Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3669-V, martes 18 de diciembre de 2012
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Dictámenes a discusión
De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El día 25 de octubre de 2012, el diputado Marino Miranda Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, contenidas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La finalidad del punto de acuerdo propuesto consiste en exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que
a) Retome las mesas de trabajo iniciadas e instalar aquéllas que no lo hayan sido, conforme al acuerdo relativo al plan de trabajo suscrito por las partes involucradas.
b) Cumpla a cabalidad, y antes de que concluya su administración, con la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con los casos Rosendo Cantú y otra vs. México y Fernández Ortega y otros vs. México.
c) Genera los mecanismos institucionales para garantizar el seguimiento del caso, así como el cumplimiento de los resolutivos que quedaron pendientes, por parte de la administración entrante.
d) Rinda un informe pormenorizado a las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances registrados en las medidas de reparación contenidas en las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las razones u obstáculos que han provocado la dilación de su total cumplimiento.
e) Haga del conocimiento público la información a que hace referencia el inciso anterior.
Consideraciones
Recientemente fue reformada nuestra Constitución Federal para colocar como tema central en el engranaje estatal a los derechos humanos. Esa reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación de nuestra Constitución, inauguró una nueva etapa en nuestro país en favor del reconocimiento y protección de los derechos inherentes al ser humano.
En este mismo sentido, el Estado mexicano ha dado muestra de su compromiso por garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tal cual lo refleja la reforma en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal por cuanto hace al control de convencionalidad y el cumplimiento progresivo que de las observaciones, recomendaciones y/o sentencias de organismos internacionales ha venido realizando el Estado.
Si bien es cierto existen aún muchos retos y obstáculos por superar pero el Estado, a través de sus diversos órganos, ha dado ya los primeros pasos en esta materia de la mayor importancia. Uno de los temas aún pendientes y que esta Comisión de Derechos Humanos considera apremiante es el referente al del acceso a la justicia de los pueblos originarios de nuestro país.
Tal como lo comenta el diputado Marino Miranda Salgado, los miembros de los pueblos y comunidades indígenas continúan padeciendo condiciones históricas y estructurales de abandono, discriminación y pobreza, las cuales han configurado una situación de desventaja y vulnerabilidad que se ha traducido en una violación sistemática de los derechos humanos más elementales, así como de aquellos que, expresamente, les confiere la Constitución.
Del mismo modo, ha sido considerado así por el actual relator especial para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quién señala que “en el mundo contemporáneo, los pueblos indígenas viven generalmente bajo condiciones de gran desventaja comparativa dentro de los Estados que fueron construidos en torno a ellos. Los fenómenos históricos motivados por la discriminación racial no son meras injusticias del pasado, sino que se traducen en desigualdades presentes. Los pueblos indígenas se han visto privados de vastas extensiones de tierras y del acceso a los recursos necesarios para la subsistencia, y han padecido el efecto de las fuerzas que históricamente han procurado hacer desaparecer sus instituciones políticas y culturales. Como consecuencia, los pueblos indígenas han sido discriminados en términos económicos y sociales, su cohesión como comunidades se ha visto quebrantada o amenazada y la integridad de sus culturas ha sido socavada. Tanto en los Estados industrializados como en los países en vías de desarrollo, los sectores indígenas se encuentran, casi invariablemente, en el último escalón de la escala socioeconómica y existen al margen del poder.”1
En el mismo sentido, el relator anterior, Rodolfo Stavenhaven señaló que “los pueblos indígenas se cuentan entre los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Suelen ser víctimas de distintas formas de discriminación y de la negación de sus derechos básicos”.2
Es fácil advertir que los pueblos indígenas y los indígenas individualmente considerados son sectores de una gran vulnerabilidad y frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos más elementales. El caso que el diputado proponente trae a colación en su Proposición con Punto de Acuerdo es precisamente el de Valentina Rosenda Cantú e Inés Fernández Ortega, ambas indígenas me´phaa (tlapanecas) del Estado de Guerrero sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante sentencia de 31 de agosto de 2010 responsabilizando al Estado mexicano de diversas violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
En esta sentencia, la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal; la dignidad; la vida privada; las garantías judiciales y la protección judicial; los derechos del niño, así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia.
En este sentido, se ordenó al Estado mexicano a
• Investigar los hechos en el fuero ordinario, e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de las distintas irregularidades procesales e investigativas.
• Reformar la legislación federal y militar, a fin de que se establezca de manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia militar debe abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si éstos se encuentren o no en servicio activo.
• Pagar una indemnización económica por daño material e inmaterial a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, así como el reintegro de costas y gastos; a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta la conclusión de estudios superiores, bien sean técnicos o universitarios.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas.
• Publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las indígenas me’phaa.
• Otorgar recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria destinada a la promoción y educación sobre derechos de las mujeres
• Otras de carácter normativo y administrativo.
Ahora bien, en lo que hace a nuestro derecho interno, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son soft law, recomendaciones potestativas u otra forma jurídica alternativa que carezca de carácter vinculante para el Estado mexicano. Las Sentencias de la Corte Interamericana en las que México sea parte son obligatorias para todos los servidores públicos en todos los niveles y, por tanto, deben de ser cumplidas a cabalidad. Así ha sido reconocido por nuestro Máximo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede constatar en las siguientes tesis:
Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio. El Estado mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.
Pleno
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la posibilidad de revisar si se configura alguna de las excepciones del Estado mexicano al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de aquélla, o alguna de las reservas o declaraciones interpretativas formuladas por el Estado mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXV/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
Del mismo modo, se constata en la siguiente tesis:
Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
Pleno
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.”
Basten los anteriores argumentos para demostrar la obligatoriedad de las sentencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que el estado mexicano sea parte.
En lo que hace al fondo de la proposición con punto de acuerdo es menester determinar el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Al respecto, cabe señalar el proceso que se ha seguido desde que se emitió la señalada sentencia.
1 de octubre de 2010: El Estado mexicano es notificado sobre las sentencias de la Corte Interamericana.
25 de octubre de 2010: Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, junto con sus representantes, entregaron al Estado mexicano, a través de la Segob un plan de trabajo para ordenar y coordinar la implementación de las reparaciones emitidas por el Tribunal. Dicha propuesta consiste en la instalación de mesas de trabajo agrupadas en siete ejes temáticos: (i) Justicia, (ii) Reconocimiento de responsabilidad, (iii) Educación y atención médica, (iv) Indemnización, (v) Capacitación, (vi) Reformas legislativas; y (vii) Políticas públicas y reparaciones comunitarias, con la finalidad de lograr una implementación coordinada de los resolutivos.
29 de diciembre de 2010: El Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la Corte Interamericana una interpretación de las sentencias, en virtud de que “la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.
Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias. Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, se estaba en el proceso de contacto con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.
8 de febrero de 2011: La Segob canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento.
15 de marzo de 2011: Tras 5 meses de retraso, en la Segob se llevó a cabo un acto protocolario para suscribir el acuerdo relativo al plan de trabajo e iniciar la instalación de las mesas. En este acto estuvieron presentes representantes de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de Presidencia. Todos como representantes del Estado mexicano se comprometieron frente a Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) a cumplir la totalidad de los resolutivos de las sentencias, y a trabajar de manera coordinada para implementar las reparaciones ordenadas por Tribunal Interamericano.
30 de agosto de 2011: A pesar de que se han instalado las mesas de trabajo relativas a los ejes temáticos justicia, y educación y salud, los avances registrados no son sustantivos. El gobierno federal, en la práctica, se niega a dar cumplimiento del plan de trabajo suscrito.
Inés Fernández, Valentina Rosendo, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y Tlachinollan iniciaron la campaña “Cumplir las sentencias para romper el muro de la impunidad”, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad nacional e internacional, con el objeto de demandar al Estado mexicano, a que de conformidad con lo acordado, se reinstalen las mesas de trabajo para dar cumplimiento a los fallos, y que las investigaciones lleven ante la justicia federal a los soldados responsables de las violaciones sexuales de las que Inés y Valentina fueron víctimas.
12 de julio de 2011: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia emitida en 2009 por el caso Rosendo Radilla, relativa a la restricción del fuero militar. El decreto de la Corte implica que las investigaciones de violaciones de los derechos humanos que están ahora en el fuero militar sean remitidas al fuero civil.
20 de septiembre de 2011: La PGR atrae el caso de Valentina Rosendo Cantú y designa a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para atender esta obligación internacional. Asimismo, informa que ha conformado un equipo multidisciplinario para que llevara a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales.
16 de noviembre de 2011: El Estado mexicano entregó a los señores Inés Fernández Ortega, Fortunato Prisciliano Sierra y Noemí Prisciliano Fernández, el monto de las reparaciones señaladas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana.
15 de diciembre de 2011: El Estado mexicano, a través de la Procuradora General de la República Marisela Morales, reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, hace un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú y ofrece una disculpa pública.
6 de marzo de 2012: Se lleva a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano frente a Inés Fernández Ortega, en el zócalo de Ayutla de los Libres, Guerrero. El evento estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, quien reconoció que Inés sufrió violaciones a sus derechos y fue doblemente victimizada por la negligencia y discriminación que vivió. También estuvo presente la procuradora Marisela Morales, quien anunció la atracción del caso por parte de la PGR, a cargo de la Fevimtra.
31 de agosto de 2012: A pesar de algunos avances en temas como el reconocimiento de responsabilidad internacional y el traslado de las investigaciones a la jurisdicción civil, existe un preocupante rezago en las medidas dictadas por la Corte Interamericana.
En este contexto, el pasado 01 octubre se cumplieron dos años de que la Corte Interamericana notificara a las partes la sentencia en contra del Estado mexicano por las violaciones a diversos de los derechos humanos de las indígenas guerrerenses. Desde entonces, a pesar de que la Segob se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de la Corte, aún existen aspectos en los que los avances no son los esperados y que impiden dar cumplimiento de manera pronta y cabal a la sentencia. Por si fuera poco, los puntos en los que aún no se ha dado pleno cumplimiento corresponden a los aspectos medulares de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, entre esos puntos incumplidos se encuentran los siguientes:
A la fecha, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello. Lo anterior significa que la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.
El análisis de la actuación y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó la recepción de la denuncia presentada por Valentina Rosendo Cantú y por Inés Fernández, no ha registrado los avances esperados. Aunado a lo anterior, en el caso de la señora Valentina, la Corte también ordenó una investigación respecto al médico que no dio el aviso legal correspondiente a las autoridades, sin embargo, de acuerdo con las víctimas, tampoco se conoce de la apertura de algún expediente administrativo.
Ante el próximo cambio de titular del Poder Ejecutivo federal y dada la trascendencia que las sentencias tienen con respecto a nuestro país esta Comisión considera que dicho cambio no exime de su cumplimiento, por lo que es pertinente hacer saber al presidente en funciones que no han sido cumplidos a cabalidad los puntos contenidos en las citadas sentencias.
En este sentido y en el ánimo de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos de todas y todos, tal como lo ha constatado en anteriores ocasiones este órgano legislativo, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. Dado que el cambio del titular en el Poder Ejecutivo federal no exime al Estado mexicano de su responsabilidad internacional, se le hace saber a éste, que con motivo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la anterior administración cumplió parcialmente con los puntos resolutivos contenidos en dicho fallo.
Tan es así, que se interrumpieron las mesas de trabajo sin que se instalaran otras, faltando a lo acordado en el plan de trabajo suscrito en aquel entonces por ambas partes. De igual forma, no se ha dictado sentencia condenatoria alguna a los responsables, ni se ha cumplido plenamente con las medidas de reparación y garantías de no repetición.
En este sentido, y conforme a su compromiso asumido para devolver la paz y la libertad a todos los mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguridad con el irrestricto respeto a los derechos humanos, se le exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por los medios que considere convenientes dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Nota
1 Anaya, James. Los pueblos indígenas en el derecho internacional. Trad. De Luís Rodríguez Piñero Royo en colaboración con Pablo Ortiz Gutiérrez Vega y Bartolomé Clavero. Ed. Trotta. Madrid, 2005. Pág. 25. Del mismo modo, el Relator anterior, Rodolfo Stavenhaven señaló que: “los pueblos indígenas se cuentan entre los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Suelen ser víctimas de distintas formas de discriminación y de la negación de sus derechos básicos. Han sido históricamente desposeídos de sus tierras y recursos, lenguas, culturas y formas de gobierno, y con frecuencia excluidos del acceso a los servicios sociales básicos (educación, salud y alimentación, agua, salubridad, alojamiento, etcétera.” Informe anual a la Comisión de Derechos Humanos. “Los derechos humanos y las cuestiones indígenas”. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhaven. E/CN.2005/88, 6 de enero de 2005.
2 Comisión de Derechos Humanos. Informe anual a la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos y las cuestiones indígenas. Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhaven. E/CN.2005/88, 6 de enero de 2005. Consultado en la Página Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 20/11/12. Disponible en:
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/indigenous/rapporte ur/reports.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2012.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar –por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinar por la Secretaría de Economía esfuerzos con las instituciones bancarias para promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 66, 68, 157, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 25 de octubre de 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa al apoyo de usuarios de créditos con adeudos.
II. En la misma fecha, 25 de octubre de 2012, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para estudio y dictamen.
III. Con fecha 5 de diciembre de 2012 se presentó al pleno de la Comisión de Economía el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado.
Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes
Consideraciones
1. La finalidad del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a coordinar esfuerzos con las instituciones bancarias para realizar y promover programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.
Asimismo, a efecto de que se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al procurador federal del Consumidor (Profeco) y a las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a la intimidación financiera y, en general, a los abusos contra los pequeños usuarios de créditos con adeudos.
2. El diputado Ricardo Mejía Berdeja sostiene como algunos de los principales argumentos en la exposición de motivos los siguientes:
El panorama para México en lo que va del año ha estado en una crisis, proveniente sobre todo por los problemas económicos y financieros que atraviesa el país. De hecho, estamos conscientes de que este fenómeno ha venido dañando por décadas a millones de familias, en especial a las de menores ingresos.
Todo ello, aunado a una enorme crisis que surge de la voracidad de las instituciones bancarias, alimentadas por el neoliberalismo, ha diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar créditos a personas que no podían cumplir los compromisos de pago.
El excesivo endeudamiento familiar y personal, derivado del exceso de deuda adquirida con los bancos, provocó un estancamiento en su pago, y el crecimiento de la cartera vencida, son los principales factores que en política económica deben atenderse con apremio por el bienestar social y financiero de un amplio sector de la población que son usuarios de servicios financieros.
El monto de pagos vencidos entre usuarios de créditos al consumo otorgados por la banca comercial llegó a 23 mil 339.9 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 29 por ciento en comparación con un año antes, según datos del Banco de México.
Los préstamos al consumo incluyen el financiamiento otorgado por la banca comercial a través de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, de manera destacada en el último año, los que tienen la nómina de los trabajadores como garantía.
A partir del punto máximo de noviembre de 2008, la cartera vencida en préstamos al consumo comenzó a disminuir de manera continua, hasta marzo de 2011, cuando se sintió en 15 mil 486.9 millones de pesos. Desde ese punto y hasta mayo de este año se ha incrementado en 7 mil 853 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 50.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México.
La mayor parte de la cartera vencida en préstamos al consumo corresponde a los usuarios de tarjetas de crédito, aunque en las cifras del Banco de México figura en un cercano segundo sitio el rubro “Otros”, donde se contabilizan los préstamos de nómina.
En mayo de este año, la cartera vencida entre usuarios de tarjetas de crédito bancarias llegó a 12 mil 5.7 millones de pesos, 5.8 por ciento más que un año antes, indican las cifras del banco central.
Lo anterior golpea a los mexicanos, pues muchas instituciones financieras cuentan con altos índices de morosidad, además de iniciar a través de sus despachos una intensa campaña de intimidación financiera contra los deudores morosos, que van desde llamadas telefónicas exhortando al tarjetahabiente a que realice el pago del mínimo requerido hasta amenazas de registro de malas notas en el buró de crédito (SIF), como el buró de crédito. La cuestión está en la calificación que se otorga en función del desempeño como “buen pagador” que alguien tiene, sin dejar de lado que los bancos ofrecen este producto otorgan un préstamo de nómina a una persona que a su vez, ya dispone de una tarjeta de crédito y utiliza otro hipotecario, “puede estarse afectando el pago de cumplimientos de otros créditos que tiene”. En ese sentido, los bancos no cuidan al máximo esa circunstancia.
Por tanto, hace falta implantar programas y mecanismos adecuados para el rescate y la restructuración de los usuarios de crédito con adeudos, además de que estén completamente informados de las implicaciones y los riesgos que el sobregiro y la poca capacidad de pago de la deuda pueden generar. Todo, a fin de reactivar la economía del país para un bienestar social.
3. La naturaleza de los deudores descritos en la exposición de motivos son familias y personas principalmente con adeudos de tarjetas de crédito y préstamos personales. De la lectura de la exposición no se desprende el involucramiento de unidades económicas productivas.
4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público posee mayores atribuciones y condiciones que la de Economía para coordinar programas o mecanismos de apoyo con las instituciones de crédito involucradas. Lo anterior, dado que
5. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 31, numeral VII, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el despacho de
Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.
Y en el artículo 34, numeral VIII, a la Secretaría de Economía:
Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.
6. La Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 20, faculta a la Profeco, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, para “promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.
7. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en el artículo 4, encomienda a la Condusef el objetivo prioritario de “procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas”.
8. Desde noviembre de 2006, la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Condusef un acuerdo para evitar las malas prácticas de cobranza, como el acoso, la intimidación y el engaño. El acuerdo fue ratificado por las partes en 2008 y 2010.
9. La Profeco firmó también con la Apcob un convenio de colaboración contra las prácticas indebidas de cobranza. Dicho convenio fue firmado por las partes y entró en vigencia el 18 de noviembre de 2010, donde también se busca contribuir al desarrollo de una cultura de pago en la población y generar mejores condiciones en el proceso de cobranza.
10. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados reconocen la importancia de buscar soluciones a los conflictos que atenten contra el bienestar de los actores sociales y del riesgo financiero que implica la existencia de adeudos en moratoria de pago. A la luz de lo anterior, se consideran viables los exhortos realizados, con algunas precisiones.
Así, los integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a coordinar esfuerzos, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las instituciones bancarias para valorar la realización y promoción de programas en favor de los usuarios de créditos con adeudos.
Segundo. Se exhorte al presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al procurador federal del Consumidor a redoblar esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos vigentes por los integrantes de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos respecto a las prácticas de cobranza ajustadas a la ética.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proponer un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste.
Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha veinte de septiembre de dos mil doce, la diputada Eva Diego Cruz, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó a consideración de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativa a la creación de un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste del país.
II. En la misma fecha, veinte de septiembre de dos mil doce, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.
III. Con fecha cinco de diciembre de dos mil doce, se presentó al pleno de la Comisión de Economía, el proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.
Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes
Consideraciones
1. El objetivo del punto de acuerdo, materia del presente dictamen, es realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que proponga un programa especial para el desarrollo de la región sur-sureste que contemple el impulso de la infraestructura y la formación de capital humano capacitado para las exigencias del mercado y del desarrollo del entorno productivo.
Asimismo, para que se haga efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.
2. La diputada Eva Diego Cruz sostiene entre sus principales consideraciones las siguientes:
El desarrollo económico y social alcanzado por México muestra grandes disparidades entre sus regiones. Dichas disparidades han sido fomentadas principalmente por una aplicación de políticas públicas discriminatorias.
La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país.
Con el tiempo las brechas económicas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado, siendo aún más evidentes si se descuentan los efectos económicos positivos de las actividades petroleras de la región. Es innegable que el origen de los problemas económicos y sociales de la región son estructurales y no producto de una situación de coyuntura.
En el sur-sureste de nuestro país no se ha aplicado una adecuada planeación que tome en cuenta sus potencialidades y el conjunto de actores locales susceptibles a intervenir en su desarrollo. El desarrollo es fruto de la participación activa de los agentes locales; es resultado del esfuerzo de una sociedad, de los actores de un territorio.
Los desequilibrios regionales están directamente ligados a los niveles de competitividad. Es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad afectan de manera negativa a la competitividad de los estados y regiones. Las regiones con los mayores rezagos económicos deben alcanzar un nivel de desarrollo en educación, salud, e infraestructura para atraer elevados flujos de inversión extranjera.
Los estados más competitivos son aquellos mejor comunicados al principal mercado de exportación (de ahí la importancia de construir una red carretera eficiente), así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, capital humano e institucional.
Es apremiante vincular a las regiones marginadas con zonas desarrolladas aprovechando sus ventajas competitivas y así integrarlas al proceso de desarrollo mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.
Sabemos que una mayor inversión para el desarrollo de la infraestructura física, la formación de capital humano y el desarrollo del entorno productivo, permite una mayor convergencia entre las regiones.
3. Como se señala en la propia exposición de motivos los artículos 25 y 26 constitucionales establecen entre otras disposiciones lo siguiente:
Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad proteja esta Constitución...
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuya con el desarrollo de la nación.
Artículo 26. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...
La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan nacional y los programas de desarrollo.
4. El Poder Ejecutivo se encuentra actualmente comenzando su periodo de gestión 2012-2018, por lo que está en proceso de elaboración el Plan Nacional de Desarrollo para cuyo diseño y aprobación cuenta con seis meses a partir del inicio de la administración. Sobre esto la Ley de Planeación establece en el artículo 21, que
El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República (...)
5. El nuevo titular del Poder Ejecutivo federal ha instruido públicamente, durante su mensaje a la nación con motivo de la toma de protesta del gabinete, el día primero de diciembre de 2012, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, entre otras, se realicen inversiones de infraestructura en la zona sur del país para conectarla e incorporarla a la economía global (octava decisión).
6. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito el día dos de diciembre de 2012, por los presidentes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubica el Compromiso 67, con la acción 2.9 que se refiere a aplicar una estrategia nacional para el desarrollo del sur-sureste.
En el Pacto se asume que “los estados del sur-sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano, por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global”.
En las acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, se incluirán:
“...la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sursureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión.”
En este mismo sentido, el acuerdo contempla periodos para el cumplimiento de los acuerdos contemplados, para el caso del 67 y su acción 2.9, se fijó el inicio para el primer semestre del 2013 y su finalización durante el segundo semestre del 2018.
Se destaca que la implementación completa de dicha acción aparece como sujeta a la aprobación de la reforma hacendaria.
7. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados entienden la importancia de promover un desarrollo regional equilibrado que responda a las necesidades y demandas de sus habitantes, de los cuales deben ser rescatadas y consideradas sus propuestas y comentarios en el diseño de las acciones como parte del sistema de gobernanza democrático planteado en la Ley de Planeación.
Es así que los diputados integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a complementar sus acciones comprometidas públicamente el día dos de diciembre de 2012 y en el Pacto por México relacionadas con la región sur-sureste, con medidas que refuercen y pongan énfasis en la formación de capital humano capacitado para las exigencias del mercado y para desarrollar el entorno productivo de la región, así como para que dichas acciones se implementen también en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a hacer efectiva la planeación democrática del desarrollo nacional e implemente estrategias de participación de los diversos sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, y puedan ser incluidas dentro del plan nacional y los programas de desarrollo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2012.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Graciela Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios de Economía, y de Desarrollo Social a implantar un programa urgente de apoyo a los productores piscícolas del país y estimular la crianza y comercialización de los peces nativos de México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.
Esta Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha seis de septiembre del dos mil doce, el diputado Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 6, numeral 1 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Proposición con punto de Acuerdo con punto de Acuerdo relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país.
II. Con la misma fecha, fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Economía para su estudio y dictamen.
III. Con fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, se presentó al pleno de la Comisión de Economía, proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.
Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:
Consideraciones
1. El diputado proponente sostiene en el punto de acuerdo que hoy se estudia que el pescado comúnmente conocido como “panga” es un pescado de piscicultura proveniente del continente asiático que actualmente invade el mercado debido a su precio y buena apariencia.
2. Afirma que dicho producto no reúne las especificaciones mínimas de calidad, encontrándose fuera de toda reglamentación sanitaria, lo cual ya ha sido analizado y puesto en evidencia en otros países en los que se ha comercializado el panga, como en España, donde, en 2010, la Organización de Consumidores y Usuarios emitió un comunicado recomendando no consumir el panga.
3. Ante esta situación, resulta indispensable que las autoridades mexicanas, adopten las medidas necesarias a fin de evitar, en la medida de lo posible, que la comercialización de estos pescados pueda provocar una crisis sanitaria en nuestro país.
4. Sostiene que el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, se encuentra facultado para restringir e incluso prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país.
5. El proponente estima oportuno emitir un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, autoridad sanitaria de nuestro país, para que redoble esfuerzos en la inspección y vigilancia de los productos que entran a nuestro país, sobre todo los destinados para consumo humano.
6. Además considera necesario que se adopten medidas para apoyar la producción y comercialización de los pescados que se crían en nuestro país.
7. De conformidad con el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
8. Con fecha 16 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud, que establece en el acuerdo primero, inciso a) lo siguiente:
Primero. Se establece la clasificación y codificación de las mercancías y productos sujetos a autorización sanitaria previa de importación, o autorización de internación, según corresponda, por parte de la Secretaría de Salud, comprendidas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros señalados en los apartados siguientes:
a) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, así como las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas, expedirán las autorizaciones sanitarias previas de importación, que de conformidad con la Ley General de Salud tienen el carácter de permisos sanitarios previos de importación, de los productos comprendidos en las siguientes fracciones arancelarias, únicamente cuando dichos productos se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano, y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal.
9. Que dentro de sus fracciones arancelarias se hace referencia al Pangasius , comúnmente conocido como Panga, lo cual constituye una limitante a la importación de dicho producto al establecer como requisito indispensable, el que deba contar con permiso sanitario previo de importación,
10. Por lo que esta comisión considera que quedan satisfechos los primeros puntos dos puntos de acuerdo que se refieren a:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, gire las instrucciones necesarias a fin de que se restrinja la importación del pescado conocido como “panga”, hasta que se garantice su calidad e higiene y se descarten riesgos a la salud por su consumo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que intensifique sus labores de inspección y vigilancia sobre los productos destinados para consumo humano que entran a nuestro país, en especial del pescado denominado “panga”, a fin de garantizar que se cumple con las disposiciones legales en materia sanitaria y que su venta y consumo no signifiquen riesgos a la salud.
11. Por lo que respecta al punto tercero del acuerdo que señala:
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarias de Economía y de Desarrollo Social a que, conjuntamente, implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.
Esta comisión estima conveniente que para lograr la máxima eficiencia productiva de los Centros Acuícolas es necesario incrementar los apoyos a productores piscícolas e impulsar mediante diversos programas el desarrollo de la actividad acuícola que favorezca la competitividad del Sector.
12. Por la importancia que tiene la industria piscícola, se estima conveniente incorporar a dicha actividad en el Plan Nacional de Desarrollo, así como que los beneficio presupuestales para los programas relacionados con esta actividad sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.
Acuerdo
1. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, y de Desarrollo Social a que conjuntamente en el ámbito de su competencia implemente un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.
2. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que dentro de su Plan Nacional de Desarrollo contemple acciones en beneficio de los productores piscícolas del país, para hacer de de esta una actividad más competitiva.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de 2012.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a los servidores públicos competentes para que publiquen en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 30 de octubre de 2012 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.
Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las Comisiones de Marina y Transportes someten a consideración de esta soberanía el presente dictamen.
Antecedentes
1. La proposición con punto de acuerdo de este dictamen fue presentada por el diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de octubre de 2012 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones de Marina y Transportes, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Consideraciones
Primera. Las comisiones dictaminadoras realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Segunda. Con la entrada en vigor de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, publicada el Primero de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el marco legal que rige la navegación, al transporte marítimo mercante y al comercio marítimo, para lo cual evidentemente se requiere adecuar al mismo la regulación administrativa contenida en cuerpos reglamentarios que se expidieron bajo la vigencia de otras leyes que normaban las materias señaladas.
Tercera. Además, es la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos la que así lo determina en sus artículos transitorios, principalmente el octavo que señala que “el Ejecutivo federal deberá publicar los reglamentos de la presente ley en un año calendario a contar a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación”.
Cuarta. De acuerdo con su naturaleza jurídica, el proyecto reglamentario en mención tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en la esfera administrativa para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en sus distintos títulos y capítulos que la integran. En este reglamento se incluyen todos los temas que atiende dicha ley y que deben reglamentarse, por lo cual no sería necesario expedir otros.
Quinta. Con la entrada en vigor del Reglamento se evitará la actual dispersión de los ordenamientos administrativos de la ley anterior, lo que sólo causa inseguridad a los particulares, empresas y usuarios de los servicios de la autoridad marítima o a quien debe defenderse de los actos de la misma y que para hacerlo debe consultar varios reglamentos; con este nuevo reglamento encontrarán en un solo cuerpo normativo los distintos temas que comprende la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, trátese de navegación, educación naval mercante, seguros marítimos, inspección naval, registro público marítimo, abanderamiento y matrícula de embarcaciones y artefactos navales, prevención de la contaminación marina y demás temas relacionados.
En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes someten a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instruir a los funcionarios que tiene dignamente a su cargo a fin de que se publique el Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de noviembre de 2012.
La Comisión de Marina
Diputados: José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Rafael González R. (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes, Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir y publicar cuanto antes, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de Ley General de Turismo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y análisis proposición con punto de acuerdo urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.
La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Turismo fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa que contiene proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 18 de octubre de 2012.
La proposición fue recibida en esta Comisión de Turismo y socializada con todos y cada uno de los integrantes de la misma, así como para la realización del presente documento, se tomaron en consideración las opiniones de las diferentes instancias involucradas.
En consecuencia, esta comisión dictaminadora emite el presente documento con la finalidad de presentar a esta honorable soberanía, una resolución clara y con posibilidades de ser deliberada y votada, habiéndose realizado el adecuado estudio debido y en razón, funda su resolución.
Consideraciones
México es privilegiado debido a su posición geográfica y su gran diversidad turística, cuenta con turismo alternativo, cultural, de salud, deportivo, náutico, de negocios, gastronómico, entre otros segmentos especializados, es decir, turismo para todos.
El turismo es reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como una prioridad nacional, para lo cual se han puesto en marcha estrategias que buscan posicionar a México como un país líder en servicios turísticos de calidad internacional, a través del fomento a la competitividad de sus empresas y la diversificación de sus mercados, productos y destinos.
La importancia del sector turismo es reconocida mundialmente, debido a que influye directa e indirectamente en el crecimiento económico, en la generación de empleos, en la preservación del medio ambiente y aporta al desarrollo regional un sin número de beneficios por demás conocidos tales como la creación de nuevas empresas a nivel local.
Cabe resaltar que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojan resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), para el trimestre octubre-diciembre de 2011. Dichos indicadores son elaborados en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST).
En el cuarto trimestre de 2011, el indicador Trimestral del PIB Turístico se incrementó 3.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 2010, producto del aumento en la demanda de servicios de los turistas.
En el trimestre el Indicador del Consumo Turístico Interior avanzó 4.4 por ciento, comparado con el cuarto trimestre de 2010. Por componentes, el consumo del turismo interno creció 6.7 por ciento, mientras que el turismo receptivo retrocedió -9.7 por ciento.
Aspectos generales
El Inegi presenta los resultados de los ITAT, para el cuarto trimestre de 2011, estos indicadores son elaborados en el contexto del CTEEEST y ofrecen un panorama de la evolución macroeconómica trimestral de las actividades relacionadas con el turismo, con datos de diversas fuentes de información oportuna y con una agregación similar a la difundida en la Cuenta Satélite del Turismo (CSTM). Con ello se fortalece la información estadística que permite conocer el comportamiento y tendencia del Producto Interno Turístico (PIBT), que es complementado con el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITPIBT).
En su comparación anual del ITPIBT, indican que el nivel en el cuarto trimestre de 2011 fue superior en 3.3 por ciento al observado en igual trimestre de 2010.
Al considerar el Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos (ICTEM), elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey (CIETEC), el turismo es un sector estratégico que equivale a 12.0 por ciento del PIB del país en 2011, por lo que se debe considerar como uno de los sectores de mayor aportación social y económica.
Todos estos elementos anticipan que los resultados en 2012 cerrarán positivamente.
Cabe destacar que el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, señala a la letra que “la Secretaría deberá, emitir el reglamento de la presente ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el cual incluirá su reestructuración administrativa en los términos de la presente ley.
Sin embargo, el Ejecutivo federal hasta la fecha no ha publicado el reglamento, con lo cual se tiene un retraso de más de 3 años, lo que hace urgente que las dependencias responsables solventen las observaciones que se tengan y lo aprueben y publiquen a la brevedad.
Materia de la proposición
El gobierno federal ha destacado que la visión en el ámbito turístico es que México será un país líder en la actividad turística y destaca que para lograrlo se debe “conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación”, de igual manera afirma que es “necesario actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo”.
Si bien, los elementos demuestran que existe una línea de trabajo clara a favor del crecimiento y desarrollo del turismo y de ahí los resultados obtenidos a la fecha, lo cierto es que existe un vació normativo en el sector dado que a la fecha no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Turismo.
Han pasado más de tres años de aprobar la Ley General de Turismo y no así su Reglamento. Una de las causales para posponer no sólo su publicación sino su elaboración, se debió que a fines de 2009 el Ejecutivo federal propuso desaparecer a la Secretaría de Turismo (situación que no aconteció), ante ello el entonces Secretario de Turismo afirmó que en 2010 se elaboraría mediante licitación el aludido reglamento y que el mismo estaría listo en ese mismo año.
Por su parte, al comparecer ante el pleno de esta Comisión de Turismo en al LXI Legislatura, la Secretaría de Turismo y encargada de ejecutar la política turística de nuestro país señaló que en fecha próxima sería publicado el multicitado reglamento.
Como respuesta, tres meses después, el subsecretario de Innovación y Calidad afirmó que la propuesta de reglamento se encontraba en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Consideraciones
Primera. A partir de la reforma del artículo 73 constitucional, aprobada el 21 de mayo de 2003 y publicada por el Ejecutivo Federal el 29 de noviembre de ese mismo año, a través del cual se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes en materia turística y establecer las bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, lo que incide en la necesidad del propio sector turístico de actualizar y eficientizar aun más su marco jurídico.
Derivado de lo anterior, la Comisión de Turismo de la LX Legislatura, asumió la responsabilidad de conjuntar las herramientas jurídicas necesarias para el crecimiento y desarrollo de la actividad turística en México, para lo cual se consideraron las necesidades del sector, expresadas por algunos de los actores participantes, otorgando de esta manera una mayor coordinación de la Secretaría de Turismo con otras dependencias, con una mejor planeación, una eficiente promoción, operatividad con certeza jurídica e incentivos para los prestadores de servicios turísticos, mediante el establecimiento de objetivos claros, metas y sobre todo de una medición de resultados dentro de un mundo globalizado.
Así, durante la sesión celebrada el 15 de abril de 2009 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó con trescientos treinta y nueve votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones el dictamen de la Ley General de Turismo, mismo que fue ratificada por el Senado de la República.
Segunda. Con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Turismo, se señaló que la Secretaría debería emitir el reglamento correspondiente dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a partir de la entrada en vigor del decreto.
El Ejecutivo en su normatividad interna, posee un conjunto de acuerdos para expedir el reglamento de una norma secundaria, tal es el caso del “acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal”,1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2004. Acuerdo que tiene por objeto “establecer los requisitos, procedimientos y plazos a que deberá sujetarse la elaboración, revisión y trámite de proyectos de reglamento o de decreto por los que se adicionen, reformen, abroguen o deroguen disposiciones reglamentarias que deban ser sometidos a consideración y, en su caso, firma del presidente de la República”.
Tercera. De conformidad como concluye la doctrina jurídica y la actividad jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo es el único en el Estado Mexicano que sustenta la atribución para reglamentar las leyes que expide el Poder Legislativo.
Adicionalmente, vale la pena puntualizar que la anterior legislatura realizo ya un exhorto para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo.
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora somete a consideración de este honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que expida el Reglamento de la Ley General de Turismo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita y publique a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo.
Nota
1 Doctrina y Lineamientos para la Redacción de Textos Jurídicos, su Publicación y Divulgación. Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación. México D.F., agosto de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre 2012
La Comisión de Turismo
Diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).
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