De la Comisión de Justicia, correspondiente a la vigésima séptima reunión, celebrada el miércoles 9 de noviembre de 2011
En el salón de usos múltiples número 3 del edifico I, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:15 horas del día 9 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima séptima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca (sentido positivo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de espionaje (positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quáter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de armas de fuego (sentido positivo).
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido positivo).
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido positivo).
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces.(sentido positivo)
11. Asuntos generales.
12. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día cuatro de noviembre de 2011.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente de la Comisión de Justicia
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 19 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martin Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ma. Antonieta Pérez Reyes, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
Tomaron la palabra las y los siguientes diputados:
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: He solicitado por escrito la incorporación de dos dictaminaciones una es la minuta con proyecto de decreto para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa por la que se expide la ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 constitucional, que es una propuesta que estamos acompañando con respecto a la reglamentación de la Corte Penal Internacional. Y había solicitado de manera verbal la dictaminación de la reforma al artículo 44 del Código Penal que el diputado Arturo Zamora está impulsando.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Analizando el orden del día, yo quiero hacer una petición muy amable, a ver si nos puede conceder que el día de hoy en esta sesión no se analice ni se discuta, y menos se apruebe el dictamen de la minuta de proyecto de dictamen sobre la Ley de Lavado de Dinero.
Hay varios argumentos al respecto que están sustentando mi petición, una de ellas es que si bien va a ser un proyecto, y va a ser una votación en comisiones unidas, yo creo que es muy importante que en esta comisión se debata, y se desahoguen todos los puntos de diferencia que traemos con respecto al proyecto que se pretende votar.
A mí me gustaría que lo bajáramos del orden del día, y que pudiéramos agendar hoy mismo, una fecha nueva para una sesión de esta comisión, en la que solamente nos ocupáramos de analizar este proyecto, artículo por artículo.
Es un tema de mucha relevancia hay bastantes diferencias, o por lo menos, bastantes temas que pudiéramos discutir, en relación al proyecto que se está presentando por parte de la Comisión de Justicia. Considerando por ejemplo, que la Comisión de Hacienda tardó creo que cuatro sesiones completas en sacar su dictamen, yo no veo por qué nosotros no cuidemos de dedicarle el tiempo correspondiente, así cuando lleguemos a comisiones unidas, los temas de nuestra comisión se habrán desahogado en particular en nuestra comisión, y yo estoy segura que el tránsito de la votación en comisiones unidas fuera más fácil.
Es una petición muy concreta, pero además, me acaba de llegar una carta que nos envía el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde hace referencia a un documento que nos hicieron llegar a los diputados del PAN, por parte de la fundación, en donde la fundación comenta que el dictamen está atendiendo todas las observaciones y los puntos tomados en cuenta, y votados en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público está desconociendo ese documento de la fundación que nos envió a los diputados del PAN, entonces, en función de esta diversidad, perdón, de esta diferencia de opinión, que en el fondo es importante, sí le quiero hacer la petición de que fuera retirada de esta sesión, pero que también podamos convocar ahorita mismo, a una fecha en la que se pueda revisar solamente este tema.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Solamente como responsable de coordinar los trabajos en la subcomisión que se integró para elaborar el dictamen que vamos a poner a consideración de esta comisión solamente es para referir, que el presidente nos ha instruido distribuirlo entre ustedes, para que puedan tener oportunidad de revisarlo, de opinarlo.
Ya está validado por los miembros de la subcomisión que somos de los distintos grupos parlamentarios, por el PAN, por el PRD, por el Verde, y obviamente, por el PRI, y quisiéramos que ustedes tuviesen tiempo de revisarlo, para que en la siguiente sesión se pudiese agendar, y tuviéramos con oportunidad sus comentarios, para fortalecer el predictamen que seguramente, con el apoyo de ustedes podrá ser un dictamen.
Y sólo en ese sentido, platicarles, comentarles, que el 25 es el Día de la No Violencia Contra la Mujer, entonces, que ojalá ese día pudiésemos conmemorar con aprobar en el pleno esta reforma, que ha sido planteada desde su origen, por todos los grupos parlamentarios, y que ha sido procesada también, de la misma manera. Sólo quiero dejar esto en la agenda, señor presidente, y también en el interés de mis compañeros y compañeras, para que abran su correo, y puedan revisar el predictamen.
El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza comentó: Sólo en el mismo sentido en relación al punto siete que tenemos en primer turno en la Comisión de Defensa, ojalá, sé pudiera también dejarlo pendiente, a efecto de que en aras de la economía procesal legislativa no tengamos contraposición.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: En primer lugar, yo no creo que ningún oficio de otra comisión se deba tomar en cuenta en esta comisión, pues somos independientes, si no, nunca vamos a dictaminar nada, menos si se refiere a la cortesía, porque la Comisión de Hacienda nunca nos dijo qué dictamen iban a hacer, lo dictaminaron y luego nos lo mandaron.
Si eso se refiere a la cortesía, yo recuerdo que hace dos semanas, más de dos semanas circulamos el anteproyecto que el diputado Zamora y yo, gente de la subcomisión hicimos y dimos un término perentorio para que enviaran observaciones, o sea, que no las envió, me parece que en este momento votar un proyecto, no un dictamen —hay que diferenciarlo— el proyecto es para que tengamos una base de discusión con comisiones unidas. Claro que también es perfectible, eso lo quiero dejar también muy asentado, pero el día de hoy, lo que se pone a consideración es un proyecto de dictamen; si aprobamos ese proyecto de dictamen, entonces, tenemos una base para después citar a la Comisión de Hacienda, y en comisiones unidas discutir artículo por artículo, para lo que vayamos nosotros discutiendo, se vaya aprobando, mejorando, adicionando o devolviendo a comisión. Yo estaría en condiciones el día de hoy, en votar el proyecto, porque creo que es un trabajo que se ha venido aplazando más de un mes.
Me parece indiscreto que el presidente, que es de mi partido, pero me parece una cuestión indiscreta y de muy mala gana, que le circulemos el predictamen nosotros, de buena fe, y que lo desconozca ahorita.
Entonces, hay que circulárselo formalmente, para que diga que ya tiene el dictamen, porque si no, la siguiente sesión nos va a decir que “ese proyecto que dicen que teníamos, que no le gusta”, pues hay que enseñarle entonces, el proyecto si lo aprobamos, de manera oficial y hay que entregárselo para que tenga una base de discusión, porque repito, me parece de muy mal gusto este oficio firmado por ausencia y entregado ahorita a la Comisión de Justicia.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: En relación al planteamiento de la diputada Carolina, nos acabamos de comprometer a hacerle llegar alguna opinión para fortalecer, o para considerar o consensuar con ella la propuesta.
Estamos de acuerdo en que ese dictamen en una siguiente reunión se pudiera abordar.
A mí me parece que el tema de este anteproyecto de dictamen, en relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones, con Recursos de Procedencia Ilícita ha tenido un procesamiento por esta comisión.
Creo que hemos sido muy pulcros en permitir que todo mundo se exprese. Sí creo yo que la mayor parte de las consideraciones nuestras están consideradas en el dictamen. Tenemos dos cosas que, si no se pudiera hoy, porque así lo decida la comisión, en las comisiones unidas presentaríamos son propuestas de redacción; precisiones que nosotros quisiéramos.
Caso concreto por ejemplo, lo de la solicitud de información que se hiciera a los organismos autónomos, que en este caso, los descentralizados no vemos ningún problema, pero en el caso del IFE, de otros organismos autónomos habría que precisar en una redacción más concisa, la exigencia y la obligación de que proporcionen información.
Y además estarían obligados a hacerlo, y otro detalle que queda también un poco impreciso es que tiene que haber una denuncia de la secretaría, para que se pueda activar el procedimiento en este caso, de integrar una averiguación por el Ministerio Público. Ahí también tenemos unas consideraciones.
Pienso que también requiere de más tiempo, ahorita tenemos ocho dictámenes, me parece que la discusión de este dictamen si requiere de un tiempo mayor, a pesar de que ha habido, insisto, bastantes aportaciones y tiempo para discutir.
Yo quisiera que se considerara nada más la posibilidad de una sesión especial para este tema, nada más.
La diputada Nancy González Ulloa comentó: Comparto la inquietud y la preocupación de mi compañera Antonieta, creo que un tema tan importante como una ley nueva de lavado de dinero atendiendo a parte la carta de presidente de la Comisión de Hacienda, te digo, no me allano a lo que él está diciendo.
Sin embargo, sí creo que debe de ser atendible a cuáles son sus preocupaciones. Está bien, se dice que es un proyecto que se puede ahorita votar, pero creo que es una ley que tiene 64 artículos y que están haciendo modificaciones alrededor de 40, me parece preocupante que lleguemos a votaciones a comisiones unidas y no saber cuál es la postura real de cada grupo parlamentario, yace una postura de la diputada Antonieta, es una postura mía, es una postura de la diputada Sonia que no está presente, de la diputada Leticia, somos del grupo parlamentario de Acción Nacional y con todo respeto de nuestro compañero Óscar Arce, que estuvo dentro de las negociaciones de este dictamen, creo que está es una postura de Grupo Parlamentario, no solamente de un compañero.
Entonces, sugiero también presidente, que es un tema que si necesita de un verdadero análisis, no de allanamiento a la Comisión de Hacienda, pero si de un análisis de cuáles son sus preocupaciones y qué como grupo parlamentario queremos y nos preocupa que se pueda ver plasmada en esta iniciativa.
Entonces, comparto la opinión y también solicito de la misma manera que no se pueda votar hoy, hasta que no haya un verdadero consenso dentro del grupo parlamentario, igual dentro de todo el pleno de esta comisión.
La diputada María Antonieta Reyes comentó: En relación con el documento que nos envía el presidente de la Comisión de Hacienda, quiero precisar que no va dirigida a la Comisión de Justicia, creo que el presidente de la Comisión de Hacienda mejor que nada conoce la cuestión de diplomacia parlamentaria y de reglamentación. Es un documento que va dirigido a los diputados del PAN como Grupo Parlamentario.
Como dice Nancy también, creo que también tenemos la responsabilidad de atenderla, como grupo parlamentario y entiendo que finalmente llegaremos a una sesión de comisiones unidas en donde se van a analizar los puntos de diferencia.
Sin embargo, como bien se ha comentado aquí, ya serían tres posturas diferentes, las de la Comisión de Hacienda, las de la Comisión de Justicia y la que está presente dentro de la misma bancada del PAN.
Entonces, creo que la secuencia lógica de atender estas diferencias de opiniones que primero en nuestra comisión se resuelvan los temas como bancadas y una vez que salga un documento consensado por las bancadas, discutiendo todos y cada uno de los puntos que esta ley establece, entonces sí vayamos a comisiones unidas donde ya habría, espero que no sea muy relevante, las diferencias entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia. El tema principal es que la bancada del PAN dentro de esta comisión tenemos diferencias de opinión respecto al dictamen que se está presentando.
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: Por un lado coincido con la inquietud de la diputada María Antonieta y la diputada Nancy, creo que es importante y atendible lo que ella señala. Pero, creo que tenemos una responsabilidad, pero creo que también tenemos una responsabilidad, hace 15 días que se circulo un proyecto de dictamen y que a la luz y al amparo del documento creo que no quisiera que ahorita pareciera que nos estamos sorprendiendo que se nos está circulando este documento.
La responsabilidad de atender un proyecto que ha sido circulado previamente y se ha puesto a consideración de esta comisión, pero que es la responsabilidad de todos los presentes de atender su análisis para llegar a este momento a su disposición y desde luego eventualmente continuar con su procedimiento parlamentario.
Creo, y no me queda la menor duda, que el documento y el tema que nos aborda el día de hoy es el tema de lavado de dinero es por demás fundamental. Detener hoy el dictamen creo que sería un error parlamentario y creo que sería una falta de respeto al trabajo de esta propia comisión.
La Comisión de Hacienda hizo su labor, su análisis y ellos en la autonomía de su decisión decidieron aprobarlo.
Esta comisión ha llevado a cabo sus trámites, su análisis frente a una subcomisión de análisis sobre este tema en particular y creo que ya se ha puesto en consideración. Creo que una postura que pudiese conciliar de la inquietud de lo que aquí se ha expresado, es en efecto aprobar el proyecto como hoy se está poniendo a consideración y abrir una mesa de trabajo de las dos comisiones en donde antes de que se citen a comisiones unidas de Hacienda y de Justicia, hay una mesa de trabajo de ambas comisiones, que permita llegar a la sesión de comisiones unidas con un dictamen, digamos, acordado por ambos.
¿A qué nos va a obligar? En primer lugar, a ya no detener el procedimiento de análisis y discusión de este dictamen. En segundo lugar nos va a obligar que nos metamos a un tema que no nos puede llevar más tiempo y que nos va a obligar de manera invariable a que de manera conjunta tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Justicia nos sentemos en una mesa de trabajo y las inquietudes que ahorita con justa razón hacen valer tanto la diputada Nancy, como María Antonieta, vuelvo a reiterar, el diputado Pedro y quienes aquí se ha expresado nos van a obligar que de manera formal a entrar a un análisis más serio, pero ya sobre la base de un documento. Perfectible, sin duda alguna, pero eso es parte de la discusión.
Lo que creo que ya no podemos hacer es detenerlo cuando ya se puso a consideración un proyecto hace más de 15 días a esta comisión.
Luego la propuesta en concreto presidente es abordar el dictamen, aprobarlo el día de hoy y que se cree una comisión que junto con la Comisión de Hacienda puedan establecer una mesa de trabajo entre diputados de ambas comisiones para que previo a que sesionen las comisiones unidas, se hayan abordado las inquietudes que aquí se puedan inclusive externar.
Traigo observaciones, se me han hecho llevar observaciones, tengo observaciones sobre este dictamen, pero creo que lo que menos podemos es seguirlo deteniendo y deteniendo, porque nunca vamos a tener formalmente un documento sobre el cual nos tengamos que sentar con la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto me sumo y quisiera proponer abordar el temas y como acuerdo de esta comisión que se cree una comisión de trabajo con la Comisión de Hacienda para que previo se sesionen las comisiones unidas, en esa mesa de trabajo se puedan intercambiar, se pueda visualizar todas y cada una de las inquietudes los diputados aquí traen.
No hacerlo sería volverlo a detener en algo que ha sido nuestra responsabilidad haberlo analizado, pero tampoco podemos pasar por encima de inquietudes aquí muy validas y observaciones muy validas que seguramente traerán y que desde luego tendremos que encontrar un mecanismo de diálogo y de consenso entre las comisiones unidas para que institucionalmente lo podamos sacar.
Creo que es una propuesta que puede abordar ambas posturas, que nos permite conciliar a ambas, y creo que podría eso habilitar un campo de consenso con las comisiones, sobre todo con las aquí presentes.
La diputada María Antonieta Reyes comentó: Insisto en mi petición por varios temas, el votar ahorita el proyecto sin que lo conozcamos a fondo no va hacer el mismo efecto para que luego se hagan convocatorias para mesas de trabajo.
Se propone que se vote el día de hoy, entonces yo solicitaría que antes de la votación revisáramos punto por punto, artículo por artículo y que se vaya revisando cada uno. Son 60 artículos, si nos va a llevar cinco, siete horas, nada más estar en ese acuerdo en que estaremos aquí las siete horas que nos requiera revisar artículo por artículo.
La otra, finalmente... sí, así es, en consideración de que el diputado Rétiz acaba de comentar que él también trae observaciones, yo traigo casi las mismas reservas que artículos del proyecto de dictamen de justicia.
Si va a ser de esa manera, vamos a someter a revisión ahorita mismo artículo por artículo, vamos votando uno por uno y entonces a lo mejor sería conveniente, posteriormente, las mesas de trabajo con la comisión de Hacienda, antes de la votación en comisiones unidas.
Pero lo que yo no quiero y no me gustaría y no quisiera ser responsable de esa autorización es de que aquí en esta comisión se votara un dictamen tan importante sin que se revise punto por punto y se analicen las diferencias de opinión que pueden traer cada uno de los compañeros de las diferentes bancadas.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Estamos en este momento en la fase del procedimiento de esta sesión de comisión vigésima séptima, si mal no recuerdo, votando lo que sería el orden del día.
En el orden del día se incorpora precisamente este tema que ha sido motivo de diferentes intervenciones, todas muy respetables y muy respetuosas. Yo rescato algún par de cosas de algunas de las intervenciones.
La diputada Enoé Uranga dice con toda precisión que las observaciones sobre el dictamen, el PRD las atendió y fueron atendidas también, o sea, el PRD realizó sus observaciones y se encuentran reflejadas en el dictamen.
El Partido del Trabajo, a través del diputado Pedro Vázquez, nuestro compañero y amigo también, presentó algunas observaciones, algunas fueron atendidas y otras no. Y como ustedes recordarán, no es la primera sesión para dictaminar este asunto.
Ésta, prácticamente, sería la tercera sesión para dictaminar el asunto. A mí lo que me preocupa mucho o me preocupa sobre manera es que la iniciativa que se presenta por parte del Ejecutivo federal tiende a frenar un problema muy importante en el país que son las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, según escuché desde el primer día que se presentó la iniciativa, era muy importante dictaminar esto porque las organizaciones criminales estaban precisamente financiándose de manera indebida y con todo esto se había generado un esquema de una lucha un tanto cuanto desigual por parte del gobierno federal contra la delincuencia organizada.
Me llama poderosamente la atención que hoy algunas compañeras diputadas de Acción Nacional pretenden ponerle a un dictamen, que es importante para el país, el freno.
Pretenden que no se dictamine un trabajo que a todas luces en él hemos venido participando diputados de todos los partidos políticos, hemos venido revisando, actualizando, comparando, recibiendo opiniones por escrito, opiniones verbales, de entidades privadas, de entidades públicas, de compañeros diputados, de asesores de toda índole.
No es un trabajo que forme parte de un capricho o de una ocurrencia. Es un trabajo metódico que además se consensuó, si ustedes bien recuerdan, se consensuó que se nombrase una comisión redactora, se votó a favor, la ocasión anterior todavía presentamos el documento, se dieron a conocer algunas de las líneas generales, se votó también por unanimidad, ahora, sí me llama poderosamente la atención.
Yo no creo que ésa sea la intención de Acción Nacional, frenar una herramienta muy importante que el Estado mexicano necesita tener para combatir de manera más eficaz a los delincuentes en el país, porque entonces entraríamos en una contradicción.
Yo he escuchado que se dice: la Cámara de Diputados tiene frenado y no nos da esta... Hoy que la queremos trabajar, hoy que queremos votarla, ya llevamos prácticamente 45 minutos discutiendo si la discutimos o no y, por supuesto, por lo menos desde mi perspectiva, no hay ningún temor de que se hagan todas y cada una de las observaciones, al contrario, habría mucho interés de escuchar cada una de las observaciones en cada uno de los artículos, que hagamos la discusión, porque finalmente a través de este trabajo, que es precisamente el trabajo en comisiones, es cómo de alguna manera podemos facilitar la tarea de las dos comisiones.
Es cierto que podemos dictaminar, pero tampoco podemos frenar un trabajo que ha costado bastante inversión de tiempo, de conocimiento, de experiencia, porque hoy día se ponen de acuerdo, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones las cúpulas y se avisan y dicen: pues PAN y PRD vamos a decirles que saquen de la agenda este asunto.
Estamos incurriendo en una terrible contradicción. Yo espero que en este planteamiento no haya una intención de prorrogar algo, que se ha dicho, es muy importante para el país. Yo estoy a favor de que se discuta, estoy a favor de que se analice, estaré a favor de invertir el tiempo que sea necesario, de analizar cada uno de los artículos, de eso no hay temor por supuesto, y por supuesto me parece muy importante pedirle aquí a las diputadas y diputados si el asunto lo consideran suficientemente discutido, pues que lo votemos, si entramos a su análisis o finalmente lo bajamos, porque argumentos pueden ir a favor o en contra, pero me parece que también el tiempo, incluso, para la dictaminación de este asunto puede ir en contra de los objetivos que el Estado mexicano está necesitando para poder dictaminar una minuta muy importante que forma parte del trabajo que ya realizó el Senado.
Y que, finalmente, también al diputado Ezequiel Rétiz, finalmente no estamos nosotros trabajando en el vacío. Empezamos a hacer este trabajo en función del trabajo preliminar que realizó la Comisión de Hacienda, con quienes mantenemos una magnífica relación, de tal manera que yo creo que detener el dictamen —lo digo textualmente, como lo planteaba el diputado Rétiz de manera muy certera— sería un error.
Me parece que no podemos seguir frenando el análisis legislativo en temas tan importantes que tienen que ver con el combate al crimen organizado, que tienen que ver con que el Estado mexicano necesita tener mejores herramientas y para eso estamos aquí, si hay que mejorar el dictamen vamos trabajando en mejorar el dictamen y no en retrasar la dictaminación de esta nueva herramienta. Por lo tanto yo pido, si son tan amables, que pudiésemos mejor someter a votación si se retira o se trabaja de una vez en él.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Gracias, discúlpenme, que sea tan insistente, pero por lo menos si quiero que quede asentado en el acta del día de hoy mi postura con respecto a este tema.
Quiero hacer unas precisiones. Diputado Zamora, nadie está pretendiendo detener una ley tan importante y no confundamos a la escasa ciudadanía que nos debe de estar escuchando, no la confundamos, haciéndole creer porque queremos que sea una ley más adecuada al uso de la justicia estamos pidiéndola detener, no hay que confundirnos.
En el punto número dos del orden del día este fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la vigésima sexta reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto número cuatro es análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).
Acuerdo: Que se establezca el grupo de trabajo, se reúne el día miércoles 16 de noviembre y el 23 de noviembre se citaría a reunión de comisiones unidas para discutir la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría con quince votos a favor y tres en contra.
El punto número cinco fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca (sentido positivo)
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: En el punto número cinco, es una visión al artículo 420 del Código Penal Federal, que actualmente dice que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por equivalente de 300 a 3 mil días multa a quien ilícitamente dice el 420 segundo bis de manera dolosa, capture, trasforme, acopie, transporte, destruya, o comercia con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, dentro y fuera de periodos de veda sin contar con la autorización que corresponde en cantidad que ceda 10 kilogramos y cuando las conductas a las que se refiere la presente fracción se comentan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164, de este código se estará en el artículo 194 del Código Federal de procedimientos penales.
Aclaro, eso es lo que dice actualmente. El diputado proponente estaba sugiriendo que se adicionen otras especies.
Entonces, quedaría abulón y langosta, como está en este momento, él está sugiriendo que se incluya camarón, erizo, y pepino de mar. Es para la protección de la fauna acuática. Entonces, la comisión ha considerado que es importante y que es procedente.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Pues nosotros seguimos planteando que no estamos de acuerdo que se incrementen las penas y mucho menos que el catálogo de delitos graves se aumente. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos, sé que no habrá de respuesta inmediata, pero con la pesca que está haciendo, está cumpliendo con su labor de supervisión de vigilancia, pero con la pesca qué está haciendo, está realmente vigilando a los grandes empresarios que son los que realmente están utilizando toda la técnica y toda la herramienta para la explotación de estas especies marinas.
Como ya lo hemos señalado, no consideramos conveniente el aumento de la penas, y este caso no puede ser la excepción. Porque no hemos nosotros en ninguno de los temas que hemos tocado a estas autoridades administrativas que no cumplen con su obligación y su responsabilidad, no les aplicamos ninguna sanción. Autoridades administrativas que tienen tareas y responsabilidades muy concretas, muchas de ellas no se realizan a cabo su trabajo, son omisas y nosotros nunca hemos visto porque nunca las sancionamos, porque no ampliamos.
El diputado Óscar Arce Paniagua comentó: Si quisiera hacer una observación en torno a este tema, no soy experto en tema de pesca, pero de las observaciones que me hizo la parte técnica, hay una gran diferencia en lo que está vedado, en lo que no se puede, con lo que se puede con permiso.
En este caso, si incluimos las dos especies, caerías dentro de un delito, porque ya ningún permiso te puede salvar. Es decir, ya está tipificado como delito, que es el artículo si no difiero, 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, como delito grave.
Entonces, si quisiera esa precisión que no fuéramos a caer en un tema en donde les estuviéramos prohibiendo a los pescadores, en definitiva, el poder por supuesto el ir por el camarón, que es el tema fundamental. Más que el tema de las penalidades.
Quisiera que se precisará muy claramente, si incluye, ya no se puede, porque las especies que están en este caso restringidas, en esta caso vedadas de manera permanente tienen un tratamiento diferente a las que están vedadas de manera temporal, como el caso actual del camarón que es cuando esta la temporada, te dan un permiso para que tú lo puedas ir a pescar.
Quisiera nada más eso, presidente, que se precisará muy bien, porque sino a lo mejor queriéndolo proteger le vamos a hacer un perjuicio mayor a los pescadores y ahora no van a poder ir por ese, que es algo que da sustento a muchísimas familias, principalmente toda la gente que viven en el golfo, la gente de Sinaloa, Etcétera.
El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comentó: Específicamente, el camarón es un producto que se da en esta zona, y seguramente en la mayor parte del país, y de eso viven la mayoría de las poblaciones, es decir, no nada más la utilizan para venderlo, con eso se alimentan, es decir, subsiste el pescador, tanto en el consumo del producto, como en la venta el producto.
Y actualmente, ya está regulado, tanto por la normatividad que se quiere adicionar, que es el Código Penal, y también, por las distintas normas administrativas que regulan el funcionamiento de la Semarnat y la Profepa.
Hoy se lo digo en serio, actualmente tenemos un problema verdaderamente delicado en el actuar de algunas autoridades que sí se tienen que cuidar mucho dos cosas. Una, efectivamente que el poblador, que la persona no cometa estos delitos en violación o afectación al medio ambiente, pero tampoco podemos llegar al extremo de dejar desprotegidos al primer ser que debemos proteger del medio ambiente, que es el ser humano.
Entonces, aquí diputado presidente, me parece que podemos, en un ánimo por ser más exhaustivos en la normatividad penal, podríamos, sin ser ése el propósito, afectar a comunidades con situación de marginación mayor y colocarlos en una situación en donde los pongamos como delincuentes, cuando no es el propósito.
Hay en esos lugares, estoy consciente de la máxima que reza que “el desconocimiento del derecho no exime en su cumplimiento”. Pero seamos conscientes de que hay lugares que definitivamente hoy, se les está complicando respetar normas administrativas, y que ya están las autoridades judiciales en materia federal, con personas ahí internadas, con la normatividad que ya se tiene. Me parece delicado aumentar este tipo de riesgos o sanciones.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Me preocupan dos cosas, la primera es ¿cuál es la razón de ser de las vedas? Es una prohibición para pescar, con el objeto de preservar las especies marinas, ésa es su razón de ser, independientemente de que el principal depredador es el hombre, estamos protegiendo, por eso surge el tipo penal.
Porque el hombre es el único que desquebraja la armonía de la naturaleza. Es el primer ecocida , del universo. Y desgraciadamente así es, eso lo dejo; yo entiendo la razón de ser de la iniciativa, me gusta en ese sentido, la otra, que no vayamos a excedernos.
Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por unanimidad.
El punto número seis fue el análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Espionaje, en sentido positivo.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Consideramos que el delito de Espionaje halconeo, o halconeo, ya se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal Federal, éste se encuentra en el Libro II Título I, que se refiere a los delitos contra la Seguridad de la Nación, en el Capítulo I de los Delitos de Traición a la Patria, y está ya señalada una penalidad.
Se prevé una sanción de 5 a 40 años de prisión.
Ahora bien, aunque no son los únicos, la mayor parte de quienes realizan labores de espionaje, o de halconeo es realizado en mayor medida, por servidores públicos o ex servidores públicos de instituciones policíacas del país.
Creo que ahí es donde deberíamos de insistir, y para erradicar este problema. Ha sido demostrado que es el mayor número de personas las involucradas en estas actividades ilícitas. Y una vez más, nos dejan a esta Cámara de Diputados aumentar las penas, y no lo hacemos otra vez, depurando a malos servidores públicos, y la pregunta es, ¿y los exámenes de Confianza? ¿Y la certificación que por ley están obligados a realizar todos los cuerpos de seguridad en el país? Voy a dar un ejemplo, pero lamentablemente el estado de Nuevo León, en el mes de agosto de este año había más de 200 elementos de diversas instituciones policíacas acusados por el delito de halconeo.
¿A qué se debe? A los altos niveles de corrupción, pero también a los bajos salarios si nos pusiéramos a revisar cuántos elementos del Ejército, cuántos elementos de la Policía Federal, y de otras instituciones policíacas sirven a la delincuencia organizada, yo creo que nos asustaríamos.
Entonces, la verdad es que el mismo artículo 127 Bis, y es una pregunta que yo les hago a mis compañeros, todos aquí, destacados abogados, gente con una vasta experiencia, qué delito estamos creando esta comisión al establecer este artículo 127 Bis.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Cuando revisé el dictamen e hice el análisis, el título de espionaje , pues tenemos dos tipos de espionaje, prácticamente, en el Código Penal Federal; el que tutela el 127, como efectivamente lo preguntaba el diputado Pedro Vázquez, en el 127 se establece la figura de aquel agente nacional o extranjero, que en tiempo de paz o de guerra se dedican a la obtención de información para proveerla a un adversario o a un enemigo potencial de nuestro país, para que esto en un momento dado, nos exponga ante una situación determinada.
Ése es el espionaje encontramos también en otro capítulo del propio Código Penal Federal otra forma de espionaje, y es el que tiene que ver con aquella persona que, de alguna manera obtiene conocimientos o fórmulas importantes en el ámbito industrial, y estos los utiliza para proveerlos a otra empresa, o sea, espionaje industrial, espionaje comercial o espionaje de esta naturaleza.
Revisando el capítulo, en el 127 realmente, lo que se trata de proteger en el artículo 127, como bien jurídico, como bien jurídicamente tutelado es la seguridad nacional es la seguridad interior de nuestro país, en lo que se trata de proteger a través de la figura del espionaje, como está previsto en el Código Penal Federal, repito, es un objetivo muy claro, un objetivo determinado, la protección del Estado nacional frente a la posible invasión o en un estado de guerra frente a la situación de desventaja que nos puede colocar con otros países, ante una situación de guerra.
Entonces, cuando veo el documento, la justificación, en principio me parece muy bien que se castigue a las personas que están por ahí en una esquina, y que están observando a la autoridad, y que avisan que va a llegar la autoridad, y que esto por supuesto pone a la autoridad en condiciones de desventaja.
Eso me parece completa y absolutamente necesario. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, que el artículo 13 del Código Penal Federal establece claramente las formas de autoridad y participación en los delitos.
Me llama poderosamente la atención el pretender crear un nuevo modelo delictivo llamado espionaje , que no lo es, por supuesto, para castigar a aquellas personas que se colocan en una situación para informar a sus cómplices o informar a sus copartícipes sobre la presencia de autoridades o sobre el futuro, la realización de operativos.
Sin embargo, yo quisiera compartir a ustedes, que el 13 del Código Penal Federal establece que son autores o partícipes de los delitos —dice claramente— la Fracción I, los que acuerden o preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que los realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo —que es la inducción—, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión.
Ahí está ya prevista, precisamente ya una forma de participación en un delito, los delitos tienen formas de autoridad directas, y de autorías de coparticipación, y tienen también formas de colaboración, que están previstas en el artículo 13, precisamente, en todas estas figuras.
Lo decimos coloquialmente “tanto peca —como dice Enoé— el que mata a la vaca, como el que detiene la pata”: Aquí claramente quiero decir lo siguiente, cuál es el riesgo, cuando llego al tema del dictamen de la propuesta de iniciativa del compañero observo que se establece primero, una pena de 2 a 15 años de prisión.
Lo que estaríamos haciendo con este tipo de incorporación en un modelo delictivo con esta pena sería promover la impunidad. Y sería promover la impunidad desde un acto legislativo, por lo siguiente, porque si estas personas están colaborando para la comisión de delitos de secuestro, para la comisión de delitos de homicidio, para la comisión de delitos graves, de cualquier naturaleza; tráfico de armas, tráfico de drogas, lo que estaríamos haciendo, si llegamos a votar este dictamen en estos términos es crear una figura en la que les vamos a poner una pena mucho menor.
¿Cuál es la solución que se tiene en el Código Penal? Por eso la parte general del Código Penal establece claramente formas de autoría, y formas de participación del delito, y en el artículo 13 del Código Penal se establece con toda precisión, dice: “Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno, en la medida de su propia culpabilidad y por supuesto que tienen la misma sanción del delito”.
Entonces, yo he escuchado incluso versiones en el sentido de que hace falta armonizar tipos penales, modelos delictivos, y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, precisamente por la interpretación restrictiva del Derecho Penal, a que estamos obligados, por disposición del Principio de Legalidad, que ya les lea el presidente de la comisión, el doctor Humberto Benítez, en el artículo 14.
Luego entonces, si nosotros, en el ánimo de pretender castigar como una figura delictiva ésa, de las personas que se apostan en ciertos lugares, que informan, para evitar que sus cómplices sean detenidos, ésa es una forma de participar en un hecho de otro, y ellos, de alguna manera ya son corresponsables, desde el punto de vista de la parte general del Derecho Penal, de los delitos que cometan sus cómplices, o sea, estamos hablando de formas en las que la imputación, la imputación de resultados, el reproche del Estado va exactamente para unos, como para otros.
Por esa razón —y ésta es una discusión muy antigua, y por esa razón, la doctrina en el Derecho Penal ante la necesidad de resolver estos casos prácticos, en términos generales, tuvo que establecer formas de autoridad y participación en el delito, y establece claramente al autor directo, y establece quién es el coautor.
En la coautoría se determina claramente la distribución de cargas de trabajo, en donde a uno le toca —lo voy a decir en términos muy coloquiales— “echar aguas”, y a otro le toca cometer el delito, y a otro le toca llevarse el producto del delito.
Todos los que participan en este concierto delictivo serán responsables del delito de secuestro. No vayamos a decir entonces a decir, este joven, porque era el que estaba avisando, y estaba “echando aguas”, lo dejamos fuera del delito de secuestro.
Y le vamos a tipificar un delito que se vea casi, casi como el delito de “echar aguas”, y la producción de un pequeño doctor Frankenstein aquí, tipificando algo como delito de espionaje, razón por lo cual me parece, señor presidente, y compañeros diputados y diputadas, que debemos desechar esta propuesta.
Que si lo que queremos es establecer un modelo delictivo para este tipo de comportamientos, ya está previsto en la ley, en la parte general. Y en todo caso, el Ministerio Público cuando tenga que detener personas, y que lo hace, que acuda precisamente a esta fórmula del artículo 13 del Código Penal Federal, para que el autor directo, al autor mediato o al coautor, al inductor, y a todas las formas de participar en el delito, por supuesto tengan la posibilidad de imputarle el reproche del Estado por este tipo de comportamientos.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Definitivamente, el diputado Guillermo Cueva Sada es mi amigo, de Nuevo León, sin embargo, difiero mucho de él, en su propuesta.
Es un hecho frecuente, y común dentro de la logística de la delincuencia organizada este tipo de conductas, sin embargo, definitivamente, en el Título donde él pretende, en ese libro del Código Penal, en donde él pretende que vaya este delito son delitos contra la nación, ya de entrada, no pudiera estar en ese título en delitos contra la nación, porque es una situación, es una conducta completamente distinta.
Yo considero que él ha de estar preocupado por la situación del halconeo, que es muy común, sin embargo, me sumo a los comentarios que hizo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Zamora.
Yo agregaría, que también este tipo de conducta pudiera estar sancionada como delincuencia organizada, ya que él está dentro de ese círculo de delincuencia organizada. Aquí, la tarea es de los ministerios públicos, de poder llevar a cabo una buena averiguación previa, y de poder consignar ante el juez competente por el delito que está cometiendo la persona.
Pero sí, creo que si nosotros lo aprobamos en este momento, este tipo de delitos que pretende el diputado creo que pudiéramos estar en una impunidad de otros tipos de delitos más graves, como bien lo señaló el diputado Zamora.
Entonces, en todo caso debiera de estudiarse, aún y cuando esta conducta es una conducta ya sancionada por el Derecho Penal, pero si dice quisiera manejar como un tipo penal diferente, tendríamos que ver otro capítulo.
Definitivamente en este capítulo no va, no es el bien jurídico que protege el Estado, y en este momento mi voto sería en contra.
El diputado José Cirino Valdés Huezo comentó: Yo creo que sí tiene razón el diputado proponente de esta iniciativa, en cuanto al fondo de lo que está proponiendo, porque el halconeo no es una conducta que esté regulada de manera específica en los códigos penales.
Y sí es una nueva conducta ilícita que ya es muy común, y que nada tiene que ver con el espionaje es otra cosa muy diferente.
Pero en el fondo sí tiene razón el compañero que hace esta propuesta, porque a veces, la persona que avisa de los operativos, o la persona que tienen los delincuentes afuera de las procuradurías o afuera de las instalaciones de policía, en muchos de los casos, su participación, en algún delito en particular es mínima.
Simplemente su función en la cadena delictiva es alertar que sale un operativo, que salen las patrullas; los tienen en lugares estratégicos de las ciudades. Entonces, yo creo que sí es correcta la propuesta, está mal ubicada en el código, porque no son delitos contra seguridad de la nación.
En todo caso debiera estar en el Capítulo de Delitos contra la Seguridad Pública, entonces, aquí sí difiero de mis compañeros, porque yo considero que sí es un nuevo fenómenos delictivo, que sí deberíamos de trabajar en esta comisión para crear un tipo específico.
Es una nueva conducta que es muy recurrente que se está dando, y pienso que no se daría lo que comenta nuestro compañero y amigo, el diputado Zamora, de que se le disminuyera la penalidad, porque existe el concurso de delitos, entonces, yo digo que si debe de ser un delito autónomo.
Pero está mal planteado, mal ubicado en delitos contra la seguridad de la nación, y yo propondría sí, desechar la iniciativa tal como está, pero sí crear una iniciativa, porque sí es un nuevo fenómeno que se está presentando, y el Derecho Penal específicamente no lo contempla. Entonces, ésa sería mi propuesta.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Una propuesta. Veo que este proyecto, esta iniciativa, la secretaría técnica la está votando en sentido positivo, y veo que hay opiniones encontradas de algunos compañeros, que además saben del tema, como es el diputado Zamora.
A mí no me gustaría que lo votáramos en contra hoy, sin escuchar antes al proponente.
Creo que en el tema de procedimientos penales, de combate a la delincuencia, cualquiera que sea su alcance tenemos la responsabilidad de escuchar a los proponentes de iniciativas y no desecharlas solamente así, dado que hay diferencia de opinión me gustaría, primero, si se le avisó al proponente que hoy se analizaba y se votaba su iniciativa.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Yo, en este caso en particular no compartiría el que dependamos de que cada uno de los proponentes de las iniciativas esté presente en las sesiones, creo que sí es una cortesía correcta que acompañamos, el informarles que se votará, pero no considero su presencia indispensable para analizar ninguno de los temas, y salvo que me equivoque, el reglamento no lo considera así.
Creo que, además por el contenido, por la forma y el fondo de cómo se está planteando el asunto, el tema no tiene salvación, no es un tema que podamos bajar y recomponer, replanteándolo de alguna forma.
Todos coincidimos en que tiene un problema de ubicación, pero además varios creemos que sí tiene un problema de definición. Para mí no hay novedad en el delito, como bien se decía, es el delito de “echar aguas”, y ése ha existido en todas las formas y desde todos los tiempos; que ahora se aplique a una modalidad del delito sería la novedad, pero el delito de “echar aguas” está contenido en la ley desde hace tiempo, y en consecuencia sí creo que hay el riesgo de que esta figura, con una pena menor pueda entrar en contradicción o conflicto con lo que ya está protegiendo la ley.
Entonces, sí me importa señalar que es importante votarlo, que creo que hay que desecharlo, y disentir, con quienes opinan que es un delito nuevo, no le veo la novedad.
Se sometió a votación y fue desechado por mayoría.
El punto número siete fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de armas de fuego (sentido positivo).
Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por unanimidad.
El punto número ocho fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido positivo).
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Éste es un tema que ya se encuentra el día de hoy, actualmente se encuentra tipificado dentro del Código Penal. La Apología del Delito se refiere a incitar a una persona a cometer un delito; cuando se incitaba, en la legislación actual, sin modificación tenía nada más una penalidad, no tenía penalidad tenía una multa, y ahora le estamos poniendo una penalidad de 1 a 3 años.
Ésta es una materia preventiva, que yo le había platicado, ¿te acuerdas Pedro, que lo platicamos? Ha habido algo de polémica con el tema, porque la consecuencia de la apología del delito es que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un videojuego para un niño menor de edad, y el videojuego tiene escenas donde sacan un rifle, y matan a mucha gente tiene que decir la etiqueta, que lo que van a ver contiene escenas que están, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Japón, como lo tienen en Europa, como lo tienen en todas partes.
Inclusive, las clasificaciones de las películas que no están contempladas aquí, dentro de un código, sino que es una reglamentación de la Secretaría de Gobernación están en los países avanzados, también como una penalidad, si no adviertes que la película que van a ver es una película que contiene, que es apta exclusivamente para mayores, obviamente cometes tú un delito si la estás divulgando a un público que no es un público que puede tomar una decisión, en este caso, los mayores de edad.
Esta iniciativa lo que viene a regular es eso, que la apología del delito ya sea contemplada con una penalidad de 1 a 3 años, que estaba contemplada con multa, y si se comete el delito tenga una penalidad hasta la mitad del término, que sería 1.5 más.
Con esto vamos a regular los materiales, vamos a hacer una prevención a la ciudadanía en torno a los menores de edad, que no estén comprando cuestiones que no estén reguladas exclusivamente por la Secretaría de Gobernación. Ése es el objetivo fundamental de esta iniciativa.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Primero señalar que, en términos generales, y conceptuales, acompañamos la propuesta, no sólo su servidora, les quisiera decir que las demás compañeras del grupo parlamentario simpatizamos con la idea.
En lo personal, además, para el mundo en el que yo me muevo, éste es una mejora que viene a servir como una herramienta muy, muy importante en contra de la discriminación.
Realmente le veo esos alcances, y por ello simpatizo con ella, y en consecuencia, le puse toda la voluntad del mundo.
Sin embargo, en específico, la propuesta del artículo 208, el último párrafo de la modificación me resultó incomprensible, yo primero, como todos ustedes saben, asumo mi defecto de ser socióloga y no abogada, para los fines de esta mesa en la que participamos.
Sin embargo, creo que no se aterriza concretamente a lo que se está buscando, y no alcanzo a entender, y lo que sí sé es que el derecho es de exacta aplicación, y en consecuencia, si a mí no me queda claro, a los ciudadanos de a pie, me queda la inquietud de que les genere las mismas dudas.
Es lectura de comprensión, tal cual. De verdad, el último párrafo de la propuesta no es algo que a mí me quede claro.
El párrafo que dice “no se procederá cuando se exponga a las consecuencias legales adversas derivadas de dicho delito, o cuando el servidor público que, en ejercicio de sus funciones y con autorización fundada y motivada de la autoridad competente simule conductas delictivas con el fin de aportar elementos de prueba en una averiguación previa”.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: No coincidimos con la propuesta, definitivamente argumentaremos.
En una primera parte queremos expresar que si bien es cierto en el texto vigente, del artículo 208 del Código Penal Federal, ya se encuentra previsto el tipo penal de apología del delito.
Como bien se señaló, no tiene prevista pena privativa de libertad, sino trabajo a favor de la comunidad, en caso de que con la apología del delito no se realice ninguna conducta antijurídica.
En los términos de cómo se contiene la reforma al artículo 208, se establece una pena privativa de la libertad entre uno a tres años y hasta 50 días de multa, si el delito no se ejecutare.
En el segundo párrafo se establece a la letra, la provocación pública de un delito o apología de algún vicio, si no se ejecutare, se agravará, si se ejecutare, perdón, se agravará en una mitad tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
Aquí nada más hay que agregar, modificar, porque el título correcto es Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada... muy importante.
Ahora bien, según esto, ¿cómo se da la apología del delito o de algún vicio? En el caso de los delitos contra la salud, se da mediante los famosos narcocorridos. En el caso de trata de personas, mediante imágenes o anuncios publicitarios que se publican en medios de comunicación, sean gráficos o subliminalmente en medios electrónicos.
Aquí la pregunta es, lo que nos preguntamos, ¿se aplicará la sanción prevista a los músicos que interpretan los narcocorridos? ¿O a los redactores? ¿O propietarios de los medios de comunicación donde se transmiten anuncios de contenido sexual? ¿O a los concesionarios de los medios electrónicos que difunden estas imágenes y estos mensajes? Por ejemplo, vamos a ver el caso del anuncio el anuncio de bebidas embriagantes o el consumo de cigarrillos.
Considerando que éstos son, el consumo de estos productos se constituyen un vicio, así lo señalan las propias inscripciones en los cigarros.
Aquí la preocupación es porque tenemos que encontrar un justo medio entre lo que es la libertad de expresión y lo que se pudiera llegar a considerar apología de un delito.
Es más, para ser más enfático, que la apología del delito no se da por parte de una persona individualmente considerada, que se ponga, por ejemplo, a hablar bien de la delincuencia organizada o a promover el que se consuma bebidas alcohólicas y cigarros, sino más bien se da por la amplia capacidad de difusión de un mensaje en los medios de comunicación masiva.
Ahora, tenemos que reconocer que la violencia que vive... la violencia generalizada que se vive en nuestro país, está permanentemente es transmitida por los medios de comunicación, son noticia.
Ojala que reflexionáramos sobre esa realidad. El conocer en los medios de comunicación, la primer media hora de nota roja, vemos a los ejecutados, vemos a... el caso concreto de Veracruz, ¿hay alguien de Veracruz aquí? Cuando la reciente reunión de gobernador... el río, aparecieron docenas de cadáveres.
La realidad es que esos muertos estaban ahí, eso fue noticia, la nota no fue que estaban los gobernadores, ni los acuerdos importantes en que llegaron, la nota fue que había decenas de muertos tirados en la calle.
Eso empañó una reunión fundamental de la Conago, verdad. La pregunta entonces es, establecer una pena privativa de la libertad en la supuesta apología del delito, nos llevará a coartar la libertad de expresión, porque además va a resultar difícil de mostrar el nexo casual entre comentarios que pudieran constituir la apología del delito, respecto a la conducta materializada por un tercero, si se actualiza la conducta típica.
Está medio complicado establecer ese nexo, y desde luego que no estamos de acuerdo en que la pena se dé a un a tres años, como lo prevé la reforma, y menos que el 194 lo considere delito grave.
Éstas son consideraciones por las que votaremos. Miren, además acuérdense que la Secretaría de Gobernación tiene la obligación y la facultad además conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión para supervisar los contenidos de los mensajes en los medios electrónicos, esta autoridad tenemos que exigirle que cumpla con su obligación, con su responsabilidad.
Está claramente definida su competencia y está obligada a supervisar el contenido de los mensajes. Pues que ponga a chambear. Por eso votaremos en contra de este dictamen.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Revisando por supuesto este dictamen que también es producto del trabajo del compañero Arce Paniagua, yo veo tres cosas muy importantes, una de ellas es que mantiene el tipo penal del 208, lo único que hace es plantearse una pena que es alternativa a una pena que es privativa de libertad.
Como está actualmente, bien se puede imponer una sanción económica y como lo propone, es una sanción de pena privativa de libertad de tres años de prisión y una sanción económica.
Creo que esa parte puede transitar sin ningún problema porque estamos tratando de adecuar en este sentido el rema relativo a la aplicación de las leyes con sanciones, que pueden haber aumentado la misión de prevención, uno de los objetivos de la pena, indudablemente es el de la prevención, pero se cumple con la prevención cuando se aplica la pena, se aplica el tiempo y se lanza el mensaje de prevención a la población.
Hay una cuestión en donde también aparece un párrafo que habla de la provocación pública de un delito que cuando éste no se llega a cometer, de todas maneras se aumente la pena. Estaríamos ante una figura muy novedosa que yo tipificaría como la tentativa, punible, agravada.
De hecho estaríamos aquí adornándonos con una tentativa punible agravada.
Eso sería realmente como lo tipificaríamos, si nos vamos a las reglas generales de la tentativa, en las reglas generales de la tentativa que contempla el Código Penal Federal, en la parte general, establece claramente cuáles son las formas de la tentativa y no vemos en ninguna una posibilidad de una tentativa punible agravada.
Primer comentario con relación a este párrafo, en técnica legislativa estaríamos entonces legislando un asunto de agravar una tentativa a nivel del tipo penal y no en la parte general del Código Penal, donde se regula la tentativa.
Eso lo dejo a los miembros de la comisión como una consideración y mi opinión es que no satisface en técnica legislativa como está planteado. Que no satisface en técnica legislativa como viene planteada forma de la agravante.
El tercer punto, es el que más me preocupa, porque el tercer punto se refiere precisamente la posibilidad que haya agentes de la autoridad, que estén simulando la comisión de un delito ante lo cual estamos, ante una causa... de responsabilidad.
Las causas eximentes de responsabilidad también están contenidas en el artículo 15 del Código Penal Federal, porque si no entonces esta figura la tendríamos que trasladar a todos y cada uno de los delitos donde pudiese surgir la figura del agente infiltrado, que muchas veces se convierte en el agente provocador de un delito, será motivo de un debate en el momento en que construyamos el Código Federal de Procedimientos Penales y que es un tema que también tenemos reservados nosotros y que también viene algo de esto acá.
Yo por eso no comparto estos dos párrafos, porque uno de ellos prácticamente está en el capítulo de tentativa, y el otro que es un eximente de responsabilidad que tiene que ver con la obediencia jerárquica y que tiene que ver con el cumplimiento de un deber, pues es evidente que cualquier agente de autoridad que está actuando bajo esas condiciones, ya está protegido por la norma de manera excepcional.
Yo quisiera comentar en el contenido del dictamen, me llama mucho la atención algo que creo que definitivamente lo debemos suprimir, en caso que el dictamen. Dice, en este sentido, señala que resulta necesario que no solamente sea punible la apología de un delito, sino que resulte una agravante el hecho de que a través de los medios masivos de comunicación provoquen públicamente la realización de un delito protegiendo el bien jurídico tutelado.
Dos comentarios al respecto. Primero. A nivel constitucional tenemos y además lo hemos votado en la propia Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, hace unos días, hemos votado una reforma al 73, tenemos el artículo séptimo constitucional que establece claramente los derechos fundamentales de los ciudadanos de mantenernos informados.
No podemos pensar que cuando un medio de comunicación publica una fotografía, publica una imagen, publica una nota, publica una conversación o da a conocer la comisión de delitos con esto se esté haciendo apología, no podemos plantearnos esto por lo siguiente, porque estamos... estaríamos entrando a un... a plantearnos un conflicto de derechos, un conflicto de normas.
Por un lado existen el derecho a la información y el derecho a estar informado, el derecho de opinión, la libertad de expresión y finalmente este párrafo me parece que sí es muy importante porque además que no corresponde con la parte final del dictamen no le veo ninguna relación a la parte final del dictamen, ninguno de los tres párrafos de la propuesta final, correlaciona esta afirmación.
Aquí estaríamos afirmando nosotros que tal vez, si lo que se dice a través de un medio, eso provoca un delito, pues estaríamos entonces el día de mañana haciendo responsable a un medios de comunicación de la apología de un delito, entonces estaríamos desnaturalizando la esencia principal y fundamental de lo que es apología del delito, en términos de lo que establece la doctrina, y una sola tesis aislada de la quinta época, hoy ya estamos en la décima época de la Suprema Corte, pero tan es así que no se han aplicado la sanción al delito, de apología del delito, que estamos hablando que hace aproximadamente 40 años no ha habido una sanción para la apología del delito.
Luego entonces para mí es muy importante y lo hemos dicho en otras ocasiones, producir normas que se conviertan en ornamentales de nuestro Código Penal, en nada le ayuda al sistema de justicia penal, tenemos que generar normas certeras, claras, precisas, objetivas.
En este sentido por supuesto me queda muy claro, hay tres cuestiones que no las comparto, una, el párrafo relativo a los medios de comunicación. Y dos. En la parte propositiva del dictamen, hay una cuestión que es meramente procesal y hay otra eximente de responsabilidad que también ya están contenidas cada una de ellas en la parte que corresponde.
Si lo que se pretende es castigar de manera más intensa, el tema de la tentativa, como digo, como buenos doctrinistas y buenos legisladores, realmente lo que estaríamos creando es una figura de tentativa punible agravada y estableceríamos esa sanción en el caso de que así lo determinaran los señores compañeros diputados.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: Estoy de acuerdo en términos generales con varios puntos del dictamen. Estoy a favor que se aumente la penalidad del delito de apología, que yo difiero, no se trata de una tentativa, yo creo que es un delito autónomo.
La apología significa, para mí, enaltecer el... establecer virtudes de conductas delictivas, de conductas nocivas, esa es la apología.
Si la apología genera que se cometa el delito que se está enalteciendo, pues ya estamos en otra cuestión. Son dos delitos diferentes, la apología y el delito que lleva de la apología. Yo no creo que sea tentativa.
Yo estoy de acuerdo en que sí se aumente la pena, que no sólo sean jornadas a favor de la comunidad, sino que sí se aumente. No estaría de acuerdo, yo, que fuera delito grave, eso sí yo no estaría de acuerdo, sino que sí se aumente una pena privativa... porque ha habido, creo yo, mucha tolerancia también en cuestión de los contenidos que a veces se tienen, que muchos son ofensivos y se enaltecen hazañas de delincuentes y vicios.
Sí estoy muy de acuerdo con el diputado Óscar, que se aumente un poquito la pena, en el sentido que él lo propone, pero sí que no se establezca como un delito grave, sino sí que tenga pena privativa de libertad.
Está bien, creo que se salva el derecho a la información con algunos de las cláusulas que él pone aquí al decir que si se establece que se exponen escenas que pueden ser de apologías del delito, si se establece en el medio de comunicación, si se advierte de las escenas que se van a transmitir, por efecto artístico, por efecto informativo, pero yo estoy a favor que se cierre el paso a esa laxitud que ha habido en medios, que cada vez vamos en aumento, cada vez tenemos peores ejemplos que en los mismos medios de comunicación se dan impresos, televisivos, radiofónicos.
El secretario diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Yo propondría algo para zanjar el tema.
Yo veo dos posibilidades, la de Josué y la de Zamora, en la misma fracción, que es la agravante, estaría de acuerdo en eliminar la agravante para que no se confundiera con la Ley Federal de Delincuencia Organizada en ese tema, no se refiere a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se dice: cuando se cometa, por ejemplo, si incitamos a los jóvenes a formar parte del sicariato y asesinar a un diputado, lo asesinan, para que sea claro... para que sea claro el tema, Pedro, que sea muy claro.
Eso si lo hace en conjunto, sería una agravante independientemente, cuando se hace... o se tipifica la Ley Federal de Delincuencia Organizada, pero si es un tema que estamos ahorita viendo, se va a poner a discusión la tentativa, junto con lo que dice el diputado, estoy de acuerdo, en retirar esta parte del dictamen porque ya está la apología.
Con eso zanjamos el tema. Lo otro es, explicar dentro de los considerandos que esto, por supuesto que no va dirigido a los medios de comunicación, que quedara muy claro, como así venía el sentido, así está... actualmente, vuelvo a insistir, ya está dentro del Código Penal, no es algo que vayamos a hacer en contra de los medios de comunicación.
Simple y sencillamente lo que se les va a, ahora sí, exigir, es a que pongan esto, no se refiere a los delitos que se cometen, es un delito independiente, si tú incitas algo, pero no se logra el objetivo, es un delito esto, ya está actualmente en el Código Penal, autónomo, si se secuestra, si hay una trata, si se organiza un grupo de jóvenes para la delincuencia organizada, si se vende algún estupefaciente.
Yo creo que la parte del vicio, que tú decías, la parte que dice Zamora y la parte que dice el diputado Valdés, eliminaríamos esta última parte del 208, la penúltima parte del 208, donde dice la provocación de un delito o la apología, la existencia de algún vicio, que es lo que tú decías Pedro, que la hace un poco de ruido al diputado Zamora y que también Josué se refiere al mismo párrafo, lo eliminamos en los considerando, aunque ya viene, que se especifique muy bien, cuando se le transmite una noticia, por supuesto que no se está incitando, si no está cumpliendo con la labor de información.
Eso actualmente ya se contiene porque ya está dentro del Código Penal, con eso yo creo que podemos zanjar el tema y darle para adelante.
Acuerdo: Se revisaría el dictamen por los diputados Óscar Arce Paniagua, Arturo Zamora Jiménez, Enoé Margarita Uranga Muñoz. Pedro Vázquez González y Josué Cirino Valdés Huezo para las modificaciones.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.
El punto nueve fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido positivo).
El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: El principal objetivo de este proyecto va encaminado a que pudiera protegerse a quienes en algunas ocasiones no se les aplica la justicia de manera correcta.
Hacemos referencia, pues, desde que se inicia la averiguación previa, hacemos referencia en la exposición de motivos de lo que afortunadamente y excepcionalmente ocurre en la práctica.
Cuando así lo señalo, a través de un ejemplo alguna persona es presentada como posible responsable de la comisión de algún delito, cuando en indagatoria el propio ministerio público, ajustándose al texto constitucional, tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de esta persona presentada.
Y ocurre, pues, en la práctica, reitero, afortunadamente en pocas ocasiones, que quienes van a resolver sobre la situación jurídica de una persona, no necesariamente es quien trabaja la averiguación previa, requieren en ocasiones la opinión de un superior jerárquico, se les están venciendo el término de las 48 horas e instruyen que esta averiguación sea remitida ante un juzgado a través de la consignación correspondiente para que ellos resuelvan sobre la situación jurídica.
Lo mismo nos puede ocurrir desde el momento de que llega a los juzgados, quienes también tienen 72 horas, si no es que pudiera duplicarse a solicitud de alguna de las partes para resolver el término constitucional.
Y luego no, lo preocupante es que no entran a un análisis a fondo del contenido de la averiguación y se lo reservan para analizar de manera profunda en una sentencia, sin ponerse a pensar que con ello están destruyendo la vida de una persona y luego hasta la de su familia.
Cuando ya se dicta una sentencia, en el caso que le señalo, absolutorio, y luego con el clásico disculpe usted.
Y ya señalaba el compañero y diputado presidente, en el sentido de que, bueno, pues esto está soportado por los tratados internacionales. Quienes nos señalan que alguna persona se le deberá de considerar inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
Yo en la propia exposición de motivos señalaba el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron detenidas en marzo de 2006, y permanecieron recluidas en el penal femenil de San José Alto, acusadas de delito de secuestro y posesión de cocaína, fue hasta el 28 de abril de 2010, cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo de oficio la facultad de atracción para conocer del recurso de apelación interpuesto, decidieron por unanimidad de votos ordenar la libertad después de 3 años 8 mes de prisión.
En su opinión, también, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya han creado y han opinado sobre este particular y en los mismos términos se ha estado dando.
Ojalá que pudiera coincidir con lo que yo estoy proponiendo. La propuesta esencial va encaminada no exclusivamente a una sanción, sino el objetivo es que quienes tienen esa obligación desde la procuración de justicia y en la impartición de justicia, tengan más cuidado y que atiendan, pues, el contenido de averiguación previa.
Que hagan un estudio profundo y que no lo hagan a la ligera. Si nosotros, si coincido con la opinión de ustedes, seguramente se van a cometer muchas injusticias que luego resultan irreparables totalmente porque ya destruyeron la vida de una persona aunque la sentencia sea absolutoria, de todas formas se le considera como ex presidiarios y les cuesta mucho trabajo poderse insertar en la propia sociedad y hasta para conseguir —valga la redundancia— un empleo, un trabajo.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: Creo que aquí es muy difícil establecer una categoría o una forma de medir quién es el servidor público bueno y el malo.
¿Y a qué me refiero? Hay servidores públicos buenos y malos en las procuradurías de justicia tanto federal como las locales, pero también en el Poder Judicial Federal y en los Poderes Judiciales locales, así como hay servidores públicos que son muchos, que realizan estas labores, tanto la de procuración de justicia como la impartición de justicia, de una manera excelente.
Entonces, me parece, la verdad diputado, muy arriesgado a que midiéramos o que tomáramos una medida que luego provocaría que las autoridades que investigan la comisión de delitos digan: pues mejor yo no le entro porque luego resulta que si yo investigo y hago las cosas como las tengo que hacer, contra tales delincuentes, y si un juez estima que no fue correcto y decide, emite una resolución que decida lo contrario a lo que resolvió la autoridad administrativa en este caso, en este caso la autoridad procuradora de justicia que es el ministerio público, colocaríamos el riesgo de que mejor se echen para atrás, y eso creo que no nos ayudaría a fortalecer nuestro sistema de justicia mexicano.
Me parece, por lo contrario, una obligación de nosotros y una obligación del resto de los servidores públicos, ayudar a que se fortalezca el profesionalismo de ministerios públicos federales tanto como locales y los jueces, también, tanto de la Federación como de los poderes judiciales de los estados.
Creo que esa es la verdadera tarea de nosotros, fortalecer los sistemas de procuración y administración de justicia. También quiero comentar que afortunadamente el día de hoy ya está regulado por el mismo artículo 225 del Código Penal Federal, y leo textualmente cómo indica la tipificación actual.
En el Capítulo Primero del Título Décimo Primero, que es delitos cometidos contra la administración de justicia, actualmente el texto vigente dice lo siguiente: Artículo 225, delitos cometidos por los servidores públicos.
Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes: Fracción XXX, indica: Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas.
Si se comete ése supuesto, pues simple y sencillamente ése punto se anota actualmente en la propuesta.
Por eso lo indico. Si se estuviera en ese supuesto, hoy en día se tienen las herramientas para sancionar a quien realice esas funciones contraviniendo lo que dice la misma Constitución en principio, y segundo, la ley ordinaria que es el Código Penal que regula estos supuestos.
A mí la preocupación principal —y concluyo con eso, diputado presidente— es que en el ánimo de darle al ciudadano una mayor garantía en su seguridad jurídica, provoquemos todo lo contrario, que provoquemos, como sucede en el Poder Judicial y hay que decirlo claro, en aquellas normas donde actualmente la Corte tiene en el texto constitucional, la posibilidad, incluso en la Ley de Amparo, la posibilidad de consignar a un Juez de Distrito en las distintas interpretaciones que hay, ya sea la palabra consignación o el tema de remitir, lo que hace tanto la autoridad administrativa del Ministerio Público Federal y los jueces federales. Es decir, si me lo dice la Suprema Corte me hago para atrás, me allano y delante con lo que se dice.
Entonces, en realidad ya no se juzga, simple y sencillamente se hace caso a lo que dicta en este caso el mayor tribunal del Poder Judicial de la Federación. Aquí, me parece, que provocaríamos que los agentes del Ministerio Público se allanaran a su responsabilidad de realizar estas investigaciones por el temor a caer en un exceso.
Y si nombráramos una y otra cantidad de casos en los que se ponen entre dicho a una y otra autoridad me parece, insisto, como lo inicié, que no tenemos la vara para medir quién en cada uno de los casos es el que realiza la actividad de manera correcta.
Hoy en día tenemos procedimientos ordinarios, tenemos procedimientos de revisión y también procedimientos cuando se llega a cuestionar la constitucionalidad, el respeto a la constitucionalidad de algunos preceptos que se encuentran en la Carta Magna. Pues hoy ya se cuenta con esos procedimientos, entonces me parece, diputado presidente, que sería un exceso votar a favor de lo que se propone.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Mis inquietudes están primero en estos temores que apuntaba el diputado Guillén, si los riesgos de que una reforma de esas características lleve a la inmovilidad al Ministerio Público, que por no hacerse sujetos a un delito simplemente el asunto de la omisión empiece a ser, más la norma de lo que puede ser actualmente, que no intervengan por miedo.
Pienso en concreto en el caso de Hank Rhon y el asunto de entrar a su casa, encontrarle armas, que todos las veamos y que finalmente un juez lo saque; o en el escenario de un error involuntario, por ejemplo, en el procedimiento administrativo.
Me acuerdo de este detenido a quien en lugar de Raúl se confunde por Saúl y lo detienen por un asunto de nombre que claramente era involuntario. Y me preocupa que este tipo de fenómenos puedan resultar en la inmovilidad del Ministerio Público.
En la Comisión de Puntos Constitucionales se discute una reforma al artículo 113, de la Constitución, en la que se está planteando que esto sea visto desde la perspectiva de la indemnización a las víctimas, más que desde esa perspectiva. Y ésta sería mi inquietud, diputado, ante el nuevo sistema penal acusatorio, que se supone que ya tendría que estar subsanando los procesos y la creación —que esta sería mi inquietud principal—, que sería el asunto del juez de control, que ya se creó, que se supone que su función justamente es vigilar las diligencias, me pregunto si este tema no estaría por esa vía ya atendido, dado que estamos ante un nuevo procedimiento.
Y por ello mi inquietud es si este tema no tendríamos que estarlo revisando en el marco del nuevo Código de Procedimientos Penales, porque estamos en la revisión del sistema penal acusatorio, porque estamos ante la creación de este juez de control. Y coincidiendo con que hay que darle salida veo el problema, veo la situación y la comparto 100 por ciento, me preocupa que no le estemos dando al clavo en esto.
Y luego un asunto de observación específica. En la propuesta se dice que todo servidor público del sistema de procuración e implementación de justicia que por culpa o negligencia ejecute actos, etcétera. Y luego abajo se considera una actitud dolosa. Otra vez digo, no soy abogada, pero si es por culpa entiendo que no debiera ser doloso, sino culposo.
No me parece que quede tan resuelto. Si lo observan con cuidado en esa parte creo que hay un problema técnico, que si estamos hablando que es culpa tendríamos que cuidar ahí el asunto jurídico. Solamente eso como acotación, digamos.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: En cuanto a la pregunta que hacías, Enoé, de la culpa o el dolo, la culpa es la acción por negligencia, por impericia, por falta... o de cuidado, imprevisión, en fin; y el dolo es cuando se quiere el resultado, ¿verdad?, se quiere cometer el hecho. Entonces, por eso son dos tipos de sanciones: la sanción culposa, que es menor; y la dolosa, que mayor.
Y, bueno, considero que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos lo sabemos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos consideran precisamente el principio de presunción de inocencia.
También el Pacto de San José en su artículo 8 menciona que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad. Y creo que la iniciativa es muy pertinente, ha habido muchos casos —tú mencionaste incluso, Enoé, algunos casos importantes y creo que es realmente una gran injusticia, es un crimen más que injusticia, es un crimen que se mantenga a una persona privada de su libertad sin ser responsable del delito.
Entonces, estaría de acuerdo, y sobre todo que este delito lo considera el diputado como un delito que se persigue por querella, por querella necesaria. No es un delito de oficio, entonces eso también salva muchas cosas, que sea un delito de querella necesaria.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Comparto buena parte de lo que expones, eh. Sí creo que es un tema muy polémico, porque también comparto lo que dice Leo, estamos en un tema que está en el filo de la navaja, por decirlo así.
Si fuera una actitud dolosa no tendría ningún problema por pasarlo, eh, porque la especialización en el tema se lo va a dar con muchos años. Hay una responsabilidad civil que es actualmente procedente sin ningún problema, usted puede demandar civilmente a una persona.
Creo que el tema aquí sería el dolo, porque —fíjate— hay muchísimos asuntos, ¡vaya!, puedo poner por ejemplo alguno que pasó aquí, de un diputado que fue desaforado y que hubo un nuevo pronunciamiento de un juez de distrito, en donde de alguna manera con un precedente que no estaba escrito dice que un testigo protegido que no vaya acompañado de un abogado no tiene credibilidad su dicho, cosa que no existía hasta que ese juez de distrito de Michoacán se le ocurrió decir que eso era una postura, y de alguna manera fue ratificado por un colegiado a pesar de que teníamos una serie de pruebas, grabación, más argumentos, declaraciones, no fueron suficientes.
La parte de la negligencia me parece bien, pero creo que tenía que haber un ánimo doloso, porque tú ejercer la acción penal con lo que te aportan.
Es decir, imagínate al MP, viene la policía judicial... elementos que tienes, tú crees que son suficientes, pero si un juez lo califica de una manera diversa ya cae dentro de una cuestión que sería un delito.
Ése es un tema que creo que esta en el filo, a lo mejor si lo calificáramos, porque también estoy de acuerdo que a veces —inclusive aunque hay una dudas tremendas— por rutina, porque es una costumbre del Ministerio Público ejerce la acción penal, y encontramos casos que verdaderamente no hacen que el Ministerio Público tenga el cuidado que debería tener para cualquier ciudadano y que no se le atropellen sus derechos.
O sea, en ese sentido, te digo, estoy entre dos opiniones que habría que a lo mejor adicionarle esta parte, Eduardo, para que quedara muy específicamente que es una negligencia inexcusable o un dolo.
Ahí sí, porque estoy diciendo y aquí están las pruebas. “Esta persona no se llama Juan Pérez”. “No, pero me dijeron que se llama Juan Pérez”. Él no ahonda en la identificación de la persona, ahí cometes una... no excusa, te lo hicieron valer y tú no adoptaste las medidas necesarias... exactamente.
Si pusiéramos esto, que fuera dolosamente o negligencia inexcusable, ahí ya le componíamos, ahí estamos sancionando el exceso de un funcionario público que ha sabiendas que eso no va a prosperar, ejerce... ciudadano. Ahí contemplaríamos las dos visiones.
Acuerdo: Se revisaría el dictamen por los diputados Eduardo Yáñez Montaño y Óscar Arce Paniagua.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.
El punto número diez fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces. (sentido positivo)
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Algunas de las leyes fundamentales que existen en nuestro país y son materia precisamente de menores incapacitados, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de Población y la Ley Federal del Trabajo, entre otras.
Las normas protectoras antes señaladas, son de orden público y como consecuencia de estricto cumplimiento. En el tema de los menores e incapaces no se vea reflejado en los juicios de amparo que se tramitan en los diferentes tribunales federales del país.
En nuestra opinión, el incumplimiento de las leyes al desconocimiento de los representantes legales de los menores incapaces y de nuestro punto de vista, a la falta de normas más claras y precisas en la Ley de Amparo.
En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es atender el interés superior del menor e incapaz, además de proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el juicio constitucional.
Pretendemos también ampliar la legitimación para que cualquier persona con capacidad legal, pueda promover el juicio de garantías a favor de los menores o incapaces. Además planteamos eliminar el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal, que se establezca expresamente que los jueces recaben las pruebas de oficio, así como la suplencia en las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante todo el trámite del juicio constitucional, tanto en los recursos, como los incidentes y se le exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito indispensable para que se le admita trámite a la demanda de garantías.
Asimismo en la propuesta planteamos que la suspensión proceda de oficio cuando se trate de actos que pongan en peligro, la vida, la libertad, la salud y la educación del menor de edad e incapaz. Se acaba de constituir aquí en México, una red de legisladores y ex legisladores de protección a la primera infancia, hay un número importante de legisladores que se constituyeron hace mes y medio más o menos, recientemente en Puebla una organización latinoamericana de legisladores y ex legisladores que protegen la primera infancia.
Por ahí va nuestra intención de esta iniciativa y por estas razones les solicito atentamente a todos mis compañeros y compañeras la posibilidad de que nos den el voto a favor.
El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comentó: Algunas observaciones, en principio sí me parece muy noble el propósito de la iniciativa del compañero Pedro Vázquez, la verdad es de los diputados que se ha distinguido por su participación activa en la Comisión de Justicia.
Entonces me parece que la atención a su propuesta y el estudio debe ser mayor, pero no escapa que hagamos unas observaciones técnicas y algunas de fondo.
Primero, como todos estamos enterados, hay una reforma, bueno, dos reformas constitucionales, una en materia de derechos humanos y otra en amparo, que las dos ya son norma vigente, las dos.
En el caso de la inactividad procesal por la caducidad de la instancia, son figuras que ya fueron superadas en esta reforma constitucional, es decir, hoy... son figuras que no operan, antes por interpretación se acudía... determinaba la Suprema Corte, hoy, por el texto constitucional estas figuras ya no existen.
Tratando de ayudar al menor, que es el propósito y en el que estamos de acuerdo, el artículo 6 vigente de la ley de amparo que también va a ser sujeta a modificación, establece la posibilidad de que los menores de edad, como bien lo sabemos todos, acudan directamente al amparo.
Hoy yo no detecto, espero estar equivocado, pero no detecto en el texto la propuesta que se le permita al menor hacerlo, porque en la redacción dice, cualquier persona con capacidad legal podrá solicitar el amparo a favor del menor de edad, no él, el incapaz y su legítimo representante por acción u omisión no lo hace, si nadie interviene a favor del menor o incapaz.
El juez... perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio. Actualmente se le da la oportunidad, al menor, de acudir de mutuo propio, es decir, me parece que lo estamos limitando en lugar de darle más beneficios.
Eso por lo que atañe al artículo 6.
Si continuamos con la revisión en el... ¿Cómo? ... en el 14, así es, también hay que tomar en cuenta que un menor de edad no solamente va a intervenir en juicio de amparo o tiene esa posibilidad de intervenir en el juicio de amparo, solamente como quejoso, es decir, puede tener derechos, una herencia, una representación, donde vamos a suponer que tenga la posibilidad de que sea demandado como patrón, en una situación así, donde llegue a celebrar algún convenio con un trabajador, en el que se fijó un tema a final de cuentas un convenio, ya no se puede desistir.
Aquí, en la parte final, la propuesta del artículo 14 dice: el representante legítimo o cualquier persona que solicite el amparo a favor del menor o incapaz, no podrá desistirse de la tramitación del juicio de amparo.
Y como ya se establecía que el menor no puede acudir solo, sino con representante, me parece también que le estamos poniendo un doble candado. Eso en lo que va el artículo 6, el 14 y el 74, ya comentaba yo respecto a la Ley de Amparo, que la actual constitución, el texto... de la Constitución ya eliminó la figura de la inactividad procesal y de la caducidad de la instancia.
Contrario a estos temas, me parece que las propuestas del artículo 120 de la Ley de Amparo, está bien, es decir, solamente hay que señalar el tema del impacto presupuestal, es decir, se refiere a las copias que el menor no está obligado a pagar, pero hay que fijar... están a cargo del Poder Judicial, es decir, hacer una adición para saber quién va a cubrir este gasto, sabemos que se tiene que anotar.
También me parece que es bueno, el señalamiento que se hace, la adición en la fracción tercera, el 123, lo que no nos parece que sea necesario es la adición que se propone en el artículo 28, porque ya estos de técnica legislativa es repetitivo, es en el tema de la valoración y ofrecimiento de pruebas, si alguien ya tiene esa facultad de ofrecerse, tiene legitimación para ello, no creemos que sea conveniente hacer esa adición que actualmente... en el 78.
Son las observaciones que hago, una es de técnica, una es de fondo. Las de fondo son las que me parecen más importantes respecto a... tanto el artículo 6, como el 14, en lugar de estarle dando esa ventaja al menor, lo podríamos estar acotando por el texto actual que sí da esa oportunidad al menor de edad y acudir directamente al amparo.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Yo entiendo que las preocupaciones puede ser motivo de debate, de discusión, yo solamente quiero plantear un caso muy concreto. Yo les puedo asegurar que un estudiante derecho, no sé, estamos viendo el juicio de amparo, ley de amparo en quinto, sexto semestre, aproximadamente, para él... este derecho, es una dificultad real presentar una demanda de amparo, ¿lo podrá hacer un menor? Digo, hay jóvenes estudiantes de la facultad que son brillantes, pero puedo decirles que la mayor parte no tendría la posibilidad, si no es mediante asesoría y ayuda hacer una demanda de amparo, presentar un juicio de garantía, es exactamente el caso del menor, el menor necesitará de un apoyo, de un auxilio, de alguien que pueda orientarlo adecuadamente, en este caso, presentar la demanda de amparo o el juicio de garantías.
También quiero decirles que hace un año, que se presentó esta iniciativa, todavía no se aprobaba la Ley de Amparo, esta fue posterior, la reforma, tal vez por eso algunas de las cosas que yo estoy planteando pudieran aparecer desfasadas, pero en su momento no lo fueron.
Yo no tendría ningún inconveniente en que se hicieran precisiones y ajustes, pero creo que la esencia del contenido de la iniciativa sigue protegiendo y tutelando el interés del menor y del incapaz.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.
El punto número once fue asuntos generales.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Ustedes tienen ya en sus correos, todos y el secretario técnico, el proyecto de dictamen que la subcomisión de manera consensada hemos elaborado respecto a la armonización legislativa para mujeres y víctimas de delito.
Y la solicitud es que pudiera revisarse en el tiempo que ustedes consideren pertinente, pero previo al 25 de noviembre el interés de las diputadas que integramos la subcomisión sería que pudieran ustedes revisarlo.
Nosotras en este caso ya les hicimos llegar firmado de acuerdo tanto del PAN, PRI, PRD y Verde, que somos quienes integramos la comisión, este primer proyecto. Entonces la solicitud es que pudiéramos reunirnos, presidente, para formalizar el dictamen antes y que pudiera pasarse el tiempo para su dictaminación.
Acuerdo: Ir trabajando el dictamen y paralelamente recabamos las firmas.
El Presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la vigésima séptima reunión ordinaria siendo las 20:10 del día miércoles nueve de noviembre del año 2011.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios.
De la Comisión de Justicia, relativa a la vigésima novena reunión, celebrada el miércoles 7 de diciembre de 2011
En el patio sur del edifico B, a las 11:15 horas del miércoles siete de diciembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima novena reunión de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de robo de identidad (sentido positivo).
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quáter de la Ley Federal de Armas y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de posesión ilícita de cartuchos (sentido positivo).
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se adicionan las fracciones XII al artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 21 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el artículo 368 Quintus al Código Penal Federal, el inciso 37) a la fracción I y la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de arte sacro (sentido positivo).
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de extorción telefónica (sentido positivo).
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos (sentido positivo).
9. Asuntos generales.
10. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se declaró la existencia del quórum legal.
Se dio inicio de la reunión de trabajo con 18 firmas de los siguientes diputados:
Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Camilo Ramírez Puente, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Lieja, Israel Madrigal Ceja, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.
El punto número dos del orden del día fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación de las actas de la vigésima séptima y vigésima octava reuniones y fueron aprobadas por unanimidad.
El punto número cuatro fue análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de robo de identidad.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Compartir con ustedes que ésta es la primera iniciativa que presenté como diputado en esta legislatura, y es un tema que tiene que ver con una conducta que ha sido reiterada en el territorio nacional, a través de la cual, las personas sustraen la identidad de otros, con la finalidad de utilizarla, y con esto causar daños patrimoniales a terceras personas. La conducta típica, de acuerdo a los reportes que se tienen en el ámbito internacional y en el ámbito nacional es que suceden aproximadamente, 400 mil casos al año, en donde las personas que utilizan indebidamente su identidad llevan a cabo actos de arrendamiento de las propiedades o de los bienes inmuebles de los que son propietarios. Incluso, en algunas otras ocasiones llevan a cabo solicitudes de crédito, que después son cobradas a las personas que son titulares de la identidad, y llevan a cabo una serie de procesos en los que, aún cuando nosotros planteamos que es la sustracción, pero no es solamente la sustracción de una identidad para generar un daño patrimonial. Y el daño patrimonial se consuma cuando existe precisamente, una conducta posterior, entonces, estamos tratando proteger de las personas, patrimonio. Estamos tratando de proteger con esto, de las personas, el derecho a la propia imagen, porque una persona que no tiene deudas, y el día de mañana puede aparecer en el buró de crédito, sin conocerlo, y después estas personas tardan hasta un año para dar un seguimiento y saber realmente qué ocurrió, por qué y quién utilizó en un momento dado, su identidad llevando a cabo conductas que están dentro del capítulo de fraude. Por esa razón se pretende adicionar una fracción más al Código Penal Federal, en el Capítulo de Fraude, en el sentido siguiente. Se castigaría como delito de fraude al que para cometer este delito utilice indebidamente cualquier tipo de identificación o clave de identificación personal, bancaria o cualesquier otro documento identificatorio que pertenezca a otro. Ésta es una adición al 387 en su fracción XXII. De esta manera, estamos tratando –decíamos– de tutelar este tipo de conductas que son con fines meramente defraudatorias, y que contienen el elemento engaño por un lado, y el elemento ánimo de lucro, que son los que finalmente mueven o motivan a este tipo de personas que están realizando en estos últimos años y meses este comportamiento que no estaba tipificado en la legislación penal. Compartir con ustedes que de acuerdo a lo establecido precisamente en el propio Código Penal Federal, la obtención ilícita de información sí está tipificada. La obtención, la sola obtención ilícita de información en los bancos de información. Esto se encuentra tipificado en el 211 Bis-5 del propio Código Penal Federal. Pero la utilización no está tipificada. Lo que sí necesitamos nosotros para cubrir precisamente el fenómeno de robo de identidad es cerrar este vacío de la ley con este nuevo modelo delictivo. Con esto estaríamos complementando por un lado lo establecido en el 211, en el 211 Bis-5 y estaríamos dando una cobertura para no solamente castigar, como ya se castiga en este momento la obtención ilícita de información, sino la utilización indebida de la información con fines de daño patrimonial.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Únicamente para comentar que el título noveno del Código Penal Federal habla de la sustracción ilegal de datos también, pero no hace referencia a su utilización para obtener un lucro indebido. Creo yo que es pertinente esta reforma que está planteando el diputado Arturo Zamora, porque se tipifica un delito que no está dentro de la ley, como él ya bien lo comentó, en este tipo de identificación o clave de identificación personal. Aun y cuando ya está en el título noveno del Código Penal Federal la sustracción ilegal de datos, creo que es muy importante el complementarla de la utilización para obtener el lucro indebido.
El presidente de la comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: A mayor abundamiento, el diputado Zamora nos da un dato preocupante. México es el octavo lugar a nivel mundial en la práctica de este delito que hasta hoy estamos tipificando. Más alarmante es que el año pasado se recibieron 300 mil denuncias de robo de identidad con intenciones fraudulentas. Es un problema grave al que esta iniciativa, en caso de que ustedes la aprueben, viene a responder con eficacia para cerrar el círculo. No solamente existe el delito de sustracción de documentos, sino la utilización con fines fraudulentos.
El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: El 386 del Código Penal Federal y en todo el país en el ámbito del fuero común, se tipifica el delito de fraude de manera muy precisa y dice: comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se encuentra alcanza un lucro indebido. Ésa es la parte genérica del delito de fraude. Después hubo necesidad de crear los tipos penales específicos. Hay legislaciones que tienen 10, 12, 15, 17 o ésta que tiene más de 20 precisiones de lo que nosotros podemos denominar fraude específico. En todos los fraudes el espíritu es por supuesto el afán de lucro. Es la representación distinta de la realidad o es el aprovechamiento del error que se tiene por parte del pasivo del delito. Luego, a partir de esta parte genérica, surgen todos los específicos. Esto significa entonces que siempre tendrá que acreditarse por supuesto la fase de la representación distinta a la realidad, que es el engaño, de acuerdo a lo que establece la propia doctrina mexicana. En este sentido por supuesto siempre estaremos tomando como base el fraude genérico que está tipificado en el 386 y hoy estamos adicionándole, si ustedes así lo consideran con su voto, una cuestión específica para cubrir ese vacío de ley.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El quinto punto en el orden del día fue análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de posesión ilícita de cartuchos.
El diputado Sergio Gama Dufour comentó: Quisiera comentarles a los integrantes de esta Comisión de Justicia, que nosotros hicimos esta presentación el 22 de febrero de 2011, su servidor también integra la Comisión de la Defensa Nacional. Y bueno, a partir de ahí, de la presentación, la hemos venido analizando y ha habido algunos comentarios. Yo quiero comentarles que fue turnada aquí a Justicia y también a la Defensa Nacional. Con las facultades que tienen y con el objetivo de ir más allá que esta propuesta vaya a fondo y de la cual yo he manifestado mi acuerdo y considero necesario diferencial la posesión de los cartuchos en cantidades mayores a las permitidas por parte de las personas que han dado cumplimiento a los requisitos dispuestos en la ley. Respecto de la posesión y manejo de cartuchos en cantidades menores o mayores a las permitidas por parte de las personas que no cuenten con la autorización o incluso, como hecho mención, de la delincuencia organizada. A manera ilustrativa, yo les comentó o en la exposición de motivos, el grave incremento de decomiso por parte del Ejército y de la Armada de México. Se ha incrementado desde 2006, de alrededor de 250 mil cartuchos, hasta un reporte que emite la Defensa Nacional la semana pasada y que ya sobrepasó por finalizar el año, los 3 millones de cartuchos decomisados. Entonces en ese sentido, yo creo que resulta necesario aportar, desde mi punto de vista y de integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que han venido aportando una serie de elementos, darle los instrumentos jurídicos al juzgador para que al poder aplicar las sanciones que correspondan, tomando en cuenta los tipos penales. Yo creo que seguramente les llegó con anterioridad y pudieron haber leído, se establecerán sanciones diferentes a las personas que las comenta, tomando en cuenta la intención de los sujetos activos del delito, así como el peligro que pudiera generarse a bienes jurídicos tutelados con las cantidades de los cartuchos. Aquí consideramos conveniente crear un nuevo tipo penal, a partir de este nuevo tipo penal del juzgador se podrán aplicar las sanciones que corresponda a personas o grupos de la delincuencia organizada, que encuadren a su conducta al tipo penal que estamos describiendo. Por eso es que en esa iniciativa se adicionan los artículos 83 Quintus y 83 Sextus, donde se propone sancionar de manera muy diferenciada y proporcionar conductas típicas similares, pero con formas de participación y fines distintos. Pero la posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas por parte de personas que, incluso cuentan con la autorización para poseer y portar armas, guardar características y fines diferentes. Respecto a las personas. Diferenciarlas respecto a las personas que sin la autorización realicen actividades de posesión, de almacenamiento, de transporte dentro del territorio nacional y también la comercialización. Esto se da ante la falta de la actualización de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para tipificar el añejo ilícito de cartuchos y que puede beneficiar a personas o grupos de la delincuencia organizada, que a través de esta acción pretendan facilitar o incluso tener las capacidades de actuación y defensa de quienes han aceptado para la realización de conductas ilícitas. En lo que respecta también al tema de esta comisión, incorporar como delito grave el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. La posesión de cartuchos descritas en el artículo 83 Sextus y fracción III, esto con el objetivo y como consecuencia, no se les otorgue la libertad bajo fianza y que su proceso lo puedan llevar privados de la libertad, porque existen casos que este tipo de delincuentes obtienen la libertad bajo fianza y posteriormente se sustraen de la justicia y siguen cometiendo de manera repetitiva este tipo de delitos que hacen tanto daño a nuestra sociedad. Yo quisiera comentarles, con mucho respeto a todos los integrantes de esta comisión, que durante el trayecto de esta iniciativa ha sufrido la aportación de varios compañeros, entre ellos el compañero Camilo Ramírez, se han ido adicionando alguna serie de observaciones y que finalmente se presentan ante las comisiones respectivas. Entonces yo quisiera, nada más por último, presidente, que se han valorado, se han tomado en cuenta algunas cuestiones y se han ido incrementado y que el día de hoy podemos presentar esta iniciativa de manera mucho más completa y que seguramente sería de beneficio para los mexicanos. También comentar que el día de ayer estaba agendada esta misma iniciativa en la Comisión de la Defensa Nacional. Por los trabajos que ustedes ya saben, se pospuso, parece ser el día de mañana, y que bueno también está dictaminada en sentido positivo en caso de su aprobación.
El diputado Camilo Ramírez Puente comentó: Efectivamente, este tema ya ha sido tocado en el fondo por la Comisión de Defensa Nacional y verdaderamente ayer, ayer justamente teníamos también como trabajos llevar a cabo la resolución definitiva del mismo. Por razones ya conocidas no hubo esa posibilidad. Sin embargo, yo creo que este tema, lo que nosotros tenemos son más que todo aspectos de forma que podremos avanzar si hay esa voluntad por parte de esta comisión. Yo quisiera nada más ponerles en antecedentes de ello y al último terminando, hacerles una súplica como de costumbre. Dice: nosotros consideramos que esta iniciativa es viable con algunas modificaciones. Nosotros establecemos: es importante señalar que la iniciativa presentada por el diputado Gama Dufour se estima técnicamente viable en sus términos, no obstante el dictamen presentado por la comisión modifica el contenido de la iniciativa. En este sentido el dictamen de la comisión propone reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos que consisten en lo siguiente: reforma al artículo 77, para imponer una multa de 10 a 100 días a quienes contando con el permiso correspondiente posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y hasta el doble de éstas; modifica el artículo 83 quater a efecto de sancionar con una pena corporal de 6 meses a un año y multa de 100 a 200 días para quienes contando con el permiso correspondiente posean cartuchos en cantidad superior al doble de la establecida; crea el artículo 83 Quintus para contemplar sanciones corporales y multas proporcionales, dependiendo el tipo y calibre del arma a la cual están destinados los cartuchos para quienes, sin contar con el permiso correspondiente posean hasta la cuarta parte de los cartuchos establecidos. Asimismo se contempla un incremento de las sanciones, hasta en una mitad, cuando la cantidad de cartuchos sea superior a la cuarta parte ya estando establecida. Incorpora un artículo 86 sextus, para establecer castigos a quienes porten cantidad de cartuchos superiores y hasta el doble de las permitidas sin contar con el permiso correspondiente con sanciones más severas, mismas que se incrementan dependiendo el tipo y calibre del arma a la cual se habían destinados los cartuchos. Otra, las sanciones dispuestas en los supuestos escritos en artículo, se aumentarán hasta en una mitad cuando la cantidad de cartucho sea superior al doble de la permitida. Nosotros creemos que bajo algunas atenciones sobre puntos específicos esta reforma pueda pasar, presidente, y sí le pediría, como en lo costumbre es que aprobáramos esta reforma en los términos de fondo como están y que una subcomisión de esta Comisión de Justicia procediera hacerse esa incorporación. Es que ese es el problema, el de proponer algo que le encargan al que le tocó, al que lo propuso. Con todo gusto, presidente, asumimos a esa subcomisión y estaríamos en las posibilidades de presentarles un dictamen definitivo para la próxima sesión que tengamos programada y en todo caso ése sería el compromiso de su servidor para integrar esa comisión.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: Quiero aprovechar la presencia del diputado proponente de esta iniciativa, sobre todo analizando las propias cantidades que establece el artículo 50, que pudiéramos hacer referencia sobre ello, que pudiera a hacer referencia qué grado de peligrosidad pudiera representar que alguien tenga más de 500 cartuchos calibre 22 y que quienes los pudieran llevar a alguna ranchería que se surten, pero que no representa gran peligrosidad, sin embargo, la sanción sí pudiera ser tan elevada como para sancionar a un verdadero delincuente cuando pudieran ser utilizadas para alguna caza pequeña o en cuento de propio de la costumbre de cacería con la autorización correspondiente, pero sí resulta grave la sanción que se pretende señalar, que nos abundará un poquito más en relación a ello
El presidente comentó: A ver, si estamos de acuerdo en el fondo, lo que sugeriría es... ¿se acuerdan lo que nos pasó con el rubro de hidrocarburos?, ¿que tuvimos que después hacer la excepción de los 300 litros, para quienes se dedican a actividades agropecuarias o piscícolas?, ¿se acuerdan? Algo así podríamos nosotros diferenciar. Pero, si estamos de acuerdo en el planteamiento del diputado. Respetuosamente sugeriría que lo votáramos y que el dictamen definitivo lo formulara el diputado Camilo Ramírez, con el diputado Eduardo Yáñez y si alguno de ustedes quiere integrarlo para ya sacar el dictamen correspondiente. Les parece bien. Sigo escuchándolo a usted diputado, pero usted no es miembro de la comisión.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Nosotros desde luego conocedores de la iniciativa y saludamos, también la presencia también del proponente. Pero, sí quiero dejar claro una vez más la postura que hemos asumido, en relación que parece que es una moda que ahora todo lo queremos llevar a los delitos graves y –caray- si elevar las penas y los delitos considerarlos como graves a efecto que no alcance fianza y puedan ser juzgados en prisión y eso inhibiera la comisión de los delitos, creo que estaríamos dando pasos muy firmes. Pero desafortunadamente no es así. Las estadísticas señalan totalmente lo contrario, el aumentar la pena, el considerarlo delito grave no inhibe la comisión de esos delitos. Ahí es el único aspecto del dictamen en el que nosotros no, porque sea una postura ampliamente conocida de esta comisión, sino porque pensamos que hay justificaciones para plantear esta postura de que no sea una moda, que no sea una situación en que todo mundo estamos planteando elevar las penas y llevarlo al catálogo de delitos graves. Creo que vamos a necesitar un código, más que un articulado o determinado capítulo del código, vamos a tener que hacer un compendio de delitos graves en la medida en que todo estamos encaminándolo para allá.
El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella comentó: También agradezco la presencia de quien propone esta iniciativa y coincido, en el fondo estamos de acuerdo, creo que nada más hay la forma, hay que matizar un poco alguno de los contenidos que usted mismo propone coincido, en el fondo estamos de acuerdo. Dándole en cierta forma la razón al diputado que me antecede en la palabra, no podemos estar catalogando cuanta cosa sea común que veamos como grave. En el caso del calibre 22, yo vengo de allá del norte y somos de la parte rural y sí, sí se acostumbra mucho en las rancherías –como bien dice– para cacería, incluso para protección –por qué no decirlo– también contar con calibres que no están prohibidos pero que ahora queremos prohibir la bala que le vamos a meter. Si te agarran con la 22 no tienes problema; pero si te agarran con las balas de la 22, dependiendo de la cantidad, sí los vas a tener, entonces se me hace que el agravar por agravar también le estamos abriendo la puerta a la corrupción porque te van a decir: en vez de poner que llevabas mil 1 balas, pues ponte guapo y te pongo que eran 800, entonces ya no es delito grave, pero sí es delito. ¿Me explico? Eso a mí me preocupa. Yo coincido con el diputado aquí de integrar, y si usted gusta y me acepta, yo con gusto también participo para poder rescatar el fondo de esta iniciativa que me parece muy loable y nada más aclarar esos puntos que, lejos de sancionar a quienes están en estos momentos en el crimen organizado, vamos a terminar sancionando a quienes están sacando los permisos, a quienes están queriendo ir por la vía correcta, administrativamente, pero que por una falla que pudieran tener o alguna cosa que les pudiera ocurrir ya los estuviéramos encuadrando en un delito grave. Eso sí me preocupa y eso sí, para mí sería grave.
Fue aprobado por unanimidad en lo general y se creó una subcomisión presidida por el diputado Camilo Ramírez Puente para integrar las observaciones.
El siguiente punto es la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Juan Pablo Jiménez Concha comentó: Agradezco la oportunidad que me dan para poder hacer este comentario de manera muy breve. El 7 de julio del 2010 hicimos esta propuesta para poder lograr en el pleno hacer una adición a la fracción XIX, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y posteriormente el diputado Armando Báez Pinal, el 30 de noviembre del 2010 hizo lo mismo, y de la misma forma hemos estado de acuerdo trabajando conjuntamente en poder llevar a cabo que esta propuesta llegue a buen fin. Yo le quiero comentar a las compañeras diputadas y compañeros diputados de la Comisión de Justicia que en este estricto sentido lo que estamos pidiendo, como está en la propuesta, es que en esta adición al 194, ya que el incremento de este ilícito en los últimos 10 años ha sido de más de 600 por ciento, lo que ha venido significando un negocio muy importante para la delincuencia organizada. En este estricto sentido, México, según la Interpol, somos el primer país de Iberoamérica con esta problemática. Sin embargo, las denuncias ante las autoridades nacionales son muy escasas, debido a que, y lo quiero manifestar de manera personal, fui alcalde hace algunos años en un municipio poblano, en Santiago Cholula, donde tenemos ese grave problema y en muchas de las ocasiones logramos detener a los que sustraían este tipo de piezas tanto arqueológicas como históricas, no solamente habla del arte sacro de las iglesias, sino también de los monumentos arqueológicos de las zonas y al no tener tipificado este delito, salían inmediatamente y esto no solamente se convierte en un delito que no es castigado, sino que a la vez lastima el tema cultural de nuestro país. Escuchaba hace ratito al diputado presidente en el estricto sentido de que por qué no poder abrir espacios culturales en algunas regiones, y en el caso que estamos trayendo a la mesa, es algo que viene lastimando también la formación cultural de nuestros jóvenes porque nos encontramos que sustraen este tipo de piezas que son verdaderamente históricas para la gente y para nuestro país y el crimen organizado ha venido en verdad, lo digo, ha venido haciendo de este negocio un brazo muy importante para poder obtener recursos de manera muy sencilla porque son piezas que sustraen ya sea de alguna iglesia católica de alguna zona arqueológica y luego las encontramos en el exterior, en otro país, en subastas que realmente se vende de manera muy cara y nosotros por eso hemos venido haciendo un esfuerzo conjunto. Quiero agradecer a la comisión, de verdad, quiero ser muy puntual en las observaciones que han venido haciendo una vez que hemos estado enviando las propuestas tanto el diputado Armando Báez como un servidor, para que se pudiese ir aterrizando en cuanto s los términos legales que ustedes conocen perfectamente. Entonces sí es muy importante, sobre todo comentar que en el caso de que de acuerdo al INAH se calcula que en México hay más de 19 mil espacios, ,solamente religiosos, hablando en el tema específico del robo de arte sacro o que son bienes culturales y están realmente abiertos a que la delincuencia organizada pueda seguir sustrayendo estas piezas que cada vez se están convirtiendo en un negocio muy enriquecedor para la delincuencia organizada que no tiene ningún tipo de castigo porque comentaba yo que cuando fui alcalde detuvimos a más de 10 personas como se dice vulgarmente con las manos en la masa in fraganti y al otro día ya estaban saliendo porque no había ningún castigo y las piezas ya ni siquiera estaban en sus manos. Entonces pongo esto sobre la mesa y les pido muy respetuosamente su voto a favor, sobre todo para que defendamos la cultura de nuestro país y en el estricto sentido los bienes nacionales que son un orgullo para los mexicanos.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Con relación a este dictamen que nos... ¿en qué año fue alcalde?, perdón, porque la última reforma al Código, bueno, en este caso a la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos fue del 13 de enero de 1986 y ya está considerado el artículo 50 en esta ley, donde si bien es cierto hoy se plantea la modificación para que sea llevado al 194 del Código Penal Federal, las sanciones eran de prisión de uno a seis años, de prisión y multa, en aquel entonces sí baja de 100 a 50 mil pesos. Con relación al dictamen que se nos presenta, se están adicionando diversas disposiciones de la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, así como ya lo mencioné, a las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales. Nosotros estamos de acuerdo con las modificaciones en lo general, bajo la premisa de que aquí lo amplía el proponente de la iniciativa, que es proteger y salvaguardar nuestro pasado histórico. Ahí hay plena y total coincidencia. A lo largo y a lo ancho del país y bueno, creo que Puebla y el municipio suyo es uno de los claros ejemplos de cómo hay innumerables templos construidos en el siglo XVI y hasta el siglo XIX, que por sí mismos son verdaderas obras de arte. Las catedrales de la ciudad de México, d Puebla, de Morelia, entre otros y los museos nacionales del Virreinato, el tempo de Santo Domingo y de Guzmán, en Oaxaca, constituyen éstos un patrimonio no sólo de los mexicanos, sino ya es un patrimonio cultural de la humanidad por todo ese valor que poseen, por ser en sí mismos patrimonio de la humanidad. Aunado a lo anterior, en estos templos, como bien se señala en la iniciativa, sí existe ya la obligación del Estado mexicano de proteger precisamente ese patrimonio y vemos que las medidas hoy son reactivas, estamos ante la comisión de los delitos y el aumento de los mismos, estamos reaccionando, elevando las penas o elevándolas a delitos, en este caso al catálogo de delitos graves, pero estamos tapando el pozo porque el niño se cayó. ¿No sería más conveniente la preservación y la implementación de medidas preventivas? Hay lugares históricos que no tienen la más mínima protección, no tienen alarmas, no hay cámaras de video, no hay seguridad con personal ahí a la vista, y eso fomenta y permite que haya este tipo de ilícitos. Creo que las medidas preventivas que le corresponden en este caso a la autoridad administrativa y a quienes resguardan y bajo quienes están bajo resguardo estos monumentos históricos y estos también bienes muebles históricos, tienen que ponerse a cambiar y protegerlos, porque aquí estamos actuando reactivamente. Estamos de acuerdo en establecer la inscripción de estos bienes muebles históricos, que se hallan en estos sitios, en un registro nacional que sí debe de llevar el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También con la obligación, según la propuesta, de sancionar a quienes no realicen este registro conforme a las disposiciones que para el efecto se establezcan. En lo que no coincidimos es en la reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se establezca, como delito grave, las conductas previstas en el artículo 50 actual, vigente, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en virtud de que vuelvo a reiterar ha sido de manera recurrente y para eso nos hemos ya pronunciado en innumerables ocasiones que estamos en contra de llevar ya prácticamente todos los delitos al catálogo de delitos graves. Para terminar, una propuesta de modificación al artículo segundo transitorio, porque aquí según la propuesta del dictamen, se faculta al Instituto Nacional de antropología e Historia, a realizar las adecuaciones al reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, cuando de conformidad con el artículo 89, en su fracción I, de la Constitución General de la República, la facultad es del presidente de la República. Proponemos que sea en este caso que la carga de la modificación al reglamento, no sea por el INAH, sino que tiene que ser por la autoridad que legalmente está facultada y en este caso es el Poder Ejecutivo, facultad reglamentaria de acuerdo al 89, fracción I.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones planteadas por el diputado Pedro Vázquez González.
El punto número siete es el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El presidente comentó: Propone establecer nuevas herramientas que permitan al Estado mexicano la posibilidad de investigar con mayor eficacia delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas. Se trata de un proyecto que busca inhibir además el robo de celulares y su uso para fines delictivos, particularmente el que se lleva a cabo desde el interior de los centros penitenciarios. Aquí la invitación que les haría, distinguidas diputadas y compañeros diputados, es que la aprobemos en sus términos para ya no entorpecer el combate a este problema. Si ustedes me lo permiten les comentaría que en el estado de México, cuando fui secretaría general de Gobierno, dejamos siete antenas inhibidoras de llamadas celulares, pero teníamos 19 centros de readaptación social. Entonces no alcanza, son muy costosas, porque aquí estamos frente a una laguna de la realidad y por eso, que conozco este problema de la extorciones telefónicas desde el interior de los reclusorios, les pediría que aprobáramos la minuta en sus términos. Porque tendríamos que colocar una antena inhibidora en cada centro penitenciario y no hay los recursos para hacerlo, pero es un asunto muy grave, muy delicado, que hay gente que se dedica a extorsionar desde el interior de los reclusorios porque no tienen otra cosa que hacer, que seguir delinquiendo.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Nosotros compartimos lo que motiva esta reforma. Lo que nos preocupa es lo referente al nuevo registro de usuarios de telefonía celular. Creo que este tema, por lo que acaba de suceder con el registro anterior, todo lo que se generó, la polémica, finalmente las inconsistencias que se presentaron, las insuficiencias que se demostraron, tenemos que en este tema. No se tarra de que la minuta se atrase ni mucho menos, pero sí creo que falta más debate y más claridad sobre los alcances de este nuevo planteamiento de registro de usuarios de telefonía celular, porque necesitamos mayor información. El tema no solamente es la comercialización y uso de las líneas, sino que –vamos a decir– muchas empresas han hecho comercializaciones indebidas, no hay un control exacto sobre qué líneas telefónicas tiene cada quien, porque esto finalmente representa también pagar impuestos al Estado. Entonces, no sé, en lo general estoy de acuerdo con la minuta en como la están planteando. Pero sigo manifestando muchas dudas sobre el tema de un nuevo registro, porque en la minuta viene planteado un nuevo registro de telefonía móvil. Y un poquito analizando y reflexionando sobre lo que pasó no se cumplió el objetivo, tuvo que extenderse el plazo, finalmente no se ha concretado, el registro no sabemos dónde quedó, en manos de quién, qué uso le han dado. Y en relación al fondo pues sí, porque yo mismo he recibido llamadas de los reclusorios a la casa y a mi teléfono celular. Entonces, con la campaña se han detenido, pero no ha sido suficiente.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El punto número ocho fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos.
Su discusión fue pospuesta para la próxima reunión.
El punto número nueve que fueron asuntos generales no se discutió nada.
El presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la vigésima novena reunión ordinaria a las 13:00 horas del miércoles siete de diciembre del año 2011.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios;
De la Comisión de Justicia, relativa a la trigésima reunión, celebrada el miércoles 15 de febrero de 2012
En el mezzanine del edifico A, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 11:30 horas del miércoles 15 de febrero de 2012, se llevó a cabo la trigésima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo el siguiente orden del día:
1. Lista y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. (Sentido positivo)
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o., 36, fracción I, 37, fracción I, 39, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Sentido positivo)
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 390 Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales. (Sentido negativo)
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. (Sentido positivo)
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de ataques a las vías generales de comunicación. (Sentido positivo)
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos informáticos. (Sentido positivo)
11. Asuntos generales.
12. Clausura y cita para la próxima reunión.
Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de febrero de 2012.
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente.
Se declaró la existencia del quórum legal. Se dio inicio a la reunión de trabajo con 15 firmas de los siguientes diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Óscar Martin Arce Paniagua, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Olga Luz Espinoza Morales, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Ma. Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Josué Cirino Valdez Huezo, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño.
En el punto número dos del orden del día este fue aprobado por unanimidad.
Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la vigésima novena reunión y fue aprobada por unanimidad.
El punto número cuatro fue análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; abroga la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. (Sentido positivo)
El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: En primer lugar, creo que esta LXI Legislatura va a dar uno de los instrumentos que más requiere la sociedad mexicana hoy por hoy. El delito de la trata de personas es uno de los graves problemas que hay no solamente en México y que se ha agravado, sino que también representa un peligro a nivel mundial. La trata afecta cada año a unas 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres, 90 por ciento de ellas adolescentes y niñas. Llega al inicio de la segunda década del siglo XXI siendo el segundo ilícito en el mundo en aportación de recursos al crimen organizado. Más de 42 mil millones de dólares anuales por debajo sólo del narcotráfico. Igualmente que en el entorno mediático y cultural en el que vivimos incentiva que las víctimas tiendan a ser personas de edades cada vez más tempranas y por ello cada vez más vulnerables. El dictamen que ponemos a consideración de esta comisión revela que la trata de personas implica una cadena de conductas que inicia con el enganche de las víctimas, su traslado, la privación parcial o total de su libertad y su explotación, cada una de las cuales puede adoptar múltiples formas, violentas o sutiles que constituyen cadenas de delitos que se van acumulando al delito central para las autoridades y para la sociedad. Quisiera brevemente señalar, presidente, que el dictamen también aborda algunos datos relevantes que los integrantes de esta comisión al análisis debemos destacar. Hoy por hoy somos el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata con cualquier fin; más de 30 mil menores, hay cifras que se sitúan inclusive arriba de 70 mil, son víctimas de trata con fines de explotación sexual, 80 por ciento de ellos entre 10 y 14 años de edad. En el aspecto laboral hay 3.6 millones de personas entre 15 y 17 años, 31 por ciento menores de 14 que en diversos sectores son explotados y obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, su salud, su integridad y dignidad. Somos el segundo país del mundo donde se abre el mayor número de páginas de pornografía infantil. Uno de los primeros como destino de turismo sexual. Existe un enorme número de giros negros donde se efectúa de manera abierta la explotación sexual de personas en situación de trata. México cuenta, a partir del 2007, con un marco jurídico en materia de trata de personas que hoy incluye una ley federal, 18 estatales, 14 códigos penales locales en que se tipifica; a pesar de ello y de ser uno de los países que ha firmado instrumentos internacionales como el Tratado de Palermo en materia de derechos humanos y también en materia de la trata de personas, hoy en el país sólo hay cuatro personas sentenciadas en el foro federal por este delito y nueve en el fuero común. De ahí la necesidad de poner a consideración de los integrantes del pleno de la Comisión de Justicia y del pleno de la Cámara de Diputados un instrumento que dote de las herramientas para combatir este grave flagelo. El proyecto de dictamen que se pone a consideración propone en esencia lo siguientes: Su objeto es establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como en materia de protección y asistencia a las víctimas del delito objeto de esta ley. Establecer los tipos penales de los delitos en materia de trata de personas y sus sanciones. Establecer los procedimientos penales aplicables a estos delitos. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la libre decisión del proyecto de vida de las personas cuando sean amenazadas o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta ley. Se replantea el delito de trata de personas para ampliar la hipótesis vigente con la finalidad de brindar mayor protección a la sociedad en general y en particular a las posibles víctimas de trata. Asimismo, se prevé el resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas y la creación de un fondo para su atención, así como también se prevé la creación de un programa de protección a las víctimas y testigos en concordancia con la ley que ya fue aprobada por esta misma comisión. También se han tomado en cuenta, presidente, integrantes de esta comisión, diversas opiniones que han remitido diversas organizaciones sociales e instituciones, todas ellas con el fin de enriquecer el presente dictamen que se pone a consideración de los integrantes de esta comisión y que desde luego entra en análisis de la misma para su aprobación, y desde luego para que sea una de las leyes que puedan darle bríos a esta LXI Legislatura. Que en la parte final creo que podemos aprobar una de las normas que va a dotar al estado de una herramienta para combatir uno de los delitos que más lastiman a jóvenes, a niños y a muchas personas que afectan su integridad y su dignidad.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Antes de entrar a la discusión, escuchar como siempre las importantes intervenciones de todos y cada uno de ustedes, les quiero pedir su voto a favor de esta ley. Porque los datos son dramáticos. Porque la normatividad existente hasta el día de hoy —hay que subrayarlo también—, ha sido insuficiente para contener este fenómeno delictivo que se ha arraigado, sobre todo en nuestro país, como principal exportador de jóvenes, de niños, de niñas, de mujeres hacía los Estados Unidos. Ayer veía un programa de televisión —no sé si lo vieron ustedes—, a una persona que estaba ofertando a un menor de edad, en Internet por 20 mil pesos. Cuando esto sucede en la vida diaria, los legisladores tenemos un compromiso con el país. Tenemos que diseñar leyes y reglamentos, con pulcritud, pero certeros eficaces, enérgicos. Creo que está aprobación, que sometemos a su consideración de esta nueva ley general es, sin duda va hacer un parte aguas en la legislación de nuestro país y va seguir.... a otros países para contrarrestar la trata de personas que es uno de los graves problemas de nuestro tiempo.
El diputado Pedro González Vázquez comentó: Voy hacer una intervención fijando la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación a este dictamen que las comisiones unidades de Derechos Humanos y de Justicia por el que se va a expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a víctima de estos delitos, así como para diversas disposiciones del Código Penal Federal, de procedimientos penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de la Policía Federal y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. El propósito central como ya se expresó de este dictamen, es el combate a esta nefasta práctica de trata de personas con fines de explotación sexual. Como subscritor de la iniciativa en materia de este dictamen. Apoyaremos en lo general, desde luego, la propuesta que se nos está presentando y me permito hacer algunas precisiones con la idea de perfeccionar instrumento normativo que seguramente aprobaremos. Como se señala del cuerpo del dictamen, se desprende que la trata afecta a 3.5 millones de personas, especialmente mujeres, 90 por ciento adolescentes y niñas. A lo largo y ancho del país, sin exceptuar ninguna ciudad medianamente importante sea la práctica de la explotación sexual de mujeres y desgraciadamente de niños. Esta soberanía ha impulsado múltiples reformas para penalizar la explotación sexual de los menores. En el dictamen que estamos conociendo es ambicioso en el sentido de prever todo una serie de hipótesis que tienden a combatir y a erradicar el comercio sexual. Aquí en la Ciudad de México, y a tan solo 600 metros de esta Cámara de Diputados, en la zona de la merced, se puede apreciar a centenares de mujeres y niñas prostituyéndose y todas ellas víctimas de esta explotación. En nuestra opinión, el que una mujer se vea en la necesidad de vender su cuerpo es en muchos casos por la ausencia de fuentes de empleo debidamente remunerados entre otras situaciones. En los últimos meses, se ha difundido por los medios de comunicación que un municipio de su querido estado de México: Tenancingo —perdón, es en el estado de Tlaxcala, hay otro en el estado de México—, es la meca de los denominados padrotes, quien mediante diferentes subterfugios y ante la expectativa de un mejor futuro para las personas, las engatusan y las obligan a prostituirse. He dicho que compartimos el propósito central de este dictamen. Ahora, si ustedes me lo permiten voy a hacer puntualizaciones muy concretas. Primero. En la página 75, en distintos tratados internacionales se menciona a la Organización de Naciones Unidas (ONU). El 30 de septiembre de 1921, 25 de septiembre de 1926, 11 de octubre de 1933. Por la fecha en que estos tratados debieron de haberse suscrito, corresponden a la denominada liga de naciones que se crea al término de la Primera Guerra Mundial y no a la Organización de Naciones Unidas, que ésta es creada en 1945, y procedería a ajustar esta parte. Segundo en el cuerpo normativo en el artículo primero del decreto en la página 98 se establece: Se abroga la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En nuestra opinión consideramos que la abrogación de la ley que aquí se menciona tiene que estar en el artículo transitorio primero, y haciendo el ajuste semántico correspondiente ha dicho precepto. Tercero. En la página 105, en su artículo 12, fracción segunda, se establece lo que es la servidumbre por leva, porque la servidumbre por leva. Ésta es una institución de modo típicamente de producción feudal. Como lo denominamos, quienes tenemos una formación marxista, a este modo de producción que fue sustituido por el régimen capitalista y tiene sus orígenes en Europa, alrededor del año 1840. Nosotros manejamos este lenguaje y tiene para nosotros dos significados. Primero que con la adopción del sistema capitalista de México, y éste se da en la década de los cincuenta del siglo XIX, hasta la fecha, no ha podido trasformar la realidad política económica, social y cultural. Estamos hablando del artículo 12, fracción II. Como lo señalaba con la adopción del sistema capitalista en México, que se da en la década de los cincuenta del siglo XIX, hasta la fecha, este sistema no ha podido trasformar la realidad política económica cultural de algunas regiones del país, y segundo, de lo que se requiere para eliminar estos atavismos económicos es la educación eficiente y de calidad a todos los niveles en estas regiones. El número 4, de las observaciones que tenemos, como la ley materia de este dictamen pretende, no sólo ser aplicada al ámbito de la trata de personas, sino a otros, coincidimos plenamente y manifestamos nuestro beneplácito por el contenido del artículo 24 que regula lo referente de la explotación laboral. Es decir, estamos aprobando en sus términos el artículo que estamos señalando, porque estamos dando un paso muy importante, gigantesco para temperar las desigualdades de clase, propio de un sistema capitalista como el que vivimos y reafianzamos el estado social de derecho. Éste me parece que es uno de los temas más importantes y fundamentales de esta ley. Una quinta observación. En el artículo 26, queremos decirle que no estamos de acuerdo con que se considere que no hay trabajo forzado, que no hay trabajo servicio forzado ni explotación laboral cuando textualmente se señala en su fracción IV, se exija en caso de fuerza mayor tales como amenazas a la seguridad nacional, desastres naturales, hambrunas y epidemias, de carácter grave y peligro de invasión a enfermedades exóticas o en general toda circunstancia que ponga en peligro o amenace poner la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Esta disposición en nuestra opinión es violatoria de las garantías individuales que nuestra Carta Magna establece. Más aún, cuando no encuadra en la hipótesis de la suspensión de garantías que está contenido en el artículo 29 constitucional. Quisiera recordar que solamente el trabajo forzado es mediante determinación judicial en una sentencia y esto es el trabajo forzado para los reos como parte de su sentencia. De ninguna otra manera puede haber trabajo forzado y en nuestra opinión esta fracción IV, es totalmente contraria al espíritu de la Constitución mexicana. Sexta observación. En relación con el artículo 31, estamos totalmente de acuerdo en que se declare nulo el matrimonio que se da en el contexto de usos y costumbres. Consideramos que la fracción tercera, en la parte que establece el titulo oneroso debe agregarse gratuito, en la fracción III. No obstante nuestra coincidencia con la nulidad del matrimonio que se da en las condiciones establecidas, tenemos que considerar que los matrimonios por usos y costumbres se dan particularmente entre los pueblos indígenas que se encuentran en una situación de mucho atraso, pauperización y que están totalmente alejadas de todo el sistema de educación. Esto es lo que hace que sigan conservando sus tradiciones y sus costumbres. En este punto tendríamos que reflexionar que la pena impuesta de cuatro a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días de multa es adecuada, totalmente. Finalmente, el responsable de su atraso cultural sigue siendo el gobierno en sus tres ámbitos: federal, estatal y el municipal. Un séptimo señalamiento al artículo 37 donde se establece la pena a quien dé en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación con conocimiento de que será utilizado para la comisión de las conductas señaladas en el presente capítulo y que será sancionada con prisión de 2 a 7 años y de 10 mil a 20 mil días de multa. Nosotros consideramos que también a esta figura del arrendamiento o alquiler de un bien inmueble debe de también plantearse la figura del comodato para que esté más precisa. Que ése, todos sabemos que el comodato es el préstamo de un inmueble a título gratuito y que ya si el núcleo, el tipo penal como está planteado en el arrendamiento del bien con conocimiento de que será utilizado para la comisión de un delito, de las conductas de trata de personas, bastaría que el sujeto activo probara que en ningún momento obtuvo el inmueble a título oneroso. Y ya, para que no se acreditara debidamente el delito y poder quedar en libertad, entonces pedimos que el comodato también sea considerado. Una octava. Con relación al artículo 85 que se refiere a los recursos para la constitución del fondo de protección y asistencia a las víctimas coincidimos en los mecanismos de integración con la única excepción, como lo establecimos en su momento en la Ley para Combatir el Delito de Secuestro de que la aportación del gobierno federal sea por un tiempo prudente y no en forma permanente. Podemos fijar, bueno, no sé cuánto tiempo, tal vez dos años, tres años, para que se constituya el fondo. Consideramos que en el caso de la fracción I hay que establecer un tiempo definido para la aportación de este recurso por parte del gobierno; recursos presupuestales que el gobierno federal debe de plantear. De lo contrario podríamos fomentar que las autoridades competentes puedan destinar recursos por vía de extinción de dominio, decomiso u otras. Éstas fueron omisas con el cumplimiento de su responsabilidad, porque le estaríamos dejando al gobierno federal el que sea temporalidad. Y finalmente porque de esta manera habrá certeza por parte de esta Cámara de Diputados sobre el destino y uso de esos recursos. Un noveno señalamiento. En el caso del artículo 5, el que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hay que ajustar lo correspondiente al artículo 50 Ter porque como está planteado se reforma el segundo párrafo de dicho artículo y eso no es así.
El que en realidad se reforma es el primer párrafo y en todo caso hay que poner los suspensivos del párrafo segundo al párrafo séptimo que no se modifican, y por tanto, se mantienen en sus términos. Estas observaciones, desde luego, las vamos a hacer llegar por escrito a la Secretaría Técnica. Décimo en el caso del artículo 6 que se refiere a la fracción VI del artículo 51 de la Ley de la Policía Federal plantean agregar cuando en sentido estricto y en sana técnica legislativa lo que se hace es adicionar una fracción VI. Observación al decimoprimero. En el caso del artículo 7o. que planta agregar un artículo 129 y que recorre la numeración de los subsiguientes a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nombre correcto de la ley es Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En primer lugar hay que destacar que no se agrega un artículo 129; éste ya existe con un solo párrafo. Lo que se hace es reformar este primer párrafo y adicionar un párrafo segundo. En todo caso, este artículo 7o. debería quedar: Se reforma el primer párrafo del artículo 129 y se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ya por último, una decimosegunda observación. En el caso de los artículos transitorios nosotros tenemos dos propuestas de redacción. En el artículo primero transitorio el planteamiento es que debe decir: El presente decreto con el que se expide la Ley General para Prevenir, Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Propuesta de redacción del artículo primero transitorio, se abroga el artículo primero transitorio. Segundo. Ahí va. Se abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. En consecuencia, se correrían en su orden todos los artículos transitorios pasando el actual artículo segundo a ser tercero y así sucesivamente. Pues compañeros diputados, compañeras diputadas, éstas son propuestas que el Partido del Trabajo hace de su conocimiento y esperemos que sean consideradas. Y ya lo dije: lo votaremos a favor.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Bueno, yo escuchando la opinión del diputado Pedro, quiero destacar algunas cuestiones. La primera, en esta legislatura reformamos la Constitución en materia de trata que fue un paso muy importante. Esta iniciativa que estamos ahorita discutiendo y que creo que las opiniones que tenemos de los diputados de las diversas fracciones se dan con el ánimo de construir un dictamen responsable y que no distorsione el sentido de lo que se ha venido proponiendo por un grupo de diputadas, diputados, de diversos partidos que signaron esta iniciativa. Yo tampoco quiero dejar desapercibido, y aquí tenemos presente a una de las principales impulsoras de esta ley, la diputada Rosi Orozco, no es miembro de la Comisión pero le damos la bienvenida también aquí, siempre atenta en este tema. Yo les pediría que, si queremos, en ánimo de no abundar en los detalles de opiniones de estilo que tenemos en la ley, si así ustedes lo deciden, por supuesto, y el presidente lo pone a consideración, que aprobáramos de manera general la ley y que enviáramos, presidente, a más tardar a este viernes lo que nos acaba de decir Pedro, y lo que seguramente todos opinarán en ese sentido para armonizarlo en una comisión, en una subcomisión, perdón, y presentar el dictamen definitivo en la próxima sesión una vez que se hayan consensuado las opiniones, como siempre lo hacemos en la comisión.
La diputada Rosi Orozco comentó: De verdad para México este día empieza a marcar una diferencia para la gente más vulnerable. Así como logramos una Ley General contra el Secuestro... éste es el secuestro de los más indefensos, de los más vulnerables que están en nuestra nación, mexicanos y migrantes. A cada uno de ustedes, gracias por esta votación unánime. Igualmente desde la propuesta, somos 104 legisladores, 10 senadores y 94 diputados de todos los partidos. Y en estos temas sí podemos ponernos de acuerdo. Este tema interesa mucho a toda la gente que está expuesta a que sus hijos e hijas sean arrebatados, a que sean explotados laboral y sexualmente o para extracción de órganos. En muchos lugares donde hay pueblos indígenas trajeron más de15 mil firmas, de los 62 pueblos. Estamos agradecidos. De parte de quienes hemos trabajado en este dictamen, muchas gracias. También a todos los asesores. Porque atrás de ustedes hay mucho trabajo, de gente valiosa en esta Cámara. Y muchas gracias, presidente, por la disposición que ha mostrado desde el principio. Y a cada uno de los secretarios, muchas gracias de parte de la comisión especial que presido.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Aun y cuando ya lo aprobamos, qué bueno. Es un tema que nos une, que se tiene que votar por unanimidad en la Cámara de Diputados, y posteriormente el Senado de la República tendrá que hacer lo propio. Esperemos que sea muy pronto. Son leyes que requiere México en este momento. Al inicio de la LIX Legislatura, Pedro, recordarás, fuimos compañeros en esa legislatura, estuvimos viendo el tema de explotación sexual infantil de manera muy intensa, por el tema de Succar Kuri, que estaba muy reciente. Era el tema del momento el tema de Succar Kuri, en Cancún. Entonces nos dimos a la tarea varios diputados y diputadas, sobre todo los integrantes de la Comisión de Justicia, de revisar el título octavo del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil.
Otro promotor fue el ahora senador Manlio Fabio Beltrones. Qué bueno, porque es un hombre que está enterado del tema. Y estoy segura que esto en el Senado también va a trascender. Renovamos todo el título octavo del Código Penal, en materia de explotación sexual infantil.
Dimos una pelea durísima contra Succar Kuri. Exigimos que lo trajeran de Estados Unidos a México. Son temas que siempre nos han unido. Estoy segura que esta nueva ley que acabamos de votar en la comisión tiene puntos tan importantes que significan sin lugar a dudas un avance jurídico importante.
Se establece una correcta coordinación entre la federación y los estados. Esto es importantísimo para la persecución del delito de trata de personas. Se abarcan las distintas modalidades de este delito. Se incrementan las sanciones. Se amplían las características de los sujetos pasivos de este delito, que también es algo muy importante.
Se prevé la reparación del daño para la víctima, en un aspecto jurídico muy amplio. Asimismo, se prevén mecanismos mucho más eficaces para la protección de la víctima, algo importantísimo. Se cumplen los protocolos internacionales en materia de prevención y trata de personas, que esto también es importante para esta ley. Y se prevén las sanciones para los delitos relacionados, tales como el consumo y la publicidad, sin atentar contra los derechos de libertad de imprenta y similares. Y bueno, creo que en esta nueva ley de avanzada, se incorporan delitos considerados dentro del campo relacionado con la explotación de la condición humana, que son la trata, la esclavitud, el trabajo forzado, e incluso el tráfico de órganos.
De veras que qué bueno que el día de hoy aquí en la Comisión de Justicia lo estamos aprobando en lo general, y estaremos muy atentos a ese grupo de trabajo, para poder ver las cuestiones técnicas, que siempre son importantes en la aplicación del derecho.
Fue aprobado por unanimidad en lo general y se creó una subcomisión presidida por los Diputados Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Luis Carlos Campos Villegas, Olga Luz Espinoza Morales, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Pedro Vázquez y Rosi Orozco para integrar las observaciones.
El punto número cinco es el análisis, discusión, y en su caso aprobación de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 3o., 36 Fracción I, 37, Fracción I, 39; Fracción I y XLV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Recordar que esta soberanía aprobamos el 28 de abril de 2011, la Nueva Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de junio. Como consecuencia de esta publicación, la Procuraduría General de la República promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que vamos a reformar, que son los artículos 36 Fracción I; 37 Fracción I y 39 Fracción I de la citada ley.
Y en estos tres artículos establecíamos, que como requisito indispensable para permanecer como agente del Ministerio Público oficial, secretario o agente de la Policía de Investigaciones, debería de ser mexicano por nacimiento; y el argumento central de nuestro más Alto Tribunal fue que estas disposiciones eran discriminatorias, respecto de quienes por naturalización obtienen la ciudadanía mexicana.
El presente dictamen contiene el resolutivo de la Corte, al declarar expulsadas del orden jurídico, las partes de la exigencia de la nacionalidad por nacimiento, y en consecuencia, las propuestas de reformas a los artículos 36, 37 y 38 en sus correspondientes fracciones primeras, que establecen que solamente el requisito es ser mexicano. Entonces, por estas consideraciones, nuestro voto es a favor de este dictamen.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales comentó: Para nuestro Grupo Parlamentario del PRD consideramos que vamos a favor de este presente dictamen, toda vez que actualmente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene un aspecto discriminatorio respecto de aquellos connacionales que por naturalización son excluidos a este supuesto normativo, ya que se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público con base en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo que está prohibido en la propia Constitución. Es por eso que nuestro grupo parlamentario considera que este dictamen va a favor, en el sentido de que le estamos dando la oportunidad a estos connacionales que han sido naturalizados, que son mexicanos, para que puedan ocupar y desempeñar un cargo público en la Procuraduría de Justicia.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad.
El punto número seis es análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, en sentido positivo.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: Con la reforma que se plantea. Y se trata en esencia, de permitir que los agentes del Ministerio Público de la Federación, de las entidades y del Distrito Federal puedan portar armas de fuego, al amparo de las correspondientes licencias colectivas, y que estas deberán de ser tramitadas por sus superiores jerárquicos.
Hasta le fecha, todos sabemos —ya lo expresaba— aquí tuvimos una procuradora, y los ministerios públicos, etcétera, procuradores. Los ministerios públicos actualmente se encuentran en un estado de total indefensión habida cuenta de que no son integrantes de las corporaciones policíacas, pero que estas dependen de ellos, en el proceso de investigación, y no son parte de las Fuerzas Armadas en los operativos que participan contra la delincuencia no pueden ir armados. Y ni siquiera desde su domicilio hasta su centro de trabajo.
Y todos nos damos cuenta de que muchos de ellos han sido acribillados han sido entonces, la propuesta que se establece en este dictamen es para que los agentes del Ministerio Público de la Federación, la tramitación de la licencia colectiva sea por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero la de los estados y del Distrito Federal tendrá que ser a través de la Secretaría de Gobernación. Tramitar también desde luego, una licencia colectiva. Por lo tanto es obligación también de los titulares de las instituciones de procuración de justicia de informar periódicamente a la Secretaría de Defensa Nacional, de Gobernación, y de Seguridad Pública, las armas que utilizan. Ahí entrarán también las del Ministerio Público.
También para llevar el control de los armamentos que utilizan al amparo de esta licencia colectiva. Se establece la obligación de los portadores para estar inscritos en el registro correspondiente y de contar con credencial foliada y con identificación personal donde se exprese claramente que se le permite la utilización de un arma de fuego. Estamos pues en lo general de acuerdo con el dictamen. Solamente quiero hacer una precisión.
En la página 13, después del numeral 6 se establece: en la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, después del numeral 6. Lo leo textual, dice: “... en la Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, y toda vez que la adición de una fracción XVII al artículo 63 lo es de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por lo que sugerimos se haga este ajuste. También quisiéramos que se considerara la posibilidad de que se establezca que los agentes del Ministerio Público a los cuales se faculta el uso de armas de fuego, también tendrán la obligación de someterse a las correspondientes evaluaciones psicométricas para acreditar que tienen una adecuada salud mental y que no cometerán abusos al amparo de la licencia con la cual van a contar. Buscar un parafraseo, una precisión que ellos también tendrán que ser sometidos como todos los demás agentes de investigaciones y de seguridad pública para que tengan un adecuado manejo de las armas con las que ellos van prácticamente a realizar su trabajo.
La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo comentó: Efectivamente, nosotros también nos manifestamos a favor de esta reforma que consideramos es necesario que los Ministerios Públicos porten armas para su defensa ya que en esta situación que nos encontramos de inseguridad, obviamente, ellos son los más vulnerables.
Sí quisiera hacer una propuesta en el sentido siguiente. No me parece correcta la parte en la que se tiene que sujetar la Procuraduría General de la República a la Secretaría de Seguridad Pública en esta materia, toda vez que —me voy a permitir leer lo siguientes. A la minuta, que estamos tratando, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Orgánica de la Procuraduría General de la República, debemos señalar que de acuerdo con la fracción XVIII, del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se señalan las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en la materia que nos ocupa, para los funcionarios federales y que siendo la Procuraduría General de la República una instancia federal, legalmente le corresponde a la primera ser el conducto para realizar el trámite de licencias colectivas.
Sin embargo, indicar que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto las policías como los Ministerios Públicos son considerados en igualdad de circunstancias como instituciones de seguridad pública, razón por la cual y siendo la Procuraduría General de la República una institución del Estado mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública una instancia de la Administración Pública Federal, no resulta conveniente la sujeción de la primera, es decir, la de la Procuraduría, a la segunda en materia de licencias de portación de armas.
Por tanto, proponemos que siga siendo la Secretaría de Gobernación ya que es la dependencia que sustituye al titular del Poder Ejecutivo como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública en sus ausencias, quien mantenga la facultad que actualmente tiene; y modificar el segundo párrafo en los siguientes términos. El segundo párrafo del artículo 32, la propuesta es que quedaría de la siguiente manera: A la Secretaría de Gobernación le corresponde la suspensión y cancelación de credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones de procuración de justicia y policiales federales de los estados y el Distrito Federal en amparo de una licencia colectiva oficial de portación de armas y que se asimilan a licencias individuales.
Por ello, nosotros consideramos que en términos del artículo 30, fracción XVIII no es considerable y también en términos, a raíz de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 no puede considerarse a la Secretaría de Seguridad Pública como quien tenga que hacer las gestiones para la portación de armas de la Procuraduría General de la República, sino que le corresponde al secretario de Gobernación, toda vez que también en esta reforma del 18 de junio se establece que en materia de investigación, la Secretaría de Seguridad Pública siempre deberá actuar bajo el mando y conducción del Ministerio Público de la federación.
Por tanto, consideramos que tendría que ser la Secretaría de Gobernación y no la Secretaría de Seguridad Pública. Ésta es la propuesta que nosotros estamos haciendo.
Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad y el diputado Pedro Vázquez González elaborara el dictamen con las observaciones hechas por los diputados.
El punto número siete es análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 390 Bis a 390 Quintus del Código Penal Federal y reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales (sentido negativo).
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría y un voto en contra.
El punto número ocho es análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal en sentido positivo.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Yo soy una de las proponentes de esta reforma junto con la diputada Tomasa Vives, y hay algunos puntos que quisiera que aclaráramos una vez que ha sido emitido el sentido del voto positivo.
Una de las propuestas de la reforma era precisamente incrementar la sanción a quien extorsiona desde un cargo de seguridad o puestos públicos. Se estaba proponiendo que se incrementara de 4 a 10 años. Sin embargo, se está dejando exactamente como está el artículo 390 actualmente, con una pena de 2 a 8 años de prisión.
Sin embargo, la comisión no está argumentando el porqué no se acepta la propuesta de incremento de penalidad. Por otro lado, otra de las peticiones era que también la inhabilitación del cargo para estas personas o estos delincuentes fuera igual a la pena que se les impute.
El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: Yo analice, desde luego el dictamen que se encuentra en discusión y desde la propuesta de la iniciativa, y en el momento de elaborar el dictamen considero que pudiera estar complicado en cuanto a la forma que se plantea para la misma aplicación en cuanto a las sanciones.
Lo interpreto de la siguiente manera: Efectivamente, en el artículo 390. En su primer párrafo presenta una sanción para algún ciudadano, si vamos al objetivo principal que realice alguna extorsión y nos señala una penalidad de 8 a 2 años a prisión. Luego, en el último párrafo, y lo proponen también en la iniciativa y en el último párrafo del dictamen, nos hace referencia que además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de 3 a 9 años de prisión para quienes se encuentran privados de su libertad, en prisión preventiva, resultaría confusión al momento de aplicar la pena, como ya lo está notando la diputada. Sería un agravante.
Pudiéramos hacer referencia que se incremente a la penalidad en un tercio, dos tercios, lo que se pudiera considerar, a quien estando en prisión, pero no podemos señalar que en prisión, nuevamente, de 3 a 8, luego por ser ciudadano de 2 a 8 resultaría confuso en cuanto a la forma está planteado el mismo dictamen, que se pudiera estar incrementando solamente.
La diputada María Jesús Aguirre Maldonado comentó: Sí. Era en el mismo sentido, creo que ya quedó aclarado. Nada más agregaría también se propone que el servidor público que se ha detenido por este delito sea destituido e inhabilitado por el tiempo que dure la pena. Aquí, estaría en contra de que fuera únicamente mientras dura la pena.
Quiere decir que en el momento que cumpla con esa sanción impuesta, al día siguiente, ese ex servidor público puede regresar a un cargo en el servicio público. Creo que es el momento en que es el momento en que debemos nosotros de sancionar con mayor severidad a aquellos servidores públicos corruptos, aquellos que cometen este tipo de delitos aprovechándose que es un servidor público.
Entonces, siento que la inhabilitación debe de ir mucho más allá e incluso de manera permanente, la inhabilitación para poder regresar a un cargo del servicio público. No olvidemos que aquellos que estamos en el servicio público, somos personas que estamos mucho más obligadas que un ciudadano a cumplir con las leyes. Entonces, eso es en lo que estaría en contra de que únicamente sea por el tiempo que dure la pena la inhabilitación del servidor público.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Creo que hay coincidencia en las tres posiciones. Mi sugerencia para someterlo a votación es que los tres diputados rehagan el dictamen, porque hay coincidencia en lo que están diciendo.
Y lo otro, nada más les recuerdo que las penas excesivas están prohibidas están por la Constitución, para que lo mediten ustedes al rehacer el dictamen. Pero, creo que hay que hacer muy enérgico, contra quienes incurren en ese tipo de conductas.
Se sometió a votación y fue aprobado en lo general por unanimidad y los diputados Ma. Antonieta Pérez reyes, Eduardo Yáñez Montaño y María de Jesús Aguirre Maldonado elaborara el dictamen final.
El punto número nueve es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la incoativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 5 de la Ley General de Vías de Comunicación y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de ataque a las vías generales de comunicación (sentido positivo).
El diputado Josué Cirino Valdés comentó: El dictamen que se nos propone de esta iniciativa, presentada en su momento por nuestro querido compañero, el diputado Arturo Zamora, simplemente manifestarnos a favor de la misma, porque a pesar de que se trata de una reforma que toca dos artículos muy puntuales de la Ley de Vías Generales de Comunicación y el 194, del Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Ataques a las Vías Generales de Comunicación, la consideramos muy relevante, porque puntualiza de manera muy clara la situación del robo, de los bienes trasportados en las vías férreas de nuestro país y en las maquinas que trasportan estás mercancías y bienes.
Es importante establecer que en el dictamen se menciona que tan solo de enero a diciembre de 2011, se tienen reportadas tan solo en la ruta pacífico norte el robo de 23 mil 318 toneladas de granos lo que importó una pérdida de 127 millones de pesos. En el dictamen se expresan las nuevas formas y modalidades de robos a ferrocarriles que se están dando, la obstrucción de las vías, la ruptura de las vías lo cual genera una pérdida al patrimonio nacional y pérdidas importantes en materia de comercio y de industria tanto al mercado interno como al comercio exterior.
Al igual, se agrava este delito, se establece como delito grave y creo que lo esencial del dictamen es que ya se precisa muy bien que las mercancías transportadas también pasan a jurisdicción federal, el conocimiento de este delito porque actualmente se han dado en los estados muchas salidas para establecer como delito del fuero común el robo de las mercancías transportadas.
Entonces como el bien jurídico que se pretende tutelar es el servicio ferroviario entonces consideramos válida y procedente la iniciativa del diputado Zamora para que la jurisdicción federal alcance no sólo al ferrocarril en sí mismo o a la vía sobre la cual va el ferrocarril, sino a los bienes transportados en ella porque esto hace más práctica y menos burocrática la acción de la justicia para perseguir estos delitos de robo que mucho afectan a la economía nacional.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Creo que es muy clara la precisión del diputado, pero a mí me llama la atención la interpretación de los jueces en algunas entidades federativas, debo decirlo.
¿Cómo proteges los vagones y no proteges los bienes que van sobre los vagones? ¿Cómo proteges los vagones y no las mercancías que van sobre los vagones? ¿Qué está robando entonces? Pero yo creo que es muy oportuna la iniciativa. El dictamen precisa algo que para mí, por lógica jurídica los jueces debieran interpretar.
Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría y una abstención.
El punto número diez es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de delitos informáticos en sentido positivo.
El diputado Rodrigo Pérez Alonso comentó: Señalar en primera instancia que esta iniciativa la trabajamos con expertos en temas de delitos informáticos. Es un tema de avanzada, es un tema muy innovador justamente porque alrededor del mundo estamos viendo cada vez más este fenómeno de actividades ilícitas en redes y sobre todo en medios y sistemas computacionales.
La iniciativa fue presentada por el diputado Juan José Guerra y un servidor y en atención a este fenómeno creciente de delincuencia o de actividades ilícitas a través de redes y a través de sistemas computacionales manifestamos que justamente el uso de las tecnologías de la información y comunicación son cada vez mayores entre la población y a su vez esto trae beneficios; sin embargo, lo que no nos fijamos mucho es que también trae riesgos significativos tanto en el patrimonio de las personas como en la integridad física de las propias personas.
Existen diversos estudios que hablan del beneficio de las tecnologías en una economía, pero también de la problemática y en ese sentido el derecho debe actualizarse a estas nuevas realidades y es labor de este cuerpo legislativo llevar a cabo esta tarea. Para darles algunos datos duros únicamente en 24 países encuestados por una empresa de seguridad sobre los delitos informáticos se llegó a la conclusión de que las pérdidas únicamente patrimoniales son de alrededor de 14 mil millones de dólares al año.
Esto obviamente de acuerdo con la encuesta de esta empresa y sin embargo, esta propia encuesta no mide el impacto o no mide las afectaciones a la integridad de las personas como son los menores de edad y distintos otros grupos vulnerables.
En este tema quisiera enfatizar aquí y es un tema que hemos señalado a lo largo de esta legislatura, México es el primer país en producción de pornografía infantil en el mundo. Éste es un tema sumamente delicado y por ello es importante legislar y tipificar conductas ilícitas dentro del Código Penal Federal para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
Esta iniciativa pretende, por tanto, incorporar la tipificación de delitos por afectaciones a los sistemas del Estado, por ejemplo, algo que incluso tiene que ver con la seguridad nacional a los equipos del sistema financiero y a las personas.
Cabe señalar que estas reformas se basan en convenios internacionales y tipificación de delitos informáticos de otros países. Quisiera aquí nada más señalar que existen dos grandes clasificaciones, la primera de ellas es contra los bienes informáticos que tiene que ver justamente cuando una persona accede a un sistema en forma ilícita, el famoso hackeo .
Y por otra parte, otra clasificación muy grande es cuando se utilizan estos medios electrónicos para cometer ilícitos. Aquí quisiera señalar que la propia PGR reconoce que alrededor del 50 por ciento de los delitos tipificados en el Código Penal Federal como graves, pueden ser llevados a cabo a través de medios electrónicos y tecnologías de la información, así es que es un fenómeno creciente, es un fenómeno grave.
Dentro de esta clasificación última existen los delitos patrimoniales como el fraude y la extorción y los que son contra la seguridad de las personas como las amenazas, la trata de personas que ya abordamos aquí en otro dictamen y de forma muy grave, la pornografía infantil. Así que esta iniciativa y esta discusión y dictamen que estamos haciendo en este momento es, y sin afán de inflarle mucho a la cuestión, es histórico porque es la primera vez que en México se legisla en forma integral todos estos fenómenos y se legisla y actualiza estas conductas para incorporarlas como actividades ilícitas dentro del Código Penal Federal.
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Para el Grupo parlamentario del PT son atendibles todos los cambios planteados por los diputados Juan José Guerra y nuestro compañero Rodrigo Pérez-Alonso González, pues en nuestra opinión ha ido al alza la creciente incidencia de delitos informáticos en todo el país. Nos manifestamos a favor de que se incluya el fraude y el fraude informático, la falsificación, el robo de identidad y la utilización indebida de dispositivos.
Asimismo, también nos manifestamos a favor de que se incluyan disposiciones en materia de propiedad intelectual, el encubrimiento y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De igual manera estamos a favor de la inclusión de delitos relacionados con la pornografía infantil, la trata de personas, el turismo sexual, la corrupción de menores, la amenazas y la extorción a través de medios electrónicos, inclusive, compañeras y compañeros, haremos una excepción: votaremos a favor de que se agraven hasta el doble las sanciones relacionadas con los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 y éstos son los relativos a los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores, la trata de los mismos, y en caso de que la persona se valga del uso y empleo de medios informáticos para generar relaciones de confianza y amistad con la víctima.
Esto es así en virtud de que los menores e incapaces no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho y que desde luego, no tienen capacidad para resistirlo.
El de la voz ha promovido iniciativas a favor de los menores e incapaces y éstas ya fueron aprobadas por esta Cámara de Diputados. Y si aprobáramos este dictamen y el pleno así lo determinara, actualizaremos el Código Penal Federal; por tanto, adecuaremos las disposiciones que exige el orden jurídico mexicano ante el avance tecnológico y las condiciones actuales en México en dicha materia respecto a la implementación de estos delitos.
Consideramos que esto se ha vuelto insuficiente y carente de normas claras y precisas para combatir esta clase de conductas delictivas en medios informáticos. Ahora bien, manifestamos nuestro acuerdo con las penas en la iniciativa que se dictamina, pues éstas cumplen los principios de racionalidad y proporcionalita de la pena, ya que éstas oscilan entre 3 meses y 12 años de prisión, que ya estaban previstas.
Incluyendo aquellas que se incrementan el doble, por tratarse de corrupción de menores e incapaces, trata de menores, pornografía infantil, turismo sexual, etcétera. En cuanto a las demás sanciones que se establecen en el presente dictamen nos manifestamos en contra, pues ésta ha sido ya una postura que hemos estado manteniendo, hago la particularidad solamente en los cuatro delitos que se están planteando.
El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Nosotros también consideramos que es una materia en la que hay que empezar a legislar de manera mucho más efectiva. Nos encontramos con una serie de detalles técnicos jurídicos que había que revisar muy bien antes de imprimir en esta reforma modalidades de delitos que no corresponden a la tipificación de los mismos.
Voy a poner unos ejemplos. En el artículo 205 Bis, fracción K, dice: “quien se valga del uso o empleo de medios informáticos para generar una relación de confianza o amistad con la víctima”. Una agravante establecida, en este artículo aluden la existencia de una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito.
En ese sentido no es oportuna la inclusión de este inciso, ya que la hipótesis no se refiere a una relación, sino a la forma de establecer una relación. Una relación tiene que ser personal, no puede ser informática. Es un conducto, una vía para establecer una relación. Igual del 2011 Bis, que adiciona el párrafo previsto en las conductas penales. Es confuso porque no sabemos qué debe entenderse por la “suplementación de la identidad”...
El diputado Pedro Vázquez González comentó: Ahí nada más, en el fondo del dictamen, hay que revisar bien los tipos. Porque si no, estaríamos haciendo algo que no va a proceder. Y a lo mejor eso nos llevaría a tener que modificar los tipos generales antes de aprobar esto. Lo aclaro porque no es, a lo mejor, una reforma de maquillaje para que pase.
Si no, serían otro tipo de sanciones, y no penales, si el tipo general no recibe algunas modificaciones, presidente. Lo aclaro porque si la semana que entra queremos un dictamen y no logramos atender esto, no nos veríamos en posibilidad de votarlo a favor. Y con el mejor sentido, Rodrigo. Creo que lo tenemos que regular. No puede seguir así. Pero de una manera eficiente. Si no en los tribunales nos van a dar, como decimos los abogados, palo.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Nada más proponer un artículo 205 Bis-1, para que no quede dentro del 205 Bis. Entonces ahí ver nosotros la redacción adecuada para que no quede sin sanción esta modalidad. Pero que sea en otro artículo, en un 205 Bis-1.
Se sometió a votación y fue aprobado en lo general por unanimidad y los diputados Rodrigo Pérez-Alonso González, Pedro Vázquez González y María de Jesús Aguirre Maldonado elaborara el dictamen final.
El punto número 11 son asuntos generales.
El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Quiero hacer un reconocimiento a todos los miembros de esta comisión. Me da mucho gusto que terminemos el último periodo como lo empezamos, a tambor batiente. Tenemos todavía la Ley contra Lavado de Dinero, la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Ejecución de Penas, la Ley en materia de Adolescentes. Esta comisión nuevamente se va a caracterizar por las reformas trascendentales para la el país en materia jurídica.
Si nosotros no las aprobamos no va a transitar la reforma del 18 de junio de 2008, como válidamente decía nuestra compañera Dolores Nazares. Por eso me da mucho gusto este primer paso que hemos dado. Quiero reconocer en todo lo que vale su participación. Porque el pueblo de México espera mucho de nosotros.
El tema número uno, no necesito decirlo, es el tema de la seguridad y la justicia. El pueblo tiene hambre y sed de justicia, como dijera Justo Sierra.
Se citó para el miércoles 22 de febrero a las 11:00 horas
El presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la trigésima reunión ordinaria, a las 13:00 del día miércoles quince de febrero del año 2012.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia
Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo, secretarios.
