Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3358-VII, jueves 29 de septiembre de 2011
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex a suspender las medidas anunciadas de cortes de suministro tanto de gasolinas Magna y Premium como de diesel a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex hasta que el pleno de la SCJN no emita resolución definitiva, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
César Augusto Santiago Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente al secretario de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, y al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, a suspender las medidas anunciadas de corte de suministro de petrolíferos a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, con motivo de las sustituciones de estos contrato de franquicia por los contratos de ventas de primera mano (CVPM), hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia emita la resolución definitiva.
Planteamiento del problema
Los servicios de venta al menudeo de productos petrolíferos, se realiza en nuestro país, por más de 10 mil estaciones de servicio mediante el esquema de franquicias Pemex desde hace ya varios años.
El 12 de abril de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos al combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.
El 30 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “disposición para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos”, por parte de la Secretaría de Energía.
En ambos ordenamientos se utiliza la voz contrato de venta de primera mano (en adelante CVPM) y se establece el 30 de septiembre como la fecha fatal en la que las autoridades deben modificar o sustituir los CVPM. 1
A pesar de que estos ordenamientos obligan principalmente a las autoridades y no a los particulares, algunos representantes de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos han interpretado que obliga a los particulares franquiciatarios de Pemex a sustituir sus contratos franquicia por CVPM.
Bajo esta óptica, estos funcionarios han presionado a los franquiciatario gasolineras del país para que acepten la sustitución contractual al punto de amenazar con la suspensión del suministro de los productos petrolíferos a partir del día último de septiembre.
Estos contratos franquicia tienen una duración de 15 años que aún no ha vencido por lo que su vencimiento anticipado daría lugar a responsabilidades económicas y administrativas. 2
Los empresarios gasolineras que operan bajo el esquema de franquicia han presentado diversos recursos legales en los que hay suspensiones definitivas.
El punto está pendiente de resolución en la acción de inconstitucionalidad 58/2011, presentada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados el 12 de mayo de 2011.
La anunciada suspensión del suministro de gasolinas y diesel, además de la parálisis económica y social, traería como consecuencias:
• La falta de ingresos por las ventas de 182 mil litros de estos combustibles diariamente, que equivalen a mil 741 millones de pesos diarios.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales no recibirán los miles de millones de pesos diarios que representan el impuesto especial sobre producción y servicios.
• El IVA del 16 por ciento y la cuota IEPS de gasolina que se entrega a los estados de la república no podría enterarse.
• Los 36 centavos por litro, además de los cuantiosos derechos de hidrocarburos que aporta Pemex a la federación, no podrían generarse.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, y al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, a suspender las anunciadas medidas de cortes de suministro de petrolíferos (gasolina Magna, Premium y diesel) a las estaciones de servicio de la franquicia Pemex, hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la acción de inconstitucionalidad interpuesta.
Notas
1 Artículo quinto transitorio de las “disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios para la realización de ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos al combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.
2 Cláusula tercera de los “contratos de suministro” y cláusula cuarta de los “contratos de franquicia Pemex”.
México, DF, a 27 de septiembre de 2011.
Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Jaime Cárdenas Gracia, Víctor Castro Cosío, Pedro Vázquez González, Adán Augusto López Hernández, Arturo Zamora Jiménez, Óscar González Yáñez, Ramón Jiménez López, Agustín Guerrero Castillo, Humberto Benítez Treviño, Juan José Guerra Abud (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se firme con la mayor brevedad un convenio modificatorio III Servicios, SA de CV-Fideicomiso del Bicentenario para cancelar de inmediato la “comisión” que dicha empresa cobrará, por un monto equivalente a 13 por ciento del costo de construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz, superior a 79 millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, así como los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, y el Fideicomiso del Bicentenario, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará la empresa III Servicios, SA de CV, por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, que asciende a más de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional), con base en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 27 de enero de 2009 fue anunciado por la Presidencia de la República el concurso nacional para la creación de un Arco Bicentenario frente a la puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, aun costado del Paseo de la Reforma y acceso principal al Castillo de Chapultepec.
2. El 15 de abril de 2009, Se anunció como ganador al arquitecto Cesar Pérez Becerril, y aunque las bases señalaban la construcción de un Arco, la obra proyectada por el ganador fue una estela, denominada Estela de la Luz recubierta de cuarzo sobre una plaza de mármol y se propuso reordenar la zona, para dar cabida al nuevo proyecto.
3. El 6 de septiembre del mismo año, se anunció el segundo cambio radical al proyecto, la Plaza donde seria erigida la obra ya no sería de mármol sino de granito gris, irregularidad que fue denunciada por el mismo arquitecto César Pérez Becerril ante la opinión pública.
4. Con fecha 18 de diciembre de 2009, se firmó el contrato entre el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa de participación mayoritaria de Pemex: I.I.I. Servicios, SA de CV, con el objeto de que dicha empresa se encargara de coordinar y ejecutar la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, destinando un presupuesto total de $393’489,970.34 (trescientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional).
Dentro del contrato, en su cláusula novena se pactó que la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, cobrará como “contraprestación” por sus servicios el 13% de la cantidad que resulte de restarle al monto total, el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los insumos principales para la construcción del monumento Estela de Luz, consistentes en el acero inoxidable y el cuarzo. La contraprestación ascendía a la cantidad de $39’024,791.08 (treinta y nueve millones veinticuatro mil setecientos noventa y un mil pesos 08/100 moneda nacional)
5. Con fecha 29 de enero de 2010, se firmo el primer convenio modificatorio al contrato descrito en el punto anterior, a través del cual se convino aumentar el monto del contrato en $98’600,000.00 (noventa y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para quedar en un monto total de $492’089,970.34 (cuatrocientos noventa y dos millones ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional), reajustando la cantidad de la contraprestación a que tiene derecho la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, a la cantidad de $25’291,342.64 (veinticinco millones doscientos noventa y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 64/100 moneda nacional)
6. El mismo día, 29 de enero de 2010, la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, firma el contrato de Obra Pública sobre la Base de Precio Unitario con la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que realice los trabajos de construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz.
7. Con fecha 4 de junio de 2010 se celebró un segundo convenio modificatorio al contrato entres el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por medio del cual se consideró un incremento al monto del contrato por $139’400,000.00 (ciento treinta y nueve millones cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), dando un monto total a ejercer de $690’489,970.34 (seiscientos noventa millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional), consecuentemente el aumento a la contraprestación otorgada a la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por un importe de $41’906,143.64 (cuarenta y un millones novecientos seis mil ciento cuarenta y tres presos 64/100 moneda nacional).
8. Con fecha 1 de septiembre de 2010, se firmó un tercer convenio modificatorio a través del cual se pactó un tercer aumento al monto a ejercer en la obra por la cantidad de $297’750,025.57 (doscientos noventa y siete millones setecientos cincuenta mil veinticinco pesos 57/100 moneda nacional), con lo cual el techo presupuestal llegaría a la cantidad de $893’000,000.00 (ochocientos noventa y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) más el impuesto al valor agregado.
Con la modificación al contrato, se eleva el monto de la “contraprestación” a que tiene derecho la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, para situarse en la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional).
9. Entre los meses de septiembre y noviembre del 2010, fueron despedidos 27 funcionarios de la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, de entre los cuales se destacan las del Director General y el Contralor Interno, por irregularidades cometidas en el proceso de construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz.
10. A últimas fechas, el Secretario de Educación Pública, el licenciado Alonso Lujambio, reconoce que las renuncias citadas en el punto anterior, fueron solicitadas por él mismo a la paraestatal PEMEX, en virtud de que contaba con elementos que advertían irregularidades cometidas por la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV,
11. Al día de hoy 1 de septiembre de 2011, la obra continua en etapa de cimentación y las autoridades guardan silencio sobre los avances y fecha de conclusión de la obra.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes
Considerandos
Derivado de las constantes irregularidades descritas en los hechos que anteceden, el suscrito acude ante esta soberanía a presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ya que la obra Estela de la Luz se ha convertido en el monumento a la opacidad y a la ilegalidad del Ejecutivo Federal y no podemos permitir que la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, resulte beneficiada por la construcción de una obra que debió ser terminada y entregada hace ya casi un año para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, con una “contraprestación” por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional).
Es necesario recordar que, las irregularidades que se han venido cometiendo por la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, las cuales han sido debidamente documentadas y turnadas a la Auditoría Superior de la Federación para ser revisadas, consisten en la total opacidad en el manejo del presupuesto destinado para la construcción de la obra.
Para entrar a detalle del tema, una de las muchas irregularidades en las que ha incurrido la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, es el conflicto de intereses por parte del arquitecto Alberto Bravo, funcionario público de la empresa paraestatal y encargado de invitar y posteriormente adjudicar el contrato para la construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, siendo que unos meses antes trabajaba para dicha empresa.
Otro factor a considerar en el presente Punto de Acuerdo, son las anomalías detectadas por el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, al interior de la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, y por las cuales fue que solicitó formalmente a PEMEX en agosto de 2009, el despido de 27 funcionario de la empresa de participación estatal, de entre los cuales se destaca el Director General y el Contralor Interno.
Es irónico pensar que la obra se llama Estela de la Luz y el gobierno federal la construye en una absoluta obscuridad, como lo he venido denunciando en diversos actos en esta misma Cámara de Diputados y en diversos foros públicos a la opinión de la ciudadanía. La obra debió quedar concluida en su totalidad en el mes de septiembre de 2010, para estar acorde con la celebración de las festividades alusivas a los 200 años de independencia Mexicana y 100 años del movimiento revolucionario, pero esto no sólo no se dio, sino que hasta el día de hoy las obras siguen inconclusas, apenas se ha construido parte de la cimentación y se ha anunciado por el Secretario de Educación Pública que “la obra no será entregada en su totalidad”, ya que se prevé que no será construida la plaza de granito donde se alojara la Estela de la Luz, siendo que esta afirmación no ha causado la reducción del presupuesto de la obra, sino que por el contrario el costo creció en perjuicio de las finanzas públicas federales, situación que no parece preocupar al titular del Ejecutivo federal, quien derrocha a manos llenas y de forma obscura el dinero.
La empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, ha cambiado de forma arbitraria y en múltiples ocasiones las fechas de entrega del monumento, argumentando la necesidad de modificar el proyecto en atención a conceptos tales como adquisición de materiales de mejor calidad o pruebas de seguridad que no se habían practicado en tiempo, tan es así, que al día de hoy, ni los mismos trabajadores que laboran en el proyecto saben cuándo será concluido y los responsables de obra se niegan a contestar esto.
I.I.I. Servicios, SA de CV, ha modificado las características estéticas del proyecto ganador, cuando se había anunciado la construcción de una plaza de mármol, para ser cambiada por una de granito gris y para terminar en el último anuncio de la no construcción de la plaza, también se han cambiado las dimensiones originales de la obra en lo relativo a su volumen pasando de tan solo 80 toneladas a 1, 700 toneladas, lo que demuestra que el proyecto no contó en un principio con estudios de mecánica de suelos o de resistencia al viento, estudios que si fueron elaborados por la UNAM y por el IPN, pero que de forma extraña no fueron considerados el primero de septiembre de 2010.
Así también la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, ha cambiado las características de las placas de cuarzo que en un proyecto original tendrían un grosor de de 1.5 pulgadas para pasar a 3 pulgadas, pero lo más grave, es el aumento del costo de la obra que inició en la cantidad de $393’489,970.34 de pesos (trescientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta pesos 34/100 moneda nacional) y que al día de hoy se ha anunciado un costo total de $893’000,000.00 (ochocientos noventa y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) más el Impuesto al Valor Agregado.
Como legisladores no podemos permitir que se cometan este tipo de irregularidades, no podemos permitir que la empresa I.I.I. Servicios sea beneficiada por una “contraprestación” contractual por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional) cuando ella es la principal causante de los retrasos, modificaciones a la obra y el mal manejo de los recursos públicos otorgados.
Considero e invito a la reflexión de los integrantes de la Cámara de Diputados a que así como los mexicanos nos perdimos la oportunidad de celebrar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana con la inauguración del Monumento Estela de Luz, es necesario y coherente el pedir que, la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, no sea recompensada económicamente por la construcción de dicha obra, la cual tuvo que haber sido entregada hace más de un año y que dichos recursos públicos por la cantidad de $79’384,316.95 (setenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 95/100 moneda nacional) sean destinados a programas sociales educativos o de salud, los cuales en verdad necesitan dichos recursos.
Es nuestro deber velar por que la utilización de los recursos públicos sea ejercido con total pulcritud y transparencia, el dinero de la nación debe ser tratado en una caja de cristal, debiéndose rendir cuentas en todo momento a la ciudadanía y con total apego a la ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a la brevedad se firme un convenio modificatorio entre el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, para que se cancele de manera inmediata la “comisión” que cobrará la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por un monto equivalente al 13% sobre el costo total de los trabajos ejecutados para la construcción del espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz, que asciende a más de $79’000,000.00 (setenta y nueve millones de pesos 00/100 moneda nacional).
Tercero. Sea reasignada la partida de la “comisión” para que dicho monto sea destinado a algún programa social del sector educación o salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de septiembre de 2011.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la SSP a efecto de que los agentes federales detenidos en Ciudad Juárez el 20 de septiembre de 2011 sean juzgados y sentenciados por los delitos cometidos ahí, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El martes 20 del presente, 10 agentes de la Policía Federal comisionados a Ciudad Juárez fueron detenidos por un presunto caso de extorsión denunciado por un yonkero, a quien robaron varios artículos de su domicilio y, aparte, exigían una cantidad considerable de dinero.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, tomando conocimiento de los hechos y, como parte de los protocolos permanentes de atención, solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ante los posibles actos de corrupción.
El director de Comunicación Social de la Policía Federal en Ciudad Juárez, José Ramón Salinas, mencionó que los agentes quedaron suspendidos del encargo, tras haber sido arrestados con base en una denuncia.
Confirmó que 10 policías están inicialmente implicados en un caso de extorsión, pero que si de ahí se deslindan otros delitos, la PGR presentará otros elementos de prueba que podrían derivar en más cargos contra ellos.
Tras las investigaciones sobre los agentes federales se les incautaron drogas y armas en las habitaciones de los moteles Del Río y Paraíso, de diferentes calibres, no autorizadas para su uso, y a una persona que se encontraba privada de la libertad.
Los juarenses exigimos que se aplique todo el peso de la ley, pues la Policía Federal es una institución que debe hacer todo para resguardar la seguridad de los mexicanos. Debemos hacer hincapié en la importancia de que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, o que participan en tareas de seguridad pública en el país comprendan la responsabilidad que tienen, pues deben conducirse como verdaderos aliados de la sociedad.
Hay unos 5 mil policías federales y soldados desplegados en Ciudad Juárez. Resulta verdaderamente lamentable que de la guerra contra el crimen organizado que ha librado el Ejecutivo federal haya mil 92 expedientes que se han abierto desde marzo de 2009 contra elementos de la Policía Federal y militares ante la oficina de recepción de quejas y denuncias, así como 180 quejas documentadas desde 2010 por la oficina local de la CNDH.
Compañeros legisladores: es hora de poner un alto a esta serie de hechos funestos, en los que se han visto involucrados y perjudicados madres, esposas, hijos, estudiantes, trabajadores, personas inocentes, con elementos de la Policía Federal. Es momento de que las policías de los tres niveles de gobierno hagan una verdadera depuración de sus elementos y, además, incrementen los controles internos de revisión para evitar que sus integrantes formen parte del crimen organizado.
Solicito su apoyo, compañeros legisladores, para que a estos agentes federales, que se supone son los encargados de brindar la seguridad a los juarenses, se les juzgue y se les aplique todo el peso de la ley.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Gobierno federal y al secretario de Seguridad Pública federal a efecto de que los agentes federales detenidos por secuestro y extorsión el 20 de septiembre de 2011 sean juzgados y sentenciados por los delitos cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se solicita del pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en el artículo 79, apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.
Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce a El Universal por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse con base en los artículos 5o. y 13, fracción III, de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social a fin de prevenir y erradicar tan grave delito, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual la Cámara de Diputados otorga un reconocimiento al periódico El Universal, por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse con base en los artículos 5 y 13, fracción III, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a nuestra sociedad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 3 de noviembre de 2010, las Legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Caritina Saénz Vargas y Lorena Corona Valdés, presentaron ante esta soberanía, el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso al Artículo 13, fracción III, y un Capítulo V denominado “Publicidad”, a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el objetivo de prevenir y proteger a quienes son víctimas de la trata de personas, a partir del monitoreo a los medios impresos, sin que ello implique atentar contra la libertad de expresión, pero que prohíba la publicación de contenidos que directa o indirectamente promuevan este delito.
Las legisladoras federales destacaron que los anuncios publicitarios en los medios de comunicación escritos (periódicos o revistas), se han convertido en una herramienta efectiva para atraer a las posibles víctimas de la trata de personas. Por ello, los anuncios publicitarios de prostitución que aparecen publicados, constituyen una forma de promoción y difusión de las redes del crimen organizado, ya que quienes utilizan estos medios publicitarios, fomentan la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre e inclusive la extracción de órganos.
Asimismo, en la iniciativa presentada por las integrantes del PVEM, señalaron que México cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual contiene normas y medidas prácticas pero para combatirla, es necesario completarla para ayudar a la prevención de este delito, ya que este fenómeno se ha considerado como una nueva forma de esclavitud.
Actualmente, la trata de personas, es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas. Además de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que este delito genera ganancias de nueve mil 500 millones de dólares aproximadamente al año.
Ante estas circunstancias, las diputadas consideraron de manera fundamental sentar las bases legales que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. Por lo que esta Iniciativa con Proyecto de Decreto no significaba vulnerar de modo alguno las libertades de expresión, imprenta y comercio de que gozan los medios de comunicación, sino de prevenir una conducta que afecta la dignidad de las personas, toda vez, que hicieron referencia al Informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre Trata de Personas 2007, el cual anuncia que un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones pobres hacia ciudades fronterizas y turísticas mediante ofertas de empleo.
Conscientes de estas circunstancias, las Diputadas Caritina Saénz Vargas y Lorena Corona Valdés, consideraron necesario establecer medidas preventivas que inhiban la trata de personas en nuestro país, ya que el turismo sexual está creciendo en áreas turísticas como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas como Tijuana, haciendo énfasis de que la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización.
Cabe destacar que el pasado 15 de marzo de 2011, en el Pleno de esta Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, fue aprobada por 401 votos a favor, cero votos en contra y seis abstenciones, el Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, presentada por las legisladoras federales. En este sentido, la modificación propuesta y aprobada por el Pleno se refiere a la adición de un segundo párrafo al Artículo 5 y la adición de un inciso e) a la fracción III del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual fue dictaminada a favor y por unanimidad en primera instancia al interior de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
Posteriormente, esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores, misma que fue aprobada el 14 de abril del año en curso y publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2011.
Derivado de las disposiciones actuales de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el pasado 19 de septiembre del presente año, el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, anunció la cancelación de publicidad que pueda ser aprovechada por tratantes de personas; y convocó a otros medios a sumarse a este esfuerzo. Por lo que se adoptaron 3 medidas para la autorregulación del periódico siendo estas las siguientes:
1. Se cancela cualquier anuncio que implique prostitución
2. Se donarán los espacios publicitarios para la ciudadanía que apoye a las tareas en contra de la trata de personas
3. La lucha en contra de la trata de personas será agenda del periódico, para su constante difusión.
Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifestamos nuestro reconocimiento a este importante medio de comunicación por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse en base a los Artículos 5 y 13, fracción III de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a nuestra sociedad.
Por lo tanto, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos fundamental que todas las fuerzas políticas aquí representadas, reconozcamos públicamente la labor del periódico El Universal por coadyuvar en el desarrollo de una política de prevención, atención, colaboración y sensibilización, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que afecta de manera especial a los grupos más vulnerables de nuestra población.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante esta Soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados otorga un reconocimiento al periódico El Universal, por ser el primer medio de comunicación impreso en autorregularse en base a los artículos 5 y 13, fracción III, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como por su sensibilidad y compromiso social para prevenir y erradicar este grave delito que lacera a nuestra sociedad.
Transitorios
Único. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados establecerá los mecanismos correspondientes para otorgar el reconocimiento precitado en este acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de septiembre de 2011.
Caritina Sáenz Vargas, Lorena Corona Valdés, Alejandro Carabias Icaza, Ninfa Clara Salinas Sada, Guillermo Cueva Sada, Adriana Sarur Torre, Juan Gerardo Flores Ramírez, Alberto Emiliano Cinta Martínez, Rodrigo Pérez-Alonso González, Jorge Herrera Martínez, Juan José Guerra Abud, Laura Piña Olmedo, María del Rosario Brindis Álvarez, Alejandro del Mazo Maza, Rafael Pacchiano Alamán, Eduardo Ledesma Romo, Pablo Escudero Morales, Juan Carlos Natale López, Liborio Vidal Aguilar, Norma Leticia Orozco Torres (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir al director general del Infonavit para que diseñe y ponga en marcha acciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores acreditados y orientar la operación del organismo hacia su misión original, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Pedro Ávila Nevárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el que se exhorta al titular del ejecutivo federal para que instruya al ciudadano director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a diseñar y poner en marcha una serie de acciones dirigidas a proteger los derechos de los trabajadores acreditados y orientar la operación del organismo hacia su misión original con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Durante los últimos años se han agudizado los problemas de la clase trabajadora; la economía del país no ha generado los empleos que demanda la incorporación de nuevos mexicanos en edad productiva; las condiciones de bienestar social se han venido reduciendo paulatinamente con la inflación, el desempleo, y sobre todo, con la ausencia de políticas de estado que garanticen los derechos laborales y que, por el contrario, se manifiestan y prodigan con largueza en favor del sector patronal.
La crisis generalizada y la aplicación de políticas públicas de corte neoliberal han tocado también al entramado institucional existente, al hacer que organismos de indiscutible orientación social e invaluable historial de contribución al bienestar del trabajador, productos además de enormes esfuerzos y conquistas legítimas, hayan venido, no solo abandonando paulatinamente su vocación primigenia de servicio, sino que la han pervertido de manera ostensible.
El Infonavit, en particular, de ser una entidad al servicio de los trabajadores mexicanos, se ha convertido –en los hechos- en una especie de banco de avío para las empresas del sector, donde lo que menos parece importar son los fines para los que fue creado.
En una búsqueda frenética de cifras y logros espectaculares, el organismo ha sacrificado calidad por cantidad en sus programas de vivienda y ha dejado al margen la dignidad de sus derechohabientes y sus familias como personas.
El Infonavit obliga a los acreditados cuando estos ingresan a la cartera vencida, a firmar convenios leoninos que obligan a los trabajadores a pagar intereses que se capitalizan, además incluye en el cobro intereses moratorios, gastos de cobranza, y honorarios a pagar a los despachos jurídicos externos contratados por la institución para que procedan a demandar la cancelación de la hipoteca y consecuentemente al desalojo de la vivienda. Estudios practicados recientemente por el sector Obrero sindicalizado y no sindicalizado arrojan resultados impresionantes
Hoy día, aquellos acreditados que caen en mora por haber perdido su empleo, son vistos como mercancía y tratados como ciudadanos de tercera por la entidad que debe estar a su servicio y protegerlos.
En infinidad de casos, luego de pagar intereses de usura, los trabajadores terminan desalojados, perdiendo su vivienda, en total estado de indefensión frente a las medidas inflexibles y draconianas del instituto, acosados día y noche por el llamado terrorismo de cobranza que efectúan hoy en todo el territorio nacional alrededor de 240 despachos.
A la vista de los hechos cotidianos, se puede afirmar que el Infonavit tiene mayor interés en operar como una empresa comercial que como una entidad de servicio social, enfocando con energía su operación al logro de metas cuantitativas espectaculares y al logro de indicadores financieros propios de la empresa privada, poniendo toda su atención en proyectos y áreas de negocios, en lugar de buscar y ofrecer nuevas áreas de beneficio al trabajador acreditado.
Actualmente, el instituto enfrenta un índice creciente de cartera vencida que, en estados como Coahuila que de un total de 180,000 acreditados, presenta casi 17,000 casos en suspensión de pagos. En términos porcentuales la cifra es alarmante (8.5%), siendo el doble de la media nacional.
En este aspecto, mientras sería congruente y lógico esperar que el Infonavit implementase de acciones preventivas u orientadas a la protección del patrimonio del trabajador, la atención prioritaria de éste, al parecer va encaminada a atender con visible esmero a los empresarios del sector y a los despachos de cobranza, así como a buscar afanosamente la mejor colocación en el mercado inmobiliario de aquellas viviendas que perdieron los acreditados.
Considerandos
1. Aunque se trata de un organismo de carácter tripartita en la conformación de su Consejo de Administración, queda claro que el supremo objeto social para el que fue creado no debe ser otro que el beneficio de los trabajadores.
2. El Estado, para cumplir lo que dicta el artículo 103 constitucional, está obligado a promover y proporcionar los mejores mecanismos, regulaciones y medios para el establecimiento de fuentes de trabajo y a cumplir así con el derecho que toda persona tiene a un trabajo digno, como se asienta en el 2do párrafo, fracción VI que a la letra dice: “Los salarios generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y proveer la educación obligatoria de sus hijos decretada por el Estado”.
La vivienda, obtenida como producto de su trabajo, forma parte de éste.
La fracción octava del referido artículo establece que el salario general al que alude la Constitución debe ser suficiente para que un trabajador cubra sus apremiantes necesidades y queda exceptuado de embargo, compensación o descuento.
3. Existe y aumenta cotidianamente un gravísimo problema social originado por la suspensión de pagos por parte de los acreditados del Infonavit que pierden su empleo y que afecta a su patrimonio y a su estabilidad familiar, al verse amenazados por el embargo y el desalojo.
4. El esquema normativo y de cobranza actual del instituto no protege al trabajador mexicano y es a todas luces contrario al su orientación social, por lo que debe modificase y adecuarse a las necesidades actuales y futuras, sin que ello necesariamente se traduzca en quebranto de sus finanzas.
5. Si el estado mexicano ha sido capaz de brindar protección expedita y oportuna al cuestionado y oneroso rescate de grandes consorcios bancarios y empresas privadas nacionales y hasta extranjeras, está más que obligado a atender a una pequeña parte de su población económicamente productiva que está siendo severamente afectada por daños tan irreversibles como la pérdida de sus viviendas por razones ajenas a su voluntad y a su esfuerzo.
En atención a esta grave y creciente problemática que pone en riesgo no únicamente el patrimonio de las familias de los trabajadores, sino la estabilidad y la paz social de nuestro país, se propone, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Instrumentar una moratoria por dos años, prorrogable según se determine, de las obligaciones de pago del crédito de vivienda Infonavit de aquellos trabajadores que se encuentran en suspensión de pagos por haber perdido su relación laboral por causas no imputables a su desempeño, en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
Debe quedar bien claro que no se trata de una medida que aliente la llamada cultura del no pago, sino que facilite racionalmente el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Se entiende la moratoria como la suspensión o prorroga general de los plazos convenidos para el cumplimiento de las obligaciones, decretada por el poder público por motivos especiales de evidente gravedad, como lo es, en efecto, el desempleo que se vive actualmente y que los indicadores económicos pronostican su agravamiento por las condiciones del entorno mundial.
Segundo. Aplicación de un seguro de vivienda para el trabajador acreditado o esquema financiero de cobertura que permita a aquel solventar las amortizaciones e intereses de su crédito cuando, en los términos de la ley pierda su relación laboral y que, por otra parte, haga posible al Instituto el resarcir las mermas en su flujo de recuperación de cartera ocasionadas por la aplicación de dicha moratoria.
Cuando el trabajador, al perder su empleo, haya incurrido en causales previstas por el código laboral, será motivo de un estudio minucioso y transparente, a fin de asignarle un factor de pago que no excederá del 10% de su ingreso. Es necesario enfatizar que el 5% de la aportación patronal actual es una prestación socioeconómica, misma que es esencialmente una conquista laboral de carácter económico, lograda a través de múltiples luchas y que no ha sido suficientemente valorada.
El seguro deberá ser cubierto por el Estado, como un programa adicional del sector laboral.
Tercero. Diseño y puesta en marcha de un esquema jurídico que garantice al trabajador explícita y permanentemente el uso y la propiedad de la vivienda cuando aquel pierda la relación laboral por causa no imputable al mismo, en los términos de la Ley Federal del Trabajo y se encuentre en mora de sus pagos al instituto.
Cuarto. Emitir una disposición para que aquellos trabajadores que tengan la facilidad de adelantar el pago total del saldo de su crédito, lo puedan hacer mediante una quita del 50% del valor de dicho remanente, eximiéndolos del pago de intereses ordinarios, intereses moratorios y otros gastos originados por el instituto en el proceso de este beneficio.
Quinto. Llevar a cabo los estudios, análisis, consensos y reingeniería institucional que hagan posible al Infonavit recobrar su misión original como entidad de interés público al servicio de los trabajadores mexicanos y operar como tal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a determinar en uso de sus facultades la reducción de las tarifas de electricidad de la CFE, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Pedro Ávila Nevárez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que en el uso de sus facultades determine la reducción de las tarifas de suministro de energía eléctrica, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
A pesar de que el presidente Felipe Calderón pretende minimizar la situación económica de amplios sectores de la sociedad mexicana está ha llegado a niveles preocupantes. El incremento en bienes de la canasta básica sumados a la elevación de tarifas de los bienes y servicios públicos vienen generando paulatina e inevitablemente una gravísima afectación a la economía de millones de familias mexicanas, que aunque disponen de uno o dos ingresos por familia, han venido perdiendo poder adquisitivo de una manera alarmante.
Los argumentos del presidente y de secretarios de despacho encargados de los ramos relacionados con cuestiones económicas, lejos de tranquilizar a la sociedad la irritan, pues pretenden dibujar un panorama en el que pareciera que estamos en una situación de bonanza y de mejora permanente en el nivel y calidad de vida.
El caso de las tarifas del sector eléctrico es más que ilustrativo de este manejo incongruente, hace poco más de un año que se anunció la decisión de “desincorporar” a Luz y Fuerza y de entregar a la Comisión Federal de Electricidad la generación, distribución y administración de la infraestructura eléctrica de todo el país, se señaló que la operación de Luz y Fuerza estaba demandando costos que implicaban altos subsidios y que al desaparecer y entregar el control total a CFE, se tendrían altos niveles de eficiencia que redundarían en servicios de mejor calidad y de menor costo.
A menos de dos años de esa decisión, todavía estamos por confirmar que la eficiencia de una empresa que se anuncia de clase mundial, llegue, siquiera, a los niveles de ineficiencia que ofrecía Luz y Fuerza y en cuanto a las tarifas del servicio eléctrico, el panorama es abrumador, pues miles de familias reciben cobros que se incrementan sin parar, llegando a niveles absurdos con tarifas impagables para la gran mayoría de las familias.
Asimismo, hasta donde lo sabemos estos ingresos de la CFE no están siendo canalizados en mayor infraestructura eléctrica o en mejoras sustanciales en la calidad de los servicios, por el contrario, se mantiene el nivel de importación de energía eléctrica, preservando la dependencia de proveedores privados extranjeros. En pocas palabras: electricidad cada vez más cara, igual de ineficiente y soportada en un modelo de importación que parecemos condenados a nunca abandonar.
De manera paralela, ha quedado en evidencia que la decisión de desincorporar a Luz y Fuerza fue tomada, sin evaluar el marco jurídico y el respeto a los derechos de los trabajadores de esa empresa, pues el conflicto laboral desatado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, no tiene visos de solución al menos en el corto y mediano plazos.
Por otra parte, los manejos oscuros y las corruptelas en el manejo de la CFE siguen y parece que no hay manera de contenerlos, lo cual colma aún más la de por sí ya agotada paciencia de la ciudadanía que, con toda razón, no se explica como una empresa puede al mismo tiempo aplicar tarifas de primer mundo y ofrecer servicios de cuarta, a cargo de funcionarios que sólo se dedican a hacer negocios y a privilegiar sus intereses y finanzas personales.
Señoras y señores diputados: la tensión que el gobierno actual está aplicando sobre las finanzas de millones de familia está apuntando peligrosamente a una situación generalizada de movilización social, que podría derivar en una suspensión de pagos por parte de los usuarios, situación que más allá del impacto sobre las finanzas de las empresas públicas, nos acercaría a un punto grave de desestabilización social.
Con base en lo antes expuesto, propongo a este Pleno que aprobemos un punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta de forma respetuosa pero enérgica al ciudadano presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que en uso de las facultades determine una reducción en el monto de las tarifas del servicio de suministro de energía eléctrica que brinda la Comisión Federal de Electricidad, encaminada a favorecer la economía de las familias de menores ingresos.
Segundo. Se Exhorta a la Comisión de Energía a solicitar ante pleno a comparecer ante la Comisión de Energía al Secretario de Energía y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen con detalle la forma en que se han aplicado los ingresos provenientes de los incrementos de las tarifas eléctricas cobrados hasta ahora, así como los planes que tienen para ampliar la infraestructura de generación y transmisión de energía eléctrica y hacer más eficientes los servicios que se prestan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que analice y revise el desarrollo de la actividad artesanal, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para crear una comisión especial encargada de analizar y revisar el desarrollo de la actividad artesanal.
Consideraciones
La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad: en ella se reflejan creatividad, cultura y patrimonio.
Las artesanías son también una riqueza cultural en las que se puede interpretar la organización social, económica, política y religiosa de los pueblos. Es el lenguaje materializado común de los pueblos.
La artesanía, en el grado de desarrollo en que se encuentre, no sólo es la expresión de habilidades sino que tiene su significación espiritual y moral. Y no sólo esto: es más la expresión del individuo, del sentimiento peculiar que hace que pase a formar parte de la obra que ejecuta, pero también es una actividad económica que contribuye a subsanar algunas necesidades imperiosas en la vida familiar.
La importancia cultural y económica radica en las posibilidades que tienen miles de personas de mostrar el arte que desde hace varios siglos se sigue conservando. La situación particular de los artesanos es que, por lo regular, trabajan por cuenta propia; el artesano es propietario de las herramientas que usa, aunque sean sencillas y en general manuales; y mantiene su iniciativa, emplea su gusto, su inspiración.
Es verdad que el turismo ejerce en muchos países una influencia considerable sobre los trabajos artesanales. Sin embargo, esto requiere –primero– educar el gusto de los compradores y –segundo– dejar al artista o artesano en completa libertad, evitando, empero, que sacrifique la calidad de su trabajo, tanto desde el punto de vista técnico-artístico como por lo que se refiere al material utilizado, a la tentación de una ganancia fácil.
La capacidad adquisitiva del artesano se deriva de la valoración artística y económica de sus productos, lo cual reactiva la economía de múltiples comunidades cuya principal actividad es la artesanal y apoya con esto el equilibrio que hoy en día se busca de la seguridad nacional, al aportar desde sus trincheras una fuente de empleo, que debería de cuidarse y generar el apoyo de todos los partidos para que el único beneficiado sea nuestra gente, “el electorado”.
Esta gente sigue creyendo que en verdad todos nosotros buscamos soluciones a sus problemas. No pierde la esperanza de que en lugar de declararle la guerra a la inseguridad, sigamos dando la batalla en buscar formas de atraer cada vez más turismo.
Las actividades artesanales están estrechamente relacionadas con el turismo. La actividad artesanal en México es un importante motor para el desarrollo de la economía, pues se reciben al año más de 45 millones de turistas (Sectur, 2006), de los que registra alrededor de 35 millones de turistas nacionales y 9 millones internacionales. Es fácil pensar en el gran auge en ventas que podría poseer la actividad artesanal.
De acuerdo con las cifras del Inegi, en la actividad turística esta actividad genera más 935 millones de dólares, donde 88 por ciento de las compras fue por turistas nacionales y 12 por ciento internacionales.
En cuanto a las ocupaciones formales remuneradas que realizan productos artesanales, se alcanzaron 227 mil puestos de trabajo, lo que equivale a 9.4 por ciento de los empleados en actividades turísticas y a 28.5 de las ocupaciones involucradas en bienes de uso turístico. Estos empleados formales lograron remuneraciones por 70 millones de dólares, que representaron 4.08 por ciento del total turístico y 17.2 de los bienes turísticos.
La economía artesanal se concibe como una alternativa laboral asociada a pequeños, medianos y grandes empresarios productores de objetos con contenidos artísticos y culturales que poseen características de autenticidad y en cuyo proceso de producción, además, predomina el trabajo manual sobre el mecánico y se emplean técnicas de conocimiento de determinadas materias primas y gran adiestramiento.
La distribución territorial de esta actividad es amplia, pero en los 32 estados de la federación se registra producción. Sin embargo, hay particularidades por destacar: Oaxaca, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Michoacán, Guanajuato y Jalisco sobresalen por la diversidad de artesanías que producen (participan en los 11 grandes tipos o ramas de la producción textil, alfarería, madera, cestería, peletería y talabartería, metalistería, lapidaria, de origen animal y vegetal, cartón y papel, vidrio y otras categorías). Michoacán, estado de México, Hidalgo, Puebla y Oaxaca concentran la mayor cantidad de localidades productoras.
Es decir, en México se cuenta con 6.8 millones de artesanos, según la UNESCO, cuya mayoría es de indígenas que viven en pobreza extrema; resulta incongruente su situación por la gran riqueza cultural que representan para el país.
No obstante, en México no se cuenta con estadísticas precisas que enmarquen la magnitud e importancia de la economía artesanal, y no se considera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una actividad con responsabilidad federal. Es competencia sólo de los estados legislar en la materia, y se ha hecho de forma incipiente.
Pese a lo anterior, el Estado, a fin de fomentar el desarrollo de las actividades económicas, creó en 1974 el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Éste recibe subsidio por la federación para destinarlo exclusivamente a la población que vive en municipios de muy alto y alto grado de marginación o los predominantemente indígenas, así como otros de marginación relativa.
De esa forma, a través de seis centros regionales (zonas geográficas de competencia, según la Sedesol) se efectúan cuatro tipos de apoyo para artesanos:
1. Adquisición y comercialización de artesanías realizadas en centros de acopio, tiendas y franquicias Fonart y mediante otros acuerdos de venta, donde se busca llegar a los productores que no tienen acceso a mercados para ofrecer sus artesanías.
2. Concursos regionales de arte popular, cuyos objetivos son preservar las técnicas, impulsar capacidades artísticas de los artesanos y promover la igualdad de género.
3. Capacitación y asesoría técnica a artesanos para mejorar la calidad y el diseño de la producción y, con ello, adaptarla a los nuevos gustos del consumidor, a fin de mejorar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales, pero sin perder la esencia de su origen tradicional.
4. Financiamiento para la producción, donde se proporcionan créditos a los productores artesanales que, por su condición socioeconómica, no tienen acceso a fuentes de financiamiento.
Y la relación entre la presencia de centros de promoción y distribución de artesanías con las entidades de mayor número de centros de municipios con alta y muy alta marginación no es la adecuada.
Por ejemplo, Oaxaca, al que orgullosamente represento, posee más de 180 municipios en dichas condiciones, tiene sólo 2 centros, y ambos se encuentran en la capital estatal.
Asimismo, no hay suficientes centros de promoción que cubran al menos todas las entidades federativas, y las existentes se encuentran emplazadas en las capitales estatales y en los principales centros turísticos.
Por todo lo anterior, y representando a los artesanos de Oaxaca, Puebla, México, Michoacán, y todos los que ven en nosotros su propia manifestación, considero de suma importancia crear una comisión especial en el Congreso de la Unión para que, con las de Desarrollo Social, de Economía, y de Turismo, trabaje en el desarrollo de la actividad artesanal con la facultad de reducir la pobreza y lograr la estabilización económica en zonas rurales e indígenas, cuyos índices de desocupación y subempleo son significativos.
Las funciones de dicha comisión serían realizar estudios territoriales que caractericen este tipo de economía y permitan su óptimo desarrollo, a través de análisis nacionales, regionales y locales que posibiliten la completa comprensión del sistema económico artesanal en México, y que ofrezcan herramientas para la eficiente aplicación de políticas de desarrollo de esta actividad e integrar y beneficiar a todos los actores sociales que intervienen en esta cadena productiva.
Asimismo, es necesaria la integración de otros sectores de la economía para el beneficio colectivo. Tal es el caso del turismo que, con la visión del desarrollo sostenible, ofrezca el patrimonio cultural auténtico derivado de las artesanías, sin alterar su esencia. Todo ello permitirá identificar los sitios a que se debe brindar soporte o dotar de infraestructura para la producción, distribución, comercialización y difusión de artesanías.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea una comisión especial que tendrá como objetivo revisar y analizar el desarrollo económico de la actividad artesanal.
Segundo. Dicha comisión trabajará con las de Desarrollo Social, de Economía, y de Turismo, y realizará estudios nacionales, regionales y locales que posibiliten la completa comprensión del sistema económico artesanal en México, y que ofrezcan herramientas para la eficiente aplicación de políticas de desarrollo de la actividad, así como integrar y beneficiar a todos los actores sociales que intervienen en esta cadena productiva.
Tercero. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en la LXI Legislatura o hasta que agote su objetivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.
Diputado Eviel Pérez Magaña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a considerar al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación de 2012 la adición de los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales del DF, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2012, considere adicionar los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores y, además, se renueve la oportunidad de obtener los mencionados estímulos fiscales para aquellas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que no los hubieren obtenido, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 5 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales, entre los que destacan, el programa para la regularización de adeudos que tuvieran con la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, consistente en la aplicación en los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011, un estímulo acreditable contra el mismo impuesto resultante de aplicar el 60 por ciento, 30 por ciento y 10 por ciento respectivamente, para lo cual se debía haber celebrado convenio con la federación.
En el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2009, se ratifican los convenios celebrados en los términos del párrafo anterior, modificando los porcentajes aplicables para los ejercicios fiscales 2010 y 2011 a 60 por ciento y 30 por ciento respectivamente, prorrogando la aplicación del beneficio fiscal mencionado al ejercicio fiscal 2012 con un porcentaje del 10 por ciento, y otorgando a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, que no hubieren celebrado el convenio señalado en el párrafo anterior, la posibilidad de acogerse a este programa mediante la celebración del convenio respectivo.
Asimismo, en el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2010, se ratifican los convenios celebrados en los términos del párrafo que precede al anterior, modificando los porcentajes aplicables para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 a 60 por ciento y 30 por ciento respectivamente, y otorgando a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados que no hubieren celebrado el convenio señalado en el párrafo que precede al anterior, la posibilidad de acogerse a este programa mediante la celebración del convenio respectivo.
En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 presentada por el Ejecutivo a esta soberanía, se vuelven a ratificar los convenios multimencionados, pero no se hace referencia alguna a la opción de acogerse al programa por aquellas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, que no lo hubieren celebrado.
Toda vez que este programa ha generado, por una parte, mayor recaudación del Servicio de Administración Tributaria y, por otro, el correcto cumplimiento de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados.
Así, es importante que se ratifiquen los estímulos fiscales a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores y, además, se renueve la oportunidad de obtener los mencionados estímulos fiscales para las entidades mencionadas.
Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2012, considere adicionar los párrafos cuarto y quinto que ratifican los estímulos fiscales a la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores y, además, se renueve la oportunidad de obtener los mencionados estímulos fiscales para aquellas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que no los hubieren obtenido, que a continuación se enuncian:
Párrafo Cuarto:
A las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieren adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2011 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2011. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2012.
Párrafo Quinto:
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que no hubieren celebrado el convenio a que se refiere el artículo tercero, fracción I del Decreto señalado en el párrafo anterior, tendrán hasta el 29 de febrero de 2012 para celebrarlo y cumplir con todos los requisitos contenidos en él, a fin de acogerse al mismo, en cuyo caso obtendrán los beneficios establecidos en el párrafo anterior.
Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2011.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales para que den cuenta a la opinión pública sobre los resultados de su funcionamiento, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya a las dependencias que conforman al Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales que den cuenta a la opinión pública los resultados sobre su funcionamiento, así como el manejo de la Estrategia Nacional del Manejo Sustentable de Suelos.
Exposición de Motivos
Por siglos el mundo ha padecido los efectos de las severas sequías que han dejado a su paso hambre, muerte y migración. Si bien la sequia es un fenómeno natural que se ha dado siempre, en años recientes se ha acentuado como consecuencia del cambio climático.
En los últimos años nuestro país se ha caracterizado por la escasez de lluvia, por lo que desde 1993 y en buena medida, hasta la fecha ha sido uno de los periodos más drásticos y prolongados de escasez de agua. Anteriormente los estados del norte eran los más afectados por este fenómeno, pero en los últimos años los estados del sur se han visto perjudicados también por esta grave situación climatológica.
La gravedad de la sequía afecta a distintas entidades de la república y la problemática ha sido reconocida por los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal). El pasado 6 de junio, el presidente Felipe Calderón en la conmemoración del día mundial del medio ambiente señaló “que 40 por ciento del país sufriría en 2011 las peores sequias en 70 años”. A su vez los gobernadores de los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua informaron que a raíz de las fuertes sequías que han azotado a sus estados solicitarán que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se considere un recurso extraordinario para combatir la sequía.
La sequía ha sido acentuada por otro fenómeno que en los últimos años ha creado gran preocupación entre las naciones, fue por ello que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) celebró en 1994 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) el objetivo de ésta fue enfrentar el deterioro ambiental en el mundo (particularmente el referido a la degradación de tierras, sequía y desertificación)
Es así, que el 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, cuyo objetivo es “reconocer la importancia de prevenir y evitar que los ecosistemas naturales pierdan sus propiedades biológicas y físicas, ocasionados por las actividades humanas como son: las inadecuadas prácticas de cultivos agrícolas, la degradación de la cubierta vegetal (dando lugar a modificaciones del ciclo hidrológico y a la pérdida de la capa de suelo), así como las ocasionadas por el mismo cambio climático 1 .
Si bien desde 1994 fue identificado el peligro en el que se encontraba el mundo por las graves consecuencias de la sequia y la desertificación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que de 2010 a 2020 sería considerado como el Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (UNDDD por las siglas en inglés), con el fin de promover acciones que protejan las tierras secas.
El UNDDD representa para los países una oportunidad de establecer cambios críticos que mejoren la capacidad de las tierras secas para contribuir al bienestar de la humanidad a largo plazo.
México ha sido uno de los 193 países adscritos a la fecha que están integrados en la CNULD y desde 1994 el país ya contaba con un Plan de Acción de Combate a la Desertificación (PACD-México, 1994) que involucró a diferentes actores de la sociedad, el gobierno federal implementó una serie de políticas públicas ambientales con el objetivo de contribuir con los objetivos del Decenio.
En el contexto nacional, el desarrollo institucional para la atención al problema de la desertificación se remonta a 1970, con la creación de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), pero es hasta 2005, en el marco de los objetivos de la (CNULD), que se conformó el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (Sinades).
El Sinades tiene por objetivo brindar atención a los procesos de degradación de tierras y ha incluido la evaluación del estado de recursos naturales; la integración, aún insuficiente, del tema en los marcos de política y jurídicos; el desarrollo de investigaciones en la materia y la puesta en práctica de diversos programas dirigidos a prevenir, controlar y revertir la degradación de tierras, a través de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa), principalmente.
Los programas institucionales más importantes en cuanto a superficie incorporada a la protección y rehabilitación del suelo son el Programa de Suelos Forestales, operado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) operado por Sagarpa. El primero brinda apoyo económico y asesoría técnica a los dueños de las tierras para la ejecución de obras de conservación y restauración de suelos forestales; el segundo atiende las zonas con sequía recurrente.
Consideraciones
En el documento “Estrategia Nacional del Manejo Sustentable de Tierras” 2 señala que “hasta 2009 las acciones realizadas para combatir la desertificación y la sequía no habían sido suficientes, tal como lo reflejan diversas evaluaciones. La Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para la instrumentación de las Convenciones sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y Combate de la Desertificación en México (AECN) realizada en 2006 con el concurso de expertos, funcionarios, organizaciones sociales, sector empresarial y organismos internacionales, reflejó fortalezas, debilidades y disparidades en la atención de dichas convenciones. Entre las principales conclusiones destaca que la Convención de Lucha contra la Desertificación ha tenido una atención marginal respecto de las otras dos, con la carencia de un seguimiento sistémico. La AECN señala también el desconocimiento de la CNULD por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales y los mismos afectados; en el mejor de los casos, hay una escasa comprensión del tema, restringiéndolo a la esfera de degradación del suelo.
Sin embargo, se destaca que entre los avances logrados, el Poder Legislativo identificó que la degradación de tierras es un problema presente en los diferentes ecosistemas y regiones del país, y lo plasmo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) que incorpora en sus conceptos a la desertificación como un proceso de alcance nacional más allá de las tierras secas, y establece la creación del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (Sinades) como un órgano especializado de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable.
El Sinades en su sexta sesión ordinaria, realizada en febrero del 2010 informó sobre la publicación de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST). Dicha estrategia se desarrolló de 2008 a 2009 por un grupo de especialistas y con la participación del sector institucional, académico y social, a través de una consulta pública a nivel nacional, su objetivo es fomentar el manejo sustentable de tierras en todos los ecosistemas del país, considerando las tierras forestales y agropecuarias, como marco de acción, para desarrollar políticas públicas que sirvan para el manejo sustentable de las tierras. Podemos destacar que son diversas las acciones implementadas por el Ejecutivo federal para contrarrestar los graves efectos que han causado en el país la desertificación y la sequía, así como los recursos asignados en los presupuestos de cada año a los diversos programas que tienen como fin contrarrestar esta problemática.
Encontramos que a pesar de las políticas implementadas, grave es la situación que enfrentan diversas entidades federativas ante la sequía que impera en el país. Si bien, la desertificación como está plasmado en la Ley de Desarrollo Sustentable prolifera en todo tipo de ecosistemas, queda evidenciado en la sequía que enfrentan estados del centro como Hidalgo o estados del sur del país como Yucatán.
Por otra parte, es preocupante que las instituciones del Ejecutivo federal encargadas de implementar, coordinar y evaluar las políticas públicas que se aplican para contrarrestar la problemática de la sequía, sus funcionarios se contradigan sobre la gravedad de la sequía de este año, ejemplo de ello son las siguientes declaraciones:
• El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró el pasado 6 de junio. “Este año 2011, para el 40 por ciento del territorio nacional ha sido el año más seco en 70 años”.
• El titular de Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Pérez, reconoció el 3 de junio “Que en la actividad ganadera y forestal en los estados del norte del país, los efectos de la sequía son “graves”, pero no representan un peligro en la actividad de la agricultura por lo que no “hay riesgos”.
En el ánimo de construir, encontramos loable el objetivo de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST) y aún más conveniente los mecanismos de concurrencia y coordinación de las diversas dependencias públicas e instancias sociales y privadas para coadyuvar al mejoramiento integral del bienestar social de la población, de las actividades económicas y de la sustentabilidad.
Sin embargo, consideramos necesario que se difunda la información permanentemente sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales; los alcances que ha tenido; el manejo de su información y de sus resultados, a través de la permanente actualización de su portal de Internet (que cabe destacar presenta su última actualización de información en el año 2009), cuál es la coordinación que ha tenido presupuestariamente con los programas que manejan las diversas dependencias para combatir la problemática de la desertificación y la sequía en el país.
Lo anterior, para evaluar el funcionamiento de un sistema que opera desde 2005 y conocer si el sistema está en concordancia con los compromisos asumidos por México al ratificar su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), y considerar el uso de los recursos asignados a través de los programas como reconversión productiva de Sagarpa y Proárbol de Conafor toda vez que éste último presentó señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación en este sexenio.
Teniendo conocimiento previo del funcionamiento de ambos programas y del funcionamiento del sistema en general, tendremos la posibilidad de evaluar los recursos que se le habrán de asignar en este próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, y evaluar la viabilidad de crear un fondo extraordinario para combatir la sequia y la desertificación y así contrarrestar los graves efectos que este fenómeno climatológico ocasiona en muchos de los estados de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal instruya a las dependencias que conforman el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales que den cuenta a la opinión pública de los resultados sobre su funcionamiento, así como el manejo de la Estrategia Nacional del Manejo Sustentable de Suelos.
Notas
1. Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
2. Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras. Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2011.
Diputados: Francisco Saracho Navarro, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Melchor Sánchez de la Fuente, Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numeral 1 y 2, así como 117 del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo
Consideraciones
El pasado 25 de marzo de 2010 se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como objetivo reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Dicha iniciativa proveniente del Congreso de Nuevo León fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la cual presentó un dictamen en sentido positivo el 6 de abril del presente año.
El proyecto de reforma en mención tiene como finalidad eliminar el monto máximo de salarios mínimos para exentar del pago del impuesto sobre la renta, en lo referente a pensiones. En otras palabras las y los ciudadanos mexicanos que reciben una pensión y cuyo monto excede los nueve salarios mínimos no se verán obligados a pagar el ISR.
Esta disposición es de suma importancia, ya que la ley actual sigue gravando a aquellos que durante toda su permanencia en empleo activo contribuyeron a la base fiscal, por lo que tienen que tributar de nueva cuenta, hecho que contraviene a los principios de proporcionalidad y equidad.
Lo anterior se debe a un error en la norma, el cual se agudiza cuando se tiene en cuenta que la ley desatiende la capacidad contributiva de los particulares que están en una situación jurídica distinta a los demás contribuyentes.
Por otro lado, esta reforma persigue un objetivo de evidente justicia social, ya que reconoce el derecho de los pensionados a una vida digna y la necesidad de mejorar sus condiciones económicas.
Es urgente que se resuelva ésta iniciativa, pues la mayor parte del monto de la pensión recibida se ocupa en el pago medicamentos, alimentos, atención médica, rentas u otros servicios necesarios.
Estos gastos desafortunadamente se han incrementado debido al comportamiento dinámico de los precios, lo cual se advierte cuando se tiene en cuenta que desde al año 2006 a 2010, el precio de la canasta alimenticia pasó de 80.83 a 156.76 pesos, es decir se incrementó en un 93 por ciento, mientras que el salario mínimo solo creció en un 17 por ciento. 1
Ésta situación explica porque de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que cuenta con las pensiones más bajas para sus jubilados.
Por los motivos mencionados propongo respetuosamente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Senadores a que dictamine la minuta que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Nota
1 N/A. Exentan de impuestos a jubilados . SIPSE, 6 de abril de 2011, México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de Septiembre de 2011.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
