Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3499-XII, jueves 26 de abril de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Chihuahua que realice acciones para iniciar la resolución del conflicto relacionado con la operación de la planta tratadora de mineral Luis Escudero, del sector La Esmeralda, en Parral, a cargo de la diputada Carmen Margarita Cano Villegas, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta elevada representación popular la presente proposición con punto de acuerdo relativa a un conflicto social que está ocurriendo en el municipio de Parral, Chihuahua, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Al día de hoy, varias familias del municipio de Parral, Chihuahua, verán perdidas sus fuentes de empleo. En lo inmediato, por lo menos dos minas ubicadas en dicho municipio deberán cerrar sus puertas dado que las plantas de beneficio, tanto las del sector privado como las del sector público, no tienen la suficiente capacidad para procesar todo el mineral que se está produciendo en la región.
Dado que dicho mineral debe permanecer acumulado, almacenado en los fundos de los pequeños productores, los mismos se ven obligados a cerrar sus empresas, desalentados porque no tienen capacidad de acopio bastante para resguardar las decenas y decenas de toneladas de plata, plomo y zinc, entre otros minerales, acumulados en el transcurso de los últimos meses, dado que las plantas de beneficio no los aceptan, con la excusa de que resultan insuficientes para procesar el mineral que producen.
Las minas próximas a cerrar sus labores son la mina “Virgo”, localizada en Las Ánimas; y la mina “Guadiana”, localizada en el sector de Maturana. Aunque pequeñas, para las familias de los trabajadores próximos a perder sus fuentes de ingreso, ésta es una tragedia, puesto que para muchos de sus trabajadores no existen las condiciones necesarias a fin de obtener un empleo de calidad acorde a sus conocimientos y experiencia; muchos de ellos, mineros desde hace décadas.
II. En la especie, tenemos que se trata de plantas privadas, cuyos propietarios cuentan con sus propias minas y procesan el mineral propio sin atender a las necesidades del resto de los productores, muchos de los cuales cuentan con contratos que deberían bastar para garantizar el tratamiento del mineral que generan. La planta tratadora incapaz de dar abasto a los productores de la región se localiza en el sector de La Esmeralda y se denomina “Luis Escudero”. Dicha planta debería dar servicio a los pequeños productores mineros de la región.
III. Cabe señalar que el gobierno del estado anunció, desde hace más de cuatro meses, la adquisición de la citada planta. En el mes de diciembre del año próximo anterior, el titular del Poder Ejecutivo en aquella entidad, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, dio a conocer que el estado mantenía un proceso para la adquisición de la planta de beneficio Luis Escudero, en la cual procesan cargas de material y se obtienen metales preciosos. 1
Sin embargo, al día de la fecha, no se ha realizado una sola reunión de trabajo entre los mineros y funcionarios públicos a cargo del proyecto ni se han entablado pláticas a fin de comenzar con los trabajos previos necesarios para concretizar el proceso de traspaso de la planta.
Consideraciones
I. La evolución del Estado está condicionada por multitud de factores, en especial, por el grado de adelanto de la sociedad que lo integra; en una sociedad ideal, capaz de resolver sus propias necesidades colectivas sin la intervención del Estado, el sector público debería limitarse a garantizar su propia existencia y a alentar la convivencia armónica entre los integrantes de la sociedad.
Del principio anterior nace una ecuación muy simple: a un mayor número de necesidades, exigencias o cargas sociales, corresponderá un aumento en las facultades y atribuciones del Estado a efecto de que sea capaz de enfrentar y resolver de manera exitosa los retos que le impone ese modelo de convivencia, no sólo en lo que hace al número de atribuciones, sino además y sobre todo, a su calidad y eficacia.
II. Este proceso paulatino de incremento de la responsabilidad del estado genera en consecuencia y por razones obvias, un crecimiento en la cantidad y calidad de sus atribuciones, a la par que un aumento de su estructura y de sus propias dimensiones; y como consecuencia directa de ese proceso, una intervención mayor en la vida de los particulares.
La situación crítica por la que atraviesa la república, que va desde profundos procesos de reestructuración de los tejidos sociales, hasta la exigencia de hacer frente a una situación internacional compleja que recién acaba de transitar por una crisis de enormes dimensiones y que amenaza con sufrir otra –sin dejar de considerar la contienda política en marcha que llevará a la renovación en su totalidad de dos de los Poderes de la Unión–, no debe distraernos de los aparentemente pequeños problemas e intereses locales; después de todo, los pequeños propietarios, los comerciantes al menudeo, los empresarios y productores pequeños son los grandes afectados por los movimientos macroeconómicos pero también, los grandes impulsores de la economía nacional a partir de la suma de sus esfuerzos.
En este punto, es preciso alentar la actuación de un estado que, sin frenar ni ahogar la iniciativa de los particulares, tenga atribuciones bastantes para combatir desequilibrios extremos entre éstos e incluso, en determinado momento, facultades por medio de las cuales pueda intervenir a fin de procurar la adecuada atención de las necesidades de quienes, por razones de carácter histórico, cultural o económico se encuentran en situación de desventaja. Lo que ocurre en la especie.
III. Es preciso, pues, en atención al interés público, que el gobierno del estado inicie las gestiones necesarias para garantizar un trato equitativo y justo a todos los productores mineros de la región, por cualquier medio a su alcance; ya sea que el gobierno a su cargo adquiera la referida planta, ya como intermediario a fin de garantizar que los productores locales no sean desplazados y deban cerrar sus instalaciones. Ello, en aras del bienestar de la población, la que podría verse afectada por el inminente cierre de las minas a las que se ha hecho referencia en el cuerpo de este escrito.
IV. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta elevada representación popular la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, atentos al marco federal de división de poderes y respetuosa de la libertad y autonomía de las entidades federativas, hace un atento y respetuoso exhorto al gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, para que en uso de sus atribuciones y facultades, realice las acciones necesarias para garantizar un trato equitativo y justo, en donde se dé especial énfasis a la conservación de las fuentes de trabajo y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores mineros; lo anterior, derivado del proceso de traspaso a favor del gobierno del estado de Chihuahua, de la planta tratadora de minerales “Luis Escudero”.
Segundo. Asimismo, se solicita a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados enviar copia del expediente y del Diario de Debates correspondiente a la sesión en que se resuelva esta propuesta, para notificar al titular del Poder Ejecutivo de aquella entidad.
Nota
1 Nota sin firma que con el título “El estado a punto de adquirir la planta de beneficio Luis Escudero”, fue publicada por el periódico el Sol de Parral, en fecha 23 de diciembre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2012.
Diputada Carmen Margarita Cano Villegas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Hidalgo, así como a la SRA, a colaborar y resolver el conflicto de límites territoriales entre La Estancia, de Chilcuautla, y El Alberto, de Ixmiquilpan, a cargo del diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Jorge Herrera Martínez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Hidalgo, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que coadyuven y solucionen el conflicto de límites territoriales entre el poblado La Estancia del municipio de Chilcuautla y El Alberto municipio de Ixmiquilpan, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Hidalgo se encuentra ubicado en la porción central del país, entre los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. La entidad hidalguense, es tierra de profundos contrastes a lo largo y ancho de sus 20,813 kilómetros cuadrados, surcados en su parte media por la Sierra Madre Oriental, que recorre longitudinalmente todo su territorio. 1
Esta entidad federativa está integrada por 84 municipios, dentro los cuales se encuentran el poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla, y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, los cuales se ubican de la manera siguiente:
• Chilcuautla se localiza al sur del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20 grados 20 segundos de latitud norte, a los 99 grados 14 segundos de longitud oeste, con una altitud de mil 860 metros sobre el nivel del mar, donde se localiza el poblado de La Estancia. 2
• Ixmiquilpan tiene las coordenadas geográficas, 20 grados 29 minutos latitud norte, 99 grados 13 minutos latitud oeste y se encuentra ubicado a mil 700 metros sobre el nivel del mar, donde se localiza el poblado el Alberto. 3
Es importante hacer mención de lo anterior en virtud de que la problemática medular se encuentra dentro de estos municipios y para mayor precisión se muestra la siguiente imagen.
Como es de apreciarse ambos municipios se encuentran contiguos, sin embargo actualmente existe un conflicto de límites territoriales, entre las colindancias del poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, para lo cual se requiere la mediación del Gobernador del Estado y del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para que mediante acuerdo se puedan solucionar las conflictos territoriales entre ambos poblados dentro de los Municipios antes citados.
Desafortunadamente los conflictos entre estos poblados han llegado al punto de agresiones físicas, lo que ha desgastado el ambiente de tranquilidad de los municipios, y como consecuencia de ello ha existido un homicidio en el poblado El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, por la problemática de límites territoriales, situación que agrava la armonía de los que habitan en ambos poblados.
Es por ello, la importancia de la intervención del gobernador del estado de Hidalgo, así como al Congreso del Estado Libre y Soberado de Hidalgo, para que dentro de sus respectivas facultades le den solución a este conflicto en ambos ayuntamientos.
En ese tenor, es preciso hacer mención de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, donde se establece la forma de gobierno de los estados, a saber:
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular , teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
...
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones , que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado , o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;” 4
Aunado a lo anterior, es importante precisar que es facultad del Congreso del Estado de Hidalgo solucionar las controversias entre ayuntamientos, así lo enuncia la fracción XIII del artículo 56 y 121 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, bajo lo siguiente:
“Artículo 56. ...
XIII. Resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios del Estado, así como entre los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, exceptuando los de carácter judicial;”
“Artículo 121.- Los conflictos de límites que se susciten entre las diversas circunscripciones municipales , se podrán resolver mediante convenios que al efecto celebren con la aprobación del Congreso del Estado.
Cuando dichas diferencias tengan carácter judicial, conocerá de ellas el Tribunal Superior de Justicia.” 5
En esa tesitura, es de observarse que es facultad del Congreso del estado solucione a la brevedad los conflictos relacionados entre el poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla, y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, esto se podrá resolver mediante convenio donde se establecerán los acuerdos en los que ambos municipios y el Congreso del estado converjan.
Asimismo, no pasa por alto la controversia constitucional que correspondió al Congreso del Estado de Michoacán, esto se hace mención en virtud de la problemática que se trato en dicho estado, por ello hago mención de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirve como un antecedente que puede ayudar a disipar a la brevedad los conflictos de límites territoriales entre municipios.
“Registro número 194021
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
IX, Mayo de 1999
Página: 915
Tesis: P./J. 41/99
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
Controversia constitucional. Corresponde al Congreso del Estado de Michoacán resolver la solicitud que un ayuntamiento formule para que se marquen físicamente sus límites territoriales.
De la interpretación sistemática del artículo 6o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, en relación con el artículo 115, fracciones II y V de la Constitución Federal, se advierte que dentro de las facultades del Congreso del Estado se encuentra la de resolver cuestiones de “competencia jurisdiccional”, entre los Municipios, de lo cual se infiere que tiene obligación de resolver la solicitud de un Municipio para que se fijen y marquen materialmente sus límites territoriales.” 6
En conclusión, y en base a las facultades con las que cuenta el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para que junto con el gobernador del estado coadyuven y se llegue a una solución entre el poblado La Estancia del municipio de Chilcuautla y El Alberto municipio de Ixmiquilpan, y con ello tengan los acuerdos necesarios que le darán solución a la problemática con el fin de evitar mayores conflictos y mas pérdidas humanas entre ambos ayuntamientos.
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria para que a través de la Procuraduría Agraria, coadyuven y emitan una resolución a la problemática de los límites territoriales que ha afectado a los poblados antes mencionados, y con ello dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Hidalgo, para que intervenga y gire instrucciones a las autoridades competentes para dar solución al conflicto de los límites territoriales que existen entre el poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla, y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para que establezca con precisión los límites territoriales y se dé fin al conflicto entre el poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla, y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan.
Tercero. Se exhorta respetuosamente, al secretario de la Reforma Agraria para que a través de la Procuraduría Agraria, coadyuve con el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en el deslinde de los límites territoriales que existen entre el poblado La Estancia, del municipio de Chilcuautla, y El Alberto, municipio de Ixmiquilpan.
Notas
1. http://www.hidalgo.gob.mx/hidalgo.html
2. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/130 19a.htm
3. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/130 30a.htm
4. Cámara de Diputados, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, Consultado el 20 de abril de 2012.
5. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?Biblioteca-Legislativa, consultado el 20 de abril de 2012.
6. Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://200.38.163.161/paginas/tesis.aspx, consultado 20 de abril de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2012.
Diputado Jorge Herrera Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia sobre los acontecimientos en Cherán, Michoacán, y exhorta a diversas autoridades a resolver los graves conflictos de la región, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PT y del PRD
Los suscritos, diputados federales de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II; 79, numeral 2, fracciones I, II, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la siguiente proposición con puntos de acuerdo para que sean considerados como de urgente resolución, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Acontecimientos recientes
El pasado 18 de abril, en el municipio de Cherán, en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán de Ocampo, un grupo de aproximadamente 20 comuneros de diversos barrios de Cherán, que se encontraban en tareas de reforestación de sus bosques en el paraje El Puerto, fueron emboscados por grupos armados, los cuales asesinaron a David Campos Macías y Santiago Ceja Alonso, e hirieron a Salvador Olivares Sixtos y Santiago Charicata Servín.
Ese mismo día, el Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán reporta tener conocimiento de dos ataques más en diferentes localidades próximas, en las que murieron seis personas más.
La Secretaría de Gobierno del estado de Michoacán emitió un comunicado, que confirmó más tarde la Procuraduría de Justicia del estado, en donde afirma que un enfrentamiento entre campesinos acontecido en la comunidad de El Cerecito arrojó como saldo ocho personas muertas y cuatro heridas: David Campos Macías, Santiago Ceja Alonso, Cristóbal Magaña Gabriel, Cristóbal Salmerón Magaña, Anselmo Gabriel Talavera, Jorge Magaña Gerónimo, Antonio Gabriel Romero y Lorenzo “X”, fallecidos; y Salvador Olivares Sixtos, Santiago Charicata Servín, Francisco Gabriel Ávila y Sergio Gabriel Ávila, heridos.
De tal manera, el gobierno del estado ha reunido bajo la figura de un “enfrentamiento” varios hechos separados en tiempo y lugar, lo que ha suscitado información e interpretaciones diferentes y confrontadas. Ello ha aumentado los factores de tensión entre comunidades con incidencia de conflictos sociales complejos, y amenaza la estabilidad de la región ante la ausencia de garantías de protección a los derechos fundamentales por parte del gobierno del estado y el gobierno federal.
El Concejo Municipal de Cherán sostiene que el acto de El Puerto fue una emboscada de grupos paramilitares asociados con el crimen organizado y con los talamontes que operan en la región. Afirma que las versiones de un supuesto enfrentamiento entre comunidades son falsas, y que sirven para encubrir a los grupos de atacantes que están protegidos por el gobierno y los partidos políticos.
Por otro lado, el Concejo expresó desconocer el móvil y la circunstancia de las seis muertes reportadas en otros puntos de la región, y se deslindó de todo acto de violencia.
En una carta firmada por cientos de personas y cientos de organizaciones nacionales e internacionales entre las que se encuentran el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se demanda “el fin del acoso a la comunidad y el desmantelamiento de los grupos paramilitares que actúan con el crimen organizado y con talamontes de diversas comunidades, que desde hace cuatro años extorsionan, secuestran, desparecen y asesinan a los comuneros de la región”. Asimismo, demandan el reconocimiento pleno al gobierno autónomo de la comunidad de Cherán, conformado por el Concejo Mayor, y respeto a la ronda tradicional.
Antecedentes
La región que circunda al pueblo de Cherán, en la Meseta Purépecha, ha tenido una marcada vocación forestal desde tiempos inmemoriales. No obstante, ante las condiciones de pobreza y desigualdad, esta zona recientemente ha sido objeto de la ambición de grupos que han encontrado enormes ganancias en la extracción ilegal e irracional de los árboles maderables. Desde entonces, se formaron grupos armados con el objeto de intimidar a las comunidades y a las autoridades, mismos que han incursionado en otras actividades como el cultivo, elaboración sintética y tráfico de drogas
Ante la gravedad de la tala inmoderada que arrasó con aproximadamente 15 mil de 20 mil hectáreas de bosques, el 15 de abril de 2011 los 20 mil pobladores de Cherán se levantaron y tomaron el control de la comunidad, para evitar la continuidad del saqueo que, se dice, ha sido ejecutada por talamontes de Capácuaro, Santa Cruz Tanaco, Rancho Seco, Rancho Morelos y El Cerecito, en supuesta alianza con la delincuencia organizada.
El 27 de abril, los comuneros Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada fueron asesinados a balazos en la zona boscosa. A inicios de mayo, el Ejército se encargó de la inspección, vigilancia, persecución de talamontes y detección de aserraderos clandestinos. El conflicto provocó que las clases escolares se interrumpieran, lo que afectó a 5 mil niños y jóvenes hasta mediados de junio.
El 13 de noviembre se cancelaron las elecciones municipales debido a que los pobladores impidieron la instalación de las casillas. Siguiendo la petición de esta población indígena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Cherán elegiría a su ayuntamiento sin la intervención de los partidos políticos mediante el sistema de usos y costumbres.
El viernes 2 de diciembre, el Instituto Electoral de Michoacán acordó emitir el día siguiente la convocatoria y consulta para celebrar elecciones por métodos tradicionales, distintos a los establecidos en el Código Electoral del Estado.
El 18 de diciembre se realizó una consulta popular para que los habitantes decidieran elegir a sus representantes por medio de los usos y costumbres. Se aprobó este método por 4,844 votos a favor y 7 en contra. Los habitantes de Santa Cruz Tanaco decidieron no participar en la consulta y solicitaron su separación del municipio de Cherán, así como el 20 por ciento del presupuesto de esta demarcación.
El 30 de diciembre, el Congreso del estado ratificó a los 12 ciudadanos elegidos en asambleas comunitarias, quienes gobernaron hasta el 5 de febrero de 2012. El 22 de enero de 2012 se llevó a cabo el registro para la elección del consejo comunal que se haría cargo del ayuntamiento. El 25 de enero, el Instituto Electoral de Michoacán entregó las constancias de mayoría para los 12 concejeros electos.
El 21 de marzo de 2012, un total de 11 pobladores de Cherán, en su mayoría maestros, fueron privados de su libertad, por comuneros de Racho el Cerecito, Rancho Seco y Rancho Morelos.
Conclusión
En el contexto de un despliegue inusitado de fuerzas militares y altos índices de violencia armada, el patrón de acoso a las comunidades con una organización independiente a las estructuras locales preestablecidas inhibe el ejercicio de los derechos políticos y la búsqueda de justicia por parte de la ciudadanía. Asimismo, la omisión del Estado provoca el aumento de la inseguridad de la ciudadanía y de la impunidad de los delitos del orden común y las violaciones a los derechos fundamentales.
Cabe destacar que en los últimos años varias comunidades autónomas han sufrido ataques sistemáticos por parte de grupos de poder político y económico: en distintas comunidades zapatistas de Chiapas; en San Juan Copala, Oaxaca; en Xayakalan, Santa María Ostula, Michoacán, entre otras.
Es necesario, por tanto, que esta Soberanía se pronuncie por el cese de la destrucción del patrimonio ambiental, de la intimidación, de la violencia armada organizada, de la violación de los derechos humanos y de la omisión del Estado ante la situación.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Primero. Expresa su total repudio a las acciones de destrucción de los bosques y de violencia armada que afectan a la región de Cherán, Michoacán.
Manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo que sufren las comunidades autónomas y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y del crecimiento de fenómeno paramilitar.
Reconoce la necesidad de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad para garantizar la seguridad de estas comunidades.
Segundo. Ofrece a la comunidad de Cherán, a las víctimas, a sus deudos y familiares, todas las gestiones a su alcance a fin de coadyuvar a una resolución pronta y justa de su problemática.
Se compromete a llevar a cabo las acciones parlamentarias necesarias para garantizar los derechos humanos, los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Cherán.
Tercero. Exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a que esclarezca las circunstancias y el móvil de los crímenes perpetrados en distintos puntos de la región de Cherán; asimismo a que instruya a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que, en el marco del orden jurídico nacional y estatal, emprendan las acciones necesarias a fin de detener a los responsables de los delitos contra el medio ambiente y contra la vida y la integridad de las personas, y que sean sometidos a procesos imparciales y apegados a derecho.
Asimismo, a que auxilie oportunamente al Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán, a fin de que en uso de las facultades constitucionales del artículo 2o., apartado A, ejerza la función de gobierno, preserve la seguridad de la población y aproveche de manera libre y sustentable sus recursos naturales.
Cuarto. Exhorta al Ejecutivo federal para que reconozca el fenómeno paramilitar en Cherán e instruya a las instituciones de procuración de justicia y de protección al medio ambiente para que, en el marco de las atribuciones que les brindan la Constitución y las leyes, conjunten esfuerzos para detener a los responsables y a los implicados en la comisión de diversos delitos del orden común en Cherán, con imparcialidad y estricto apego a derecho.
Asimismo, hace un llamado a que la Procuraduría General de la República investigue los hechos ocurridos en el territorio de Cherán constitutivos de delitos federales.
Quinto. Solicita, en ejercicio de las atribuciones del párrafo undécimo del apartado B del artículo 102 de la Constitución, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue los hechos acontecidos en Cherán que sean constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos, a fin de que contribuya a una pronta resolución del conflicto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2012.
Diputados: Jaime Cárdenas Gracias, Mario di Constanzo, Laura Itzel Castillo Juárez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Aarón Mastache Mondragón (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos a cumplir a cabalidad el acuerdo número CG431/2011 –del Consejo General del IFE–, por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y labores específicas en 2012; y a propiciar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que los partidos políticos ejerzan fehacientemente y cumplan a cabalidad el ejercicio de los recursos previstos en el artículo 78, numeral 1, Apartado A, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Electorales, que permite otorgar recursos para capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con lo que se fomenta la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres en la integración y registro a cargos de elección popular, con el propósito de reconocer y garantizar la participación de la mujer en la vida pública y en la toma de decisiones del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda, una de las principales asignaturas pendientes en la agenda nacional por la igualdad de género es elevar la participación de las mujeres dentro de la legislatura federal y local, así como en los cargos de dirección en las administraciones municipales y en los gobiernos de entidades federativas.
Para garantizar de formar efectiva la cuota de género de las mujeres en el acceso a los cargos públicos, en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2007 se estableció que para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente 2 por ciento del financiamiento público ordinario. Sin embargo, se afirma que “al igual que el cumplimiento de las cuotas de equidad, es una práctica de simulación y en un mero recurso retórico”.
No obstante estos importantes apoyos, la participación de las mujeres dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, pasó después de las elecciones de 2009, la participación de las mujeres sólo creció 2.6 puntos porcentuales. Estos datos reflejan con claridad los avances y vacíos en la implementación de la política de cuotas de género: se obliga a los partidos a respetar cuotas mínimas de género en el registro de candidaturas federales, pero al final de cuentas no se logra alterar significativamente el nivel de acceso de las mujeres al Poder Legislativo federal.
En los partidos políticos las mujeres resultan hasta cierto punto invisibles, ya que no hay una cultura interna que permita la igualdad en la competencia interna y por las candidaturas a puestos de elección popular.
La barrera más resistente se encuentra en el interior de los partidos políticos, “porque han encontrado las formas de cumplir con sus estatutos y con la propia legislación electoral y, al mismo tiempo, eludir una distribución más equitativa de postulaciones para las mujeres militantes”.
En la primera sesión de trabajo de la LXI legislatura, el 2 de septiembre de 2009, ocho diputadas, en su mayoría del PVEM, dejaban sus cargos a sus suplentes hombres, muchos de ellos con reconocida trayectoria en el ámbito empresarial. Sin embargo, en esta ocasión las renuncias no pasaron inadvertidas. Casi todos los medios de comunicación denunciaron el hecho. Muchos fueron los periódicos que publicaron la noticia en primera plana, evidenciando la simulación, mientras que varias organizaciones de mujeres, entre ellas el Consejo para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, exigieron el cese de las renuncias por esta vía y la modificación a la legislación para combatir esta práctica fraudulenta.
Las mujeres en los partidos políticos encuentran vías de organización para la defensa de intereses que tiene que ver con sus necesidades básicas de vida: el alumbrado, la seguridad en la calle donde transitan para llevar a sus hijos e hijas a la escuela, la decisión sobre la maternidad, el compartir con otras los programas de ayuda económica, la pavimentación, su salud; en fin, cuestiones que tienen que ver con su entorno inmediato. Muchas de ellas son reconocidas dentro de sus comunidades como verdaderas lideresas sociales en quienes han depositado su confianza otras mujeres, ejerciendo un poder de convocatoria importante que siempre es requerido por los candidatos, hombres, por supuesto, cada tres años, cuando van en busca del voto.
En México, las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales implicaron, como una de las más importantes e innovadoras medidas para impulsar la participación política de las mujeres, destinar 2 por ciento del financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Tanto la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Senadores como la de Diputados impulsaron esta medida sin precedentes en la historia de la participación en igualdad de hombres y mujeres: la capacitación como un componente clave de su empoderamiento político.
Las diputadas y senadoras estaban conscientes de la barrera del “no hay mujeres”, por ello se necesitaba propiciar dentro de los partidos políticos el recurso económico, siempre inexistente, para su capacitación, crear espacios para que las militantes pudieran no sólo acceder a las herramientas necesarias del ejercicio político, sino para compartir experiencias y planear estrategias de consolidación en un espacio tan masculino como hasta ahora ha sido la política. Se pensaba que los contenidos de la capacitación podrían estar orientados a formar las habilidades políticas que las mujeres necesitaban. Cursos para hablar en público, resolver conflictos, recaudación de fondos, negociación, cabildeo, de oratoria parlamentaria, de igualdad de género, estuvieron en la mente de estas legisladoras cuando propusieron ese 2 por ciento, la capacitación se vuelve entonces el motor fundamental para el ejercicio del poder.
Por ello, cuando el 6 de diciembre de 2007 quedó aprobado por la Cámara de Diputados el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimiento s Electorales, el 2 por ciento para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres se abría una nueva esperanza para hacer realidad una mayor presencia de ellas en las cámaras; sin embargo, esta trascendental reforma se topaba con que los partidos políticos en la práctica no cuentan con una cultura de la igualdad de género en sus estructuras.
Compañeros legisladores: garantizar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito de lo público es una necesidad histórica de la sociedad en su conjunto. De ahí que la equidad es uno de los ejes primordiales en donde se debe construir la estructura del país, que haga posible la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio público de la sociedad y en el ámbito parlamentario en México.
La presencia de las mujeres en la política desde las funciones del congreso, debe fincarse en la premisa irrenunciable de que esa participación requiere ser ajena a condicionamientos de cualesquier índole, sean estos por causa de su edad, de su estado civil, escolar, cultural, de salud, preferencias sexuales, condición social, rasgos personales, opiniones, capacidades diferentes y origen étnico o nacional.
La incorporación de las mujeres al trabajo legislativo permite conocer y valorar la trascendencia que el pensamiento, los intereses y la perspectiva de género aporta a las acciones propias de la legislación. Por ello desde los espacios de la vida pública se vuelve necesario prohijar acciones afirmativas que dinamicen e instaure medidas concretas que en el corto plazo hagan posible la igualdad política de mujeres y hombres en los partidos, así como en las instituciones del Estado y entre ellas, específicamente, en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Por tanto, aceptar la idea de razón pública de la equiparación en la cuota de género y sus implicaciones sociales, políticas y comiciales, es aceptar una concepción de la justicia más allá de la coyuntura inmediata de la política partidista, de ciudadanos libres e iguales con un deber de civilidad y un ideal de sociedad democrática.
La exclusión o limitada participación de la mujer en la toma de decisiones del país, debe ser motivo de honda reflexión y búsqueda de soluciones, ya que sólo en la medida que sean abordadas y resueltas, será posible el pleno desarrollo dentro de un marco de justicia social y en la consolidación real de la democracia en México, tomando en cuenta a más de la mitad de la población.
Hoy, el nexo entre democracia e igualdad de género se considera un principio generalmente aceptado y conectado fundamentalmente con el respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos políticos de hombres y mujeres, de tal suerte que la viabilidad y credibilidad de una agenda política que ignore las perspectivas, puntos de vista y experiencias de quienes se verán afectados por ella es casi nula. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante siglos por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres no es de ninguna manera equitativo: si bien las mujeres constituyen la mitad la población mundial y, lo que es peor, la toma de decisiones que van a afectar su futuro y el establecimiento de prioridades en este sentido, continúan estando en gran medida en manos de los hombres.
En este contexto, son muchas las tareas pendientes para lograr una mayor inclusión de la mujer en la vida política: se requieren acciones gubernamentales firmes, el compromiso de los partidos políticos al prepararlas y una transformación social. Es necesario dejar atrás los patrones y las percepciones tradicionales sobre la posición y el papel de hombres y mujeres en la sociedad.
Por lo anterior, debemos dar a conocer e impulsar la importancia del papel que tiene la participación de la mujer en la vida política del país, por que sea valorada y respetada bajo el cobijo del cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales, que son de observancia y ejercicio de los partidos políticos, que permita repercusiones favorables sobre el poder y se disipen las nociones de que la vida pública es un campo reservado en gran medida a los hombres. Por ello, debemos enfrentarnos aún el desafío clave de continuar con un proceso de consolidación democrática que incluya y respalde la participación y movilización de las mujeres de diferentes condiciones y orígenes sociales.
Las mujeres queremos conocer, participar, decidir e influir en las decisiones que afectan nuestras vidas y la de nuestras familias, queremos participar de la economía, de la vida social, de la política y el destino de sus recursos que son asignados años con año a través del presupuesto federal, así como en la estructura de las relaciones internacionales. La participación política y la representación son esenciales para el logro de estos fines.
Por lo anterior, se considera prioritario contribuir al fortalecimiento de nuevos liderazgos políticos y públicos de mujeres, que permitan palpar su participación comprometida con la sociedad en la que están inmersas y se logren impulsar las reformas políticas y sociales necesarias.
La participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones no es sólo una demanda de simple justicia o democracia, sino que también puede verse como una condición necesaria para que los intereses de las mujeres sean tomados en cuenta.
Plataforma de Acción de Beijing, 1995
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los partidos políticos a cumplir a cabalidad el acuerdo CG431/2011, que emite el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para 2012, y propiciar la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres, con el firme propósito de refrendar los principios de la vida democrática del país y la integración de la representación nacional.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de abril de 2012.
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a generar y difundir instrumentos que permitan a los técnicos superiores universitarios egresados continuar su preparación académica y obtener mejores oportunidades laborales, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaria de Educación Pública genere y realice una mayor difusión de los instrumentos con que cuentan los egresados como superior técnico universitario para continuar con su preparación académica y de apertura de mayores oportunidades laborares, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
La globalización nos ha envuelto inexorablemente en una mezcla entre sociedades y culturas, por lo que la transformación de la educación no consiste solamente en la resolución de los déficits económicos y materiales, ni en la reorganización y ampliación curricular, sino también en creación de condiciones de una formación integral y continua. Esta formación integral revalora el lugar y la importancia de la presencia de la calidad de los sistemas educativos, como preocupación creciente de la sociedad y sus órganos de gobierno.
En la década de los noventas, ante la globalización de los mercados de trabajo que demandaron profesionales que contaran con una solida formación académica, que fueran formados en un ambiente de calidad, flexibilidad y polivalencia y al mismo tiempo les permitiera responder ante situaciones novedosas con efectividad y eficiencia dando como resultado mayores beneficios y satisfactores, la Secretaría de Educación Pública emprendió un estudio sobre nuevas opciones de educación superior, en el cual se analizaron las experiencias de algunos países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón.
Con base en dicho estudio, se decidió realizar un proyecto específico para definir un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva opción de educación superior. Como consecuencia, se concibió un sistema de educación tecnológica superior que prestara servicio al sector productivo de bienes y servicios, así como a la sociedad en general y que, al mismo tiempo, ampliara las expectativas de los jóvenes mexicanos.
Dicha premisa sirvió de sustento para crear en 1991 las primeras tres universidades tecnológicas, las cuales se ubicaron en Aguascalientes, Nezahualcoyotl y Tula-Tepeji; mismas que contaron desde entonces con una oferta educativa pertinente a su zona de influencia y con un modelo educativo propio, caracterizado por formaciones intensivas y particularmente practicas
En consecuencia, su misión fundamental se oriento a la formación de profesionistas en carreras tecnológicas cortas siendo el primer ciclo de la educación terciaria, correspondientes a la clasificación nivel 5B según la Clasificación Internacional Estandarizada, UNESCO 1997, y otorgan el título de técnico superior universitario.
Las universidades tecnológicas (UT) ofrecen a los estudiantes que terminan la educación media superior, una formación intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo (luego de dos años), al trabajo productivo o continuar estudios a nivel licenciatura en otras instituciones de educación superior. El modelo educativo de las UT está orientado al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la información, más que a su actuación. Actualmente hay 61 universidades tecnológicas en 26 estados de la república.
El modelo educativo de las universidades tecnológicas desarrolla nuevas modalidades de organización académica y pedagógica, orientadas al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocados al análisis interpretación y buen uso de la información, más que a su acumulación.
Compañeros legisladores, no podemos ser indiferentes cuando la población actual está integrada en su mayoría por jóvenes; jóvenes que necesitan de nuestra atención para atender sus diversas necesidades y encaminar sus soluciones, principalmente aquellas que se denotan de la educación y del campo laboral.
Hoy, esta alternativa educativa ofrece a los jóvenes a que al término de la educación media superior continúen con una formación intensiva que les permita incorporarse, en corto tiempo, al trabajo productivo o continuar estudios en otras instituciones de educación superior.
De recibir una educación de calidad y de formación polivalente, en donde se combinan los estudios en el aula, taller y/o laboratorio, prácticas y estadías en la planta productiva de bienes y servicios, lo que les permite a los jóvenes egresados desempeñarse profesionalmente en una amplia gama de actividades productivas.
También impulsa en los jóvenes, las aptitudes, conocimientos y habilidades del estudiante para que pueda desempeñarse profesionalmente en el mercado laboral, prestar sus servicios libremente o instalar su propia empresa para dar respuesta a las necesidades locales, regionales y nacionales que le plantea la sociedad para impulsar su desarrollo, lo que logra una mayor rentabilidad social del servicio educativo.
Por lo anterior, resulta prioritario exhortar a la Secretaría de Educación Pública porque genere y realice una mayor difusión de los instrumentos y mecanismos que permitan que tanto los jóvenes egresados retomar sus estudios y concreten una completa preparación académica superior, como de aquellas generaciones que se encuentran cursando actualmente y logren su titulación, y que con ello se procure, una mejor oportunidad laboral para el principal sector de la población del país.
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de Educación Pública a generar y difundir los instrumentos que permitan que los egresados como técnico superior universitario puedan dar continuidad a su preparación académica y obtener una mejor oportunidad laboral.
Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de abril de 2012.
Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía felicita al productor Pablo José Barroso y al elenco artístico por el desarrollo de la primera película épica mexicana, La Cristiada, suscrita por los diputados Óscar Saúl Castillo Andrade y Bernardo Margarito Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscriben, diputados federales Óscar Saúl Castillo Andrade y Bernardo Margarito Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cine nacional es una industria cultural de potencial y gran importancia mundial. México llegó a ser paradigma para Iberoamérica.
Como toda gran industria ha pasado por épocas buenas y otras estériles, nuestra industria fílmica ha sido generadora de artistas y técnicos cuya calidad es de alto valor.
El cine constituye una posibilidad de ideal para la población civil.
Existe un inmenso campo de acción para los filmes mexicanos en todos los países. El filme nacional se encuentra frente a la posibilidad única de contribuir al orgullo patrio.
El cine no es un simple entretenimiento es un útil instrumento de educación de los gustos, de la apreciación en sí de una cosmovisión. La película La cristiada maneja un gran nivel intelectual y buena factura técnica, y al mismo tiempo gusta al espectador.
La industria del cine no es distinta a ninguna otra y es un orgullo que nuestros filmes sean de calidad mundial. La cristiada es la primer película épica mexicana que narra de manera excepcional el espíritu de los mexicanos.
Personalidades del mundo del cine se fascinan con ella. Actores de talla internacional como Andy García, Eva Longoria, Peter O’Toole, así como connacionales como Eduardo Verástegui, Karime Lozano entre otros.
NewLan Films es una productora de cine mexicano que busca hacer de productos de calidad internacional. La historia se desarrolla en siete estados: Durango, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, y la Ciudad de México.
En virtud de lo anterior, y por considerarlo una actividad que es necesario impulsar, se somete a la consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados felicita al productor Pablo José Barroso, así como al elenco artístico, por el desarrollo de la primer película épica mexicana La cristiada .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2012.
Diputados: Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir la esclerosis múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Programa Seguro Popular, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria y desmielinizante que afecta al sistema nervioso central (SNC). La enfermedad se inicia entre los 20 y los 40 años, predomina en mujeres en una relación 3:1 (mujer: hombre), su etiología es desconocida y diversos mecanismos patogénicos han sido planteados. La esclerosis múltiple se caracteriza por inflamación, desmielinización y daño axonal en el cerebro. Existen diversas formas clínicas de esta enfermedad como la llamada forma silente (síndrome clínico aislado), en donde ésta se mantiene activa incluso durante la aparente estabilidad clínica. La EM es el trastorno inflamatorio más común del sistema nervioso central, es la principal causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y cuenta con un pronóstico variable.
De acuerdo con las estadísticas sobre la esclerosis múltiple, aproximadamente el 50% de los pacientes que la padecen sufren incapacidad durante los 15 años posteriores al diagnóstico, y el 80% a los 30 años posteriores al mismo. Lo anterior se traduce en una disminución considerable en la calidad de vida, ya que se presentan alteraciones físicas, motoras y sobretodo cognitivas, lo cual tiene como consecuencia que los pacientes, al no ser diagnosticados a tiempo y, por tanto, no recibir el tratamiento adecuado de manera oportuna, pierdan toda posibilidad de reincorporarse a sus actividades cotidianas y al ámbito laboral. De la misma manera, la pérdida en la autonomía conlleva a que el paciente dependa de un cuidador. Es importante mencionar que quienes padecen mayormente de esta enfermedad son mujeres en edad reproductiva, y en muchos casos el impacto en el núcleo familiar es devastador puesto que existe abandono por parte de familiares, cónyuges e incluso de los hijos.
El pronóstico para los pacientes con esclerosis múltiple depende del estado en el que se encuentra la enfermedad, del tratamiento y de los cuidados que se tienen como soporte del paciente; sin embargo el 50% de los pacientes requerirán de alguna asistencia para caminar. Debido a que la enfermedad se manifiesta mayormente en los años de mayor productividad y que avanza hasta una incapacidad permanente, la esclerosis múltiple no solo se asocia a una pérdida en la calidad de vida sino también en un impacto económico importante. Existe una directa correlación entre el grado de discapacidad / movilidad y el nivel socioeconómico de la persona con la enfermedad. Es decir, a mayor grado de discapacidad, peor es su condición económica, condición que la hace una enfermedad catastrófica. La relación entre la movilidad de los pacientes y el empleo está íntimamente ligada, ya que la tasa de desempleo en pacientes que cursan esta enfermedad se incrementa de un 15% hasta un 90% dependiendo del grado de avance de la enfermedad.
Aproximadamente 45 a 65% de los pacientes tienen alteraciones cognitivas como primera manifestación de la enfermedad. Los síntomas clínicos que se presentan con mayor frecuencia son por lo general fallas en la atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, velocidad de pensamiento y discapacidad física motora. El daño que se genera en las neuronas es irreversible; entonces, en la medida en que se diagnostique la enfermedad lo más pronto posible, más zonas del cerebro se pueden rescatar y más tiempo vivirán los pacientes sin discapacidad física motora ni daño cognitivo.
México se cataloga como un país de baja prevalencia para la enfermedad. La cifra estimada por diferentes autores varía entre 18 y 20 casos por cada 100,000 habitantes. Basándonos en ésta cifra, se estima que existen aproximadamente 19,300 pacientes con esclerosis múltiple. Se desconoce el número real de pacientes diagnosticados, sin embargo se estima que existen alrededor de 4,900 derechohabientes diagnosticados en el IMSS, de los cuales aproximadamente 3,000 pacientes reciben tratamiento con algún fármaco modificador de la enfermedad para esclerosis múltiple. En el caso del ISSSTE, existen cerca de 1,300 derechohabientes de los cuales 600 pacientes reciben tratamiento. En el caso del Seguro Popular, esta enfermedad no cuenta todavía con cobertura, por lo que se desconoce el número de pacientes que padecen esta devastadora enfermedad.
Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio en México para estimar el costo de la enfermedad; sin embargo, en países desarrollados se han hecho estimaciones desde distintas perspectivas y empleando variadas metodologías que permiten una imagen de peso económico de la enfermedad para la sociedad de dichos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estimó un costo anual total de 47,215 dólares por paciente, de los cuales el 37.2% correspondió a costos indirectos y tan solo el 39.5% a medicamentos.
Se ha demostrado que los pacientes que reciben tratamientos eficaces y seguros, logran cambiar el curso de la enfermedad, retrasando en el tiempo los estadios de discapacidad, mejorando su calidad de vida, y haciendo que puedan continuar con su vida productiva, familiar y social. Estos medicamentos han demostrado en mayor medida ser costo efectivos y de gran valor para los pacientes.
Con base en lo anterior es que se propone el punto de acuerdo en cuestión, ya que la esclerosis múltiple es un padecimiento que tiene un gran impacto económico en la población, en especial la que padece de pobreza y vulnerabilidad económica, tanto en el aspecto de diagnóstico y tratamiento por todos los costos que implica, como en el de disminución de la calidad de vida y de la productividad laboral, obstaculizando la obtención de ingresos. Por lo tanto, como se explicó, estas condiciones hacen de la EM una enfermedad catastrófica, existiendo justificación para que el Seguro Popular la cubra dentro del catálogo de enfermedades del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. De esta manera, el diagnóstico y tratamiento oportunos disminuirán los costos en la calidad de vida de las personas que padecen de esclerosis múltiple; además de la ampliación de la cobertura, ya que sólo existen registros de pacientes inscritos en el IMSS y el ISSSTE.
Con base en lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que sea incluida la enfermedad de esclerosis múltiple en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Programa Seguro Popular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2012.
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica)
