Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3481-V, jueves 29 de marzo de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud para someter anualmente a métodos de comprobación y estadísticos los programas de prevención y atención de adicciones implantados, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Adriana Terrazas Porras, en mi carácter de diputada federal de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidenta del Grupo de Trabajo de Alto Nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de protección y prevención de las adicciones; con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México existen infinidad de estrategias sociales enfocadas a atender el problema de las adicciones, por tal motivo se han creado distintos programas en los que se describe una serie de soluciones para la erradicación del uso y abuso de sustancias adictivas que traen consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar, así como en el desarrollo y estabilidad social, lo que configura a las adicciones como un fenómeno complejo.
Al hablar de drogas, insistimos en lo complejo del tema, sobre todo por ser una consecuencia multifactorial como fenómeno. Por ende, estamos conscientes que en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay sectores de la población más vulnerables que otros, tales como los niños y jóvenes, mismos que pueden truncar sus posibilidades de desarrollo personal y de realizar proyectos de vida positivos.
Ahora bien, sabemos que el gobierno de México impulsó desde la década de 1970 acciones para atender esta problemática, ello fue mucho antes de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones, lo cual nos permite entender que contamos considerablemente con una experiencia acumulada. Asimismo nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para enfrentar este problema a través del perfeccionamiento del marco jurídico-normativo y con una coordinación interinstitucional de programas, robustecido con los acuerdos que ha signado México en el ámbito internacional, acorde a las características socioculturales especificas de nuestro país.
Lamentablemente, los resultados reflejados en los últimos años no son alentadores, ya que en la última década este fenómeno tuvo un incremento del 51%, el consumo de las drogas se ha proyectado de manera sorprendente y por consiguiente el número de adictos en nuestro país representa una cifra alarmante.
Vemos que el gobierno federal continua realizando infinidad de programas para el combate de las adicciones, sin embargo estos programas no reflejan reducción en el consumo de sustancias psicoactivas, por lo que resulta de suma importancia y necesario que se realicen estudios precisos en materia de adicciones, estudios que reflejen claramente los resultados alcanzados; es decir, resulta elemental contar con estadísticas, cifras y encuestas que generen credibilidad para reorientar y trabajar en el perfeccionamiento de las estrategias, programas y acciones de prevención, combate y atención a las adicciones.
Los datos aportados de los más recientes estudios epidemiológicos y psicosociales fueron de 2008, los cuales reflejaron datos sobre el consumo de drogas, señalando repetidamente que no hay variables socio demográficas, excepto sexo y edad, lo cual no permite realizar un diagnóstico aproximado permanente de los procesos que llevan al uso habitual de drogas en toda la población del país.
Los estudios consultados evidencian que no presentan un conjunto de patrones e indicadores que expongan de manera detallada la situación del consumo de las drogas en México, en sí, los resultados son genéricos y solo presentan datos clásicos como lo es el uso del alcohol, tabaco y derivados de la marihuana, por señalar algunos.
Ciertamente, en nuestro país se realiza la Encuesta Nacional de Adicciones, que refleja los resultados de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y el INEGI, con el propósito de generar información epidemiológica y psicosocial que facilite el estudio del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas, así como para conocer la magnitud del problema; sin embargo, este estudio no se realiza de manera constante, por ello, creo conveniente que debemos tener mejor conocimiento sobre si los programas que se han creado para el combate contra las adicciones son eficaces.
Lo anterior lo señalo porque sabemos bien que el consumo de las drogas está afectando considerablemente a nuestro país. Las tendencias de consumo de drogas y enervantes en los últimos años, reflejan un aumento significativo según los estudios obtenidos e información recabada, tal es el caso del uso de aerosoles por parte de los jóvenes y adolescentes, para evitar la ingesta de alimentos y así mantenerse delgados y no subir de peso.
Como pueden apreciar, compañeras y compañeros diputados, no es posible que no se realicen de manera permanente estudios, encuestas, estadísticas, gráficas que arrojen resultados precisos y detallados de la eficacia de los programas y/o estrategias que se han implementado para atender y solucionar el grave problema de las adicciones por parte de la Secretaría de Salud, así como para tener pleno conocimiento sobre si es adecuado el trabajo que realiza el Consejo Nacional contra las Adicciones, y si está alcanzando el resultado esperado para la reducción de la drogadicción en México.
La finalidad es que se pueda obtener anualmente información precisa de cómo poder atender correctamente el combate del consumo de drogas a través de la realización de métodos y propuestas eficaces para hacer frente a las adicciones.
En razón de lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, en el ámbito de colaboración de Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que instruya al Secretario de Salud, para que se realicen anualmente métodos de comprobación y estadísticos, de los diversos programas de prevención y atención contra las adicciones que ha implementado, mismos que permitan certificar los avances obtenidos en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados de igual manera solicita al titular de la Poder Ejecutivo Federal, instruya al Secretario de Salud se sirva difundir ante la ciudadanía los resultados a que se hace referencia en el numeral anterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de marzo de 2012.
Diputada Adriana Terrazas Porras
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir –por la Secretaría de Salud y la Cofepris– en los Catálogos Universal de Servicios de Salud, y de Intervenciones Médicas Cubiertas por el programa Seguro Médico para una Nueva Generación del Seguro Popular la atención médico-quirúrgica de la insuficiencia renal crónica, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Oralia López Hernández, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a incluir, por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en los Catálogos Universal de Servicios de Salud, y de Intervenciones Médicas Cubiertas por el programa Seguro Médico para una Nueva Generación del Seguro Popular la atención médico-quirúrgica de la insuficiencia renal crónica (IRC), con base en las siguientes
Consideraciones
La enfermedad renal crónica (ERC) es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. La principal función de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.
Respecto al panorama epidemiológico mundial de la situación de la IRC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que en el mundo hay aproximadamente 150 millones de personas con diabetes que, si no reciben un cuidado estricto de su padecimiento, estarán llenando las unidades nefrológicas, que en el momento actual ya resultan insuficientes para la atención de los pacientes diabéticos con enfermedad renal.
Los datos compilados por la OMS muestran la existencia aproximada de 150 millones de personas en el mundo con diabetes, y predicen que este dato puede ser doblado, a más de 300 millones para 2025 (Wilde C. “Diabetic nephropathy: who cares?”, en EDTNA ERCA, J. 2004 julio-septiembre, 30[3]: 163-5).
Por otra parte, de acuerdo con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón, hay actualmente en México 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil con IRC y 37 mil 642 con tratamiento continuo de diálisis. En otros países, el promedio de enfermos renales oficialmente censados es de 0.1 por ciento de la población.
El Centro Nacional de Trasplantes estimó que se deberían realizar 5 mil trasplantes anuales y reportó que en 2005 se realizaron 2 mil 1, de los cuales 28.6 por ciento (573) provino de donadores cadavéricos, y en 2006 se realizaron 2 mil 800, con la misma proporción de donaciones cadavéricas.
La insuficiencia renal crónica afecta a 2 de cada 10 mil personas en el mundo. La incidencia de la insuficiencia renal en México se calcula en un aproximado de 5 mil casos al año. Las causas y los factores son múltiples y pueden ser primarias, secundarias, metabólicas, urológicas, vasculares, infecciones e idiopáticas en un gran número. La diabetes se considera en México la principal causa de IRC.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2013, el gobierno federal tiene el reto de mejorar la salud de la población, así como la capacidad de respuesta del sistema de salud a las enfermedades y, en particular, las de mayor complejidad, para lo cual se propone líneas de acción como la operación óptima de programas preventivos y curativos, apoyados en la investigación científica, la sustitución del equipo médico, y la ampliación y rehabilitación de unidades médicas.
Es necesario realizar investigaciones relacionadas con la IRC, y que éstas a su vez sirvan para contribuir a la solución de esta problemática a escala no sólo estatal sino nacional.
No obstante, los resultados de un estudio de tamiz realizado entre 185 mil 727 niños de 58 de los 60 municipios de Tlaxcala indican que 125 padecen ERC: 57.6 en estadio uno, 24.6 en el dos, 10.4 en el tres, 3.2 en el cuatro y 2.4 en el cinco.
Esta información forma parte de la plataforma de registro estatal de ERC infantil de dicha entidad y tiene gran relevancia en virtud de que tales datos fueron obtenidos con un enfoque sociodemográfico.
La prevalencia de IRC en Tlaxcala ha creado la necesidad urgente de investigar a fondo la incidencia nacional, analizando las posibles causas de la enfermedad y realizando diversos estudios de laboratorio con equipos especializados para lograr una detección oportuna, pues en etapas iniciales el padecimiento no presenta una enfermedad franca.
En ésta, como en otras enfermedades de carácter crónico-degenerativo, es necesario que el gobierno federal instruya al secretario de Salud para incluir en el catálogo de conceptos de atención médico-quirúrgica del Seguro Popular la IRC.
Se sabe que la detección oportuna mejora las expectativas del paciente, puede ofrecerle una mejor calidad de vida e incluso evitar complicaciones que acortarían su expectativa de vida.
Muchos años de vida productiva se pierden año tras año a causa de la ausencia de un programa efectivo de diagnóstico, prevención y tratamiento oportuno en la población infantil.
No debemos permanecer impávidos ante el terrible escenario que se configura frente a nuestros ojos, un escenario que día con día representa un riesgo para la población infantil en México.
A lo anterior debe agregarse el costo que representa para el sistema nacional de salud año tras año, el cual se calcula de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales por paciente.
El derecho a la protección de la salud es inalienable, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente con relación a su derecho a la protección de la salud:
Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de
A. Reducir la mortalidad infantil.
B. Asegurarles asistencia médica y sanitaria para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de su salud.
Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a incluir, por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y en el de Intervenciones Médicas Cubiertas por el programa Seguro Médico para una Nueva Generación del Seguro Popular la atención médico-quirúrgica de la insuficiencia renal crónica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.
Diputada Oralia López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a recuperar por la SCT el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, José Francisco Rábago Castillo, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo relativo a la recuperación del cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas.
Dicho punto de acuerdo exhortó al Ejecutivo federal para que antes que concluya el presente ejercicio fiscal, diera inicio a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, con el propósito de evitar una inundación, pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura industrial y portuaria, a las vías de comunicación, la dispersión de aguas contaminadas, daños patrimoniales y una recesión económica en la región.
Dicho punto de acuerdo comunicado al Ejecutivo federal fue enviado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia de la administración pública federal, que el pasado 15 de marzo manifestó que toda vez que la mencionada erosión del litoral costera se ubica cercana a las instalaciones del puerto industrial de Altamira, que la mencionada erosión es ocasionada por la construcción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las obras marítimas de protección y encauzamiento del canal de navegación a aguas profundas, para seguridad de la navegación de las embarcaciones de gran calado que arriban y zarpan de dichas instalaciones.
En tal sentido la Semarnat considera que deberá ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la Administración Portuaria Integral de Altamira (API Altamira), que es la empresa concesionaria del recinto portuario del puerto mencionado, las responsables de realizar cualquier estudio y obra que garantice la estabilidad de la zona costera en cuestión, así como la recuperación de las áreas de los bienes nacionales perdidos, como son las superficies de zona federal marítimo terrestre y playa ubicadas en el sitio en cuestión.
Para dar seguimiento al presente y tomando en cuenta que el Ejecutivo federal, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, podría comunicar directamente el despacho del presente acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para no retrasar la resolución del mismo y con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar inicio de forma inmediata a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, con el propósito de evitar una inundación, pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura industrial y portuaria, a las vías de comunicación, la dispersión de aguas contaminadas, daños patrimoniales y una recesión económica en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.
Diputado José Francisco Rábago Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar por la Segob la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de la visa para los nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez, Sami David David y Ariel Gómez León, de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, respectivamente
Los suscritos, diputados federales Carlos Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; Sami David David, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 3o., fracción XVIII, 6o., fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguiente:
Antecedentes:
A) El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida por la Corona durante la etapa de su dominio en el Nuevo Mundo, entre los siglos XVI y XIX. Fue creada tras la conquista de los pueblos indígenas establecidos en la zona meridional de América del Norte. La empresa de la conquista inició en 1519 y propiamente no concluyó, pues el territorio de Nueva España siguió creciendo hacia el norte a costa de los territorios de los pueblos indígenas del desierto, algunos de los cuales nunca fueron sometidos por los españoles.
La Nueva España estaba comprendida por el actual México, más en la frontera norte los actuales estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana, por parte de los actuales Estados Unidos de América; así como la parte suroeste de Columbia Británica del actual Canadá; más la Capitanía General de Guatemala (comprendida por los actuales países de Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua); más la Capitanía General de Cuba (actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe); así como, finalmente, la Capitanía General de las Filipinas, (comprendiendo las Filipinas, Carolinas y las Marianas, en el Pacífico asiático), fueron todos estos territorios partes constitutivas del Virreinato de Nueva España. Desde 1626 hasta 1642 los españoles se establecieron en el norte de Taiwán (llamada por los ibéricos Formosa).
B) Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel de Carlos III de España, introdujo reformas en la organización del virreinato en 1786, conocidas como reformas borbónicas en la Nueva España, en las que creaba las intendencias, que permitieron limitar, en cierta forma, las atribuciones del virrey. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la independencia española, y su consecuencia directa en el virreinato, la crisis política de 1808, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray y más adelante dio pie a la Conjura de Valladolid, y la conspiración de Querétaro. Esta última, fue el antecedente directo de la guerra de independencia mexicana, la que, al concluir en 1821, desintegró el virreinato y generó el Imperio Mexicano a la coronación de Agustín de Iturbide.
La Capitanía General de Guatemala fue la segunda en importancia del virreinato y fue fundada por orden de Carlos I en 1536. Hacia 1609, la Real Audiencia dictaminó que el virrey de Nueva España no debería ser, en ningún caso, el gobernador de Guatemala. Esto supuso un gran avance en la autonomía de la región. La primera capital del reino fue Gracias a Dios, en Honduras, pero en 1549 fue trasladada a lo que hoy es Antigua Guatemala. En 1773 una serie de terremotos provocan el cambio de capital, por lo que el nuevo emplazamiento destinado para albergar la sede de la Capitanía fue Nueva Guatemala de la Asunción. La promulgación de la Constitución de Cádiz abre en la Capitanía una nueva etapa de liberalismo, con lo que lograron aún más libertad e independencia del resto de España.
En 1821 se proclama la independencia, y dos años más tarde las cinco provincias —Provincia de Ciudad Real de Chiapas, Provincia de Guatemala, Provincia de San Salvador, Provincia de Nicaragua y Costa Rica y Provincia de Comayagua, se erigen en las Provincias Unidas de Centroamérica, tras la caída de Agustín I como Emperador de México. Sin embargo, Chiapas se incorpora a la naciente República Mexicana, mientras que las otras provincias formaron los actuales países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
C) México ha sido pionero en la búsqueda e implantación de mecanismos y acciones para proteger a los Migrantes y ha dado ejemplo recibiendo a extranjeros en dificultades en los casos de la guerra civil española y de la segunda guerra mundial y en la protección del derecho de asilo a los perseguidos políticos, principalmente latinoamericanos, pero no nada más, así como en la reciente reforma por la que se despenaliza la inmigración irregular en nuestro país.
Resulta un lugar común afirmar que durante los últimos treinta años, las migraciones internacionales han experimentado un renovado y acelerado incremento, particularmente los flujos de personas que se dirigen hacia naciones y regiones que demandan trabajadores tanto de escasa calificación como de alta especialización. Las migraciones laborales, han sido incentivadas y reorientadas por las transformaciones en la localización sectorial y regional de los capitales y las inversiones, se han acelerado con la innovación y abaratamiento de las comunicaciones y los transportes que facilitan los desplazamientos de las personas.
D) En los últimos años se ha generalizado la preocupación sobre la movilidad internacional de la población, reúne ahora numerosas características que le confieren inusitada relevancia, y no resulta extemporáneo que en la última década del siglo XX se haya construido la figura de la era de la migración . Las razones para situarlo como un hecho de creciente interés parecen estar en la sensibilidad que despierta en los gobiernos, los agentes económicos, las sociedades civiles, las organizaciones internacionales y los propios actores migrantes. La extensión de su investigación parece estar basada en la impresión compartida de que el escenario histórico de inicio del siglo XXI está constituido por un conjunto de factores activadores de las propensiones migratorias”
En la reciente década, la formulación de políticas migratorias y el manejo y control de la migración de los países de América del Norte y Centro América han experimentado un progresivo viraje, ordenanzas sobre políticas migratorias, crecientemente vinculadas a acuerdos regionales, han involucrado la reorganización y reestructuración de las instancias gubernamentales encargadas de administrar y controlar las migraciones internacionales, respondiendo precisamente a esa orientación de seguridad nacional.
La línea fronteriza sur con los países de Guatemala tiene una extensión de 956 km; con Belice de 193 km (No incluye 85.266 km de límite marítimo en la Bahía de Chetumal). Los estados fronterizos del sur y sureste del país son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Consideraciones
Primera. En la década de 1990 las sociedades centroamericanas cerraron un período de su historia. Los años anteriores estuvieron marcados por violentos conflictos que afectaron directa o indirectamente a todos los países. Con el advenimiento de la paz, reinó el optimismo y todo parecía indicar que la región se podía plantear un nuevo desarrollo político y económico.
Medio siglo antes, la integración nació impulsada por los vientos desarrollistas que soplaban en todo el continente. Su diseño original se asentó en la homogeneidad histórica y cultural, y sobre una continuidad geográfica: el “Istmo”, excluyendo, al norte y al sur, a Belice y Panamá.
El esfuerzo integracionista tuvo tanto empuje que llegó a ser reconocido como modelo. Sin embargo, a fines de los años noventa mostró claros síntomas de agotamiento. Las contradicciones entre los países del Centro América le restaron dinámica, y en buena medida fueron responsables de la guerra entre El Salvador y Honduras. A partir de ese momento ya no fue posible registrar avances importantes en el proceso integracionista. El aparato institucional de la integración y el comercio intrarregional, aunque se mantuvieron, no lograron recuperar la dinámica. Finalmente, las guerras civiles de la siguiente década sellaron su destino. Desde la perspectiva de “proceso” la integración estaba muerta.
Segunda. Recientemente aparecen nuevos factores con capacidad de modificar el panorama. Durante buena parte del proceso integracionista anterior, los actores externos tuvieron una actitud de recelo (Estados Unidos) o de cooperación (Europa). Hoy, como consecuencia del proceso de globalización, hay actores externos que empujan, e incluso exigen la integración como condición necesaria para desarrollar sus tratos con la región. Tal es el caso del Plan Puebla - Panamá, cuyo diseño implica una Centroamérica no solo integrada, sino ampliada a Panamá y Belice. El planteamiento del gobierno norteamericano del Tratado de Libre Comercio pone en el tapete la misma necesidad. El Presidente de los Estados Unidos de Norte América, lo señalo claramente: tiene interés en negociar el TLC con la región y no con cada uno de los países.
Estamos frente a un nuevo contexto regional e internacional que nos obliga a replantear el esfuerzo integracionista, y la integración misma presenta características novedosas e impensables años atrás.
En los análisis de la integración centroamericana es común encontrar un doble supuesto: por una parte se afirma la originalidad del proceso y por otra se postula su continuidad a lo largo de estos últimos veinte años que lleva de vida. La verdad es que ambos postulados son, si no falsos, al menos equívocos, y apuntan a una de las grandes debilidades de nuestro proceso de integración: su falta de perspectiva histórica y su desarraigo de la vida de nuestros pueblos.
Naturalmente, el proceso que conocemos como Integración Centroamericana presenta una concepción, una estructuración y una institucionalidad con un nivel de desarrollo que ninguna de las anteriores iniciativas tuvo, y sus efectos sobre las sociedades centroamericanas han sido y son mucho más profundos y duraderos; sin embargo, si a mediados del siglo pasado hubiéramos asumido el proceso con un sentido histórico-crítico, probablemente nos hubiéramos ahorrado fracasos. Por otro lado, sin mayor discusión se presupone la continuidad del proceso integrador. El “período difícil” desde finales de los ochenta hasta los noventa, prácticamente la mitad de su vida, se explica por factores externos o por debilidades del diseño. Poco esfuerzo se hace para entender que cuando se produce la guerra entre El Salvador y Honduras (1969), la integración centroamericana ya mostraba claros signos de agotamiento.
Evidenciar estas discontinuidades y diferencias se vuelve una necesidad para poder entender y re-plantear el proceso que hoy vivimos. Para ello tenemos que analizar los supuestos estructurales sobre los que se edificó la integración a mediados del pasado siglo y comprobar que son imposibles de sostener no solo hoy, sino desde que el proceso integracionista fue re-lanzado, a inicios de la pasada década.
Entre las ideas latentes queda el consenso en torno al hecho de que la integración regional sigue siendo la mejor alternativa posible para resolver el asunto migratorio y lograr un desarrollo sostenible de la región y mejorar su posición en el plano mundial; aunque la integración económica constituye un componente clave o un catalizador del proceso de integración regional, este último no se limita a un mero proceso económico y migratorio por lo que es necesario hacer frente a una serie de problemas críticos, como son la justicia social y la equidad, así como a otros aspectos de la vulnerabilidad; la sociedad civil ha de desempeñar un creciente papel en el proceso de integración regional; este proceso debe venir respaldado por una visión a largo plazo, una toma de decisiones efectiva y un aparato institucional nacional y regional.
Tercera. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Ley de Migración, se plasman, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.
Actualmente la norma expresa que los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley de Migración, de conformidad con lo siguiente: I.- Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, II.- Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, III.- Visitante regional, IV.- Visitante trabajador fronterizo, V.- Visitante por razones humanitarias, VI.- Visitante con fines de adopción, VII.- Residente temporal, VIII.- Residente temporal estudiante, IX.- Residente permanente.
La Forma Migratoria de Visitante Local ( FMVL) fue diseñada para facilitar la internación de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que desean visitar poblaciones fronterizas de nuestro país y convertir esta frontera en un espacio de mejor convivencia para el desarrollo regional.
Desde el año del 2002 se comenzó a expedir la FMVL a ciudadanos beliceños, permitiendo su entrada al estado de Quintana Roo; desde el año 2000 éste documento se expide también a ciudadanos guatemaltecos residentes en ciertas ciudades fronterizas, lo que les permitió ingresar a algunas ciudades cercanas a la a la frontera con el Estado de Chiapas .
Al día de hoy, hay guatemaltecos, que llegan a la frontera con el pase local que las mismas autoridades le siguen otorgando y ha sido sustituido por la forma FMVL, situación que se regularizará en el corto plazo, en la medida en que los seis puntos de internación autorizados, El Ejecutivo Federal de México, instruyó al Instituto Nacional de Migración (INI) para que en el curso del año 2010, amplié la forma Migratoria de Visitante Local, con el objeto que todos los nacionales guatemaltecos sin importar su departamento de residencia puedan acceder a ella.
Visa: Es una autorización para poder presentarse a una aduana migratoria del país de destino, y solicitar ahí la entrada formal (es importante señalar que la sola posesión de un visado no garantiza la entrada al país, esto sólo puede decidirlo el oficial de migración). Se trata de una forma que tienen los gobiernos de controlar el tránsito de extranjeros. Estos visados son de dos tipos: los de pasaporte, que permiten el acceso a un país para una visita de duración definida, y los de inmigración, que suponen una autorización para residir en el país de forma permanente. Los segundos requieren muchos más requisitos, suele ser difícil su obtención.
Cuarta. Durante la visita de trabajo del licenciado Felipe Caldero Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a la Republica de Guatemala, el pasado 27 de octubre del 2009, el Ejecutivo ratificó su compromiso de analizar la posibilidad de que se visite libremente en los estados fronterizos y de eliminar la visa con este país, donde expreso el siguiente mensaje: Guatemala, Honduras, El Salvador, y México son naciones vecinas y sobre todo pueblos hermanos. La nuestra es una historia de fraternidad, de concordia y de solidaridad. También es una historia que ha tenido y marcado problemas y dificultades; pero; eso todo, una historia de hermanos. Por eso Guatemala y México no pueden y no deben, y no quieren estar separados, porque no sólo los une la tierra o los ríos, o el cielo; los une la historia, la cultura, el pasado, pero sobre todo el futuro, el anhelo, la imperiosa necesidad de poder, algún día, vivir con dignidad, vivir mejor.
Los refugiados, a la vez, enriquecieron a México con su presencia; hicieron de la Patria su segundo hogar. Vivieron ahí en paz, y trabajaron; y encontraron mucho cobijo, protección y alimento.
Hoy guatemaltecos y mexicanos debemos refrendar nuestra solidaridad y nuestro compromiso por eso reconozco que debemos seguir trabajando en proveer un trato digno a los guatemaltecas y guatemaltecos y a cualquier centroamericano que por vocación, o por gusto o situaciones de necesidad económica, por lo que sea, tenga que ir a territorio mexicano, merece nuestro trato digno.
Añadió que los lazos que unen a nuestras naciones son indestructibles. Mexicanos y Guatemaltecos nos reconocemos en la historia, en la lengua, en la cultura, en nuestra profunda identidad mesoamericana; en nuestra profunda raíz maya, indígena, latinoamericana; en la aspiración común de un futuro de bienestar y desarrollo compartidos. Y de cara al futuro, tengo plena confianza en que seguiremos avanzando juntos por los caminos de la fraternidad, de la solidaridad y de la justicia, de la libertad y de la democracia.
Quinta. El derecho internacional impone pocos, requisitos sobre las decisiones relativas a la admisión en la frontera, o en la emisión o rechazo de visas. Sin embargo, los Países generalmente cuentan con protecciones de procedimiento, y algunas veces otorgan audiencias formales ante funcionarios administrativos, particularmente con relación a decisiones de exclusión, que involucran a personas a un puerto de entrada. Las decisiones sobre visas están menos sujetas a procedimiento formales, aun que algunos Países permiten la apelación administrativa y algunas veces incluso revisión judicial para algunos tipos de visas.
Sexta. El incremento de la movilidad regional en la frontera sur, durante el periodo de enero a diciembre del 2011, se registro aproximadamente 51mil extranjeros que fueron asegurados de los cuales alrededor de 30 mil fueron de deportados a Guatemala por lo que más países se ven a México en forma simultánea, como país de origen, tránsito y destino. El impacto de este incremento es reconocido por parte del Estado de Chiapas y ve la necesidad de desarrollar o modificar el sistema de inmigración. Si bien la mayoría de los estados fronterizos aceptan en primera instancia a los migrantes sobre una base de residencia temporal como una forma de satisfacer una variedad de demandas laborales, esto está cambiando latamente, y se están incrementando las oportunidades para la migración permanente.
Séptima. El Parlamento Centro Americano es el órgano político del Sistema de Integración Centroamérica, que conjuntamente con la representación del Senado de la República de México, en su reunión de trabajo de enero del año en curso, desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios de este órgano colegiado analizaron la posibilidad de eliminar la Visa que México les extiende a los ciudadanos centroamericanos con la finalidad de facilitar la libre movilidad de guatemaltecos en nuestro país afín fortalecer los lazos comerciales y de esta forma encaminarnos al proceso de la globalización.
En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al presidente de la república para que a través de la Secretaría de Gobernación realice un análisis de la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de la visa para internarse al territorio de Los Estados Unidos Mexicanos a los nacionales de las Republicas de Guatemala, de Honduras y de El Salvador.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.
Diputados: Carlos Martínez Martínez, Sami David David, Ariel Gómez León (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a investigar probables irregularidades en el ejercicio de los recursos otorgados a la delegación Chiapas de la SCT por concepto de ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscribimos, diputados Hernán de Jesús Orantes López, Sergio Lobato García y Julián Nazar Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de los recursos, es parte fundamental del actuar de todos los servidores públicos; así mismo, la rectitud debe de ser valor esencial de quienes sirven a la población en un estado demócrata y plural.
2. La fiscalización tiene como objeto velar por los intereses económicos del estado, entre ellos, la correcta aplicación de los recursos federales, a través de la cual se establezca la certeza de su adecuada y legal utilización; y en caso de no ser así, poder determinar con el caudal probatorio conducente, la responsabilidad del ilegal manejo de los dineros por parte de los servidores públicos.
3. Los ciudadanos a través del sufragio depositan su confianza en los representantes que eligieron, aquellos tienen no solo el derecho, sino la obligación de exigir a estos últimos, cuentas claras sobre los recursos asignados por la Federación.
4. La Auditoría Superior de la Federación tiene la encomienda de apoyar y auxiliar a la Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública Federal, con el objeto de conocer y comprobar el legal manejo de los recursos federales otorgados, consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros, a las diversas Secretarías de Estado, dependientes del Titular del Ejecutivo Federal, apegándose a las disposiciones normativas aplicables.
5. Ciudadanos del estado de Chiapas se han acercado a nosotros y nos han externado diversas inquietudes, e incluso algunos preocupaciones, respecto de la aplicación y manejo de los recursos federales asignados a la delegación Chiapas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (Dirección General del Centro SCT Chiapas), correspondientes a las ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras, etiquetados en diversos Presupuestos de Egresos de la Federación; quienes tienen sospecha de que los dineros aludidos, no fueron canalizados para lo que eran, es decir, atención a la infraestructura de caminos.
6. Dada la intranquilidad y sospecha de ese grupo de chiapanecos, relativa al destino, utilización o no, de los mencionados recursos, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Chiapas (Dirección General del Centro SCT Chiapas), es que los suscritos, a través de ésta Soberanía, solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación, practique una exhaustiva revisión a los recursos federales asignados para la construcción de infraestructura de caminos; lo anterior en el periodo comprendido entre los años 2009 al 2012.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de ésta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para realizar una revisión exhaustiva a los recursos otorgados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Chiapas (Dirección General del Centro SCT Chiapas), destinados a las ampliaciones en infraestructura carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras, con la finalidad de dar certeza y transparencia al destino y aplicación de los recursos públicos federales aludidos, ya que los mismos no se ejercen en su totalidad, y en otros casos se reasignan de forma unilateral, o se cae en subejercicios, en el periodo comprendido entre los años 2009 al 2012; y de ser el caso, proceder conforme lo marca la legislación correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, marzo de 2012.
Diputados: Hernán de Jesús Orantes López, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable fortalezca la estrategia de difusión de las acciones y los programas destinados al medio rural, a fin de incrementar la participación y accesibilidad a la población más desfavorecida económica y cognitivamente, a cargo del diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Edgardo Chaire Chavero, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, para que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable fortalezca la estrategia de difusión de las acciones y programas destinados al medio rural, a fin de incrementar la participación y su accesibilidad a la población más desfavorecida económica y cognitivamente.
Consideraciones
Uno de los objetivos prioritarios del desarrollo rural en México y en el mundo, es elevar la calidad de vida de los que ahí habitan, fomentar una agricultura sustentable, además de mejorar sus oportunidades económicas y productivas no limitativas a la actividad agropecuaria.
Lo antepuesto requiere de la articulación y vinculación ordenada y eficiente de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura, entre otros, siendo prioritarias las localidades de mayor marginación, como se establece en nuestra legislación y en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales.
Para lograr el desarrollo rural, el gobierno federal establece las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos en los programas sectoriales. La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, conformada por nueve dependencias del Ejecutivo federal, es la instancia colegiada responsable de atender, coordinar y dar seguimiento a los programas y acciones de cada una de las dependencias encargadas de inducir el desarrollo rural sustentable.
La coordinación y corresponsabilidad con los gobiernos de las entidades federativas y municipales resulta fundamental para el impulso de políticas, acciones y programas en el medio rural.
Para alcanzar el éxito de la política de desarrollo rural, uno de los retos más significativos es optimizar el uso de los recursos y que tengan un impacto creciente en la satisfacción de necesidades de la sociedad rural, haciendo participes de los programas y políticas públicas a los que más lo necesitan.
Presentándose el anterior como uno de los principales retos, coexiste la problemática de aquellas comunidades que no tienen acceso o que se les dificulta conocer y participar de programas, acciones e instrumentos de política pública que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida, siendo la difusión una herramienta para atender este tipo de obstáculos.
La difusión no sólo entendida como la divulgación de información, sino como el proceso de transmitir y darle la posibilidad de obtener dicha información para acceder a los beneficios que brinda el estado a los que más lo necesitan en términos de sus carencias económicas y cognitivas.
Si bien, para la realización de trámites y provisión de información de programas a su cargo, las dependencias y entidades de la administración pública federal disponen de delegaciones por entidad federativa o por regiones geográficas, como es el caso de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cabeza de sector, que cuenta a nivel nacional con 33 delegaciones, 192 distritos de desarrollo rural y 713 centros de apoyo al desarrollo rural, el nivel educativo y la capacidad administrativa es distinta a lo largo y ancho del territorio nacional.
De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), los municipios del país muestran diferencias en su perfil socio demográfico, infraestructura social y de comunicaciones, economía, cultura, desempeño de su sector público, entre otros aspectos. Algunas diferencias importantes se muestran por ejemplo en los niveles educativos o en la disponibilidad de servicios como Internet público.
En el nivel educativo, entre la población de 15 y más años, se observan diversas características para el segmento y según la entidad federativa, ya que a nivel nacional, 22.3 por ciento contaban con secundaria, 19.3 por ciento con media superior, y 16.5 por ciento con superior, además de que estados como Chiapas o Oaxaca mostraron niveles inferiores a los de la media nacional.
Por otro lado, a nivel nacional 19.9 por ciento de las localidades disponen de Internet público (Censo de Población y Vivienda 2010), lo que limita el conocimiento de información pública y programas gubernamentales a los cuales pudiera acceder la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, para que a través de las distintas dependencias que la conforman, fortalezca la estrategia de difusión de las acciones y programas destinados al medio rural, a fin de incrementar la participa1ción y su accesibilidad a la población más desfavorecida económica y cognitivamente.
Segundo. Se hace un atento exhorto a los gobiernos estatales y municipales para que fortalezcan la formación y capacitación de sus agentes públicos, su capacidad administrativa e incrementen la vinculación de la política de desarrollo rural con sus poblaciones locales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.
Diputado Edgardo Chaire Chavero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al encargado del fideicomiso para los ex braceros y al director general del Bansefi a buscar instrumentos que permitan la entrega inmediata de los recursos a aquéllos, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputa Yulenny Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y en fracciones I y II del numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el marco de las últimas reuniones de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros y conforme a su orden del día, se presentaron en la reunión los representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), el licenciado Alejandro Martínez Álvarez, director general de Coordinación con Entidades Federativas, y el licenciado Rolando Solís Obregón, titular encargado del Fideicomiso para los Trabajadores ex Braceros, llevándose a cabo la presentacion del trabajo que está realizando la Segob con objeto de definir la fecha de publicación de listas de 108 mil 352 braceros, misma que se encuentra divulgada en el DOF; asimismo se dio a conocer el nuevo fiduciario del fideicomiso instituido para el pago a braceros y cobertura del territorio nacional; se inició la forma y los requisitos para los pagos, así como la instalación y ubicación de mesas de rectificaciones, y así poder cubrir el pago de 3 mil 816 millones de pesos que están pendientes para beneficio de los ex braceros.
Dentro de los acuerdos y compromisos se destacan los siguientes:
1. El recurrente problema en sucursales para los ex braceros al momento de cobrar el apoyo social.
2. Pago con cheques y entrega de fichas para el cobro del apoyo social.
3. Bansefi en sus sucursales está obligando a la apertura de una cuenta de débito a los ex braceros.
4. Bansefi se comprometió a entregar el número de ex braceros que han cobrado su apoyo social.
5. Bansefi se comprometió a analizar diversos casos en entidades federativas relativas a la atención de los ex braceros en sus sucursales.
6. Problemática en el estado de Colima referente a la atención de los ex braceros en módulos de atención y en sucursales de Bansefi y la red de la gente no está funcionando como se había acordado.
Entre los puntos más sensibles que han destacado a lo largo de las reuniones está el de la lista de los no viables y las personas que cuentan con enfermedades terminales por lo que no pueden asistir a recoger su dinero. Al respecto se ha señalado que la lista de los no viables se conforma de los casos de las personas que no cumplen con los requisitos de la documentación o bien porque muchos de ellos los documentos que tiene son copias, asimismo se ha indicado que la lista de las enfermedades que serán consideradas como terminales será presentadas con la brevedad con objeto de buscar las alternativas para ser la entrega de los recursos a las personas que se encuentren en esa situación.
Otra problemática es las largas filas que personas adultas mayores tienen que realizar para el pago de su dinero. Bansefi tiene grandes problemas de logística debido a que no están respetando las reglas de operación, o bien que la información que ellos tiene no corresponde a la del beneficiario, ya sea por un error de captura como fecha de nacimiento o los apellidos mal escritos o inversos, son de las cosas que se pide de corrijan con la brevedad, ya que si bien recordamos estamos a casi nada de que venza el plazo para el cobro del recurso de 38 mil pesos o, en su caso, 34 mil pesos por los que sólo habían cobrado 4 mil pesos al inicio.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de la esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular encargado del Fideicomiso para los Trabajadores ex Braceros y al titular de Bansefi a buscar los mecanismos necesarios para la entrega de los recursos a los trabajadores ex braceros de manera inmediata, así como la ampliación del plazo para que se les pague.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2012.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
