Informes
De la Comisión de Transportes, segundo semestral de actividades del tercer año
I. Introducción y fundamento legal
De acuerdo con los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 158, fracción III, 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones ordinarias tienen, entre otras, la tarea de rendir un informe semestral de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En cumplimiento de dichas disposiciones, la Comisión de Transportes presenta el informe de actividades correspondiente al segundo semestre del tercer año de labores de la LXI Legislatura.
El documento refleja la dinámica que caracteriza los trabajos de la comisión, principalmente en la regulación de los sistemas de transporte carretero, aéreo y marítimo, donde se manifiesta la valiosa participación de todos los miembros, quienes han aportado sus conocimientos y experiencia para atender, resolver y dictaminar, las iniciativas, minutas y proposiciones que le han sido turnadas a la comisión, contribuyendo así a la creación y reforma de la legislación en las materias mencionadas, con el propósito de adecuarlas a la realidad económica y social del país y buscar con ello mejorar la competitividad de nuestro sector como una alternativa logística en el ámbito internacional.
En la comisión también se refleja la pluralidad de la Cámara de Diputados. La distribución de los integrantes por grupo parlamentario es la siguiente (gráfica 1):
El 22 de marzo de 2012, Ángel Aguirre Herrera, del PRD, causó baja. Lo sustituyó Rodolfina Gatica Garzón. El 4 de junio, César Augusto Cal y Mayor, del PAN, se incorporó, en sustitución de Adolfo Rojo Montoya. El 30 de abril, Francisco Lauro Rojas San Román solicitó licencia para separase del encargo por tiempo indefinido.
Este órgano legislativo quedó integrado como se muestra enseguida:
Javier Gil Ortiz (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente; Pedro Ávila Nevárez (PRI), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (PRI), Benjamín Clariond Reyes Retana (PRI), Paula Angélica Hernández Olmos (PRI), Silvio Lagos Galindo (PRI), Francisco Lauro Rojas San Román (PRI, licencia), Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI), José Antonio Arámbula López (Partido Acción Nacional, PAN), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), Celia García Ayala (Partido de la Revolución Democrática, PRD), Guillermo Cueva Sada (Partido Verde Ecologista de México, PVEM), secretarios; Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN), Heliodoro Carlos Díaz Escárcega (PRI), Sergio Octavio Germán Olivares (PAN), Rodolfina Gatica Garzón (PRD), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), Samuel Herrera Chávez (PRD), Sergio Lobato García (PRI), María Elena Perla López Loyo (PRI), César Mancillas Amador (PAN), Hugo Héctor Martínez González (PRI), Carlos Martínez Martínez (PAN), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (Partido del Trabajo, PT), César Augusto Rodríguez Cal y Mayor (PAN), Leobardo Soto Martínez (PRI), Ignacio Téllez González (PAN), Ricardo Urzúa Rivera (PRI), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (PAN).
II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnados a la comisión en la LXI Legislatura
En observancia de lo dispuesto en el artículo 165, numeral 3, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los anexos 1 y 2 del informe se incluyen las listas de iniciativas y minutas pendientes de la LXI Legislatura turnadas a la comisión de Transportes, y de iniciativas y minutas dictaminadas de la LXI Legislatura turnadas a la comisión, respectivamente.*
El anexo 3 corresponde a la lista de puntos de acuerdo de la LXI Legislatura turnados a la comisión.*
Los anexos contienen información pormenorizada sobre la fecha de recepción, el nombre de legislador que inició el proyecto, el trámite dictado por la Mesa Directiva y el estado preciso que guardan, así como una síntesis de su contenido.
I.1. Actividades de la comisión
En el segundo semestre del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura se celebraron dos reuniones ordinarias con sectores interesados en los sectores de transportes e infraestructura, entre los que destacan los representantes de los sectores logísticos del país, del sector de la aviación civil y de organizaciones del ramo de seguros y fianzas.
La comisión sesionó en forma extraordinaria en dos ocasiones, a fin de desahogar temas relevantes en la materia de transporte marítimo y de aviación civil.
Del 1 de marzo al 30 de junio de 2012 fueron turnados a la comisión 15 asuntos, de los cuales corresponden 5 iniciativas, 7 minutas del Senado de la República y 3 puntos de acuerdo (gráfica 2).
De las 12 minutas e iniciativas recibidas, se dictaminaron las 5 iniciativas recibidas más 9 iniciativas que se encontraban pendientes con anterioridad, para un total de 14 iniciativas dictaminadas; asimismo, se dictaminaron 6 minutas del senado, habiendo cubierto con 167 por ciento del total de iniciativas y minutas turnadas a la comisión en este semestre.
De conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecharon 4 iniciativas por haber precluido el plazo para emitir dictamen; asimismo, de conformidad con el artículo 184 del mismo ordenamiento, se desecharon 6 puntos de acuerdo, los cuales se tienen como asuntos total y definitivamente concluidos desde la conclusión del periodo ordinario de sesiones.
En el semestre de que se informa, la comisión aprobó 11 dictámenes, los que a su vez fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, el trabajo de la comisión se refleja en un promedio de 3 dictámenes por mes en el periodo (gráfica 4):
Los trabajos de la comisión han permitido que del total de asuntos turnados en esta LXI Legislatura por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tengan un avance de 86 por ciento, al llegar a 36 iniciativas atendidas, así como 11 minutas del Senado y el total de las proposiciones con punto de acuerdo que han sido turnadas a la comisión en el encargo de la legislatura han sido atendidas o quedado como asuntos concluidos en acatamiento al Reglamento de la Cámara de Diputados. Lo anterior se resume de la manera siguiente:
III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo
En el marco del programa de trabajo para el tercer año de ejercicio en la LXI Legislatura, los integrantes dedicaron sus esfuerzos de análisis y discusión con objeto de avanzar hacia un marco jurídico acorde con la realidad mundial y las necesidades de nuestro país, que promueva el desarrollo de la infraestructura y del transporte a largo plazo. Para ello, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los trabajos se encaminaron las materias de transporte terrestre por carretera, aéreo y marítimo:
• Se llevaron a cabo para el desahogo de los asuntos competencia de esta Comisión de Transportes, reuniones ordinarias, así como diversas reuniones de trabajo con organizaciones y representantes del sector de seguros y fianzas, así como de la Secretaría de hacienda y Crédito Público para impulsar mejoras en la legislación de caminos, puentes y autotransporte federal que permitiera a todos los usuarios de las vías de comunicación contar con instrumentos de certeza y seguridad patrimonial durante su tránsito por las mismas, buscando que todos los usuarios de caminos y carreteras federales cuenten con un seguro de responsabilidad civil.
• La comisión trabajó para concretar la solución al conflicto que representaban las tarifas de peaje que pagan las motocicletas en las vías de jurisdicción federal, resolviendo que para procurar un trato más justo a los usuarios de esta clase de transporte, se reduzca la tarifa a la mitad de lo que pagan los automóviles.
• La Junta Directiva de la Comisión llevó a cabo diversas reuniones con el propósito de continuar los esfuerzos para reformar la Ley de Puertos y lograr una legislación moderna que derive en procesos transparentes y eficientes para elevar la competitividad de los puertos nacionales y propiciar mejores beneficios para los sectores que dependen de esas actividades.
• De lo anterior, se logró con el esfuerzo conjunto de la Comisión de Marina, aprobar modificaciones a la Ley de Puertos que den certeza a los inversionistas del sector y seguridad al Estado Mexicano en la explotación de terminales de uso particular y público, además de incentivar la participación de los concesionarios, cesionarios y prestadores de servicios de participar en las decisiones en materia de planeación a mediano plazo que se lleguen a tomar dentro de los puertos.
• Se buscó incentivar la inversión con un componente turístico para permitir la diversificación de las actividades que se pueden establecer en las costas y puertos nacionales, abriendo la posibilidad de establecer marinas e instalaciones que atiendan embarcaciones con fines particulares de recreo y deporte, esperando incrementar el dinamismo de la actividad turística y económica del país.
• Por lo que corresponde a la materia de transporte aéreo, la Comisión que informa realizó múltiples trabajos de consulta con el sector de la aviación comercial y privada, así como con los concesionarios de infraestructura aeroportuaria y las autoridades de la aviación civil, dando como resultado un satisfactorio avance en los planteamientos de solución a diversos problemas que enfrenta el sector aeronáutico y deprimen la confianza de los usuarios, todo lo cual representa los principales lastres para el desarrollo y la competitividad del transporte aéreo en México.
• Uno de los primeros elementos en los que se trabajó fue el fortalecimiento de los medios de protección que tienen los usuarios de la aviación comercial para hacer frente a las prácticas de las aerolíneas ante la eventual sobreventa de boletos, cuando esta tiene como consecuencia la denegación del embarque de todos los pasajeros que cuentan con reservación, buscando con ello fortalecer sus derechos y la confianza de los mismos en este medio de transporte.
• Se realizaron diversas reuniones para incluir en la Ley de Aviación Civil, obligaciones de los prestadores del servicio de transporte aéreo que generen seguridad a la población, sujetándose a la rendición de informes a la autoridad que permitan dar seguimiento a la evolución del servicio de transporte y sometiéndose a controles de operación y estado físico y mecánico de los equipos, los cuales deberán cumplir un límite máximo de antigüedad.
• Se buscó que las operaciones aéreas se realicen en condiciones de equidad para todos los prestadores de servicios y con mayor eficiencia, por lo que se modificó la Ley de Aeropuertos para incluir la figura de un tercero que realice la asignación de horarios de despegue y aterrizaje de los aviones en las terminales aéreas y evalúe el desempeño de las operaciones por parte de las aerolíneas, buscando con ello eliminar cargas administrativas para los concesionarios de aeropuertos y que tales asignaciones se lleven a cabo por personal ajeno a éstos, evitando así prácticas colusorias.
• También se llevaron a cabo diversas reuniones con representantes del sector de la aviación con helicópteros, de las asociaciones de aviación privada y de las autoridades en aviación civil, para buscar modificaciones al marco jurídico y administrativo de esta parte importante del transporte aéreo que redunde en el fomento y fortalecimiento de las actividades que se prestan a través del servicio de transporte aéreo particular de forma segura y rentable, en beneficio del aprovechamiento eficiente de la infraestructura y el espacio aéreo nacionales.
IV. Reuniones celebradas
En el semestre de que se informa, la comisión celebró dos reuniones ordinarias y dos extraordinarias.
IV.1. Asuntos tratados en cada reunión
1. 13 de marzo de 2012. De trabajo. Presentación, análisis, discusión y dictamen de
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que las motocicletas paguen el 50 por ciento del peaje que pague un automóvil cuando circulen en autopistas de jurisdicción federal, modificando las disposiciones transitorias para la entrada en vigor de esta medida.
• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, para establecer que la asignación de horarios de despegue y aterrizaje sea determinada por un tercero ajeno al administrador del aeropuerto.
• Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para incrementar el monto que deberá cubrirse como indemnización al usuario de las líneas aéreas comerciales, cuando a consecuencia de la sobreventa de boletos se le niegue el embarque.
• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer la obligación de todos los usuarios de caminos y carreteras de jurisdicción federal de contar con un seguro de daño a terceros.
• Dictamen negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, para establecer que las aeronaves utilizadas por el Estado deben contar con póliza de seguro que ampare los daños que a consecuencia de un accidente, pudieran causar a la población en general.
• Dictamen negativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a restituir a los miembros de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, los espacios de trabajo y los derechos, y a cesar las hostilidades contra ellos.
2. 10 de abril de 2012. En Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina. Presentación, análisis, discusión y dictamen de:
• Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos, para incrementar la certeza jurídica de los inversionistas y procurar un mayor dinamismo de las actividades portuarias en beneficio del comercio nacional.
3. 10 de abril de 2012. Extraordinaria. Presentación, análisis, discusión y dictamen de
• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos, para establecer que la asignación de horarios de despegue y aterrizaje sea determinada por un tercero ajeno al administrador del aeropuerto.
• Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para incrementar el monto que deberá cubrirse como indemnización al usuario de las líneas aéreas comerciales, cuando a consecuencia de la sobreventa de boletos se le niegue el embarque.
4. 25 de abril de 2012. Extraordinaria. Presentación, análisis, discusión y dictamen de
• Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, para establecer obligaciones a los concesionarios de informar a la autoridad sobre la evolución de sus operaciones y sujetarse a una edad máxima para la operación de los aviones.
• Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer la obligación de todos los usuarios de caminos y carreteras de jurisdicción federal de contar con un seguro de daño a terceros, cambiando las disposiciones transitorias para su entrada en vigor.
• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, para incluir la figura de instalaciones náutico-turísticas y fomentar nuevas formas de explotación del potencial turístico de las costas mexicanas.
• Dictamen negativo a dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para incluir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuviera la facultad de disminuir el importe de la tarifa de peaje cuando las autopistas se encuentren en reparación o mantenimiento.
V. Documentos, opiniones e informes generados
V.1. Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Iniciativa presentada por el diputado Alejandro del Mazo Maza, del PVEM, el 25 de mayo de 2011.
Votado en la Comisión de Transportes con 20 votos a favor y 1 abstención, el 20 de septiembre de 2011.
Aprobado en el pleno con 367 votos en pro y 3 abstenciones, el martes 11 de octubre de 2011 y turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 8 de diciembre de 2011 y aprobado por unanimidad de 75 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 28 de marzo de 2012 y aprobado por 265 votos en pro y 1 abstención.
Se remitió al Ejecutivo federal y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012.
Se señala que el pago de la tarifa de peaje por el uso de la infraestructura carretera es necesario, toda vez que los recursos obtenidos por este concepto se utilizan para el pago de la inversión, operación y mantenimiento de las autopistas, con objeto de que el concesionario este? en condiciones de proporcionar un servicio de calidad.
Las tarifas de peaje para cada tipo de vehículo se determinan por los costos derivados de la prestación de servicios carreteros. Los costos de administración, operación (que incluye señalización, comunicación, servicio médico, pintura, grúas, seguros, sanitarios, torres de auxilio, recolección de cuotas, etcétera.) y obligaciones fiscales, son asignados de manera uniforme entre los diferentes tipos de usuarios. Los costos de mantenimiento mayor y menor y los costos de modernización de las autopistas, sin embargo, se asignan por el factor de daño que los vehículos ocasionan a la carpeta asfáltica de las autopistas.
Aunque en la mayoría de los casos el desgaste de las carreteras es proporcional al número de ejes por la relación de éstos con el peso de los vehículos, este argumento no aplica para el caso de las motocicletas, pues éstas cuentan con dos ejes al igual que los automóviles, camionetas pick up y vagonetas, en cuyo caso todos pagan una misma tarifa de peaje, lo que resulta injusto e inicuo.
Pese a que las motocicletas tienen el mismo número de ejes que los autos, pick up y vagonetas, éstas desgastan menos las autopistas, debido a que tienen un peso menor; porque el material de los neumáticos de las motos, al ser más blando, desgasta menos que los neumáticos del resto de los vehículos y porque el área de contacto entre la superficie de las carreteras y los neumáticos de las motos es menor que el área de éstas ?con los neumáticos de los automóviles o vagonetas, lo que reduce en 70 por ciento el área de contacto contra el pavimento, con un peso promedio de 300 kilogramos, mientras que el de un automóvil es de mil 500 kilogramos.
En consideración de lo anterior, se actualiza el marco jurídico para que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal reconozca esos factores y se establezca una tarifa justa para las motocicletas que circulan por las autopistas de nuestro país, la cual será? del cincuenta por ciento de lo que pague un automóvil, dando impulso al turismo nacional e internacional, para todos aquellos viajeros que lo hacen a través de motocicletas, sin contar que también se agilizara? el tránsito en estas vías de comunicación al favorecer el uso de vehículos de menores dimensiones en viajes cortos.
Para tales efectos, se establece un plazo de 180 días para que la secretaría y los concesionarios realicen las modificaciones necesarias a las disposiciones administrativas, al reglamento y a los sistemas de cobro instalados en las casetas, el cual empezará a contar a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
V.2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de seguro a terceros
Iniciativa presentada por el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del PAN, el 12 de octubre de 2010.
Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2012 y aprobado por 268 votos en pro, 11 en contra y 12 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura con dispensa de trámites presentado en la Cámara de Senadores el 24 de abril de 2012 y aprobado por unanimidad de 83 votos. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto aprobado por la Comisión de Transportes el 25 de abril de 2012 y se remitió a la Mesa Directiva.
Se incluyeron en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal nuevas disposiciones a fin de obligar a todos los propietarios de vehículos que circulen por caminos y vías federales para que cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros.
Este seguro garantizará tanto la asistencia médica, como el pago de los daños que se pudieran ocasionar por un accidente vehicular en carreteras federales, lo cual fortalecerá la seguridad en esas vías y acotará los efectos dañinos en la infraestructura carretera, pero sobre todo, dará seguridad a quienes actualmente se encuentran desprotegidos, ya que en la actualidad sólo en 1 de cada 4 casos, el causante del accidente puede cubrir los daños.
Esta propuesta surgió luego de observar que el costo promedio de un accidente vial donde hay lesionados y daños a bienes es de 25 mil pesos, lo cual puede ser catastrófico para una víctima, un conductor, o una familia, provocando que particulares y Gobierno asuman el costo de lesiones, fallecimientos y daños cuando el causante del accidente no cuenta con recursos para pagarlos.
La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo y la verificación de su cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Policía Federal. Sin embargo, aun cuando la autoridad verifique que el vehículo no cuenta con la póliza de seguro a que se refiere la propuesta, la autoridad impondrá la multa correspondiente, que sería cancelada si se demuestra la contratación del seguro en un plazo no mayor de 45 días.
Se estima que esta medida generaría importantes beneficios sociales al liberar alrededor de 121 mil millones de pesos anuales del Presupuesto de Egresos de la Federación que se dedican a cubrir las consecuencias de accidentes viales cuando el causante no cuenta con recursos para hacerlo, y que a partir de la entrada en vigor de esta medida se podrían canalizar a otros programas prioritarios.
Asimismo, se incentiva entre la población la cultura financiera y de previsión, acercando estos servicios a grupos de la población que por su nivel económico han quedado al margen de los sectores financiero y asegurador, lo que permitirá con el paso del tiempo el desarrollo de un mercado más amplio de productos con costos más accesibles para toda la población, donde una inversión anual no mayor a 700 pesos, le brindará protección por responsabilidad civil ante cualquier siniestro.
Para el correcto cumplimiento de la propuesta, se establece que el Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público expidan y modifiquen las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento de la norma, así como para fijar los términos de los contratos de pólizas que garanticen certidumbre en la contratación del seguro, lo cual tendrá que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Tras estas medidas, el decreto correspondiente entraría en vigor en un plazo de ciento ochenta días posteriores.
V.3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil
Iniciativa presentada por la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del PRI, el 6 de octubre de 2011.
Dictamen votado por la Comisión de Transportes el 13 de marzo de 2012 y remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 14 de marzo de 2012.
Declaratoria de publicidad en el pleno de la Cámara de Diputados el 17 de abril de 2012 y publicado como dictamen a discusión en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril de 2012.
La comisión consideró importante reconocer que la sobreventa de boletos de avión es una práctica que tolera el marco jurídico para evitar que las líneas aéreas estén imposibilitadas para vender nuevamente los asientos cancelados, generando un alto índice de asientos vacíos en los vuelos, aún en temporadas y rutas de alta densidad, afectando los intereses de otros pasajeros que no hubieran podido encontrar un asiento cedido a pasajeros que no se presentan a abordar su vuelo reservado.
Es necesario destacar que las líneas aéreas no sobrevenden sus vuelos como una rutina dolosa o como un vicio de mala fe contractual en perjuicio de sus clientes. Más bien, esta medida comercial tiene su fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan a documentar y abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Ello origina una seria afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de manera eficiente, ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se presentan impiden la venta de boletos a otras personas que si desean efectuar el vuelo y hacer uso del mismo servicio, además del asiento vacío que esto representa.
En todo caso, la aerolínea al incurrir en dicha eventualidad debe reintegrar al pasajero el precio íntegro del boleto, además de incurrir en otros gastos destinados a apoyarlo para trasladarlo a su destino y, además pagar una indemnización de 25 por ciento del precio del boleto, lo cual elimina la posibilidad de lucro por la empresa.
Ésta es una práctica comercial generalizada en todos los países del mundo, por lo que en caso de efectuarse en nuestro país alguna limitación al respecto, se generaría un conflicto en la comercialización de la mayoría de las empresas extranjeras que operan en los aeropuertos nacionales, ya que sus legislaciones locales sí lo permitirían, y la finalidad que se persigue con la regulación de esta práctica es fomentar el desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la competencia efectiva, la permanencia, calidad y eficiencia del servicio.
El artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone que los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación del dinero pagado cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o no se proporcione por causas imputables al proveedor.
Sin embargo, la preocupación que existe frente a la vulnerabilidad de los derechos de los usuarios de la aviación comercial y genera una situación que obliga a fortalecer los instrumentos con que cuentan para hacer frente a las malas prácticas comerciales, por lo que se estima conveniente incrementar los costos para las empresas por las ineficiencias que afectan a los pasajeros de los servicios de transporte aéreo, con lo que se busca que los concesionarios tengan incentivos para mejorar sus esquemas de comercialización y sus niveles de operación para prestar un servicio más competitivo y de mejor calidad.
La Comisión de Transportes consideró apropiado incrementar el monto que debe pagar la aerolínea al pasajero cuando, por consecuencia de la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario y esto derive en la denegación del embarque, el monto de la indemnización sea de cien por ciento del costo del boleto, en lugar del actual monto de veinticinco por ciento, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
V.4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aeropuertos
Iniciativa presentada por el senador Fernando Castro Trenti, del PRI, el 28 de octubre de 2010.
Dictamen de primera lectura presentado en la Cámara de Senadores el 13 de diciembre de 2011 y aprobado el 14 de diciembre de 2011 en votación nominal, remitiéndose a esta Cámara de Senadores para los efectos de la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2012 y turnada a la Comisión de Transportes.
Dictamen votado por la Comisión de Transportes el 13 de marzo de 2012 y remitido a la Mesa Directiva el 14 de marzo de 2012.
Declaratoria de publicidad del dictamen el 24 de abril de 2012 y publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen a discusión el 30 de abril de 2012.
La Comisión de Transportes considera que existe actualmente un gran rezago en la oferta de infraestructura aeroportuaria en nuestro país, lo que refleja la necesidad de mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, garantizando un mejor funcionamiento y elevando la competitividad del sector aeronáutico, lo que a su vez propicia la integración regional y el incremento de oferta de servicios aéreos, lo que se ve reflejado finalmente en mejores tarifas y servicios más eficientes para los usuarios de este medio de transporte.
El proyecto busca establecer medidas que garanticen equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los participantes del transporte aéreo, como resultado de la evaluación respecto a su uso y aprovechamiento.
Por ello se establecen reglas y bases generales respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, toda vez que bajo el texto vigente se genera un margen de discrecionalidad por parte de la autoridad, y poca certeza jurídica para los destinatarios de la norma, además de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá realizar verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajuste a lo previsto por la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Los criterios para la asignación de slots a las aerolíneas se complementan con la continuidad del servicio, a fin de evitar que se utilice un criterio incorrecto para asignar los mismos, independientemente del cumplimiento de uso y puntualidad.
También se considera adecuado dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar la concesión tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto. Asimismo, se introduce la obligación a la Secretaría para que solicite a la Comisión Federal de Competencia su opinión sobre las propuestas, la cual deberá de ser tomada en cuenta al momento del fallo.
El otorgamiento de concesiones y de su prórroga se condiciona al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y a que la opinión de la comisión intersecretarial formada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea favorable, con lo que se enriquece la ley y se robustece la revisión y control del otorgamiento de los títulos de concesión velando por la competitividad de los aeropuertos.
El desarrollo y aumento de la capacidad aeroportuaria, así como una mejor calidad en el trasporte aéreo de pasajeros y de carga, son posibles en la medida que se modernice y amplíe la infraestructura con libertad y eficiencia económicas, derivando en el fomento de la competencia entre aeropuertos dentro del mercado regional para atraer un tipo de tráfico específico, así como atraer a prestadores de servicios para que establezcan su base operacional o eje de conexiones logísticas.
La competencia entre aeropuertos en áreas metropolitanas adyacentes es una gran oportunidad para modificar variables de servicio y localización que favorezcan a los usuarios y propicien el desarrollo de infraestructura, ya que el potencial de competencia ha sido demostrado en la experiencia internacional, en la cual los aeropuertos disputan la presencia de líneas aéreas regulares y de aviación general diferenciándose por calidad, costo y diversidad de servicios disponibles en cada uno, lo cual a su vez incentiva mayor inversión en infraestructura aeroportuaria y mejora las capacidades económicas de la región.
Por lo que corresponde a las medidas para evitar supuestas simulaciones por las personas o grupos de personas que adquieran sociedades concesionarias o permisionarias que contravengan la libre competencia o en las que la inversión extranjera, se realice en proporciones contrarias a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera, se requerirá notificar a la Secretaría a fin de que ésta emita la autorización correspondiente. Lo anterior, a reserva de que ya existen medidas en la ley respecto a la inversión extranjera, aclara los términos del procedimiento por el cual se notificará a la Secretaría y sobre la respuesta de ésta a los solicitantes.
Entre los elementos que deben contener los títulos de concesión o permiso se incluye que los servicios que preste el concesionario o permisionario, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, los Tratados Internacionales en la materia suscritos por México, los Reglamentos y demás disposiciones aplicables, con lo cual se estará procurando certeza para el concesionario, pero además, que tales servicios se presten en términos competitivos y de calidad internacional.
Se introducen como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.
Se estima conveniente que en los aeropuertos, el administrador aeroportuario o la persona que el concesionario designe para tales efectos, determine los horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con las bases que fije el reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, señalando en la última parte del enunciado normativo la remisión al Reglamento de la ley de la materia, ya que los criterios y procedimientos para la designación por parte del concesionario de un tercero, para la determinación de horarios de aterrizaje y despegue, se sujetarán a dicha disposición adjetiva. Lo anterior aportaría un marco de eficiencia y transparencia en la asignación de los horarios referidos, así como una mayor consistencia en la aplicación del reglamento y la profesionalización de la labor de asignación.
V.5. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil
Iniciativa presentada por el senador Fernando Castro Trento, del PRI, el 13 de septiembre de 2011.
Dictamen de primera lectura presentado en la Cámara de Senadores y aprobado el 22 de marzo de 2012 por 74 votos. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 27 de marzo de 2012 y turnada a la Comisión de Transportes.
Dictamen aprobado por la Comisión de Transportes en 25 de abril de 2012. Se remitió a la Mesa Directiva el 26 de abril de 2012.
El documento resalta que el transporte aéreo es esencial para el traslado de pasajeros, para la transportación de mercancías y para el fomento de la actividad turística. Por ello, la administración del espacio aéreo mexicano es fundamental para la seguridad nacional y de las aeronaves que surcan en dicho espacio, pues estas son consideradas como medios de transporte muy seguros y eficientes, que permiten elevar la eficiencia y productividad de los agentes económicos.
El sector aeronáutico impulsa la generación de empleo permanente de alta especialización con una inversión de alta rentabilidad social, pues además de impulsar el desarrollo de la industria con un impacto multiplicador en la economía nacional, genera amplios beneficios en la investigación y desarrollo de tecnología aplicada al diseño y fabricación de aviones, la manufactura, el ensamble, la reparación de componentes y el establecimiento de talleres de servicios para mantenimiento de equipo.
Por ello se consideró importante que el sector aeronáutico cuente con políticas de estímulo y fomento, sobre todo en el rubro de aviación comercial, en la industria aeroespacial y en la formación y capacitación de capital humano, así? como en la investigación y desarrollo de la materia aeronáutica, para generar un mercado interno más robusto, generando mayor accesibilidad para aquellas personas que por cuestiones socio-económicas, se abstienen de utilizar el servicio aéreo comercial, por lo que se estarían generando más oportunidades de desarrollo económico, social, turístico y de negocios.
Así, para obtener la prorroga correspondiente a la concesión de que se trate, se condiciona al concesionario a remitir un informe anual sobre los datos técnicos, operativos, administrativos y estadísticos que permitan conocer la forma en que presta el servicio público de transporte aéreo, para que tanto la autoridad, como el público en general que usa el servicio, conozcan la posición operativa de las empresas para tomar decisiones más informadas, lo que se reflejará económicamente en un mejor aprovechamiento de los servicios por parte del público y en la formulación oportuna de políticas que permitan mejorar la calidad de los servicios y asegurar la permanencia y eficiencia del sector en su conjunto.
Por tratarse de un servicio de interés público, éste debe ser brindado a los usuarios en términos de calidad, continuidad y seguridad, siendo este último concepto uno de los más importantes para procurar el aprovechamiento eficiente y la conservación de las vías generales de comunicación.
La Comisión de Transportes estimó importante que el marco normativo limite la antigüedad de las flotas de los concesionarios, al ser un referente obligatorio de la seguridad. En ese sentido, se estima que establecer un máximo de antigüedad a la flota de los concesionarios no necesariamente es un elemento negativo si se atiende a las condiciones particulares de la industria de la aviación que demanda un uso intensivo de capital, lo que a su vez conllevaría notables beneficios no solamente para el concesionario, sino y más importante aún, para la colectividad, el medio ambiente y para el público usuario en general.
Derivado de lo anterior, se considera que existe una necesidad inexorable de modernizar las aeronaves con las que se presta el servicio público concesionado, toda vez que existe la percepción de que en nuestro país son utilizadas aeronaves que tienen un promedio medio o avanzado de su vida útil y que ya no son aceptadas por las aerolíneas de países de mayor desarrollo económico al nuestro, debido a su antigüedad.
Es decir, se corre el riesgo de que nuestro país se convierta en un país al que se destinan aeronaves viejas si esto no es controlado, corriendo el riesgo cada vez mayor de que, por la antigüedad de las aeronaves o mantenimiento deficiente y sin refacciones puedan generarse condiciones negativas para su operación, razón por la cual es necesario establecer en el texto legal la disposición que dé certidumbre a los usuarios del servicio de transporte aéreo de que las aeronaves que se utilizan para brindar el servicio cumplen un rango máximo de edad de servicio y se garantiza la integridad de los pasajeros y la continuidad del servicio, como sucede con otras modalidades de transporte de pasajeros.
El dictamen propone establecer como un requisito para prestar el servicio de transporte aéreo nacional regular, que las empresas cuenten con aeronaves que no rebasen una antigüedad mayor a 25 años desde la fecha de su fabricación, a efecto de que las empresas prevean la renovación de su flota a medida que ésta se va acercando a ese límite.
Además, se establece como causa de revocación de la concesión que las aeronaves rebasen ese límite de antigüedad, buscando con ello asegurar la integridad de los pasajeros y de las operaciones, y con ello la eficiencia y continuidad del servicio de transporte aéreo.
Se incluye como requisito para la obtención del certificado de aeronavegabilidad, además de las pruebas técnicas y requisitos de mantenimiento, el sometimiento de los controles que establezcan las normas oficiales mexicanas que emita la autoridad aeronáutica, pues tanto autoridad como concesionarios se verán obligados a actualizar sus disposiciones administrativas de manera generalizada buscando la eficiencia y seguridad del sector en conjunto y modernizar los procesos de operación y capacitación en la prestación de los servicios, propiciando la mejora constante en la calidad y eficiencia del sector.
V.6. Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos
Iniciativa presentada por los senadores Rogelio Rueda (PRI) y Sebastián Calderón Centeno (PAN) el 28 de abril de 2011.
Dictamen de primera lectura presentado el 29 de septiembre de 2011 y aprobado el 4 de octubre de 2011 por 87 votos. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Minuta recibida en la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2011 y turnada a la Comisión de Transportes. Posteriormente, en sesión del 25 de octubre de 2011, la Mesa Directiva modificó el turno, remitiéndola a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina.
Dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados con 267 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones, el miércoles 25 de abril de 2012.
Se remitió al Ejecutivo federal y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012.
En el dictamen se destaca que desde el inicio del desarrollo del sector marítimo mexicano, la estrategia de modernización ha buscado siempre defender y proyectar nuestra identidad al futuro y alcanzar nuestras metas nacionales con el propósito de elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.
En esa estrategia, el fomento de la infraestructura de comunicaciones y transportes ha sido tarea esencial, ya que ha permitido dar sustento a las políticas de crecimiento y estabilidad económica, integración y desarrollo regional, promoción de empleo, impulso al comercio exterior, atención a las demandas sociales, y fomento industrial y turístico.
La participación del Estado como ente rector del impulso al desarrollo nacional en la creación de infraestructura de comunicaciones y transportes, ha resultado útil para promover la participación de la sociedad en la construcción y operación de la infraestructura, en la medida en que las diferentes acciones son realizadas dentro de un marco regulador claro, moderno y en constante evolución.
Por ello, mediante la Ley de Puertos, el papel del Estado en el sector se desempeña ejerciendo las funciones de coordinación, regulación y vigilancia en un mercado global competitivo, en un marco de libertad, equidad y participación plural, preservando la soberanía en un esquema de legalidad.
El transporte marítimo es uno de los medios de transporte más económicos, con el mejor potencial para desarrollar el comercio internacional de mercancías en el ámbito internacional. Asimismo, este sector le permite a México aprovechar su privilegiada localización geográfica a fin de explotar con mayor eficiencia el amplio litoral de que dispone, tanto en el golfo de México, como en el océano Pacífico y que reúnen más de 11 mil 500 mil kilómetros de costas.
Las terminales marítimas constituyen la ventana comercial hacia el mundo, por lo que la oportuna concurrencia de nuestra producción a los mercados mundiales y el abastecimiento del mercado interno dependen de la eficiencia como valor agregado de los puertos, elemento en el que los costos son un factor decisivo para establecer su competitividad.
Por tal motivo, la participación de los sectores social y privado en las actividades portuarias ha tenido un papel fundamental en la reconfiguración de los puestos nacionales desde 1993, con lo que se ha podido reducir los costos y aumentar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, lo cual sólo se puede lograr en un marco de libertad de contratación, de libre concurrencia y de amplia competencia.
Ante la escasez de recursos para una sociedad que cada vez requiere de más y mejores servicios esenciales, el no contar con la participación de la sociedad civil significaría posponer los proyectos de desarrollo de la infraestructura del transporte, lo cual habría generado una mayor erosión en las finanzas públicas, el crecimiento en el endeudamiento externo y ampliar la brecha de oportunidades entre nuestra sociedad y el resto del mundo.
Las comisiones dictaminadoras también consideraron que los adelantos tecnológicos del comercio marítimo mundial, las dimensiones de las embarcaciones y los volúmenes de carga que se transportan por mar han aumentado, más allá de lo que se estimó en su momento, cuando se formuló la Ley de Puertos que rige tales actividades en nuestro país desde 1993.
Los puertos mexicanos fueron planificados para recibir naves y volúmenes de carga más modestos, por lo que actualmente éstos rebasan la eficiencia de los puertos mexicanos. Situación que hace por demás necesario plantear medidas para impulsar la productividad y competitividad de los puertos mexicanos, enfrentar la competencia internacional y regional, evitando así que otros destinos puedan desplazar a nuestro país de las principales rutas marítimas, a la vez que se otorga certeza jurídica a las inversiones de recursos privados programados para la modernización, expansión y actualización tecnológica de los puertos mexicanos y su infraestructura, reimpulsando al sistema portuario nacional para que se consolide y se desarrolle para estar en aptitud de competir con los países de la región que también cuentan con puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias y que prestan servicios de alta calidad.
Ante tales circunstancias, las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina estimaron oportuno adherirse a las modificaciones de la Cámara de Senadores al marco regulatorio, que dé continuidad y viabilidad al proyecto del desarrollo portuario, concibiendo a este sector como un campo moderno, eficiente y útil en lo social y lo económico, que sentara sus primeras bases hace 18 años.
Entre esos cambios se encuentra la reforma a la fracción V del artículo 2 de la Ley de Puertos para modificar el término “Marina”, para que se entienda que dicho concepto, es el conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua o tierra, destinadas a la organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo o deportivas; lo anterior para delimitar a la oración prescriptiva, ya que actualmente dicha fracción menciona que aparte del conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua y tierra, también se considera parte de la Marina, a la organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo o deportivas.
Por lo que corresponde a las terminales, marinas e instalaciones portuarias clasificadas como Públicas, se amplía el concepto para incluir en este apartado a las terminales de contenedores y de carga en general, por la utilidad que representan en su operación. Asimismo, tratándose de terminales, marinas e instalaciones portuarias que por su uso sean clasificadas como Particulares cuando el titular las destine para sus propios fines, y a los de terceros mediante contrato, deberá estar sujeto a que los servicios y la carga de que se trate sean de naturaleza similar a los autorizados originalmente para la terminal, a efecto de evitar cualquier tipo de simulación jurídica.
En cuanto a las actividades de la autoridad portuaria que recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se deberá fomentar la participación de los distintos sectores y niveles de gobierno en la explotación de puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias y para que impulse la competitividad de los puertos mexicanos en sus instalaciones, servicios y tarifas, atendiendo a los intereses de la nación dando seguimiento a las obligaciones que contraigan derivadas de los títulos de concesión o permisos expedidos de conformidad con las normas aplicables.
Se faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que fomente en los puertos, la prestación de servicios de interconexión de los distintos modos de transporte, propiciando sinergias que abonen a la competitividad y eficiencia de la logística en los puertos, así como fomentar también los servicios de cabotaje en los puertos, mediante los cuales se atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales de manera eficiente.
Se incluye la figura de “autorización”, aplicable para obras marítimas o dragado, y para prever una prerrogativa para los concesionarios o cesionarios de terminales de cruceros y marinas, consistente en que estos puedan celebrar con terceros, previa autorización de la Secretaría, contratos de uso, respecto de locales o espacios destinados a actividades relacionadas con el objeto de su concesión o contrato, con la limitante de que dichos contratos no podrán exceder los términos y condiciones de la concesión o del contrato principal y para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá establecer que los procedimientos para la obtención de concesiones, permisos y autorizaciones que se señalan en el citado artículo, se puedan realizar a través de medios de comunicación electrónica.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de la de Desarrollo Social, será la encargada de otorgar la concesión de la zona federal marítimo-terrestre, toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública, actualmente prevé que la primera secretaría en mención, es la que tiene competencia en esa materia.
Se establece que en los títulos de concesión se encuentren descritos los compromisos sobre áreas, prestación de servicios dentro del puerto, las terminales e instalaciones portuarias para la atención de embarcaciones, personas y bienes relacionados con la navegación de cabotaje o que requieran para su atención y los compromisos relacionados con tarifas, costos y usos necesarios para el cabotaje.
Respecto a los programas maestros de desarrollo portuario, se incluyen las medidas y previsiones que garanticen la eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, las instalaciones para recibir embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los espacios necesarios para los bienes y los servicios necesarios para atención de embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje; asimismo, dicho programa y sus modificaciones serán determinadas de acuerdo al reglamento de la Ley de Puertos y serán elaborados con una visión de 20 años que será revisada cada 5 años y señala las autoridades que junto con la Secretaría de Marina, emitirán opiniones en lo que afecte a la seguridad nacional y a lo que se refiere a la cuestión ecológica, de impacto ambiental y lo que tenga que ver con desarrollo urbano.
Estas reformas resultan procedentes para describir de manera más detallada, cuales instalaciones deberán ser precisadas en los programas maestros de desarrollo portuario y que el mismo y sus modificaciones sean diseñados con una visión de 20 años, con opción de modificarse cada 5 años, para actualizarlo y para lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones portuarias, además de determinar expresamente cuales autoridades podrán emitir opiniones en determinadas materias que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomará en cuenta para emitir la resolución que corresponda al autorizar el respectivo programa maestro de desarrollo portuario.
Se crea un comité de planeación para que conozca del programa, sus modificaciones y la asignación de las áreas, las terminales y los contratos que tengan que ver con la operatividad de los puertos, lo que se traducirá en la oportunidad de mejorar la operación de los puertos y de los servicios que se prestan en ellos y para el crecimiento y desarrollo del sistema portuario. En consecuencia, se derogan las fracciones II y III del artículo 58 de la ley de la materia, donde se establece que el Comité de Operación podrá emitir recomendaciones relacionadas con el programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones, así como con la asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador portuario.
Se autoriza por una sola vez la ampliación del área de las terminales e instalaciones portuarias de uso público, hasta en una posición adicional de atraque con una longitud máxima de 350 metros y sus respectivas superficies terrestres, siempre y cuando existan por lo menos dos terminales o instalaciones portuarias del mismo giro de distintos operadores en un puerto.
Lo anterior cobra relevancia porque, como se comentó, los puertos mexicanos fueron planificados para recibir naves y volúmenes de carga más modestos de los que se reciben en nuestros días, por lo que actualmente éstos rebasan la eficiencia. Esto permitirá que las terminales portuarias sean sujetas a un proceso de reconfiguración y modernización que les permita recibir embarcaciones de última generación y contar con la tecnología adecuada para su atención.
V.7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos (instalaciones náutico-turísticas)
Iniciativa presentada por el diputado Carlos Manuel Joaquín González, del PRI, el 15 de marzo de 2011.
Dictamen votado por la Comisión de Transportes el 25 de abril de 2012. Se remitió a la Mesa Directiva el 26 de abril de 2012.
En el dictamen se reconoce que el turismo náutico cuenta con potencial para convertirse en uno de los segmentos del sector con mejores resultados, ya que México cuenta con litorales idóneos para la actividad y puede ayudar a disminuir el fenómeno de la estacionalidad, a diversificar y cualificar la oferta turística nacional.
El turismo náutico representa una enorme oportunidad de ingresos para nuestra economía, pues representa un segmento de alto poder adquisitivo que genera derrama en otras áreas como la pesca deportiva, avituallamiento, uso de las marinas, entre otras.
México cuenta con instalaciones de primer nivel para brindar servicios de alta calidad y especialización. Según datos de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, en 2008 el turismo náutico generó 12 mil empleos directos y 65 mil indirectos; asimismo, el país cuenta con 6 mil posiciones de atraque y registró una ocupación promedio, entre 2008 y 2010 del 61 por ciento, considerando las marinas en Los Cabos, Cancún-Rivera Maya, Ensenada, Puerto Vallarta, Acapulco, La Paz, Mazatlán, Guaymas-San Carlos, Ixtapa, San Blas, San Felipe, Costa Alegre y Loreto.
El gasto anual por embarcación es de 10 mil dólares, logrando generar una inversión en infraestructura por 11 mil millones de dólares, y con proyectos de inversión para el periodo 2010-2012 de 2 mil millones dólares. De conformidad con el Servicio de Administración Tributaria, de enero a diciembre del 2010 arribaron al país 2 mil 40 embarcaciones que obtuvieron autorización correspondiente.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo indica también que por cada embarcación que permanece se realizan 7.2 viajes al año; la estadía en promedio considerada para los turistas náuticos que arriban navegando es de 17 días y de 7 para los turistas con embarcaciones remolcables, estimándose un gasto promedio por turista en cada viaje, de 2 mil dólares.
Las marinas o muelles flotantes están compuestas por la unión de elementos modulares prefabricados que poseen longitudes determinadas. El ensamblaje entre módulos se suele realizar por contactos a 90º entre los lados extremos de cada módulo o entre extremo y lateral. Por lo general, se unen a la orilla con una rampa que descansa sobre rodillos, para ajustar el movimiento vertical del muelle, el cual suele mantenerse en su lugar por postes verticales incrustados en el suelo bajo el agua o anclado por cables a objetos fijos.
Esta clase de instalaciones se utiliza con frecuencia en los puertos deportivos para pequeñas embarcaciones; este tipo de muelle mantiene una relación vertical fija para que las embarcaciones se aseguren a su estructura, independientemente de las mareas o el incremento de los ríos y lagos; sin embargo, no es adecuado para grandes embarcaciones ya que éstos muelles no son capaces de soportar grandes estructuras.
Uno de los factores que repercute de manera relevante en los índices de competitividad es el factor normativo, y por tanto se requiere contar con un marco jurídico que brinde seguridad a la inversión en turismo y coadyuve con el desarrollo del sector náutico, generando un esquema de modernización normativa, mediante la eliminación de obstáculos legales y operativos.
V.8. Dictamen negativo de dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Iniciativa presentada por el diputado Óscar González Yáñez, del PT, el 25 de noviembre de 2005.
Iniciativa presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del PRD, el 6 de diciembre de 2011.
Dictamen votado por la Comisión de Transportes el 25 de abril de 2012. Se remitió a la Mesa Directiva el 26 de abril de 2012.
Las iniciativas de mérito proponen que el costo del pago de peaje en todos los tramos carreteros que se encuentren en rehabilitación, reparación, o adecuación, no sea cubierto por el usuario hasta en tanto no se haya concluido la obra, y el seguro del viajero continúe vigente en todo momento.
El dictamen reconoce que el esquema de carreteras concesionadas ha posibilitado una asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión, aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan créditos, sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de la concesión.
Esta participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento de importancia para el financiamiento, desarrollo y operación en dicho sector, cuyo objeto ha sido dotar eficientemente al país con vías de comunicación terrestres, elevar la cobertura y calidad de los servicios, y al mismo tiempo generar beneficios sociales. Así, en los últimos años las autopistas y puentes de cuota han contribuido de forma considerable en el desarrollo económico del país, participando en el proceso de integración nacional.
En México, como resultado de la crisis económica de finales de 1994, gran cantidad de empresas afrontaron un escenario de sobreendeudamiento y de insolvencia. Los empresarios que habían realizado inversiones significativas con recursos emanados del sector bancario fueron afectados severamente con esa situación, en particular el sector vinculado al ramo de las concesionarias de autopistas.
El programa de rescate carretero implantado por el Estado como consecuencia de la crisis de 1994-1995 obedeció a la imposibilidad de las empresas concesionarias de cubrir con los ingresos derivados del usufructo de las autopistas, el pago de los créditos bancarios que se originaron para la construcción de las mismas. De conformidad con el decreto que aborda el rescate carretero, la situación económica de las concesionarias llegó a tal grado que no era posible con los ingresos de éstas llegar ni siquiera a cubrir los gastos de mantenimiento, por lo que el rescate tenía como principal objetivo evitar el deterioro de las carreteras concesionadas.
El gobierno federal tomó bajo su custodia las carreteras concesionadas, designando para su preservación y mantenimiento a Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe) e instituyendo el Fondo de Apoyo al Rescate Carretero (FARAC).
Como parte de las modalidades del esquema de funcionamiento del rescate carretero, se plantearon cuatro opciones: la concesión a la iniciativa privada, la bursatilización, la obra pública financiada y la emisión de bonos a largo plazo. Igualmente se consideró la posible bursatilización de nuevos tramos carreteros y que la administración de algunas autopistas quedara en manos de consorcios mixtos, integrados por el gobierno federal, empresas operadoras e inversionistas, que garanticen la rentabilidad a largo plazo y saneen las finanzas públicas.
Además, se constituyó el Fideicomiso 1936, en el que participa como institución fiduciaria y fideicomitente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y se le expidió la concesión para explotar las 23 carreteras objeto del rescate. En tal virtud, se estableció que dichas carreteras se destinarían al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública vigilaran el cumplimiento de dicho rescate.
Las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el Estado y que han sido entregadas a Capufe para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza la tarifa; para el caso de las autopistas manejadas por el FARAC, es el Comité Técnico del fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas. Por tal motivo, las propuestas descritas con anterioridad no resultan adecuadas, ya que no sólo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la única instancia encargada de determinar las tarifas para el conjunto de las autopistas del país.
Entre los esfuerzos por materializar las inversiones necesarias para el desarrollo de la infraestructura carretera que nuestro país demanda, las empresas trabajaron con créditos bancarios locales de corto y mediano plazos, a tasas de interés variable, mientras los plazos de concesión fueron reducidos, impidiendo la recuperación de la inversión en la coyuntura de un ciclo económico recesivo.
Las obligaciones del FARAC son autofinanciables, ya que éstas se cubren con los ingresos generados por los peajes de las carreteras que administra el propio Fideicomiso, por lo que no se requieren apoyos del Gobierno Federal vía transferencias.
Derivado de lo anterior, las tarifas de peaje han sido establecidas en niveles elevados para optimizar los ingresos, pues de lo contrario, se corre el riesgo de poner en peligro la suficiencia presupuestal de la federación para procurar mediante el FARAC el saneamiento financiero de las carreteras y asegurar la viabilidad de la economía nacional que depende en gran medida del impulso a las vías de comunicación terrestre.
Adicionalmente, de darse una disminución en las cuotas de peaje, serían afectados los recursos que reciben los municipios en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los ingresos de la federación por concepto de aprovechamientos considerados en la Ley de Ingresos de la Federación.
Sobre el particular, debe cumplirse el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
En consecuencia, se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizaría la compensación de ingresos. De no ser así, se correría el riesgo de que se aprobara la medida sin contar con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para su cumplimiento, o que se tuvieran que afectar otros programas prioritarios.
V.9. Dictamen negativo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil
Iniciativa presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD, el 18 de enero de 2012.
Dictamen negativo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2012.
La iniciativa original propone incluir que en caso de accidente, el Estado pueda resarcir los daños ocasionados a terceros por las aeronaves de su propiedad, para lo cual, deberán contar con una póliza de responsabilidad civil que ampare estas eventualidades.
El dictamen considera improcedente la propuesta en razón de que la reparación del daño que llegara a causarse con motivo de la operación de una aeronave del Estado, corresponde realizarla al operador aéreo, siendo éste el propietario o poseedor de la aeronave del Estado de que se trate en los términos del artículo 2, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, pero no debe efectuar dicha indemnización el Estado en su carácter de autoridad como lo plantea la iniciativa de mérito.
La reforma planteada es innecesaria, pues en términos de la Ley de Aviación Civil y del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, ya existe la obligación para los operadores de aeronaves de resarcir el daño que sus aeronaves llegaran a causar a terceros. Para ello, los operadores aéreos están obligados a contratar seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, siendo a través de dichos seguros que se realiza el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Tampoco se considera acertada la propuesta de incluir en la definición de accidente a personas que se encuentren fuera de la aeronave, toda vez que daría lugar a un concepto ambiguo y muy amplio, en una disposición que tiene por objetivo la prevención e investigación de accidentes e incidentes de aviación, mas no para la reparación de daños a consecuencia de estos.
V.10. Dictamen negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a restituir a los miembros de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, los espacios de trabajo y los derechos, y a cesar las hostilidades contra ellos
Proposición presentada por el diputado Gerardo Sánchez García, del PRI, el 13 de diciembre de 2010.
Votado en la Comisión de Transportes por 17 votos a favor y 1 abstención el 13 de marzo de 2012.
Aprobado en el pleno en votación económica, el 28 de marzo de 2012. Se tiene como asunto total y definitivamente concluido.
Con el argumento de evitar prácticas monopólicas en la prestación del servicio de taxis, se permitió la presencia de diversas empresas, con lo que se creó una situación de desorden, así como un desmedido crecimiento del padrón vehicular y saturación de los espacios en la central para recibir casi 2 mil unidades.
La decisión de aumentar el número de empresas que prestan el servicio terrestre en el aeropuerto se debió a una recomendación realizada por la Comisión Federal de Competencia, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de taxis y establecer tarifas más competitivas en beneficio del usuario. A Sitio 300 se le venció su contrato de 10 años y se le renovó.
Se mantuvo la propuesta a los integrantes de Sitio 300 para que firmaran un contrato por 10 años, sin exclusividades, renovable por un periodo similar. La finalidad no estribaba en retirar al Sitio 300, sino incorporarlos legalmente al servicio.
Finalmente, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el Sitio 300 firmaron un convenio colectivo el 7 de septiembre de 2010, e iniciaron las firmas de los convenios individuales correspondientes a cada uno de los asociados a Sitio 300.
Luego de formalizar sus respectivos convenios, los taxistas ya se encuentran trabajando normalmente en ambas terminales, e incluso celebraron los correspondientes contratos de arrendamiento a efecto que pudieran disponer de espacios comerciales para vender los boletos de sus servicios en igualdad de condiciones que todas las demás agrupaciones.
Derivado de lo anterior, la problemática de Sitio 300 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha quedado solucionada y, en consecuencia, el objeto de la proposición quedó atendido.
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a restituir a los miembros de Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, AC, los espacios de trabajo y los derechos, y a cesar las hostilidades contra ellos, a cargo del Diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 13 de diciembre de 2010.
Segundo. Archívese este asunto como total y definitivamente concluido.
VI. Subcomisiones o grupos de trabajo integrados
Para el correcto desempeño de su encargo, desde su instalación, la comisión acordó integrar siete subcomisiones, que se ocupan del análisis de asuntos específicos en el desarrollo del transporte del país, las cuales se establecieron atendiendo al interés de cada legislador respecto a una modalidad del transporte, así como a su experiencia profesional y procedencia regional. Las subcomisiones son éstas:
1. De Autotransporte Federal y Transporte Multimodal
Integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, José Antonio Arámbula López, Alfredo Rodríguez Dávila, Guillermo Cueva Sada, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González, Carlos Martínez Martínez, Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo, Ifigenia Martínez y Hernández, Ángel Aguirre Herrera.
2. De Transporte Marítimo y Portuario
Integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, Carlos Martínez Martínez, Ifigenia Martínez y Hernández, Adolfo Rojo Montoya, Óscar Román Rosas González, César Mancillas Amador.
3. De Transporte Ferroviario
Integrantes: Benjamín Clariond Reyes Retana, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Sergio Lobato García, Ifigenia Martínez y Hernández, Carlos Martínez Martínez, Silvio Lagos Galindo, Alfredo Rodríguez Dávila.
4. De Transporte Aéreo y Aeropuertos
Integrantes: Benjamín Clariond Reyes Retana, Paula Angélica Hernández Olmos, José Antonio Arámbula López, Alfredo Rodríguez Dávila, Guillermo Cueva Sada, Silvio Lagos Galindo.
5. De Infraestructura Norte
Integrantes: Samuel Herrera Chávez, Hugo Héctor Martínez González. Celia García Ayala, Adolfo Rojo Montoya, César Mancillas Amador, Francisco Arturo Vega de la Madrid.
6. De Infraestructura Centro
Integrantes: Paula Angélica Hernández Olmos, José Antonio Arámbula López, Guillermo Cueva Sada, Sergio Octavio Germán Olivares, Ignacio Téllez González, Francisco Lauro Rojas San Román, Samuel Herrera Chávez.
7. De Infraestructura Sur
Integrantes: Nicolás Bellizia Aboaf, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Sergio Lobato García, Óscar Román Rosas González, Carlos Martínez Martínez, Ángel Aguirre Herrera, Silvio Lagos Galindo, Cuauhtémoc Salgado Romero.
VII. Aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración a la comisión
En el periodo, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados asignó a la comisión una dotación mensual de 35 mil 880 pesos para apoyar su operación, monto que se aprueba anualmente por la Junta de Coordinación Política, de conformidad con el presupuesto autorizado a la Cámara.
Este presupuesto es utilizado por la comisión para apoyar la preparación de eventos y reuniones de junta directiva y plenarias, audiencias y consultas con los sectores sociales interesados en el sector, con lo que ha sido posible también, contar con los servicios de alimentación.
Se dispone de un fondo fijo, el cual representa una cantidad específica asignada a la comisión por 9 mil 360 pesos. Se entrega mensualmente y está sujeto a comprobación. Este monto lo determina la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración y se repone mensualmente.
La partida mencionada se destina principalmente a apoyar las actividades del personal administrativo de la comisión por medio de la compra de materiales y suministros que se requieren para el buen desempeño de sus actividades.
Además, como una contribución para facilitar y apoyar el desarrollo de la tarea legislativa, la comisión recibe un apoyo mensual en vales para alimentos por 5 mil 440 pesos, cuyo monto autoriza la Junta de Coordinación Política y que han sido utilizados para la compra de alimentos para el personal que labora en esta comisión, compra de papelería y otros gastos menores.
Nota
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Celia García Ayala, Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Rodolfina Gatica Garzón (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo, César Mancillas Amador, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), César Augusto Rodríguez Cal y Mayor, Leobardo Soto Martínez, Ignacio Téllez González, Ricardo Urzúa Rivera, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
De la Comisión Especial del Café, final de actividades correspondiente al periodo 2010-2012
I. Fundamento legal
En cumplimiento a los artículos 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 58 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y de los Comités de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial del Café de la LXI Legislatura presenta su informe final de actividades legislativas correspondiente al periodo 2010-2012.
II. Introducción
El artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos define a las comisiones como órganos constituidos por el pleno “que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. Para cumplir con tal encomienda se constituyen al interior de la Cámara de Diputados comisiones ordinarias, especiales y de investigación.
En razón de lo anterior, en sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de fecha 10 de diciembre de 2009, fue aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean comisiones especiales, entre ellas la Comisión Especial del Café, la cual fue instalada formalmente el 16 de febrero de 2010, dando inicio a su quehacer legislativo.
En su primer reunión ordinaria se propuso un programa anual de trabajo cuyo objetivo fundamental es estructurar la agenda legislativa de la comisión, de conformidad con las facultades y competencias que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, teniendo como misión:
III. Integrantes de la Comisión Especial del Café
Diputados: Carlos Martínez Martínez, presidente; Margarita Liborio Arrazola, Luis Hernández Cruz, secretarios; José Óscar Aguilar González, Roberto Armando Albores Gleason, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Alba Leonila Méndez Herrera, Mendoza Sánchez María de Jesús, Silvia Isabel Monge Villalobos, María Isabel Pérez Santos, José Francisco Yúnes Zorrilla.
*Con fecha 28 de octubre de 2010, la presidencia de la Mesa Directiva comunicó la modificación en la integración de la comisión en la que se dio de alta a la diputada María de Jesús Mendoza Sánchez en sustitución del diputado Guillermo Zavaleta Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por fallecimiento.
*Con fecha 13 de septiembre de 2011, la presidencia de la Mesa Directiva comunicó que causaba baja de la Comisión Especial del Café el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa.
IV. Reuniones de Trabajo
a. Reunión de instalación
Fecha: 16 de febrero de 2010.
Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro.
1. Lista de asistencia y presentación de los s.
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura del orden del día.
4. Intervención y declaración formal de instalación; a cargo del diputado Carlos Martínez Martínez, presidente de la comisión.
5. Intervención a cargo de los legisladores s.
6. Asuntos generales.
7. Clausura y cita.
b. Primera reunión
Fecha: 25 de febrero de 2010.
*No hubo quórum, por lo que se consideró reunión de trabajo.
Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de instalación.
4. Presentación de propuestas para la elaboración del programa anual de trabajo.
5. Asuntos generales.
c. Primera reunión plenaria
Fecha: 16 de marzo de 2010.
Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.
5. Avances del PEF-2010.
6. Propuesta del PEF-2011.
7. Asuntos generales.
d. Segunda reunión plenaria
Fecha: 25 de agosto de 2010.
Lugar: Palacio Legislativo de San Lázaro.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo.
5. Avances del PEF-2010, presentación a cargo del ingeniero Simón Treviño Alcántara.
6. Propuesta del PEF-2011, presentación a cargo del doctor Héctor Gabriel Barrera Nader.
7. Asuntos generales.
Invitados asistentes: senador Adolfo Toledo Infanzón, ingeniero Simón Treviño Alcántara, doctor Héctor Gabriel Barreda Nader, Tomás Baños Baños, Marcelo Herrera Fernando Celis Callejas, ingeniero Ramón Huerta Rivera, Cruz José Arguello Miceli, José Julio Espinoza Morales, Javier Galván Suenaga, Rodolfo Trampe, Félix Martínez Carrera, Juan Martínez del Campo, José Luis Romero Fernández, Francisco Piedragil Ayala, Jorge Cisneros Salas, Aristeo Ortega Vargas, Luis Galguera Scheremberg, Luis Mario Cortes J, Balbino Ramírez Flores, ingeniero Gaudel García Orozco, José Luis Tejeda Colorado, Tiburcio Bustos Lechuga, Vanessa Zeferino Teofilo, Alfredo Cano Martínez, Anselmo Mata, Edi Manuel, Manuel Higuera Sánchez, ingeniero Luis Antonio Ceballos Constantino, ingeniero Martín Gordillo, Dionicio Murillo Espinoza, doctor Gerardo Hernández Martínez, licenciado Manuel Peñaloza Pérez, Felipe Santiago Ramírez Lance, Rafael Pérez Cárdenas, Sergio Mendoza Domínguez, Irving López Rangel, Samuel García Ramos.
e. Reunión extraordinaria del Comité Estatal del Sistema Producto Café Veracruz
Fecha: 4 de octubre de 2010.
Lugar: Xalapa de Enríquez, Veracruz.
Convocó: ingeniero Carlos Alberto Hernández Sánchez, representante gubernamental, delegado de la Sagarpa y el ingeniero Alfredo Cano Martínez, representante no gubernamental Sistema Producto- Café de Veracruz.
Objetivo: Revisar las propuestas en torno al proyecto de presupuesto 2011.
Asistentes: doctor Héctor Gabriel Barreda Nader, representante no gubernamental nacional SP- Café; ingeniero Carlos Alberto Hernández Sánchez, representante gubernamental de la Sagarpa; doctor Evaristo Ovando Ramírez, secretario técnico de la Invederp; ingeniero Alfredo Cano Martínez, representante no gubernamental Sistema Producto Café Veracruz; Angelino Espinoza Mata, presidente de Avercafé, AC; Cirilo Elotlán Díaz, representante de los productores, contador José Julio Espinoza Morales, Consejo Estatal de Productores de Café; licenciado Francisco Faus Sotelo, representante de los exportadores y beneficiadores; ingeniero José Julio Solís Guerrero, Representante de los PSP; entre otros. Por Amecafé asistió el licenciado Rodolfo Trampe Taubert.
Temas: presentación por temas para el Proyecto de Presupuesto 2011.
f. Simposio Cafetalero.
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2010.
Lugar: Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Convocó: El Sistema Producto Café Nacional y el Comité Estatal Sistema Producto Café Oaxaca.
Objetivo: Que los legisladores s de la Comisión Especial del Café escuchen y analicen las propuestas de los productores de café del estado de Oaxaca, en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.
Ponentes: diputado Cruz López Aguilar; doctor Víctor Manuel Fernández Orduña.
Temas: Ley para el Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura Nacional, Política Cafetalera y Presupuesto Café-2011.
Participantes: diputados s de la Comisión Especial del Café; delegado de la Sagarpa en Oaxaca, ingeniero Edgar Guzmán Corral; representante gubernamental estatal y director general del Consejo Estatal de Café en Oaxaca; licenciado Tomás Baños Baños; presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, C.N.C; doctor Héctor Gabriel Barreda Nader; representante no gubernamental y presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños, AC; Luis Calguera Scherember; director general de Fomento a la Agricultura de la Sagarpa; coordinador ejecutivo de la Asociación Mexicana del Café, licenciado Rodolfo Trampe Taubert y organizaciones cafetaleras del estado de Oaxaca.
g. Foro Café sobre la política cafetalera
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2010.
Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Convocó: El Comité Nacional Sistema Producto Café y el Sistema Producto Café del Estado de Chiapas.
Objetivo: Exponer temas de alto interés para el sector cafetalero en Chiapas.
Ponentes: doctor Héctor Gabriel Barreda Nader, representante no gubernamental del Comité Nacional de Sistema Producto Café y presidente de la Unión Nacional de Productores de Café,; diputado de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados; doctor Víctor Manuel Fernández Orduña y licenciado Rodolfo Trampe Taubert.
h. Sesión de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC.
Fecha: 15 de diciembre de 2011.
Lugar: Oficinas de la Amecafé.
Invitación para asistir a la 14 sesión del Comité Nacional del Sistema Producto Café.
i. Foro/taller sobre Reglas de Operación 2011.
Fecha: 19 y 20 de enero de 2011.
Lugar: Hotel Holiday Inn Parroquia.
Ciudad de México.
La Asociación Mexicana del Café y el Sistema Producto Café invitaron al foro Diseño de Estrategias para la Innovación y la Productividad en el Sector Café.
Objetivo: Conocer detalladamente las características de la Reglas de Operación de los Programas de Sagarpa que inciden en el sector café, durante el ejercicio fiscal 2011.
Proponer estrategias que garanticen un aprovechamiento integral de los recursos presupuestales etiquetados para el sector café.
Delinear acciones para el logro de una mayor productividad de la cadena productiva.
j. Tercera reunión plenaria.
Fecha: 22 de febrero de 2011.
Lugar: Palacio Legislativo.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Bienvenida y presentación de las diputadas Bélgica Nabil Carmona Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRD, y María de Jesús Mendoza Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, como s de la comisión.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
5. Presentación de la candidatura del licenciado Rodolfo Trampe Taubert como aspirante a la dirección ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), propuesta por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
6. Información de las mediaciones realizadas para que se incrementara y etiquetara el presupuesto de 2011 de la rama productiva del café.
7. Presentación del programa anual de trabajo.
8. Exposición sobre el tema de la cafeticultura, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola.
9. Principales retos de la comisión durante 2011.
10. Asuntos generales.
k. Asistencia al 106 periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café.
Fecha: 29 al 31 de marzo de 2011.
Lugar: Londres, Inglaterra.
Los diputados Carlos Martínez Martínez, y José Óscar Aguilar González, presidente, e , respectivamente, asistieron a estas reuniones de trabajo.
Asimismo la comitiva asistió en apoyo a la presentación de la candidatura, a propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores del licenciado Rodolfo Trampe Taubert, para presidir la Organización Internacional del Café, con sede en Londres.
l. Cuarta reunión plenaria
Fecha: 13 de abril de 2011.
Lugar: Palacio Legislativo.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
4.- Presentación de los trabajos realizados para el sector, por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a cargo del doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, director general.
5. Preguntas y respuestas.
6. Presentación del status que guarda el Padrón Nacional Cafetalero a cargo del sociólogo Pedro Díaz de la Vega García, director general del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
7. Preguntas y respuestas.
8. Conclusión de las presentaciones.
9. Asuntos generales.
m. Reunión con el subsecretario de Agricultura
Fecha: 25 de abril de 2011.
Lugar: Oficinas centrales de la Sagarpa.
n. Reunión de trabajo con el subsecretario de Agricultura, licenciado Mariano Ruíz Fúnez.
ñ. Reunión de trabajo con la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo.
Fecha: 7 de junio de 2011.
Lugar: Palacio Legislativo.
Esta reunión fue convocada por el diputado Federico Ovalle Vaquera a todas las comisiones relacionadas con el campo, se contó con la asistencia del doctor John Scott Andretta, investigador del CIDE y el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
o. Reunión intersecretarial de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo
Fecha: 9 de agosto de 2011.
Lugar: Palacio Legislativo.
Esta reunión fue convocada por el diputado Federico Ovalle Vaquera a todas las comisiones relacionadas con el campo, asistieron funcionarios de AMSDA y de la FAO, además de funcionarios de las secretarias de Reforma Agraria y de la Sagarpa.
p. Asistencia a la ceremonia de premiación y a la exhibición de cafés participantes en el premio Cosecha a la Calidad del Café de México .
Fecha: 1 de septiembre de 2011.
Lugar: World Trade Center de la Ciudad de México.
Este evento fue convocado por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC.
q. Quinta reunión plenaria
Fecha: 21 de septiembre de 2011.
Lugar: Palacio Legislativo.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
4. Propuesta del PEF-2012, presentación a cargo del doctor Héctor Gabriel Barrera Nader.
5. Asuntos generales.
En esta reunión se contó con la asistencia del licenciado Rodolfo Trampe Taubert, coordinador ejecutivo del Amecafé.
r. Asistencia a la 107 sesión de trabajo del Consejo Internacional del Café.
Fecha: 26 al 30 de septiembre de 2011.
Lugar: Londres, Inglaterra.
Los diputados Carlos Martínez Martínez, Luis Hernández Cruz y José Óscar Aguilar González, presidente, secretario e integrante, respectivamente, asistieron a estas reuniones de trabajo.
Asimismo la comitiva asistió para apoyar la candidatura, a propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del licenciado Rodolfo Trampe Taubert, para presidir la Organización Internacional del Café, con sede en Londres.
s. Taller Empresarialidad de la Cadena Productiva y Análisis de Reglas de Operación.
Fecha: 9 de diciembre de 2011.
Lugar: Hotel Loma Real, Tapachula, Chiapas.
Organización a cargo de la Comisión Especial del Café, el Sistema Producto Café Nacional, se contó con la asistencia del director ejecutivo del Amecafé, licenciado Rodolfo Trampre Taubert, del director general de la Comcafé en Chiapas, ingeniero Horacio Domínguez Castellanos; del presidente de la Comisión del Café del Congreso de Chiapas, diputado Vicente Méndez Gutiérrez, así como el representante de la Sagarpa, ingeniero Guillermo Zavala.
Recursos Asignados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a los 12 estados cafetaleros para el programa Renovación de Cafetales (200 millones etiquetados)
Asignación Considerado en
por fórmula Anexo de Ejecución
Estado (Pesos) (Pesos)
Chiapas 53, 795,879 44, 254,195
Colima 4, 417,579 3, 313,184
Guerrero 11, 294,217 8, 470,663
Hidalgo 10, 126,538 6, 873,000
Jalisco 4, 558,826 75,000
Nayarit 6, 714,428 2,796,674
Oaxaca 30, 139,051 24, 076,967
Puebla 21, 233,169 3, 000,000
Querétaro 4, 010,333 -
San Luis Potosí 7, 608,998 7, 650,000
Tabasco 4, 165,811 283,500
Veracruz 31, 935,171 25, 376,484
Total 190, 000,000 126, 169,667
Recursos Asignados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a los 12 estados cafetaleros para el programa Renovación de Cafetales (200 millones etiquetados)
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Componente: Activos Productivos
Concepto de Inversión: Renovación de Cafetales.
2011 PEC: 200.0.
PPEF-2012: —-
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 65.20
Componente: Manejo Postproducción,
Concepto de Inversión: Proyectos de Valor Agregado
2011 PEC: 40.0.
PPEF-2012: —-.
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 41.2
Componente: Tecnificación del riego.
Concepto de Inversión: Trópico húmedo.
2011 PEC: 30.0.
PPEF-2012: —-
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 100.0.
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario, Procampo para Vivir Mejor
Componente: Fomento Productivo del café.
Concepto de Inversión: Fomento Productivo.
2011 PEC: 250.0.
PPEF-2012: 250.0.
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 350.0.
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Componente: Innovación, Transferencia de Tecnología.
Concepto de Inversión: Innovación Tecnológica
2011 PEC: 50.0.
PPEF-2012: —-
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 20.0.
Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información
Componente: Promoción de Exposiciones y Ferias.
Concepto de Inversión: Promoción.
2011 PEC: 40.0.
PPEF-2012: —-
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 20.0.
Componente: SNIDRUS.
Concepto de Inversión: Padrón Cafetalero.
2011 PEC: 30.0.
PPEF-2012: —-.
Presupuesto publicado en la Gaceta-2012: 30.0.
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
Componente: Garantías .
Concepto de Inversión: Fondo de Garantías e Inversión para el Desarrollo Frutícola y Café.
2011 PEC: 150.0.
PPEF 2012: —-.
Presupuesto publicado en la Gaceta 2012: —-
Competitividad de las Ramas de Producción (Programa nuevo).
Componente: Agrícola Competitividad de las Ramas Estratégicas.
Concepto de Inversión: Café.
2011 PEC: —-.
PPEF 2012: —-.
Presupuesto publicado en la Gaceta 2012: —-.
Totales
2011 PEC: 790.0.
PPEF-2012: 250.0.
Presupuesto publicado en la gaceta: 2012: 626.4.
Mesa directiva de la Comisión Especial del Café
Diputados: Carlos Martínez Martínez, presidente (rúbrica); Margarita Liborio Arrazola, Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios.
De la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, final de actividades
I.a) Relación de programas de trabajo anuales
1. Del periodo febrero de 2010-marzo de 2011;
2. Del periodo 1 de marzo-31 de agosto de 2011; y
3. Semestral de actividades del periodo septiembre de 2011-febrero de 2012.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 166 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los que se establecen los lineamientos sobre el contenido y la forma que deberán observar las comisiones para la elaboración y presentación del informe final, la especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera rinde el correspondiente al periodo de la fecha de instalación formal, del 25 de febrero de 2010 al 31 de julio de 2012, del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura.
Con fecha 23 de septiembre de 2009, el diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, presentó un punto de acuerdo donde solicitaba a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial para atender los asuntos relativos a la agroindustria azucarera.
El pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 10 de diciembre de 2009, aprobó la constitución de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera. Formalmente instalada el 25 de febrero de 2010, quedó presidida por Tomás Carrillo Sánchez, quien a partir del 30 de noviembre solicitó licencia para separarse del encargo.
En la sesión celebrada el 22 de febrero de 2011, el pleno designó como presidente a Patricio Chirinos del Ángel, quien asumió formalmente el 25 de febrero de 2011.
Las acciones y los objetivos de la comisión, que se cumplieron y que se presentan en este informe final, son producto de la dedicación y entrega de los integrantes, quienes siempre privilegiaron un ambiente de trabajo, compañerismo, respeto y cooperación para producir acuerdos satisfactorios en beneficio de la industria azucarera.
Sin embargo, es necesario reconocer que hay pendientes por cumplir en el desarrollo sustentable de la agroindustria, pilar fundamental de la agricultura y la alimentación de México.
Informe
I. Datos generales
a) Nombre:
Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera.
b) Periodo del informe
25 de febrero de 2010 a 31 de julio de 2012.
c) Fundamento legal
Artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 166 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los que se dispone la obligación de las comisiones de rendir un informe final de actividades.
d) Junta directiva
Patricio Chirinos del Ángel (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente; Fernando Santamaría Prieto (Partido Acción Nacional, PAN), José Luis Álvarez Martínez (PRI), Óscar Lara Salazar (PRI), secretarios.
En atención de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 166 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el informe deberá incluir y señalar con detalle lo siguiente:
I. Relación de actividades realizadas y su correspondiente documentación soporte de los archivos generados:
a) Relación de programas de trabajo anuales;
b) Relación e informes semestrales y final entregados;
c) Reuniones celebradas, con la mención también de las que no se realizaron por falta de quórum, actas, listas de asistentes y de ausentes, dictámenes, resoluciones o acuerdos tomados en cada una de ellas, así como sentido del voto de los integrantes, en el caso de que corresponda;
d) Subcomisiones o grupos de trabajo integrados, con el señalamiento del objeto y cumplimiento de sus tareas;
e) Resumen de comparecencias, reuniones o entrevistas celebradas con servidores públicos, con la especificación del objeto y de las conclusiones;
f) Relación de los asuntos que fueron dictaminados o resueltos (iniciativas, minutas, proposiciones con puntos de acuerdo) documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia;
g) Viajes oficiales de trabajo, precisando objeto, diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados;
h) Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;
i) Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas;
j) Resumen de otras actividades desarrolladas por la comisión o comité, como foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias;
k) Movimientos de personal, señalando su causa;
l) Información relativa a la asignación, custodia y condiciones de los vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles y, en general, de todos los recursos materiales que les provea el Comité de Administración; y
m) Información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración.
II. Compromisos y actividades pendientes o en proceso de atención. Señalar con precisión el número de expedientes y asuntos pendientes por resolver, distinguiendo:
a) Iniciativas y estado que guardan;
b) Minutas y estado que guardan;
c) Oficios, comunicaciones y solicitudes pendientes de atender o resolver y el estado que guardan en lo particular;
d) Bases de datos en formato electrónico, señalando la información que contienen y la fecha de la última actualización;
e) Asuntos pendientes de conclusión o resolución, indicando el estado que guardan y, en este caso, plazo limite para su atención; y
f) Informes o reportes pendientes de elaborar.
III. Expedientes y archivo
Todos los documentos e información (expedientes y archivos físicos o en otro formato) que se integren al informe que emita cada comisión o comité deberán ser relacionados con el mayor detalle, claridad y precisión, de tal forma que al momento de la entrega a la siguiente legislatura se otorguen las mejores condiciones para dar continuidad a los trabajos que, en su caso, queden pendientes.
I.b) Relación de informes semestrales
1. De febrero a noviembre de 2010;
2. Del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio, 1 de marzo-31 de agosto de 2011;
3. Del 1 de septiembre de 2011 al 29 de febrero de 2012; y
4. Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012.
1. Presentación
La Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que honrosamente presido, presenta ante el pleno el informe de trabajo que con el concurso de todos sus miembros, se llevaron a cabo en el año próximo pasado en este órgano legislativo.
El documento que hoy presentamos refiere de manera sucinta a las actividades de la comisión y se ajusta al mandato legal contenido en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás relativos y aplicables al caso; y en correspondencia con lo establecido en los artículos 158, inciso III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala entre las actividades de las comisiones legislativas, elaborar informes semestrales.
Con sustento en lo anterior se presenta este documento, que contiene un inventario de las actividades que llevaron a cabo los miembros de la comisión.
Muchas de las acciones que se presentaron en el programa de trabajo de la comisión fueron realizadas, y son producto de la dedicación y entrega de los integrantes.
Empero, es necesario reconocer que tenemos pendientes de cumplir en este órgano legislativo, crucial en el desarrollo y el estado real que guarda la industria azucarera en México.
En los trabajos que realizamos en este primer esfuerzo de la comisión, los integrantes siempre privilegiaron un ambiente de trabajo, compañerismo, respeto y cooperación para producir acuerdos satisfactorios al entorno integral de la industria azucarera.
Fuera de toda postura partidista, ideológica o personalista, se dispensó la razón de la congruencia y el sentido pluripartidista que contiene esta comisión; velar por los intereses y las necesidades de la sociedad, y en particular de la industria azucarera, fue la constante del trabajo que hoy presentamos.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el análisis de la problemática de la agroindustria azucarera en el país y relacionada con las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en detrimento de la agroindustria azucarera, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) a c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano; que el azúcar como producto es un bien de consumo necesario por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización son de interés público.
La producción promedio es de actualmente 4.9 millones de toneladas de azúcar con la molienda de 42.5 millones de toneladas de caña. Esta actividad representa el 11.6 por ciento del valor del sector primario, y 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero, generando más de 450 mil empleos directos, y beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.
El cultivo de la caña representa 745 mil hectáreas, de las cuales 663 mil abastecen a 54 ingenios de 15 estados cañeros. Es por tanto una actividad de alto impacto en 227 municipios, donde habitan 12 millones de mexicanos.
La agroindustria azucarera sigue manteniéndose como un referente en el sector agrario nacional, producto del esfuerzo de toda la cadena productiva que va desde los abastecedores de caña hasta los industriales que fabrican el endulzante para llevarlo listo a los supermercados y las demás industrias que lo usan como insumo.
En el país no ha sido nada fácil esta situación, lo que llevó al cierre de 3 ingenios para este año: de los 57 que operaron el ciclo anterior se pasó a sólo 54.
Sin embargo, los que nos encontramos inmiscuidos en esta agroindustria hemos dado nuestro mayor esfuerzo en aras de mejorar nuestra producción de caña de azúcar, a pesar de las adversidades climatológicas y de las condiciones económicas.
Para este año, los resultados a escala nacional han sido difíciles; los productores de caña nos hemos enfrentado a los altos precios a niveles que nunca habían estado, por mencionar algunos ejemplos, de las semillas, fertilizantes, refacciones y de los combustibles que usamos en esta actividad.
Esa falta de apoyos se ha reflejado en una disminución en varios de nuestros indicadores. Según datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la superficie sembrada destinada a la producción de azúcar para este ciclo alcanzó una extensión de 663 mil 57 hectáreas, 20 mil menos que la zafra pasada. Nuestro rendimiento por hectárea también cayó en 6 toneladas, al situarse en 64.12 toneladas por hectárea, lo cual trajo consigo una disminución en la cantidad de azúcar producida por hectárea sembrada de caña de 7 mil 484 kilogramos.
El precio de referencia para el pago de la caña de azúcar se fijó para esta zafra en 5 mil 500 pesos por tonelada de caña. Sin embargo, a la fecha el precio final cerró en aproximadamente 6 mil 330 pesos por tonelada de caña producto del incremento en el nivel de precios internacional y doméstico, diferencia que los industriales azucareros tendrán que pagar a sus abastecedores de caña en concordancia con el acuerdo suscrito en junio de 2008 en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Los factores principales que incidieron en la caída de la producción de azúcar fueron la sequía, el incremento en el precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, y manejo indiscriminado y anárquico de los financiamientos.
Esta situación no es exclusiva para México, pues diversos acontecimientos, tanto en el mercado nacional como en el entorno mundial, han modificado sustancialmente las expectativas para este sector. Existe un déficit relevante en el mercado mundial del azúcar; en otras palabras, se espera que el consumo supere a la producción, pero no sólo ocurrirá este año, sino también el siguiente. En agosto de este año se llevó a cabo el vigésimo sexto Sweetener symposium, en Park City, Utah, donde se calculaba un déficit para este año de 7.8 millones de toneladas; sin embargo, 2 semanas después la Organización Internacional del Azúcar dio una nueva cifra de 9.3 millones de toneladas. Este déficit en la producción de azúcar y su alza de precios en el mundo se ha debido principalmente a dos factores: primero, la fuerte demanda por parte de India, el mayor consumidor mundial de azúcar, que vio disminuida su producción doméstica del endulzante debido a una terrible temporada de monzones; y segundo, los menores niveles de producción por Brasil del endulzante debido al uso alterno que se da a la caña de azúcar con la producción de etanol.
Por lo anterior, con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara a que constituya la Comisión Especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera por parte de esta soberanía, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del campo cañero mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica).
2. Instalación de comisión
De Conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como por la voluntad del pleno de la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2009, en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 25 de febrero de 2010 se declaró formalmente instalada la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, con el siguiente orden del día:
I. Lista de asistencia y presentación de integrantes.
II. Declaración de quórum.
III. Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día.
IV. Declaración formal de instalación, por el presidente, José Tomás Carillo Sánchez.
V Participación de los integrantes.
VI. Entrega del programa de trabajo de la comisión.
VII. Asuntos generales.
VIII. Clausura.
En la reunión, el presidente José Tomás Carrillo Sánchez, designó a Fernando Santamaría Prieto como secretario, quien dio fe de la asistencia de 11 miembros.
Intervinieron Bernardo Margarito Téllez Juárez, María Guadalupe García Almanza, Luis Félix Rodríguez Sosa, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Leobardo Soto Martínez, Manuel Cota Jiménez, Olga Luz Espinoza Morales y María Isabel Pérez Santos, así como Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura.
Asistieron asimismo Adrián Sánchez Vargas, secretario general del Sindicato Nacional Azucarero; René Martínez Cummings, director general de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera; Carlos Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros, CNPR; Jorge Lanz de la Isla, director del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA); Josafat Pérez Hernández, secretario general de la Unión Nacional de Cañeros, CNPR; Lázaro Arias Martínez, de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, representante del ingeniero Daniel Pérez Valdés, secretario general de la Unión Nacional de Cañeros de la CNC; licenciada Rocío Nieves, directora del Comité Nacional para la Caña de Azúcar; Filomena Margaes Ramírez, del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; y Héctor Álvarez de la Cadena, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
En la instalación presentamos un plan de trabajo donde destacamos a) la modernización del sector cañero; b) la derogación del IEPS a alcoholes y mieles; e) el fomento de las negociaciones comerciales políticas públicas de productividad cañera; d) el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; y e) que programemos reuniones con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, la Unión Nacional Cañera de Productores de Caña de Azúcar, con el Sindicato de Trabajadores de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.
3. Reuniones plenarias y de trabajo
Primera ordinaria, 9 de marzo de 2010
Aprobamos por unanimidad citar a comparecer al director del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para conocer el estado que guardan los ingenios expropiados.
El diputado Bernardo Téllez Juárez fue claro al precisar que es sana la comparecencia del director del FEESA para que podamos conocer el estado que guarda el organismo, pues reconoció que la comisión que integramos, como su nombre indica, “de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera”, nos obliga establecer esa vinculación con la industria, por lo que “bien vale la pena que conozcamos de primera mano el estado que guardan los ingenios bajo su responsabilidad”.
De las intervenciones de los representantes del sector azucarero son de destacar los siguientes temas tratados: a) reducción en la producción de caña obtenida de los campos de los productores, principalmente a consecuencia de la sequía, el exceso de lluvia y las inundaciones en diferentes regiones; b) el alto costo de insumos; c) la necesidad de la renovación de siembra de caña. Se quejan que desde 2004 se suspendió el impulso de la siembra de la caña de azúcar y la renovación de los campos, por lo que los representantes del sector alertaron de que ahora estamos viendo los efectos, con un campo que reditúa menos toneladas de caña de azúcar, lo cual ha incidido en menor productividad.
Manifestaron su preocupación por el bajo presupuesto que se asignó a la caña de azúcar en el PEF de 2010, que fue de 170 millones de pesos menos para inversión productiva en el campo.
Por ello solicitaron a este órgano legislativo que atienda y dé seguimiento a esta inconsistencia en 2010 y coadyuve a que se incrementen los recursos a campo cañero, sustancialmente en 2011.
Los representantes del sector industrial manifestaron la urgencia de fortalecer el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el cual se deriva de la aprobación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y ha sido el espacio por excelencia para tomar acuerdos importantes de la industria.
Carlos Blackaller Ayala, con referencia a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña, dijo que para la agroindustria en su conjunto es muy importante que esta ley termine de aterrizar, por lo que pidió se le dé en esta comisión prioridad en sus trabajos, y conminó a que se constituya cuanto antes el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar.
Los representantes cañeros informaron también que la zafra 2009-2010 no ha tenido contratiempos por cañeros, obreros, productores e industriales, pues todos han llegado a acuerdos gracias a las reuniones efectuadas por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en la cual se encuentra representada toda la industria.
Segunda ordinaria, con la comparecencia del director del FEESA, Jorge Lanz de la Isla
El 29 de abril compareció ante el pleno de la comisión el licenciado Jorge Lanz de la Isla, quien presentó un informe sobre la actualidad de la industria azucarera y cómo en el FEESA han administrado los nueve ingenios que a la fecha administra el gobierno federal.
Interrogamos al director del FEESA sobre la opacidad en el manejo de los recursos y las constantes quejas y demandas de los productores cañeros, además de los daños que generan en las comunidades donde se encuentran los ingenios expropiados.
El director del fideicomiso mencionó que a la fecha el gobierno federal ha devuelto a sus dueños 18 de los 27 ingenios expropiados y se administran 9 con participación en el mercado nacional de 21.5 por ciento de caña molida y 21.8 en la producción de azúcar, con ubicación geográfica en Veracruz, Morelos, Puebla y San Luis Potosí.
Sobre los avances, el licenciado Jorge Lanz explicó que hasta el 25 de abril y con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera se reportaron 9 millones de toneladas de caña de azúcar procesada, de las que se produjeron poco más de 1 millón de toneladas de azúcar en los ingenios administrados por el fideicomiso.
En la comparecencia, en su carácter de presidente de la comisión especial, el diputado José Tomás Carillo Sánchez propuso al funcionario que se formara un sistema de información confiable para contar con mayores elementos que faciliten el trabajo de supervisión y vigilancia de la comisión.
Tercera ordinaria, con la presencia del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán
El 9 de abril de 2010 nos reunimos con el del sector agroindustrial del ramo y con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
Ahí, en mi carácter de presidente de la comisión, denuncié que cinco consorcios importaron miles de toneladas de azúcar y propuse que fuera convocado a comparecer al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, ante el pleno de la comisión por considerar ese hecho atentatorio contra la agroindustria de la caña y el campo mexicano.
El gobernador de Veracruz solicitó al Ejecutivo federal que frene la importación de azúcar de 600 mil toneladas, pues dijo que esta política ha colocado en una situación de gran dificultad a este sector de la producción del campo, toda vez que atenta contra la economía nacional y pone en riesgo a los trabajadores de este ámbito.
Invitó al gobierno federal trabajar juntos para proteger la agroindustria azucarera del país y propuso sostener un encuentro entre las partes involucradas para diseñar estrategias e impulsar acciones que permitan dar soluciones de largo alcance.
4. Reuniones extraordinarias y conferencia de prensa
Conferencia de prensa de la comisión para exigir a la Secretaría de Economía el cese de las importaciones de azúcar provenientes de Nicaragua.
En esta reunión con medios nacionales, acompañado de los secretarios Fernando Santa María Prieto, Luis Félix Rodríguez Sosa, Manuel Cota Jiménez, Mauricio Ochoa Millán, el presidente de la Comisión de Agricultura, Cruz López Aguilar, e integrantes de la comisión, manifestamos nuestra inconformidad y rechazo por las 190 mil toneladas de azúcar que se autorizó importar, de un total de 250 mil que estaban previstas para el primer trimestre de 2010, según cifras del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Los miembros de la comisión denunciamos ante medios nacionales que aunado a este lamentable evento, autoridades de Guatemala reconocieron que 25 mil toneladas de azúcar fueron introducidas en nuestro país de manera ilegal, por lo que los ingenios azucareros mexicanos dejaron de vender 600 mil toneladas del endulzante, lo que asciende a 8 mil millones de pesos, de los cuales correspondía 57 por ciento a los cañeros.
De manera enfática declaramos que estas decisiones afectan gravemente toda la cadena productiva del sector azucarero.
Cuarta reunión de trabajo, con la presencia del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán
El 14 de septiembre de 2010, de manera urgente y en reunión extraordinaria, los integrantes de la comisión nos encontramos con las autoridades federales estatales involucradas con el ramo, con el propósito de hacer un diagnóstico puntual sobre las afectaciones que provocaron en el campo cañero las inundaciones del huracán Karl.
Del diagnostico preliminar se informó que el volumen de hectáreas afectadas en Veracruz fue de aproximadamente 40 mil, principalmente en la cuenca del Papaloapan y San Andrés Tuxtla, Lerdo de Tejada, Tempoal, el norte de Pánuco, El Higo y Jesús Carranza.
El cálculo previo que se hizo de la pérdida en toneladas de azúcar para la zafra 2010-2011 se situó en 150 mil.
La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera se pronunció por estar atentos a las afectaciones en la producción nacional de la caña de azúcar para la zafra 2010-2011.
Según los datos aportados por la Sedarpa, los ingenios más afectados fueron San Cristóbal, San Pedro y San Francisco Naranjal, donde se registraron precipitaciones que superaron hasta con 862 mm para esos meses de 100 a 150 por arriba de la media histórica.
Pese a los siniestros, la CNIAA informó que mantendrá su pronóstico de producción para la zafra 2010-2011 en un volumen conservador de 5.1 millones de toneladas de azúcar, y los ingenios del país esperan incremento en su eficiencia durante la zafra mencionada, lo que permitirá disponer de inventarios suficientes de azúcar y con ello garantizar el abasto nacional.
El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar informó que en Veracruz, en la zona de abastecimiento de La Joya se registraron precipitaciones de 400 mm, lo que corresponde a 53 mm de lluvia por debajo del histórico en el periodo julio-agosto.
La zona de más dañada fue la del ingenio Pujiltic, que registró una precipitación promedio de 748 mm, lo que representa 425 mm de lluvia por arriba del histórico en el periodo julio-agosto. La zona de abastecimiento del ingenio Huixtla se reconoció que presentó un daño de 53 por ciento en la zona, cuya precipitación promedio fue de 698 mm.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, expresó que se buscarán los mecanismos de apoyo para atenuar sustantivamente la afectación económica de los cañeros, proteger el patrimonio es una prioridad, y afirmó 584 millones de pesos aún no se ejercían en ese momento del Presupuesto federal del año en curso.
Reconoció el daño económico sufrido en siete regiones productoras de caña de azúcar en la entidad y subrayó que ante las nuevas afectaciones climáticas que se avizoraban habría de implantarse un programa de urgencia para el rescate de la gramínea y proteger los cultivos mediante la construcción de vías de comunicación.
El Ejecutivo de Veracruz convocó a la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión a replantear el presupuesto del programa nacional del sector.
5. Comparecencias de autoridades federales
Comparecencia del secretario de Economía ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, 21 de abril de 2010
Ahí se hizo al servidor público un fuerte extrañamiento por la injusta y lesiva para la industria azucarera autorización de importación de cupos de azúcar.
Reunión con subsecretarios de la Sagarpa
El 13 de octubre, en mi calidad de presidente de la comisión, asistí a la reunión con subsecretarios de la Sagarpa.
Hicimos hincapié en que el trabajo conjunto del Poder Legislativo, y de los gobiernos federal y estatal beneficiará a más de 68 mil familias que sufrieron afectaciones por las contingencias climáticas.
Insistí en la importancia de reunirme con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, durante una reunión con el titular de la subsecretaría de Desarrollo de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, y con el licenciado Mariano Ruiz Funes Macedo, subsecretario de Agricultura, expuso que es primordial unir esfuerzos para enviar recursos al campo veracruzano.
Ello, porque con esas acciones se beneficiará a más de 68 mil familias que sufrieron afectaciones por las contingencias climáticas que han devastado las últimas 8 semanas a Veracruz. A la fecha se han emitido avisos de siniestro para 65 mil 228 hectáreas de caña de azúcar en 16 municipios: Acula, Chacaltianguis, Lerdo de Tejada, Tlacojalpan, Amatitlán, Carlos A. Carrillo, José Azueta, Tlacotalpan, Ángel R. Cabada, Cosamaloapan, Misantla, Nautla, Tuxtilla, Saltabarranca, Santiago Tuxtla y Hueyapan de Ocampo.
Con relación a los apoyos directos, se gestionó de manera complementaria al seguro catastrófico. El gobierno del estado inició dos procesos de gestión de apoyos directos en el marco del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas para 105 municipios, con el objetivo de atender las afectaciones.
Comparecencia de la doctora Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de Industria y Comercio, 3 de marzo de 2010, ante miembros de las Comisiones de Agricultura y especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, diputados Manuel Cota Jiménez y José Tomas, Carrillo Sánchez, para atender las inconformidades respecto a los injustos e indebido cupos de importación de azúcar autorizados por la Secretaría de Economía.
Ante la subsecretaria, los integrantes de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera expresamos nuestra unánime inconformidad por las importaciones de azúcar, por lo que pedimos poner un alto a las provenientes de Nicaragua.
Resaltamos que no solamente eran el problema las 650 mil toneladas de azúcar sino el consumo de fructosa que en el país se ha duplicado, lesionando la economía integral de los actores de la industria.
Comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda
En la comparecencia del licenciado Francisco Mayorga Castañeda ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, en nombre de la comisión especial cuestioné que el producto interno bruto para el sector agropecuario no ha crecido para 2010, lo que ha afectado directamente el sector azucarero.
La cifra está muy por debajo de lo estimado, advertimos, y reiteramos nuestra postura de no aceptar el decremento de los recursos específicamente en el sector de energéticos agropecuarios.
Reunión de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural y Comisiones y Comité Unidos del Sector Rural
Para conocer el monto del presupuesto y la asignación por programa de los presupuestos al sector cañero, estuvimos presentes en la revisión del avance del PEC para el Desarrollo Rural, con el propósito de promover una revisión conjunta del desarrollo del ejercicio del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable correspondiente al primer semestre de 2010.
Como presidente, junto con integrantes de las comisiones y comité unidos por el campo, nos reunimos con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que preside el licenciado Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa.
Las conclusiones a que se llegó fueron éstas: refrendar la urgencia de realizar un trabajo conjunto que arroje elementos para configurar el paquete económico de 2011 y que no sea el trabajo de las comisiones en la Cámara de Diputados un trabajo de papel de mero cumplimiento burocrático sin que tenga propuesta responsable en pro del campo.
Se insistió en que es necesario el respaldo del secretario de Hacienda para resolver los problemas del programa especial de soberanía alimentaria y asuntos indígenas, así como otros que están pendientes.
6. Foro nacional de la agroindustria azucarera 2010, convocado por el Senado de la República
El 29 de julio de 2010, en Cuernavaca, Morelos, en reunión convocada por el Senado y encabezada por el gobernador, Marco Antonio Adame Castillo, diputado Fernando Santamaría Prieto.
Se trataron temas torales de la industria azucarera y se expusieron opciones de solución a la problemática que subsiste en el sector, como los siguientes:
• Investigación y transferencia de tecnología en la agroindustria de la caña de azúcar;
• Reactivación de la producción de alcohol en los ingenios azucareros;
• Desarrollo de nuevas variedades de caña de azúcar;
• Resultados del gasto de inversión del gobierno federal en el sector; e
• Introducción al tema marco jurídico de la agroindustria de la caña de azúcar.
Directorio de la comisión
Patricio Chirinos del Ángel, presidente; Luis Félix Rodríguez Sosa, Fernando Santamaría Prieto, secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez, María Guadalupe García Almanza, Carlos Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, María Florentina Ocegueda Silvia, Mauricio Ochoa Millán, Leobardo Soto Martínez, Bernardo Margarito Téllez Juárez.
Informe semestral de actividades del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio, 1 de marzo-31 de agosto de 2011
Septiembre de 2011
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 165 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los que se establecen los lineamientos sobre el contenido y la forma que deberán observar las comisiones para la elaboración y presentación de sus informes semestrales, la especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera rinde el semestral de actividades del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, correspondiente al periodo marzo-31 de agosto de 2011.
La comisión que presido a partir del 22 de febrero de 2011, por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, ha continuado los propósitos y metas que dieron origen a su constitución, con el trabajo y la colaboración de todos los integrantes quienes, convencidos de que la vigilancia y el seguimiento de todas y cada una de las acciones y políticas que inciden en la agroindustria azucarera, así como el diálogo y consenso con los sectores de la industria, habrán de consolidar y fortalecer el desarrollo sustentable de la cadena productiva de la caña de azúcar, hemos continuado el programa de trabajo inicialmente acordado y otras acciones que se han generado por la propia dinámica del sector, teniendo como objetivo principal las actividades de este órgano colegiado analizar y evaluar la normativa y las políticas de producción agropecuaria y las presupuestales asignadas al sector, que deriven en acciones oportunas para la trasformación del campo cañero, con finalidad de elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.
La evolución del cultivo de la caña y su industrialización en los ingenios para la producción de azúcar ha tenido periodos de gran desarrollo y, a la vez, algunos críticos por la baja en el cultivo de caña de azúcar, la poca producción o negativa administración de los ingenios azucareros, que aunados a las afectaciones por las contingencias económicas y climáticas han frenado en algunas épocas el desarrollo de la agroindustria azucarera.
No obstante las crisis de la economía no sólo del país sino internacionales, que han afectado la producción agrícola y sus mercados, la agroindustria de la caña de azúcar en México ha crecido de manera constante durante los últimos 50 años, pues en la zafra 1959/1960 se sembraban en 289 mil hectáreas de caña de azúcar, industrializada a través de 74 ingenios, que molieron 16.5 millones de toneladas de caña y produjeron 1.5 millones de toneladas de azúcar. Es decir, se obtuvieron 57.25 toneladas de caña por hectárea, 5.2 toneladas de azúcar por hectárea cosechada y 9.11 por ciento de rendimiento de fábrica.
En esa zafra se registró el mayor número de ingenios azucareros que participaron con un total de 74, mientras que actualmente en la zafra 2010/2011 operaron 54.
En los últimos 5 ciclos azucareros se han destacado los registros más altos en la historia de la agroindustria de la caña de azúcar del país, que han reportado caña sembrada en 683 mil hectáreas (zafra 07/08), industrializadas a través de 57 ingenios, que molieron 51 millones de toneladas de caña (zafra 04/05), obteniendo 77.5 toneladas de caña por hectárea (zafra 04/05), produciendo 8.8 toneladas de azúcar por hectárea cosechada (zafra 08/09), con un rendimiento de fabrica de 11.75 por ciento (zafra 2010/2011).
La aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar ha dado el marco jurídico adecuado que permite articular las políticas públicas con los sectores de la producción e industrialización de la caña de azúcar para lograr su desarrollo tanto en el cultivo como en la producción de azúcar, y su comercialización y exportación, lográndose hacer rentable y sustentable, alimento básico de la dieta alimenticia de la población.
De lo anterior derivan la importancia y el compromiso que tenemos los integrantes de la comisión especial de dar seguimiento puntual a todo el proceso y sectores que intervienen en la agroindustria de la caña de azúcar, dialogando y consensuando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en los 15 estados productores de caña de azúcar, con las organizaciones de productores, con los representantes de los organismos de industriales y con los trabajadores de los ingenios azucareros, a fin de lograr el propósito de que la agroindustria se fortalezca, incremente la producción, eleve los ingresos de quienes intervienen en la cadena productiva y se desarrolle de manera sustentable.
Informe
1. Datos generales
a) Nombre
Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera.
b) Periodo del informe
1 de marzo-31 de agosto de 2011.
c) Fundamento legal
Artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en los que se dispone la obligación a las comisiones de rendir un informe semestral de actividades.
d) Junta directiva
Patricio Chirinos del Ángel (PRI), presidente; Fernando Santamaría Prieto (PAN), Luis Félix Rodríguez Sosa (PRI), secretarios.
e) Integrantes
Patricio Chirinos del Ángel, presidente; Luis Félix Rodríguez Sosa, Fernando Santamaría Prieto, secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez, María Guadalupe García Almanza, Carlos Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, María Florentina Ocegueda Silva, Maurilio Ochoa Millán, Leobardo Soto Martínez, Bernardo Margarito Téllez Juárez.
Altas y bajas de integrantes
1. Patricio Chirinos del Ángel.
Grupo Parlamentario: PRI.
Movimiento: Alta.
Cargo: Presidente.
Referencia: Oficio número DGPL 61-II-9-27-71, del 22 de febrero de 2011.
2. Olga Luz Espinoza Morales.
Grupo Parlamentario: PRD.
Movimiento: Baja.
Cargo: Secretaria.
Referencia: Oficio número DGPL 61-II-9-2895, del 3 de marzo de 2011.
3. Guadalupe Acosta Naranjo.
Grupo Parlamentario: PRD.
Movimiento: Baja.
Cargo: Integrante.
Referencia: Oficio número DGPL 61-II-9-2697, del 15 de febrero de 2011.
4. María Florentina Ocegueda Silva.
Grupo Parlamentario: PRD.
Movimiento: Alta.
Cargo: Integrante.
Referencia: Oficio número DGPL 61-II-9-2697, del 15 de febrero de 2011.
5. Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.
Grupo Parlamentario: PAN.
Movimiento: Baja.
Cargo: Integrante.
Referencia: Oficio número DGPL 61-II-9-2812, del 24 de febrero de 2011.
Atentamente
Diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica)
Presidente
De la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, final de actividades
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de julio de 2012.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua
Presidente de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le hago entrega del informe final de actividades de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, solicitándole su valioso apoyo para que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Sin más por el momento, le agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.
Atentamente
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
Presidenta
Informe de actividades
Reuniones
• De instalación
El jueves 18 de febrero de 2010, en el salón de protocolo del edificio A se reunieron los integrantes para llevar a cabo la instalación.
En la sesión estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil, organizaciones de periodistas y representantes de dependencias vinculadas con la protección de periodistas y la defensa de los derechos humanos.
Se mencionaron las acciones que seguiría la comisión, como las de mantener reuniones constantes con autoridades federales, estatales y municipales, con organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y fundaciones de periodistas, expertos internacionales y nacionales, universidades, investigadores y académicos para recabar información que permita crear conciencia del grave problema que se tiene de agresiones de periodistas y medios de comunicación en el país y poder emitir recomendaciones para que no se repita un caso más.
La presidencia presentó un anteproyecto para conducir los trabajos de la comisión en la LXI Legislatura, que contiene objetivos, líneas estratégicas y de acción.
• Primera ordinaria
El jueves 18 de marzo de 2010, en el salón de protocolo del edificio A, sesionaron los integrantes. Estuvieron presentes algunos representantes de organizaciones de periodistas y medios de comunicación.
Se discutieron y aprobaron diversas propuestas hechas por integrantes, por organizaciones de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación para su integración al proyecto de trabajo de la comisión, el cual representa una ventana a la sociedad civil y el verdadero sentir de quienes ejercen la labor periodística.
Se propuso sostener una reunión con la fiscalía especial sobre delitos cometidos contra periodistas para solicitarle un informe detallado de las indagatorias de agravios contra periodistas y el estatus de cada uno de los radicados bajo su jurisdicción.
También se presentó la página de la comisión a fin de que los diputados, los reporteros, los periodistas, las organizaciones de periodistas, los organismos autónomos, académicos y todos los interesados en el trabajo de la comisión pudieran dejar sus comentarios y consultar la información del trabajo que se desempeña.
• Segunda ordinaria
El miércoles 28 de abril de 2010, en el salón de protocolo del edificio A, sesionaron los integrantes. Estuvieron presentes algunos representantes de organizaciones de periodistas y medios de comunicación. Se contó con la presencia del fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, licenciado Gustavo Salas Chávez.
El fiscal mencionó que partía de un diagnóstico crítico, alimentado por los cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales de la opinión pública y de los especialistas, por lo que proponía el replanteamiento institucional de la fiscalía.
Reconoció que no se han alcanzado los niveles de eficacia que todos esperan, pero dijo que la Procuraduría General de la República está en pleno curso de transformación para corregir la capacidad limitada de respuesta en materia sustantiva, derivada de la problemática de todos conocida del ámbito de competencia de la fiscalía, insuficiencias en las actividades de prevención del delito y escasa información de carácter criminológico que establezca orígenes, tendencias, características, modos, medios y motivaciones de los delitos cometidos, lo cual permitirá integrar una agenda de riesgos para una adecuada toma de decisiones.
Los diputados manifestaron su disposición a dotar de mayores facultades a la fiscalía. El punto medular es dotarla de mayores recursos para que pueda realizar eficientemente su trabajo de prevención, investigación y esclarecimiento de los casos registrados en el país.
• Tercera ordinaria
El miércoles 21 de julio de 2010, en el salón de protocolo del edificio A, sesionaron los integrantes. Se informó de movimientos de integrantes:
a) Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza) fue sustituido por Roberto Pérez de Alva Blanco (Nueva Alianza); y
b) María Antonieta Pérez Reyes PAN) fue sustituida por Javier Corral Jurado (PAN).
La presidenta comentó que la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores formuló atenta invitación a la comisión para recibir en reunión a los relatores especiales para la Libertad de Expresión, el jueves 12 de agosto, a las 13:30 horas.
Se acordó entre los diputados presentes sostener la reunión en la fecha indicada con los relatores Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Frank La Rue, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se acordó invitar a participar en la reunión a los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Juventino Víctor Castro y Castro; de Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez; y de Radio, Televisión y Cinematografía, Juan Gerardo Flores Ramírez, así como a medios de comunicación, organizaciones de periodistas y Canal del Congreso.
• Cuarta ordinaria
El jueves 12 de agosto de 2010, en el salón de protocolo del edificio C, los integrantes sesionaron. Estuvieron como invitados especiales los relatores especiales Catalina Botero, de la CIDH; y Frank La Rue, de la ONU.
Los relatores formularon algunas observaciones preliminares sobre la situación que se vive en el país respecto a las agresiones contra periodistas y la libertad de expresión.
Estimaron de suma importancia la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus equivalentes a escala local; la despenalización en el ámbito federal y en varias entidades federativas de los delitos contra el honor y la protección de la reserva de la fuente en el Código Federal de Procedimientos Penales.
Según lo difundido por los relatores, en estados con fuerte presencia del crimen organizado, como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzo niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad, los cuales son reportados, en el mejor de los casos, por la prensa nacional o internacional.
En casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influir en los contenidos de los medios. Estas graves tendencias, que antes afectaban sólo a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan a afectar a medios nacionales.
Por la gravedad de la situación que enfrentan la libertad de expresión y las personas dedicadas al periodismo en el país, resulta urgente que el Estado adopte una política integral de prevención, protección y procuración de justicia.
Silvia Esther Pérez Ceballos (PAN) fue sustituida por Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) como integrante.
• Quinta ordinaria
El miércoles 13 de abril de 2011, a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta principal, sesionaron los integrantes. Se contó con la presencia de María Yolanda Valencia Vales, presidenta; Carlos Flores Rico y Jaime Cárdenas Gracia, así como del fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, licenciado Gustavo Salas Chávez.
El titular de la fiscalía rindió un informe de las actividades realizadas por ésta. Mencionó que su trabajo parte de un diagnóstico crítico, alimentado por los cuestionamientos de los organismos nacionales e internacionales de la opinión pública y de los especialistas.
• Sexta ordinaria
El martes 8 de noviembre de 2011, a las 17:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta principal, estuvieron presentes María Yolanda Valencia Vales, presidenta; Agustín Guerrero Castillo, secretario; Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Manuel Clouthier Carrillo y Justino Eugenio Arriaga Rojas, quienes sostuvieron una reunión con el licenciado Rogelio Hernández López; coordinador del programa de la Casa de los Derechos de los Periodistas, licenciado David Piña, consejero directivo, licenciado Jaime Guerrero, Coordinación Ejecutiva, licenciado Omar Viniegra, coordinador del Programa Jurídico, de conformidad con la convocatoria de fecha 27 de octubre de 2011.
En la reunión se habló de las actividades que realiza la Casa de los Derechos de los Periodistas, encaminadas a crear programas de protección.
• Canceladas
El miércoles 23 de marzo de 2011 , a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta principal, se reunieron los integrantes, de conformidad con la convocatoria de fecha 14 de marzo, María Yolanda Valencia Vales, presidenta; Agustín Guerrero Castillo, secretario; Jaime Cárdenas Gracia y Justino Arriaga Rojas. Por no contar con quórum se canceló la reunión.
El miércoles 15 de junio de 2011 , a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta principal, se reunieron los integrantes, de conformidad con la convocatoria del 7 de junio, María Yolanda Valencia Vales, presidenta; Agustín Guerrero Castillo, secretario; Jaime Cárdenas Gracia y Justino Arriaga Rojas. Por no contar con quórum se canceló la reunión.
En ninguna de las reuniones celebradas y canceladas se contó con la presencia de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (PRI), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (secretario, PRI), Javier Corral Jurado (PAN), Juan Carlos Natale López (PVEM), Norberto Sánchez Nazario (PRD) y Roberto Pérez de Alva Blanco (Nueva Alianza).
Acciones realizadas por la comisión
La comisión envió un comunicado a la Comisión de Justicia del Senado para que con la mayor brevedad dictamine la minuta que tiene como fin que los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación sean considerados federales.
La comisión ha establecido canales de comunicación con diversas organizaciones de periodistas, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con periodistas, investigadores y académicos para conocer la problemática que enfrentan los comunicadores en la realización de su trabajo.
Se presentó un punto de acuerdo, el cual hizo suyo la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a fin de urgir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las de los estados a intensificar las labores de investigación y resolver los asesinatos de periodistas que han sido radicados bajo su jurisdicción y que se encuentran pendientes de resolver.
El 19 de abril de 2010 se participó en el foro de análisis Reforma política ¿sin reforma de medios?, con el tema “Libertad de expresión y agresión contra periodistas”. Se señaló el deber del gobierno federal y de los gobiernos estatales de investigar cada uno de los agravios contra periodistas para que se sancione a los culpables y no siga la impunidad.
El 7 de mayo de 2010, en el puerto de Veracruz, se llevó a cabo la convención nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, donde estuvieron reunidos los principales radiodifusores del país.
El 18 de mayo de 2010 se participó en la celebración del 51 aniversario del Club Primera Plana. Ahí se demandó a las autoridades seguridad y justicia, debido a la inseguridad por la que atraviesa el país y principalmente la que ha golpeado al gremio periodístico.
El 19 de mayo de 2010 se participó en la Mesa de debate por la cultura de libertad de expresión en México, organizada por la Fundación por la Libertad de Expresión (Fundalex), donde se mencionó que no hemos sido capaces de poner un remedio eficaz a las constantes agresiones que sufren los periodistas y sus familias.
El diputado Jaime Cárdenas Gracia representó a la comisión especial en un foro en Xalapa, Veracruz, organizado por la Universidad Veracruzana y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, donde se dejó en claro que los ataques contra periodistas y medios de comunicación se deben en gran medida a los altos niveles de impunidad. Por ello es necesario establecer un mecanismo de alerta, rápido y efectivo que avise a tiempo a los periodistas de que hay un riesgo, así como la solidaridad gremial en la defensa y protección de esos periodistas.
Se mencionó la necesidad de trabajar en estándares éticos, crear manuales de procedimientos en la materia de cobertura del crimen, definición de la agenda, etcétera.
En las instalaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) se atestiguó la firma de un convenio entre esa institución y la Academia Nacional de Periodistas y Televisión.
El convenio fue signado por el maestro Salomón Schertorivsky Woldenberg, comisionado nacional de Protección Social en Salud; y Leopoldo Mendívil Echeverría; titular de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión.
A raíz de la firma, algunas organizaciones de periodistas están trabajando para poder firmar un acuerdo de este tipo. La comisión especial es el vínculo para conseguirlo.
Ante la creciente ola de violencia contra los comunicadores, realizamos diversos comunicados, en los que se puso de manifiesto la necesidad de que los medios capaciten a los periodistas sobre cómo actuar en caso de agravio y hemos solicitado a las autoridades de todos los niveles de gobierno que creen medidas de prevención y protección para los comunicadores.
En la inauguración del octavo congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, se reconoció la gran labor que realizan estos en favor de la sociedad, al mantenerla informada y no seguir permitiendo que la impunidad se apodere del país por la falta de voluntad de esclarecer los crímenes contra comunicadores.
Se planteó a los integrantes de la comisión la necesidad de efectuar en un primer momento giras de trabajo a tres entidades donde se han registrado agravios contra periodistas y medios de comunicación, a fin de organizar reuniones con los gobiernos estatales, ONG locales, comisiones estatales de derechos humanos y los propios medios de comunicación para generar un vínculo permanente de interlocución entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores y comunicadores agredidos, conocer el estado de las indagatorias y solicitar a las autoridades correspondientes, a través de un proceso de gestoría eficaz, que agilicen las investigaciones y se tomen acciones conjuntas que garanticen la seguridad a los que se dedican a la labor periodística.
El 20 de octubre de 2010 se participó con la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla en la presentación del libro El discurso independentista y la nueva mujer mexicana. Se habló de la relevancia de las mujeres como periodistas y comunicadoras, eje fundamental para la consolidación de la democracia en el país.
El 28 de octubre de 2010 se presentó al pleno de la Cámara un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos de los estados a implantar un protocolo de seguridad que garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión y a las Procuradurías Generales de Justicia a instaurar en el ámbito de sus atribuciones un protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de los periodistas en el ejercicio de su actividad.
El punto de acuerdo tiene la intención de que los gobiernos de los estados adopten políticas integrales de prevención, protección y procuración de justicia, que permitan salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente y a estar informados.
El 3 de noviembre de 2010, en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación se firmó el convenio sobre el mecanismo para la protección de periodistas.
La comisión fue testigo de la firma de tan importante paso en materia de protección de los periodistas.
El 8 de noviembre de 2010 se sostuvo una reunión con los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa dentro de los trabajos de su sexagésima sexta asamblea general.
Los integrantes de la comisión trabajaron arduamente a fin de que en el Presupuesto de Egresos de 2011 se etiquetara una partida destinada a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de 30 millones de pesos, a efecto de permitirle mayor eficiencia administrativa, de prevención, investigación y de reacción ante las agresiones a informadores.
De igual forma, se logró etiquetar 25 millones de pesos a fin de implantar medidas cautelares para el funcionamiento del mecanismo de protección de periodistas de la Segob.
El 3 de diciembre de 2010 se sostuvo una reunión con periodistas de todo el país, donde se expusieron algunas de las acciones relevantes que ha desarrollado la comisión.
Ésta cuenta con un micrositio en la página de la Cámara de Diputados, el cual contiene toda la información generada por la comisión, las principales noticias, el marco jurídico de las entidades federativas, el programa de trabajo que regula el quehacer de la comisión, informes, comunicados, boletines, enlaces que remiten a las páginas de diversos organismos, ONG y que además cuenta con un registro nacional de agresiones, amenazas, secuestros y asesinatos contra periodistas, la que se actualiza de manera constante.
Nuestro trabajo se centró en sentar las bases que prevengan y protejan a los comunicadores a través de acciones integrales.
El 28 de abril de 2011, la presidenta de la comisión, María Yolanda Valencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la comisión se convierta en la ordinaria de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión, en el inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.
La iniciativa se quedó pendiente de ser dictaminada por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La comisión envió innumerables oficios a gobernadores y procuradores de Justicia de entidades donde se produjeron agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Ahí se solicitó un informe detallado del estado que guardan las indagatorias respectivas en cada caso: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo, Distrito Federal, Tabasco, Veracruz, Durango, Chiapas, estado de México y Zacatecas, así como a dos delegaciones de la PGR.
Ante la creciente ola de violencia contra los comunicadores, la comisión realizó comunicados de prensa, los cuales fueron publicados por agencias noticiosas y organizaciones de periodistas como la Fundalex, Felap, Club Primera Plana, Cencos y Artículo XIX, donde se lamentan y condenan estos hechos y se exige a las autoridades que investiguen y que detengan a los responsables, que se les castigue con todo el peso de la ley.
La comisión estuvo impulsando ante las de Puntos Constitucionales, y de Justicia que se aprobara el dictamen que adiciona el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución en materia de libertad de expresión, que establece: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
El dictamen fue aprobado finalmente por el pleno de la Cámara el 11 de noviembre de 2011 y por el Senado de la República el 13 de marzo de 2012.
Ahora es urgente que las legislaturas de los estados la aprueben en lo inmediato para continuar la creación de las leyes secundarias que reglamentarán su actuar.
El 24 de abril de 2011, el Senado aprobó la ley que protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual tiene por objeto
1. Establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implantar y operar las medidas de prevención y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
2. Crear el mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, el cual estará integrado por una junta de gobierno, un consejo consultivo y una coordinación ejecutiva nacional, y será operado por la Segob.
3. Señala que la federación y las entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar e implantar medidas de prevención, así como recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y podrán celebrar convenios de cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Comisión especial como ente social
La Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación ha cumplido diversos actos de labor social con la Casa de los Derechos de los Periodistas, al apoyar la salida de Veracruz de diversos familiares del periodista Miguel Ángel López Velasco, asesinado con su esposa e hijo el 20 de junio de 2011 en ese estado. Fueron radicados de manera temporal en el Distrito Federal.
Se apoyó a otras organizaciones de periodistas para sacar de los estados respectivos a periodistas y familiares que se encontraban en situación de riesgo.
Por razones de la integridad de los periodistas y sus familiares se omiten los nombres.
Foros en los que se participó
El 8 de abril de 2011 se participó en el Foro para la integración de una iniciativa de Ley para la Defensa de Periodistas en el Estado de México.
El 13 de septiembre de 2011 se participó en la celebración de los 50 años del Club Primera Plana.
El 23 de septiembre de 2011 se participó en el primer semanario nacional Leyes y mecanismos de protección para el ejercicio de los periodistas en las entidades del país.
El 19 de octubre de 2011 se participó en la quincuagésima tercera Semana Nacional de Radio y Televisión.
Atentamente
Diputada María Yolanda Valencia Vales (rúbrica)
Presidenta
Del diputado Héctor Guevara Ramírez, concerniente a la decimoséptima reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlatino, la cual tuvo lugar el jueves 17 y el viernes 18 de mayo de 2012 en Cuenca, Ecuador
En el centro de convenciones Malí del Río, en Cuenca, Ecuador, el jueves 17 de mayo de 2012 se inicia la decimoséptima reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con la dirección del diputado Roy Daza, vicepresidente de la comisión, y la asistencia de los siguientes participantes:
Nombre País
Gracita Arrindeli San Marteen
Daniel Caggiani Uruguay
Roy Daza Venezuela
Jaime Flores México
Ramón Galindo México
Jorge Gandini Uruguay
Franklin Garvizu Bolivia
Daniel Granja México
Virgilio Hernández Ecuador
Xiomara Maduro Aruba
Juan Carlos Marino Argentina
Roy L. Marlín San Martín
Paco Moncayo Ecuador
Ana Elisa Osorio Venezuela
Alejandro Santana Chile
Alfred Sneek Aruba
Siany Villalobos Costa Rica
Timoteo Zambrano Venezuela
Candelario Weber Aruba
Secretario relator: Héctor Guevara Ramírez, México.
Asesor: Pedro Carlos Fiorda.
El diputado Roy Daza, en su condición de vicepresidente, preside la sesión, en sustitución del titular, Carlos Sotelo.
Conforme a los procedimientos, la comisión designa al diputado Héctor Guevara Ramírez representante de México como relator.
El presidente pone a consideración de la mesa la agenda propuesta:
1. El Parlatino y la Celac;
2. Gobiernos locales; y
3. Gestión integral del territorio.
El asambleísta Paco Moncayo expresa que envió a la secretaria la sugerencia de incorporar a la agenda el tratamiento de los temas sobre Aruba, Curazao y las Malvinas.
El delegado de Aruba, Alfred Sneek, indica que ese tema fue tratado en Panamá, por lo cual no corresponde que la comisión vuelva a tratarlo.
Se debate el tema y el presidente encarga al asambleísta Paco Moncayo, de Ecuador, y diputado Jaime Flores, de México, para que con la representación de Aruba se llegue a un acuerdo.
El presidente propone el nuevo orden del día, que se aprueba con los siguientes puntos:
1. Relación del Parlatino con la Celac;
2. Declaración sobre el asunto de las Malvinas; y
3. Análisis de la declaración de puntos mínimos sobre la gobernanza local.
Sobre el primer punto, los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración debaten sobre la insistencia que se ha tenido en las sesiones anteriores para seguir tratando cuál será el papel del Parlatino en el nuevo proceso de integración de Latinoamérica y el Caribe
El parlamentario representante de Chile, Alejandro Santana, presenta una propuesta sobre el tema. El presidente designa una comisión, formada por los parlamentarios Ramón Galindo y Alejandro Santana, para que elabore un proyecto de declaración sobre la forma de incorporar el Parlatino a la iniciativa liderada por los gobiernos sobre la Celac.
La comisión trata la propuesta de desarrollar una declaración de solidaridad y apoyo de Argentina en su diferendo con Reunido Unido por el asunto de las Malvinas.
El presidente cede el uso de la palabra al parlamentario Juan Carlos Marino, representante del Congreso argentino, quien explica la naturaleza del conflicto.
La comisión debate ampliamente el tema. Los participantes coinciden en respaldar la posición argentina.
A fin de redactar una propuesta de declaración, el presidente designa una comisión, formada por los parlamentarios Virgilio Hernández (Ecuador), Ziani Villalobos (Costa Rica), Jorge Gandini (Uruguay) y Ana Elisa Osorio (Venezuela), así como Héctor Guevara y Daniel Granja, de México ambos, para que elaboren una propuesta de declaración.
En el tratamiento del tercer punto, el senador mexicano Ramón Galindo presenta un informe sobre el documento Bases mínimas para la gobernanza local.
El senador plantea que se ha aprobado el documento en la junta directiva, modificando el punto 4, que se refiere al tema de la pertinencia de la reelección de los gobiernos locales.
El presidente declara un receso para que las comisiones redacten un documento que se les ha encargado.
El presidente reinstala la sesión y da la palabra al asambleísta Paco Moncayo sobre el tema de Aruba.
El parlamentario Moncayo agradece la apertura de los legisladores de Aruba para alcanzar un consenso sobre el asunto.
Por encargo del Comité Ejecutivo, continuar conociendo el tema, al que se dará seguimiento.
El parlamentario Virgilio Hernández presenta la propuesta de declaración sobre el asunto de las Malvinas, que los presentes aprueban por unanimidad.
Se adjunta documento de declaratoria.
Inmediatamente se conoce la propuesta de la comisión sobre la relación Parlatino-Celac. Se analiza, y el presidente dispone que se presente en la sesión del viernes, con las observaciones presentadas para su conocimiento y aprobación.
Se adjunta documento.
Se cierra la sesión a las 18:00 horas y se convoca para el día siguiente, a las 19:00 horas.
Viernes 18
Se inicia la sesión a las 9:30 horas.
El presidente pone a consideración el documento sobre la relación Parlatino-Celac. Es debatido y se acogen algunas propuestas de modificación. Se aprueba el texto definitivo, anexado al acta.
El parlamentario Ramón Galindo presenta la propuesta de documento para inserción en el acta correspondiente a la decimosétima reunión de la Comisión de Asuntos. El documento es aprobado y se adjunta al acta.
El presidente pone a consideración la propuesta de declaración sobre el asunto de las Malvinas. Es debatido y aprobado. Adicionalmente, la comisión decide someter a consideración de la junta directiva la pertinencia de realizar una reunión extraordinaria u ordinaria en Ushala, Argentina, región a la que pertenecen las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.
El presidente solicita propuestas sobre la agenda para la decimoctava reunión de la comisión, que se desarrollará en Uruguay. Se resuelve solicitar a la Secretaría de Comisiones que se posponga la comisión por un mes a fin de asegurar la presencia de parlamentarios de México y de Venezuela, que tendrían dificultades para asistir en septiembre.
Sobre la agenda se plantean tres temas:
1. Debate del tema “Influencia de los medios de comunicación en la democracia”;
2. Experiencia municipal y bases mínimas de gobernabilidad local; y
3. Seguimiento del desarrollo de la situación en el asunto de las Malvinas.
El presidente abre el debate en puntos varios. Pide la palabra el representante de Bolivia, diputado Franklin Garvizu, quien plantea que se conozca el tema sobre las amenazas contra la vida del presidente Evo Morales.
Se debate el tema y la comisión acuerda dar por conocida la denuncia presentada, reiterar la defensa de los principios democráticos como un elemento central para el Parlatino, repudiar hechos que amenazan la democracia boliviana y asumir el compromiso de hacer un seguimiento del tema.
El presidente clausura la sesión y declara un receso para que se elabore el acta de la sesión.
Se reinstala la sesión. Se conoce y aprueba el acta, que es firmada por los parlamentarios asistentes.
Propuesta para inserción en el acta de la decimoctava reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlatino (Cuenca, Ecuador, 17 de mayo de 2012)
...
Tema II. Gobiernos locales (aprobación y difusión de la Declaratoria Latinoamericana sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local).
En el desahogo del asunto de mérito, programado para su tratamiento y discusión en el orden del día, por parte de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, luego de un exhaustivo análisis comparativo realizado por los integrantes de la misma a la declaración AO/2011/06, “En apoyo y promoción de bases mínimas para la gobernanza local en nuestra región”, aprobada en la XXVII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano en fecha 22 de diciembre de 2011, y con relación al documento originalmente aprobado por esta Comisión, en su XVI reunión efectuada en Oranjestad, Aruba, el 22 y 23 de septiembre de 2011, con el nombre de Declaratoria sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local, y
Considerando
Primero. Que la declaración AO/2011/06, “En apoyo y promoción de bases mínimas para la gobernanza local en nuestra región”, aprobada en la vigésima séptima asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano el día 22 de diciembre de 2012, en cuanto a su estructura y composición, se aparta del formato secuencial que pretendía preservar la integralidad de previsiones de carácter formalmente normativo, en los términos del instrumento original, aprobado en Oranjestad, Aruba, el 22 de septiembre de 2011, con el nombre de Declaratoria sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local.
Segundo. Que el propósito establecido en el numeral 4, inciso a) de la Declaratoria sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local, aprobada por esta comisión, en el cual se establece con relación a los gobiernos locales que “un periodo mínimo de gobierno de tres años, susceptible de reelección inmediata, contribuye al empoderamiento ciudadano, potencia la gestión y posibilita la evaluación de las autoridades locales”, no se refleja en el enunciado correlativo que se expresa en el inciso a) que sigue al párrafo quinto de la declaración AO/2011/06, “En apoyo y promoción de bases mínimas para la gobernanza local en nuestra región”, aprobada en la asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que dice: “Considerar de cuál sería el período mínimo de gobierno y la pertinencia de tener reelección inmediata, para valorar si estoy contribuye a que el ciudadano tenga realmente la facultad de calificar una gestión determinada y, en consecuencia, posibilitar, su continuidad. Lo anterior en virtud de que no obstante la importancia y trascendencia que, a juicio de esta Comisión, reviste la necesidad de proponer períodos de gestión gubernamental local no menores a los tres años, donde se imponga la posibilidad de su reelección inmediata como medida de empoderamiento ciudadano para la evaluación de sus autoridades; en el texto aprobado por la asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano, al modificarse al tenor original, se ha desvirtuado el carácter propositivo específico de un enunciado categórico concreto, habiéndose omitido la referencia a un determinado período mínimo de gestión, a la vez que el texto carece de premisa menos y conclusión que den sustancia al planteamiento lógico jurídico que su naturaleza declarativa merece.
En virtud de lo anterior, esta comisión resuelve:
Único. La Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano ratifica en todas sus partes la Declaratoria sobre Bases Mínimas para la Gobernanza Local, aprobada el 22 de septiembre de 2011, en Oranjestad, Aruba, y propone a la amable consideración de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, su revaloración para que se tenga por declarada formalmente se aprobara por esta comisión, a fin de salvaguardar el espíritu de la misma y el formato secuencial que preserva la integralidad de las previsiones de carácter formalmente normativo que en ella se contienen.
Atentamente
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica)
