Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3479-VII, martes 27 de marzo de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir el estado actual de los contratos números C-411-001-05 y C-411-001-06, referentes a los proyectos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones; y a aclarar las cifras presentadas por ella y la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2010, sobre el total de líneas telefónicas instaladas y la cobertura alcanzada en virtud de ese fideicomiso, a cargo de la diputada Silvia Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Consideraciones
La pobreza en México tiene diversas manifestaciones especialmente en los ámbitos urbanos y rurales marginados, una de ellas es la baja cobertura de las comunicaciones que se dan en estas comunidades y para las cuales se han implementado una serie de programas y apoyos en el ámbito de los tres niveles de gobierno. Lo lamentable en este caso, es que existiendo un programa federal, no haya la capacidad del gobierno, como en otras ocasiones, para que los recursos públicos se ejerzan para mitigar los rezagos que presentan estos sectores sociales.
Tal es el caso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (Focosote), creado en el año 2002 al que inicialmente se le asignaron 750 millones de pesos incluidos en el presupuesto para 2003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Algunos de los objetivos de este fondo son “el impulsar la cobertura y penetración de la telefonía para brindar más oportunidades de acceso a los usuarios y diseñar e implementar mecanismos para incrementar el acceso universal y la tele densidad.”
Sin embargo, en los estados financieros de la mencionada secretaría se informa de un subejercicio de poco más de 900 millones de pesos al de acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2010, presentado por la Auditoría Superior de la Federación.
La responsable de la falta de ejecución de los recursos es la misma secretaría en tanto que es la encargada de la operación de este fondo, así como la empresa Teléfonos de México (Telmex) que es la beneficiaria de la concesión de los dos únicos proyectos que se han puesto en marcha desde 2002 cuando se aprobó el programa para llevar servicios de telefonía a poblaciones urbanas y rurales marginadas.
A la fecha se le han entregado a la empresa telefónica 359, 297.6 miles de pesos con las cuales debió haber llevado el servicio de telefonía a más de seis mil localidades marginadas de las más de once mil que incluye el programa. Aunado a ello, la empresa no sólo ha dejado a cientos de comunidades pobres sin acceso a telefonía pública o con fallas en el servicio, sino que ha hecho cobros indebidos a los usuarios, según la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión al fideicomiso, al amparo del cual opera el programa de cobertura social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los contratos que hasta el momento ha incumplido la compañía telefónica indican que ésta obtendría pagos no recuperables por máximos de 642,775.8 miles de pesos, destinados a 151,691 líneas telefónicas fijas para la población de escasos recursos del medio rural y urbano, así como la autorización para operar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por 10 años.
En dichos acuerdos, Telmex se compromete a llevar el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tanto residencial como a través de casetas públicas a un total de 11 mil 155 localidades de escasos recursos.
El acuerdo C-411-001-05 y su convenio modificatorio estipulan que Telmex tendría “como máximo doce meses para instalar la infraestructura de la red e iniciar la prestación del STB1 (Servicio Telefónico Básico Tipo 1)” en mil 971 localidades previstas”... con vencimiento en fecha 2 de diciembre de 2006.
Añade que “...Una vez iniciada la prestación del STB1, contaría con seis meses más para iniciar la operación de un número de líneas telefónicas equivalente a la décima parte del total de viviendas electrificadas en cada comunidad...”, feneciendo dicho plazo en fecha 2 de diciembre de 2006.
El informe precisa también que en estas localidades el servicio sería proporcionado sin gastos de instalación, pago de renta mensual y se cobraría una tarifa máxima equivalente al promedio de las tarifas registradas de telefonía pública. Asimismo, el primer aparato telefónico sería proporcionado sin costo alguno para el usuario.
Para atender las mil 880 regiones restantes, dispondría de 24 meses a partir de la firma del contrato y doce meses más para poner en operación cuando menos el equivalente de líneas telefónicas al 5 por ciento de viviendas electrificadas, teniendo como plazo el 2 de febrero de 2008.
En éstas sí podría aplicar gastos de instalación, aunque mantendría las mismas características del servicio.
El segundo contrato fija plazos de 24 y 36 meses para la instalación de la infraestructura, más un semestre para la operación de líneas telefónicas en un porcentaje similar al establecido en el acuerdo anterior.
Esto significa que los trabajos de instalación y operación del primer contrato y los correspondientes a la primera etapa del segundo debieron concluir entre febrero de 2008 y septiembre de 2010. Sin embargo, Telmex no cumplió con los plazos establecidos.
De acuerdo con la revisión de la ASF, para agosto de 2010 aún faltaban por instalar 5 mil 307 líneas telefónicas del contrato C-411-001-05 y 37 mil 417 de la primera fase del contrato C-411-001-06. De las líneas previstas en la segunda etapa de éste, hacían falta 42 mil 724 líneas a un mes de que venciera el plazo establecido.
Además del incumplimiento en la instalación de líneas telefónicas, se reportaron 2 mil 308 líneas que no funcionaban y mil 986 que lo hacían pero con fallas técnicas, hasta 2010. También hubo 497 casos en los que el usuario había pagado por la instalación o por el aparato telefónico, en contravención con lo estipulado en los contratos, tal como se advierte en el informe de la auditoría.
Por si fuera poco, hubo discrepancias entre los informes entregados al comité técnico del fideicomiso –que preside la SCT– y los datos consignados en el reporte del cumplimiento de la misión y fines, que se incluye en los informes trimestrales de información financiera entregados a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma secretaría.
En esos informes, además, no se identifica el avance en el número de localidades atendidas, por lo que, desde la perspectiva de la ASF, no se puede medir el grado real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación ofrecidos por Telmex.
Lo más grave es que la impasividad de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido demostrada en la tolerancia que ha tenido con la empresa, aun cuando funcionarios de la Dirección General de Comunicaciones Rurales de la dependencia afirmaron a mediados de este año, que estaba por iniciar el procedimiento para requerir a la empresa los comprobantes del pago a la Tesorería de la Federación, que en caso de haberlo realizado el monto de la penalización alcanzaría los 2,034.1miles de pesos.
Sin duda el costo social del incumplimiento de Teléfonos de México y de la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es mayor a esa cantidad. Representa un costo para las comunidades rurales y urbanas marginadas que se han rezagado en diversos ámbitos debido a la falta de comunicación ya que no se ha dado atención al 28.2 por ciento de la población objetivo del fideicomiso.
Por ejemplo el número de poblaciones con servicio telefónico en el país no ha mostrado avance, ya que desde 2007 se mantiene en 55 mil 353, de acuerdo con datos de la SCT. Lo mismo ha ocurrido con las localidades comunicadas con telefonía rural, que desde hace cuatro años se estancaron en 51 mil 390.
Por otro lado, la densidad de penetración de servicio de telefonía en el país se redujo entre 2005 y 2010, con lo que para el año pasado se encontraba en 17.9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, existiendo entidades federativas como el estado de Chiapas, donde la penetración telefónica por cada 100 habitantes es de 5.7, lo que significa que menos de seis personas de cada 100 cuentan con servicio de telefonía en la entidad.
Por ello es que ante la gravedad de esta situación que impacta en los sectores de la población más necesitados, es que solicito a esta soberanía su aprobación al siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para que difunda a la opinión pública, a través de su portal electrónico o medios de comunicación, el estado actual de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, referentes a los proyectos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, y aclare las cifras presentadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las proporcionadas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, en relación al número total de líneas telefónicas instaladas y la cobertura alcanzada en virtud del fideicomiso Foncos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2012.
Diputada Silvia Fernández Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a considerar la remoción del procurador de Justicia, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México se considere la remoción del Titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Consideraciones
Un tema que lastima a todas las mujeres del país son los feminicidios y las penosas condiciones que viven nuestras mujeres del Estado de México y de todo el país.
Es una vergüenza que en los últimos cinco años el presupuesto que se le ha asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se ha duplicado sin beneficios, pues de otorgársele más de mil ciento seis millones de pesos para el ejercicio fiscal 2006, actualmente ejerce un presupuesto de dos mil doscientos ochenta y cuatro millones, incluyendo además una partida por Doce millones de pesos destinados al Fondo de Investigación.
A pesar de ello, a casi dos años de que, el licenciado Alfredo Castillo Cervantes asumiera la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado los resultados que ha arrojado su gestión revelan graves datos de ineptidud, ineficiencia, corrupción e impunidad, que lo han llevado al incumplimiento de todos los principios de legalidad y justicia.
De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al menos 100 de los 125 municipios del Estado de México tienen una tasa de asesinatos de mujeres por encima del promedio nacional. Casi 23% de todos los asesinatos de mujeres en el país se registran en territorio mexiquense.
Pero el problema es aun más grave cuando las autoridades se niegan a aceptar el problema. El ex gobernador del Estado México, ahora candidato presidencial, hizo caso omiso del problema. El Procurador remplazado simplemente negó el problema y ahora el licenciado Castillo Cervantes, que repite en el cargo, no sabe cómo resolverlo.
Para solucionar la problemática de los feminicidios en el Estado de México, es necesario empezar por reconocerla. Ya basta que se niegue sistemáticamente lo que les ocurre a nuestras mujeres mexiquenses.
Es tal la incapacidad de procurar justicia en el Estado de México que insultantemente se les escapan hasta los delincuentes, como lo fue la manera absurda e infantil en la que se fugó “El coqueto” y más aberrante aún que quieran hacer creer al país entero la forma en que lo capturaron.
La mitad de las muertes contabilizadas se han registrado en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán e Ixtapaluca. Remarco Ecatepec, donde su actual gobernador fue presidente municipal dos veces.
Salvo Toluca, capital del estado, los municipios con más incidencia se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México y en conjunto alcanzan una población de casi 6 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres.
El número de mujeres asesinadas en los últimos 6 años indica que, hasta noviembre del 2010, la PGJEM sólo había conseguido que el Poder Judicial condenara al autor material en 145 casos, en tanto que otros 217 presuntos homicidas siguen todavía bajo proceso penal.
La incapacidad de procurar justicia en Estado de México es alarmante.
Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al gobernador del estado de México, a que se considere la remoción del titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de marzo de 2012.
Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero
(rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la ASF que incluya en el programa anual de auditorías relativo a la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2011 el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Fideicomiso México Emprende, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que abajo suscriben, presentamos proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al auditor superior de la Federación, que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y fideicomiso México Emprende.
Consideraciones
El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y fideicomiso México Emprende, tienen el objetivo de promover la creación, desarrollo y consolidación de las Mipymes, así como consolidar los esquemas de apoyos a las mismas en una sola instancia.
La Secretaría de Economía realizó en 2010 una auditoría financiera, con la finalidad de fiscalizar la gestión financiera y verificar el cumplimiento de metas y objetivos, así como el uso del presupuesto asignado por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y el fideicomiso México Emprende durante 2010, ello también como respuesta al oficio CVASF/LX/1283/2007 de fecha 13 de noviembre de 2007 enviado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se revisaron 3,956,266.9 miles de pesos que representaron 65.6 por ciento del presupuesto ejercido correspondiente al fondo en comento, y el fideicomiso México Emprende, de los cuales en el caso del Fondo Pyme se analizaron las categorías III “Pequeñas y Medianas Empresas” (1,337,780.8 miles de pesos), IV “Empresas Gacela” (557,327.6 miles de pesos) y VI “Realización de eventos Pyme y otras actividades e instrumentos de promoción” (11,158.5 miles de pesos); y por los recursos asignados al fideicomiso México Emprende (2,050,000.0 miles de pesos).
Respecto al Fondo Pyme y fideicomiso México Emprende se observó un claro incumplimiento de metas, así como un inadecuado manejo del presupuesto asignado, ello generó que se realizaran 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, ante el órgano interno de control en la Secretaría de Economía para que éste realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, a los servidores públicos que por actos u omisiones hubiesen incurrido en los siguientes supuestos.
Primero. Manejo inadecuado del presupuesto asignado al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ocasionando subejercicios por 7,609.1 miles de pesos que se trasfirieron al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para cubrir el adeudo del retiro voluntario del personal de la dependencia.
Segundo. Que en su gestión autorizaron recursos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010, al Organismo Intermedio Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural cuando no se encontraba al corriente en sus obligaciones adquiridas por los recursos otorgados en el ejercicio 2009.
Tercero. Que en su gestión aprobaron proyectos con objetivos específicos que no corresponden al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2010, lo que propició duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal.
Cuarto. Que en su gestión no aprobaron en tiempo y forma las ampliaciones de vigencia y recalendarización de actividades de los proyectos número FP2010-459, FP2010-461, FP2010-462, FP2010-533, FP2010-877, ni notificaron a los organismos intermedios su rechazo o aprobación, provocando que el organismo intermedio continuara con la ejecución del proyecto.
Quinto. Que en su gestión autorizaron modificaciones a proyectos de organismos intermedios que no cumplían con sus programas de actividades en tiempo y forma.
Sexto. En su gestión no dieron seguimiento y no verificaron que los recursos otorgados en 2010 por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se depositaran en cuentas específicas y exclusivas para su administración y ejercicio por cada uno de los proyectos.
Séptimo. No dieron seguimiento y no verificaron que los rendimientos generados en las cuentas productivas de los apoyos otorgados por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueran utilizados en los proyectos o se reintegraran a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma.
Octavo. No dieron seguimiento a las acciones de organismos intermedios, a fin de asegurarse que los reintegros a la Tesorería de la Federación por concepto de modificaciones y rendimientos financieros se realicen en tiempo y forma.
Noveno. En su gestión no dieron seguimiento oportuno a la ejecución y aplicación de los recursos, lo que originó que al cierre del ejercicio 2010 no se cuente con la documentación comprobatoria por 2, 013, 630.4 miles de pesos, correspondientes a 86 proyectos, que demuestre la aplicación de los recursos otorgados por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Décimo. En su gestión no verificaron que las cifras de las metas e indicadores reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal fueran confiables.
Undécimo. En su gestión no solicitaron la documentación que evidenciara la aplicación de los recursos otorgados a los beneficiarios, así como las cotizaciones que demostrarán que al prestador al que se le adjudicó fue quien ofreció las mejores condiciones del mercado.
Duodécimo. En su gestión no dieron seguimiento oportuno para que se realizara el reintegro de los recursos no utilizados del proyecto FP2010-335.
Lo anterior muestra con claridad que la Secretaría de Economía y el personal adscrito a ella, no cumplieron con las disposiciones aplicables a la operación del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y fideicomiso México Emprende; incumpliendo los criterios de eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas, a ello debe sumarse que la falta de seguimiento y evaluación hacen dudar que los recursos se hubiesen aplicado de forma eficiente, oportuna, equitativa y transparente, ya que no establecen con claridad los criterios de elegibilidad y los mecanismos de evaluación de los proyectos, lo que provoca discrecionalidad.
Es claro que no se establecieron parámetros de medición de las metas que se pretendía alcanzar, y los indicadores planteados no son suficientes para evaluar el desempeño del programa. Asimismo, la instancia ejecutora que intervino en la operación, control y ejercicio de los recursos del Fondo Pyme no dio seguimiento a las acciones de los organismos intermedios y de los beneficiarios, lo que provocó que éstos no cargaran en el Sistema de Transparencia del Fondo Pyme destinado para el seguimiento de los proyectos, la documentación comprobatoria de 73.7 por ciento del total ejercido en el fondo, lo que dio pauta a una de las 12 promociones enunciadas anteriormente.
Se aprobaron proyectos por 7, 354. 3 miles de pesos que no están vinculados al objetivo de Pyme, sino al de Programa para el Desarrollo de la Industria del Software; y también se aprobaron 4 proyectos por 1, 057, 705.5 miles de pesos de un organismo intermedio que no había acreditado la aplicación de recursos otorgados en ejercicios anteriores. Además, 37 organismos intermedios participaron como tales, sin contar con la aprobación del Consejo Directivo del Fondo Pyme; se otorgaron 3, 502, 671.3 miles de pesos a 201 organismos intermedios que también participaron como beneficiarios sin aprobación y justificación del consejo directivo. Asimismo, el consejo directivo aprobó modificaciones a proyectos, entre 34 y 193 días después de su vencimiento.
Se reintegraron 34, 605. 6 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe); sin embargo, se registraron indebidamente como ejercidos en la Cuenta Pública de 2010; en cambio no se reintegraron a la Tesofe rendimientos por 47, 293. 1 miles de pesos. Además, se observó que durante 2010 y 2011 se reintegraron a la Tesofe 419, 233. 7 miles de pesos, provenientes de proyectos de 2005 al 2010, reportados como ejercidos en las cuentas públicas de esos años, de los cuales 90, 227.1 miles de pesos, fueron con motivo de la auditoría. Finalmente, se determinaron recuperaciones por 3, 512, 407.1 miles de pesos, de los cuales 90,264.5 miles de pesos fueron operadas y 3, 422, 142.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Dado que los antecedentes señalados muestran una dudosa erogación de los recursos asignados al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y fideicomiso México Emprende, es necesario dar seguimiento a la revisión puntual de la operación de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al auditor superior de la Federación para que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) y fideicomiso México Emprende.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2012.
Diputadas: Esthela Damián Peralta, Lizbeth García Coronado (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a aplicar las disposiciones legales y verificar el costo de productos, bienes y servicios que se encuentran en el mercado, con énfasis en los productos de la canasta básica y los ofrecidos en establecimientos de recreación, a cargo del diputado José Alfredo Torres Huitrón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito José Alfredo Torres Huitrón, diputado federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy tengo el honor y complacencia de subir a la máxima tribuna de la nación, con el propósito de llevar a su atención un asunto que es de gran importancia para todos y cada de los consumidores de productos, bienes y/o servicios en este país.
Es menester de nosotros como legisladores siendo representantes de los integrantes de la sociedad mexicana ante este honorable Congreso de la Unión, defender y salvaguardar los derechos de cada uno de ellos, hoy en día lamentablemente un problema de los que más aqueja, preocupa y lastima a los ciudadanos es el de la economía, sé que es de nuestro conocimiento la situación económica por la que atraviesa nuestro país, pero hoy quiero hacer énfasis en buscar el no detrimento económico de la familia mexicana. Es por eso que el día de hoy es un momento toral para analizar y pedir que sea explicado el trabajo que realiza la Procuraduría General del Consumidor. Es lamentable que México siendo el primer país latinoamericano en crear una Procuraduría General del Consumidor (Profeco) (1976) y el segundo con una ley en la materia, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) no se realice el trabajo para lo que esta institución y ley fueron creadas. Creo firmemente que la Profeco debe ser la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas, procurando siempre la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, facultando así una cultura de consumo con todo el respaldo de la ley. Hoy la realidad es otra ya que lastimosamente a los consumidores no se les protege de manera efectiva y mucho menos real, no es posible que la Profeco no se encargue de verificar la aplicación correcta, adecuada y conforme a la ley de los precios en los que los proveedores ofertan sus productos y/o servicios en el mercado. No es posible que el precio de los productos de la canasta básica, que son de primera necesidad para las familias mexicanas se modifiquen diariamente al gusto y conveniencia de los ofertantes y no pase nada, quien se encarga de verificar a conciencia que los kilos de tortilla o de carne si sean de a kilo, porque solo se basan en verificar algunas gasolineras y ni así nos pueden garantizar que los litros sean realmente de a litro. Como intentar tener convivencia y espacios de recreación familiar acudiendo a los diversos centros de espectáculos que ofrecen entretenimiento cultural o popular tales como: salas de cine, teatro, estadios deportivos entre otros, por los altos costos que se manejan ya no es posible que la economía familiar pueda solventar el gasto que esto representa y que pasa con los productos comestibles que se comercializan dentro de estos lugares, sus costos son excesivamente elevados no siendo ni mínimamente semejante a los precios de los mismos productos que se venden en cualquier centro comercial o de abarrotes, lo que hace imposible que las clases sociales que menor ingreso económico perciben puedan disfrutar de este tipo de diversiones, que al parecer solo están enfocadas a un determinado sector de la población, y lo más lamentable es que la Profeco no hace lo que debería de hacer.
Bajo este tenor y en relación que los derechos de los consumidores pertenecen a los llamados derechos difusos tomando en consideración las reformas constitucionales publicadas el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos la Procuraduría Federal del Consumidor está obligada a respetar, salvaguardar y garantizar los derechos de los consumidores consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que se propone un punto de acuerdo a efecto de que se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar el marco legal correspondiente con la finalidad de que verifique el precios de los productos, bienes y/o servicios, logrando así no perjudicar a la economía de la población mexicana, así como también a los ofertantes ya que se busca una justa armonía entre los consumidores y proveedores.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a aplicar las disposiciones legales correspondientes afín de que verifique el costo de productos, bienes y/o servicios que se encuentren en el mercado dando énfasis a los productos de la canasta básica y los productos que se ofertan en establecimientos de recreación, asimismo a fortalecer las políticas de los operativos de verificación con la finalidad de salvaguardar el derecho de los consumidores.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor que difunda ante la opinión pública sobre el número de quejas atendidas en materia de alza de precios de productos de la canasta básica, así como los establecimientos de recreación sancionados por el aumento de precios de manera injustificada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de marzo de 2012.
Diputado José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala a convenir una solución definitiva de los diferendos limítrofes entre ambas entidades para ofrecer certeza legal y territorial a los pobladores, suscrita por los diputados Sergio González Hernández, Oralia López Hernández y Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben Sergio González Hernández, Oralia López Hernández y Julián Francisco Velázquez y Llorente, diputados por el estado de Tlaxcala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 45 que los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.
Las entidades federativas podrán arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, dichos arreglos serán aprobados por la Cámara de Senadores conforme lo establece el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el estado de Tlaxcala colinda con el estado de Puebla en cerca de 323 kilómetros, y sus límites territoriales están plenamente reconocidos en el artículo único del decreto emitido por el Congreso de la Unión y mandado publicar por el titular del Ejecutivo, general Porfirio Díaz, con fecha 15 de diciembre de 1899, mismo que se publicó en los Periódicos Oficiales de los Gobiernos de Puebla y Tlaxcala los días 12 y 13 de enero de 1900 respectivamente.
No obstante a la existencia del decreto antes mencionado, vecinos del Estado de Tlaxcala han presentado diversas peticiones ante el gobierno del estado de Tlaxcala, el congreso local y esta Cámara de Diputados para solucionar los conflictos de límites territoriales que existen en la parte sur del estado en la zona colindante con el vecino estado de Puebla.
Como consecuencia de la indefinición de los límites territoriales entre ambos estados, en los últimos meses personas del estado de Puebla se han asentado de manera irregular en predios ubicados principalmente en el municipio de San Pablo del Monte perteneciente a Tlaxcala, ante el argumento de que son “tierras de nadie”.
Lo anterior ha derivado en diversos conflictos de índole social, el más reciente se presentó el pasado 16 de enero cuando un grupo de personas invadieron un predio denominado La Providencia y Santiago de los Leones del municipio de San Pablo del Monte –según información de diversos medios de comunicación se trataba de integrantes de Antorcha Campesina del estado de Puebla.
De la misma forma se presentan problemas por el cobro de impuestos por ambas entidades, la falta de credencialización, problemas de escrituración de predios, la inseguridad en dicha zona, entre otros.
Existe también la denuncia por parte de algunas organizaciones civiles y de los mismos ciudadanos del municipio de San Pablo del Monte por la afectación de sus predios y del medio ambiente con la construcción del llamado Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla a cargo de una empresa privada por concesión del gobierno de Puebla.
El 11 de junio de 2002, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala firmaron el convenio de coordinación para el ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo económico de la zona conurbada Puebla-Tlaxcala.
Posteriormente, en el mes de enero de 2004 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el Convenio de Coordinación para Planear y Regular el desarrollo urbano y regional, sustentable en los municipios conurbados de Puebla y Tlaxcala, que suscribieron el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social; los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala y 38 municipios conurbados de ambas entidades federativas, con el objeto de resolver problemas de seguridad pública, transporte, servicios públicos (agua, luz, drenaje, etcétera), turismo, medio ambiente y límites territoriales en esa zona.
Sin embargo como sabemos hasta la fecha no han existido avances en el tema de la delimitación de los límites territoriales, esta dilación ha traído enfrentamientos como el ocurrido en el mes de enero entre policías del estado de Tlaxcala y vecinos de Puebla, y una gran incertidumbre e inseguridad de la población que habita en la zona conurbada.
Es por eso que hacemos un llamado para que las autoridades estatales de Puebla y Tlaxcala busquen a través del dialogo y el consenso una solución al conflicto sobre límites territoriales entre ambas entidades federativas, que permitan la paz social y evite una escalada de violencia.
Lo anterior bajo una óptica humanista, donde las personas que habitan en las zonas en conflicto tienen el derecho a saber con certeza quién es su autoridad y accedan a los servicios públicos, condición fundamental para la consolidación de la paz y calidad de vida de los habitantes de las zonas límite de las dos entidades.
Por los razonamientos antes expuestos sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los señores gobernadores de los estados de Puebla y Tlaxcala para que en el ámbito de sus atribuciones promuevan con la brevedad un convenio que genere una resolución definitiva de los diferendos limítrofes entre ambas entidades federativas con el objeto de ofrecer certeza legal y territorial a sus pobladores.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala para que, una vez que convengan una resolución definitiva sobre los diferendos limítrofes, soliciten la aprobación del convenio por parte del Senado de la República y se logre una solución que garantice el orden público y la paz social en la zona limítrofe en controversia entre las entidades federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2012.
Diputados: Sergio González Hernández, Oralia López Hernández, Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a trabajar con el gobierno de Guerrero a fin de impulsar un programa especial para el desarrollo de habilidades tecnológicas en el estado a través del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, a cargo de la diputada Rodolfina Gatica Garzón, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Rodolfina Gatica Garzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral I, fracción I y II, numeral 2, fracciones I y II y demas aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a trabajar coordinadamente con el gobierno de Guerrero a fin de impulsar un programa especial para el desarrollo de habilidades tecnológicas en el estado, a través del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica de la SEP, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2010, Guerrero tenía hasta entonces un total de 3 388 768 habitantes, por lo que ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional.
Por lo que respecta a la distribución de población en la Entidad, se distribuye la mayoría en las zonas urbanas cerca del 57 por ciento y el restante 43 por ciento habita en el medio rural; a nivel nacional su asentamiento representa 76 por ciento y 24 por ciento, respectivamente.
El impacto social de la escolaridad es profundo, en Guerrero, la población de 15 años y más en promedio, ha concluido primero de secundaria (grado promedio de escolaridad 7.3).
De cada 100 personas de 15 años y más:
15.3 no tienen ningún grado de escolaridad.
55.5 tienen la educación básica terminada.
0.2 cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada.
16.6 finalizaron la educación media superior.
11.7 concluyeron la educación superior.
0.7 no especificado
En tal virtud, debe ser prioritario para el Estado mejorar sus capacidades educativas e ir más allá, superar las expectativas de la población joven que espera tener una actividad remunerada en el futuro y ampliar los espacios de formación y desarrollo profesional.
La Ciencia y Tecnología debe ser una prioridad para Guerrero, por ello, es de reconocer los programas de la formación de emprendedores y la incubación de negocios de base tecnológica que han tenido su origen en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. A la fecha este sistema está constituido por 249 instituciones, de las cuales 114 son institutos tecnológicos federales, 129 institutos tecnológicos descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet). En estas instituciones, el SNEST atiende a una población escolar de 387 mil 414 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal.
Cabe señalar que Guerrero era la única entidad federativa que a la fecha no contaba con una reglamentación en la materia, a pesar de existir un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología creado desde hace ya diez años.
Es conocido por muchos de nosotros, el hecho y la idea de que la mayor parte de la ciencia se hace en los países desarrollados, y también que el conocimiento generado por la misma ciencia influye en gran medida en el desarrollo de esos países. Comprender la ciencia, desde luego que no es tarea fácil ni para los científicos y ni para la sociedad, tampoco lo es ordenar la información y el conocimiento que la hace posible.
Se requiere que los estudios preuniversitarios –desde la educación básica hasta el bachillerato- provean un conjunto coherente de conocimientos que lleven a cualquier individuo a ver de manera objetiva y a poner en práctica tan sólo el método para la solución de un problema de cualquier índole. La calidad de la educación se refleja en las habilidades que adquieren los alumnos para comunicarse, es decir lectura, escritura, comunicación verbal y saber escuchar; para resolver problemas matemáticos y para desarrollar el pensamiento crítico y deductivo.
El apoyo a la educación, la capacitación y la ciencia debe convertirse ya en un proyecto prioritario en Guerrero, con visión a corto mediano y largo plazo. De otro modo seguiremos abonando, debido, entre otras cosas, a la educación deficiente y el descuido irresponsable a la investigación científica, una historia de pobreza, inequidad y subdesarrollo con un futuro poco alentador. La comunidad científica necesita hacer sinergia con los tomadores de decisiones, con el órgano de administración de financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se hace también necesario que los investigadores se vinculen más estrechamente con todos los sectores de la sociedad y viceversa, principalmente con los sectores productivo e industrial para que las ideas se traduzcan en hechos concretos, así como con el sector académico para que se impulsen desde las universidades y tecnológicos programas que fortalezcan posgrados de calidad que trasciendan en políticas educativas y científicas de largo aliento, y en el impulso de profesionistas y científicos con la preparación académica, la visión y el compromiso necesario. Se requiere de una investigación científica integral acorde a la historia e identidad cultural del estado.
Aunque si bien es cierto, el panorama actual es todavía modesto, hoy en Guerrero, se debe trabajar en actividades, proyectos y programas que a través del Consejo de Ciencia se promuevan en beneficio del Estado.
Asimismo, se debe trabajar en la reactivación de proyectos de investigación con apoyo de los gobiernos federal y estatal, en la creación de un sistema estatal de investigadores y en el reconocimiento y valoración a la labor desarrollada por las personas dedicadas a trabajo científico, además de promover en la sociedad una cultura que valore la ciencia.
Por lo anterior, considero necesario que el gobierno de Guerrero en coordinación con el Ejecutivo federal implanten políticas públicas en beneficio de los jóvenes y las generaciones futuras, mediante la correcta designación de los recursos hacia los institutos tecnológicos ya que serán las áreas de mayor rentabilidad en un futuro cercano y darán mayores capacidades al estado para reaccionar a los cambios tecnológicos, sin dejar de lado que la oferta educativa de esta especialidad es pertinente para el desarrollo de las regiones del país que subsisten gracias a un sector industrial moderno.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a trabajar coordinadamente con el gobierno de Guerrero a fin de impulsar un programa especial para el desarrollo de habilidades tecnológicas en el estado, a través del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica de la SEP.
Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2012.
Diputada Rodolfina Gatica Garzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar los efectos negativos que tendría cerrar el acceso a México por la garita de San Ysidro, en Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79 y demás relativos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:
Considerandos
1. Desde hace varios años, la garita de San Ysidro ha sido la frontera más congestionada del mundo, como bien sabemos esta garita divide a las ciudades fronterizas de Tijuana, Baja California, y el área metropolitana de San Diego, California.
2. Para 2008 la población total de la región, fue estimada en 4.9 millones de personas, lo cual representa el área metropolitana binacional más grande de la frontera entre Estados Unidos y México, aunado a esta población, debemos sumar los visitantes y turistas que cruzan por esta frontera, misma que se ha convertido en la más transitada del mundo superando aproximadamente 42 millones de cruces fronterizos, de los cuales la gran mayoría son de personas que trabajan, que viven en Tijuana y trabajan en San Diego o en el sur de California o viceversa.
Actualmente, el acceso a México por esta garita se hace por la carretera interestatal 5, misma que corre desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México en San Ysidro, en donde se encuentra el puerto fronterizo que comunica a ambos lados de la frontera.
3. En fechas pasadas la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió al gobierno norteamericano una nota diplomática en donde se les informa que el acceso hacia nuestro país sería rediseñado y se cancelaría el actual, por la garita de San Ysidro, también llamada “Puerta México”.
En esta nota diplomática se establece que a partir del mes de septiembre de este año 2012, entrará en vigor la ruta alterna para el acceso a México y la cual estará vigente por 5 años aproximadamente, ya que el gobierno mexicano, cerrará el acceso vehicular y peatonal por la garita de San Ysidro para desviarlos hacia el Chaparral.
4. Según estudios de entidades públicas, como la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag) por sus siglas en inglés, así como por (Servicios Generales de Administración (Caltrans) y representantes de la ciudad de Tijuana, coinciden en que habrá impactos negativos en ambos lados de la frontera, en cuanto a la medida que el gobierno mexicano ha tomado para cerrar esta garita, todo esto demostrado en estudios de enfoque que fueron solicitados por autoridades de la ciudad de San Diego.
En este estudio se establece que el tráfico y en general los cruces serán encaminados a la garita del Chaparral, abriendo para el acceso solamente 2 líneas de cruce y cerrando las 6 filas que se tienen en la actualidad por la Puerta México.
5. En los últimos cuatro años las garitas de Tijuana han dejado de ser las más transitadas del mundo, se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento, incluso actualmente se han perdido más de 70 mil empleos, y el agravante de las demoras en el cruce fronterizo, lo cual arroja como resultado la pérdida de alrededor de 4.5 millones de horas laborales, tan sólo en la región de los estados de California y Baja California, a esto habría que sumarle las pérdidas de empleo, horas laborales traducidas obviamente en económicas.
Aunado a medidas que se han implementado en la frontera norte de nuestro país, como la implementación del Sistema de Revisión Vehicular (Siave), la restricción del uso de dólares, por mencionar algunas, se afectará aún más la ya de por sí tambaleante industria del turismo, habrá afectaciones mayores en el tráfico de entrada a nuestro país y las horas que se perderán en los tiempos de espera se agravarán de manera significativa.
Está demostrado, que estas afectaciones se harían en contra no solamente del municipio de Tijuana y la zona metropolitana de San Diego, a su vez afectaría a habitantes de los municipios de Ensenada, Tecate, Rosarito y todo lo que esto implica en el desarrollo de la región.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de Administración Tributaria, a que analicen detenidamente los impactos negativos que tendría cerrar el acceso a México por la garita de San Ysidro en Baja California, con la finalidad de que se abstenga de cerrar el acceso a nuestro país por dicha garita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2012.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHF, del Infonavit, del Fovissste, de la Conafovi, del Fonhapo y del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda a implantar un plan con medidas en apoyo de menores de 35 años a fin de beneficiarlos por la opción de viviendas para arrendamiento con opción de compra, a cargo de la diputada Rodolfina Gatica Garzón, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Rodolfina Gatica Garzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sociedad Hipotecaria Federal, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, del Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares y del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda a implantar de manera coordinada un plan de vivienda que tenga por objeto establecer un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a los jóvenes con edad inferior a 35 años, para que puedan ser beneficiados con la opción viviendas para arrendamiento con opción de compra para jóvenes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Fortalecer a la familia es un propósito primario de toda sociedad. Ahí, el ciudadano adquiere los valores fundamentales y las capacidades primarias para su posterior desempeño en la vida moderna. De la integridad familiar, de sus niveles de bienestar y de un ambiente propicio para la sana formación de los hijos depende la fortaleza presente y futura del capital humano de México y de los profundos atributos solidarios de los mexicanos.
La vivienda es el espacio en que la familia encuentra estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial, sentido de pertenencia y el entorno necesarios para el desarrollo integral del ciudadano, de la pareja y de los hijos. Es por ello uno de los indicadores básicos del desarrollo humano de las naciones.
Las necesidades de vivienda de la población con edad inferior a 35 años son un desafío permanente para nuestro gobierno. Y lo son porque el ritmo a que se multiplican los hogares y los requerimientos de conservación habitacional no siempre corresponde a los recursos de inversión disponibles, al potencial productivo de la industria y a la capacidad de compra de las familias.
Poner al alcance de las jóvenes familias mexicanas la vivienda que requieren no sólo satisface una demanda social sino, también, impulsa el crecimiento de la economía y del empleo y derrama recursos que permiten a la familia hacerse de una casa.
Por ello, el reto de ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda a la población joven, anticipando las tendencias demográficas y haciendo frente al rezago existente, supone multiplicar los recursos de inversión; mejorar las condiciones de financiamiento; abrir opciones de vivienda a los menores costos, nueva, usada, rentada o autoconstruida; e impulsar la máxima productividad de los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, a través de la modernización de sus estructuras institucionales y formas de operación.
De acuerdo con La necesidad de vivienda nueva urbana para 2012, estudio realizado por el Infonavit con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en México se requiere construir aproximadamente 650 mil casas nuevas cada año para atender tanto los nuevos hogares que se forman por la dinámica demográfica como por hacinamiento en las viviendas o sustitución por deterioro debido a su antigüedad.
En el documento, ambos organismos sostienen que de esas 650 mil casas nuevas, el Infonavit debería financiar como máximo un total de 300 mil, pues por encima de ese número es posible que se generen excesos de inventario que contribuyan a la problemática de vivienda abandonada.
En los últimos 6 años, el Infonavit ha financiado la compra de un promedio anual de vivienda nueva del orden de 344 mil 529 viviendas nuevas; sin embargo, persiste un déficit de vivienda para jóvenes.
Por eso propongo ante esta soberanía que el Ejecutivo federal, con los gobiernos de los estados, implante un plan de vivienda que tenga como objeto establecer un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a los jóvenes con edad inferior a 35 años, para que puedan ser beneficiados con la opción de viviendas para arrendamiento con opción de compra para jóvenes, auspiciadas por los organismos de vivienda federales y estatales.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a los titulares de la Sociedad Hipotecaria Federal, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, del Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares y del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda a implantar de manera coordinada un plan de vivienda que tenga por objeto establecer un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a los jóvenes con edad inferior a 35 años para que puedan ser beneficiados con la opción viviendas para arrendamiento con opción de compra para jóvenes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2012.
Diputada Rodolfina Gatica Garzón (rúbrica)
