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.
En este sentido, los antecedentes del territorio chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe zoques, antes llamados olmecas.
Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594 mil hectáreas (6 mil 759.31 kilómetros cuadrados), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de Municipios inconformes.
Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100 mil hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de los chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de los chimalapas.
Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.
Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.
El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las Secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y de Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 has, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160,000 hectáreas incluyendo todos los poblados.
Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de los chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.
A principios de 2012, los chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el ministro instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.
Actualmente las autoridades comunales chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.
Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias –en coordinación con los gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca)–, participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en el artículo 79, someto a consideración de esta soberanía, y con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de los chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a elaborar la NOM e implantar programas y políticas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte público, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia para, exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar la norma oficial mexicana e implantar programas y políticas que garanticen el desplazamiento y la accesibilidad al transporte público de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Todos los seres humanos estamos dotados de la misma dignidad, en cuanto a que somos personas, entes racionales dotados de valores intrínsecos, sin distinción alguna.
A raíz de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, promulgada el 9 de junio de 2011, se incorporó a la Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas, preferencia sexual o discapacidades.
La misma reforma estableció, además, obligaciones específicas para quienes somos los responsables de salvaguardar esos derechos, es decir, las instituciones del Estado mexicano. Al Poder Legislativo, por tanto, en el ámbito de nuestra competencia, nos corresponde legislar y dotar de presupuestos para garantizar que esos derechos cuenten con mecanismos eficaces que los hagan exigibles para todas las personas.
En consecuencia, la tarea legislativa que procede, en una visión garantista del derecho mexicano, es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, ratificados por México, en materia de derechos humanos, y nuestras leyes, para hacer de éstas mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.
La armonización legislativa implica un proceso minucioso de revisión del contenido tanto de tratados y convenios, como de las leyes a fin de que cada una se adecue al nuevo marco constitucional, por tanto requerirá de importantes esfuerzos para ir incorporando uno a uno los mecanismos legales que permitan garantizarlos.
El contenido de estos puntos de acuerdo es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la marginación y vulnerabilidad social en la que se encuentra la población con discapacidad, se pueden observar situaciones como las siguientes: el desempleo para este grupo de población es entre dos y tres veces más elevado que el de las personas sin discapacidad; no existe un sistema de transporte accesible en los países, ni legislación referente al acceso a los edificios, además de la discriminación a la que se enfrentan diariamente.
Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas. Recordemos que el derecho al libre tránsito, esto es, al podernos desplazar a nuestra voluntad, es uno de los derechos fundamentales, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 13 y 8, respectivamente, las cuales son normas supremas para los mexicanos.
En congruencia con lo anterior, la accesibilidad y el desplazamiento son necesarios para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros, pues todos ellos implican tener movilidad para desplazarse y poder hacerlos efectivos.
La accesibilidad a los inmuebles, las formas y costos de transportación, la disposición de servicios y atención especializada, así como la posibilidad de contar con personal capacitado para la atención de las personas con diversos tipos de discapacidad, así como el desplazamiento, para poder hacerlos una realidad, son factores decisivos en la integración social de las personas con discapacidad, pero sobre todo para poder alcanzar su propio desarrollo al que tienen derecho, sin distinción.
Por ello deviene necesario que la ley sea el instrumento para equiparar los derechos entre los seres humanos con y sin discapacidad. De acuerdo con la ONU “Equiparación de oportunidades” significa “el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad ?tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, hacerlas accesible para todos”.
Hacer esto una realidad es parte, sin duda, de nuestra responsabilidad, que hoy la vida nos da la maravillosa oportunidad de afrontar con la más absoluta convicción y congruencia.
Por el carácter progresivo de los derechos humanos y debido a un importante activismo de organizaciones de la sociedad civil, se ha venido avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que hasta hace poco eran vistas, desde el punto de vista legal, sólo como sujetas de tutelaje, es decir no se les concedían capacidades propias para ejercer todos sus derechos, sin dejar de reconocer la deleznable discriminación y violación de sus derechos humanos, que sufren las personas con discapacidad.
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y suscrita por México el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 17 de diciembre del año.
La convención establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, es decir, que todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley. Refiere que esto se aplica a todas las mujeres, niñas y niños que presenten discapacidades.
Esta convención es el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, observadores, cuerpos y organizaciones importantes de esta organización, relator especial sobre discapacidad, instituciones de derechos humanos nacionales, y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
Este instrumento supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la “visibilidad” de este grupo dentro del sistema de protección de derechos humanos de la ONU, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Aunque no hay una definición universalmente aceptada de discapacidad en la convención, sin embargo, establece en el artículo 1o.:
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Es importante destacar los principios generales de la convención, establecidos en el artículo 3o.:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; y
h) El respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad.
De esos principios se desprenden las responsabilidades que el poder legislativo tiene para poder garantizarlos, y respecto al tema de estos puntos de acuerdo, se especifica la necesidad de garantizar la accesibilidad que, como se ha visto antes, se hace necesaria para evitar la discriminación y hacer efectiva la igualdad de oportunidades.
Sólo para dimensionar la gravedad e injusticia de la discriminación existente, para quienes conforman el sector social tan vulnerable como lo es el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, la ONU señaló que en el mes de septiembre del año anterior, eran más de 7 mil millones de personas en el mundo, de las que 10 por ciento presenta discapacidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señaló que son más de mil millones de personas. Lo anterior representaría que en el país tendríamos más de 12 millones de personas con algún tipo de discapacidad.
A escala mundial, la pirámide poblacional tiende a invertirse, por lo cual tendremos más personas de la edad de oro, de los cuales un número importante de ellos podrán alcanzar algún tipo de discapacidad en forma natural.
Dotar de mecanismo para la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad tiene el objetivo de cambiar la visión meramente asistencialista que se ha desarrollado en torno a este grupo de la sociedad, con el fin de equiparar las oportunidades que les permitan su plena integración a la sociedad, y ejercer sus derechos plenamente, a efecto de lograr su desarrollo integral.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad de dictar a las Instituciones Públicas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las persona con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, tanto en zonas urbanas como rurales.
Derivado de lo anterior, el artículo 19 de dicho ordenamiento constriñe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, debiendo tanto en las unidades como en las instalaciones del transporte público garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad para su desplazamiento y utilización de dichos servicios, contando con personal capacitado.
La ley de inclusión obliga a dicha dependencia federal a implantar campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto para las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos evitando así cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte aéreo, terrestre o marítimo.
Por otra parte la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal prevé a su vez que le corresponde en consecuencia la planeación y formulación de las políticas y programas para el desarrollo de los servicios de autotransporte federal así como de sus servicios auxiliares, expidiendo las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.
Fundamento legal
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o. y 11, que consagran el ejercicio de los derechos fundamentales y este último particularmente al de libre tránsito.
2. Declaraciones Americana, de los Derechos y Deberes del Hombre, y Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 8 y 11, respectivamente.
3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece en el artículo 9 lo siguiente:
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; y
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para, desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.
4. Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, en los artículos 2, fracciones I y IX; 3; 5; fracción VI; y 19, fracciones II y III.
5. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con base en lo anterior se somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implantar políticas públicas tendentes a respetar el derecho de las personas con discapacidad que les permita la accesibilidad tanto en las unidades de transporte público como en la de los servicios auxiliares.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a elaborar la norma oficial mexicana que considere los principios y requerimientos que establece la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el ámbito de su competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a detener por el Senasica las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Sergio Torres Félix, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El cultivo del maíz es una herencia ancestral. En el país se producen cerca de 21 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo. El estado de Sinaloa es llamado “el granero de México”, debido a que es el mayor productor y de la mejor calidad de maíz blanco en el territorio, contribuyendo al mercado nacional con el 20%, su producción es alrededor de 6 millones de toneladas.
Los transgénicos son productos que ya existen pero que se les manipula genéticamente por medio de métodos biotecnológicos, con la finalidad de convertirlos en más nutritivos y resistentes a las severidades del medio ambiente. El maíz es uno de los primeros granos y el que más se ha manipulado genéticamente.
Un estudio realizado por el biólogo francés Gilles-Eric, arrojó que una variante de semilla transgénica de maíz de la transnacional Monsanto, provocó cáncer de hígado, infertilidad y otros daños físicos a ratas de laboratorio.
Otro estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, encontró que las ratas que fueron alimentadas con maíz transgénico, desarrollaron tumores mamarios masivos, daño renal y hepático.
A pesar de la publicación de dichos estudios, en el mes de octubre del presente año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió solicitudes para la siembra de maíz transgénico de parte de las empresas Monsanto y PHI México. Los documentos manifiestan la intensión de realizar el cultivo principalmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas.
La empresa Monsanto pretende sembrar 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa. La empresa Pionner Hi-Bred International desea cultivar 351, 284 hectáreas en el estado de Tamaulipas.
Cabe señalar, que la empresa Monsanto está enfrentando una demanda en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistente, la degradación de la calidad del suelo, la reducción del contenido nutriente y la disminución de los rendimientos de los cultivos.
El Presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad declaró “las cantidades de maíz que come un austriaco o un francés no son para preocupar, pero nosotros, que desayunamos, comemos y cenamos maíz, sobre todo en los grupos más pobres, el riesgo es muy diferente”. Estamos plenamente de acuerdo con él.
Somos altos consumidores de maíz, nuestro país es el principal consumidor de tortilla en el mundo, pues se estima que este producto es absorbido por el 94% de la población, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortilla por año.
Además, de este grano dependen casi 702 productos que la gente encuentra en los mercados y supermercados, como son los aceites vegetales, harinas, así como las carnes de pollo y res que en sus procesos utilizan semillas y granos.
Por ello, debemos actuar para detener las solicitudes de las empresas Monsanto y PHI México que pretenden obtener permisos para la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado en los Estados de Sinaloa y Tamaulipas, perjudicando a los campesinos que cultivan el maíz original y orillando a los consumidores mexicanos a tener un riesgo en la salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Sagarpa, para que a través de la Senasica, detenga las solicitudes de autorización para la siembra de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, para beneficio de los agricultores y la salud de los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y emitir los lineamientos, el distintivo nacional y demás instrumentos regulatorios para la producción orgánica, a cargo del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, incisos III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a integrar con la mayor brevedad el consejo nacional de productos orgánicos y a emitir lineamientos sobre la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme lo ordena la Ley de Productos Orgánicos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace varios años, esta Soberanía ha trabajado en la necesidad de establecer el reconocimiento jurídico a la producción de alimentos orgánicos, así como, otorgar un marco general para su regulación, protección y fomento.
En consecuencia, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Productos Orgánicos en diciembre de 2005, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006. El reglamento correspondiente fue publicado el 1 de abril de 2010: casi cuatro años después.
Dicha ley es de suma importancia, tomando en cuenta que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis, garantizando al consumidor, alimentos sanos y con grandes beneficios para el medio ambiente antes, durante y después de su producción.
Este sistema utiliza insumos naturales y prácticas especiales como son la aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, entre otras, lo cual promueve el mejoramiento y la protección de los recursos naturales, así como las condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas.
Los sistemas de producción y procesamientos orgánicos, promueven la conservación de los recursos indispensables para el desarrollo humano como el agua, el suelo y el aire. Al estar basadas en normas de producción específicas y precisas, que propician la generación de ecosistemas óptimos y sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.
En México, el sector orgánico está representado en casi la totalidad de los estados del país. Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los que destacan con la mayor superficie de este tipo de sistemas de producción. Pero este sector se encuentra en crecimiento, pudiendo en la actualidad encontrar productores desde Baja California hasta la península de Yucatán.
De igual forma, el país se ha destacado a nivel internacional tanto en el número de agricultores como en diversidad de productos orgánicos, estimándose en el orden de medio millón de hectáreas manejadas con producción orgánica.
Pese a la importancia de esta ley para el beneficio de los productores nacionales y especialmente para el cuidado del medio ambiente –tema de gran relevancia en el futuro del desarrollo mundial– a más de seis años de su publicación y a más de dos años de publicado su reglamento, hace falta poner en marcha una serie de instrumentos regulatorios. Específicamente, los lineamientos para la producción orgánica, la lista de insumos permitidos, las especificaciones para la certificación participativa, especificaciones del distintivo nacional, reglamento interno del consejo nacional de productos orgánicos, entre otros, para dar pleno cumplimiento a los términos previstos en ella.
Dado que estos ordenamientos forman parte fundamental para el desarrollo del campo mexicano y en particular para el sector orgánico, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha implantado a cabalidad el mandato de la Ley de Productos Orgánicos y los productores mexicanos enfrentan grandes desventajas competitivas en relación con productores de otros países al verse obligados a certificarse con normas extranjeras que complican los procesos de certificación.
Por lo expuesto me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a integrar con la mayor brevedad, en cumplimiento de sus facultades, el consejo nacional de productos orgánicos y a emitir los lineamientos para la producción orgánica, el distintivo nacional para productos orgánicos y demás instrumentos regulatorios conforme a lo que ordena la Ley de Productos Orgánicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP, de la Sedesol, del Conapo y del Inegi que reconozcan, incluyan y consideren zonas metropolitanas Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, Chihuahua, así como sus áreas o municipios conurbados, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal y Diana Karina Velázquez Ramírez, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de delimitación de zonas metropolitanas no es ajeno. A partir de 1940 la urbanización y expansión física derivada del éxodo campo-ciudad, dieron paso a la conformación de diferentes metrópolis dentro del territorio nacional.
En el año de 1976 el constituyente reforma la Ley Suprema para reconocer la existencia de los Municipios conurbados y asegurar, así, la eficaz prestación de los servicios públicos; competencia de éste orden de gobierno, ello en el Artículo 115 Constitucional.
Al mismo tiempo, debemos reconocer que en nuestro país siguen persistiendo serias desigualdades entre regiones y grupos sociales, que requieren mayores esfuerzos para aprovechar racionalmente los recursos naturales y para incrementar la infraestructura que permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos.
En los últimos años la concentración humana en las ciudades se ha llevado a cabo a través de procesos económicos y sociales atractivos, que han posibilitado una alta ocupación del territorio de éstas. La población mundial vive hoy más en entornos urbanos que rurales. De esta manera, las ciudades hoy en día, con base en los paradigmas impuestos por el modelo globalizador, se han ido convirtiendo en polos de competencia entre ellas que les obliga a enfrentar retos y buscar oportunidades para poder descollar en el contexto de la economía mundial. Además, en las ciudades existe una permanente búsqueda de mejores espacios para la convivencia, cultura y creatividad. Esto, aunado al enorme reto de abastecer de infraestructura básica y servicios que generan estas aglomeraciones.
Entrando en materia, es de citarse que entre los elementos más importantes en la composición, definición y delimitación de una zona metropolitana se encuentra:, que está formada por una ciudad con una fuerte concentración demográfica (ciudad central o núcleo central), la cual gradualmente expande su influencia dominante socioeconómica y política hacia una o varias Ciudades o Municipios que, de alguna forma u otra, establecen una relación de dependencia hacia la primera con motivo de la alta concentración de actividades económicas, laborales y de servicios las hace dependientes de la primera.
También se toman en cuenta las unidades administrativas que por su carácter estratégico forman parte de la Zona Metropolitana, la funcionalidad entre la periferia y el núcleo central, así como el volumen de su población.
En 2003-2004, en México se crea un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (SEDESOL-CONAPO-INEGI); se identificaron 55 zonas metropolitanas a nivel nacional entre las que, por el volumen de población, destacan las del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca dentro de las primeras cinco más pobladas del año 2000.
Este mismo grupo interinstitucional, con los mismos criterios y los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, identificó 56 zonas metropolitanas dentro del territorio nacional; se sumaron Tijuana, León, Juárez y La Laguna para alcanzar nueve metrópolis con más de un millón de habitantes, de las cuales, la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra en primer lugar.
Dentro de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano se define a la Zona Metropolitana, como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.
Adicionalmente, se considera como Zona Metropolitana: a) todos aquellos municipios, demarcaciones territoriales o asentamientos humanos que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, y b) aquéllos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.
Considerando todo lo anterior es que, se solicita la creación e incorporación de tres nuevas Zonas Metropolitanas en el Estado de Chihuahua, como parte predominante de un sistema urbano, que ejerce una significativa influencia económica social y política, mismas que comprenderían:
1. Ciudad Delicias, conformada por los municipios de Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo;
2. Ciudad Hidalgo del Parral, conformada por los municipios de Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan y;
3. Ciudad Cuauhtémoc, conformada por los municipios de Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero.
Esto, debido a que su dinámica espacial es influenciada por la cantidad de flujos de bienes, personas y recursos financieros.
Lo anterior, demanda diversos ejercicios de planeación y gestión con el ánimo de buscar, ordenar y clarificar las acciones que permitan lograr un modelo de territorio ordenado, con la infraestructura adecuada para poder competir en mejores condiciones dentro del sistema de ciudades nacional e internacional, y así satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Ciudad Delicias se ha consolidado como la tercera ciudad en importancia en el contexto estatal, tanto en el aspecto demográfico como en términos económicos, así mismo, destaca por contar con infraestructura industrial, comercial y de servicios de primer nivel.
Delicias ha comenzado a figurar como uno de los municipios con mayor calidad de vida en la entidad, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Delicias ocupa el lugar número 61 entre los 2,418 municipios del país desde 2005.
El IDH se compone de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Con base en este índice puede observarse que Delicias tiene un grado de desarrollo humano similar al de importantes capitales estatales como Puebla, Guadalajara, Morelia, Saltillo y Ciudad Victoria, o bien de municipios importantes como Los Cabos, Baja California Sur o Apodaca en Nuevo León. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar a la de estas ciudades.
En lo concerniente al Índice de Desarrollo Municipal (IDM) elaborado por la Secretaría de Gobernación, Delicias se ubica en la posición número 65 entre los 2,418 municipios de México, a partir de 2005. En éste contexto, Delicias tiene un grado de desarrollo similar a municipios importantes como Saltillo, Coahuila, municipios relevantes en su contexto estatal como Agua Prieta, Sonora; Ocotlán Jalisco y Playa del Carmen, en Quintana Roo. El desarrollo del municipio de Delicias es también equiparable a municipios incorporados a grandes zonas metropolitanas: Santa Catarina que forma parte del Área Metropolitana de Monterrey, Cuautlancigo que pertenece a la Zona Metropolitana de Puebla y Jiutepec al Área Metropolitana de Cuernavaca.
En el ámbito estatal, tanto en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como en el Índice de Desarrollo Municipal (IDM), Delicias ocupa la tercera posición en la entidad sólo detrás de los municipios de Chihuahua y Juárez, junto a Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. El IDM se descompone en cuatro componentes: ambiental, económico, social e institucional. En el componente ambiental se evalúa la disponibilidad de servicios públicos en las viviendas, principalmente disponibilidad de agua potable y drenaje. En este componente, Delicias sobresale en la cobertura de agua potable ya que es la más alta a nivel estatal.
En el componente económico, Delicias se ubica en la tercera posición en la productividad por habitante, sólo detrás de Juárez y Chihuahua.
En el aspecto institucional el municipio de Delicias destaca por tener una elevada cantidad de ingresos propios (38% del total) lo que refleja el esfuerzo hecho por la administración municipal. En el aspecto social, Delicias registra la tasa de mortalidad infantil más baja de todo el estado, esto es gracias a la infraestructura hospitalaria existente en la ciudad que cuenta con 3 hospitales públicos (IMSS, ISSSTE y Hospital Regional) y un hospital privado (Clínica Delicias).
Delicias ha experimentado en un importante auge en el sector comercial y de entretenimiento, gracias a la llegada de franquicias nacionales e internacionales.
Delicias posee todas las comodidades e infraestructura de una ciudad media: tres parques industriales, una central de abastos, un centro de exposiciones, un complejo cultural (Teatro de la Ciudad, Museo de Paleontología y Biblioteca), un club de golf privado, excelentes hoteles, centros comerciales, restaurantes, cines así como instalaciones deportivas de primer nivel entre las que se encuentran un nuevo estadio de beisbol, tres gimnasios de basquetbol y el Parque Fundadores, parque central de la ciudad que cuenta con una ciclopista, canchas de tenis, frontón y basquetbol así como un área para deportes extremos.
En suma, se observa que Delicias es una ciudad competitiva en el plano nacional. La calidad de vida ofrecida por Delicias es similar al de algunas capitales estatales, es una ciudad media que ofrece todas las comodidades de una ciudad más grande. Los Municipios aledaños constituyen la zona agroindustrial más importante del Estado.
El desarrollo industrial se concentra principalmente en Ciudad Juárez, seguido de Chihuahua Capital, aunque también se observa un crecimiento de la industria manufacturera en las ciudades medias: Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral. La Secretaría de Economía define a siete clusters como básicos para la promoción de la actividad económica: agroindustria y alimentos; textil y confección; industria forestal; materiales para construcción; industria automotriz; electrónica y telecomunicaciones; y la industria aeronáutica.
La Región Norte concentró el 82% de los empleos perdidos en el Estado de Chihuahua en el ciclo recesivo, otras ciudades de la entidad como Chihuahua, Delicias o Cuauhtémoc fueron más exitosos en salir avante de la recesión económica, debido principalmente a la diversificación de sus actividades económicas. A nivel nacional la disminución del empleo formal fue de tan sólo - 4.8% por lo que la Región Norte con una caída de -24% estuvo muy por encima del promedio del país.
Cabe destacar que Ciudad Cuauhtémoc es la localidad con el mayor desempeño mostrando una variación promedio de 24% y un crecimiento absoluto de 28 mil 62 habitantes. En el resto del estado la tasa promedio anual desciende del 2.36% al 1.5%.
Esto es debido a que las regiones que cuentan con mayor nivel de infraestructura, ofrecen mejor prestación de servicios y, sobre todo, cuentan con una mayor diversificación de sus actividades productivas, han sorteado mejor la recesión económica induciendo grandes inmigraciones de población, tal es el caso de Cuauhtémoc, Chihuahua y Delicias.
Ciudad Cuauhtémoc, tiene una semejanza muy marcada y guardada a las debidas proporciones a una Ciudad fronteriza, el comentario anterior se desprende de la constante movilización migratoria de personas que llegan de otras regiones como municipios cercanos y más pequeños, comunidades de la sierra tarahumara, personas provenientes del sur del país y el crecimiento natural demográfico de sus mismos habitantes, provocando con esto un rápido crecimiento en su población y por consecuencia en las necesidades de sobrevivencia que tienen sus pobladores al demandar, alguna actividad económica, empleo, servicios, seguridad, educación, cultura, recreación e infraestructura.
Es importante destacar que Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral destacan dentro de las regiones económicas más importantes del Estado de Chihuahua, dentro de los sectores Agropecuario, Minería, Industria Manufacturera, Comercio y Servicios para Empresas.
Por otra parte, Ciudad Hidalgo del Parral es el centro de desarrollo regional más importante del sur del Estado de Chihuahua, su zona de influencia abarca los municipios de Allende, Balleza, Coronado, El Tule, Huejoitán, Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Valle de Zaragoza.
Cuenta con una población de más de 103 mil 500 habitantes, en 112 comunidades, concentrada principalmente en la cabecera municipal.
De los recursos hidráulicos el municipio cuenta con tres acuíferos, los cuales se encuentran en equilibrio en su relación consumo, recarga.
En materia de desarrollo económico, el municipio cuenta con 5,198 unidades económicas del sector industrial y de servicios, propiciando la generación de más de 21 mil empleos formales.
De esto, se deriva la participación de la región y del municipio en el Producto Interno Bruto Estatal, donde la región participa con un 5.5 por ciento y el municipio con el 1.9 %.
En infraestructura educativa, el municipio cuenta con 153 planteles, cubriendo la demanda de oferta educativa.
En cuanto a vivienda y servicios públicos, se tienen registradas 26,827 viviendas, de las cuales más del 95 por ciento cuenta con servicios de agua potable, drenaje y electricidad.
La integración de las acciones, programas y proyectos que se realicen dentro del municipio cuentan con el respaldo de objetivos y estrategias producto de la participación del Ayuntamiento y la sociedad parralense en su conjunto, por ello, la validación de la sociedad y el compromiso del Gobierno Municipal darán frutos medibles y cuantificables.
Hidalgo del Parral, es una Ciudad Principal, no solo del Municipio, sino que se ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la región, en infraestructura, servicios, desarrollo económico, por las condiciones actuales en la entidad y en el extranjero. Las tendencias de retorno de la población que emigró a otras ciudades del Estado y el extranjero tiene la expectativa de encontrar oportunidades en el municipio.
El desarrollo urbano ha rebasado la capacidad de contar con un crecimiento ordenado, provocando así la asfixia vial y los consecuentes accidentes.
En el municipio se cuenta con diferentes instituciones que dan servicio a sus derechohabientes, como son el IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles del Estado, así como instituciones particulares.
El municipio cuenta con un gran potencial de desarrollo, siendo la ciudad de Hidalgo del Parral el polo de desarrollo regional, cuenta con el potencial para convertirse en una metrópoli con zona conurbada intermunicipal, cuya economía ha evolucionado, donde el municipio se ha convertido en el centro de confluencia económica, industrial, comercial y de servicios.
El sector industrial en el municipio se encuentra incipiente, cuenta con un potencial de crecimiento en las áreas metal mecánica y automotriz, lo cual, puede detonar el empleo y el desarrollo de empresas de servicios industriales. Como áreas de oportunidad se encuentran la infraestructura, servicios y capacitación para el trabajo.
El comercio y los servicios se encuentran concentrados en la cabecera municipal, provén de bienes a toda la región, conformando así un eje de desarrollo económico para el municipio, sustento de cientos de familias parralenses.
El turismo puede desarrollarse y convertirse en otro eje del desarrollo económico de la región, cuenta con lugares que tienen el potencial para convertirse en productos turísticos de impacto regional, las Jornadas Villistas cuentan ya con el reconocimiento estatal e internacional, atrayendo cada vez a mas participantes y visitantes en el municipio.
Cada vez es mayor la cantidad de migrantes temporales que deciden establecer su residencia en el Municipio Cuauhtémoc, ocasionando con esto el nacimiento de nuevas colonias y crecimiento irregular de las ya existentes, con la consabida falta de infraestructura en vivienda y servicios básicos como agua, luz, drenaje, seguridad, educación, servicios médicos, servicios sociales.
Se observa un equilibrio económico en las actividades productivas del Municipio en comento, en el área comercial, agropecuaria, agroindustria, industria y turismo, este factor permite llevar un desarrollo económico estable durante todas las épocas del año.
Con el objeto de continuar apoyando, un Desarrollo Equilibrado, se ha contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo, la realización de Infraestructura Básica, que le da sustento al resto de la Infraestructura, mediante la realización de importantes obras, que en su mayoría, ya se encuentran iniciadas y que demandan recursos para su continuación y conclusión. Estas Obras incluyen la Construcción de Carreteras Alimentadoras, la Ampliación y Modernización de Carreteras existentes, la Construcción de Carreteras Pavimentadas a Cabeceras Municipales, que aun no contaban con una Carretera Pavimentada; Construcción de Libramientos, para facilitar el paso y la conexión en los Centros Urbanos, así como la Construcción de Infraestructura Aeroportuaria con la Construcción de Aeropuertos Regionales y de Infraestructura Hidroagrícola con la Construcción de Presas. Así mismo, en conjunto con los Municipios de esta región, se han estado construyendo un buen número de Caminos Rurales Pavimentados que comunican los Centros Poblacionales de la región, dándoles acceso por una vía Pavimentada a las Carreteras Alimentadoras y Troncales del Estado, ahorrándoles tiempo y costos en los traslados.
El Estado de Chihuahua cuenta con una red carretera de 13, 104 kilómetros, distribuida de la siguiente manera: autopistas de cuatro carriles con una longitud de 1192 kilómetros, las conforman la carretera Panamericana que une Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez que comunica a la Ciudad de Torreón, Coahuila.
En el norte del Estado, ésta comunica con El Paso, Texas, en el sur de los Estados Unidos de América; la carretera 16 parte de la capital del Estado, comunica a la región agrícola de Cuauhtémoc, y en la porción sur la carretera número 45 Hidalgo del Parral – Jiménez comunica la región minera de Parral.
Carreteras de cuota de dos carriles con una longitud de 280 kilómetros que comunica a los poblados de Ojo Laguna, Flores Magón, Galeana y Nuevo Casas Grandes; la carretera Tres Marías – Placer de Guadalupe – Potrero del Llano, de aquí se comunica por vía libre a Ojinaga; y por último la de Samalayuca – Jerónimo – Santa Teresa, comunica al Estado de Nuevo México. Se tienen 9665 kilómetros de carreteras federales y estatales de dos carriles que ha servido para impulsar la comunicación en el interior y con los Estados de Sonora, Durango y Coahuila, así como el sur de los Estados Unidos. De estas carreteras parten terracerías y brechas que comunican a otras poblaciones del interior y de Estados colindantes.
Se realizó el análisis de la distribución de las localidades al 2005 con relación a las vías de comunicación, utilizando el criterio de tomar una franja de cinco kilómetros a cada lado, arrojando los siguiente datos: el 13.67 % de las localidades están comunicadas por autopistas de cuatro carriles, corresponden a 2584148 habitantes (79.72 %), entre las principales ciudades se ubican: Juárez, Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parra, Cuauhtémoc, Santa Rosalía de Camargo, Mariano Jiménez, Pedro Meoquí, y Juan Aldama. La carreteras de dos carriles comunican 3814 localidades (31.43%) con 464350 habitantes (14.32 %) con las localidades de Nuevo Casas Grandes, Manuel Ojinaga, Madera, Guachochi, Ascensión, San Juanito, Col Anáhuac, Santa Bárbara, Vicente guerrero y San Buena Aventura; estos dos tipos de carreteras pavimentadas comunican 5473 localidades con 3048498 habitantes, lo que corresponde al 94.05% de la población.
Por terracerías están comunicadas 2102 localidades con 92332 habitantes lo que corresponde al 2.85% de la población de la entidad; por brecha 2894 poblados con 68895 habitantes y el 2.13% de la población, casi el 100% de las localidades de las zonas áridas y semiáridas del estado están comunicadas por brechas y terracerías.
En la Sierra Madre Occidental existen 1624 localidades con 30854 habitantes comunicados por vereda que corresponden a menos del 1% de la población del estado.
Durante el próximo año 2013 se deberá continuar con las obras que ya se encuentran en proceso, y se tendrán que iniciar algunas de las obras faltantes, para continuar apoyando a esta importante región conurbada, para facilitar su desarrollo, mediante la integración de los centros de producción y consumo.
Por las razones expuestas ante esta asamblea, las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Chihuahua, en mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79 apartado 1 fracción II y apartado 2 fracción I todos del Reglamento de la Cámara de Diputados nos dirigimos para solicitar respetuosamente se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; todas las anteriores del Ámbito Federal; reconozcan, incluyan y consideren como Zonas Metropolitanas, a las Ciudades de Delicias, conformada por las Zonas Conurbadas ó Municipios de: Rosales, Julimes, Meoqui y Saucillo, Hidalgo del Parral y sus Zonas Conurbadas ó Municipios: Valle de Zaragoza, Valle de Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y Huejoitan; y Cuauhtémoc y sus Zonas Conurbadas ó Municipios: Carichi, Namiquipa, Riva Palacio, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Bachíniva y Guerrero, todas del Estado de Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de septiembre de 2012.
Diputados: Kamel Athie Flores, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Minerva Castillo Rodríguez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a las medidas urgentes para atender y colaborar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual contra menores en locales del programa Albergues Escolares Indígenas e instituciones educativas de Oaxaca, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV, VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a tomar medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa “Albergues Escolares Indígenas” y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del programa Albergues Escolares Indígenas, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno de Oaxaca, atienda a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria; al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tras un diagnóstico realizado por la fundación internacional Save the Children’s en 40 albergues comunitarios del programa Albergues Escolares Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a través de su Delegada en Oaxaca, Concepción Rueda Gómez, denunció el pasado 16 de agosto, una serie de abusos físicos, discriminación y abuso sexual. En dicho informe señala que el personal destinado a los albergues no está capacitado para las labores que realiza, por lo que es necesario el apoyo presupuestal.
Se denunció públicamente la existencia de al menos cuatro casos de abuso sexual, así como una serie de irregularidades y abusos cometidos al interior de los albergues. Actualmente la CDI opera 262 albergues en las ocho regiones del estado, con la modalidad de dormitorios y comedores; otros 103 sólo son comedores con bachillerato. En total, atiende a más de 20 mil menores de comunidades y pueblos indígenas, a lo largo y ancho de Oaxaca.
El 26 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), inició una inspección en los 262 albergues de la CDI que operan en Oaxaca. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia designó al visitador segundo, Masat Paredes Mantiel, para que iniciara un diagnóstico que evalué la calidad educativa, infraestructura, alimentación y bienestar integral (físico, psicológico, emocional) de las niñas, niños y adolescentes que viven en los albergues.
En tal virtud considero, lamentable que se haya dado la intervención de la CNDH ante la omisión de las instancias locales para la atención de estos casos de violación a los derechos de la infancia. En este sentido, los Diputados locales se han reunido con el titular de la CNDH para exponer los casos de maltrato, abuso sexual, físico y psicológico que consta en expedientes de quejas presentadas ante la otrora Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2010. Refirieron que hasta el momento hay dos denuncias penales por abuso sexual en los albergues Tamazulapam del Espíritu Santo y Atitlán.
En ellos se han presentado casos de expulsión o dejan sin alimento a los menores, como formas de castigo aplicadas por los maestros y directivos. Además hay discriminación hacia las niñas, quienes son levantadas una hora antes que los niños para la realización de actividades de la cocina, como la elaboración de tortillas y preparación de alimentos, aunque existe personal destinado a esas actividades.
El pasado 30 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca, urgió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) atender la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por abusos sexuales en diversos albergues comunitarios.
El Presidente de dicha Comisión, informó que en un albergue para niñas y niños indígenas ubicado en Tamazulapam del Espíritu Santo, en la sierra Mixe de Oaxaca, dos becarios cometieron un abuso sexual en agravio de un niño, y señaló que el director del IEEPO (secretario de Educación estatal), está obligado a reparar el daño a la víctima y promover las medidas preventivas, correctivas, de supervisión y la mejora de las condiciones de vida dentro de los albergues.
De igual forma se solicitó que en coordinación con la CDI, se pudiera establecer un procedimiento de supervisión y evaluación sobre el cumplimiento de las normas y reglas de operación de los albergues escolares infantiles. En tal virtud, la DDHPO, a través de su recomendación 10/2012, solicitó también la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del estado, para que determine el legajo de investigación que se inició con motivo del agravio a los menores. Por tanto es deber del IEEPO atender la recomendación y estar al pendiente de los albergues, a fin de no incurrir en omisión e indiferencia de la dependencia en éste y en todos los casos presentados.
Considero que es necesario conocer la forma en la que se autoriza la apertura de albergues, cuáles son los protocolos de protección y prevención, así como los alcances que tendrá la intervención de la CNDH. De igual manera, es imperativo urgir un mejor modelo de atención y nuevos protocolos de atención que abarque la participación de las comunidades, a fin de mejorar la calidad de los albergues.
En tanto la inspección de la CNDH, ha comenzado por los albergues ubicados en Ayutla, Miahuatlán, Tlacolula y Nochixtlán y se prevé que incluya a los cerca de 200 dependientes de la CDI en el estado. La Segunda Visitaduría de la CNDH consideró el problema en los albergues como un tema que afecta a la sociedad, y recordó que durante los mandatos estatales anteriores no se permitieron supervisiones al programa Albergues Escolares Indígenas.
Esta honorable Cámara debe ser la primer promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos jurídicos aprobados por México. Es por ello que apelo a su amplia sensibilidad como madres y padres, para apoyar este punto de acuerdo y votarlo de urgente y obvia resolución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, tome las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa Albergues Escolares Indígenas y de diversas instituciones educativas a fin de que se castigue a los responsables y con base en sus facultades y atribuciones realice la separación inmediata de la adscripción de los presuntos inculpados mientras se desahogan las investigaciones y en tal virtud atienda la recomendación emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el comento.
Segundo. Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que derivado de las inspecciones del programa Albergues Escolares Indígenas, haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías necesarias.
Tercero. Se solicita a las autoridades competentes del gobierno de Oaxaca que atiendan a las víctimas y familias involucradas, se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se persigan de oficio dado el temor y amenazas para no levantar denuncia formal y que conforme a derecho se deslinden las responsabilidades penales y administrativas.
Cuarto. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a establecer un procedimiento de supervisión y evaluación con personal profesional y capacitado, sobre el cumplimiento de las normas, reglas de operación y funcionalidad de dichos albergues, y toda vez que haga pública la forma que se autoriza su apertura de albergues, los protocolos de protección y prevención, se pueda mejorar la calidad de atención de dichos espacios y su integración comunitaria.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a veinte de noviembre de dos mil doce.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a realizar con la SHCP, la SEP, la Sener y la Comisión Reguladora de Energía estudios y acciones para eximir a los centros escolares públicos del pago de electricidad, a cargo del diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado Roberto Ruiz Moronatti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias a fin de eximir del pago del consumo de energía eléctrica a centros escolares públicos, de todo el país al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Problemática
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 8 de abril de 2002, del acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el que se que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y se reduce el subsidio a las tarifas domésticas, diversos sectores de la sociedad de distintas entidades federativas se manifestaron públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afecta directamente la economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos.
Dentro de las tarifas específicas se encuentran tarifas para servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.
La gran mayoría de los centros escolares del país, se encuentran ubicadas en la tarifa 2 y 3. La primera, tiene un cargo fijo de 47.82 pesos al mes y un costo de mil 942 pesos por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora; 2 mil 346 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora; 2 mil 580 pesos por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.1
La segunda, tiene un cargo por demanda de 217.01 pesos mensuales y un costo de mil 442 pesos por cada kilowatt-hora. Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas, respecto a las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares.
Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas, con respecto a las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares. Así, la tarifa H-T aplicable para la zona central del país, tiene un cargo por “Demanda Facturable” de 96.13 pesos por cada kilowatt al mes y el cobro aplica en tres tipos de consumo: Energía Punta 2.0186 pesos por cada kilowatt-hora; Energía Intermedia 0.8667 pesos por cada kilowatt-hora; y energía base 0.7807 pesos por cada kilowatt-hora.2
Lo anterior confirma, que la tarifa que pagan las escuelas públicas, en muchas ocasiones es superior a la que pagan algunas industrias.
Adicionalmente, al impacto que tienen los altos costos de la energía eléctrica en los centros escolares, estos tienen que sortear los gastos de mantenimiento y equipamiento de los planteles.
Lo anterior, no sólo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el pago de energía eléctrica que para el equipamiento del plantel.
II. Objeto de la propuesta
Es de suma importancia, que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Reguladora de Energía, instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de todo el país.
En México, la educación pública es un derecho consagrado en nuestra constitución federal, como derecho y aspiración, obliga al Estado mexicano a realizar las acciones necesarias y que estén a su alcance para garantizar dicho derecho; por ello, el presente punto de acuerdo encuentra sustento en el artículo tercero constitucional, que señala:
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado (federación, estados, Distrito Federal y municipios), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, y la Comisión Reguladora de Energía, realicen los estudios y acciones necesarias a fin eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares públicos de todo el país.
Notas
1. Fuente Comisión Federal de Electricidad.
2. Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 noviembre de 2012.
Diputado Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de la Conagua a realizar investigaciones para determinar, en su caso, omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han deteriorado las condiciones sociales y el entorno en la cuenca hidrológica del río El Carmen, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
Roberto López Suarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua, realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, y determinar en su caso omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua con base en los siguientes
Considerandos
La situación que vive el campo de Chihuahua es preocupante por diversos factores que han propiciado un clima de tensión entre los habitantes de la región así como situaciones irregulares con empresas mineras que pretenden extraer la materia prima pero al parecer no han cubierto los requerimientos legales necesarios para no afectar al ecosistema local y a los habitantes de la zona.
Por desgracia el clima de tensión ya cobró dos víctimas: Ismael Solorio Urrutia y su compañera Manuela Martha Solís Contreras, ambos defensores de los derechos humanos, sociales y ambientales del campo chihuahuense.
Desde octubre de 2011 comenzó una permanente movilización y denuncia de los campesinos a causa de la explotación ilegal del agua por parte de grupos menonitas. La molestia surge porque los productores agropecuarios y pobladores afectados, ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios, son quienes históricamente han compartido la cuenca hidrológica del Río del Carmen, que comprende parte de los municipios de: Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada de Chihuahua, ellos cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas desde 1957.
Asimismo con la construcción de la presa “Las Lajas” se crea un distrito de riego para uso exclusivo de los ejidatarios, además se decretó veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe la perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua
Pero los grupos de menonitas han hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han realizado perforación ilegal de pozos y desmontado más de 35 mil hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense para abrirlas al cultivo, afectando gravemente a los productores con derechos históricos, legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a la población urbana de la región.
Ante la constante violación de la ley, los campesinos se han movilizado pidiendo la intervención de las autoridades para darle una salida al conflicto, en octubre de 2011 se dio una movilización denominada “Los indignados del campo” cuyo objetivo era plantear a las dependencias estatales, federales y el Congreso de Chihuahua, la problemática que se presentaba por el uso ilegal del agua. Como consecuencia, se establecieron los primeros acuerdos para atender la problemática. No obstante, hubo incumplimiento de los compromisos para establecer una mesa permanente convocada por parte del Congreso estatal con la participación de las autoridades responsables y buscar soluciones.
Ante la negativa de las autoridades locales por intervenir y resolver el conflicto, los afectados llevaron a cabo “La caravana del hambre”, una marcha que partió de Chihuahua a la Ciudad de México, para exponer la problemática a la Secretaría de Gobernación, instancia que se comprometió a tomar las medidas necesarias, pero nuevamente los compromisos establecidos se mantienen incumplidos hasta la fecha.
En consecuencia el 7 de junio del presente año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaron el “Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense”, presentaron al Congreso de Chihuahua un documento exigiendo el cumplimiento de la ley, la defensa del derecho al agua y la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema. Cabe señalar que El Barzón mantuvo un activismo constante para defender los derechos de los afectados, exigiendo la atención a la problemática logrando firmar diversos acuerdos que nuevamente fueron incumplidos, en consecuencia se advirtió que no había voluntad política para hacer cumplir la ley.
Pero el campesinado de Chihuahua no sólo enfrenta el uso ilegal del agua, también se afronta a el acoso de empresas minera canadienses que pretenden explotar la zona, pero violando la ley y a través de procedimientos que dañan el medio ambiente.
Ejemplo de ello es la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria Cascabel, que desde hace seis años compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera.
Por acuerdo de asamblea de ejidatarias y ejidatarios se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron las siguientes ilegalidades:
Violaciones a la legislación ambiental
• Violación de la NOM 120 Semarnat.
• Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, prohibido por la normatividad ambiental.
• Carece de estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley.
Violaciones a la legislación agraria
• Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados.
• Trabajos de exploración sin permiso de la asamblea ejidal.
• Compra ilegal de terrenos de uso común.
A pesar de presentar a las autoridades locales y federales las diversas irregularidades en las que incurrió la minera canadiense, y la posibilidad real de un conflicto entre ejidatarios y la comunidad de menonitas, estas se han negado a intervenir de manera seria y en lugar de ello se han dedicado a:
• Tergiversar el problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.
• Simular negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que son violaciones de derechos humanos, ambientales y de las leyes mexicanas.
• Campañas de desprestigio impulsadas por el Gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado.
• Campaña de linchamiento mediático a El Barzón y en particular a Ismael Solorio, lo que propició el camino para que fuera asesinado.
Por lo expuesto, con base en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y la Comisión Nacional del Agua realicen las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia, para que determinen las omisiones en la aplicación de las normas ambientales, que han provocado el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en la cuenca hidrológica del río de El Carmen, por el uso ilegal de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente, por parte de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
Segundo. Asimismo se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que integre un grupo de trabajo cuyo objeto tenga el de atender la problemática planteada y contribuya a la solución del conflicto entre ejidatarios y grupos menonitas por el uso y contaminación del agua y en su caso determine informar a las autoridades competentes en caso de encontrar irregularidades a las normas en la materia.
Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Roberto López Suarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1 fracción I, 79 numerales 1 fracción II, 2 fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a instrumentar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según la segunda edición de Datos sobre emigración y remesas, estudio de 2011 del Grupo auspiciado por el Banco Mundial e integrado por Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani Silwal, Estados Unidos es el país con mayor número de inmigrantes con 43 millones de personas y México el que ocupa el porcentaje más alto de emigrantes con el 11.9 por ciento de su población que representan a cerca de 12 millones de personas, la mayoría de las cuales ha cruzado la frontera norte de nuestro país en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.
Arturo Santamaría Gómez, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el estudio El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos reporta que los hispanos en su conjunto representaron en 2006 el 14.4 por ciento de la población de aquel país.
Los trabajadores inmigrantes indocumentados según el Centro Hispánico PEW, en el nivel nacional conforman 14 por ciento de los trabajadores de la construcción; 17 por ciento labora en la limpieza; 12 por ciento trabaja en restaurantes y 25 por ciento en la agricultura.
Su presencia es sumamente notoria en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, en California; San Antonio, Houston y Dallas en Texas; Chicago, Illinois y la ciudad de Nueva York, entre otras.
Por lo que hace a esta última ciudad, los datos aportados por el mismo Centro Hispánico y citadas en el estudio La inmigración ilegal de Hans Johnson y Laura Hill, publicado en Cuestion Public Policy del Instituto de California, en Nueva York residen más de medio millón de inmigrantes, de los cuales cerca de 300 mil participaron en las históricas marchas de protestas de 2006.
Esta ciudad ha sido históricamente una de las más amables para el migrante y sobre todo para el ilegal, santuario de tolerancia y diversidad, en la que numerosas organizaciones civiles y de asistencia han desarrollado intensos trabajos para asistir a quienes arriban a ese lugar.
Ciudad en la que se presentan proyectos como la Ciudadanía de Nueva York lanzada por el alcalde Michael Bloomberg en octubre de 2011 para ayudar a empleados de la ciudad y a sus familias a obtener la ciudadanía.
Ya que según Dennis Walcott, responsable de escuelas públicas de Nueva York, “nuestros 1.1 millones de estudiantes y sus familias vienen de todos los países del mundo, hablan más de 180 idiomas diferentes y han creado el sistema escolar más diverso del país y probablemente del planeta”.
Según datos de la alcaldía, unos 30 mil padres con hijos en escuelas de la ciudad pueden optar a la ciudadanía estadounidense, aunque la falta de acceso a asistencia legal correcta y los altos costos para iniciar los trámites suponen dos grandes obstáculos.
Frente a este tipo de proyectos, otras políticas públicas como el programa Comunidades Seguras han conflictuado la convivencia de nuestros connacionales, más aún si consideramos que el Departamento de Seguridad Interna de aquella nación proyecta implementar a nivel nacional dicho programa para el 2013, lo que implicaría que la policía local comparta la base de datos con la oficina federal de inmigración.
Circunstancias gubernamentales en medio de las cuales los graves efectos provocados por el huracán Sandy, los destrozos, la paralización de servicios públicos, la destrucción de hogares, pérdidas de empleos y las grandes necesidades de subsistencia afectan el nivel de vida de la población y especialmente de la comunidad latina inmigrante.
Desgraciadamente al huracán le han seguido una serie de fenómenos atmosféricos que siguen afectando a la población en general, entre ellos la más reciente tormenta invernal que provocó la suspensión de los trabajos de protección civil y de recuperación que mantiene sin servicio eléctrico a 70 mil usuarios, que carecen de calefacción y agua caliente, problemas adicionales a la lenta repartición de ayuda.
Tenemos noticias de que en medio de esta tragedia nuestros connacionales, temiendo la aplicación de los programas de deportación, no acuden a los refugios temporales que se han establecido y tampoco acceden a la asistencia gubernamental.
Por estas razones y considerando que los mexicanos residentes en el exterior deben contar con el respaldo total de su gobierno, sobre todo aquellos que con grandes sacrificios, muchas veces enfrentando condiciones de discriminación y persecución permanentes, con su esfuerzo y trabajo siguen contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país con sus remesas.
Mexicanos a los cuales nuestras instituciones les han fallado al no garantizarles las condiciones de empleo, educación y salud que merecen y que han tenido que ir en pos de ellas trascendiendo nuestras fronteras. Razón por la cual es indispensable que el gobierno de nuestro país destine recursos para instrumentar un programa emergente de asistencia y apoyo a las personas que han perdido sus bienes y que enfrentan graves condiciones de subsistencia como resultado de las tormentas.
Porque los mexicanos residentes en Nueva York son como cualquiera de nosotros, tienen los mismos derechos y si observamos escrupulosamente el mandato consignado en el artículo primero de la Carta Magna no deben de ser discriminados por nuestras autoridades por el hecho de no residir temporalmente dentro de nuestro territorio. Emprender un programa inmediato y urgente a través de nuestro consulado en Nueva York es un imperativo ético de urgente e inmediata aplicación, porque si la contingencia hubiera ocurrido en cualquier lugar de nuestro país, se habrían liberado los recursos para la atención a desastres.
Y si bien es cierto que no podemos desplegar al ejército ni a las dependencias gubernamentales para la atención de nuestros hermanos en desgracia, si podemos destinar recursos, enviar ayuda y promover el trabajo voluntario en coordinación con las autoridades de aquel país.
De tal forma que se asista a los mexicanos residentes en las zonas afectadas y, en la medida de lo posible, al resto de las personas aquejadas por estas contingencias. Destinando recursos para el financiamiento en la reparación de sus hogares si se vieron afectados, en la gestión para que se rehabiliten los servicios y, lo más importante, en el acceso a los medios inmediatos de subsistencia.
Para lo anterior, es indispensable la labor del consulado de nuestro país en Nueva York y la estrecha colaboración con las asociaciones civiles y sociales en aquella ciudad. Es en mérito de lo antes referido que se somete a su consideración esta proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a instrumentar un programa urgente e inmediato de atención y apoyo a los mexicanos residentes en Nueva York y las zonas afectadas en Estados Unidos por los efectos del huracán Sandy y los fenómenos climáticos subsecuentes, sin importar su estatus migratorio y, de ser posible, al resto de las personas afectadas.
Segundo. Los recursos destinados para tal efecto serán utilizados del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) debiéndose adaptar los criterios de fiscalización sin dejar de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en el manejo de dichos recursos cuyo ejercicio deberá atender las disposiciones legales aplicables e integrarse en los informes fiscales respectivos.
Tercero. El programa se instrumentará por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del consulado de México en Nueva York, propiciando la cooperación y colaboración con las autoridades de Estados Unidos y las organizaciones civiles, sociales, fundaciones y cualquier otra con experiencia previa en la atención a las comunidades migrantes en las zonas afectadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, situados en Morelos, la propuesta del gobernador de participar en ello, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputados de Morelos a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha reciente, el Congreso de Morelos, encabezado por Juan Ángel Flores Bustamante, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, aprobó un punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a fin de que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucarares del país expropiados por el gobierno federal en 2010 se considere de manera preferente al gobierno Morelos para que participe en la adquisición y usufructo de dichos ingenios.
Este proceso de desincorporación crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene esta rama de actividad económica, no sólo por el potencial que en sí mismo tiene el producto frente a la transición energética, sino como una actividad económica que integra regionalmente a la entidad, a la sociedad y en varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no sólo en Morelos sino en todas las entidades donde se lleva a cabo la actividad.
En el mismo exhorto hacen referencia a la premura de dicha acción legislativa por que el proceso de desincorporación está en marcha por lo que requiere actuar con la premura del caso para que podamos evitar otra acción de exclusión de los que históricamente este sistema ha excluido.
Reconocer el derecho de la sociedad y principalmente de los campesinos y agricultores organizados en cooperativas o asociaciones de productores que han vivido de y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria con el Ejecutivo estatal participen de modo preferente en el proceso de desincorporación y el derecho que tienen para ser los principales beneficiarios de este proceso de adjudicación y del usufructo de estos ingenios azucareros en particular y de todos los ingenios que estén en este proceso de desincorporación por el Ejecutivo federal, es una necesidad y un saldo negativo que debemos pagar.
Por ello conmino a todos los integrantes de esta soberanía a votar a favor de este punto de acuerdo para en este proceso de venta sea considerada la propuesta del gobernador de Morelos y de todas las autoridades estatales que manifiesten su voluntad de participar de manera solidaria en tan importante actividad agroindustrial.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros en comento la propuesta del gobernador de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a efecto de que en las operaciones del programa Guerrero Seguro se actúe con arreglo a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Catalino Duarte Ortuño, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El miércoles 7 de noviembre del año en curso, la Policía Federal llegó al municipio del Arcelia en Guerrero, en un operativo del Programa Guerrero Seguro con la finalidad de decomisar piratería.
Se presento un convoy de varias camionetas con la leyenda de Policía Federal, con alrededor de 40 elementos quienes no se identificaron, no mencionaron a cargo de quien venían ni el destino que tendría la mercancía decomisada, además de actuar con prepotencia.
Al término del operativo que implemento la Policía Federal, la mayoría de los comerciantes se mostraron inconformes ya que se manifestó que muchos de los artículos que se decomisaron no eran piratería, dejando a varios establecimientos casi vacios.
Otro caso se dio el domingo 11 de noviembre, en el municipio de Chilpancingo, donde los policías actuaban de forma ilegal, sin dar tiempo a que se mostraran los documentos y permisos de las mercancías, llevándose detenidos no solo a los propietarios sino también a los empleados, quienes no tienen responsabilidad alguna.
Asimismo el miércoles 14 del mismo mes y año, en el mercado Baltazar R. Leyva, tuvieron que bajar sus cortinas para evitar que los agentes federales que iban en camino entraran y actuaran de la forma violenta como lo han venido haciendo.
Esta situación ha sido injusta ya que los comerciantes pagan impuestos, luz, renta, seguro social generando el 90 por ciento de los empleos en la capital; recibiendo a cambio saqueos por parte de la autoridad que esta para protegerlos provocando la inestabilidad dentro de la población.
Hechos como los antes mencionados, se han presentado de forma reiterativa al termino del sexenio del actual presidente Felipe Calderón Hinojosa y no sólo en los comercios sino también en las casa habitación de la región de tierra caliente, a las cuales se han metido sin orden de cateo llevándose dinero y alhajas, violando las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas, no solo de Arcelia y de Chilpancingo, sino de todo Guerrero.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que durante los operativos del Programa Guerrero Seguro, se actúe con sujeción a la legalidad, sin violar las garantías de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía rechaza la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por diversas integrantes de la Comisión de Equidad y Género
La suscrita, diputada de esta LXII Legislatura Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados, manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a través de manifestaciones hechas por medios de comunicación privados y públicos de Quintana Roo, asimismo exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido.
El pasado martes 30 de octubre de 2012, la diputadas Graciela Saldaña Fraire del PRD y Alicia Ricalde Magaña del PAN, así como el diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD, dieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cámara, para manifestar su respaldo político y hacer del conocimiento de la opinión pública, un conflicto político severo en Quintana Roo, en la que manifestaron que Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum, se ha visto acosada con varios procedimientos legales en su contra y presiones de diversa índole que culminaron en su forzada renuncia del cargo para el que fue electa.
La conferencia de prensa tuvo una reacción de parte de diversos medios locales. El miércoles 31 de octubre diversos medios impresos de Quintana Roo publicaron notas ofensivas y misóginas en contra de las diputadas y de la ex alcaldesa. Solamente en una nota se hizo alusión a la presencia del diputado Silvano Deaquino en dicha conferencia, aunque su imagen fue omitida en la prensa porque lo que se pretendió fue hacer manifestaciones discriminatorias en contra de las de las diputadas y la ex alcaldesa.
En los medios de comunicación se utilizan encabezados como “Noche de Brujas”, refieren que una de las participantes en la conferencia tiene “insuficiencia mental”, en tanto que las otras dos participantes “son producto del voto que no se razona”. Estas notas de prensa sexistas y discriminatorias fueron difundidas en el noticiero Enfoque Radio, perteneciente al gobierno del estado.
Los actos de violencia en los medios de comunicación, de la cual hoy fueron víctimas las diputadas Saldaña y Ricalde, junto con la ciudadana Edith Mendoza, evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. Las legisladoras y legisladores no podemos pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de las legisladoras y la ex alcaldesa, incitan al odio y a la violencia contra las mujeres.
Es importante resaltar que los instrumentos internacional en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.
En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde junio de 2011, claramente la prohibición de toda forma de discriminación, pues se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.
En nivel internacional y nacional el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como un reflejo del consenso que existe para realizar los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En congruencia con lo anterior, se somete a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a través de manifestaciones hechas por medios de comunicación privados y públicos, en especial de la que fueron víctimas las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de noviembre de 2012.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar una prórroga a quienes tienen vencidas sus concesiones para uso de agua con destino agrícola, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Eva Diego Cruz, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua es, junto con el aire, el recurso natural más necesario para la vida en este planeta, y un bien básico para el desarrollo equilibrado de la economía.
Si bien es cierto, el agua es un recurso limitado, también es el único recurso natural renovable a través del ciclo hidrológico.
Ese líquido vital es indispensable para las actividades agrícolas, para la producción de alimentos y fibras, y en casi todos los procesos industriales de producción de energía. De ahí su valor como recurso ambiental que sostiene la sociedad y la economía.
Como es del conocimiento de todos, debido a las sequías que se han presentado en diversos países, nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial, pero además, México enfrenta otra peculiaridad, se ha convertido en el segundo país en América Latina que más redujo el área para cultivar maíz, grano básico dentro de la dieta de las familias mexicanas. Organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante este hecho han advertido sobre el incremento de la pobreza y de precios de alimentos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) hacen hincapié en que el buen desempeño del sector agropecuario y de la economía es importante para evitar que la pobreza rural se incremente.
De acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en 2011 la producción nacional agrícola fue de 211 millones 196 mil toneladas; la mitad del volumen se concentró en siete entidades: Jalisco (11.7 por ciento), Veracruz (11.4 por ciento), Oaxaca (7.2 por ciento), Chiapas (5.8 por ciento), Chihuahua (4.7 por ciento), Tamaulipas (4.2 por ciento) y Michoacán (4.2 por ciento).
En esta tribuna se ha expuesto un problema recurrente de los pequeños productores, y es la renovación de su título de concesión para el aprovechamiento del agua para fines agrícolas, mismo que no es solicitado en tiempo y forma, en ocasiones por desconocimiento e ignorancia.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de constituir la propiedad privada”...
“el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal”...
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula las facultades del Ejecutivo federal en materia de administración de aguas nacionales y precisa los instrumentos normativos de que dispone la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para formular, poner en práctica y evaluar la planeación hidráulica del país, administrar y custodiar las aguas nacionales, así como expedir títulos de concesión y permisos de descarga de aguas residuales, sus prórrogas, transmisiones y proyectos de reglamentos de cuencas.
La Ley de Aguas Nacionales define a la Conagua como el “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto”...
Conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Conagua puede iniciar procedimientos de caducidad para los volúmenes concesionados que los usuarios dejen de usar durante tres años consecutivos, supuesto que no es el caso en mención. La finalidad de esta política de caducidad de volúmenes es ajustar los títulos de concesión a la realidad.
El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales en su párrafo segundo establece “Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.
La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga”.
Sin embargo debemos de reconocer que los productores que incurren en el supuesto son de bajos ingresos y la mayoría de baja escolaridad. Claro ejemplo es el estado de Oaxaca, que aun cuando se encuentra entre los seis estados que aportaron la mayor parte de la producción agrícola de México, también se ubica entre los estados donde existe mayor rezago educativo y analfabetismo.
Los tiempos de crisis a los que nos enfrentamos requieren de medidas especiales, pero principalmente de apoyar a quienes menos tienen.
Por lo anteriormente expuestos compañeras y compañeros y diputados considero que este punto de acuerdo tiene que ser tratado como de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por única ocasión conceda prórroga de 180 días a quienes tienen concesiones para uso de agua con destino agrícola vencidas dentro del año próximo pasado, así como para que otorgue las facilidades necesarias para la renovación de las mismas.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por medio de los 13 organismos de la cuenca, y direcciones locales, se establezcan estrategias para dar a conocer la prórroga señalada en el artículo anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la atención y prevención de las adicciones en México, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 muestra ciertos datos estadísticos que nos marcan la tendencia de posibles problemas futuros en materia de políticas públicas y derechos sociales, en particular, en los temas de salud, prevención de la violencia y delitos de alto impacto como el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Los resultados de esta encuesta nos demuestran en primer lugar, un grave incremento del consumo de alcohol en altas cantidades por una tercera parte de la población total del país. Poco más de la mitad de jóvenes y adultos entre 18 y 34 años reportan haber tenido al menos un episodio de alto consumo. Seis por ciento de la población mexicana desarrolló en tres años dependencia al alcohol, lo cual equivale a 4.9 millones de personas. Lo más preocupante es que el mayor porcentaje de población que se ha sumado a esta adicción, se encuentra en adolescentes hombres y mujeres entre 12 y 17 años.
Para dimensionar el problema, la atención a la dependencia al alcohol es el trastorno con mayor rezago, solamente el 6.8 por ciento de las personas con este padecimiento han recibido tratamiento de recuperación; el resto continúa sin ningún tipo de atención
En segundo lugar, en lo que se refiere al consumo de tabaco a nivel nacional, se estima que 17.3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años son fumadores activos; cerca de dos millones de esas personas son adolescentes que inician su consumo en promedio a los 14 años con 4 cigarros al día.
Esta misma encuesta que se publicó recientemente, nos indica que el 1.5 por ciento de la población mexicana consumió algún tipo de narcótico en el último año. La edad promedio de inicio en el consumo de drogas disminuyó significativamente a partir de los 18 años en hombres y mujeres a partir de los 20.
La mariguana sigue siendo la droga de mayor consumo y representa el 80 por ciento del consumo total de drogas. La cocaína ocupa el segundo lugar con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de mariguana; uno de cada cinco usuarios de cocaína la consume en forma de piedra o crack.
Respecto de los adolescentes, grupo de mayor riesgo para el inicio en el consumo de drogas, los resultados del estudio ratifican una tendencia al alza en las zonas urbanas, donde el uso de estupefacientes durante el último año fue de 1.9 por ciento contra 1.5 a escala nacional.
Los efectos y consecuencias negativas del incremento de las adicciones en México pueden ser diversas y con múltiples factores. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud para prevenir y atender esta problemática social, los resultados están a la vista, cada vez un porcentaje mayor de la población nacional adquiere algún tipo de adicción y más aún, la población afectada tiene de manera gradual menor edad.
Los programas de prevención y tratamiento de las adicciones no han surtido los efectos esperados, durante más de veinte años se ha generado un incremento sostenido en la población afectada de todos los estratos sociales. Por lo que se hace necesario conocer las causas o los orígenes de estos malos resultados para poder revertirlos. Hasta el momento, los datos estadísticos demuestran que algo se está haciendo mal, quizás el problema sea de presupuesto para la cobertura de los servicios de salud o de efectividad en las campañas de prevención, lo cierto es que se requiere contar con un seguimiento y evaluación confiables que permitan la elaboración de un diagnóstico veraz y objetivo sobre las verdaderas causas del incremento en las adicciones. Incluso, para identificar los motivos por los cuales dicho incremento se genera de manera diferenciada en las distintas regiones de la República Mexicana y combatirlos de manera focalizada.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de esta Cámara que con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se considere para su aprobación los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México, LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objetivo de esta comisión especial es el seguimiento y evaluación de las políticas públicas nacionales y estatales en materia de atención y prevención de las adicciones durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Tercero. Con base en los resultados del seguimiento y la evaluación, esta comisión especial propondrá en el ámbito de su competencia, las modificaciones o reformas a la legislación vigente para mejorar y hacer más efectiva la atención y prevención de las adicciones en todo el país.
Cuarto. La Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.
Quinto. La Comisión Especial para la Atención y Prevención de las Adicciones en México tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)
Loading