Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3664-V, martes 11 de diciembre de 2012
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Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, relativo al probable desvío de recursos públicos por el XX ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Andrés de la Rosa Anaya, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información obtenida por funcionarios menores del Órgano de Fiscalización Estatal de Baja California, durante los trabajos de fiscalización al XX ayuntamiento de Mexicali, se detectó un probable desvío de fondos, por casi 150 millones de pesos, a través de un fideicomiso celebrado entre el ayuntamiento de Mexicali y la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV.
Todo derivado de la revisión de las facturas presentadas por el XX ayuntamiento de Mexicali para la comprobación del ejercicio del gasto público, cuando algunos funcionarios menores del Órgano de fiscalización Estatal detectaron algunas facturas por honorarios pagados a la empresa Consulta Actuarios S.C., por la cantidad de 6 millones y medio de pesos, a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo”.
Ante la sospecha de una probable desviación de fondos, los funcionarios empezaron a investigar más a fondo la razón de estas facturas y la existencia del fideicomiso ya mencionado, encontrando sólo reprimendas por parte de sus superiores jerárquicos, lo que se tradujo en mayores sospechas por parte de ellos, teniendo como resultado mayor información al respecto.
La primera conclusión que se obtuvo es que, el XX ayuntamiento de Mexicali, realizó la creación del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), pero nunca lo declaró como entidad fiscalizable ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.
Posteriormente, una vez identificadas las facturas, supuestamente expedidas por la empresa Consulta Actuarios, SC, por 6 millones y medio de pesos, se solicitó información sobre estos movimientos tanto a la empresa en cuestión como a las autoridades Municipales, encontrado respuesta sólo por parte de la empresa, quien se deslindó completamente de dichas facturas, negando que hayan sido expedidas por ellos y solicitó su devolución de manera inmediata.
Por su parte, el ayuntamiento de Mexicali sólo ha atinado a responder, a estas solicitudes de información del Órgano Fiscalizador Estatal, con evasivas y pretextos, desconociendo, incluso, la titularidad del Fideicomiso.
Todo lo anterior es sólo la punta del iceberg sobre este asunto. Estamos convencidos que el daño al erario público es mucho mayor al manejo de los 6.5 millones de pesos detectados en un comienzo.
No obstante lo anterior, lo que resulta más preocupante es que, tanto el Congreso Estatal, como el mismo Órgano Fiscalizador de Baja California, han encubierto, por acción u omisión, las probables actividades ilícitas realizadas por el alcalde del XX ayuntamiento de Mexicali y sus funcionarios.
Esta supuesta actitud proteccionista por parte de las autoridades que deben fiscalizar y sancionar el ejercicio del gasto público, nos daña a todos los bajacalifornianos y en particular a los mexicalenses, puesto que permiten el desvío de fondos que deberían ocuparse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio, lo que se acentúa mas, dado que paradójicamente, el XX ayuntamiento de Mexicali, ha solicitado endeudarse por 550 millones de pesos, lo que duplicaría la deuda contraída por el actual ayuntamiento.
Es menester que el Congreso Estatal de Baja California y el Órgano Fiscalizador del Estado cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el ayuntamiento de Mexicali, actúen conforme a la ley y sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas.
Aunado a lo anterior, es de vital importancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo este posible desvío de recursos, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los culpables.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso Estatal de Baja California y al Órgano Superior de Fiscalización de dicho Estado a que cesen en el encubrimiento del posible desvío de fondos realizado por el XX ayuntamiento de Mexicali y a que, conforme a la ley, lleven a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, sancionen a quienes resulten responsables de actividades ilícitas tendientes al desvío de recursos públicos, a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue a fondo el posible desvío de recursos llevado a cabo por el XX ayuntamiento de Mexicali, para que se deslinden las responsabilidades y, en su caso, se sancione a los que resulten culpables de las actividades ilícitas realizadas a través del “Fideicomiso irrevocable para la administración de un fondo para el pago de indemnización de enfermedades por riesgo de trabajo” (Fideicomiso 334), celebrado con la Casa de Bolsa Actinver, SA de CV; así como por el presunto uso indebido de facturas de la empresa Consulta Actuarios, SC.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 10 días del mes de diciembre de 2012.
Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.
Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.
Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.
Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.
Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.
El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.
La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:
Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.
Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.
Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.
El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.
Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.
En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.
¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?
Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.
El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.
¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.
Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?
Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.
Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a establecer diálogo diplomático con su homólogo estadounidense para revisar el memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos; y al INM, a implantar la plataforma México, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios presentados en nuestro territorio.
Hablar de la frontera México-Estados Unidos, es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte. En la problemática de la frontera norte, las políticas migratorias de ambos países afectan no sólo a la población migrante en la frontera misma, y también a los migrantes indocumentados; así como a los residentes legales, que se encuentran en los Estados Unidos.1
Autoridades del Condado Imperial, California señalaron que por tiempo indefinido aumentarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras como lo es Texas. Además, dieron a conocer que dichas aprehensiones se realizan en dicha área, siendo transportados vía aérea a Yuma para posteriormente ser deportados por la garita de Calexico, California. También denunciaron que estas deportaciones serán hechas a partir de las 5:00 horas y en grupos numerosos.
La Patrulla Fronteriza (Border Patrol), argumentó que no son deportaciones masivas, sino forman parte del regreso voluntario del Programa de Salida y Transferencia de Extranjeros (Alien Transfer and Exit Program, ATEP).
Este Programa inició desde Diciembre del 2007, y su objetivo principal es impedir un nuevo contacto con los polleros, a quienes contratan para internarse en los Estados Unidos, mediante el traslado a un punto fronterizo alejado de aquél por donde ingresaron y fueron detenidos. Este operativo contempla, además de regresar a hombres de entre 20 a 60 años, también serán repatriados mujeres y familias; aplicándose principalmente de lunes a viernes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), adoptó prioridades claras centradas en los recursos de control; una manera de maximizar la seguridad pública, protección de la frontera e integridad del sistema de inmigración. Sus acciones consisten en identificar y deportar a quienes trasgreden leyes en materia penal, apenas crucen la frontera ilegalmente, y que han trasgredido repetidamente las leyes de inmigración o son fugitivos de la corte de inmigración.
Los datos generados en materia de migración, arrojaron cifras alarmantes como en el año fiscal 2011, donde 144,745 de los deportados, aproximadamente cincuenta por ciento, eran personas con antecedentes penales sentenciados por diversos tipos de delitos; desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.
Respecto a este fenómeno se presentó un aumento del 89 por ciento en la deportación de personas con antecedentes penales en relación al 2008, y el mayor número de personas con antecedentes penales extranjeros deportados en la historia de la agencia.
Entender este fenómeno implica comprender como son tratados los migrantes, pues el procedimiento de detención bajo el cual son dispuestos nuestros connacionales, consiste primero, en la recepción del Consulado Mexicano de una llamada telefónica de la persona detenida y/o notificación sobre la misma por parte de la autoridad migratoria estadounidense correspondiente, posteriormente, el personal de Protección investiga con las autoridades del Centro de Detención Migratorio, la situación física y migratoria del connacional en cuestión; a partir de ello, este personal acude a entrevistar al detenido orientándolo sobre sus derechos en materia migratoria.
De acuerdo a testimonios brindados por personas deportadas, en forma cotidiana se les encadena y esposa, sobre todo a los detenidos en la frontera Tijuana-San Diego, además, no se les devuelven sus pertenencias, ni tampoco sus documentos oficiales, los cuales son confiscados en los centros de detención, asimismo, no se respetaba su derecho a la salud ya que si están enfermos no se les brinda la atención médica adecuada, por último muchos manifestaron que estos fueron deportados a altas horas de la noche ó en la madrugada.
En materia de migración se han establecido entre México y los Estados Unidos, el “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, suscrito el 20 de febrero de 2004 y los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”.
Según el Memorándum y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones; sin embargo, por el estado de Baja California actualmente se presenta el mayor número de repatriaciones, principalmente por las Garitas de Mexicali y Tijuana, aconteciendo 4 de cada 10 por esos cruces.
En otros puntos acordados dentro del convenio, las repatriaciones son esporádicas; y únicamente funcionan en casos de emergencia, o han quedado suspendidas de forma definitiva por la autoridad estadounidense hasta nuevo aviso.
Esto se ha convertido en un problema para los municipios fronterizos, tanto en materia de seguridad pública como protección de los derechos humanos, en virtud de que la gran mayoría de los migrantes llegan a ser presa de las bandas criminales o deciden quedarse para intentar lograr cruzar la frontera nuevamente.
De acuerdo al artículo 11 de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano se encuentra facultado para revisar la calidad migratoria en los puntos fronterizos donde ingresen los deportados, para con ello garantizar, que quien ingrese a nuestro territorio no cuente con alguna de denuncia por responsabilidad penal, civil y administrativa, o por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Con el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, pretendemos mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la recepción de las/los migrantes, ya sean entidades federales, estatales, municipales de ambos lados de la frontera, así como las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creación de bases de datos binacionales e intercambio de información, y la implementación por parte de nuestro país, de la llamada plataforma ¨México¨.
La recopilación de información será mejorada por medio de la revisión de los cuestionarios aplicados a las/los migrantes, y mediante la creación de una base de datos para obtener estadísticas exactas sobre el retorno de todos ellos, tales como revisión de antecedentes penales, calidad migratoria, captura de biométricos; así como, orientación en base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados.
De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a sus lugares de origen de nuestros connacionales salvaguardando su bienestar físico.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar la plataforma “México”, para poder recopilar información, antecedentes de los migrantes, revisión de calidad migratoria, captura de biométricos y su respectivo apoyo para la reinserción en el mercado laboral, de los retornados.
Nota
1 Estudio ¨Breve visión sobre las medidas de control migratorios en la Frontera Norte de México¨ Investigadores: Dr. José Ascensión Moreno Mena y Blanca Villaseñor Roca
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a establecer acciones para armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los congresos estatales a establecer acciones a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Electorales en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en cargos de elección popular, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México ha logrado en materia de equidad de género importantes avances, como el reconocimiento social de los derechos de las mujeres, su revalorización y el establecimiento de la legislación necesaria que las faculta para votar y ser votadas, hasta reconocer el derecho de acceso a espacios de participación y toma de decisiones que estaban restringidos y negados para ellas.
Su creciente participación en ámbitos políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, educativos y de investigación, por mencionar algunos, ha sido resultado de su incansable lucha por el logro del disfrute pleno de sus derechos y además por la comprobada capacidad que han mostrado a lo largo de la historia, al ocupar espacios y desempeñar funciones a la par de los hombres e incluso con la posibilidad de mayor eficiencia y logro de resultados.
Sin duda, las mexicanas han logrado importantes conquistas en materia de igualdad y equidad; pero no podemos considerar por respeto de esa lucha que estos avances son suficientes.
No se trata de pensar que la atención de sus legítimas demandas significa empoderarlas a través de tratos privilegiados y por medio de concesiones simuladas.
Se trata de otorgarles las mismas condiciones de competencia, de reconocimiento a sus capacidades, de acceso a las mismas oportunidades y espacios en igualdad de condiciones en comparación con los hombres.
Lamentablemente, pese a que México es uno de los países que se adhirió a los resolutivos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, comprometiéndose a garantizarles, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho pleno a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y la oportunidad y acceso a ocupar cargos públicos y desempeñar cualquier función pública en todos los planos gubernamentales, a condenar y eliminar todo acto de discriminación contra las mujeres en todas sus formas.
Es una nación donde todavía se impiden a las mujeres el disfrute, acceso, desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos, y donde se les anteponen también criterios que las mantienen ligadas a una segmentación sexual laboral que las sitúa en el desempeño de labores ajenas a los altos cargos de toma de decisiones.
Somos un país donde persisten de manera arraigada importantes rezagos en la materia y deudas históricas al respecto, y donde todavía hay presencia de actos discriminatorios, de violencia y sexistas y proliferación de conductas que las marginan en casi todos los aspectos de su vida cotidiana y desarrollo de sus capacidades y oportunidades.
Donde las mujeres son más de 51 por ciento de la población, pero no comparten por igual con los hombres los espacios de toma de decisiones y están excluidas en su mayoría de los altos puestos de gobierno.
Vivimos en un país donde las autoridades correspondientes, el gobierno en su conjunto, sus instituciones en general y la sociedad en su totalidad toleran, permiten y soportan que una de cada tres mujeres mexicanas sufra de maltrato, discriminación, exclusión, rechazo y violencia en algún momento o a lo largo de toda su vida tanto en el ámbito, social y laboral como en el familiar, pues estudios realizados destacan y la realidad afirma día tras día que 68 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido de violencia en cualquiera de sus formas; esto, sin contabilizar los casos no reportados por coerción, la fuerza y bajo amenaza.
Estos lamentables y desafortunados datos son básicos y resultado de estudios en una muestra de la población; pero lo verdaderamente alarmante y vergonzante es que no alcanzan a representar la totalidad, la verdadera magnitud y la realidad que viven las mujeres en el país.
Concretamente y sin temor a equivocarnos, podemos afirmar si es que aspiramos y queremos la construcción de verdaderas estrategias de desarrollo sostenible, que es inadmisible que como sociedad hayamos omitido o permitido que en las políticas públicas se carezca de los preceptos de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Esos conceptos son indivisibles pilares en los esfuerzos por combatir y erradicar la pobreza y el precario desarrollo humano y social en general para toda la población de manera definitiva.
Más allá de concesiones hacia las mujeres, respetar el derecho de éstas a participar activamente en los puestos de poder y los espacios de toma de decisiones significa enriquecer el establecimiento de una legítima gobernabilidad duradera, eficiente y efectiva, en tanto cumplamos la condición no sólo de su acceso sino de garantizar su permanencia en éstos.
Esta condición, vergonzosamente, se omitió en el recinto de la Cámara de Diputados.
Aquí se permitió que ocho diputadas en el día inicial de sesiones de la pasada legislatura pidieran licencia para ceder deliberadamente las curules a los suplentes del género masculino. Cabe señalar que cuatro legisladoras fueron del Grupo Parlamentario del Partido Verde, dos del Grupo Parlamentario del PRI, una del Grupo Parlamentario del PRD y una del Grupo Parlamentario del PT.
La Cámara de Diputados en la legislatura pasada cedió el paso a su tribuna, la máxima de la nación, al discurso de la simulación y del irrespeto hacia las mexicanas y sus legítimas demandas.
Desafortunadamente se debió corregir esta situación no por convicción institucional y moral sino por un estricto mandato dictado por nuestros tribunales a los partidos políticos e implícitamente a la conciencia de la sociedad en su conjunto.
Éstos actuaron impidiendo y rechazando categóricamente la violación de los derechos político-electorales hacia la mujer, al establecer por obligatoriedad que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores (titular y suplente) estén constituidas por personas del mismo género en cumplimiento irrestricto de las cuotas de género, establecidas actualmente en la legislación e inscritas en los resolutivos de los acuerdos del Instituto Federal Electoral (IFE), que señalan una representación de al menos 40 por ciento de mujeres y 60 de hombres.
Así, el pasado 22 de febrero, el IFE asumió la sentencia dictada por el Tribunal Electoral con el folio número SUP-JDC-12624/2011, que determina obligar a todos los partidos políticos instituidos en el país a adoptar medidas para garantizar el estricto cumplimiento de registrar al menos 40 por ciento de sus candidatos a diputados y senadores de un mismo género. Aunado a esto se realizaron diversas reformas y modificaciones a los artículos 20, 218, 219 y 225 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al efecto.
Se requirió un proceso institucional detonado por la voz siempre activa y atenta de las mujeres en el país, que encendió los focos de alerta sobre el lúbrico intento de menoscabo y flagrante violación de las cuotas de género (que en sí violan los principios generales y establecidos internacionalmente de igualdad, neutralidad y no diferenciación por razones de sexo entre las personas) y la alarma ante una tentativa más basada en la simulación y el tan recurrido empleo del discurso hueco, que busca enmascarar y encubrir los intentos persistentes y repetitivos de una profundización en la exclusión sistemática de la mujer en estos puestos de representación popular.
Además, en contravención directa y descarada de los principios y criterios básicos del acceso a la ciudadanía a cualquier puesto de representación de su interés, que se basan en el mérito propio, una vertiente de la democracia efectiva y la pluralidad.
Por todo esto, como sociedad y estado de derecho, no debemos permitir que se siga marginando a las mujeres en el país de su derecho de asumir la posición de un reconocido y legítimo agente político, y que considere su presencia y permanencia en el quehacer político, plural y democrático, como un medio de permuta con un enfoque de intercambiabilidad, en menoscabo de sus derechos y dando paso a un criterio de esencialidad de los hombres en este ámbito.
No debemos permitir que este atentado contra la historia de lucha de las mujeres en aras de mejorar sus condiciones de vida y oportunidades de legítimo desarrollo por mérito propio se repita en ningún estado del país; dicho propósito y reto nos involucran a todos desde nuestro espacio y ámbito de desarrollo.
Esta soberanía está obligada a velar por las conquistas de las mujeres en todos los ámbitos de su interés, y en legislar en favor de que estos derechos y logros en materia de equidad de género sean irreversibles.
México es sin duda un gran país con un Estado cada vez más fortalecido, formado con una sociedad integrada por mujeres fuertes que, desafortunadamente, viven una realidad dura.
La LXII Legislatura está apremiada a mejorar la realidad y las condiciones de vida en igualdad de oportunidades para las mujeres por su mérito propio y no puede en ninguna circunstancia permitir que se despoje a las mexicanas de lo que históricamente han logrado.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos estatales a establecer acciones a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular, para eliminar cualquier forma de exclusión hacia las mujeres en el goce de sus derechos político-electorales.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía a dictaminar la iniciativa del Congreso de Nuevo León que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, numeral 2, fracción VI, 100, numeral 1, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, promueve la presente proposición con punto de acuerdo, que somete a su consideración, al tenor de las siguientes
Considerandos
1. Con fecha 4 de septiembre del presente año, se recibió del Congreso de Nuevo León una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de que constitucionalmente se prevea que los Estados y los municipios se coordinarán para la prestación del servicio público de bomberos.
2. Cabe referir que las bases constitucionales de coordinación que se proponen en la materia, será bajo el principio de procurar satisfacer las necesidades de cada municipio estableciendo planes y programas de protección civil encaminados a reducir la posibilidad de incendio y la rápida respuesta ante una eventualidad.
3. Es importante señalar que resulta necesario que desde el texto constitucional que rige al Municipio haya una previsión específica para el esencial y heroico servicio de bomberos.
4. De igual forma, es necesario que haya un reconocimiento constitucional a la importante labor pública que representa el servicio público de bomberos, no sólo por la magnitud de su importancia sino como reconocimiento al mérito que representa esta noble actividad.
5. Cabe destacar que los bomberos no sólo llevan a cabo la prevención y control de incendios, sino que sus actividades están dirigidas a la atención de derrames de materiales peligrosos, fugas, servicio de urgencias médicas, acciones de salvamento de personas en casos de emergencia o de desastres, atención en accidentes de tráfico, prevención de incendios y siniestros en la construcción de inmuebles, entre otros de ahí la importancia para que desde la Constitución se defina un marco jurídico certero basado en la cooperación entre las entidades federativas y los municipios.
6. Por tanto, su labor no se supedita al control de incendios, sino que son parte de un servicio integral de atención de urgencias que debe existir en cualquier municipio.
7. Es necesario, que en México se genere una cultura de prevención de accidentes y desastres basados en un régimen de protección civil, por lo que estimamos que tales argumentos sostienen con sobradas razones el impulso de la iniciativa del Congreso de Nuevo León, misma que reforma la fracción IX del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que constitucionalmente se prevea que los Estados y los municipios se coordinen en la prestación del servicio público de bomberos.
8. En tal tesitura, se considera su ineludible atención por este Congreso de la Unión y de ahí el exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que proceda a su dictaminación de manera prioritaria.
Por las razones expuestas, me permito presentar a esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar la Iniciativa del Congreso de Nuevo León con Proyecto de Decreto que reforma la fracción IX del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ingresada en fecha 4 de septiembre del año en curso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, de acuerdo con el gobierno federal, representó en su momento la Política de Estado para el Desarrollo Rural con la intención de generar y garantizar a la población campesina el bienestar social e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica que más lo requieren, tal y como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considerando las propuestas de las organizaciones que concurren en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
En el caso de la competitividad, el gobierno pretendió integrar a la política económica para el fomento de las actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias generadoras de empleo e ingresos, mejorar la productividad y competitividad; favorecer la reconversión productiva; generar condiciones para la producción de más y mejores alimentos; ordenar y ampliar los mercados agropecuarios, la integración y fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias; el fortalecimiento de la empresa social y privada, la promoción del turismo rural, la cultura y la producción de artesanías.
Recientemente el Banco Mundial anunció que la crisis alimentaría provocó un incremento de 100 millones de pobres, diez millones de estos pobres son de países latinoamericanos, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Los organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos ricos impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados que se rigen por la competencia y la especulación, destruyeron en los últimos 25 años las bases de la seguridad alimentaria de América Latina.
La crisis alimentaría se agudizará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones de México, el 2012 es el primer aviso de este fenómeno, producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos el problema de la escasez del agua.
El sexenio que dio inicio el primero de diciembre, llegará con enormes retos en diversas materias, debido a una mala orientación del gasto en lo que al campo se refiere, se requerirá de enormes esfuerzos pero sobre todo de mucha voluntad política para enfrentar el reto en este rubro, aunado al necesario aumento del presupuesto para el campo, además de la reorientación con sentido social del mismo.
Es fundamental dar cumplimiento al marco legal establecido en materia de seguimiento a las evaluaciones, en el caso de las internas y externas, es el Ejecutivo quien a través de las dependencias, contrata a las instituciones encargadas de evaluar, siendo evidente que existe una dispersión en los programas, lo cual no permite una integración real de los apoyos federales, de tal manera que el impacto en el bienestar familiar es reducido y desigual.
El otorgamiento de los apoyos de forma discrecional también ahondan las desigualdades en el campo, no obstante dicho programa, presentan grandes desequilibrios de desarrollo regional del país se concentraron en el medio rural mexicano, con millones de mexicanos en pobreza extrema.
El Programa Especial Concurrente, no ha funcionado como mecanismo de coordinación de los programas de apoyo al sector rural, a falta de una orientación correcta y desigual.
Los estados del norte, ocho para ser precisos, concentran más del 60% de los recursos de la Secretaria de Agricultura, el centro y sur con 15 estados, 1.1%, entre ellos Oaxaca, que por ende, recibe una mínima parte de ese porcentaje.
No existe una metodología única para la evaluación del impacto de los programas en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, generalmente, las evaluaciones se han hecho a modo de las instituciones que las contratan, lo que genera cierto grado de desconfianza en los resultados obtenidos. Asimismo, es común que las recomendaciones que se hacen a los programas, no sean integrados a las reglas de operación.
Para tal efecto, es fundamental reorganizar los criterios del Sistema Nacional de Evaluación de la Coneval que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal, es preciso, que las instituciones homologuen los métodos de evaluación de los programas, corrigiendo las debilidades metodológicas de fondo.
Es verdaderamente inaceptable el grado de marginación, de miseria y deterioro ambiental entre otras cosas, en el sector rural, por lo tanto es urgente un cambio en la orientación de políticas públicas en la materia.
El presupuesto asignado al campo ha aumentado, si, de 296 mil millones para el ejercicio 2011, pasó a casi 306 mil millones para 2012, un aumento sustancial de unos once mil millones, sin embargo, aunque en términos numéricos fue más, en términos reales no fue así, la inflación modificó la realidad.
El propósito del PEC, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es dirigir los recursos a zonas de alta y muy alta marginación.
El problema para la evaluación y seguimiento de la aplicación de los recursos del PEC, es que no hay una base de información, un padrón de beneficiarios, solo se tiene un análisis aproximado.
De acuerdo con datos, la Comisión de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas que Integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, es la encargada de coordinarse con las demás comisiones relacionadas con el sector rural para orientar el gasto a partir de los resultados de las evaluaciones.
Es importante que desde el texto del decreto del Presupuesto, se corrija el tema de las evaluaciones con la finalidad de que el Congreso de la Unión instruya al Ejecutivo cuáles son los conceptos que desea evaluar.
En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es por ello que someto a consideración de este pleno el siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que deberá impulsar y dar seguimiento a los asuntos programas y proyectos del Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto del 2015.
Palacio Legislativo, a 11 de diciembre del 2012.
Diputado Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los movimientos en inversión programados y los ya firmados; y al ISSSTE, a hacer públicas por el Comité de Inversión del Pensionissste las negociaciones con Liongate Capital Management, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdoba Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La dirección de pensiones civiles y de retiro creada en 1925, y que posteriormente dio paso a la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo el decreto del 30 de diciembre de 1959 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Estos fueron los primeros cimientos del establecimiento de la seguridad social, con ellos surgieron también los sistemas de pensiones, que como propósito coyuntural establecen la solvencia de recursos económicos para los trabajadores al momento de su retiro, mismos que permiten establecer un nivel de consumo mínimo suficiente.
El año de 1995 fue un parteaguas en la seguridad social con la aplicación de una reforma que promovió la reorientación de los mecanismos vigentes hasta ese entonces para la cobertura financiera del retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en dicho esquema se transitó de un modelo que operaba como un sistema de reparto, a un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administrado por empresas denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
El 1o. de julio de 1997 inició formalmente el funcionamiento del nuevo esquema de pensiones siendo las Afores las encargadas de administrar los recursos de las cuentas individuales e invertir los recursos de los trabajadores en instrumentos que generarían preservar el poder adquisitivo de los mismos.
Para consolidar la transición a cuentas individuales, cuyo principal estandarte era el Seguro de invalidez, vida, cesantía y muerte, el entonces presidente de la republica, Felipe Calderón, promulgó lo que se denominó como “Nueva Ley del Issste”, el 31 de marzo de 2007.
El sistema de pensiones debería ofrecer una pensión adecuada a los trabajadores, lo cual dependería de que los recursos se invirtieran en proyectos seguros y rentables, sin embargo 84 por ciento de los fondos generados está invertido en el Mercado Bursátil y en instrumentos de deuda del gobierno.
Lo anterior es muestra de que a través del tiempo, se han venido generando los detonantes que ponen en riesgo la estabilidad económica de los institutos encargados de las pensiones, a los beneficiarios de las pensiones, a sus familias, y al sistema económico nacional.
Los costos de las reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE, fueron trasladados a los trabajadores, los menos responsables y los más perjudicados, siendo que las causas de la insolvencia financiera en gran parte son culpa del estado.
Aquel estado que encubrió el desvío de mil 500 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida, el mismo que solapó el desfalco de 400 millones de pesos del Sistema de Tiendas y Farmacias (Sityf) del ISSSTE entre 1996 y 1999, durante la gestión de José Navarrete Ancona; y que en el año 2000 registró pérdidas por más de mil millones de pesos.
Estado encargado de callar el desvío de fondos por 20 mil millones de pesos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), utilizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno federal y el Poder Legislativo, para rescatar la crisis rural en el año 2002.
Y que coludido con otros actores han permitido los pagos onerosos de sueldos, jubilaciones y pensiones de funcionarios del ISSSTE, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del gobierno federal, como los que se erogan para el pago de expresidentes.
Pero se sigue culpando a los trabajadores, al incremento de años de vida y la demanda de servicios.
Y hoy en día despierta la sospecha la propuesta de enviar más de 20 mil millones de pesos de los fondos de Pensionissste, a una administradora en Londres de nombre Liongate Capital Management.
Contrato impulsado desde la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, en el cual las cláusulas dejan ver la obligatoriedad de tres años del contrato, tiempo en el cual Pensionissste no podrá adquirir otro contrato con ninguna otra firma para asesoría de inversión en el extranjero.
Se establece también un cobro de 10 por ciento trimestral de la ganancia de operaciones, aún si éstas no se lograran.
Existe una clausula en la cual se deja entender que, la Siefore exonera cualquier responsabilidad surgida o relacionada con asuntos legales, fiscales o contables.
El contrato establece también una cláusula en la cual toda la información entregada por Liongate, no podrá ser utilizada por Pensionissste.
Se le daría a Liongate la figura de mandatario, lo cual le otorgaría facultades de inversión y movimientos discrecionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que publique, con todo detalle, los movimientos en inversión programados por realizar y los ya firmados, que atiendan las pensiones.
Segundo. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que a través del Comité de Inversión del Pensionissste, publique toda la información sobre las negociaciones con la empresa denominada Liongate Capital Management.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Zacatecas a establecer instrumentos basados en el diálogo, la razón y el entendimiento para solucionar diversas manifestaciones sociales ocurridas recientemente en la entidad, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
“Arréglese al estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo”.
Confucio
Tratar de explicar o reducir las razones de las injusticias a lo largo y ancho del país sería un tanto cuanto complicado, sin que ese intento de diagnóstico implique una estrategia que acorte la brecha de la desigualdad y disminuya las situaciones de injusticia social.
La gobernabilidad de nuestro país, de nuestras entidades y de nuestros municipios pasa necesariamente por un ejercicio de alta política y en la implementación de respuestas basadas en la ley y producto de un dialogo constructivo.
Hacemos mención de lo anterior en razón de que en Zacatecas recientemente, y para ser precisa el pasado 5 de noviembre, diversas organizaciones sociales, sindicatos y familias fueron desalojados de la Plaza de Armas por diversas corporaciones del orden estatales.
Las razones de la manifestación era solicitar al gobernador solución a las siguientes peticiones:
a) La Asociación de Exbraceros en Lucha le pedía al gobernador Miguel Alonso Reyes, los recursos aprobados en el presupuesto estatal que les permitiera continuar gestionando los que la federación, en su competencia, está asignando a los beneficiarios de los programas de exbraceros.
b) Alrededor de cien jóvenes que han trabajado con contratos temporales en la Secretaría de Educación y Cultura, solicitaban la regularización de su situación laboral en condiciones de seguridad jurídica y con las prestaciones de ley.
c) 18 familias de comerciantes semifijos planteaban su reinstalación en la plaza municipal. Lugar donde realizaban sus actividades desde hace décadas.
d) La Sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, solicitaba la intervención del estado para establecer el orden en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas; ya que aún no se determinaba la titularidad del contrato de trabajo.
e) Las organizaciones también pedían la cancelación de órdenes de aprehensión y sanciones administrativas en contra de trabajadores de la educación que se habían manifestado con anterioridad al 5 de noviembre.
De acuerdo con el Decreto 291, que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal para 2012, de manera particular, en la exposición de motivos se señala que:
“...las dictaminadoras se abocaron al análisis de las diversas solicitudes que en su conjunto se pueden agrupar en los rubros siguientes: ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, edificación destinada a la protección, apoyos para migrantes y extrabajadores migratorios mexicanos ,... Una vez que fueron debidamente identificadas dichas peticiones, estimamos que se encuentran incluidas en la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo del estado.”
Por lo que resulta, a nuestro juicio, viable la petición de los integrantes de las organizaciones de exbraceros. El Congreso del estado en la discusión del presupuesto estableció apoyo económico para los exbraceros por parte del estado.
Por otra parte, ciertamente, el Decreto 291 establece que:
“La Secretaría de Educación y Cultura tiene la tarea de proponer reformas estructurales que coadyuven a la optimización de los recursos públicos.”
Lo cual no significa necesariamente la cancelación de plazas o la creación de nuevas, cuando la demanda así lo requiera. Al respecto, el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 señala:
Artículo 18. Las dependencias y entidades adoptarán en el año 2012 las siguientes medidas de ahorro, austeridad y eficiencia:
I. Con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia de la administración pública federal y en apego a las medidas de ahorro y austeridad, en las dependencias y entidades no se crearán plazas en nivel alguno, con excepción de educación, por lo que se refiere al personal docente correspondiente a educación especial, preescolar, secundaria, media superior y superior; de los centros públicos de investigación; de salud; de los inspectores federales de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de Defensa Nacional; de Marina; de la Procuraduría General de la República; personal especializado en materia de comunicaciones y transportes y de seguridad pública ; así como de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 de este decreto y aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas, sujeto a la previsión presupuestaria establecida en este presupuesto de egresos;
El espíritu del gasto público es priorizar el recursos para la atención de la educación en sus diversos niveles y modalidades.
En razón de lo anterior, podemos concluir que la entidad requiere de un esquema de trabajo coordinado de los interesados, las autoridades estatales y la federación para la atención de la solicitud expresada por los solicitantes.
Ciertamente, el reordenamiento del comercio en las plazas es enteramente de la competencia municipal; sin embargo, podemos tomar como ejemplos algunas ciudades en las que el reordenamiento ha sido producto de la concertación de todas las partes.
Por ejemplo en la Ciudad de México se ha optado por la construcción de plazas comerciales y de corredores comerciales administrados por el gobierno local y los comerciantes. En este asunto consideramos que hay opciones que permiten concertar la imagen urbana con la satisfacción de un empleo para las familias.
En el caso del conflicto minero, éste debe de ser abordado desde las competencias jurídico-administrativas que le corresponda a la entidad; de no ejercerlas, en caso de poseerlas, estaría incurriendo en omisiones que obstruyen el desarrollo de la normalidad jurídica de los asuntos en cuestión.
Los gobernantes son los primeros que deben de cumplir con la ley.
Por lo anteriormente expuesto, y en ánimo de coadyuvar con la gobernanza en la entidad, como parte de integrante de la federación, quienes promovemos la presente proposición nos pronunciamos por el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a la soberanía del estado de Zacatecas, exhorta al titular del Ejecutivo estatal a establecer mecanismos basados en el diálogo, la razón y el entendimiento en la solución de diversas manifestaciones sociales ocurridas recientemente en el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012
Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Ssa, la SEP, la SE y la STPS esfuerzos específicos de concienciación y civilización para garantizar a las personas con discapacidad mejores condiciones de vida y movilidad plena, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta las siguientes
Consideraciones
El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en México la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU); el 30 de marzo de 2007 la firmó, y la ratificó el 17 de diciembre de 2007.
La discapacidad es aquella condición que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea temporal o permanente y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puedan impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
En este sentido, cabe destacar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad aporta elementos jurídicos para la armonización de la legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En 2011, la Organización de Naciones Unidas menciona que las personas con discapacidad constituyen un 15 por ciento, cifra que oscila entre 110 a 190 millones de la población mundial. Casi una quinta parte del total de la población mundial padece algún tipo o grado de discapacidad, ya sea congénita por enfermedad, mutilación o pérdida de algún órgano por accidente, y que diariamente enfrenta considerables dificultades. Además, una cuarta parte de la población mundial se ve afectada directamente por la discapacidad, como las personas que cuidan de ellas o los familiares.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el pasado 4 de marzo de 2010 se estimo que en nuestro país hay aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total, correspondiendo a las mujeres el 50.1 por ciento y el 49.9 por ciento a los hombres. De igual manera, el diagnóstico de la población con discapacidad por grupos de edad, de 0 a 14 años, son el 1.9 por ciento; los jóvenes de 15 a 29 del 1.6 por ciento; de 30 a 59 años, el 4.8 por ciento; de 60 a 84 años, el 23 por ciento; de 85 años o más, el 58.7 por ciento, con esta condición respectivamente.
Este estudio también nos menciona a la discapacidad según el tipo de limitación: discapacidad motriz el 58.3 por ciento, discapacidad visual el 27.2 por ciento, discapacidad auditiva el 12.1 por ciento, el 8.3 por ciento de la población presenta dificultad para hablar o para comunicarse, el 4.4 por ciento tiene discapacidad intelectual, y el 8.5 por ciento mental.
Lo anterior, propicia esta proposición para que los titulares de las Secretarías de Estado, que de conformidad con la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de junio de 2011 instituye el reconocimiento y las garantías para la protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución así como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, con la finalidad de instrumentar mecanismos más eficientes.
Al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza le preocupa en particular la movilidad y el acceso de las personas con discapacidad a los edificios públicos, los cuales no cuentan con la infraestructura suficiente y atención del personal para que estas personas puedan transitar de manera adecuada. El Estado debe de garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus ciudadanos, es por eso insostenible que casi 6 millones de personas no tengan acceso adecuado a los edificios de gobierno.
Para cambiar esto, es insoslayable consolidar políticas públicas para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, e igualdad de oportunidades
Por lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales señalados, someto a la consideración del pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Salud (SSA), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de Economía (SE), y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realice esfuerzos específicos de concientización y sensibilización, con el objetivo de alcanzar mejores condiciones de vida hacia las personas con discapacidad y su plena movilidad, para que se garantice su participación plena y eficaz en una vida digna plena de satisfacciones que contribuyan a su bienestar físico, mental y espiritual; de igual manera promover y fomentar su igualdad de acceso al empleo, a la educación, a la información, a los bienes y servicios. Esto, en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Dado en la Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones que provocan los movimientos ferroviarios en las zonas urbanas, a cargo del diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Fernando Zamora Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las áreas urbanas son, como sector territorial transformado y habitado por la sociedad humana, un medio en donde se pueden generar importantes conflictos de orden social, político y económico. Hoy en día, es imperiosa la necesidad de vincular la planeación urbana-territorial con todo aquello que tenga que ver con la seguridad de los ciudadanos, de los habitantes de la ciudad, en su más amplia concepción, que no es sólo una cuestión de acciones de vigilancia policiaca, de criminalizar la vida cotidiana o de acciones represivas y de contestación violenta a la violencia creando temor y desconfianza.
Los cambios y transformaciones en gestación y proceso en este siglo, en materia urbana, van acompañados de una intrincada formación de ejes de problemas que trascienden en nuevos escenarios y llegan a la imperiosa participación de la ciudadanía y de sus organizaciones civiles. Los problemas afectan su realidad cotidiana y están en la línea de otros problemas de amplio espectro, como son los alimentos, los residuos, la contaminación, el trabajo y el transporte.
Precisamente, la movilidad urbana es un tema imperioso que tiene que ver con la calidad de vida, el adecuado desarrollo económico y social y la dignidad humana de los habitantes de las zonas urbanas y semiurbanas en nuestro país. Por ello, traigo a la atención de mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores, un asunto que se suma a los tratados en materia metropolitana, que tiene que ver con la presencia y afectaciones que provoca la movilización urbana de ferrocarriles, que han visto surgir a su alrededor extensas zonas habitacionales e industriales.
A diferencia de la Revolución Mexicana y del México pre industrial, el ferrocarril convive ahora con grandes poblaciones, con vías de comunicación saturadas y con desplazamientos mucho más grandes que en el pasado. La problemática de la movilización de los ferrocarriles, a todas horas, provoca serios problemas de congestionamiento. El costo de tiempo perdido va desde los 15 hasta los 40 minutos diarios por persona, la tensión, los costos económicos, la presión social y otros, que es necesario abordar desde el seno de esta representación nacional, pues nos son demandados cotidianamente en cada uno de los 300 distritos de nuestro país.
Todos los días se ve en los medios locales, el enojo ciudadano por las maniobras en los patios del ferrocarril, que obstaculizan el tráfico cotidiano de la ciudad. Muchas ciudades están divididas por las vías del ferrocarril y este problema tan añejo, se torna cada vez más complejo por la dinámica de las ciudades, especialmente cuando los operadores de los trenes hacen sus maniobras, y el flujo de personas se incrementa porque se tienen que trasladar a escuelas, trabajos o por cualquier actividad que requieran realizar. El tránsito se congestiona de manera impresionante, porque se hacen filas de carros de hasta un kilómetro de largo, todos los días.
Recorriendo las vías férreas del país, con frecuencia, incluso en pleno centro de las ciudades, se encuentran vagones varados que son utilizados como basureros, falta de señalamientos como semáforos más vistosos y barreras que alerten sobre el paso de las locomotoras. Las señalizaciones son prácticamente inexistentes y generalmente no hay señales visuales o sonoras que alerten efectivamente a los conductores que transitan por calles, atravesadas por las vías, como no sea el silbato y el estruendoso ruido que hacen las locomotoras al aproximarse.
Ante el agravamiento de esta problemática, poco es lo que se está haciendo y frecuentemente se responsabiliza a las empresas ferroviarias, sin que nadie dé respuestas concretas.
Señalo que el artículo 6o. de la Ley del Servicio Ferroviario es muy claro, y menciona que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo del sistema ferroviario, además de determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas.
Por su parte, en el artículo 26 del reglamento de la mencionada ley, se especifica que los concesionarios de vías férreas contarán con centros de control de tráfico, los que se deberán establecer dentro del territorio nacional y que debe garantizarse su segura y eficiente operación.
Aunque no es posible sacar al ferrocarril de las ciudades, por lo menos en el corto y mediano plazos, sí es necesario generar programas que prevengan que las maniobras de carga, las obras públicas y una adecuada coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales permitan reducir los tiempos, la permanencia de los vagones y una adecuada sistematización, para reducir las pérdidas en horas-hombre y los problemas sociales que hoy enfrentan los ciudadanos por los problemas descritos.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar el cumplimiento adecuado de las normas oficiales mexicanas en materia de transporte ferroviario en las ciudades, promoviendo, si es necesario, adecuaciones para reducir las afectaciones por sus movimientos en las zonas urbanas. Asimismo, para desarrollar programas alternativos de conectividad y de adecuada planeación, para reducir el impacto social y económico que hoy se vive en dichas zonas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Fernando Zamora Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y del Fonaes a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Economía y al titular del Fondo Nacional de apoyo a Empresa en Solidaridad (Fonaes), promuevan es establezcan dentro de sus reglas de operación la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social sin actitudes discriminatorias por género, discapacidad, etcétera, bajo los siguientes
Antecedentes
El 23 de mayo del 2012 el Ejecutivo Federal expide la ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que fue publicado en su medio oficial.
Dicha ordenamiento pretende establecer mecanismos de organización y expansión del sector social de la economía y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social. Lo que inhibe la participación de los individuos y grupos organizados ya que se obliga a constituirse bajo alguna figura jurídica asociativa.
Debemos señalar en relación con las personas con discapacidad, sus proyectos que presentan las propias personas con discapacidad son, en su gran mayoría, iniciativas individuales o de grupos sociales en los que integran algún familiar. Esto es derivado por la inaccesibilidad de las zonas urbanas y fuertemente en zonas rurales de nuestro país, sin dejar de lado la falta de intérpretes de lengua de señas mexicana.
Como fortaleza y estimulo a las personas con discapacidad y en la búsqueda de las aptitudes y capacidades de los individuos, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad impulsa la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, a través del apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios elaborados por personas físicas, grupos sociales o empresas sociales ; Además de fomentar el desarrollo de capacidades empresariales y el fomento a la banca social.
En el 2003 se formalizó la estrategia “Emprendedores con discapacidad” (ECODIS) cuyo objetivo fue lograr que todos los instrumentos de apoyo institucionales fueran accesibles para este sector de la población.
En el 2008 se crea el instrumento de apoyo exclusivo para las personas con discapacidad, esto significó pasar de estrategia a instrumento y actividad programática, es decir, una política pública con recursos propios. Dicho instrumento es el apoyo que se otorga en efectivo a personas con discapacidad en lo individual u organizadas en grupos o empresas sociales, integradas al menos en un 50% por personas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual pueden ser beneficiarias indirectas a través de sus padres y tutores, de igual manera se apoya a los padres y/o tutores con hijos menores que tengan alguna discapacidad.
En resumen, en la presente administración más de 1,800 empresas en donde los titulares son personas con discapacidad o bien de manera individual son rectores de su propio negocio, con ello incluyéndolos a la vida social y productiva del país y que hoy son personas empoderadas y en ocasiones el sostén económico de sus familias.
Otro de los grandes temas y sectores de la sociedad que atiende con gran interés son las mujeres, ya sea en situación de vulnerabilidad social o bien como una fuente y búsqueda de su propia productividad encaminada a una actividad económica y empresarial, destacando la creatividad y sus potencialidades.
Es así como Fonaes del 2007 al 2012 ha apoyado proyectos productivos transformando a mujeres empresarias a más de 13,660 empresas sociales con una ocupación de 102,179 y 45,482 de mujeres emprendedoras de que hoy fortalecen su economía familiar, bajo un esquema para obtención de su apoyo económico individual o en grupo social ya que en ocasiones estos grupos son conformados por los propios familiares, sin que esto represente una constitución legal lo que sería oneroso para la familia y para su propio proyecto.
Sabedores de la que la Ley de Economía Social y Solidaria crea el Instituto Nacional de la Economía Social quien sustituirá las funciones del actual Fonaes, mismo que abrevamos ya sus avances en relación a la promoción de empoderamiento empresarial de las personas con discapacidad y que hoy se observan amenazadas en su participación abierta e individual.
Observando que la ley fue publicada el 23 de mayo del presente y que su segundo transitorio establece que el Instituto quede instalado en los 180 días posteriores de su entrada en vigor y que una vez vigente, dicho Instituto será quien establezca a las reglas de operación del programa para empresas sociales.
Con todos acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Economía Social, ya en sus propias responsabilidades y bajo el entendido que el próximo día 1 de diciembre enfrentaremos ante un cambio de poderes y autoridades en nuevas responsabilidades hace necesario un mecanismo de seguimiento a dichos programas.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, o en su caso, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de Diciembre de 2012.
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley del Seguro Social vigente establece en el artículo 151 (que corresponde al 183 de la Ley del Seguro Social de 1973) que los asegurados que hayan dejado de estar inscritos en el régimen obligatorio se les reconocerá el tiempo en que hayan cotizado según el lapso en que dure la interrupción de esas cotizaciones.
Así, por ejemplo, si se dejó de cotizar seis años o más, las cotizaciones anteriores se les reconocerán al reingresar al régimen obligatorio y acumular 52 semanas consecutivas de cotización.
De esta suerte, las personas mayores de 60 años que ya cotizaron al Seguro Social por más de 500 semanas tendrían derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Sin embargo, no tienen acceso a esa prestación en virtud de mantenerse inactivos en el régimen obligatorio; de acuerdo al tiempo en que se hayan mantenido dados de baja tienen que volver a cotizar hasta 52 semanas consecutivas para acceder a los beneficios de dicha pensión.
Esta situación crea una situación de profunda injusticia hacia las personas adultas mayores cuyo acceso al trabajo formal es más difícil.
Habiendo cubierto requisitos es inequitativo mantener para este sector el requisito del reconocimiento de derechos que marca la ley.
Por esa razón, el de la voz, siendo diputado federal integrante de la LIX Legislatura propuso, el 7 de marzo de 2006, una iniciativa para corregir esta inequidad. La propuesta concluyó en un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social que adiciona un segundo párrafo al artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
El proyecto de decreto en comento establece lo siguiente:
Décimo Octavo Transitorio. ...
Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la Ley que se deroga, tratándose de las pensiones de cesantía en edad avanzada y de vejez tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y número de semanas cotizadas establecidos en dicha Ley, aún cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo duodécimo transitorio de esta ley.
Este dictamen mereció la aprobación en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 26 de abril de 2006 con 331 votos en pro y 2 abstenciones. En esa misma fecha fue turnada a la colegisladora para sus fines constitucionales.
No obstante, desde esa fecha han transcurrido 6 años y 8 meses sin que la Comisión de Seguridad Social del Senado haya emitido un dictamen, manteniendo la injusticia que se pretende enmendar con la minuta en cuestión.
Al no haber dictamen de dicha comisión, el pleno del Senado no ha podido pronunciarse sobre este asunto por lo que consideramos que es injustificado mantener en la congeladora este asunto y la colegisladora debe pronunciarse al respecto de manera inmediata.
En consecuencia, solicito a este honorable formular un exhorto a la Comisión de Seguridad Social del Senado para que dictamine y vote la minuta con proyecto de decreto que le fue turnada por esta honorable Cámara de Diputados, por la que se adiciona un párrafo al artículo dieciocho transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición –de urgente resolución– con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República a que a la brevedad, dictamine y vote la minuta con proyecto de decreto que le fue turnada por esta honorable Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2006, por la que se adiciona un párrafo al artículo dieciocho transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012
Diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, la PGJDF, la CNDH y la CDHDF a realizar investigaciones exhaustivas y deslindar responsabilidades sobre posibles infiltrados en los disturbios y la operación, con uso irracional de la fuerza y balas de goma, en las manifestaciones del 1 de diciembre, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como es del conocimiento público, el pasado 1 de diciembre se realizaron manifestaciones de protesta respecto a la ceremonia de trasmisión de poderes y toma de protesta del Ejecutivo federal, que estuvieron envueltas en situaciones de violencia y el uso irracional de la fuerza, lo cual dio por resultado varios heridos de gravedad, jóvenes detenidos arbitrariamente y disturbios que generaron diversos daños a locales comerciales en el centro histórico de esta ciudad capital.
Hay pruebas audiovisuales del uso de balas de goma, personas heridas como consecuencia de esa operación y de detenciones arbitrarias de jóvenes, que sin hallarse en los lugares de los disturbios fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público, como si se tratara de una redada que detuvo de manera indiscriminada a jóvenes que se manifestaron y formó parte de una campaña de propaganda para desprestigiar a movimientos juveniles legítimos como el Yo soy 132.
El pasado 3 de diciembre, el Ministerio Público consignó a 69 personas, 11 mujeres y 58 hombres, quienes fueron remitidas a los reclusorios norte y oriente de la Ciudad de México. A la fecha, han sido liberadas 10 mujeres y 45 hombres por no encontrar pruebas que los inculparan y ante la movilización permanente de familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos que asumieron su defensa y aportaron las pruebas de descargo. Hoy se define el delito por el que serán consignadas las 14 restantes.
El actual encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón y Kalb, afirmó en entrevista que la violencia registrada en las inmediaciones de la Cámara de Diputados fue producto de “acciones dirigidas”, y consideró que quienes protagonizaron los actos vandálicos fue gente infiltrada con la consigna de realizar esas “acciones dirigidas”.
Mondragón y Kalb reconoció también el uso de balas de goma, si bien negó que fueran parte de la operación que la secretaría a su cargo diseño para contrarrestar las manifestaciones del 1 de diciembre.
No podemos conformarnos con la liberación de los jóvenes detenidos arbitrariamente, o reconociendo sólo la existencia de personas heridas y daños materiales en comercios del centro histórico, pues ello manda una señal de impunidad y deja en entredicho el estado de derecho.
La impunidad no puede seguir siendo el signo del sistema de justicia. La viabilidad de nuestra democracia depende de la construcción de una sociedad que goce cabalmente de sus derechos, aparejados a sus responsabilidades; de otra manera seguirá apostándose a la regresión y al autoritarismo.
Se debe saber quién ordenó e instauró el uso de balas de goma, antes de utilizar otras medidas de contención que no pusieran en riesgo la vida de los manifestantes. Se debe saber quién o quiénes ordenaron la detención indiscriminada de jóvenes a fin de inculparlos de los hechos violentos y disturbios después de las manifestaciones.
Es necesario fincar responsabilidades en las instituciones de justicia que no hicieron válido el principio constitucional de presunción de inocencia, consignando a los jóvenes que en ejercicio de su derecho de manifestación fueron detenidos arbitrariamente. Es ineludible para la convivencia social armónica conocer la verdad de los hechos violentos y disturbios, identificar si hubo infiltrados, deslindar responsabilidades y hacer justicia.
Un “usted disculpe” no es suficiente para los jóvenes que estuvieron detenidos por 8 días, para sus familiares y amigos que sufrieron y batallaron para demostrar su inocencia, es insuficiente porque tuvo como fin mandar una señal de represión y autoritarismo para desincentivar o disuadir la protesta social de quienes legítimamente tienen el derecho a resistirse y manifestar sus ideas.
En razón de ello se requiere una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos alrededor de las protestas del pasado 1 de diciembre. Corresponde a las Procuradurías General de la República, y de Justicia del Distrito Federal, y a las Comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos, a raíz de la facultad investigadora que le otorgó la reforma constitucional en la materia, realizar esas investigaciones y deslindar las responsabilidades.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Procuradurías Generales de la República, y de Justicia del Distrito Federal, y a las Comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos a realizar investigaciones exhaustivas y deslindar responsabilidades respecto a posibles infiltrados en los disturbios y la operación con uso irracional de la fuerza y balas de goma en las manifestaciones del pasado 1 de diciembre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al director general de la CFE para modificar el trazo de la ruta de construcción del gasoducto considerado en el proyecto integral Morelos e integrar una mesa de diálogo con los actores involucrados, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, José Arturo López Cándido, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 2, fracción III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al director general de la Comisión Federal de Electricidad para modificar el trazo de la ruta de construcción del gasoducto contemplado en el proyecto integral Morelos y se integre una mesa de diálogo con los actores involucrados, para arribar a una pronta solución, en virtud de que se atenta contra la vida y las fuentes de trabajo de los pobladores, así como contra el medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Exposición de Motivos
El pasado 16 de junio la Comisión Federal de Electricidad emitió la licitación pública internacional para la construcción del “proyecto integral Morelos”, bajo el número LPI-SCPIF-001/11 , para concesionar el servicio de transportación de gas por un periodo de 25 años. Mediante la licitación aludida, este proyecto fue adjudicado a la empresa española Elecnor.
Este proyecto, cuyo costo asciende a mil 600 millones de dólares americanos, se refiere a la transportación de gas por vía terrestre y subterránea, mediante un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro, a lo largo de 160 kilómetros a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Formando parte del proyecto se pretende construir una central termoeléctrica en 45 hectáreas de superficie que será operada por la Comisión Federal de Electricidad y que se ubica en la comunidad de Huexca en el municipio de Yecapixtla, Morelos.
Como corolario, la semana pasada en la poblaciones de Jantetelco y Huexca, Morelos, policías antimotines desalojaron a opositores al gasoducto y la termoeléctrica, habiendo detenido a 4 personas y liberándolos horas después por falta de pruebas, por gestiones de la síndica municipal.
Los opositores también se manifestaron ante el Congreso local de Morelos, demandando justicia a las quejas de los pobladores de la zona en conflicto.
La problemática es distinta en los tres estados, sin embargo, en ninguno de ellos se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo pasado.
Ni la empresa extranjera que opera el proyecto, ni la CFE comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
Es menester mencionar que atendiendo a las regulaciones legales en vigor, se supone que debe existir la Manifestación de Impacto Ambiental, que los afectados desconocen, en virtud de que las autoridades de la Semarnat, no la han querido publicar.
En el estado de Tlaxcala, la problemática ocasionada por el Proyecto Integral Morelos tiene que ver con la trayectoria del gasoducto, ya que esta instalación atraviesa terrenos ejidales y zonas habitacionales densamente pobladas.
En las comunidades de Teacalco, San Vicente Xiloxochitla, San Damián Texoloc, Papalotla y la Trinidad Tenexyecac en el municipio de Nativitas, Tlaxcala, se tiene la siguiente problemática.
Los habitantes de San Vicente Xiloxochitla, celebraron una asamblea del pueblo en la que pronunciaron su inconformidad con el proyecto.
En San Damián Texoloc, las firmas de sus habitantes, plasmadas en las actas respectivas, fueron en contra del paso del gasoducto.
En Trinidad Tenexyecac, también los pobladores se pronunciaron por la protesta en contra de la construcción de la obra.
En esta última comunidad la problemática es mayor debido a que existen varios talleres artesanales de alfarería, que es una de las actividades económicas más importantes de la región que sostiene a un número significativo de familias; dichos talleres cuentan en sus instalaciones con hornos subterráneos de fundición y el gasoducto se prevé construir a escasos 50 metros.
Los asambleístas se manifestaron por la no aceptación al paso del gasoducto, dado que esta situación preocupa a los habitantes por generar incertidumbre sobre la seguridad de sus familias y su patrimonio.
Las tres poblaciones se ubican en el estado de Tlaxcala.
Ante la falta de información por parte de los gobiernos estatal y federal los pobladores afectados, en estricto apego a los artículos 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han organizado asambleas para informar, discutir y acordar las medidas a tomar en legítima defensa de sus intereses.
Como resultado de estos ejercicios deliberativos, se han elaborado una serie de pliegos petitorios que se han hecho llegar a las instancias de los gobiernos locales y del federal. Denunciamos que todas han sido ignoradas.
Asimismo, denunciamos el acoso gubernamental a través de la fuerza pública, hacia los impulsores de las asambleas informativas en el estado de Tlaxcala. Allí se han llevado a cabo diligencias extrajudiciales como forma de intimidación.
Ante esta situación los pobladores de Amayuca, Amilcingo, Huazulco, Huexca y los Limones del estado de Morelos; Chalchihuapan, Santa Isabel Cholula, Ahuatempan, Tlanechicolpan, Tecuanipan, Acuexcomac, Zacapechpan, Coapan, Nealtican, Atzala, Calpan y Zacatepec del estado de Puebla; Teacalco, San Vicente Xiloxochitla, San Damián Texoloc, Papalotla y La Trinidad Tenexyecac del estado de Tlaxcala, se han movilizado en contra de la construcción del proyecto, constituyendo el “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.
Ellos exigen la cancelación inmediata de este proyecto por el riesgo que representa para la vida de los habitantes de la zona.
Al mismo tiempo, demandan detener el proyecto porque se deteriora el medio ambiente, al destruirse los bosques, los terrenos para la cosecha y cultivo de maíz, que es una forma de sustentar su medio de vida.
Se vulneran los derechos humanos de los habitantes de los pueblos, ya que se oculta la información y consulta sobre proyectos de desarrollo que afectaran el medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, la seguridad y la vida.
Las quejas han sido presentadas ante el Congreso del estado de Tlaxcala, donde el 25 de octubre de este año se aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus facultades, instruya a las autoridades correspondientes para que resuelvan las inconformidades de los ciudadanos tlaxcaltecas que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos.
En Puebla, el proyecto considera que 23 kilómetros del gasoducto atraviesen las zonas “roja” y “naranja” de alto y medio riesgo volcánico en las inmediaciones del Volcán Popocatépetl, ignorando una recomendación emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que previene qué en caso de una contingencia volcánica mayor, material incandescente alcanzaría al gasoducto.
De ocurrir esto, es posible que sean bloqueadas las rutas de evacuación en 24 comunidades dentro del primer perímetro de riesgo del volcán, ocasionando muertes humanas y de la fauna de la región.
El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó no construir este gasoducto y a la vez especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), declararon que no es viable construir el gasoducto y la planta termoeléctrica por el riesgo que representa.
En contra de lo asentado, tanto la empresa española Elecnor, constructora del proyecto, como el gobierno del estado de Morelos, iniciaron una intensa campaña a favor del mismo, afirmando que la obra es segura.
Al efecto, han repartido folletos y publicado desplegados en la prensa local y nacional que aseguran que la ruta del gasoducto no colinda con las zonas de riesgo volcánico.
Esta información es falsa, ya que se ha evidenciado que los informes oficiales sobre el mapa de riesgo del proyecto no coinciden con los trabajos que se realizan en la zona.
Actualmente maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores operan en las zonas de alto y medio riesgo volcánico.
En conclusión, el Proyecto Integral Morelos atenta contra la vida, las fuentes de trabajo de los pobladores, el medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Del mismo modo, tanto la empresa extranjera que lo opera, como la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades locales de las tres entidades responsables, han sido negligentes al omitir informar a los pobladores de los municipios que atraviesa el proyecto, de los riesgos y peligros que acarrea la obra y de las afectaciones de sus operaciones.
Todo lo anterior amenaza la paz y estabilidad social en la zona.
En mérito de lo expuesto, el suscrito diputado federal José Arturo López Cándido somete a consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al Director General de la Comisión Federal de Electricidad para modificar el trazo de la ruta de construcción del gasoducto contemplado en el Proyecto Integral Morelos y se integre una mesa de diálogo con los actores involucrados, para arribar a una pronta solución, en virtud de que se atenta contra la vida y las fuentes de trabajo de los pobladores, así como contra el medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre del año dos mil doce.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer en la cartilla de vacunación la profiláctica contra el VPH, a cargo de la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal, Erika Yolanda Funes Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud del gobierno federal establezca la vacuna contra el virus del papiloma humano en las niñas como obligatoria en la cartilla de vacunación a partir de la siguiente
Exposición de Motivos
La introducción de la vacuna profiláctica contra el virus del papiloma humano es de gran beneficio en el ámbito internacional, pero sobre todo para el futuro de las mujeres en México. Si tomamos en consideración que el cáncer cérvico uterino ha sido dentro de los últimos años una enfermedad, que después del cáncer de mama, cobra más vidas en las mujeres, entonces concluimos que es la segunda causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial.
En México, el cáncer cérvico uterino es la primera causa de muerte entre las mujer en edad productiva. Estudios realizados por la Secretaría de Salud indican que la tasa estandarizada de mortalidad es de 17 muertes por cada 100 mil mujeres entre los 25 años, y con 4270 defunciones en lo que fue el año 2005. Esto es un reflejo de la vulnerabilidad con el que las mujeres enfrentan este padecimiento. También existen desigualdades entre las mujeres mexicanas que se reflejan en el carente y limitado acceso a la atención médica y tratamientos oportunos; especialmente entre las mujeres que viven en aéreas rúales o marginadas, y que no cuentan ni con la infraestructura o cultura para recibir programas preventivos.
Actualmente, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es inaccesible debido a su elevado costo y a los tabúes que existen en nuestra sociedad por la desigualdad de género. Además, al ser una enfermedad propia que afecta al género femenino, lamentablemente existen aún comunidades que le dan preferencia a la atención de los hombres en detrimento de las mujeres. Una realidad que contrasta con la modernidad que se busca en México.
La vacuna del VPH se encuentra a la venta, pero se ha documentado que en ningún país de Latinoamérica existe un esquema de vacunación universal como sí lo hay para otros virus o enfermedades que afectan a ambos géneros. Es por ello que debemos reconvertir los apoyos hacia las mujeres y priorizar su bienestar pues no sólo es una exigencia humana y moral, sino porque las mujeres son la base medular de cualquier sociedad. Empezar a combatir el cáncer cervical implementando acciones inmediatas debe ser una obligación y no una alternativa dentro de la agenda de salud que el Gobierno mexicano debe atender.
La Organización Mundial de la Salud realizó recientemente en México un análisis de costo-efectividad, en el cual determinó que las estrategias de prevención secundaria son más costosas para las mujeres adultas con mediadas como las del Papanicolaou, y la captura de híbridos. Para ello, ésta vacuna que proponemos debe ser efectiva a favor del bolsillo de las mujeres y sus familias, por lo que se costo debe ser de 181 pesos por dosis aproximadamente.
La Secretaría de Salud federal explicó que ha hecho diversos estudios, que arrojaron resultados positivos sobre la efectividad de la aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano. Mencionó sólo dos ejemplos: es más efectiva cuando se aplica en mujeres que no han iniciado su vida sexual, por lo que se propone emplearse en niñas con rangos de edad entre los 9 y 13 años. Por otro lado, la toma de la misma, es más sencilla que practicarse el Papanicolaou, ya que la vacuna no requiere de un equipo o personal especializado para su aplicación.
Aceptar un esquema de vacunación a los meses 0,6 y 60 resultaría una estrategia más sencilla de organizar con una dosis inicial a los 0 y 6 meses, y en las niñas de 9 años de edad (cuarto de primaria). Podría realizarse un programa de vacunación en donde se visiten escuelas para aplicar dosis de refuerzo en niñas de 12 años o cuando cursan sexto año de primaria. Y otra tercera dosis sería en la etapa de la secundaria, a los 14 años, pudiéndose combinar con programas de educación sexual para evitar riesgos de contraer este virus, así como una correcta información del significado del cáncer cervical en las mujeres.
En nuestro país existen programas pilotos en algunas zonas marginadas y escuelas públicas, con implementación de acuerdo a los grupos de edad y a niveles de prevención primario o secundario.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito el apoyo de esta soberanía para impulsar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano como parte de la cartilla de vacunación.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cérvico uterino.
Diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formular, diseñar, implantar y ejecutar una política nacional en materia de pueblos indígenas, con base en los tratados internacionales y en los derechos constitucionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Carlos de Jesús Alejandro, indígena náhuatl integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Reuniones más reuniones menos, bastones de mando más bastones menos, Enrique Peña muestra urbi et orbi sus ideas centrales en torno del trato que merecerán de su gobierno los pueblos y las comunidades indígenas.
En su alocución del 25 de octubre de 2012, ante mazahuas de San Felipe del Progreso, México, el presidente electo en ningún momento habló de derechos ni de tratados internacionales, tampoco de la declaración de Naciones Unidas; no habló de una política de desarrollo integral ni de una ley concebida para tales fines.
Fue un discurso discriminatorio –por paternalista y autoritario–, recuperando el lenguaje del asistencialismo focalizador –hacia los segmentos más estragados– para prometer acciones y recursos desarticulados de las verdaderas necesidades de los pueblos y comunidades indígenas urgidos de su reconocimiento como sujetos de derecho público.
El titular del Ejecutivo, primero, muestra desconocimiento del total de indígenas cuando señaló que en el país hay 6.7 millones de indígenas; es decir, 6.5 por ciento de la población. Se equivoca, ya que de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, levantado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hay 15.7 millones de personas que se consideran indígenas;1 esto es, alrededor de 14 por ciento de la población. De ellos 6.6 millones son hablantes de alguna de las lenguas indígenas y 9.1 millones no la hablan, pero que lo más importante es que sienten un profundo orgullo de identidad y sentido de pertenencia.
En segundo lugar, la postura del Ejecutivo federal recae en los lugares comunes de la vieja retórica heredada. Sus preocupaciones se centran en la pobreza material, al estimar que cerca del 80 por ciento de indígenas están en esas condiciones. Por ello, señaló: “tenemos una gran deuda”. Porque son “inaceptables y oprobiosos los casos de discriminación e injusticia por motivos de origen étnico”. Para enseguida –al subrayar que los pueblos indígenas no quieren dádivas o regalos. Lo que quieren son oportunidades para ser productivos y autosuficientes– comprometerse a elevar la vida de los indígenas siendo su aliado más fiel.
Sin embargo, a lo largo de su posicionamiento persiste una visión de lamentación porque las comunidades indígenas viven bajo el mayor rezago social sin posibilidades reales de incorporarse por igual a un mayor desarrollo. Peor aún, adelanta que la receta es “incorporarlos” al desarrollo:
Son varios los programas que desde los gobiernos, en sus distintos órdenes, y de la sociedad civil organizada, que se han organizado precisamente para llevar apoyos. Pero hoy no sólo buscamos llevar ayuda varia, diversa, que se pueda realmente instrumentar para apoyar a quienes más lo necesitan ; sino lo más importante es asegurarnos que esas comunidades, que reciban beneficios de los gobiernos y de la sociedad civil organizada, que les permitan salir del retraso en el que se encuentran, no sólo reciban estos apoyos, sino que además reciban las herramientas necesarias para incorporarse a la vida activa y productiva de nuestro país, para que realmente tengan mejores herramientas y apoyos suficientes para que por sí mismos puedan encontrar rutas para un mayor desarrollo.2
¿Qué identifica como herramientas?
Y para eso será necesario, primero, detonar mayor infraestructura, llevar proyectos productivos, aprovechando la vocación económica de estas regiones.
Es tanta la riqueza que tenemos que mostrar a los nuestros y a quienes nos visiten de otras partes del mundo, que tenemos que buscar la forma de que sea fácil su acceso a estos lugares, donde hoy hay una gran presencia de nuestras etnias, de las comunidades indígenas.3
Tomaré como modelo, como ejemplo, varios de los programas que gobiernos, que sociedad civil organizada llevan a cabo el día de hoy, para que realmente sirvan de modelo, de inspiración a lo que el gobierno lleve a cabo para todo México.4
Además de baños dignos, agua, electricidad, conexión internet en escuelas de educación básica; incrementar la oferta educativa bilingüe e intercultural; defensorías de oficio bilingües, apoyos a la vivienda digna y turismo alternativo, con infraestructura para un mejor acceso a estas zonas .5
En suma, la misma receta irreflexiva que ha dado lugar a la ocupación y depredación de lugares sagrados, de sus territorios y de su riqueza, y que condena y arrincona a los indígenas a esquemas de autoconsumo y sobrevivencia. Ésa es la cuestión. Su discurso perfila el pobre trato que recibirán los pueblos y las comunidades indígenas.
Así, en sus pobres planteamientos se encuentra ausente un compromiso real y efectivo de reconocimiento jurídico de los pueblos y comunidades indígenas, está ausente también el respeto de sus sistemas normativos de convivencia social; en cambio, se les ofrece un trato de menesterosos y ávidos de asistencialismo y tutela oficial, y tontamente los gobiernos del pasado les dieron ese trato.
Tiene razón el historiador y maestro don Miguel León Portilla, quien recientemente declaró luego de entrevistarse con Enrique Peña Nieto, cuando asegura que resulta “urgente reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en México”, por lo que Peña Nieto tiene en sus manos dar los pasos adecuados en ese sentido.
Debemos aclarar que una vez más el partido que regresa al poder debe honrar su palabra comprometida desde la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, hace poco más de tres lustros, y darle viabilidad a una auténtica reforma estructural –constitucional– en materia de derechos y cultura indígenas retomando cabalmente los términos de la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas.
Los indígenas mexicanos no demandan sólo becas, láminas, tabiques, despensas, esto sólo es un paliativo, es indignante; los pueblos indígenas demandan ser actores centrales en el diseño y formulación de las directrices de su crecimiento y desarrollo. Demandan ser parte activa de las reformas legales que le den certeza a sus derechos y libertades fundamentales, demandan ser copartícipes reales de la planeación que les atañe y de la asignación de los recursos que apuntalen una política nacional de desarrollo; demandan autonomía y libre determinación para avanzar, tal como dice nuestra constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, ahora obligatorios en el sistema de procuración y administración de la justicia en el país, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional.
Por tanto, sin soslayar la parte que nos corresponde como un poder de la república, nos parece oportuno que esta soberanía exhorte con oportunidad a quien conduce el país con el propósito de que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezcan las directrices que garanticen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, con apego a los principios y garantías previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
El gobierno entrante debe trascender el trato de grupos vulnerables que se les ha dado a los pueblos y comunidades indígenas y verlos como sujetos de derecho público, capaces de conducir, dentro de los cauces legales, sus propios destinos en armonía con los intereses de la república, preservando su cultura y su identidad, su libertad y su dignidad. Por ello es importante que las instituciones de pueblos indígenas sean conducidas por indígenas notables.
De otra manera, la retórica, la simulación y el asistencialismo seguirán postrando a los pueblos y comunidades indígenas, condenándolos a la miseria mientras las empresas de todo tipo –mineras, de energía, farmacéuticas, entre otras– se apropian de las riquezas de sus territorios con la complacencia de los gobiernos en turno.
Es momento de colocar en la agenda nacional los intereses de los pueblos y comunidades indígenas, es momento de rediscutir, de evaluar los temas pendientes en esta materia.
A vuelo de pluma, podemos afirmar que durante las últimas tres administraciones federales, las políticas públicas para la población indígena se empanizaron, derivadas de los planes nacionales de desarrollo y los consecuentes programas sectoriales, tienen como característica la similitud de acciones y programas enfocados a la administración y manipulación política de la pobreza.
Los programas y las acciones instaurados muestran resultados temporales, insuficientes para terminar con el rezago de los pueblos y comunidades indígenas. El mismo Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social reconoce tal situación por lo que sólo ha atinado a esbozar dudosos logros de la política oficial nacional.
Pese a las limitaciones de la reforma de 2001 es preciso avanzar en varios temas sustanciales, la aprobación de la Ley que regule las consultas a los pueblos indígenas; crear una ley para el desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos indígenas; transformar la orientación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para instituirla como una secretaría de Estado encabezada por quienes deben conducir su desarrollo; armonizar los planes nacionales, los programas sectoriales, y los quehaceres institucionales a fin de empatar objetivos, metas, generación de indicadores, y esfuerzos.
La más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos asegura su exigibilidad tanto en la esfera nacional como en la internacional, como una derivación de los tratados internacionales signados por el Estado mexicano.
Frente a un problema irresoluto, el gobierno entrante tiene enormes retos:
• Dejar atrás el esquema paternalista/asistencialista que se impone a la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas.
• Honrar la palabra empeñada en 1996, en los Acuerdos de San Andrés.
• Apoyar una nueva reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas (iniciativa Cocopa).
• Armonizar los planes nacionales, los programas sectoriales, y los quehaceres institucionales a fin de empatar objetivos, metas, generación de indicadores.
• Crear mecanismos institucionales que fortalezcan a los pueblos indígenas y no caer en una política de empobrecimiento de éstos.
Finalmente, no podemos dejar pasar por alto la pretensión –no aprobada en comisiones– de sectorizar la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a la Secretaría de Desarrollo Social, cuando es vox populi que ésta, a través de los programas sociales que implanta, otorga a los diversos segmentos de la población que atiende el trato de menesterosos, de grupos vulnerables que requieren asistencialismo, dádivas para sobrevivir, más no para superar su condición de pobreza. De ello han dado cuenta diversos organismos internacionales y el propio Coneval al evaluar la política social dirigida a los pueblos indígenas. Estaremos atentos para sumar esfuerzos y sinergias, a fin de fortalecer una política social acorde a una nación progresista, comprometida con los pueblos indígenas y de respeto a sus formas de concebir el desarrollo social.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal a dejar atrás el esquema paternalista/asistencialista, que se contrapone a la voluntad de los pueblos y las comunidades indígenas. Asimismo, se le insta a cumplir las obligaciones y los deberes que fija el artículo 1o. constitucional a todas las autoridades, así como la observancia de los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a honrar la palabra empeñada en 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y formular los planes nacionales, los programas sectoriales, y los quehaceres institucionales conforme al principio de participación y consulta a los pueblos indígenas al tenor de los instrumentos internacionales de que México forma parte, a fin de empatar objetivos, metas y generación de indicadores que permitan evaluar el efecto de las políticas públicas en la materia.
Notas
1 Quinto Informe de Gobierno; Igualdad de oportunidades, 3.4 Grupos prioritarios, página 487. México, 2011. Los datos se basan en la muestra censal de 2010, donde 6.6 millones son hablantes de lengua indígena y 9.1 millones no la hablan. Ejecutivo federal, septiembre de 2011.
2 Enrique Peña Nieto. Discurso ante indígenas mazahuas de San Felipe del Progreso, México, 25 de octubre de 2012. Consultado en http://www.enriquepenanieto.com/detras-de-la-transicion/entrada/mexico- va-a-cambiar-de-la-mano-de-los-pueblos-indigenas
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar acciones con la PGJDF para preservar y proteger las obras atribuidas al pintor Diego Rivera aseguradas este noviembre en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Luis Armando Córdova Díaz, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace unos días conocimos a través de información difundida en medios de comunicación nacional, sobre el aseguramiento de un lote de pinturas realizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el domicilio de una casa subastadora de obras de arte.
La Procuraduría informó que los hechos se dieron con base en una orden de cateo otorgada por el Juez 40º Penal del Distrito Federal y que dicha acción se habría ejercido sobre un lote de pinturas involucrado en una averiguación previa por el delito de fraude, entre las cuales se encuentran algunas cuya autoría se atribuye al pintor mexicano Diego Rivera.
De acuerdo con la representación social capitalina, dentro del lote asegurado se encontrarían cuadros como La Parte de Pedro, La Catedral de Ávila , La virgen de La Cabeza, Paisaje de la Piquey y San Agustín, los cuales, a decir de algunos expertos, habrían sido elaborados durante la estancia del muralista en París.
De acuerdo con la información que hasta ahora se dispone, la noche del 29 de noviembre pasado, elementos de la procuraduría capitalina llegaron al domicilio de una casa subastadora y cerca de la medianoche se llevaron los cuadros envueltos en papel espuma, cartón y colchas, a bordo de una camioneta y cubiertos con bolsas de dormir.
Es preciso señalar que por su trascendencia e indudable calidad, la obra de los integrantes del movimiento muralista mexicano, y en especial la de Diego Rivera, goza de especial protección por parte de las autoridades de nuestro país. Baste señalar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1959, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos y Secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se declararon como monumentos históricos todas aquellas obras plásticas realizadas por los pintores José Clemente Orozco y el propio Rivera.
El decreto de declaratoria establece las condiciones que deben observar los propietarios o poseedores de obras de Orozco o Rivera, para llevar a cabo actos de dominio, realizar reparaciones, restauraciones y reproducciones, llegando a establecer límites para su exportación.
Por su parte, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en su artículo 33 que la obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.
Debido a la importancia del legado artístico de Diego Rivera, y sin prejuzgar sobre el conflicto entre particulares que dio origen a la acción de la procuraduría capitalina, es que proponemos exhortar al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que en acuerdo con la representación social del Distrito Federal, realice todas aquellas acciones tendientes a preservar y proteger las obras aseguradas el pasado mes de noviembre, tal y como ya lo han solicitado diversas personalidades de la comunidad artística e intelectual del país.
De conformidad con lo antes expuesto, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que, en acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realice todas aquellas acciones tendientes a preservar y proteger las obras aseguradas el pasado mes de noviembre en la ciudad de México, cuya autoría se atribuye al pintor Diego Rivera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno y a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país a considerar la ampliación de la matrícula en ese nivel en los programas y planes de desarrollo educativo, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que firman, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, en el país observamos un incremento en la demanda de educación superior sin precedentes, y la sociedad ha tomado una mayor conciencia de la importancia de este nivel educativo para el desarrollo social, científico, cultural y económico.
La educación superior en México ha pasado por profundas dificultades, principalmente por el abandono al que ha sido sometido en las últimas décadas, especialmente en el tema del financiamiento, lo cual ha obligado a disminuir las posibilidades de acceso a los estudios. De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria, solo 23 ingresan a la educación superior y de ellos 15 logran terminar sus estudios. De cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, sólo ingresan a las Instituciones de educación superior 4, lo que obliga a 6 jóvenes mexicanos a suspender sus aspiraciones de formación profesional y científica.
Tenemos la obligación de ampliar el financiamiento y dotar a las instituciones de educación superior de la infraestructura necesaria para que cualquier joven mexicano que quiera estudiar a nivel superior pueda hacerlo, basados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, fracciones I y II, que establecen que “c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
La LXII Legislatura ha recibido tres iniciativas de reforma al artículo tercero constitucional en materia de educación superior y muchas más que reforman la ley general de educación en el sentido de ampliar los recursos financieros, materiales y humanos de las instituciones de educación superior, pero la preocupación de esta Cámara está primordialmente enfocada a darle salida a la problemática de los jóvenes mexicanos y en particular lo referente a su educación y formación profesional. La responsabilidad que se ha asumido sobre este aspecto, ha llevado al Senado de la República a discutir ya varias solicitudes de incremento presupuestario a diversas universidades.
En la reciente sesión de instalación de la Comisión de Educación de esta Cámara, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, así como los rectores de las instituciones de educación superior y de la ANUIES, hicieron mención de la necesidad de impulsar una política educativa que impacte en la equidad educativa, hacer una variable estratégica a la investigación científica, elevar la calidad. En la cobertura, la urgencia de abrir un mayor número de oportunidades, reconociendo que no hemos llegado a la cobertura total en primaria y secundaria.
El diputado presidente de la Comisión de Educación señalaba que 7 de cada 10 jóvenes en educación superior, no puede hacerlo, solo se atiende al 23 por ciento de los jóvenes en la edad de cursar estos estudios, y cada año aumenta. “Ahora va a merecer nuestra especial atención -dijo-, para ampliar la cobertura en los niveles de educación media superior y superior. Daremos -enfatizaba- una solución de fondo a esta demanda social”.
En esa misma asamblea se propuso un presupuesto educativo irreductible, que no dependa de los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país y de las decisiones anuales del gobierno y lograr la aplicación del 8 por ciento del PIB la educación pública, para promover la gratuidad y universalización de la educación media superior y superior.
Este tema, que ya es recurrente en la LXII Legislatura, debe ser generalizado y asumirse como una demanda del conjunto de la sociedad. Los rectores de las universidades en diferentes eventos, han insistido en la necesidad de repensar el modelo educativo del país. En particular se insiste en asumir la responsabilidad y con ello actuar en consecuencia, resolviendo con plena conciencia y reconsideración los acuerdos nacionales e internacionales de destinar a la educación pública el 8 por ciento del Producto Interno Bruto y distribuirlo adecuadamente a la educación media superior, superior, la cultura y a la investigación científica. Desde que este criterio fue incorporado a la Ley General de Educación, lo que hemos visto, año con año es que “se acata, pero no se cumple” y las negociaciones de distribución presupuestal, terminan con mínimos porcentajes. Lo más desesperante es que en los últimos meses del año, los gobiernos hacen recortes presupuestales afectando a diversos rubros de los sectores sociales y entre ellos el de la educación superior.
El llamamiento que han hecho diversos actores sociales, culturales, políticos y de la sociedad civil a los gobiernos federal, estatales y municipales y a los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país, a reconsiderar la política educativa que se ha aplicado en México en las últimas décadas, debe ser puesta a consideración de esta Cámara lo más pronto posible. Lo tendremos que hacer, cuando nos llegue la propuesta de Política Económica y de los montos que se aplique al sector social y en especial a la educación. Esperamos reformas que esta cámara apruebe, que permita la planificación, los presupuestos multianuales, pero sobre todo que incremente la cobertura en educación media superior y superior, que refuerce la investigación científica y permita que los estudiantes tengan los recursos, a través de un amplio sistema de becas, que evite que estos jóvenes abandonen sus estudios, por la necesidad de trabajar y aportar a su familia. Estos, en su mayoría, no cuentan con los recursos para sostener los estudios de los jóvenes en edad de trabajar y que generan gastos a sus familias, al dedicarse a estudiar.
Para 1976, la política de austeridad del régimen y los problemas presupuestarios que repercutían para el financiamiento de la educación superior, tenía como objetivo demostrar la incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades y requerimientos de formación de cuadros profesionales, además de tratar de lograr que los empresarios se comprometieran a invertir en materia educativa. Así, la política doble establecida por el régimen tendía al convencimiento de los propios universitarios de la necesidad de recurrir a la ayuda de los particulares y por el otro el permitir que estos intervinieran en la educación para influir directamente en su programación y desarrollo, de acuerdo a sus intereses, sobre la base siempre de la obligatoriedad estatal de otorgar el servicio a los mexicanos de la educación elemental y su imposibilidad, ante la limitación presupuestal de extenderlo a otro niveles educativos. Jaime Castrejón Diez señalaba que “el Estado se enfrenta a una crisis económica en materia de presupuestos educativos y que esta no era posible resolver sin la ayuda de los particulares, agregando que es necesario destituir el tabú, sobre todo en las universidades, de que este es un derecho frente al cual nadie tiene obligación, sobre todo porque la educación superior no corresponde ni a nuestros recursos económicos, ni a nuestros ritmos de producción”. Estas palabras fueron suficientes para que de inmediato se aplicara una política de abandono a nuestras universidades que persiste hasta la fecha.
Lo que debe quedarnos claro es que la política educativa aplicada hasta ahora ha sido un profundo error que ha tenido como resultado la disminución de la matrícula, la reducción del costo por alumno, el incumplimiento de los acuerdos y de la Ley General de Educación de elevar al 8 por ciento del PIB el gasto en educación, lo cual ha llevado a los jóvenes a la frustración, al desempleo, a la migración. La generadora de “ninis”, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la SEP, pues es la responsable de proponer y aplicar la política educativa. Pero también lo es el Poder Ejecutivo, quien envía su propuesta de política económica y de financiamiento a la educación superior, y por último, han sido los miembros del Congreso General, los legisladores que han aprobado los presupuestos, tan reducidos, año con año y a los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país, que han impulsado estas políticas, que no satisfacen y mucho menos resuelven las necesidades de los jóvenes y de los demandantes de la educación media superior y superior.
Elevar el número de matriculados y alejar a los jóvenes de la delincuencia y la drogadicción, así como contar con escuelas dignas y alcanzar la cobertura al 100 por ciento en educación media superior nacional e incrementarla en educación superior, así como considerarla como de seguridad nacional, son preocupaciones que han vertido los diputados en relación con las metas de esta legislatura.
La sociedad requiere de profesionistas formados y dedicados a la investigación científica. Se debe aplicar una estrategia financiera plurianual, que permita la planificación, con base a la ampliación de la educación media superior. Se requiere generar más espacios y ampliar un sistema de becas para disminuir sus presiones económicas. El rector de la UNAM presentó un documento a la Junta de Coordinación Política, Hacia una agenda nacional en tecnología e innovación, en nombre de 65 rectores de las instituciones de educación superior, una serie de observaciones, con una política de estado a 25 años, con presupuestos multianuales.
La ANUIES plantea una nueva etapa de desarrollo de la educación superior, garantizando la inclusión social de los jóvenes. El reto de la educación media superior, significa un esfuerzo a cumplir, lo que impactará seguramente a la educación superior y que debe elevarse para este 2013 al 35 por ciento de la cobertura. Además se plantea que en 10 años se llegue al 60 por ciento de la cobertura. 3.27 millones de jóvenes se atienden actualmente en educación superior, y se pretende llegar a 5.8 millones en 10 años, 250 mil estudiantes más cada año. Todo esto incluye un Sistema Nacional de Becas, 2 mil profesores nuevos, ya formados que se incorporen a la educación superior. Rediseño Institucional, complementado con la investigación; incluso se ha llegado a proponer una nueva Secretaría de Investigación Científica y reformas al artículo 25 de la Ley General de Educación, para aprobar los presupuestos plurianuales. En los últimos 10 años se han aprobado ampliaciones presupuestales por más 70 mil millones de pesos, por encima de lo presentado por el Ejecutivo y ahora se demanda una mayor participación.
Por todos estos argumentos, es que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal, a los gobiernos municipales, y a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país a considerar en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación superior , a través del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa, del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), el apoyo a la infraestructura, la contratación de personal académico de carrera, la ampliación y un sistema de becas para estudiantes, todo ello para las universidades públicas estatales, para las instituciones federales de educación superior, para las instituciones de educación superior de Sagarpa y Sedena, para los institutos tecnológicos federales y estatales, universidades interculturales, las universidades tecnológicas y politécnicas y las universidades públicas estatales de acción solidaria y los centros de enseñanza técnica industrial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SRE, del INM y del DIF a integrar una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, y promover su protección, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 6 de abril de 1992 México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, un tratado internacional que tiene por objeto1 prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como regular los aspectos civiles y penales del mismo y asegurar la pronta restitución del menor, víctima del tráfico internacional, al estado de su residencia habitual.
Dicho instrumento internacional, fue ratificado con fecha 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y menores a una de sus vertientes más perniciosas, que vulnera sin piedad la dignidad humana al someter a sus víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre domestica, mendicidad infantil o de extracción de órganos –entre otros.
Ante este oscuro panorama, el 27 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas,2 actualmente ubica a México en el segundo lugar a nivel mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.
Datos de la Procuraduría General de la República revelan que en 18 entidades del país se concentra el 90 por ciento del tráfico de personas, siendo Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más afectados.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que la violencia intrafamiliar se presenta en 1 de cada 3 hogares mexicanos, lo que propicia que alrededor de 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar, haciéndolos presa fácil de la explotación sexual.
Un escalofriante reporte3 de la Organización Internacional del Trabajo señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente mujeres, niñas y niños.
Ello nos da una idea del tamaño del reto y de las complicidades a escala local y global que estamos enfrentando.
Los avances que hemos tenido en la materia, no corresponden a la magnitud del problema. Hacen falta políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además, protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niñas, niños y adolescentes.
Actualmente existe la “Guía Técnica para el Personal que Labora en los Albergues de Tránsito para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados” del DIF que orienta sobre el procedimiento a seguir respecto a la recepción y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sin compañía, sin embargo, la atención al procedimiento establecido está sujeto al nivel de capacitación del personal en turno.
En 2011, las autoridades estadounidenses entregaron a México 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes, de diversas nacionalidades, que viajaban solos y que fueron interceptados en la frontera con Estados Unidos. De los menores devueltos, 11 mil 520 eran mexicanos.
Cuando los menores son retenidos por las autoridades estadounidenses, el proceso de repatriación entre los Oficiales de Estados Unidos y de México, se reduce a la frialdad de un trámite burocrático que no atiende el interés superior de la Infancia, lo que evidencia el desinterés o la carencia de políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación de su persona.
En contraste, la ley estadounidense William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act tiene como objetivo brindar una mayor protección a los niños migrantes -incluyendo a mexicanos sin compañía- principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales negociados por el Departamento de Estado norteamericano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores –en términos de lo señalado en el artículo 2o. fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legitimas demandas.
En el mismo sentido, la fracción XI del artículo en mención, señala que será la Secretaria de Relaciones Exteriores la responsable de destinar los ingresos recibidos a cubrir los gastos del Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares y, la campaña de seguridad al migrante, entre otros; mismos que son nulos una vez que se entregan al Instituto Nacional de Migración.
Por su parte, dentro de los objetivos estratégicos y líneas de acción del Instituto Nacional de Migración están el de colaborar en el combate a la trata y tráfico de personas; garantizar el respeto a los derechos de los migrantes; fortalecer y ampliar los grupos de protección a migrantes y establecer mecanismos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos de éste Instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.
Y dentro de los objetivos del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), están el de promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social y el de difundir y promover el respeto a los derechos de la infancia en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de ello, México aún requiere de políticas y leyes que salvaguarden los derechos de los menores y de los adolescentes migrantes sin compañía.
El país demanda la implementación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas, responsables de recibir a los menores repatriados, a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normatividad de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración o el Desarrollo Integral de la Familia, o de albergues de asociaciones privadas.
La aplicación de las políticas públicas que promueven el bienestar y la protección de los menores –como las de asistencia social– no pueden variar de una entidad a otra o de un municipio a otro y, mucho menos, estar sujetas al criterio de los servidores públicos responsables de los programas sociales. De ahí la exigencia de que en México, la función pública pase de ser un ejercicio favorecido por los criterios personales, a un ejercicio sustentado en las obligaciones y responsabilidades públicas.
En el mismo sentido, es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin la compañía de un adulto, desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los menores que han intentado hacerlo.
La base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, así como el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de ambos países; lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los lugares en donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y toda la información que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños, niñas y adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlo.
Ello requiere de una coordinación técnica y operativa que evite la duplicidad de procedimientos, en especial el de las múltiples y desgastantes entrevistas al menor, así como la implantación de medidas de seguridad y de respeto a la privacidad del menor.
Pero también demanda del compromiso, la responsabilidad y la altura de miras los integrantes de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión obligados a poner en manos de las instituciones mexicanas todos los instrumentos a su alcance –nacionales e internacionales– para hacer frente al flagelo del tráfico de menores.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura, la aprobación de la siguiente proposición de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia para que integren una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos, que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Notas
1 La Convención establece en su artículo 1 que tiene por objeto: asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares.
2 CNDH, CEIDAS, Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, México, DF, 2009. http://www.observatoriotrata.org/estadisticas
3 El papel de la OIT frente a la trata de personas. Cumbre Iberoamericana sobre Trata de Derechos Humanos. Santiago de Chile 2011.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares (rúbrica)
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