De la Comisión de Economía, derivada de la reunión ordinaria que tuvo lugar el miércoles 1 de febrero de 2012
A las 17:35 horas del día 1 de febrero de 2012 en los salones de usos múltiples números 4 y 5 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo de orden del día siguiente:
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
Estuvieron presentes los diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez Alonso González, secretarios; Raúl Gerardo Cuadra García, Pavel Díaz Juárez, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara.
Diputados que justificaron su inasistencia: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.
En virtud de que se contó con el registro los diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
La secretaria Norma Sánchez Romero, dio lectura al orden del día del primero de febrero de 2012: Primero. Lista de asistencia y declaración de quórum; segundo. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; tercero. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las reuniones ordinarias del 11 de mayo y 8 de junio de 2011; cuatro. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y en su caso aprobados sobre los siguientes asuntos: 1) Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII y se recorre la actual para quedar con la IX del artículo 1391 del Código de Comercio en materia de documentos con aparejada ejecución. 2) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria vitivinícola. Proponentes, diputados integrantes de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid. 3) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. Proponente diputado César Mancillas Amador, del PAN; 4) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio en materia de medios preparatorios de juicios ejecutorios mercantiles. Proponente diputado Leonardo Arturo Guillén Medina; 5) Dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud; y 33 de la Ley General de Protección al Consumidor en materia de imágenes modificadas en publicidad que puedan tener efectos en la salud de las personas. Proponente diputado Francisco Saracho Navarro; 6) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 273 y 274 de la Ley General de Salud; y 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de etiquetas y empaques para envases de productos de aseo. Proponente diputado David Hernández Pérez; 7) Proyecto de opinión de la Comisión de Economía a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco. Proponente diputado Fernando Espino Arévalo; quinto. Propuesta de conformación del Grupo de Trabajo para el estudio y análisis de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de la Ley de Sociedades de Inversión; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones; y de la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputada Norma Sánchez Romero; sexto. Asuntos generales; y séptimo. Clausura.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, puso a consideración la aprobación del orden del día. Fue aprobado por unanimidad.
La secretaria Norma Sánchez Romero, pasó al siguiente punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las reuniones ordinarias del 11 de mayo y 8 de junio de 2011. Acto seguido, sometió a votación la aprobación de las mismas, siendo aprobadas por los integrantes de la comisión. Siguiente punto. Lectura al primer dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción VIII y se recorre la actual para quedar en la IX al artículo 1391 del Código de Comercio en materia de documentos para aparejada ejecución. La Comisión de Economía acuerda. Se aprueba la minuta. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, primero de febrero de 2012. Se somete a discusión.
El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, tras solicitarle el presidente Guajardo Villarreal que planteara sus consideraciones con respecto al dictamen, señaló que la minuta pretendía establecer en el Código de Comercio una fracción en el artículo 1391, ya que aun cuando el artículo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que los laudos y convenios que dicte la Profeco podrán ser ejecutados por la vía de apremio y la vía ejecutiva que establezcan las leyes, en la práctica existían problemas porque los juzgados mercantiles interpretaban que al no venir en el catálogo de las nueve fracciones que contiene este artículo los laudos y convenios arbitrales emitidos por la Procuraduría, no les podía dar trámite por la vía ejecutiva mercantil; de suerte que con la adición quedaría claro que la ejecución de ese tipo de laudos y convenios debe tener lugar por la vía ejecutiva mercantil en los juzgados de esa competencia.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que básicamente se proponía homologar lo que en la disposición de la LFPC se establecía, con el fin de que fuera respetado en el marco del Código de Comercio y no hubiera discrecionalidad por parte del Poder Judicial.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, dijo estar de acuerdo en que se aprobara el dictamen, pero al mismo tiempo señaló que el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) y una gran mayoría de los códigos en la materia en los estados de la República, no contemplaban que los mencionados convenios y laudos trajeran aparejada su ejecución, por lo que en la práctica resultaba difícil que fueran aplicados y en este punto la legisladora planteó qué se podría hacer para corregir dicha omisión.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, en respuesta a la diputada señaló que, de hecho, la iniciativa original dictaminada en el Senado planteaba la necesidad de modificar los códigos de los estados y el CFPC; tema con relación al cual el abogado Pérez Frías comentó que el problema radicaba en que las reformas a los códigos de procedimientos civiles precisamente era jurisdicción de los estados y que, por tanto, son ellos los que debieran iniciar la acción legislativa para modificarlos. Por otra parte, el secretario técnico puntualizó que en el caso del CFPC, la Comisión de Economía y Fomento Industrial del Senado y la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados interpretaban que la materia de protección de los derechos del consumidor ha de llevarse a cabo por la vía ejecutiva mercantil y no a través de los procedimientos civiles de ejecución federales, pues la primera vía era la más expedita.
La diputada Norma Sánchez Romero, planteó que consideraba innecesaria la propuesta por tratarse de una evidente disposición que generaría confusión entre los particulares y, en consecuencia, propiciaría inseguridad jurídica al establecer la procedencia de vía y materias diferentes a propósito de una misma acción, aspecto sobre el que inquirió al secretario técnico de la Comisión.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías explicó que en su opinión no habría lugar a confusión, ya que hasta ese momento la vía para tales efectos estaba establecida en el artículo 110 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y lo único que ahí se decía era que los convenios serán ejecutados en la vía de apremio o en la ejecutiva que establezcan las leyes, por lo que asimismo tampoco quedaba claro si dicha vía era la ejecutiva mercantil o la vía de apremio de los códigos procesales civiles de los estados. El secretario técnico afirmó que precisamente la reforma proponía establecer con claridad dicha disposición en el capítulo de documentos que traía aparejada la ejecución en el Código de Comercio, para que quedara claro que la vía de ejecución de este tipo de convenios era la mercantil, ello independientemente de que en los estados en que existan códigos procesales que establezcan vías de apremio, los convenios puedan hacerse valer en esa vía. Ante esta aclaración puntual, la legisladora manifestó su satisfacción.
La secretaria Norma Sánchez Romero, al no haber ulteriores comentarios, procedió a someter a votación el referido dictamen, misma que fue aprobada por mayoría y con una abstención. Luego de ello, la legisladora procedió a abordar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola. La Comisión de Economía, acuerda. Único. Se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de febrero de 2012. Somete a discusión.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palabra con el fin de dar la bienvenida al diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, presidente de la Comisión para Impulsar la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid, a quien pidió que planteara sus consideraciones sobre el dictamen y recomendaciones con respecto a las reservas formuladas, luego de que el dictamen hubiera sido sometido a discusión.
El presidente, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, como exposición previa a los antecedentes propiamente dichos de la iniciativa, por una parte comentó que el proyecto de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola era el resultado de una convención especial celebrada por la industria y, por otra, expresó su deseo de que la siguiente legislatura creara la comisión especial en apoyo a la industria vitivinícola. Luego de ello, el legislador se abocó a plantear los antecedentes del proyecto de iniciativa, mismo que a decir suyo fue unánimemente aprobado por los miembros de la Comisión que preside. En tal sentido, el legislador explicó que primeramente se reunieron con los empresarios vitivinícolas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Guanajuato, y que asimismo se había entrado en contacto con el Consejo Mexicano Vitivinícola y con otros diversos organismos empresariales, como Canacintra, Canirac y Antad.
El diputado Vega de Lamadrid comentó que la comisión y sus miembros también se reunieron con funcionarios de distintas dependencias del Gobierno Federal, entre ellas las secretarías de Gobernación, Educación, Salud, Agricultura, Hacienda, Turismo y Economía. El legislador asimismo señaló que la industria vitivinícola nacional requería apoyo ya que estaba muy presionada en términos de competitividad, puesto que los vinos nacionales compiten con los de otros países, al tiempo de señalar que sólo el 25 por ciento del vino que se consume en el país es mexicano. Asimismo, comentó que en este proceso se había celebrado diversas reuniones de trabajo, un foro nacional y reuniones cumbres. Ya con referencia concreta a la iniciativa, el diputado Vega de Lamadrid señaló que ésta planteaba la creación de una Comisión Nacional Vitivinícola en calidad de órgano desconcentrado de la Sagarpa, en la que se diseñaran propuestas de políticas públicas para apoyar al sector y asimismo comentó que se proponía que certificara los vinos producidos por los empresarios vitivinícolas, de manera voluntaria, ello con el fin de que los consumidores estuvieran seguros de la calidad del vino nacional que se les ofrece y de que haya certidumbre en términos de la relación entre calidad y precio del producto. A decir del presidente diputado, la iniciativa también proponía la creación de un consejo consultivo integrado por los sistemas-producto que asocian a los productores en los distintos estados, por un consejo nacional, por los consejos locales de los estados productores y por asociaciones civiles y académicas, entre otras instancias.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que, según entendía, en el transcurso del análisis del dictamen había habido algunas observaciones para reservas, mismas que pedía al diputado Vega de Lamadrid las señalara, en la comprensión de que éste contaba con el respaldo de los miembros de la Comisión por él encabezada.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, Las modificaciones a las fracciones III y IV del artículo 3, a fin de aclarar correctamente el nombre de la ley, existía una fe de erratas, el siguiente cambio es al artículo 18 que pretende ajustarse a las medidas presupuestales.; en el caso del artículo 26, a fin de agregar que se procurarán establecer avances en la estandarización de métodos que permitan la certificación de marcas por distintos tipo de vino; el artículo 27, donde se hace una modificación para establecer que la Secretaría de Hacienda Podrá recibir de la comisión que se crea en esta ley, las medidas en materia fiscal y aduanera que estime convenientes y en este artículo se derogan tres fracciones que estaban ahí. ell artículo 32, a fin de establecer que la CONAGUA no garantizará, sino que procurará siempre el abastecimiento de acceso al agua en las regiones de productoras de la vid. Y por último una modificación al artículo 3o., transitorio que establecía el plazo para la modificación o creación de las normas oficiales necesarias para esta ley que cambia de 60 días a 120 días.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, invitó a los miembros de la Comisión de Economía a que expusieran sus puntos de vista sobre la iniciativa y sobre el propio dictamen.
El diputado Alejandro Cano Ricaud, celebró la iniciativa, ya que esta le dará un impulso importante a la industria, dándoles sustento y tener un crecimiento sostenido y sustentable.
La secretaria Norma Sánchez Romero, en la medida en que no hubo más comentarios, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad. Seguidamente la legisladora secretaria procedió con el orden del día y abordó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa; Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de febrero del 2012.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de someterlo a votación recordó a los presentes que este dictamen había sido presentado por el diputado César Mancilla Amador, el cual, estuvo en la mejor disposición de que se procesara positivamente la iniciativa propuesta por la comisión especial y que en este caso la que él había presentado sería descartada. Pidió a la secretaria someter a votación.
La secretaria Norma Sánchez Romero sometió a votación el presente dictamen. El cual fue aprobado por unanimidad. Cuarto dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1165 del Código de Comercio. La Comisión de Economía acuerda, primero, se apruebe la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de febrero del 2012. Se sometió a discusión.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, en atención a la solicitud del presidente diputado Guajardo explicó, con respecto a la iniciativa, que el tema que abordaba era el de los procedimientos preparatorios del Código de Comercio, mismo que en su parte procesal establece un capítulo de medios preparatorios en el que se asientan los procedimientos a ser utilizados para preparar los elementos de la acción; el abogado Pérez Frías explicó que en dicho capítulo se establecían dos procedimientos especiales para preparar los juicios ejecutivos mercantiles; uno de ellos mediante la solicitud de la confesión judicial del deudor sobre el adeudo y, el otro, mediante la solicitud al juez, cuando se tienen documentos de deuda líquida y plazo cumplido, de que mande al actuario al domicilio del deudor para que le pregunte sobre la certeza de la firma del adeudo y del objeto del adeudo, procedimiento en desuso porque carece de consecuencia jurídica. En tal sentido y a decir del secretario técnico, el actuario busca al deudor, puede regresar hasta cinco veces a su domicilio, inclusive trasladarse a otros domicilios del deudor sin determinación judicial, y si al final del día el deudor se esconde, no hay sanción jurídica alguna al respecto.
En este punto de su exposición, el abogado Pérez Frías indicó que el propósito de la iniciativa era modificar ese artículo y establecer una sanción, a efecto de que el actuario ejecutor se traslade al domicilio del deudor, se cerciore de su domicilio, le deje un citatorio de espera de 48 o 72 horas y, en caso de que el deudor no pudiera estar en su domicilio, en cambio pudiera dejar a un representante legal, debidamente apoderado, para que dé cumplimiento a la diligencia y entonces el actuario pueda preguntar sobre la certeza de la deuda y de la firma y sobre el objeto del crédito; el secretario técnico agregó que en la iniciativa propuesta asimismo se adiciona que habrá sanción en caso de que el deudor no esperara, ya que en consecuencia se tendría por cierta la deuda y el actor podría continuar el juicio ejecutivo mercantil, en el que, en todo caso, el deudor tendrá la posibilidad de tratar de desvirtuar el monto del crédito.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó al respecto que básicamente se planteaba una mejora en el procedimiento en cuanto a poder establecer que una vez que se diera por avisados a los deudores, el procedimiento se convertiría en un proceso más certero para mejorar los procedimientos mercantiles; dicho esto, el diputado Guajardo Villarreal abrió la discusión entre los miembros de la Comisión y al no haber comentario alguno, pidió a la diputada secretaria que sometiera a la consideración del pleno el dictamen.
La secretaria Norma Sánchez Romero así lo hizo, y la votación arrojó por resultado la aprobación del dictamen por mayoría. Luego la legisladora se abocó a abordar el quinto dictamen, relativo a la iniciativa que reforma los artículos 307 de la Ley General de Salud y 32 de la Ley General de Protección al Consumidor, en materia de imágenes modificadas en publicidad que pueden tener efectos en la salud de las personas. La Comisión de Economía acuerda: Primero, se desecha la iniciativa en lo que respecta a la propuesta de adicionar un cuarto párrafo al artículo 32 de la ley Federal de Protección al Consumidor. Segundo. La Comisión de Economía se declara incompetente para conocer de la modificación propuesta del artículo 307 de la Ley General de Salud. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1º de febrero del 2012. Se somete a discusión.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, previo señalamiento por parte del diputado presidente Guajardo Villarreal, que le solicitó que expusiera los pormenores del análisis realizado por parte del secretariado técnico de la Comisión con los asesores del diputado Francisco Saracho Navarro, promovente de la iniciativa, procedió a explicar que el 4 de julio del 2011 la Comisión había procesado un dictamen en el que se pretendía modificar la Ley Federal de Protección del Consumidor, a efectos de establecer que las imágenes de publicidad que estuvieran retocadas, tuvieran una leyenda que así lo indicaran. El abogado Pérez Frías asimismo puntualizó que la iniciativa que presentaba el diputado Saracho Navarro, en cuanto a la parte relativa a la Ley Federal de Protección al Consumidor era idéntica a los de la referida iniciativa anterior, misma que había sido desechada por la Comisión de Economía en su oportunidad. El abogado agregó que en esa ocasión la CE se pronunció en el sentido de que la Ley Federal de Protección al Consumidor regulaba la certidumbre jurídica de las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores y que, por tal razón, habida cuenta de que el problema que se pretendía atender era de salud pública y específicamente de bulimia, debía ser procesado desde el punto de vista de la Ley General de Salud y, por tanto, era competencia de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
Por último, el secretario técnico señaló que, en diálogo y acuerdo con los asesores del diputado Saracho Navarro, se concluyó que, con respecto a lo que se planteaba a propósito de una modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo conveniente era pronunciarse en el mismo sentido; es decir, desechar esa parte de la iniciativa, y con relación a la propuesta de hacer otros añadidos, cuya naturaleza no correspondía a la competencia de la Comisión de Economía, ésta procedía a declararse incompetente, de manera que se estaba remitiendo el dictamen a la Comisión de Salud para que se prosiguiera el proceso parlamentario y dicha Comisión se pronunciara al respecto.
La secretaria Norma Sánchez Romero sometió a la consideración de las diputadas y los diputados miembros de la Comisión el dictamen, mismo que fue aprobado en sentido negativo por mayoría, y con un voto en contra del diputado José Luis Velasco Lino. Luego de ello, la diputada secretaria procedió a abordar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 273 y 274 de la Ley General de Salud y 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de etiquetas y empaques para envases de productos de aseo. La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de febrero de 2012. Se somete a discusión el dictamen
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías explicó, por instrucciones del diputado presidente, que la iniciativa pretendía definir el concepto de productos de aseo doméstico y algunas disposiciones para el empaquetamiento y el etiquetado de dichos con relación a cierto tipo de advertencias. En ese sentido, el abogado Pérez Frías comentó que en el pasado la CE, en un dictamen parecido, se había pronunciado en el sentido de que en las normas oficiales mexicanas (NOM) existe una especificidad muy detallada respecto a qué etiquetas deben portar los productos, cuáles deben ser sus empaques, qué productos son los que deben utilizar tapas a prueba de niños y, en general, cuáles debe ser las advertencias de las mencionadas etiquetas, de manera tan detallada que incluso las referidas NOM establecen qué productos pueden transportarse juntos y cuáles deber serlo por separado. De ahí que se desechara la iniciativa, retomando los argumentos esgrimidos por la Comisión de Salud, en la medida en que el dictamen había sido procesado en comisiones unidas.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que cuando se platicó con los asesores del promovente quedó claro cuál era el objeto de la propuesta, y éste era atacar un problema real que radicaba que cuando se venden a granel sustancias tóxicas para limpieza o para desmanchar brochas, etcétera, con frecuencia en las ferreterías pequeñas se venden en envases usados que lo mismo pudieron haber sido de Coca Cola u originalmente de otras bebidas o alimentos, lo que propicia que con frecuencia haya accidentes con niños pequeños que, por descuido de los padres y confusión, toman los contenidos tóxicos que son introducidos en esos envases, incluso con peligro de morir. El diputado Guajardo agregó que lo que se había acordado con los promoventes había sido que, para atender ese problema en particular, se presentaría una iniciativa específica por medio de la cual, independientemente del tipo de envase en el que se vendieran las referidas substancias, se exigiría un etiquetado permanente para evitar accidentes como los mencionados y quizás un cierto tipo de tapa que no pudiera ser abierta por niños pequeños. El legislador agregó que el tema estaba siendo analizado y que incluso se estaba considerando la posibilidad de que se atendiera vía Ejecutivo Federal, por medio de normas adecuadas para atender la problemática.
La secretaria Norma Sánchez Romero sometió a consideración el dictamen, que fue aprobado por mayoría. Inmediatamente después la secretaria abordó el siguiente punto en el orden del día, correspondiente al dictamen de opinión de la Comisión de Economía con respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Control del Tabaco. La honorable Comisión de Economía emite opinión respecto de la iniciativa mencionada en el proemio del presente escrito en los términos que han quedado apuntados. Concluyendo que la propuesta de modificar el artículo 10 de la Ley General para el Control del Tabaco es viable y debe ser aprobada, más no así las restantes modificaciones pretendidas.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que con respecto a la iniciativa en cuestión la Comisión de Economía había solicitado turno para dictaminarla y que sólo se le había turnado para su opinión, lo que a decir del propio presidente diputado Guajardo resultaba señaladamente inadecuado, en la medida en que asimismo se estaba abordando el tema de las licencias de comercio, juntamente con el hecho de que se reconocía la potestad de la Comisión de Salud en temas de salud y, por lo tanto, con relación al consumo de tabaco. Al mismo tiempo, el diputado Guajardo Villarreal planteó que le solicitaba su opinión al secretariado técnico para que la compartiera con el Pleno, con el fin de que aclarara el por qué de la recomendación de aceptar parcialmente algunos de los elementos incluidos en la iniciativa y de desechar otros. El diputado Guajardo, en este punto de su intervención, señaló que le parecía irracional la propuesta de exigirle a todo tipo de establecimientos que venden cigarrillos que tuvieran una licencia especial para su venta, porque lo único que se fomentaría sería el contrabando de cigarrillos y su venta fraudulenta, además de que se sometería a estos estanquillos o micro negocios a un trámite burocrático adicional, lo que implicaría una carga lesiva en el cumplimiento de una medida que ciertamente no resolvería el problema del tabaquismo, ya que, por el contrario, se propiciaría la informalidad en el comercio del tabaco y su importación ilegal y distribución informal, a costa de los establecimientos registrados. Dicho esto, el diputado Guajardo Villarreal pidió al secretario técnico que explicara qué es lo que se recomendaba aceptar de la iniciativa.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías aclaró que a la opinión emitida a la iniciativa sobre las modificaciones que se proponen al artículo 10 de la Ley General del Control del Tabaco, que establece los lineamientos para la ejecución y evaluación de los programas contra el tabaquismo. En este apartado la iniciativa propone fortalecer el Programa contra el Tabaquismo agregando tres fracciones en los siguientes términos. Fracción IV, es la sensibilización de la población acerca de los efectos nocivos del tabaquismo, el grado de adicción que genera, las enfermedades crónicas asociadas a su consumo, y la promoción de la asociación; V, la orientación de la población para generar la cultura de la protección, exposición al humo de tabaco, y VI, la emisión de lineamientos normativos para homologar las acciones de protección, prevención y sensación a nivel nacional.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, sometió a la consideración de las diputadas y los diputados integrantes la opinión, con el fin de formular el posicionamiento de la Comisión al respecto y con el objeto de hacer valer dicha opinión en el pleno de la Cámara.
El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla comentó que sería altamente deseable que en la siguiente reunión de trabajo de la Comisión de Salud, en la que se procedería a votar la iniciativa, estuviera presente el propio diputado presidente Ildefonso Guajardo, con el fin de que la variable comercial de la problemática fuera considerada y quedara incluida en el dictamen que elaborará la Comisión de Salud, a fin de conservar el espíritu de lo que se ha expresado al interior de ésta Comisión de Economía.
La secretaria Norma Sánchez Romero, al no haber más comentarios, procedió a someter a votación la opinión a la iniciativa en comento, misma que fuera aprobada por las y los miembros del pleno, de manera unánime.
La secretaria Norma Sánchez Romero presentó el siguiente punto del orden del día que era la propuesta de conformación del grupo de trabajo para el estudio de análisis de la iniciativa de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones y la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputada Norma Sánchez Romero.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, le pidió a la secretaria, en calidad de promovente de la iniciativa, que explicara el propósito de ésta, para después someter a aprobación la creación del grupo de trabajo, en el entendido de que ella sería la coordinadora de dicho grupo.
La secretaria Norma Sánchez Romero comentó que se trataba de una iniciativa muy amplia, prácticamente de una miscelánea mercantil, por medio de la cual se proponía conformar y reformar un conjunto de leyes con el objeto de organizar los órganos administrativos y legales de las sociedades mercantiles; y explicó que se trataba de una iniciativa que afectaba a un conjunto muy amplio de leyes, por lo que juzgaba necesario conformar un grupo de trabajo para dictaminarla.
El diputado José Luis Velasco Lino, dirigiéndose a la diputada Sánchez Romero, señaló que consideraba que era necesario trabajar en la iniciativa de la manera más rápida posible, ya que se trataba del último periodo, de suerte que le preguntó a la legisladora cuántos miembros serían necesarios para conformar el grupo y qué tantas reuniones serían necesarias para tal efecto. El diputado Velasco Lino mencionó que la semana anterior Concamin había celebrado una serie de reuniones en Guadalajara en el que diferentes cámaras empresariales habían formulado una serie de propuestas precisamente con el objeto de actualizar y coordinar esas diferentes leyes. Dicho esto el legislador se sumó a la propuesta de la diputada y pidió incorporarse al grupo de trabajo.
El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla planteó, con respecto a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que había quedado pendiente procesar el transitorio de la ley, de manera que le parecía sumamente importante que fuera procesado por la Comisión de Justicia, a la que había sido turnada la ley en su momento; con respecto a ello el legislador planteó que se hablara con los miembros de dicha comisión, con el fin de que se dictaminara la iniciativa a la brevedad posible.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó al respecto que en el momento de tratar los asuntos generales en el Orden del Día se referiría a este tema y que, por lo pronto y con respecto al grupo de trabajo, le parecía que en él debía participar un miembro de cada grupo parlamentario, con el fin de resolver en una sola reunión lo pendiente con respecto a la iniciativa presentada por la diputada Sánchez Romero. Dicho esto, el diputado presidente Guajardo Villarreal sometió a votación de los miembros de la Comisión la conformación del grupo, misma que fue aprobada de manera unánime. Por otra parte, el diputado Guajardo comentó que la diputada Sánchez Romero había decidido retirar un elemento de controversia de su iniciativa, relativa al Sistema de Registro Empresarial Mexicano, CIEM, lo cual seguramente agilizaría aún más los trabajos del grupo.
Asuntos generales
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que respecto al planteamiento realizado por diputado Juraidini Rumilla con relación al artículo 39 transitorio de la LFCE, dicho artículo era un recurso de reconsideración por parte de la autoridad a los particulares, clave para garantizar el debido proceso y el equilibrio de actores y de poderes, por medio del cual se pretendía introducir en la ley la participación del sector judicial, ello a diferencia del artículo 39 vigente, en el que el recurso de reconsideración lo dirimía la misma autoridad, es decir, el órgano regulatorio, que es la instancia que emite el primer fallo. El presidente diputado Guajardo Villarreal agregó al respecto que el proceso para definir el 39 había implicado una tardanza debido en razón de las consultas al Poder Judicial, ya que éste sería el responsable del procedimiento ante los poderes Legislativo y Ejecutivo; el legislador asimismo agregó que había una iniciativa presentada por el diputado Arturo Zamora, de Jalisco, en el sentido de proponer una iniciativa que permitiera definir este procedimiento desde la propia Cámara de Diputados, iniciativa que fuera turnada a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Economía.
El diputado Guajardo puntualizó que se estaba analizando si en este proceso y por parte del Legislativo, sería la Cámara de Diputados o la de Senadores la que se plantearía como el órgano legislativo de origen, con el fin dictaminar todas las leyes involucradas para resolver el 39 transitorio de la LFCE; ello al tiempo de asumir, tal como lo había planteado el diputado Juraidini, era responsabilidad de esa Legislatura finiquitar el compromiso que entrañaba procesar enteramente dicha ley, uno de los grandes logros de la Comisión y del Poder Legislativo durante esa Legislatura.
El diputado José Luis Velasco Lino se refirió al planteamiento del Ejecutivo federal de celebrar la próxima reunión del G20, con México como anfitrión y hacia el mes de junio, fecha que el diputado manifestó que no era adecuada debido a la celebración de las elecciones presidenciales; seguidamente el legislador afirmó que no sólo se había mantenido la fecha, sino que además se estaba destinando un lugar para hospedar a jefes de Estado de las principales nacionales, cuando en realidad no existía un recinto adecuado para ello y estaba por construirse. El diputado Velasco Lino planteó que era necesario que la Secretaría de Economía informara mes con mes sobre los avances sobe los preparativos de la celebración de esta reunión cumbre, sobre todo en el contexto de los retrasos en que había incurrido la empresa contratada para dar inicio a la construcción del centro de convenciones en el que se planeaba celebrar la referida reunión. El legislador concluyó su comentario recordando que había varios extrañamientos formulados por el Legislativo al Ejecutivo en razón del no inicio de la construcción y de la inconveniencia de celebrar el evento en junio por motivos electorales.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, al respecto respondió al diputado Velasco que tenía entendido que justamente la Comisión de Relaciones Exteriores había planteado un posicionamiento y un exhorto en ese mismo sentido y que por otra parte era posible que los recursos involucrados en la celebración del evento corrieran por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o se tratara de recursos ya asignados al presupuesto; por otra parte, el diputado Guajardo preguntó al diputado Velasco Lino si lo que estaba planteando era un posicionamiento público o si se trataba de que la Comisión de Economía emprendiera alguna acción específica con respecto a la Secretaría de Economía (SE); a lo que el diputado Velasco respondió que pedía que se estableciera contacto con dicha secretaría para tratar el asunto. Al respecto el presidente diputado Guajardo comentó que la presidencia de la Comisión se dirigiría a la SE con el fin de solicitarle informes sobre ese asunto y establecer un diálogo al respecto.
El diputado Melchor Sánchez de la Fuente expresó, como parte de los asuntos generales a tratar, su preocupación con respecto a la política arancelaria inconsulta que el gobierno federal venía impulsando a pesar de los reiterados llamamientos planteados por el Poder Legislativo y por el sector empresarial del país. En el mismo sentido señaló que las consecuencias del grave daño infligido por esa política a la industria manufacturera nacional ya se estaban manifestando seriamente. El legislador mencionó que se había sostenido una reunión con subsecretaria Lorenza Martínez en la propia Secretaría de Economía, y a la que habían asistido los presidentes nacionales de la industria del textil, el presidente nacional de la industria de la confección del vestido y los productores de algodón del país. El diputado comentó que éstos últimos, por vez primera en la historia de la comarca lagunera, no pudieron vender su algodón porque no hay quien lo consuma en razón de la entrada indiscriminada de la mezclilla al país, de manera legal e ilegal, al tiempo que la producción de esta tela en nuestro territorio descendió en un 60 por ciento, lo que además afectó seriamente a los transportistas ligados a ese sector.
El diputado Sánchez de la Fuente comentó que en la referida reunión con las autoridades de la SE estuvo presente el dueño de la fábrica de hilo más grande de México que le vendía dicho producto a los países el Continente y que ya no lo hacía más, precisamente a causa de la política arancelaria unilateral aplicada por el Gobierno federal. El legislador asimismo comentó que cientos de miles de empleos se perderían y que de hecho ya había cerrado una fábrica de mezclilla de doscientos años en Coahuila, debido a que se había saturado el mercado interno debido a la introducción de pantalones contrabandeados y de una gran cantidad de prendas con contenido de algodón.
El diputado Sánchez de la Fuente planteó que, más allá de los puntos de acuerdo que ha suscrito, la Comisión actuara con el fin de impedir la persistencia de dicha situación y emprendiera acciones que llamaran la atención de los expertos y que se ofrecieran dictámenes a propósito de lo que venía ocurriendo a la industria nacional.
El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que la comisión tenía un instrumento que podría ser su última aportación del periodo para enfrentar ese problema de manera eficaz, es decir, la minuta en la que se había venido trabajando con el Senado de la República en materia de la reforma a la Ley de Comercio Exterior. El diputado Guajardo señaló que así como había una iniciativa promovida por el propio diputado Sánchez de la Fuente, que buscaba reformar el esquema de determinación de los aranceles y determinar quién debía tener la responsabilidad de diseñar dicha política, él recomendaba que de inmediato se echara mano de la minuta y de las iniciativas en la Comisión de Economía en materia de las reformas a la Ley de Comercio Exterior, como estrategia fundamental para influir en la política arancelaria.
En ese mismo sentido, el diputado presidente Guajardo pidió al diputado Sánchez de la Fuente que encabezara un grupo de trabajo con el fin de analizar la minuta del Senado y de convocar a un foro de discusión en la propia Cámara de Diputado, en el que participaran el conjunto de las cámaras industriales relacionadas con la problemática, con el fin de tomar en consideración sus puntos de vista, al tiempo de invitar a participar en ese mismo foro a expertos y estudiosos del tema, en razón de que la ley incluía aspectos varios de mecanismos para defender los legítimos intereses de los productores del país.
En el mismo sentido, el legislador señaló que la reforma planteaba modificar al organismo responsable para defender a la empresa mexicana contra prácticas desleales de comercio, así como al Comité de Comercio Exterior que se reúne en la Secretaría de Economía y que poco ha considerado la opinión de los empresarios. Acto seguido, el diputado Guajardo Villarreal sometió a la consideración de las y de los miembros de la Comisión la creación del referido grupo de trabajo con el fin de encabezar los trabajos para reformar la Ley de Comercio Exterior y para establecer la fecha de celebración de un foro en el que se convocara a las cámaras empresariales con interés en el asunto, tras lo cual se votó la propuesta, misma que fuera respaldada de manera unánime.
Clausura
Habiendo agotado los diversos asuntos que conformaron el orden del día, con la anuencia de las diputadas y los diputados de la comisión, el presidente, Ildefonso Guajardo, procedió a dar por clausurada la reunión de trabajo a las 18:41 horas.
La Junta Directiva de la Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.
De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria efectuada el miércoles 18 de abril de 2012
A las 15:20 horas del 18 de abril del 2012, en los salones de usos múltiples números 4 y 5 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo de orden del día siguiente:
Lista de Asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente, Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez Alonso González, secretarios; Margarita Beatriz de la Candelaria Curmina Cervera, Pavel Díaz Juárez, Luz Mireya Franco Hernández, Sergio Gama Dufour, Valerio González Schcolnik, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández y Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrantes.
Diputados que justifican su inasistencia: Indira Vizcaíno Silva, secretaria; José Antonio Arámbula López, integrante.
En virtud de que se contó con el registro de 20 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Antes de que la secretaria diputada Norma Sánchez Romero procediera a dar lectura al orden del día, el diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal dio la bienvenida formal a las legisladoras y a los legisladores que en ese momento se incorporaron a la comisión en calidad de miembros: por parte del PRI, las diputadas Margarita Beatriz Candelaria Curmina Cervera, de Campeche; Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, de Coahuila y Luz Mireya Franco Hernández, de Sonora; y por parte del PAN, el diputado Valerio González, de Baja California Sur.
Lectura del orden del día
1. Proyecto del orden del día, lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de las actas de reuniones ordinarias pendientes.
4. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso, aprobados:
a) A la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio;
b) A la iniciativa que adiciona un artículo 1378 Bis y reforma el artículo 1399 del Código de Comercio;
c) A la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior;
d) A la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se adicionan la fracción XI del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
e) A la minuta por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Séptimo Párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía;
f) A la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de casas de empeño;
g) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de garantías;
h) A la iniciativa que reforma los artículos 7 y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica;
i) A las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
j) A la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de envases de productos tóxicos o corrosivos.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
El orden del día fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.
Lectura y discusión y, en su caso, aprobación de las actas de reuniones ordinarias pendientes
Acto seguido y de acuerdo con el orden del día se sometieron a la consideración de las diputadas y los diputados asistentes las actas de las reuniones ordinarias pendientes de votar, mismas que fueron aprobadas de manera igualmente unánime.
Revisión de los proyectos de dictamen a ser discutidos y, en su caso, aprobados
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, continuó con el orden del día y procedió a abordar, para su discusión, el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la minuta. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril de 2012.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, a petición del diputado presidente Ildefonso Guajardo, procedió a explicar el propósito de la minuta y en tal sentido, comentó que dicha minuta propone que se adicione un segundo párrafo a un artículo del Código de Comercio, a fin de establecer que las partes en un juicio mercantil puedan acudir a la mediación en cualquier momento sin que el juicio se suspendiera, a diferencia de lo que establecía la ley vigente, pues hasta el momento no existía una disposición expresa que permitiera que después de contestada la demanda pudiera acudirse a la mediación, a menos que existiera un previo acuerdo de arbitraje o un procedimiento convencional establecido por las partes.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, al no haber comentario alguno por parte de los miembros de la comisión, sometió a la consideración de éstos el referido dictamen, mismo que fuera aprobado en su sentido, de manera unánime. Luego de ello la secretaria diputada abordó el segundo dictamen, correspondiente a la Iniciativa que adiciona un artículo 1378 Bis y reforma el artículo 1399 del Código de Comercio. La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa. Segundo. Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de abril de 2012.
Luego de ello, el presidente diputado le pidió al secretario técnico, que fundamentara el sentido del dictamen.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que la diputada promovente proponía en la iniciativa establecer una audiencia conciliatoria en los juicios mercantiles, una vez que estuviera integrada la litis del juicio, y la razón por la que el sentido del dictamen se presenta en negativo, radica en el hecho de que se había recibido en la comisión con anterioridad una minuta con idéntico propósito, cuya etapa va más avanzada en su proceso legislativo.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad; luego de ello la legisladora procedió a abordar el tercer dictamen, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. La Comisión de Economía acuerda: Único. Se aprueba la minuta. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de abril de 2012.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, planteó que la minuta de referencia de alguna manera reflejaba una serie de iniciativas que en su momento habían sido recibidas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, lo que revelaba la insatisfacción de diversos sectores productivos de la economía nacional a propósito de que la Ley de Comercio Exterior era una ley que no había experimentado reforma alguna.
En el mismo sentido, el diputado presidente Ildefonso Guajardo hizo referencia a que la minuta recogía algunas insatisfacciones vinculadas con el hecho de que la Unidad de Prácticas de Comercio internacional (UPCI) perteneciente a la Secretaría de Economía, realmente no había venido combatiendo con eficacia a las prácticas desleales de comercio de los productores de otros países y por tanto tampoco a la defensa de los productores y de la planta productiva nacionales y de los empleos que éstos generaban; de ahí que, de acuerdo al legislador, la minuta recibida del Senado propusiera transformar a la UPCI para que ya no dependiera directamente del secretario de Economía y en cambio se convirtiera en un órgano descentralizado con tres comisionados, al tiempo de conferírsele mayor independencia.
En este punto de su intervención, el diputado Ildefonso Guajardo recordó que la comisión había autorizado la celebración de un foro el 9 de abril con el fin de atender ciertas inconformidades de diversos e importantes sectores empresariales, mismo que fuera realizado de manera muy exitosa con la presencia de todas las cámaras empresariales y de expertos y académicos especializados en el tema, lo que dio pie a un debate sumamente enriquecedor. El presidente diputado afirmó, al respecto, que las mejores prácticas internacionales en materia de los mecanismos de comercio internacional están divididas en esquemas en que, con respecto al Poder Ejecutivo, prevalece una señalada independencia, como en el caso de los Estados Unidos, donde la determinación del daño por prácticas desleales de comercio lo establece la comisión correspondiente, compuesta por republicanos y demócratas en igual número, mientras que el europeo es un modelo más cercano al Ejecutivo.
Asimismo, el legislador señaló que la minuta se había hecho circular en sus términos entre los miembros de la Comisión de Economía, al mismo tiempo que estaba al tanto de sus opiniones sobre el tema, y así particularmente en el caso del diputado José Luis Velasco Lino, quien participó muy activamente en el referido foro y al cual el diputado Ildefonso Guajardo pidió que compartiera sus puntos de vista con los miembros de la Comisión, anticipándoles que con posterioridad les haría un planteamiento.
El diputado José Luis Velasco Lino, por su parte comentó que efectivamente en los últimos veinte años la Ley de Comercio Exterior no había sido reformada, al mismo tiempo que, a raíz de la suscripción de diversos tratados de libre comercio por parte de México con otros países, la actividad económica y en materia de comercio exterior había sido muy dinámica con respecto a casi una treintena de naciones, razón por la que era necesario modificar la referida ley.
El diputado José Luis Velasco Lino asimismo comentó que en la minuta enviada por el Senado de la República las reformas propuestas básicamente se referían a la operación de la UPCI, tema abordado en el mencionado foro, en el que a su vez habían participado cámaras representantes de sectores empresariales como los de las industrias del acero, la textil, la del calzado, la del vestido y otras más que por una parte han sido beneficiadas por el crecimiento de los intercambios comerciales con otros países, pero por otra asimismo perjudicadas por la competencia desleal de algunos de ellos, en el marco de la globalización, y en la última década por la entrada masiva de productos manufacturados en Asia, lo cual implicaba pérdida de empleos para el país.
Al respecto, el diputado Velasco manifestó que la minuta del Senado de la República presentaba lo mismo ventajas que desventajas, por lo que él había planteado una serie de reservas con el fin de que fueran tomadas en cuenta para mejorar el funcionamiento del organismo que se proponía que sustituyera a la UPCI. Y por último, el legislador expresó su deseo de leer el capitulado en el que proponía las reservas planteadas.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, al respecto comentó que por intercambios previos estaba consciente del sentido y de la profundidad de las reservas que planteaba el diputado José Luis Velasco Lino, mismas que además guardaban relación con ideas similares expuestas por otros miembros de la comisión; en el mismo sentido, el legislador agregó que sería propicio escuchar diversas opiniones y planteó su deseo de hacer una recomendación con el fin de que se integrara una mesa de trabajo sobre el tema, para trabajar sobre el mismo con un límite acotado de tiempo, en razón de los propios tiempos de la legislatura, por lo que propuso que el martes siguiente por la mañana el grupo de trabajo que se formara planteara al pleno de la comisión una recomendación con base en un profundo análisis sobre los temas que eran motivo de la atención de los empresarios. Al respecto, el diputado presidente comentó que esa mañana había recibido llamadas del presidente de la Concamin y de los representantes de la Canacero y de otras cámaras de la manufactura para pedir tiempo a la comisión, por medio suyo; el diputado Ildefonso Guajardo agregó que sería decisión del pleno de la comisión si después de integrar el grupo de trabajo en el que estuvieran representadas todas las fracciones parlamentarias se atendería la solicitud de las cámaras empresariales y en todo caso se formulara una serie de recomendaciones con respecto a la minuta para que fueran atendidas por la siguiente legislatura; en el mismo sentido, el legislador puntualizó que lo que los representantes de las cámaras empresariales solicitaban era que no se precipitara una decisión sobre las reformas en juego.
Por último, el diputado Ildefonso Guajardo reiteró la conveniencia de escuchar otras opiniones, tras lo cual solicitó al diputado Velasco Lino que encabezara el referido grupo de trabajo.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, dijo que con la información que se estaba planteando entendía que se trataba de ampliar el sector público con el establecimiento de dos nuevos órganos, el Consejo Consultivo de Comercio Exterior y la Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (CMPCI), lo que implicaría un mayor presupuesto y un número mayor de expertos; dicho lo cual preguntó si había planes más detallados al respecto, con el fin de tener una idea del costo que ello pudiera suponer y de lo que se estaría aprobando.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, en respuesta a la intervención de la diputada Martínez y Hernández comentó que él planteaba la necesidad de que se introdujera un artículo transitorio en la minuta, con el objeto de determinar un plazo para que la CMPCI fuera vigente a partir de que tuviera suficiencia presupuestal, lo cual no podría ocurrir sino a partir del primero de enero del siguiente año.
La diputada Norma Sánchez Romero, por su parte planteó que la iniciativa contravenía el artículo 131 constitucional sobre las facultades del Poder Ejecutivo respecto al comercio exterior, además de que lo propuesto representaba requerir el estudio presupuestal correspondiente.
El diputado Jorge Hernández Hernández, comentó que la participación de las organizaciones empresariales en el foro revelaba la preocupación por sus empresas a propósito de que las reformas se tradujeran en una mayor certidumbre y en una normatividad adecuada al proceso de la globalización, en la medida en que el comercio internacional y nacional se había transformado en los últimos veinte años.
El legislador señaló que por ello era necesario un análisis serio y responsable, con el propósito de que el sector productivo y las empresas del país contaran en la legislación con elementos necesarios para asegurar su competitividad frente al exterior, ya que las prácticas comerciales desleales se traducían en la afectación de la planta productiva nacional y de sus trabajadores y familias.
El diputado agregó que por ello se entendía la premura por procesar las reformas a la Ley de Comercio Exterior y que por ello también era necesario que a la brevedad se conformara el grupo de trabajo que proponía el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a fin de que, en un periodo de varios días de intenso trabajo, se impulsara el análisis respectivo, valorando la preocupación de varias cámaras empresariales sobre las reformas y sobre la necesidad de que se evitara el riesgo de que se votara algo al calor de la discusión que no fuera acorde a las necesidades del sector industrial.
En suma, el diputado afirmó que, independientemente de que fuera facultad del Ejecutivo federal autorizar las prácticas comerciales internacionales, era necesario ofrecer una herramienta eficaz con el propósito de que México y sus sectores empresariales estuvieran a la vanguardia en el marco de la globalización.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal con el propósito de resumir el fondo de los comentarios vertidos hasta ese momento por las fracciones parlamentarias que habían tomado la palabra, a título de sugerencia planteó la integración inmediata de un grupo de trabajo y asimismo propuso que lo encabezara el diputado José Luis Velasco Lino, en razón de que éste había trabajado en la formulación de un conjunto de reservas que quizás pudieran ser las más importantes entre las presentadas; el diputado presidente asimismo señaló que el grupo conformado por miembros de todas las fracciones parlamentarias representadas debía decir si en el escenario de la formulación de correcciones la minuta debía ser impulsada y enviada al Senado con los cambios respectivos o sencillamente se le hacían una serie de recomendaciones y se la dejaba para que fuera retomada por la próxima legislatura y de tal manera se les concediera más tiempo a los organismos empresariales para que expresaran sus consideraciones.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal puntualizó que si ésta última fuera la opción por la que se pronunciara el grupo de trabajo, se les solicitaría a las cámaras empresariales un escrito en el que quedara asentado que no habría sido por falta de compromiso por parte de la comisión que no se prosiguieran los trabajos, sino por falta de consensos; ello con el fin de que de esta manera el récord de la comisión refrendara el hecho de que había sido una de las comisiones más productivas y cumplidas de la legislatura.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, sometió a la consideración del pleno la propuesta de creación del grupo de trabajo con relación a la minuta, propuesta que fue aprobada de manera unánime; dicho lo cual, la diputada secretaria procedió a abordar el cuarto dictamen en el orden del día, correspondiente al dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda: se aprueba la minuta. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril del 2012.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, atendiendo la petición del diputado presidente Ildefonso Guajardo, explicó que la minuta propone agregar, dentro del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que establece los principios básicos que operan en las relaciones de consumo, la libertad de constituir organizaciones que sean garantes de los derechos del consumidor.
El Secretario técnico comentó que esa reforma iba de la mano del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual ya hablaba sobre las organizaciones cuyo objeto es la promoción y la defensa de los derechos de los consumidores, de manera que la propuesta básicamente lo que hacía era consolidar este derecho y conferirle un nuevo marco de referencia a la LFPC.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado de manera unánime; acto seguido, la legisladora abordó el siguiente dictamen, correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Economía acuerda: Se aprueba la minuta. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril del 2012.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a presentar al diputado Víctor Hugo Círigo, integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, comisión a la cual también le fue turnada para su estudio y dictamen la referida minuta.
Dicho esto, el diputado Ildefonso Guajardo mencionó que se trataba de una minuta procedente del Senado de la República desde el período legislativo anterior y que habiendo sido aprobada en ambas Cámaras, había sido vetada por el Ejecutivo federal, tras lo cual se inició de nueva cuenta el respectivo proceso legislativo en la Cámara de Senadores, siendo modificada de manera que las diferencias que hubieran podido haber existido fueron corregidas, de suerte que fue aprobada de manera unánime por todas las facciones parlamentarias representadas en la Cámara Alta.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo en igual forma señaló que el dictamen había llegado a la Cámara de Diputados en dichas circunstancias, de manera que la Comisión de Economía se había adherido al dictamen establecido en la Comisión de Fomento Cooperativo, mismo que se sometía a la consideración de los miembros del pleno de la comisión. El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal añadió que el dictamen pretendía dar forma por vez primera a un precepto constitucional que había carecido de un esquema de organización para impulsar el poder económico de las cooperativas y del sector económico social del país. Finalmente, el diputado Ildefonso Guajardo abrió la discusión e invitó al diputado Víctor Hugo Círigo a que compartiera sus comentarios con los miembros de la Comisión de Economía.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez por su parte comento que se habían realizado las modificaciones de acuerdo a las observaciones hechas por el Ejecutivo y finalmente pode4r consensuar en el Senado de la República. Los cambios más importantes que se adoptaron en el senado fueron las siguientes:
1. Se cambió la denominación, modificándose la nomenclatura de la ley para pasar a Ley de Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, buscando compatibilizar su carácter general y reglamentario;
2. Se cambia la naturaleza del Fondo de Fomento a la Economía Social a Programa de Fomento de la Economía Social, ya que en el artículo 46 de la presente ley se prevé que solamente se generara a partir de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el artículo 14 señala que también podrán aportar recursos mediante celebración de convenios con las entidades federativas y los municipios, buscando que los tres órdenes de gobierno aporten recursos y dejando en claro que estará sujeta a reglas de operación específicas;
3. Se mantiene la creación del Instituto Nacional de la Economía Social, definiendo con mayor precisión su naturaleza jurídica, estructurando un consejo consultivo acorde con la naturaleza de los órganos desconcentrados y aumentando el número de representantes gubernamentales;
4. Se definen los distintos niveles de organización en los que se agrupan los integrantes del sector social de la economía, clarificando los criterios de representatividad de los mismos ante el consejo y el congreso de organismos de la economía social y solidaria; se suprime la creación de la Comisión de Conciliación y Arbitraje debido a que interfiere en el funcionamiento del Instituto, al hacerlo un órgano encargado de dirimir controversias surgidas del sector social, rebasando su naturaleza de fomento.
Finalmente el legislador señaló en que se definieron claramente los alcances del Instituto Nacional de la Economía Social al momento de imponer sanciones por violaciones a la ley, de acuerdo a lo que dispusiera su reglamento; y por último, en relación al impacto presupuestal, comentó que el instituto se crearía y funcionaría con base en recursos que ya se destinaban al Fondo Nacional de Empresas Sociales.
El diputado Jorge Hernández Hernández, afirmó que, se requería un instrumento por medio del cual pudiera fortalecerse la economía social del país y que impulsara a las empresas informales para que se trasladaran al ámbito de la formalidad en términos fiscales, con el fin de que los empresarios asimismo tuvieran acceso a créditos, a la seguridad social y a otros beneficios, confiriéndole certeza al crecimiento económico del país.
Dicho esto, manifestó estar a favor de la minuta pues es fundamental en estos momentos de crisis se apruebe destacando la importancia de que las reglas de operación se formulen de manera precisa y sin riesgos políticos.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad; acto seguido, la legisladora procedió a abordar el sexto dictamen en el orden del día, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128, adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de Casas de Empeño. La Comisión de Economía acuerda:
Se aprueba la minuta dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril de 2012.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó que se trataba de una minuta originada en la Cámara de Diputados y presentada por la diputada Susana Hurtado Vallejo en tribuna y que, asimismo, era resultado de un consenso muy amplio entre las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Economía; en igual forma, el legislador señaló que la minuta reflejaba un amplio consenso entre usuarios y prestadores de servicios y que era producto de un prolongado proceso de consultas con el fin de construir acuerdos respecto a un sector cuya problemática era muy sentida entre la población.
En ese mismo sentido, el diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal señaló que en el país las quejas respecto al funcionamiento y al registro de las casas de empeño eran muy numerosas, de manera que se requería una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), pues ésta norma las actividades de dichas entidades. En este punto de su intervención el diputado Ildefonso Guajardo comentó que en calidad de minuta el Senado había devuelto la iniciativa con un solo cambio, sobre el cual manifestó que deseaba compartir su punto de vista.
Al respecto señaló que en diálogo con el Senado el sector de beneficencia de las casas de empeño -en el que se encontraba el Nacional Monte de Piedad, entre otras entidades- había argumentado que las organizaciones de beneficencia que se fondean a través del crédito prendario no son reguladas por el mismo esquema legal que regularía a las compañías que operan con base en el concepto de utilidad.
Con relación a ello el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que, sin ser abogado, pero desde su perspectiva de economista y en términos de sentido común, su argumento radicaba en el hecho de que lo que era necesario defender eran los derechos del usuario consumidor y que en tal sentido le parecía que no importaba cuál fuera la naturaleza de la organización que los proveyera de servicios, aun cuando se tratara de un organismo muy altruista de beneficencia pública.
Al mismo tiempo, el legislador manifestó que no obstante deseaba compartir con los miembros del pleno otra reflexión, en el sentido de que si bien él creía que no había argumentos de fondo para excluir al referido sector, consideraba que independientemente de que en la minuta el Senado se reservaba esa parte del mercado, asimismo creía que representaba un gran avance en la protección de los usuarios del crédito prendario; de la misma manera que, de acuerdo a las estadísticas por lo general y en promedio, las tasas de interés de las organizaciones de beneficencia eran más bajas que las de las casas comerciales, en virtud del trato fiscal diferenciado que les permitía resultar más baratas para los usuarios.
En ese mismo orden de cosas, el diputado presidente Ildefonso Guajardo comentó que en consecuencia él consideraba que había que tener en consideración que se estaban introduciendo condiciones de competitividad distintas, lo que en un momento determinado podía afectar la funcionalidad del mercado.
Por último el diputado presidente señaló que aun cuando en la minuta no se consideraba a las instituciones de asistencia pública (IAP), le parecía que era positivo que se la aprobara en el menor tiempo posible, ya que ello representaría un avance, de suerte que de tal manera finalmente se abriera a la regulación el sector mercantil de las casas de empeño. Por último, el legislador señaló que el debate sobre si las IAP debían o no ser reguladas por la LFPC podía ser sostenido en otro momento, dicho lo cual el diputado presidente invitó a los miembros de la comisión a que expresaran sus puntos de vista.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, haciendo referencia a los comentarios del señor diputado presidente, expresó su acuerdo con la mayoría de las observaciones que le fueron hechas a su iniciativa en el Senado de la República, pero no con el hecho de no se regular a las IAP, luego de haberse realizado foros sobre el tema y haberse logrado consensos con las organizaciones a las cuales pertenecen las casas de empeño, y en respuesta a las demandas de muchos ciudadanos, a lo que se sumaba el hecho de que en algunos estados las casas de empeño cobraban muy altas tasas de interés.
La legisladora argumentó que el espíritu de la reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de casas de empeño, es regular a todos y cada uno de los agentes económicos que en forma habitual o profesional realizan contrataciones, operaciones de mutuo interés y con garantía prendaria.
Esto es, independientemente de que sean agentes que tengan o no fines de lucro, pues que una gran mayoría de estas instituciones sin fines de lucro llevan a cabo este ejercicio cotidiano de mutuo interés con garantía prendaria.
El argumento que presentan las comisiones de la Cámara de Senadores, que revisaron el proyecto de la iniciativa, está basada en una legislación relativa al Distrito Federal, porque nos ponen un ejemplo de una regulación local, pero sabemos que hay muchas casas de empeño que a lo mejor la matriz la tiene en el Distrito Federal, pero tienen diferentes sucursales, casas de empeño a nivel nacional.
Por lo tanto, no pueden tomar un caso específico local del Distrito Federal cuando sabemos que de alguna forma las casas de empeño que tienen ellos las regulan a nivel nacional.
Específicamente dicen que no existe disposición constitucional alguna que faculte el Congreso federal para legislar en materia de instituciones de asistencia privada. Pareciera que estas instituciones son muy locales y que sólo deben ser reguladas por leyes locales. Parecería que los diputados y los senadores estamos imposibilitados para regular a esas instituciones.
Esto es una mentira y verlo con esa óptica es un error. Por un lado, sólo por poner un ejemplo. El Montepío, institución de asistencia privada, opera en todo lo largo y ancho el país; y por otro lado, la Constitución Política de México expresamente otorga al Congreso federal legislar sobre todos los temas que tengan carácter nacional. Éste es un problema de carácter nacional. No local.
Sólo para poner un ejemplo, como hay muchos que operan en México. El Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada, es una IAP, con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro, cuyos objetivos son apoyar a la sociedad mexicana a través de sus préstamos prendarios y respaldar, por otro lado, a los grupos vulnerables de la sociedad.
Hoy día cuenta con más de 150 sucursales establecidas en todo el país. Esta infraestructura le permite atender a poco más de 7 millones de familia que destina recursos a favor de esos usuarios por 11 mil millones de pesos al año.
Referente a su labor de asistencia, anualmente respalda un promedio de 450 instituciones de asistencia privada, siendo que en los últimos 10 años ha autorizado donativos por poco más de 2 mil 200 millones de pesos.
– Yo me pregunto, ¿en dónde sale todo este dinero? son sin fines de lucro, pero los dueños de la institución viven y recontraviven de este negocio, y todos sus empleados son alrededor de 15 mil en el país. No podemos, compañeros, darle la espalda a esta problemática por un tecnicismo legal, que se refugia en el hecho de que son instituciones sin fines de lucro.
Ahora bien, también están la mayoría de las instituciones de la enseñanza privada en México, que son asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro, pero que están totalmente reguladas por la autoridad de educación de nuestro país.
En este caso debemos hacer lo mismo, porque además es importante resaltar que todas las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, que se dedican al negocio prendario, son consideradas como sujetos de pago del impuesto sobre la renta como cualquier otra empresa.
Dado que se fundamenta en el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual establece un listado en el que se registran las instituciones de asistencia privada que deberán pagar impuestos sobre la renta, y entre éstas se encuentran las personas morales sin fines de lucro que obtienen ingresos por enajenación de bienes, por intereses, obtención de premios, enajenación de bienes distintos a su activo, prestación de servicios a personas distintas de sus miembros, en este caso están todas las casas de empeño, sean o no instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y, por tanto, tienen un carácter de agenda económica que realizan operaciones mercantiles, puesto que por ello tienen que pagar los impuestos sobre la renta como cualquier otra empresa.
Ahora bien, la misma Ley del Impuesto Sobre la Renta prevé los casos que dichas instituciones, sin fines de lucro, no serán sujetas del pago de impuesto sobre la renta, y dentro de éstas están aquellas dedicadas a la enseñanza de cualquier nivel de educación, a la investigación y aprovechamiento de los recursos naturales, con la preservación de los mismos, asociaciones y sociedades civiles dedicadas a la reproducción de especies en protección y peligros de extinción, así como todas las instituciones dedicadas a la salvaguarda del medio ambiente.
Asimismo, cuando la institución de asistencia privada paga impuesto sobre la renta, como lo refiere el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, también pagará impuesto el activo como cualquier empresa con fines de lucro. De acuerdo al artículo 6o. del impuesto al activo y en este caso están todas las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, que se dedican al negocio prendario, puesto que reciben el pago de interés por dichas prendas.
Para concluir, la legisladora manifestó no estar de acuerdo en que queden fuera de esta regulación, las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal dijo que compartía el punto de vista de la diputada, al tiempo de señalar que no obstante la presidencia de la comisión había circulado la minuta en los términos ya señalados, porque asumía que incluso con las limitaciones del caso sin duda el publicarla suponía un avance, de suerte que en la siguiente legislatura se alcanzara por completo el objetivo propuesto, en el sentido de que las IAP sin fines de lucro también fueran reguladas por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió el respectivo dictamen a votación de las diputadas y de los diputados miembros de la comisión, mismo que fue aprobado por unanimidad.
En seguida la secretaria diputada abordo el séptimo dictamen, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 80 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de garantías.
La Comisión de Economía acuerda. Primero, se desecha la iniciativa. Segundo, archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de abril de 2012.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, por instrucciones del presidente, procedió a explicar el sentido del dictamen, al respecto señaló que la iniciativa pretende establecer que cuando el consumidor requiriera hacer valer la garantía de un producto pudiera hacerlo con el vendedor, de manera que éste sirviera de intermediario entre aquel y el fabricante del producto.
Señaló que en tal sentido la iniciativa partía del supuesto equivocado de que quien vende el producto no tiene la obligación de dar la garantía respectiva, ya que la LFPC establece que la garantía puede hacerse valer lo mismo por el fabricante que por el vendedor del producto, además de que la referida ley establece que el vendedor del producto está obligado, en su caso, a pagar los gastos que ocasione la transportación de la mercancía para validar la garantía en un lugar distinto.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, en la medida en que no hubo más comentarios, se abocó a someter a la votación dictamen, mismo que fuera aprobado de manera unánime. Seguidamente, la legisladora abordó el octavo dictamen en el orden del día, correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 7 y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica.
La Comisión de Economía acuerda: Primero, se desecha la iniciativa. Segundo, archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de abril de 2012.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, comento que la iniciativa pretende modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica que establece el procedimiento para fijación de precios.
Las modificaciones que se pretenden hacer son: establecer que la Cofeco pueda coordinarse con otras autoridades de los tres niveles de gobierno y que esta coordinación deba ser con el objetivo de impedir el acaparamiento, específicamente “para frenar e impedir el acaparamiento, acumulación o concentración de los productos o servicios cuya finalidad sea provocar el alza de los precios”.
Asimismo, pretende establecer que en este procedimiento la Cofeco deba publicar un informe trimestral sobre aquellos mercados en los que no haya condiciones apropiadas de competencia.
También, propone modificar el artículo 24 para facultar a la Cofeco para realizar investigaciones sobre acaparamientos o acumulaciones, y además, establecer que las opiniones que emita sobre iniciativas o anteproyectos de ley, deben de estar debidamente fundamentadas y motivadas.
Ahora bien, las razones por la que se desecha la iniciativa son: primero, porque el informe trimestral que pretende se realice sobre mercados en los que no haya competencia efectiva tiene una finalidad obscura, porque actualmente para iniciar el procedimiento de fijación de precios, la Cofeco debe de pronunciarse sobre la falta de condiciones de competencia efectiva en un mercado determinado, no teniendo sentido que exista un informe posterior, que dicho sea de paso, la iniciativa no aclara los extremos temporales a los que deberá sujetarse dicho informe; pero demás, la iniciativa pareciera insinuar que el informe trimestral es para todos los mercados sin establecer criterios de distinción.
Asimismo, se desecha porque si se estableciera que el objetivo de estas disposiciones es el de “frenar e impedir el acaparamiento o acumulación o concentración de productos o servicios cuya finalidad sea provocar el alza de precios”, volvería restrictivas las finalidades de la propia Ley Federal de Competencia Económica, pues el objetivo de esta es la eficiencia de los mercados, que es un concepto más amplio.
Adicionalmente, se estima que no es necesario establecer expresamente que las opiniones que emita la Cofeco deban estar fundamentadas o motivadas, porque esa es una obligación vigente en nuestro sistema jurídico para todos los actos de autoridad, sean sentencias, actos de trámite, definitivos o parciales.
Por otra parte, debe decirse que la Cofeco cuenta con suficientes facultades, tanto en el reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, como en el artículo 24 de la ley, para poder coordinarse con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de ejercer sus facultades e inclusive, dichas disposiciones establecen la obligación a las autoridades de entregar a la Cofeco la información que les solicite.
Por último, debe decirse respecto la preocupación de los acaparamientos y/o acumulaciones que se plasma en la iniciativa, que el actual marco jurídico contempla instrumentos para castigar este tipo de actividades, pues específicamente el artículo 254 del Código Penal Federal tipifica como delito a los acaparamientos y acumulaciones; y que además, la Ley Federal de Competencia Económica establece prácticas relativas y prácticas absolutas, donde la restricción de productos para ofrecer al mercado con la finalidad de aumentar los precios, se encuentra considerada como ilícita.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte comentó que las funciones de la Cofeco están claramente fundamentadas en el objetivo de que los mercados funcionen de manera adecuada, sin restricciones a la competencia, con el propósito de preservar los derechos de los consumidores y de los pequeños y medianos empresarios, así como de los consumidores de insumos intermedios, a fin de asegurar precios realmente competitivos en el mercado.
Con relación a ello el diputado Ildefonso Guajardo formuló el señalamiento de que la iniciativa estaba inspirada en una conceptualización y un enfoque que más bien correspondían a otra época de la competencia; asimismo señaló que el concepto de acaparamiento, que sin duda podía constituir un elemento que provocara una restricción de competencia, en algunos casos podía no ser punible, así por ejemplo en el caso de alguien que hubiera almacenado en una bodega miles de costales de frijol como inversionista apostando a futuros, pero cuyo acto en realidad no afectara el mercado del frijol en la medida en que continuara habiendo una oferta adecuada, de manera que en tal caso no se estaría infringiendo necesariamente el flujo de la competencia, por lo que la infracción ocurría si se estaba provocando precios artificialmente altos y escasez del producto en cuestión.
En este punto de su intervención, el legislador comentó que los miembros de la comisión podían sentirse orgullosos, ya que tras muchos años de haberse intentado infructuosamente, ellos sí habían podido reformar la Ley Federal de Competencia Económica con el fin de fortalecerla para combatir los monopolios y las prácticas monopólicas con mayor eficacia.
El diputado José Luis Velasco Lino, tomó la palabra para hacerle un reconocimiento al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal con respecto al proceso de aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y asimismo para comentar, por una parte, que en realidad pocos mexicanos se daban cuenta de la importancia de dicha reforma procesada por esa Comisión y, por otra, que ese mismo día en la mañana, José Ángel Gurría, secretario de la OCDE, había hecho encomio del hecho de que durante esa legislatura se hubiera reformado la Ley y que ya tuviera dientes, si bien aún le faltaban muelas, en el sentido de combatir aún con mayor efectividad las prácticas monopólicas en el país.
La secretaria Norma Sánchez Romero, sometió a votación el dictamen en la forma acostumbrada y el mismo fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión, luego de lo cual procedió a abordar el noveno dictamen, correspondiente a las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley Federal de Derechos. La Comisión de Economía acuerda: se aprueban las iniciativas, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril de 2012.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó que las dos iniciativas que se sometían a la consideración del pleno se presentaban juntas porque planteaban la reforma del mismo articulado, una de las cuales encarnaba el segundo esfuerzo del grupo liderado por la diputada Norma Sánchez Romero en materia de mejora regulatoria, mientras que la otra era una iniciativa presentada por quien hablaba, con el fin de incrementar la eficiencia en el uso de garantías muebles en beneficio del pequeño y del mediano emprendedor, para que así pudieran acceder a los mercados financieros.
El diputado Ildefonso Guajardo al respecto explicó que hasta el momento en México las instituciones de crédito sólo consideraban los inmuebles como objetos susceptibles de garantía, desperdiciándose así una parte muy importante del capital con el que cuentan los pequeños y grandes negocios, por lo que debía potenciarse su uso en materia de crédito y considerarse en tal calidad maquinaria, vehículos y otros bienes muebles.
El legislador manifestó su respaldo a la modificación de los artículos que proponía la iniciativa presentada por la diputada Norma Sánchez y refrendó su propia propuesta, en la comprensión de que había la voluntad de conjugar ambos proyectos; dicho lo cual invitó a la diputada a que por su parte fundamentara el dictamen.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, señaló que el propósito principal de la iniciativa era contribuir a una mayor simplificación administrativa mediante la eliminación de distintos requisitos legales que dificultaban la creación de empresas en el país y, en tal sentido, proponía la eliminación de cargas económicas a la creación y formalización de establecimientos comerciales, por lo que se planteaba la promoción de la figura del corredor público, como depositario de la fe pública mercantil; la adecuación del marco legal que rige la actividad corporativa de las sociedades mercantiles, de conformidad con las propias necesidades administrativas y comerciales de dichas sociedades; la profundización u optimización del marco legal que rige a los órganos de vigilancia de esas sociedades; el impulso a los derechos de las minorías y al gobierno corporativo, así como a las responsabilidades y a los derechos de los accionistas y a las actividades de los órganos administrativos; la modernización del Registro Público de de la Propiedad y del Comercio en beneficio y protección de la buena fe de la actividad mercantil; la profundización y el perfeccionamiento de figuras crediticias que fomentan la obtención de créditos garantizados mediante bienes muebles; el fortalecimiento de la regulación de medios electrónicos en juicios mercantiles y de la figura del arbitraje comercial; el fortalecimiento del arbitraje mercantil y la eliminación de los costos de los trámites de la constitución de las sociedades mercantiles, entre otras amplias propuestas.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, abrió la discusión y al no haber comentarios pidió a la secretaria diputada que procediera a someter el dictamen a votación de los miembros de la comisión.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, hizo lo propio y la votación arrojó por resultado la aprobación del dictamen por unanimidad, tras lo cual la legisladora procedió a procesar el décimo y último dictamen en el orden del día, correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de envases de productos tóxicos o corrosivos.
La Comisión de Economía acuerda que se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de abril de 2012.
El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías, en respuesta a la instrucción del diputado presidente Ildefonso Guajardo, explicó que la propuesta pretendía regular la venta al menudeo de sustancias tóxicas o corrosivas, incrementando las medidas de seguridad ya consignadas en las normas oficiales mexicanas, para que los expendedores de este tipo de productos en los pequeños comercios –como el aguarrás o el thiner , que suelen venderse en bolsas o en botellas de PET que originalmente han contenido agua-, cumplan con las normas de seguridad establecidas para que los niños no resulten intoxicados o afectados de alguna manera.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por unanimidad.
Asuntos generales
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó, en el contexto del inminente fin de periodo y de legislatura, su deseo de hacer un reconocimiento al extraordinario trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Economía y su contribución al desempeño de ésta, y en tal sentido y en forma muy señalada a la diputada Narcedalia Ramírez, por su presencia y su interés constante; al diputado Leoncio Morán, por su trabajo como secretario técnico que ayudó al presidente de la comisión a conducir las reuniones de trabajo y a la diputada Norma Sánchez Romero, por coadyuvar asimismo en la conducción de las reuniones; al diputado Alejandro Cano, por su compromiso reiteradamente firme; al diputado José Luis Velasco Lino, también secretario de la comisión; a la diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien desde el inicio de la legislatura estuvo invariablemente presente; al diputado Jorge Hernández, quien de forma permanente participó en las reuniones de trabajo, así como a la diputada Susana Hurtado y a los diputados Sergio Gama Dufour y Pavel Díaz Juárez y, en forma muy señalada, a la diputada doña Ifigenia Martínez y Hernández, por su contribución extraordinaria a los trabajos llevados a cabo por la comisión. Dicho esto, el diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal señaló su deseo de compartir una reflexión con las legisladoras y los legisladores presentes, en el sentido de que la Comisión de Economía había marcado un parte aguas en la historia legislativa de la Cámara.
En el mismo sentido, señaló que desde un inicio la agenda de trabajo propuesta había sido diseñada por todos los miembros de la comisión, con su participación activa, y que habían constituido una comisión en la que, dejando de lado diferencias partidarias, se había trabajado para construir y procesar reformas fundamentales para el futuro del país, razón por la que, a decir del diputado presidente, debían sentirse altamente orgullosos de la productividad legislativa de la Comisión de Economía. Por último, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal hizo encomio del profesionalismo y de la responsabilidad con que todos los miembros de la comisión realizaron su trabajo a lo largo de la legislatura y manifestó su deseo de que en el ámbito de las correspondientes trayectorias públicas, se encontraran de nuevo en un futuro próximo.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, señaló que el diputado Ildefonso Guajardo sin duda se había pronunciado con claridad y que coincidía con lo planteado por él; asimismo manifestó su deseo de aprovechar la oportunidad para agradecer y reconocer en todos los compañeros y compañeras legisladores la voluntad de impulsar el trabajo de la comisión privilegiando el interés nacional, más allá de consideraciones partidistas, en un contexto en el que, en muchas ocasiones, hacia la sociedad permeaba la división de la clase política y su enfrentamiento.
En el mismo sentido, el legislador señaló que a lo largo de la legislatura en la Comisión de Economía se había privilegiado el interés nacional de manera responsable, y que ello había sido posible porque asimismo en ella se había privilegiado la tolerancia, el diálogo y la necesidad de crear consensos.
En este punto de su intervención, el diputado Leoncio Morán, afirmó que en todo ello el papel desempeñado por el diputado presidente Ildefonso Guajardo había sido muy importante, y seguidamente manifestó a éste su reconocimiento por el trabajo desempeñado y le ofreció públicamente su amistad y reconocimiento, al tiempo de refrendar su amistad a las y a los miembros de la comisión.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, expresó su reconocimiento público a los miembros de la comisión, porque la de Economía sin duda había sido una de las comisiones cuyo desempeño había dejado satisfechos a sus integrantes; luego de ello se dirigió al diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, para agradecerle su singular conducción al frente de la comisión, debido a que ésta había sido verdaderamente ejecutiva y a que en ella y por lo mismo el tiempo sin duda había sido aprovechado, razón por la que sus miembros invariablemente asistían, además de que prácticamente siempre se llegaba a consensos, al margen de la fracción parlamentaria a la que pertenecieran sus miembros.
Asimismo, la diputada extendió su reconocimiento al conjunto de los miembros de la comisión, en su calidad de legisladores y por el trabajo desempeñado, así como en su condición de amigos, tras convivir con ellos a lo largo de la legislatura. En ese mismo contexto, la diputada hizo un especial reconocimiento a la diputada Ifigenia Martínez y Hernández.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que ciertamente quedaban por realizarse algunas reuniones de trabajo, al margen de que había decidido aprovechar la ocasión para expresar lo que ya había comentado, aprovechando la presencia de los miembros de la comisión.
El diputado Jorge Hernández Hernández, por su parte planteó que ojalá fuera posible impulsar la reforma a la Ley de Comercio Exterior antes de que terminara el periodo, habida cuenta del gran trabajo que habían realizado las legisladoras y los legisladores miembros de la comisión y porque asimismo y desde luego ello se traduciría en un mejoramiento de las condiciones de actividad del sector empresarial y en un impulso al crecimiento económico y al desarrollo del país, en beneficio de los mexicanos.
Por otra parte, el legislador se sumó a los reconocimientos expresados con relación al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en razón de su talento, su experiencia y su trabajo, lo que permitió procesar las actividades que fueron responsabilidad de la comisión en la legislatura. Po otra parte, asimismo expresó su reconocimiento tanto al resto de los miembros de la comisión, como a aquellos legisladores que en su momento pidieron licencia y que por ello no se encontraban presentes.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, afirmó que para ella había sido muy satisfactorio haber formado parte de la comisión y haber sumado su trabajo al de todos sus demás miembros, en un contexto de participación y debate, con el fin de impulsar la economía y el desarrollo del país; en el mismo sentido dijo que en su fuero interno siempre adjetivó a la Comisión de Economía como nacional, precisamente porque se trabajó a favor de la creación de más fuentes de empleo, en beneficio de la población del país.
La diputada Norma Sánchez Romero, a su vez reiteró su agradecimiento a todos los miembros de la comisión y los felicitó por el trabajo desempeñado, al tiempo de reconocer, asimismo y de manera señalada a su presidente por la excelencia de su trabajo, así como muy especialmente a la diputada Ifigenia Martínez, por la aportación que hiciera a sus iniciativas, como integrante de las respectivas mesas de trabajo.
El diputado Alejandro Cano Ricaud, procedió a agradecer y a felicitar a los integrantes de la oficina de la presidencia de la comisión, así como a los miembros de su secretariado técnico, por el esfuerzo realizado a lo largo de la legislatura.
Dicho esto, el diputado Cano se dirigió al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal para hacerle un amplio reconocimiento por el liderazgo que supo ejercer a la cabeza de la comisión, y expresó su deseo de que continuara participando en la vida pública en beneficio de la economía por medio de la generación de más empleos y del impulso a la competitividad de las empresas del país.
El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, por último agradeció a los miembros de la comisión sus palabras y presencia y asimismo hizo un reconocimiento público a todos los colaboradores de la presidencia y del secretariado técnico de la comisión, de la misma manera que en su condición de jefe les reiteró su agradecimiento personal.
Clausura
Dicho esto y habida cuenta de que los temas a tratar como parte del orden del día ya habían sido abordados, atendidos y resueltos, con la anuencia de las diputadas y de los diputados miembros de la comisión, el diputado presidente procedió a dar por concluida la reunión de ordinaria.
La Junta Directiva de la Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.
