Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3445-V, martes 7 de febrero de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la Secretaría de Salud acciones reglamentarias y normativas para incluir en la cara anterior de los envases de bebidas alcohólicas leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia sobre los efectos nocivos del consumo, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Enrique Torres Delgado, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud lleve a cabo las acciones reglamentarias y normativas en materia de etiquetado de bebidas alcohólicas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 destaca respecto del consumo de alcohol que, como se había observado en estudios previos, el patrón de consumo típico es de grandes cantidades por ocasión de consumo. En total, casi 27 millones de mexicanos de entre 12 y 65 años beben con este patrón y presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario. Esto significa que, aunque beban con poca frecuencia, cuando lo hacen ingieren grandes cantidades. Casi 4 millones beben grandes cantidades una vez a la semana o con mayor frecuencia.
El consumo consuetudinario, es decir, cuando se beben grandes cantidades una o más veces a la semana, es más frecuente entre hombres que entre mujeres, en una proporción de 5.8 hombres por cada mujer. Entre ellas, sin embargo, esta manera de beber está aumentando, especialmente entre las adolescentes. La diferencia entre mujeres adultas y adolescentes (una mujer entre 12 y 17 años, por cada 1.9 mujeres adultas mayores de 18 años) es menor que la que se observa entre los hombres (un adolescente de entre 12 y 17 años por cada cinco adultos mayores de 18 años).
Tanto en hombres como en mujeres, el grupo de edad que muestra los niveles más altos de consumo es el de 18 a 29 años. Los niveles descienden después conforme aumenta la edad. Los resultados indican que la población adolescente está copiando los patrones de consumo de la población adulta.
El abuso implica un patrón no adaptativo de consumo en personas sin dependencia, que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas (consumo recurrente que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o la casa; consumo en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso; problemas legales relacionados con el alcohol; consumo continuado, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia).
La proporción de la población que presenta abuso/dependencia al alcohol es muy elevada; poco más de cuatro millones de mexicanos cumple con los criterios para este trastorno; de éstos, tres y medio millones son hombres y poco más de medio millón son mujeres.
La encuesta nacional también señala que esta forma de beber se asocia con una proporción importante de problemas. Las dificultades más frecuentes ocurren con la familia (10.8 por ciento), a continuación aparecen las peleas (6 por ciento), los problemas con la policía son menos frecuentes (3.7 por ciento), pero en una proporción importante (41.3 por ciento) se encontraron personas que fueron detenidas bajo los efectos del alcohol. Los problemas laborales no son muy comunes (3.7 por ciento) y en una proporción aún menor los problemas derivaron en la pérdida del empleo o en la posibilidad de perderlo (1.4 por ciento). Por otro lado, a nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad por cirrosis hepática alcohólica.
Otras estadísticas a nivel nacional, proporcionadas por el Consejo Nacional contra las Adicciones, referente a daños y consecuencias relacionadas con el abuso en el consumo del alcohol nos refieren a que la quinta parte de los accidentes en el área de trabajo se relaciona con la ingesta de bebidas con alcohol y se encuentra entre las 10 principales causas de discapacidad en los empleados; también se relaciona con un grave problema de accidentes vehiculares por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en conductores, que cada año cobran la vida de 20 mil mexicanos.
El alcoholismo es el principal responsable de 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte en jóvenes.
El consumo de alcohol se asocia por lo menos a 16 causas de mortalidad, tanto a corto como a largo plazos. La Secretaría de Salud señala que tanto el alcoholismo como el abuso en el consumo de alcohol se encuentran entre las principales causas de pérdida de años de vida saludable en México: se registran 22 muertes por cirrosis hepática, la más alta del mundo, por cada 100 habitantes. Además, 26.5 por ciento de los cadáveres del servicio forense fallecieron bajo el efecto etílico. Es decir, ese consumo ocasiona elevados costos sociales. Se ha estimado también que tan sólo el alcoholismo representa actualmente 9 por ciento del peso total de la enfermedad en México.
Por otro lado, según algunas estimaciones, el alcoholismo absorbe 6 por ciento del gasto público y genera improductividad, ya que se pierden 160 mil horas-hombre quincenales, mientras que representa 15 por ciento del ausentismo laboral, e incrementan la deserción escolar.
Cada año se suman a las filas del alcoholismo 1.7 millones de mexicanos, además de que, de acuerdo con autoridades judiciales, 36 por ciento de los delitos y 57 por ciento de los suicidios en nuestro país se encuentran estrechamente relacionados con las bebidas embriagantes. También contribuye con mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.
El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general.
Por ello, el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y, sobre todo, para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Tratamiento de Adicciones”, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.
No obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en nuestra población, particularmente entre los jóvenes. Si bien, el alcohol ha demostrado ser una industria próspera en México, no podemos hacer caso omiso a los patrones de consumo indebido y excesivo que están caracterizando a su población.
Expuesta la problemática anterior, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentarles una propuesta que nos permita exhortar al gobierno federal a declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional sin Consumo de Alcohol, y a los tres ámbitos de gobierno a que de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol en la población mexicana, pero particularmente entre los jóvenes.
En el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se celebra el 15 de noviembre, se propone redoblar la acción del estado para prevenir el consumo excesivo de alcohol que nos permita atender la problemática asociada a dicho fenómeno.
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud lleve a cabo las acciones reglamentarias y normativas necesarias para que los envases de las bebidas alcohólicas cuenten con una cara anterior en la que figuren leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y que ocupen por lo menos 30 por ciento de la cara posterior del envase.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2011.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a impulsar por la Conapesca el desarrollo técnico de la camaronicultura en Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que impulse por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca el desarrollo de la camaronicultura en Nayarit, con base en las siguientes
Consideraciones
Nayarit cuenta con un litoral de 289 kilómetros de longitud y una plataforma continental de más de 16 mil kilómetros cuadrados, aguas estuarinas y lagunas con más de 900 kilómetros cuadrados y un gran embalse de 128 kilómetros cuadrados de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa.
Las lagunas más importantes son las de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepetiltic; los esteros de San Blas son fuente importante de producción acuícola y pesquera, principalmente. En materia de infraestructura pesquera, Nayarit cuenta con 2 mil 283 embarcaciones para la captura de camarón y pescado por año; tiene gran producción en el renglón de la acuacultura.
La organización social para la explotación pesquera se encuentra estructurada a través de 75 sociedades cooperativas, con una membresía de más de 5 mil socios, varias uniones ejidales pesqueras, uniones de pescadores, empresas privadas y escuelas tecnológicas y de ingenierías.
En San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y Rosamorada se localizan importantes centros de producción y experimentación pesquera y acuícola, a través de granjas que aplican tecnología de punta en los cultivos de camarón y mojarra tilapia. Las especies más importantes son camarón, mojarra, huachinango, sierra, lisa, cazón, ostión, tiburón, bandera, robalo, carpa, pargo y corvina. La producción pesquera anual es de alrededor de 20 mil toneladas. Esto implica una participación en el producto interno bruto nacional de 2.40 por ciento.
Uno de los ejemplos de desarrollo que el sector puede tener es el del cultivo del camarón. Nayarit ha logrado que a través del trabajo de cooperativas el producto pueda impulsar el desarrollo de la población de las localidades dedicadas a la pesca.
Un estudio de la FAO (http://www.fao.org/docrep/field/003/AB493S/AB493S04.htm) menciona que el desarrollo de la camaronicultura tiene su base en el crecimiento de la demanda de camarón, la que ya no puede ser cubierta por las capturas.
Asimismo, estima que en la medida en que la camaronicultura tienda a desarrollarse basada más en sistemas intensivos de cultivo, de alta inversión y menos en el aprovechamiento de las condiciones naturales, la medida de ganancia en el sector tenderá a disminuir, a menos que la demanda crezca más rápidamente que la oferta. La salud económica de los países consumidores es fundamental para el desarrollo de la actividad.
Es factible que en esta industria a mediano o largo plazo se presente mayor competencia entre países productores. Las ventajas de México son su cercanía a uno de los principales mercados del mundo, el de Estados Unidos, lo cual implica gastos de transporte relativamente bajos. Además, cuenta con zonas de muy elevada productividad natural por la concentración de postlarvas y la calidad de sus aguas. Tiene costos de producción más bajos que otros países de la región y muchas de las granjas se encuentran en terrenos ejidales; por tanto, entre sus costos de producción no figura el relativo a la adquisición de terrenos.
Por la misma razón, la camaronicultura extensiva, que requiere menos inversiones, tiene en los ejidos amplias posibilidades de crecimiento.
Así, mediante la explotación del camarón, la población de esas localidades puede tener acceso a un beneficio social. En México, el cultivo de camarón puede ser fuente de empleo importante debido a la organización cooperativa y al carácter ejidal y comunal de la tenencia de la tierra en amplias zonas aptas para el cultivo.
Por tanto, es importante establecer incentivos para que la actividad pueda ser detonante del desarrollo de esas poblaciones. Sería importante realizar incentivos tanto a la productividad como a la investigación. Del mismo modo, resulta relevante buscar que la organización de estos productores fortalezca su crecimiento.
Por lo expuesto se formula la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca impulsen el desarrollo tecnológico de la camaronicultura en Nayarit mediante su programa Vinculación Productiva.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2011.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a aplicar en el estado medidas de prevención y atención de cáncer de mama, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para aplicar medidas de prevención y atención del cáncer de mama en la Nayarit, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde el año 2006, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte por enfermedad en las mujeres mayores de 25 años, de igual forma este mal se ha extendido y ahora es más alto el índice de la enfermedad entre las mexicanas.
El problema del cáncer de mama es que puede ser asintomático en su etapa inicial, lo que en muchas ocasiones provoca que la atención resulte tardía. En este sentido, mientras más pronto se detecte la enfermedad, más probabilidades de curación existen. El diagnostico del cáncer de mamá se divide en 5 etapas, siendo la etapa 1 la de menor gravedad y la etapa 4, la más grave. Se considera etapa 0 cuando es necesario verificar nuevamente para establecer un diagnóstico.
De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, las probabilidades de cura se manifiestan de la siguiente manera:
Posibilidades de supervivencia
Etapa Probabilidad de curación
Etapa 0 95 por ciento
Etapa I 88 por ciento
Etapa II 66 por ciento
Etapa III 36 por ciento
Etapa IV 7 por ciento
Por esta razón es trascendental que la prevención del cáncer de mama sea una prioridad para todos los gobiernos, una prioridad que debe convertir esta prevención en un eje nodal dentro de las políticas públicas en materia de salud, con el ánimo de lograr mejores condiciones de vida para la población y en específico para las mujeres.
Las acciones deben encaminarse a difundir adecuados hábitos alimenticios entre las mujeres, la reducción del consumo de grasa animal; difundir la importancia de la actividad física, estimular el control de la obesidad entre la población femenina, así como disminuir el consumo de alcohol.
Otra de las medidas relevantes es la difusión de la autoexploración de los senos, ya que permite conocer su forma, su aspecto y su textura, desarrollando sensibilidad en tus manos para identificar cualquier cambio.
Sin duda una de las medidas preventivas más importantes es la realización de exámenes radiográficos de las mamas o mastografía, acudiendo a un hospital, centro de salud o unidad móvil donde se cuente con mastógrafo.
Para el estado de Nayarit, en la actualidad, se presentan ciertas problemáticas que no permiten tener una adecuada política de prevención y atención de las mujeres con cáncer de mama.
En Nayarit se cuenta con una capacidad física instalada de 2 mamógrafos digitales fijos, y una unidad móvil, con capacidad para la realización de 13 mil 160 estudios, sin embargo, la meta es de 5 mil 960, presentando un bajo desempeño, para la potencialidad. Esto se puede explicar por lo siguiente:
Dentro del análisis de la problemática de la capacidad instalada de los equipos, estos continuamente presentan fallas sin que se lleve a cabo ningún tipo de mantenimiento correctivo y mucho menos preventivo. Uno de los equipos (Siemens) tiene 14 meses sin funcionamiento y sin mantenimiento, otro equipo (Hologic), de febrero a la fecha, no cuenta con mantenimiento preventivo y el correctivo se llevó a cabo con una por una falla eficiente, quedando pendiente la factura de pago por dicho mantenimiento. Se cuenta con 2 impresoras una Agfa y otra Fuji, de las cuales una no se encuentra en funcionamiento desde hace 2 años, y otra funciona irregularmente, sin mantenimiento preventivo ni correctivo. Los insumos en el área de radiología no fluyen regularmente por lo que hay desabasto constantemente, específicamente en las placas.
Se menciona la dificultad para la realización de biopsias en el área de radiología, por los altos costos.
La cobertura de pacientes no se logra por:
• Falta operación del centro de llamado.
• Falta de promoción en el primer nivel.
• En el área quirúrgica no se cuenta con suficientes quirófanos o quirófano propio para programar pacientes confirmadas, ni tampoco para la realización de biopsias en los Birads 4-5, ni a las pacientes con lesiones palpables.
• El hospital civil presenta baja productividad y nulo apoyo para la lectura de mastografías de la unidad móvil.
• El hospital civil cobra las mastografías a pesar de operar con insumos y equipos federales
Cabe mencionar que es la tasa de mortalidad se mantiene alta, sin embargo ligeramente por debajo de la media nacional con una cifra de 15.5 con 44 defunciones.
Para el periodo enero-septiembre del presente año se tenía como meta realizar 4 mil 474 mastografías, sin embargo, al periodo en cuestión únicamente se han realizado 1 mil 579, lo que implica un avance de 35 por ciento.
Del mismo modo, es importante mencionar que el presupuesto anual para este programa es de 8 millones 678 mil 275 pesos, provenientes de las aportaciones federales y las transferencias de la Secretaría de Salud.
Es conveniente mencionar que bajo esta situación hay asuntos relevantes que se deben atender a la brevedad a efecto de no retrasar la operación y por ende, estar en condiciones de salvar la vida de muchas mujeres nayaritas.
Estos asuntos versan en el siguiente tenor:
• No se cuenta con pólizas de mantenimiento (preventivo/correctivo) para los equipos.
• Insumos escasos, especialmente placas mastográficas.
• No se reciben insumos oportunamente.
• Recurso humano es contratado periódicamente, lo que obliga a una capacitación frecuente.
• Se requiere mayores recursos para ofertar la capacitación.
• Se requiere capacitación del personal de primer y segundo niveles de atención.
• A nivel estatal liberación tardía del presupuesto federal Ramo 12.
• Presupuesto insuficiente (Ramo 33 y Anexo IV).
Por lo expuesto, se hace la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit, para que realice las acciones necesarias como el mantenimiento de equipos de mastografía y de capacitación del personal médico, con el objeto de que la prevención y atención de cáncer de mama en esa entidad federativa se realice de manera oportuna y adecuada.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, coadyuve con el gobierno del estado de Nayarit para apoyar las acciones de prevención del cáncer de mama en ese estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2011.
Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Administración General de Aduanas del SAT acciones para acondicionar y autorizar la operación de un recinto fiscalizado estratégico adyacente a la aduana San Luis Río Colorado II, en Sonora, suscrita por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los suscritos diputados federales Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, realizamos proposición con punto de acuerdo para el establecimiento de un recinto fiscalizado estratégico a un costado de la Aduana San Luis Río Colorado II, en el estado de Sonora, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Antecedentes
1. El estado de Sonora se ubica en la región noroeste del país; se divide en 72 municipios y con una superficie territorial de 184.934 kilómetros cuadrados, ocupa el segundo lugar nacional en extensión (después de Chihuahua) y representa el 9.2 por ciento del total del territorio mexicano. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo.
2. San Luis Río Colorado es ciudad y cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza al este del río Colorado y del municipio de Mexicali, Baja California que hace frontera con el estado de Sonora.
Al norte colinda con el condado de Yuma en el estado estadounidense de Arizona; al este con el gran desierto de Sonora, también conocido como desierto de Altar y con el municipio de Puerto Peñasco; al Sur se encuentra el valle de San Luis, una zona desértica y la desembocadura del río Colorado en el mar de Cortés.
El condado de Yuma se encuentra a 35 minutos de distancia en vehículo y la ciudad de Mexicali, Baja California a 45 minutos, en tanto que la ciudad capital, Hermosillo, a 8 horas en el mismo medio de transporte.
Posee una superficie de 8 mil 412.75 kilómetros cuadrados, que representa el 4.54 por ciento del total estatal y el 0.43 por ciento del nacional; las localidades más importantes además de la cabecera son Luis B. Sánchez, Golfo de Santa Clara, Nuevo Michoacán e Islita.
3. San Luis, nacido alrededor de 1918 como colonia agrícola militar, creció al amparo de las aguas del río Colorado, que permitió el cultivo próspero de trigo y algodón, entre otros productos básicos para su economía.
El municipio de San Luis Río Colorado recibió el título de Aduana en 1923; en abril de 1924 se le otorgó la categoría de Comisaría, y posteriormente, mediante Ley número 146 de 14 de junio de 1939, obtuvo la categoría municipal con localidades segregadas del Municipio de Caborca.
La cabecera municipal es San Luis Río Colorado, que fue elevada a categoría de ciudad en julio de 1958 mediante Ley número 86 de 4 de julio de 1958.
4. En el municipio de San Luis Río Colorado, los principales sectores productivos y de servicios, son la agricultura, ganadería, industria diversa y servicios.
La agricultura cuenta con una superficie total de 29,355 hectáreas. En los últimos años, la agricultura del municipio se ha diversificado con el cultivo del algodón y de hortalizas y hoy en día, se siembran anualmente 5,000 hectáreas de vegetales, tales como cebollín, coliflor, rapíni, melón, espárrago, calabacita y otras hortalizas, y en frutales el dátil, durazno, vid y el higo.
La pesca junto con la agricultura, son las principales actividades del sector primario en el municipio, generando en su conjunto 9,651 empleos, lo que representa el 28 por ciento de la población ocupada. Dicha actividad es realizada por 2 cooperativas de altura, 3 cooperativas de bahía y 3 permisionarios con 16 embarcaciones mayores y 105 lanchas.
La actividad ganadera se practica en 800,000 hectáreas contando con más de 2 mil 500 cabezas de ganado bovino y 263 productores. Su principal producto es el becerro que se exporta a los Estados Unidos de Norteamérica.
La industria es la segunda actividad en importancia en la economía del municipio, ya que genera 9,057 empleos, lo que representa un 26 por ciento de la población ocupada. Entre los principales ramos del sector destacan el de la construcción, tortillerías, agroindustrias y de una manera preponderante la industria maquiladora que ha tenido un despegue significativo en los últimos años, ya que cuenta con 27 plantas industriales y da ocupación a 7 mil 699 trabajadores.
También el comercio es una actividad importante para la economía municipal, ya que junto al sector servicios genera 15,870 empleos, lo que representa el 46 por ciento de la población ocupada. La actividad comercial se desarrolla mediante 1,672 establecimientos de abarrotes, farmacias, mueblerías, ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías y locales de artesanías.
Además, San Luis Río Colorado tiene una importante industria turística, para lo cual está bien provisto de establecimientos comerciales y servicios. En las proximidades de San Luis es posible practicar la caza de especies, como palomas y patos en la temporada permitida y cuenta con atractivos naturales como el Golfo de Santa Clara y la región volcánica del Pinacate. También cuenta con una infraestructura turística conformada por 19 hoteles con disponibilidad de 675 cuartos; trailer park con 150 espacios, 36 restaurantes y 20 bares. El personal ocupado en este sector asciende a 2 mil 324 personas.
Derivado de ello, en San Luis Río Colorado, se tiene una población económicamente activa de 35 mil 628 habitantes. 1
II. Consideraciones
1. La “globalización” es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que implica un proceso dinámico de creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países, los cuales unifican sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.
Este proceso se ha expandido en todo el mundo en las últimas décadas; en el ámbito de la economía se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde quedan comprendidos los mecanismos de producción y los movimientos de capital.
Lógicamente, un fenómeno de esa índole tiene impacto en el ámbito nacional, pues genera la necesidad de uniformizar y simplificar procedimientos y regulaciones internas con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica.
Nuestro país está inmerso en ese proceso, máxime cuando es una de las naciones con mayores acuerdos y tratados comerciales signados. Ello ha motivado que la actividad comercial y por consiguiente, la aduanera, adquieran día a día una creciente importancia.
Por ello, las autoridades, empresarios y agentes aduanales deben buscar estar a la vanguardia no sólo en cuanto a la normatividad aplicable, sino también respecto de los instrumentos o mecanismos que faciliten o permitan el adecuado desarrollo de las actividades de comercio y las propias de aduana.
2. Las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas en las fronteras, litorales y ciudades importantes del país, con facultades para fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que éstas son transportadas.
Además, aseguran el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se emitan; permiten el cumplimiento de las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones, migratorias, fitosanitarias, entre otras; y posibilitan la recaudación de impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio exterior.
A la fecha, existen cuando menos 19 aduanas en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 10 interiores. Su importancia está vinculada a la que reviste el comercio exterior para el país. Al respecto, en los últimos seis años, las actividades en este sector registraron un crecimiento promedio de 83.73 por ciento en valor declarado de mercancías, 3.82 por ciento en número de pedimentos tramitados y 71.50 por ciento en recaudación de contribuciones al comercio exterior.
Las exportaciones prácticamente se han duplicado cada cinco años desde 1994 y las importaciones cada siete años.
Las importaciones provenientes de Asia tanto por avión como por barco crecieron en 20.2 y 43.8 por ciento, respectivamente, de 2005 a 2006. Las exportaciones por vía marítima crecieron en 32.3 por ciento, siendo Asia la región con mayor crecimiento. 2
En el periodo 2006-2007, el valor de las operaciones de comercio exterior registró un crecimiento real de 4.9 por ciento y de 3.7 por ciento en recaudación de contribuciones, así como un decremento de 2.1 por ciento en pedimentos tramitados.
En el periodo de enero a mayo de 2008, el incremento registrado fue del 9.3 por ciento (pasó de 2.8 a 3.2 bdp), respecto al mismo período de 2007.
Durante los últimos seis años, el crecimiento del comercio exterior ha permitido duplicar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país. En México, representa más del 60 por ciento de su PIB.
En 2006, el monto de la recaudación por actividades de comercio exterior ascendió a 207 mil 539 millones de pesos que representaron el 21.9 por ciento de la recaudación tributaria neta del país. La participación más importante de este monto la generó el impuesto al valor agregado (IVA) que contribuyó con 171 mil 351.3 millones de pesos, 82.6 por ciento del total de la recaudación. El impuesto general a la importación (IGI) fue el segundo más importante con 30 mil 652 millones de pesos, 14.8 por ciento de participación.
Lo anterior, evidencia el carácter prioritario que tiene este tipo de actividad para nuestro país, y explica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA) hayan implementado una serie de acciones para responder al dinamismo del comercio exterior y la compleja evolución del mercado mundial; así como para mejorar la eficiencia de la operación aduanera y elevar los mecanismos de control, entre las cuales resaltan la modernización y equipamiento de las aduanas con tecnología de punta; el proyecto de la Aduana Modelo; los programas para empresas maquiladoras y los esquemas de “Recintos Fiscalizados Estratégicos”.
3. Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero.
Al respecto, el artículo 10 de la Ley Aduanera dispone que la entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por “lugar autorizado”, en día y hora hábil; y que sólo la mediante ciertas reglas podrá autorizarse en la circunscripción de las aduanas de tráfico marítimo, la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al “autorizado”, cuando por su naturaleza o volumen no puedan ingresar o salir por el lugar destinado a ese efecto.
En congruencia con ello, el artículo 14 de la Ley Aduanera determina expresamente que “El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las aduanas”.
De ello se deriva que todas las mercancías de comercio exterior deben “depositarse” –antes de pasar por cualquier régimen aduanero–, y en ese punto cobran relevancia las figuras de “recintos fiscales”, “recintos fiscalizados” y “recintos fiscalizados estratégicos” que no sólo gozan de denominaciones distintas, sino también de diversos alcances y funcionalidades.
El citado precepto, en su párrafo segundo define a los “recintos fiscales” como “aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas”.
Luego, los “recintos fiscales” corresponden a la función propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación. 3
Tratándose de los “recintos fiscalizados”, la Ley Aduanera no proporciona una definición como tal, sino que ésta se infiere del párrafo tercero, cuarto, quinto y sexto, así como del numeral 14 A del mismo ordenamiento.
Partiendo de esos numerales puede decirse que los “recintos fiscalizados” son aquellos inmuebles colindantes con un recinto fiscal, o inmuebles ubicados dentro o colindante a un recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario, cuyos propietarios solicitaron a la AGA autorización para obtener la concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de importación y exportación hasta que se realice formalmente la extracción de las mismas por medio del despacho aduanero.
En ese tenor, el “recinto fiscalizado” está vinculado a un lugar autorizado por las autoridades a los particulares para la recepción y el almacenamiento de mercancías en depósito ante la Aduana; puede encontrarse dentro de un recinto fiscal o en zonas aledañas. 4
Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero de la ley de la materia, determina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán “recintos fiscalizados”.
Precisa que la concesión se otorgará mediante licitación conforme a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.
Entre los requisitos que exige la ley para la obtención de una concesión de esta naturaleza, el interesado deberá acreditar ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, solvencia moral y económica, capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, contar con experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual el interesado deberá anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que establezca el Reglamento, para acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas.
Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte años y podrán prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos tres años de la concesión y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento y con las obligaciones derivadas de la misma.
Al término de la concesión o de su prórroga, las obras, instalaciones y adaptaciones efectuadas dentro del recinto fiscal, así como el equipo destinado a la prestación de los servicios de que se trate, pasarán en el estado en que se encuentren a ser propiedad del Gobierno Federal, sin el pago de contraprestación alguna para el concesionario.
En lo tocante al “recinto fiscalizado estratégico” tampoco existe una definición legal específica; empero, también puede deducirse de lo previsto en el artículo 14-D de la Ley Aduanera.
Los “recintos fiscalizados estratégicos” pueden conceptualizarse como aquellos inmuebles que están dentro o colindantes con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, cuyos propietarios solicitaron y obtuvieron de la AGA una autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. 5
A diferencia del “recinto fiscalizado”, el de carácter estratégico posibilita la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.
También en este caso, la ley prevé una serie de requisitos que deberá acreditar el interesado, como son: ser persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tener solvencia económica, capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cumplir con los requisitos que señale el SAT.
A la solicitud deberán anexar el programa de inversión, la documentación con la que acredite el legal uso o goce del inmueble, que el inmueble cumple con requisitos de seguridad, control, vías de acceso y demás condiciones que determine el SAT.
Al igual que en los “recintos fiscalizados”, la autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte años que podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como las obligaciones que deriven de ella. Empero, en ningún caso, el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble.
4. Con la reforma a la Ley Aduanera de diciembre de 2002, se crea la figura o nuevo régimen aduanero denominado “Recintos Fiscalizados Estratégicos”, para lo cual se adicionaron los artículos 14-D, 135 A, 135 B, 135 C y 135 D.
El esquema de “recinto fiscalizado estratégico” fue creado con el objeto de desarrollar mecanismos que promuevan la competitividad de las empresas del país, así como la inversión de capital nacional y extranjero, bajo los principios de simplificación administrativa, mejora de procesos logísticos y control aduanero eficiente y transparente. 6
Surge como una opción de solución a la problemática que viven las empresas exportadoras, como son las maquiladoras y las empresas usuarias de los Programas de Industria Maquiladora de Exportación y de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), como una opción de mantener la inversión en el país de estas empresas y competir contra países como China, Vietnam, Singapur y otros países asiáticos con un marco fiscal más competitivo que el nuestro.
Este esquema busca favorecer la competitividad del país, dado que goza de un trato aduanero y fiscal privilegiado que alienta las inversiones, la creación de empleo y la actividad comercial que, según se expuso, tiene particular impacto en la economía del país.
Las ventajas o beneficios de este régimen aduanero, pueden resumirse de la siguiente manera:
• Para la introducción de las mercancías, no se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, salvo tratándose de mercancías extranjeras, en los casos expresamente previstos en el artículo 63-A de la Ley Aduanera y lo que al respecto prevean los tratados internacionales de los que México sea parte;
• Para la introducción de las mercancías, no se deben cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas (NOM’s), excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional;
• Las mercancías podrán destinarse a este régimen mediante registros automatizados o el pedimento respectivo;
• Las mercancías nacionales o nacionalizadas se considerarán exportadas cuando se destinen a este régimen;
• Las mercancías extranjeras que se introduzcan conforme a este régimen pueden permanecer por un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en los casos de activo fijo, cuyo plazo será el previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para su depreciación. Las mercancías consideradas como activo fijo son:
a) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo;
b) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad; así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes objeto de elaboración, transformación o reparación y otros vinculados con el proceso productivo.
c) Equipo para el desarrollo administrativo.
• Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones, siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el SAT, determinando las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan;
• Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna ni cuotas compensatorias;
• No se pagará IVA en la introducción y enajenación de mercancías (arts. 9 y 25- fracción I Ley del IVA);
• No se pagará IEPS en la introducción de mercancías (arts. 8 fracción I y 13 fracción I de la Ley del IEPS);
• Las mercancías y el activo podrán hacerse deducibles desde la fecha de introducción al régimen (art. 31 fracción XV LIRS);
• Las mercancías que se introduzcan bajo este régimen podrán retirarse de dicho recinto para:
a) Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera;
b) Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional;
c) Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen;
d) Importarse temporalmente por empresas maquiladoras o con programa de exportación;
e) Destinarse al régimen de depósito fiscal.
• Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías podrán retirarse para su importación cumpliendo con las disposiciones que determine el SAT mediante reglas;
• Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un inmueble ubicado dentro del recinto fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto, o a otro recinto fiscalizado estratégico, siempre que se cumplan con las formalidades que para tales efectos establezca el SAT mediante reglas;
• Los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación. 7
Estos aspectos ponen de manifiesto lo atractivo que resulta para los inversionistas contar con un “recinto fiscalizado estratégico”, pues ello les permite abaratar costos y mejorar su operación, de ahí la importancia de haber incluido esta figura en la Ley Aduanera en 2002.
Muestra del interés existente en el establecimiento de este tipo de recintos en diversas regiones del país, es que en 2005, a tan sólo tres años de la reforma a la Ley Aduanera que contempló ese novedoso y atractivo esquema fiscal, el SAT recibió 22 solicitudes de autorización para habilitar y operar un recinto fiscalizado estratégico en 12 diferentes entidades federativas, a saber: San Luis Potosí (2 solicitudes), Coahuila (1 para Piedras Negras y otra para Torreón), Colima (1 para Manzanillo), Nuevo León (2 para Colombia), Querétaro (2 para Querétaro), Sonora (3 para Nogales), Tamaulipas (3 para Altamira y 1 para Tampico), Guanajuato (1 para Guanajuato), Durango (1 para Durango), Puebla (1 para Puebla), Chihuahua (1 para Chihuahua) y Veracruz (1 para Coatzacoalcos); Adicionalmente, se registró una petición para establecer un recinto de esta naturaleza en la región sureste del país. 8
A la fecha existen autorizados tan sólo 3 recintos fiscalizados estratégicos en el país, ubicados en San Luis Potosí, Monterrey y Ciudad Obregón, Sonora, cuya construcción inició en enero de 2009 con una inversión por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de 200 millones de pesos, en terrenos contiguos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Obregón, Sonora, de aproximadamente 100 hectáreas.
Para ello se firmó un Convenio de Colaboración entre esa dependencia federal y el gobierno estatal, con el fin abrir una puerta para la recepción de materias primas y de salida para productos terminados que generarán nuevos empleos.
Cabe apuntar que se eligió la Ciudad Obregón para su ubicación, dado que es una zona estratégica por su infraestructura adecuada y servicios idóneos, así como para el transporte intermodal, y la factibilidad para disponer de materia prima. 9
También conviene destacar que el recinto fiscalizado estratégico de Ciudad Obregón, Sonora, es el único operado por un gobierno estatal, para lo cual el 9 de julio de 2008, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Decreto que crea el Consejo para el Recinto Fiscalizado Estratégico de Sonora, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 del mismo mes y año.
El artículo 1 de ese decreto dispone la creación de un Consejo para el Recinto Fiscalizado Estratégico de Sonora, con el carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Hacienda y con domicilio ubicado en el Municipio de Cajeme, Sonora. Posterior a ello, la Junta Directiva del Consejo emitió su Reglamento Interior para normar su funcionamiento. 10
5. El proceso de creciente apertura e integración del comercio internacional emprendido por nuestro país, principalmente durante la última década, demanda modernizar y transformar la Administración General de Aduanas (AGA) en una institución dinámica y adaptable a los nuevos retos.
Haciendo un recuento histórico, durante los década de los 80’s, la política económica tenía un marco proteccionista y la operación aduanera y recaudatoria se llevaba a cabo en forma manual mediante procedimientos y mecanismos que a la fecha resulta obsoletos.
Entre 1990 y 1997, en México se inició la apertura de mercados mediante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que se reflejó en un incremento sustancial de las operaciones de comercio exterior. A pesar de que a principios de la década de los 90’s, el presupuesto para modernizar los sistemas de información y la infraestructura de las aduanas era muy limitado y se tenían procesos de adquisiciones sumamente lentos, la operación del despacho aduanero respondió razonablemente a los retos presentados.
De 1997 a 2006, la modernización del sistema aduanero registró avances importantes en la mejora de infraestructura y equipamiento: se rediseñó el Sistema Aduanero Automatizado Integral (SAAI-M3); se inició la automatización del análisis de riesgo; se otorgaron diversas facilidades a los sectores productivos y se crearon los padrones sectoriales, entre otros. Asimismo, entraron en vigor tratados de libre comercio con más de 30 países.
Hacia el futuro resulta indispensable plantear una modernización proactiva en las aduanas, con una visión de largo plazo basada fundamentalmente en la gestión profunda del riesgo mediante una mejor utilización de la información.
Se requiere una reingeniería de los procesos que, junto a la reestructuración del marco normativo y a herramientas informáticas más robustas y modernas, simplifique la actividad de comercio exterior.
Con ese fin, en 2007 se realizó un importante análisis introspectivo de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema aduanero en México. 11
Como parte de ese análisis, destaca la identificación de diversas debilidades, entre ellas, la falta de estrategia compartida de corto, mediano y largo plazos; débil conceptualización, desarrollo y ejecución de proyectos; régimen legal y normativo complejo; exceso de trámites y procedimientos; diferentes criterios, procesos, estructura organizacional e infraestructura a lo largo de las aduanas; sistemas fragmentados y en proceso de obsolescencia; y falta de visión y diseño integral en los proyectos tecnológicos o de infraestructura.
En cuanto a los aspectos que amenazan al sector, se detectaron también diversas, como son: el crecimiento del comercio exterior por arriba de la velocidad en la implementación de la modernización de las aduanas; y la resistencia al cambio de los agentes involucrados en el comercio exterior.
Resultado de ello, se diseñó un “Plan Maestro de Inversión 2008-2013” que incluye diversos proyectos de infraestructura y modernización con mayor impacto en la operación aduanera, entre los cuales, destacan diversos proyectos de simplificación, tales como el otorgamiento de facilidades aduaneras, la modernización de sistemas, reingeniería de procesos, exportación simplificada, homologación de criterios y ampliación de horarios, etc.
Asimismo, se contemplan distintos proyectos de infraestructura, entre ellos, la reordenación y ampliación de las Aduanas de Colombia, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, y las que operan en el Aeropuerto de la Ciudad de México (terminales 1 y 2).
Con relación al Estado de Sonora, el Plan Maestro contempla los siguientes proyectos:
• Garita San Emeterio. Construcción de nuevas instalaciones para reubicarla a la Garita Sonora (Caborca). Derivado del acuerdo presidencial que amplía la franja fronteriza hasta el municipio de Caborca, la garita actual (San Emeterio) carece de facultades para efectuar actos de autoridad inherentes a la operación de una garita. Inicio y terminación 2008.
• Aduana de San Luis Río Colorado II. Construcción de nuevas instalaciones para el despacho aduanero. No cuenta con la infraestructura para brindar el correcto servicio de despacho aduanero, se construirán nuevas instalaciones fuera de la ciudad. Inicio y terminación 2009. 12
6. Sin desconocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal a través de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las acciones desplegadas en el Estado de Sonora para el establecimiento de un recinto fiscalizado estratégico en Ciudad Obregón, así como el mejoramiento de la Garita de San Emeterio y la aduana de San Luis Río Colorado II, se advierte la necesidad de contar precisamente en este municipio con un recinto fiscalizado estratégico que permita y fomente la competitividad comercial.
Como se dijo, San Luis Río Colorado, tiene una actividad comercial importante, resultado no sólo de su ubicación geográfica, sino también de las industrias existentes, cuya actividad podría ser aún más provechosa si se contara con un recinto de esa naturaleza que posibilite a los inversionistas el depósito de mercancías con los más variados fines como son el manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.
Sin duda alguna, la creación de un recinto fiscalizado estratégico en San Luis Río Colorado, sería un factor que atraería la inversión privada de todos los países del mundo al contar con una zona provista de un régimen aduanero privilegiado que por sus características permite abatir costos.
La pertinencia de un proyecto de esta índole se justifica además en el hecho de que a la fecha, ya existe y se encuentra en operación la “Puerta Comercial II”, recientemente fue inaugurada, de ahí que la región cuenta con un Parque Industrial Internacional que puede y debe reforzarse con el establecimiento de un recinto fiscalizado estratégico.
Todo ello con los consecuentes beneficios para el país que habrá de recibe el pago de los contribuciones respectivas, al momento en que sale del recinto todo lo que se produzca en el mismo.
A la fecha, se tiene conocimiento que ante la autoridad hacendaria se ha presentado, cuando menos, una petición por parte del Presidente del Parque Industrial Internacional, para que se habilite y autorice un recinto de esta magnitud en el Municipio sonorense, en 300 hectáreas existentes a un costado de la garita comercial II. 13
Muchas empresas de la región, particularmente, las que maquilan con productos extranjeros han mostrado su interés en que se autorice la habilitación de un lugar con esas características, pues ello implica contar con un lugar donde se puede maquilar, transformar, vender y comprar, con mayores beneficios que un parque industrial.
Tan sólo su construcción podría implicar más de 5 mil empleos directos y ya en operación podría dar trabajo a más de 15 mil personas cuando se instalen las empresas, bancos, restaurantes, tiendas, etcétera.
III. Proposición
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Gobierno Federal a través de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las acciones necesarias a fin de habilitar y autorizar la operación de un Recinto Fiscalizado Estratégico a un costado de la Aduana San Luis Río Colorado II, en el estado de Sonora.
Notas:
1 Fuente: Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, http://sanluisrc.gob.mx/
2 Fuente: www.aduanas.gob.mx
3 Información consultable en http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/
4 Ídem.
5 Aduana México, Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012, Glosario, http://www.aduanas.gob.mx/
6 Presentación de la Administración General de Aduanas, Julio de 2005, consultable en http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Invertirá ASA 200 mdp en Recinto Fiscalizado Estratégico en Sonora, en T21, 26 de enero de 2009, consultable en http://www.t21.com.mx/news/news
10 Información consultable en http://www.cgeson.gob.mx/archivos/biblioteca/leyes/estatal
11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012, consultable en www.aduanas.gob.mx
12 Ídem.
13 Gestionan Recinto Estratégico, atraerá inversión para Sonora, en Info Maquila, el sitio de la industria maquiladora, 10 de octubre de 2011, consultable en http://www.infomaquila.com/gestionan-recinto-estrategico-atraera-invers ion-para-sonora/ y Gestionan recinto estratégico, en la Tribuna de San Luis, 10 de octubre de 2011, consultable en http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n2260550.htm
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2011.
Diputados: Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a desarrollar las acciones recomendadas por el Conapred derivadas de la demanda por discriminación entablada por la escuela El Porvenir contra la prueba ENLACE, suscrita por diversas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
María de Lourdes Reynoso Femat, María Felicitas Parra Becerra, Alba Leonila Méndez Herrera, Gloria Trinidad Luna Ruíz y María Elena Pérez de Tejada Romero, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ejecutar las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para evitar el daño por discriminación de las niñas y niños de los pueblos originarios; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 21 de julio de 2008, los docentes de la escuela primaria bilingüe El Porvenir, de la comunidad Nichteel, del municipio de San Juan Cancuc de Chiapas interpusieron una demanda ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por discriminación lingüística y cultural en la aplicación de la Prueba Enlace.
La base de la demanda entablada radica en que la prueba enlace es considerada como un instrumento hegemónico, subordinante, discriminante y excluyente de la lengua y cultura de los pueblos originarios, violentando el derecho de la niñez de recibir una educación y ser evaluado de manera bilingüe y pertinente como lo establecen las leyes nacionales e internacionales.
Derivado de lo anterior, el 22 de febrero de 2011, el Conapred emite una resolución por disposición a favor de la demandante, es decir, existieron los elementos probatorios suficientes para presumir la existencia de una conducta discriminatoria directa o indirecta que afecta sistemáticamente a los niños alumnos de la escuela primaria bilingüe El Porvenir.
De la resolución por disposición emitida se desprenden 14 puntos resolutivos a cumplir por la Secretaría de Educación Pública respecto a la Prueba Enlace. Sin embargo, cabe mencionar que, son los dos primeros de estos puntos resolutivos los que forman la base y abren paso para, no sólo adecuar la Prueba Enlace a la lingüística y contexto cultural de las niñas y niños de los pueblos originarios, sino también, para evaluarlos con pertinencia, justicia y otorgarles una educación acorde a sus necesidades, características propias y diversidad cultural.
Los primeros dos puntos de la resolución del Conapred son los siguientes:
Primero. Que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las diversas áreas de educación intercultural y bilingüe y de educación indígena, efectúe las acciones pertinentes, preferentemente incorporando la colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) para realizar un estudio documental y de campo, respecto de las lenguas maternas que predominan por ubicación geográfica en el país (comprendido por región, estado, municipio y localidad), así como la vitalidad de cada una de esas lenguas y el contexto cultural en el que se desenvuelven cada una de esas comunidades, a fin de actualizar el catálogo de las lenguas indígenas nacionales y el contexto sociocultural en las que se imparten las clases y comunican las y los profesores con las y los alumnos en las escuelas a nivel primaria y secundaria de los pueblos y comunidades indígenas del país.
...
Segundo. Una vez que se hayan efectuado dichos estudios, esa Secretaría de Educación Pública, a través de las áreas mencionadas y en coordinación con personal de universidades públicas y/o privadas especializado en aspectos pedagógicos educativos y culturales, representantes de las organizaciones civiles de los pueblos y comunidades indígenas y de ser posible en colaboración de personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se hagan las adecuaciones a los reactivos de la Prueba Enlace de manera progresiva, procurando que su diseño contenido estén basados en el contexto y entorno cultural de los grupos y comunidades indígenas, evitando la tendencia a lo urbano o prácticas citadinas con las cuales las y los niños indígenas no estén familiarizados.
A pesar de lo anterior y hasta el día de hoy, la SEP a través de sus diversas áreas de educación intercultural y bilingüe, y de educación indígena, no ha realizado las acciones recomendadas y aceptadas por esta institución mediante la resolución por disposición emitida.
Por lo anterior, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dar cumplimiento con la resolución por disposición derivada de la reclamación número Conapred/DGAQR/419/08/DR/II/CHIS/R 289 emitida por el consejo nacional para prevenir la discriminación, dando prioridad de cumplimiento a los primeros dos puntos resolutivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2011.
Diputadas: María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), María Felicitas Parra Becerra, Alba Leonila Méndez Herrera, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cambiar por la SHCP de 1E a 1F la tarifa de electricidad para consumo doméstico en todo Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
Enrique Torres Delgado, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de los ingresos de los hogares, los seis primeros deciles (60 por ciento con menores ingresos) concentran 26.7 por ciento, mientras que el último decil recibe 36.3 por ciento del total de los ingresos. En lo que se refiere al gasto corriente monetario, la alimentación es el rubro en el cual gastan más los mexicanos, representando 33.6 por ciento; mientras que el gasto en transporte representó 18.4 por ciento; la educación y esparcimiento 13.5 por ciento; y la vivienda y el combustible 10 por ciento.
Bajo este contexto, es importante mencionar que las familias más pobres son las más sensibles ante el pago de la energía eléctrica, se estima que la población con más bajos ingresos, es decir los agrupados en los deciles I, II, y III, participan en cerca de 12 por ciento del gasto total en electricidad, lo que significa aproximadamente 26 por ciento de los hogares que demandaron electricidad en México.
Para ser más específicos, los estratos I, II, y III gastan para el consumo de electricidad: 4.7 por ciento; 3.5 por ciento; y 3.3 por ciento, respectivamente, de su ingreso total. Mientras que los estratos VII, VIII, XI y X asignan solamente 2.6 por ciento, 2.4 por ciento, 2.0 por ciento y 1.5 por ciento de sus ingresos monetarios totales para el consumo de electricidad. Lo cual nos muestra que en términos porcentuales, las familias que menos ingresos tienen son las que más recursos destinan, porcentualmente hablando, al pago del servicio de energía eléctrica, lo que representa una gran desigualdad.
Esta situación se ve agravada, en los estados donde se presentan altas temperaturas a lo largo de casi todo el año, ya que en dichas entidades la demanda y consumo es mayor al promedio nacional.
Para el caso del estado de Sonora, existe la particular necesidad de contar con aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para atenuar los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da en época de verano, de los meses de mayo a octubre, que para la población es indispensable.
Es importante tener presente que una particularidad del estado de Sonora, junto con la ciudad de Mexicali, el clima es extremoso con altas temperaturas en verano e intensos fríos en invierno, lo cual incide en el patrón de consumo de energía eléctrica en las zonas urbanas de la región, donde el consumo de electricidad aumenta notoriamente durante los meses de verano (mediados de mayo a finales de septiembre) debido al uso intensivo de sistemas de aire acondicionado.
Bajo este contexto, es importante mencionar que el sistema tarifario en el estado de Sonora se encuentra segmentado bajo la tarifa 1E y 1F, siendo esta última más accesible para la población.
Sin embargo, consideramos que dado el promedio de temperaturas a lo largo del territorio del estado se debería fijar sólo la tarifa 1F, ya que en todo el estado la temperatura media excede el rango establecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 32 grados centígrados.
De establecerse, la tarifa 1F para todo el estado de Sonora, se estaría dando un importante paso, en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de los sonorenses.
Por lo antes mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de toda la población del estado. Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a modificar la tarifa de energía eléctrica para consumo doméstico 1E, a la 1F, para todo el estado de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2011.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la instauración de acciones para que las autoridades de la Universidad de Guanajuato y del Ejecutivo federal atiendan por los titulares de la SEP y de la SHCP el déficit presupuestal y financiero que pone en riesgo las actividades de la casa de estudios, a cargo del diputado Tomás Gutiérrez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerado como de urgente resolución, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
En nuestro mundo actual, un factor fundamental en la determinación del bienestar de un país es la capacidad de sus habitantes para apreciar, aplicar y generar conocimiento. En este sentido, la educación superior juega un rol importantísimo en el desarrollo económico, político y social de un país, particularmente en el contexto de una sociedad del conocimiento.
A pesar de la importancia que representa la educación superior para el bienestar humano, las inequidades existentes al interior y entre los países constituyen un factor que no solamente es éticamente criticable, que afectan directamente el desarrollo individual y social, aunque su impacto negativo sólo sea perceptible para todos a largo plazo.
Asimismo, la educación pública en el nivel educativo superior es un factor preponderante para nuestro país, pues dos de cada tres jóvenes estudia en una institución pública, el resto lo hace en instituciones de sostenimiento privado. Es decir, la educación superior es característicamente pública y es para muchos jóvenes la única posibilidad de acceder a los estos estudios de este nivel.
En los últimos años, ciertamente se ha avanzado en la dirección correcta en lo que a la inversión en educación se refiere, el gasto por estudiante en educación superior es 3.3 veces mayor que el gasto por alumno en escuelas primarias, la segunda proporción más grande después de la de Brasil, que gasta 5.4 veces más en un estudiante de educación superior que en un alumno de escuela primaria. La cantidad que se gasta por un estudiante de nivel educativo es superior al incremento de la media de la OCDE del 14 por ciento.
No obstante aún existe la apremiante necesidad de invertir mayores recursos para incorporar a las escuelas de bachillerato y licenciatura a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, particularmente en virtud de que las instituciones de educación superior enfrentan diversos retos y problemas estructurales, por ejemplo el pago de pensiones y jubilaciones de las universidades, el mejoramiento y ampliación de infraestructura, el aumento de cobertura, la contratación de profesores y investigadores entre otros.
El caso de la Universidad de Guanajuato es representativo, esta institución, que es uno de los principales centros educativos y de investigación del país, requiere para el 2012 de un apoyo financiero por un total de mil 744 millones de pesos, y en el que deben participar la federación y el gobierno estatal. Esta institución educativa viene arrastrando un déficit institucional acumulado al cierre de 2010, del orden de 195.6 millones de pesos; y un déficit total estimado al cierre de 2011 de 237.1 millones de pesos.
Para la negociación sindical de 2012 la Universidad requiere de 46.7 millones de pesos; tiene un déficit financiero estimado de la red médica universitaria para el mismo año de 52.9 millones de pesos. Además, otros requerimientos que sin duda son indispensables que se cubran, es el que necesita para cubrir la oferta educativa, para ello esta institución tiene recursos faltantes de 282.6 millones de pesos; y el que se requiere para 130 plazas académicas, para lo cual es necesario que esta Universidad cuente con 60.4 millones de pesos.
La falta de apoyo en estos rubros podría retrasar planes académicos y la construcción de infraestructura actualmente en proceso, como es el caso de algunas bibliotecas y ampliaciones en los campus de diversas ciudades del estado, ampliar la planta académica, ampliar la red médica universitaria, resolver demandas salariales y emprender proyectos innovadores como el Tecno Parque y el Centro Mexicano de Energía Renovable.
Compañeros legisladores, la Universidad de Guanajuato, como muchas otras instituciones de educación superior del país, reclama una mayor atención presupuestal que le permita atender sus necesidades básicas y sustantivas, a favor de la educación de miles de jóvenes guanajuatenses.
Toda sociedad interesada en impulsar el bienestar de sus habitantes, debe estar dispuesta a disminuir, y en el mejor de los casos a eliminar, las condiciones de inequidad imperantes en ella. Nosotros como representantes populares tenemos la tarea de eliminar las inequidades como la construcción de las condiciones que permitan que todos los individuos de una población, independientemente de sus condiciones al nacer: género, étnica y cultural, nivel socioeconómico o de otras condiciones como las de capacidades diferentes, tengan las mismas oportunidades para desarrollarse de la mejor manera posible.
Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades de la Universidad de Guanajuato y el Ejecutivo federal –a través de los secretarios de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público–, a instrumentar las acciones conducentes para atender con la brevedad la problemática concerniente al déficit presupuestal y financiero que pone en riesgo las actividades académicas y laborales de dicha casa de estudios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2011.
Diputado Tomas Gutiérrez Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de seguimiento y evaluación del efecto de las contingencias climáticas, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD
Los suscritos, diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Víctor Galicia Ávila, Antonio Benítez Lucho, David Hernández Vallín, Guillermina Cacique Vences, Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI; y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a este pleno la creación de un Grupo de Trabajo plural que dé seguimiento y evaluación al impacto de las contingencias climatológicas, con la finalidad de sumar el esfuerzo de este órgano legislativo en la solución del grave problema de la sequía que vive nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1) Ante la delicada situación que prevalece en más de la mitad del campo mexicano y la urgencia de resolver este problema de las contingencias climatológicas, atender el desabasto de alimentos, el alza de precios, la amenaza de crisis alimentaria y hambruna que pone en peligro a millones de mexicanos, es necesario insistir en diálogo y entendimiento entre poderes, para sí enfrentarlo y avanzar en su solución.
2) Es fundamental avanzar en la creación de instrumentos institucionales que den seguimiento puntual a esta situación. Por ello estamos proponiendo a esta soberanía, la creación la Comisión Plural Especial de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas y de esta manera, asumir el gran compromiso de contar, mediante el diálogo y la concertación, con mecanismos que atiendan los efectos de la sequías, heladas e inundaciones, que han puesto en riesgo la nutrición, el patrimonio y la salud de decenas de miles de familias mexicanas y que de no atenderse se agudizarían; incluso podrían derivar en un problema de seguridad nacional, ya que la gente no sólo está inconforme y molesta, está desesperada y a punto de entrar en un proceso serio y preocupante de radicalización.
3) Al día de hoy se han perdido decenas de miles de toneladas cosechas principalmente de productos básicos, miles de cabezas de ganado y lamentablemente vidas humanas. Cada día que tardemos en emprender acciones, es posible que se ponga en riesgo la estabilidad del país.
4) El pasado 23 enero del presente año, el Presidente de la República anunció la puesta en marcha del Programa Integral de Atención a la Sequía 2012 con un monto cercano a los 34 mil millones de pesos.
5) Es importante señalar que desde el pasado 15 de diciembre del 2011, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un decreto legislativo por 10 mil millones de pesos para atender éste grave problema de siniestros naturales, que el Presidente Felipe Calderón veto. Después de casi 40 días el Presidente, decide apoyarlos, con recursos superiores a los planteados en el Decreto Legislativo de referencia.
6) Que bueno que el Ejecutivo rectifica ésta posición inentendible, en una situación de emergencia, porque ésta Cámara de Diputados, lo que más le interesa es abonar para que los problemas se atiendan y solucionen.
7) Como ustedes recordarán, por acuerdo de la Comisión Permanente, el pasado 12 de enero comparecieron ante la Tercera Comisión los secretarios de HCP y Sagarpa, para atender el asunto de los siniestros en el campo, con pocos resultados desafortunadamente. Desde entonces propusimos un acuerdo nacional para enfrentar juntos: el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal esta emergencia.
8) En la reunión del 18 de enero pasado varios legisladores del Congreso de la Unión presentamos ante la Comisión Permanente punto de acuerdo de urgente resolución, nuevamente solicitando al Ejecutivo federal voluntad política para construir un acuerdo nacional de emergencia para resolver el problema de la sequía, mismo que fue turnado a las respectivas Cámaras.
9) Cabe mencionar que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realizó su tarea en esta tragedia que vive el campo mexicano. Hoy podemos decir que nuestro esfuerzo y trabajo no ha sido infructuoso. Ha mostrado idea y voluntad para enfrentar la sequía las heladas e inundaciones que se padecen en más de 1300 municipios del país. No obstante que el Presidente de la República no ha convocado al Congreso de la Unión para sumar su esfuerzo en la solución de ésta emergencia.
10) Como se recordará, el pasado 4 de enero la Comisión Permanente aprobó la creación de un Grupo de Trabajo Plural para Darle Seguimiento y Evaluación al Impacto de las Contingencias Climatológicas.
11) Este Grupo realizó reuniones de trabajo. Las principales actividades que se desarrollaron por sus integrantes fue definir acciones inmediatas con el Ejecutivo Federal y organizaciones como la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. Cabe mencionar que el pasado jueves se instaló formalmente en la Secretaría de Gobernación con su titular, encargado de dar seguimiento al decreto presidencial para enfrentar la sequía, con la Comisión Intersecretarial y el Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente; la mesa de evaluación y seguimiento que ha quedado truncada al término de funciones de la Comisión Permanente.
12) Como Poder de la Unión y en un sistema político democrático y de equilibrio de poderes, esta Cámara de Diputados no puede permanecer omisa o se encuentren pretextos para marginarla de sumar su esfuerzo para atender ésta tragedia nacional que vive el campo mexicano. Por ello estamos proponiendo a esta Soberanía la creación de un Grupo de Trabajo Plural, para darle seguimiento a este grave problema nacional.
Por los anterior, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión crea un Grupo de Trabajo Plural para darle seguimiento y evaluación al impacto de las contingencias climatológicas, con la finalidad de sumar el esfuerzo de esta Cámara de Diputados con el Ejecutivo federal en la solución del grave problema de la sequía que vive nuestro país.
Se solicita que esta proposición con punto de acuerdo, sea turnada a la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero del 2012.
Diputados: Gerardo Sánchez García (rúbrica), Cruz López Aguilar, Víctor Galicia Ávila, Antonio Benítez Lucho, David Hernández Vallín, Guillermina Cacique Vencez, Elia Guerrero Coronado, Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera.
Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado a los partidos políticos y a sus candidatos a alcaldes y a jefes delegacionales a no aceptar apoyos en efectivo o en especie de giros negros donde haya indicios de prácticas de trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
2. A su vez, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales menciona en su artículo 209, que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ese Código, realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
3. La legislación en materia electoral establece la obligatoriedad de que los candidatos a distintos cargos de elección popular y a través de sus institutos políticos rindan informes pormenorizados acerca de las erogaciones y recursos recibidos para la celebración de las actividades de promoción y obtención del voto; asimismo, es la propia legislación la que establece el la naturaleza y el origen de los recursos así como los montos y tipo de donativo que los partidos políticos podrán recibir para la realización de las campañas electorales.
4. El blindaje a los recursos que se obtienen para las campañas surge de la necesidad de evitar que intereses ajenos al del Estado construyan relaciones de interés y complicidad con quienes ejercen cargos de elección popular y tiene como fin el transparentar y blindar el origen de los mismos y no solo para garantizar condiciones de equidad a través de los recursos que se ejercen en las campañas. Ello ha generado que las sanciones a quienes obtengan fondos derivados de actividades ilícitas para una elección sean castigados penalmente:
Artículo 406. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:
I a VI. ...
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.
5. Nuestro país no ha sido exento de la operación y crecimiento de bandas y grupos vinculados a la delincuencia organizada que en su intento por mantener su estatus de impunidad, ha buscado en no reiteradas ocasiones, permear e influir con su potencial económico en la toma de decisiones de los ciudadanos durante la elección ya sea a través de la amenaza, el chantaje, el amedrentamiento o de manera velada, generando compromisos a través de donativos a candidatos.
6. En esta jornada electoral se elegirán ayuntamientos en los siguientes estados: a) Campeche (11 municipios); b) Colima (10 municipios); c) Chiapas (118 municipios); d) Guanajuato (46 municipios); e) Guerrero (81 municipios); f) Jalisco (125 municipios); g) México (125 municipios); h) Morelos (33 municipios); i) Nuevo León (51 municipios); j) Querétaro (18 municipios); k) San Luis Potosí (58 municipios); l) Sonora (72 municipios); m) Tabasco (17 municipios); y, n) Yucatán (106 municipios). Además se elegirán los 16 Jefes Delegacionales en el Distrito Federal.
De lo anterior se desprende la importancia de esa jornada electoral, ya que tendrán verificativo comicios en casi el 47 por ciento de las entidades federativas y se elegirá el 35.5 por ciento de los ayuntamientos en el país, 1 pero los candidatos electos representarán al 63.3 de la población total del país, es decir a más de 71 millones de mexicanos.
Considerandos
Primero. Que la existencia de un Estado democrático de derecho tiene como uno de los pilares fundamentales el respeto a la legalidad, en particular en lo referente a las reglas de acceso a los cargos públicos que establece la legislación electoral.
Segundo. Que la necesidad de generar condiciones de igualdad en las elecciones ha obligado a que los legisladores y autoridades en la materia vayan perfeccionando las reglas y los mecanismos de control y vigilancia electoral, estableciendo una serie de prohibiciones no solo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sino también en la adición de un capítulo del Código Penal Federal en materia de delitos electorales que contempla castigos ejemplares a quienes utilicen recursos de procedencia ilícita.
Tercero. Que con la creciente actividad delictiva, es fundamental que los candidatos a cargos de elección popular, asuman el compromiso frente a la ciudadanía de no recibir recursos de procedencia ilícita para sus campañas políticas, estableciendo mecanismos de vigilancia y observación ciudadana que por un lado, impidan que la delincuencia organizada influya negativamente en los resultados de una elección y por el otro, que quienes son electos por la ciudadanía lo hagan bajo reglas estrictas de equidad, igualdad, honestidad y que los recursos con los que contaron para desarrollar sus respectivas campañas son de procedencia lícita y no comprometen el desempeño del cargo público, la legalidad y el prestigio de la clase política.
Cuarto. Que aun cuando en México se han creado y puesto en marcha, estas reglas de vigilancia y control electoral, es importante reconocer que los esfuerzos por evitar que en las campañas electorales no haya recursos de la delincuencia organizada todavía no están completos, por ello, aun cuando la legislación en la materia lo contempla, es importante que quienes aspiran a un cargo de elección popular asuman un compromiso de frente a la ciudadanía de no utilizar en sus campañas recursos de procedencia ilícita, en particular de aquellos que provienen de giros negros, particularizando lo anterior en virtud de que estos lugares son propicios para la actividad ilícita, entre las que podemos destacar la trata de personas.
Quinto. Que a sólo unos meses de que tenga verificativo la jornada electoral del 1 de julio de 2012, en la que se elegirán representantes populares, en los ámbitos federal y local, entre ellos presidentes municipales en los estados y jefes delegacionales en el Distrito Federal, resulta indispensable que los partidos políticos y sus candidatos a los distintos cargos de elección popular en los estados y del Distrito Federal, asuman el compromiso de no utilizar recursos de procedencia ilícita, en particular de los llamados “giros negros”, a fin de prevenir, combatir, castigar y erradicar la trata de personas del territorio donde se postulan para gobernarlo.
Sexto. Que también resulta necesario que los candidatos a presidentes municipales y a jefes delegacionales en los estados y el Distrito Federal, respectivamente, hagan un público compromiso de cara a los ciudadanos que votarán en el proceso electoral de 2012, para que en caso de acceder a los correspondientes cargos, participarán incansablemente en el ámbito de su competencia para combatir la proliferación de los llamados “Giros Negros” a fin de prevenir, combatir, castigar y erradicar la Trata de Personas.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un llamado a los partidos políticos y a sus candidatos a hacer un público compromiso, de cara a los ciudadanos que votarán en el proceso electoral de 2012, para que bajo ninguna circunstancia acepten por sí o por interpósita persona, recursos de procedencia ilícita, en particular aquellos que provienen de los llamados “giros negros” y en general de aquellos lugares donde se tengan indicios de actividades relacionadas con la trata de personas.
Segundo. Se hace un llamado a los partidos políticos para que integren en sus ofertas político-electorales, contenidas en sus plataformas electorales para los municipios y delegaciones del país y para las circunscripciones territoriales del Distrito Federal, propuestas para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas.
Nota
1 Considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta la existencia de 2 mil 454 municipios en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se convoca a un encuentro nacional “escenarios y prospectivas de la cadena productiva de la caña de azúcar” para conocer la situación de la industria y buscar acuerdos que mejoren su eficiencia, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria azucarera se ha desarrollado en México de manera ininterrumpida desde la década inicial de la conquista española; representa una de las actividades de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico del país. 1 Por ello, la participación de esta industria en la economía nacional ha tenido gran importancia desde varios puntos de vista. Uno de éstos es la producción de un bien de consumo popular generalizado, así como la creación y el sostenimiento de más de 500 mil empleos directos y alrededor de 2.2 millones de indirectos vinculados con la cadena productiva.
El azúcar es uno de los alimentos básicos más importantes de todo el mundo. Por ser puro en carbohidratos, es una de las mejores y más baratas fuentes de energía. “El azúcar, solo o en combinación con otros alimentos, proporciona en promedio 12 por ciento de hidratos de carbono, elementos productores de energía en la dieta humana”. 2
La agroindustria azucarera es uno de los motores económicos de muchas regiones del país, ya que genera en su conjunto 0.06 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB), 3 11.6 del PIB del sector primario y 2.5 del PIB manufacturero. México ocupa el sexto lugar mundial en producción de azúcar con un promedio de 5 millones de toneladas por año; es el octavo país en cuanto a consumo con 47.8 kilogramos per cápita y el valor de la producción de azúcar supera 30 mil millones de pesos anuales. 4 Asimismo, repercute en 227 municipios de 15 estados, donde habitan más de 12 millones de mexicanos.
Actualmente, uno de los principales problemas que enfrenta esta industria es la sustitución paulatina y en altas cantidades de azúcar por jarabe de alta fructosa. La fructosa es un edulcorante calórico que se caracteriza por su cualidad nutritiva y por disponer en la mayoría de los casos, una capacidad edulcorante igual al de la sacarosa. Además de ser el endulzante de mayor consumo en el mundo, está sustituyendo en el mercado mundial al azúcar, ya que es más barato y fácil de producir.
Con la firma del TLCAN muchos productores de azúcar consideraron que los problemas por los que atravesaba la industria disminuirían; ya que se hablaba del establecimiento de controles en la importación de fructosa, como quedó establecido en el capítulo VII del acuerdo económico. Sin embargo, sucedió lo contrario, la industria azucarera resultó severamente afectada por las grandes cantidades de fructosa (procedentes de Estados Unidos) que desplazan del mercado refresquero la azúcar nacional.
Estas acciones provocaron graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera, como para la economía nacional. En este lapso se registró la quiebra de 27 de los 60 ingenios azucareros y el incremento de conflictos sociales, que persisten en la actualidad.
Aunado a lo anterior, en este momento un nuevo peligro acecha a la industria azucarera, este es un Acuerdo Estratégico de Integración Económica con Brasil, el cual pondría en riesgo por lo menos 40 por ciento de la agroindustria azucarera nacional, lo que traducido en empleos directos afectaría a 160 mil trabajadores del sector rural mexicano menos favorecido. Además, el impacto en términos de ingresos sería de alrededor de 20 mil millones de pesos, según datos de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras, que agrupa a 19 de los 57 ingenios en el país.
Movimiento Ciudadano exhorta a esta soberanía a convocar al encuentro nacional escenarios y prospectivas de la cadena productiva de la caña de azúcar; a fin de conocer la problemática que enfrenta este sector; aprovechar las opiniones y experiencias de investigadores, funcionarios, industriales, organizaciones de cañeros y legisladores para diseñar las estrategias que favorezcan garantizar equilibrios económicos entre los socios de los acuerdos comerciales de que México es parte, reconocer las condiciones del mercado interno y la situación que guarda el marco jurídico y regulatorio nacional e internacional para apoyar asertivamente la cadena productiva nacional de la caña de azúcar.
Consideramos oportuno llevar a cabo este encuentro y establecer un diálogo con actitud nacionalista que permita revisar los puntos finos de nuestra participación en los tratados internacionales para beneficio de los mexicanos que viven de esta producción, en un escenario de profunda y preocupante crisis alimentaria en el mundo y en el país.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados convocará al encuentro nacional: escenarios y prospectivas de la cadena productiva de la caña de azúcar, que deberá contar con la participación de funcionarios de la administración pública federal, académicos, expertos, industriales y productores vinculados con la cadena productiva de la caña de azúcar.
Segundo. En los primeros meses de 2012, la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera de la Cámara de Diputados será la encargada de coordinar y conducir los aspectos técnicos y operativos de dicho encuentro nacional, en coordinación con las comisiones vinculadas al sector.
Tercero. Las propuestas derivadas del encuentro se constituirán en el fundamento técnico y jurídico para atender los problemas que sufre la industria de la caña de azúcar; y la base que oriente el trabajo legislativo en favor de la industria.
Cuarto. Las opiniones de todos los actores asistentes al encuentro nacional se traducirán en áreas de análisis, con el propósito de garantizar una asignación eficaz y eficiente de los recursos económicos para cada ejercicio presupuestal, en beneficio del Sistema-Producto Caña de Azúcar y lograr las condiciones de mercado más convenientes para la producción mexicana.
Quinto. Se sugieren algunos temas para el desarrollo del encuentro nacional:
• Situación que guarda la cadena productiva de la caña de azúcar;
• Producción actual de los ingenios nacionales;
• Financiamiento y crédito a pequeños y medianos productores;
• Condiciones de la tierra de cultivo;
• Modernización de ingenios;
• Sustentabilidad;
• Aranceles, cupos y subsidios del sector;
• Revisión del marco regulatorio;
• Revisión de los tratados comerciales;
• Tratado de Integración de Libre Comercio con Brasil y Perú; y
• Balance de los resultados obtenidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012.
Notas
1 Crespo, Horacio. Historia del azúcar en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
2 Maturana, Sergio. El azúcar problema de México, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1970.
3 Con datos de la Unión de Cañeros.
4 Agroindustria azucarera espera producción cercana a cinco millones de toneladas, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sagarpa/?contenido=51477, 19 de julio de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que los integrantes de esta soberanía donen un día de dieta para apoyar en su grave situación a las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, Chihuahua, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales del estado de Chihuahua, Luis Carlos Campos Villegas, Guillermo Márquez Lizalde, Guadalupe Pérez Domínguez, Georgina Zapata Lucero, Jaime Flores Castañeda, Alejandro Cano Ricaud, Maurilio Ochoa Millan y Gloria Porras Valles, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el cual se acuerda que los diputados y diputadas de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión donen un día de dieta para apoyar la grave situación que están viviendo los habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El martes 31 de enero de 2012, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, puso en marcha el Programa Chihuahua con Vida , emitiendo los acuerdos administrativos correspondientes, mediante los cuales se busca coordinar las acciones públicas y de la sociedad civil para enfrentar las condiciones adversas derivadas de una sequia extraordinaria y atípica que ha llevado a la Comisión Nacional del Agua a declara que Chihuahua es la entidad con mayor afectación por la sequía.
Estas circunstancias dañan de manera drástica a todos los pobladores de la Sierra Tarahumara, donde la sequía ha provocado incluso la incapacidad de proveer a las necesidades básicas de alimentación.
Las etnias que habitan en la Sierra Tarahumara, como los rarámuris, los tepuhuanes, los pimas y los huarojios, se encuentran en una situación de emergencia y reclaman el apoyo solidario del pueblo de México.
Las adversidades de la sequía, además de la carencia de alimentos, tienen otros efectos colaterales y que se refieren al abastecimiento de agua potable, la salud, el desarrollo social, la infraestructura, el empleo, y la economía en general, así como el medio ambiente, sólo por citar algunos de ellos.
Ante esta situación miles de ciudadanos mexicanos han comprendido las condiciones de dolor y desesperanza de los habitantes de la Sierra Tarahumara, que dependen de la agricultura de autoconsumo y que habitan en las zonas más afectadas por la sequia.
Ciudadanos, empresarios, estudiantes, maestros, universidades, centros de educación, fundaciones y asociaciones civiles han mostrado su apoyo y solidaridad enviando alimentos a la gente que más lo necesita.
Es necesario el replanteamiento de las políticas públicas e impulsar de una vez por todas, el desarrollo económico social y cultural de los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres, respetando su cultura.
El 24 de enero de 2012, el presidente de la República firmó el decreto que estableció el Programa a la Sequia, flexibilizando las reglas de operación para operar todos los programas encaminados a atender este grave problema.
El titular del Poder Ejecutivo escuchó, los reclamos de los diputados del sector agrario mismos que se hicieron desde esta alta tribuna, así como, las marchas y manifestaciones de los productores agropecuarios quienes reclamaron su urgente intervención.
Por lo antes expuesto se propone que, en un acto de solidaridad y humanismo, los integrantes de esta Cámara de Diputados acuerden donar un día de dieta para apoyar la grave situación que están viviendo los habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, es por ello que hoy los diputados de la Coordinación Chihuahuense apelamos al respaldo de este honorable Congreso de la Unión y a su generosidad para contribuir con un poco de las múltiples necesidades que tienen los habitantes mas vulnerables de la sierra, asimismo solicitamos se giren las instrucciones oportunas a efecto de que se haga el descuento y la remisión correspondientes.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita que esta proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, y se proceda a su discusión y aprobación de inmediato:
Punto de Acuerdo
Único. Las diputadas y los diputados de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerdan donar un día de dieta para apoyar la grave situación que están viviendo los habitantes de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y se giran las instrucciones a efecto de que se haga el descuento y la remisión correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputados: Luis Carlos Campos Villegas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Ana Georgina Zapata Lucero, Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda, Gloria Porras Valles (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol y a los gobiernos de los estados con zonas metropolitanas a promover la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano de 2012, mediante la inclusión en los consejos metropolitanos de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, fracción I, 79, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la década de los cuarenta las principales ciudades han experimentado procesos acelerados de crecimiento con la consecuente conurbación y metropolización con otras poblaciones.
En la actualidad, las zonas urbanas tienen crecimientos tales que ocasionan una expansión físico–territorial tal que han rebasado sus límites político–administrativos y se ha unido con otras zonas cercanas, ya sea dentro del mismo municipio o de municipios distintos o incluso pertenecientes a gobiernos diferentes. Todo este proceso de expansión urbana ha dado lugar a las denominadas “zonas metropolitanas”.
La formación y crecimiento de zonas metropolitanas constituye un aspecto clave en la acelerada urbanización y en el desarrollo económico y social del país. De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2010 el 55.8% de los mexicanos se asienta en alguna de las zonas metropolitanas del país en apenas un 7% del territorio nacional.
Las zonas metropolitanas constituyen el componente de mayor jerarquía del sistema urbano nacional, en ellas se concentra más de la mitad de la población y se genera el 75% del Producto Interno Bruto del país.
Las zonas metropolitanas han sido tratadas hasta ahora como áreas de conurbación, no obstante son mucho más que eso. Se trata de grandes conglomerados de población, que se expandieron desde alguna ciudad central hacia diversos municipios contiguos, a partir de la distribución de la actividad económica, la infraestructura y el equipamiento urbano, de tal manera que entre ellos se establece una necesaria e irreversible interdependencia económica y urbana.
A la zona metropolitana concurren necesariamente autoridades de distinto nivel y ámbito de competencia y la regulación de su desarrollo implica, además, la coordinación entre ramos de la administración pública, la planeación intermunicipal y la concertación del sector público con los sectores privado y social a esa escala.
Las zonas metropolitanas en nuestro país, cuando se encuentran divididas en dos o más jurisdicciones político-administrativas, y con una estructura de gobierno que administran cada una de sus circunscripciones, generan problemas de tipo funcional, económico, social y político.
Bajo este contexto y para atender las zonas metropolitanas se creó en el 2006 el Fondo Metropolitano como una respuesta a los problemas y con el objetivo de reordenar la vida social en las zonas metropolitanas, atendiendo aspectos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje, transporte público, contaminación ambiental, rellenos sanitarios, entre otros.
Para coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, cada zona metropolitana debe contar con un “Consejo para el Desarrollo Metropolitano”.
En el artículo 47 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se establece que los Consejos para el Desarrollo Metropolitano estarán presididos por el gobernador o gobernadores e integrado por el presidente municipal o presidentes municipales, y en su caso, jefes delegacionales, del territorio que integra la zona metropolitana, así como de los representantes que señalen las disposiciones del Fondo Metropolitano.
La planeación y la gestión del desarrollo metropolitano requieren de formas y mecanismos de colaboración y asociación entre municipios y entidades de la Federación que permitan actuar de manera conjunta y coordinada, a pesar de que se trate de ciudades y centros de población con diferentes características, tales como tamaño, densidad media urbana, ritmo de crecimiento, capacidades productivas y niveles distintos de competitividad económica y, desde luego, diferentes capacidades de financiamiento público y privado. Las situaciones de gobierno yuxtapuesto o dividido, de pluralismo y alternancia política, más comunes ahora que antes, vienen a complicar ese cometido de planeación de largo plazo y de coordinación entre autoridades de extracción partidista distinta.
Cuando un gobierno incorpora a los ciudadanos a la toma de decisiones que afectan a su calidad de vida, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión urbana local, esto tendrá resultados en la elevación de los niveles de eficacia del gobierno.
Conforme se abre la participación ciudadana el tejido social se fortalece, se acrecienta la confianza en la sociedad y la interdependencia redunda en la conformación de un ambiente político propicio a la búsqueda del bien común, esta última tarea a la cual los mandatarios se dedican de forma específica y primordial.
Lograr mayores niveles de desarrollo en todos los ámbitos, incluido el metropolitano, requiere del necesario fortalecimiento de la sociedad civil organizada e incrementar la participación de la misma en la identificación de los problemas que la aquejan y en la búsqueda de soluciones para los mismos, es decir, en la toma de decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social y a los Gobiernos de los Estados en cuya demarcación se ubique alguna Zona Metropolitana a que promuevan la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano 2012 a través de la inclusión en los Consejos Metropolitanos de integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias federales y a las estatales de salud y de seguridad social a emprender acciones que garanticen a los deportistas profesionales el acceso a los servicios que proporcionan, en particular al seguro social, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad social constituye un derecho humano reconocido en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Tal derecho constituye una condición sine que non para el desenvolvimiento de la vida de todo ser humano, mismo que garantiza a todo individuo, la certeza que ante una contingencia imprevista de salud, propia o de algún familiar, siempre tendrá el auxilio debido para hacer frente a la misma.
No obstante, a pesar de los grandes avances que se han dado para extender la cobertura de la seguridad social a una mayor parte de la población, la realidad es que aún existen amplios sectores que carecen de la misma 1 y no digamos ya en la calidad de beneficiarios, sino incluso de los propios asegurados que a pesar de la existencia de una relación de trabajo carecen del derecho fundamental (y la obligación correlativa del estado, así como de los patrones particulares) de que se les otorgue el acceso a la seguridad social.
Nos referimos, en concreto a aquellos trabajadores especiales que en función de su particular relación de trabajo se encuentran en una situación de desventaja frente a otros trabajadores. Esta categoría de trabajo incluye a aquéllos trabajadores como los deportistas profesionales, que prestan su trabajo por eventos o funciones y que pese a la existencia de una relación de trabajo, no disfrutan de derechos plenos a la seguridad social. En muchos casos, como ocurre con luchadores y boxeadores, los derechos a la seguridad social (cuando los hay) se limitan a la mínima atención sin tomarse medidas preventivas para evitar daños a futuro. No hablemos ya de derechos muchas veces inalcanzables como un seguro de invalidez, de enfermedades no profesionales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de vivienda, etcétera.
Todos estos seguros de los que disponen diversos trabajadores en función de su relación de trabajo, en la inmensa mayoría de los casos para los trabajadores deportistas profesionales son impensables. A nivel internacional, esta categoría de trabajadores se ubican en lo que se ha denominado “Trabajadores de la economía no estructurada” a la que en breve nos referiremos.
Fundamento Jurídico
El derecho a la seguridad social se encuentra contenido en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico así como en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. En esta pluralidad de normas en materia de seguridad social se establecen sus alcances e implicaciones, así como los principios que deben seguirse durante su aplicación.
Nuestra Carta Magna prevé diversas disposiciones, tanto en lo que hace a la seguridad social, como en lo referente al deporte profesional, que es el principio orientador de esta proposición con punto de acuerdo. En efecto, en su artículo 4o., último párrafo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa:
Artículo 4o. constitucional, último párrafo: “(...) Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”
En lo referente al derecho a la seguridad social, el artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción XXIX, establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Asimismo, la Ley del Seguro Social dispone en su artículo 2o. que “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el estado”.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social, prevé dentro del régimen obligatorio la figura de la incorporación voluntaria al Seguro Social para los trabajadores independientes, como profesionales.
Cabe precisar que de acuerdo con el Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2010-2011 , se tiene un registro de 14 mil 898 trabajadores independientes cuya seguridad social depende de una decisión voluntaria, individual o colectiva y no de una obligación patronal por no existir una relación laboral. 2
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los Deportistas Profesionales indica en su artículo 300 lo siguiente:
Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones: I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos (...).
Sin embargo, debe precisarse que tal beneficio que otorga el numeral antes citado, debe de ser conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional, en su apartado A, fracción XXIX, antes citado.
En cuanto a la normativa internacional que tutela el acceso a la seguridad social como un derecho humano, son diversos los instrumentos internacionales en los que pueden encuadrarse las propuestas presentadas en el presente punto de acuerdo. Tales instrumentos, además, son obligatorios para el Estado mexicano en virtud de la ratificación o adhesión que de ellos ha hecho y en virtud de ser parte del derecho interno mexicano conforme al artículo 133 constitucional que dispone:
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.”
Por si fuera poco, al respecto existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recalcan su obligatoriedad para el Estado mexicano y su supremacía por encima de las leyes federales. De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otras, la tesis número P.IX/2007, instancia pleno, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, abril 2007, que a la letra indica:
Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.
No limitándonos con lo anterior, señalamos del mismo modo lo que recientemente ha considerado nuestro máximo tribunal como control de convencionalidad que obliga a los operadores de normas jurídicas de nuestro país, a aplicar de manera conjunta e integral tanto la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional, tratándose de normas que protegen a los derechos humanos, en los cuales están contenidos, tanto el deporte profesional en su carácter de actividad laboral, como la seguridad social; los criterios jurisprudenciales a que se hace referencia son los siguientes:
Control de convencionalidad en sede interna. Los tribunales mexicanos están obligados a ejercerlo Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen.
Primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del décimo primer circuito.
Amparo directo 1060/2008*. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.
Tesis: XI.1o.A.T.47 K
Tesis Aislada
Asimismo:
Control de convencionalidad. Debe ser ejercido por los jueces del Estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación interna no contravenga el objeto y finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia.
Cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.
Amparo directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.
Tesis: I.4o.A.91 K
Tesis Aislada
En virtud de la obligatoriedad antes señalada, hacemos ahora referencia a los principales instrumentos internacionales en los que se encuadra la presente proposición con punto de acuerdo.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En tratándose de Seguridad social señala lo siguiente:
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social , y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Asimismo:
“Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(...)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su ratificación el 20 de febrero de 1975, y su publicación en el DOF el 13 de junio de 1975 (Promulgación). Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:
Artículo 5
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:
De la a) a la d)...
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:
De la i) a la iii)...
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; (...)”
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia en 1948. En su artículo XVI dispone:
“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.”
Protocolo Adicional a la Convención americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)
Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su ratificación el 16 de abril de 1996, y su publicación en el DOF el 1 de septiembre de 1998 (Promulgación). Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:
Artículo 9 “Derecho a la Seguridad social”
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.”
Conferencia Internacional del Trabajo, 89 reunión, informe de la Comisión de Seguridad social, resoluciones y conclusiones relativas a la seguridad social.
En 2001 la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta de representantes de los estados, empleadores y trabajadores, afirmó que la seguridad social “es... un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social... La protección social tiene también importantes efectos positivos en la sociedad en su conjunto al promover la cohesión social y un sentimiento general de seguridad entre sus miembros.” 3
Debe señalarse que a pesar de no ser un tratado internacional, este criterio emitido por la Conferencia Internacional del Trabajo es obligatorio para el Estado mexicano en relación con el control de convencionalidad antes señalado que implica la obligación del Estado mexicano de aplicar las normas internacional en materia de Derechos Humanos, ratificadas por México, conforme a la interpretación que de ellas hagan los tribunales internacionales u órganos especializados en la materia.
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
Este instrumento internacional es vinculante para el Estado mexicano a partir de su adhesión el 23 de marzo de 1981, y su publicación en el DOF el 20 de mayo de 1981. Para efectos de la presente iniciativa es importante por lo siguiente:
Artículo 9
Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (en adelante Comité DESC), elaboró en su 39 período de sesiones (2007) la observación general número 19 relativa al derecho a la seguridad social. Dicha observación general es obligatoria para el Estado mexicano, pese a no ser un tratado internacional, en virtud del control de la convencionalidad al cual están obligados todos los servidores públicos del Estado y que implica, entre otras cosas, la obligación de aplicar imperativamente los criterios, jurisprudencia y/o opiniones vertidas por los órganos internacionales especializados en tratándose de los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
En dicha observación, el Comité DESC realiza una interpretación amplia, destacándose lo siguiente:
“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales...Si bien los elementos del derecho a la seguridad social pueden variar según las diferentes condiciones, hay una serie de factores fundamentales que se aplican en todas las circunstancias, según se indica a continuación: (...) El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.” 4
De gran importancia es lo que frente al principio de no discriminación comenta el Comité DESC: “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del pacto, los estados parte deben tomar medidas efectivas, y revisarlas periódicamente en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social. La formulación del artículo 9 del pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano.” 5
En este sentido, no habría justificación alguna para que en algunos casos la relación de trabajo permitiera proporcionar a unos trabajadores la mayor protección en tratándose de seguridad social y, en otros casos (como ocurre con los deportistas profesionales) se carezca en gran medida, de los mínimos exigidos para la seguridad social aún y cuando en ambos casos nos encontramos ante una relación laboral. En estos casos podemos hablar de una violación al principio de no discriminación y, consecuentemente, en una derivación de responsabilidad internacional para el Estado mexicano.
Aunado a lo anterior, como comenta el Comité DESC: “La obligación de los estados parte de garantizar que el derecho a la seguridad social se ejerza sin discriminación (párrafo 2 del artículo 2 del Pacto) y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (art. 3) se extiende a todas las obligaciones previstas en la parte III del pacto. El pacto prohíbe toda discriminación, de hecho o de derecho, directa o indirecta, por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social.”
Ahora bien, en cuanto a los sujetos destinatarios de la seguridad social, un Estado debe de conceder la mayor prioridad a aquellos sectores que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad pues “Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados partes deben prestar especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho , en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las personas con discapacidad, las personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que trabajan en su domicilio, los grupos minoritarios, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos.” 6
Respecto de los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, el Comité DESC ha señalado que “Los estados parte deben tomar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, como los trabajadores a jornada parcial, los trabajadores ocasionales, los empleados por cuenta propia y las personas que trabajan en su domicilio. En los casos en que los planes de seguridad social para estos trabajadores se basen en la actividad profesional, estos planes deben adaptarse de manera que los trabajadores tengan condiciones equivalentes a las de los trabajadores a jornada completa comparables. Salvo en el caso de los accidentes laborales, esas condiciones podrían determinarse en proporción a las horas de trabajo, a las cotizaciones o a los ingresos, o mediante otro método apropiado. Cuando los planes basados en la actividad profesional no proporcionen una cobertura adecuada a estos trabajadores, el estado parte tendrá que adoptar medidas complementarias.” 7
En lo que atiende a la economía no estructurara el Comité DESC ha considerado que: “Los estados parte deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que la cobertura de los sistemas de seguridad social se extienda a las personas que trabajan en la economía no estructurada. La economía no estructurada ha sido definida por la Conferencia Internacional del Trabajo como “el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas estructurados o no lo están en absoluto”. Este deber es particularmente importante en los casos en que los sistemas de seguridad social se basan en una relación laboral formal, una unidad empresarial o una residencia registrada. Estas medidas podrían incluir: a) la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobertura de riesgos e imprevistos con una expansión progresiva con el tiempo; y c) el respeto y el apoyo a los planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como los planes de microseguro y otros planes de microcrédito afines. El comité observa que en algunos estados parte con importantes sectores de economía no estructurada se han adoptado programas que atienden las necesidades del sector no estructurado, por ejemplo proporcionando planes de pensiones y de salud universales que incluyan a todas las personas.”
Debemos de señalar que el estado tiene, en tratándose de derechos sociales, fundamentalmente obligaciones de carácter positivo que implican un “hacer” de parte de él, a diferencia de lo que ocurre con los derechos civiles y políticos en donde la actuación del estado, en la mayor parte de los casos, se implica una obligación de “no hacer” o “abstención”. Si bien es cierto que tanto en uno como en otro caso, en realidad existen tanto obligaciones de hacer como de no hacer, en tratándose de los derechos sociales las obligaciones son por lo general de “hacer”. 8
Pues bien, el derecho a la salud, el deporte y la seguridad social son especies de los llamados “derechos sociales” frente a los cuales el estado tiene el deber de hacerlos efectivizar de manera progresiva (o como se dice en la doctrina: hacerlos justiciables) 9 , para que cada vez más personas puedan beneficiarse de los mismos.
En cuanto a las obligaciones tradicionales del estado en materia de derechos humanos, esto es, respecto de las obligaciones de respetar, investigar, sancionar y garantizar.
La forma en cómo un estado puede vulnerar derechos humanos puede ser tanto por acción como por omisión. En este último caso, cuando el estado no adopta las medidas necesarias para efectivizar un derecho reconocido tanto en su propio ordenamiento nacional como en los distintos instrumentos de derechos humanos de carácter internacional, la consecuencia es la responsabilidad internacional del estado por la violación a los derechos humanos de los gobernados (vía omisión).
En efecto, nuestro Poder Judicial de la Federación ha sostenido ya que “si bien los jueces y tribunales mexicanos -en principio- quedan sujetos a la observancia y aplicación del imperio de las disposiciones nacionales, cuando el Estado mexicano ha ratificado un tratado internacional -como la Convención Americana- como parte del aparato del estado que son, también quedan sometidos a ésta; por tanto, están obligados a velar porque los efectos de las disposiciones que la integran no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, mediante el ejercicio del control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más aún, la interpretación que de esa convención hubiese realizado la Corte Interamericana, como su último intérprete...” 10
Ahora bien, el control de convencionalidad al que están obligadas todas las autoridades del Estado mexicano se actualiza también “cuando el estado no ha cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la convención) para garantizar con efectividad el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la convención, la corte interamericana en sentencia le ordena al estado adoptar medidas legislativas (leyes internas) o de otro carácter que fueren necesarias para obtener dicha efectividad.” 11
El no cumplimiento de la normatividad a la que está obligado el estado por vía de la omisión es lo que ha sido denominado “omisión legislativa absoluta”, en este caso ocurre que la vulneración a una obligación internacionalmente asumida por el estado se actualiza por inexistencia de actuación del estado frente a la obligación a la que se encuentra sujeto. 12
En tratándose de la seguridad social, es obligatorio que el estado adopte medidas progresivas tendientes a extender este derecho cada vez a la mayor cantidad de personas. Actualmente, en nuestro país, todavía una inmensa cantidad de individuos se encuentran exentos de la cobertura de la seguridad social. Las limitaciones económicas que pueda tener un estado no resultarían justificables cuando a través de diversos instrumentos como el seguro voluntario, podría ampliarse la cobertura a la seguridad social a través de los particulares que disponen de los servicios laborales de trabajadores independientes a su disposición.
En este sentido, el suscrito, consciente de la compleja problemática que viven los deportistas profesionales en materia de seguridad social, vertiendo las consideraciones jurídicas y sociales antes señaladas, acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias federales y estatales del sector salud y de seguridad social para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan acciones que garanticen que los deportistas profesionales tengan un acceso eficaz a todos y cada uno de los servicios que proporcionan esas instituciones, en especial, en su incorporación dentro de lo que es el seguro social en sus respectivas modalidades.
Nota
1. En múltiples ocasiones, el Congreso de la Unión se ha pronunciado por diversos medios a efecto de que tal desigualdad existente pueda reducirse. El Senado de la República recientemente considero que “la seguridad social es un tema fundamental en el bienestar de la población en general. De acuerdo con datos oficiales en México, más del cincuenta por ciento de la población no cuenta con cobertura de seguridad social, ya sea del IMSS, el ISSSTE o alguna otra institución, fenómeno que hoy representa uno de los retos más importantes del Estado, transitar a un sistema universal de seguridad social para todos.” Proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Seguridad social del Senado de la República, en relación a la Seguridad social de Deportistas Profesionales, aprobado el 11 de octubre de 2011. Del mismo modo, es de destacar la reciente aprobación hecha por el Senado de la República del “Proyecto de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social” en la cual se propone la creación de un fideicomiso que tendrá por objeto otorgar un apoyo económico a los artistas, creadores y gestores culturales para su incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social. Dicha minuta se encuentra remitida a la Cámara de Diputados para efectos de continuar el trámite legislativo respectivo.
2. Ibídem.
3. Conferencia Internacional del Trabajo. 89ª reunión, 2001. Informe VI, Seguridad social: temas, retos y perspectivas. Pág. 18. ONLINE. Consultado el 17/11/11 en: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/rep-vi.p df
4. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. El derecho a la seguridad social (artículo 9). 39º periodo de sesiones (2007)”. En: Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos. Volumen I. Naciones Unidas, ONO. Pág. 181.
5. Ibídem.
6. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. Ob. Cit. Pág. 187.
7. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 19. Ob. Cit. Pág. Pág. 188.
8. “Puede reconocerse que la faceta más visible de los derechos económicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer, y es por ello que a veces se les denomina <<derechos prestación>>. Sin embargo, no resulta difícil descubrir cuando se observa la estructura de estos derechos la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación; el derecho a la preservación de un medio ambiente sano implica la obligación de no destruir el medio ambiente... desde ya adelantamos que muchas de las acciones legales tendentes a la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando ésta incumple con obligaciones de no hacer. En suma, los derechos económicos, sociales y culturales también pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos.” Abramovich, Víctor y Christian Courtis. Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta. 2ª Ed. 2004. Pág. 25.
9. Abramovich, Víctor y Christian Courtis. Ob. Cit. Pág. 21.
10. Amparo directo 1060/2008. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, correspondiente al 2 de julio de 2009. Morelia, Michoacán. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Página: 2079 y ss.
11. Ibídem.
12. Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de una embajada de México en la República de Azerbaiyán, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el que suscribe, diputado Marcos Pérez Esquer, presidente del Grupo de Amistad México-Azerbaiyán de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, realiza proposición con punto de acuerdo relativo al establecimiento de una Embajada de México en la República de Azerbaiyán, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. El artículo 46, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno propondrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Los grupos de mérito tendrán una vigencia ligada a la de la legislatura en que se conformaron y podrán, desde luego, ser establecidos nuevamente para cada legislatura.
2. Por acuerdos de 6 de abril y 4 de mayo de 2010, emitidos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se crearon y modificaron, respectivamente, diversos Grupos de Amistad para la LXI Legislatura, entre ellos el de México-Azerbaiyán, del cual se designó como presidente a quien esto suscribe.
3. El 17 de febrero de 2011 se instaló formalmente el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán, contando con la presencia como testigo de honor, del Excelentísimo Señor Ilgar Mukhtarov, embajador de la República de Azerbaiyán en México.
4. En su acta constitutiva de 17 de febrero de 2011, el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán dejó sentado que en las relaciones internacionales, el diálogo entre los diversos actores de los estados democráticos nacionales fortalece la cooperación entre las naciones; que el ejercicio pleno de la diplomacia parlamentaria convoca a los representantes a sostener un diálogo permanente y frecuente que constituya un foro de interlocución privilegiado para el intercambio de opiniones y propuestas que coadyuven al fortalecimiento de las relaciones internacionales; y que nuestro país procura salvaguardar los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones, como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
5. Las actividades desarrolladas por el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán, parten de considerar que la cooperación entre los estados se ha convertido en una de las principales necesidades de la sociedad internacional, ya que permite buscar soluciones a problemas complejos que atentan el desarrollo de las naciones; asimismo, que la política exterior ya no es función exclusiva del Poder Ejecutivo, pues los países han mostrado interés en extender el manejo de las relaciones internacionales a los poderes legislativos, haciendo posible el contacto entre legisladores y/o parlamentarios de diversos congresos y/o parlamentos; siendo precisamente los grupos de amistad y las reuniones interparlamentarias, mecanismos de participación del legislativo con el exterior.
II. Consideraciones
1. El 28 de mayo de 1918, Azerbaiyán se convirtió en la primera república democrática del este. Después de algunos años, Azerbaiyán pasó a formar parte de la antigua Unión Soviética y el 18 de octubre de 1991 recuperó su independencia. El 12 de noviembre de 1995, conforme al resultado del referéndum, fue aprobada la nueva Constitución de la República de Azerbaiyán, la cual entró en vigor el 5 de diciembre de 1995. 1
Está situada en el punto de unión de Europa y Asia, al sur del Cáucaso. Cuenta con un territorio de 86 mil 600 kilómetros cuadrados que colinda al norte con la Federación Rusa, al sur con las Repúblicas de Turquía, de Georgia y de Armenia; y al este con el mar Jazar (Caspio) con Kazajstán y Turkmenistán.
Su capital es la ciudad de Bakú, y conforme a datos estadísticos de enero de 2010, posee una población 9 millones de personas.
La República de Azerbaiyán está formada por la República Autónoma de Najchivan y 65 regiones, 69 ciudades, 13 distritos urbanos, 130 barrios de tipo de ciudad y 4 mil 350 aldeas, siendo sus principales ciudades las de Bakú, Gandyá, Janquendí, Mingachevír, Naftalán, Sumgayít, Najchiván y Shirván.
2. Las relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán fueron establecidas en 1992. Desde enero de 2007 una representación diplomática se instaló en nuestro país y abrió sus puertas con el propósito de consolidar la amistad y las relaciones de cooperación que actualmente existen entre Azerbaiyán y esta región del mundo.
Cabe destacar que la embajada domiciliada en México opera como representación diplomática para toda América Latina, de ahí que la oficina ha operado como canal de comunicación con todos los países de la región latinoamericana, teniendo entre sus prioridades las siguientes:
• Desarrollar la democracia pluralista basada en la economía del mercado y en la ley suprema;
• Realizar una política exterior independiente con el fin de restablecer pronto la integridad territorial y soberanía de Azerbaiyán;
• Eliminar los peligros dirigidos contra la seguridad, independencia política, soberanía e integridad territorial;
• Dar solución al conflicto de Daglig Garabag (Nagorni Karabag) entre Armenia y Azerbaiyán con base en los principios de la Cumbre de Lisboa de OSCE en el marco del Grupo de Minsk de OSCE por medio de las negociaciones;
• Eliminar las consecuencias de la agresión militar de Armenia contra Azerbaiyán;
• Desarrollar las relaciones con los países en la esfera de buena vecindad con el fin de obtener beneficios recíprocos;
• Reforzar la seguridad y estabilidad en la región;
• Obstaculizar el transporte ilegal de las armas y otras; fidelidad a los regímenes globales existentes sobre los obstáculos contra la proliferación de armas nucleares y formación de una zona libre de armas nucleares; desmilitarización de la zona del mar Caspio;
• Integrarse a las estructuras de la colaboración y seguridad de Europa y transatlántica, incluso OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte), UE (Unión Europea), UEO (Unión Europea del Occidente), CE (Consejo de Europa); y
• Desarrollar el corredor euroasiático del transporte donde participe Azerbaiyán. 2
3. Conforme a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Federal, entre las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo se encuentra la relativa a “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado”, para lo cual además, goza de la facultad de nombrar –con aprobación del Senado– y remover –libremente– a los agentes diplomáticos y cónsules generales.
En la conducción de esa política exterior, el presidente de la República se rige por las normas nacionales, internacionales y diversos principios de aplicación en el ámbito de las relaciones internacionales, como son, entre otros, la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados ; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Esos principios tienen su origen en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1948, cuyos artículos 1 y 2. Posterior a ello, el 14 de diciembre de 1960, la asamblea general del organismo aprobó la declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (Resolución 1514 -XV) y el 24 de octubre de 1970, la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución 2625 -XXV); instrumentos en los que se consagran dichos postulados.
En 1987 nuestro país resolvió introducir en el citado artículo 89, fracción X, de la Constitución Federal, los principios-norma de convivencia internacional de mayor jerarquía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y además reafirmados por la Asamblea General de la organización mundial en las declaraciones de mérito.
Uno de esos principios, el de “igualdad jurídica” entre los estados, tiene diversas manifestaciones que han permitido sostener la existencia de otros principios del derecho internacional, entre ellos, el “principio de reciprocidad ” internacional, según el cual ningún país está obligado con otro a hacer más concesiones que las que son otorgadas por aquel.
La reciprocidad entre las naciones es considerada un principio de carácter básico y necesario en el derecho internacional, pues ante la ausencia de norma expresa aplicable a una materia o bien como complemento de una existente, un estado está en condiciones de adoptar una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro estado .
Nuestro país, lo reconoce expresamente en su texto constitucional, en el artículo 27, fracción I, párrafo segundo cuando señala “El estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad , podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones”.
En materia de status diplomático, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que, respetando las disposiciones de este instrumento, un estado puede aplicar a otro una interpretación restrictiva del convenio en respuesta a una actitud similar de éste, o puedan aplicarse recíprocamente dos países un trato más favorable en la materia.
El principio no puede ser interpretado en el sentido de que una nación por el hecho de seguir una determinada conducta ante otra, tenga derecho a exigirle un trato paralelo; la interpretación estriba en que un estado puede rehusar un determinado trato a otro, si éste último no adopta ante el primero una actitud similar a la de éste.
Por su naturaleza, la reciprocidad es un principio que permite, en gran medida, que las relaciones diplomáticas sean posibles, pues ha servido de base para la aplicación de privilegios e inmunidades diplomáticos.
Históricamente, la aplicación de este principio ha permitido avanzar en la solución de conflictos importantes. Así por ejemplo, en el ámbito político, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, suscribieron el Acuerdo de Principios Básicos en mayo de 1972, se dispuso que las discusiones y negociaciones con respecto a asuntos pendientes entre esos países serían llevadas a cabo tomando en cuenta el “principio de la reciprocidad” y que las partes tratarían de “complacerse” mutuamente con el objetivo de obtener mutuos beneficios.
Luego, el “principio de reciprocidad” es, sin duda, un concepto práctico e indispensable en las relaciones internacionales, y si bien la equivalencia no requiere ser absoluta para que exista “reciprocidad”, debe procurarse una acción exactamente equivalente a la otra.
El requisito de la equivalencia en la reciprocidad pone de manifiesto que muchas relaciones en el ámbito internacional no son recíprocas, muestra de ello es que han existido reclamaciones o exigencias de reciprocidad que pueden ser fraudulentas al esconder intenciones de dominio o explotación.
Por ello, en las relaciones internacionales, la “reciprocidad” ha sido considerada como un instrumento para lograr el desarrollo de relaciones de mutua confianza y obligaciones recíprocas a largo plazo y un incentivo para el cumplimiento de las normas internacionales.
Asimismo, la reciprocidad ha sido considerada como una forma adecuada de comportamiento que genera cooperación entre estados soberanos .
Algunos autores subdividen o clasifican la “reciprocidad” en específica y difusa. En la específica , las obligaciones y los derechos son atribuidos a actores determinados. La difusa conlleva que se actúe conforme a parámetros de comportamiento generalmente aceptados . 3
En suma, el concepto de reciprocidad en el marco del derecho internacional público, indica la correspondencia mutua de la acción o conducta de un estado con la acción o conducta del otro, lo cual en ocasiones, se traduce en la inclusión de un cláusula en los tratados bilaterales en los siguientes términos: “las actividades que se compromete a desarrollar un país son las mismas a las que se compromete el otro”; empero ello no significa que la reciprocidad dependa de la suscripción de un instrumento internacional.
4. En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que tiene conferidas, el titular del Ejecutivo federal a través de la dependencia del ramo, a saber, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha dispuesto el establecimiento de embajadas y consulados en diversos países, atendiendo primordialmente a dos factores, por un lado, los asuntos que es menester atender en esa nación y por otro, sin duda alguna, el principio de reciprocidad internacional.
Empero, actualmente, de las 73 embajadas existentes ninguna se ha establecido en territorio azerbaiyano, de ahí que los asuntos de interés nacional y la atención de connacionales radicados en dicho país, deben tramitarse y ventilarse en la Embajada de México en Turquía, que tiene a su cargo esa responsabilidad. 4
Tal situación no guarda congruencia ni abona al cumplimiento del principio de reciprocidad internacional con respecto a la República Azerbaiyana, habida cuenta que contrario al proceder de nuestro país, esa nación dispuso –desde hace 4 años– el establecimiento de una representación diplomática en México, que además utiliza como oficina para toda América Latina, lo que pone de manifiesto la importancia que para la República de Azerbaiyán reviste nuestro país.
Es por ello que en atención a esa especial consideración y trato, y en observancia del principio de reciprocidad internacional, es pertinente que el titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, analice la conveniencia de establecer una representación diplomática de nuestro país en la República Azerbaiyana.
Máxime que los vínculos con la República de Azerbaiyán se han ido fortaleciendo con el paso de los años, siendo frecuentes y necesarias las relaciones comerciales y políticas por ejemplo, en el rubro de hidrocarburos, considerando la experiencia de más de 150 años de la República de Azerbaiyán en las actividades de extracción, explotación y transformación del petróleo, ya que fue el primer país en utilizarlo como un recurso energético (1848).
Asimismo, los unen asuntos de la esfera económica y comercial, actividades educativas e intercambios universitarios, la promoción del turismo para ambas regiones y el entendimiento cultural. 5
Por ello, resulta importante buscar el fortalecimiento del potencial de oportunidades de intercambio comercial, cultural y social entre México y la República de Azerbaiyán.
En este punto, debe tomarse en cuenta que el fortalecimiento del intercambio económico, social y cultural resultan cada vez más necesarios para las naciones, en tiempos en que la globalización lleva la pauta de las relaciones internacionales.
Visto así, la República de Azerbaiyán puede erigirse en un socio estratégico para nuestro país en la región sur del Cáucaso, al tener a Irán al sur, a Rusia al norte, a Armenia y a Turquía al oeste y el mar Caspio en el este.
Además, debe ponderarse que la nación azerbaiyana cuenta con una población de más de 8 millones de personas, superior a otros países en los que México cuenta con embajada, verbigracia, Serbia. 6
También resulta relevante su poder adquisitivo reflejado en su producto interno bruto (PIB), que al ejercicio de 2010 era superior al de países como Libia, República Dominicana, Serbia y Líbano.
Por último, se tiene presente que la misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante esta administración, definida por la propia dependencia, consiste en “Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior . Asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con otros países. Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México”. 7
III. Pronunciamiento
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, atendiendo al principio de reciprocidad internacional y teniendo en cuenta el potencial de intercambio comercial, cultural y social, analice la conveniencia y, en su caso, inicie el procedimiento para establecer una representación diplomática de México en la República de Azerbaiyán.
Notas
1. Datos publicados en el sitio oficial de internet de la República de Azerbaiyán http://www.azembassy.mx/
2. Ídem.
3. Morales Lama, Manuel, La reciprocidad en las relaciones internacionales, consultable en http://www.listin.com.do/puntos-de-vista/2009/6/19/105225/La-reciprocid ad-en-las-relaciones-internacionales
4. Información consultable en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-de-mexico-en -el-exterior (Actualizada al 19 octubre de 2011).
5. Datos publicados en el sitio oficial de internet de la República de Azerbaiyán http://www.azembassy.mx/
6. Datos a Julio de 2011, consultables en www.indexmundi.com/es/serbia/poblacion.html
7. Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)
