Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3497-IX, martes 24 de abril de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a proporcionar a médicos, enfermeras y demás profesionales temporales adscritos al programa IMSS-Oportunidades seguridad social y las condiciones que exige la Ley Federal del Trabajo para el desarrollo eficiente de su actividad, con pleno respeto de sus garantías laborales, a cargo de la diputada María Isabel Pérez Santos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Exposición de Motivos
La población objetivo del Programa Oportunidades son los hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud.
El programa es operado coordinadamente por la Secretaría de Desarrollo Social, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Oportunidades) y la Secretaría de Educación Pública y opera a nivel nacional, en alrededor de 100 mil localidades, en los municipios de mayor marginación, en áreas rurales, urbanas y grandes metrópolis.
El objetivo del programa en su vertiente de salud es asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes; además se propone proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
En la actualidad 10 millones 499,095 mexicanos son beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades, de los cuales 9 millones 862,222 residen en zonas rurales. En especial, en esta vertiente del Programa, la población objetivo son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud, de conformidad con los criterios de elegibilidad y metodología de focalización establecidos en sus reglas de operación.
El componente de salud opera bajo tres estrategias específicas: 1) proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, el cual constituye un beneficio irreductible, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona; 2) promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la malnutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el monitoreo de la nutrición de los niños y niñas menores de cinco años, de las embarazadas y en periodo de lactancia, así como control de los casos de desnutrición; y, 3) fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Las instituciones estatales de salud de las entidades federativas, a través de los programas regulares del sector y con la participación del Gobierno Federal, de acuerdo a los recursos presupuestarios disponibles, tienen la obligación de aplicar una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura de salud, favoreciendo un trato digno y de calidad a los usuarios y con base en los programas de cada institución.
Durante los últimos cuatro años el presupuesto asignado al Programa se incrementó 48%, lo que permitió ampliar de manera significativa los recursos asignados a sus prioridades: disminución de la muerte materna, prevención del cáncer cérvico-uterino, vacunación, diabetes mellitus, vigilancia epidemiológica, atención al adolescente e integración del padrón de beneficiarios.
Como vemos, los objetivos e impacto social del Programa Oportunidades y en especial de su componente de salud, ejecutado por el IMSS son de la mayor importancia para reducir la desigualdad y atenuar la pobreza nacional. Pero estos amplios objetivos no podrían lograrse sin la participación comprometida de los trabajadores que realizan las labores cotidianas de este Programa.
En el estado de Veracruz hay 1,453,270 beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades de los cuales 1´378,089 viven en zonas rurales y son atendidos por 29 grupos itinerantes de salud.
Estas unidades itinerantes son el verdadero motor que lleva a las comunidades más alejadas del estado, los beneficios de la salud y buscan educar a la población en el cuidado diario de sus condiciones sanitarias. Los médicos y enfermeras que laboran en estas unidades tienen los mismos derechos que aquellos que se encuentran adscritos a clínicas u hospitales. Así lo señala el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del trabajo.
Recientemente, en el estado de Veracruz, se han presentado protestas pacíficas de médicos y enfermeras adscritas a la Delegación Sur del IMSS, a quienes se les ha negado desde hace 12 años, sus derechos a aguinaldo, vacaciones e incluso seguridad social. Lo anterior, en flagrante violación del orden constitucional y de la Ley Federal del Trabajo.
Es necesario restablecer los derechos laborales de los trabajadores, que son el pilar fundamental de los programas de atención a la salud y la disminución de la desigualdad en México. No podemos avanzar en la lucha contra la pobreza si son vulnerados los derechos laborales de quienes buscan una mejor calidad de vida para millones de mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que brinde seguridad social y las condiciones laborales que exige la Ley Federal del Trabajo a los médicos, enfermeras y demás profesionales temporales adscritos al programa IMSS-Oportunidades, para el desarrollo eficiente de su trabajo con pleno respeto a sus garantías laborales.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 24 de abril de 2012.
Diputada María Isabel Pérez Santos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a considerar la equidad de género en las revisiones o reformas de sus normativas electorales, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN
Consideraciones
Las cuotas electorales de género surgen a partir de la constatación del bajo índice de mujeres que acceden a cargos públicos representativos; el promedio mundial de parlamentarias en el mundo ronda el 12 por ciento; en Europa se ubica sobre el 15 por ciento, pero en los países árabes apenas es significativo. En México, dicho porcentaje alcanzó el 16 por ciento en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997-2000). Es en este contexto histórico y político concreto en el que surge la discusión sobre las cuotas de género, las cuales, sin duda alguna, forman parte de la agenda pública de muchos países, incluyendo desde luego a México.
Ahora bien, la reforma legal al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que estableció la proporcionalidad a las candidaturas de género correspondió a las elecciones de ámbito federal, sin que exista una regulación uniforme en el tema a nivel de la legislaturas de los estados, por lo que se hace necesario homogeneizar en las legislaciones electorales estatales el criterio general para que también en las elecciones para regidores y diputados locales se considere la participación de género en la asignación de candidaturas, así como establecer mecanismos de sanción a los partidos políticos que no cumplan con dicho principio.
Las cuotas de género son actualmente el mecanismo por excelencia para promover una participación equitativa de mujeres y hombres en las instancias de los partidos políticos y del estado, a las cuales se accede por elecciones. La principal causa de ello es que ha demostrado efectividad para el aumento de la participación femenina en cargos electivos, como no habían tenido otras maneras de fortalecimiento de la igualdad y equidad de género como la capacitación, la militancia política y las apelaciones a la buena voluntad o a la conciencia de igualdad.
Su carácter de mecanismo obligatorio y transitorio ha permitido, por una parte, hacer visible la discriminación de género, ya que generalmente se debe demostrar esa situación antes de lograr su aprobación en las leyes electorales y estatutos partidarios, y por otra parte, exige que sus efectos sean evaluados, manteniendo de esa manera en la agenda el tema de la participación femenina.
En tercer lugar, se puede argumentar que las cuotas de género no implican discriminación contra los hombres, sino que son una medida compensatoria, o incluso transitoria, dadas las diversas barreras a la entrada y la discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres. En cuanto a las nociones de representación sustantiva, el argumento a favor de las cuotas es que, en la medida en que los intereses de hombres y mujeres no siempre coinciden, los hombres no pueden representar de manera sustantiva los intereses de las mujeres. 1
En México, las cuotas electorales de género se han establecido en algunos códigos electorales de las entidades federativas y a nivel federal en el Cofipe. Vale la pena mencionar que el tema de la constitucionalidad de las cuotas fue examinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la acción de inconstitucionalidad 2/2002, que fue promovida por el Partido Acción Nacional contra las reformas que las introdujeron en el Código Electoral del Estado de Coahuila. En su sentencia, la SCJN considera que las cuotas no son inconstitucionales.
Luego de esa sentencia, fueron publicadas las reformas al Cofipe para introducir las cuotas electorales de género en el ámbito federal. Concretamente, se reformaron los artículos 4.1, 38.1, 175.3 y 269.3 y se adicionaron los artículos 175-A, 175-B y 175-C; también se derogó por la misma reforma el artículo 22o. transitorio, tal como estaba a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996.
Por último, en la más reciente reforma electoral, aprobada en 2007, se incrementó la cuota mínima de “al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad” (Cofipe 2008, artículo 219). Asimismo, las listas plurinominales ahora deberán incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos (Cofipe 2008, artículo 220).
Por otro lado, se mantiene la posibilidad de excepción toda vez que quedan libres de la cuota de género “las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido” (Cofipe 2008, artículo 219). Esta ambivalencia en la definición de cuotas de género demuestra que los partidos del sistema político mexicano han sido muy cuidadosos en dejar “vacíos clave” en la legislación para proteger sus propios intereses. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que las cuotas de género, en su forma actual, existan para proteger los intereses de grupos particulares al interior de los partidos, tales como sus líderes, en lugar de representar los intereses de militantes o simpatizantes.
Como se sabe, el principio de discriminación positiva constituye el fundamento jurídico para la adopción de sistemas de cuota en la mayoría de los países con sistemas democráticos. En el ámbito federal (2008) el Cofipe adoptó un sistema de cuota que se traduce en la obligatoriedad para los partidos o coaliciones de no postular más del sesenta por ciento de candidaturas de un mismo género.
En el ámbito de las entidades federativas y resultado del efecto bola de nieve , las legislaciones electorales han transitado a la incorporación de este principio desde la década de los noventa en el siglo XX, sin embargo las modalidades adoptadas presentan tal heterogeneidad, que el análisis de su impacto requiere monitoreo en cada caso particular y análisis del contexto político en el cual se desplegarán las estrategias y plataformas. 2
Sin embargo, de las catorce entidades que en sus legislaciones electorales han adoptado un sistema de cuota, la mitad no contemplan sanciones por incumplimiento (Oaxaca, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas); a excepción de Zacatecas con gubernatura de extracción perredista. 3
Esta omisión es grave, pues vulnera el derecho de las mujeres a ser votada bajo el principio de igualdad de oportunidades y equidad de género. Si una ley incorpora la cuota sin sanciones por incumplimiento, ésta puede traducirse en letra muerta o simulación, pues los partidos no se encuentran obligados a cumplirla o lo hacen dependiendo del contrapeso de las mujeres que militan en sus filas y del método de selección/negociación de precandidaturas.
Si atendemos sólo al marco regulatorio que sustentarán los procesos electorales de casi la mitad de las entidades federativas que conforman el sistema federal mexicano, la radiografía presenta claroscuros en materia de igualdad de oportunidades y equidad de género, lo cual exige una lectura menos entusiasta sobre una medida compensatoria como las cuotas para revertir la representación política de las mujeres y, su correlato, los instrumentos para procurarse justicia electoral.
En los últimos años, los partidos políticos en más de 58 países cuentan con algún tipo de cuota en sus estatutos internos (IDEA 2008). Por otro lado, entre 1990 y 2003, 21 países introdujeron cuotas de género que requieren un porcentaje mínimo de mujeres dentro de las candidaturas legislativas, mismas que pueden ir desde 20 por ciento hasta 50 por ciento de las nominaciones 4
En el ámbito internacional, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su observación general número 18 (Sobre no discriminación, adoptada en su 37o. periodo de sesiones, 1989) señala, a propósito del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1996, que:
El principio de igualdad exige algunas veces a los estados parte adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el pacto. Por ejemplo, en un estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate, un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al pacto (párrafo 10).
En sentido parecido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en su recomendación general número 5 (sobre medidas especiales temporales, adoptada en su 7o. periodo de sesiones, 1988), recomienda que los estados partes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (entre los que se encuentra México) “hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo”.
Al menos en la visión de los dos comités de la ONU mencionados, las cuotas electorales de género estarían justificadas en el contexto de los textos internacionales que los propios comités tienen el encargo de interpretar. En virtud de que ambos instrumentos son parte de la llamada por el artículo 133 constitucional, “ley suprema de toda la Unión”, se deberá entender que también el derecho internacional suministra una plataforma de justificación de las políticas de acción positiva y, concretamente, una justificación para las cuotas electorales de género. 5
De acuerdo con lo anterior, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a las legislaturas locales con el objetivo de homogeneizar la regulación de la participación de género en las elecciones a nivel local para lograr un adecuado equilibrio de la participación de la mujer en todo el país.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas de la república a efecto de que, en las revisiones o reformas a sus legislaciones electorales, prevean que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados locales y regidores deberán cumplir, al menos cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, estableciendo el mecanismo de sanción correspondiente para el incumpliendo de esta disposición.
Notas
1. Aparicio Castillo Francisco Javier Cuotas de género en México. “Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009” Publicación del Tribunal Federal Electoral página 16
2. Información obtenida del portal Web del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres.
3. Información obtenida del portal Web del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres.
4. Aparicio Castillo Francisco Javier Cuotas de género en México. “Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009” Publicación del Tribunal Federal Electoral páginas 12 y 13
5. La información vertida en esta exposición de motivo se obtuvo del comentario y análisis efectuado por el Investigador Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en su artículo denominado: “La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género” publicado en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2012.
Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a transparentar los resultados en materia de acceso en tiempo y forma a los medicamentos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas derivado de los ahorros obtenidos por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México las enfermedades crónico-degenerativas son un problema grave de salud pública y constituyen uno de los mayores retos para el sistema de salud. Estas condiciones concentran más de 65 por ciento de todas las defunciones y constituyen un verdadero problema de incapacidad y discapacidad para miles de mexicanos.
Por la cantidad creciente en el número de afectados, su contribución a la mortalidad general, la afectación en incapacidad prematura y el costo gubernamental y social que representa su tratamiento, el gobierno ha implementado diversos esfuerzos para abordar este problema.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la necesidad de brindar servicios de salud eficientes, con calidad y seguridad para el paciente. Asimismo establece la necesidad de implementar una política integral para contar con un abasto oportuno y eficiente de medicamentos, evitar precios excesivos en medicamentos de patente, así como optimizar el gasto en medicamentos e insumos en las instituciones de salud públicas.
Para lograr lo anterior, el 26 de febrero de 2007, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, los gobiernos estatales, los laboratorios, distribuidores y farmacias, académicos y médicos firmaron el “compromiso para garantizar la suficiencia, disponibilidad y precio justo de medicamentos”.
Como principal producto de ese compromiso se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud. Conforme al acuerdo publicado el 26 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, dicha comisión tiene por objeto llevar a cabo el proceso de negociación anual de precios de medicamentos y otros insumos para la salud contenidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, que cuenten con patente vigente y que sean objeto del procedimiento de adjudicación directa.
La comisión, integrada por las Secretarías de Salud, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, el IMSS y el ISSSTE, las Secretarías de Salud estatales y representantes de órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la administración pública federal, ha llevado a cabo múltiples negociaciones a fin de obtener ahorros significativos en la compra de medicamentos con patente vigente y/o medicamentos considerados de alto costo, en beneficio de la población mexicana.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que los ahorros derivados de los procesos de negociación a cargo de la comisión, para los tres años de su operación (2008-2011), ascienden a más de 11 mil 600 millones de pesos para el sector salud. La información disponible muestra que los ahorros generados en 2010 se concentraron en los siguientes grupos terapéuticos: antirretrovirales, infecciosas y parasitarias 29 por ciento; oncología 23 por ciento; endocrinología y metabolismo 9 por ciento; reumatología y traumatología 9 por ciento; cardiología 6 por ciento, otros 25 por ciento.
La presente administración ha dado a conocer los cuantiosos ahorros generados por las negociaciones realizadas; sin embargo, no ha proporcionado información sobre cómo éstos se han visto reflejados en términos de disponibilidad y acceso de medicamentos para atender de manera oportuna y efectiva las enfermedades crónico-degenerativas. En este sentido, la población solamente cuenta con información aislada y esporádica sobre los resultados obtenidos por la comisión.
Asimismo, continúan existiendo deficiencias en las diferentes instituciones de salud pública para garantizar el acceso efectivo y oportuno de diversos medicamentos para el tratamiento de enfermedades como hepatitis, insuficiencia renal crónica, esclerosis múltiple, diversos tipos de cáncer, fibrosis quística, artritis reumatoide, hipertensión pulmonar arterial, VIH/sida, psoriasis y diabetes, por mencionar algunos. La falta de acceso a los medicamentos pone en riesgo la salud de los pacientes y cancela sus posibilidades de obtener los mejores insumos para su tratamiento.
Por ello, es de interés de todos los mexicanos conocer los resultados obtenidos por la comisión, enfatizar cuales han sido los ahorros producidos por las negociaciones en la adquisición de medicamentos de patente en las instituciones públicas de salud y cuál ha sido su repercusión en el acceso oportuno de los medicamentos para el tratamiento en tiempo y forma de enfermedades crónico-degenerativas.
Dadas las anteriores consideraciones, y en virtud de que es fundamental lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas de las acciones gubernamentales, me permito presentar a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a transparentar los resultados en materia del acceso en tiempo y forma a los medicamentos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, derivadas de los ahorros obtenidos por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar el artículo 9, fracción X, del acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, y consecuentemente el artículo 12, fracción XII, de sus Reglas de Operación, para hacer de carácter público el informe anual de resultados de dicha Comisión Intersecretarial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2012.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFAI a reforzar las medidas de seguridad implantadas para el acceso a la información, principalmente en los casos que hacen públicos los datos de identidad de los representantes de empresas y los montos con que concursan en las licitaciones públicas, pues la difusión de esos datos los vuelve susceptibles de ser víctimas de delitos como robo, extorsión y secuestro, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a reforzar las medidas de seguridad implantadas para el acceso a la información, principalmente en los casos que hacen públicos los datos de la identidad de los representantes las empresas y los montos económicos con que concursan en las licitaciones públicas, pues la publicación de estos datos los hace susceptibles de que sean víctimas de delitos como robo, extorsión y secuestro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental establece que son objetivos de ésta
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.
En cumplimiento de los objetivos anteriores se creó el IFAI, encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y promover el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
La inquietud primordial de este punto de acuerdo es brindar mayor seguridad a las empresas que en virtud de participar en las licitaciones públicas quedan expuestas a que información de montos económicos con los que concursan y datos generales de su empresa y representantes sean de dominio público, por la cual estas empresas quedan susceptibles de ser víctimas de robo, secuestro y extorsión, en virtud de que es conocido que una de las formas de operar de la delincuencia se basa en la información de que puede allegarse por los medios de comunicación, Internet, redes sociales, etcétera.
Ése ha sido un método recurrido para cometer este tipo de actos ilícitos y es indudable la necesidad de tomar las medidas necesarias para prevenir los delitos y brindar la seguridad que requieren los ciudadanos.
Si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental establece que el monto de una licitación pública se considera información de común consulta, toda vez que con ella se relaciona el uso de los recursos públicos, la citada ley también establece los casos en que la información debe considerarse reservada o confidencial, como señala el artículo 13:
Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano;
III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; o
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
Lo anterior nos indica que es procedente reservar la información cuando esté en peligro la vida de una persona, que en el caso planteado en el objetivo de este punto de acuerdo, es necesario reservar la identidad de las personas que fungen como dueños o representantes de las empresas que se adjudican licitaciones públicas, así como los montos pagados por ello y así evitar exponerlos como víctimas de un posible atentado delictivo.
Contar con el refuerzo de medidas de seguridad para el acceso de la información de los particulares y empresas, otorga a la ciudadanía la tranquilidad y certeza de que la publicación de sus datos personales o empresariales no traerán como consecuencia un posible atentado de la delincuencia y así se pueden generar mayor confianza ciudadana y mejor certeza jurídica.
Es evidente que la implantación de acciones y medidas de mayor seguridad en el manejo de los datos que proporciona el IFAI dotará de mayor seguridad del manejo de sus datos personales tanto a los servidores públicos, como a las empresas y a los ciudadanos en general y así evitar el riesgo de ser víctima de la delincuencia.
Para los diputados del Partido Acción Nacional, es prioridad salvaguardar en todo momento la seguridad de la ciudadanía.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a reforzar las medidas de seguridad implantadas para el acceso a la información, principalmente en los casos que hacen públicos los datos de la identidad de los representantes de empresas y los montos que éstas pagan en las licitaciones públicas, pues la publicación de esos datos los hace susceptibles de que sean víctimas de delitos como robo, extorsión y secuestro, suscrita por el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de abril de 2012.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Conaculta a trabajar con el gobierno de Guerrero a fin de diseñar e implantar políticas de educación y cultura que promuevan el desarrollo integral de la niñez y la juventud en el estado para evitar que sean víctimas o generadores de violencia, a cargo de la diputada Rodolfina Gatica Garzón, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Rodolfina Gatica Garzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracciones I y II, y 2, fracciones I y II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública y a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a trabajar con el gobierno de Guerrero a fin de diseñar e implantar políticas de educación y cultura que tengan por objeto promover de manera conjunta el desarrollo integral de la niñez y la juventud en Guerrero para evitar que sean víctimas de violencia o se involucren en hechos violentos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años, la sociedad civil de Guerrero comparte una profunda preocupación por la ola de violencia que si bien ha mostrado un decremento en los últimos meses, sigue afectando a la adolescencia y la juventud. Este tipo de violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que se entiende como un problema con profundas raíces familiares, sociales, culturales, políticas y económicas. Por ello, la búsqueda de soluciones a esta situación debe partir de un enfoque integral que incorpore los factores que contribuyan al bienestar y desarrollo de la adolescencia y la juventud.
La violencia que afecta a Guerrero se inserta en un contexto complejo de violencia y criminalidad que enfrenta el país. Como es conocido por todos, en los últimos años se han incrementado actividades del crimen organizado, con vínculos dentro de las instituciones del Estado; se han intensificado los ataques a usuarios del transporte público; extorsiones contra comerciantes; el tráfico de armas y drogas; los asesinatos de mujeres; violencia intrafamiliar y el abuso sexual.
El panorama se presenta desolador y no estamos haciendo mucho por revertir esta situación. Nuestro reto con ellos es poner a su alcance los medios necesarios para acceder al mercado laboral con una mejor preparación y limitar el sistema laboral proteccionista que obstaculiza el acceso a los jóvenes mejor preparados, que protege a quienes han llegado a estos puestos por herencia o recomendación.
Las estadísticas de los decesos que propicia la violencia que se vive en Guerrero, y de manera destacada en Acapulco, señalan que la mayoría de los fallecimientos se dan en el grupo de edad entre los 15 y los 29 años. Se trata de las llamadas lesiones intencionales o crímenes y de las lesiones provocadas por accidentes de tránsito, en donde el 60 por ciento de están relacionadas con el consumo de alcohol. Entre los 12 y 13 años es la edad promedio de inicio al consumo de alcohol y al tabaco, lo cual es peligroso porque el cerebro no se ha formado por completo. Esta inmadurez cerebral provoca que los jóvenes sean más susceptibles a tener más adicción por estas drogas, de acuerdo con estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En cuanto a los crímenes, Acapulco y Zihuatanejo ocupan el primero y el octavo lugares entre los municipios del país donde más aumentaron los homicidios en 2011. En Acapulco, las muertes pasaron de 370 en 2010 a 914 el año pasado, lo que se traduce en un incremento de 147 por ciento. Respecto a Zihuatanejo, los decesos aumentaron un 670 por ciento, al pasar de 16 a 123. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes con 50.3 y la media nacional es de 14.6.
Hoy, en México, los jóvenes mueren más por causas violentas que por enfermedades. Por cada 3 hombres fallece 1 mujer. Los homicidios en los adolescentes entre los 15 y los 17 años han llegado a su punto más alto, con un aumento de 35 por ciento, en el lapso de 2000 a 2010. Ante esta situación, el Unicef pide tratar la violencia como un problema de salud. Otros afectados por la violencia son los niños y adolescentes huérfanos, y quienes han sido detenidos por estar vinculados a bandas delictivas.
Con relación a los datos sobre la educación de los jóvenes guerrerenses, éstos también son preocupantes. Las coberturas de educación media superior y superior son en el caso del primer nivel de 51 por ciento y en licenciatura de 14 por ciento, muy por debajo de la media nacional.
Además de la baja cobertura, otro problema es la deserción; un caso grave es el del Colegio de Bachilleres, donde 47 por ciento de quienes ingresan no concluyen los estudios. En las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) las cosas no están mejor, por ejemplo, destacan los pleitos entre estudiantes de las preparatorias de Acapulco, las cuales son alarmantes, pues en lugar de estudiar se confrontan y los profesores de estas escuelas tienen una gran responsabilidad por no cumplir con sus horarios de clases.
Un factor que juega en contra de la calidad de la educación en la UAG es la frecuente confrontación que se da entre la representación sindical y las autoridades por motivos laborales, que provoca la suspensión de clases.
Las suspensiones frecuentes de clases en el Sistema Educativo Estatal (SEE), desde preescolar hasta posgrado, afecta no sólo el presupuesto educativo que se desperdicia, pues hay que tener presente que el 98 por ciento se destina a la nómina, sino también se pierden los recursos de otros programas como Oportunidades, ya que en el caso de Guerrero se distribuyen 435 mil becas, uno de cada tres estudiantes tiene una, si tomamos en cuenta que hay una matrícula en todo el SEE de 1 millón 200 mil alumnos.
El panorama de los jóvenes guerrerenses es francamente desolador y las posibilidades de superar este ambiente de violencia no se podría, al contrario éste seguirá acrecentándose si no se toman las medidas pertinentes, entre otras que se mejore la eficiencia de nuestro SEE, en todos sus niveles para que nuestros jóvenes estén mejor preparados y puedan tener empleos bien pagados que los alejen de la criminalidad. El Pacto Social por la Educación sería el primer paso para avanzar, en la reivindicación de los jóvenes. Sin embargo, a condición de que se cumpla, considero que deben implantarse acciones inmediatas para lograr el acceso a la salud, la educación, la recreación y la cultura.
Como se observa, resulta prioritario que los planes y programas para promover la educación y la cultura entre la niñez y juventud guerrerense deben ser diseñados e implantados en coordinación con las diferentes instituciones del Estado responsables del bienestar de la niñez y juventud, así como la participación y aportes de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana y la justicia; todo ello, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil, atendiendo a la variedad de causas de la violencia y la responsabilidad que requiere enfrentarlas.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al secretario de Educación Pública y a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a trabajar con el gobierno de Guerrero a fin de diseñar e implantar políticas públicas en materia de educación y cultura que tengan por objeto promover de manera conjunta el desarrollo integral de la niñez y la juventud en Guerrero para evitar que sean víctimas de violencia o se involucren en hechos violentos.
Segundo. Esta soberanía solicita a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que difunda los programas y las reglas de operación entre las fundaciones y asociaciones civiles de Guerrero, con objeto de que éstas elaboren y presenten proyectos culturales susceptibles de apoyo vía fondos concursables para el desarrollo de programas en beneficio de la niñez y la juventud.
Dado en el salón de penos de la Cámara de Diputados, a 24 de abril de 2012.
Diputada Rodolfina Gatica Garzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno, al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como al jefe delegacional en Cuauhtémoc, a atender de inmediato denuncias vecinales sobre posible trata de personas en la zona de Buenavista, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara los presente puntos de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Desde sus orígenes, el delito de trata de personas ha atentado contra los bienes más preciados por la sociedad, como son la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Aunque la trata de personas, encuentra sus antecedentes históricos, en prácticas ancestrales de sometimiento, es apenas reciente el esfuerzo por parte de los legisladores por crear marcos jurídicos que doten a la autoridad encargada de la investigación la persecución y el castigo de herramientas eficaces que combatan este flagelo.
2. En México hay aproximadamente un millón doscientas mil personas víctimas de trata de personas, con ello, se ubica en el quinto lugar en América Latina de entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina.
3. En el año 2000, en Palermo, Italia, en respuesta a convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, representantes de 117 países suscribieron la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Trasnacional, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, importante y eficaz herramienta para combatir este delito. México lo firmó el 13 de diciembre de 2000 y lo ratificó el 4 de marzo de 2003. Con esta Convención, que se viene a sumar al Protocolo de Palermo, México por primera vez incorpora al esquema normativo penal una definición integral de la trata de personas, que incluye las actividades, los medios comisivos y fines.
4. De 2009 a septiembre de 2011, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reportó en la capital aproximadamente 5 mil 873 personas extraviadas, de las cuales mil 849 son mujeres de entre 10 y 26 años de edad, lo que significa un 31.4 por ciento del total. De las mujeres reportadas, se extravían en el Distrito Federal más de 63 por ciento, principalmente en orden de incidencia, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.
5. Al ser la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal la segunda en donde más se reportan personas extraviadas, la autoridad encargada de la protección de los intereses primigenios de los habitantes de la capital está obligada a intensificar su actuación, sin embargo no ha sucedido así, desde 2009 se tienen antecedentes de denuncias y alertas por parte de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, de actividades de sexoservicio relacionadas con la explotación sexual, comercial y la trata de personas; de ello, da cuenta el periódico El Universal, que publicó el jueves 30 de julio de 2009, que “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la delegación Cuauhtémoc para atender casos relacionados con las condiciones del sexoservicio en Buenavista, como la denuncia de trata de personas”. El entonces presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, indicó que “es una recomendación que se aproxima sobre el tema de la violencia”. Expresó que lo que se espera es generar tres intervenciones, al solicitar a la autoridad que genere procesos de diálogo con los peticionarios y los vecinos.
6. El perfil de la demarcación obliga a tomar cartas en el asunto, más aún cuando se tienen plenamente identificadas las zonas donde se lleva a cabo, al amparo de las autoridades, esta actividad; de ello, da cuenta un cable informativo de la agencia de noticias Notimex que comenta lo siguiente: “Pese a los recientes operativos de la policía judicial en Buenavista, la prostitución y la presunta trata de personas son un mal permanente que pone en jaque a esa zona y ha orillado a los vecinos a radicalizar sus protestas”.
En un recorrido realizado por Notimex en calles de las colonias Buenavista, Santa María la Ribera, Guerrero, Tabacalera y San Rafael, se observó la presencia de hombres y mujeres, principalmente jóvenes, ofertando sexoservicio. En entrevista, David Alejandro Mondragón Zamora, presidente de la Asociación de Vecinos de Buenavista, confirmó que la prostitución y la trata de personas no ha disminuido, sino que por el contrario parece que se encuentra en su mayor auge.
“Sentimos que esto es ya una burla, las autoridades no nos responden, el problema ya tiene más de siete años y...
“En todos ellos se ejerce la prostitución con total descaro, incluso a veces las jóvenes se colocan frente a ellos y ya nada más ingresan con los clientes, y hay varias jovencitas que se ven muy menores”, afirmó.
... los policías se hacen de la vista gorda, ellos andan tras sus negocios también, cuando ven que alguien se anda drogando en la calle pues hacen como que no ven...
Aseguró que la mencionada actividad ilícita en las colonias Buenavista y Guerrero no es algo que estuviera arraigado como sucede en Sullivan o La Merced, sino que fue fomentada desde hace siete años por los gobiernos perredistas en la delegación Cuauhtémoc.
“Empezó con la ex delegada Dolores Padierna y se potencializó con Virginia Jaramillo, ahí se dedicaron a firmar acuerdos entre organizaciones de sexoservidoras y supuestos vecinos, pero la verdad es que ninguno era vecino de aquí, son gente que trajeron de otro sitio”, denunció.
Subrayó que las redes de prostitución y trata de personas operan de manera organizada con líderes como “La Wini” o “La Tosca”, todos coordinados por una mujer identificada como Margarita García Arteaga, conocida en la zona con el alias “La Licenciada”.
7. Lamentablemente, la única acción que llevó a cabo la autoridad delegacional fue la de “reubicar” la oferta de sexoservicio de la colonia Buenavista a la calle Luis Donaldo Colosio. Pretendiendo reglamentar el horario y la vestimenta de las personas que se dedican a esta actividad. Sin embargo, este tipo de medidas resultan inviables y evidencian el desconocimiento de un problema con raíces más hondas y aunque la sola idea de la reubicación es buena debido a la queja vecinal, lo del horario es ingenuo y lo de la ropa resulta inútil, e ineficaces las acciones del entonces delegado para combatir una problemática global donde se dan presuntas actividades delictivas.
8. El día 13 marzo de 2011 el periódico Milenio dio cuenta de actividades de trata de personas y lenocinio en la Colonia Buenavista; frente a las oficinas centrales de la delegación Cuauhtémoc, donde no sólo prolifera la prostitución diurna y nocturna, sino que ha sido refugio del tráfico de personas y la perversión de jóvenes; cita el diario lo siguiente:
“Las redadas vienen y van, pero quedan rizomas de prostitución infantil y sus explotadores, lenocinio y lo demás, y entonces, después de un lapso, renace la hidra y sus cabezas y éstas vuelven a tomar forma, lentas pero seguras,....
De manera especial en las colonias Buenavista y Guerrero, cerca de las oficinas centrales, cuyos linderos forman parte de ese corredor de prostitución, localizado en la calzada de Tlalpan y La Merced, donde esporádicas incursiones policiacas han descubierto presuntas madrotas y travestis que capitanean el lenocinio y obligan a jóvenes, hombres y mujeres a ejercer la prostitución.
En esas zonas es donde más ocurren ese tipo de sucesos, no obstante la ostensible presencia de policías preventivos, por lo que vecinos realizan denuncias anónimas, como sucedió el día que la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la procuraduría local, implementó un operativo y detuvo a 15 explotadores de niños. Más tarde se sabría que incluso una mujer utilizaba un bebé.”
Los “probables responsables”, como se les denomina, fueron acusados por los delitos de “corrupción de menores agravado, lenocinio, trata de personas y delincuencia organizada”. En aquella ocasión, hace meses, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales trasladó a 13 hombres al Reclusorio Norte y a dos mujeres al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
9. El antes citado diario se refería en sus investigaciones a David, “La Tosca”, de 23 años, y “La Mamá Lupe”. Las indagaciones, se sabría, habían iniciado meses antes, con la detención de “La Coco” y “El Payaso”, procesados por las mismas infracciones.
Asimismo, se supo que la pareja utilizaba los hoteles Buenavista, ubicado en Bernal Díaz número 34; Estaciones, en el número 28 de la misma calle; Fortín, situado en Bernardino de Sahagún 28; Ángeles, en Félix Gómez 40; y Santander, en el número 21 de la calle Arista. De estos inmuebles rescataron a los menores de edad.
La PGJDF había recibido una serie de “denuncias ciudadanas” y comisionó a un grupo de agentes para que investigaran; luego de los cabos amarrados, implementó el operativo y rescataron a las menores de edad; dos de las jovencitas liberadas, una de 16 y otra de 17, acusaron a “La Tosca” de obligarlas a prostituirse en las calles de Mina y Arista, colonia Guerrero, “cobrándoles una cuota diaria, y les ordenaba utilizar los hoteles Santander, Buenavista, Fortín, Ángeles y Estaciones, entre otros”.
10. El 17 de abril del año en curso, el periódico El Universal también dio cuenta con una nota que señala la situación que actualmente se vive en la colonia Buenavista, donde menores de edad son obligadas a ofrecer servicios sexuales bajo la supervisión de madrotas y padrotes, y en donde los mismos vecinos luchan todos los días por erradicar este fenómeno sin ser escuchados, sino por el contrario han señalado que lo único que han recibido son amenazas y represalias por las denuncias, según se refiere en dicho diario.
Considerandos
Primero. Que la trata de personas es un delito grave, una forma de esclavitud que por medio de la violencia, el engaño o el abuso de poder, somete a las víctimas a explotación sexual, a trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Segundo. Que hay condiciones que vuelven a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están la pobreza, la falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, entre otros. Sin embargo, también inciden en esa vulnerabilidad, el status particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación por parte de la propia autoridad que la ve como algo normal.
Tercero. En el caso de México, es un delito que a lo largo de los últimos veinte años ha cobrado niveles desproporcionados, aunado al hecho de que por su ubicación geográfica y falta de atención y seguimiento por parte de la autoridad, se ha vuelto territorio idóneo para que distintas redes de Trata a nivel internacional encuentren aquí un área de oportunidad.
Cuarto. Es obvio que la sola normativa para perseguir y sancionar estos delitos no es suficiente, si no se acompaña con un auténtico castigo a los servidores públicos de todos los niveles que son omisos a castigar estas conductas o a frenar los factores que los propician. Por ello es que resulta fundamental que en las normas jurídicas y acciones tendentes a prevenir y erradicar la trata de personas, se involucre de manera interinstitucional, la participación de la plena expresión de la sociedad, como es el caso de la legislación en la materia para el Distrito Federal y que investigue y exhiba con todo rigor a los servidores públicos que por corrupción o simple omisión no atendieron las denuncias ciudadanas de actividades de sexoservicio, prostitución infantil y trata de personas.
Quinto. Estas actividades se realizan a la luz del día y prácticamente en las narices de las autoridades administrativas, las cuáles son, en el mejor de los casos, omisas al actuar y coadyuvar con las autoridades persecutoras de los delitos; por el contrario, con actividades como la “fiesta del día del padre” del mes de marzo de 2011, o con su omisión al actuar, se genera la percepción de que las autoridades delegacionales avalan estas conductas.
En zonas perfectamente ubicadas por los vecinos y las autoridades que son omisas en su actuar, ejercidas por individuos de mala fama pública, y que no solamente irrumpen en la paz y tranquilidad al ser factores que vulneran el tejido social y que generan delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno, al procurador general de Justicia, y al secretario de Seguridad Pública, todos del Distrito Federal, así como al jefe delegacional de Cuauhtémoc para que en el ámbito de sus respectivas competencias, intensifiquen las acciones de investigación, prevención, atención a víctimas de trata de personas en la delegación Cuauhtémoc.
Segundo. Se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal a atender de inmediato las denuncias vecinales sobre la posible comisión de delitos en materia de trata de personas en la zona de Buenavista.
Tercero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública a vigilar de forma permanente las zonas involucradas y a canalizar las denuncias vecinales con motivo de infracciones a la Ley de Cultura Cívica Relacionadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a realizar un foro con representantes de la sociedad civil organizada, ambientalistas, productores, universidades y empresas, sectores público y privado y otros interesados para analizar y debatir sobre alternativas al uso de endosulfán, incluido el manejo integrado de plagas y de plaguicidas no químicos, así como el uso agroecológico y la agricultura orgánica, a cargo de la diputada Rodolfina Gatica Garzón, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe Rodolfina Gatica Garzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y de Salud, a realizar un foro con miembros de la sociedad civil organizada, ambientalistas, productores, universidades y empresas, sectores públicos y privados y otros interesados para analizar y debatir sobre alternativas al uso del endosulfán, incluyendo el manejo integrado de plagas, plaguicidas no químicos, el manejo agroecológico y la agricultura orgánica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La regulación de los plaguicidas en México es llevada a cabo por diversas dependencias federales, así el trasporte de estas sustancias es regulado por la SCT, el impacto al medio ambiente por la Semarnat, la eficacia biológica de los productos para uso agrícola por la Sagarpa y los aspectos sanitarios por la Secretaría de Salud.
En principio la Ley General de Salud establece que un plaguicida es “Cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga”. Asimismo establece la necesidad de la proteger la salud humana por el contacto con este tipo de sustancias. Con esta visión la Secretaría de Salud establece que se deben de cumplir con una serie requisitos que garanticen que los plaguicidas que llegan al mercado mexicano sean seguros durante su manejo.
Entre estos requisitos que se deben entregar se destaca la batería de estudios toxicológicos, que incluye toxicidad aguda, subcrónica, crónica y de efectos específicos (neurotixicidad, teratogenicidad, entre otros). Adicionalmente se cuenta normas oficiales mexicanas, donde se destaca la de etiquetado de plaguicidas, mediante la cual se clasifican los plaguicidas por su toxicidad aguda y se establecen medidas generales de protección laboral al aplicador y manejo del producto.
Aunado a lo anterior, en 1987 se publicó el decreto de creación de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), en la que toman parte las Secretarías de Salud (a través de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios: Cofepris), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía.
En el marco de las actividades que desarrolla la Cicoplafest, se publicó el 23 de diciembre de 2004 el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, instrumento a través del cual se regula el ingreso al comercio de estos productos.
Asimismo, se publica y actualiza regularmente el Catálogo Oficial de Plaguicidas, que contiene información relevante al manejo seguro y ambientalmente adecuado de los productos que cuentan con registro. Cabe mencionar en este contexto, la publicación el 3 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Decreto que prohíbe la importación, fabricación, formulación, comercialización y uso de plaguicidas como los que son Cops: aldrina, dieldrina, endrina y mirex (para el toxafeno, hexaclorobenceno y heptaclor no existe registro, mientras que la producción o importación y uso del clordano y del DDT han sido suspendidas).
Desde 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 134 establece que para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:
IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas.
A su vez, en el artículo 135, la citada ley prevé que los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se considerarán en los siguientes casos:
IV. El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
En el artículo 143 la Ley dispone que los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas técnicas que expidan en forma coordinada la Semarnat, la Sagarpa, y la Secretaría de Economía, para evitar que se causen desequilibrios ecológicos. Se previó también en el mismo artículo que: El reglamento de esta ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deberá observarse en actividades relacionadas con dichas sustancias o productos, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
A su vez, la LGEEPA, su Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos y la norma técnica ecológica relativa a la clasificación de estos residuos (ahora transformada en norma oficial mexicana)3, publicados en el mismo año, establecen que los plaguicidas obsoletos y sus desechos se deben manejar como residuos peligrosos y sus generadores o poseedores deben de darse de alta ante la autoridad ambiental e informar periódicamente acerca de la forma de manejo a la que los someten.
En el marco del Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte, el Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), adoptó, el 13 de octubre de 1995, la Resolución #95-5 que dio lugar a la creación del Grupo para el Manejo Adecuado de Sustancias Químicas, de manera consistente con el Capítulo 19 de la Agenda 21 y con las recomendaciones del Foro Intergubernamental de Seguridad Química, y en la que se dio prioridad al manejo y control de sustancias de preocupación mutua que son persistentes y tóxicas, así como a la cooperación en una escala más amplia en materia de gestión de sustancias químicas.
La resolución se fundamenta, entre otros, en el reconocimiento de los siguientes hechos:
• Los tres países comprenden ecosistemas compartidos en los cuales el suelo, el aire, el agua, la flora y la fauna son interdependientes y pueden verse afectados por las sustancias tóxicas que se movilizan a grandes distancias, en particular por las que son persistentes y bioacumulables, asociadas a una multiplicidad de efectos adversos en la salud humana, las plantas y los animales.
• Algunos de los efectos dañinos de las sustancias referidas pueden ser irreversibles y las medidas para remediar o mejorar los ambientes degradados y tratar los padecimientos ocasionados por ellas pueden ejercer una presión considerable sobre las economías locales, regionales y nacionales.
• La necesidad de evaluar y desarrollar estrategias para manejar adecuadamente las sustancias químicas nuevas y existentes en América del Norte, a lo largo de sus ciclos de vida integrales, a fin de reducir o prevenir sus riesgos para la salud humana y el ambiente.
• La importancia de la contribución corresponsable de los productores y consumidores al manejo sustentable de estas sustancias.
• La existencia de acuerdos o convenios multilaterales previos, suscritos por los tres países y relacionados con dicho manejo sustentable, que deben ser tomados en cuenta al poner en práctica la Resolución.
Como consecuencia de lo anterior, la Resolución compromete a los tres países a cooperar y a adoptar medidas para alcanzar el manejo sustentable de las sustancias de interés común, a través de acciones como la prevención de la contaminación, la reducción de las fuentes generadoras y el control de contaminantes, e incluye en la lista de sustancias prioritarias a ser objeto de planes de acción regional en una primera fase, al DDT, la clordano, a los bifenilos policlorados y al mercurio.
De acuerdo con un estudio promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en países no miembros de esta última organización: “...el volumen de los plaguicidas caducados ascendería a 500 mil toneladas. Las condiciones de estos plaguicidas varían entre una situación muy positiva, cuando se trata de productos que pueden utilizarse, y cantidades indeterminadas de productos mixtos y de suelos muy contaminados por las fugas de envases.”
Como podemos observar, aunque actualmente existe un sin número de ordenamientos nacionales e internacionales para la regulación de plaguicidas, estas medidas regulatorias no son suficientes para proteger a la población. Ejemplo de lo anterior es el uso de plaguicidas como el endosulfán que es altamente tóxico en forma aguda por vías oral e inhalatoria, así como ligeramente tóxico por vía dérmica.
Este compuesto afecta fuertemente el sistema nervioso y sus efectos neurotóxicos han sido observados tanto en animales en estudios agudos, subcrónicos y crónicos, como en seres humanos por exposición ocupacional o intencional. La intoxicación aguda por endosulfán puede resultar en irritabilidad, inquietud, espasmos musculares, convulsiones y muerte.
Los efectos crónicos del endosulfán en animales expuestos incluyen afectaciones en riñón, hígado, sangre y glándula paratiroidea. Existe también evidencia que el endosulfán actúa como disruptor endócrino así como depresor del sistema inmunológico en animales de prueba a dosis que no inducen ninguna otra señal clara de toxicidad. En seres humanos, hay evidencias de daño hepático, renal y al ADN a largo plazo por exposición ocupacional.
La principal vía de exposición al endosulfán para los seres humanos es la ingesta de alimentos con residuos de este plaguicida. Otra fuente de exposición es el consumo y el fumar productos de tabaco contaminado con endosulfán, así como la deriva de aspersiones aéreas hacia comunidades vecinas.
El endosulfán se encuentra también fuertemente vinculado con envenenamientos no intencionales por su elevada toxicidad aguda y ha sido asociado con desórdenes físicos, retraso mental y muertes en trabajadores agrícolas en países en desarrollo.
El endosulfán entra al medioambiente cuando es producido o utilizado como plaguicida y se distribuye en el aire, el agua, suelos y sedimentos. Generalmente, el endosulfán se degrada en cuestión de semanas, sin embargo también puede permanecer adherido a partículas de suelo por varios años sin degradarse. Es relativamente resistente a la fotodegradación pero sus metabolitos, incluyendo al sulfato de endosulfán, son susceptibles a la fotólisis.
El endosulfán es un insecticida y acaricida de amplio espectro que actúa por contacto. Se utiliza para controlar un gran número de insectos en una amplia variedad de cultivos comestibles como vegetales, frutas, granos de cereales y té, así como en cultivos no comestibles como algodón y tabaco, plantas ornamentales y árboles. Se utiliza también en jardinería y para la conservación de la madera.
Las importaciones por país de proveniencia (Israel, Alemania e India) reportadas registraron un aumento de 504 toneladas en 2010. Cabe mencionar que estas cantidades aproximadas de importación y exportación anuales fueron confirmadas por las asociaciones representantes de las industrias de agroquímicos que han asistido a los Talleres sobre la situación del endosulfán en México realizados por el Instituto Nacional de Ecología.
Con lo anterior, podemos observar la importancia que tiene la toxicología en la toma de decisiones y otras acciones que lleva a cabo la autoridad en la búsqueda de la protección de la salud humana.
Igualmente relevante es tener presentes las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, relativas a la necesidad de que productores, importadores, distribuidores, consumidores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, aplicando el principio de responsabilidad compartida, pero diferenciada, colaboren en la formulación y ejecución de planes de manejo para los residuos peligrosos de plaguicidas y de sus envases. Lo anterior, en razón de que dichos planes de manejo, que no requieren de autorización, y que abren la posibilidad de flexibilizar el manejo de productos caducados, que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, contribuirán a su manejo costo-efectivo.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Salud a realizar un foro con miembros de la sociedad civil organizada, ambientalistas, productores, universidades y empresas, sectores públicos y privados y otros interesados para analizar y debatir sobre alternativas al uso del endosulfán, incluyendo el manejo integrado de plagas, plaguicidas no químicos, el manejo agroecológico y la agricultura orgánica.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud y de Economía a desarrollar una evaluación conjunta acerca de las implicaciones económicas, tecnológicas y sociales derivadas del desarrollo de los inventarios, del acopio, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de las existencias de plaguicidas caducados tanto Cops, como de otra índole.
Tercero. Esta soberanía exhorta a las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar programas de monitoreo dirigidos a la protección de la salud humana y el ambiente.
Recinto Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2012.
Diputada Rodolfina Gatica Garzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Sagarpa y la Semarnat acciones para establecer medidas que eviten el desarrollo y los consiguientes daños que la enfermedad laurel wilt podría causar al país, particularmente en las especies productoras de alimentos de consumo humano, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados José María Valencia Barajas, José M. Torres Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Cruz López Aguilar, Francisco Alberto Jiménez Merino, José Alberto González Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Laurel wilt es una enfermedad que se presenta en el sistema vascular de las plantas comprendidos dentro del grupo de los redbay (persea borbonia ) y en otras plantas de la familia Lauraceae , en el sureste de los Estados Unidos de América (EE UU).
La enfermad es causada por un hongo (raffaela), que es transmitido a través de un insecto de origen asiático, llamado the redbay ambrosia beetle , cuyo nombre científico es Xileborus glabratus Eichhoff .
Persea es un género de alrededor de 150 especies de árboles perennifolios de la familia del laurel, Lauraceae. El miembro más conocido es el aguacate o palta (P. americana), muy cultivada en regiones subtropicales por sus grandes frutos comestibles.
The redbay ambrosia beetle, es el insecto que sirve de vehículo transportador del hongo raffaela, que es quien produce la enfermedad. A este insecto le son atractivos como nichos hospederos los árboles del género Persea , donde inocula las esporas del hongo, las que se reproducen en el sistema vascular de la planta, obstruyendo finalmente el flujo de agua, lo que inhibe la alimentación del árbol y tiene como consecuencia final, en el curso de semanas o pocos meses, la muerte del vegetal.
Desde la detección inicial del redbay ambrosia beetle cerca de Savannah, Georgia, EE UU, en 2002, la enfermedad laurel wilt ha causado una amplia mortandad de redbay en Georgia, Carolina del Sur y la Florida, EE UU.
En septiembre de 2007, en un área residencial de Jacksonville, Florida, fue descubierto un árbol de aguacate (Persea americana Mill) con alrededor de 10 años de edad, infectado con laurel wilt , es decir, con la enfermedad del laurel marchito , con posterioridad ha habido otros hallazgos, sin que la propagación en el cultivo del aguacate sea aún de gran magnitud.
Son justamente el languidecimiento del follaje del árbol, su marchitamiento y muerte de la planta, las consecuencias de esta enfermedad.
Para efectos del caso anterior, el hongo fue aislado y se trataron las áreas afectadas, llevándose a cabo una serie de procedimientos que condujeron a comprobar que la enfermedad había sido producida por el hongo raffaela .
La importancia de lo anterior reside en el hecho de que la enfermedad del laurel wilt , constituye una seria amenaza, no sólo al cultivo del aguacate, sino a toda la familia de las Laureaceae .antonio mariscal. 1
La velocidad de propagación de la enfermedad es de alrededor de 35 kilómetros por año, sin embargo, la rapidez aumenta de manera aún indefinida, pero mucho más rápida, a través del movimiento de maderas infectadas, troncos, pedacería de madera, etcétera; de tal suerte que su dispersión en las diversas áreas geográficas, tanto de EE UU, como de otros países –México incluido– representa una seria amenaza por las consecuencias de la enfermedad.
Hasta abril de 2008, en los EE UU, aún no se tenían estrategias de manejo probadas para prevenir el desarrollo de la enfermedad del laurel marchito.
La información pública disponible a esta fecha no contiene elementos que manifiesten que la enfermedad está controlada en los EE UU, y que hagan referencia a los tratamientos definitivos para atacarla.
Todo lo señalado con anterioridad, se ha manifestado para llamar la atención de las autoridades sanitarias en la materia, particularmente de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que lleven a cabo los procedimientos necesarios para establecer las medidas preventivas necesarias, que eviten los daños que la enfermedad del Laurel wilt podría causar al país, particularmente en las especies productoras de alimentos para consumo humano, como lo es el del aguacate. De la misma manera, las medidas preventivas deberán comprender al género Persea borbonia y en otras plantas de la familia Lauraceae , que se encuentren en territorio nacional.
Particular importancia para el país tiene el cultivo del aguacate.
Actualmente el cultivo del aguacate se realiza en 134 mil 275 hectáreas y se cosechan 123 mil 356 hectáreas.
La producción de aguacate es del orden de 1 millón 106 mil 591 toneladas, con un rendimiento promedio por hectárea de casi 9 toneladas, con precio medio rural de casi 13 mil pesos por tonelada, representando un valor aproximado de la producción, de más de 14 mil millones de pesos.
El cultivo del aguacate tiene presencia en casi en todo el país, sin embargo, en términos comerciales, del total de hectáreas sembradas cerca de 80 por ciento se concentra en el estado de Michoacán, teniendo después la mayor presencia relativa, los estados de Jalisco, Guerrero, México y Nayarit.
Tomando en consideración lo anteriormente señalado, se plantea a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Respetuosamente se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de otras instancias competentes, para que lleven a cabo las acciones necesarias para establecer las medidas preventivas pertinentes, que eviten el desarrollo y como consecuencia los daños que la enfermedad Laurel wilt podría causar al país, particularmente en las especies productoras de alimentos para consumo humano, como lo es el del aguacate. De la misma manera, las medidas preventivas deberán comprender al género persea borbonia y en otras plantas de la familia Lauraceae , que se encuentren en territorio nacional.
Nota
1. A.E. Mayfield, J. E. Peña, et al Florida Entomologist feb 2008, volume 91, number 3:485
First report of Laurel Wilt Disease Caused by a Raffaelea sp. on avocado in Florida:
“Ability of de Redbay Ambrosia Beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) to Bore into Young Avocado (Laureaceae) Plants and Transmit the Laurel Wilt Pathogen (Raffaelea sp.)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2012.
Diputados: José María Torres Robledo (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Cruz López Aguilar.
