Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3492-VII, martes 17 de abril de 2012
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento de la opinión pública, en medios electrónicos e impresos, por el Conaculta los motivos por los cuales se ha restringido la inversión para adquirir material bibliográfico y el estado que guarda la infraestructura mobiliaria e inmobiliaria de la biblioteca José Vasconcelos, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Canek Vázquez Góngora, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer con la mayor brevedad del conocimiento de la opinión pública en medios electrónicos e impresos, por medio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los motivos por los cuales se ha restringido la inversión para adquirir material bibliográfico, así como el estado que guarda la infraestructura mobiliaria e inmobiliaria de la biblioteca José Vasconcelos, con base en las siguientes
Consideraciones
El desarrollo humano está estrechamente vinculado con el acceso a la cultura, la información y el conocimiento, elementos que inciden en el bienestar social, por lo que el nivel de lectura de un país representa un indicador del nivel de su desarrollo.
La lectura es una herramienta fundamental para el aprendizaje en cualquier etapa de la vida. Por ello es más importante comprender la idea central de un documento, que leer bien o en poco tiempo.
En México, el sistema educativo se ha encargado de enseñar a los escolares a leer de manera mecánica, en detrimento de la comprensión, situación que se refleja en el bajo nivel escolar que tenemos.
Consciente de esta importancia el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, cuenta actualmente con dos programas centrados en dicho tema: el Nacional de Lectura (PNL) y el de Fomento para el Libro y la Lectura (PFLL).
El PNL busca mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes de educación básica y favorecer el cambio escolar a través de una política de intervención que asegure la presencia de materiales de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos lectores y escritores de alumnos y maestros.
Entre los objetivos del PNL está el desarrollo de mecanismos que permitan la identificación, producción y circulación de los acervos bibliográficos necesarios para satisfacer las necesidades culturales e individuales de todos los miembros de las comunidades educativas; así como consolidar espacios para apoyar la formación e interacción con ésta.
El PFLL, a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), entre sus objetivos tiene el de disminuir los rezagos lectores y educativos; así como la iniquidad en el acceso a la cultura y el libro, a través del desarrollo de estándares que permitan medir la capacidad de lectura, así como invertir recursos para adquirir más volúmenes y mejorar la calidad del acervo y colecciones destinados a consultas públicas.
No obstante la inversión y el esfuerzo que varias administraciones han hecho para mejorar el nivel de lectura y de acceso a servicios culturales, los resultados distan de ser los esperados.
Las estadísticas más recientes de hábitos de lectura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos revelan que en la última década México cayó 10 puntos en el número de alumnos de 15 años que leen por placer entre la población estudiantil. En 2000, 60 por ciento de los estudiantes de 15 años y 77 de las mujeres leían por placer, pero para 2009 esas proporciones disminuyeron a 54 y 74 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura, en México los mayores de 12 años leen en promedio 2.9 libros al año, mientras en España la cifra alcanza 7.7, en Portugal 8.5 y en Alemania 12.
La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2010 del Conaculta, encontró que solamente 27 por ciento de la población leyó un libro el año pasado y menos de 25 por ciento asistió a una biblioteca.
Las bibliotecas y los centros educativos son espacios de enseñanza, formadores e impulsores de habilidades y técnicas, como el de la lectura, que a su vez representa un factor por medio del cual la sociedad se involucra en las acciones que se realizan en su comunidad.
En el país hay 7 mil 211 bibliotecas públicas, de las cuales sólo 2 mil 718 cuentan con recursos tecnológicos, por lo que podemos afirmar que los usuarios no acceden en igualdad de circunstancias a estos servicios.
En 2001, como resultado del proyecto de modernización integral de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, se propuso una reestructuración de la Biblioteca de México José Vasconcelos, visualizando la creación de un nuevo edificio que además del acervo bibliográfico tuviera acceso a servicios de información pero por su ubicación, en la Plaza de la Ciudadela, representó una serie de obstáculos para su desarrollo por tratarse de un monumento histórico, inafectable y con instalaciones insuficientes para incorporar infraestructura tecnológica.
Por tal motivo se acordó construir la megabiblioteca Vasconcelos en 2005 en la zona de Buenavista. Dicho proyecto causó gran controversia por la millonaria inversión que representó y las innumerables fallas que ha tenido el inmueble, así como por su escaso acervo.
En el discurso de inauguración, el entonces presidente, Vicente Fox, manifestó que con este recinto el gobierno federal cumplía su compromiso de actualizar el servicio de bibliotecas públicas de México. “Fomentar la lectura es vencer la ignorancia, es impulsar la tolerancia y el respeto a las ideas, es fortalecer la democracia, es impulsar la creatividad”, señaló en esa oportunidad.
De acuerdo con el proyecto original, la biblioteca sería el cerebro central de una red de 7 mil 100 bibliotecas, con capacidad para albergar 2 millones de volúmenes físicos de títulos-libros y recibir entre 4 y 5 millones de visitantes al año.
Al momento de inaugurarse, el recinto contaba con un acervo de 575 mil volúmenes y se trazó la meta de incrementar este a 1.5 millones en los siguientes 10 años con base en estudios realizados por la UNESCO y la Fundación Bill & Melinda Gates. Lamentablemente, y transcurridos 5 años y medio desde la apertura, el acervo sólo creció en 1 por ciento para situarse en 580 mil ejemplares, situación que contrasta con lo dicho por la ex titular del Conaculta e impulsora del proyecto durante la administración foxista Sari Bermúdez, quien explicó que para alcanzar la meta establecida se tendrían que incorporar alrededor de 100 mil ejemplares por año.
Concretar dicha meta podría implicar un presupuesto de 5 millones de pesos al año. Sin embargo, de 2007 a 2011 se invirtieron sólo 2 millones de pesos y se privilegió el desarrollo de los recursos digitales.
Aun así, la meta es relativamente reducida si la comparamos con otros países donde el acervo es infinitamente superior al de la megabiblioteca. A continuación se señalan algunos ejemplos:
Biblioteca Acervo
Del Congreso de Estados Unidos 30 millones
Nacional de España 28 millones
Nacional de Francia 13.5 millones
Nacional de Brasil 8.5 millones
Nacional de Argentina 3 millones
Nacional de Chile 1.2 millones
La finalidad de poner a disposición del público recursos tecnológicos era aprender e informarse, no acceder a redes sociales o chats, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, lo cual significa que no hay vigilancia para garantizar un uso adecuado.
En 2009, la megabiblioteca fue visitada por 625 mil personas, para 2010 la cifra se elevó a 1 millón 63 mil y en 2011 a 1 millón 714 mil 228 personas, de los que alrededor de 735 mil lo hicieron vía electrónica, cuando se supone que en promedio debería estar recibiendo entre 4 y 5 millones de visitantes.
Algunos fines de semana han alcanzado la cifra récord de 13 mil usuarios. La expectativa es aumentar el número de usuarios anualmente en 60 por ciento, lo que hasta la fecha no ha sucedido.
El número de visitantes contrasta con los que poseen credencial, sólo 81 mil 275 personas han realizado este trámite. Respecto al préstamo bibliotecario en la sala se realizaron 495 mil 105 libros y 355 mil 391 a domicilio, por lo que promover y difundir del recinto se convierte en una necesidad imperiosa, con objeto de incrementar el número de usuarios y la credencialización.
Aunado a lo anterior, hay un grave problema de filtración de agua en el edificio, lo cual causó que en mayo de 2006 y en marzo de 2007 se cerraran las puertas de la biblioteca para realizar las reparaciones necesarias. No obstante, persiste el defecto, visible en el piso 7 del moderno edificio.
El invernadero que se proyectó, por el que se pagaron 38 millones 976 mil pesos, permanece cerrado al público.
Otro de los servicios que ofrecería la biblioteca era el de cafetería, pero durante los trabajos de reparación se dañó el equipo, lo que ocasionó la interrupción del servicio hasta hoy, así como el inicio de un procedimiento judicial, el cual no se ha resuelto.
El propósito de este documento no es descalificar la administración de este recinto de cultura y saber sino colaborar en el cumplimiento de los objetivos por los que fue creado este espacio cultural en beneficio de los usuarios e impulsar el fomento de la lectura, a fin de elevar el ejercicio de este hábito en la sociedad mexicana, así como contribuir a su bienestar social y desarrollo personal.
En razón de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer con la mayor brevedad del conocimiento de la opinión pública en medios electrónicos e impresos, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, los motivos por los cuales se ha restringido la inversión para adquirir material bibliográfico, así como el estado que guarda la infraestructura mobiliaria e inmobiliaria de la biblioteca José Vasconcelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas entidades federativas a impulsar y fortalecer acciones en sus ámbitos de competencia para cumplir la obligatoriedad de adecuar su marco jurídico respecto a la implantación del nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía exhorto con punto de acuerdo dirigido a las entidades federativas de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, así como al Distrito Federal, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo con el objeto de que impulsen y fortalezcan las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligatoriedad de realizar las adecuaciones conducentes a su marco jurídico correspondiente en torno a la implementación del nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad en sus respectivos ámbitos de competencia, establecida en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
1. El pasado 18 de junio de 2008, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal en la República Mexicana, esto a partir de la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que derivado de lo anterior, se advierte que la implementación de la reforma constitucional en materia del sistema de justicia penal mexicano, estructurado este a partir de la adopción de los juicios orales como un mecanismo para pronta solución de conflictos en el marco de los principios constitucionales para la impartición de la justicia establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna; presenta como objetivo fundamental promover la efectiva protección de las víctimas del delito, destacando en este contexto el fortalecimiento de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la reparación del daño, así como también el reconocimiento pleno del papel protagónico que estas personas llegan a desempeñar en el proceso penal.
3. Que en el marco de esta reforma constitucional, la modernización de este sistema de justicia versa en torno a la implementación de un nuevo modelo basado en la oralidad, lo que indudablemente se traduce en el impulso y fortalecimiento de mayor eficacia en la impartición de la justicia penal en nuestro país determinada por una efectiva protección de los derechos fundamentales de aquellas personas que han tenido la desafortunada experiencia de haber sido víctimas de delitos que de manera diversa han violentado tanto su integridad física, moral o incluso hasta sus bienes materiales.
En consecuencia, se advierte que la adopción plena de un sistema de justicia penal basado en la oralidad se constituye como un instrumento de fundamental importancia dado que permite dotar de mayor eficacia los principios de publicidad de las actuaciones, así como también la agilidad en el desarrollo de interrogatorios en los respectivos procesos judiciales.
Sin embargo, no obstante a lo anterior, es importante mencionar que la implementación de un sistema caracterizado fundamentalmente por la acusatoriedad y oralidad, donde la primera de ellas se constituye como una característica fundamental para asegurar que en efecto, el Ministerio Público sea la parte acusadora, pero que al mismo tiempo permita la defensa del inculpado; precisa el establecimiento de bases sólidas dentro un sistema procesal que se conduzca bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e imparcialidad.
4. Que en el marco de la reforma constitucional en la materia que nos ocupa, la adopción del nuevo sistema de justicia penal en México se encuentra implícito el reconocimiento de la obligatoriedad del Estado de proteger a las víctimas de los delitos, siendo para ello imprescindible la creación de mecanismos que sean necesarios para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Por tal motivo es que en consonancia con los términos en que ha sido aprobada esta trascendental reforma constitucional, se establece la obligatoriedad para las legislaturas locales de realizar las adecuaciones conducentes a su marco jurídico correspondiente en torno a la creación de juicios orales en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, es que derivado de lo anterior, en esta reforma se instruye que en estos juicios basados en la oralidad deberán prevalecer los principios de libertad probatoria, continuidad, concentración, inmediación e imparcialidad.
5. En virtud de lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que dada la relevancia de la reforma constitucional en materia de justicia penal, así como también de las implicaciones que de ésta pudiesen derivarse al momento de su instrumentación en el ámbito local, es que el régimen de transitoriedad de la misma tuvo a bien establecer la gradualidad en torno a la implementación de este nuevo sistema de impartición de justicia en las entidades federativas y el Distrito Federal, determinando así un plazo máximo de ocho años contados a partir de la publicación del correspondiente decreto, la cual tuvo lugar el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Así las cosas, es de reconocerse que si bien es cierto que dada la relevancia de la implementación de tales reformas se requiere flexibilidad en cuanto al término que la legislación en materia otorga para que las entidades federativas y el Distrito Federal avancen de acuerdo a sus circunstancias particulares en su implementación de este nuevo sistema de justicia; es igualmente válido afirmar que a casi cuatro años de vigencia del régimen de transitoriedad descrito en los precedentes, resulta imperativo conocer los avances y/o retrocesos que al día de hoy se han registrado en cada una de las entidades federativas.
Lo anterior con la loable intención de emprender las acciones y estrategias que se requieran para impulsar la operación de este nuevo sistema de justicia penal, particularmente en aquellos estados que a casi cuatro años de vigencia de las reformas constitucionales en esta materia, aún no han logrado la operación plena de este nuevo sistema de justicia basado en la oralidad.
Al respecto, es oportuno mencionar que en la sesión ordinaria del VIII, celebrada el 23 de marzo del presente año, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en su carácter de instancia de coordinación para la implementación del aludido sistema, tuvo a bien dar cuenta de los avances que hasta este momento se han registrado en cada una de las entidades federativas en la implementación del sistema de justicia penal que en este momento, resaltando el hecho de que a casi cuatro años de iniciada la vigencia de la reforma constitucional en materia de justicia penal, solamente los estados de Chihuahua, Morelos y el estado de México han logrado la operación total este nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad.
Asimismo, este consejo dio cuenta de que en las entidades federativas de Baja California, Durango, Zacatecas y Nuevo León, Oaxaca y Yucatán el nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad se encuentra en fase de operación parcial. A estas entidades federativas se suman los estados de Chiapas, Michoacán, Tlaxcala y Coahuila, los cuales en lo referente a la operación de este nuevo sistema de justicia penal, han establecido en su legislación correspondiente una fecha definida para ello, hecho que se traduce en un avance importante en la materia.
Derivado de lo anterior, es que el referido consejo da cuenta de los grandes beneficios que se han logrado obtener a partir de la plena operación de este nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad entre los cuales se encuentran los siguientes:
1. La resorción de conflictos sociales por medio de métodos alternativos, públicos y más rápidos sin la intervención del Ministerio Público; y
2. Proceso de impartición de justicia basado en el respeto a las garantías de las personas para una justicia rápida, pronta y expedita.
Con respecto a este último punto, de la información proporcionada por el mencionado consejo destaca el hecho de que a partir de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad, las entidades de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas han logrado disminuir de manera considerable el tiempo promedio de emisión de sentencias a partir de la consignación, pasando de 543 días en el sistema tradicional, a 152 días en el nuevo sistema, es decir, se registra una reducción de 391 días. Tal y como se demuestra a continuación:
Fuente: Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Sin embargo, contrariamente a lo expresado anteriormente, merece especial atención el hecho de que a casi cuatro años de la reforma constitucional, únicamente catorce de las treinta y dos demarcaciones territoriales locales, presentan avances que se consideran como significativos en lo relativo a la implementación de este nuevo sistema de impartición de justicia penal basado en la oralidad.
En este tenor, es importante mencionar que de acuerdo con los informado por el citado consejo, de las dieciocho entidades federativas restantes, es decir, poco más del cincuenta por ciento del total de las que integran nuestro país, catorce de ellas registran un proceso avanzado en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, siendo éstos los estados de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche y el Distrito Federal.
Sin embargo, no obstante a ello, considero que es en este momento cuando prácticamente ha transcurrido la primera mitad de tiempo del plazo máximo que otorgó el régimen de transitoriedad de la reforma constitucional en esta materia, que esta particularidad de proceso avanzado que guarda la implementación del nuevo sistema penal en las entidades federativas anteriormente descritas merece especial atención, esto en virtud de que al no registrarse mayores avances en esta etapa, el proceso de implementación y operación de las reformas es susceptible de que las características que al día de hoy prevalecen en cada caso particular, se conviertan en un obstáculo insuperable que incida de forma negativa en la implementación de este sistema o bien, sean factores que incidan en un total estancamiento que imposibiliten la plena operación de este nuevo sistema de justicia penal en el ámbito estatal.
Por lo anterior, es que al día de hoy, a casi cuatro años de vigencia de las reformas constitucionales en esta materia, considero necesario conocer en términos reales, en qué consiste ese proceso avanzado de implementación del nuevo sistema de justicia penal en cada una de las entidades federativas antes descritas, esto a efecto de promover e impulsar las acciones y estrategias que se requieran para la plena operación de este nuevo sistema de justicia penal.
En caso contrario a lo anteriormente descrito, y que se traduce en motivo de mayor preocupación por parte de este Poder Legislativo, es el estatus que al día de hoy impera en el proceso de implementación de este nuevo sistema de justicia penal en las entidades federativas de Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo, el cual al día de hoy, se encuentra en fase inicial. Este hecho cobra especial importancia debido a la gradualidad que debe imperar en proceso de transición del sistema de justicia penal tradicional a uno nuevo, basado en la oralidad; situación que adquiere cierto grado de mayor complejidad si consideramos que prácticamente ha transcurrido ya la primera mitad de tiempo del plazo máximo que otorgó el régimen de transitoriedad de la reforma constitucional en esta materia.
Esta circunstancia toma especial relevancia, en el caso particular del estado de Veracruz dado que éste ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a población, con un total de 7,643,194 habitantes; mientras que en el segundo lugar de esta categoría se ubica al estado de Sinaloa con un total de 2,767,761 habitantes, esto de acuerdo con los resultados obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, así como al Distrito Federal; tengan a bien impulsar y fortalecer las acciones necesarias para precisar fecha de inicio de vigencia y operación del nuevo sistema de justicia penal en sus respectivos ámbitos de competencia, y de esta manera dar cumplimiento cabal a la obligatoriedad establecida en el artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas de Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo tengan a bien impulsar y fortalecer las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligatoriedad de realizar las adecuaciones conducentes a su marco jurídico correspondiente en torno a la implementación del nuevo sistema de justicia penal basado en la oralidad en sus respectivos ámbitos de competencia, establecida en el artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sagarpa-Conapesca la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Ma. Dina Herrera Soto, diputada de la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares.
El mar territorial es el espacio marino adyacente a las costas del país, con una anchura máxima de doce millas náuticas (22.2 kilómetros), sobre el que se ejerce a plenitud su soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo del mar, así como el espacio aéreo suprayacente; cuya superficie es de 209 mil kilómetros cuadrados (sin incluir el mar territorial insular).
La zona económica exclusiva, es la franja situada fuera del mar territorial y adyacente, con una anchura máxima de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea base del mar territorial. El Estado ejerce derechos soberanos para los fines de exploración, explotación económica de la zona y sus recursos; así mismo posee jurisdicción respecto a la investigación científica marina así como la preservación del medio marino.
El área de la zona económica exclusiva de México, es del orden de 2 millones 717 mil 252 kilómetros cuadrados, que aunado a la superficie del mar territorial, comprende un total de 2 millones 926 mil 252 kilómetros cuadrados.
La plataforma continental reside en 389 mil kilómetros cuadrados, las zonas estuarinas cubren una superficie de 1 millón 600 mil hectáreas; las lagunas costeras alcanzan un área de 12 mil kilómetros cuadrados en un total de 29 mil kilómetros cuadrados de aguas interiores. El país cuenta con 314 cuencas hidrológicas distribuidas en todo el territorio nacional, adicionalmente, varios miles de kilómetros de cauces y escurrimientos, conformando ríos y arroyos.
El océano Pacífico, el golfo de California y el Mar Caribe, ejercen importante influencia en las condiciones climáticas, distribución y abundancia de la biodiversidad marina.
Lo anterior nos habla del enorme potencial de recursos pesqueros susceptibles de ser exportados a favor del consumo interno y la comercialización en el exterior.
Según lo reportado por el “Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2010” de la Comisión de Acuacultura y Pesca, en ese año el volumen de la producción pesquera fue de 1 millón 473 mil 378 toneladas y la balanza comercial fue superavitaria con 195.9 millones de dólares.
En la actividad pesquera de México se emplean 293 mil 803 pescadores que se dedican a la pesca y la acuacultura de manera directa y de manera indirecta depende alrededor de 1.5 millones de personas. Si bien la cifra es menor comparada con el universo de la población económicamente activa, no deja de tener relevancia por lo que hace al aporte de las actividades pesqueras y acuícolas en términos de la producción de alimentos y de generación de divisas.
Por ello, el sector pesquero constituye una actividad de suma importancia por contribuir al bienestar nutricional, económico y social de la población.
Con todos estos atributos del sector pesquero, se debe reconocer que éste enfrenta una serie de problemas y retos a resolver y que ponen en peligro su rentabilidad e incluso su existencia. Entre ellos podemos mencionar los factores del cambio climático, la sobre explotación de los recursos y las medidas precautorias, tales como las vedas implementadas por el gobierno para proteger las pesquerías más rentables que sostienen la producción.
En este sentido, es necesario impulsar el desarrollo social y económico en el ámbito rural de los municipios que registran los indicadores de marginación comparativos más altos del país, así como de aquellos municipios predominantemente indígenas, independientemente de su grado de marginación, mediante el apoyo de acciones que contribuyan a superar la pobreza, considerando la equidad y el enfoque de género en los beneficios del programa.
Por ello es necesario apoyar a la población pesquera con la finalidad de una mejor competitividad y productividad de los pescadores y acuicultores del país.
En este sentido, el apoyo se encuentra sustentado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, que a la letra dice:
Artículo 26. El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, será el instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos adecuados, así como para garantizar a las instituciones financieras de banca de desarrollo, Financiera Rural o a los intermediarios financieros rurales que operen con el fondo, la recuperación de los créditos que se otorguen a las organizaciones de productores pesqueros y acuícolas.
El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, operará a través de un Comité Mixto, en él habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, las entidades federativas, así como de las organizaciones privadas y sociales de productores pesqueros y acuícolas.
La existencia del fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo pesquero y acuícola.
Sin embargo, es importante decir que a pesar de que esta ley se publicó en julio de 2007, es decir, ya hace casi 5 años, siendo esta un mandato constitucional, el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROMAR) no ha sido implementado hasta el día de hoy por el Ejecutivo Federal, sin explicación alguna, desprotegiendo al Sector pesquero acuícola y sin que esta Cámara del Congreso de la Unión haya tomado ninguna acción al respecto para remediar esta situación.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa-Conapesca, implemente la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola (Promar).
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo, para que una vez puesto en operación el Promar, se emitan sus Reglas de Operación correspondientes y se le asignen recursos presupuestales para su pronta operación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputada Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace suya la preocupación por las condiciones laborales de los albañiles y exhorta a las autoridades del IMSS, en particular al Consejo Técnico, a buscar instrumentos para otorgarles de manera plena los derechos de seguridad social, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Mario Alberto di Costanzo Armenta, diputado a la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
En términos generales, podemos señalar que el sector de la construcción es muy importante en la economía de cualquier país.
Este sector se caracteriza por materializar las inversiones en infraestructura pública y privada, en la construcción de vivienda individual o en condominio, de establecimientos comerciales, cuestiones que repercuten de manera directa en el nivel del empleo, de la inversión y de la economía.
De acuerdo con información disponible en el sitio web de la Cámara de la Industria de la Construcción, en el periodo enero-diciembre de 2011 el personal ocupado en dicho sector era de 3 millones 610 mil 336 personas y a dicho periodo se habían generado 55 mil 220 empleos.
Asimismo, cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que había registrados ante él 1 millón 199 mil 451 trabajadores de la construcción.
Como se ve, hay una diferencia importante entre el personal ocupado en el sector y el que está dado de alta en el IMSS. Además, de este número no sabemos con certeza cuántos de ellos son albañiles y cuántos corresponden a personal administrativo.
A diciembre de 2011, el Instituto nacional de Estadística y Geografía reportaba 450 mil obreros en el sector de la construcción.
Sin embargo, hay un componente del sector de la construcción que pocas veces es tomado en cuenta y sobre ellos recae la cuestión práctica y son los que llevan a cabo el trabajo de cristalizar los proyectos arquitectónicos o de ingeniería que se planean.
Nos referimos a los albañiles, la mano de obra especializada o no, pero que tienen a su cargo construir los cimientos, levantar los muros, los techos y los acabados de las edificaciones. Como algunos de ellos suelen decir, sin ese trabajo no se llevarán a cabo los diseños de las casas y edificios que se construyen.
Estos trabajadores se enfrentan a diversas problemáticas que les generan condiciones adversas de desarrollo y de seguridad en el empleo.
Es muy frecuente que no se les proporcionen seguridad social ni contrato; a veces son empleados por particulares, quienes no responden frente a un eventual accidente en el trabajo, son presionados por sindicatos corporativos para que se afilien bajo la amenaza de que si no lo hacen llevarán esquiroles para que estallen una huelga.
Este tipo de situaciones ha llevado a un sector importante de estos trabajadores a iniciar ciertos intentos de organización para buscar mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
Los propósitos de la organización que están formando tienen que ver con obtener una serie de garantías o prestaciones, como que se les otorgue seguro social, pero no como seguro facultativo, con todas las prestaciones que la ley señala.
Además, quieren que alguna institución académica de prestigio pueda certificar su trabajo, para que sea reconocido como un trabajo de calidad y que al momento de ser empleados por alguna empresa, o por algún particular, haya la certeza de que el trabajo que se realizará será de la más alta calidad.
Ese proceso de certificación pude servir para llevar a cabo procesos de capacitación de trabajadores con menor experiencia, o que no dominan toda la gama de servicios que puede prestar un albañil.
De esa forma, un sector de albañiles nos han expresado estas preocupaciones, las cuales hacemos del conocimiento del pleno, con el propósito de sensibilizar a las compañeras y a los compañeros diputados sobre la necesidad de emprender acciones para ampliar los derechos de este tipo de trabajadores.
Queremos hacer énfasis en el nacimiento de la seguridad social en México, en 1943, a través del decreto expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho, por el cual se crea el IMSS, con carácter tripartito, es decir, trabajadores, patrones y gobierno.
En 1973 se expidió la primera Ley de Seguro Social, con la cual se creaba un instrumento con mayor fuerza legal para amparar los derechos de los trabajadores, con el carácter solidario y subsidiario donde los trabajadores financiaban el retiro de otros, hecho de gran relevancia, que se perdió con la expedición de una nueva ley en 1995, al establecer las cuentas individuales de cada afiliado al Seguro Social.
Creemos que hay precedentes para proponer que a los trabajadores albañiles se puedan mejorar las condiciones de seguridad social, que en la actualidad son precarias y, en algunos casos, inexistentes.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace suya la preocupación por las condiciones de trabajo en que laboran los albañiles, por lo cual formula un respetuoso exhorto a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular a su Consejo Técnico, para que se busquen los mecanismos necesarios para otorgarles los derechos de seguridad social de manera plena.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex Exploración y Producción a comparecer en esta soberanía para informar sobre el curso legal emprendido por la paraestatal contra diversas empresas gaseras estadounidenses y las implicaciones de la resolución de controversias con un marco legal extranjero, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, diputado Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
En el caso que nos ocupa, la colaboración entre los Poderes de la Unión debe ser una práctica que debemos promover en nuestro quehacer legislativo, no con el ánimo de invadir esferas de competencia o entorpecer investigaciones sino para tener una idea clara de la responsabilidad contractual o extracontractual de diversas empresas gaseras estadounidenses frente al robo de gas por el crimen organizado, y la sanción a que deben ser acreedoras.
El robo de combustible por el crimen organizado en México fue descubierto hace varios años. Desde entonces, según reportes de diversos medios de comunicación, se han presentado cargos criminales contra 140 personas ligadas al robo de carburante, incluidos dos agentes aduanales que autorizaban el paso de los camiones tanque cargados a través de la aduana mexicana hacia Estados Unidos.
También en Estados Unidos cinco ejecutivos de distintas compañías petroleras texanas han sido declarados culpables de comprar en forma consciente condensado de petróleo robado para su distribución en ese país.
México y Estados Unidos comenzaron a investigar en forma conjunta el robo del combustible en 2007, luego que las autoridades mexicanas notificaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas que parte del petróleo que era robado a oleoductos de Pemex estaba siendo conducido a Texas.
La investigación siguió el rastro a partir de quienes recibían el petróleo robado, para dar con algunos intermediarios, que a su vez comercializaban el combustible a varias compañías estadounidenses.
Ahora bien, el pasado martes 10 de abril, Petróleos Mexicanos interpuso en una corte federal estadounidense una nueva demanda para agregar seis compañías petroleras a una querella que exige una indemnización de hasta 300 millones de dólares por el beneficio obtenido al usar condensado de gas natural robado por el crimen organizado.
La demanda interpuesta ante la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas por Pemex Exploración y Producción (PEP) suma a nuevas compañías como Conoco Phillips, Marathon Petroleum, Sunoco Partners, y dos de las afiliadas Shell, además de FR Midstream Transport.
Hasta donde tenemos conocimiento, dicho recurso fue presentado el mismo día en que el juez federal Simeon Lake negó a la paraestatal mexicana interponer una enmienda en la demanda original de mayo de 2011 donde PEP pretendía agregar a las compañías citadas en el párrafo anterior.
La negativa motivó que Pemex interpusiera la víspera una nueva demanda en la que incluye las seis nuevas empresas y que no sustituye su recurso anterior, que continúa en curso y en el que había demandado a 11 compañías. La nueva demanda fue asignada a la juez federal Nancy Atlas, quien este miércoles fijo para el próximo 9 de julio la audiencia inicial en el caso.
Pemex reconoce en la demanda que las gigantes petroleras como Shell y Conoco Phillips probablemente desconocían que el producto que utilizaban había sido robado por cárteles mexicanos de la droga y revendido en Estados Unidos a través de diferentes empresas.
Sin embargo, Pemex señaló que aun así esas compañías siguen siendo responsables de los daños sufridos por la paraestatal y pide a la corte determinar cuáles podrían ser dichos daños.
En Nueva Alianza estamos de acuerdo en que debemos coadyuvar a la defensa de Pemex de todo robo de gas, así como para alertar a las empresas gaseras estadounidenses que el Congreso mexicano no se quedará con los brazos cruzados frente al ilícito del cual son partícipes. Para ello necesitamos tener con más precisión datos que coadyuven a PEP en su denuncia.
En atención de lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ingeniero Carlos Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, a comparecer en esta soberanía a efecto de que pueda informar sobre el curso legal emprendido por dicha paraestatal contra diversas empresas gaseras estadounidenses y las implicaciones de la resolución de controversias con un marco legal extranjero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se desista por la Segob del procedimiento judicial relativo al pago de consignación instaurado en el caso de Rosendo Radilla, suscrita por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
Las suscritas diputadas y los suscritos diputados, Manuel Cadena Morales, Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Diana Patricia González Soto, Margarita Gallegos Soto y J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Florentina Rosario Morales, Celia García Ayala y Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD, y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, integrantes de la junta directiva de la Comisión de Derechos Humanos, proponemos a la honorable asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través del titular de la Secretaría de Gobernación, se desista del Procedimiento Judicial relativo al pago de consignación instaurado en el caso de Rosendo Radilla al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha del 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió sentencia condenatoria al Estado mexicano a causa de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en el estado de Guerrero en el año de 1974. La Coidh encontró responsable al Estado por violaciones a los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida y a las garantías judiciales. Por tal motivo, la Corte dispuso ciertas acciones para la reparación del daño, entre las que se encuentran la indemnización material e inmaterial así como diversas reformas legislativas.
No obstante la disposición de la Corte de pagar las cantidades fijadas en un plazo no mayor a un año, a la fecha las víctimas refieren no haber recibido aún la indemnización correspondiente.
El pasado 2 de agosto del 2011, Tita Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez, hijos del señor Rosendo Radilla Pacheco, fueron notificados de que los recursos por conceptos de indemnización otorgados a su favor, habían sido consignados ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, junto con los conceptos de gastos y costas, cuyo numerario habían sido determinados por la Coidh en su sentencia sobre el caso Radilla Pacheco.
El Estado mexicano realizó la consignación por conducto de la Secretaría de Gobernación, habiendo notificado a los hermanos Radilla por conducto de sus representantes legales. Sin embargo, el acuerdo notificado tenía errores de transcripción en el nombre del señor Radilla Pacheco, por lo que el Juez corrigió los errores y ordenó la notificación de dicha corrección a los hermanos Radilla, quienes fueron notificados nuevamente, el 10 de agosto del año próximo pasado, en las oficinas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH).
Señala la CMDPDH que las víctimas han priorizado otras medidas de reparación antes que el pago de las indemnizaciones y el reintegro de gastos y costas, razón por la que consideran que el Estado tomó de manera unilateral la decisión de consignar los fondos ante órganos del Poder Judicial de la Federación, argumentando con ello ante la Coidh el cumplimiento de éste resolutivo de la sentencia.
Al respecto, la sentencia de la Coidh señala la conducción por parte del Estado, la investigación y de ser el caso, los procesos penales correspondientes con motivo de la detención y posterior desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco; continuar con su búsqueda efectiva y localización inmediata; reformas legislativas al Código de Justicia Militar y al Código Penal Federal; implementar programas o cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar; el Estado deberá brindar atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas; pagar las cantidades por conceptos de indemnización por daño material e inmaterial, entre otras disposiciones.
Por lo que es de estimarse que con la acción hasta ahora realizada por la Secretaría de Gobernación, no se puede considerar como un cumplimiento a lo ordenado por el tribunal internacional en su sentencia condenatoria.
La consignación de los recursos ante el Poder Judicial de la Federación resulta contraria a lo dispuesto por la Corte Interamericana, pues tal como lo señala la sentencia en su párrafo 386: “El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial directamente a sus beneficiarios, y el pago por concepto de costas y gastos directamente a la señora Tita Radilla Martínez (...)”
Asimismo, la Corte señaló en el párrafos 387 de la sentencia que: “Los pagos correspondientes a las indemnizaciones por daños material e inmaterial sufrido directamente por el señor Rosendo Radilla Pacheco (supra párrafos 365, 370 y 375), serán distribuidos en partes iguales entre sus derechohabientes.”
A este respecto, en la resolución sobre supervisión de la sentencia del 19 de mayo del presente año, la Corte Interamericana determinó que:
En el caso de las indemnizaciones correspondientes al señor Radilla Pacheco, la Corte ordenó en la Sentencia que las cantidades asignadas fueran distribuidas en partes iguales entre sus derechohabientes. Al respecto, el Tribunal considera admisible que se utilicen los procedimientos previstos a nivel interno a efecto de haber efectivo el pago de las correspondientes indemnizaciones. Sin embargo, tales procedimientos no pueden generar a las víctimas cargas desproporcionadas que obstaculicen innecesariamente el cumplimiento de esta medida de reparación a su favor (...) 1
De acuerdo a la normativa local en materia civil, para poder tramitar el cobro del pago consignado ante el juzgado federal, la familia Radilla tendría que tramitar la declaratoria de presunción de muerte del señor Radilla Pacheco. Esto resulta contrario a las reparaciones ordenadas por la propia Corte Interamericana, en el sentido de que el Estado tiene a su cargo investigar el paradero del señor Rosendo Radilla, quien fue desaparecido forzadamente por las Fuerzas Armadas mexicanas y respecto de quien aún no se tiene certeza de su muerte.
En términos de lo expuesto anteriormente, las víctimas y sus representantes consideraron que la consignación de los recursos ante un juez federal se aparta de lo dispuesto por la Coidh en su sentencia, así como en su primera resolución sobre el cumplimiento de la sentencia. Lo anterior, ha implicado para las víctimas beneficiarias y derechohabientes la carga de tramitar procedimientos judiciales desproporcionados e innecesarios que no sólo complican gravemente el cumplimiento de la sentencia, sino que también ha provocado un efecto de revictimización.
La consignación de los billetes de depósito ante un juez federal implica para la familia Radilla, beneficiarios y derechohabientes, cargas judiciales desproporcionadas e innecesarias que están expresamente prohibidas por la Corte Interamericana, pues para reclamar los montos anteriores y por estar consignados ante un juzgado federal, los derechohabientes del señor Radilla Pacheco (todas sus hijas y su hijo) necesariamente tendrían que iniciar diversos procedimientos judiciales que resultan onerosos para la familia, esto tanto desde un punto de vista económico como moral.
Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que se desista del procedimiento judicial de consignación iniciado ante el Poder Judicial de la Federación, para que los pagos por conceptos de indemnización, gastos y costas, determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso Radilla Pacheco, sean entregados de manera expedita y directa a la familia Radilla y se continúe con las demás acciones señaladas en el cuerpo de la presente proposición correspondientes al Ejecutivo Federal, con el propósito de que se cumplan con los restantes resolutivos de dicha sentencia.
Nota
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos. Supervisión de cumplimiento de sentencia . Resolución de 19 de mayo de 2011, párrafo 54, página 17.
N. de A. El resaltado es de los autores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a diecisiete de abril de 2012.
Diputados: Manuel Cadena Morales, Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Florentina Rosario Morales, Celia García Ayala, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Diana Patricia González Soto, Lizbeth García Coronado, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento de la opinión pública, en medios electrónicos e impresos, por la Secretaría de Salud el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el estudio Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Canek Vázquez Góngora, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a través de la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que través de la Secretaría de Salud, haga del conocimiento de la opinión pública en medios electrónicos e impresos, a la brevedad, sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el estudio denominado Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales , con base en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con un estudio llamado Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales , presentado en noviembre pasado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSS), las infecciones nosocomiales (IN) son un problema de salud pública de gran trascendencia económica y social que se asocian a una alta morbi-mortalidad y al incremento en días de hospitalización y que constituyen un desafío para las instituciones de salud y el personal responsable de la atención clínica.
En dicho estudio se menciona que las IN pueden ser definidas como “una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección” y también se cita que conforme a la NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las IN, se consideran nosocomiales las infecciones ocurridas después de 48 horas del ingreso al hospital, las adquiridas por los neonatos durante su paso por el canal de parto y las que se desarrollan en los 30 días subsecuentes a una intervención quirúrgica o después de un año en el caso de cirugías con colocación de implantes.
La gran mayoría de las IN, afirma el INNSS, refleja fallas en la atención que son susceptibles de prevención y control, por lo que es fundamental la identificación de los elementos que se asocian a la ocurrencia de estos eventos en México.
De los hospitales evaluados, 19 (36 por ciento) contaban con evidencia de adhesión al programa de Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial (Prerein), 39 (74 por ciento) a la campaña Cirugía Segura y 45 (85 por ciento) de capacitación de higiene de manos al personal en el marco de la campaña Está en tus manos. En 38 (72 por ciento) de los hospitales se verificaba habitualmente la concentración de cloro en las cisternas.
Respecto al manejo de antisépticos, exclusivamente 14 (26 por ciento) de los hospitales tienen por lo menos alguna política establecida, mientras que se detectó reutilización de material desechable en 75 por ciento (40) de ellos. La mitad de los hospitales (51 por ciento) refirió tener alguna política respecto al manejo de catéteres y en 39 de ellos (74 por ciento) se utilizaban métodos de barrera para la colocación de dispositivos intravasculares centrales. En 49 (92 por ciento) nosocomios personal diferente a las enfermeras podía manipular el catéter y en 47 (89 por ciento) se compartían soluciones entre diversos pacientes. Finalmente, en 31 (58 por ciento) hospitales se encontraron pacientes intubados en sectores de hospitalización fuera de la unidad de cuidados intensivos (UCI). En todos estos existió por lo menos un paciente en estado crítico y en 61 por ciento (19) había por lo menos una cama disponible en la UCI.
La principal infección nosocomial detectada fue neumonía con 335 casos (33 por ciento), seguida de infección de vías urinarias con 248 casos (24.6 por ciento).
La prevalencia puntual de infecciones nosocomiales en la población general fue de 21 por ciento, siendo similar en las diversas instituciones. Si se considera sólo aquellas infecciones con mayor mortalidad la prevalencia puntual global de bacteriemias primarias registrada sería de 1.3 por ciento y de 7.8 por ciento para neumonías nosocomiales.
En total se cultivaron 101 soluciones intravenosas en uso, provenientes de igual número de niños menores de 2 años, de las cuales 8 tuvieron desarrollo de algún potencial patógeno, para una tasa de 7.9 por ciento.
El análisis confirmó la asociación del uso de dispositivos invasivos con el incremento en el riesgo de IN, siendo la sonda endotraqueal la variable con una mayor fuerza de asociación, seguida por el uso de dispositivos intravenosos, como venodisección y catéter central y la aplicación de sonda vesical permanente.
Aquellos pacientes en estado crítico con requerimiento de tratamiento vasopresor o bien en la UTI incrementaron en 4.32 y 3.98 veces los momios de desarrollar IN, respectivamente. De manera similar, los pacientes con comorbilidades relevantes presentaron una mayor prevalencia de IN, mismas que se incrementan por cada día de estancia hospitalaria al igual que con los reingresos hospitalarios.
Las variables que permanecieron asociadas al desarrollo de IN fueron el uso de antibióticos, la estancia en UTI, el uso de sonda vesical permanente, catéter central, sonda endotraqueal, comorbilidad y los días de estancia hospitalaria.
Algunas de las conclusiones asentadas en el estudio por el INNSS fueron del tenor literal siguiente:
• La prevalencia puntual de infecciones nosocomiales (21 por ciento) se encuentra al menos al doble de los estándares internacionales, aunque la tasa porcentual de bacteriemias es relativamente baja (1.4 por ciento).
• La tasa de contaminación de infusiones parenterales en menores de 2 años puede representar un serio problema para la salud pública.
• Resulta fundamental garantizar una adecuada calidad de agua en los hospitales e insumos para la higiene de manos, el seguimiento de la campaña sectorial bacteriemia cero y el desarrollo a nivel nacional de políticas de esterilización y desinfección.
• Las malas prácticas identificadas no siguen un patrón claro al interior de las instituciones.
Derivado de todo lo anterior, las recomendaciones planteadas para la reducción de IN de alto impacto en mortalidad, fueron las que a continuación se mencionan:
• Promover acciones permanentes de vigilancia de la potabilidad del agua.
• Fortalecer las acciones en materia de higiene de manos mediante un abasto adecuado de soluciones alcoholadas (alcohol-gel) y toallas desechables.
• Evitar la reutilización de material potencialmente infeccioso, como sondas endotraqueales y soluciones parenterales, puesto que el costo de desecharlos es mucho menor que el costo asociado a hospitalizaciones prolongadas por IN.
• Establecer programas de vigilancia de contaminación de soluciones intravenosas, evitar mezcla y proscripción de soluciones compartidas.
• Adecuar las políticas sobre colocación y manejo de catéteres centrales, evitando la manipulación indiscriminada de los mismos, y
• Actualizar las políticas en materia de antisepsia, desinfección y esterilización y vigilar su cumplimiento.
En suma, como se podrá inferir, es indiscutible que las instituciones encargadas de garantizar el acceso a los servicios de salud en óptimas condiciones requieren de un estricto y permanente control en sus protocolos, principalmente en la prevención y reducción de infecciones en su interior, por lo que resulta obligado para esta representación popular saber de qué manera las autoridades sanitarias del país se encuentran cumplimentando las recomendaciones plasmadas por el INNSS en el multicitado estudio.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que través de la Secretaría de Salud, haga del conocimiento de la opinión pública en medios electrónicos e impresos, a la brevedad, sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el estudio denominado Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Canek Vázquez Góngora (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a implantar instrumentos legislativos para que los vehículos particulares que circulen por caminos y vías estatales y municipales cuenten con seguro obligatorio de daños a terceros, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal a implantar mecanismos para que todos los vehículos que circulen por caminos y vías federales tengan la obligación de contar con un seguro de daños a terceros, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lamentablemente, muchos hemos sufrido como conductores, acompañantes o peatones un percance con motivo de un vehículo, que van desde los más leves que a veces se resuelven con una disculpa entre los involucrados, hasta las tragedias que implican lesiones temporales y permanentes, así como la pérdida de vidas humanas, sin contar con los daños en el patrimonio vehicular, lo que se magnifica con la falta de recursos para enfrentar las consecuencias del accidente.
Contar con un seguro vehicular otorga la tranquilidad y certeza de que de algún modo la responsabilidad para enfrentar los hechos se compensará por la actuación de la institución de seguros, y dicha confianza aplica para todos los implicados en el hecho.
Sería redundante justificar los beneficios o bondades de contar con un seguro vehicular que al menos responda por los daños a terceros, máxime que la institución de los seguros ha comprobado su utilidad para las actividades del hombre, cuando genera riesgos o los hay en las actividades que realiza.
Asimismo, en derecho comparado hay figuras similares en todo el mundo que aseguran que la actividad de conducir un vehículo cubra los riesgos por dicha actividad, y resulta obligatorio contar con él, pues los beneficios potenciales son mayores que el costo o la prima que se paga por el seguro, y se debe considerar que aumentar la mutualidad, es decir, sujetos o riesgos asegurados, el costo de la prima tiende a bajar ante la demanda y la oferta generalizada que se garantiza con la obligatoriedad.
Es competencia del ámbito local legislar en forma amplia en la materia, salvo lo que corresponde al tránsito en vías federales y autotransporte federal, que sería el ámbito federal, respecto de lo cual el 11 de abril de 2012 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de seguro a terceros. Éste se deriva de que en fecha 12 de octubre de 2010 sometí a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El objeto de la iniciativa es establecer en la ley lo siguiente:
a) Que todos los vehículos que circulen por caminos y vías federales tengan la obligación de contar con un seguro de daños a terceros y, en su caso, el régimen de sanciones a quienes incumplan eso.
La propuesta aplica sólo a caminos y puentes federales, pues el tránsito vehicular es materia correspondiente al ámbito local. En consecuencia, no hay competencia del Congreso federal para legislar en forma amplia en la materia, salvo lo que corresponde al tránsito en vías y autotransporte federales, que sería el ámbito de aplicación que pretende la iniciativa.
Los propietarios de vehículos que cuenten con un seguro del ramo de automóviles con mayores coberturas que el seguro propuesto no están obligados a contratar este instrumento.
El presente es un exhorto a los congresos locales a impulsar medidas legislativas que favorezcan la aplicación de coberturas de seguro para proteger a las víctimas de accidentes viales, pues en México éstos son un problema de salud pública y representan una de las primeras causas de muerte.
Por tanto, es un deber de todas las autoridades federales, locales, y municipales salvaguardar la salud, el bienestar y el patrimonio de los mexicanos, quienes pueden verse seriamente amenazados cuando ocurre un accidente automovilístico. Tales hechos pueden afrontarse de mejor manera si se cuenta con un seguro de responsabilidad civil que permita afrontar un percance vial.
Esperamos que el exhorto encuentre eco y oídos entre los congresos locales e implanten con la mayor brevedad mecanismos legislativos para que todos los vehículos que circulen por caminos y vías estatales y municipales tengan la obligación de contar con un seguro de daños a terceros.
Por lo anterior se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales a implantar mecanismos legislativos para que todos los vehículos de uso particular que circulen por caminos y vías estatales y municipales tengan la obligación de contar con un seguro de daños a terceros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Nacional Financiera a evaluar la viabilidad de instaurar un programa de garantías para la compra de autos nuevos que reactive la venta en el mercado nacional, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad el mercado interno de la industria automotriz mexicana sufre aún los estragos causados por la crisis financiera de 2008 y 2009. Los efectos adversos que han quedado como secuela de ello, se ven reflejados en un mercado interno deprimido que ha sido incapaz de retomar los niveles de venta de autos nuevos observados antes de la crisis.
Pese a que los segmentos de exportación y producción lograron establecer niveles record en los años 2010 y 2011, las ventas internas de autos nuevos muestran niveles de hace una década y pese a que se han presentado aumentos porcentuales comparados con los años anteriores éstos son lentos y no de la magnitud que se requiere para retomar el crecimiento de este segmento.
Como consecuencia de la severa disminución de la venta de autos nuevos en el país, cientos de distribuidores de automotores se han visto obligados a recortar al personal asociado a estas entidades económicas, el número estimado de despidos como consecuencia de la crisis financiera de 2008-2009 se estima en 6 mil puestos de trabajo.
El segmento de la producción ha mostrado un amplio dinamismo motivado por las exportaciones y la demanda externa lo cual ha impulsado estos segmentos a niveles record, por tanto, fortalecer el mercado interno es hoy en día el reto primordial de la industria automotriz mexicana, y para lograrlo es necesario aceptar que existen fallos estructurales que no han permitido su recuperación.
Una de las principales fallas estructurales que presenta el mercado interno es la falta de créditos para la adquisición de vehículos nuevos. Esta situación, es una de las principales consecuencias de la crisis financiera, la restricción crediticia ha afectado el crédito al consumo de bienes duraderos así como a los créditos de largo plazo, segmentos crediticios que involucran de manera directa a los créditos para la compra de automóviles.
De acuerdo con la información publicada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), mientras que en el año 2008 se comercializaban en promedio 45 mil autos por mes a través del crédito, en el año 2011 este promedio se situó en apenas 28 mil unidades por esta vía. Es decir, el crédito para la adquisición de autos nuevos es hoy en día apenas un 62% de lo que se observaba en 2008.
Este escenario se complica al considerar que la crisis creó aversión al crédito a largo plazo por parte de la población que vio endurecidas las condiciones para la adquisición de créditos acompañadas de incrementos en las tasas de interés, como respuesta a la percepción de un mayor riesgo por parte de la banca.
Las financieras de marca han hecho lo que está a su alcance para promover el crédito con mejores planes de financiamiento y promociones, sin embargo, estos esfuerzos no han logrado resultados de la magnitud necesaria, por tanto es necesario explorar las herramientas con que se cuentan para promover el crédito de las entidades bancarias.
Durante el año 2010, Nacional Financiera puso en práctica un programa de garantías mediante subastas por un monto de 3 mil millones de pesos, que permitió la venta adicional de poco mas de 20 mil unidades, reflejando un efecto mayor al ocasionado por la eliminación parcial de la tenencia puesto en práctica durante junio del mismo año.
Cabe resaltar que el programa de garantías tiene efectos multiplicativos en el crédito, toda vez que con ellos se reduce el riesgo y se garantiza el retorno del capital prestado por parte de las instituciones financieras, con lo que se involucra además la participación de la banca y se fortalecen los canales crediticios.
Las características del programa de garantías, lo vuelven una herramienta eficaz para detonar la participación de las entidades financieras en el financiamiento para la compara de autos nuevos. Así lo demuestran los efectos generados por el programa de garantías para la adquisición de autos nuevos instrumentado por este Banco de Desarrollo en el año 2010, cuando se subastó un monto de 3 mil millones de pesos en garantías y cuyo efecto multiplicador se estimó hasta en 2 veces este monto.
De acuerdo con declaraciones de la AMDA, el respaldo de las garantías emitidas por Nacional Financiera en septiembre de 2010, justificó la venta de entre 15 mil y 20 mil vehículos adicionales. Este programa representa una buena alternativa de la Banca de Desarrollo para promover la recuperación del mercado interno de automóviles nuevos, sin embargo, dicho monto no ha bastado para dar el impulso suficiente para lograr un efecto de la magnitud requerida, es evidente que se requiere de un programa más agresivo y ambicioso que posea la capacidad de acelerar la recuperación de la venta de autos nuevos.
De conformidad con datos del Banxico, el 77% del mercado de créditos para adquisición de autos está concentrado en solo tres instituciones bancarias y donde el líder de mercado presenta una penetración de mercado del 42%, esta situación refleja dos puntos muy claros, uno; la falta de competencia no ha permitido que se oferten créditos a tasas más bajas y, dos; muchas instituciones financieras no encuentran el suficiente estímulo o seguridad para participar en el mercado de créditos para la compra de autos nuevos.
Lo anterior es una razón más para promover un programa de garantías por parte de Nacional Financiera en pro de la recuperación del mercado interno de autos nuevos. Las virtudes del crédito bien asignado y dirigido son primordiales en la materialización de la demanda efectiva, es decir, con el crédito los deseos de compra pueden culminar en la compra de bienes y servicios, por tanto es pieza esencial para la reactivación del mercado interno de automóviles nuevos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito, consciente de la necesidad de incentivar el crédito para la adquisición de autos nuevos en pro de la recuperación del mercado interno, acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de Nacional Financiera, para que en el ámbito de su competencia, ejecute un programa de garantías para respaldar la asignación de créditos para la adquisición de autos nuevos por un monto igual o mayor a los 7 mil millones de pesos con lo que se estima la venta adicional de 50 mil vehículos por medio del crédito financiero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2012.
Diputados: Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Francisco Saracho Navarro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a ampliar por la Sedesol, la SRA, la Sagarpa y el Fonaes los recursos de sus programas productivos a efecto de incorporar entre los beneficiarios a los adultos mayores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a ampliar por las Secretarías de Desarrollo Social, de la Reforma Agraria, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, los recursos de sus programas productivos a efecto de incorporar entre los beneficiarios a las personas adultas mayores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es todavía un país de jóvenes; sin embargo, ha iniciado un proceso de envejecimiento poblacional, el cual se aprecia por el aumento de la proporción de personas de 60 años y más. La tasa de crecimiento del grupo de adultos mayores alcanzará niveles inéditos en la historia contemporánea del país.
De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 1990 y 2010 la población en su conjunto se incrementó a una tasa promedio anual de 1.61 por ciento, en tanto que la tasa de crecimiento de las personas de 60 años y más fue de 3.52.
De ese modo, el número de adultos mayores pasó de 5 a 10.1 millones en dicho periodo y su proporción respecto a la población creció de 6.2 a 9 por ciento.
Según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la familia de las personas de edad deberá cumplir su función social al proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral. La mayoría de la población de 60 años y más forma parte de hogares familiares. 1 Conforme a la muestra del Censo de 2010, 26.9 por ciento de los hogares está integrado por al menos una persona de 60 años y más, y 83.9 de estos hogares es familiar.
Los adultos mayores siguen ocupando un espacio significativo en las familias mexicanas, pues forman parte esencial de su desarrollo, al proporcionar conocimientos y cimentar su estabilidad, que consolida el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
En la mayoría de las ocasiones, los adultos mayores tienen múltiples funciones en el hogar, que van desde la aportación de un ingreso hasta el cuidado de nietos, cónyuge u otros familiares dependientes. En los hogares familiares, 58.1 por ciento de los adultos mayores es jefe del hogar y 26.5 cónyuge. En los hogares ampliados 2 y en los compuestos, 3 52.2 por ciento de los adultos mayores es jefe del hogar, 19 cónyuge y 13.4 madre, padre o suegro del jefe del hogar.
Sin embargo, el fenómeno del envejecimiento de la población trae consigo oportunidades y costos: por un lado se tiene una esperanza de vida mayor, pero precisamente en la edad avanzada se enfrentan los mayores problemas de salud y desempleo, además de que gran parte de los adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
La información proporcionada por el Inegi da cuenta de ello. Para una minoría de los adultos mayores, el retiro del trabajo con la protección de una pensión es un evento posible, en tanto que la gran mayoría, ante la necesidad de obtener ingresos para costear la subsistencia, se ve obligada a seguir en la actividad económica hasta que la fuerzas y capacidades lo permitan. 4 Los datos de la muestra censal indican que en junio de 2010, 32.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos realizó una actividad económica o buscó trabajo; de éstos, 96.5 por ciento está ocupado y 3.5 busca empleo. Para los adultos mayores que forman parte de hogares familiares, la tasa de participación económica es de 30.9 por ciento y tasa de desocupación de 3.8.
De la población ocupada, 6 de cada 10 adultos mayores que viven solos se dedican a actividades del sector servicios, y por su posición en la ocupación 54.1 por ciento es trabajador por cuenta propia; los que integran hogares familiares también se insertan en el sector servicios (53.6 por ciento) y 48.9 trabaja por su cuenta. No obstante, de los que viven en familia, una mayor proporción labora en actividades agropecuarias (30.6 por ciento) o como trabajador familiar sin pago (6.3) respecto a los que viven solos.
La mayoría de la población de 60 años y más que trabaja no tiene acceso a prestaciones laborales. De los adultos mayores ocupados, 34.6 por ciento labora de manera remunerada o subordinada; de éstos, sólo 38 por ciento recibe aguinaldo, 33.9 es derechohabiente por su trabajo, 31.1 recibe vacaciones con goce de sueldo, 21.9 recibe un ahorro para el retiro (SAR o Afore) y 19.8 recibe reparto de utilidades o prima vacacional. En general, entre los adultos mayores que viven solos, la proporción de personas con prestaciones es menor que la de los que forman parte de un hogar familiar.
Es justo reconocer que una parte considerable de los adultos mayores subsiste de contribuciones suministradas por el Estado, de recursos provenientes de sus hogares y redes sociales y familiares. Tales opciones no son excluyentes, por lo que es muy frecuente la combinación de varias. Conforme a la muestra censal, en 2010, 38.8 por ciento de los adultos mayores que viven solos declaró que recibe algún apoyo gubernamental; y 15.2 recibe ayuda de familiares que residen en el país y 6.9 de personas que residen fuera de éste.
Compañeras y compañeros legisladores: la situación que viven las personas adultas del país es preocupante. Si bien hay avances, falta mucho por hacer. Por ello vengo a proponer que los programas productivos instaurados por el gobierno federal consideren su atención y recursos para la población de adultos mayores.
Contribuyamos a impulsar la consolidación de un Estado que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a considerar por las Secretarias de Desarrollo Social, de la Reforma Agraria, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como por el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, recursos etiquetados de sus programas productivos a efecto de incorporar entre los beneficiarios a las personas adultas mayores.
Notas
1 En el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe. Se clasifican en nucleares, ampliados y compuestos.
2 Formado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe y al menos otro pariente.
3 Formado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco.
4 Tuirán, Rodolfo (1999). “Desafíos del envejecimiento demográfico en México”, en El envejecimiento demográfico en México: retos y perspectivas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a regular por la SFP, la SHCP y la Semarnat el pago extraordinario por riesgo a los guardabosques de la Profepa, a cargo del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Óscar Saúl Castillo Andrade, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por los que se exhorta Ejecutivo federal a través de las Secretarías de la Función Pública, Hacienda y Crédito Público y Medio Ambiente y Recursos Naturales a la regulación de pago extraordinario por riesgo a los trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (guardabosques) al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presidente Felipe Calderón se pronunció –desde el 24 de febrero de 2007– por una política de cero tolerancia a la tala clandestina, la deforestación de los bosques ocurre entre balazos, amenazas de muerte y homicidios. Organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace, han documentado que en el estado de México en la región conocida como El Gran Bosque de Agua se han reportado más de 30 asesinatos de inspectores forestales desde 1991 a la fecha.
Es de notar que en la década de los años sesenta del pasado siglo XX, el coronel José García Valseca, director General de la cadena periodística del mismo nombre publicaba una serie de valientes reportajes, sobre las bandas delictivas de talamontes, lo que le ocasionaría una amistosa llamada del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz mencionándole –entre otras cosas–...veo que sigue en su campaña contra la tala ¿no ve que es un problema difícil de resolver?... 1
A más de cuarenta años, hoy el panorama nos presenta que en al menos seis entidades de la república –estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Oaxaca– hay bandas del crimen organizado que se dedican a la tala clandestina, pero también a otras actividades delictivas.
Campesinos forestales, policías estatales y municipales sospechan que hay bandas de talamontes que han hallado en el robo y el secuestro la mejor forma de capitalizarse y expandirse, e incluso aseguran que las zonas deforestadas son útiles ahora para la siembra de estupefacientes. La Procuraduría General de la República señala que ahora bandas de secuestradores también se aprovechan de los talamontes, pero para extorsionarlos y venderles protección.
México tiene una superficie forestal de 128 millones de hectáreas. La velocidad de deforestación en México se ha reducido en 35 por ciento durante los últimos cinco años, pero todavía se pierden 155 mil hectáreas de cubierta vegetal por año, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La superficie deforestada en este país en un solo año es poco mayor al territorio poblado de la Ciudad de México, sin los municipios conurbados, esta área suma 147 mil 900 hectáreas.
Los bosques son importantes para la vida humana, pues son medios naturales de recarga de los acuíferos, lo que permite dotar de agua a grandes ciudades, además de que proveen de oxígeno y regulan el clima.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene identificadas 20 zonas críticas en 17 entidades del país donde ocurre la tala clandestina.
La dirección general de Verificación e Inspección Forestal de la Profepa, explica que para prevenir ese delito sólo hay 200 inspectores que resultan insuficientes para cubrir todo el país. “Sin embargo, ante esta política de austeridad sabemos que con lo poco que tengamos debemos ser más creativos para tener buenos resultados”.
La dificultad de perseguir el delito radica en la movilidad de los talamontes –que desaparecen de manera temporal, pero que tarde o temprano regresan– y en que suelen confundir la madera que se obtiene en la clandestinidad dentro del mercado legal.
Según datos de los guardabosques del país además de la tala hormiga que ocurre para la supervivencia familiar en las zonas rurales, las bandas de talamontes tienen un modus operandi similar a la de cualquier organización criminal.
Estas bandas tienen grupos de vigilantes integrados hasta por mujeres y niños; en otros casos se apoyan de taxistas, que les avisan cuando hay un operativo en camino o ante la presencia de alguna corporación policiaca. Los avisos se dan mediante teléfonos celulares, radios y hasta con cohetones.
Luego están los talamontes, grupos de dos o tres personas que recorren los bosques y escogen los árboles aprovechables. De preferencia derriban los más altos, los de troncos anchos y enderezados y que no tienen muchas ramificaciones. Los cortes los hacen de manera salteada para que los guardabosques no los detecten. Algunos sólo los tiran y los dejan en el lugar hasta que se sequen para poder ser transportados como madera seca de uso doméstico. Para esconderlos, echan encima tierra y musgo.
Otros grupos que manejan bien las motosierras tiran los árboles y ahí mismo cortan los tablones. Su presencia es evidente cuando dejan los desechos –que es la mayor parte del árbol– y el aserrín.
Otros miembros de las bandas se dedican sólo a la transportación de la madera. Los tablones los esconden debajo de alfombras o montones de tierra y el saqueo lo hacen a cualquier hora del día sin importar si llueve o si la niebla cubre los caminos. Por lo regular, algunos transportistas portan permisos vencidos o con fines distintos que son otorgados por autoridades municipales a un costo de 150 o 200 pesos.
También hay talamontes que hacen labores de inteligencia, que se dedican a corromper a servidores públicos o que penetran en las corporaciones para saber cuándo, en dónde y a qué hora se realizarán los operativos.
Cuando son sorprendidos por los operativos, los niños y las mujeres son puestos al frente para “defender” el producto mientras se evita la detención de algún miembro de la comunidad o se pide refuerzos a otros integrantes de la banda. Acciones que recuerdan aquellas estrategias de los corsarios asentados en el Caribe y que promovieron la “Guerra de Castas” en la península de Yucatán durante el siglo XIX, al proporcionar armas a los sublevados con el fin de adueñarse de las maderas preciosas. 2
Asesinatos de guardabosques
El 29 de junio de 2006, un inspector de Probosque del estado de México murió y siete más resultaron heridos en un enfrentamiento a balazos con talamontes en el paraje El Tejocote en la zona boscosa de Xalatlaco. Los guardabosques no iban armados.
El 19 de noviembre de 2006 miembros de la comunidad indígena de Parapacho, Michoacán, denunciaron ante la Procuraduría del estado el secuestro de dos maestros del pueblo que se oponían a la extracción ilegal de madera de Capácuaro, en Michoacán, según la Comisión Forestal del estado existen 3 mil aserraderos clandestinos y en algunos casos los talamontes están armados con rifles de alto poder R-15.
El 19 de enero de 2007, la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal detuvieron en Huitzilac, Morelos, a integrantes de la organización delictiva Las Chuchas dedicada a la tala, al secuestro, el narcomenudeo y al robo de vehículos. Durante el operativo, además de madera, les decomisaron 50 grapas de cocaína y cigarrillos de mariguana.
El 24 de noviembre de 2007 fueron detenidos en Ocuilán, estado de México, tres integrantes de una banda compuesta por siete hermanos que se dedican a la tala en las Lagunas de Zempoala. Uno de los detenidos, de nombre Isidro Hernández, tenía una orden de aprehensión en el juzgado municipal de Tenancingo por el delito de violación.
21 mayo de 2010. La Secretaría del Medio Ambiente informó que fueron encontrados sin vida dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), un colaborador de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y un poblador, reportados como desaparecidos tras una visita de inspección a una mina.
La tala clandestina es un negocio que por sí solo genera muchas ganancias y para desalentarla se debe fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para que las comunidades tengan la posibilidad de desarrollar otras alternativas productivas para poder sobrevivir y no caer en la tentación de lo ilegal”.
Según estudios y análisis efectuados por la Profepa la tercera parte de la madera que se comercializa en México procede del mercado ilegal.
Por otra parte para los inspectores de la Profepa (guardabosques) es necesario incorporar sus prestaciones laborales la figura del “seguro de riesgo”, para que en el caso de una contingencia no deje en estado de inopia a la familia del trabajador.
Merece más el “bono de riesgo” quien está en las situaciones de riesgo real.
Los inspectores de la Profepa son quienes tienen un trato directo con los infractores; quienes dan la cara en cualquier situación. Son ellos quienes hacen el trabajo en campo, arriesgando su integridad física y en muchas ocasiones son objeto directo de amenazas no solo a su persona, sino también a sus familias. Es un riesgo obligación inherente a la labor, pero por otro lado deben tener el derecho de recibir una compensación de “bono de riesgo”.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Función Pública, Hacienda y Crédito Público, y Medio Ambiente y Recursos Naturales a la regulación del pago extraordinario por riesgo a los trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (guardabosques).
Nota
1 Cómo García Valseca fundó y perdió 37 periódicos y cómo Eugenio Garza Sada trató de rescatarlos y perdió la vida (1984), página 88, segundo párrafo.
2 La Guerra de castas de Yucatán, escrito por Nelson Reed.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Oscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver con absoluta imparcialidad y sujeción a derecho lo relativo al juicio laboral número 928/2004 para que, si procede, se formalice la devolución del Fondo Mutualista –originado en 1950– a los trabajadores de la CFE, accionantes en el litigio, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Enrique Torres Delgado, diputado de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que en lo relativo al juicio laboral número 928/2004, se resuelva con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, procurando que prevalezca el espíritu conciliatorio y el debido arbitraje, para que en su caso y de resultar procedente, se formalice la devolución del fondo mutualista, originado en el año de 1950, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad accionantes en dicho juicio, sobre la base de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad la seguridad social es un derecho constitucional para todo trabajador y un elemento indiscutible de justicia social. Es conocido que el origen internacional de ésta se encuentra en las sociedades mutualistas.
El financiamiento tripartita, trabajador, estado y patrón ha sido el signo distintivo del esquema básico de financiamiento de nuestro actual sistema de seguridad social, por lo que la ayuda mutua subsiste combinado con un esquema de intervención estatal y participación patronal que genera un equilibrio con justicia social básica.
En 1950, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad constituyeron un fondo mutualista en el seno del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), el cual a su vez fue reconocido como el Fondo de Previsión Social que pactaron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representados por el SUTERM con la empresa.
El 25 de abril de 1990 el SUTERM y la CFE pactaron en convenio, la firma del contrato colectivo de trabajo correspondiente al periodo que va de 1990 a 1992 y en la cláusula vigésima sexta eliminaron y sustituyeron el fondo mutualista del SUTERM.
La eliminación del fondo fue explicada por la compra de un seguro de vida con la Aseguradora Obrera SA, suprimiendo la mención del fondo en el contrato colectivo de trabajo.
Resulta indiscutible que el SUTERM debió informar a sus representados la decisión de suprimir el Fondo de Previsión social y su consecuente sustitución por el seguro de vida. Esta obligación se encuentra consignada en la cláusula 74 del contrato colectivo de trabajo vigente en 1990, en ella se obliga al SUTERM a fijar comunicaciones del interés sindical o social, concretamente para informar a los trabajadores de las decisiones de mayor trascendencia a los intereses de sus representados, siendo el caso que al inicio del juicio laboral número 928/2004, los 110 trabajadores accionantes no habían sido informados.
Ante un amparo interpuesto por los accionantes, contra un acto de la junta especial número cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el ocho de febrero de 2011, el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, el 25 de octubre de 2011 resolvió devolver los autos para que se dicte un nuevo laudo.
Siendo que “la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un tribunal con plena jurisdicción, de composición tripartita, integrada por igual número de representantes de trabajadores y patrones y uno del gobierno, de conformidad con la fracción XX del artículo 123 constitucional Apartado A, que tiene a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, y su competencia está determinada por la fracción XXXI del artículo 123 constitucional y por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo”. Es necesario que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje asegure la calidad, transparencia y honestidad en la resolución de los conflictos de trabajo en el ámbito federal.
Resulta indispensable que los órganos encargados de la resolución de los conflictos laborales se constituyan en la opción fundamental para lograr la aplicación de la justa y equitativa de los preceptos de la Ley Federal del Trabajo.
En virtud de que la reforma laboral no ha sido aprobada por esta legislatura, a pesar de lo apremiante que resulta la resolución pronta y expedita de este tipo de casos, la democratización de los sindicatos, la profesionalización del personal encargado de impartir justicia laboral y la modernización de los procedimientos para resolver los conflictos laborales, es que el suscrito promueve la aprobación de la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que en lo relativo al juicio laboral número 928/2004, se resuelva con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, procurando que prevalezca el espíritu conciliatorio y el debido arbitraje, para que en su caso y de resultar procedente, se formalice la devolución del fondo mutualista, originado en el año de 1950, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad accionantes en dicho juicio; manteniendo el equilibrio de las relaciones de trabajo y preservando la paz social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2012.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
