De la Comisión de Economía, relativa a la reunión ordinaria del miércoles 11 de mayo de 2011
A las 12:48 horas del miércoles 11 de mayo de 2011, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Economía para dar inicio al desahogo de orden del día siguiente:
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente, Narcedalia Ramírez Pineda, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, María Florentina Ocegueda Silva, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara y Víctor Roberto Silva Chacón, integrantes.
Asistencia del Dip. Víctor Hugo Círigo Vásquez
Diputados que justificaron su inasistencia: Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Indira Vizcaíno Silva, secretarios, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez integrante.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 19 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
1. Lectura de asistencia y declaratoria de quórum; 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones de la comisión, correspondientes al 23 de febrero y al 24 de marzo de 2011; 4. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso, aprobados sobre los siguientes temas : 1. Dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 2. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1411, del Código de Comercio; 3. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria, al párrafo séptimo, del artículo 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía; 4. Dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 5. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y Ley General de Salud; 6. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, del artículo 19, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 7. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía modifique las normas oficiales mexicanas sobre la producción de leche o productos lácteos para que los empresarios estén obligados a establecer dentro de su etiquetado o tabla nutrimental la leyenda: Producto hecho a base de leche de vaca o Fórmula láctea o Producto lácteo combinado; 8. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 5. Asuntos generales. 6. Clausura.
El orden del día fue sometido a la consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, para ser aprobado por unanimidad.
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió con el punto tres, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones del 23 de febrero y del 24 de marzo de 2011, sometiendo a votación tras haber sido enviadas a los miembros de la comisión para su consideración las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a abordar el punto siguiente en el orden del día, correspondiente a la revisión de los proyectos de dictamen, el primer de los cuales correspondió a la minuta con proyecto de decreto por el que se planteaba expedir la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y en el que la Comisión de Economía se manifestó por aprobar el proyecto de decreto en sus términos.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal al respecto comentó que la minuta había sido turnada inicialmente a la Comisión de la Función Pública y que posteriormente se había pedido que también fuera turnada a la Comisión de Economía. El diputado Guajardo asimismo señaló que la minuta era fundamental para que se reconociera la firma electrónica avanzada como un mecanismo de certidumbre jurídica en las transacciones electrónicas, por lo que la secretaría técnica de la comisión recomendaba que se aprobara en los términos en que había sido enviada por el Senado de la República, a fin de que en septiembre a su vez la aprobara la Comisión de la Función Pública.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González manifestó estar a favor en lo general sobre el proyecto de dictamen, sin embargo consideró de suma importancia hacer un análisis sobre la propia minuta del Senado y el dictamen puesto a discusión, haciendo algunas observaciones en relación a la importancia sobre el comercio electrónico y sobre todo, la interacción que tienen los ciudadanos con el gobierno a través de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la cual dota de seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos al momento de hacer sus transacciones.
A su vez comentó, que en el Senado de la Republica si bien se hizo un análisis y una discusión bastante rápida por lo que a su forma de ver, faltó analizarla con más detenimiento, sin embargo consideró que esto podría hacerse por parte de la Comisión de Economía; planteado discutir las siguientes observaciones de carácter técnico, iniciando como primer punto lo relacionado al nombre de la Ley; la cual consideró causa confusiones “si se trata de la interacción entre actos de particulares y el sector público o también entre actos entre particulares” ya que no es específico en la propia Minuta.
Por otro lado, como segunda observación, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó que la minuta debería tener muy presente los requisitos que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuanto al perfeccionamiento de un acto administrativo, ya que de esto se desprenden dos cuestiones, la anulabilidad y la nulidad absoluta del acto administrativo. La anulabilidad significa que puede ser subsanado el acto administrativo tal como lo establece el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por otra parte la nulidad absoluta, se da cuando no reúnen los requisitos esenciales del propio acto administrativo.
Por lo que el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, hace referencia a que se tendría que vincularlo en la minuta; en el sentido de que si los actos administrativos que se estarán emitiendo y certificando a través de esta Ley de Firma Electrónica Avanzada, son actos administrativos completos es decir que no puedan ser ni anulados ni anulables. Lo cual al decir del diputado Pérez Alonso, sería necesario analizarlo seriamente.
Por otro lado la tercera observación se basa en la importancia de que en la exposición de motivos aparezca que la firma electrónica avanzada, no es la única que existe, puesto que también existen otras que podrían ser incluso equiparables, por lo que considera necesario mencionar que no es la única forma de interactuar entre la ciudadanía y el gobierno, sino que también existen otras vías; y obviamente, hacer el vínculo entre los demás instrumentos de certificación de firma electrónica avanzada.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso, continuando con la cuarta observación basada en que el 8 de marzo de 2010, la Suprema Corte de Justicia, emitió una resolución sobre la veracidad de las pruebas físicas presentadas en copias simples e impresas de Internet, de las constancias del pago del impuesto por depósitos en efectivo, abocándose al tema de la firma electrónica, si éstas eran o no válidas como documento probatorio, sin importar el tipo de soporte en el que fueron generados por primera vez. Por lo que consideró que en este caso, los documentos firmados con firma electrónica ya sea en papel o medios escritos, así como para identificar y distinguir ciertos documentos que fueron suscritos o emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones o bien, si se trata de documentos privados suscritos por particulares, como constancia de todo proceso; cuenten con una regulación legal suficiente, que no dé pie a este tipo de lagunas legales, porque podría ser muy grave para efectos de actos administrativos, que a decir de la interpretación que hace el poder judicial se tumbe todo este proceso por una cuestión de valor probatorio, como se demostró en una sentencia de la Suprema Corte en 2010.
Por otra parte el diputado haciendo referencia al artículo 7, del la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el cual limita a reiterar el principio de equivalencia funcional entre los documentos físicos y firmados autógrafamente con los documentos electrónicos y mensajes de datos que cuentan con firma electrónica avanzada, sin ocuparse en determinar qué sucederá con aquellas constancias que se obtengan a través de Internet las cuales en su mayoría no son firmadas electrónicamente.
Finalmente retomo el ejemplo de la nulidad y la anulabilidad cuando un documento o acto administrativo no está firmado por un funcionario público debidamente autorizado, por lo que puede ser anulable el acto y se podrá dar fin al proceso. Por último consideró que este sería el valor probatorio y estos los elementos del acto administrativo, los cuales deberán estar bien establecidos dentro de esta minuta de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías , asesor jurídico de la secretaría técnica, a solicitud del presidente Ildefonso Guajardo procedió a comentar los planteamientos del diputado Pérez- Alonso y en tal sentido afirmó que, en efecto, parecía que la ley no diferenciara entre actos de particulares y actos de la administración pública, porque a lo que se refiere a la ley, radica en dar validez a una firma electrónica, hacerla equivalente a una firma autógrafa; la Ley no está regulando una expedición de documentos electrónicos, sino la expedición de un certificado a través de una clave electrónica, mediante la cual, lo único que se valida es la manifestación de la voluntad de ese acto jurídico a través de dicha certificación. Por otra parte, aclaró que la ley hacía referencia a certificados de organismos de la Administración Pública Federal, para que estos actos sean en los trámites que se realizan con la administración pública federal y no entre particulares; ya que para ello, se necesitaría tener un registro certificador de firmas electrónicas de particulares; lo cual puntualizó, no se incluye en la iniciativa. Con respecto a la nulidad del acto administrativo, mencionó que la firma electrónica sólo certifica la autenticidad de la manifestación de la voluntad del funcionario o del particular que están firmando el documento. Por lo que si un documento no está firmado es nulo, porque no existe la manifestación de la misma haciéndolo inexistente tanto en un acto jurídico civil como en un acto jurídico administrativo, lo que provocaría la nulidad de un procedimiento administrativo o al menos de la actuación de la autoridad en caso de que la firma electrónica respectiva no fuera validada por medio de los certificados y procedimientos correspondientes.
La diputada Norma Sánchez Romero por su parte consideró que la iniciativa era de gran trascendencia y que aprobarla supondría grandes avances en materia de mejora regulatoria.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González se manifestó a favor del instrumento jurídico considerándolo un gran avance en la interacción entre ciudadanos y gobierno, al conferirle certeza jurídica y al crear un instrumento único para realizar todos los trámites y proporcionar el gobierno servicios por medio de la firma electrónica avanzada; al mismo tiempo, el legislador señaló que para salvar el texto de la minuta y para efectos de interpretación del Poder Judicial y de los propios ciudadanos, sería adecuado incorporar dentro de los considerandos del dictamen el hecho de que la ley también regula la interacción entre particulares por medio de la firma electrónica avanzada y que en el reglamento deberá incorporarse esa facultad, tal vez en un transitorio, y también aclarar en los considerandos que un avance adicional radicaría que en una iniciativa posterior se normaran las interacciones entre los particulares para efectos de comercio electrónico y, asimismo, dotar de elementos de certeza jurídica necesarios a la firma electrónica avanzada para que su validez no fuera impugnada ante los juzgados de distrito y los tribunales en un juicio de amparo o de nulidad.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal señaló someter a consideración de los miembros de la Comisión si se aceptaba que se añadiera los puntos de vista del diputado Pérez-Alonso en los considerandos que plantearía la propia comisión para que eventualmente pudiera hacerlos suyos la Comisión de la Función Pública.
El secretario diputado Leoncio A. Morán Sánchez , sometió a consideración la propuesta del diputado Pérez-Alonso, misma que fue aceptada por los miembros de la comisión de manera unánime; a continuación se sometió a votación el dictamen en el sentido en que se presentó con las adecuaciones ya planteadas mismo que fue aprobado en forma igualmente unánime.
El secretario abordó el siguiente punto del orden del día, correspondiente al dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1411, del Código de Comercio. La Comisión de Economía se manifiesta en aprobar el proyecto de decreto en sus términos y ordena se remita al Ejecutivo para su publicación correspondiente. Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a los once días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal pidió al asesor jurídico del secretariado técnico que explicara el objetivo de la minuta.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías , explicó que el propósito de la reforma radicaba en que se restableciera la posibilidad de que en los estados de la república se publicaran los edictos para anunciar remates de los juicios mercantiles, en los diarios locales, como se hacía de manera supletoria antes de la reforma del 2000, misma que fuera llevada a cabo para uniformar los procedimientos mercantiles a nivel nacional y, por lo tanto, ya no fuera forzoso hacerlo en el Diario Oficial de la Federación, debido a que ello resultaba sumamente oneroso, considerando además que gran parte de los juicios mercantiles en el país involucran montos menores.
El secretario diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez , preguntó si había algún comentario y, al no haberlo, procedió a someter a consideración de los miembros de la comisión el dictamen en sus términos, mismo que fue aprobado por unanimidad. Tras lo cual se abordó el siguiente punto en el orden del día, correspondiente al dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. La Comisión de Economía se manifiesta por aprobar el proyecto de decreto en sus términos y se remita al Ejecutivo para su publicación correspondiente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los once días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal en ese momento dio la bienvenida al diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia, y le cedió el uso de la palabra para que hiciera algunos comentarios sobre la minuta enviada por el Senado de la República.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez comentó que en la elaboración del dictamen habían participado senadores y diputados de los diferentes grupos parlamentarios de la presente legislatura y de otras, en razón de haber presentado diversas iniciativas para reglamentar el artículo 25 constitucional con relación al sector social de la economía, de manera específica, y ya no a través de la Ley Mercantil que poco o nada tenía que ver con el desarrollo económico del sector de la economía social. Seguidamente el diputado Círigo Vásquez invitó a los miembros de la Comisión de Economía a que respaldaran el dictamen y la propuesta de la creación del Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria (INESS) para implementar las políticas que se requirieran en la materia, como una obligación constitucional con el sector, a fin de impulsar el desarrollo de ejidos, fábricas, cooperativas y mutualidades en beneficio del desarrollo económico y de la generación de empleos.
De igual forma, el diputado, hizo mención de las distintas propuestas hechas por distintos diputados en relación a lo importante del tema, mencionó al diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el cual planteaba la necesidad de crear la ley reglamentaria para el artículo 25 constitucional, el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, el cual propuso un proyecto para crear la Ley General de Economía Social y Solidaria Reglamentaria del artículo 25 constitucional y recientemente el diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 30 de noviembre de 2010, cuyo proyecto consiste en crear la Ley General de Economía Social y Solidaria Reglamentaria del 25 constitucional; de la misma forma el diputado Luis Felipe Eguía Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo, el cual es integrante del Partido de la Revolución Democrática; y la última propuesta hecha por el diputado en el uso de la palabra.
El diputado Círigo Vásquez, invitó a los miembros de la Comisión a que el dictamen que consideraba la necesidad de crear un instituto para que puedan implementarse políticas que se requieren en la materia para el desarrollo del sector muy importante en México y brindarle así un marco jurídico al sector social de nuestra economía.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal recomendó al secretariado técnico que en los antecedentes del dictamen de la minuta se hiciera un reconocimiento explícito al conjunto de las propuestas planteadas por los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez expresó, con relación a lo planteado por el diputado Círigo Vásquez, que revestía gran importancia la promulgación de una ley que se constituía en referencia del sector social de la economía y que, asimismo, abría posibilidades inéditas de impulsar el desarrollo regional del país en materia de empleos y de fomento a las actividades del sector social, así como de apoyo a comunidades que carecían de aferrarse cuando intentaban organizarse para impulsar proyectos económicos. Por último, el legislador afirmó que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional aprobaría en lo general y en lo particular la iniciativa por su trascendencia.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda por su parte señaló que la propuesta de iniciativa de ley sin duda merecía un amplio reconocimiento, ya que representaba la posibilidad de que los pequeños productores y el sector rural puedan estar regidos por una ley como esa, al tiempo de expresar su deseo de que fuera posible que el instituto que se creara pudiera incidir en la creación de sus propias reglas de operación y que no dependa de la Secretaría de Economía quienes estipulen qué procedimiento a seguir.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal por otra parte aclaró que en un dictamen elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara se dejaba claramente establecido que la iniciativa no generaría un impacto presupuestal adicional a lo ya contemplado en el presupuesto, ya que en sus transitorios se establecía la transferencia de todos los ingresos asignados a Fonaes para crear el INESS.
La diputada Susana Hurtado Vallejo expresó que sin duda se trataba de un proyecto elaborado para favorecer a los grupos más vulnerables, al tiempo de señalar que lo mencionado por la diputada Narcedalia Ramírez en relación a las reglas de operación, era de suma importancia el revisar y analizarlas ya que en su momento las leyes ya estaban establecida pero las reglas de operación cuando se ejecutadas por la Secretaría de Economía solían quedarse en planteamientos, porque en el momento de bajar los recursos éstos se encontraban con diversos obstáculos.
La diputada María Florentina Ocegueda Silva , por su parte respaldo al proyecto y solicitó al secretario técnico de la comisión la revisión puntual del documento a ser presentado.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , acto seguido procedió a someter a votación el dictamen respectivo, mismo que fue aprobado por unanimidad.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal , otorga la palabra al diputado Víctor Hugo Círigo para que informe a los miembros de la comisión cuándo dictaminaría la minuta la comisión a la cual él pertenece.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez , en respuesta al presidente agradeció el apoyo al dictamen y señaló que el INESS contará con una estructura que le permita un funcionamiento efectivamente eficiente para que las normas de operación sean lo suficientemente dúctiles y entendibles, de manera que se logre el objetivo que se establece en el dictamen y con relación a ello indicó que la creación de un Consejo Nacional del Instituto, del Registro Nacional de Organismos de la Economía Social y Solidaria y del Fondo de Fomento al Sector, se llevará a cabo por medio de reglas de operación transparentes y eficientes.
Asimismo el legislador afirmó que de ser posible al día siguiente se sostendría una reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, con el fin de valorar la posibilidad de enlistar el dictamen para su discusión en el pleno en ese mismo periodo extraordinario.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , procedió a abordar el cuarto punto del orden del día, correspondiente al dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley de Productos Orgánicos; y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda: Primero: Se desecha la iniciativa. Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que el dictamen había sido turnado para ser codictaminado con la Comisión de Salud, la cual ya lo había dictaminado en sentido negativo.
La diputada Norma Sánchez Romero , expresó que en razón de que en la Ley General de Salud y en las leyes de Productos Orgánicos y de Protección al Consumidor, así como en las normas oficiales mexicanas ya se encontraban contemplados los objetivos planteados en la iniciativa, estaba de acuerdo en que ésta se desechara.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , sometió a votación el dictamen, mismos que respaldaron por unanimidad el dictamen en sus términos.
Luego de ello, el secretario procedió a abordar el quinto punto del orden del día referente al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley General de Salud. Las Comisiones Unidas de Economía y de Salud, acuerda. Primero, se desecha la iniciativa. Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal indicó que esa iniciativa también había sido turnada a la Comisión de Salud y dictaminada por ésta en los términos en que se estaba presentando para su discusión.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , al no haber comentario alguno, procedió a someter a votación el dictamen, mismo que fue aprobado en sus términos, de manera unánime.
Acto seguido procedió a abordar el sexto punto referente al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, del artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda. Primero: se desecha la iniciativa. Segundo: archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal procedió a recordar a los miembros de la comisión que dicho dictamen ya había sido presentado a su consideración y que en esa ocasión el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) solicitó se difiriera la votación de la iniciativa respectiva, con el fin de establecer consultas con los legisladores promoventes, mismas que tuvieron lugar al igual que los correspondientes análisis, y ahora de nueva cuenta se presentaba en los mismos términos en que se había presentado la primera vez. Dicho esto, el presidente pidió al asesor jurídico del secretariado técnico que explicara por qué después de las deliberaciones se presentaba el dictamen en los mismos términos.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías explicó a los miembros de la comisión que después de haber recibido información diversa respecto a los organismos transgénicos, se seguía sin encontrar estudios o evidencia consistentes en los ámbitos internacional y nacional que permitieran establecer que este tipo de organismos causan un efecto dañino en los seres humanos.
Asimismo, al momento de revisar el valor jurídico que se trata de proteger, en relación a la información al consumidor respecto de lo que consume señaló que ya existía reglamentación actual en una ley especial que regulaba las etiquetas de ese tipo de organismos, por lo que no se encontró algún instrumento que permita hacer más estricta esta regulación. Por lo tanto el proyecto de dictamen se presentaba en los mismos términos.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal por su parte agregó que, adicionalmente, en las deliberaciones compartidas en el secretariado técnico creado para atender este asunto, se había establecido que la ley que regula los alimentos transgénicos es la que en su caso debía reformarse y no la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González planteó que el etiquetado de productos transgénicos era un tema de la mayor importancia y que, en efecto, se había consultado a la secretaría técnica y a organismos no gubernamentales, y que en esas consultas no se había llegado a un consenso, por lo que al tiempo de reconocer el trabajo de la secretaría técnica dijo que la iniciativa sería replanteada por el PVEM con posterioridad.
El diputado Ramón Jiménez López de inició reconoció la disposición del presidente de la Comisión de Economía y de la secretaría técnica cuando se abordaban temas como el de la iniciativa y a continuación manifestó que votaría en contra del sentido del dictamen y que a las razones argüidas por el diputado del PVEM añadía que así como existía la leyenda de producto orgánico , también debía incorporarse la relativa al origen de los insumos y en qué porcentaje integraban un producto elaborado y el señalamiento de si se trata de un producto transgénico, como se hace ya en otros países, ello con el fin de que el consumidor tuviera una mayor y más precisa información del producto que pretendiera consumir, sin que ello supusiera prejuicio alguno. El legislador además señaló que incluso habría alguna contraposición entre el dictamen que se discutía en ese momento y el que se presentaría un poco más adelante en esa misma sesión y que correspondía a una iniciativa en que planteaba ofrecer mayor y más precisa información al consumidor respecto a los productos lácteos.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , sometió a votación el dictamen y éste fue aprobado por mayoría, por 13 votos a favor y 2 en contra.
Luego prosiguió con el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, modifique las normas oficiales mexicanas, sobre la producción de leche o productos lácteos para que los empresarios estén obligados a establecer dentro de su etiquetado tabla nutrimental, leyenda del producto hecho a base de leche de vaca o fórmula láctea o producto lácteo combinado. La Comisión de Economía acuerda: Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía modifique las normas oficiales mexicanas, sobre la producción de leche, yogurt, queso y/o productos lácteos sea con leche pura de vaca o, en su caso, obligar que la información comercial del etiquetado de la publicidad de este tipo de productos que se ofrecen al consumidor distinga calidades mediante las leyendas claramente visibles “producto hecho a base de leche de vaca, o fórmula láctea o producto lácteo combinado” ; Segundo: Mediante las normas oficiales mexicanas se prohíba la utilización de publicidad mediante imágenes o nombres de productos relacionados con leche pura o que lo insinúen cuando no lo sean; Tercera: Se analice y sí así proceden se otorgue un certificado de origen a los productos lácteos genuinos; Cuarto: Regule la comercialización de productos lácteos establecidos que las tiendas de autoservicio de conveniencia exhiban este tipo de productos por separado en el anaquel; Quinto: Se realice una campaña publicitaria a fin de destacar las diferencias nutricionales de los productos hechos a base de leche pura de vaca y hechos mediante fórmulas lácteas. Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro a los 11 días del mes de mayo de 2011.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal comentó, por una parte, que el autor de la propuesta con punto de acuerdo era el diputado José Antonio Arámbula, a quien se apoyaba en el dictamen elaborado por el secretariado técnico y, por otra, señaló que tras haber distribuido con tiempo el dictamen entre los miembros de la comisión, se plantearon algunas preocupaciones, de tal manera que se abría el debate en la comprensión de que se escucharían opiniones señalando puntos a favor, así como puntos de inconveniencia en el acuerdo propuesto, de manera que cada quien asumiera su propio punto de vista.
El diputado José Antonio Arámbula López señaló que, tal como se expresaba en los considerandos del punto de acuerdo, obedecía a la necesidad de apoyar al sector ganadero del país, de manera que lo que pedía era que los productos lácteos y los que aparentaban serlo portaran una etiqueta en que se aclarara si se trataba de leche pura de vaca o de un producto elaborado a base de leche en polvo rehidratada, más añadidos de grasa vegetal, en su caso, es decir, un producto lácteo en sentido estricto, o un producto combinado, o una fórmula láctea, en la comprensión de que además hay diferentes calidades de leche y que existe una definición de la misma según las normas oficiales mexicanas, además de que acuerdo a ello las diferencias nutrimentales pueden ser significativas.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal preguntó si la leche en polvo en alguna etapa de la producción no se había originado en la ubre de una vaca y si, en todo caso, no se trataba de leche de vaca pero transformada, a lo que el diputado Arámbula respondió que en el origen lo había sido, pero que ya no lo era porque en el proceso había perdido sus propiedades.
El diputado José Antonio Arámbula López asimismo señaló que había muchos tipos de leches, algunas de ellas recicladas hasta tres veces, para luego ser vendidas como leche normal, de manera que su propuesta con punto de acuerdo obedecía al propósito de ayudar al sector ganadero indicando qué leche está hecha con leche de vaca y cuál está hecha con leche en polvo, sea mexicana o importada, de manera que los consumidores sepan si están comprando leche o un producto lácteo combinado, con el fin de que la leche de vaca pueda tener un diferencial de costo, aunque sea mínimo. Por otra parte, el legislador mencionó que, en efecto, sí hay muchas normas que regulan la leche, en cuanto a sanidad, inocuidad, pasteurización y el proceso entero, pero que a final de cuentas no se regulaba que el envase de un producto no diga, por ejemplo, Nutrileche, o simule el aspecto de una piel de vaca o no diga Leche Max cuando en realidad el producto no es leche y, por último, el diputado indicó que su exhorto pedía la denominación de origen para el producto, para lo cual también se exhortaba al Ejecutivo federal para que realizara un estudio sobre dicha posibilidad, a fin de que los consumidores supieran si se trataba de leche de vaca producida en México. El diputado Arámbula asimismo expresó que la Cámara de la Industria de la Leche no era la única interesada en definir las normas de la leche, sino también los productores, así como las cámaras regionales y estatales de ganadería del sector lechero, que aprobaban y apoyaban el punto de acuerdo. Por último, asimismo el legislador menciono las proposiciones con punto de acuerdo que formularía más adelante con el fin de fortalecer al sector lechero nacional.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda tomó la palabra con el fin de sumarse a la propuesta del diputado Arámbula, al tiempo de señalar que el exhorto también debiera estar dirigido a la Secretaría de Agricultura para que en los hechos desplegara una estrategia real de incentivos al sector en los programas ganaderos, ya que si bien hay presupuesto, lo cierto es que por lo menos en el caso del sureste hay una gran deficiencia en la asignación de recursos de apoyo a estos programas, además de que faltan muchos programas que alienten a productores mexicanos que quieran trabajar en el sector ganadero, que desafortunadamente han estado en pausa, justamente entre las reglas de operación, el presupuesto y la priorización de estrategias de atención en diversas partes del país, cuando debe propiciarse el consumo de leche nacional, para ya no importarla.
El diputado Sergio Gama Dufour también expresó que se sumaba a la propuesta con punto de acuerdo del diputado Arámbula y pidió a los demás miembros de la comisión apoyarla.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal propuso que se votara el punto de acuerdo, al tiempo de plantear una recomendación de modificación al diputado proponente en relación a que esta fuera de contexto técnico la solicitar la denominación de origen, pues esta, tiene que ser específicamente para un producto como el tequila, que sólo se puede producir en México, y nadie fuera de México, puede producir algo similar que le llame tequila.
El diputado Guajardo , por otro lado aclaró, que en el caso de la leche hay mexicana y argentina, por lo que no puede haber denominación de origen de acuerdo al concepto de denominación de origen acordado en la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, como en el caso del whisky escocés como el tequila mexicano, como el saque japonés; por lo que no hay elementos legales para poder otorgarle una denominación de origen a la leche. Por lo que la propuesta es eliminar la parte de denominación de origen.
El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez , sometió a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen con la adecuación propuesta, mismo que fue aprobado por unanimidad. Dicho esto, el secretario procedió a abordar el siguiente punto, correspondiente al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Comisión de Economía se manifiesta por aprobar la iniciativa de proyecto de decreto.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal intervino para señalar que el dictamen estaba aprobado en lo general y a petición del diputado proponente, había quedado pendiente su discusión en lo particular, dicho lo cual le concedió la palabra al diputado Leoncio Alfonso Morán, promovente de la iniciativa, para hacer algunas consideraciones.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez expresó que la iniciativa tenía por propósito apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, generadoras de la gran mayoría de los empleos del país, mediante la creación de una entidad pública especializada en estas empresas, al mismo tiempo que identificar la oferta institucional y los instrumentos de apoyo a los empresarios del sector y alinear e integrar estos instrumentos en una sola vertiente, para facilitar a los empresarios el acceso a los programas e instrumentos del gobierno federal y reducir, en consecuencia, los obstáculos y la normatividad para responder oportunamente a las necesidades de los empresarios de menor tamaño y así mejorar su competitividad. En este punto de su intervención, el diputado proponente Morán Sánchez planteó que, con el fin de conferir solidez al dictamen, solicitaba a los miembros de la comisión que aprobaran pedir al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara una opinión sobre el impacto presupuestal de la medida, con el fin de asegurar que al término del proceso su aprobación fuera favorable.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que, como era evidente, el diputado Morán proponía retirar el dictamen para consideraciones posteriores en materia de impacto presupuestal, pero ya que en razón de que el correspondiente dictamen había sido aprobado como parte del orden del día, era necesario que los miembros del pleno aprobaran que se analizara y votara en la siguiente reunión de la comisión. Por lo que procedió a someter a votación la solicitud del diputado Morán Sánchez, misma que fue aprobada por unanimidad.
Asuntos generales
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández celebró que la votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, hubiera sido pospuesto, ya que tenía que plantear al respecto varias objeciones, a ser discutidas en la siguiente reunión.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal asimismo le comentó a la diputada Martínez y Hernández que había un dictamen trascendente, relativo a la minuta del Senado sobre economía social que regula el artículo 25 constitucional, que seguramente contaría con su aprobación.
Por otra parte, el diputado Guajardo mencionó que como el resto de los miembros de la comisión sabía, se había celebrado una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, con motivo de la publicación del decreto de la Ley Federal de Competencia Económica y, al respecto, comentó que el viernes anterior en la noche de parte del Ejecutivo se le había hablado para invitarlo, al día siguiente para cancelarle la invitación y un día después para volverlo a invitar, además de que se le había asegurado que todos los miembros de la comisión habían sido invitados; sin embargo, el diputado Guajardo mencionó que el lunes, en la ceremonia, sólo se encontró al diputado Luis Enrique Mercado y a los miembros de la Comisión Federal de Competencia, y que tampoco se había invitado a ningún empresario. En este punto el diputado Guajardo dijo que si había aceptado la invitación era como parte del reconocimiento del que eran merecedores los miembros de la comisión por el esfuerzo realizado.
La diputada Norma Sánchez Romero mencionó que a ella se le había invitado, pero no había podido asistir al evento, tan relevante por la gran importancia que revestía la Ley de Competencia para el desarrollo económico del país.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal aclaró que al menos no se dio discriminación partidaria de parte del personal del Ejecutivo, ya que hubo compañeros del Partido Acción Nacional que tampoco fueron invitados; que lo que hubo fue una evidente desorganización.
El diputado José Luis Velasco Lino planteó que por la trascendencia de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica deseaba invitar en los siguientes tres meses a los miembros de la comisión a la Universidad del Estado de México, en la que se celebrarían seminarios y congresos al respecto.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández , después de que el diputado Guajardo agradeciera la invitación del diputado Velasco Lino, expresó su deseo de señalar que la Ley General de Economía Social y Solidaria tendría repercusiones en el presupuesto del 2012, motivo por que el que preguntó si ya se había formado un grupo de trabajo al respecto y que en caso de que no hubiera sido así, ello se planteara en la siguiente reunión.
El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal comentó a la diputada Martínez y Hernández que justamente había un dictamen del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara en el que se establecía que no habría impacto presupuestal, ya que los recursos dispersos en diferentes organismos como Fonaes se concentrarían con el fin de respaldar al INESS; pero por otra parte el diputado Guajardo afirmó que el grupo de trabajo podría abocarse a valorar el desarrollo y el desempeño futuro de dicho instituto, así como integración y aplicabilidad y otros aspectos relativos a ello, para lo cual planteaba que el tema se abordara en la siguiente reunión de trabajo de la comisión, respecto a lo cual manifestó su acuerdo la diputada Ifigenia Martínez.
Clausura
Dicho esto, tras haber sido agotado el orden del día y con la anuencia de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, el diputado Guajardo Villarreal procedió a clausurar la reunión de trabajo.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.
De la Comisión de Economía, sobre la vigésima segunda reunión ordinaria, efectuada el miércoles 8 de junio de 2011
A las 11:57 horas del 8 de junio de 2011, en los salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Economía para dar inicio a la vigésima segunda reunión ordinaria con el desahogo del orden del día.
Lista de asistencia y declaratoria de quórum
En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Narcedalia Ramírez Pineda, José Luis Velasco Lino, Leoncio A. Morán Sánchez, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez Alonso-González, secretarios: José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, María Florentina Ocegueda Silva, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón.
Diputados que justificaron su inasistencia: Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Indira Vizcaíno Silva, secretarios, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Pavel Díaz Juárez, Vidal Llerenas Morales.
En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 19 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.
Lectura del orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.
a) De la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232, de la Ley Federal de Derechos de Autor.
b) De la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) De las iniciativas que proponen expedir la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en lo referente al sector social de la Economía.
d) De la iniciativa que propone expedir la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector Social de la Economía.
e) De la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa a los usuarios de Servicios Financieros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles.
f) De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 de la Ley de Aviación Civil y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
g) De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
h) De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
i) De la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, y
j) De la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Tras haber dado lectura al orden del día, éste fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados presentes integrantes de la comisión.
Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a dar lectura el primer dictamen del orden del día, correspondiente al dictamen a la Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232, de la Ley Federal de Derechos de Autor. La Comisión de Economía se manifestaba por aprobar el proyecto de decreto en los términos del dictamen, por lo que de conformidad con el inciso E del artículo 72 constitucional se regresa a la Cámara de Senadores para su discusión correspondiente. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que la minuta turnada del Senado de la República ya había sido aprobada por la comisión había aprobado, pero con un error de origen relativo a la determinación de los montos de sanción, de manera que se trataba de ratificar el voto ya expresado, tras haber hecho la corrección correspondiente. Asimismo, solicito al abogado del secretariado técnico, explicara cual era el error que se estaba corrigiendo.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías. Aclarando que el error estaba en la minuta procedente del Senado ya que en lo referente a las sanciones decía de 5 a 40 mil pesos, debiendo decir de 5 mil a 40 mil pesos. Lo anterior es sustancial porque al momento de evaluar el monto de la multa, se iba a considerar de 5 a 40 mil pesos y no de 5 mil a 40 mil.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, somete a consideración el dictamen con la aclaración correspondiente, siendo aprobado de manera unánime.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, prosiguió con el orden del día, abordando el segundo dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía acuerda: primero, se desecha la iniciativa, segundo: archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para comentar, que esta iniciativa fue nuevamente turnada por la Mesa Directiva a esta comisión, de conformidad con el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados. Y que el tema de la iniciativa presentada por el diputado Corral, en materia de acciones colectivas; ya había sido aprobada por lo que la presidencia de la comisión hacia la recomendación de cumplir con el proceso de dictaminación y desechar la iniciativa, ya que el instrumento jurídico correspondiente ya existía.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a consideración de las y los miembros de la comisión el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado en sus términos de manera unánime. Seguidamente la diputada procedió a abordar el tercer dictamen, correspondiente a las iniciativas que proponen expedir la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al sector social de la economía.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: Desechar las iniciativas.
Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que en la sesión anterior la Comisión había aprobado una Minuta del Senado de la República la cual expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, al mismo tiempo que habían sido turnadas a la Comisión un conjunto de iniciativas sobre el mismo tema, cuyos promoventes estuvieron de acuerdo en que la Comisión debía impulsar el proceso legislativo correspondiente y desecharlas en la medida en que la minuta sobre la Ley General de Economía Social y Solidaria ya estaba aprobada y pendiente para ser discutida en el pleno de la Cámara.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a consideración del pleno de la comisión el dictamen siendo aprobado de manera unánime; acto seguido procedió a abordar el cuarto dictamen a la iniciativa que propone expedir la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector de la economía.
La Comisión de Economía acuerda.
Primero: se desecha la iniciativa.
Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, Aclaró que en este caso era la misma argumentación que la anterior, en relación a la aprobación de la Minuta de la Ley General de la Economía Social y Solidaria.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a consideración del pleno de la Comisión el dictamen siendo aprobado de manera unánime; acto seguido procedió a abordar el quinto dictamen, correspondiente a la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y se expide la Ley Federal para regular las Casas de Empeño Mercantiles.
La Comisión de Economía acuerda.
Primero: Se desecha la iniciativa.
Segundo: Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó al abogado de la secretaría técnica, comentara sobre la determinación de desechar el dictamen puesto a consideración.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías, señaló que se trataba de una iniciativa que expide la Ley de Casas de Empeño y que en tal sentido había cinco iniciativas sobre el mismo tema, al tiempo que el propósito radicaba en elaborar un solo dictamen con respecto al conjunto de las mismas; en este punto, señaló que lamentablemente en el caso de esta iniciativa, se había agotado el plazo correspondiente para emitir un dictamen.
En razón de ello la presidencia de esta comisión y con el fin de realizar una reforma integral se proponía desechar la iniciativa en cuestión, con el compromiso de que las ideas expuestas en la iniciativa serían consideradas para su incorporación en un dictamen elaborado por un grupo de trabajo en el seno de la propia comisión.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que dicho grupo de trabajo era encabezado por la diputada Susana Hurtado Vallejo, mismo que había presentado una iniciativa integral justo antes de terminar el periodo de sesiones anterior, de manera que ya había sido turnada a la Comisión de Economía y se encontraba en proceso de análisis y de incorporación de muchas de las propuestas planteadas en las diversas iniciativas presentadas para regular las casas de empeño.
La diputada Susana Hurtado Vallejo por su parte comentó, que el grupo ya estaba activo y había venido sosteniendo diversas reuniones con las diferentes asociaciones que agrupan a las casas de empeño, de manera que el dictamen respectivo estaba a punto de ser concluido para ser presentado a la brevedad ante el pleno de la comisión.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, procedió a someter a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen respectivo, mismo que fuera aprobado por unanimidad; seguidamente la diputada dio lectura el sexto dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 de la Ley de Aviación Civil y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: Se desecha la iniciativa.
Segundo: Archívese el presenta asunto como tal y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo a los ocho días del mes de junio de 2011.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías, por petición del diputado presidente de la Comisión, comentó que la iniciativa fue turnada en Comisiones Unidas de Transportes y de Economía y que la primera ya había sometido a votación el dictamen correspondiente en sentido negativo, debido a que en las leyes federales de Aviación Civil y de Protección al Consumidor existían los recursos jurídicos para que los usuarios del transporte aéreo comercial nacional e internacional, vieran cubiertos sus gastos en caso de cancelación o demora de los vuelos. En ese sentido aclaró que el sentido del dictamen es ratificando los argumentos de la Comisión de Transportes, agregando un texto que explica la regulación de la responsabilidad civil objetiva para estos casos ya que dicha referencia no se hace por parte de la Comisión de Transporte.
El diputado Jorge Hernández Hernández, por su parte, al tiempo de plantear que, en efecto, ya existía legislación para resarcir a los consumidores en los referidos casos, asimismo afirmó que era preciso preguntarse por qué seguían en estado de indefensión los consumidores y qué es lo que podía hacer el Legislativo al respecto, con el fin de que hubiera un efectivo resarcimiento de los daños causados a los usuarios de los servicios de transporte aéreo.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en tal sentido recordó que se había legislado ya con el fin de que la Profeco en forma obligada estableciera su posición en términos de un dictamen en los casos en que las partes en conflicto no llegaran a concretar un acuerdo.
El diputado José Antonio Arámbula López, quien comentó que formaba parte de la Comisión de Transportes, en el sentido de que efectivamente ya existían recursos jurídicos para resarcir económicamente a los usuarios en los casos señalados y que si Mexicana de Aviación hasta el momento no les había pagado a los usuarios afectados, ello se explicaba porque la empresa carecía de los recursos respectivos y que de hecho se encontraba en proceso de liquidación.
El legislador asimismo señaló que se había invitado al liquidador de la empresa a que compareciera ante la Comisión de Transporte y que éste había informado sobre el estatus del proceso, de manera que en su momento se les resarciría a los usuarios que compraron boletos a Mexicana de Aviación sin que se les hubiera brindado el servicio contratado.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que cuando se habla de la quiebra de una empresa, entramos en un proceso de responsabilidad diferente. Aquí también es el caso, donde no necesariamente es quiebra, pero hay afectación del consumidor por demora, por retraso, por cancelación de vuelos y que en un momento determinado no cumple la responsabilidad de la empresa con cubrir pernoctas, alimentación, etcétera. Entonces, estamos de acuerdo con desechar el dictamen, a lo que la Comisión de Economía estaría abierta sería a la posibilidad de ver qué es lo que está pasando en el mercado para garantizar los derechos de los consumidores.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación el dictamen, mismo que fuera aprobado por unanimidad; tras lo cual la legisladora procedió a abordar el séptimo dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: desecha la iniciativa.
Segundo: archívese el siguiente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó al abogado de la Secretaría Técnica, comentara sobre los antecedentes del dictamen puesto a consideración.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías, comentó que los antecedentes de la iniciativa, en el sentido de que ésta pretendía adicionar un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que los proveedores que utilizaran en su publicidad imágenes de personas cuya apariencia física hubiera sido modificada o alterada, incluyeran la leyenda “fotografía retocada para modificar la apariencia física de las personas”.
El ciudadano Pérez Frías expresó que el motivo por el cual se desechaba la iniciativa es porque la preocupación del diputado tiene que ver con un problema de salud y con desordenes alimenticios; es decir, la justificación que él esta plasmando es que este tipo de publicidad genera problemas de bulimia así como otros desordenes alimenticios.
Por lo tanto aclaró que la Ley de Salud, tiene normas específicas para la publicidad donde dice que ésta no debe de inducir a desórdenes alimenticios. Sin embargo en la redacción propuesta por el diputado proponente, que no es muy clara, implica que toda publicidad que tuviera algún retoque tendría que llevar esta leyenda aún y cuando la finalidad de la misma, no sea el crear personas perfectas o estereotipos perfectos, lo que le quitaría cualquier sentido a la norma.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte planteó que el dictamen esta presentado en sentido negativo, además de que la iniciativa prácticamente proponía que todas las modificaciones gráficas, aunque no estuvieran relacionadas con temas de salud o embellecimiento, incluyeran la referida leyenda, afectando con ello innecesariamente la comercialización de una serie de productos, además de que, en efecto, el tema ya estaba contemplado en la Ley de Salud.
La diputada Norma Sánchez Romero, por su parte planteó que la iniciativa no representaba un obstáculo que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se hiciera referencia a la publicidad engañosa, independientemente de que estuviera regulada en la Ley General de Salud, ya que en el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establecen como principios básicos las relaciones de consumo y la protección a la salud y seguridad del consumidor, contra los riesgos provocados por el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos y nocivos.
Asimismo, la legisladora propone no dejar escapar la oportunidad de legislar a favor de la población mexicana que se ve afectada en la salud directamente por la publicidad engañosa, al presentar imágenes de cuerpos humanos que han sido retocados artificialmente para resaltar o exagerar alguna condición de delgadez o de tono muscular que generan problemas de bulimia y anorexia, a fin de que en tal sentido y a la fin de que esta iniciativa prospere, propone reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor de acuerdo a lo siguiente:
Que diga: “para efectos de esta ley se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva, aquella que refiere características o informaciones relacionadas con algún bien producto o servicio, que pudiendo ser o no verdaderas, incluye error o confusión por la forma inexacta, falta, exagerada, parcial, artificial o tendenciosa en que se presenta”.
Al mismo tiempo la diputada Sánchez Romero pide agregar además lo siguiente con la finalidad de salvar las dichas observaciones a la iniciativa: “también se considerará como publicidad engañosa a aquella que exhiba imágenes de una persona cuya apariencia física real o retocada se presente como resultado directo del consumo del producto o servicio que se publicita, pretendiendo engañar al público consumidor”.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, a su vez en diálogo con la legisladora, pregunto que si lo propuesto había sido una contribución del autor de la iniciativa, vía la representación del grupo parlamentario; a lo que la diputada Sánchez Romero, respondió que era por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Asimismo el diputado presidente confirmó, con el secretario técnico de la comisión, que se había notificado al diputado proponente con la anticipación debida, sobre el proceso de dictaminación de la iniciativa en comento, sin que éste hubiera establecido contacto con la Comisión, y a fin de llegar a un acuerdo para que la dictaminación fuera positiva.
Ante ello, el diputado presidente propuso al Pleno de la Comisión que, con el fin de escuchar el punto de vista del proponente y contemplar la posibilidad de modificar el sentido del dictamen, sometía a votación retirar el dictamen en ese momento del orden del día y posponer su votación, para la siguiente reunión de la comisión.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero procedió a someter a votación la propuesta planteada por el diputado Guajardo, misma que fue unánimemente respaldada por los miembros de la comisión; seguidamente, procedió a abordar el siguiente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: se desecha la iniciativa.
Segundo: archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó al abogado de la secretaría técnica que haga un breve comentario sobre el sentido del dictamen puesto a consideración.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías comentó que la iniciativa proponía establecer de manera expresa en la Ley Federal de Protección al Consumidor que en los manuales y en los empaques de los aparatos de reproducción de audio se establezca una leyenda específica que diga: “el uso incorrecto puede provocar sordera”.
La propuesta de desechar la iniciativa se basaba primero porque la Ley Federal de Protección al Consumidor ya establece disposiciones que hablan en ese sentido, además existir una Norma Oficial Mexicana para los electrodomésticos y productos eléctricos que generan sonido y que de alguna manera puedan ser dañinos, obligando a las empresas a establecer en los manuales los métodos de utilización adecuados y las leyendas de advertencia si son utilizados de manera incorrecta generaran daños a la salud, por lo que la Secretaría Técnica, recomendaba desechar la iniciativa, puesto que no encontró justificación mayor para establecer una regulación específica.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, a petición del diputado presidente, procedió a someter a votación el dictamen en sus términos, mismo que fue aprobado por unanimidad. En seguida, dio lectura al siguiente punto en el Orden del Día, correspondiente al dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: Se desecha la iniciativa
Segundo: archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que la iniciativa había sido generada en el Senado de la República con el fin de que formara parte de las deliberaciones en el proceso de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y que en el mismo sentido era el resultado de muchas conversaciones con el presidente de la Concamin y con directivos de otras asociaciones empresariales; proyecto de iniciativa en la que a decir del legislador se proponía que en la LFCE se introdujeran algunos artículos en que se hiciera referencia a los monopsonios y a los poderes de control de mercado por parte de los compradores, ello en referencia crítica a los contratos de suministro de los supermercados.
Al respecto, el diputado Guajardo agregó que ya la LFCE en su reforma contemplan todo tipo de manipulación de mercado por parte del oferente y del demandante y que además estaba diseñada para conferirle instrumentos a la Comisión Federal de Competencia a fin de que actuara contra cualquier tipo de obstáculo que impidiera la libre competencia.
Ello además de que el término monopsonio resultaba extraño en el ámbito jurídico, de tal manera que se juzgó que incluirlo hubiera implicado una complicación en el momento en que los jueces hubieran tenido que manejar dicha terminología.
El legislador señaló al respecto que, sin embargo, se había establecido el compromiso con los referidos empresarios en el sentido de que si en los hechos la aplicación de la LFCE ya reformada no resolvía la problemática a la que se hacía referencia en el caso de la relación entre proveedores y compradores en las cadenas de supermercados, la Comisión de Economía sin duda escucharía a los empresarios con el fin de plantear un posible agregado a la ley.
Dicho lo cual, y al no haber más comentarios, el diputado Guajardo pidió a la secretaria diputada procediera a someter a votación el dictamen correspondiente.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero hizo lo propio y el dictamen fue aprobado por mayoría, con 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, con relación al desacuerdo expresado por la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, comentó que desde luego se discutiría lo planteado por ella, en la comprensión que el dictamen ya había quedado aprobado por mayoría.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero abordó el siguiente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero: se desecha la iniciativa;
Segundo: archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de junio de 2011.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó al abogado de la secretaría técnica que haga algunos comentarios sobre el dictamen.
El abogado Andrés Alejandro Pérez Frías comentó que la iniciativa pretende agregar en la Ley de Mpyme un bono para los recién egresados que abrieran una Mpyme; sin embargo de los montos establecidos en la iniciativa se deduce que lo que se debería dedicar para dichos bonos es del orden de quince veces el presupuesto asignado a las Mpymes para el 2011, por lo cual, se estimó su inviabilidad desde el punto de vista presupuestal.
El diputado Jorge Hernández Hernández, por su parte expresó que a pesar de ello valía la pena explorar con la Comisión de Presupuesto la aplicación de algún porcentaje viable, con el fin de que la medida fuera implantada, a fin de apoyar a los jóvenes egresados e impulsar el empleo y el crecimiento económico en las regiones del país y de esa manera enviar un mensaje a ese segmento de la población por parte del Legislativo.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que el dictamen hacía referencia a las cantidades específicas y a los montos concretos planteados en la iniciativa, de manera que sería necesario conferirle un tratamiento diferente, por lo que sugirió que el dictamen fuera retirado y se exploraran con el promovente las modificaciones del caso con el fin de hacerlo viable y se volviera a presentar en la siguiente reunión de ordinaria de la comisión.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero sometió a votación la propuesta del diputado presidente Guajardo de retirar el dictamen del orden del día, misma que fue aprobada de manera unánime.
Asuntos generales
El diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa hizo referencia a la propuesta planteada en la reunión de ordinaria anterior, en el sentido de formar un grupo de trabajo en conferencia con la Comisión de Energía con el fin de analizar la estructura y la aplicación de las tarifas de energía eléctrica, uno de los problemas que se traducen en el mayor número de quejas de gran parte de la población, a lo cual el legislador agregó que el 20 de mayo se había formalizado la creación del grupo en cuestión y que todos los miembros de las comisiones de Economía y de Energía podían participar en sus actividades.
El diputado Ruiz de Teresa asimismo señaló que se habían establecido sendos puntos con respecto a la problemática de las tarifas, primero en el sentido de analizar cuál era su situación, con el fin de entregar un informe al respecto en la semana siguiente y, por otra parte, señaló que se había acordado visitar al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para plantearle de principio doce cuestionamientos, al tiempo de invitar a los miembros de la comisión a plantear preguntas con el fin de incorporarlas con vistas al diálogo con el funcionario.
En el mismo sentido, el legislador abundó sobre el hecho de que era necesario averiguar el por qué de la inconsistencia de las tarifas, de suerte que en un municipio se cobraban unas y en el municipio contiguo otras o bien por qué en algunos lugares del país, como en la frontera norte, en ciertos meses del año se incrementaban, así por ejemplo en el caso de algunos estados y municipios, paradójicamente en los meses de mayor calor, y no sólo en los días de mayor consumo y en las horas pico.
Por otra parte, el diputado Ruiz de Teresa planteó que era necesario saber por qué si un veintitantos por ciento de la capacidad instalada de la CFE no estaba siendo utilizada, al mismo tiempo se compra energía eléctrica a compañías privadas que además reciben gas subsidiado por el gobierno para producir la energía eléctrica que después le venden a éste.
De manera que el legislador planteaba que, ante la afirmación reciente del director de la CFE, en el sentido de que la empresa tenía pérdidas del orden de los 100 mil millones de pesos en subsidios, cabía preguntarse si ello sucedía en razón de ineficiencias y de la generación cara de electricidad o bien porque la empresa era muy eficiente y vendía la electricidad muy barata, cuando el hecho era que en términos comparativos internacionales el fluido eléctrico en México no era precisamente barato, aspectos que el diputado Ruiz de Tersa comentó que habían sido abordados en la Comisión de Energía.
En este punto de su intervención el diputado también hizo referencia al hecho de que la Asociación de Gasolineros Unexpo, que contaba con 7 mil de los casi 10 mil distribuidores de gasolina que hay en el país, hacía casi dos años había presentado una queja formal ante el presidente de la República, acerca de una extorsión de que venía siendo objeto por parte de funcionarios corruptos que les pedían 50 mil pesos al mes por cada gasolinera, lo que sólo se ha traducido en el encarcelamiento de ocho funcionarios de bajo nivel, al mismo tiempo que quien, a decir de los empresarios, encabezada dicho grupo, la señora Gladys López Blanco, esposa del Secretario de la Función Pública, no estaba siendo investigada por las autoridades correspondientes.
Al respecto, el legislador señaló que se había planteado pedirles a los secretarios de Economía y de la propia Función Pública que comparecieran ante la Comisión de Economía, así como al Procurador Federal del Consumidor.
De tal manera que, a decir del diputado Ruiz de Teresa, a los 50 millones de pesos por extorsiones se sumaban los más de 4 mil millones por pérdidas en razón de las ventas fraudulentas de falsos litros de combustible en los expendios de gasolina.
En suma, el legislador pidió que la Comisión citara a los tres funcionarios mencionados.
El diputado Ramón Jiménez López por su parte expresó su satisfacción en razón de que el diputado Ruiz de Teresa hubiera aportado los datos referentes a la capacidad instalada de la CFE, a los subsidios en gas a las empresas privadas que le vendían electricidad a la propia CFE y otros datos más, incluidos los referentes a las extorsiones ejercidas en perjuicio de los distribuidores de gasolina, al tiempo de expresar que le gustaría compartir dichos datos, mismos que el diputado Ruiz de Teresa comentó que eran públicos.
Por otra parte, el diputado Jiménez López agregó que era sabido que el margen de reserva de la CFE era mayor al 40 por ciento, de manera que la empresa estaba generando energía eléctrica sobrante en ese porcentaje, a lo que se sumaba el referido 26 por ciento de capacidad instalada de la empresa que no estaba siendo utilizada.
En este punto, el diputado Jiménez López concluyó que era claro que se estaban favoreciendo a las empresas de la iniciativa privada que generaban energía eléctrica en detrimento del patrimonio nacional y de toda la población, en razón de las irregularidades en las tarifas, de manera que, a consideración suya y tomando en cuenta la capacidad instalada de la CFE, no había necesidad de seguir otorgando concesiones a la iniciativa privada nacional y extranjera y, por el contario, debía utilizarse la energía excedente que se venía desperdiciando ya que no podía ser almacenada, con el fin de bajar las tarifas y beneficiar a la población y al país.
La diputada Susana Hurtado Vallejo por su parte y también con relación a las altas tarifas eléctricas comentó que sin duda se trataba de un problema en el que no se había avanzado en los últimos dos años y que afectaba a los estados de la República, como en el caso de Quintana Roo, en que la tarifa eléctrica que se aplica en el municipio de Felipe Carrillo Puerto era señaladamente diferente a la aplicada en el municipio de José María Morelos, si bien ambos municipios son rurales.
Dicho esto, la diputada Hurtado se manifestó por sumarse al grupo de trabajo y porque se invitara al Secretario de Energía a la Comisión de Economía para que explicara los criterios de aplicación de las distintas tarifas eléctricas en el país.
El diputado Jorge Hernández Hernández, señaló que a dos años de haber desaparecido la compañía Luz y Fuerza del Centro, la CFE estaba dejando mucho que desear y que además del trabajo que realizara el grupo de trabajo era preciso que todos los miembros de la comisión sumaran esfuerzos para enfrentar el problema que se traducía en la emisión de recibos de luz por cantidades exorbitantes en perjuicio de personas que en la región de centro del país zona centro viven en viviendas en las que no hay, por ejemplo, servicios de drenaje.
La diputada María Florentina Ocegueda Silva, comentó que en su estado, el de Nayarit, la presa de Aguamilpa, situada en El Cajón, generaba aproximadamente el 15 por ciento de la energía que se consumía en el país y que sin embargo las tarifas eléctricas aplicadas en la entidad se situaban entre las más caras a nivel nacional.
Dicho esto, la legisladora pidió que se integrara el grupo de trabajo y que se le incluyera en él.
El diputado José Luis Velasco Lino, por su parte comentó que según entendía, era otro el grupo de trabajo que se integraría en torno a la problemática de la energía solar, con motivo de la audiencia pública en la que se había recibió a la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
Al respecto, el legislador propuso que se analizara el tema del uso y del desarrollo de este tipo de energía con el fin de que beneficiara a las viviendas que hoy no contaban con algún subsidio y que en el mismo sentido valía la pena señalar que muchas viviendas ya contaban con energía solar para calentar agua.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló al respecto que después de realizada la audiencia pública se había acordado que la diputada Norma Sánchez Romero coordinara el grupo de trabajo en materia de energía solar y que sería muy recomendable que los miembros de la comisión se integraran al mismo.
El diputado José Luis Velasco Lino, comentó que el motivo de la moción radicaba en el hecho de que la presentación que había llevado a cabo la ANES en audiencia pública ante la Comisión de Economía esa mañana ya había sido llevada cabo hacía un mes y medio ante la de Energía y en ella el de la voz había planteado la conformación de un grupo de trabajo orientado a que se destinaran recursos del programa para el campo hacia el desarrollo y el uso de la energía solar en las regiones acendradamente rurales, como en el caso de la Sierra de Oaxaca, entre otras.
Al respecto el legislador señaló que las acciones del grupo de trabajo podrían orientarse a lograr que una parte del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable, se destinara justamente a viviendas y a las zonas rurales del país.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que en tal caso les sugería a la diputada Norma Sánchez Romero y al diputado José Luis Velasco Lino, se pusieran de acuerdo con el fin de crear dicho grupo de trabajo.
Por otra parte, el diputado Guajardo señaló que tras conversación sostenida con el diputado Ruiz de Teresa a propósito del caso de corrupción en Profeco ocurrido en el 2008, había establecido contacto con el presidente de la Asociación de Gasolineros para abordar el tema y asimismo lo hizo con el Secretario de Economía y de ello resultó el compromiso de que ante la Comisión de Economía se presentarían el nuevo Procurador Federal del Consumidor y el subprocurador encargado de las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia del servicio de las gasolineras, con respecto a lo cual el diputado Guajardo señaló que el tema de la nueva norma para expender gasolina había causado controversia en el sector.
En este punto de su intervención el diputado Guajardo añadió que se planteaba que los funcionarios de la Profeco presentaran la nueva referida NOM, al tiempo de invitar en audiencia pública a la Asociación Nacional de Gasolineros para escuchar su punto de vista al respecto y, por otra parte, abordar el caso de la esposa del Secretario de la Función Pública, a quien se señalaba como involucrada en el caso de corrupción ya mencionado, cuya investigación no presentaba avance alguno.
Al respecto, el diputado Guajardo comentó que le había pedido al Secretario de Economía para que mediara a fin de solicitar a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública informaran en qué punto se encontraba la investigación y si realmente había la disposición para llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de los funcionarios de segundo nivel.
La diputada Susana Hurtado Vallejo, por su parte expresó su deseo de incorporarse al grupo de trabajo de puertos interiores, respecto a lo cual el diputado Guajardo Villarreal señaló que le solicitaba a dicho grupo que, en coordinación con el presidente de la Asociación Guanajuato Puerto Interior, se programara una reunión en esa entidad en julio o a más tardar en agosto, así como la respectiva agenda de trabajo, a desarrollarse a lo largo del resto de la legislatura.
La diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández tomó la palabra para señalar que estaba pendiente la formación del grupo de trabajo para impulsar la Ley de Economía Social y Solidaria y en tal sentido analizar la situación actual del sector y por tanto el de las cooperativas; las empresas de trabajadores y mixtas en asociación con los gobiernos federal, estatales y municipales; las empresas para jóvenes egresados de instituciones de educación superior y las empresas para jóvenes con educación técnica.
En el mismo sentido, la diputada Martínez y Hernández señaló que como parte de dicha tarea se debía realizar un diagnóstico preciso y en relación directa con los objetivos de la ley, definir programas y proyectos concretos, así como organizar reuniones de trabajo, foros, conferencias y otros eventos similares con legisladores y especialistas en economía social, para reimpulsarla.
En igual forma la legisladora se refirió a la necesidad de gestionar las medidas necesarias para la implantación de la ley en los plazos fijados por los artículos transitorios y la creación de los organismos del sector social previstos en la misma, así como estimar las asignaciones presupuestarias necesarias para su óptima operación y proponerlas por conducto de la Comisión de Economía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Por último, la diputada Martínez y Hernández precisó que esas actividades debían realizarse en el contexto del primer año de ejecución de la ley y de ser posible las propuestas presupuestarias respectivas debían plantearse en el contexto del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012.
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, preguntó a la diputada Martínez y Hernández si deseaba coordinar dicho grupo de trabajo, a lo que la legisladora respondió afirmativamente, tras lo cual el diputado Guajardo pidió a la diputada secretaria que sometiera a la consideración del pleno de la comisión la creación del grupo de trabajo y la propuesta de que la diputada Martínez y Hernández lo coordinara tan luego fuera aprobada la ley en el mes de septiembre y culminara el respectivo proceso legislativo.
La secretaria diputada Norma Sánchez Romero, hizo lo propio y de manera unánime fueron aprobadas ambas propuestas, se comprometió a realizar la respectiva convocatoria en su momento.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, comentó que estaba pendiente el informe de la participación de miembros de la Comisión en el Foro de la OCDE del 2011.
Clausura
El presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, luego de comentar que se haría circular entre los miembros de la comisión dicha relatoría para su consideración y tras haberse agotado el orden del día, con la anuencia de las diputadas y de los diputados miembros de la Comisión procedió a dar por terminada la reunión de ordinaria a las 13:00 horas.
