Informes
De la Comisión de Desarrollo Social, primero semestral de actividades del tercer año legislativo, correspondiente al periodo septiembre de 2011-febrero de 2012
I. Fundamento legal
De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en los artículos 158, numeral 1, fracción III, y 165, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura presenta el primer informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio constitucional, correspondiente al periodo septiembre de 2011 a febrero de 2012.
II. Junta directiva e integrantes
Diputados: Carlos Flores Rico (PRI), presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano (PRI), Reyna Araceli Tirado Gálvez (PRI), Hugo Héctor Martínez González (PRI), Edgardo Melhem Salinas (PRI), Maricela Serrano Hernández (PRI), Gerardo Sánchez García (PRI), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN), Jesús Giles Sánchez (PAN), Enrique Torres Delgado (PAN), Martín García Avilés (PRD), Liborio Vidal Aguilar (PVEM), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza), secretarios; José Óscar Aguilar González (PRI), Esteban Albarrán Mendoza (PRI), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (PRD), Mario Moreno Arcos (PRI), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (PRI), Aníbal Peralta Galicia (PRI), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), Samuel Herrera Chávez (PRD), Gloria Trinidad Luna Ruíz (PAN), Carlos Luis Meillón Johnston (PAN), Alba Leonila Méndez Herrera (PAN), Narcedalia Ramírez Pineda (PRI), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT), Laura Margarita Suárez González (PAN), Adriana Terrazas Porras (PRI), integrantes.
Es de destacar que en sesión de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de febrero de 2012, el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, fue distinguido como presidente da la Comisión de Desarrollo Social, en sustitución del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del mismo grupo parlamentario, quien solicitó licencia por tiempo indefinido el 16 de enero del año en curso.
Durante el periodo de trabajo que se informa, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la incorporación del diputado Aníbal Peralta Galicia (PRI) como integrante de la comisión, así como de la diputada Reyna Areceli Tirado Gálvez (PRI) como secretaria.
III. Relación de las iniciativas y proposiciones turnadas
En el periodo septiembre de 2011-febrero de 2012, la Comisión de Desarrollo Social recibió 13 iniciativas y 11 proposiciones con puntos de acuerdo, las que fueron turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente, siendo las siguientes:
Iniciativas
1. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elpidio Desiderio Concha Arellano (PRI).
Fecha de presentación: 8 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobada. En sesión de la Cámara de Diputados del 23 de febrero de 2012.
2. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 5o. y 12 de la Ley de Asistencia Social.
Proponente: Pedro Vázquez González (PT).
Fecha de presentación: 13 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Salud.
Estado: Desechada. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2012.
3. Con proyecto de decreto que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario.
Proponente: José Narro Céspedes (PRD).
Fecha de presentación: 20 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estado: Pendiente. Desechada por la Comisión de Desarrollo Social en primera instancia. Prórroga otorgada el 11 de noviembre de 2011.
4. Con proyecto de decreto que expide la Ley para el Impulso a Favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de Familia.
Proponente: Margarita Liborio Arrazola (PRI).
Fecha de presentación: 27 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estado: Desechada. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2012.
5. Con proyecto de decreto que y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Liev Vladimir Ramos Cárdenas (PAN).
Fecha de presentación: 29 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Desechada. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2012.
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María Isabel Pérez Santos (PRI).
Fecha de presentación: 29 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Pendiente. Aprobada por la comisión y pendiente de discusión y votación en el pleno de la Cámara.
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Martínez González Hugo Héctor (PRI)
Fecha de presentación: 6 de octubre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobada. En sesión de la Cámara de Diputados del 23 de febrero de 2012.
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Proponente: Laura Felícitas García Dávila (PRI).
Fecha de presentación: 6 de octubre de 2011.
Turnada a la Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.
Estado: Pendiente. Desechada por la comisión en primera instancia. Prórroga otorgada el 4 de noviembre de 2011.
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI).
Fecha de presentación: 20 de octubre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estado: Desechada. En sesión de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2012.
10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 31 a la Ley General de Salud y 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María Cristina Díaz Salazar (PRI).
Fecha de presentación: 20 de octubre de 2011.
Turnada a la Comisiones Unidas de Salud, y de Desarrollo Social.
Estado: Pendiente. Fue aprobada por la comisión en primera instancia. Se solicitó prórroga para su dictamen.
11. Proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Alimentaria.
Proponente: María Guadalupe García Almanza (Movimiento Ciudadano).
Fecha de presentación: 6 de diciembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estado: Pendiente. Desechada por la comisión en primera instancia. Se solicitó prórroga para su dictamen.
12. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Alba Leonila Méndez Herrera (PAN).
Fecha de presentación: 7 de febrero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Pendiente. Se encuentra en análisis por lo que se solicitó prórroga para su dictamen.
13. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Martínez Peña Elsa María (Nueva Alianza).
Fecha de presentación: 28 de febrero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Pendiente. Se encuentra en análisis.
Proposiciones con punto de Acuerdo
1. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del órgano competente realice una revisión exhaustiva de los municipios y localidades comprendidos en la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, con objeto de incluir todas aquellas localidades que, conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sufren pobreza, presentan rezagos, carencias, marginación y falta de oportunidades.
Proponente: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI).
Fecha de presentación: 13 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Desechado. 7 de febrero de 2012.
2. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol para que a través del Coneval, realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los programas federales.
Proponente: Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN).
Fecha de presentación: 20 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobado. 2 de febrero de 2012.
3. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en congruencia con la Cámara de Diputados, instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el Coneval cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se realicen sin sesgo de ningún tipo.
Proponente: Hugo Héctor Martínez González (PRI).
Fecha de presentación: 22 de septiembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobado. 2 de febrero de 2012.
4. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP, de la Secretaría de Economía, de la Sener y de la Sedesol, así como de la CFE, implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de 70 años o más, obtengan una tarifa preferencial en el consumo de electricidad doméstica.
Proponente: Laura Felícitas García Dávila (PRI).
Fecha de presentación: 27 de septiembre de 2011.
Turnada a las Comisiones Unidas de Energía, y de Desarrollo Social.
Estado: Desechado. Con fundamento en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados.*
5. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria y mediante procesos de planeación democrática establecer la agenda alimentaria 12-30 en beneficio de 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria.
Proponente: Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI).
Fecha de presentación: 20 de octubre de 2011.
Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Agricultura y Ganadería.
Estado: Desechado. 16 de febrero de 2012.
6. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a nombrar un delegado responsable de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett Delegación Morelos.
Proponente: José Manuel Agüero Tovar (PRI).
Fecha de presentación: 23 de noviembre de 2011.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Desechado. 16 de febrero de 2012.
7. Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche.
Proponente: Carlos Flores Rico (PRI).
Fecha de presentación: 11 de enero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobado. 27 de marzo de 2012.
8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los rarámuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región.
Proponente: Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).
Fecha de presentación: 18 de enero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobado. 27 de marzo de 2012.
9. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol y a los gobiernos de los estados en cuya demarcación se ubique alguna zona metropolitana a promover la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano 2012, a través de la inclusión en los Consejos Metropolitanos de integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Proponente: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN).
Fecha de presentación: 7 de febrero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Aprobado. 27 de marzo de 2012.
10. Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Colima a respetar las donaciones y no destinarlas a fines distintos de los previstos en la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Yulenny Guylaine Cortés León (PAN).
Fecha de presentación: 16 de febrero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Pendiente. Se cuenta con proyecto de dictamen.
11. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Sedesol a efecto de modificar las reglas de operación correspondientes al Programa 70 y Más.
Proponente: Emilio Andrés Mendoza Kaplan (PRI).
Fecha de presentación: 28 de febrero de 2012.
Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.
Estado: Desechado. 27 de marzo de 2012.
* Conforme al artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo legislativo en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asunto total y definitivamente concluidos.
IV. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo
La Comisión de Desarrollo Social acordó seis ejes de trabajo para el tercer año de ejercicio. En primer lugar, concluir con el rezago parlamentario de la LX Legislatura y dictaminar la totalidad de iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura.
Durante el periodo que se informa, se dictaminaron 10 iniciativas pendientes de resolver de la LX Legislatura, las cuales fueron todas ellas desechadas.
Correspondiente a la presente legislatura, se discutieron y aprobaron 35 de las 43 iniciativas turnadas hasta esta fecha a esta comisión, siendo que fueron desechadas 26 y las restantes 9 fueron aprobadas por unanimidad de votos de los integrantes de la comisión.
Otro de los ejes de trabajo acordado por los integrantes de la comisión fue el diálogo con otros actores políticos. En el periodo, se celebró la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, en el marco de la glosa del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República; y se sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, con relación a las reglas de operación de los programas federales.
El tercer eje de trabajo se centró en el análisis y opinión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, enviado por el Ejecutivo federal. La Comisión de Desarrollo Social, en el marco de lo señalado en los artículos 18 y 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, participó, cada año, en el análisis y construcción del Presupuesto de Egresos. En este sentido, los integrantes de la comisión realizaron el seguimiento y evaluación de los distintos programas sociales integrados en el ramo 20.
Como cuarta vertiente de trabajo, conforme lo señala el artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto a que las comisiones ordinarias emiten opinión fundada y motivada sobre las reglas de operación de los programas federales que atañen a respectivo ramo. De esta manera, continuó trabajando el grupo de trabajo que se creó al interior de la comisión para tal efecto, encargado del análisis de las reglas de operación para los 20 programas coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social.
La Comisión de Desarrollo Social participa anualmente en el análisis de la Cuenta Pública, conforme los tiempos y el procedimiento que para tal efecto la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación marca. De tal forma, para el tercer año de ejercicio de la presente legislatura, se contempló como quinto eje de trabajo, la participación en dicho ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
V. Reuniones con servidores públicos
Comparecencia del secretario de Desarrollo Social
En el marco de la glosa del quinto Informe de Gobierno del presidente de la República, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y visto que la Cámara de Diputados aprobó en sesión de fecha 4 de octubre de 2011, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el acuerdo relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal, con fecha 19 de octubre de 2011, tuvo lugar la comparecencia del licenciado Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social, ante el pleno de la Comisión de Desarrollo Social.
La junta directiva de la comisión acordó el formato a través del cual se desahogaría la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, quedando de la siguiente manera: a) El funcionario federal tuvo una exposición de diez minutos para presentar un posicionamiento general; b) Se desahogaron dos rondas de preguntas de cada grupo parlamentario de hasta 5 minutos, con una réplica de tres minutos; c)Se desahogó una tercera ronda de preguntas sólo de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la comisión, hasta por cinco minutos, con réplicas de tres minutos; y d) Los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Desarrollo Social contaran con hasta siete minutos para fijar sus conclusiones.
Durante la comparecencia hicieron uso de la palabra los siguientes diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), Elpidio Desiderio Concha Arellano (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Maricela Serrano Hernández (PRI), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN), Liborio Vidal Aguilar (PVEM), Elsa María Martínez Peña (NA), Carlos Flores Rico (PRI), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), Laura Margarita Suárez González (PAN), Samuel Herrera Chávez (PRD), Gloria Trinidad Luna Ruíz (PAN), Alba Leonila Méndez Herrera (PAN), Narcedalia Ramírez Pineda (PRI), Enrique Torres Delgado (PAN), José Oscar Aguilar González (PRI), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia); José Narro Céspedes (PRD)
Durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, los diputados asistentes trataron temas como el aumento a la pobreza; la efectividad de los programas sociales; la transparencia del uso de recursos y la operación sesgada de los programas a cargo de la Sedesol durante época electoral.
A los planteamientos realizados por los diputados, el secretario de Desarrollo Social ofreció un trabajo estrecho y mayor comunicación con los legisladores, además de ampliar la información proporcionada para lograr una mejor comunicación.
Reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social
Durante el periodo que se informa, el grupo técnico de asesores de la Comisión de Desarrollo Social sostuvo tres reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social encargados de la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales coordinados por esa dependencia.
Durante estos encuentros se intercambiaron puntos de vista sobre la eficiencia de las reglas de operación y se realizaron sugerencias para su pertinencia y adecuación a las necesidades de los beneficiarios.
Se analizaron las reglas de operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Hábitat; de Empleo Temporal; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras; de Rescate de Espacios Públicos; 70 y Más; 3x1 para Migrantes; de Opciones Productivas; de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa; Vivienda Rural; de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres; de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV; de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV; de Apoyo Alimentario y de Desarrollo Humano Oportunidades; de Coinversión Social y, del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).
Es de subrayar que estas reuniones de análisis sirvieron fueron de gran importancia, en virtud que las conclusiones a las que se llegaron sirvieron como base para que la Comisión de Desarrollo Social emitiera opinión fundada al Ejecutivo federal sobre las reglas de operación de los programas sociales, en los términos que señala el artículo 33 fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
VI. Reuniones ordinarias de la comisión
Vigésima reunión ordinaria, celebrada el 7 septiembre de 2011.
A la vigésima reunión ordinaria asistieron los siguientes diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano, Aarón Irízar López, Hugo Héctor Martínez González, Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, Martín García Avilés, Liborio Vidal Aguilar, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Narcedalia Ramírez Pineda, Laura Margarita Suárez González, Samuel Herrera Chávez, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Carlos Luis Meillón Johnston, Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, Enrique Torres Delgado, José Óscar Aguilar González, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Mario Moreno Arcos Guerrero.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195, numerales 1, fracción V, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Carlos Flores Rico envió por oficio justificación de su inasistencia a la reunión, debido a que fue comisionado como representante del Congreso de la Unión, a la undécima Asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Durante la reunión, se analizó y discutió proyecto de dictamen por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue aprobada en sus términos por unanimidad de los diputados presente y, en su oportunidad, fue devuelta por la Cámara de Diputados al Senado de la República, para los efectos dispuestos en el artículo 72, fracción d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se analizaron y discutieron 43 proyectos de dictamen correspondientes a iniciativas presentadas por los diputados de la LX y LXI Legislaturas, las cuales fueron aprobadas en sus términos por unanimidad de los diputados presentes, que se detallan a continuación, acordándose retirarse 3 de ellos para ser discutidos en próxima reunión.
Iniciativa
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: María de Lourdes Reynoso Femat (PAN).
Sentido: Desechar.
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Adriana Fuentes Cortés (PAN).
Sentido: Desechar.
3. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos.
Proponente: Alejandro del Mazo Maza (PVEM).
Sentido: Desechar.
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Martín García Avilés (PRD).
Sentido: Desechar.
5. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
Sentido: Desechar.
6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Pedro Vázquez González (PT).
Sentido: Desechar.
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María Guadalupe García Almanza (Convergencia).
Sentido: Desechar.
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación y de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Ma. Dina Herrera Soto (PRD).
Sentido: Aprobar.
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Yunes Zorrilla José Francisco (PRI).
Sentido: Aprobar.
10. Proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: José Francisco Yunes Zorrilla (PRI).
Sentido: Aprobar.
11. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Antonio Benítez Lucho (PRI).
Sentido: Desechar.
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Concha Arellano Elpidio Desiderio (PRI).
Sentido: Aprobar.
13. Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Velia Idalia Aguilar Armendáriz (PAN).
Sentido: Desechar.
14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Leobardo Soto Martínez (PRI).
Sentido: Desechar.
15. Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Apoyo y el Desarrollo de las Madres Solteras Jefas de Familia.
Proponente: Manuel Cadena Morales (PRI).
Sentido: Desechar.
16. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 7, 8, 11, 19, 21, 27, 33 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Olivia Guillén Padilla (PRI).
Sentido: Desechar.
17. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Alberto Amador Leal (PRI).
Sentido: Desechar.
18. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal.
Proponente: Isidro Pedraza Chávez (PRD).
Sentido: Desechar.
19. Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Jorge Toledo Luis (PRI).
Sentido: Desechar.
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponentes: Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Beatriz Collado Lara (PAN).
Sentido: Desechar.
21. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elda Gómez Lugo (PRI).
Sentido: Desechar.
22. Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Othón Cuevas Córdova (PRD).
Sentido: Desechar.
23. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elda Gómez Lugo (PRI).
Sentido: Desechar.
24. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI).
Sentido: Desechar.
25. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Congreso del Estado de Puebla (Congresos Locales).
Sentido: Desechar.
26. Proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Jesús Sergio Alcántara Núñez (PRI).
Sentido: Desechar.
27. Proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
Proponente: Gilberto Ojeda Camacho (PRI).
Sentido: Desechar.
28. Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD).
Sentido: Desechar.
29. Proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; adiciona una fracción II al artículo 3, se reforma el numeral 4 del artículo 31, y se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley de Desarrollo Social.
Proponente: Ana Elisa Pérez Bolaños (Nueva Alianza)
Sentido: Desechar.
30. Proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 4 y la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
Proponente: Irene Aragón Castillo (PRD).
Sentido: Desechar.
31. Proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María del Carmen Izaguirre Francos (PRI).
Sentido: Desechar.
32. Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza).
Sentido: Desechar.
33. Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT).
Sentido: Desechar.
34. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Carlos Luis Meillón Johnston (PAN).
Sentido: Desechar.
35. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI).
Sentido: Desechar.
36. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).
Sentido: Desechar.
37. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI).
Sentido: Desechar.
38. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Ivideliza Reyes Hernández (PAN).
Sentido: Desechar.
39. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 7, 8, 11, 19, 21, 27, 33 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Olivia Guillén Padilla (PRI).
Sentido: Desechar.
40. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal.
Proponente: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y del Senado.
Sentido: Desechar.
Es de señalar que los tres proyectos de dictamen que se acordaron retirar par ser discutidos en próxima reunión, son los siguientes: a) Proyecto de decreto que adiciona un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos, de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz (PAN); b) Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley General de Desarrollo Social, de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD); y c) Proyecto de decreto que reforma los artículos 71 y 36 y adiciona dos fracciones al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, de los diputados Gerardo Priego Tapia (PAN), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) y José Francisco Yunes Zorrilla (PRI).
Vigésima primera reunión ordinaria, celebrada el 26 de octubre de 2011.
A la vigésima primera reunión ordinaria asistieron los siguientes diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano, Aarón Irízar López, Hugo Héctor Martínez González, Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández, Gerardo Sánchez García, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, Liborio Vidal Aguilar, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Carlos Flores Rico, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Mario Moreno Arcos, Laura Margarita Suárez González, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Alba Leonila Méndez Herrera, Narcedalia Ramírez Pineda, Enrique Torres Delgado, José Oscar Aguilar González, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez. La diputada Adriana Terrazas Porras presentó, por oficio, justificación de su inasistencia.
En la reunión ordinaria, los diputados presentes realizaron un análisis de las propuestas de distribución para el presupuesto del Ramo 20 –Desarrollo Social–, declarándose en sesión permanente para realizar consultas con sus grupos parlamentarios.
Logrado que fuera un consenso en cuanto a la redistribución de recursos para el ramo presupuestario, se aprobó por unanimidad la Opinión de la Comisión de Desarrollo Social a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en la vertiente del ramo 20 Desarrollo Social.
En la Opinión, la Comisión de Desarrollo acordó solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, no realizar recortes presupuestales a los programas sociales, con fundamento en lo que dispone el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social, que señala que “el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno Federal.”
Es de subrayar, que esta Comisión acordó, además, proponer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aumentos a los programas destinados a la protección alimentaria de los grupos más vulnerables del país.
Vigésima segunda reunión ordinaria, celebrada el 30 de noviembre de 2011.
A la vigésima segunda reunión ordinaria asistieron los siguientes diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano, Aarón Irízar López, Hugo Héctor Martínez González, Edgardo Melhem Salinas, Maricela Serrano Hernández, Gerardo Sánchez García, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, Liborio Vidal Aguilar, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Carlos Flores Rico, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Mario Moreno Arcos, Laura Margarita Suárez González, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Alba Leonila Méndez Herrera, Narcedalia Ramírez Pineda, Enrique Torres Delgado, José Óscar Aguilar González y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez. Los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Elsa María Martínez Peña presentaron por oficio justificación de su inasistencia.
En la reunión se analizaron y discutieron 7 proyectos de dictamen a igual número de iniciativas, relacionadas a reformas a la Ley General de Desarrollo Social, los cuales fueron aprobados por unanimidad de los diputados presentes en los términos del dictamen, siendo los siguientes:
Iniciativa
1. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Proponente: Villarreal Salinas Jesús Everardo (PRI).
Sentido: Desechar.
2. Con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia.
Proponente: Carabias Icaza Alejandro (PVEM).
Sentido: Desechar.
3. Con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Desarrollo y Protección a Madres Solas o Solteras.
Proponente: Alvarado Arroyo Fermín Gerardo (PRI).
Sentido: Desechar.
4. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Proponente: López Rabadán Kenia (PAN).
Sentido: Desechar.
5. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Proponente: Sánchez de la Fuente Melchor (PRI).
Sentido: Desechar.
6. Con proyecto de decreto que expide la Ley que establece el Derecho a la Pensión Universal Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Cinco años o más, residentes en los Estados Unidos Mexicanos, y reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sentido: Desechar.
7. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 de la Ley General de Desarrollo Social y 12 de la Ley de Asistencia Social.
Proponente: Yolanda de la Torre Valdez (PRI).
Sentido: Desechar.
Vigésima tercera reunión ordinaria, celebrada el 13 de diciembre de 2011.
A la vigésima tercera reunión ordinaria asistieron los siguientes diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano, Aarón Irízar López, Maricela Serrano Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, Martín García Avilés, Jesús Giles Sánchez, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Carlos Flores Rico, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Narcedalia Ramírez Pineda, Laura Margarita Suárez González, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Enrique Torres Delgado, José Óscar Aguilar González y Mario Moreno Arcos. El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez presentó por oficio justificación de inasistencia.
Durante la reunión ordinaria de trabajo, se analizaron y discutieron 16 proyectos de dictamen a iniciativas de diversos diputados, así como 5 proyectos de dictamen a proposiciones con puntos de acuerdo, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de los diputados presentes, en los términos del dictamen, siendo los siguientes:
Dictámenes a iniciativas
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Esteban Albarrán Mendoza (PRI).
Sentido: Desechar.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Gloria Trinidad Luna Ruíz (PAN).
Sentido: Aprobar.
3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Carlos Luis Meillón Johnston (PAN).
Sentido: Desechar.
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elsa María Martínez Peña.
Sentido: Aprobar.
5. Iniciativa con proyecto de decreto que el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elsa María Martínez Peña.
Sentido: Aprobar.
6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: José Francisco Yunes Zorrilla (PRI).
Sentido: Aprobar.
7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Elpidio Desiderio Concha Arellano (PRI).
Sentido: Aprobar.
8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 5o. y 12 de la Ley de Asistencia Social.
Proponente: Pedro Vázquez González (PT).
Sentido: Desechar.
9. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario.
Proponente: José Narro Céspedes (PRD).
Sentido: Desechar.
10. Iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley para el Impulso a Favor del Desarrollo Pleno de las Mujeres Jefas de Familia.
Proponente: Margarita Liborio Arrazola (PRI).
Sentido: Desechar.
11. Iniciativa con proyecto de decreto que y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Liev Vladimir Ramos Cárdenas (PAN).
Sentido: Desechar.
12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María Isabel Pérez Santos (PRI).
Sentido: Aprobar.
13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Hugo Héctor Martínez González (PRI).
Sentido: Aprobar.
14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Proponente: Laura Felicitas García Dávila (PRI).
Sentido: Desechar.
15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 31 a la Ley General de Salud y 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: María Cristina Díaz Salazar (PRI).
Sentido: Aprobar.
16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Proponente: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI).
Sentido: Desechar.
Dictámenes a puntos de acuerdo
Proposición
1. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del órgano competente, realice una revisión exhaustiva de los municipios y localidades comprendidos en la declaratoria de zonas de atención prioritaria, con objeto de incluir todas aquellas localidades, que conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sufren pobreza, presentan rezagos, carencias, marginación y falta de oportunidades.
Proponente: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI).
Sentido: Desechar.
2. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que a través del Coneval, realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los programas federales.Proponente: Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN).
Sentido: Aprobar.
3. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en congruencia con la Cámara de Diputados, instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el Coneval cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se realicen sin sesgo de ningún tipo.
Proponente: Hugo Héctor Martínez González (PRI).
Sentido: Aprobar.
4. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP, de la Secretaría de Economía, de la Sener y de la Sedesol, así como de la CFE, implemente un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de 70 años o más, obtengan una tarifa preferencial en el consumo de electricidad doméstica.
Proponente: Laura Felicitas García Dávila (PRI).
Sentido: Desechar.
5. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria y mediante procesos de planeación democrática establecer la agenda alimentaria 12-30 en beneficio de 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria.
Proponente: Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI).
Sentido: Aprobar.
Asimismo, en esta reunión ordinaria de trabajo, la Comisión de Desarrollo Social aprobó el segundo informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio constitucional, así como el programa de trabajo para el tercer año de labores legislativas.
Reunión de junta directiva, celebrada el 15 de febrero de 2011.
Bajo la presidencia del diputado Carlos Flores Rico, la Comisión de Desarrollo Social llevó a cabo una reunión de trabajo de junta directiva, en la que se aprobó el proyecto de orden del día que se propondría para desahogarse en la reunión extraordinaria por realizarse el mismo día.
Asimismo, el diputado presidente sometió a la consideración de la junta directiva la necesidad de realizar modificaciones a cuatro dictámenes aprobados por la Comisión de Desarrollo Social en su vigésima tercera reunión ordinaria, a fin de corregir erratas y precisar definiciones.
En ese contexto, respecto de los dictámenes correspondientes a reformas a los artículos 50 y 26 de la Ley general de Desarrollo Social presentadas, respectivamente, por los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano y Hugo Héctor Martínez González, se acordó presentar propuestas de modificación directamente ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Sobre los dictámenes correspondientes a la adición de un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos, de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz y de reformas al artículo 25 de la ley General de Desarrollo Social, de la diputada María Isabel Pérez Santos, se acordó que la Junta Directiva de la Comisión solicitara a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su retiro formal, con fundamento en lo que previene el artículo 80, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de realizar las modificaciones acordadas con mayor oportunidad.
Primera reunión extraordinaria, celebrada el 15 de febrero de 2011.
Bajo la presidencia del diputado Carlos Flores Rico, se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, a la que asistieron los diputados Carlos Flores Rico, presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano, Edgardo Melhem Salinas, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Martín García Avilés, Liborio Vidal Aguilar, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Aníbal Peralta Galicia, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Narcedalia Ramírez Pineda, Samuel Herrera Chávez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Carlos Luis Meillón Johnston, Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, Enrique Torres Delgado y Mario Moreno Arcos.
Los siguientes diputados presentaron justificación por escrito de su ausencia, con fundamento en el artículo 195, numeral 1, fracción V, y numeral 2 y 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Jesús Giles Sánchez, Óscar Aguilar González y Esteban Albarrán Mendoza.
Durante la reunión extraordinaria, el presidente de la comisión expresó unas palabras para reconocer el trabajo realizado por el diputado José Francisco Yunes Zorrilla durante su gestión como presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Habló sobre los asuntos que se encontraban pendientes por resolver en la comisión y expresó la necesidad de avanzar en lo que resta del periodo ordinario para atender los mayores asuntos que los acuerdos lo permitan.
Asimismo, se dio cuenta de la incorporación del diputado Aníbal Peralta Galicia como integrante de la Comisión; y con fundamento en el artículo 150, fracción XV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se nombró al licenciado Efrén Antonio Chávez Sotelo como secretario técnico de la misma.
A fin de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el artículo 33, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se aprobó la opinión de la Comisión de Desarrollo Social sobre las reglas de operación de diversos programas sociales coordinador por la Secretaría de Desarrollo Social.
En asuntos generales, el presidente informó sobre el acuerdo tomado en la junta directiva de la comisión respecto de la necesidad de realizar modificaciones a cuatro dictámenes aprobados por la Comisión de Desarrollo Social en su vigésima tercera reunión ordinaria, a fin de corregir erratas y precisar definiciones.
Se sometió a la consideración de la comisión la necesidad de crear al interior un grupo plural de diputados a efecto de vigilar que no se desvíen recursos públicos de programas sociales en el próximo proceso electoral federal, el cual se acordó su creación e instalación para la siguiente reunión ordinaria de la comisión.
VII. La información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración
Durante el periodo que se informa no se realizó erogación alguna respecto de los recursos financieros que se han dispuesto a la Comisión de Desarrollo Social para apoyar su operación, de conformidad con el presupuesto anual autorizado a la Cámara de Diputados (gastos de operación).
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2012.
La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Carlos Flores Rico (rúbrica), presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Reyna Araceli Tirado Gálvez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Maricela Serrano Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), secretarios.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de actividades referente al lapso septiembre de 2011-febrero de 2012
I. Fundamento legal
Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 150, numeral 1, fracción X, 158 numeral 1, fracción III, 164, 165 y 213, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presenta su quinto informe semestral de actividades, que corresponde al primer periodo de sesiones, del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, y comprende el periodo de septiembre de 2011 a febrero de 2012.
II. Integración
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está integrada por los siguientes diputados:
Presidente: Jesús Alfonso Navarrete Prida.
Secretarios: Jesús Alberto Cano Vélez, Juan Carlos Lastiri Quirós, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Julio Castellanos Ramírez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales, Rosario Brindis Álvarez, Pedro Vázquez González, Pedro Jiménez León, Jorge Antonio Kahwagi Macari.
Integrantes: Roberto Armando Albores Gleason (licencia), Claudia Edith Anaya Mota, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos, Gabriela Cuevas Barron, Olga Luz Espinoza Morales, Noé Fernando Garza Flores (licencia), Silvio Lagos Galindo, Óscar Javier Lara Aréchiga, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levin Coppel, Cruz López Aguilar, Francisco Javier Orduño Valdez, Rafael Pacchiano Alamán, Marcos Pérez Esquer, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Rigoberto Salgado Vázquez, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Agustín Torres Ibarrola, Enrique Octavio Trejo Azuara, Georgina Trujillo Zentella, Emiliano Velázquez Esquivel, José Guadalupe Vera Hernández.
Durante el periodo del presente informe se presentaron los siguientes cambios en la integración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública:
• Mediante oficio recibido el 14 de noviembre de 2011 la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarios Institucional informó que el diputado Rodrigo Reyna Liceaga sustituiría temporalmente al diputado Óscar Guillermo Levin Coppel en los trabajos de la Comisión. Posteriormente el diputado Óscar Guillermo Levin Coppel se incorporó a los trabajos de la Comisión el 18 de enero de 2012.
• En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011, fue aprobada la solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 14 de diciembre de 2011, del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello.
• En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 25 de enero de 2012, fue aprobada la solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 20 de enero de 2012, del diputado David Penchyna Grub.
• En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 2 de febrero de 2012, fue aprobada la solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 14 de febrero de 2012, del diputado Felipe Enríquez Hernández.
• Mediante oficio recibido el 3 de febrero de 2012 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la baja del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde como integrante de la Comisión.
• Mediante oficio recibido el 10 de febrero de 2012 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la baja de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz y el alta de la diputada Olga Luz Espinoza Morales como integrante de la Comisión.
• En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 14 de febrero de 2012, fue aprobada la solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal por 25 días a partir del 14 de febrero de 2012, del diputado Ángel Aguirre Herrera.
• En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 16 de febrero de 2012, fue aprobada la solicitud de licencia para separarse de sus funciones como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 14 de febrero de 2012, del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2012, fue recibido el oficio del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós mediante el cual comunica su reincorporación a las actividades legislativas a partir del 24 de febrero de 2012.
III. Asuntos turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 1
Durante el periodo que se informa la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 69 iniciativas, 97 iniciativas turnadas nuevamente a la Comisión con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 12 iniciativas turnadas nuevamente a la Comisión con fundamento en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 8 minutas, 3 proposiciones con puntos de acuerdo de diputados, 101 proposiciones con puntos de acuerdo de senadores, 4 puntos de acuerdo de la Cámara de Senadores, 62 proposiciones con puntos de acuerdo de los Congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, fue aprobado en la décima octava reunión del pleno de la comisión el acuerdo por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos turnadas a esta comisión, relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, que se describe a continuación: 374 proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, turnadas por diversas instancias: 12 proposiciones con punto de acuerdo de diputadas y diputados y 2 del pleno de la Cámara de Diputados; 104 puntos de acuerdo de senadores y 5 del pleno de la Cámara de Senadores; 14 puntos de acuerdo de la Comisión Permanente; 60 puntos de acuerdo de los congresos locales de diversas entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28 puntos de acuerdo que ingresaron directamente a la Comisión; asimismo fueron recibidas 131 solicitudes de gestión o ampliación de recursos. Por otra parte, 16 proposiciones con puntos de acuerdo y 2 solicitudes de gestión o ampliación de recursos fueron presentadas extemporáneamente. Es menester señalar que las proposiciones con punto de acuerdo señaladas en el primer párrafo están incluidas en el acuerdo que se menciona.
IV. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo
Durante el periodo que se informa la Comisión realizó las siguientes actividades:
1. Se celebraron 4 reuniones ordinarias del pleno de la comisión
2. Se aprobaron 57 opiniones de iniciativas
3. Se aprobaron 4 opiniones de minutas
4. Se aprobaron 14 dictámenes de iniciativas
5. Se aprobó un dictamen de minuta
Con el propósito de realizar una reforma integral a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acordó solicitar prorroga a diversas iniciativas que reforman, adicionan o en su caso derogan diversos artículos de misma y de otras leyes que tienen relación estrecha, para realizar un trabajo de análisis pormenorizado que permita elaborar un dictamen que contemple a todas y cada una de las iniciativas presentadas.
V. Reuniones celebradas
En este periodo se celebraron cuatro reuniones ordinarias del pleno.
1. Decimosexta reunión ordinaria del pleno, celebrada el 7 de septiembre de 2011, en el Salón de protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados, con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones decimocuarta y decimoquinta ordinarias del pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes Acuerdos:
• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, así como de las solicitudes de gestión o ampliación de recursos propuestas por los legisladores.
• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se Regula las Reuniones de ésta con los Organismos Autónomos, el Poder Judicial, las Entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al ejecutivo federal en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
5. Conformación de grupos de trabajo para el proceso presupuestario.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversos proyectos de opinión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura y cita.
A la reunión asistieron 29 Diputados, se anexa lista de asistencia al final del documento.
Acuerdos
• Fue aprobado el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el Procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, así como de las solicitudes de gestión o ampliación de recursos propuestas por los legisladores.
• Fue aprobado el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se regula las reuniones de ésta con los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012.
• Fue aprobado el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el que se establece el procedimiento de solicitud de información al Ejecutivo Federal en el proceso de examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
• Fueron aprobadas las siguientes opiniones a iniciativas y minutas:
1. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades.
Proponente: Diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM).
Fecha de presentación: 16 de marzo de 2010.
Turno: Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
2. Proyecto de decreto que expide el Código de Procedimientos Penales Único.
Proponente: Diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia).
Fecha de presentación: 7 de septiembre de 2010.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. Proyecto de decreto que expide el Código Penal Único.
Proponente: Diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia).
Fecha de presentación: 7 de septiembre de 2010.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
4. Proyecto de decreto que expide la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Proponente: Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (PRI).
Fecha de presentación: 12 de octubre de 2010.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
5. Proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto sobre Emisiones de Vehículos Particulares.
Proponente: Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM).
Fecha de presentación: 11 de noviembre de 2010.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
6. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Puertos.
Proponente: Diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia).
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2010.
Turno: Comisiones unidas de Transportes y de Marina, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
7. Proyecto de decreto que expide la Ley del Tercer Empleo.
Proponente: Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2010.
Turno: Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
8. Proyecto de decreto que expide la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud.
Proponente: Diputado César Daniel González Madruga (PAN).
Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2010.
Turno: Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide de la Ley General de Candidaturas Independientes.
Proponente: Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).
Fecha de presentación: 17 de febrero de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
10. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal.
Proponente: Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave (PRI).
Fecha de presentación: 22 de febrero de 2011.
Turno: Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.
11. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Proponente: Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD).
Fecha de presentación: 24 de febrero de 2011.
Turno: Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
12. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Archivos.
Proponente: Diputado Mauricio Toledo Gutiérrez (PRD).
Fecha de presentación: 10 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Gobernación con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
13. Proyecto de decreto que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.
Proponente: Diputada Gabriela Cuevas Barron (PAN).
Fecha de presentación: 17 de marzo de 2011.
Turno: Comisión del Distrito Federal, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
14. Proyecto de decreto que expide el Código Federal de Procedimientos Penales.
Proponente: Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD).
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
15. Proyecto de decreto que expide una Nueva Ley de Seguridad Nacional y se abroga la Ley de Seguridad Nacional.
Proponente: Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD).
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2011.
Turno: Comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
16. Proyecto de decreto que abroga el Código de Justicia Militar y expide el Código de Justicia Militar.
Proponente: Diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez (PAN).
Fecha de presentación: 31 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
17. Proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Proponente: Diputado Juan José Cuevas García (PAN).
Fecha de presentación: 5 de abril de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
18. Proyecto de decreto que expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y abroga la actual, del 3 de agosto de 1994.
Proponente: Diputado José Manuel Agüero Tovar (PRI).
Fecha de presentación: 5 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
19. Proyecto de decreto por el que se expide Iniciativa que expide la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía y se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Proponente: Diputado Luis Felipe Erguía Pérez (PRD).
Fecha de presentación: 7 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Economía, Fomento Cooperativo y Economía Social y Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
20. Proyecto de decreto que deroga el Título Séptimo Primero de la Ley General de Salud y expide la Ley General contra las Adicciones.
Proponente: Diputada María Dolores del Río Sánchez (PAN).
Fecha de presentación: 13 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
21. Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
Fecha de presentación: 27 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Economía, Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
22. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección a Testigos, Víctimas y Demás Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal.
Proponente: Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (PAN).
Fecha de presentación: 27 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
23. Proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 29 y 30 de la Ley General de Educación.
Proponente: Diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (PRI).
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
24. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
Proponente: Diputado Noé Martín Vázquez Pérez.
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
25. Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Proponente: Cámara de Senadores.
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
26. Minuta con proyecto de decreto que expide la con Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Proponente: Cámara de Senadores.
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
27. Proyecto de decreto que expide la Ley que crea un Consejo Nacional para la Emergencia Económica.
Proponente: Diputada Mary Telma Guajardo Villareal (PRD).
Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2009.
Turno: Comisiones Economía y de Hacienda y Crédito Público, con Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
28. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Proponente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD).
Fecha de presentación: 23 de noviembre de 2010.
Turno: Comisión de unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
29. Proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social.
Proponente: Diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD).
Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2010.
Turno: Comisión de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
30. Proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Universidad del Conocimiento a Distancia.
Proponente: Diputada Margarita Gallegos Soto (PRI).
Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2010.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
31. Proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias.
Proponente: Diputado Juan Carlos López Fernández (PRD).
Fecha de presentación: 17 de febrero de 2011.
Turno: Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
32. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Mecanismos de Cooperación Ciudadana en la Gestión Pública de la Administración Pública Federal.
Proponente: Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN).
Fecha de presentación: 24 de febrero de 2011.
Turno: Comisiones de Gobernación y Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
33. Proyecto de decreto que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Proponente: Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD).
Fecha de presentación: 1 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
34. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional.
Proponente: Diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI).
Fecha de presentación: 1 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
35. Proyecto de decreto que expide la Ley General del Seguro de Desempleo.
Proponente: Diputado Fernando Espino Arévalo (PRI).
Fecha de presentación: 9 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
36. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión, presentada por la Diputada Paz Gutiérrez Cortina del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proponente: Diputadas Josefina Eugenia Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina (PAN).
Fecha de presentación: 17 de marzo de 2011.
Turno: Comisiones de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
37. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Proponente: Diputada Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza).
Fecha de presentación: 17 de marzo de 2011.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Función Pública y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
38. Proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Comisión Nacional para Cultura de la Paz y la no Violencia.
Proponente: Diputado Rafael Yerena Zambrano (PRI).
Fecha de presentación: 7 de abril de 2011.
Turno: Comisiones de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
39. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 Constitucional.
Proponente: Diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (Partido Convergencia).
Fecha de presentación: 7 de abril de 2011.
Turno: Comisiones de Economía, Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
40. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y expide la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera.
Proponente: Diputada Ninfa Clara Salinas Sada (PVEM).
Fecha de presentación: 28 de abril de 2011.
Turno: Comisiones de Medio Ambiente y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
41. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Proponente: Diputado José Francisco Rojas Gutiérrez (PRI).
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
42. Proyecto de decreto que expide Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputada Florentina Rosario Morales (PRD).
Fecha de presentación: 29 de abril de 2010.
Turno: Comisión de Justicia, con opinión de de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
43. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Servicio de Administración Tributaria, de Coordinación Fiscal, del Seguro Social, Federal de Derechos, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Vidal Llerenas Morales (PRD).
Fecha de presentación: 29 de abril de 2011.
Turno: Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Decimoséptima ordinaria del pleno (constituida como permanente) celebrada el 27 de octubre de 2011, en el Salón de protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados, con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones decimocuarta y decimoquinta ordinarias del pleno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cuarto informe semestral de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que corresponde al segundo periodo de sesiones, del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura (marzo a agosto de 2011).
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo 2011-2012, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Planeación, dictaminado en sentido negativo por la Comisión de Equidad y Género.
7. Grupos de trabajo para el proceso presupuestario.
8. Propuesta para que la comisión se constituya en reunión permanente.
9. Receso.
A la reunión asistieron 34 diputados, se anexa lista de asistencia al final del documento.
Acuerdos
• Fue aprobada el acta de la decima cuarta reunión ordinaria del pleno de la Comisión de Presupuesto.
• Fue aprobada el acta de la decima quinta reunión ordinaria del pleno de la Comisión de Presupuesto.
• Fue aprobado el cuarto informe semestral de actividades de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que corresponde al segundo periodo de sesiones, del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura (marzo a agosto de 2011).
• Fue aprobado el programa anual de trabajo 2011-2012, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Fue aprobado el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Planeación, dictaminado en sentido negativo por la Comisión de Equidad y Género.
• Fue aprobada la propuesta para que la comisión se constituya en reunión permanente.
Reanudación de la reunión permanente iniciada el 14 de noviembre de 2011 , en el salón de protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados, con el objetivo de aprobar el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Acuerdo
• Fue aprobado el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Reanudación y clausura de la reunión permanente el 28 de noviembre de 2011 , en el salón de protocolo del edificio C, de la Cámara de Diputados, con el objetivo de atender los siguientes asuntos:
1. Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará un fondo especial de diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo y Tabasco.
2. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, abroga la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión permanente.
Acuerdos
• Fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará un fondo especial de diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo y Tabasco.
• Fue aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Fue aprobado la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
3. Decimoctava reunión ordinaria del pleno, celebrada el 18 de enero de 2012, en los salones C y D del edificio G de la Cámara de Diputados, con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza a la Junta Directiva para emitir la opinión relativa al fondo para realizar obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autoriza al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a solicitar información a la SHCP durante el ejercicio presupuestal 2012.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de opinión de impacto presupuestario.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al PEF 2012.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
A la reunión asistieron 25 diputados, se anexa lista de asistencia al final del documento.
Acuerdos
• Fue aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Junta directiva para emitir la opinión relativa al fondo para realizar obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa.
• Fue aprobado el acuerdo por el que se autoriza al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a solicitar información a la SHCP durante el ejercicio presupuestal 2012.
• Fueron aprobadas las opiniones a las iniciativas siguientes:
1. Proyecto de decreto que expide la Ley que Crea el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Industria de las Entidades Federativas que Conforman la Frontera Sur.
Proponente: Congreso del estado de Tabasco.
Fecha de presentación: 6 de septiembre de 2011.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
2. Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Apoyo y el Desarrollo de las Madres Solteras Jefas de Familia.
Proponentes: Diputados Manuel Cadena Morales, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Francisco Saracho Navarro, Mary Telma Guajardo Villareal y Alejandro Carabias Icaza.
Presentada el 5 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Desarrollo Social con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. Proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos.
Proponente: Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega.
Fecha de presentación: 23 de enero de 2008.
Con fundamento en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados fue turnada de nueva cuenta, el 23 de noviembre de 2011.
Turno: Comisión de Economía, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expide la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Autoridades Federales, Entidades de Interés Público, Personas Físicas y Morales y Poderes Fácticos.
Proponente: Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
Fecha de presentación: 21 de septiembre de 2010.
Turno: Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
5. Proyecto de decreto que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuosos hacia los Animales.
Proponente: Diputada Gabriela Cuevas Barron.
Fecha de presentación: 22 de septiembre de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
6. Proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Proponente: Diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez.
Fecha de presentación: 19 de abril de 2007.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación, y de cultura Física y Deporte; y expide el Decreto que Constituye la Escuela Nacional de Charrería.
Proponente: Diputada María Esther Terán Velázquez.
Fecha de presentación: 14 de septiembre de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes orgánicas la Administración Pública Federal, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley de Puertos, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Proponente: Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila.
Fecha de presentación: 20 de octubre de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Gobernación, de Transportes, de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
9. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública y Reforma los artículos 20 y 29 de la Ley de Planeación.
Proponente: Diputado Armando Ríos Piter.
Fecha de presentación: 13 de octubre de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
10. Proyecto de decreto que crea el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.
Proponente: Diputado Rubén Aguilar Jiménez.
Fecha de presentación: 29 de septiembre de 2006.
Returnada el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
11. Proyecto de decreto que crea el Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, y expide su Ley Orgánica.
Proponente: Diputado Gerardo Sánchez García.
Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2011.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
12. Proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Proponente: Cámara de Senadores.
Fecha de presentación: 6 de septiembre de 2011.
Turno: Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
13. Proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y reforma el párrafo tercero del artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Proponente: Diputado Óscar González Yáñez (PT).
Fecha de presentación: 14 de octubre de 2003.
Turnada a las Comisiones unidas de Gobernación y de Energía.
Returnada el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
14. Proyecto de decreto que expide la Ley de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputado Jesús María Rodríguez Hernández.
Fecha de presentación: 4 de Octubre de 2011.
Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
15. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarias.
Proponente: Diputada Rosalina Mazari Espín (PRI).
Fecha de presentación: 4 de marzo de 2010.
Turno: Comisiones unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Fue aprobado el acuerdo por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al PEF 2012.
Decimonovena reunión ordinaria del pleno (constituida en reunión permanente) celebrada el 9 de febrero de 2012, en el Salón Protocolo del Edificio “A”, de la Cámara de Diputados, con el siguiente
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de actas de reuniones anteriores.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 10 proyectos de dictamen de iniciativas.
5. Asuntos generales.
6. Clausura y cita.
Acuerdos
• Fue aprobada el acta de la decimosexta reunión ordinaria del pleno de la Comisión de Presupuesto.
• Fue aprobada el acta de la decimoctava reunión ordinaria del pleno de la Comisión de Presupuesto.
• Fueron aprobados los siguientes dictámenes a iniciativas:
1. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza).
Fecha de presentación: 16 de febrero de 2010.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (PRI).
Fecha de presentación: 24 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Omar Fayad Meneses (PRI).
Fecha de presentación: 29 de marzo de 2011.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.
4. Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Vidal Llerenas Morales (PRD).
Fecha de presentación: 8 de abril de 2010.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
5. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Rendición de Cuentas y Auditoría Ciudadana, y abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Proponente: Diputado Alejandro Gertz Manero (Movimiento Ciudadano).
Fecha de presentación: 5 de abril de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
6. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 111 Bis y reforma el 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Pedro Jiménez León (Movimiento Ciudadano).
Fecha de presentación: 5 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
7. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. y reforma el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (dictamen en conjunto).
Proponentes: Diputados Pablo Escudero Morales y Marcos Pérez Esquer.
Fecha de presentación: 5 de abril de 2011 y 29 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
8. Proyecto de decreto que reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Francisco Saracho Navarro (PRI).
Fecha de presentación: 12 de abril de 2011.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
9. Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponente: Diputado Pedro Vázquez González (PT).
Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2010.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
Proponentes: Senadores Tomás Torres Mercado y Pablo Gómez Álvarez (PRD).
Fecha de presentación: 14 de abril de 2011.
Turno: Comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.
11. Proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Desarrollo Social.
Proponente: Diputado Antonio Xavier López Adame.
Fecha de presentación: 25 de abril de 2007.
Turno: Comisiones unidas de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.
• Fueron aprobadas las siguientes opiniones a una minuta e iniciativa:
1. Minuta de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cambio Climático.
Proponente: Cámara de Senadores.
Fecha de presentación: 8 de diciembre de 2011.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
2. Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 102, Apartado B, Párrafo 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputado Arturo Zamora Jiménez.
Fecha de presentación: 11 de octubre de 2011.
Turno: Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
VI. Reuniones con servidores públicos
Durante el proceso para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública celebró en total 95 reuniones de trabajo, de las cuales 29 fueron con gobernadores de las entidades federativas, 25 con las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, y 41 con autoridades municipales, organismos públicos locales y federales, universidades y otras asociaciones públicas y privadas.
VII. Relación de los documentos, opiniones e informes generados
Se informa que durante el periodo que comprende el presente informe, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no ha publicado documentos, opiniones o informes en revistas o libros, ni ningún otro documento en adición a los relacionados en las secciones anteriores.
VIII. Subcomisiones o grupos de trabajo integrados
En el periodo que abarca este informe no se crearon Grupos de Trabajo adicionales a los que se mencionaron en los informes de actividades anteriores:
1. Grupos de trabajo para dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012: “de anexos”, “de decreto” y “de gasto corriente”.
2. Grupo de trabajo de dictamen de las Cuentas Públicas.
3. Grupo de trabajo de seguimiento del gasto.
4. Grupo de trabajo de seguimiento de asuntos turnados a la comisión.
5. Grupo de trabajo para investigar y dar seguimiento al destino y aplicación de los recursos excedentes del petróleo de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
6. Grupo de trabajo para dar seguimiento a las estancias infantiles y guarderías.
IX. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional
Se informa que durante el periodo que comprende el presente informe, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no realizaron viajes de trabajo por territorio nacional o internacional.
X. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos
En términos de lo que dispone los artículos 132 y 134 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha dado oportuna respuesta a las peticiones formuladas por diversas personas físicas y morales de nacionalidad mexicana.
XI. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas
Se informa que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solamente ha publicado en la Gaceta Parlamentaria los Acuerdos tomados en las Reuniones Ordinarias, los cuales se especificaron en el apartado V del presente informe.
XII. Otras actividades
Se informa que durante el periodo que comprende el presente informe, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no realizó otras actividades adicionales a las relacionadas en las secciones anteriores.
XIII. Recursos económicos
Con relación a los recursos económicos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ha cumplido con sus respectivas comprobaciones ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, en el periodo de septiembre de 2011 a febrero de 2012.
Nota.
1 Relación de los asuntos a que se refiere este apartado
Palacio Legislativo a, 18 de abril de 2012.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, semestral de actividades, septiembre de 2011-febrero de 2012
I. Datos generales
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es un órgano constituido por el pleno de la Cámara de Diputados, de conformidad con los artículos 39, 40, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante la elaboración de dictámenes sobre iniciativas y puntos de acuerdo, y la emisión de opiniones y resoluciones contribuye a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
La columna vertebral de su quehacer se centra en la adecuación, la actualización y el perfeccionamiento de los ordenamientos que rigen la actividad parlamentaria, así como la estructura y el funcionamiento del Congreso y la Cámara de Diputados; entre otros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, el Reglamento de la Cámara de Diputados, los Reglamentos Administrativos de la Cámara, estatutos y lineamientos, aprobados por el pleno de la Cámara.
II. Fundamento jurídico
Con fundamento en los artículos 45, párrafo sexto, inciso b), de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 53 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la comisión presenta el primer informe semestral de actividades, correspondiente al periodo septiembre de 2011-febrero de 2012, del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura.
III. Integrantes
Se da cumplimiento a lo que establece el artículo 40, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: “La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con veinte miembros de entre los diputados de mayor experiencia legislativa, y todos los grupos parlamentarios estarán representados...”
En el periodo de que se informa, la comisión recibió oficios de la Mesa Directiva en los que se comunican cambios de la integración:
a) Mediante el oficio número DGPL 61-II-9-3902, de fecha 22 de septiembre de 2011, se dio cuenta de la baja de Alma Carolina Viggiano Austria (Partido Revolucionario Institucional, PRI) como integrante;
b) Mediante el oficio número DGPL 61-II-9-4041, de fecha 11 de octubre de 2011, se dio cuenta de la baja de Jesús María Rodríguez Hernández (PRI) como presidente y la designación de Felipe Solís Acero (PRI) en su lugar;
c) Mediante el oficio número DGPL 61-II-9-4167, de fecha 20 de octubre de 2011, se dio cuenta de la baja de Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI), así como del alta de Frida Celeste Rosas Peralta (PRI) y de Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) como integrantes; y
d) Mediante el oficio número DGPL 61-II-9-4272, de fecha 8 de noviembre de 2011, se dio cuenta del alta de Reginaldo Rivera de la Torre (PRI) y de la baja de Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI) como integrantes.
Por lo anterior, la comisión se integra actualmente por 19 diputados: 9 del PRI, 5 del Partido Acción Nacional (PAN), 3 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 1 del Partido del Trabajo (PT).
Diputados: Felipe Solís Acero (PRI), presidente; José Antonio Arámbula López (PAN), Emiliano Velázquez Esquivel (PRD), secretarios; Julio Castellanos Ramírez (PAN), Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Luis Felipe Eguía Pérez (PRD), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Héctor Guevara Ramírez (PRI), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), José Luis Jaime Correa (PRD), Gastón Luken Garza (PAN), José Ricardo López Pescador (PRI), Rosalina Mazari Espín (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Reginaldo Rivera de la Torre (PRI), Frida Celeste Rosas Peralta (PRI), Pedro Vázquez González (PT).
IV. Asuntos turnados
En el periodo, la comisión recibió de manera ordinaria, para los efectos de ley, los siguientes asuntos para dictamen:
• 26 iniciativas;
• 0 minutas; y
• 3 puntos de acuerdo.
Asimismo, recibió por returno
• 35 iniciativas, en términos del artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y
• 7 iniciativas, en términos del artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo anterior se recibieron en el periodo septiembre-febrero
• 68 iniciativas;
• 0 minutas; y
• 3 puntos de acuerdo.
A continuación se detallan los asuntos:
• Iniciativas
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Guillermo Cueva Sada (PVEM).
Presentación: 6 de septiembre de 2011.
Turno: Unidas de Puntos Constitucionales; de la Función Pública; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Marcos Pérez Esquer (PAN).
Presentación: 6 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 67 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Proponente: Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI).
Presentación: 6 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
4. Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.
Proponente: Senador Julio César Aguirre Méndez, en nombre propio y de Valentín Guzmán Soto y Antelmo Alvarado García, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente.
Presentación: 20 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
5. Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el epígrafe “Primer Congreso de Anáhuac, Congreso de Chilpancingo 1813”.
Proponente: Mario Moreno Arcos (PRI).
Presentación: 20 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
6. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Antonio Benítez Lucho (PRI).
Presentación: 20 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Proponente: Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN).
Presentación: 29 de septiembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM).
Presentación: 4 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
9. Proyecto de decreto que expide la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (PRI), en nombre propio y de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Presentación: 4 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.
10. Proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Proponente: Suscrita por integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Presentación: 6 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
11. Proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Guadalupe Acosta Naranjo (PRD).
Presentación: 6 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: José Ramón Martel López (PRI).
Presentación: 11 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
13. Proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI).
Presentación: 13 de octubre de 2011.
Turno: Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputado Alejandro del Mazo Maza (PVEM), en nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial sobre cambio climático.
Presentación: 20 de octubre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
15. Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Cruz Roja Mexicana”.
Proponente: Jorge Rojo García de Alba (PRI).
Presentación: 8 de noviembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
16. Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: José Ramón Martel López (PRI).
Presentación: 10 de noviembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
17. Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo el nombre de Adolfo López Mateos.
Proponente: Juan José Guerra Abud (PVEM).
Presentación: 2 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
18. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Seguridad Nacional, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Juan José Guerra Abud (PVEM).
Presentación: 2 de febrero de 2012.
Turno: Unidas de Gobernación; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
19. Proyecto de decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 46 y 53 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Proponente: Guillermo Cueva Sada (PVEM).
Presentación: 2 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
20. Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Marcos Pérez Esquer (PAN)
Presentación: 7 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
21. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, y adiciona el título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: María Felícitas Parra Becerra (PAN), en nombre propio y suscrita por diversas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
Presentación: 7 de febrero de 2012.
Turno: Unidas de Asuntos Indígenas; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.
22. Proyecto de decreto que decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Mariano Otero Mestas.
Proponente: Rafael Yerena Zambrano (PRI).
Presentación: 16 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
23. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Proponente: Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD).
Presentación: 16 de febrero de 2012.
Turno: Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de la Función Pública.
24. Proyecto de decreto que reforma los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Pedro Jiménez León (Movimiento Ciudadano), en nombre propio y de Laura Arizmendi Campos, María Guadalupe García Almanza y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Presentación: 28 de febrero de 2012.
Turno: Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
25. Proyecto de decreto que reforma el artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Proponente: Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN).
Presentación: 28 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
26. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano), en nombre propio y de integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Presentación: 28 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Proposiciones con punto de acuerdo
1. Por el que se propone crear y otorgar la Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en pro de la cultura de paz y la no violencia en el país.
Proponente: Rafael Yerena Zambrano (PRI).
Presentación: 8 de noviembre de 2011.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
2. Por el que se propone crear y otorgar la Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en pro de la cultura de la paz y la no violencia en el país.
Proponente: Rafael Yerena Zambrano (PRI).
Presentación: 16 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3. Por el que se exhorta a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a hacer mención especial de los Generales Francisco R. Serrano y Arnulfo Gómez, asesinados en 1927, como militares precursores de la democracia.
Proponente: Óscar Saúl Castillo Andrade (PAN).
Presentación: 28 de febrero de 2012.
Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Returnos
1. Con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz.
Presentada por los diputados Adriana González Carrillo y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, PAN (LIX Legislatura).
Returnada a la comisión el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
2. Con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “General Felipe de Jesús Ángeles Ramírez”.
Presentada por el diputado Edmundo Valencia Monterrubio, PAN (LIX Legislatura).
Returnada el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3. Con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón.
Presentada por los diputados Ramón Landeros González y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, PAN (LX Legislatura).
Returnada a la comisión el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
4. Que reforma los artículos 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Presentada por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez, PAN (LX Legislatura).
Returnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
5. Que reforma los artículos 34 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Pedro Vázquez González, PT (LIX Legislatura).
Returnada a la comisión el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
6. Para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “A los Maestros de México”.
Presentada por el diputado Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza) y suscrita por integrantes de diferentes grupos parlamentarios (LX Legislatura).
Returnada a la comisión el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
7. Que reforma los artículos 180 y 181 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el criterio de digitalización como opción para disminuir el consumo de papel.
Presentada por la diputada Silvia Luna Rodríguez, Nueva Alianza. (LX Legislatura).
Returnada a la comisión el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Presentada por el diputado Julio Castellanos Ramírez, PAN.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
9. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
10. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
11. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por los diputados Fernando Morales Martínez y Juan Carlos Lastiri Quirós, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
12. Que reforma los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Óscar González Yáñez, PT.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, para proponer un consejo ciudadano menos oneroso que el consejo de transparencia considerado en el Reglamento.
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
14. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de definir el procedimiento para que la Cámara de Diputados concluya con la atribución exclusiva de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Returnada a las Comisiones Unidas de la Función Pública; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, PVEM.
Retornada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
16. Que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las sesiones de comisiones, subcomisiones, comités y grupos de la Cámara de Diputados no se lleven a cabo en el tiempo que transcurran las sesiones del pleno.
Presentada por el diputado Felipe Solís Acero, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
17. Que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, PAN.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
18. Que reforma los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, PRD.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
19. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de cambio climático.
Presentada por el diputado César Francisco Burelo Burelo, PRD.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
20. Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política, 7 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Sergio Lobato García, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
21. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y protección de datos personales.
Presentada por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, PRD.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
22. Que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana.
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT.
Returnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
23. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que el presidente de la República presente informes de gobierno el 1 de septiembre y el 1 de marzo de cada año.
Presentada por el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, PRI.
Returnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
24. Que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, PRD.
Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
25. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Electorales.
Presentada por el diputado Héctor Guevara Ramírez, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
26. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Planeación.
Presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
27. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas.
Presentada por la diputada Olivia Guillén Padilla, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
28. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Jesús Rodríguez Hernández, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
29. Que adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instalar un congreso digital (e-Congreso).
Presentada por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Roberto Armando Albores Gleason, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
30. Que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, PRI y suscrita por los integrantes de la Comisión de Pesca.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
31. Que reforma el artículo 46 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, PVEM.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
32. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que regula las Actividades de Cabildeo.
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT.
Returnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
33. Que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Familiares.
Presentada por la diputada Margarita Liborio Arrazola, PRI, en nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial para la Familia.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
34. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión ordinaria de Desarrollo Regional.
Presentada por el diputado David Hernández Pérez, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
35. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI.
Returnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
36. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Seguridad Nacional, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Gustavo González Hernández, PAN.
Returnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
37. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión ordinaria de Cambio Climático.
Presentada por el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
38. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Desarrollo Regional.
Presentada por diputados integrantes de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
39. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Enrique Torres Delgado, PAN.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
40. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, PRI.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
41. Que reforma los artículos 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para regular la protesta de decir verdad de los servidores públicos que comparecen ante las Cámaras del Congreso de la Unión.
Presentada por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, PRD.
Returnada a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de la Función Pública el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
42. Que reforma los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Agustín Torres Ibarrola, PAN.
Returnada a la comisión el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
V. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo
Por lo que corresponde al cumplimiento del programa anual de trabajo, publicado en la Gaceta Parlamentaria del viernes 7 de octubre del 2011, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias trazó como objetivos, analizar y dictaminar los asuntos turnados, acatar las resoluciones y acuerdos del pleno de la Cámara, así como los adoptados en ella.
En razón de lo anterior, la comisión ha dado cabal cumplimiento a las actividades parlamentarias y compromisos contenidos no sólo en el último programa anual, sino en los programas anuales formulados y aprobados por esta comisión.
Asimismo, cumple su tarea de analizar, dictaminar y adecuar las normas reguladoras de las actividades de la Cámara de Diputados, mediante la realización de reuniones programadas de los grupos de trabajo formados para tal fin y aprobando diversos temas que inciden en los trabajos de la Cámara de Diputados.
Por ello, la comisión ha desarrollado entre otras acciones, y conforme a sus objetivos específicos referentes a la difusión y divulgación de los contenidos del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, una versión comentada del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como encuentros de difusión sobre temas legislativos y parlamentarios a fin de fortalecer, ampliar y aplicar la resolución de los mismos.
Conforme a los lineamientos trazados por esta comisión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para que mediante un trabajo en conferencia de las Comisiones de Régimen y Reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados se adecuen las normas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, la revisión de la Ley Orgánica y la elaboración de un Reglamento del Congreso General a fin de complementar el proceso de reformas del Congreso, que inició con las normas reglamentarias que cada Cámara aprobó.
Finalmente, la Comisión aprobó los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, atendiendo a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, que estableció la obligación por esta comisión de crear dichos ordenamientos a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del Reglamento.
VI. Reuniones y resumen de las actas correspondientes
Ordinaria del 28 de septiembre de 2011
Diputados presentes: Jesús María Rodríguez Hernández, Presidente (PRI), José Antonio Arámbula López (PAN), Luis Felipe Eguía Pérez (PRD), Karla Alejandra Rodríguez Bautista (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) y Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), siendo un total de siete diputados, por lo que no hubo quórum reglamentario y se levantó la reunión.
Ordinaria del 6 de octubre de 2011
Diputados presentes: Jesús María Rodríguez Hernández, Presidente (PRI), José Antonio Arámbula (PAN), Emiliano Velázquez Esquivel (PRD), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Agustín Castilla Marroquín (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Luis Felipe Eguía Pérez (PRD), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Héctor Guevara Ramírez (PRI), José Luis Jaime Correa (PRD), José Ricardo López Pescador (PRI), Gastón Luken Garza (PAN), Rosalina Mazari Espín (PRI), Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), lo que hace un total de 17 diputados.
Asuntos tratados
Se citó a diversos diputados autores de iniciativa, a fin de que ampliasen sus iniciativas, tal como lo dispone el Reglamento en su artículo 177, numeral 1.
Se aprobó el acta de la reunión del 16 de agosto de 2011.
Análisis, discusión y votación del dictamen con propuesta de acuerdo que desecha cuatro iniciativas: que reforma el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (PRI) el 27 de octubre de 2009; que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) el 29 de octubre de 2009; que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN) el 29 de noviembre de 2009; y que reforma los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gregorio Hurtado Leija (PAN) el 29 de abril de 2010.
Análisis, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, presentada por el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan (PRI) el 23 de marzo.
Análisis, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 45 y 97 y adiciona el 13 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Uriel López Paredes en la sesión del 5 de abril de 2011.
Ordinaria del 24 de octubre de 2011
Diputados presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), Agustín Castilla Marroquín (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), José Luis Jaime Correa (PRD) José Ricardo López Pescador (PRI), Rosalina Mazarí Espín (PRI), Frida Celeste Rosas Peralta (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de 11 diputados.
Se informó que justificaron inasistencia Gastón Luken Garza (PAN) y José Antonio Arámbula López (PAN); también, que inasisten Emiliano Velázquez Esquivel (PRD), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Luis Felipe Eguía Pérez (PRD), Héctor Guevara Ramírez (PRI) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI).
Asuntos tratados
Se dio cuenta con, las comunicaciones de la Mesa Directiva, en la cual se anuncia la baja del presidente Jesús María Rodríguez Hernández (PRI) y el alta de Felipe Solís Acero (PRI) en su lugar; baja de Alma Carolina Viggiano Austria (PRI); alta de Frida Celeste Rosas Peralta en lugar de Alfonso Navarrete Prida quien causa baja; y alta de Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), como integrantes.
Análisis, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.
Ordinaria del 9 de noviembre de 2011
Diputados presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), José Antonio Arámbula López Secretario (PAN), Emiliano Velázquez Esquivel, Secretario (PRD), Julio Castellanos Ramírez, Secretario (PAN), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), José Luis Jaime Correa (PRD), José Ricardo López Pescador (PRI), Gastón Luken Garza (PAN), Reginaldo Rivera de la Torre (PRI), Frida Celeste Rosa Peralta (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de trece diputados presentes.
Asimismo informa que justificaron su inasistencia los diputados Agustín Castilla Marroquín (PAN) y Luis Felipe Eguía Pérez (PRD).
Asuntos tratados
Se citó a diversos diputados autores de iniciativa, a fin de que ampliasen sus iniciativas, tal como lo dispone el Reglamento en su artículo 177, numeral 1.
Se aprobaron las actas de las reuniones del 6 y 24 de octubre del 2011.
Se dio cuenta del Acuerdo del Grupo de Trabajo de Reformas Constitucionales, el cual propone elaborar una propuesta de resolución que represente el punto de vista de la comisión en todos los asuntos que le toca revisar; presentar al pleno de la comisión, las propuestas para que esta la refrende; solicitar a la junta directiva de la comisión que una vez aprobadas las propuestas sean enviadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que en ejercicio de su derecho prelatorio de dictamen las considere en el momento que presente el proyecto de dictamen de comisiones unidas; y solicitar a la junta directiva de la comisión, remitir copia a las demás comisiones a las que se haya turnado el asunto; y solicitar a la Junta Directiva de la Comisión, remitir copia de la propuesta a la Mesa Directiva de la Cámara, el que se aprobó por unanimidad.
Análisis, discusión y votación del dictamen en negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 15 de diciembre del 2010, por el diputado José del Pilar Córdova Hernández(PRI).
Análisis, discusión y votación del dictamen en sentido negativo de tres iniciativas presentadas el 13 de abril, el 28 de abril y el 12 de mayo de 2010, por los diputados Jorge Humberto López Portillo-Basave (PRI), Rolando Rodrigo Zapata Bello (PRI) y Pablo Escudero Morales, respectivamente.
Análisis, discusión y votación del dictamen en sentido negativo, relativo a la iniciativa de reforma al artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el 29 de septiembre de 2011 por la diputada Gloria Luna Ruiz (PAN).
Se dio cuenta con el informe de los trabajos del grupo de apoyo técnico en el marco de reuniones de conferencia de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Se dio cuenta con el informe de los trabajos realizados en el proceso de entrega de la medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913.
Ordinaria del 13 de diciembre de 2011
Diputados presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), Emiliano Velázquez Esquivel Secretario(PRD), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), José Luis Jaime Correa (PRD), Gastón Luken Garza (PAN), José Ricardo López Pescador (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de 12 diputados.
Asuntos tratados
Se citó a diversos diputados autores de iniciativa, a fin de que ampliasen sus iniciativas, tal como lo dispone el Reglamento, en razón de que ninguno de los diputados citados acudió, se aprobó asentar el cumplimiento de la Comisión a lo que dispone el Reglamento.
Se dio cuenta de diversas comunicaciones de la Mesa Directiva por la que returna iniciativas de la LIX y LX Legislaturas.
Se dio cuenta de la sustitución de Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI) por Reginaldo Rivera de la Torre (PRI), y se informó la incorporación a los trabajos de la comisión de Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), en sustitución de Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI), y Frida Celeste Rosas Peralta (PRI), quien ocupa una vacante del Grupo Parlamentario del PRI en la comisión.
Se distribuyó a los integrantes anteproyecto de dictamen del Reglamento de la Unidad de Control y Evaluación, para recibir comentarios.
Extraordinaria del 13 de diciembre de 2011
Diputados presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), Emiliano Velázquez Esquivel Secretario(PRD), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), Sami David David (PRI), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), José Luis Jaime Correa (PRD), Gastón Luken Garza (PAN), José Ricardo López Pescador (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de doce diputados.
Asuntos tratados
Análisis, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Ordinaria del 31 de enero de 2012
Diputados presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), José Antonio Arámbula López Secretario (PAN), Emiliano Velázquez Esquivel, Secretario (PRD), Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), José Ricardo López Pescador (PRI), Rosalina Mazari Espín (PRI), Frida Celeste Rosas Peralta (PRI) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de ocho diputados, por lo que no hubo el quórum reglamentario para llevar a cabo la reunión.
Ordinaria del 28 de febrero de 2012
Presentes: Felipe Solís Acero, Presidente (PRI), Emiliano Velázquez Esquivel Secretario (PRD), Gastón Luken Garza (PAN), Julio Castellanos Ramírez (PAN), Agustín Carlos Castilla Marroquín (PAN), Reginaldo Rivera de la Torre (PRI), Sami David David (PRI), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), Heliodoro Díaz Escárraga (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), José Ricardo López Pescador (PRI), José Luis Jaime Correa (PRD) y Pedro Vázquez González (PT), siendo un total de trece diputados.
Justificaciones: Frida Celeste Rosas (PRI).
Asuntos tratados
Se aprobaron las actas de las reuniones del 9 de noviembre, 13 de diciembre (ordinaria) y 13 de diciembre (extraordinaria) del 2011.
Se dio cuenta con el Informe sobre los avances del Grupo de Trabajo en Conferencia, integrado por legisladores de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado y de la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, mismo que fue aprobado por unanimidad.
Se acordó realizar las gestiones necesarias para elaborar una segunda edición del “Reglamento Comentado” a cargo, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
VII. Documentos, opiniones e informes generados
La comisión elaboró una versión comentada del Reglamento de la Cámara de Diputados para divulgar los contenidos del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dicho trabajo fue realizado y estuvo prácticamente concluido durante los primeros meses del período que comprende este informe, pero el cambio en la presidencia de la comisión, aprobado por el pleno el 11 de octubre de 2011 y la necesidad de atender asuntos urgentes como el relativo al dictamen concerniente a la medalla Eduardo Neri, provocaron un retraso en la revisión de los materiales del Reglamento comentado por la nueva presidencia de la comisión y de pronto, de manera sorpresiva, en diciembre de 2011 la Mesa Directiva hizo circular ejemplares impresos de dicho reglamento que corresponde al que fue elaborado en la comisión.
La edición aparece como si lo fuera de la Comisión de Régimen tiene un pie de imprenta fechado “octubre de 2011”; contiene un prólogo firmado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández que se fecha en agosto de 2011 y una presentación suscrita por Emilio Chuayffet Chemor, quien asumió la Presidencia de la Mesa Directiva en septiembre, con lo cual parecería que se trata de una edición impresa durante la anterior presidencia de esta comisión.
Sin embargo, la propia edición contiene la lista de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, actualizada a finales de noviembre, lo que muestra claramente que esta edición, que no fue ordenada ni auspiciada por esta comisión, se elaboró por instancias ajenas a ésta, utilizando materiales elaborados por ella y su grupo de asesores, pero sin que se hubiera recabado ni la autorización ni el visto bueno de la presidencia de la comisión y de sus integrantes.
Esta comisión quiere dejar la constancia correspondiente al respecto.
Se elaboraron fichas técnicas, opiniones y antecedentes sobre los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, a efecto de estar en posibilidades de llevar a cabo su dictamen.
La comisión elaboró una nota técnica sobre el proceso de entrega de la medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, la que se distribuyó a los integrantes de la comisión, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente en la materia.
También, en razón de la expedición del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados vigente desde el 1 de enero de 2011, se observó la necesidad de realizar adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso, con el objeto de actualizar su estructura y funcionamiento al esquema jurídico con el que se elaboró el Reglamento; así como actualizar la regulación de la Comisión Permanente, pues con la emisión de los reglamentos en cada Cámara, no se modificó el Reglamento para el Gobierno Interior respecto a esta materia ni en cuanto a las sesiones de Congreso General.
Por lo anterior, se elaboró un informe de actividades del grupo de trabajo para las reuniones en conferencia que participará con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado en la elaboración de las adecuaciones del marco jurídico del Congreso, en el cual se detallan las diferentes actividades y avances de los trabajos, mismo que será remitido a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
Se realizó un documento que contiene la propuesta de reglamentación para el funcionamiento de la Comisión Permanente.
Finalmente, la comisión elaboró diversas fichas técnicas de los asuntos turnados y en particular de aquellos que fueron dictaminados durante el periodo de que se informa.
VIII. Grupos de trabajo y avance en el cumplimiento de sus tareas
Esta comisión, con fundamento en los artículos 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, continúa funcionando con
I. Una junta directiva, integrada por el presidente y dos secretarios.
II. Grupo de Trabajo de Reformas Constitucionales.
III. Grupo de Trabajo de Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Grupo de Trabajo de Reformas a Reglamentos.
V. Grupo de Trabajo para las Reuniones en Conferencia que participará con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado en la elaboración de las adecuaciones del marco jurídico del Congreso.
Todos los grupos han continuado con el estudio de los diversos asuntos que se les han turnado, dentro de su área de competencia a efecto de procesar sus propuestas de dictamen.
El último grupo de trabajo creado se instaló formalmente el 3 de octubre de 2011 y quedó integrado de la siguiente manera: con los presidentes de ambas comisiones, senadora Rosalinda López Hernández y diputado Jesús María Hernández Rodríguez, así como con los senadores Héctor Pérez Plazola y Rafael Ochoa Guzmán y con los diputados Heliodoro Díaz Escárraga, Agustín Castilla Marroquín, José Luis Jaime Correa, Carlos Alberto Ezeta Salcedo y Pedro Vázquez González.
Dicho grupo de trabajo se formó por acuerdo de ambas Cámaras y con el único objetivo de elaborar de las adecuaciones del marco jurídico del Congreso.
IX. Asuntos generales resueltos o atendidos
1. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la información que difunda el Canal del Congreso se traduzca simultáneamente a lengua de señas mexicanas, o se subtitule con palabras en español.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 312 votos en pro, el jueves 8 de septiembre de 2011 y turnado a la Cámara de Senadores.
2. Proyecto de decreto que expide los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 344 votos en pro y 1 abstención, el jueves 29 de septiembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 3 de octubre de 2011.
3. Proyecto de decreto por el que la LI Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913 al doctor José Sarukhán Kermez.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 387 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención, el martes 25 de octubre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 26 de octubre de 2011.
4. Puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictaminada en sentido negativo el martes 8 de noviembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
5. Puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis y reforma el 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictaminada en sentido negativo el martes 8 de noviembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
6. Puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictaminada en sentido negativo el martes 8 de noviembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
7. Puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictaminada en sentido negativo el martes 6 de diciembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
8. Puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dictaminada en sentido negativo el martes 6 de diciembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
9. Puntos de acuerdo por los que se desechan tres iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictaminada en sentido negativo el martes 6 de diciembre de 2011. Se considera asunto totalmente concluido.
10. Proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio al diverso por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2006.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 271 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones, el jueves 8 de diciembre de 2011 y aprobado en la Cámara de Senadores con 69 votos en pro y 2 en contra, el jueves 8 de diciembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 12 de diciembre de 2011.
11. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 304 votos en pro, el martes 7 de febrero de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 8 de febrero de 2012.
12. Puntos de acuerdo por los que se desechan veintiséis iniciativas con proyecto de decreto en materia de letras de oro e inscripciones de honor.
Dictaminada en sentido negativo el martes 27 de marzo de 2012, se consideran asuntos totalmente concluidos.
X. Documentos diversos y publicaciones generadas
La comisión ha procesado una versión comentada del Reglamento de la Cámara de Diputados y que se encuentra disponible para su difusión.
Asimismo, una coedición de Derecho constitucional comparado, itinerarios de investigación, libro del autor italiano Lucio Pegoraro, con la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, SC.
XI. Otras actividades desarrolladas por la comisión: foros, audiencias, consultas, seminarios
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dimos a la tarea de organizar el diplomado Derecho, instituciones y procesos legislativos, realizado del 22 de julio, al 12 de noviembre del 2011, tratando entre otros temas: regímenes políticos y regímenes parlamentarios; sistemas electorales, y formas de representación parlamentaria, estructura y proceso legislativo; estrategias para la productividad legislativa, las funciones presupuestal económica y de control, así como fiscalización del Congreso y reforma del Estado y reforma parlamentaria y se dirige tanto a legisladores interesados en el tema y a la población en general.
En términos generales, la realización del diplomado en mención ha tenido como propósito compartir con los interesados el análisis de manera integral del Poder Legislativo, el conjunto de sus normas, usos y prácticas que condicionan su funcionamiento y metodológicamente el uso del derecho comparado para conocimiento de los diversos regímenes políticos mundiales, así como sus procesos de cambio respectivos.
Se llevó a cabo la presentación del libro Derecho constitucional comparado, itinerarios de investigación, del autor italiano Lucio Pegoraro, con la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, SC, la cual fue moderada por el diputado Felipe Solís Acero, y realizada por su autor Lucio Pegoraro, doctor en derecho, codirector de la revista de derecho público comparado Comparative Public La Review, y miembro del Comité de Dirección de la revista Distrito Pubblico Comparato ed Europe, en la que participaron como comentaristas el doctor Lorenzo Córdova Vianello, el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, (PRI), el diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN) y el diputado José Luis Jaime Correa (PRD).
XII. Ejercicio presupuestario
De acuerdo con los principios de transparencia, control y austeridad del gasto, que concurren en la Cámara de Diputados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXI Legislatura ha ejercido mensualmente el fondo fijo para sufragar los gastos inmediatos que surgen en el desempeño de las actividades legislativas.
Los recursos han sido ejercidos de manera íntegra en la adquisición de materiales necesarios para el trabajo de la comisión.
Por lo que concierne al rubro de “gastos de operación”, las comisiones reciben recursos financieros de conformidad con el presupuesto anual autorizado a la Cámara. En tal sentido en la comisión, desde el inicio de la legislatura este recurso se ha ejercido de manera íntegra; por lo que se informa que en este ejercicio presupuestal se ha cumplido cabalmente con el ejercicio de los recursos y se debe destacar que la comisión se dio a la tarea de reducir el gasto para acumular mensualidades y con ello estar en posibilidad de realizar, próximamente, material de divulgación legislativa y parlamentaria; cuya finalidad sea proporcionar información que contribuya a la labor legislativa de los diputados en la LXI Legislatura.
En cuanto a la plantilla de personal y administración de recursos materiales, estos han sido llevados según la normativa presentada por las autoridades de la Cámara de Diputados, siempre respetuosos de la situación actual, por lo que se determinó el no realizar gastos innecesarios, obedeciendo a los principios de austeridad y control del presupuesto.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Diputados: Felipe Solís Acero (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretarios; Sami David David (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Frida Celeste Rosas Peralta (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Gastón Luken Garza (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez, Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, quinto semestral de actividades, correspondiente al periodo 1 de septiembre de 2011-29 de febrero de 2012
I. Introducción y fundamento legal
De acuerdo con el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con los artículos 158, fracción III; 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones ordinarias de esta honorable Cámara de Diputados tienen, entre otras, la tarea de rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. En cumplimiento con lo establecido en dichas disposiciones, la Comisión de Transportes presenta el informe de actividades correspondiente al primer semestre del tercer año de labores de la LXI Legislatura.
El documento refleja la dinámica que caracteriza los trabajos de la comisión, principalmente en la regulación de los sistemas de transporte carretero, ferroviario, aéreo y marítimo, donde se manifiesta la valiosa participación de todos los Diputados miembros, quienes han aportado sus conocimientos y experiencia para atender, resolver y dictaminar, las iniciativas, minutas y proposiciones que le han sido turnadas a la Comisión, contribuyendo así a la creación y reforma de la legislación en las materias mencionadas, con el propósito de adecuarlas a la realidad económica y social del país.
En la Comisión de Transportes también se refleja la pluralidad que existe al interior de la honorable Cámara de Diputados, siendo la distribución de los integrantes, por grupo parlamentario, de la manera siguiente: PRI, 13; PAN, 10; PRD, 3; PVEM, 1; PT, 1.
Cabe mencionar que el 25 de noviembre de 2011, el diputado Guillermo Cueva Sada se incorporó a la comisión en sustitución del diputado Juan José Guerra Abud; posteriormente, el 9 de febrero de 2012, la diputada Olga Luz Espinoza Morales fue sustituida por la diputada Celia García Ayala, quedando integrada la comisión como se muestra enseguida:
Diputados: Javier Gil Ortiz (PRI), presidente; Pedro Ávila Nevárez (PRI), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (PRI), Benjamín Clariond Reyes Retana (PRI), Paula Angélica Hernández Olmos (PRI) Silvio Lagos Galindo (PRI), Francisco Lauro Rojas San Román (PRI), Cuauhtémoc Salgado Romero, (PRI), José Antonio Arámbula López (PAN), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), Celia García Ayala (PRD), Guillermo Cueva Sada (PVEM), secretarios; Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI), Sergio Octavio Germán Olivares (PAN), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), Samuel Herrera Chávez (PRD), Sergio Lobato García (PRI), María Elena Perla López Loyo (PRI), César Mancillas Amador (PAN), Hugo Héctor Martínez González, (PRI), Carlos Martínez Martínez (PAN), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (PT), Adolfo Rojo Montoya (PAN), Leobardo Soto Martínez (PRI), Ignacio Téllez González (PAN), Ricardo Urzúa Rivera (PAN), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN).
II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la comisión durante la LXI Legislatura
Observando lo dispuesto por el artículo 165, numeral 3, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se incluyen en los anexos 1 y 2 de este informe, las listas de iniciativas y minutas pendientes de la LXI Legislatura, turnadas a la Comisión de Transportes, y de iniciativas y minutas dictaminadas de la LXI Legislatura, turnadas a la Comisión de Transportes, respectivamente.
Asimismo, se incluye el anexo 3 que corresponde a la lista de puntos de acuerdo de la LXI Legislatura, turnados a la Comisión de Transportes.
Los anexos mencionados contienen información pormenorizada sobre la fecha de recepción, nombre de Legislador que inició el proyecto, trámite dictado por la Mesa Directiva y el estado preciso que guardan, así como una síntesis de su contenido. (Los anexos se encuentran en el portal de la comisión)
I.1. Actividades de la comisión
Durante el primer semestre del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura se celebraron 2 reuniones ordinarias de trabajo con distintos sectores interesados en los sectores de transportes e infraestructura, entre los que destacan los representantes de los sectores logísticos del país y de organizaciones de la industria automotriz.
Por otro lado, se trabajó en la distribución equitativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, contando con la presencia de los Gobernadores de todas las entidades federativas del país, sus secretarios y obras y de finanzas, así como con la participación de diversos legisladores, que si bien no forman parte de la Comisión, contribuyeron activamente en la incorporación de los proyectos del ramo.
A su vez, del 1 de septiembre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 fueron turnados a esta Comisión 25 asuntos, de los cuales corresponden 14 iniciativas, así como 4 minutas del Senado de la República; además de 7 puntos de acuerdo.
Asuntos Recibidos durante el Primer Semestre del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura
Iniciativas, 14
Minutas del Senado, 4
Puntos de Acuerdo, 7
De las 18 minutas e iniciativas recibidas, se dictaminaron 7 iniciativas, habiendo cubierto con el 39 por ciento del total de iniciativas y minutas turnadas a la comisión en este semestre. Además, se atendieron 2 puntos de acuerdo.
Por otro lado, cabe señalar que de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecharon 3 iniciativas por haber precluido el plazo para emitir dictamen; asimismo, de conformidad con el artículo 184, del mismo ordenamiento, se desecharon 12 puntos de acuerdo, los cuales se tienen como asuntos total y definitivamente concluidos desde el 16 de febrero de 2012.
Cabe subrayar que en el semestre que se informa, la comisión aprobó 8 dictámenes1, los que a su vez fueron aprobados por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados. Es decir, el trabajo de la comisión se refleja en un promedio de 1 dictamen por mes en el periodo: Dictaminadas 47 por ciento. Pendientes 53 por ciento.
Los trabajos de la Comisión de Transportes han permitido que del total de asuntos turnados en esta LXI Legislatura por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tengan un avance de 68 por ciento, al llegar a un total de 22 iniciativas atendidas, así como 5 minutas del Senado y 22 proposiciones con punto de acuerdo que han sido abordados por la Comisión de Transportes durante el encargo de esta Legislatura. Lo anterior se resume de la manera siguiente:
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo
En el marco del programa de trabajo de la Comisión de Transportes para el tercer año de ejercicio en la LXI Legislatura, los diputados integrantes encaminaron sus esfuerzos de análisis y discusión con objeto de avanzar hacia un marco jurídico acorde con la realidad internacional, que promueva el desarrollo de la infraestructura y del transporte a largo plazo. Para ello, los trabajos se encaminaron en tres de las principales materias de la comisión, es decir, transporte ferroviario, carretero y marítimo.
• Se llevaron a cabo para el desahogo de los asuntos competencia de la Comisión de Transportes, reuniones ordinarias, así como diversas reuniones de trabajo con organizaciones y representantes del sector ferroviario para impulsar mejoras en la legislación de ese sector, procurando su desarrollo con mayor eficiencia, a la vez que se buscó dotarlo de mayor certidumbre jurídica y por consecuencia, económica a través de un panorama seguro para sus inversiones.
• Por lo que corresponde al sector de transporte terrestre, la comisión avanzó en la solución a distinto problemas que persisten en nuestro país, para lo cual se analizaron las tarifas de peaje que pagan las motocicletas en las vías de jurisdicción federal, resolviendo que para procurar un trato más justo a los usuarios de esta clase de transporte, se reduzca la tarifa a la mitad de lo que pagan los automóviles.
• En el mismo sentido, los miembros de la Comisión de Transportes trabajaron en reconocimiento de la importancia de fomentar la seguridad vial, toda vez que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que el mal uso de la infraestructura vial y de los medios de transporte, sumado a la falta de mecanismos para la prevención de accidentes son un importante problema de salud pública para los países en desarrollo. Por ello, en el marco del Decenio para la Seguridad Vial 2010-2020, se busca alentar y fortalecer las acciones emprendidas por el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, la industria automotriz y por la sociedad en general, para prevenir y reducir los accidentes de tránsito.
• Por otro lado, la junta directiva de la comisión llevó a cabo diversas reuniones con el propósito de continuar los esfuerzos para reformar la Ley de Puertos y lograr una legislación moderna que derive en procesos transparentes y eficientes para elevar la competitividad de los puertos nacionales y propiciar mejores beneficios para los sectores que dependen de esas actividades.
• Uno de los esfuerzos más notables por parte de la Comisión de Transportes en el periodo que se informa fue el debate para la formulación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 en el Ramo 9 de Comunicaciones y Transportes, particularmente en lo relacionado a infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.
Estos trabajos implicaron múltiples reuniones durante los meses de octubre y noviembre, obteniendo resultados muy positivos, como se describe a continuación:
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes
Infraestructura carretera
En el mismo periodo que se informa, los miembros de esta comisión participaron activamente para formular la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 en materia de infraestructura carretera, en el que se logró aprobar un incremento de 13 mil 993.6 millones de pesos a la propuesta original del Ejecutivo.
Dentro de este incremento, destaca la preocupación de los miembros de la Comisión de Transportes por facilitar los medios de comunicación e interconexión entre las comunidades rurales y la construcción de carreteras alimentadoras, permitiendo la integración regional de la población y generando el desarrollo económico local de las comunidades que más lo necesitan, para lo cual se incrementó el presupuesto contemplado en el proyecto original en 10 mil 77.5 millones de pesos, lo que representa el 72 por ciento del incremento total logrado.
Asimismo, se incrementó en mil 622 millones de pesos la propuesta original para conservación de caminos rurales, pasando de 600 millones a 2 mil 222 millones de pesos, considerando que el apoyo a los productores agrícolas y a la población rural es prioritario para contribuir al desarrollo equitativo de las distintas regiones del país y detonar su potencial económico.
También el programa de Construcción y Modernización se vio favorecido por un incremento de 4 mil 978.3 millones de pesos para un monto de 23 mil 675.3 millones, lo que representa el 48 por ciento de los recursos aprobados para el presupuesto de infraestructura carretera para 2012.
Lo anterior es muestra del cumplimiento de la responsabilidad que los miembros de la Comisión de Transportes tienen con el desarrollo económico y social de nuestro país para lograr la integración de los medios de comunicación en todas las regiones del territorio favoreciendo la construcción de infraestructura en las zonas rurales, sin descuidar el desarrollo de proyectos de mayores dimensiones y el mantenimiento y conservación de las vialidades existentes.
De tal manera, las variaciones al proyecto del Ejecutivo federal aprobadas por la Cámara se reflejan por entidad federativa, de la siguiente manera:
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
Inversiones por estado (millones de pesos)
Cabe mencionar que durante los trabajos de la Comisión de Transportes, también se logró un incremento al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2012 por 480 millones de pesos destinados a la Infraestructura Ferroviaria, Portuaria y Aeroportuaria, con lo que el monto aprobado para este concepto asciende a 4 mil 519.9 millones de pesos.
Entre los proyectos de infraestructura ferroviaria que se favorecieron con el incremento mencionado se encuentran el financiamiento a la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, al pasar de mil millones a 2 mil millones de pesos; la reubicación de la Terminal Ferroviaria de Durango y su interconexión con una terminal multimodal, al cual se le asignaron 400 millones de pesos; el Proyecto y Derecho de Vía del Tren interestatal Puebla-Apizaco con 250 millones de pesos; y el Análisis de factibilidad técnica y económica del Tren Ligero Guadalajara-Zapopan por 200 millones de pesos, entre otros.
Por lo que corresponde a los proyectos de infraestructura económica de aeropuertos, destacan las asignaciones al Aeropuerto Regional de Creel por 120 millones y para la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. En el caso de los proyectos de infraestructura económica de puertos, se hicieron esfuerzos por asignar un incremento de 450 millones de pesos más de lo propuesto por el Ejecutivo Federal entre diversos proyectos de construcción, modernización y ampliación en instalaciones portuarias que no estaban contemplados en el proyecto original.
Infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria
1/ Para el financiamiento de la Línea 12 del Metro y la obra complementaria.
IV. Reuniones celebradas
En el semestre que se informa, la Comisión de Transportes celebró 2 reuniones ordinarias.
IV.1. Asuntos tratados en cada reunión:
1) 20 de septiembre de 2011. Reunión de Trabajo. Presentación, análisis, discusión y dictamen de:
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que las motocicletas paguen el 50 por ciento del peaje que pague un automóvil cuando circulen en autopistas de jurisdicción federal.
2) 29 de noviembre de 2011. Reunión de trabajo. presentación, análisis, discusión y dictamen de:
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se convoque a realizar mesas de trabajo para que de manera precisa se informen los detalles del proyecto carretero denominado “Arco Sur”, sus afectaciones ambientales en la zona y que se propongan soluciones al citado problema.
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revise la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración del puerto de Zihuatanejo y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto.
• Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para establecer obligaciones más firmes para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que cumpla con la vigilancia y el mantenimiento que garanticen la permanencia del derecho de vía ferroviario.
• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37 y 70 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para promover políticas y programas de educación vial por parte de los gobiernos Federal, estatales y municipales, para prevenir accidentes y mejorar las prácticas de seguridad vial.
V. Documentos, opiniones e informes generados
V.1. Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 33 y el primer párrafo del 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Iniciativa presentada por el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del PRI, el 22 de noviembre de 2007.
Aprobado en la Cámara de Senadores por 90 votos el 8 de octubre de 2009 y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Votado en la Comisión de Transportes con 20 votos a favor y 1 abstención el 28 de abril de 2011.
Aprobado en el pleno con 371 votos en pro, 4 en contra y 9 abstenciones, el 20 de septiembre de 2011.
Se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se contempla incluir en el artículo 33 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para el caso de los vehículos del servicio público federal de pasajeros, las categorías de turismo contempladas por la Organización Mundial de Turismo, considerando la necesidad de ajustar los servicios para aumentar las opciones de nuestro país en términos de calidad y fiabilidad, en reconocimiento de la importancia económica a nivel mundial que esta actividad reviste.
Al respecto, se propone que el servicio de autotransporte federal de turismo incluya las categorías que establece la Dirección General de Autotransportes Federal en el Reglamento correspondiente, en reconocimiento de la necesidad de que el servicio de autotransporte federal de turismo en nuestro país se brinde con calidad, eficiencia y seguridad, con los niveles que para el efecto determine la norma oficial correspondiente, de lo cual resulte un servicio de comparación mundial, por lo que se incluyen en la Ley las siguientes categorías:
• Turístico de lujo: Se prestará en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de sonido, cortinas, televisión y videocasetera. Los servicios turístico de lujo y turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por operadores turísticos.
• Turístico: Se prestará en autobús integral, del último modelo fabricado en el año en que ingrese al servicio, con límite en operación de diez años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de asientos reclinables, sanitario, aire acondicionado, equipo de sonido, cortinas, televisión y videocasetera. Los servicios turístico de lujo y turístico se prestarán asociados cuando menos a uno de los servicios complementarios relativos a hospedaje, alimentación, visitas guiadas y otros conceptos que formen parte de un paquete integrado por operadores turísticos.
• Excursión: Se prestará para uso exclusivo de un grupo de personas para realizar viajes de esparcimiento, de estudio, con fines deportivos, o para convenciones y negocios, sujeto a itinerario y horarios determinados por los contratantes. Este servicio podrá operarse con autobús integral o convencional, de hasta ocho años de antigüedad en el momento en que ingrese al servicio, con límite en operación de doce años, contados a partir del año de su fabricación.
• Chofer-guía: El permiso para operar el servicio de chofer-guía, autoriza a su titular para trasladar turistas por todos los caminos de jurisdicción federal, en vehículos tipo sedán o vagoneta, del último modelo fabricado en el año en que ingrese a la operación del servicio, con límite en operación de cinco años, contados a partir de la obtención del permiso, con capacidad máxima de nueve asientos, aire acondicionado y sonido ambiental. En el caso de la modalidad de chofer-guía se deberá presentar, credencial de guía de turistas general vigente.
Por otra parte, se incluye la obligación de portar cinturones para todos los ocupantes, sólo a los vehículos nuevos que sean entregados a los concesionarios a partir de la entrada en vigor del proyecto que se dictamina, como parte del Programa Nacional de Reordenamiento, Renovación y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios y o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.
En ese sentido se hace obligatorio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluya el programa que está vigente hace diez años, ya que continuar la modernización del autotransporte federal con los mismos lineamientos con que inició el programa, dejará fuera de su alcance las necesidades que actualmente experimenta el sector en relación con la seguridad y la calidad del servicio.
Por lo tanto, el Ejecutivo federal deberá dar por terminado el Programa de 2001 y sustituirlo por un nuevo Programa Nacional de Renovación, Reordenamiento y Regularización de Vehículos destinados al Autotransporte Federal, en el cual se considere que las unidades automotrices cumplan con las condiciones físicas, mecánicas y de seguridad que establezca esta ley y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
V.2. Proyecto de decreto por el que se garantizan los derechos de los usuarios de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales con relación a la venta de boletos anterior al inicio del proceso de quiebra.
Punto de acuerdo de la Cámara de Senadores, presentado el 14 de diciembre de 2010.
Turnado a la Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados.
Votado en la Comisión de Comunicaciones por 20 votos a favor y en la Comisión de Transportes por 21 votos a favor, el 27 de abril de 2011.
Aprobado en el pleno con 390 votos en pro y 2 abstenciones, el martes 27 de septiembre de 2011.
Se remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aun cuando los usuarios afectados por la suspensión del servicio de transporte aéreo comercial de la Compañía Mexicana de Aviación cuentan con mecanismos judiciales, administrativos y con diversos ordenamientos jurídicos que contienen hipótesis normativas que tutelan y posibilitan la reparación por los daños y perjuicios sufridos o que establecen la posibilidad del resarcimiento económico por la afectación patrimonial que sufre una persona, se plantea la expedición del decreto para que los mismos tengan preeminencia en sus quejas y denuncias penales, por el incumplimiento en la prestación de un servicio que incluso puede materializar un delito.
La Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su oficina central y de sus delegaciones en las entidades federativas, tomará las previsiones necesarias para recibir con oportunidad las quejas que los usuarios adquirientes de boletos de Compañía Mexicana de Aviación les presenten y con el conocimiento de tales quejas, la Procuraduría Federal del Consumidor acudirá ante la Procuraduría General de la República, en sus oficinas en el Distrito Federal o en las delegaciones que esta tiene en las entidades federativas, para que esta última, en su caso actúe de acuerdo a sus atribuciones.
Las acciones civiles derivadas de los daños y perjuicios ocasionados por la empresa podrán tramitarse y resolverse de manera subsidiaria, según lo juzguen pertinente los usuarios.
La Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría General de la República, estarán facultadas para imponerse y compulsar documentos e información de lo que conste en el procedimiento de quiebra y suspensión de pagos y en general de los procedimientos derivados del Concurso Mercantil.
Asimismo, la Secretaría de Economía, conforme a los procedimientos aplicables, determinará el monto que Compañía Mexicana de Aviación u otra compañía de transportación aérea resarcirá a los usuarios que adquirieron boletos, así como el procedimiento para hacer efectivo el reembolso o la utilización o intercambio de dichos boletos, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor.
V.3. Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Iniciativa presentada por el Diputado Alejandro del Mazo Maza del PVEM, el 25 de mayo de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes con 20 votos a favor y 1 abstención, el 20 de septiembre de 2011.
Aprobado en el pleno con 367 votos en pro y 3 abstenciones, el martes 11 de octubre de 2011.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es necesario señalar que los concesionarios de autopistas en nuestro país desarrollan un esquema de negocio basado en la tarifa promedio máxima fijada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad que ha tenido especial cuidado en fijar ese límite con base en las características de la vía, en las condiciones económicas de la zona de que se trate y con la capacidad de pago demostrada por los diferentes segmentos del mercado.
No debe soslayarse que el pago de la tarifa de peaje por el uso de la infraestructura carretera es necesario, toda vez que los recursos obtenidos por este concepto se utilizan para el pago de la inversión, operación y mantenimiento de las autopistas, con el objeto de que el concesionario esté en condiciones de proporcionar un servicio de calidad.
Al respecto, las tarifas de peaje para cada tipo de vehículo se determinan por los costos derivados de la prestación de servicios carreteros. Los costos de administración, operación (que incluye señalización, comunicación, servicio médico, pintura, grúas, seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección de cuotas, etcétera.) y obligaciones fiscales, son asignados de manera uniforme entre los diferentes tipos de usuarios. Los costos de mantenimiento mayor y menor y los costos de modernización de las autopistas, sin embargo, se asignan por el factor de daño que los vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las autopistas.
Al respecto, aunque en la mayoría de los casos el desgaste de las carreteras es proporcional al número de ejes por la relación de éstos con el peso de los vehículos, este argumento no aplica para el caso de las motocicletas, pues éstas cuentan con 2 ejes al igual que los automóviles, camionetas pickups y vagonetas, en cuyo caso todos pagan una misma tarifa de peaje, lo que resulta injusto e inequitativo.
A pesar de que las motocicletas tienen el mismo número de ejes que los autos, pickups y vagonetas, éstas desgastan menos las autopistas, debido a que tienen un peso menor; porque el material de los neumáticos de las motos, al ser más blando, desgasta menos que los neumáticos del resto de los vehículos y porque el área de contacto entre la superficie de las carreteras y los neumáticos de las motos es menor que el área de éstas con los neumáticos de los automóviles o vagonetas, lo que reduce en 70 por ciento el área de contacto contra el pavimento, con un peso promedio de 300 kilogramos, mientras que el de un automóvil es de mil 500 kilogramos.
En consideración de lo anterior, se actualiza el marco jurídico para que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal reconozca esos factores y se establezca una tarifa justa para las motocicletas que circulan por las autopistas de nuestro país, la cual será del cincuenta por ciento de lo que pague un automóvil, dando impulso al turismo nacional e internacional, para todos aquellos viajeros que lo hacen a través de motocicletas, sin contar que también se agilizará el tránsito en estas vías de comunicación al favorecer el uso de vehículos de menores dimensiones en viajes cortos.
V.4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil.
Iniciativa presentada por el diputado Juan José Guerra Abud, del PVEM, el 19 de enero de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes por 20 votos a favor, el 30 de marzo de 2011.
Aprobado en el pleno con 244 votos en pro, 5 en contra y 5 abstenciones, el jueves 17 de noviembre de 2011.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde la celebración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prácticamente todos los países del mundo se han involucrado en acciones y programas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y para reducir o evitar los impactos de los cambios que ya son inevitables. Para ello se han establecido dos grandes estrategias: la mitigación y la adaptación.
Para la instrumentación de las acciones de mitigación acordadas en la Convención, se adoptó en 1997 en Kioto, Japón, el Protocolo de Kioto, entrando en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Su naturaleza jurídica consiste en que es un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global. Asimismo, se busca cumplir este propósito atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que implica que aquellos países que han conseguido un alto nivel de desarrollo a costa de emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, deben realizar más acciones frente al fenómeno.
Por ello, en México se desarrollan ya múltiples acciones y programas encaminados a la mitigación de las condiciones que están acelerando el cambio climático. Estas iniciativas han sido promovidas y ejecutadas lo mismo por los diferentes niveles de gobierno que por el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior e instancias internacionales.
En ese sentido, se plantea incluir en la ley la obligación de impulsar a la eficiencia y tecnologías limpias, incluyendo las fuentes renovables para la generación de energía, la promoción del uso eficiente de energía en el ámbito de transporte aéreo; impulsar la adopción de estándares internacionales en materia de emisiones y mitigación de ruido y emisiones contaminantes de la aviación.
V.5. Proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
Iniciativa presentada por el diputado Alejandro del Mazo Maza, del PVEM, el 15 de junio de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes por 18 votos a favor y 2 en contra, el 29 de noviembre de 2011.
Aprobado en el pleno con 257 votos en pro y 5 en contra, el 15 de diciembre de 2011.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario regula la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.
No obstante lo anterior, la comisión reconoció la necesidad de otorgar mayor certeza a los inversionistas privados y de fortalecer la seguridad de los pasajeros y de las mercancías que se transportan por ese medio.
Bajo ese tenor, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, tiene entre sus atribuciones la de recibir el aviso de invasiones que se realicen en el derecho de vía ferroviario con el propósito principal de que se preserve y conserve ese derecho de vía que es propiedad del gobierno federal, asimismo, de garantizar que los servicios ferroviarios se realicen en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia coadyuvando a elevar la seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario, buscando con ello tanto la protección para el usuario como la satisfacción del interés público.
Es por ello que con la reforma, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá a su cargo la verificación de que tanto el derecho de vía, como los servicios públicos de transporte ferroviario cumplan con las disposiciones aplicables, a fin de otorgar certeza y seguridad continua a los usuarios del servicio de transporte ferroviario, toda vez que, como se ha dicho, el aviso al que están obligados los concesionarios, sólo tiene ese carácter informativo, por lo que en caso de una invasión a esa área, que represente un peligro para la prestación del servicio, los concesionarios no pueden proceder de manera alguna, al ser una zona de jurisdicción federal.
Cabe señalar que el uso indebido del derecho de vía por asentamientos humanos irregulares pone en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. Además, el crecimiento de las ciudades por falta de un adecuado ordenamiento territorial, ha provocado una importante demanda de espacios para viviendas, que, al no tener otra alternativa, invaden el derecho de vía, lo cual constituye un problema que las entidades federativas no tienen capacidad de regular y que, por tanto, corresponde a la federación vigilar que tales factores no afecten la operación eficiente y segura del sistema ferroviario de nuestro país, para que, en caso de ser necesario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúe de manera expedita para garantizar el objeto de la ley.
V.6. Proyecto de Decreto que reforma los artículos 37 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Iniciativa presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, el 11 de octubre de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes por 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el 29 de noviembre de 2011.
Aprobado en el Pleno con 222 votos en pro y 85 en contra, el 15 de diciembre de 2011.
Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen reconoce que la mortalidad por colisiones en accidentes de tránsito tiene una enorme incidencia en todo el mundo. Se estima que cada año en el mundo mueren alrededor de 1.5 millones de personas por accidentes de tránsito en la vía pública, y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Además, hasta 50 millones de personas más resultan heridas y con traumatismos no mortales provocados por estos accidentes. Asimismo, se estima que sin la adecuada planeación, esas cifras aumentarían hasta en 65 por ciento en los siguientes 20 años, por lo que los accidentes de tráfico con vehículos automotores constituyen un grave problema de salud pública y revisten una crisis humanitaria de grandes proporciones.
Entre las principales causas de mortalidad en el país, los accidentes de tránsito con vehículos automotores ocupan el sexto lugar general, siendo la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años de edad y la segunda causa de orfandad en México, generando con ello un gasto anual para el sector salud por 126 mil millones de pesos para atender a las víctimas de accidentes. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio.
De frente a este panorama, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la década 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con la meta de estabilizar y reducir la mortalidad prevista por accidentes de tránsito para 2020.
La resolución pide a los Estados miembros que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes.
México, por ser integrante de la ONU, ha aceptado la invitación de asumir un papel de liderazgo en la realización de las actividades para incrementar la seguridad vial fomentando modalidades de colaboración multisectorial con el ámbito académico, el sector privado, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, determinando como objetivo mejorar las condiciones de salud de la población y estableciendo como meta específica reducir en 15 por ciento el número de muertes causadas por accidentes de tránsito de vehículos de motor en población de 15 a 29 años de edad.
Por ello, la Comisión de Transportes estimó viable adicionar un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de que no sólo las dependencias de la administración pública federal promuevan políticas y programas de educación vial sino que, además, los gobiernos estatales y los municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias puedan concurrir a la prevención de accidentes y a mejorar las prácticas de seguridad vial, reconociendo que gran parte de los accidentes en esta materia se presenta en sus jurisdicciones.
V.7. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convoque a mesas de trabajo, para informar los detalles del proyecto carretero “Arco Sur”
Proposición presentada por el diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del PRD, el 13 de septiembre de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes por 21 votos a favor, el 29 de noviembre de 2011.
Aprobado en el pleno en votación económica, el 8 de diciembre de 2011.
Remitido a la Secretaría de Gobernación.
La Comisión de Transportes considera que todo acto de autoridad se encuentra sujeto a las leyes respectivas, por lo que el llevar a cabo el debido cumplimiento de los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones en predios y en la vía pública, garantiza las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto. Así al tratarse de una facultad de la cual está dotada la autoridad, para su ejercicio debe cumplir con el imperativo de fundar y motivar sus determinaciones, en acatamiento al principio de legalidad previsto en el Artículo 16 Constitucional, lo cual tiende a eliminar la posibilidad de que establezca arbitrariamente sus actos, ya que al efecto deberá describir claramente los hechos concretos que concurran en cada caso y sus efectos en beneficio o perjuicio de la colectividad, apoyándose en dictámenes técnicos, disposiciones legales o cualquier otro medio idóneo.
En ese sentido, resulta necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en particular la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tendrá la responsabilidad del desarrollo del proyecto, convoquen a realizar mesas de trabajo, en donde participen los representantes de los pueblos originarios afectados de las delegaciones políticas del gobierno del Distrito Federal de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; diputados federales, diputados locales de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que de manera precisa se dé a conocer el proyecto carretero denominado, “Arco Sur”, sus afectaciones ambientales en la zona y que se lleven a cabo soluciones al citado problema.
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se convoque a realizar mesas de trabajo, en donde participen los representantes de los pueblos originarios de las delegaciones políticas del gobierno del Distrito Federal de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; diputados federales, diputados locales de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que de manera precisa se informen los detalles del proyecto carretero denominado “Arco Sur”, sus afectaciones ambientales en la zona y que se propongan soluciones al citado problema.
V.8. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a revocar el título de concesión otorgado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV
Proposición presentada por el diputado Armando Ríos Piter, del PRD, el 13 de septiembre de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes por 19 votos a favor y 1 abstención, el 29 de noviembre de 2011.
Aprobado en el pleno en votación económica, el 8 de diciembre de 2011.
Remitido a la Secretaría de Gobernación.
El 12 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Título de Concesión otorgado por el Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor de la empresa Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral, tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, ubicado en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como de la Barra de Potosí localizada en el municipio de Petatlán, ambos en el estado de Guerrero.
Por virtud del Título de Concesión en cita, la empresa Fonatur está facultada a promover la sustitución de los Títulos de Concesión, permisos o autorizaciones que se hubiesen otorgado con anterioridad, y que continúen en vigor al momento de la sustitución correspondiente, por contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios, y para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la legalización de las áreas, obras e instalaciones construidas por terceros de manera irregular en las áreas concesionadas.
No obstante, en fechas recientes, diversos grupos de ambientalistas, pescadores, estudiantes, pescadores ribereños y de pesca deportiva, lancheros, taxistas, hoteleros, restauranteros y población en general, manifestaron su oposición a la concesión y empezaron la defensa del espacio, generando protestas en las diferentes vialidades de los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, quienes argumentan que el proyecto privatiza los espacios y deja fuera al sector pesquero y al de prestación de servicios turísticos, además de que a su juicio, dañaría la flora y fauna de estos dos espacios.
Asimismo, los grupos inconformes argumentan que existen elementos para solicitar la revocación de la concesión, ya que Fonatur no ha cumplido con la presentación del plan maestro a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como tampoco el plan anual operativo.
En ese sentido, la Comisión de Transportes considera imperativo que el desarrollo turístico, entendido como una actividad motriz de la economía, debe influir inmediatamente en el bienestar de los habitantes y en su calidad de vida, por lo que la modernización de un destino tan importante para la región costera del estado de Guerrero, como lo es Zihuatanejo, debe converger con las capacidades de los sectores de su población, en razón de lo cual, los tres niveles de gobierno deben velar por la inclusión de la sociedad con un objeto productivo.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revise la situación de los grupos de pescadores y prestadores de servicios inconformes con el desarrollo del proyecto concesionado a Fonatur Operadora Portuaria, SA de CV, para la administración portuaria integral tanto del recinto portuario correspondiente al puerto de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, en Zihuatanejo de Azueta, como de la Barra de Potosí, en Petatlán, Guerrero, y se determine su posible incorporación al desarrollo de dicho proyecto portuario.
VI. Subcomisiones o grupos de trabajo integrados
Para el correcto desempeño de su encargo, desde su instalación, la Comisión de Transportes acordó integrar 7 Subcomisiones que se ocupan del análisis de asuntos específicos en el desarrollo del transporte de nuestro país, las cuales se establecieron atendiendo al interés de cada legislador respecto a una modalidad del transporte, así como a su experiencia profesional y procedencia regional. Estas subcomisiones son:
1. Subcomisión de Autotransporte Federal y Transporte Multimodal
Diputados integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, José Antonio Arámbula López, Alfredo Rodríguez Dávila, Guillermo Cueva Sada, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González, Carlos Martínez Martínez, Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo, Ifigenia Martínez y Hernández, Ángel Aguirre Herrera.
2. Subcomisión de Transporte Marítimo y Portuario
Diputados integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, Carlos Martínez Martínez, Ifigenia Martínez y Hernández, Adolfo Rojo Montoya, Óscar Román Rosas González, César Mancillas Amador.
3. Subcomisión de Transporte Ferroviario
Diputados Integrantes: Benjamín Clariond Reyes Retana, Jesús Gerardo Cortes Mendoza, Sergio Lobato García, Ifigenia Martínez y Hernández, Carlos Martínez Martínez, Silvio Lagos Galindo, Alfredo Rodríguez Dávila.
4. Subcomisión de Transporte Aéreo y Aeropuertos
Diputados Integrantes: Benjamín Clariond Reyes Retana, Paula Angélica Hernández Olmos, José Antonio Arámbula López, Alfredo Rodríguez Dávila, Guillermo Cueva Sada, Silvio Lagos Galindo.
5. Subcomisión de Infraestructura Norte
Diputados Integrantes: Samuel Herrera Chávez, Hugo Héctor Martínez González, Celia García Ayala, Adolfo Rojo Montoya, César Mancillas Amador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
6. Subcomisión de Infraestructura Centro
Diputados Integrantes: Paula Angélica Hernández Olmos, José Antonio Arámbula López, Guillermo Cueva Sada, Sergio Octavio Germán Olivares, Ignacio Téllez González, Francisco Lauro Rojas San Román, Samuel Herrera Chávez.
7. Subcomisión de Infraestructura Sur
Diputados Integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Sergio Lobato García, Óscar Román Rosas González, Carlos Martínez Martínez, Ángel Aguirre Herrera, Silvio Lagos Galindo, Cuauhtémoc Salgado Romero.
VII. Aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración a la comisión
Durante el periodo que se informa, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados asignó a la Comisión de Transportes una dotación mensual de 35 mil 880 pesos para apoyar su operación, monto que se aprueba anualmente por la Junta de Coordinación Política, de conformidad con el presupuesto autorizado a la misma Cámara y se encuentra sujeto a comprobación.
Este presupuesto es utilizado por la comisión para apoyar la preparación de eventos y reuniones de la junta directiva y plenarias, audiencias y consultas con los sectores sociales interesados en el sector, con lo que ha sido posible también, contar con los servicios de alimentación.
Asimismo, una parte de este presupuesto operativo se destinó para la elaboración por parte de un organismo independiente del documento de análisis comparativo de la Ley de Puertos, el cual tuvo una importancia relevante para los miembros de la Comisión que han venido trabajando en las propuestas de reformas a dicho cuerpo normativo.
Por otro lado, se dispone de un fondo fijo, el cual representa una cantidad específica asignada a la Comisión por 9 mil 360 pesos. Se entrega mensualmente y está sujeto a comprobación. Este monto lo determina la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración y se repone mensualmente.
La partida mencionada se destina principalmente a apoyar las actividades del personal administrativo de la Comisión por medio de la compra de materiales y suministros que se requieren para el buen desempeño de sus actividades.
Además, como una contribución para facilitar y apoyar el desarrollo de la tarea legislativa, la Comisión recibe un apoyo mensual en vales para alimentos por 5 mil 440 pesos, cuyo monto autoriza la Junta de Coordinación Política y que han sido utilizados para la compra de alimentos para el personal que labora en esta comisión, compra de papelería y otros gastos menores.
Sin más por el momento, esta Comisión de Transportes, órgano deliberativo de esta LXI Legislatura, conforme a los fundamentos anteriormente citados, da cumplimiento en tiempo y forma de la entrega del primer informe semestral, correspondiente al tercer año legislativo, respecto a las actividades realizadas durante el periodo citado.
Atentamente
Diputado Javier Gil Ortiz (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Vivienda, de actividades concernientes al periodo septiembre de 2011-febrero de 2012
1. Presentación
El quinto informe de actividades de la Comisión de Vivienda de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados responde al mandato legal contenido en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dicha normativa establece que una de las tareas de la comisión es rendir un informe semestral de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Por ese motivo se presenta el quinto informe, que contiene la recopilación de las actividades llevadas a cabo en la comisión entre septiembre de 2011 y febrero de 2012.
El presente informe da cuenta de la integración actual de la comisión, de sus reuniones plenarias y de junta directiva, del trabajo legislativo y de las sesiones celebradas con los titulares de las instituciones y los organismos federales de vivienda de los diversos ámbitos de gobierno.
2. Integración actual
La Comisión de Vivienda se integra por 25 diputados de la LXI Legislatura a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, existiendo sustitución de algunos miembros y quedando integrada a la fecha de la siguiente manera:
Martín Rico Jiménez (Partido Acción Nacional) Presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (Partido Revolucionario Institucional), David Hernández Pérez (PRI), David Hernández Vallín (PRI), Adela Robles Morales (PRI), Leobardo Soto Martínez (PRI), Juan Pablo Escobar Martínez (PAN), Enrique Torres Delgado (PAN), J. Guadalupe Vera Hernández (PAN), Rigoberto Salgado Vázquez (Partido de la Revolución Democrática), Norma Leticia Orozco Torres (Partido Verde Ecologista de México, PVEM), Roberto Pérez de Alva Blanco (Nueva Alianza), Secretarios, José Óscar Aguilar González (PRI), Laura Arizmendi Campos (Convergencia), Gumersindo Castellanos Flores (PAN), Laura Itzel Castillo Juárez (Partido del Trabajo), Marcos Carlos Cruz Martínez (PRD), Marco Antonio García Ayala (PRI), Paula Angélica Hernández Olmos (PRI), Alfredo Francisco Lugo Oñate (PRI), José Luis Ovando Patrón (PAN), Pedro Peralta Rivas (PAN), Silvia Puppo Gastélum (PRD), Maricela Serrano Hernández (PRI), Sergio Tolento Hernández (PAN).
3. Iniciativas aprobadas
1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Proponente: Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).
Estado: Dictaminada. Aprobada. Gaceta 22 de febrero de 2011.
2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proponente: Alma Carolina Viggiano Austria (PRI).
Estado: Dictaminada. Aprobada. Gaceta 27 de abril de 2011.
3. Proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Proponente: Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD).
Dictaminada positiva por los diputados el 29 de noviembre de 2011.
4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.
Suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Vivienda.
Dictaminada positiva por los diputados el 29 de noviembre de 2011.
5. Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Proponente: Luis Carlos Campos Villegas (PRI).
Dictaminada positiva por los diputados el 29 de noviembre de 2011.
Iniciativas dictaminadas desechadas
6. Proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza).
Dictaminada. Desechada. Vivienda (13 de julio de 2011.)
7. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 49 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Jesús Ramírez Rangel (PAN).
Dictaminada. Desechada. Enviada a la Mesa Directiva. (3 de agosto de 2011)
8. Proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda.
César Daniel González Madruga (PAN).
Dictaminada. Desechada. Enviada Mesa Directiva (3 de agosto de 2011)
9. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
María de Lourdes Reynoso Femat (PAN).
Dictaminada. Desechada. Vivienda (13 de septiembre de 2011)
10. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza)
Dictaminada. Desechada. Enviada a la Mesa Directiva (3 de agosto de 2011)
11. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 6o. y 8o. de la Ley de Vivienda.
Cora Pinedo Alonso (Nueva Alainza).
Dictaminada. Desechada. Enviada a la Mesa Directiva (3 de agosto de 2011).
12. Proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Congreso de San Luis Potosí.
Estado: Negativo. Dictaminada. Desechada. Vivienda. (13 de julio de 2011)
13. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Código Civil Federal.
Clara Gómez Caro (PRI).
Dictaminada. Desechada. Vivienda (13 de julio de 2011)
14. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
José Luis Jaime Correa (PRD).
Dictaminada. Desechada. Vivienda (13 de julio de 2011)
4. Proposiciones atendidas
1. Punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se consideren recursos para atender la problemática de asentamientos humanos irregulares, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la adquisición de vivienda para los habitantes que se encuentren establecidos en zonas de alto riesgo en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Atendida con fecha 9 de marzo de 2010.
5. Proposiciones desechadas
1. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conavi, vigile el cumplimiento por parte de los Desarrolladores de Vivienda de la Normatividad relativa a la calidad de éstas.
Desechada (artículo 184, numeral 2) con fecha 20 de octubre de 2011.
2. Punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, a su vez, exhorte a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Hacienda y Crédito Público a dictaminar el proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social, presentada por el Ejecutivo federal en febrero de 2009.
Desechada (artículo 184, numeral 2) con fecha 20 de octubre de 2011.
6. Registro de reuniones de Junta Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura
Fecha: Reunión 13 de septiembre de 2011.
Asistentes: Cancelada.
Reunión 9 de febrero de 2012
Asistentes: 9 diputados.
7. Registro de reuniones Plenarias y de trabajo del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXI Legislatura
Fecha: Reunión 7 de septiembre de 2011.
Asistentes: 19 diputados.
Fecha: Reunión de trabajo 13 de septiembre de 2011.
Asistentes: 13 diputados.
Fecha: Reunión de trabajo con Conorevi, el 14 de septiembre de 2011.
Asistentes: 14 diputados.
Fecha: Reunión de trabajo con Infonavit, el 21 de septiembre de 2011.
Asistentes: Se pospuso.
Fecha: Reunión de trabajo con Fonhapo, el 28 de septiembre de 2011.
Asistentes: 10 diputados.
Fecha: Reunión de trabajo con Conavi, el 5 de octubre de 2011.
Se pospuso.
Fecha: Reunión con Conorevi y con el Centro de Investigación de Energía Solar de la UNAM, el 5 de octubre de 2011.
Asistentes: 22 diputados.
Fecha: Reunión 19 de octubre de 2011.
Asistentes: 14 diputados.
Fecha: Reunión 15 de noviembre de 2011
Asistentes: Se pospuso.
Fecha: Reunión 17 de noviembre de 2011.
Asistentes: 17 diputados.
8. Asistencia de reuniones de junta directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXI Legislatura.
Se adjunta documento en formato PDF.
9. Asistencia de reuniones plenarias del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXI Legislatura
Se adjunta documento en formato PDF
10. Resumen de reuniones de junta directiva
Fecha: Reunión 13 de septiembre de 2011.
Cancelada.
Fecha: Reunión 9 de febrero de 2012.
Con la asistencia de 9 diputados, se aprobaron las actas de las sesiones plenarias de la Comisión de Vivienda, celebradas el 19 de octubre y el 17 de noviembre de 2011.
Se analizaron los siguientes dictámenes:
• Dictamen a dos iniciativas con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentadas por los diputados Leobardo Soto Martínez y Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional.
• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional.
• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Laura Felícitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, presentada por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
• Dictamen de la Iniciativa que reforma el Artículo de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4,6 y 71 de la Ley de Vivienda a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
11. Resumen de reuniones plenarias y de trabajo
- Reunión del miércoles 7 de septiembre de 2011.
Con la asistencia de 19 diputados se llevó a cabo la lectura y aprobación del acta de la reunión ordinaria del 13 de julio de 2011.
Participación del arquitecto Pablo García del Valle y Blanco, vicepresidente ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Presentación y análisis de los siguientes proyectos de dictámenes:
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de vivienda y General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI.
• Dictamen a la Iniciativa que reforma el artículo 41 de la ley del instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI.
• Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Víctor Manuel Baez Ceja, del PRD.
- Reunión de trabajo el martes13 de septiembre de 2011.
Con la presencia de 13 diputados, se definieron los temas que se abordarán en el presente periodo de sesiones, se comentaron diversas opiniones referentes a las reformas a la Ley del Infonavit, se propuso convocar a una reunión de comisiones unidas con la de Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de dictaminar las iniciativas pendientes con esa comisión, de igual forma el Presidente de la Comisión de Vivienda comentó que se solicitará de manera oficial al Infonavit el estado que guarda la cartera vencida.
Otros temas comentados para tratar en el periodo de sesiones fueron:
• Analizar el Programa de Solución Integral de Fovissste, para rescatar derechohabientes cofinanciados desde 1987 a 1997 que por la volatilidad financiera se volvieron imposibles de pagar.
• Pedir mayor presupuesto en materia de vivienda.
• Solicitar la comparecencia con el representante de Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal.
• Tener una reunión de trabajo entre los integrantes de la Comisión de Vivienda con personal del Centro de Investigación de Energía de la UNAM, para que informen que es lo que se está haciendo en relación a la energía solar aplicada a edificaciones.
- Reunión de trabajo con Conorevi, el 14 de septiembre de 2011.
Con 14 diputados presentes, dentro de esta reunión estuvo presente el licenciado Antonio Revah Lacouture, presidente de Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda y diversos directores de Institutos de Vivienda de los estados quienes solicitaron al presidente de la comisión, poder ser considerados como asesores permanentes en los temas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Durante la presentación realizada por parte del presidente de Conorevi explicaron cómo está conformado este consejo y las actividades que realizan.
Al término de la reunión se propuso elaborar un convenio con Conorevi, para trabajar de manera conjunta como asesores permanentes en materia de vivienda.
- Reunión de trabajo con Infonavit 21 de septiembre de 2011.
Se pospuso.
- Reunión de trabajo con Fonhapo, el 28 de septiembre de 2011.
Con diez diputados asistentes, se llevó a cabo esta reunión, donde estuvo presente el licenciado Salvador López Orduña, director general de Fonhapo, en donde presentó los avances y retos de los programas de subsidios que aplica este organismo, a dicha reunión se contó con la asistencia de 10 diputados integrantes de la Comisión de Vivienda.
Dentro de la explicación presentada por el Director General del Organismo informó del avance de lo que se ha ido trabajando en relación al presupuesto 2012 tanto del programa Tu Casa, el cual tiene por objeto contribuir a los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda, el cual cuenta con cobertura nacional en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, donde busca focalizar el recurso en hogares ubicados en municipios clasificados por el Coneval con alto y muy alto rezago social y el del programa Vivienda Rural que tiene como objetivo contribuir a que los hogares en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda en localidades rurales e indígenas de hasta cinco mil habitantes.
- Reunión de trabajo con Conavi el 5 de octubre de 2011.
Se pospuso.
- Reunión con Conorevi y con el Centro de Investigación de Energía Solar de la UNAM, el 5 de octubre de 2011.
Con la participación de 22 diputados, se llevó a cabo la reunión con el Centro de Investigación de Energía Solar de la UNAM quienes propusieron incorporar en la Ley de Vivienda, los servicios de energía solar en viviendas para adecuar la edificación de viviendas al clima con criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, contribuyendo de esta manera a darle al pueblo de México una vivienda digna, confortable, benéfica a la economía familiar promotora de bienestar social sustentable eficiente, proveedora de agua sanitaria caliente y electricidad con energía solar y, posteriormente, se llevó a cabo la firma del documento de asesoría entre la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Conorevi como órgano consultor entre el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda.
- Reunión 19 de octubre de 2011.
En esta reunión asistieron 14 diputados donde se realizaron acuerdos para la elaboración de la opinión en materia de presupuesto que la Comisión de Vivienda entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se habló de impulsar un presupuesto en materia de vivienda de 100 mil millones de pesos donde será responsabilidad de la Comisión de Presupuesto el dar seguimiento al siguiente paso.
- Reunión del 15 de noviembre de 2011.
Se pospuso.
- Reunión del 17 de noviembre de 2011.
Con la presencia de 17 diputados, se aprobó el acta de la sesión del 7 de septiembre de 2011 y se realizó el análisis y votación de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.
12. Actas de las reuniones
Las actas siguientes se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria:
Relativa a la reunión ordinaria celebrada el miércoles 7 de septiembre de 2011.
Publicada en Gaceta Parlamentaria, número 3404, viernes 2 de diciembre de 2011.
13. Viajes realizados por integrantes
Viaje a Huatulco, Oaxaca, realizado por la Subcomisión de Vicios ocultos, el pasado 29 y 30 de septiembre de 2011, asistiendo los diputados Norma Leticia Orozco Torres del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Alfredo Lugo Oñate del Partido Revolucionario Institucional.
Este viaje fue realizado para visitar e inspeccionar la problemática que viven los vecinos del fraccionamiento Villas del Sol y Tagolaba II.
Atentamente
Diputado Martín Rico Jiménez (rúbrica)
Presidente
De la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, sobre el 56 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizado del lunes 27 de febrero al viernes 9 de marzo de 2012 en Nueva York
Atendiendo la invitación que por conducto del Instituto Nacional de las Mujeres, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Equidad y Género de ésta honorable Cámara de Diputados, recibí para representar a México en el 56 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer.
Es de precisar, que el periodo antes mencionado fue de carácter ordinario y dado la dinámica de rotación de los países en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, en esta ocasión México participó en calidad de observador. De conformidad con la resolución del Consejo Económico y Social, en su 56 período de sesiones la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tuvo como tema prioritario la cuestión titulada “La potenciación de la mujer rural y su papel en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los retos actuales”.
Dentro de las mesas de trabajo, se hicieron presentes las participaciones de diversas personas qué atienden cuestiones relativas a la defensa de los derechos de las mujeres. De acuerdo con el trabajo que han realizado los ponentes a través de los organismos a los que pertenecen, se arrojan cifras específicamente sobre la situación de las mujeres rurales. El propósito de este informe es comentar la problemática expuesta en la conferencia, a fin de emprender una serie de acciones estratégicas para lograr un ambiente equitativo entre mujeres y hombres en el entorno rural.
Se informó que las mujeres en las zonas rurales participan en todos los sectores de la agricultura y gran parte de su trabajo es remunerado. Se estima que dos tercios de los 400 millones de ganaderos pobres del mundo son mujeres. Las mujeres y los hombres rurales suelen implicarse simultáneamente en varias actividades (agricultura minifundista, trabajo agrícola y no agrícola asalariado y trabajo por cuenta propia) para ganarse el sustento. A veces tienen que cambiar de empleo según la estación o permanecer desempleados o subempleados durante un tiempo.
En las zonas rurales del África subsahariana, Asia meridional y Oceanía y, en particular, en las comunidades más pobres y menos educadas, la mortalidad materna es más alta donde el número de personal sanitario especializado es menor. Unas mil mujeres mueren cada día en el mundo debido a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto y el 99 por ciento de todas las muertes maternas se registran en los países en desarrollo. Las mujeres que dan a luz en zonas urbanas tienen el doble de probabilidades de ser atendidas por personal sanitario idóneo que las mujeres de las zonas rurales.
Las mujeres rurales no son un grupo homogéneo y sus circunstancias varían según su acceso a bienes de producción, sus capacidades, sus oportunidades y la medida en que tienen voz. Las viudas rurales corren más peligro de perder sus bienes de producción, como la tierra. Las mujeres pertenecientes a minorías o a las castas inferiores o las mujeres de clase baja tienen menos acceso que otras mujeres rurales a la atención sanitaria, la educación y el poder de adoptar decisiones. Con todo, las jefas de familias rurales que reciben apoyo masculino en forma de remesas o a través de redes sociales se encuentran en condiciones un poco mejores.
La situación de las mujeres de las zonas rurales es difícil. Aunque pueden aumentar su autonomía y poder en el seno de sus familias y comunidades por diversos medios (educación, ingresos propios, nuevas responsabilidades a raíz de la migración del cónyuge, la herencia de bienes y la participación en los procesos de adopción de decisiones en la familia y en la comunidad), siempre se ven limitadas en sus oportunidades por el contexto de desarrollo más amplio y a veces por factores locales específicos, como el aislamiento y la lejanía.
Los principales factores que limitan el empoderamiento económico de las mujeres son estructurales y están muy arraigados. Entre ellos se cuentan el contexto mundial de la producción y el comercio agrícolas, las nuevas tendencias demográficas mundiales, el aumento de la competencia por los recursos naturales y las políticas nacionales agrícolas y de desarrollo rural. En muchos países en desarrollo, la inversión en la elaboración de productos agrícolas de exportación ha dominado las políticas agrícolas en detrimento de la inversión en la producción para los mercados locales.
Sumando a lo anterior, la inestabilidad de los precios de los alimentos, el aumento de la competencia por los recursos naturales, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente son perjudiciales para los países en desarrollo y los países industrializados. Los países menos adelantados no suelen poder costearse seguros y otras medidas que mitigan las conmociones relacionadas con los precios y el clima. La lenta recuperación de la crisis financiera y económica está entorpeciendo el desarrollo rural en muchos países y poniendo en peligro el desarrollo económico, la estabilidad política y la paz y la seguridad en todo el mundo.
La seguridad alimentaria no se puede mejorar si no se remedian sistemáticamente las desigualdades de género en el desarrollo rural y las políticas agrícolas. La comunidad internacional contribuyó económicamente en asistencia para el desarrollo rural y el sector agrícola en años anteriores. No obstante, se sigue prestando una atención limitada a la igualdad entre los géneros y al empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales es un aspecto esencial de la solución de algunos de los más graves problemas mundiales actuales, a saber, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Asegurar los derechos jurídicos de las mujeres a la tierra y la propiedad y su acceso a los mercados es un componente indispensable de su empoderamiento económico y, con frecuencia, la base para la producción sostenible de alimentos. Sin embargo, en todas las regiones hay disparidades apreciables entre hombres y mujeres en materia de tenencia de tierras. Cuando las mujeres tienen acceso a la tierra, por vía de matrimonio, sucesión, programas de reforma agraria y los mercados de tierras, suele ser de peor calidad que la tierra a la que tienen acceso los hombres o que estos controlan.
Las normas y tradiciones culturales y las normas formales e informales de carácter discriminatorio a menudo limitan, excluyen o perjudican a las mujeres en lo que se refiere al acceso a la tierra o el control de la tierra, así como el acceso a financiación, servicios de extensión, información y nuevas tecnologías. En algunos países, las políticas oficiales y las reformas legislativas en materia de sucesión y matrimonio pueden aumentar la capacidad de las mujeres de acceder a recursos y controlarlos.
El acceso limitado de las mujeres a la tierra significa que tienden a poseer menos animales y animales más pequeños. Si bien las mujeres son tan eficaces como los hombres a la hora de obtener ingresos de los animales, a medida que la producción de alimentos se vuelve más comercial, las decisiones y los ingresos tienden a pasar a manos de los hombres, y las pequeñas empresas de propiedad de mujeres quedan marginadas, lo que puede hacer que las mujeres se vean forzadas a trabajar para otros agricultores.
La reforma agraria puede remediar las desigualdades de género en lo que respecta a las posesiones de tierras y bienes y se han alcanzado progresos en la tarea de asegurar que las mujeres tengan igualdad de derechos. Es necesario incrementar la capacidad de los gobiernos en los planos nacional y local a fin de reforzar las leyes en vigor, introducir nuevas reformas y reforzar la aplicación. Es posible que los funcionarios públicos destinados a zonas rurales remotas no sean conscientes de las leyes ni de su deber de aplicarlas. Es frecuente que las mujeres y los hombres rurales tengan escasa conciencia de sus derechos y un acceso limitado a los mecanismos de asistencia jurídica y apelación, lo que les impide ejercer sus derechos.
El acceso a los servicios financieros (crédito, ahorros, seguros y servicios de transferencia de remesas) es indispensable para el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Empero, las mujeres tienen menos acceso a tales servicios que los hombres.
Los servicios de divulgación agrícola proporcionan información sobre nuevas tecnologías, variedades de plantas y oportunidades comerciales, relacionadas generalmente con cultivos comerciables. Según los datos disponibles, existe un bajo porcentaje de los servicios de divulgación agrícola se prestan a agricultoras. Existe una gran demanda insatisfecha de servicios de divulgación que respondan a las necesidades de las agricultoras, por ejemplo respecto de cultivos que se utilizan y comercializan en el plano local, como el mijo, la mandioca y el sorgo. Muchas mujeres pobres poseen complejos conocimientos prácticos en materia de diversidad biológica en la agricultura, pesca, horticultura, silvicultura y salud.
La práctica de ayudar a las mujeres a acceder a mercados especializados de productos de gran valor y productos “de marca”, incluidos productos de comercio justo y productos ecológicos certificados, incrementaría sus oportunidades económicas y sus ingresos y responde al aumento de la demanda de productos frescos y ecológicos por parte de los consumidores.
El carácter informal de gran parte del empleo rural, unas normas y derechos laborales deficientes o la falta de normas y derechos, la aplicación deficiente de las leyes y los reglamentos nacionales y las instituciones sociales marcan el trabajo de las mujeres en las zonas rurales. Por ejemplo, la relación media entre mujeres y hombres que trabajan en negocios familiares es casi el doble en los países donde las mujeres carecen de derechos a poseer tierras que en aquellos donde las mujeres gozan de igualdad de derechos en ese sentido.
En aquellas regiones donde una proporción relativamente pequeña de la población trabaja a cambio de un salario, las mujeres tienen menos probabilidades de hacerlo que los hombres y más probabilidades de tener empleo a tiempo parcial, estacional y poco remunerado que los hombres. Las mujeres rurales son objeto de discriminación basada en el género, incluso en forma de acoso sexual, y sus derechos en cuanto embarazadas y madres son limitados o inexistentes.
Las pruebas reunidas en los países de ingresos medios y bajos muestran que hay una relación estrecha entre el acceso a la seguridad social y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Al mejorar la seguridad económica de las mujeres rurales y su acceso a los servicios esenciales, un mínimo de protección social puede incrementar el acceso de las mujeres rurales a la educación y su participación en el mercado de trabajo.
A veces la migración de las zonas rurales a las urbanas o internacional es la única opción viable para las mujeres rurales. La falta de oportunidades económicas, las prácticas culturales y la violencia contra la mujer, los sistemas autoritarios de control de la familia y la comunidad y las presiones familiares son las causas de la migración femenina. En los países de ingresos medios y altos, la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones, en combinación con el aumento del número de mujeres que trabajan en el sector público y la falta de servicios pediátricos y geriátricos financiados por el Estado, han creado una demanda de trabajadores locales o de trabajadores migrantes extranjeros, como trabajadores domésticos.
Con lo anterior, las mujeres migrantes corren riesgos y pueden ser objeto de discriminación, explotación y maltrato en todas las etapas de la migración. Su acceso menor a la información, la educación y la formación incrementan su vulnerabilidad frente a los reclutadores y tratantes sin escrúpulos, la servidumbre por deudas, el menor número de empleos lícitos y dignos que las mujeres pueden desempeñar, y aumenta los costos sociales y personales de las mujeres que regresan.
Las trabajadoras domésticas, que se desenvuelven en un espacio aislado y poco reglamentado, soportan cargas de trabajo excesivas, por una remuneración insuficiente y sin ninguna protección, y ha habido muchas denuncias de abusos contra ellas. A pesar de estas limitaciones, las mujeres migrantes envían remesas de fondos regularmente y siempre envían una proporción mayor de sus ingresos que los hombres.
Las mujeres y las niñas rurales dedican gran parte de su tiempo a realizar actividades no remuneradas. Las normas de género y la división del trabajo que predominan en las sociedades rurales asignan a las mujeres y las niñas un amplio espectro de tareas, que van de las tareas domésticas como el cuidado de los niños, la recogida de agua y leña, la preparación de comidas, la elaboración y el almacenamiento de alimentos, a la realización de trabajos no remunerados en las granjas familiares para la agricultura de subsistencia o la producción de cultivos comerciales.
La FAO ha informado de que las mujeres rurales pobres pueden trabajar de 16 a 18 horas diarias en los campos y realizando sus tareas domésticas. Pese a ello, se da poco valor al trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres rurales. Se trata de un trabajo que los sistemas de contabilidad nacional no suelen consignar y que no se tiene en cuenta en la formulación de políticas, la planificación y asignación de los recursos y la prestación de servicios.
El sistema actual de fomento del desarrollo sostenible está fragmentado a todos los niveles y requiere una reforma institucional inmediata para la promoción de una mayor coherencia y coordinación de las políticas de desarrollo social y económico y protección del medio ambiente, la orientación de los recursos con carácter prioritario hacia la reducción de la pobreza, la igualdad y el desarrollo rural, y la aplicación y ampliación eficaces de buenas prácticas. Las mujeres y los hombres rurales deberían ocupar un lugar central en un proceso de reformas inclusivo que favorezca a los pobres.
Por lo anterior, se dice que existe la necesidad de redefinir los marcos de políticas nacionales a fin de proporcionar un entorno favorable e incentivos apropiados para el desarrollo rural, el trabajo de las mujeres y las niñas rurales contribuye a la producción agrícola, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y por ende al crecimiento y el desarrollo económico nacional.
También, las mujeres y las niñas rurales enfrentan limitaciones basadas en el género, como por ejemplo la falta de acceso a recursos productivos como tierras, financiación, información, servicios de divulgación y tecnología, la insuficiente inversión para prestación de servicios en las zonas rurales limita la productividad de la mujer en la agricultura, hace más pesada la carga del trabajo no remunerado que realizan y limita sus oportunidades de obtener ingresos propios.
Por último, está claro que la capacidad de las mujeres forma parte de la solución a los problemas del desarrollo, incluso por lo que respecta a la pobreza, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Ahora bien, para que esto ocurra y sea sostenido, es necesario que el liderazgo de las mujeres y las niñas sea respaldado y dotado de recursos. Además, es necesario que se aborden los factores estructurales que agravan las desigualdades entre las mujeres y los hombres rurales y que se adopten medidas para eliminar la discriminación que sufren las mujeres rurales.
Intervención en la mesa de análisis sobre la condición de la mujer indígena y rural
Buenos días a todas y todos:
Agradezco la invitación, la presencia y la participación de todos y todas las personas que nos acompañan en esta importante Mesa de análisis, que esperamos sea un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que se consoliden en la concreción de acciones encaminadas a solucionar la problemática que hoy nos convoca.
Una de las grandes asignaturas pendientes en México, es la de brindar mayores y mejores servicios a la población indígena y rural, que durante siglos ha vivido en el rezago social y económico. Aún en nuestros días se pueden encontrar comunidades indígenas y rurales que viven con enormes carencias y con necesidades no satisfechas, como las que tenían la mayoría de las y los mexicanos hace más de 100 años; clara evidencia de que han quedado al margen de los avances tecnológicos, científicos y económicos.
Independientemente de lo anterior, nuestro país ha asumido varios compromisos internacionales encaminados a cerrar las brechas de desigualdad que aquejan de manera específica a las mujeres rurales e indígenas. Nos referimos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual obliga al estado a tomar en cuenta los problemas que hacen frente a la mujer rural.
Asimismo en el año de 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a nuestro país asegurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales.
México, ha promulgado varias normas jurídicas básicas que han dado pie al reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres rurales e indígenas, entre las que sobresalen el artículo 2o. constitucional, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, entre otras leyes.
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se dice que el objetivo prioritario hacia los pueblos indígenas es “incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad”. 1
Por ello, avanzar en el reconocimiento y mejoras para los pueblos originarios, representa una difícil lucha para las y los pobladores en su conjunto, pero para las mujeres indígenas y rurales es aún mucho más ardua, debido a la gran marginación, exclusión, sometimiento, analfabetismo, desnutrición y extrema pobreza en la que ellas viven en mi país.
En muchas de sus comunidades los valores culturales y los usos y las costumbres confieren un papel marginal a las mujeres en la toma de decisiones y en el reparto de los bienes existentes. Ellas, no participan en las asambleas comunitarias o lo hacen sin voto. No participan en los cargos dentro de la organización tradicional y no tienen derecho a la tenencia de la tierra.
En general, las mujeres indígenas y rurales presentan graves problemas de salud, producto de carencias nutricionales y alta fecundidad, su vida está ligada principalmente al trabajo. Desde niñas son incorporadas a ayudar a sus madres, viven de manera recurrente situaciones de violencia o maltrato, señalan que generalmente acuden con las curanderas y con las parteras de sus comunidades, porque les tienen más confianza que a los médicos institucionales.
Recurren poco a las instituciones de salud pública, ya que consideran que en ellas se enfrentan a otro problema, siendo éste la violencia institucional que reciben por ser indígenas, han señalado; maltrato en los hospitales por el uso de su lengua, el que los médicos no les expliquen los padecimientos ni sus tratamientos, señalan que hubo casos en los cuales las operan o les ponen el dispositivo sin su consentimiento, cuando van a denunciar, las autoridades las regañan, las tratan mal y no las atienden.
Ellas, son el pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades de los pueblos indios. Su trabajo en la esfera familiar y fuera de ésta es el elemento principal para la sobrevivencia y la continuidad de las culturas y sociedades indígenas. Sin embargo, esta participación no se reconoce socialmente como una aportación al desarrollo, participan de manera destacada en los procesos productivos abriendo espacios en la organización, lo que las ha llevado a impulsar proyectos que ayudan a mejorar el nivel de vida de sus familias y sus comunidades.
Derivado de esto, cada año es presentado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el monto total de recursos que “se dirige” a pueblos indígenas. De 2007 a 2011 el presupuesto ha venido aumentando año con año. Durante el 2011 periodo el crecimiento real promedio fue de 6.9 porciento
Presupuesto en materia indígena 2006-2011
Crecimiento periodo 6.9
Fuente de elaboración con base en datos de los PEF 2006-20011.
Durante estos años, a propuesta de la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados se ha promovido y logrado un crecimiento sostenido del presupuesto para el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, bajo los siguientes montos:
En el PEF de 2009
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas: 180 millones.
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 2009: 142 millones.
Programa de la Mujer en el Sector Agrario: 957 millones.
En el PEF de 2010
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 255 millones de pesos (2009: 180 millones).
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 198.4 millones de pesos (2009: 142 millones).
Programa de la Mujer en el Sector Agrario 780 millones de pesos (2009: 957 millones).
En el PEF de 2011
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas: 463 millones 828 mil 897 pesos.
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales: 12 millones 829 mil 636 pesos.
Programa de la Mujer en el Sector Agrario: 175 millones 500 mil pesos.
En el PEF de 2012
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas: 283 millones 884 mil 639 pesos.
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales: 25 millones 350 mil pesos.
Programa de la Mujer en el Sector Agrario: 181 millones 031 mil 519 pesos.
En general estos programas tienen varios años, más allá de este sexenio e incluso de la administración gubernamental panista de Vicente Fox Quesada, lo cual evidencia que en el tratamiento hacia las mujeres indígenas y rurales, prácticamente no se creó ningún programa nuevo para contribuir a resolver la histórica problemática de esta población, la más marginada del país.
Si bien estos recursos son importantes debido a la condición extrema de pobreza de las indígenas, no resuelven la problemática profunda en la que están inmersas. Más bien, este tipo de programas sólo administran la pobreza y palean los conflictos sociales que pudieran surgir de sus condiciones. Es decir, para semejante situación, se entregan “migajas” a fin de contener las manifestaciones de descontento.
En conclusión, los programas y acciones del PEF resultan insuficientes dada su limitada cobertura. Por ello, es necesario que la Cámara de Diputados establezca verdaderos canales de comunicación con el gobierno federal, para apoyar en la elaboración de un presupuesto que les permita a las mujeres indígenas y rurales acceder al desarrollo económico, social y cultural del país.
Muchas gracias.
Nota
1 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, 2007.
Atentamente
Diputada Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
De la diputada Adela Robles Morales, relativo a la quincuagésima sexta sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, celebrada del martes 28 de febrero al viernes 2 de marzo de 2012 en Nueva York, Estados Unidos de América
Para cumplir lo establecido en el artículo 277 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada federal Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta informe de actividades y asistencia con base en lo siguiente:
I. Objetivos y resultados de la actividad
En el marco de la quincuagésima sexta sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer llevada a cabo en Nueva York con funcionarios de gobierno, mujeres rurales y representantes de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, los medios y el sector privado. Todos reunidos en la sede de las Naciones Unidas para analizar los adelantos, así como compartir vivencias, comparar las brechas y los retos, y acordar acciones para dinamizar la instrumentación de la Plataforma para la Acción de Beijing y alcanzar la igualdad de género.
Como órgano global de formulación de políticas, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, abocada exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres.
Cada año, representantes de los Estados Miembros se reúnen en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para evaluar el progreso en materia de igualdad de género, identificar desafíos, fijar principios globales y formular políticas concretas para promover la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en todo el mundo.
La sesión 2012 estuvo enfocada en las siguientes áreas temáticas:
•Tema prioritario: El empoderamiento de las mujeres rurales y su rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los desafíos actuales.
•Tema de revisión: La financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
•Tema emergente: La participación de las mujeres y los hombres jóvenes, y las niñas y los niños, para promover la igualdad entre los géneros.
Considerando que la Comisión de la Condición Jurídica y Social fiel a su política de contribuir a los principales foros internacionales buscando introducir una dimensión parlamentaria a los trabajos de las organizaciones intergubernamentales, la Unión Interparlamentaria organizó esta una reunión con el fin de brindar un espacio de debate a los parlamentarios del mundo entero, y para contribuir a los trabajos de la 56ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer.
Resumen
El 29 de febrero de 2012, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer convocó una mesa redonda interactiva de expertos sobre el tema “La función de la gobernanza y las instituciones con perspectiva de género en el empoderamiento de las mujeres rurales”. La mesa redonda se enmarcaba dentro del examen del tema prioritario titulado “El empoderamiento de las mujeres rurales y su función en la erradicación de la pobreza y el hambre, en el desarrollo y en los problemas actuales”.
El señor Filippo Cinti, vicepresidente de la comisión, moderó el debate. Participaron en la mesa redonda los siguientes expertos: la señora Binetou Nimaga, asesora técnica sobre cuestiones de género y empoderamiento económico de las mujeres del Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la Infancia de Malí; el señor Andrés Teodoro Wehrle Rivarola, Viceministro de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay; la señora Lilly Be’Soer, fundadora de Voice for Change, una organización no gubernamental de Papua Nueva Guinea; y el señor Victor Lutenco, asesor de la oficina del primer ministro de la República de Moldova.
Los participantes en la mesa redonda confirmaron que las mujeres rurales pueden desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de una respuesta a los problemas de desarrollo, la pobreza, el hambre y las recientes crisis mundiales, entre ellas la crisis económica y financiera, la inestabilidad de los precios de los alimentos y el cambio climático.
El empoderamiento de las mujeres rurales produce importantes beneficios, entre otros, para sus familias, las comunidades locales y la economía nacional. Sin embargo, las mujeres rurales siguen enfrentándose a obstáculos importantes que impiden su pleno disfrute de los derechos humanos.
A fin de desarrollar el potencial de las mujeres rurales, es necesario crear un entorno normativo propicio mediante una gobernanza y unas instituciones que incluyan una perspectiva de género, con el fin de acabar con la desigualdad en las relaciones entre los géneros y cambiar los sistemas públicos que niegan a las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades.
Los participantes destacaron que la incorporación de la perspectiva de género es una importante estrategia para asegurar que los procesos de gobernanza, las políticas, las leyes y la prestación de servicios tengan en cuenta las cuestiones de género.
Cada vez hay más países que incorporan una perspectiva de género en las políticas nacionales que tienen repercusiones para las mujeres de las zonas rurales, por ejemplo, las estrategias de reducción de la pobreza y los planes nacionales de desarrollo.
Algunas políticas nacionales de igualdad entre los géneros incorporan disposiciones específicas para las mujeres rurales. Con el fin de apoyar la ejecución de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género se han creado dependencias y coordinadores encargados de las cuestiones de género en los ministerios competentes.
Al mismo tiempo, persisten dificultares a la hora de armonizar las políticas sectoriales con las políticas de igualdad entre los géneros, y es preciso realizar esfuerzos concertados para establecer un enfoque integral, coherente y multifacético para empoderar a las mujeres rurales.
Se deben examinar y revisar las leyes y las políticas discriminatorias. Todos los planes y políticas de desarrollo sectoriales, incluidas las políticas comerciales y macroeconómicas a nivel internacional, deben tener en cuenta de manera más sistemática la situación de las mujeres rurales.
La presupuestación sensible a las cuestiones de género es un instrumento eficaz para conseguir resultados para las mujeres en todos los sectores, incluido el sector agrícola. A tal efecto, los gobiernos deben crear y fortalecer la capacidad de elaborar presupuestos atendiendo a las cuestiones de género entre los funcionarios públicos y los encargados de prestar servicios.
Deberían destinarse más recursos públicos a la ejecución de políticas y programas que respondan a las necesidades de las mujeres rurales. Además, debe dotarse de recursos adecuados a las instituciones que apoyan y defienden a las mujeres rurales, en particular los mecanismos nacionales para la igualdad de género y las dependencias y los funcionarios encargados de las cuestiones de género en los ministerios competentes.
Los participantes propugnaron un mayor uso de las evaluaciones de necesidades en las zonas rurales, entre otras cosas, mediante la celebración de consultas y el diálogo con las mujeres rurales y las organizaciones de mujeres, con el fin de contribuir a una mejor formulación y aplicación de políticas en beneficio de las mujeres rurales.
La realización de sondeos en las zonas rurales puede ayudar a aclarar y a comprender mejor las complejas necesidades y dificultades que afrontan las mujeres rurales, y debería utilizarse como base para la formulación de políticas.
Dado que gran parte del trabajo que hacen las mujeres no es remunerado, deben hacerse más esfuerzos para reflejar su contribución en los sistemas de cuentas nacionales, pues este trabajo contribuye decisivamente al desarrollo rural y a lograr la seguridad alimentaria.
Debe reforzarse la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para recabar datos desglosados por sexo e integrar una perspectiva de género en los sondeos de economía doméstica.
En muchas partes del mundo, las mujeres rurales siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a servicios e infraestructuras esenciales, entre ellos el agua y el saneamiento, la protección social, los servicios financieros, la educación y la atención de la salud, así como la información y las tecnologías.
Los participantes pusieron de relieve una serie de iniciativas, entre ellas los programas que benefician directamente a las mujeres rurales, por ejemplo ofreciéndoles subsidios o transferencias de efectivo condicionadas.
La labor de empoderamiento económico de las mujeres rurales debe llevarse a cabo en colaboración con los interesados, incluidos los hombres y los niños, las organizaciones de las mujeres, las organizaciones de base comunitaria, las cooperativas y el sector privado.
Para eliminar la discriminación contra la mujer se debe promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en las familias y en las comunidades es preciso sensibilizar a los hombres y a los niños rurales.
Ante todo, los interesados deben entablar un diálogo continuo y sistemático con las mujeres rurales a fin de entender mejor sus necesidades y preocupaciones.
En varios países se han llevado a cabo iniciativas de formación y reacción de capacidad en actividades como la conservación, el procesamiento, el envasado y la comercialización de alimentos.
Los participantes examinaron las iniciativas tendientes a transformar las estructuras existentes de prestación de servicios de manera que respondan más adecuadamente a las cuestiones de género y atiendan las necesidades de las poblaciones locales mediante la celebración de consultas directas con los beneficiarios, además de crear la capacidad de los encargados de prestar servicios de manera de que estén en mejores condiciones para responder a las prioridades y necesidades de las mujeres rurales.
A modo de ejemplo, el modelo de “oficina única” creado en la República de Moldova, similar a otros centros de servicios centralizados existentes en otros países, ofrece una gama de servicios, entre ellos registro de tierras, servicios de divulgación, inspección de condiciones laborales, desarrollo empresarial y servicios de empleo, en un lugar físico de fácil acceso para las mujeres y los hombres rurales.
Las políticas que responden a las necesidades de las familias, como la licencia para atención de los hijos tanto para los hombres como para las mujeres y la ampliación de los servicios de guarderías en las zonas rurales han creado oportunidades para que las mujeres rurales puedan buscar y obtener trabajo remunerado.
Es preciso crear un entorno propicio para que las mujeres rurales puedan organizarse. En particular, debe fomentarse la participación de las mujeres en las organizaciones de agricultores y su desempeño de cargos de responsabilidad dentro de ellas.
El establecimiento de vínculos entre las mujeres rurales, incluidas las agricultoras, y los mercados urbanos y las cooperativas rurales, y el fomento de su participación en las ferias agrícolas pueden ayudarlas a intercambiar conocimientos e información, vender sus productos y ampliar sus empresas.
Se deben crear mejores redes de conocimientos que incluyan a las mujeres rurales, a fin de ampliar la base empírica sobre el empoderamiento económico de las mujeres rurales mediante el diálogo y el intercambio de opiniones, buenas prácticas, experiencias e innovaciones, e intensificar las intervenciones innovadoras.
II. Evaluación de la actividad, de sus resultados y, en su caso, del seguimiento de actividades
El resultado de las actividades fue la elaboración de un documento que contiene resoluciones sobre los temas vertidos. Este fue aprobado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
En su parte resolutiva alienta a los Estados a apoyar la participación de las mujeres indígenas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también llamada Río+20, y en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General, que se denominará Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas y se celebrará en 2014.
La Resolución destaca la importancia de promover los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Reafirma asimismo la obligación de los Estados de garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en todos los aspectos de la sociedad, afirmando que ellas representan una gran diversidad de culturas y tradiciones con diferentes necesidades y preocupaciones y contribuyen a la diversidad y la riqueza de las civilizaciones y culturas en todo el mundo.
Expresa además su preocupación por el hecho de que los efectos adversos del cambio climático sobre las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres indígenas, puedan exacerbarse a causa de la desigualdad entre los géneros, la discriminación y la pobreza.
No a la discriminación
La resolución señala que los pueblos indígenas, y las mujeres indígenas en particular, se encuentran en una situación de desventaja extrema, la cual se refleja en toda una serie de indicadores sociales y económicos, y por los obstáculos que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos.
Otra de sus preocupaciones es que las mujeres indígenas sufren múltiples formas de discriminación y de pobreza que aumentan su vulnerabilidad ante todas las formas de violencia, ante lo cual pone de relieve que las mujeres indígenas deben ejercer sus derechos sin discriminación de ningún tipo, recordando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como el empoderamiento de las mujeres indígenas y su disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Participación y liderazgo
En su parte resolutiva, la Resolución insta a los Estados a formular y aplicar, en consulta y en colaboración con las mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas concebidos para promover los procesos de fomento de la capacidad y fortalecer su liderazgo, y adoptar medidas para garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en todos los ámbitos, y eliminar los obstáculos a su participación en la vida política, económica, social y cultural.
Asimismo, a respetar, mantener y promover (...) los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas en lo que respecta a la medicina, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital.
Los Estados, además, deben adoptar medidas concretas para facilitar el acceso en pie de igualdad a la justicia para las mujeres indígenas en todos los niveles, y garantizar que las mujeres indígenas gocen de igualdad de derechos para poseer tierras y otros bienes. Y reconocer que la pobreza y la discriminación aumentan las condiciones que generan la violencia contra la mujer, y adoptar medidas en los planos nacional, local y comunitario para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas.
También alienta a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, el sector privado y la sociedad civil a que adopten las medidas apropiadas para promover los derechos de los pueblos indígenas y respetar sus culturas, tierras, territorios y recursos y su contribución al desarrollo sostenible.
Finalmente, alienta a los fondos, programas y organismos especializados pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y otras instancias de la sociedad civil a que adopten medidas para elaborar, financiar, aplicar y apoyar políticas y programas encaminados a promover el empoderamiento de las mujeres indígenas y su disfrute de todos los derechos humanos.
Los avances en los marcos jurídico y normativo no siempre han ido acompañados de una aplicación efectiva. Los participantes destacaron la necesidad de aplicar plenamente los convenios, convenciones y acuerdos internacionales concertados por los gobiernos, así como las leyes nacionales vigentes, en particular las relativas al acceso de las mujeres a la tierra y a la herencia. Además, las mujeres deben tener información sobre las leyes y las políticas vigentes y capacidad para reivindicar sus derechos.
Datos Mundiales
• 70 por ciento de los 1.400 millones de personas en extrema pobreza en países en desarrollo viven en zonas rurales. Casi una tercera parte de ellas viven en África subsahariana, y alrededor de la mitad en Asia meridional.
• En 2010, 925 millones de personas padecían de hambre crónica, 60 por ciento de las cuales eran mujeres.
• La agricultura da sustento al 86 por ciento de las mujeres y los hombres rurales, y emplea a unos 1.300 millones de pequeños agricultores propietarios de tierra y a trabajadores agrícolas sin tierra propia, 43 por ciento de los cuales son mujeres.
• Se estima que dos tercios de los 400 millones de pobres en el mundo que se ocupan del ganado son mujeres.
• La carga de los trabajos de cuidado no remunerados es considerable. En el mundo hay 884 millones de personas que no tienen agua potable; 1.600 millones de personas que no tienen una fuente fiable de energía; 1000 millones de personas que no tienen acceso a caminos; 2.600 millones de personas que no tienen servicios sanitarios adecuados; y 2.700 millones de personas que dependen de fogatas y de cocinas tradicionales. Las mujeres rurales están a cargo de la mayoría de los trabajos no remunerados a causa de la falta de infraestructuras y de servicios.
• En las zonas rurales de los países en desarrollo, excluyendo a China, el 45 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años de edad están casadas o en pareja antes de cumplir los 18 años, en comparación al 22 por ciento de las mujeres urbanas.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2012.
Diputada Adela Robles Morales (rúbrica)
De la diputada Reyna Araceli Tirado Gálvez, relativo al duodécimo Congreso Internacional de Comunicación Pública en Ciencia y Tecnología, efectuado del miércoles 18 al viernes 20 de abril de 2012 en Florencia, Italia
Este congreso se hace cada dos años con el propósito de reunir a cientos de Científicos destacados para que de una manera coordinada y mediante una interacción entre sus ponentes, científicos, estudiantes y los creadores de políticas públicas se pueda llegar a compartir las mejores prácticas para formar en ciencia y tecnología a través de diversas técnicas que se comparten entre los países participantes.
Cabe destacar, que tuve la oportunidad de ser nombrada integrante del grupo de Diputados para asistir a este evento por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y representar a mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Formar parte de esta delegación dentro de este encuentro, me permitió enriquecer mis conocimientos a través de personajes que de alguna forma han marcado la historia en estos recientes años mediante sus estudios y prácticas científicas. Este evento tuvo su sede en una de las ciudades del renacimiento, en Florencia, Italia, cuna de las grandes culturas y arquitecturas del mundo entero.
En este congreso se destacaron varias ideas y propuestas que considero importante compartir, por ejemplo: hay una gran diferencia entre la ciencia aplicada y la ciencia en la práctica, esta situación se va conociendo a través del trayecto de los cursos.
Se habló de la importancia de socializar la cultura de la ciencia que tiene que ver con todas las áreas ya que de alguna forma están involucradas. A su vez, se explico que los métodos de la ciencias de la comunicación, están determinadas en como tomar las decisiones en él cuando, el donde y el que. Tenemos que ser muy serios en el arte de las ciencias de la comunicación, la ciudad de Florencia tiene mucha cultura, muchas comunicaciones y que con tiempo se exponen las ideas.
Mario Scalet, como representante de la UNESCO, manejo que los temas son muy importantes para este organismo, que la comunicación pública es una oportunidad para identificar nuevas maneras para comunicarnos; que en este Congreso se da la oportunidad para debatir y tomar las nuevas ideas.
A su vez, mencionó que es necesario trabajar en la elaboración de una nueva agenda en la sociedad sobre la ciencia y la tecnología.
De alguna forma, ellos han estado colaborando con diferentes actores que tienen que ver de forma indirecta y directa con estos aspectos. Es necesario una mejor comunicación dentro de las ciencias que se pueda ver reflejada en una transformación de la sociedad, que se concretice en acciones después del aprendizaje en este congreso.
Fluvio Drigani, de la Oficina de Comunicación, hablo sobre la importancia de la ciencia y tecnología hoy en día, que es necesario incrementar el conocimiento de las personas mediante un método científico de lo que se hace y lo que continua haciéndose, la función de la escuela como parte medular, sin embargo, no tan importante como el ambiente de la sociedad científica. La necesidad de tener una visión de la ciencia más humanista y menos tecnócrata, solo con estilo se puede hacer ciencia y a su vez marcar una tendencia global, enfocarnos en la calidad, en la conexión en el lenguaje y la calidad, en sus usos, aplicaciones y cambios, pero sobre todo en la evaluación del éxito a través de la diversidad cultural y su interpretación en las diversas áreas.
Por otra parte, mencionó la importancia de hoy en día de invertir y apostarle a la educación pública como parte de la transformación que se necesita en las ciencias de la comunicación. De qué manera podemos trabajar con tantas culturas coordinadamente, lo más importante es hacer cosas, en tiempos de crisis la llave es disfrutar de hacer las cosas; de qué forma mejorar la comunicación, no podemos juzgar a la ciencia, la honestidad, la transparencia en la comunicación son procesos muy duros sobre los intentos de comunicar; de qué forma hacer que las visuales, las imágenes trabajen juntos, siempre en todos los aspectos las palabras están vinculadas con las imágenes. La colaboración es la llave, nada funciona sin las palabras, es necesaria una combinación de la habilidad técnica, compartir buenas ideas entre los escritores, que trabajen de forma coordinada con los museos.
El principal consejo, estar presente en el proceso, trabajar dentro del proceso y el intercambio de ideas bajo la influencia de crear nuevas ideas. Y finalmente es necesario que todas las personas se involucren en el proceso, que haya un proceso de comunicación, en el estilo seremos más democráticos, no se puede medir la calidad en la comunicación visual hasta el momento.
Perspective of research about science . Perspectivas de la investigación en la ciencia. El conocimiento se crea mediante un método científico, una teoría de comunicación, una investigación basada en lo que estás trabajando, una colaboración con las instituciones ya sea de carácter político, de políticas públicas, con organizaciones, etcétera.
Dentro de las habilidades que se mencionan como necesarias, es saber contar una historia, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, una promoción y sobre todo una actitud de motivación, la vida es un constante aprendizaje, llegar a conocer a la gente, ya sean científicos, audiencias, es una lucha contra lo institucional.
Strategic science communication in context. En cuanto a las estrategias de las ciencias dentro de la comunicación, se hizo mucho hincapié en la urgencia de que exista una estrategia en las ciencias de la comunicación para poder ofrecer a los investigadores varias preguntas y desafíos como parte del involucramiento de la ciencia y la tecnología en los contextos sociales ante la autoridad pública y la credibilidad de la ciencia. Una pequeña investigación de las instituciones, y el desarrollo estratégico de la ciencia y tecnología para entender los desafíos pasados y futuros.
Challenges for science journalism. En cuanto a los desafíos para los periodistas que trabajan la ciencia es poner en discusión la relación de la ciencia con los medios de comunicación bajo una perspectiva de pensamiento crítico para resolver los principales desafíos en este aspecto y el rol de los periodistas científicos junto a sus perspectivas.
Professionalization, working towards competencei based science communication career models for science communication students and curriculum developers
En esta sesión se trabajó el desarrollo de las competencias de trabajar en las ciencias de la comunicación. El resultado fue una inspiración para los estudiantes presentes. Se explico las competencias requeridas para cada rol profesional en específico en las ciencias de la comunicación.
Doctor Craig Cormick, es un científico australiano, y ha ganado varios premios por sus escritos, desde 1999 casi un libro al año, en el 2010 gano el premio ACT Writing and Publishing Awards (escritor y publicador), en el 2006 Winner of the Queensland Premier’s Award, 2004 Queensland Premier’s Award por una colección corta de ficción.
Su tema se enfoco en la pregunta de qué ¿con quienes estamos trabajando realmente? Como parte del gobierno de Australia, sus interrogantes fueron sobre que segmentos realmente les interesa trabajar con la ciencia en el Reino Unido y en Australia. Las conversaciones sobre ciencia y tecnología, sus discusiones, sus distintas aplicaciones en la parte práctica. La importancia de involucrar a todos los sectores en la búsqueda de mejores formas de insertar a la ciencia y la tecnología en una sociedad, tiene mucho que ver con las interacciones que logremos, la participación pública en el proceso de aplicación de políticas públicas y sobre todo de una urgente transparencia en estas políticas públicas, menciono el doctor Joan Leach (poner quien es).
Dentro de esta conferencia hubo una especial atención a la forma en la que los científicos deben tratar a los medios de comunicación como parte de informar de sus nuevos descubrimientos, sus estudios, sus investigaciones de forma clara y precisa, se puso mucho énfasis en la conexión emocional que es necesario crear, que la gente escuche voces que les guste.
Iliane Capua del Instituto Zoprofilático de Venecia, hizo un análisis de la lucha que ella vivió en el intento por descubrir nuevos procedimientos sobre la influenza, de los obstáculos a los cuales se enfrento como investigadora y de la necesidad de que los científicos defiendan con mucho liderazgo sus hipótesis, aunque al principio todos nieguen información o no los dejen probar sus teorías.
Por otra parte Andrew Pleasent (integrante del Comité Científico de Tucson Arizona) mencionó la importancia de la ética dentro de la ciencia y la tecnología como parte de un proceso que a la larga genere credibilidad, que es necesario tener evaluaciones, que todos tengan voz, todos sean tomados en cuenta, que exista una participación, motivar a la sociedad a involucrarse en este proceso.
En cuanto al tema de transparencia, no hay transparencia en los detalles para juzgar las diversas contribuciones que hacen. Se hablo de la necesidad de que pueda haber más transparencia como parte de fortalecer a las ciencias y a la tecnología.
Una de las conferencias que mas llamo mi atención, fue la de Felice Frankel, ella es una fotógrafa científica, una investigadora del Centro de Materiales de la Ciencia y la Ingeniería, sus fotos han sido publicadas en más de 200 revistas, ha sido colaborada para National Geographic, Nature Magazine, Science, Scientific American, Discover Magazine, etcétera.
Su tema fue: Ver, representar y entender. Es muy importante saber que queremos representar dentro de la ciencia, las estrategias visuales, trabajar juntos las imágenes con la ciencia. Es decir, buscar nuevas formas de aprender, aunque exista un lenguaje universal, las visuales en nuestra comunicación deben ser cuidadas, porque la mayoría de las veces comunican más que las palabras. Comparar un momento con otro mediante la utilización de dinámicas en la ciencia y el reflejo de momentos, para la ciencia la representación es esencial.
En cuanto, a las estrategias visuales, es de resaltar que debemos cuestionarnos la realidad, siempre tratar de traducir algo en la forma como queremos representarlo.
Estamos inmersos en muchos cambios físicos, el color el tamaño, la manipulación de la imagen, las diversas formas de publicar los gráficos, representando con incertidumbre. Y sobre todo, necesitamos trabajar con el público, no para, no en, sino con, involucrar a los principales actores esto es lo más importante. Motivar la participación para mejorar de esta forma, en esta manera la ciencia y la tecnología.
Massimiano Bucchi, de la Universidad de Trento, es científico en el área social y política por la Universidad Institucional de Europa, es profesor asociado de Sociología en la Ciencia y la Comunicación, en la Universidad de Trento, Italia enfocado en la Ciencia y la Tecnología. Ha publicado muchos libros, incluyente Science and Media en Londres y Nueva York (La Ciencia y los medios), una introducción a los estudios sociales en Londres y Nueva York, Un libro sobre la Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología en Trench, Londres y Nueva York, etcétera.
Este conferencista se enfoco en las generaciones futuras de la Ciencia y Tecnología, en como los creadores de políticas públicas deben estar involucrados en el proceso de la PSCT para tener un mejor desarrollo.
La relación con las organizaciones para medir la calidad, y en este aspecto es muy importante la opinión del público, sus propuestas, sus sugerencias, su punto de vista. La ciencia dentro de la sociedad, tiene una implicación social, necesitamos cambiar los conceptos tradicionales, que es lo que debe o no debe ser.
Para poner el estilo dentro de la claridad, requiere relacionarnos con su historia para identificar la ciencia mediante la transformación de teorías, resolver los problemas, comunicar por niveles, interpretar las diferentes visiones que existen, interactuar con la sociedad para que se vea reflejado en la ciencia contemporánea, pero también integrar una discusión social acerca de la ciencia.
Conclusiones
La ciencia y la tecnología poco a poco han ido tomando un papel fundamental dentro de nuestras vidas. Vemos como, diversos fenómenos en nuestra historia van apareciendo en un principio de forma inexplicable, sin embargo a través de personas que mediante la investigación y el estudio de procedimientos descubren nuevas teorías que nos acercan a realidades se desarrollan nuevas teorías.
Existe un problema en todo el mundo, la apatía de la sociedad por participar, la falta de credibilidad y por otro lado la necesidad de que la sociedad se involucre en todos los procedimientos para que mediante el trabajo coordinado se mejoren las formas de vivir, un ejemplo el cambio climático, donde merece nuestra atención que en Italia haya partes donde no nevó yeso paro los negocios, en los ranchos hizo mucho calor y las vacas no pudieron dar leche, y como estos ejemplos muchos más que nos indican la preocupación que hay por parte de científicos, investigadores, estudiantes para analizar a profundidad de qué forma se puede sensibilizar a toda una sociedad en este tema y otros.
Necesario también un trabajo coordinado entre quienes hacen políticas públicas y los investigadores, cada quien alrededor del mundo trabaja de manera aislada.
Mayor transparencia en el ejercicio de la ciencia y la manera como pueden trabajar o hacerse llegar de más recursos que permitan solucionar los problemas de una sociedad.
Actas
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria celebrada el lunes 4 de julio de 2011
A las 19:20 horas del lunes 4 de julio de 2011, en el salón de protocolo del edificio C, Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Economía para dar inicio a la reunión ordinaria correspondiente y al desahogo del orden del día siguiente:
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez Alonso-González, secretarios; Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Luis Enrique Mercado Sánchez, María Florentina Ocegueda Silva, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes.
Diputados que justificaron su inasistencia: Indira Vicaíno Silva, secretario, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, integrantes.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 17 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum; 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 3. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y en su caso aprobados; 4. Asuntos generales; 5. Clausura.
Tras haberse dado lectura al orden del día, éste fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.
Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y en su caso aprobados
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, procedió a abordar el primer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda: se aprueba la iniciativa, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2012.
El presidente de la comisión, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para recordar que, en el contexto de la formulación del dictamen, por intercesión de la diputada Susana Hurtado Vallejo se invitó en audiencia pública a los representantes del sector turístico de tiempos compartidos. El diputado Guajardo recordó que dichos representante expusieron, en diálogo con los miembros de la Comisión, por qué era necesario impulsar la reforma del marco legal correspondiente, a fin de que los consumidores gozaran de mayor seguridad, se evitaran fraudes en el sector y se consolidara el prestigio del sector. Dicho esto, el presidente diputado Guajardo solicitó a la diputada Hurtado Vallejo que comentara cuál era el estatus de las modificaciones propuestas.
La diputada Susana Hurtado Vallejo enlistó las modificaciones al artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:
1. En el único párrafo de la fracción II especifica lo siguiente: Lugar inmueble donde se prestará el servicio exhibiendo copia certificada de la afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público, mediante el acto jurídico de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destina el inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que éste se esté comercializando debió obtener el Registro Público de la Propiedad. Es decir que está implícito que una vez que termine el periodo de comercialización del servicio, automáticamente quede sin efecto dicha afectación.
2. En ningún momento al establecerse el destino del bien inmueble para el servicio del tiempo compartido se afecta el derecho de la propiedad del proveedor, de tal manera que no resulte congruente dejar a salvo los derechos de la propiedad del proveedor una vez terminado el periodo que se está comercializando, puesto que en ningún momento se ha afectado ese derecho de propiedad.
3. La Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 64, efectivamente, garantiza el derecho a la propiedad del proveedor al destinar el bien inmueble para fines de tiempos compartidos y este artículo, que es el artículo 64 a la letra dice: “La prestación del servicio del tiempo compartido, independientemente del nombre o de la forma en que se dé el acto jurídico correspondiente, consiste en poner a disposición a una persona o grupo de personas el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de alguna cantidad, sin que en el caso del inmueble se transmita el dominio de éstos”.
A decir de la diputada Susana Hurtado Vallejo, el derecho de la propiedad permanece intocable por lo que resultará ocioso mencionar nuevamente lo mismo en el siguiente artículo de la Ley, por lo que las modificaciones solo se hacen al artículo 65 en el inciso primero, fracciones II y VII.
El presidente señaló que otra de las propuestas sobre el tema había radicado en que, con relación a los tiempos compartidos en el extranjero desde México, quedaran explícitamente salvaguardados los derechos de los consumidores, independientemente de que en el sistema legal del país en cuestión no existieran recursos jurídicos comparables a los de las leyes mexicanas, así por ejemplo en el caso de los países en que no existe el sistema de notariado. De suerte que las modificaciones introducidas a la ley en la propuesta de iniciativa contemplaran la seguridad de que los propietarios de los inmuebles comprometidos en el servicio de tiempos compartidos, así como los promotores de los mismos, al tiempo de obligarse ante las leyes de su país a cumplir con lo pactado en los contratos, asimismo se obliguen a ello ante las leyes mexicanas, por medio de su registro ante la Secretaría de Economía.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, sometió a votación de los integrantes de la comisión el proyecto de dictamen, siendo aprobado de manera unánime, procediendo inmediatamente a abordar el segundo dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 7o. y la fracción X al artículo 37 de la Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. La Comisión de Economía acuerda: se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2012. Se somete a discusión.
El presidente señaló que los dos dictámenes siguientes habían sido promovidos por el presidente de la Comisión de Turismo. En este sentido el legislador comentó que el propósito del dictamen original era modificar estructuralmente el diseño de los ordenamientos comprendidos en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en la Ley de Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, pero que tras negociación con la Presidencia de la Comisión de Turismo, se acordaron adecuaciones de los actuales marcos legales, de manera que se sumaran a los objetivos perseguidos en beneficio de la participación del sector turístico mexicano. Dicho esto, el presidente pidió al secretario técnico que abundara al respecto.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, con relación a lo comentado por el diputado Guajardo Villarreal explicó que la iniciativa proponía adicionar un párrafo al artículo 37, de la Ley para el Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal para quedar en los siguientes términos: “Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la comisión realizará las siguientes funciones: Proponer la forma y términos para el otorgamiento de aplicación de los apoyos y estímulos a los que se refiere esta ley para el desarrollo de acciones que permitan a la microindustria en regiones turísticas incrementar su competitividad.
EL secretario técnico a su vez comento que en virtud de que al adicionar la frase anterior al final de la fracción III originaba que se tuviera que particularizar la interpretación de la ley en microindustrias turísticas, por lo que se propone fue adicionar una fracción a ese mismo artículo 37 y aparte la fracción X, para quedar en los siguientes términos: “Para lograr los objetivos y finalidad establecidos en este ordenamiento, la comisión realizará las siguientes funciones: fracción X. Proponer los apoyos y estímulos que se tienen apropiados para el fomento y desarrollo de microindustrias en regiones turísticas”.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, sin más comentarios y por instrucciones del diputado presidente, sometió a la consideración del pleno el proyecto de dictamen, mismo que fue aprobado de manera unánime. Seguidamente, dio lectura al tercer proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La Comisión de Economía acuerda: se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2012. Se somete a discusión.
El presidente pidió al secretario técnico que comentara el objeto y forma inicial de la iniciativa y la modificación que propone la Comisión de Economía.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que la propuesta original pretendía modificar el artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (LDCMPME), adicionando un párrafo que estableciera entre el sector turístico, así como modificar el artículo 6 y la fracción II del artículo 13 para establecer que la Secretaría de Economía (SE), en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de los sectores para facilitar a las Mypime turísticas, a programas previstos en la presente ley. Asimismo, agregaba “de igual manera proveerá la participación del sector turístico en el desarrollo de acciones que permitan a las Mypime turísticas mejorar su desempeño.
Por otro lado, la propuesta original también agregaba a la fracción II del artículo 13, una frase para establecer que al momento que la SE promoviera la participación de las entidades federativas en la consecución de los objetivos de la LDCMPME. A lo que argumento, que debería de tomar en cuenta en los acuerdos que se tomaran con las dependencias y entidades de la administración pública, aquellos programas y proyectos que tuvieran relevancia con el desarrollo del sector turístico.
El secretario técnico señaló que la iniciativa anterior, ocasionaba que la interpretación de la LDCMPME se particularizara y los esfuerzos de los apoyos y de los estímulos que tienen que ver con este marco jurídico fueran a dar las Mypime turísticas, lo que obviamente iba en contra del sentido de la ley. Además establecía la incorporación del sector turístico como un sector de relevancia dentro de la ley; lo cual también iba en contra de la arquitectura jurídica, puesto que el artículo 25 hace referencia a solo tres sectores y estos son los que se reflejan al momento de hablar de las Mypime. Es decir, el sector turístico ya se encuentra contemplado, tanto en el sector social o en el sector privado o inclusive en el sector público.
Por todo lo anterior y con la finalidad de cumplir con lo que pretendía la iniciativa, se acordó con la Comisión de Turismo agregar una fracción VI al artículo 13, a fin de quedar en los siguientes términos: La secretaría promoverá la participación de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los Municipios a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente ley de acuerdo a lo siguiente: “Fracción VI. Impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de las micro, pequeña y mediana empresas localizadas en regiones turísticas a fin de incrementar su productividad y competitividad”. Logrando con esto darle balance a la LDCMPME a fin de no particularizar en un solo sector, pero además se agregaría como uno de los objetivos de esta ley, el que se fomentaran y se tomarán acciones para fomentar a las empresas turísticas.
El presidente ratificó que con la propuesta acordada por una parte se atendía el hecho de que entre los sectores nacionales prioritarios sin duda se encontraba el turístico y que, por otra, se conservaba la columna vertebral y el sentido general de la ley, al no referirse en forma exclusiva o desequilibrada a un sector en particular en detrimento de otros, al tiempo de hacer referencia a la necesidad de impulsar todos los elementos de apoyo a las empresas de menor tamaño en las regiones turísticas. Ello en correspondencia, a decir del legislador, con el hecho de que existen muchos puntos de acuerdo en que se plantea la necesidad de promover el desarrollo del sector turístico nacional y con el acuerdo nacional para impulsar el sector, suscrito por el Legislativo y el Ejecutivo federales y los promotores y empresarios del país.
El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla manifestó que respecto al sentido del dictamen no tenía ningún problema, sin embargo expresó una duda respecto a la redacción del mismo considerando que el sustantivo no se encontraba gramaticalmente correcto por lo que comentó: Dice impulsar la creación, desarrollo y crecimiento de Mypime localizadas en regiones turísticas a fin de incrementar la productividad y competitividad. ¿De quién, de las Mypime o de las regiones turísticas? Creo que vale la pena ser más precisos y tratar de clarificar. No puedo hablar de incrementar su productividad y competitividad de la Mypime cuando estoy impulsando su creación. Por lo que refirió a si el uso de la coma era correcto o debiera de ir antes.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, por su parte, manifestó su acuerdo con la propuesta modificada de dictamen y asimismo pidió que se hiciera énfasis en la necesidad de apoyar la producción de artesanías en los estados y regiones turísticos, ya que por lo general no se apoyaba a los microempresarios dedicados a dichas actividades.
El presidente al respecto comentó que esta propuesta comprendía no sólo a las empresas turísticas de las artesanías, sino a empresas proveedoras de servicios turísticos en general; por lo que recordó a los Servidores públicos que no olvidaran que el sector turístico es uno de los de mayor potencialidad en el país. De hecho comento que en una reunión sostenida con el subsecretario de Mypime, le había hecho la referencia a que estaban tratando de generar programas específicos para el sector turístico.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a votación de los integrantes de la comisión el proyecto de dictamen, mismo que fuera aprobado por unanimidad; seguidamente, la diputada abordó el cuarto dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía se manifiesta por modificar la minuta que nos ocupa y en términos del apartado del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirla a la Cámara de Senadores, para su discusión correspondiente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011. Se somete a discusión el siguiente dictamen.
El presidente pidió al secretario técnico que comentara el propósito de la minuta procedente del Senado y las modificaciones de la Comisión de Economía a la misma.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, procedió a explicar que la minuta pretendía fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a fin de recabar información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, pues había excepciones legales en la ley que hacía posible que los proveedores de servicios pudieran no entregar información que se les requería, lo cual impedía a la Profeco continuar los procedimientos iniciados. Ello además de que la minuta del Senado proponía facultar a la procuraduría para que pudiera coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de asegurar la protección efectiva del consumidor con respecto a la provisión de información y publicidad engañosas, lo que e proponía como particularmente grave y por lo que asimismo se planteaba incrementar el monto de las multas establecidas en la ley. El abogado Pérez Frías también señaló que la minuta presentaba un error, al haberse omitido en ella una frase en el artículo 128 Ter, misma que la comisión reincorpora; y, asimismo, indicó que la comisión proponía agregar un último párrafo el artículo 13, que textualmente diría “La Procuraduría considera como información reservada confidencial, en los términos de la Ley Federal Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental, aquella información que las autoridades proveedores o consumidores señalen que tienen ese carácter”.
El presidente comentó que el motivo por el que se agregaba ese párrafo radicaba en el temor de que hubiera empresas que se vieran vulneradas en la medida en que sus competidores pudieran tener acceso a la información solicitada por la autoridad. Dicho esto, el diputado Guajardo agregó que la minuta había sido aprobada por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, señaló dos observaciones en el artículo 128 Bis, en el contexto del rango de las multas a ser aplicadas el cálculo que aparecía estaba equivocado, de acuerdo a la fórmula establecidas de los montos de las operaciones y multas previstas en la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, del 21 de diciembre de 2010.
Dicho lo cual, y tras intercambio de puntos de vista entre el diputado Mercado Sánchez, el secretario técnico y el diputado presidente Guajardo Villarreal, éste último propuso que el secretariado técnico revisara el proceso de actualización de los montos de las multas y, con el compromiso de incorporar la corrección correspondiente, se procediera a someter a votación el dictamen.
La diputada Norma Sánchez Romero, asimismo, en referencia al citado artículo 128 Bis, señaló que si bien se establecían los montos máximos, en la redacción del dictamen no se enunciaban los mínimos, lo cual fue solventado en la redacción por el secretario técnico, por instrucciones del diputado Guajardo para quedar “hasta por los montos establecidos en el párrafo anterior”, ya que en el párrafo anterior al cual hace referencia ya establece máximos y mínimos.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, sometió a votación el referido dictamen con las modificaciones, mismo que fue aprobado por unanimidad; se procedió a dar lectura al siguiente proyecto de el dictamen, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; la Comisión de Economía acuerda: se desecha la iniciativa. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011.
El presidente tomó la palabra para comentar que desde hacía algún tiempo el ex secretario de Agricultura y ahora diputado Javier Usabiaga había propuesto una iniciativa para establecer normas oficiales mexicanas (NOM) para productos del sector agropecuario, propuesta controvertida al interior de distintas áreas del propio Poder Ejecutivo federal, de manera que la Comisión de Economía propuso que se sostuvieran reuniones, junto con el diputado Usabiaga y con la diputada Narcedalia Ramírez, miembro y representante de la comisión, para tal efecto y en virtud de su cercanía con el sector campesino, ya que se planteaba que la referida propuesta podía afectar a los pequeños productores del campo. El diputado Guajardo agregó que continuaban las conversaciones, al mismo tiempo que el diputado Usabiaga había presentado dos iniciativas con el mismo objetivo, haciendo uso del nuevo marco normativo del reglamento de la Cámara; al respecto, el legislador señaló que, en el caso de una de las iniciativas, ya se había llegado el término límite para procesarla, por lo que tras avisarle de ello al proponente, se acordó desecharla, en la comprensión de que quedaría por procesar la otra iniciativa. Por lo que sometió a consideración de los integrantes de la comisión, y no habiendo comentario alguno pidió a la secretaria diputada lo sometiera a votación.
La diputada Norma Sánchez Romero procedió a someter a votación el dictamen respectivo en sus términos, mismo que fue aprobado por unanimidad. Acto seguido, la diputada abordó el siguiente proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto en que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Acuerdo: Primero. La Comisión de Economía acuerda que se deseche la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011. Se somete a discusión el dictamen.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, por petición del diputado Guajardo Villarreal, procedió a explicar el por qué se proponía desecharla la iniciativa; por lo que comentó al respecto que la motivación de la iniciativa se basaba en el sentido de que el tipo de publicidad generaba desórdenes alimenticios. A lo enfatizó que en primer término, la preocupación del diputado proponente era una cuestión que tenía que ver con políticas de salud, que regula la Ley de Salud y no la Ley Federal de Protección al Consumidor; y en segundo lugar la propuesta no hace diferencia o no establece un estándar para establecer cuáles serían las imágenes que llevarían la leyenda “Fotografía retocada para modificar la apariencia física de las personas”.
El presidente puso a consideración de los integrantes de la comisión y no existiendo comentario alguno, solicito a la secretaria someterlo a votación.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, al no haber más comentarios, procedió a someter a votación el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado por unanimidad, luego la legisladora se refirió al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que proponía reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Acuerdo: Primero. Se deseche la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011. Se somete a discusión el proyecto de dictamen.
El presidente pidió al secretario técnico que comentara el propósito de la minuta procedente del Senado y las modificaciones de la Comisión de Economía a la misma.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que lo planteado por el proponente de la iniciativa es establecer en la Ley Federal de Protección al consumidor que las promociones y ofertas deberán indicar el alcance geográfico para el cual son ofrecidas, así como el término límite para revocarlas. El proyecto de dictamen propone desecharla en virtud de que en la NOM-028 SCFI 2007, en materia de prácticas comerciales. Elementos de información en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de sorteos y concursos, en los que se establece específicamente lo que la iniciativa pretende adicional a la Ley Federal de Protección al consumidor. También hizo referencia a la existencia de un reglamento de promociones y ofertas en el mismo sentido de la iniciativa.
El presidente puso a consideración de los integrantes de la comisión y no existiendo comentario alguno, solicito a la secretaria someterlo a votación.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, acto seguido sometió a la votación el dictamen, siendo aprobado por unanimidad, prosiguió con el octavo proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el 281 de la Ley General de Salud. La Comisión de Economía acuerda: Primero se desecha la iniciativa, segundo archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de julio de 2011. Se somete a discusión el presente dictamen.
El presidente le pidió al secretario técnico que comentara sobre el dictamen puesto a consideración del pleno.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que la iniciativa propone establecer en la Ley Federal de Protección al Consumidor que los productos que representen un riesgo para la salud por distintos tipos de reacción estén contenidos en envases con dispositivos de seguridad no accesibles a los niños y presentar leyendas precautorias, además de establecer que el proveedor responderá por los daños y perjuicios causados al consumidor con relación a lo ya señalado.
Al respecto, el abogado Pérez Frías señaló que lo solicitado ya estaba contemplado en la NOM que en forma muy específica señala que los envases de uso doméstico deberán de contar con las medidas de seguridad para los menores y contener la leyendas específicas, inclusive existe una serie de NOM que en particular establecen como deben de almacenarse y transportarse los productos químicos, por lo tanto las disposiciones de las NOM son mucho más amplias y específicas que lo que propone la iniciativa.
El presidente procedió a someter a consideración de los diputados presentes y no habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió a la secretaria diputado lo pusiera a votación.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, sometió a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad, luego procedió a continuar con el orden del día y para ello abordó el proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 1o., 5o., 7o., 9o., 10, 11 y 12 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, así como el segundo párrafo de la fracción I y la fracción IV del artículo 2o. y el artículo 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados; la Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011. Se somete a consideración el presente dictamen.
El presidente tomó la palabra para comentar que se trataba de una propuesta planteada por el diputado Jorge Hernández Hernández, miembro de la comisión, con el que la presidencia había venido sosteniendo un diálogo sobre el tema. Dicho esto, el diputado presidente Guajardo pidió al diputado Hernández que hablara sobre el objeto inicial de su iniciativa y asimismo comentara cuáles habían sido las consideraciones valoradas para decidir cumplir con los términos mandatados por el Congreso y para desechar la iniciativa, en acuerdo con el propio diputado proponente.
El diputado Jorge Hernández Hernández señaló que había fundamentado la presentación de su proyecto de iniciativa en el hecho de que a los miembros de la Cámara de Diputados, en su calidad de representantes populares, acudían diversos sectores de la población para solicitar la defensa de sus intereses económicos, entre otros; que ello había quedado claro en el caso de los diversos organismos y sectores empresariales que habían acudido en audiencias públicas ante la comisión, a fin de manifestar su inquietud ante el propósito del Gobierno Federal de suscribir un tratado comercial con Brasil en los términos en que se estaba planteando. En este sentido, el legislador señaló que su proyecto estaba animado, en consecuencia, por el hecho de que la Cámara de Diputados no tenía facultades para tomar decisiones con respecto a los tratados comerciales y que por ello pareciera que no era capaz de atender las solicitudes de los sectores productivos al respecto.
El diputado Hernández afirmó haber acordado con la presidencia de la comisión que se desechara su proyecto de iniciativa, al tiempo de pedir a sus compañeras y compañeros de Comisión continuar haciendo el esfuerzo necesario para que la Cámara pueda participar en el ámbito de la aprobación de los acuerdos comerciales. El legislador asimismo señaló que en forma paralela se había presentado una iniciativa que se encontraba en la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que se valorara la viabilidad jurídica del caso, ya que, en efecto, era facultad exclusiva del Senado aprobar los acuerdos y tratados comerciales suscritos por el Ejecutivo Federal; en igual forma, el diputado agregó que si la referida Comisión se pronunciaba en el sentido requerido, presentaría de nuevo su iniciativa ante la Comisión de Economía.
El presidente agradeció al diputado Hernández su disponibilidad y seguidamente se refirió al hecho de que si se procediera a impulsar un debate con los miembros del Senado de la República sobre sus facultades exclusivas y las de la Cámara de Diputados, ello representaría un muy improbable consenso. El diputado Guajardo agregó que esa no era la única manera de lograr el propósito deseado y que de hecho uno de los compromisos de la agenda de trabajo de la comisión radicaba en impulsar un proyecto de iniciativa para modificar la Ley de Comercio Exterior; ello con el fin de que, respetando la potestad del Poder Ejecutivo de diseñar la política arancelaria, se estableciera un mecanismo ex ante con el fin de que éste se viera obligado a consultar con el Legislativo dicha política. El presidente agregó que en septiembre se presentaría al pleno el referido proyecto, de manera que el Ejecutivo se viera orillado por ley a presentar en paquete las propuestas arancelarias en materia de comercio exterior ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y la Comisión de Comercio e Industria del Senado, para ser aprobadas o desaprobadas de manera integral, de manera que las comisiones estuvieran en posición de salvaguardar los intereses de los sectores productivos del país en la referida materia. Al no haber más comentarios, solicitó a la secretaria diputada someter a votación el dictamen.
La secretaria, diputada Norma Sánchez Romero, hizo lo propio y el dictamen fue aprobado por 16 votos a favor y una abstención. Acto seguido, procedió a abordar el proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 1391 del Código de Comercio. La Comisión de Economía acuerda: se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio del 2011. Se somete a consideración el presente dictamen.
El presidente pidió al diputado Sergio Gama Dufour que hiciera comentarios sobre el propósito de su iniciativa.
El diputado Sergio Gama Dufour comentó que en la iniciativa por él presentada, la fracción que se proponía derogar se había establecido en 1889 y que en ese entonces la ley contenía los dispositivos que regulaban el conjunto de la totalidad de la actividad mercantil y financiera del país. Asimismo señaló que a lo largo de los años esta ley había experimentado una serie de modificaciones para expedir leyes especiales que regularan esas materias específicas y puntualizó que el título séptimo del libro segundo del Código de Comercio, donde se encontraba el referido artículo 441, fue derogado en 1935, y que se había dejado el artículo 1391, en que se establecía que las pólizas de seguro traían aparejada ejecución conforme a la ley en la materia. Seguidamente, el diputado Gama Dufour afirmó que consideraba que la fracción V del artículo 1391, aún vigente, por una parte ya era inoperante y, por otra, que la reforma que él proponía concordaba con el pronunciamiento jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ni los contratos de seguro ni las pólizas respectivas constituyen documentos que conllevan de manera aparejada la ejecución para efectos de procedencia de la vida ejecutiva mercantil.
El presidente abrió a discusión el proyecto de dictamen, y no habiendo quién hiciera uso de la palabra, solicitó a la secretaria lo sometiera a votación.
La diputada Norma Sánchez Romero, al no existir ningún otro comentario, sometió a votación el respectivo proyecto de dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día se da lectura al siguiente proyecto de dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Minera para realizar consultas a los pueblos indígenas cuando se llevaran a cabo actividades de explotación, exploración y beneficio sobre los recursos del subsuelo de sus territorios. La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo, a cuatro de julio de 2011.
El presidente tomó la palabra para señalar que en su caso, al conocer la iniciativa, en forma instintiva reaccionó a favor de lo que en ella se proponía, pero que al revisar el marco legal con la ayuda de la secretaría técnica de la comisión, se había concluido que México era un país que en tratados y convenios internacionales y ya se había comprometido y obligado a cumplir con esos procedimientos de consulta. En este punto de su intervención, el diputado Guajardo señaló que lo que faltaba ciertamente no era el mandato correspondiente, sino la reglamentación respectiva a propósito de cómo debían realizarse las consultas a los indígenas y, asimismo, puntualizó que su diseño era responsabilidad del Ejecutivo federal. Dicho esto, preguntó si había algún comentario por parte de las legisladoras y los legisladores de la comisión.
La secretaria Norma Sánchez Romero sometió a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por una mayoría de 16 votos a favor, con una abstención, tras lo cual procedió a abordar el siguiente proyecto de dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Cofetel, de la Cofeco, de la Profeco y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aplique la ley y termine con las prácticas monopólicas. La Comisión de Economía acuerda: Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor realice las investigaciones correspondientes con objeto de sancionar de acuerdo a los ordenamientos vigentes, a aquellas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones que estén ocurriendo en práctica monopólicas. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cuatro de julio de 2011. Se somete consideración el proyecto de dictamen.
El presidente, antes de que se iniciara la discusión, comentó a los miembros de la comisión que ese punto de acuerdo fue turnado en Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Economía, por la Mesa Directiva, por lo que turnó a esta comisión el anteproyecto de dictamen para someterlo a consideración de la misma en sentido positivo, por lo que además el diputado Guajardo Villarreal señaló que la secretaría técnica no le había hecho cambio alguno.
El diputado José Luis Velasco Lino expresó que la propuesta de dictamen había sido planteada antes de que la CE impulsara uno de los grandes logros de LXI Legislatura, es decir, la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica, en la que había quedado reforzado el tema que abordaba el punto de acuerdo; por último, el diputado Velasco Lino dijo que votaría a favor del punto de acuerdo.
El diputado Jorge Hernández Hernández por su parte expresó escepticismo respecto a que el Ejecutivo federal tomara cartas en el asunto y, por otra parte, consideró que el punto de acuerdo no era suficientemente enérgico, además de juzgar que el exhorto pretendía apoyar al consumidor frente a las prácticas monopólicas de las empresas de telecomunicaciones.
El presidente, al no existir cometario alguno, solicitó a la secretaria diputada que sometiera a votación el dictamen.
La diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación, el cual fue aprobado por unanimidad y seguidamente se abordó el siguiente punto en el orden del día.
Asuntos generales
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez mencionó que en días anteriores había aparecido en el diario Reforma que la Comisión de Economía era la cuarta con mayor productividad en la Cámara de Diputados, a lo que el diputado Guajardo comentó que de acuerdo con El Universal era la tercera en rendimiento. El diputado Mercado Sánchez agregó que dichas valoraciones sólo lo eran en términos cuantitativos, que no cualitativos, de suerte que no se justipreciaba la importancia que revestía, por ejemplo, la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Seguidamente el legislador se pronunció por procesar la minuta proveniente del Senado de la República respecto a la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se refirió a que en el contexto del foro organizado por la CE sobre dicha iniciativa de ley, funcionarios del estado de México y del Distrito Federal habían señalado que, gracias a las asociaciones público-privadas, ambos gobiernos habían podido realizar un gran número de proyectos de infraestructura, mientras que otros no habían podido hacer lo propio por no contar con leyes al respecto.
El presidente invitó a los miembros de la comisión a que hicieran sus comentarios y agregó que se sostenían pláticas con la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, para realizar un foro con empresarios y funcionarios públicos en aquella ciudad antes de que concluyera el verano. El diputado Guajardo agregó que proponía a los legisladores del grupo de trabajo formado para atender dicho proyecto y al resto de la comisión, abocarse a revisar y procesar el dictamen de la minuta del Senado después de la celebración de ese segundo foro, aprovechando lo que participantes del foro, realizado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, habían propuesto; ello, por una parte, en el sentido de establecer un esquema de prioridades y, por otro, en el de establecer límites al gasto público e impedir que las asociaciones público-privadas pudieran constituirse en mecanismos de evasión fiscal. El diputado Guajardo Villarreal agregó que tan luego se estableciera fecha para el viaje a Monterrey se les avisaría a los miembros de la Comisión, con el fin de que quienes quisieran formar parte del grupo que se trasladaría a esa ciudad, pudieran incorporarse al mismo. Por último, el diputado Guajardo comentó que a partir del 1 de julio, el hasta entonces secretario técnico de la comisión, el doctor Oswaldo Tello, había aceptado una oferta de trabajo precisamente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en aquella ciudad, por lo que había debido ausentarse. El diputado Guajardo agradeció al doctor Tello sus contribuciones a la buena marcha de los trabajos de la comisión; asimismo, el diputado informó que sería sustituido por el licenciado Alejandro Pérez Frías, quien hasta ese momento había venido fungiendo como asesor jurídico del secretariado técnico de la comisión, quien a su vez sería sustituido en aquel puesto por el licenciado Alejandro Guzmán Rejón.
Clausura
Dicho lo cual y tras haber agotado el orden del día, con la anuencia de las legisladoras y de los legisladores miembros de la comisión, el presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a dar por terminado la reunión de ordinaria, no sin antes haber agradecido a todos su presencia.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Economía, derivada de la reunión ordinaria del martes 9 de agosto de 2011
A las 17:25 horas del martes 9 de agosto de 2011, en los salones de usos múltiples números 1 y 2 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo del orden del día de la reunión ordinaria correspondiente.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Susana Hurtado Vallejo Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara y Víctor Roberto Silva Chacón.
Diputados que justificaron su inasistencia: María Antonieta Pérez Reyes, Indira Vizcaíno Silva, secretarias.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 23 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden de día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones correspondientes al 12 y al 26 de abril de 2011; 4. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso aprobados: a) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica y artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en materia de fijación de precios); b) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en materia de garantías de bienes inmuebles); c) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (en materia de normas oficiales mexicanas); d) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en materia de convenciones mercantiles y tasas de interés); e) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en materia de contratos de adhesión); f) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 20 de la Ley sobre Contrato de Seguros en materia de exenciones de garantía Dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de casas de empeño; f) dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de Casas de Empeño; g) dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de con tarjetas de débito o crédito; y h) dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la creación de la Agencia Pyme. 5. Asuntos generales. 6. Clausura.
Tras haberse leído el orden del día, fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, sometió a la consideración de los miembros de la comisión incluir en el orden del día el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; ello con base en el hecho de que el dictamen en su momento había sido enviado a las y a los miembros de la propia Comisión, al tiempo de señalar que correspondía a la versión definitiva de una de dos iniciativas presentadas por el diputado Javier Usabiaga Arroyo.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación la integración en el orden del día, lo cual fue aprobado por mayoría.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que independientemente del resultado, deseaba escuchar la opinión de quienes se manifestaron en desacuerdo con respecto a su inclusión, al tiempo de señalar que, en efecto, el dictamen se les había hecho llegar a los miembros de la comisión en un plazo menor.
El diputado José Antonio Arámbula López manifestó su desacuerdo y sorpresa con respecto al dictamen y por tanto con relación a desechar la iniciativa, ya que la Comisión había venido realizando grandes esfuerzos para lograr consensos con respecto a lo planteado por el proponente de la misma; luego de lo cual, a decir del propio diputado, se la desechaba de manera intempestiva y sin el diálogo correspondiente, si bien se trataba de la segunda ocasión en que la iniciativa había sido sometida a la consideración de los miembros de la Comisión de Economía; ello al tiempo de señalar, asimismo, su desacuerdo con respecto a la anticipación insuficiente con que se les había hecho llegar el dictamen en esta ocasión. El diputado El diputado López Arámbula afirmó que consideraba que se había precipitado el proceso en forma deliberada.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –en respuesta a lo planteado por el diputado José Antonio Arámbula López– afirmó que, como el resto de los miembros de la comisión sabían, no se trataba de un dictamen nuevo, sino de uno que, en su esencia, había estado en las manos de todos los miembros de la comisión desde hacía muchos meses, de suerte que el proceso que se venía observando no correspondía a ningún propósito de ocultamiento. Asimismo, el diputado Guajardo Villarreal recordó que, como el conjunto de los miembros de la Comisión sabía, el propio Ejecutivo Federal había planteado serias objeciones sobre la iniciativa de referencia por sus posibles efectos en el sector de los pequeños productores, en caso de aprobarse; en el mismo sentido, el diputado Guajardo señaló que, en rigor, la controversia y la oposición surgieron en las agencias del Ejecutivo Federal, responsables de la materia en cuestión. El presidente diputado asimismo expresó que la Comisión había concedido un largo plazo para que pudieran celebrarse las reuniones que hubieran sido necesarias entre los funcionarios del Ejecutivo Federal, el proponente de la iniciativa y los diputados interesados en el asunto, luego de lo cual la conclusión fue reiterada, en el sentido de que lo que se proponía en la iniciativa causaría problemas en el sector de los pequeños productores, además de que lo que en ella se planteaba no correspondía a las normas oficiales mexicanas.
En este punto de su intervención, el diputado presidente afirmó que, aun cuando la mayoría de los miembros de la Comisión había votado a favor de desechar la iniciativa, en sintonía con el clima de camaradería que caracterizaba el trabajo que venía desempeñando la Comisión, manifestaba su no objeción en caso de que se optara por decidir este asunto en la reunión siguiente. Al respecto, el propio diputado Guajardo manifestó que el único serio inconveniente de ello radicaba en que el cumplimiento del plazo para procesar la iniciativa era inminente, de acuerdo a lo establecido por el nuevo reglamento de la Cámara; por esta razón el diputado Guajardo Villarreal propuso a la minoría de los miembros de la Comisión que votaron contra el dictamen, que si el diputado Usabiaga llegaba a establecer un acuerdo con la autoridad para formular una propuesta diferente y sin los problemas del caso, se le daría trámite en la siguiente reunión mensual de trabajo de la Comisión, es decir, en septiembre, y de esta manera la Comisión no incurriría en incumplimiento del plazo ya mencionado, al tiempo de permanecer en disposición de recibir lo que en su momento propusiera el diputado proponente.
El diputado José Antonio Arámbula López, con el fin de que no fuera necesario que el diputado Usabiaga Arroyo presentara una nueva iniciativa, planteó que el dictamen se procesara en la siguiente reunión de trabajo y que se le diera tiempo al diputado para que llegara a un acuerdo con las autoridades federales, en caso de lo cual se reformularía la iniciativa y en consecuencia el dictamen; y, en caso de que no hubiera acuerdo, dicho dictamen se presentara en la siguiente reunión entonces se procesara.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en intercambio de puntos de vista con el diputado Arámbula López, comentó que si se procedía de la manera que éste proponía, la comisión incumpliría el plazo establecido por el reglamento, mismo que se cumplía el 5 de septiembre, por lo que había sido necesario votar en esa reunión el dictamen respectivo, en la comprensión de que la Comisión manifestaba su disposición a recibir una nueva iniciativa por parte del proponente.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación la aprobación de las actas de las Reuniones Ordinarias correspondientes al 12 y al 26 de abril de 2011; las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Se continuó con el Orden del día procediendo a dar lectura a primer proyecto de dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 7° de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Comisión de Economía acuerda: Primero: Se desecha la iniciativa. Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que la iniciativa había sido presentada por el diputado Pedro Vázquez, coordinador de la fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, y que en ella se planteaba el establecimiento de precios oficiales o precios tope para algunos productos de la canasta básica. Dicho esto, el diputado Guajardo le pidió al secretario técnico de la Comisión que explicara los argumentos por los cuales se recomendaba rechazar la propuesta de iniciativa.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías argumentó que, de acuerdo a la experiencia de los años ochenta en el país, el control de precios generaba efectos negativos en la economía y propiciaba la creación de oligopolios, que era precisamente lo que la iniciativa se planteaba combatir con respecto al comportamiento actual del mercado nacional; ello además de que el establecimiento de precios máximos resultaría sumamente complejo, entre otras razones porque en la iniciativa no se proponía parámetro alguno para ello; el abogado Pérez Frías además argumentó que el establecimiento de precios fijos desalienta la inversión, pues el nivel de utilidad estaría limitado de manera artificiosa, cuando en todo caso es la competencia la que causa que los precios bajen.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para comentar que el dictamen estaba a consideración de los diputados integrantes de la Comisión y, al no haber comentario alguno, instruyó al secretario diputado a someterlo a votación.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor, un voto en contra y una abstención, se abordó el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía, acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que ese segundo dictamen, abordaba un tema que recurrentemente era motivo de queja ante los legisladores por parte de quienes residen en colonias y sectores en los que han comprado casas de interés social; ello con respecto al nivel de responsabilidad de los desarrolladores con relación a defectos que en algún momento presentan las viviendas. El diputado Guajardo señaló que en tales casos la ley vigente sólo establece garantía de un año y que, por su parte, el promovente pretendía que se estableciera una general de cinco años. A este propósito, el diputado presidente comentó que tras analizar el secretariado técnico la propuesta, se había concluido que una garantía que cubriera por ese lapso todos los aspectos de una casa habitación resultaba excesiva, ya que durante ese tiempo una casa sufría desgaste por el mero uso, en el caso, por ejemplo, de las instalaciones sanitarias, cuya utilización por definición es intensiva, lo mismo que en el caso de las impermeabilizaciones. De suerte que, en atención a lo planteado por el promovente, se estaban planteando, en efecto, cinco años para los aspectos estructurales de la construcción, pero tres años en el caso de las impermeabilizaciones y un año para el resto de los elementos que componen una casa habitación vendida por desarrolladores. En este punto, el diputado Guajardo precisó que el dictamen enviado a los miembros de la Comisión no contenía las precisiones que recién había comentado, por lo que se establecía la reserva para hacer el cambio correspondiente en el dictamen, de manera que dicha propuesta fuera considerada por los miembros de la Comisión al momento de votar el dictamen.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió el dictamen a consideración de los miembros de la Comisión, mismo que se aprobó por unanimidad. Se procede a continuar con el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La comisión de Economía acuerda, Primero: se desecha la iniciativa, segundo: archívese el presente como total y definitivamente concluido. Dado ene le Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró a los presentes que esta iniciativa no era la que se acababa de incorporar al orden del día, aún cuando el tema tiene que ver con la Ley de Metrología y de Normalización, por lo que solicitó al secretario técnico comentara el por qué del sentido de dicho dictamen.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, procedió a comentar las razones por las que se proponía rechazar la iniciativa, señaló que la diputada proponente planteaba modificar la Ley Federal de Metrología y Normalización, específicamente las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), con el fin de que por medio de éstas se privilegiara el consumo de productos mexicanos y así se fomentara el fortalecimiento de la industria nacional. En el mismo sentido, el abogado Pérez Frías explicó que la finalidad de las NOM, son especificaciones técnicas que regulan tanto a productos extranjeros como a productos nacionales, con el fin de proteger al consumidor, cuando ciertas directrices van en contra de la salud.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen, mismo que fuera aprobado por mayoría, por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención. Seguidamente procedió a abordar el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito. La Comisión de Economía acuerda, primero, se desecha la iniciativa; segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueves días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra con el fin de explicar que la iniciativa había sido turnada por la Congreso del estado de Colima y que fundamentalmente propone que el Banco de México fijare las tasas de interés puntualmente, lo que evidentemente tendría consecuencias negativas, como bien lo sabían los miembros de la Comisión con experiencia en materia financiera, ya que a partir del momento en que se determinaran de manera fija las tasas de interés, no sería posible utilizar los instrumentos de política monetaria y se correría el riesgo de generar un desbalance; en igual forma, el legislador señaló que de manera adecuada podían inducirse a la baja las tasas de interés mediante acciones de política fiscal y monetaria, pero que lo propuesto en la iniciativa era contraproducente. Por lo anterior, procedió a poner a consideración de los presentes el proyecto de dictamen.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, al no haber comentarios, procedió a someter a votación el dictamen, que fue aprobado por unanimidad; se continuó con el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 y 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de contratos de adhesión. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que, en razón de que el promovente de la iniciativa, el diputado Víctor Roberto Silva Chacón, estaba presente, le pedía que expusiera los motivos por los que había presentado la iniciativa y que explicara cuál había sido el diálogo que había mantenido con la Comisión, con vistas a formular el dictamen que se procesaría.
El diputado Víctor Roberto Silva Chacón explicó que había propuesto la iniciativa, habida cuenta de que aún persiste una práctica comercial que perjudica a los consumidores, consistente en la obligación de contratar un cierto bien o servicio por un plazo forzoso determinado, con relación a lo cual asimismo señaló que si bien es cierto que la fijación de este tipo de plazos responde a la necesidad de las empresas de amortizar el costo del equipo o de la inversión en infraestructura, así como el de la mano de obra utilizada en su instalación para proveer el bien o servicio, también era cierto que algunos proveedores utilizan el referido mecanismo para retener y someter a sus consumidores; ello en el sentido de que, en caso de que un consumidor quiera dar por terminado el contrato antes del plazo convenido, éste se vea obligado a liquidar una cantidad de recursos monetarios como medio para resarcir el incumplimiento y la validación de la recesión del contrato, sin que exista la posibilidad de que goce del bien o del servicio por un plazo definido, una vez que es penalizado por cancelación anticipada.
El diputado Silva Chacón, agregó que la amonestación pecuniaria por contratos cancelados con anticipación, en la mayoría de los casos corresponde a un desembolso similar o igual al que hubiera debido realizarse para gozar del bien o del servicio durante el tiempo de vigencia del contrato; ello con la clara intención de que al consumidor le resulte más costoso cancelar el contrato que continuar con su vigencia. Asimismo, el legislador mencionó el hecho de que los contratos de adhesión que suscriben los consumidores en estos casos, generalmente son elaborados por las empresas proveedoras y son revisados y consolidados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el fin de que no contengan preceptos que afecten el bienestar de los contratantes; sin embargo, a decir del legislador, siguen prevaleciendo los abusos, como en el caso de bienes y servicios ofrecidos por empresas pertenecientes a los sectores de telecomunicaciones, de transportes o de la construcción, entre otros. En este punto de su exposición, el diputado comentó que una de las razones vinculadas a las mencionadas penalizaciones por parte de las empresas proveedoras radica en el cambio de domicilio de los consumidores por razones de la dinámica demográfica y laboral; en igual forma, el legislador mencionó otros ejemplos, que se traducen en penalizaciones que sin duda no son imputables a los consumidores y sí a proveedores de ciertos bienes o servicios, respecto a la deficiente satisfacción en el servicio y por incumplir con lo pactado en el contrato.
En suma, lo que el diputado proponente afirmó haber planteado en el proyecto de iniciativa correspondiente, radicaba en modificar el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que los proveedores que ofrezcan bienes o servicios al público en general y de manera masiva, estén sometidos a la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Profeco; asimismo, en modificar el artículo 86 Ter de la misma ley, a efecto de establecer que en los contratos de adhesión de la prestación de servicios, el consumidor pueda dar por terminado el contrato aun de manera anticipada, cuando existan prácticas comerciales coercitivas o desleales o cuando cambie de residencia o domicilio o cuando existan condiciones que no le sean imputables y que afecten el abastecimiento de la prestación del servicio cuando el proveedor sea sancionado por una práctica monopólica prevista en la legislación correspondiente.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que de acuerdo a su comprensión, la propuesta presentaba dos universos: el primero relativo al propósito de que todos los contratos de adhesión de servicios fueran registrados en la Profeco; y el segundo, relativo a la propuesta de que todos los contratos de adhesión estuvieran sujetos a terminación unilateral por parte de los consumidores, en ciertas circunstancias. Al respecto, el diputado Guajardo comentó que en diálogo los respectivos equipos de trabajo de la Comisión y del proponente, así como en forma directa entre éste y él mismo, se concluyó, en primer término, que la universalidad del registro de los contratos constituiría un esquema extraordinariamente ambicioso, por la cantidad de oferentes de todo tipo en el mercado, y que, por tanto, ello implicaría una gran carga de trabajo a la autoridad que, en muchos casos, no estaría necesariamente justificada; de ahí que se acordara que se propusiera que fuera el propio titular de la Profeco quien determinara, en razón de sus características, importancia e impacto en el consumidor, cuáles contratos debían estar sujetos a regularización. Por otra parte, el legislador comentó que se había analizado que la culminación unilateral sería un elemento que generaría una extraordinaria incertidumbre, en razón de que –sin particularizar y a manera de ejemplo– si repentinamente un consumidor decidía trasladarse de una ciudad a vivir en una cabaña en la parte alta del Chipinque, muy probablemente en ese lugar no encontraría servicio telefónico y cabría preguntarse, entonces, de quién habría sido la responsabilidad del cambio; el legislador comentó, en este punto, que si se refrendaba la propuesta original, se estaría abriendo un horizonte de serios problemas, en la medida en que, por decisiones específicas del consumidor, pudieran incumplirse muchos contratos.
De ahí que –de común acuerdo– se llegara a la conclusión de que la terminación unilateral de un contrato no era necesariamente una práctica saludable para el fomento a la inversión y al desarrollo en los diversos ámbitos del sector servicios. Al mismo tiempo y por último, el diputado manifestó la voluntad de la comisión de continuar conversando con el diputado proponente y su equipo, para avanzar en la materia más allá de esa zona gris que pudiera dar pie a la comisión de abusos en materia de incumplimiento de contratos, mientras que de la iniciativa original se proponía rescatar el registro de los contratos de adhesión, de acuerdo a lo que determinara la autoridad. Dicho esto, el diputado Guajardo invitó a que expresara sus opiniones las diputadas y los diputados miembros de la comisión.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó que la iniciativa del diputado Silva Chacón, sin duda respondía a una inquietud de la sociedad y que por ello debía trabajarse en tal sentido; por otra parte, el legislador expresó que, en el caso de las modificaciones acordadas respecto al artículo 85, por medio de la cuales se proponía concederle atribuciones al titular de la Profeco para dar por terminados los contratos de adhesión, debía plantearse qué condiciones debían satisfacerse para que el procurador decidiera o no cancelar un contrato.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, En este punto, a lo dicho por el legislador comentó que en la iniciativa se estaba planteando concederle facultades a la autoridad, no para cancelar contratos, sino para decidir la necesidad de su registro, lo cual eran dos cosas muy diferentes.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, comentó que, siendo así, de cualquier manera en materia de las facultades que se proponía conceder a la autoridad había poca precisión y que, por tanto, los criterios que aplicara el procurador pudieran ser demasiado discrecionales; así, por ejemplo, si los basara en el número de quejas formuladas por los consumidores, porque una hipotética empresa con un mercado muy grande que hubiera provocado 5 mil quejas, podía ser sujeta de la medida ya mencionada, mientras que, comparativamente, una empresa que abarcara un sector reducido del mercado, pudiera causar mil 500 reclamaciones y ello representar, en términos proporcionales, en realidad un número mayor de quejas que en el caso de la primera empresa, con relación a la cual y respecto al número de sus clientes, 5 mil quejas pudieran representar muy pocas.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para plantear que, de acuerdo a su interpretación, lo que se proponía en el proyecto de iniciativa era que el titular de la Profeco decidiera qué sector o sectores de oferentes de bienes o servicios debieran registrar sus contratos ante la Procuraduría, de manera general, y no con referencia a esta o aquella empresa. En este punto el diputado Guajardo señaló que, en caso de que no fuera así, estaba de acuerdo con lo que planteaba por el diputado Mercado Sánchez, en el sentido de que el procurador debiera aplicar su criterio con respecto a sectores y no a empresas en particular; y, asimismo, dijo que si no fuera ese el caso, le parecía entonces que la redacción no correspondería a lo que él entendía que había sido el espíritu de la propuesta; en este punto de su intervención, el diputado presidente le pidió al secretario técnico de la comisión que aclarara el sentido de lo formulado en ésta.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, señaló que en la redacción del artículo como quedó, se hablaba de proveedores y no de sectores, por lo que la redacción quedaba era para que el Procurador tome en cuenta diversos factores para fundamentar y motivar la razón de porqué está decidiendo que un proveedor de servicios deba registrar su contrato de adhesión.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –al escuchar lo dicho por el abogado Pérez Frías– confirmó que lo señalado por el legislador era lo cierto con respecto a lo formulado en el artículo correspondiente y por ello planteó que era necesario debatir si se debía hacer referencia a sectores en lo general o a empresas en lo específico.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez puntualizó que los motivos por los que, en términos generales, pudiera exigírsele a un proveedor el registro de los contratos que suscribiera con sus clientes, podrían ser señaladamente indeterminados si sólo entrara en juego el criterio del titular de la Profeco, ya que podrían basarse en el número de quejas, en ciertos motivos de reclamación, etcétera, a los que podrían corresponder sanciones por montos variables. En pocas palabras, el legislador señaló que la autoridad no necesariamente actuaría con gran racionalidad en todos los casos, de manera que juzgaba que era necesario que la facultad que se proponía que se le concediera, a su vez fuera acotada con precisión por los propios legisladores.
La diputada Norma Sánchez Romero manifestó que consideraba que la iniciativa era parcialmente viable, porque por una parte sin duda cumplía con los objetivos de proteger los derechos del consumidor, pero asimismo señaló que la redacción era un tanto confusa, porque en el párrafo segundo sólo se facultaba al titular de la Procuraduría a solicitar en cualquier momento a los proveedores el registro del contrato, cuando a consideración suya la Profeco podría aplicar dicha exigencia por medio de diversas áreas; y, en igual forma, la legisladora señaló que era innecesaria la mención de las NOM.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González expresó que deseaba hacer algunas precisiones relacionadas con la técnica legislativa de la iniciativa, y al respecto preguntó si las seis condicionantes mencionadas en el artículo 85 tenían que ser cumplidas, todas ellas, para que se registrara el contrato. Por otra parte, el diputado comentó que para efectos legales ya existía el procedimiento de normalización en la propia Ley de Metrología, así como en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y que, en el caso de ésta última, de hecho se señalaba un procedimiento por medio del cual se procedía a una consulta a la propia industria que se pretendiera regular. Por otra parte, el diputado Pérez-Alonso afirmó que los criterios en que pudiera basarse el procurador pudieran ser sumamente discrecionales, de tal suerte que era mejor, por ejemplo, en el caso de las redes de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, que suponían aspectos sumamente técnicos, regular por medio de una norma oficial mexicana, como ya se hacía en el caso del comercio exterior o del sector salud y con relación a otros sectores, de manera específica, cuando en cambio la Ley Federal de Protección al Consumidor era una norma general, abstracta e impersonal.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, retomó la palabra para externar que creía que el planteamiento del diputado proponente obedecía al hecho de que en algunos sectores estratégicos de servicios ha habido controversias entre las autoridades y los proveedores que se han traducido en acciones legales que han impedido la publicación de la norma oficial mexicana correspondiente.
En este punto el diputado Guajardo, preguntó a los miembros de la comisión si estaban de acuerdo en que no se aprobara el dictamen a la iniciativa en esa ocasión y que, en cambio, se creara un grupo de trabajo encabezado por el diputado promovente y se invitara a la Profeco, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con el fin de analizar si procedía establecer un criterio normativo más claro. Acto seguido le pidió al diputado secretario que sometiera a la consideración del pleno de la comisión dichas propuestas, con el fin de plantear una alternativa en la siguiente reunión de trabajo, en septiembre.
El diputado Víctor Roberto Silva Chacón pidió a los miembros de la comisión que se considerara que su propuesta obedecía a la imperiosa necesidad de que los consumidores no se vieran afectados de manera cotidiana con relación a todo tipo de servicios y que si bien era cierto que seguramente había aspectos técnicos que en ese momento no era posible identificar de manera precisa, a fin de no incurrir en excesos y afectar indebidamente a las empresas, por otro lado las afectaciones que padecían los consumidores de servicios en diversos sectores eran una realidad cotidiana. Y por último, el diputado expresó su convicción en el sentido de que sí era posible avanzar con respecto a lo propuesto, al tempo de pedir que no se diluyera el propósito, con el fin de de proteger al consumidor.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que se invitaba a los representantes de la iniciativa privada presentes en la reunión en razón del dictamen, a que se acercaran al grupo de trabajo que se formaría, con el objetivo de que sus puntos de vista fueran considerados; luego de lo cual el diputado Guajardo pidió al diputado secretario que procediera a someter a votación lo propuesto por la presidencia.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el planteamiento de diferir de integrar un grupo de trabajo para analizar la propuesta el dictamen y así posponer para la siguiente reunión el citado dictamen, lo cual fue aprobado por unanimidad. Seguidamente, el diputado secretario abordó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó que la iniciativa había sido presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi y que el análisis del secretariado técnico había arrojado como resultado la inviabilidad de algunos aspectos y la pertinencia de otros; el presidente diputado le pidió al abogado Pérez Frías que presentara la propuestas del diputado Kahwagi y comentara cuáles habían sido consideradas apropiadas y formaban parte del dictamen aprobatorio.
El secretario técnico Andrés Alejando Pérez Frías, expuso que el diputado Kahwagi proponía que se modificara el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de regular las extensiones de garantía y, asimismo, reformar el artículo 20 de la Ley Sobre del Contrato de Seguro, con el objeto de regular la prestación del servicio financiero como de compra protegida, lo cual es brindado por algunas instituciones de crédito. El abogado Pérez Frías asimismo comentó que el diputado proponente planteaba agregar dos párrafos al artículo 79 en los siguientes términos: “Toda extensión de garantía deberá señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que se estipulan en la garantía original” y el segundo, “El consumidor podrá cancelar la compra de cualquier extensión de garantía durante los siguientes siete días de efectuada la misma y recibirá el importe total pagado, sin penalidad alguna”.
Seguidamente, mencionó que la propuesta se consideraba viable, solo haciendo una pequeña modificación para darle sentido y definir la extensión de garantías; ya que no se encontraba definida en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC); ello con el fin de que quedara asentada como norma establecida, haciendo obligatorio para los proveedores hacerles saber a los consumidores cuáles eran los alcances de las garantías extendidas y darles la oportunidad de que pasado los siete días pudieran cancelar la compra de dicha garantía, ya que con frecuencia sólo con posterioridad los compradores se daban el tiempo para leer las condiciones que suponía dicha compra.
Al respecto, de la segunda modificación que proponía el diputado Kahwagi, el secretario técnico, comentó que ésta consistía en agregar una fracción IV Bis en el artículo 20 de la Ley Sobre del Contrato de Seguro, en el que establecía que la póliza debería de decir: “en el caso de que la prima sea cubierta por el consumidor final, las garantías extendidas, seguros de compra protegida, deberán señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que estipulan en la garantía original.”
Con relación ello, el abogado Pérez Frías comentó que lo cierto era que la Ley Sobre del Contrato de Seguro sólo regula a las compañías de seguros y no a las financieras que expiden tarjetas de seguro y tarjetas de crédito; el abogado en igual forma señaló que además ésta ley ya establece la obligación de que todas las pólizas de seguro consten por escrito y establezcan sus condiciones y alcances, por lo que se juzgó innecesaria dicha propuesta.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró que de las dos propuestas que incluía la iniciativa, una se presentaba favorable y otra de descartaba dentro del mismo dictamen, por lo tanto sometía a consideración en proyecto de dictamen, no habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió al secretario diputado someterá a votación el dictamen.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez puso a votación el dictamen; fue aprobado por unanimidad. Seguido, el secretario dio lectura a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda, se aprobó la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para señalar que se trataba de un dictamen muy importante en razón de que el tema de referencia versaba sobre las casas de empeño, y que, con respecto a la versión que de él había circulado, la presidencia plantearía varias reservas, además de que seguramente muchos legisladores que no formaban parte de la Comisión expresarían su punto de vista sobre el dictamen cuando éste fuera discutido y votado en el Pleno de la Cámara; de manera que, por ello mismo, por una parte era deseable identificar a los legisladores miembros de otras comisiones que hubieran presentado alguna iniciativa sobre el mismo tema, con el propósito de socializar el dictamen que estaba procesando la Comisión de Economía, luego de lo cual ésta podría plantearse dos vías parlamentarias: regresar el dictamen a comisión para modificarlo, con el fin de incorporar al mismo las ideas que, generadas fuera de su ámbito, se juzgaran valiosas; o bien procesarlo, en caso de que fuera fácil introducir los cambios en reservas, ya en el pleno de la cámara.
A ello agregó que, a grandes rasgos, deseaba mencionar algunos de los elementos fundamentales de la iniciativa, y que, en tal sentido, el propósito de la misma era atender problemas vinculados al funcionamiento de las casas de empeño, entre ellos la ausencia de un registro oficial de dichas casas y la necesidad de establecerlo, bajo la responsabilidad de la Profeco; en segundo término, el legislador se refirió al hecho de establecer mecanismos para garantizar a los clientes de casas de empeño que sus bienes están protegidos, de manera que no se pierdan o sean robados, o desaparezcan porque las propias casas de empeño cierren sus puertas intempestivamente, con referencia a lo cual la iniciativa establecía la obligatoriedad de una fianza que deberán adquirir los proveedores del servicio; en tercer lugar, el diputado presidente se refirió al hecho de que, aun cuando existe una regulación que pretende estandarizar la presentación de la información al público en materia del costo financiero del empeño, es totalmente irregular, lo que ocasiona que con frecuencia el consumidor no pueda comparar una tasa publicada por una casa de empeño contra otra, porque algunas de ellas no informan sobre los costos fijos por apertura del proceso, o porque en algunas otras la tasa de interés es fija, independientemente del plazo de uso, y porque en algunas otras priva el esquema del prorrateo por día.
El diputado Guajardo Villarreal señaló que la iniciativa pretendía establecer una Norma Oficial Mexicana o algún otro esquema por medio del cual se estandarizara la cifra de referencia, con el fin de que los usuarios del servicio pudieran hacer comparaciones fácilmente y se generara así competencia en materia del préstamo prendario. Otro tema más, a decir del propio legislador, radicaba en el reclamo permanente de los gobiernos estatales y de las legislaturas locales, en el sentido de que muchos de los artículos robados circulan a través de casas de empeño, de suerte que se ha intentado combatir este fenómeno por medio de iniciativas que obliguen a estas casas a exigir la factura de los bienes a ser empeñados. En este punto, el diputado presidente subrayó que, por desgracia, para muchas amas de casa y usuarios en general esta posibilidad estaba fuera de su alcance, ya porque hubieran extraviado las facturas o ya porque hubieran comprado los bienes sin ellas; al respecto, el diputado Guajardo comentó que, de manera alternativa frente a una exigencia muy válida, lo que proponía la iniciativa era corresponsabilizar a los propietarios de las casas de empeño, para que se obligaran a reportar a la autoridad las conductas atípicas de quienes acudieran a empeñar bienes y que pudieran estar vinculados a robos; así, por ejemplo, en el caso de un mismo individuo que empeñara varios televisores en el curso de un mes, etcétera.
Otro fenómeno al que se refirió el legislador y que dijo atendía la iniciativa, era el de los extravíos de objetos empeñados, por ejemplo en el caso de joyería, de tal manera que no permaneciera en la indefinición cuál es la obligación de la casa de empeño en cuanto a la reposición del bien, de manera que el usuario del servicio quede plenamente satisfecho en cuanto al resarcimiento del valor de lo extraviado. Por último, el diputado presidente le pidió al secretario técnico de la comisión, que planteara las reservas, a fin de abrir la discusión entre las legisladoras y los legisladores presentes.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que la primera reserva se establecía en el artículo 65 Bis, a efectos de eliminar el término “discrecionalmente”, ya que hasta ese momento en el dictamen se establecía que fuera facultad discrecional de la Profeco otorgar la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, cuando en cambio se planteaba que fuera una facultad reglada en el artículo 65 Bis.
En la segunda reserva correspondía al artículo 65 Bis 1, en la fracción IV, en que se agrega la frase “de los bienes empeñados”, fracción en la que se obligaba a las casas de empeño a otorgar una fianza a favor de la Federación para garantizar el valor de los bienes empeñados; de igual forma el abogado mencionó que se proponía modificar la referida fracción para que se estableciera que “la pieza [debía ser] equivalente al valor promedio del inventario de los bienes empeñados”.
Asimismo, el abogado agregó que se proponía eliminar el último párrafo del artículo 65 Bis cuatro, en el que se establecía un costo diario adicional al costo diario total que, por otra parte, se había establecido en un párrafo anterior; en igual forma se proponía la reserva correspondiente, a fin de suprimir el último párrafo del artículo 65 Bis seis, en que se decía que para los efectos de la restitución, en caso de que las prendas fueran robadas, extraviadas o dañadas, las casas de empeño estarían obligadas a contratar seguros que ampararan el valor de las prendas que conservaran en garantía, y sustituir ese por otro párrafo en el que se proponía establecer como obligación taxativa que se restituyeran los bienes afectados a los pignorantes, a efecto de incentivar a las casas de empeño a no perder o extraviar ni dañar las prendas objeto del contrato de mutuo; ello, independientemente de que las casas de empeño decidieran o no contratar un seguro para cubrirse en los casos mencionados.
El secretario técnico comentó que la siguiente reserva se planteaba en el artículo 65 Bis-siete, para que en el último párrafo se agregara la frase “podrá determinar”, de manera que en el caso de que el Ministerio Público presumiera la comisión de un delito, pudiera determinar que las prendas quedaran en depósito en las casas de empeño, ello de manera no taxativa, con el fin de no contrariar los códigos procesales de los estados que establecen reglas diferentes en el caso del depósito de bienes que son objeto de ilícitos. La siguiente reserva se estableció de nueva cuenta en el artículo 65 Bis uno, en el que se proponía eliminar la palabra “usura” en el último párrafo, en el que se establecían los requisitos para que las casas de empeño pudieran inscribirse y obtener su registro en el Registro de Casas de Empeño y, asimismo, algunas restricciones, entre otras, las de no haber sido sancionadas por delitos patrimoniales, de usura, de delincuencia organizada, etcétera, ya que el concepto de usura ha venido despareciendo de los códigos de los estados de la República, por la dificultad de tipificarlo y, además, en razón de que pudiera dar lugar a que con ello ciertas autoridades pudieran chantajear a las casas de empeño. Para concluir, el secretario técnico hizo mención de la última reserva, con respecto a la propuesta de modificar los montos de las multas que en la iniciativa se planteaban en salarios mínimos, a fin de establecerlas en pesos, ya que así se establecen las multas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal propuso a los miembros de la comisión que externaran sus puntos de vista sobre la iniciativa en general, para después hacer lo mismo con respecto a las reservas comentadas por el secretario técnico. Dicho esto, y al no haber comentarios en lo general, se procedió a escuchar los comentarios sobre las reservas.
El diputado Sergio Gama Dufor, hizo una observación con respecto al artículo 65 Bis 7, en su último párrafo, en el sentido de que la palabra “juez” debía ser sustituida por la expresión “Ministerio Público”, y que, además, debía incluirse la expresión “ejercitar la acción penal”, en virtud de que la etapa procesal a la que se hacía referencia era la averiguación previa penal. Por su parte, a estos señalamientos del legislador, el secretario técnico de la comisión, el abogado Pérez Frías, comentó que, en efecto, tenía razón, al tiempo de aprovechar la ocasión para señalar que el caso de la expresión “o acredite la propiedad” se estaría modificando lo que pudieran determinar las legislaciones locales en materia procesal penal, ya que, en todo caso, el propietario tendría que acreditar la propiedad ante el ministerio público, y éste determinará si se levanta el depósito de garantías. Por su parte, el legislador hizo saber al diputado Guajardo y al propio el abogado Pérez Frías que estaba de acuerdo con lo expresado por éste último.
El diputado José Antonio López Arámbula indicó que deseaba establecer una reserva con respecto al cambio que se proponía por medio de una reserva ya planteada, respecto a que la información que las casas de empeño pusieran al alcance de los clientes de manera obligatoria, hiciera referencia al costo diario totalizado de los préstamos; al respecto el diputado José Antonio López Arámbula comentó que a él le parecía que debía permanecer el concepto de costo mensual totalizado y que éste fuera el que se publicara, porque consideraba que de tal manera a los clientes les era y sería más fácil establecer comparaciones con otras casas de empeño, ya que la referencia más común apelaba al costo por mes, que no al diario, referencia que a decir suyo se prestaría a confusiones. El legislador asimismo manifestó que deseaba establecer una reserva con respecto al hecho de que las casas de empeño solían mentir con relación al verdadero costo anual total de los préstamos, el llamado CAT, de suerte que en la ley se estableciera una sanción al respecto; por otra parte, comentó que si bien es cierto que la usura es difícilmente demostrable, le parecía que el término debía permanecer en la ley, porque es posible que eventualmente pudiera tener lugar una sentencia que consignara un caso de esa naturaleza.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –a efecto de organizar la discusión con respecto a las reservas planteadas– comentó que, en efecto, con referencia a las que había establecido la presidencia de la comisión, había una en que se pedía que se eliminara el término usura, mientras el diputado José Antonio López Arámbula pedía que permaneciera; por otra parte, el diputado Guajardo señaló que había un malentendido con respecto a una supuesta reserva por medio del cual la presidencia estaría solicitando la eliminación del CAT, tema que pidió que aclarara el secretario técnico, tras lo cual éste aseguró al diputado José Antonio López Arámbula que no se eliminaba la mención de dicho costo. Por otra parte, el diputado presidente de la Comisión, en referencia a lo expresado por el diputado José Antonio López Arámbula, en el sentido de que se manifestaba como no partidario de la referencia al costo anual total en los préstamos prendarios, sino al costo mensual, le comentó a éste que, al igual que él, en un primer momento también había sido partidario de la referencia mensual y que, de hecho, en su momento así lo había propuesto al interior de la Comisión, porque consideraba que podría ser una referencia de estandarización válida; pero luego consideró que la referencia del costo diario cobraba mayor sentido, ya que con mucha frecuencia la gente empeñaba un objeto por muy pocos días, en tanto, por ejemplo, recibía el pago de la quincena.
El diputado Guajardo comentó que le había convencido el contraargumento que le había sido planteado, en el sentido de que a esa gente nada le decía la referencia del costo mensual, porque el préstamo era por un plazo muy corto, por lo que sería mucho más útil para la gente saber cuánto le cuesta diariamente un préstamo prendario, de forma que la adición de dicha tasa por día, fuera la que le permitiera calcular el costo de préstamos prendarios de más largo plazo.
El diputado José Antonio Arámbula López dijo que estaría de acuerdo en caso de que el costo se expresara en pesos, pero que al ser establecido en términos de porcentaje, le parecía que se perdía el sentido de la comparación, ya que la diferencia se expresaría en decimales; en este punto el legislador afirmó que en todo caso habría que establecer que se publicaran los costos tanto en términos diarios, como en mensuales, o que en el caso de la referencia al costo diario, éste se indicara en pesos y, en el del costo mensual, éste se expresara en términos porcentuales.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que consideraba que de hecho era muy difícil que se publicara la referencia en pesos, ya que eso dependería de cada artículo, por lo que necesariamente debería establecerse en términos porcentuales, si bien es cierto que, por otra parte y en respuesta a lo planteado por el diputado, podría establecerse la mención obligatoria del costo diario y del costo mensual de los préstamos y, en tal sentido, sometió a la consideración del pleno de la comisión que así fuera, por lo que seguidamente pidió que se abriera una reserva para que en el dictamen se estableciera la obligatoriedad de la publicación de ambos costos, por parte de las casas de empeño. Al no haber otro comentario, el diputado Guajardo Villarreal señaló que, en términos de procedimiento, le parecía adecuado formar un paquete con las reservas que no habían sido objeto de objeción alguna y separar aquellas que sí habían sido objetadas, y preguntó a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión si estaban de acuerdo en que así fuera.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que en todos los artículos de Ley Federal de Protección al Consumidor en que se mencionaban las multas, éstas estaban establecidas en pesos y que, en la misma ley, se asentaba que la Procuraduría, por causas de inflación, actualizará cada año los montos respectivos en pesos y, asimismo, que dichas actualizaciones serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, propuso a miembros del pleno de la comisión que primero se votara el paquete de las reservas planteadas por el secretario técnico y, luego de ello, por separado, las tres reservas propuestas por los diputados que hicieron uso de la palabra su oportunidad.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a la consideración de los miembros de la comisión el paquete de reservas como lo presento el secretariado técnico, el cual fue aprobado por unanimidad
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palabra para indicar que se procedería a votar por separado cada una de las tres reservas restantes, la primera de ellas interpuesta por el diputado Sergio Gama Dufour, la cual propone cambiar el término juez por “Ministerio Público”.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a consideración del pleno de la comisión la reserva propuesto por el diputado Gama Dufor, que fue aprobada por unanimidad; la segunda reserva hecha por el diputado José Antonio López Arámbula la cual propone que las casas de empeño publiquen la tasa de interés diaria y la tasa de interés mensual de manera obligatoria, reserva fue aprobada por unanimidad; y la tercera reserva propuesta por el diputado José Antonio López Arámbula, en el desacuerdo respecto a la eliminación del delito de la usura, por lo que solicitaba se dejara como impedimento para que alguien pudiera establecer una casa de empeño; propuesta que arrojo 4 votos a favor, siendo rechazada por mayoría de votos.
El diputado José Antonio Arámbula López comentó que había planteado otras observaciones, a lo que el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal respondió que, en efecto, así era; dicho esto, el diputado López Arámbula se refirió al pasaje del dictamen en que se establecía que las casas de empeño en forma obligatoria debían avisar a la autoridad sobre clientes que se comportaran de manera sospechosa, de suerte que pudieran estar vinculados a algún ilícito con relación a las prendas empeñadas. Por otra parte, el diputado Arámbula manifestó su extrañeza con relación a la propuesta de que tan luego las casas de empeño avisaran de presuntas irregularidades, los bienes involucrados quedaran automáticamente en calidad de depósito, lo que por otra parte al legislador le pareció que ello no estimularía a las casas de empeño a denunciar presuntas conductas sospechosas. En este punto y con respecto a ofrecer a las ciudadanos la posibilidad de localizar bienes que les fueran robados y que pudieran haber sido empeñados, el diputado José Antonio López Arámbula planteó que se estableciera la obligación por parte de las casas de empeño de publicar listas de dichos bienes, de manera que una persona que hubiera sido robada pudiera consultar si su bien se encontraba en dichas listas, para presentar entonces la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó al diputado López Arámbula y al resto de los miembros de la comisión que ello había complicaciones logísticas, ya que el caso de una sola empresa había 600 sucursales en el país y, por lo tanto, el tema remitía a la dificultad de poder establecer los inventarios y además el acceso físico a ellos para quienes hubieran sido objeto de robo; por lo que en tal sentido no era claro si las condiciones que supondrían el cumplimiento de una obligación como la planteada por el diputado Arámbula, fueran susceptible de cumplimiento práctico.
El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías aclaró al diputado José Antonio López Arámbula, con respecto a una parte de su intervención, que tras el aviso del que diera parte la casa de empeño a la autoridad con referencia a una persona que hubiera empeñado un bien y levantara sospechas por su conducta, el bien empeñado no quedaría inmediatamente en calidad de depósito, porque antes la autoridad deberá integrar una averiguación previa, y sólo tras confirmar que, en efecto, el objeto en cuestión forma parte de un ilícito, éste quedaría en calidad de depósito en la casa de empeño.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –con respecto a lo planteado por el secretario técnico de la comisión– aclaró que en realidad lo que estaba planteando el diputado López Arámbula trascendía lo referente a la mera custodia de un bien posiblemente robado o a la participación del Ministerio Público, porque lo que el legislador proponía era que en forma obligatoria las casas de empeño publicaran listas con los bienes empeñados, de manera que los afectados por un robo pudieran consultar una fuente de información para saber en qué casa de empeño se encontraría el bien de su propiedad. Al respecto, el diputado Guajardo planteó que quizás podría ofrecerse un alternativa a lo planteado por el diputado Arámbula, en el sentido de que cuando existiera una denuncia de por medio, la autoridad circulara entre las casas de empeño los números de serie y otras características de los bienes robados y las casas de empeño obligatoriamente comunicaran si los bienes en cuestión forman o no parte de sus inventarios. En este punto de su intervención, el presidente diputado sugirió al diputado Arámbula que, en virtud de la complejidad que implicaba la propuesta, la Comisión la continuara analizando, en la comprensión de que su reserva podría ser una de las reservas a ser discutidas en el Pleno de la Cámara; y que, mientras tanto, le solicitaba que continuara en procedimiento, ya que prácticamente el Pleno de la Comisión había terminado de analizar las reservas que formaban parte del Orden del Día. Solicitud a la cual accedió el diputado Arámbula. Seguidamente, el diputado Guajardo pidió al diputado secretario que procediera con la votación.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a someter a votación de las y de los miembros de la comisión el proyecto de dictamen con las respectivas modificaciones; siendo aprobado por unanimidad.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palaba para indicar que el siguiente punto se estaba dictaminando conjuntamente con la primera propuesta y que, por tanto, se trataba de otra iniciativa en materia de casas de empeño, en cuyo dictamen se proponía que se rechazara, ya que lo contenido en ella estaba incorporado en la discusión previa sobre el tema.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez abordó el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Comisión de Economía acuerda, primero se desecha la iniciativa, segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011. Se somete a consideración del Plano de la Comisión.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –al no existir comentario alguno por parte de los señores diputados– instruyó al diputado secretario someter a votación el dictamen.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el referido dictamen el cual es aprobado por unanimidad. Luego de lo cual, para continuar dando cumplimiento al orden del día, abordó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Comisión de Economía acuerda primero, se desecha la iniciativa, segundo archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías –tras solicitarle el presidente diputado Guajardo que explicara cuál era el propósito del promovente al presentar la iniciativa y por qué se había desechado– el abogado explicó que la diputada promovente proponía establecer en la Ley General de Protección al Consumidor que los proveedores que hicieran uso de terminales de punto de venta, al momento de cobrar lo hicieran de manera obligatoria siempre a la vista del consumidor; y el motivo del rechazo radicaba en que la legislación vigente va más allá de ello, ya que tener a la vista la tarjeta al momento del cobro no es garantía de que no se hagan cargos indebidos o de que no se la “clone”, en razón de que los dispositivos electrónicos de cobro pueden estar alterados; al respecto el abogado Pérez Frías comentó que independientemente de ello, la ley establecía que, con respecto a los cargos irregulares en tarjetas de débito y crédito, los bancos tienen la obligación de restituir el dinero correspondiente a los usuarios; y que además la legislación vigente imponía sanciones penales severas a quienes alterar al debido funcionamiento de los dispositivos con el fin de cometer los referidos fraudes.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen en sus términos, mismo que fuera aprobado por unanimidad; luego de ello, el secretario diputado continuó con el siguiente dictamen, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo a los nueve días del mes de agosto de 2011.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palabra para recordar que dicha iniciativa había sido presentada por un miembro de la propia comisión, el diputado Leoncio Alfonso Morán, en la que se proponía la creación de la Agencia Pymes; iniciativa que ya había sido aprobada en lo general por la Comisión de Economía, y tras lo cual se había concedido un prolongado periodo con el fin de que quien deseara plantear reservas, así lo hiciera; el diputado presidente comentó que, al no haberlas, la iniciativa había sido enviada para su análisis al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, en el que fue valorada positivamente; por otra parte, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que también largo tiempo hubo para que el Ejecutivo federal dialogara con el diputado Morán sobre su iniciativa, por lo que era tiempo ya de someterla a votación. Dicho esto, el diputado Guajardo propuso a los miembros del Pleno que se discutiera la iniciativa y, al no haber comentarios, pidió que se sometiera a votación, en lo general y en lo particular.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación de las diputadas y los diputados miembros de la comisión el dictamen en sus términos, fue aprobado por mayoría. Luego de lo cual, el presidente diputado Guajardo Villarreal pidió que se sometiera a consideración del pleno el siguiente dictamen, al tiempo de señalar que los miembros de la Comisión había aprobado su incorporación en el Orden del Día y de pedirle al secretario técnico que se lo entregara al secretario diputado.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez comentó que se trataba del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La comisión de Economía acuerda. Primero se desecha, segundo archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2012.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, invitó a los miembros de la comisión a que formularan comentarios y, al no haberlos, pidió que se sometiera a votación.
El secretario Leoncio Alfonso morán Sánchez, hizo lo propio y el referido dictamen fue aprobado por mayoría, con uno voto en contra.
Asuntos generales
El diputado José Luis Velasco Lino tomó la palabra para comentar que desde el 1 de agosto en televisión y en radio se transmitían anuncios en los que el Senado de la República se refería a la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica como un logro exclusivo suyo, por lo que el legislador planteó al presidente Guajardo si sería posible que los miembros de la comisión pudieran hacerle llegar a la ciudadanía mensajes en los que se reivindicara la intervención de la Cámara de Diputados en la aprobación de la mencionada reforma, en la medida en que la Comisión de Economía y la Cámara de Diputados habían contribuido a ello mediante un gran trabajo; en suma, el diputado Velasco Lino, solicitó que se asignara presupuesto para que el área de Comunicación Social tomara cartas en el asunto.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte afirmó que el diputado tenía razón y que era tarea del área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados subrayar el papel que había desempeñado ésta en la aprobación de la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica, además de que había sido la Cámara de origen y había redactado el correspondiente dictamen en dos ocasiones: cuando fue enviada la iniciativa de reforma al Senado y cuando fue necesario replantearla en la etapa final.
El diputado Guajardo se comprometió a plantear esta solicitud al diputado Ramírez Marín y a la diputada Vázquez Mota, con el fin de que se le imprimiera mayor acento a la comunicación social de la Cámara, para que el trabajo realizado no fuera devaluado en comparación con el de la colegisladora.
La diputada Norma Sánchez Romero comentó que, con relación a la iniciativa referente a las casas de empeño, sería deseable que se revisaran todas las iniciativas que hubiera sobre el mismo tema, con el fin de procesarlas.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –tras haberlo confirmado con el secretario técnico– le respondió a la diputada que no había ya ningún proyecto de iniciativa pendiente sobre el tema, pero que el hecho de haberlas dictaminado no significaba que no se hiciera el esfuerzo por contactar a todos los legisladores de la Cámara que se hubieran ocupado del tema, para que se sumaran al dictamen ya aprobado por la comisión, de manera que formularan comentarios que pudieran ser considerados en el propio dictamen o bien para que fueran incorporarlos como reservas ante el pleno de la Cámara a partir de septiembre.
La diputada Norma Sánchez Romero tomó la palabra de nueva cuenta para comentar que en la cadena productiva de la industria cuero-calzado estaba teniendo lugar una problemática muy similar a la planteada por Canacero y que, por esta razón, estaba redactando un punto de acuerdo en que se exhortaba al Ejecutivo Federal para que atendiera dicha problemática; asimismo, la legisladora invitó a los miembros de la Comisión a que se sumaran a este exhorto, y les comentó que para ello les haría llegar el texto correspondiente.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó su acuerdo y no habiendo quien solicite el uso de la palabra comento que la Junta Directiva de la Comisión, tiene pensado realizar un foro en septiembre sobre el tema de la minuta sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas, a lo cual les informó que en su momento les estaría haciendo llegar la invitación correspondiente.
Clausura
Tras haber agotado los puntos del orden del día y con la anuencia de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, el presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, dio por terminada la reunión de ordinaria.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Economía, correspondiente a la reunión ordinaria llevada a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2011
A las 18:00 horas del 21 de septiembre del 2011, en los salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía, para dar inicio a la reunión ordinaria correspondiente.
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández, Vidal Llerena Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez y Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes.
Diputados que justificaron su inasistencia: Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez-Alonso, Indira Vicaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi, secretarios; Manuel Acosta Gutiérrez, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López y David Ricardo Sánchez Guevara integrante.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de diputadas y diputados e integrándose el Quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Segundo. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.
Tercero. Revisión de proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso, aprobados:
1) Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de sociedades unipersonales;
2) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera;
3) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
4) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola;
5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en Materia de Publicidad de Sanciones;
6) Proposición con punto de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero o calzado, proveeduría y comercialización en México.
Cuarto. Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Economía para el tercer año de ejercicio.
Quinto. Coloquio internacional sobre las economías emergentes, denominado Brics, y presentación del libro Brics: el difícil camino entre el escepticismo y el asombro .
Sexto. Foro de discusión sobre las asociaciones público-privadas. Séptimo. Asuntos generales.
Octavo. Clausura.
Tras haberse dado lectura al Orden del Día, éste fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la Comisión.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez dio lectura al dictamen a la Minuta con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en materia de sociedades unipersonales. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiún días del mes de septiembre de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que el antecedente de la minuta radicaba, desde la LX legislatura, en una voluntad de modernización en materia de sociedades unipersonales, cuando en la Cámara de Diputados se generó una iniciativa que fue enviada al Senado de la República, que la regresó con correcciones en los inicios de la presente Legislatura, misma que a su vez la aprobó y la envió a Presidencia de la República para su publicación; sin embargo, la iniciativa fue objeto del veto presidencial, pues el asesor jurídico del presidente de la República consideró que la iniciativa suponía un retroceso en materia de simplificación administrativa.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, con relación a ello argumentó que la presidencia de la Comisión sostenía que si bien es fundamental que una sociedad pueda transformarse de multipersonal a unipersonal, era muy importante que terceros que pudieran verse afectados por ese tipo de cambios fueran notificados, con el fin de no poner en riesgo sus derechos.
El legislador agregó que la presente minuta sustituía a la que fuera vetada y que en sustancia era la misma, con algunos cambios en sintonía con las legislaciones inglesa y española, entre otras, para salvaguardar los derechos de terceros.
Luego, el diputado Guajardo le pidió al secretario técnico de la comisión que expusiera los elementos en los que se estaban fundamentando los cambios correspondientes, antes de devolver la iniciativa al Senado para su modificación.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, desarrolló una amplia recensión de carácter histórico-jurídico a propósito de la evolución de las sociedades unipersonales de acuerdo a lo legislado desde principios del siglo XX en los sistemas jurídicos de diversos países, entre ellos Inglaterra y Alemania, así como el establecimiento en 1910 de dicho tipo de sociedades en la legislación mexicana.
Al respecto, el abogado Pérez Frías señaló que en México la discusión desde entonces había radicado en que resultaba sumamente peligroso que un solo socio o accionista ejerciera el control total de la sociedad en cuestión y que hubiera una diferenciación de su patrimonio y personalidad con respecto a la propia sociedad –principio de diferenciación, pilar del sistema societario mexicano–, ello porque la sociedad podía ser mal utilizada para contratar obligaciones y luego quebrarla y extraer indebidamente su patrimonio por parte del accionista que, escudado en dicha diferenciación jurídica de personalidad, resultaba intocable con respecto a las responsabilidades que la sociedad hubiera adquirido con relación a terceros.
En este punto de su exposición, el abogado Pérez Frías señaló con respecto al llamado velo corporativo, que en los sistemas jurídicos anglosajones puede éste podía ser perforado, como resultante de la evolución de los sistemas jurídicos inglés y estadounidense en la materia, desde el siglo XIX, de suerte que en el derecho anglosajón se establecían diversos supuestos bajo los cuales dicho velo podía ser removido, de la misma manera que sucedía, por ejemplo, en el sistema jurídico español, lo que en cambio no era posible en el mexicano, por lo que en éste existía la imposibilidad de que la acción de la justicia persiguiera a los socios o accionistas.
Así, el abogado explicó que en el propio derecho español, en el que la regulación de las sociedades unipersonales es mucho más agresiva de lo que se propone en la iniciativa, la conversión de una sociedad a unipersonal debe consignarse en el Registro Público, de la misma manera que una sociedad de este tipo exige que se la publicite como tal en la correspondencia, las facturas, los anuncios publicados o en cualquier disposición legal o estatutaria, así como ser exige el cumplimiento de otros requisitos de ley.
El secretario técnico se refirió a legislaciones de otros países, como Italia y Chile, y puntualizó que en el caso de la iniciativa que se presentaba, era importante rescatar el hecho de que en el ámbito internacional había legislaciones sumamente agresivas.
Asimismo afirmó que el tema del velo corporativo era extremadamente complejo, por lo que la iniciativa que se presentaba no desarrollaba el tema del levantamiento de dicho velo, además de que, junto con la investigación comparada de otros sistemas legales sobre la materia, en el caso mexicano se identificaron 16 expedientes de tipos de sociedades que se verían afectadas en caso de proponer el levantamiento del velo corporativo; y como dichas sociedades eran especializadas, ello desembocaría en una discusión muy prolongada y representaría un gran reto en materia de capacidad técnica.
En este punto, el abogado Pérez Frías planteó que tres fueron los aspectos fundamentales que se rescataron de la iniciativa anterior y fueron incluidos en la que se estaba procesando: por una parte, que los contratos que hubiera suscrito el accionista o socio único con la sociedad y de la que entonces sería poseedor del capital social en su totalidad, se inscribieran en un libro, y éste, a su vez, se inscribiera en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), ello con el fin de proteger a terceros en caso de quiebra; por otra parte, se establecía que el socio o accionista, como en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, funcionara como gerente único y, en el caso de las sociedades anónimas, como administrador único, pero de manera que en caso de que hubiera un fraude, el accionista único, con funciones de administrador único, no pudiera desconocer los actos de la administración y su responsabilidad; y por último, que el acto mediante el cual varios accionistas trasmitieran sus acciones a uno solo o las acciones de un solo accionista se transmitiera a varios, en forma obligatoria fuera inscrito en el RPPC, con el fin de que cualquier persona pudiera consultar la cédula mercantil de la sociedad y se diera cuenta del estatus de la sociedad con la que estuviera contratando, lo que además se sumaría al registro de los contratos. Todo ello, a decir del propio abogado Pérez Frías, propuesto al amparo de la convicción de que la simplificación y la desregulación han de llegar hasta donde continúe prevaleciendo la certidumbre jurídica.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, abre a discusión el presente dictamen y da la palabra al diputado Mercado Sánchez.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez comentó que el Ejecutivo federal, vía la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, argumentaba que estas disposiciones se oponían a un principio de simplificación a favor de las sociedades mercantiles, por lo que pedía que el secretario técnico abundara más sobre el tema.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para referirse, de manera resumida, a dos puntos clave de las modificaciones realizadas a la minuta del Senado, el primero de ellos relativo al hecho de generar la obligatoriedad del registro del cambio del estatus accionario de una sociedad multisocios a una sociedad unipersonal; y, por otra parte, el mandato u ordenamiento de que, en el caso de las sociedades unipersonales, la responsabilidad última recayera en el accionista único o dueño de la empresa, ello con el propósito de evitar lo que ocurría en muchos fraudes, que se cometían precisamente con base en la distinción de la personalidad jurídica prevaleciente y, en consecuencia, debido a que el propietario podía evadir su responsabilidad y a que ésta recaía en el responsable civil de la organización.
Al respecto el legislador señaló que ello daba lugar a que en muchas ocasiones ocurriera este tipo de estafas, con relación a las cuales quienes debieran responder por ello se lavaban las manos, así por ejemplo en el caso de cajas de ahorro en que se han robado los recursos de los depositantes y en otro tipo de organizaciones. En este punto de su intervención, el diputado presidente Guajardo sugirió que la discusión se centrara fundamentalmente en esos dos puntos y en su justificación específica.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que dejar constancia en el RPPC de que la sociedad en cuestión pasó a manos de un solo socio o de un solo accionista, pretende que quien contrate con la sociedad sepa que está tratando con una sola voluntad que decide el rumbo de la organización; al mismo tiempo, el abogado señaló que si se tuviera un sistema en el que pudiera levantarse el velo corporativo, dicho registro no sería tan necesario, pero como no es así es sumamente necesario que exista publicidad y transparencia para que se sepa si la sociedad está constituida por un solo socio o accionista.
El ciudadano Pérez Frías asimismo se refirió al registro de los contratos entre la sociedad y el accionista como necesario, para evitar que el accionista o socio único aparezca intempestivamente en los contratos, de manera que incluso pudiera solventar la sociedad y, una vez solventada, surgiera un nuevo contrato en el que se asentara que ese socio único tiene preferencia sobre algún crédito contra la propia sociedad de cuyo capital social fura dueño total, de manera que en caso de quiebra se convirtiera en el preferente a ser pagado con el patrimonio de la sociedad.
En suma, el secretario técnico afirmó que esa era la justificación con respecto a los dos puntos en que radicaban los cambios introducidos en la iniciativa y que, asimismo, en todos los sistemas legales analizados, correspondientes a otros países, las sociedades unipersonales están reguladas de una manera mucho más agresiva que la que se propone; y, por otra parte, señaló que las cambios que se planteaban ubicarían al país entre aquellos con las mejores prácticas internacionales en materia de sociedades unipersonales y que, por tanto, no adoptarlas podría resultar incluso un tanto irresponsable.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en ese momento fue informado por el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, sobre la presencia de un representante de la Secretaría de Economía (SE), el licenciado Jean Boker, Director General de Normatividad, a quien dio la bienvenida y a quien concedió la palabra.
El licenciado Jean Boker Regens expresó su deseo de hacer un comentario sobre los tres puntos abordados y al respecto afirmó que, con respecto al primero, la Secretaría estaba de acuerdo en que, cuando hay un contrato entre el socio unitario y la sociedad, con un contenido de obligaciones que puede ser muy relevante para terceros, el contrato se inscriba en el RPPC, pero facilitando el registro, de manera que sea rápido, sin gastos de transacción, utilizando medios electrónicos y sin pagos de derechos.
Con relación al segundo punto señaló que había un contraargumento con respecto a la propuesta de que el administrador único por ley deba ser el socio unitario, o bien que el socio unitario tenga que ser necesariamente el administrador único; en este sentido, el abogado Boker señaló que en opinión de la SE los emprendedores y empresarios no necesariamente son expertos en administración y que por tanto es deseable que recurran al servicio de un experto administrador como administrador único, y que sea éste, en calidad de experto, el que le rinda cuentas al socio único.
Finalmente el representante de la SE dijo que a consideración de la dependencia, el que una sociedad unipersonal se convierta en una impersonal en virtud de que se le vendan las acciones a un solo socio y después se regresen una y otra vez resultaría “engorroso”, pues cada movimiento supondría una inscripción en el RPPC, lo que según el punto de vista de la SE supone una actitud un tanto paternalista, ya que los comerciantes saben con quién contratan, además de que reciben declaraciones de los contratantes en todos los contratos y, en caso de que se mintiera a propósito del número de socios, ello no implicaría necesariamente una circunstancia determinante en una contratación, de manera que habría que valorar, en términos de costo-beneficio, la carga administrativa que supondría cada cambio accionario.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en referencia a lo planteado por el representante de la SE dijo que entendía que la Secretaría estaba a favor del primer punto, y que con respecto al segundo y tercer puntos no lo estaba, a lo añadió que el tema de fondo radicaba en que cuando se analiza el comparativo internacional en el caso de países que presentan avances en materia de simplificación, debía entenderse que ésta es y debe ser una prioridad, siempre que no ponga en riesgo los derechos de terceros, ello en la medida en que éstos cuenten con la información necesaria.
El diputado presidente señaló que ese era el ámbito en el que tenían lugar los comentarios que se estaban vertiendo, motivo de diferencias desde el origen, a lo que agregó que la Comisión siempre había apoyado la simplificación, en tanto no se pusiera en riesgo los derechos de terceros, a lo que había que sumar la consideración de que en el país era muy frecuente el uso de de esquemas para cometer fraudes, por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorros y en muchos otros tipos de empresas, esquemas por medio de los cuales se desvinculaba la responsabilidad del propietario, se saqueaba la empresa en cuestión y se defraudaba a miles de ahorradores indefensos que no recuperaban su dinero.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, dijo que el primer punto estaba zanjado y con respecto al segundo opinó que en la realidad del mundo de los negocios era muy raro que alguien que creaba una sociedad múltiple luego la convirtiera en unipersonal y seguidamente revirtiera ese proceso, de manera que él votaría porque se registraran las transacciones, tal como se había propuesto; y respecto al tercer punto, le preguntó al secretario técnico si se podía asumir un punto intermedio, entre la posición que reivindicaba la SE y la posición que reflejaba el cambio introducido en la iniciativa, es decir, que el socio único siguiera siendo responsable y que al mismo tiempo tuviera la posibilidad de nombrar a un administrador único.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicita al secretario técnico haga algunas observaciones.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que justamente ese era un tema abordado en los considerandos del dictamen, al tiempo de señalar que actualmente el consejo de administradores, en el caso de sociedades anónimas, o el administrador único, pueden designar delegados y designar gerentes para que cumplan las funciones que se le encarguen; así, por ejemplo, en el caso de grandes empresas y lo mismo en el de las sociedades de responsabilidad limitada, disposición establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles que no era muy clara, por lo que en la iniciativa en cambio se establecía con toda claridad que el gerente único tendría la posibilidad de designar gerentes, directores y delegados para cumplir las cuestiones administrativas de la empresa, en la comprensión de que el consejo de administración o el administrador único responderían, aunque designaran gerentes, en calidad de máximo órgano de gobierno de una sociedad anónima, unipersonal o de socios.
El secretario diputado Leoncio Alfonso morán Sánchez procedió a someter el dictamen a la votación del Pleno de la Comisión, mismo que fue aprobado por unanimidad. Luego de ello, procedió a abordar el segundo proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. La Comisión de Economía acuerda. Primero, se desecha la iniciativa, segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de septiembre de 2011.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías: Esta iniciativa pretendía expedir una Ley de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, a fin de regular la importación de vehículos usados. Se está desechando por dos cuestiones; existe actualmente un decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, que prácticamente es muy similar a la iniciativa que aquí se está proponiendo, con la diferencia de que esta iniciativa evita o quita el llamado certificado de origen.
Por un lado, la finalidad es que la iniciativa se encuentra cumplida por la expedición de este decreto, y por otra parte, el hecho de que la iniciativa proponga eliminar la expedición de un certificado de origen, viola el Tratado de Libre Comercio.
Al final de día se está llevando un periodo de desgravación en materia de automóviles, que termina en el año 2019, y el decreto regula casi todas las inquietudes que tenían los diputados proponentes.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: De no haber comentarios, pide al secretario diputado, someter a votación el dictamen.
El secretario diputado Leoncio Alfonso morán Sánchez hizo lo propio, siendo aprobado por unanimidad, pasando al tercer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación definitiva de vehículos usados, procedentes de la zona de Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La Comisión de Economía acuerda, primero, se desecha la iniciativa, segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiún días del mes de septiembre de 2011.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, haciendo referencia al comentario hecho por el secretario técnico, las motivaciones son prácticamente las mismas de la iniciativa anterior. Por lo que puso a consideración de los integrantes de la Comisión.
Al no haber comentarios solicita se someta a votación.
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, somete a votación el proyecto de Dictamen, el cual es aprobado por unanimidad.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en este punto del orden del día, comentó que, con referencia al siguiente dictamen, a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, se encontraba presente el promovente el diputado César Mancillas Amador, integrante de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, seguidamente, el diputado Guajardo Villarreal pidió al secretario técnico, de la Comisión, presentara el dictamen y los argumentos por los que se proponía desechar la iniciativa, al tiempo de invitar al diputado Mancillas a que con posterioridad planteara la defensa de su propuesta.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías explicó que se desecha la iniciativa con base a que el acuerdo al artículo 25 constitucional, correspondía al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y éste a su vez era sujeto de planeación por medio del Plan Nacional de Desarrollo, ello con base en los programas sectoriales que establecían los diversos sectores de gobierno; de esta manera se impulsaba el fomento a la industria.
Asimismo, el abogado Pérez Frías argumentó que la expedición de una ley de fomento a la industria vitivinícola supondría la expedición de leyes de fomento para todos los sectores de las industrias del país, lo cual sería sumamente complicado.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, invitó a las diputadas y a los diputados miembros de la Comisión a que expresaran sus puntos de vista, con el fin de que luego de ello tomara la palabra el diputado Mancillas Amador.
El diputado Pavel Díaz Juárez se manifestó por votar a favor de la iniciativa, ya que a consideración suya la industria vitivinícola es un sector sustantivo de la economía del país.
El diputado José Luis Velasco Lino por su parte justificó la iniciativa, en la medida en que son pocos en el país los estados productores de vino y de aceite de olivo, entre ellos Baja California, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro, y pocos los estímulos a las actividades que desarrollan dichos productores, cuando se podrían cultivar la vid y el olivo en una superficie mucho más extensa que la actual; en ese sentido, el diputados Velasco Lino afirmó que debería haber una política sectorial que estimulara señaladamente el cultivo de la vid y del olivo, ya que el aceite de éste último era de gran consumo en el país, del cual el 95 por ciento era importado de naciones en las que en cambio sí se ha estimulado la producción del vino y del aceite, como en los casos latinoamericanos de Argentina y Chile.
Al respecto y con referencia a México, el legislador comentó que precisamente porque la Secretaría de Economía no contaba con ningún programa para estimular estos cultivos, se manifestaba a favor de la iniciativa del diputado Mancillas Amador, y que asimismo por esa razón se había conformado la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid en esa Cámara de Diputados.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que coincidía con el fondo de lo expresado por el diputado Velasco Lino, en el sentido de que sería necesario que hubiera una política gubernamental de fomento para impulsar el sector y que de hecho así se señalaba en el propio dictamen.
Al mismo tiempo señaló que el debate que tenía lugar en comisión radicaba en dirimir si tal fomento podía impulsarse por medio de una ley, ya que de hecho no existían legales específicos para impulsar industrias concretas.
Por otra parte, el diputado Guajardo Villarreal comentó que el presidente de la CEIDIV le había comunicado que la Comisión a su cargo estaba trabajando en una propuesta de consenso vinculada a aspectos normativos para proponer al Ejecutivo federal que formulara un programa sectorial para impulsar las referidas industrias. En el mismo sentido, el diputado Guajardo comentó al diputado promovente que su iniciativa no contaba con el consenso de los miembros de la Comisión de Economía, sin demérito de la valía evidente de su propuesta. Dicho esto, el diputado Guajardo cedió la palabra al diputado promovente.
El diputado César Mancillas Amador comentó que no era su intensión propiciar un debate y que asimismo pedía a la presidencia de la comisión que el dictamen relativo a su iniciativa fuera retirado, con el fin de fundamentarla de mejor manera, al tiempo de señalar que la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid (CEIDIV) no estaba trabajando de la manera que él consideraba que era necesario, en la medida en que la propuesta de referencia había sido presentada en el seno de esa comisión especial hacía año y medio y la legislatura estaba a punto de terminar sin que se hubiera procesado.
De la misma manera, el diputado Mancillas pidió que los productores de vino y del aceite de olivo fueran recibidos en audiencia pública por la Comisión de Economía, con el fin de que plantearan la importancia de su problemática; en el mismo sentido, el legislador señaló que la discusión en torno a la necesidad e importancia de apoyar y fomentar las actividades referidas se había prolongado a lo largo de más de 12 años, mientras la producción de los referidos productos se había incrementado en un 500 por ciento; asimismo enfatizó que en torno al vino se desplegaban otras actividades económicas, entre ellas las relacionadas con el turismo, la gastronomía, el propio consumo del aceite de olivo, etcétera, de suerte que en su estado, Baja California, concretamente en Ensenada y en los valles aledaños, se venía incrementando la superficie consagrada al cultivo de la vid, al mismo tiempo que se carecían de políticas públicas de apoyo y fomento a la vitivinicultura y que en ello residía el problema; y que precisamente ese era el sentido de la creación de la CEIDIV.
Por último, el diputado Mancillas Amador enfatizó que había acudido a la Comisión de Economía motivado por el compromiso de explicarle a los electores de su distrito la razón de los obstáculos que se venían enfrentando.
El diputado César Mancilla Amador solicito al diputado presidente Guajardo Villareal que se retirara el dictamen del orden del día, con la finalidad de que las consideraciones contenidas en su propuesta se sumaran, en su momento, a la propuesta que estaba a punto de presentar la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, al mismo tiempo que solicito a la Junta directiva de la Comisión de Economía sostener una reunión con los productores de vino.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal se comprometió a realizar una audiencia pública con los productores con el fin de escucharía a los vitivinicultores, antes de la siguiente reunión de ordinaria de la Comisión de Economía.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, por su parte, expresó que los legisladores del PAN estaban a favor de la promoción de la industria vitivinícola en el PAN y por tanto a favor de lo planteado en la iniciativa del diputado Mancilla, al tiempo de manifestar que se pronunciaban por una propuesta más completa para apoyar a la referida industria
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández manifestó su acuerdo en el sentido de que se pospusiera la votación, con el fin de que el diputado proponente llevara a la CE una iniciativa fortalecida.
El diputado Jorge Hernández Hernández manifestó su acuerdo con los diputados Mancillas y Velasco Lino, a propósito de la imperiosa necesidad de establecer un marco regulatorio que estimulara el crecimiento y la competitividad de la MPYMES pertenecientes a la industria vitivinícola, con la consecuente generación de empleos y, en tal sentido, con la necesidad de que la Secretaría de Economía asumiera su responsabilidad al respecto, en términos del fomento, el apoyo, las estrategias y los programas requeridos para ello.
El diputado Víctor Roberto Silva Chacón señaló que, de acuerdo a ciertos estudios, en el país hay regiones susceptibles de ser consagradas a las actividades vitivinícolas, lo que representa una opción para sustituir cultivos en el sector primario que difícilmente continúan siendo viables por el cambio climático y por los grandes recursos que requieren para enfrentar las problemáticas que ello entraña.
En este punto de su intervención, el diputado comentó que al respecto en Chihuahua había ya plantaciones de vid, con buenos y esperanzadores resultados. El legislador agregó que, si no por medio de una ley, sí por otros medios era necesario apoyar esta actividad para convertirla en prioritaria, con el fin de hacerla en rentable, generar empleos y convertirla en una opción.
Por último, el diputado Víctor Roberto Silva Chacón señaló que, en el marco de la constante exigencia de incrementar los recursos destinados a las actividades agropecuarias, le parecía que debía ser apoyada la propuesta del diputado Mancilla.
El diputado Alejandro Cano Ricaud manifestó su acuerdo con lo planteado por el diputado Silva con respecto a la estrategia desarrollada por los vitivinicultores de Chihuahua y sobre todo con la propuesta del diputado promovente Mancillas Amador, misma que, a decir suyo, era necesario apoyar; asimismo, el diputado Cano Ricaud señaló que el diputado Mancillas debía volver a presentar su propuesta a la brevedad posible, a más tardar el 5 de noviembre, al tiempo que se averiguara qué era lo que estaba haciendo la Secretaría de Economía en materia de incentivos, habida cuenta de que era evidente que los integrantes de la Comisión de Economía estaban dispuestos a apoyar la propuesta del diputado Mancillas.
El diputado César Mancillas Amador, coincidió que en el caso de Baja California la vitivinicultura había representado una gran alternativa para la afectada economía de la entidad, que a pesar de ello continuaba asimismo consagrada a la ganadería, la pesca y el turismo; en igual forma, el legislador señaló que los vitivinicultores en la península competían contra sus homólogos de Argentina, Chile y España y que por vez primera había logrado diversos triunfos en esa competencia, al tiempo de asumir la necesidad de difundir entre la población del país las bondades del vino como alimento y como fuente de salud, entre otros atributos; el legislador agregó, asimismo, que en la lucha de los vitivinicultores bajacalifornianos había cierta desesperación, ya que requerían apoyo en la medida en que era necesario continuar creciendo ante la competencia.
El diputado César Mancillas Amador agradeció al pleno de la comisión su disposición a recibir a los productores vitivinícolas de Baja California y ratificó que su propuesta consistía en que por ley se creara un Consejo del Vino, con el fin de que desde ese organismo se alentara la creación de las políticas públicas necesarias para fomentar su producción y consumo.
El diputado Raúl Gerardo Cuadra García comentó brevemente que en la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid se estaba trabajando una ley al respecto, a ser respaldada por todos los miembros de dicha comisión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte formalizó los acuerdos, en el sentido de retirar del orden del día el punto en cuestión, para no desecharlo; segundo, apremiar a la comisión especial para que enviara su propuesta, a fin de dictaminarla juntamente con la del diputado Mancillas Amador; y tercero, recibir en audiencia pública de la Comisión a los productores vitivinícolas no sólo de Baja California, sino también, a sugerencia de los diputados Velasco Lino, Luis Enrique Mercado y Pavel Díaz, de Chihuahua y de Zacatecas y, asimismo y por sugerencia del propio diputado Guajardo Villarreal, del resto de los estados productores de vino en el país.
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a la consideración de las legisladoras y los legisladores de la Comisión retirar del Orden del Día el proyecto de dictamen de la iniciativa que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, propuesto por el diputado César Mancillas Amador, retiro que fue votado por unanimidad.
Luego de ello, el secretario diputado abordó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de publicidad y sanciones.
La Comisión de Economía acuerda:
Se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativa de San Lázaro, a los veintiún días del mes de septiembre de 2011.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió al secretario técnico, explique los argumentos para aprobar la iniciativa.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, procedió a explicar que la iniciativa proponía que en el caso de las sanciones impuestas por reincidencia, la Profeco publicara en un diario circulación nacional un extracto de la sentencia condenatoria, con cargo al sancionado; el abogado Pérez Frías explicó que esto podría implicar un nuevo procedimiento para tratar de hacer que se cumpla con la sanción por lo tanto, se habían hecho modificaciones, en el sentido de que se sustituyera el término “sentencia” por el “resolución administrativa”, que ésta no se publicara con cargo al sancionado, lo que implica un nuevo procedimiento, que en cambio se propone que la Profeco publicara las resoluciones en su portal electrónico y que en su caso tenga la facultad de hacerlo en los medios masivos de comunicación.
Otro de los cambios que propone el diputado proponente en su iniciativa que esta publicación fuera hecha una vez que fuera ejecutada la resolución administrativa. Esto se está cambiado para que sea una vez que cause estado la resolución administrativa, porque nos parece que es un término más preciso. Además esto quedaría obligado a la Ley de Transparencia.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, Abrió a discusión de los diputados el dictamen y al no haber comentario alguno, solicito se sometiera a votación.
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, sometió a votación el dictamen correspondiente, siendo aprobado por unanimidad. Seguidamente procedió a dar lectura al dictamen a la proposición con punto de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado, proveeduría y comercialización en México.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía que de manera inmediata negocie con China las medidas de transición, que están pactadas para llegar a su fin el 11 de diciembre de 2011, a fin de que se amplíe su plazo para que la industria del calzado... hasta el año 2016, con objeto de que existan condiciones de legalidad y competencia a favor de los fabricantes mexicanos.
Esto en virtud de que en China siguen incumpliendo los acuerdos establecidos con la Organización Mundial de Comercio para dejar de realizar prácticas desleales comerciales, como los subsidios y descuentos en el pago de impuestos.
Hacemos un llamado urgente y respetuoso al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a atender desde la competencia de sus atribuciones la defensa de esta cadena industrial, ya que está en riesgo la estabilidad económica y social del estado de Guanajuato, al ser esta actividad un soporte fundamental para su desarrollo.
Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Economía federal a detener el proceso unilateral de desgravación arancelaria iniciado en 2008, relativo al capítulo 64 de la... de los impuestos generales de importación y exportación, a fin de restablecer la tasa de 35 por ciento a 17 fracciones arancelarias, que representa el 58.59 por ciento de la industria nacional de calzado, cuya producción genera un gran número de empleos directos e indirectos.
Toda vez que los compromisos de la agenda de trabajo acordada para 2009 entre la Secretaría de Economía y este sector industrial no se han cumplido.
Tercero. Exhortamos a la Secretaría de Economía a restablecer de manera urgente el mecanismo de precios de referencia, a fin de evitar la subvaluación del calzado importado en las aduanas mexicanas, así como la implementación correspondiente del programa de peritos para la revisión de las importaciones, principalmente en las ocho aduanas en que se concentra su mayor volumen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, abre la discusión del dictamen al punto de acuerdo promovido por la diputada Norma Sánchez Romero, de no haber comentarios se somete a la votación.
El secretario diputado Leoncio Alfonso morán Sánchez, Somete a votación de los integrantes de la comisión, siendo aprobado por unanimidad.
Aprobación del plan de trabajo de la comisión para el tercer año de ejercicio de la Legislatura
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tras confirmar que, en efecto, la propuesta del plan de trabajo para el tercer año de ejercicio de la legislatura se había distribuido con anticipación entre los miembros de la comisión, y luego de señalar que en dicha propuesta se refrendaba una serie de compromisos ya acordados, entre ellos la minuta proveniente del Senado, relativa a la Ley de Asociaciones Público Privadas; las reformas a la Ley de Comercio Exterior, preguntó a los miembros de la Comisión si había comentarios al respecto; al no haberlos, pidió al secretario diputado que sometiera a votación la propuesta de Plan de Trabajo, misma que fue aprobada por unanimidad.
Coloquio internacional sobre las economías emergentes denominadas Brics y presentación del libro Brics: el difícil camino entre el escepticismo y el asombro
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para comentar que la Comisión de Economía había acordado colaborar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para llevar a cabo un coloquio internacional, en las instalaciones de la propia Cámara, sobre las economías emergentes denominadas Brics, es decir, sobre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la participación de una serie de expertos sobre el tema y con el fin de estimular la discusión a propósito de México; coloquio al que invitaba a los miembros de la Comisión el miércoles siguiente; el diputado Guajardo asimismo comentó que se coeditaría con el propio Instituto un libro sobre el mismo tema, con textos de todos los expositores participantes del Coloquio.
Foro de discusión sobre asociaciones público-privadas
Como siguiente punto en el orden del día, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que 15 miembros de la comisión habían confirmado su viaje a Monterrey, con el fin de asistir, el siguiente lunes, a las 9:30 de la mañana, en el Museo Marco, al Foro sobre asociaciones público-privadas, y seguidamente el presidente diputado compartió con los miembros de la Comisión una serie de datos e información de carácter logístico, con relación al hospedaje y a otros aspectos relacionados.
Asuntos generales
Al confirmar el diputado Ildefonso Guajardo que no había ningún tema a tratar en el rubro de asuntos generales, procedió a clausurar la reunión de trabajo.
Clausura
Y así, con la anuencia de las diputadas y de los diputados presentes y tras haber agotado todos los puntos consignados en el orden del día, no sin antes agradecerles su asistencia y participación, el diputado presidente procedió a clausurar la reunión correspondiente al mes de septiembre a las 19:20 horas.
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria celebrada el miércoles 19 de octubre de 2011
A las 14:36 horas del miércoles 19 de octubre del 2011, en los salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía para dar inicio a la reunión ordinaria correspondiente.
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerena Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara y Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes.
Diputados que justificaron su inasistencia: Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios.
Se confirmó la existencia del quórum reglamentario y se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2. Lectura y discusión, en su caso, aprobación del orden del día; 3. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso, aprobados: a) dictamen a la iniciativa con proyecto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley del Impuesto sobre la Renta; b) dictamen a la iniciativa que crea la Secretaría de Pesca y Acuacultura; c) dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal acreditar, por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la norma 017 NSCFI 2008, sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en el territorio nacional; d) dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, a las entidades federativas, a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipyme; e) dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, así como revisar y detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional; f) dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal que se pronuncie en contra de las prácticas desleales de comercio realizadas por la República Popular China; 4. Análisis y discusión de la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Expropiación, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles; 5. Propuesta de conformación del grupo de trabajo para el estudio y análisis de la iniciativa de reforma que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de Código de Comercio; 6. Asuntos generales; 7. Clausura.
Tras haberse dado lectura al orden del día, éste fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen
El secretario, diputado Leoncio Alfonso morán Sánchez, continuando con el orden del día, abordó el primer dictamen, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar diversos artículos de la Ley para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en cuyo resolutivo se recomendaba desechar la iniciativa.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, por petición del presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a explicar las razones por las que se proponía rechazar la iniciativa, y en tal sentido señaló que la misma proponía modificar las leyes de referencia para establecer estímulos fiscales en beneficio de las empresas que contrataran a personas con discapacidad y a madres solteras. El abogado Pérez Frías comentó que la iniciativa proponía para ello establecer definiciones relativas a las personas discapacidades y a las madres solteras en la ley consagrada a las empresas de menor tamaño, así como establecer excepciones para dichas personas en la Ley del Impuesto sobre Renta (LISR), lo cual resultaba claramente improcedente; ello debido a que existían otras leyes, especializadas, en que se normaban el tipo de cuestiones referidas. Al respecto, el abogado Pérez Frías señaló que en el caso de la propuesta relacionada con la Ley de las Mipyme, ésta se desechaba y, en lo relativo a la LISR, la comisión se declaraba incompetente con base en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal con respecto a este último punto aclaró que según el reglamento interno de la Cámara, un asunto de dicha naturaleza debía ser atendido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo a las responsabilidades propias de cada comisión.
El diputado Jorge Hernández Hernández preguntó al secretario técnico si en las leyes mencionadas había algún articulado en que se planteara lo que a su vez el proponente estaba planteando, en materia de la aplicación de incentivos fiscales en beneficio de empresas que apoyaran a las personas con discapacidades.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, respondió que eran otras las leyes en que existían esquemas de protección a las personas con discapacidades y que en el caso de las exenciones fiscales, la Comisión de Economía no tenía con facultades para dictaminar sobre un tema de dicha naturaleza, de acuerdo a los asuntos que correspondían atender a cada una de las comisiones, y que en todo caso la Comisión de Economía se reservaba cualquier pronunciamiento, hasta en tanto no opinara sobre ese asunto la de Hacienda, que era a la que correspondía hacerlo.
El presidente explicó al diputado Hernández que no se desechaba todo lo propuesto en la iniciativa, sino que, por lo que tocaba a lo relacionado con las definiciones de madre soltera y de persona discapacitada, se planteaba que no correspondía que éstas se establecieran en la ley consagrada a las empresas de menor tamaño y que, en el caso de la propuesta de exención de impuestos, la comisión por lo pronto no se pronunciaba, ya que por la naturaleza del tema le correspondía hacerlo a la Comisión de Hacienda.
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, tras no haber mayores comentarios, sometió a la consideración de las y de los miembros de la Comisión el dictamen en sus términos, mismo que fuera aprobado por mayoría. Luego de lo cual, procedió a abordar el dictamen correspondiente a la iniciativa por la que se proponía la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, y en cuyo resolutivo se recomendaba la aprobación de la misma.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes tomó la palabra con relación a esta iniciativa, tras serle cedida por el presidente diputado Ildefonso Guajardo, a fin de expresar que, a petición de la legisladora proponente Nelly del Carmen Márquez Zapata, se solicitaba que se retira el dictamen respectivo, por razones que con posteridad la propia diputada explicaría.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, por petición del diputado Guajardo Villarreal, sometió a consideración del pleno de la comisión la solicitud formulada por la diputada Márquez, en el sentido de retirar del orden del día el referido dictamen, solicitud que fuera votada y aprobada. Seguidamente, el diputado secretario presentó el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, girara instrucciones a las autoridades aduaneras a fin de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia con el propósito de que, en el momento de ingresar al país las lámparas fluorescentes compactas, se verificara que éstas cumplieran con la norma de eficiencia energética y con otras; y, asimismo, por el que se exhortaba a los titulares de las secretarías de Economía y de Energía para que, a través de la Procuraduría General del Consumidor y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, se implantaran las medidas convenientes para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la norma 017NSCFI2008 en el caso de las mencionadas lámparas que se comercializaran en el país.
El presidente comentó que el referido punto de acuerdo había sido enviado a un tiempo a las Comisiones de Energía, y de Economía, y que ya había sido aprobado por la primera.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez enseguida sometió el dictamen correspondiente a consideración de los miembros de la comisión y éstos la votaron y aprobaron por unanimidad. Luego de ello, el secretario presentó el siguiente dictamen, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba a los titulares del Poder Ejecutivo, a las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, para que introdujeran mejoras regulatorias que incidieran positivamente en el proceso productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que contaran con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio, y procuraran la coordinación y la coherencia en materia de trámites mediante el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria. En igual forma, la proposición con punto de acuerdo exhortaba al titular de la Secretaría de Economía para que informara acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro y Pequeña Mediana Empresa, y que hubiera celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez intervino en su calidad de promovente de la iniciativa por petición del diputado Guajardo Villarreal, y explicó que el sentido del punto de acuerdo remitía al hecho de que, por su importancia como grandes generadoras de empleos, era necesario que, en beneficio de las empresas de menor tamaño, en materia de regulación existiera una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno, ya que estados y municipios tenían facultades para regular distintos aspectos que incidían en la gestión de las Mipyme, lo que en ocasiones se traducía en una entramado complejo y contradictorio. En suma, el diputado Acosta Gutiérrez enfatizó que era necesario crear un ambiente favorable a las actividades que desarrollaban las empresas de menor tamaño y, en tal sentido, eliminar las contradicciones entre las diversas normatividades a las que se ven sometidas, por lo que era fundamental que se informara sobre cada uno de los acuerdos y convenios formulados en materia de regulación en el país, además de continuar apoyando a las Mipyme en materia de financiamiento.
El diputado Jorge Hernández Hernández manifestó su acuerdo con la propuesta de punto de acuerdo planteada por el diputado Manuel Acosta, en el sentido de que la Secretaría de Economía informara a la Cámara sobre los convenios referidos y, asimismo y por otra parte, señaló que era necesario incrementar la eficiencia de los procedimientos de apertura expedita de las empresas y, en tal sentido, la agilización de los trámites burocráticos en todas las dependencias vinculadas a la autorización de las licencias de su funcionamiento, pero también en el caso de la aprobación y expedición de los recursos, comprendidas las propias delegaciones estatales.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tras consultar al diputado Acosta su reacción respecto a lo planteado por el diputado Hernández y luego de haber expresado aquél su acuerdo respecto a lo dicho por éste, indicó que se dejaba pendiente la adición planteada por el legislador, con el fin de que fuera incorporado el texto del añadido correspondiente y en su momento fuera sometido a la votación del Pleno de la Comisión.
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a abordar el siguiente dictamen en el orden del día correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se exhortaba al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), se detuviera el proceso de desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, a fin de evitar la afectación de la industria nacional y de no poner en riesgo más de 14 mil empleos directos en un contexto de bajo crecimiento económico, incremento de la pobreza y déficit de creación de empleos; asimismo, para que la misma Secretaría estableciera el arancel máximo del 35 por ciento a las referidas importaciones; y para que pusiera en marcha un conjunto de acciones y políticas para fortalecer a la industria nacional de calzado.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente, luego de que el presidente Guajardo Villarreal mencionara que el promovente de la propuesta con punto de acuerdo era el diputado Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que se trataba de un tema que había estado siendo planteado recurrentemente por las distintas fracciones parlamentarias al gobierno federal desde el propio inicio de la legislatura, en septiembre del 2009, sin que en los hechos la Secretaría de Economía hubiera tomado cartas en el asunto. El diputado Sánchez de la Fuente indicó que la situación de los sectores acerero, textil, del juguete y otros, se ha ido complicando cada vez en mayor grado, lo que previsiblemente sucedería aún más a partir del 11 de diciembre, fecha en que se reducirá a tasa cero una gran cantidad de fracciones arancelarias. En este punto de su intervención, el diputado Sánchez de la Fuente aclaró que la industria nacional estaría dispuesta a que se bajaran dichas fracciones, concretamente en el caso de las importaciones de China, siempre que los empresarios mexicanos pudieran estar en pie de igualdad con respecto a los de ese país; en ese sentido, el legislador subrayó que, en cambio, los empresarios chinos gozan de subsidios, cuentan con una mano de obra sumamente barata, no invierten en el cumplimiento de norma ecológica alguna y han subvaluado de manera permanente su moneda. Asimismo, el legislador expresó que estaba de acuerdo con el exhorto, al tiempo de pedir que en él se mencionara lo que en forma reiterada se había solicitado al gobierno federal, en el sentido de que efectivamente respondiera a lo que se le pedía, que emprendiera acciones para revertir una política inconsulta de desgravación arancelaria que el propio diputado Sánchez juzgaba incorrecta, y que el Poder Ejecutivo señalara concretamente qué medidas se habían emprendido al respecto. Por último, por solicitud del diputado Guajardo Villarreal, el diputado Melchor de los Santos se comprometió a proponer, a la brevedad, el añadido correspondiente a su propuesta, para que pasara a formar parte del punto de acuerdo que era motivo del exhorto, previo sometimiento a la consideración del pleno de la comisión.
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, retomó el cuarto dictamen en el orden del día, con la modificación del caso como resultado de una sugerencia previamente planteada, y procedió a dar lectura al resolutivo ampliado, en los siguientes términos: “Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo, de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos, y en específico procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.” Dicho esto, por solicitud del diputado Guajardo el secretario diputado sometió a la consideración de los miembros de la Comisión la adecuación al dictamen, siendo votada favorablemente por unanimidad.
El presidente procedió a señalar que se esperaría la propuesta del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, misma que se traduciría en la modificación al quinto punto de acuerdo, y que mientras tanto se abordaría el dictamen relativo al acuerdo siguiente.
El secretario procedió, por tanto, a dar lectura al respectivo resolutivo, en los siguientes términos: “Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal que se pronuncie en contra de las prácticas desleales de comercio ejercidas por la República Popular China. La Comisión de Economía acuerda: Se exhorta al Ejecutivo federal para que durante la reunión Cumbre de los 20, por celebrarse los días 3 y 4 de noviembre de 2011 en Cannes, Francia, haga un pronunciamiento contra las prácticas desleales de comercio realizadas por la República Popular de China. Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal para que promueva ante los países integrantes del Grupo de los 20 la creación de un grupo de trabajo que analice la situación de comercio a nivel global y genere una agenda relativa a la problemática y a los efectos de las violaciones a las reglas de comercio internacional. Tercero: Se hace un llamado al Ejecutivo federal para que detenga inmediatamente la desgravación unilateral de aranceles a las importaciones provenientes de la República Popular China y se analice la posibilidad de incrementarlos en la magnitud en que se compense la subvaluación de su moneda, considerando los márgenes de imposición de aranceles que señala como lícitos la Organización Mundial de Comercio. Cuarto: Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía se integre un grupo de trabajo que dé seguimiento a los efectos que tienen las prácticas leales de comercio, impuestas por China, sobre la planta productiva nacional [...]”.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente, en calidad de proponente del acuerdo, procedió a plantear su fundamentación, atendiendo a la solicitud del diputado Guajardo Villarreal. En tal sentido, el diputado Sánchez expresó que a pesar de que se han planteado reiterados puntos de acuerdo en exhorto al secretario de Economía, a fin de que el Poder Ejecutivo emprenda acciones concretas para solucionar los problemas de nueva cuenta mencionados en ese último punto de acuerdo, dichas acciones no han tenido lugar. El diputado Sánchez de la Fuente comentó que dichos exhortos corresponden a lo que pide el Legislativo y a través de éste la iniciativa privada y, como parte de ella, los sectores acerero, textil, cuero-calzado y otros ya mencionados, como consecuencia de la desindustrialización del país en los últimos años. A decir del propio legislador, esta es la razón por la que en el punto de acuerdo se exhorta al Ejecutivo para que en la reunión de noviembre del llamado Grupo de los 20, el gobierno de México haga un llamado a todos los países para frenar la señalada deslealtad de China con respecto a aquellos en que está introduciendo sus productos y con relación a las reglas del comercio internacional sancionadas por la OMC. Como parte de su argumentación, el legislador afirmó que, como consecuencia de dicha situación, los empresarios mexicanos de la mezclilla fueron desplazados deslealmente por los chinos, por lo que se vieron forzados a trasladar sus fábricas a Centroamérica, donde encontraron condiciones más justas para producir, así como condiciones propicias de carácter laboral y fiscal; como consecuencia de ello, los puestos de trabajo generados y los impuestos pagados por dichos empresarios están beneficiando a las naciones centroamericanas, en detrimento de México. El diputado Sánchez de la Fuente en igual forma señaló que en Coahuila la industria acerera está siendo severamente afectada por el hecho de que el gobierno federal ha continuado desgravando los productos de acero en desigualdad de circunstancias. Por otra parte, el disputado asimismo señaló que ya había una iniciativa en la Comisión de Economía a fin de que en materia de política arancelaria el Poder Ejecutivo se viera obligado a consultar al Legislativo, además de que sería éste el que finalmente autorizara el alza o la baja de los aranceles, atribución cedida por el Poder Legislativo al Ejecutivo en su momento. Por último, el diputado puntualizó que en la Reunión de los 20 el gobierno de México estaba moralmente obligado a denunciar las prácticas comerciales desleales de China, en nombre del Poder Legislativo, como representante de los intereses de la sociedad.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández por su parte expresó que lo planteado era muy importante y que en tal sentido era necesario proteger a la industria nacional, pero en forma debidamente respaldada. Al respecto la legisladora señaló que, por ejemplo, era necesario examinar la situación de la industria mexicana del calzado y, como parte de ello y entre otras cosas, saber de dónde proceden las materias primas que utiliza dicha industria y si realmente son nacionales. En igual forma señaló que consideraba que la industria del calzado en México estaba ofreciendo buenos resultados, pues producía productos de calidad que además contaban con un magnífico mercado, razón por la que dijo no entender la afirmación de que la industria del calzado chino amenazaba a la nacional, de la misma manera que afirmó no entender que los mexicanos compraran calzado chino, salvo como una extravagancia, ya que consumían calzado nacional. Asimismo, la diputada Martínez y Hernández señaló que debía plantearse qué es lo que se necesitaba para que la industria nacional del calzado pudiera satisfacer las necesidades de la amplia población del país y no sólo afirmar que la industria china es el origen del problema. En el mismo sentido y por último, la diputada Martínez y Hernández señaló que era necesario realizar un estudio al respecto, pues el tema ameritaba ir más a fondo en la cuestión.
La diputada Norma Sánchez Romero, con referencia a lo expresado por la diputada Martínez y Hernández, dijo que el estudio que su compañera legisladora solicitaba ya había sido realizado y presentado, ya que la Secretaría de Economía en realidad le ha solicitado muchísimos estudios a la Cámara del Calzado, lo mismo a la nacional que a las Cámaras de los estados en que dicha industria está presente; ello con el fin de comprobar si en verdad China está afectando a la industria mexicana del calzado, por medio de una competencia desleal. La diputada Sánchez Romero afirmó que dichos estudios comprobaban que, en efecto, la industria del calzado chino competía de manera desleal con la mexicana, ya que el calzado del país oriental no ingresaba al mercado nacional en condiciones de igualdad. La legisladora también señaló que la industria nacional del calzado estaba en proceso de establecer un acuerdo con la Secretaría de Economía para atender lo planteado en todos los exhortos que se le han hecho, lo cual, a decir suyo, resultaba insuficiente. En igual forma señaló que uno de los puntos que se habían planteado radicaba en que, en la medida en que se comprobara que el 30 por ciento de la industria estuviera dañada, el gobierno federal procedería a tomar ciertas medidas; por lo que, de acuerdo a su opinión, la industria nacional del calzado no esperaría hasta ese punto, pues en caso de hacerlo se arriesgaría a que la recuperación ya no fuera posible. Por último, la legisladora señaló que si bien se estaba trabajando, no se estaba haciendo con relación a aspectos que era necesario atender.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró que el punto de acuerdo que en ese momento se estaba discutiendo era el sexto en el orden del día, presentado y fundamentado por el diputado Melchor Sánchez, para exhortar al Ejecutivo federal a que, en uso del posicionamiento de México en el Foro del G20 –grupo a punto de ser presidido por nuestro país–, el gobierno hiciera un llamado internacional sobre las prácticas desleales en las que incurre el Estado chino. El diputado Guajardo Villarreal indicó que este acuerdo y exhorto era de carácter genérico, relativo a todos los productos y, por tanto, en defensa de la planta manufacturera nacional, y que, en cambio, con respecto al quinto punto de acuerdo, el mismo diputado Sánchez planteaba un añadido en el que se hacía referencia concreta a la industria del calzado.
El secretario sometió a consideración de los miembros de la comisión el dictamen relativo al sexto punto de acuerdo, en el sentido que proponía el secretariado técnico, tras lo cual fue aprobado de manera unánime.
El presidente pidió al secretario diputado que leyera el cuarto considerando del quinto punto de acuerdo, propuestos, respectivamente, por los diputados Melchor Sánchez y Ríos Piter, en un caso como añadido y, en el otro, como propuesta original, también respectivamente.
El secretario hizo lo propio e indicó que dicho añadido radicaba en que el secretario de Economía rindiera un informe al Poder Legislativo sobre las acciones que hubiera tomado para proteger a la industria nacional de los efectos de la política de desgravación arancelaria. Tras lo cual el añadido fue sometido a la consideración de los miembros de la comisión y fue aprobado de manera unánime.
Análisis y discusión de la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de otras diversas leyes
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, procedió a indicar que como cuarto punto en el orden del día, se iniciaba el análisis y la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se proponía expedir la Ley de Asociaciones Público Privadas, y reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Expropiación, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales de Expropiación y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
El presidente procedió a hacer un recuento de los antecedentes de la minuta y al respecto señaló que, enviada por el Senado de la República, en su momento había sido distribuida en tiempo y forma entre los miembros de la comisión con el fin de que fuera analizada. En este punto de su intervención el diputado presidente Guajardo Villarreal recordó que en torno a las asociaciones público privadas la comisión había celebrado un foro en la Ciudad de México en marzo y otro en Monterrey en septiembre, que habían contado con la presencia de los miembros de la Comisión y en los que habían participado académicos, expertos, funcionarios, ex funcionarios y legisladores, con el fin de propiciar un clima de discusión con respecto al tema. El diputado Guajardo agradeció a las fracciones parlamentarias su participación en la organización de dichos foros y todos los comentarios recibidos por parte de los diferentes actores que en ellos participaron y que de tal manera enriquecieron el análisis de la minuta; asimismo recordó que además había sido distribuido entre los miembros de la comisión un predictamen a fin de que fuera analizado y, en igual forma, comentó que a partir de ese momento se estaba consagrando una semana completa para recibir observaciones de parte de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, tras lo cual se les convocaría para votar el proyecto de dictamen que habría incorporado sus observaciones. El diputado Guajardo recordó que así como había sido procesada la Ley Federal de Competencia Económica por la comisión, ahora se procedía a hacer lo mismo con la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), también de gran importancia, en este caso para impulsar el desarrollo de la infraestructura del país, y señaló que se iniciaba el proceso de dictaminación y que para tal efecto se abría la mesa para comentarios.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente felicitó a la presidencia de la comisión porque la LAPP representaba una acción para impulsar el desarrollo del país. Asimismo señaló al respecto que hasta ese momento no había certidumbre jurídica para aquellos que quisieran invertir en la realización de obras de infraestructura con el gobierno federal, si bien en cerca de 15 estados se había legislado a nivel local para regular las asociaciones público privadas. El diputado Sánchez de la Fuente dijo que había estado conversando con muchos empresarios que trabajan en la incertidumbre con el gobierno, ya que éste les podía retirar una concesión o plantearles de manera unilateral una exigencia que podía dejar de hacer rentable su participación. Por último, el legislador señaló la magnífica convocatoria de los participantes en los foros y la calidad de sus intervenciones, que a decir suyo redundaron en la aportación de elementos a los legisladores sobre el tema que abordaba la ley; misma, dijo, cuya promulgación debía ser apoyada. Finalmente comentó que en su momento plantearía sus observaciones.
El diputado Alejandro Cano Ricaud en igual forma felicitó a la presidencia de la comisión y señaló que había estado presente en el foro de Monterrey, en el que los participantes habían explicado con gran claridad el tema. En igual forma el diputado dijo estar convencido de que la LAPP era el instrumento adecuado para impulsar la infraestructura y para generar empleos que necesita el país. Por último, señaló que todos los integrantes de la Comisión debían estar muy satisfechos de estar dándole seguimiento a fondo a la respectiva propuesta.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez afirmó que la LAPP le daría certidumbre a muchas empresas en el país y fortalecería la planta laboral nacional y, asimismo, señaló que con su voto respaldaría la propuesta.
El diputado Vidal Llerenas Morales por su parte hizo encomio del proceso de discusión que se había llevado a cabo en torno a la LAPP, porque había sido amplio y había permitido escuchar las voces de muchos actores. Seguidamente señaló que en la fracción parlamentaria del PRD se impulsaría a la brevedad una discusión sobre el tema, respecto al cual había distintas posiciones al interior de la propia fracción. En igual forma el legislador señaló que ciertamente le parecía necesario regular las asociaciones público privadas como un fenómeno que ya tenía lugar y que, en tal sentido, era necesario contar con un registro adecuado de las mismas, que tuvieran lugar con la transparencia adecuada, así como contar con el marco que permitiera distinguir proyectos viables y no viables a ser impulsados bajo el esquema que se planteaba y, en consecuencia, implementar los cambios requeridos. Por último, el diputado Llerenas se comprometió a que se aceleraría el proceso de análisis de la iniciativa al interior de su fracción parlamentaria, para asumir la posición del caso.
El diputado José Antonio Arámbula López preguntó si el dictamen también había sido enviado a las comisiones de la Función Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión; si dichas comisiones ya la habían emitido y cuál sería el procedimiento al que se someterían las comisiones unidas.
El presidente respondió que tenía el ofrecimiento del presidente de la Comisión de la Función Pública (CFP) en el sentido de que la Comisión de Economía elaborara el predictamen, y que, en los términos en que hiciera, se sometería a discusión en el Pleno de aquella Comisión; el diputado Guajardo asimismo indicó que el presidente de la CFP le había pedido que invitara a sus miembros cuando la Comisión de Economía contara ya con un acuerdo respecto al predictamen, para que en comisiones conjuntas se lo votara; por último, el presidente diputado Guajardo señaló que adicionalmente se contaría con la opinión por escrito de la Comisión de Presupuesto.
La diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández señaló que había varios diputados con fundadas objeciones al proyecto de la Ley de Asociaciones Publico Privadas (LAPP) y que incluso le parecía que el proyecto de ley padecía de cierta inconstitucionalidad. La legisladora de igual manera señaló que, como constaba en la relatoría del foro que celebró la Comisión de Economía el 16 de marzo en torno a las asociaciones público privadas (APP), esa opinión, de carácter precautorio, era compartida por la mayoría de los especialistas que participaron en la referida ocasión, así como por otros cuyos argumentos habían sido expuestos en distintos medios públicos. La legisladora expresó que por esa razón consideraba que el análisis de la LAPP y de las reformas cuyo proyecto de dictamen apenas se habían conocido hacía unos cuantos días sin que se hubieran celebrado en la Comisión reuniones específicas con ese objeto, debía hacerse con todo detenimiento, dedicando las sesiones y el tiempo necesarios para ello. En este punto de su intervención, la diputada Martínez y Hernández propuso que antes de iniciar el análisis del dictamen en lo general, se destinaran algunas sesiones para su análisis detallado mediante reuniones plenarias o en una subcomisión. Asimismo indicó que, para ese efecto, ella estaba elaborando un detallado análisis del proyecto de la LAPP y de las reformas a las otras leyes contenidas en el correspondiente proyecto de decreto, mismo que pondría a disposición de la Comisión o de la subcomisión que, en su caso, se integrara para determinar la viabilidad o no del proyecto de dictamen. Por último, la legisladora dijo preservar su derecho a emitir su voto particular y las reservas del caso para su discusión.
El presidente, en respuesta a un punto de la intervención de la diputada Martínez y Hernández, señaló que como parte de su responsabilidad como presidente de la comisión, y a propósito del tiempo consagrado al análisis del proyecto de la LAPP y de las propuestas de reforma a las leyes vinculadas a dicha iniciativa, el dictamen había sido distribuido entre todos los miembros de la comisión desde hacía ocho meses, en el mes de febrero de ese año. Por otra parte, expresó que sin duda era respetable que las fracciones parlamentarias definieran su posicionamiento con respecto al proyecto de iniciativa en la mesa, como consecuencia de un arduo trabajo previo hacia el interior de los grupos parlamentarios. El diputado Guajardo afirmó que se contaba con los resultados de dichas deliberaciones y análisis, por lo que en nombre de la presidencia sometía a la consideración de los miembros de la comisión que, a partir de ese momento, se abriera el periodo de dictaminación para recibir los comentarios de los grupos parlamentarios a lo largo de la siguiente semana, de manera que en la siguiente reunión de trabajo de la Comisión se iniciara el debate que proponía la diputada Ifigenia Martínez y Hernández. Dicho lo cual, el diputado Guajardo Villarreal pidió al secretario diputado Morán Sánchez, que sometiera a la consideración de las y de los miembros de la Comisión la propuesta de la presidencia, en el sentido de iniciar el proceso de recepción de las reservas y de las opiniones de las fracciones parlamentarias, para que en la siguiente reunión de comisión se iniciara la deliberación y el desahogo de las reservas que establecieran las y los miembros de la comisión.
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, hizo lo propio y la propuesta fue aprobada de manera unánime, tras lo cual se procedió a abordar el siguiente punto en el orden del día.
Propuesta de conformación del grupo de trabajo para el estudio y el análisis de la iniciativa de reforma que proponía adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tras previamente haberle dado la bienvenida en nombre de los miembros de la Comisión de Economía, pidió al diputado Alberto Cinta, presidente de la Comisión Especial de Competitividad, que fuera tan amable en ofrecer una explicación sobre la iniciativa que ya había sido recibida por la Comisión de Economía y cuyo proceso de deliberación se estaba iniciando.
El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, tras agradecer la oportunidad de concurrir ante la Comisión de Economía en nombre de la Comisión Especial de Competitividad, procedió a presentar y explicar la iniciativa suscrita prácticamente por todos los miembros de dicha comisión, salvo uno. El diputado Cinta afirmó que por medio de la iniciativa se pretendía ayudar a formalizar la existencia de las empresas en el país, mediante la atención al problema muy señalado de la informalidad, en la medida en que ésta afecta el funcionamiento de la economía en términos de sana competencia, recaudación fiscal, etcétera, y, asimismo, afecta a las empresas que no pueden constituirse formalmente como tales. El legislador afirmó que básicamente la iniciativa pretendía reducir los costos de apertura de las empresas en términos de tiempo, procedimientos y dinero. Como parte de dicha problemática señaló que la constitución de una sociedad mercantil sólo pueden realizarse mediante un notario público y que en el mismo sentido el estudio Doing Business en México 2009, realizado por el Banco Mundial, señalaba que el pago a fedatarios públicos y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio sigue siendo una carga muy onerosa para los empresarios mexicanos, sobre todo para los pequeños, costo que en promedio sumaban el 89 por ciento de los necesarios para abrir una empresa. Asimismo señaló, a manera de ejemplo, que el promedio de los honorarios que cobran los notarios en los cinco estados con menor costo para abrir una empresa era de 5 mil 900 pesos, y que en el caso de los estados en que el cobro era más oneroso el promedio es del doble y en algunos casi el triple, lo cual constituye un obstáculo muy importante para que las empresas ingresen a la formalidad; de suerte que de las poco más de 414 mil micronegocios existentes en el 2008, sólo el 18 por ciento se encontraban formalizadas ante notario público. El diputado presidente Cinta afirmó que la experiencia internacional, con base en lo que ha sucedo en países como Portugal y Colombia, muestra probadamente que la introducción de un sistema que otorgue la posibilidad de crear empresas sin necesidad de utilizar servicios notariales reduce notablemente los costos; dijo que la propuesta radicaba en que, en el caso de las microempresas, éstas pudieran formalizar su existencia ante la Secretaría de Economía sin recurrir a los servicios de las notarías, ello mediante llenado de formatos o modelos de contratos y estatutos sociales previamente autorizados y publicados. En tal sentido, el legislador aclaró que la iniciativa no pretende que las empresas que ya son parte de la formalidad dejen de darse de alta ante los notarios y migren hacia sistemas más simplificados, pues se trata de empresas cuyas características se continuarán reflejando en la complejidad de sus actas constitutivas, además de que otras continuarán buscando los servicios de los notarios. El diputado Cinta agregó que se trataba de que el 80 por ciento de los microempresarios que nunca han acudido con un notario y que permanecen en la informalidad pudieran ingresar a la formalidad mediante un sistema más sencillo; asimismo, el presidente de la Comisión Especial de Competitividad dijo que la propuesta era optativa y se limitaba a las formas societarias más comunes para hacer negocios en México, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. En igual forma, el legislador señaló que en la propuesta se preveían mecanismos para verificar la identidad y capacidad jurídica de los socios y que para avanzar en ello se proponía que quienes pretendieran constituir una sociedad lo hicieran por medio del uso de la firma electrónica o de la autentificación de firmas por el fedatario público. El legislador también comentó que en la reforma se proponía que los formatos simplificados para la constitución de sociedades mercantiles fueran documentos inscribibles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC); y, asimismo, afirmó que se proponía reformar el Código de Comercio con la finalidad de coadyuvar en los esfuerzos realizados hasta ahora por la Secretaría de Economía y los gobiernos de los estados para estandarizar los procesos del RPPC, propiciando una mayor homologación de la función registral a nivel nacional, con el fin de incrementar la seguridad y certeza jurídica de actos mercantiles. Dicho esto, el diputado Cintra resumió los beneficios de la iniciativa para los empresarios y sobre todo para los microempresarios: primero, certeza jurídica, al diferenciar el patrimonio personal del de la empresa y que la responsabilidad de cada socio se limite al capital que haya aportado; que al quedar formalmente constituida una sociedad sea posible organizar claramente los roles de interacción entre los socios; que se les dé acceso con mayor facilidad a créditos bancarios, lo que les permitiría crecer; acceso a los regímenes de seguridad social, IMSS, etcétera, así como poder abrir una cuenta como personas morales en los bancos y con ello generar un historial crediticio y conseguir préstamos más baratos; emitir facturas y con ello aumentar drásticamente el número potencial de clientes; acceder a licitaciones en programas y créditos gubernamentales, como el Fondo Pyme y otros, entre otros beneficios.
El diputado Jorge Hernández Hernández manifestó que la iniciativa era un esfuerzo extraordinario de la Comisión Especial de Competitividad y que debía ser analizada detenidamente por la de Economía, porque era capaz de impulsar la creación de pequeños negocios. Dicho esto, el diputado Hernández se refirió a la experiencia de los Centros de Atención Empresarial en el Estado de México, en los que gratuitamente se autoriza la instalación de sociedades de responsabilidad limitada, mediante un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta otorgue el permiso correspondiente con el solo sello del ayuntamiento, de las direcciones de Desarrollo Económico, del Centro de Atención Empresarial o de la Unidad Empresarial de Atención. Por último, el diputado Hernández dijo que de esta manera se orillaría al Colegio de Notarios a que regulara las tarifas de cobro a los pequeños negocios que en estos momentos requieren apoyo para su constitución.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó que de esta manera se iniciaba el proceso de análisis de la iniciativa en cuestión, mediante la creación de un grupo de trabajo respecto al cual se permitía sugerir que fuera constituido fundamentalmente por quienes siendo miembros de la Comisión de Economía también lo fueran de la Comisión Especial de Competitividad, ello a fin de facilitar e impulsar el proceso de dictaminación; asimismo sugirió que el promovente diputado Cinta presidiera dicho grupo. En igual forma, el diputado Guajardo comentó que el diputado Cinta le había asegurado que estaba en diálogo con legisladores miembros de su Comisión que no se habían mostrado a favor de la propuesta, con el propósito de explicarles que la iniciativa se orientaba a un mercado que no es el de quienes actualmente pueden pagar los costos de apertura de sus empresas. El diputado Guajardo Villarreal pidió que las diputadas y los diputados interesados en participar en el grupo de trabajo se dirigieran al diputado Cinta, para que en su momento hicieran llegar a la Comisión de Economía el resultado de su deliberación. Luego, el presidente diputado Guajardo solicitó al secretario diputado que pusiera a votación su propuesta, misma que fue aprobada de manera unánime por los miembros de la comisión.
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, indicó, por su parte, que se abordaría el siguiente punto en el orden del día.
Asuntos generales
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, planteó que tras haber sido acompañado por los miembros de la comisión en la reunión sostenida con el secretario de Desarrollo Económico, respecto a la propuesta de la federación en materia del capítulo 10 –Economía–, instruía al licenciado Roberto Soto, asesor económico de la presidencia, para que distribuyera un cuadro en el que se sugería hacia dónde debía conducirse la negociación a ser entablada con la Comisión de Presupuesto. El diputado Guajardo agregó que la idea era que los miembros de la comisión aportaran sus observaciones a más tardar el día viernes, manifestando dónde les gustaría impulsar cambios en el presupuesto de salida, tema con relación al cual en el cuadro de referencia se les entregaba información sobre los diferentes apartados del presupuesto de egresos aprobado el año anterior, con algunas observaciones.
Asimismo, el diputado Guajardo indicó que en el cuadro había una columna que reflejaba un presupuesto que él juzgaba realista, porque la propuesta de 2012 incluía una partida nueva por mil 600 millones, que no era más que un juego contable para asegurar el pago de derechos mineros; al respecto, el diputado Guajardo señaló que si se obviaba ese monto, se percibía que el sector economía experimentaba una caída real en la propuesta del Ejecutivo federal.
Por último, reiteró a los miembros de la comisión que se esperaban sus comentarios en el plazo señalado, para que después, ya con su autorización, se procediera a la aprobación de la propuesta, vía económica, por parte de los miembros de la Mesa Directiva, y luego se establecieran negociaciones con la Comisión de Presupuesto.
Clausura
Al no haber más comentarios por parte de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, con la anuencia de las legisladoras y de los legisladores, el diputado Guajardo Villarreal procedió a dar por terminada la reunión de ordinaria a las 16:00 horas.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Economía, referente a la reunión ordinaria efectuada el jueves 24 de noviembre de 2011
A las 17:10 horas del 24 de noviembre de 2011, en los salones de usos múltiples números 4 y 5 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo de orden del día siguiente:
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente, Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Vidal Llerenas Morales, Guillermo Ruiz de Teresa, y Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes
Diputados que justificaron su inasistencia: Indira Vizcaíno Silva, secretaria, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez integrante.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
La diputada secretaria Norma Sánchez Romero:
Primero: lectura de asistencia y declaratoria del quórum.
Segundo: lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
Tercero: revisión de los proyecto de dictamen, que serán discutidos y en su caso aprobados:
1) Dictamen de la iniciativa que crea la Secretaría de Pesca y Acuacultura.
2) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan nuevas disposiciones a los artículos 40 y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
3) . Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 4 y 22 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
4) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 87, 203 fracciones 4 y 18 de la Ley de la Propiedad Industrial.
5) Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias de la Administración Pública Federal relativo a la apertura y operación de las empresas en México en el ejercicio 2012.
6) Dictamen a la proposición con punto de acuerdo, porque se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía explique los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping de pierna y muslo de pollo originarios de los Estados Unidos de América 7). Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales.
Cuarto Continuación de la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide de la Ley de Asociaciones Público-Privada, y se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Expropiación de la Ley Agraria, la Ley General de los Bienes Nacionales y el Código Nacional de procedimiento Civiles.
Quinto . Asuntos generales.
Sexto . Clausura.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, Antes de someter a consideración el orden del día, recordó a los presentes que en la reunión ordinaria pasada por un diputado del PAN a petición de una persona, hasta donde se supo ajena a la diputada proponente, solicito el retiro del dictamen del orden del día, sin embargo, finalmente pidió a los diputados miembros del Acción Nacional, tomaran la decisión de someta a discusión y votación el dictaminen o retirarlo nuevamente del orden día para que en la próxima reunión ordinaria estuviera presente la promovente.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes aclaró que la diputada proponente no tenía ningún inconveniente de que se sometiera a votación.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal pidió a la secretaria diputada sometiera a votación el orden del día.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación el orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero continuó con la lectura al siguiente punto, dictamen a la iniciativa que crea la Secretaría de Pesca y Acuacultura.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero, se aprueba la iniciativa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de noviembre de 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, el diputado Jorge Hernández Hernández tiene la palabra.
El diputado Jorge Hernández Hernández manifestó que tenía algunas dudas sobre el impacto presupuestal, ya que existe un transitorio que en un año el Ejecutivo federal deberá de haber establecido el mecanismo administrativo, dotación de activos, inmuebles, y presupuesto. La duda del diputado se basa en el sentido de saber si el PEF, autorizado viene algo al respecto por que de esta fecha a dentro de un año se estaría hablando de noviembre de 2012.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que la secretaría técnica ya había solicitado el impacto presupuestal al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y que hasta el momento de dictaminar la iniciativa no había sido recibido; sin embargo, en relación al comentario del diputado en relación a la redacción del transitorio, pregunto a los presente si estaban de acuerdo en se posponga para la próxima reunión la votación del dictamen, solicito a la secretaria someterlo a votación la propuesta de retirarlo del orden del día.
La diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación posponer la iniciativa en comento, aprobado por mayoría, acto seguido abordó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto con el que se adiciona las nuevas disposiciones en los artículos 40 y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero, se aprueba la iniciativa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó al secretario técnico hiciera algunos cometarios sobre el objeto de esta reforma.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías propone modificar o adicionar tanto en la fracción 14, como del artículo de la Ley de Metrología, como en su artículo 53, que los apoyos a los a las denominaciones de origen deberán tomar en cuenta los productos pesqueros y adicionar en la norma 53 que establece la posibilidad de que el gobierno pueda exigir la utilización de que los productos importados, cuando no haya norma oficial mexicana que sea aplicable cumpla con las disposiciones de su país de origen que se explicite también ahí a los productores pesqueros mexicanos.
La iniciativa en la parte que tiene que ver con los apoyos de las denominaciones de origen se está desechando, en virtud de que la fracción tal y como está actualmente habla en general de productos, incluyendo obviamente los productos pesqueros.
Por otro lado en relación a las modificaciones propuestas esta el adicionar la palabra “productores” en el artículo 53, en el último párrafo porque solo dice que deberán de cumplir las normas del país de origen o a falta de estas la del fabricante y no habla de productores; generando problemas porque solo habla del fabricante, pero cuando son productores y hacen la diferenciación no les permite aplicarlas.
Entonces con estas modificaciones se permite que a los productores pesqueros en este caso, les pueda aplicar cuando no hay una norma oficial mexicana que les apliquen, aplicarles la de su país de origen.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, cede la palabra al diputado Vidal Llerenas.
El diputado Vidal Llerenas Morales, haciendo referencia en el sentido de considerar que en el caso del fabricante o productor establezcan las normas puede correr riesgo de que sea una norma que favorezca el productor.
Haciendo a una propuesta en sentido de que sea fabricante o productor y que se introduzca una parte del párrafo que diría: “que serán declaradas como normas oficiales mexicanas por la autoridad competente, previa realización del estudio correspondiente” para que no se afecte las condiciones de competencia económica.
Esto lo tradujo en que cuando no exista esta norma el productor la proponga, pero que se realice un estudio para asegurar que no se afecten las condiciones de competencia.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: A reserva de solicitar la intervención del secretario técnico, cometo en relación al sistema de las NOM, las normas oficiales mexicanas, por parte de las asociaciones de productores y es una práctica internacional.
Las primeras son responsabilidad del Ejecutivo a través de los órganos creados ex profeso para ello, y las segundas son las que regulan los términos de calidad, y una serie de elementos que son por protección misma que permite la credibilidad del sector productivo en referencia las cuales no requiere ningún tipo de intervención gubernamental porque son para salvaguardar al sector productivo por lo que unas son obligatorias y otras son simplemente sugeridas.
Acto seguido solicita la intervención del secretario técnico, en relación al cometario del diputado Vidal.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías: Lo que permite este artículo 53, es que cuando no hay una norma que sea aplicable a un producto de importación, no se pueden aplicar del gobierno productos de etiquetado, donde en su país de origen cumple con ciertas etiquetas de que elementos contienen y al momento que vienen al mercado mexicano no existe una norma que se les está regulando que se les pueda exigir que cumplan al menos con las normas de que en su país de origen si se las están exigiendo, siendo esto muy específico para los productos importados que no tienen ningún problema de competencia de mercado mexicano, y de otra manera podrían entrar al país bajo ninguna regulación y podrían estar dañando la salud de los consumidores.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por eso, este dictamen no pretende alterar el status quo que se maneja actualmente el esquema de normas, sino simplemente de evitar la exclusión de algunos agentes económicos, eso es todo y proteger los derechos de los productores, en este caso, por ejemplo, los productores pesqueros. Por lo que al estar de acuerdo los integrantes de la Comisión pide a la secretaria diputada, someter a votación el dictamen.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación el presente dictamen, siendo aprobado por unanimidad. Continuó con el siguiente punto correspondiente al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 22 de la ley para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero, se desecha la iniciativa.
Segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro los veinticuatro días del mes de noviembre de 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió nuevamente la intervención del secretario técnico antes de someterlo a consideración con los señores diputados.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías: La iniciativa pretende establecer explícitamente en los objetivos de la Ley Mipymes, el que se propicien políticas para que las compras que realicen las Mipymes se realicen al menor costo de transacción posible.
La iniciativa se está desechando por la razón de que los costos de transacción son una consecuencia de todos los demás objetivos y finalidad que tiene la Ley Mipymes.
Entonces, en este sentido al no explicitarse, por ejemplo, qué tipo de política específicamente para reducir los costos de transacción es la que se pretende incluir, sino simplemente poner disminución de costos de transacción es una consecuencia de todos los objetivos que ya se encuentran en la ley, entonces resulta innecesaria una adición en ese sentido.
Adicionalmente habría que decir que reducir los costos de transacción no ha resultado de una sola política en particular sino es resultado de una serie de elementos que se van dando en la economía que van influyendo para poder reducir costos de transacción y elevar la competitividad del país.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, abre a consideración, el dictamen, y no habiendo comentarios, somete a votación.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, somete a votación el presente dictamen en los términos que fue presentado siendo aprobado por unanimidad.
Da lectura al cuarto dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 213, fracciones IV y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se desecha la iniciativa.
Segundo. Archívese el presente como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pide al secretario técnico exponga los motivos del rechazo de la iniciativa en este dictamen.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías: Esta iniciativa propone sancionar o generar un marco jurídico donde se sancione a quien utilice nombres de dominio que sean idénticos o similares en grado de confusión a una marca registrada. La razón por la que se está desechando es porque actualmente la Organización Mundial de Propiedad Industrial establece dos sistemas para resolver controversias en caso de usos de dominios, y lo principal es que sea hace una diferenciación entre que el uso de dominio no es una marca.
Estos sistemas son obligatorios para quienes registran los nombres de dominios en los países en sus contratos y te obligan a someterte a un tipo de procedimiento, por así decirlo, un poco arbitral, privado, donde ahí se resuelven este tipo de controversias y hasta la fecha se ha dado muy buenos resultados.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, hace una recapitulación de lo expresado por el secretario técnico en relación a que la iniciativa pretendía obligar a que si hay un registro de marca, a nombre de una bebida que se llama Martell, que no se puede utilizar si alguien quiere poner una fábrica de muebles que se llama Martell.
Es decir, si autorizábamos el dictamen como venía, estaríamos prohibiendo el uso en otros apartados que no deberíamos de prohibir.
Dicho lo anterior, da la palabra al diputado Rodrigo Pérez-Alonso.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, en el entendido sobre la postura y el porqué del sentido del dictamen, expreso lo siguiente acerca de los nombres de dominio en Internet. El sistema de propiedad tradicional, originalmente no traía en las cuestiones de dominio. Los nombres de dominio como ustedes saben son www.unacuestión.com.net.mx
Varias cuestiones y como se decidió regularlo ahora es a través casi de una autorregulación, externa que registra las marcas y dirime controversias.
Por lo que entendía que el legislador, en este caso, confundió las marcas con los nombres de dominio, por lo que también entendía que en ocasiones los nombres de dominio coinciden también con nombre de marcas muy reconocidas.
Por último manifestó su coincidencia en que el legislador a replanteara su iniciativa en aras de se tiene un sistema autorregulatorio a través de un organismo que es el nick, México que registra y dirime controversias en los términos de los nombres de dominio.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procede a someter a su consideración este dictamen.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación el dictamen, siendo aprobado por unanimidad, continuando con el orden del día, dio lectura al siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de mejora regulatoria de la administración pública federal relativo con la apertura y operación de empresas de México en el ejercicio 2012.
La Comisión de Economía acuerda:
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias de la Administración Pública Federal para continuar realizando la medición y evaluación de las acciones de significación administrativa en los trámites federales, estatales y municipales relacionados con la apertura y operación de empresas en México en el ejercicio 2012.
Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió a la promovente, la diputada secretaria Norma Sánchez, que hiciera un comentario sobre su propuesta, la cual esta dictaminada favorablemente.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, haciendo referencia a los últimos estudios que ha realizado la Secretaría de Economía, el Doing Business y el World Economic Forum, México, ha elevado los niveles de competitividad por lo cual consideró que es muy importante que se sigan realizando año con año ya que en este sentido de apertura de empresas un mayor nivel de competitividad a México, considero que es importante que se sigan realizando estos estudios para evaluar realmente el impacto de la misma.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, no existiendo algún otro cometario solicito sea sometido a votación.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero: Se somete a consideración el punto de acuerdo. El cual es aprobado por unanimidad.
Asimismo, continuó con el siguiente punto, referente al dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía explique los motivos que llevaron a aceptar la investigación antidumping sobre las exportaciones de pierna y muslo de pollo originario de los Estados Unidos de América.
La Comisión de Economía acuerda:
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que por el conducto de la Secretaría de Economía, con el secretario de Economía, Bruno Francisco García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta secretaría a aceptar la investigación antidumping, prácticas desleales del comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios a las importaciones de pierna y muslo de pollo originaria de Estados Unidos de América, independientemente del país del procedencia, solicitadas por las empresas Bachocco, SA de CV, y productos agropecuarios de Tehuacán SA de CV, y Buenaventura Grupo Pecuario SA de CV, antes de emitir una resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de noviembre del 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, refiriéndose a este punto de acuerdo, aclaró que la redacción había sido muy cuidada, porque simplemente se está solicitando información.
Ya que en el debate existen dos grupos, el primero trata de defender a los importadores, y el grupo de los productores nacionales.
Finalmente en el caso de la pierna y muslo de pollo, como ustedes saben, dada la preferencia del mercado norteamericano por la carne blanca hay un precio por debajo del promedio digamos de la región de Norteamérica en lo que es la carne morena o no blanda del pollo y hace que ese producto entre a México en condiciones favorables.
Pero, por otra parte, tiene impacto también en el consumidor, por lo tanto la Comisión de Economía, únicamente está solicitando información.
Dejó el micrófono para quien quisiera hacer algún comentario al respecto.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente pidió ser más tajantes: tenemos que ser más incisivos en no dejarlo ir tan a la simple respuesta que nos pueda dar la Secretaría de Economía.
Necesitamos respuestas contundentes y muy específicas a lo que nosotros les hemos estado preguntado, porque yo he estado leyendo las respuestas, muy genéricas y se nos dan índices de mejora en la industria nacional y la verdad, que lo que se ve es un desempleo continuo, por los cierres de fábricas, en este caso por cuestiones agropecuarias por lo que propuso no sólo hacer exhortos, sino poner un alto a lo que está dañando fuertemente a la industria nacional.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, manifestó que había recibido a los productores muy preocupados por el punto de acuerdo, sin embargo les explico, que la comisión simplemente iba a solicitar información, en ese sentido del porqué se están estableciendo prácticas desleales. Por lo que solicitó someterlo a votación.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero hizo lo propio, siendo aprobado por unanimidad.
El siguiente dictamen es a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía se realice la defensa de los intereses de los productores ganaderos nacionales. Asimismo entable la impugnación correspondiente para eliminar las trabas al libre comercio generadas a través de la entrada en vigor de la Ley de Etiquetado por país de origen en Estados Unidos de Norteamérica.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instrumente un mecanismo similar al ingreso objetivo que se da un apoyo a los productores del grano de nuestro país, para otorgarlo a los productores nacionales de becerros.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de noviembre de 2011.
Se somete a discusión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: El diputado Melchor Sánchez de la Fuente tiene algunos comentarios al respecto.
El diputado Alejandro Cano Ricaud manifestó que es muy importante la intervención que se pueda hacer para poder ayudar a los productores de ganado en el estado de Chihuahua, en una situación de sequía muy importante, en el norte de la república no es la excepción. Exhorto a que lo votemos para tener una intervención fuerte por parte del legislativo hacia el Ejecutivo federal para que ayuden en este tema.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: no habiendo ninguna otra consideración, pasarían a la votación del mismo.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero somete a votación el presente dictamen, siendo éste aprobado por unanimidad.
La secretaria continuó con el siguiente punto del orden del día, relativo a la continuación de la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privada y se reforma una adición y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas relacionadas con las mismas.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que la Comisión había recibido algunas reservas a la minuta por parte de algunos integrantes de la comisión, principalmente de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández del Partido del trabajo, sin embargo, puso a consideración del pleno si se aceptan las reservas enviadas por el diputado Mario di Costanzo, ya que no es integrante de esta comisión pero que de alguna manera sería un ejercicio saludable, abrir el debate en la comisión, o en el pleno, de cualquiera de esas reservas se van a reflejar.
Por lo antes mencionado someto a su consideración decida o no aceptar como válidas las reservas que hace el diputado Mario di Costanzo en nombre propio, y adicionarlas a las que presentó la diputada Ifigenia Martínez.
Por otro lado, comentó que adicionalmente pedio al secretario técnico, que se les entregara un documento importante llamado “Metodología Global de las etapas que componen el ciclo de inversiones”.
Este documento tiene una gran relevancia dentro del proceso de discusión que se va a iniciar, porque es de alguna manera un apunte metodológico de cómo se procesan al interior del Ejecutivo las decisiones en materia de estos proyectos.
Desde el punto de vista de su análisis, de su evaluación, de su rentabilidad económica, por lo que si están de acuerdo se estaría iniciando el próximo martes el análisis de las reservas, para poder continuar con la aprobación en lo general y se vayan analizando cada una de las reservas, hasta concluir con un dictamen el día jueves.
Si los presentes están de acuerdo ese sería la forma en la que desarrollaríamos el proceso del dictamen.
El diputado Alejandro Cano Ricaud, Dijo que estaba de acuerdo en esta propuesta, tomar con gran responsabilidad el trabajo para sacar adelante la minuta, en vista de ser importante para el desarrollo del país.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que uno de las principales inquietudes era iniciar lo antes posible dicho proceso y en relación a las reservas del diputado Mario di Costanzo, dependerías de la determinación que decidiera el pleno de la comisión en ese momento, haciendo la aclaración de que el diputado tiene el derecho de participar y considero que puede ser en la próxima reunión, por lo pronto la idea es debatir y discutir en la reunión para ir avanzando.
El diputado Vidal Llerena Morales comentó que existe una inquietud sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas, por lo que considera que es mejor discutirla al interior de la Comisión y que en todo caso, se pueda modificar y así llegaría al pleno una ley con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por último pedirle al secretario técnico solicite nuevamente el Centro de Estudios de las Finanzas públicas, que proporcione el impacto presupuestal de la iniciativa en materia de la creación de la Secretaría de Pesca para estar en condiciones de aprobarla la próxima reunión.
Clausura
Con la anuencia de las diputadas y de los diputados y tras haber agotado los asuntos del orden del día, no sin antes agradecer su participación, el diputado presidente procedió a clausurar la reunión a las 18:20 horas.
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión en comisiones unidas con la de la Función Pública que se llevó a cabo el lunes 5 de diciembre de 2011
A las diecisiete horas con treinta minutos del lunes cinco de diciembre de dos mil once, se hace constar que sólo se encuentran presentes los siguientes diputados:
Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Norma Sánchez Romero, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara y Víctor Roberto Silva Chacón.
Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, presidente; Patricio Chirinos del Ángel, Josué Cirino Valdés Huezo, Marcos Pérez Esquer, secretarios; Esthela Damián Peralta, Víctor Manuel Galicia Ávila, Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez, José Francisco Rábago Castillo, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Enrique Octavio Trejo Azuara.
Lo anterior para los efectos que sean conducentes.
Dado en el mezzanine del primer piso del edificio A del Palacio Legislativo.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria celebrada el lunes 5 de diciembre de 2011
A las diecisiete horas del lunes cinco de diciembre de dos mil once, en el en los salones C y D del edificio G, se reunieron los integrantes de la Comisión de Economía de conformidad con la convocatoria para la trigésima segunda reunión ordinaria correspondiente al mes de enero para el desarrollar el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación de orden del día; 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las reuniones ordinarias del 11 de mayo y 8 de junio de 2011; 4. Asuntos generales; 5. Clausura.
Se recabó las firmas sobre la lista de asistencia, encontrándose los siguientes diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Jorge A. Juraidini Rumilla; Norma Sánchez Romero; Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; Ifigenia Martha Martínez y Hernández y David Ricardo Sánchez Guevara, integrantes.
En virtud de que transcurrido una espera de treinta y cinco minutos, como lo marca el reglamento en el artículo 167, numeral 3, y no habiendo alcanzando el quórum reglamentario, el presidente de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, pide a la secretaria que se levante la constancia correspondiente para los efectos a que haya lugar.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión en comisiones unidas con la de la Función Pública que se llevó a cabo el martes 6 de diciembre de 2011
A las 17:00 horas del martes 6 de diciembre de 2011, en el salón de protocolo del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó a cabo la reunión de Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública, dando inicio al desahogo de orden del día siguiente:
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y diputados por parte de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes
Diputados que justificaron su inasistencia: Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez Alonso González, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Guillermo Ruiz de Teresa, integrantes.
Por parte de la Comisión de la Función Pública, las diputadas y diputados Pablo Escudero Morales, presidente; Patricio Chirinos del Ángel, Josué Cirino Valdés Huezo, Marcos Pérez Esquer, secretarios; Esthela Damián Peralta, Ernesto de Lucas Hopkins, Janet Graciela González Tostado, Ivideliza Reyes Hernández, Josefina Rodarte Ayala, Sergio Lobato García, Víctor Manuel A. Galicia Ávila, Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez, José Francisco Rábago Castillo, José Luis Soto Oseguera y Enrique Octavio Trejo Azuara, integrantes.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de ambas comisiones e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
El secretario de la Comisión de Economía, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, dio lectura: Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum; segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones público Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles; cuarto, asuntos generales; quinto, clausura.
El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.
El presidente de la Comisión de Economía, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Haciendo la declaratoria de quórum de la reunión en comisiones unidas de Economía y de la Función Pública, y después de dar la bienvenida a los diputados presentes, hace cometarios relacionados a la reunión del día anterior, en la cual se iniciaron los trabajos con la autorización de los miembros de ambas comisiones, iniciando así los posicionamientos en lo general y en consulta con el presidente de la Comisión de la Función Pública, y con representantes de las diferentes bancadas establecimos que ya se habían expresado los posicionamientos al menos por las fracciones parlamentarias. Antes de poder enunciar las reservas que en este sentido se pudieran dar por agotadas el debate en lo general. Por lo consiguiente compartió el proceso de para las reservas recibidas por escrito con anterioridad. No sin antes agradecer a los diputados que se esforzaron en este proceso y particularmente agradeció a la diputada Ifigenia Martínez, por entregar un documento muy completo con planteamientos en lo general de la ley y con un conjunto de reservas muy bien establecidas.
En función de todas las contribuciones, el diputado presidente, comento que se elaboró un documento, el cual fue distribuido el día de ayer en donde se da a conocer a ustedes las reservas que se consideraron tenían una gran relevancia para mejorar la minuta del Senado y que fueron consideradas por la trascendencia de los comentarios. Seguido de lo planteado, solicitó al secretario Morán Sánchez dar lectura a los artículos que en propuesta de junta directiva de Comisión de Economía se extiende a su consideración; no sin antes aclarar que el artículo el 24 está siendo analizado en uno de sus párrafos y que sería el único que podría tener diferencia si es que se llega a un acuerdo en el transcurso de esta lectura se les haría conocer cualquier modificación al respecto. El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión de la Función Pública, el diputado Pablo Escudero Morales.
El diputado Pablo Escudero Morales manifestó estar de acuerdo con lo planteado por el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por lo que pidió que fuera sometido a votación que la reunión se declare en permanente.
El presidente de la Comisión de Economía, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Estando totalmente de acuerdo con lo planteado por el diputado Pablo Escudero Morales, por lo que pido al secretario diputado someter a votación del pleno de las dos comisiones declararla reunión en permanente.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez puso a consideración del pleno de las comisiones la propuesta de declarar en permanente la reunión, siendo aprobado por mayoría, con un voto en contra.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal dio a conocer la temática para el desarrollo de la reunión iniciado con la lectura de las reservas propuestas por los señores diputados y por último, entrarían a la votación en lo general con los posicionamientos generales que se quieran realizar.
El diputado Ramón Jiménez López manifestó estar de acuerdo en el procedimiento a seguir, sin embargo al no estar presente en la reunión del día anterior, lo cual no le permitió fijar su posición en relación al voto particular enviado a la Comisión de Economía con anterioridad.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de proceder a pedirle al secretario dar lectura al documento presentado por la junta directiva, aclaró al diputado que efectivamente estaba en su derecho de hacer su posicionamiento.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, en virtud de notar la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pidió hacerles una serie de preguntas en relación a sus reservas presentadas y al decir del diputado podría tomar una determinación en retirar o no sus reservas.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Accediendo a la petición del diputado Di Costanzo, no sin antes pedir dar lectura a las reservas planteadas por la junta directiva de la Comisión de Economía, y si lo planteado no resuelva algunas de sus dudas sería atendida su solicitud.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez, por instrucciones del diputado presidente, dio lectura a las modificaciones propuestas por la Comisión de Economía a los párrafos que se agregan o se modifican:
Artículo 2 (a partir de donde dice privado): con objetivos que aumentan el bienestar social y los niveles de inversión en el país, en los términos previstos en esta ley. Los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.
Artículo 11, el segundo párrafo: la información en Compranet deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través del esquema de asociaciones público-privadas y permita realizar análisis sobre la viabilidad del proyecto.
Deberá además contener información para identificar los programas anuales en la materia de las dependencias y entidades en el registro único de desarrolladores en los términos que lo establezca el reglamento de esta ley, el registro de desarrolladores sancionados, las convocatorias a la licitación, y sus modificaciones, las invitación a cuando menos tres personas, las actas de las juntas de aclaraciones del acta de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia inconformidad que hayan causado Estado y las notificaciones y avisos correspondientes.
Este sistema será operado por la Secretaría de la Función Pública, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información.
Artículo 14, del inciso, primero al noveno: la información anterior deberá ser publicada en Internet y ser presentada ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y publicará un registro para efectos estadísticos con información relativa a los proyectos de asociación público-privadas, previstos en la fracción I a la IX del presente artículo. Asimismo publicará de manera sistemática la información siguiente: nombre del proyecto, número de licitación y registro del sistema electrónico de información pública, gubernamental, Compranet, nombre del convocante, nombre del desarrollador, plazo del contrato de la asociación público-privada, monto total del proyecto, monto de los pagos programados ejecutados durante el ciclo de vida del proyecto, indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica, del proyecto en los términos que determina el reglamento, resultado de la evaluación de la conveniencia a la que se refiere el artículo 14, fracción IX.
Otra información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera relevante: dicha información será de carácter público a excepción de aquellas de naturaleza reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir en términos de los artículos 24 de esta ley y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una evaluación de impacto a los proyectos de asociación público-privadas en las finanzas públicas durante su ciclo de vida.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportará en los informes trimestrales sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos de las disposiciones aplicables, la descripción de cada uno de los proyectos autorizados, montos erogados o por erogar, conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos comprometidos.
Artículo 15, párrafo cuarto: en el marco del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. (Y continúa) con la congruencia del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Institucional, Regional o especial que corresponda.
Artículo 17, se agrega: la evaluación deberá incorporar un análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento.
Artículo 21, se agrega, después de desarrollo: previo análisis y autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, para los efectos de los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 24 de esta ley.
Artículo 23, se elimina el segundo párrafo.
Artículo 24, en el tercer párrafo, se agrega: para tal efecto, la Secretaría –se agrega– de Hacienda y Crédito Público. Se agrega un quinto párrafo, que son los proyectos de asociación público-privada que se pretenden realizar y los proyectos en proceso o en marcha que se pretenden incorporar a dicho esquema serán analizados y autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, para los efectos del artículo 34, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como su orden de ejecución, considerando en el marco del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo el Programa Sectorial Institucional Regional o Especial de acuerdo a lo determinado por la dependencia o entidad correspondiente conforme al artículo 15, fracción IV, de esta ley.
El párrafo siguiente dice: en todo caso, con el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio se deberá prever en un capítulo específico y por sector para su aprobación, los compromisos plurianuales de gasto que deriven en los proyectos de asociación público-privada, para lo cual se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto en los pagos comprometidos.
En los informes trimestrales que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente al Congreso de la Unión, deberá señalar los montos asignados para la etapa de preparación de los proyectos. Se elimina este párrafo que está duplicando.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez continuó: La dependencia o entidad decide no celebrar el concurso en su caso, podrá ofrecer bajo su responsabilidad del promotor adquirir previa autorización escrita indelegable del titular de la dependencia o entidad debidamente motivada y justificada, los estudios realizados junto con los derechos de autor y de propiedad industrial correspondientes, mediante reembolso de todo o parte de los costos incurridos.
La motivación y justificación deberá acreditar de manera expresa la congruencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas que de éste deriven. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 94, en el segundo inciso se agrega: solicitar prórroga de los plazos del contrato cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a las dependencias o entidad contratante.
El artículo 122, en el inciso segundo: la no prestación de los servicios contratados, su prestación en términos distintos a los pactados o la suspensión de éstos por más de siete días naturales seguidos sin causa justificada.
En el artículo 128 se agrega un segundo párrafo: la Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de contratación, materia de esta ley, en los términos de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su respectivo reglamento interior le conceden. De la misma forma, la Auditoría Superior de la Federación ejercerá sus atribuciones de auditoría y fiscalización en los términos que las disposiciones constitucionales y legales lo señalen.
En el Tercero Transitorio: Ejecutivo federal para la expedición del reglamento correspondiente contará con un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. La preparación o inicio de los proyectos a que se refiere la presente ley quedará sujeta a la expedición de los lineamientos correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es cuanto, presidente. Se pone a consideración...
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, al terminar el procedimiento de la lectura, y dado que estas modificaciones son producto del trabajo de la junta directiva de la Comisión de Economía, pido a los integrantes de la Comisión de la Función Pública tomar el acuerdo de integrarlos al dictamen que fue distribuido a ustedes.
Por otro lado el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal aclaró que el dictamen considera las modificaciones propuestas por doña Ifigenia en el artículo 17, en el artículo 23, en el artículo 21, en el artículo 34, en el artículo 65 y en el tercero transitorio. Por lo tanto pido sea sometido a votación primero aceptando estas modificaciones para ser incorporadas en el dictamen y de esta manera facilitemos el proceso de discusión. El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Itzel del Castillo Juárez, y posteriormente al diputado Ramón Jiménez.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez, en relación con el procedimiento, ya que al decir de la propia diputada, es importante que se cumpla con el reglamento, y se cuente con el acta de la reunión del día de ayer, porque no hubo quórum y de acuerdo al reglamento tendría que haberse hecho esto y por otro lado manifestó que en relación al artículo 150 del citado reglamento, existe un plazo para convocar a reuniones urgentes el cual a su punto de vista no se había cumplido. Y por último, también señalo que no se cuenta con el documento que podría hacer el proyecto de dictamen que se tendría que estar planteando.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal dio respuesta a los planteamientos de la diputada. Primero, el acta de la reunión del día anterior está en su proceso de elaboración, y en su momento se la haremos llegar; segundo, si existe una convocatoria por escrito, distribuida a los integrantes de ambas comisiones y como usted no forma parte de ninguna de las dos comisiones no tuvo conocimiento de la misma; y tercero, lo que se está haciendo, es ratificar el dictamen existente y circulado con un mes de anticipación. Le solicito y ojalá pudiera platicar con la diputada Ifigenia quien representa a su fracción parlamentaria dentro de esta comisión, sobre el trabajo que realizamos y el cuidado que tenemos en cumplir con el reglamento. Y finalmente le comento que la propuesta que hacen las juntas directivas de las dos comisiones es con la finalidad de eficientar los trabajos que el dictamen, antes ser discutido y de ser aprobado, ya incorpore estás propuestas, y avancemos sobre una base al menos de la construcción de consensos en una de las dos comisiones. Por lo tanto aclaró, no estar tratando de imponer un nuevo dictamen, sobre el dictamen circulado simplemente se están poniendo a consideración los cambios ya leídos. Concede la palabra al diputado Ramón Jiménez y posteriormente al diputado Di Costanzo.
El diputado Ramón Jiménez López en lo particular manifestó su voto particular para desechar este dictamen y solicitó dar lectura al mismo.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal aclaró al diputado Jiménez el procedimiento, a seguir, el cual sería primero es someter a consideración de ambas comisiones las modificaciones pactadas, por la Comisión de Economía, si son aceptadas incorporarlas al dictamen circulado formalmente y que todos lo tienen a la vista. Posteriormente se procedería a levantar las reservas, y una vez agotadas se abriría la discusión en lo general en donde participaría, el diputado Ramón Jiménez, someteremos a votación en lo general el dictamen a excepción de las reservas todavía inscritas después de estos cambios e iremos votando una a una las reservas.
El diputado Ramón Jiménez López manifestó estar de acuerdo con lo planteado por el presidente.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal dio la palabra al diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, haciendo una recapitulación de lo propuesto por el presidente, e hizo el comentario siguiente: la Mesa Directiva acordó algunas modificaciones que se vote su incorporación al dictamen. De tal manera que después que se haga esa votación, y creo ya lo traen acordado se va a aprobar, no sé si se vaya a votar de una por una o todo el paquete. Lo que vamos a tener en ese momento es un nuevo documento que físicamente no va a estar en nuestras manos.
En Hacienda hay muchos duendes, luego se equivocan. En Presupuesto hay más duendes, luego no les checa el campo. Creo, y desde luego considero que en esto tiene más experiencia usted que yo, que se debieron haber traído un documento alterno, ya con las modificaciones para que se repartieran inmediatamente y tuviéramos una versión completa del dictamen ya con las modificaciones o las adiciones que se van a votar y que ya estén aprobadas.
Creo que sería por cuestión de forma, lo mejor. Que inmediatamente tuviéramos ya la versión ya con los cambios, puede haber faltas de ortográfica, pueden comerse palabras y estaríamos votando en lo general un dictamen que no hemos revisado ni siquiera que las modificaciones quedaron tal cual, y no desconfío de usted presidente. Si estuviera en la Comisión de Hacienda, si desconfiaría, pero no. Siempre hay el error de ver pasar.
Creo que por pulcritud en el proceso deberíamos de contar con ese documento, antes de que se decida la votación en lo general o la discusión, pero que sí tuviéramos el documento. Es una sugerencia.
El presidente de la Comisión de Economía, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Adelante, señor presidente.
El presidente de la Comisión de la Función Pública, diputado Pablo Escudero Morales, solicita la palabra para informar que la junta directiva de la Comisión de la Función Pública, hace suyo el documento presentado con estas reservas y apoya la acertada decisión de que no sean reservas, sino que sean parte del dictamen y que se pueda votar en este momento, que se le entregue una copia del documento y se le entregue al diputado Di Costanzo, quien hace bien en querer tener el documento final y luego proceder a votar y con eso quedaría satisfecha la solicitud del diputado.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: El diputado David Penchyna, adelante.
El diputado David Penchyna Grub, haciendo referencia a los argumentos del diputado Di Costanzo, cometa que son dos comisiones, y que a través de sus juntas directivas, ya han analizado y debatido la minuta desde hace más de un año, por lo que el tema que se encuentra a discusión. Por lo que solicita a la presidencia de ambas comisiones entrar a fondo en la discusión y hacer a un lado las desconfianzas mediáticas yo les dándoles mi voto de confianza a los presidentes y secretarios de ambas comisiones.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, haciendo referencia al reglamento, se procedería recoger cada una de las reservas nombrando así, qué diputados, qué artículos han sido reservados y empezar con el debate.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, haciendo referencia a las reservas entregadas con anterioridad por los diputados integrantes considera que no debe de existir dicha apertura para volver a integrarlas ya que en su momento se pidieron. Acto seguido pidió entrar al debate y dejar los argumentos que a su consideración que en lugar de enriquecernos nos están deteriorando.
El diputado Pablo Escudero Morales aclaró a la diputada Susana Hurtado estar de acuerdo con lo expresado, sin embargo le comentó que es importante respetar el Reglamento. Ya que algunos sí habían mandado sus reservas; otros no, por lo tanto el Reglamento prevé que antes de que inicie la discusión de un dictamen se pueden entregar reservas a la secretaría de la comisión, independientemente de que el diputado presidente ya tiene registradas dichas reservas.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: solicita al secretario diputado de lectura, a una sola modificación en el artículo 24 en el párrafo el quinto.
En la parte que dice “... En todo caso, el proyecto de decreto...”.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a dar lectura: “En todo caso el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio se deberá prever en un capítulo específico y por sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que en su caso, dichos compromisos sean aprobados por la Cámara de Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución correspondiente.
“Asimismo, se deberá contener la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados o por erogar, conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes a avance de ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos”.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con esa única modificación en el 24 estaríamos poniendo a consideración de los miembros de estas Comisiones Unidas de Economía, y de la Función Pública,
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: en este punto interrumpe al diputado presidente para preguntar si lo que se acababa de leer era el cambio del cambio es el cambio del cambio, de acuerdo a la versión anterior y nuevamente insiste en hacer un par de preguntas a los funcionarios de hacienda y considerar el retiro de sus reservas.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal aclaró que se trata de un cambio sugerido por las juntas directivas a un párrafo del artículo simplemente. A lo que el diputado nuevamente insistió en contar con un documento final. Sin embargo ante la insistencia del diputado Di Costanzo, el presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, nuevamente comento el simple y sencillamente el procedimiento a seguir consistente en aprobar los cambios del dictamen para trabajar sobre un nuevo dictamen modificado que incluya la única modificación al párrafo quinto del artículo 24, una vez aprobado pidió al secretario técnico entregar copias del nuevo dictamen en los términos que nos recomienda el diputado Di Costanzo, dando paso al registro de reservas, después de que la Secretaría de Hacienda conteste las preguntas que tiene el diputado Di Costanzo.
Acto seguido preguntó a los presente si están de acuerdo lo planteado; le pediría al diputado secretario que haga favor de levantar la votación
El secretario, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, pone a consideración del pleno de estas comisiones los cambios que se dieron lectura hace algunos momentos. Siendo aprobado por mayoría con un voto en contra.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Concede el uso de la palabra al diputado Di Costanzo para el desahogo de sus preguntas a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que se encuentran presentes y a partir de ese cuestionamiento procederemos a inscribir las reservas pertinentes antes de abrir la discusión en lo general y el voto en lo general.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, refiriéndose a los funcionarios de Hacienda comenta lo siguiente: El día de ayer señalaba refiriéndose a que había mucho parecido entre estas asociaciones público-privadas y los Pidiregas. Estuve revisando y en la página de la Secretaría de Hacienda donde refieren estos proyectos, dice: La asociación público-privada es un concepto que engloba una diversidad de esquemas, etcétera. Las asociaciones público-privadas no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos en México. Como ejemplo de dichas asociaciones se han desarrollado los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en el sector energía, concesiones, principalmente en los sectores carretero y de agua, contratos de suministro de bienes y servicios en diversos sectores, entonces si me pudieran especificar los de Hacienda, cuáles son las diferencias específicas y por qué seguimos tomando como ejemplos los Pidiregas en el sector energía si precisamente una de las cosas que más se destacaron en la mal llamada “reforma energética” fue que por fin se reconocía que los Pidiregas en Pemex no hayan funcionado, y tan no habían funcionado que se quitaron. Entonces, cómo es que seguimos regresando a esos patrones que no han funcionado.
La siguiente, ahí mismo, en la página de Hacienda ustedes ponen algunos ejemplos exitosos o modelos de algunas PPS, y ahí lo tienen con todo un instructivo, el caso de un hospital en el Bajío, si no me equivoco, y si no me equivoco, este hospital está asignado a la familia Mariscal Servitje, vinculada al Partido Acción Nacional. En una licitación, y el proyecto ya tiene un importe de 4 mil millones de pesos, y ha salido muy costoso, y ha sido muy costoso para las finanzas públicas, más que si el gobierno lo hubiese hecho, pero como ustedes son muy equitativos hay otro proyecto asignado a Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario priista, dentro de los donadores a las campañas políticas. Tiene un contrato de más de 7 mil millones de pesos para la construcción de un Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango, y son los modelos que la secretaría tiene ahí, en su página de Internet. ¿Cómo esta ley que se quiere aprobar o dictaminar soluciona –si es que lo llega a solucionar– estos problemas que ustedes mismos los tienen referidos en su página de Internet? ¿Y cuál es la diferencia exacta y específica con un Proyecto Pidiregas? Y la tercera, ¿cómo piensan limitar la cartera de proyectos que se puedan generar durante el 2012, para que se regule su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Cuál va a ser el tope dado que aquí ahorita no viene? ¿Cómo van a regular este impacto sobre el presupuesto para el 2013? Ésas tres preguntas.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal hace referencia a la preguntas formuladas por el diputado Di Costanzo a los representantes del Ejecutivo por lo pidió a los funcionaros que tomara la palabra quien consideren apropiado, contestar.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda: La diferencia entre los Pidiregas y APPS es que los Pidiregas sí son esquema de inversión basado en deuda, y básicamente, lo que hacen los Pidiregas es diferir esa deuda, porque la parte en deuda directa y deuda contingente, luego entonces, esa deuda contingente queda registrada para ejercicios posteriores.
La diferencia fundamental es que en los Pidiregas sí hay deuda, en los APPS no necesariamente hay deuda, entonces, por eso es que no es comparable el Pidiregas con los APPS justamente, la razón de la propuesta de esta ley es evitar que el Estado tenga que acudir directamente a conseguir dinero, sino que lo que están haciendo las APPS es permitirle al Estado asociarse con un particular, que debido a sus condiciones en el mercado pueda aportar tecnología o pueda aportar algún otro tipo de valores a esta asociación entre el Estado y el particular.
Ahora, la diferencia entre los APPS y los PPS es que los PPS son una especie de las APPS, ¿cuál es la pertinencia entonces de la regulación? Los PPS son un esquema contractual que está basado en la Ley de Adquisiciones es un esquema contractual demasiado estricto, desde el punto de vista de la transferencia de riesgos entre el Estado y el particular.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cuando se va a financiar un proyecto, a mayor riesgo es mayor la tasa de rendimiento que demanda el inversionista, entonces, bajo un esquema en el que los riesgos de contratación son muy altos, como sucede actualmente vía PPS, lo que pasa es que le cuesta muy caro al Estado, porque paga una parte de riesgo que no tendría que pagar, bajo un esquema legal, donde se brinde una mayor certeza jurídica.
Justamente, los APPS lo que están haciendo es brindar un marco jurídico distinto a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obra Pública, ¿cuál es el problema de los PPS? Que se basa en una ley que no está diseñada para permitir libremente la operación de estos proyectos, ¿cuál es el problema principal de los PPS? El problema principal es que no hay un punto legal que permita conjuntar, y tiene que ir por separada la concesión, la negociación y las condiciones de la concesión y por el otro lado, las características de la obra o del proyecto.
Hoy por hoy, eso no es posible. Ahora bien, la Ley de Adquisiciones lo que permite propiamente es la contratación de servicios, arrendamientos de bienes y servicios, ése es el objeto de la Ley de Adquisiciones versus la Ley de Obra Pública, en donde lo que se hace es pagar una cantidad de dinero, a cambio de la construcción de infraestructura.
Lo que permitirán los APPS es justamente, que a través del otorgamiento de una concesión en un solo documento, en un solo contrato entre el Estado y el particular se pacten, se incluyan las condiciones de la concesión y se pacte directamente relacionada la forma en que se va a prestar el servicio y se va a construir el proyecto.
Hoy por hoy tienen que ir por caminos separados. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo sería en un hospital, hoy por hoy, por un lado se tiene que construir el hospital, y por el otro lado se tendría que hacer el contrato para la prestación del servicio para la operación del hospital.
Las APPS lo que van a permitir es que en un solo documento se establezcan las características del hospital que se va a construir aunado directamente a las condiciones del servicio que se va a prestar. Entonces, básicamente, lo que hace la Ley de APPS es brindar certeza jurídica, lo que hace es darle flexibilidad al Estado para que contraten mejores condiciones.
Se da certeza jurídica, porque todo obra en un mismo contrato, cosa que para efectos de fiscalización es mucho más claro y mucho más transparente, y básicamente así es como podríamos separar conceptualmente Pidiregas de APPS y dentro de los APPS, los PPS. No sé si haya sido claro.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Usted comentó que no necesariamente hay deuda, y yo pregunto, ¿en qué caso sí la habrá? Usted no negó que podría haber deuda, ¿qué va a suceder cuando esta deuda exista?
¿Qué va a suceder en ese caso? ¿El IMSS va a pagar? ¿Quién va a asumir esa pérdida?, que puede darse el caso. Ése es uno. Dos, otra vez, cuando haya endeudamiento, entonces sí es prácticamente un Pidiregas.
El funcionario de Hacienda considera empezar por el tema de distribución de riesgos. Yo creo que toca un tema fundamental, diputado, yo creo que es importante comentar qué es lo que hace la ley respecto al tema de los riesgos.
Efectivamente, en cualquier proyecto de infraestructura hay riesgos involucrados, definitivamente. En la actualidad, lo que sucede con esos riegos es que debido a la poca flexibilidad que se tiene en este esquema donde se tiene que contratar con camisa fuerza, de forma separada, por un lado obra pública, por otro lado servicios, se le impide al Estado negociar y distribuir esos riesgos.
Eso tiene como resultado lo que usted dice: que el Estado se comprometa a asegurar determinados riesgos que no le corresponden. Un ejemplo sería que el Estado asegure el aforo en una carretera. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la que usted menciona.
Esta ley, que se pretende aprobar el día de hoy, lo que hace es solucionar justamente ese problema, permitiendo que la distribución de riesgos se asuma por parte de quien tenga mayor información respecto del riesgo.
Esto permite que el Estado si no tiene información que le permita asegurar un riesgo, se lo traslade al inversionista que tiene mejores herramientas para garantizar ese riesgo; de esta manera es mucho más barato para el inversionista asegurar riesgos sobre los cuales es experto y es mucho más barato para el Estado asegurar riesgos respecto de los cuales tiene algún tipo de control.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: La información la genera el Estado. ¿Quién tiene más información que el Estado? Ahí sí no, eh.
El funcionario de Hacienda, Hay muchas empresas que tienen mayor información que el Estado en distintos rubros donde se requiere un grado de especial que no cuenta el Estado con él.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: hace una moción para mantener el orden parlamentario, una vez que termine el funcionario, tiene derecho de réplica el señor diputado.
El funcionario de Hacienda, Ése es el tema, por eso digo que era un tema fundamental el tema de la distribución de riesgos, es algo que es fundamental, es algo que esta ley aporta de forma fundamental y que es un progreso fundamental respecto de los PPS. En el esquema de deuda lo que no debemos perder de vista es que las APPS no están diseñadas para generar deuda. Las APPS para lo que están diseñadas es para permitirle al Estado acceder a obras de infraestructura que las paga el particular a través de la explotación de los bienes y servicios que el Estado le concesiona. Ése es el tema fundamental y así es como funcionan las APPS alrededor del mundo.
En el caso de la deuda que se genere no hay un tema fundamental. Tal como lo señala el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el 50 de la misma ley, todos los compromisos de gastos plurianuales relacionados con construcción de obra son aprobados por el Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Luego entonces, los compromisos de deuda ya existen y se aprueban por el Congreso de la Unión. No habría ninguna diferencia respecto a lo que sucede hoy por hoy porque esta ley no cambia de forma alguna las disposiciones presupuestarias.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Toma la palabra para algún comentario de réplica el diputado Di Costanzo y, luego, me solicita la palabra el diputado Enrique Mercado. Adelante, diputado Di Costanzo.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Me preocupa mucho esta parte de la distribución de riesgos. Yo estoy convencido de que no hay mejor ente o no hay quien mejor tenga información que el propio Estado, en eso a mí no me cabe la menor duda. El Estado genera la información, el Estado genera las estadísticas, el Inegi para qué lo tenemos, por ejemplo.
Las mismas estadísticas de los enfermos, si es un hospital del IMSS o del ISSSTE, no me digan que los inversionistas van a tener mejores estadísticas y puedan medir mejor el riesgo o la frecuencia de las enfermedades que el propio Estado, porque entonces sí estamos fritos. Quien tiene la mejor información sobre el riesgo de una inversión que le atañe a algún servicio público que tiene que dar, es el Estado mismo. Precisamente esa manera de pensar que la iniciativa privada siempre es mejor que el gobierno fue lo que nos llevó a fracasar con los bancos y con lo que nos llevó a fracasar con las carreteras. Es muy importante que si estamos partiendo de esta premisa, estamos partiendo de algo erróneo.
La información la tiene el Estado, la mejor información, y en todo caso el que tiene mejores herramientas para valorar el riesgo es el Estado. Y sí hay un riesgo compartido, tú me lo estás diciendo, que hay un riesgo compartido. Entonces sí hay la posibilidad de que ese riesgo genere una deuda para el Estado. Finalmente van a compartir el riesgo y a lo mejor la única diferencia es que no se va a comer el 100, pero sí se va a comer el 50, entonces el riesgo no se elimina y el costo existe y el tema de los Pidiregas. No, si tú recuerdas bien, el espíritu original del Pidiregas –y no creo que me deje mentir David Penchyna que junto con Jorge Chávez Presa sabían de esto–, el espíritu original del Pidiregas era que el Estado no metiera recursos, ése era el espíritu original por ahí de 95, 97 que empezaron a funcionar, se decía, es que para no destinar recursos presupuestarios, y al final destinamos 1.2 billones que es ya lo que debemos y que ya se registró como deuda contingente. En cuanto a que el Estado no va a ejercer recursos es lo mismo que decían con los Pidiregas y por eso, luego bajo el argumento financiero de que era más costoso para los privados acceder al crédito se diseñó el fideicomiso Master Tros que hizo que se avalara con deuda pública el financiamiento que recibían los privados, que fue una deformación y una perversión del Pidiregas y que es precisamente lo que necesitamos evitar aquí, estas perversiones.
El problema no son los compromisos plurianuales, que efectivamente ya están en el presupuesto. El problema es que tenemos que ser muy conscientes de que en tanto ninguna legislatura quiera limitar los gastos corrientes, el 90 o 95 por ciento del presupuesto ya está comprometido y en compromisos plurianuales, pero ya está comprometido. Quizás en este momento ya tengamos comprometido el 90 por ciento del presupuesto para 2013. ¿Cómo vas a saber tú cuántos proyectos de éstos vas a aprobar? Imagínate que durante el año se te generan proyectos de alto impacto social, que de repente Televisa –ya ves que son bien caritativos– lanza muchos proyectos y buenas ideas, y el monto rebasa tu 10 por ciento libre. ¿Cómo lo vas a medir? ¿En qué momento lo vas a topar porque cuando abras la llave van a llegar 100, 200, muchas solicitudes de proyectos, de carreteras, va haber muchos. Aquí decía el director de Banobras que había 38 mil millones de dólares. Si se generan todos en este año, ¿qué vas hacer en el presupuesto de 2013? ¿Cómo vas a topar?, ¿cuántas solicitudes?, ¿cuántos proyectos vas a recibir en el 2012? Es decir, no hay un tope.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Tenemos la solicitud de palabra del diputado Luis Enrique Mercado y una moción del diputado Penchyna. Adelante.
El diputado Luis Enrique Mercado: En el entendido y dado que el diputado Di Costanzo considera que el ejercicio que tenemos aquí es para discutir el dictamen que se trabajo en la comisión y no para resolver dudas filosóficas, espirituales o psicológicas o económicas con los funcionarios de Hacienda. Lo anterior haciendo referencia a que llevaban una hora discutiendo las dudas del diputado Di Costanzo, por lo que solicitó al presidente pasar a la discusión del dictamen. Ya que no era posible lo que se ésta haciendo. Así que pido, nuevamente al señor presidente que entremos en materia.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Tiene la palabra el diputado David Penchyna para una moción.
El diputado David Penchyna Grub: Apelando a que no exista intolerancia, sugiero al presidente de la Comisión de Economía y de la Función Pública que se pongamos un límite a la participación de quien haga el uso de la palabra y cuando esté suficientemente discutido lo votemos y lo respetemos.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Están ustedes de acuerdo con una propuesta de tres minutos por intervención. Aquellos que estén de acuerdo levanten su mano (votación). Aprobado. Se prosigue a abrir el momento de reservas sobre el dictamen modificado al cual se le dio lectura. En este momento, se levanta el listado, por diputado, La diputada Estela Damián, adelante diputada.
La diputada Esthela Damián Peralta: Su reserva había sido entregada con anterioridad y se refiere al artículo 12, en el cual estaría agregando la fracción XVII, y ahorita pido sea considerada la reserva al artículo 43, podría ser en el 12, fracción XVI o en el 43. Me parece que el mismo contenido de la misma que ya deben de tener ahorita en la mesa. Y podría quedar indistintamente, señor presidente.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: ¿Alguien más quiere establecer reservas?
El diputado José Francisco Rábago Castillo hace su reserva en relación con el artículo 128.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, procede a la votación en general, a excepción del artículo 12, fracción XVI, aclarando a la diputada Damián la misma confirma ya que es un agregado o el 43. También se agrega a la parte que corresponde. Y el artículo 128, por el diputado Rábago.
Se somete a consideración de ambas comisiones del pleno la votación del dictamen en general a excepción de los artículos reservados. Se aprueba. A continuación da la palabra al diputado Jiménez para que de lectura a su posicionamiento.
El diputado Ramón Jiménez López, su voto particular se basa en lo siguiente ya que considera que aprobar estas modificaciones a las distintas leyes, significa una forma más de beneficiar a la iniciativa privada sustrayendo recursos multimillonarios del presupuesto nacional. También pretende legalizar el saqueo presupuestal que ya se hace en todo el país desde el gobierno federal y de algunos gobiernos estatales como el que gobernó Moreira.
En particular, quiero manifestar que la motivación principal de este tipo de asociaciones se relaciona con las restricciones presupuestarios que ha venido enfrentando el gobierno federal, la cual consideramos efectivas, pero por el mal manejo de las finanzas públicas, debido al despilfarro, la corrupción, la ineficiencia, derivada de la falta de planeación, así como el descuido y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Lo anterior es resarcible, imponiendo medidas de austeridad que fácilmente proporcionarían recursos adicionales para no tener que entrar a una reforma de este tipo, y voy a dar un ejemplo de lo que podríamos llamar austeridad republicana.
Quiero decirles que tan sólo con los gastos médicos mayores, de que gozan los funcionarios de los tres poderes de nuestro país, se podrían construir solamente con un año de gastos mayores, 200 preparatorias nuevas en todo el país, con laboratorios y talleres modernos y con el salario por todo un año para sus maestros y personal de apoyo para la docencia.
El gasto corriente ha venido creciendo a diferencia del gasto de inversión, el cual había venido decreciendo hasta el 2009, por lo que se genera un déficit en la cobertura de servicios públicos e infraestructura, además de que la demanda de estos bienes públicos ha venido incrementándose, debido al crecimiento demográfico y por otro lado se tiene que satisfacer el rezago que generó el no invertir en infraestructura en los años previos.
Para el 2010, el gasto corriente representaba el 77 por ciento del gasto federal programable, mientras en los estados el 72 por ciento de su gasto se destina a este rubro. En el 2006, el gasto en inversión representó el 15.1 por ciento del gasto programable, mientras que para 2011, éste mismo viene representando aproximadamente el 24.6 por ciento, de lo anterior se desprende que si se aprueba el decreto que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, se revertirá esta tendencia que venía siendo positiva.
Segundo. Por otro lado, el índice de percepción de la corrupción colocó a México en el 2009, en el peldaño número 89, mientras que en el 2010 ocupó el lugar 98 de 178 naciones estudiadas. Lo que es preocupante, debido a que con el paquete de reformas que envía el Ejecutivo federal para dar paso a la creación de la Ley Asociaciones Público-Privadas, se da mayor poder al privado, además que al no existir un concurso amplio, sino que será dirigido a un menor número de participantes para integrar una asociación de este tipo, cabe la pregunta: ¿quiénes serán favorecidos con este young venture o asociación? Desde nuestro punto de vista lo único que se está haciendo aquí es un intento de consolidar las ganancias de algunos grupos, quitándoles las posibilidades a otros de competir con una asociación gubernamental y minimizando los riesgos a los grupos ganadores de las asociaciones para la consolidación de sus beneficios, minimizando sus riesgos y estabilizando su rentabilidad de 25 a 40 años; cuando lo que necesita México es un empresariado que arriesgue y no que se proteja bajo la sombra del gobierno, o viva a expensas de los contribuyentes sin riesgo alguno.
Tercero. Otro elemento que se muestra para justifica este tipo de asociaciones además de ser objetiva en el ámbito de la complementariedad de la inversión tiene su lado dogmático del modelo neoliberal al señalar que con este tipo de young venture “se aprovecha la experiencia, eficiencia, los medios de financiamiento, diseño y desarrollo de infraestructura” con que cuenta el sector privado; es decir, se sigue el dogma de fe de que los privados pueden hacerlo mejor.
Cuarto. También se introduce como elemento justificante para la aprobación de esta minuta el compartir riesgos entre el gobierno y las entidades privadas cuando el riesgo definido con la probabilidad de que no se consiga el objetivo económico del proyecto será medido por la tasa de interés a la que acceden en términos laxos hablando de que el gobierno puede conseguir financiamiento a un costo más bajo debido a la confianza de la banca y a que tienen un recurso anual garantizado derivado de su Ley de Ingresos con el que puede hacer frente a sus obligaciones a diferencia de los privados, quienes tienen que acceder a fuentes de financiamiento más caras debido a que su riesgo es más elevado porque su ingreso deriva de los flujos de caja que obtengan de la operación del proyecto.
Por lo anterior, el gobierno tenderá a pagar tasas más altas, las cuales vienen incluidas en los pagos plurianuales que tendrá que realizar el privado debido a que el privado es quien tendrá que financiarse para llevar a cabo el proyecto bajo el esquema de asociaciones público-privadas.
Quinto. El gobierno se reduce a tan sólo un administrador de contratos –lo cual es vergonzoso– y vigilante de sus cláusulas. El gobierno con este tipo de asociaciones tiende a renunciar a una de sus herramientas de política económica que es la política de gasto debido a que ante el crecimiento de gasto corriente se compromete más el gasto programado de manera plurianual por lo que se inmoviliza, pierde flexibilidad, y por tanto, no podrá reponerse mediante la vía del gasto a... que pudiera impactar la economía puesto que hay compromisos adquiridos previamente y así seguirá siendo por muchos años.
Sexto. La transparencia es muy difícil de concebir en una asociación público-privada debido a que hay recursos mezclados y no se sabe qué recursos fueron aportados por quién y no existe en la iniciativa una forma específica de cómo darle seguimiento.
En el paquete presente no se contempla un mecanismo por el cual la Auditoría Superior de la Federación pueda tener acceso y auditar a este tipo de asociaciones; es decir, no se observa que la iniciativa remita a la Ley de Fiscalización.
Séptimo. No se observa cómo se llevará a cabo la clasificación de los recursos entregados a la asociación público-privada pues no se observa en ningún momento que la ley remitida a la ley de Contabilidad Gubernamental ni a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues al existir pagos plurianuales éstos deberían ser clasificados de acuerdo a su naturaleza, ya sea que fuera en corrientes o de inversión. Y, por otro lado, no tienen que ver con amortizaciones, depreciaciones o servicios, sino como participantes en una sociedad y los servicios adquiridos derivados de ésta.
Octavo. Se pretende concesionar al privado la actividad de expropiar para facilitar y dinamizar la obra por lo que se construyó la asociación, cuando ésta es una facultad exclusiva del Estado, es decir, un privado estará actuando en nombre del Estado para generarse un activo que, dependiendo de las cláusulas del contrato de sociedad definirán cuál es las partes se quedase con la cosa expropiada.
Noveno. Dentro del marco constitucional el artículo 25 se refiere a que hay sectores bien definidos en la economía y creo que esto de manera natural todos los diputados lo sabemos. Estos sectores son el sector público, el sector privado y el sector social. De lo anterior señala claramente o se desprende claramente cuáles son las actividades que podrá desempeñar cada uno.
El Estado reserva para sí algunas actividades en exclusividad, otras son para sí, pero puede concesionarlas y las que no entren en esta clasificación podrán ser cubiertas por el sector privado o social de la economía. Esto lo entiende claramente todo niño de tercer año de secundaria, por lo que puede definirse que hay actividades exclusivas del Estado, actividades del Estado que pueden ser concesionadas, actividades privadas y sociales; pero en ningún momento se habla de asociación entre el sector privado y el sector público.
Sólo señala que podrán complementar según lo que señala en la ley; es decir, un ejemplo de ello es la educación en la cual participa tanto la educación pública como la privada; pero no da facultad de esa entidad asociativa. O sea, no hay en la Constitución.
Y, finamente, Décimo. Derivado del incremento de los gastos corrientes, manteniendo constante el nivel de gasto en inversión podría el gasto total superar la línea de equilibrio inclinándose al déficit, por lo que de manera velada gasto corriente se estaría pagando con deuda cuando la aprobación del endeudamiento es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.
En este término, si nosotros aprobamos esta ley estaríamos ayudando a que el Poder Legislativo se convierta en cómplice del saqueo de recursos del presupuesto nacional orientado hacia la iniciativa privada. Pero derivado de la naturaleza del gasto corriente podría pensarse que incrementarlo es tan sólo un acto administrativo.
Por otro lado, si el registro de las erogaciones por asociación público-privada es un gasto plurianual y se considera como gasto de inversión no se encuentra dentro del paquete de reformas un mecanismo adecuado para que se tenga una partida especial que facilite a la Cámara de Diputados su discusión, y en su caso, autorización. Por lo anteriormente expuesto, el pleno de la Cámara de Diputados emite el siguiente
Acuerdo
Primero. Se deseche la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley de Expropiación, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Adelante, señor presidente.
El presidente diputado Pablo Escudero Morales solicita que las dos reservas que han presentado la diputada Esthela Damián y el diputado José Francisco Rábago se puedan proceder a través de una redacción adecuada y poder presentarlo al pleno.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, pregunta a la diputada Estala Damián si está de acuerdo con lo propuesto por el diputado Pablo Escudero.
La diputada Esthela Damián Peralta, al no tener ninguna objeción con lo planteado por el diputado Pablo Escudero, únicamente solicita poder conocer el documento antes de que se presente en el Pleno.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, habiendo agotado el esquema de reservas, somete a la aprobación en lo general y en lo particular el dictamen de asociaciones público-privadas. Aprobado por la mayoría con un voto en contra y dos abstenciones. Por lo tanto queda aprobado en lo particular y en lo general la minuta del Senado de la República, en materia de asociaciones público-privadas, con el compromiso de establecer una negociación sobre las dos reservas establecidas.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Sí. Muchas gracias, diputado presidente. Yo quiero manifestar mi oposición a este dictamen, y quiero decir que me parece que se está optando por un camino muy riesgoso para nuestro país.
Que yo considero que se deben rechazar estas cuestiones relacionadas con las asociaciones públicas-privadas, esta Ley de las Asociaciones Públicas-Privadas, porque convierte las responsabilidades del gobierno en meros negocios privados, sin ninguna seguridad de que se garanticen, porque se adquiere deuda pública disfrazada, a un costo muy alto para el erario público, en beneficio de las empresas APP, y sus socios financieros, y se hipoteca el futuro de nuestro país.
Porque da garantías legales a las empresas APP durante el tiempo de vigencia del contrato, que es de 25 a 40 años, y que esto tiene una relación directa con el esquema de los propios Pidiregas. El garante último de los contratos APP es el gobierno y el rescate de los APP se convierte en ley.
Evidencias internacionales y nacionales demuestran que no se transfiere ningún riesgo, como aquí se ha asegurado, no se cumplen los plazos y las especificaciones de los contratos, y no se sancionan a las empresas por incumplimiento, y eso también está documentado aquí, con el caso de los hospitales, que viola la Constitución Política Mexicana.
La alternativa es modificar la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que frena el endeudamiento público, mientras que las leyes de asociaciones públicas-privadas lo incrementan velada y costosamente. Los argumentos con los que tratan de justificar estos contratos son porque plantean que uno, incrementan la inversión pública; dos, transfieren los riesgos al contratante o establecen una repartición justa de riesgos entre el contratante y el gobierno federal estatal o municipal, y tres, que la empresa privada es mucho más eficiente que el gobierno; los resultados están a la vista.
¿Cuáles son los costos de un contrato de asociaciones públicas-privadas? Número uno, que hay una inversión más intereses sobre la deuda; dos, hay un pago por uso de inmueble, obra o renta; tres, la administración del inmueble y servicios auxiliares; cuatro, el servicio sustantivo corre a cargo del gobierno, en el caso de escuelas, hospitales, cárceles, donde también existe un problema grave de seguridad nacional frente a la situación en la que nos encontramos actualmente estar concesionando estas cárceles a la iniciativa privada.
Y en el caso concreto del agua, el drenaje, el uso de carreteras, los costos del servicio se cobran, obviamente, al usuario en un mayor precio; y ahí tenemos un ejemplo muy concreto de las tarifas eléctricas, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, donde hemos estado viendo específicamente cuál es la situación de estas empresas que ahora están produciendo energía eléctrica a un costo mayor, que repercute en los bolsillos de los mexicanos.
No se incrementa la inversión pública, pero se incrementa sustancialmente el costo de la inversión. Lo que es muy grave es que se disfraza como gasto corriente, al pagarse en abonos, lo que es ilegal, ya que sólo la Cámara de Diputados está facultada a autorizar este endeudamiento público, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política Mexicana.
Se puede sobre endeudar al gobierno sin que se vea en los balances oficiales de deuda pública, es decir, estamos hablando de una deuda opaca, y además habría que retomar la situación en el caso de los países europeos, donde actualmente están planteando que esta deuda, por los problemas que ha generado se debe de transparentar.
Con las crisis de 2008-2009, el Banco Mundial recomendó que los gobiernos ayudaran a las empresas APP, para que no quebraran, o sea, aquí están de nueva cuenta los rescates tan conocidos en nuestro país. La experiencia internacional de estos APP se inventó para cumplir con el techo de deuda pública de la Unión Europea escondiéndola.
Son pasivos públicos con pago garantizado por el Estado incrementan la infraestructura, pero no su fin sustantivo: La prestación de servicios. Una parte importante de los recursos nuevos va al pago del contrato de la APP, por la importancia social de las obras y servicios no pueden quebrar o ser abandonadas.
En el caso internacional podemos observar por ejemplo, en Inglaterra, la mayor cartera de APP criticados por la falta de transparencia y altos costos. En España, la política de APP con quiebras y rescates de hospitales; en Grecia se considera que los abundantes APP contribuyeron a la situación tan crítica de ese país, y finalmente, creo que hay ejemplos que aquí también ya se han señalado.
Caso de los hospitales regionales de alta especialidad, donde existen sobreprecios para el erario público del 50 por ciento o de 12 mil millones de pesos, que no se concluyó a tiempo la construcción, es decir, se ha mostrado que son más ineficientes. Pero algo que habría que decir es que la deuda que existe en el caso, por ejemplo de Coahuila o la gran deuda que existe en el Estado de México tienen una relación directa con este tipo de contratación a nivel privado.
Ése es el resultado que han dejado, y que finalmente se está desmantelando al Estado, y privatizando todos estos servicios; las ganancias son para los privados, y las pérdidas son para el sector público, y finalmente, nada más señalaría que tengo ya, efectivamente aquí el documento de las Comisiones Unidas de Economía y de la Función Pública, donde efectivamente está la convocatoria, sin embargo, considero que sigue habiendo una violación al 150 del Reglamento, ya que ahí se señala que la reunión ordinaria se convoca con 48 horas de anticipación, y que la reunión extraordinaria, con 24 horas.
Ésta no es una reunión extraordinaria es una reunión ordinaria, por lo tanto no está cumpliendo. Y hay una parte de este artículo 150, que habla de que solamente si existiera una urgencia dice, salvo urgencia determinada por la mayoría de la junta directiva.
Esto debería estar considerado, si usted está de acuerdo, en la introducción, un párrafo introductorio donde esté la justificación jurídica de por qué se está convocando de manera urgente; porque no es una reunión extraordinaria, es una reunión de trabajo, según lo que se plantea ahí. Debería cumplir con lo que está especificado en el artículo 150 del Reglamento. Gracias.
El presidente de la Comisión de la Función Pública, diputado Pablo Escudero Morales, solicitó al presidente de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, mandar a la Mesa Directiva el dictamen para que se le “dé declaratoria de publicidad de manera inmediata y concretar a la brevedad una reunión con los senadores para darles a conocer las modificaciones y buscar la posibilidad de que el Senado se allane y que salga en este periodo de las dos Cámaras”.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Muchísimas gracias, señor secretario. Ésa es la intención. Les agradecemos su presencia. Gracias.
Atentamente
Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)
Presidente
De la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, atinente a la séptima reunión ordinaria, que tuvo verificativo el martes 24 de abril de 2012
Presidencia del Diputado Juan Carlos López Fernández
En México, Distrito Federal, a las 16:00 horas del martes 24 de abril de 2012, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, a fin de realizar formalmente los trabajos de la séptima reunión ordinaria.
Se encontraban presentes Juan Carlos López Fernández, presidente; Yolanda del Carmen Montalvo López, secretaria; Laura Arizmendi Campos, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Luis García Silva, Sergio Lobato García, José Manuel Marroquín Toledo, Julián Nazar Morales, Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Ignacio Seara Sierra, Guadalupe Valenzuela Cabrales.
El presidente dio la bienvenida a los presentes.
Conforme al numeral uno del orden del día, declaró la existencia del quórum reglamentario para iniciar los trabajos de la séptima reunión ordinaria.
Por instrucciones del presidente y de acuerdo con el punto dos, la secretaría leyó el orden del día. Se sometió a consideración de los integrantes, quienes lo aprobaron en votación económica.
Por instrucciones del presidente y de acuerdo con el punto tres, la secretaría sometió a consideración de los integrantes si se dispensaba la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que ya la habían firmado. Se aprobaron en votación económica la dispensa y el acta.
De acuerdo con el punto cuatro del orden del día, el presidente informó que se estableció como fecha para recibir propuestas, observaciones y aportaciones respecto al informe de labores de 2011 el 29 de febrero próximo pasado y que a la fecha, 24 de abril de 2012, no se había recibido solicitud alguna de los integrantes.
Por ello se sometió a votación si era de aprobarse el informe de labores de 2011; los asistentes lo aprobaron.
En el numeral cinco del orden del día, no se presentaron asuntos generales.
Como no hubo más asuntos que tratar, el presidente levantó la séptima reunión ordinaria a las 17:00 horas y citó para la próxima, a la que se convocará oportunamente.
Atentamente
Diputado Juan Carlos López Fernández (rúbrica)
Presidente
De la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, sobre la reunión efectuada el lunes 30 de abril de 2012
A las 13:30 horas del lunes 30 de abril de 2012, los integrantes de la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, se reunieron en el salón F del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. Asumieron el siguiente orden del día:
1. Toma de protesta del diputado Francisco Ramos Montaño como presidente de la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, de conformidad con la comunicación de la Junta de Coordinación Política del 25 de abril de 2012 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se notificó al pleno el alta del diputado Francisco Ramos Montaño como presidente de dicha comisión.
2. Asuntos generales.
3. Lista de asistencia de la reunión del 30 de abril de 2012.
La Comisión Especial para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de Mayo de 1862
Diputados: Francisco Ramos Montaño (rúbrica), presidente; Ricardo Urzúa Rivera (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, secretarios; María Araceli Vázquez Camacho, Janet Graciela González Tostado (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez, Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Pedro Jiménez León, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Juan Carlos Natale López, María del Pilar Torre Canales, Pedro Vázquez González.
