Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3356-VII, martes 27 de septiembre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SHCP, la Secretaría de Economía, la Sener, la Sedesol y la CFE un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas y los adultos mayores de 70 años o más obtengan tarifa preferencial en electricidad doméstica, a cargo de la diputada Laura Felícitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Laura García Dávila, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La sociedad mexicana presenta graves problemas de pobreza y desigualdad. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que 55 millones de mexicanos están en algún grado de pobreza, y sin duda ésta va en aumento.
Que en nuestro país las madres solteras, separadas o viudas, y los adultos mayores de 70 años o más por lo general sufren de discriminación por gran parte de la sociedad.
Que en México hay 4.5 millones de madres solteras, separadas o viudas quienes, igual que sus hijos, son objeto de discriminación.
Que según datos del Consejo Nacional de Población, las madres solas por separación o divorcio son 1.7 millones y que 6 de cada 10 han asumido la jefatura del hogar, aunque 27.6 por ciento de ellas vive con al menos uno de sus padres.
Además de desempeñar el papel materno, 7 de cada 10 efectúan alguna actividad económica. Igual que el de madres solteras, el porcentaje de las que viven en condiciones de pobreza, 29.6, es menor que el de las madres viudas y de las que se encuentran en pareja o casadas.
Que las viudas constituyen el grupo más numeroso de las madres solas (1.9 millones). En la mayoría de los casos se asume la jefatura del hogar por muerte, separación o divorcio del cónyuge. Las madres solteras son en su mayoría jóvenes, menores de 30 años; las separadas y divorciadas concentran los mayores porcentajes entre los 30 y 49 años, mientras que entre las viudas predominan las mayores de 50 años.
Por otra parte, en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos mayores (personas de 60 años y más), quienes representan 7.5 por ciento de la población. Para 2010 existían 9.9 millones; se estiman 15 millones en 2020 y poco más de 22 millones en 2030. De tal modo, este grupo de la población incrementará su peso a 8.9, 12.5 y 17.5 por ciento, respectivamente.
En este grupo se encuentran los mayores de 70 años, que suman ya 4.4 millones en 2010; serán 6.5 millones en 2020 y 10.2 millones en 2030.
En nuestro entorno vemos con mucha frecuencia que en general la mujer, y en especial el grupo de madres solteras y las personas de la tercera edad, son víctimas de abuso y discriminación en todos los terrenos. Estos sectores de la población subsisten en una situación económica difícil, por lo que se considera que es justo que el Ejecutivo federal implante un programa integral para ayudar a este sector de la población para que paguen el costo mínimo en el consumo de energía eléctrica, si bien es cierto que actualmente existe el programa Oportunidades, que otorga un apoyo económico de 55 pesos mensuales a las familias beneficiarias en el componente energético con el propósito de apoyar con el gasto que se realiza en el consumo de energía eléctrica, gas, leña y carbón, entre otros, y que en 2007 se benefició a 5 millones, en 2008 a 5.04 millones y en 2009 a 5.2 millones de familias, también lo es que dicho apoyo no enmarca ni beneficia a población vulnerable como las madres solteras, separadas y viudas, y los adultos mayores de 70 años o más.
Que la electricidad en México es muy cara. En la Ciudad de México un usuario residencial de clase media paga 66 dólares en electricidad, y si le sumamos el subsidio paga un costo real de 123 dólares. En Canadá su equivalente paga 27 dólares, en Estados Unidos y Reino Unido alrededor de 35 dólares y ya ni mencionar cuánto paga la gran mayoría de la población.
Que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.9 millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes e incorpora anualmente más de 1 millón de clientes nuevos. El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 188 mil localidades (184 mil 613 rurales y 3 mil 325 urbanas); 96.68 por ciento de la población utiliza la electricidad.
Que para los legisladores no son desconocidas las altas tarifas de luz que aplica la Comisión Federal de Electricidad. Tan es así que, por mencionar sólo algunos ejemplos, diferentes fuerzas políticas de esta legislatura han presentado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a revisar las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica en Nayarit y Chiapas.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
De igual forma, el artículo 27 constitucional establece la facultad exclusiva de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objetivo la prestación de servicio público.
Por otra parte, la Secretaría de Energía se encuentra facultada para autorizar los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Que actualmente hay ocho tipos de tarifas: DAC, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales son fijadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por la Secretaría de Hacienda con la participación de las Secretarías de Economía, y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.
Debo mencionar que la presente proposición se basa en la presentada por el diputado Everardo Villarreal Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de diciembre de 2009, la cual no se ha dictaminado. Empero, como se trata de un tema tan importante, se presenta ahora al amparo del nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 3, 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las Secretarías de Hacienda, de Economía, de Energía, y de Desarrollo Social, así como por la Comisión Federal de Electricidad, un programa integral para que las madres solteras, separadas o viudas, y los adultos mayores de 70 años o más obtengan una tarifa preferencial en las tarifas de electricidad doméstica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputada Laura Felícitas García Dávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar por el de Jalisco y la SCT un acceso para la carretera Miraflores-Chila al nuevo libramiento sur de Guadalajara que está por construirse, en beneficio de las poblaciones que se encuentran ahí, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 76 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Jalisco, para que considere un acceso carretero para la carretera Miraflores-Chila al nuevo libramiento sur de Guadalajara que está por construirse, a fin de beneficiar a las poblaciones que se encuentran en esta región del país, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las carreteras representan una importante vía de comunicación, su construcción y mantenimiento son elementales para el tránsito del transporte, debido a que a través de ellas se pueden transportar productos, sustancias y mercancías lo que permite fomentar la actividad económica y reducir tiempos y costos logísticos, además de que permiten la conectividad entre las poblaciones mejorando la planeación regional.
A fin de impulsar el desarrollo carretero en el estado de Jalisco, el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal tienen considerado ejecutar un proyecto carretero con el nombre Libramiento Sur de Guadalajara, el cual consiste en construir una carretera de cuatro carriles de pavimento hidráulico, que librará la zona urbana del área metropolitana de Guadalajara para dar continuidad al tránsito de largo itinerario que circula entre la zona centro y noreste del país a través del corredor carretero México-Nogales.
La obra se integra por tres tramos: el tramo I inicia en el entronque Zapotlanejo y termina en el entronque Chapala en la carretera Guadalajara-Chapala; el tramo II inicia en el entronque Chapala y termina en el entronque Santa Cecilia, en la autopista Guadalajara-Colima. En este punto se inicia el tramo III que concluye en la autopista Guadalajara-Tepic, en el entronque El Arenal.
Se tiene considerado un monto total de inversión para estas obras, el cual ascenderá a poco más de 8,200 millones de pesos, de capital privado en su totalidad, con un plazo de 24 meses para terminarlas y ponerlas en operación. Se tiene estimado que la derrama económica generará 4,100 empleos directos y 10,200 indirectos, coadyuvando de esta manera a mejorar las condiciones económicas de cientos de familias de Jalisco y Nayarit.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó a la empresa Ideal la concesión para construir y explotar el Libramiento Sur de Guadalajara de 111 kilómetros en el estado de Jalisco, el libramiento de Tepic de 30 kilómetros, así como la explotación de la autopista Guadalajara-Tepic con una longitud de 169 kilómetros.
Estas obras están programadas para que inicien al final de enero de 2012, una vez que se haya cumplido con las disposiciones oficiales y requisitos en la materia a fin de ejecutar las obras.
Actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está construyendo el camino rural Chila-Miraflores asignándole 9 millones de pesos. Este proyecto carretero favorece la actividad económica y social de la región proporcionándole conectividad e incentivar la actividad productiva y social.
En este sentido, solicito que se construya un acceso carretero para que la carretera Miraflores-Chila sea conectada al nuevo libramiento sur que se pretende construir y el cual estratégicamente dará continuidad al tránsito de largo itinerario, a su paso por la zona urbana de Guadalajara y servirá para el ordenamiento de los flujos de carga y de pasajeros.
Con este acceso que propongo, permitirá que la región se encuentre estratégicamente mejor articulada, y con ello, se fomente una mejor conectividad para la región sur del estado de Jalisco favoreciendo a los municipios aledaños a esta importante obra vial.
Este acceso carretero beneficia a los habitantes de las poblaciones del municipio de Juanacatlán que cuenta con delegaciones en los poblados de El Saucillo, San Isidro, Ex-Hacienda, Casa de Teja, Juanacaxtle, Miraflores y La Guadalupe, que tiene más de un millón de habitantes y es cabecera municipal.
Asimismo, también se beneficiaría al municipio de Zapotlán del Rey, el cual está conformado por 53 comunidades, de entre las que destaca: Santiago Totolimixpan, Ahuatlán, Otatlán, Tecualtitán, a Noria, Chila, colonia Guadalupana, Los Cerritos y el Sauz, el municipio cuenta con más de 22,000 habitantes.
Un aspecto a resaltar, es que en estas municipalidades las actividades económicas que prevalecen son la agricultura, la ganadería, las manufacturas, y el comercio, por lo cual es de gran relevancia permitir que se construya el acceso carretero al libramiento que está por construirse, a fin de proporcionar una mayor comunicación vial beneficiando a las economías locales, y sobre todo, que satisface las necesidades de los pobladores de esta zona del estado de Jalisco.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Jalisco, para que consideren un acceso carretero para la carretera Miraflores-Chila al nuevo Libramiento Sur de Guadalajara, que está por construirse, a fin de beneficiar a las poblaciones que se encuentran en esta región del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener por la Secretaría de Economía la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, pues ello debilitará la industria nacional; y a revisar y frenar cualquier otra desgravación que afecte nuestra planta productiva, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Armando Ríos Piter, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El próximo 11 de diciembre se desgravará el arancel a la importación de calzado chino. Esta medida pondrá en riesgo alrededor de 14 mil 137 empleos directos en un país cuyas condiciones actuales de bajo crecimiento económico e incremento de la pobreza, exigen la protección de las fuentes de trabajo ya creadas a nivel nacional.
El libre comercio es benéfico para todos los países, siempre y cuando la planta productiva nacional tenga las mismas condiciones para competir frente a los productos del exterior. De tal manera que este arancel a la importación de calzado chino no puede ser eliminado, sin antes haber creado condiciones de mayor competitividad a la industria nacional tales como: el acceso a energéticos, infraestructura, un mejor ambiente de negocios, seguridad pública, financiamiento y la proyección hacia mercados en el exterior, toda vez que México tiene la décima posición mundial en producción de calzado pero no está posicionado como un país exportador.
Sin estas medidas de protección previas a la apertura masiva de la frontera al calzado chino, la industria nacional con cerca de 7 mil fábricas de calzado, 60 mil empleos directos y poco más de 160 mil empleos indirectos se verá severamente afectada en sus ingresos al ver desplazada su oferta por la invasión de calzado de menor calidad, lo que generará el despido de miles de empleados, situación que es impensable en un contexto nacional donde la violencia y el bajo crecimiento económico frenan el desarrollo de negocios y, por lo tanto, la creación de nuevas empresas, motivo suficiente para no debilitar uno de los pocos clusters desarrollados en el país, el cual, si fuera fortalecido con políticas para la innovación, diseño y estrategias de comercialización tendría enormes posibilidades de expandirse a nivel internacional.
Por otra parte, con los aranceles actuales, el déficit de la balanza comercial de bienes manufacturados textiles y de cuero va en aumento 1 . De 2009 a 2010 el déficit comercial aumentó de 89 a 176 millones de dólares (97 por ciento), y para junio de 2011 el déficit asciende a 208.7 millones de dólares. La Cámara de la industria del calzado señala que en 2010 se importaron 3.1 millones de pares de calzado de China, lo cual representó un incremento de 67.16 por ciento respecto al 2009 y el aumento será aun mayor una vez que disminuyan las barreras arancelarias, lo que implica que las importaciones de estos bienes seguirán desplazando la oferta nacional. Mientras que otros países como Brasil y Argentina han impuesto aranceles frente a la inundación de calzado chino, protegiendo sus importantes industrias nacionales, a pesar de que Brasil es la tercera industria exportadora de calzado a nivel mundial. En 2006, la Unión Europea también decidió mantener las tarifas arancelarias en el calzado de piel proveniente de China y Vietnam debido a que importantes países como Italia, Francia y España son productores de calzado de piel.
Por tanto, desgravar las importaciones de calzado chino sería un aniquilamiento a la industria nacional porque no se han creado las condiciones de mayor competitividad y competencia ni a nivel local, ni a nivel internacional, así como tampoco se han creado las medidas efectivas para evitar el ingreso de cerca de 20 millones de pares de calzado que entra de manera ilegal al país que incrementan el tamaño del mercado informal, en detrimento de los empleos, el salario y la productividad. De tal manera que, debe existir un rechazo categórico a la desgravación de aranceles en sectores productivos a nivel nacional y por el contrario, analizar la posibilidad de establecer un arancel cercano al 35 por ciento, que es el máximo permitido en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, frente a productos provenientes de Asia (principalmente China, Vietnam y la India) en tanto se consolida y posiciona la industria nacional.
Por las consideraciones expuestas someto al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, toda vez que esto debilitará a la industria nacional y pondrá en riesgo más de 14 mil empleos directos en un país de bajo crecimiento económico, incremento de la pobreza y déficit en la creación de empleo.
Segundo. Que la Secretaría de Economía establezca el arancel máximo de 35% a las importaciones de calzado proveniente de China.
Tercero. Que la Secretaría de Economía ponga en marcha un conjunto de acciones y políticas públicas a fin de fortalecer la industria nacional del calzado, previo a la desgravación total o parcial, dentro de las cuales se incluyan medidas para impulsar la innovación en diseño, mercados y productos así como estrategias de comercialización para la industria del cuero y el calzado.
Nota
1 Esta balanza comercial incluye calzado y vestido de cuero y tela pero da una aproximación de lo que sucede en cada una de las industrias por separado.
Dado a los 27 días del mes de septiembre de 2011, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a elaborar y publicar en su página electrónica un programa integral de prevención de inundaciones en el valle de México, a cargo del diputado Jorge Herrera Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El diputado Jorge Herrera Martínez, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el comunicado del 3 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil establecen estado de alerta por lluvias muy fuertes en el poniente del valle de México, debido a que las presas y cuerpos de agua de la zona estaban saturados. El Río Cuautitlán se encontraba al máximo de su capacidad hidráulica y la presa de Guadalupe al 95 por ciento de su capacidad de llenado.
No obstante, pese a dicha alerta las autoridades de Conagua desestimaron las probabilidades del desborde del Río Cuautitlán, pese a las malas condiciones en que se encontraban ya sus bordes, por lo que en ningún momento hicieron caso a las advertencias de la población y de las autoridades, sobre esta posibilidad.
El mismo 3 de septiembre de 2011 en el valle de México ocurrió un hecho lamentable, con la inundación y rotura de una parte del bordo del Río Cuautitlán, que ahora espera la reparación de un tramo de aproximadamente 35 metros de longitud. Dicha inundación representa el desastre más grande que haya ocurrido en la historia del municipio de Cuautitlán, México y Teoloyucan, pues según los cálculos se encuentran 1,600 casas afectadas entre Cuautitlán y Teoloyucan; 1,200 casas siguieron durante varios días con aguas negras en su interior por el desbordamiento; 1,800 familias se vieron afectadas y en la zona afectada el nivel de la inundación fue mayor a dos metros.
Los trabajos que realizó Conagua para controlar y mitigar la contingencia e inundación en Cuautitlán han afectado el suministro de agua potable, al cerrar válvulas del conocido Ramal de Teoloyucan en San José Puente Grande, con el objetivo de reparar el sistema. Entre los afectados se encuentran las colonias Centro, Los Morales, Primera Sección San Juan, Españita, Romita, Puente Jabonero y La Capa, que se quedaron sin agua por ocho días. Por el momento, el ayuntamiento no ha informado si continuarán las reparaciones del ramal.
Entre los objetivos de Conagua se encuentran: el prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos; promover la reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo; proporcionar al Sistema Nacional de Protección Civil y a la población, información oportuna y confiable sobre la ocurrencia y evolución de los eventos meteorológicos e hidrometeorológicos severos; coadyuvar en el restablecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población en situaciones de emergencia; implantar las acciones de restauración y preservación en las partes altas de las cuencas, a fin de reducir escurrimientos y posibles afectaciones; realizar acciones preventivas que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos; mantener, conservar y ampliar la infraestructura hidráulica para la protección de centros de población y áreas productivas; entre otros.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se une a la preocupación de Xavier López Adame, regidor del municipio de Cuautitlán por el Partido Verde, a fin de conocer al detalle la información y las acciones presentes y futuras de la Conagua, así como de las dependencias competentes del gobierno federal a fin de prevenir, controlar y atender posibles inundaciones y afectaciones en la zona del Valle de México.
En atención a lo anteriormente expuesto, el diputado que suscribe pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a elaborar y publicar en su página electrónica un programa integral de prevención de inundación en la zona del valle de México, especificando las metas a alcanzar en el corto y mediano plazo para la mejora de las presas e infraestructura hidráulica de la zona metropolitana, así como los responsables directos de cada una de ellas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Jorge Herrera Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Inegi a rectificar las cifras sobre habitantes de Reynosa, Tamaulipas, proporcionadas en el Censo Nacional de Población de 2010, a cargo de la diputada Laura Felícitas García Dávila, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Laura Felícitas García Dávila, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 3, 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El 25 de enero de 1983 se creó, por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), Con su creación, el Inegi modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica. Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, el Inegi es un instituto con personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión.
El objetivo prioritario del Inegi es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.
El Inegi cuenta con bases constitucionales, puesto que nuestra Constitución Política Mexicana, en el apartado B del artículo 26 establece que, el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
Según datos del Inegi, el censo de población y vivienda 2010, el municipio de Reynosa Tamaulipas, cuenta con 608,891 habitantes, cifras que se ponen en tela de juicio, pues no reflejan la realidad demográfica que tan vertiginosamente se está dando en este municipio.
A manera de ejemplo podemos mencionar que, con datos del propio Inegi, en Reynosa existen 170,171 viviendas particulares, y que el promedio de ocupante por vivienda es de 3.6, al hacer un simple multiplicación, del número de viviendas (170,171), por el promedio de ocupante por vivienda (3.6), nos da un total de 612,615.6 habitantes, existiendo una diferencia de 3724 habitantes, luego entonces la cifra de 608,891 habitantes, es incorrecta.
Otro claro ejemplo son las cifras que arroja el propio Inegi, al mencionar que existen 225,456 contratos de luz domestica en el municipio de Reynosa, sí el promedio de ocupante por vivienda es de 3.6, al realizar la multiplicación de 225,456 (contratos de luz doméstica), por 3.6 (promedio de ocupante por vivienda), tenemos un total de 811,641.6 habitantes, es decir, la cifra de 608,891 habitantes sigue siendo incorrecta y reitero no corresponde a la realidad demográfica de Reynosa Tamaulipas.
Debo mencionar que el 14 de marzo de 2011, en entrevista al diario la Prensa de Reynosa, el C. Marco Antonio Chapa Martínez, delegado estatal del Inegi en Tamaulipas, reconoció que hubo un porcentaje de viviendas no censadas por distintos motivos, entre otros, por la inseguridad que se vive principalmente en la ciudades fronterizas.
Bajo esa situación y siendo el Inegi una institución noble por su esencia, y dado que las cifras, datos e información que maneja, son de suma importancia para el país, tal como lo dispone la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en su artículo 3, al establecer que El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.
Como mencioné en párrafos anteriores, son principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Uno de los objetivos del Instituto es producir Información, contando para ello con un Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social; cuyo objetivo es producir y generar un conjunto de indicadores clave, que atiende los temas de población, dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.
En virtud, que el artículo 42 la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, establece la facultad con la que cuentan los Informantes del Sistema, para exigir que sean rectificados los datos que les conciernan, y toda vez que, los datos que proporciona el Instituto en el censo de población y vivienda 2010, son inexactos en cuanto a la población total del municipio de Reynosa Tamaulipas, y como Diputada Federal, por el Distrito II de Reynosa, represento a gran parte de la población y como ciudadana informante del sistema, me compete saber el número real de habitantes que conforman el municipio de Reynosa.
A mayor abundamiento, y de conformidad con el numeral 44 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el instituto se encuentra facultado para realizar inspecciones de verificación, luego entonces y siendo el caso que el instituto puede y debe rectificar la cifra de población correspondiente a Reynosa.
Además de todo lo anterior no es posible que el instituto proporcione cifras incorrectas, cuando de ello depende, fijar políticas públicas tendientes a sanear la problemática de la población.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 3, 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que rectifique las cifras del número de habitantes del municipio de Reynosa, Tamaulipas, proporcionadas en el censo nacional de población 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.
Diputada Laura Felícitas García Dávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión especial para investigar la problemática de los desaparecidos en el transcurso de la lucha contra el crimen organizado, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Pocas cosas son tan dolorosas en la vida como sufrir la pérdida de un familiar, de un hijo, un padre, de un hermano... Finalmente esa gran pérdida encuentra la resignación. Pero en el caso de los desaparecidos desde que se inició la llamada “guerra contra el crimen organizado” no hay tregua para ese terrible dolor. Miles de familias mexicanas, en el transcurso de estos últimos cinco años, viven en una agonía permanente, sin saber la condición en que se encuentran sus familiares desaparecidos.
¿Cuántos desaparecidos hay en este México ensangrentado? Nadie lo sabe con certeza. A principios de abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció, ante medios de comunicación nacionales y extranjeros, que tenía el registro de 5,397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, solo en el período de 2006 a 2011. 1 El poeta Javier Sicilia estima el número de desaparecidos en una cifra cercana a los diez mil en todo el territorio nacional. 2
¿Qué hacen las autoridades competentes para resolver estos casos? Nada o casi nada. La misma Comisión reportó que cuenta “con datos de 8 mil 898 personas fallecidas que no han sido identificadas por las autoridades correspondientes”. 3 Además, la periodista Sanjuana Martínez documenta casos en que la respuesta a los familiares se concreta a un lacónico “eran zetas” o, peor aún, pretenden entregarles cadáveres calcinados que no se ajustan a la descripción del familiar desaparecido y se niegan rotundamente a permitir pruebas de ADN practicadas por laboratorios particulares. 4
Compañeras y compañeros diputados; esto no puede pasar en un Estado de derecho. Por ello vengo a solicitar que la Junta de Coordinación Política emita acuerdo para crear una comisión especial que atienda e investigue esta problemática, la de los miles de desaparecidos de 2006 a la fecha.
Considero que estamos obligados a ello toda vez que la nueva redacción del artículo primero de la Constitución establece, en su párrafo tercero: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Además, ante el dolor y la indignación de las miles de familias mexicanas que demandan atención y solución a su problema, esta Cámara de Diputados no puede permanecer insensible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados que emita acuerdo para crear la Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de los miles de desaparecidos en el período 2006-2011, en los términos señalados en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para los efectos de someterlo a la aprobación del pleno.
Notas
1 “Más de 5.000 desaparecidos desde que México declaró la guerra a los carteles”, BBC. 3 de abril de 2011. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110402_mexico_desaparecidos _comision_derechos_humanos_fp.shtml
2 “Estima Javier Sicilia en 10 mil los desaparecidos en México”, Excelsior. 12 de julio de 2011. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=752459
3 “Más de 5 mil desaparecidos en México desde 2006: CNDH”, Milenio. 2 de abril de 2011. http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7124535617041c8e5402057a53f 0f4e1
4 “Hay ya miles en desaparición forzada; autoridades entregan cualquier cuerpo, acusan familiares” Sanjuana Martínez, 4 de septiembre de 2011. http://www.websanjuanamartinez.com/
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a expedir con la mayor brevedad el manual para los instrumentos económicos aplicables a áreas naturales protegidas, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM
Diputado Rafael Pacchiano Alamán, legislador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las áreas naturales protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.
El manejo de las áreas naturales protegidas es uno de los principales instrumentos para la conservación in situ de la biodiversidad y de los servicios ambientales que dichas áreas ofrecen.
En la actualidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra 174 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 millones 384 mil 818 hectáreas. Desde el año 2000, la superficie protegida de jurisdicción nacional ha pasado de 8.6 a 12.85 por ciento del territorio nacional.
Por otro lado tenemos las áreas naturales protegidas de las entidades federativas y del Distrito Federal, y las áreas naturales protegidas municipales. De acuerdo con datos de la Conanp existen 275 áreas naturales protegidas estatales que cubren una superficie que representa 1.56 por ciento de la superficie terrestre e insular de nuestro país. En cuanto a las áreas protegidas municipales, a la fecha existen 83.
Es claro que la situación y el contexto en el cual se han creado las áreas naturales protegidas que no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es diferente para cada caso y que en términos generales no existe una política de estado definida para la conservación de la biodiversidad y la protección de los servicios ambientales que dichas áreas prestan. Esta carencia se traduce en que las ANP estatales y municipales no cuentan con recursos humanos ni financieros suficientes, sentenciándoles a una existencia “de papel” y a no despertar el interés o el compromiso institucional para su manejo; además, cuando hay cambios gubernamentales, el tema se torna secundario o completamente ajeno.
Muchos factores ejercen presión sobre las ANP, entre ellos destaca la alta tasa de cambio de uso de suelo y la sobreexplotación de los recursos naturales. No debemos olvidar que las ANP están pensadas para la conservación del patrimonio natural; sin embargo la conservación biológica no es siempre compatible con los intereses de los ejidos, de las comunidades o de los propietarios privados.
Una alternativa poco explorada por los estados y municipios para incrementar los limitados recursos para el manejo de sus áreas protegidas son los instrumentos económicos ambientales; estos instrumentos de política ambiental buscan atacar las fallas del mercado y de esa manera asignar recursos para reducir los problemas de deterioro ambiental. Estos instrumentos están normados en los artículos 21 y 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Entre los principales obstáculos que los estados y municipios encuentran para desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de política ambiental y procuren límites a la utilización de ecosistemas, es que aún está pendiente la publicación del manual que para tal efecto debe publicar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El artículo 110 del Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que corresponderá a la secretaría expedir el manual para elaborar propuestas sobre instrumentos económicos, que vale subrayar, puede ser presentado por cualquier persona.
Por lo anteriormente expuesto y con el fin de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cumpla con las directrices que marca el plan nacional de desarrollo en materia conservación de ecosistemas y biodiversidad, me permito someter a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a expedir a la brevedad el manual para los instrumentos económicos aplicables a áreas naturales protegidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel a homologar las tarifas entre municipios en Morelos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo, en términos de lo siguiente:
El estado de Morelos cuenta una extensión territorial de 4,892 kilómetros cuadrados y se encuentra dividido políticamente en 33 municipios. La población total del estado, según los datos arrojados por el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es de 1,777,227 habitantes.
A pesar de ser un estado territorialmente tan pequeño se encuentra dividido en ocho zonas geográficas denominadas áreas de servicio local por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Esto se traduce en lo siguiente: cuando un usuario realiza una llamada a otro usuario ubicado dentro de la misma área de servicio local, se aplica la tarifa correspondiente al servicio local, mientras que las llamadas que se realizan entre suscriptores ubicados en diferentes áreas de servicio locales, son cobradas conforme a las tarifas del servicio de larga distancia nacional.
De acuerdo con información obtenida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el estado de Morelos la densidad de líneas telefónicas fijas es del 21.5% de la población total en el estado, aproximadamente 382,103.8 líneas.
En consecuencia la economía de las familias morelenses se ve afectada gravemente, en virtud de que tienen que pagar tarifas de larga distancia para hablar con sus hijos, hermanos, o padres, en vez de simplemente pagar por una llamada de servicio local.
A través de estas acciones y una vez que se logre la reducción en el número de áreas de servicio local en el estado de Morelos, se contribuirá significativamente con los habitantes del estado para generar importantes ahorros en las tarifas por el uso de servicios de telefonía.
Consideraciones
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a homologar las tarifas entre municipios en el estado de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la exención de ISR y de IETU –desde el ejercicio fiscal de 2012– a las personas físicas y a las morales que realicen actividades relacionadas directamente con la charrería, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y, artículo 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas con la charrería a partir del ejercicio fiscal de 2012, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El origen de la charrería en nuestro país puede verse documentado con la llegada del caballo a Mesoamérica como recurso que los españoles utilizaron para someter a los nativos de esta región. Después, en la etapa de la Colonia, el caballo fue empleado exclusivamente por españoles y criollos para su transporte, el del correo, como bestias de tiro en carretas y enganchas para el traslado de personas y mercancías, así como para el manejo y movilización del ganado bobino en la incipiente industria ganadera.
Sin embargo, el crecimiento de esta última actividad, conllevó a que algunos naturales fueran autorizadas para montar a caballo cumpliendo ciertas condiciones como eran el depender de un terrateniente, usar la vestimenta adecuada, tener buen estado de salud y condición física para soportar las extenuantes faenas del campo y sobre todo, tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder montar y dominar a un caballo, así como el manejo de la reata, para poder lazar y manejar eficiente y adecuadamente el ganado.
Cuando estos jinetes empezaron a desarrollar habilidades por encima de las exigencias cotidianas del trabajo, decidieron a manera de diversión y entretenimiento para determinar quién era el mejor por lo que aprovecharon la celebración de fiestas patronales de los pueblos para realizar en ellas éstas competencias y exponer ante la concurrencia sus habilidades en el manejo del caballo, lo que marcó el antecedente para definir la figura emblemática de lo que hoy conocemos como charro.
En este sentido, destacó la hacienda de Atenco, estado de Hidalgo, considerada la cuna de la charrería debido a que ahí se estableció la primera ganadería en América bajo la responsabilidad de Ponciano Díaz, quien junto a Ignacio Gadea, Agustín y Vicente Oropeza y Celso González, entre otros, combinó elementos de la tauromaquia con el dominio del caballo, resultando un evento atractivo y riesgoso para el público que los veía, elementos que más tarde conformarían la estructura de la charrería actual.
No obstante, los estallidos sociales limitaron el ascenso y desenvolvimiento de esta actividad en el resto del país. Durante el periodo de la Revolución Mexicana, la reforma agraria obligó a que muchos de los que eran en ese entonces terratenientes, emigraran a las ciudades de México y Guadalajara para ganarse la vida haciendo gala de su indumentaria y habilidades ecuestres en fiestas o ferias representativas de cierta localidad o región.
El interés generado por estos eventos en diversas comunidades, condujo a la formación de agrupaciones y asociaciones formalmente establecidas, siendo pionera la Asociación de Charros de Jalisco, fundada el 14 de septiembre de 1919, fecha que sería retomada doce años después por el entonces presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, para decretar el “Día Nacional del Charro”, además de otorgar al traje charro el reconocimiento de atuendo oficial y símbolo de la nacionalidad mexicana.
Así también, se fundó la Asociación Nacional de Charros el 4 de junio de 1921, la cual se caracterizó por fomentar la actividad de la charrería y la difusión de nuestras tradiciones en todo el país. Bajo esta misma visión, le siguieron nuevas organizaciones que junto con aquélla, optaron por integrarse a la Confederación Nacional de Charros.
Con la promulgación de la Ley Federal del Deporte en los años treinta, las autoridades exhortaron a esta confederación a reorganizarse para establecer una federación adherida a la recién creada Confederación Deportiva Mexicana, a efecto de otorgar a la charrería, el carácter institucional y deportivo a nivel nacional.
Considerando esta premisa, Jesús Álvarez Tostado, Crisóforo B. Peralta y Manuel Raza conformaron la Federación Nacional de Charros el 16 diciembre de 1933 con la participación de las asociaciones relativas a dicha actividad. A partir de ese momento, se procedió a la elaboración de un reglamento común para las mismas y comenzaron a desarrollarse los lineamientos generales para la organización de competencias.
De esta forma, “nació formalmente la charrería institucionalizada con el fin de estimular el resurgimiento de las costumbres típicas legadas por nuestros antepasados plagadas del genuino sentimiento de nuestra nacionalidad y de toda la pujanza y la vitalidad de una raza inconfundible y heroica” (Recuperado en http://www.charreriafed.com/).
Para el buen desempeño de esta federación, se estableció un estricto marco normativo y un cuerpo colegiado de jueces, delegados y coordinadores para cualquier evento de charrería. Así, con el tiempo, empezaron a promoverse diversas actividades como los congresos y campeonatos nacionales, torneos distintivos (como “el Guadalupano”, “el Constitución” y “el Revolución”) y desfiles nacionales (con motivo de la celebración de las fechas patrias del 16 de septiembre y 20 de noviembre), entre otros.
Cabe señalar que una buena parte de ellos, en especial, los congresos y campeonatos nacionales, recibieron el apoyo de los principales gobiernos estatales debido a la afluencia turística que estos generaban y por la difusión que se daba a una importante tradición.
Con el paso de los años, la Federación Mexicana de Charrería, AC, optó por cambiar en varias ocasiones su denominación legal con el fin de responder activamente los nuevos desafíos que el entorno económico y social le imponía, convirtiéndose así, en lo que actualmente se conoce como Federación Mexicana de Charrería.
Poco a poco, esta organización fue adquiriendo una fuerte presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional a tal grado que a la fecha, cuenta con un registro superior a las 668 asociaciones de charros y un mil 750 integrantes de 177 escaramuzas, lo que implica un total aproximado de 14 mil deportistas en el país; sin considerar aquéllos que lo practican en algunas entidades de Estados Unidos como California, Texas, Arizona, Nuevo México o Illinois.
Como consecuencia de ello, la charrería ha sido catalogada como uno de los deportes más completos y extremos que se ejecutan al aire libre, pues las impresionantes maniobras que se realizan con el caballo, requieren de la pericia y fortaleza de todos los músculos del jinete, lo que implica estar en riesgo constante de sufrir un accidente si el animal no reacciona adecuadamente al mando del jinete y al depender la ejecución de las suertes de algunos factores externo el peligro se incrementa.
De ahí que muchos artistas consideren a la charrería como un tema místico a través de la pintura, la literatura y la música, donde el charro deja de ser un simple competidor para convertirse en un personaje enigmático que gusta debatirse entre la vida y la muerte con su caballo.
Por tal razón, es un requisito indispensable tener conocimiento y preparación de la charrería desde temprana edad, sin descontar las innumerables aportaciones que personas con experiencia en el campo, llegan a transmitir a las futuras generaciones para dar continuidad a esta hermosa tradición mexicana.
Asimismo, es de valorarse las instalaciones con las que este deporte se presenta al público, pues se trata de una estructura compuesta de un lienzo de 60 por 12 metros de longitud y un ruedo unido a éste de 40 metros de diámetro; los cuales se encuentran acondicionados con tribunas y cajones para realizar el manejo del ganado según el tipo de competencia que se ejecute (véase figura 1).
Fuente: http://www.nacionaldecharros.com/.
Figura 1: Instalación básica para un evento de charrería.
Ahora bien, cada evento de esta naturaleza, comúnmente denominada como “charreada”, inicia con la presentación de los equipos participantes de la contienda, los cuales recorren la zona del lienzo hasta llegar al ruedo con la “Marcha de Zacatecas”, para luego desplazarse a sus alrededores y dar paso a la “suerte” correspondiente.
Cabe aclarar que en la charrería, una “suerte” comprende un acto cuya ejecución y éxito depende en gran parte de la habilidad y experiencia del deportista y de su caballo, para realizar movimientos muy precisos con armonía y lucidez, la mayoría de ellos con ganado bobino y caballar, de las cuales se describen a manera de ejemplo las siguientes:
1. Cala de caballo: Demuestra la aptitud y experiencia del jinete y su manejo del caballo, así como la educación de éste. Inicia al dirigirse a galope del ruedo hasta el partidero (fondo del lienzo).
Posteriormente, regresa al punto de origen a toda velocidad metiendo las patas traseras del caballo para detenerlo bruscamente sin salirse de un cuadro de 6 x 20 previamente marcado.
Después se desplaza a un rectángulo lateral, donde realiza giros sobre cada pata sin desplazarla.
Acto seguido, el jinete regresara al rectángulo central y realiza la ceja o andadura haciendo caminar al animal hacia atrás y en línea recta, llegando a los 50 metros, desde donde regresa al paso al centro del ruedo para demostrar la mansedumbre de su caballo y terminar su participación.
2. Piales en lienzo: Consiste en arrojar un lazo a las patas traseras de una yegua al momento en que sale velozmente desde el partidero rumbo al ruedo, debiendo detenerla totalmente, bajando vueltas de la reata en la cabeza de la silla.
3. Coleadero: suerte basada en correr al parejo de un novillo desde el fondo del lienzo, arcionando (enredando) la cola en la pierna y derribar así al novillo en corto terreno, es decir antes de 60 metros.
4. Jineteo de novillo: Comprende montar un novillo que sale de un cajón tratando de permanecer en él hasta que haya dejado de reparar.
5. Terna en el ruedo: Tres charros intentan lazar a un toro, uno en la cabeza y otro en la patas, para derribarlo y tomando hasta tres turnos como máximo cada uno.
6. Jineteo de yegua: El participante debe montar y permanecer en el lomo de una yegua bruta sujetándose a los crines de ésta o a un pretal (cuerda) hasta el punto de domar al animal completamente, desmontándose sin caer.
7. Manganas (a pie o a caballo): Consiste en ejecutar el arte del floreo de reata a pie y posteriormente haciendo uso del caballo con el fin de derribar una yegua bruta, debiendo éste lazarla de las manos y derribarla, chorreando (enredando) la reata en su cintura cuando es a pie y en la cabeza de la silla cuando es a caballo.
8. Paso de la muerte: El Charro se monta en su caballo en pelo (sin montura), y se empareja a una yegua bruta que viene arreando a toda velocidad, pegado a las tablas del ruedo, debiendo brincar desde su caballo para caer en el lomo de la yegua y apearse sin caerse, una vez que la yegua ha dejado de reparar.
9. Charro completo: Actividad relativa a ejecutar las suertes de cala de caballo, piales en lienzo, coleadero, jineteada de toro, manganas y el paso de la muerte.
Aunado a lo anterior, la participación de la mujer ocupa un lugar especial en la charrería, pues también realizan ejercicios ecuestres por equipos denominados escaramuzas, integrado por ocho amazonas, (véase figura 10). Las cuales, acompañadas por una alegre pieza musical mexicana, realizan evoluciones coreográficas a galope o trote ligero de un alto grado de dificultad y riesgo, brindando un espectáculo sumamente bello, peligroso y emotivo.
Al respecto, han destacado personas como Ana María Gabucio y Sánchez Mármol y Rosita Lepe, quienes han sido consideradas como íconos de la figura femenina en la charrería.
De hecho, a Rosita Lepe se le atribuye junto a su padre, la confección original del traje charro para la mujer, además de haber adaptado las albardas a la silla tradicional de montar, logrando con ello, mayor comodidad, seguridad y estilo propio.
Así también, la charrería ha logrado integrar en sus presentaciones a personas con algún tipo de discapacidad, lo que demuestra ser un deporte incluyente y comprometido en difundir su práctica a todos los sectores de la sociedad.
Por otro lado, cada celebración de una charreada requiere del cumplimiento de un riguroso marco reglamentario y protocolario para los encuentros entre equipos representativos de algún estado o región, así como también, del tipo de indumentaria adecuada para la ocasión.
En este sentido, el traje charro, tanto para hombres como para mujeres, se caracteriza por ser vistoso y elegante. Elaborado a la medida únicamente por artesanos mexicanos. Consta de pantalón (falda), chaqueta (chaleco), pachuqueña (camisa), corbata de moño, sombrero de copa alta, chaparreras, botines y espuelas.
Los adornos de las chaquetas deben ser sobrios y de buen gusto salvo los trajes y pantalones, los cuales deben confeccionarse artesanalmente con gamuza cortada.
La pachuqueña (camisa) tiene que ser de cuello y con botones de hueso en forma alargada; la corbata de moño debe ser de tonos serios, siendo el rojo el más utilizado debido a la sensación de alegría que transmite al público que lo observa, además de ser combinable con todo.
Así también, los botines deben ser de una pieza y contar con tacón plano espuelero, de color café en sus distintos tonos y grises, portando solamente el calzado negro cuando se usa el traje de gala y no se permite para montar.
Por consiguiente, en la actualidad existen cinco tipos de traje charro cuyos materiales con los que son elaborados y los adornos que llevan varían según el tipo de actividad o evento a celebrar: faena, media gala, gala, gran gala y etiqueta.
Asimismo, es de destacar que la indumentaria de este deporte involucra de manera implícita, la participación de muchos talleres artesanales y pequeñas empresas que sostienen un cierto nivel de empleo y remuneración determinada.
De esta forma, se salvaguardan las raíces tradicionales de los oficios en México, tales como la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, talabartería, curtiduría, herrajes, bordados, trabajos en pita y elaboración de sarapes y reatas. También, se fomenta la creación de obras inspiradas en la charrería a través de la pintura, la música, la literatura o el cine.
Sin embargo, en los últimos años, se ha observado que la charrería ha entrado en un estado de decadencia. Quienes ejercen esta actividad como modo de vida, perciben un ingreso sumamente inestable para satisfacer las necesidades de sus familias y la manutención de sus caballos.
Aunado a ello, estas personas deben asumir los costos de recorrer grandes distancias para competir en las “charreadas”, las cuales no le ofrecen salario alguno. Esto ha ocasionado que muchas de ellas, abandonen la práctica de este deporte por buscar un empleo que les asegure un cierto nivel de bienestar.
Cabe aclarar que la consecución de los eventos de charrería ha sido posible gracias a las aportaciones del público que compensan parcialmente los gastos inherentes de la misma. El resto de la erogación, la cual crece gradualmente con el tiempo, es cubierto en la mayoría de los casos por la Federación Mexicana de Charrería, sin descontar el respaldo moral y la ayuda económica proporcionada por los tres órdenes de gobierno y algunas cooperaciones para el pago de servicios básicos, alimentación y cuidado del ganado, y, mantenimiento de las instalaciones encaminadas a tales fines.
Basta agregar que la charrería cuenta con poca difusión en los medios de comunicación, compite constantemente con otras actividades que atraen la atención de los mexicanos, sin descartar la tendencia que existe hoy en día por no practicar algún deporte debido al carácter sedentario de los trabajos, las innovaciones tecnológicas en los medios de transporte y el crecimiento de las ciudades, lo que nos obliga a dar una solución inmediata a dicha situación.
Por tal motivo, la propuesta en comento pretende hacer un atento exhorto al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, otorgue la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades preponderantemente relacionadas con la charrería.
Es importante señalar que las personas físicas que realizan esta actividad y perciben ingresos bajo el rubro de salarios o prestación de un servicio personal subordinado en los términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención del impuesto se calcula aplicando al total de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la tarifa contenida en el artículo 113 de esta ley, actualizada conforme a las Disposiciones de Vigencia Temporal de la misma para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, la cual comprende una tasa máxima de 30.0 por ciento.
Asimismo, interpretando esta ley en los términos de la Sección I del Capítulo II, las personas físicas que obtengan ingresos por la realización de una actividad empresarial o por la prestación de un servicio profesional relacionado a la charrería, tendrán que hacer pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, restando al total de los ingresos percibidos, los conceptos autorizados por esta ley.
Al monto resultante, se le aplicará la tarifa que las autoridades fiscales determinen tomando como base la comprendida en el artículo 113 de esta ley, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Por otro lado, las asociaciones o sociedades civiles relacionadas con el deporte de la charrería, deberán enterar el impuesto que resulte de aplicar al remanente distribuible, la tasa máxima al excedente del límite inferior que establece el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualizado conforme a las Disposiciones de Vigencia Temporal de la misma para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012; la cual podría llegar hasta el 30.0 por ciento (véase figura 11).
Fuente: Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Ley del Impuesto sobre la Renta, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, última reforma publicada el 31 de diciembre de 2010, artículo 177 (actualizado conforme al artículo segundo, fracción I, inciso f), relativo a las “Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta” del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009).
Figura 11: Tarifa para el pago del impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012.
Como se puede apreciar, la aplicación de este impuesto a las personas físicas y morales involucradas en el ejercicio de la charrería, representa un elevado costo para seguir manteniendo el ritmo de desarrollo y promoción de este deporte entre la población más joven del país.
Cabe reiterar que esta situación puede verse empeorada si consideramos también, que a los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes relacionados con esta actividad, se debe pagar el impuesto empresarial a tasa única cuya tasa es del 17.5 por ciento.
Por lo tanto, la presente propuesta concibe la necesidad de que este sector de contribuyentes pueda contar con un importante ahorro monetario a través de la exención en el pago de los impuestos citados en los párrafos que preceden, con el objeto de fomentar en los años venideros, la permanencia de la charrería tradicional y el fortalecimiento del mercado interno de ciertas zonas del país donde se realiza esta actividad.
Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito Diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas a la charrería a partir del ejercicio fiscal de 2012, para lo cual se emite el siguiente
Acuerdo
Único. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas con la charrería a partir del ejercicio fiscal de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre del año 2011.
Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF a dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del DF, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y, artículo 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto, por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa de Transporte Escolar en el Distrito Federal ha presentado desde el inicio de su operación, una serie de problemas en materia de costo, eficiencia y seguridad que ha afectado gravemente la integridad de las partes involucradas (padres de familia, estudiantes y establecimientos escolares privados).
El decreto por el que se expidió este programa a través del jefe de gobierno el 3 de febrero del año 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, obedecía fundamentalmente a las disposiciones contenidas en el Plan Verde, la agenda ambiental de la Ciudad de México, el acuerdo que establece las medidas para controlar y reducir la contaminación atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirectamente por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empresas en el Distrito Federal, así como también, a los resultados de la consulta verde y el informe especial sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la Ciudad de México 2008; las cuales, en su conjunto, se resumían en la necesidad de buscar estrategias viables encaminadas a mejorar la movilidad y la calidad del aire mediante el decremento del número de vehículos en circulación, la promoción de combustibles alternos y la prestación del servicio de transporte escolar.
En relación al último tema, el estudio de pre-factibilidad del impulso del transporte escolar en la Ciudad de México indicaba que el número de personas inscritas en instituciones educativas ubicadas en el Distrito Federal, era cercano a 1.7 millones en todos los niveles.
De esta cifra, un porcentaje relativamente bajo utilizaba transporte escolar, lo que implicaba que 25.0 por ciento de los traslados de estudiantes del hogar a los establecimientos escolares (y viceversa) eran realizados en automóviles particulares, justificándose así, la implementación de un sistema de transporte escolar que ayudara a atenuar esta situación y contribuyera a la disminución de emisiones contaminantes.
En consecuencia, el programa de transporte escolar fue estructurado en cinco fases para abarcar el mayor número de modalidades educativas impartidas en la capital del país, empezando con los grados escolares de la educación básica (excepto la preescolar).
Por tal razón, hoy en día, la incorporación de los establecimientos escolares a dicho programa ha considerado el ciclo y matrícula escolar (véase figura 1); la cantidad de estudiantes que al llegar o salir de estas instalaciones lo realizan en auto privado o transporte público; nivel de impacto vial; y, volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera derivada de fuentes móviles asociadas a la operación de dichos establecimientos.
Figura 1: Fases del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal.
Fuente: jefatura de gobierno, Decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima época, número 518, 3 de febrero de 2009, pp. 9-10.
Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente local cuenta con facultades para exentar la aplicación de este programa a los establecimientos escolares cuya matrícula escolar sea menor a la que corresponde a la fase señalada en el propio decreto; aquéllos donde al menos 85.0 por ciento de sus estudiantes asista y se retire del centro educativo caminando, en transporte público colectivo o utilizando algún medio de transporte no contaminante (bicicleta); o, establecimientos que proporcionen el servicio de internado completo a una matrícula menor a la establecida en el calendario del programa en comento.
De forma análoga, el establecimiento escolar podrá exentar al estudiante del uso de transporte escolar cuando exista algún tipo de discapacidad o prescripción médica que le impida usar este servicio; que el trayecto de su domicilio a dicho establecimiento y viceversa, lo realice caminando, en bicicleta, transporte público colectivo o en algún otro medio de transporte no contaminante; que la zona donde viva no pueda ser integrada a las rutas definidas por la empresa prestadora del servicio de transporte; y, cuando los familiares del educando laboren en el centro escolar, entre otras circunstancias.
Además, el artículo 15, fracción VI del Manual para la aplicación del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, permite exentar a quien haya obtenido una beca por parte de la escuela por motivos económicos y que cubra al menos 50.0 por ciento del costo de la mensualidad.
Cabe aclarar que el decreto de dicho programa estipula que la exención otorgada por los establecimientos escolares no debe ser superior a 10.0 por ciento del número de estudiantes que lleguen en automóvil particular y/o taxi a un centro educativo que se encuentre obligado a contar con el servicio de transporte escolar.
Por otro lado, la prestación de este servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del manual citado anteriormente, puede ser llevado a cabo por el propio establecimiento escolar o por una empresa pública o privada dedicada a este fin, la cual deberá contar con la autorización de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal y cumplir con las disposiciones legales aplicables en esta materia.
Así también, para evitar que este programa se convirtiera con el tiempo en una carga onerosa para los padres de familia, el gobierno del Distrito Federal determinó que la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal ofrecería el servicio de transporte escolar a efecto de mantener las cuotas a niveles aceptables.
Dado el escepticismo generado por la poca claridad que encerraba la aplicación del Programa de Transporte Escolar, muchos padres de familia y escuelas privadas empezaron a solicitar amparos argumentando el costo excesivo del servicio en un entorno de crisis económica y el riesgo de una baja considerable en la matrícula escolar.
Cabe destacar que esta situación ya era predecible desde la puesta en marcha del Programa Demostrativo de Transporte Escolar en tres colegios de prueba durante el ciclo escolar 2008-2009, en la que había indicios de inconformidad de 17.0 por ciento de los padres de familia de alumnos de nivel secundaria en relación al costo del transporte.
Desde ese momento, el programa demostrativo estimaba un costo promedio del servicio entre 1,300 y 2,200 pesos mensuales, lo que representaba “un problema difícil de atender considerando que la operación y la seguridad en los autobuses tenía un costo alto” 1 .
Ante esta situación, el gobierno local contempló la operación de 100 camiones de la red de transportes de pasajeros para proporcionar dicho servicio a precios por debajo del mercado. Sin embargo, con la implementación del programa de transporte escolar, sólo 47 de estos habían sido contratados por cinco colegios privados.
“Las 53 unidades restantes fueron utilizadas para brindar traslado de estudiantes en actividades extraescolares y a los beneficiarios del programa Niños Talento” 2 , reflejándose así, la falta de una planeación adecuada para hacer eficiente el sistema de transporte escolar.
Como consecuencia de ello, la Unión Nacional de Padres de Familia estimó “que el costo mínimo de este servicio sería de 800 pesos mensuales por estudiante, lo que representaría un incremento promedio de 35 por ciento en las colegiaturas” 3 .
Asimismo, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares afirmó que “el gasto en las colegiaturas representaba entre 15 y 20 por ciento de los ingresos familiares y el servicio de transporte escolar equivalía a un nuevo desembolso de entre 800 y mil 500 pesos mensuales por alumno. Esto tendría severas repercusiones en el poder adquisitivo de la población afectada con este programa ya que era necesario considerar que los colegios particulares llegan a tener alumnos cuyas familias tienen dos salarios mínimos de ingreso” 4 .
Por otro lado, factores como la “tardanza en el servicio, inseguridad, falta de información y deficiencias en las unidades vehiculares son algunas de las quejas que padres de familia de diferentes colegios del Distrito Federal han externado sobre el servicio de transporte escolar obligatorio implementado en sus planteles” 5 .
A pesar de que el artículo 31 del manual para la aplicación del programa de transporte escolar establece que cualquier empresa que preste este servicio se encuentra obligado “a recorrer las rutas en el menor tiempo posible, dependiendo de las condiciones viales” 6 , en realidad, sucede todo lo contrario.
La evidencia empírica revela “que en distintas rutas y camiones el trato es desigual y no garantiza el cuidado y bienestar de los estudiantes. Los autobuses sólo pasan a recogerlos al acabar la jornada escolar tradicional, sin tomar en cuenta las actividades extraescolares, por lo que algunos de los padres pagan por un servicio obligatorio aunque no lo usen” 7 .
Además, destaca el hecho de que el transporte escolar no sustituye completamente el uso del automóvil, pues los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal no llevan a los educandos hasta la puerta de sus casas sino a puntos previamente asignados, donde los padres de familia pueden verse impulsados a utilizar su vehículo para pasar por ellos; lo que nuevamente deja de manifiesto de manera más que elocuente el interés del gobierno del Distrito Federal por privilegiar y beneficiar el voraz interés de algún grupo en detrimento del bienestar de la colectividad.
Resulta lamentable, que hasta el propio programa demostrativo haya identificado que varios estudiantes “llegaban a pasar hasta 1.5 horas en el camión... pues, eran los primeros en abordar el autobús y los últimos en ser dejados en su domicilio, lo que significaba pasar hasta 3 horas al día en dicho vehículo, cuando originalmente el recorrido en automóvil se realizaba en 30 minutos” 8 ; por lo que el propio documento concluía en una simple recomendación relativa al trazo de rutas más eficientes.
Aunado a ello, los padres de familia han mostrado preocupación por “la afectación a la calidad de vida de sus hijos, ya que deben despertar más temprano por las mañanas pese a que en distancia se encuentran cerca del plantel” 9 y sobre el estado de convivencia con los demás estudiantes durante el trayecto.
El problema reside en que al interior del autobús escolar, “no hay separación en los grados escolares. No existe una cultura de disciplina y respeto, los niños pequeños son agredidos por los mayores, lo que fomenta el bullying” 10 .
En referencia a la matrícula escolar, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares ha aseverado que este programa “ha generado una disminución de hasta 20 por ciento de sus estudiantes” 11 . Cabe señalar que un estudio previo había estimado que “30 por ciento de los padres no podrían solventar la colegiatura y los traslados en camión” 12 .
Por ello, esta confederación e integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia del Comité del Distrito Federal, propusieron al gobierno local que en lugar de aplicar el servicio de transporte escolar, fueran los propios “padres quienes pasaran a recoger a sus hijos mediante rondas mientras que las escuelas se encargaran de diseñar y agilizar programas viales” 13 , planes de reforestación y actividades cívicas ambientales, “pues aún cuando pudieran las escuelas ser obligadas a implementar el transporte, a través de la amenaza de una sanción... no todas tenían recursos para hacerles frente” 14 .
Otro aspecto que no podemos perder de vista es el relacionada con la falta de integración y convivencia familiar en esta gran ciudad, que pone en serio predicamento la unidad familiar, y si a ello le agregamos que ante el elevado costo de la vida, tanto mamá como papá se ven obligados a trabajar para obtener los recursos necesarios que les permitan cubrir las necesidades básicas, hecho que el “Decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal”, acrecentó y vulnera de forma significativa, además al no contar con el tiempo necesario para convivir con sus hijos en el hogar, al momento de trasladarlos a la escuela es un tiempo preciado que permite convivir e interactuar con los infantes, circunstancia que de un plumazo ha quedado en la historia, lo cual señoras y señores diputados no podemos permitir.
Por esta razón, la propuesta en comento pretende exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de febrero del año 2009; con el fin de salvaguardar la integridad de los sujetos afectados por este ordenamiento que ha carecido desde un principio, de una planeación adecuada para lograr el consenso general de los ciudadanos.
Asimismo, cabe agregar que recientemente se han identificado ciertas irregularidades en la aplicación de este programa, lo que obliga a atender el hecho de forma inmediata.
Por citar un caso, el fallo dictado en febrero del año 2010 por el juez cuarto de distrito del centro auxiliar de la primera región y confirmado el 27 de agosto del mismo año por el tribunal colegiado, determinó que el jefe de gobierno carecía de facultades legales para hacer obligatorio el programa de transporte escolar en las escuelas privadas.
Así también, “el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó en definitiva el amparo otorgado al Instituto Inglés Mexicano por un juez de distrito, quien había determinado que el mandatario capitalino se excedió en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, porque ninguna ley contempla la obligatoriedad de este tipo de programas” 15 .
De forma reiterativa “el juez agregó que el jefe de gobierno tampoco tiene facultades para imponer sanciones a las escuelas que no implementen el programa, y que en todo caso, la promoción e impulso del transporte escolar debe ir dirigido a los estudiantes, no a los establecimientos, que no tienen manera de obligar a sus alumnos” 16 .
Por último, “la sentencia también declaró inconstitucional el esquema de exenciones, por el cual hasta el 10 por ciento de los alumnos de cada plantel puede no estar sujetos al transporte obligatorio, ya que no se dio justificación alguna para fijar ese porcentaje ni se toman en cuenta las características de cada escuela” 17 .
En su derecho de impugnación a dicha sentencia, el gobierno del Distrito Federal presentó varios argumentos que más tarde “fueron declarados inoperantes; es decir, que no atacaron directamente los razonamientos del fallo de primera instancia” 18 .
Otro caso que hizo evidente la inviabilidad de este programa, aconteció en junio del año 2011 cuando la Procuraduría Federal del Consumidor declaró ilegal que la inscripción o reinscripción de alumnos en colegios particulares esté condicionada a la contratación de este programa; esto en referencia a una queja impuesta por padres de familia del colegio La Paz, ubicado en la delegación Azcapotzalco, ya que la institución obligaba a contratar el servicio de transporte escolar o de lo contrario no permitiría la inscripción o reinscripción al ciclo escolar 2011-2012” 19 .
En este sentido, la procuraduría recalcó que ninguna disposición contenida en el manual para la aplicación de este programa, aludía a que las instituciones públicas o privadas tendrían que condicionar la inscripción o reinscripción de estudiantes a la contratación del servicio de transporte escolar.
De hecho, el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, establece, en el artículo tercero, que los prestadores del servicio educativo sólo podrán cobrar de manera general y obligatoria la inscripción o reinscripción, las colegiaturas, y los derechos por incorporación en su caso; por lo que el transporte escolar no se incluye en estos conceptos y no hay razón jurídica para condicionar la contratación de este servicio.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la proposición con
Punto de Acuerdo
Por el que se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto publicado el 3 de febrero del año 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal.
Único. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que determine lo conducente a efecto de que, de forma inmediata, deje sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, publicado el 3 de febrero del año 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Notas
1. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Programa Demostrativo de Transporte Escolar, febrero de 2009, p. 32. Recuperado en http://www.sma.df.gob.mx/.
2. Balderas, Óscar, “Desairan a RTP colegios privados”, Reforma , 11 de septiembre de 2010.
3. Hernández, Mirtha, “Quieren papás Prote gratuito”, Reforma , 24 de marzo de 2010.
4. Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.
5. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
6. Secretaría de Medio Ambiente, Manual para la aplicación del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal , Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Séptima Época, No. 522, 9 de febrero de 2009, artículo 31, p. 11.
7. Balderas, Óscar, “Rechazan papás camión escolar”, Reforma , 11 de junio de 2010.
8. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Programa Demostrativo de Transporte Escolar, febrero de 2009, p. 33. Recuperado en http://www.sma.df.gob.mx/.
9. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
10. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
11. Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.
12. Contreras, Cintya, “El transporte escolar, vulnerable a amparos”, Excélsior , 4 de julio de 2008.
13. Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.
14. Hernández, Mirtha, “Intentan revertir transporte escolar”, Reforma , 17 de diciembre de 2009.
15. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
16. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
17. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
18. Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.
19. Coatécatl, Jaquelin, “Ilegal, el transporte escolar obligatorio”, La Razón, 8 de junio de 2011. Recuperado en:
http://razon.com.mx/spip.php?article79442.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a convocar a la SHCP a analizar la legalidad y los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las pensiones o la garantía de un estipendio para garantizar una vejez digna a quienes han entregado su vida al desarrollo del país, ya sea en el sector privado o en el sector gubernamental, es una cuestión fundamental para edificar un estado social de derecho. Pero en términos financieros, también es un asunto que exige responsabilidad, transparencia, apego a la ley y una coordinación eficaz entre los distintos ámbitos de gobierno, por la cuantía de recursos que implica y por su impacto decisivo en la sociedad.
La situación del pago de pensiones para jubilados es alarmante y preocupante, para la viabilidad del país y de nuestras finanzas públicas. Se calcula que apenas un 21 por ciento de los adultos mayores recibe apoyo, mientras un tercio de retirados vive en el umbral de la pobreza; por otro lado, se encuentra el déficit operacional por parte del IMSS y del ISSSTE; éste último, en 2012 tendrá un déficit por 77 mil millones de pesos, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esta situación será cada vez más complicada, ya que las autoridades no consideraron el envejecimiento de la población, lo que reducirá el número de cotizantes activos por pensionado, generando un serio desequilibrio macroeconómico. Estadísticamente, caminamos a una situación en la que la población mayor de 65 años en México se duplicará dentro de los próximos 25 años. El riesgo es certero, si contrastamos el hecho de que en el año 2000 el grueso de la población se encontraba en el rango entre 5 y 25 años, mientras que para el 2050 el rango estará entre 50 y 65 años.
El cambio en las condiciones demográficas, económicas y sociales de las últimas décadas, provocan desequilibrio en los sistemas pensionarios y una desviación del motivo que les dio origen, al otorgárselas a personas que aún no las necesitan. En distintos sistemas existen personas que adquieren el derecho a la jubilación desde los 42 años, lo que implica que el periodo de pago de la pensión supere los 20 años en promedio. De ahí que el pasivo contingente de los sistemas de pensiones en 29 entidades del país asciende en conjunto a 1 billón 500 mil millones de pesos, según advierte la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ANIESS).
Para apoyar la reestructura de pensiones, esta Cámara autorizó la creación del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, para apoyar a las instituciones estatales, municipales y de las universidades, encargadas de la administración del sistema pensionario, que han realizado reformas a dichos sistemas con objeto disminuir el pasivo actuarial. No obstante ha sido prácticamente imposible que las entidades accedan a sus recursos, por las condiciones que han impuesto las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En contraste, mientras que los estados no pueden recibir sus recursos, se conoce que el gobierno federal ha tomado de dicho fondo cuando menos 25 mil millones de pesos para financiar las pensiones del ISSSTE. Además, su gestión no es transparente, ni siquiera en la información de su monto, toda vez que se sabe que se compone de más de 67 mil millones de pesos, pero existen datos de que se le han inyectado más de 100 mil millones por excedentes de ingresos fiscales, corriendo el riesgo de que se haya convertido en una nueva “caja chica” del gobierno en turno.
También queremos llamar la atención de que existen sospechas de un desfalco hasta 40 mil millones de pesos, mismo que fue denunciado ante la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara por la Asociación Nacional de Institutos Estatales de Seguridad Social señalada.
En ese sentido, en abril pasado el Grupo Parlamentario del PRI, por conducto del diputado Francisco Saracho Navarro, presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto, para etiquetar y clarificar los recursos de dicho fondo, misma que se encuentra en proceso de dictamen y cuyo objeto es garantizar que se respeten los objetivos del fondo, especialmente para que accedan a ellos los estados de la república.
Por los hechos descritos, es claro que esta representación nacional, debe intervenir para exigir que se respete la legalidad, transparencia y operación del fondo, un instrumento federalista, transformado, como otros, en una herramienta centralista y acomodada a los intereses del gobierno federal.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, conforme los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a su Comisión de Hacienda y Crédito Público que en los términos del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos convoque a reunión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la legalidad y los recursos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de las Pensiones, así como para que se analice públicamente lo relativo a su monto existente, el importe de las asignaciones entregadas a dependencias y entidades diferentes de los estados del país, los montos entregados a las entidades federativas en el presente año y el avance de la reestructura de pensiones a nivel federal y estatal, conforme a la información que le envían las autoridades estatales y municipales, así como las universidades de los estados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las comisiones correspondientes a dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada el 12 de abril de este año por el diputado Francisco Saracho Navarro.
Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2011.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría especial a los 10 municipios con más alto índice de población que reciben la mayor cantidad de recursos por concepto de desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, aprobados en el PEF de 2011, a fin de verificar que los ayuntamientos y los organismos de la sociedad civil beneficiados cumplan estrictamente los requisitos, los procedimientos y las metas correspondientes, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Salvador Caro Cabrera y José Luis Ovando Patrón, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al auditor superior de la Federación que dicte las instrucciones correspondientes a efecto de que la institución a su cargo, con base en la información del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realice una auditoría especial a los 10 municipios que reciben la mayor cantidad de recursos por concepto de desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de verificar que los municipios y los organismos de la sociedad civil beneficiados cumplan estrictamente los requisitos, los procedimientos y las metas establecidos para este rubro en las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales y sus anexos, publicados el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Exposición de Motivos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 21, párrafo noveno: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
2. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, dispone en el artículo 2, segundo párrafo: “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”. El artículo 6 de la ley en comento señala: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional; su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley”.
3. La ley de referencia establece en el artículo 17 el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana como uno de los tres con que cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con el artículo 20 de la misma norma, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene, entre otros objetivos, el de promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema en los términos de esta ley. Por otra parte, las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales, conocidas también como “Reglas del Subsemun”, aprobadas para el ejercicio fiscal de 2011, confieren a dicho centro el papel de emisor del catálogo de programas, proyectos y acciones de prevención social y participación ciudadana, del cual hace referencia en el apartado 4.4.
4. El catálogo en comento, con 16 programas, proyectos y acciones, permite establecer la alineación de la política pública de prevención social de la violencia en el nivel municipal, cuidando dos aspectos: un marco metodológico integral y multidisciplinario y acciones y políticas integrales de atención y prevención social, sujetándose a uno o más de los 5 ejes básicos: 1) generación de capacidades básicas en municipios para el diseño y la instauración de estrategias integrales preventivas; 2) promoción de la participación ciudadana y fortalecimiento de la cohesión social; 3) promoción y difusión para la cultura de la paz, la legalidad, el respeto y ejercicio de los derechos humanos; 4) participación de los jóvenes como actores en la construcción de la paz y la seguridad; y 5) mujeres para la construcción de la paz y la seguridad. Dicho centro aprobó, el 22 de enero de 2011, los lineamientos de la política de prevención social de la violencia, la delincuencia y la participación ciudadana.
5. La Cámara de Diputados, en virtud de sus atribuciones legales, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. El artículo 10 de dicho documento menciona de manera textual que se incluye la cantidad de 4 mil 303 millones 300 mil pesos para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados a los conceptos y conforme a las reglas que establezca el Ejecutivo federal, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y la aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
6. El mismo artículo 10 dispone que para el desarrollo y la aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana se destinará cuando menos 10 por ciento de los recursos a que se refiere el presente artículo. Por ello, en virtud de esta disposición, fueron otorgados 430 millones de pesos para fortalecer la política de prevención social del delito con participación ciudadana.
7. Para la aplicación del recurso asignado para el desarrollo y la aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, las reglas consideran el apartado correspondiente, en el que se permite que se destine 50 por ciento de la coparticipación federación-municipio a las acciones de prevención social del delito con participación ciudadana. Cabe señalar que los 430 millones de pesos, equivalentes a 10 por ciento de los recursos asignados en el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de 2011, son adicionales a los recursos provenientes a la coparticipación mencionada, por lo que sumados a los recursos de la coparticipación municipal, que ascienden a 393 millones 76 mil 183.18 pesos, hacen un total de 823 millones 76 mil 183.18 pesos, por erogarse en el ejercicio fiscal de 2011. Según datos del Centro Nacional del Delito y Participación Ciudadana, al 31 de agosto de 2011 se estimaban en mil 700 los proyectos que se desarrollaban en el país, en 220 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
8. Sin embargo, durante la reunión efectuada el pasado 14 de septiembre por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública con funcionarios del SESNSP con el propósito de realizar un análisis de las acciones y los recursos presupuestarios en materia de seguridad pública en el presente ejercicio fiscal, la doctora Laura Cabrera Lugo, titular del Centro Nacional de prevención del Delito y la Participación Ciudadana del SESNSP, manifestó haber detectado irregularidades en el manejo de los recursos por algunos municipios beneficiados. Expresó que en algunos casos, los recursos son desviados a supuestos grupos ciudadanos que son creados ex profeso para recibir el recurso, pero se destinan a otros propósitos. Este hecho, además de configurar un desvío encubierto de recursos, incide negativamente en la consecución de los fines de la prevención del delito y la participación ciudadana y, en consecuencia, en los de la seguridad pública en su conjunto.
9. El manejo indebido que en algunos casos se hace de los recursos destinados a la prevención social del delito con participación ciudadana configura los supuestos expresados en el artículo 79, fracción I, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 2, fracciones IX y XVII, 37, 40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que el presente punto de acuerdo solicita al órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados que realice una auditoría especial a los recursos en comento, a fin de verificar su correcta aplicación, conforme a las normas aplicables, y de detectarse alguna irregularidad, aplicar lo que la ley prevea en su caso. Por otra parte, siendo vasto el número de municipios y organismos que acceden a los recursos mencionados, para una inspección eficaz se solicita que dicha auditoría se limite a los 10 municipios con mayor población que más reciben recursos por dichos conceptos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al auditor superior de la Federación que dicte las instrucciones correspondientes a efecto de que la institución a su cargo, con base en la información del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realice una auditoría especial a los 10 municipios con mayor población que reciben la mayor cantidad de recursos por concepto de desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de verificar que los municipios y los organismos de la sociedad civil beneficiados cumplan estrictamente los requisitos, los procedimientos y las metas establecidos para este rubro en las reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales y sus anexos, publicados el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputados: Salvador Caro Cabrera, José Luis Ovando Patrón (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SHCP y de la STPS para que se revisen los términos de la venta de Altos Hornos de México a Grupo Acero del Norte, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social para que se revisen los términos de la venta de Altos Hornos de México al Grupo Acero del Norte.
Exposición de Motivos
Más de veinte años de lucha llevan un grupo de ex trabajadores, quienes vieron sesgada su fuente de trabajo en 1991, al ser privatizada Altos Hornos de México, empresa para la que habían trabajado muchos años de su vida, en la que fuera la mejor oportunidad de empleo de su ciudad en Monclova, Coahuila, ya que mientras se mantuvo como entidad pública, la empresa daba empleo a 22 mil trabajadores; con la venta, paulatinamente redujo su planta laboral a siete mil obreros.
Lejos estaban de imaginar los empleados de confianza y obreros de Altos Hornos de México lo que estaba detrás de las palabras del entonces presidente de la República, aquel 18 de octubre de 1990 en que Carlos Salinas de Gortari visitó la ciudad de Monclova y en ese momento señaló lo siguiente: “¿Por qué privatizamos a Altos Hornos de México? Porque necesitamos los recursos para dar respuesta a las demandas sociales, como las que ustedes han planteado; porque yo estoy convencido de que no es compatible un Estado con tantas propiedades frente a un pueblo con tantas necesidades, por eso estamos vendiendo los bienes públicos, para remediar los males sociales.
“No cabe duda que Altos Hornos es una buena empresa, es rentable, sí, pero los recursos que demanda su transformación competirán con los recursos que necesitamos para resolver los problemas del agua potable, de la electrificación y de la transformación de todas las colonias en el país; nos ha sucedió con otras empresas. Por eso la vendemos, pero la vendemos con el ánimo de que florezca, de que continúe su desarrollo y quien la adquiere asuma el compromiso de que esa empresa va a crecer y, en consecuencia, va a ser una fuente de ingreso permanente para los que en ella laboran”.
Es así que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Altos Hornos de México (AHMSA) pasó a manos de la iniciativa privada y, a pesar del tiempo transcurrido, un grupo de ex trabajadores reclama el pago de 5 por ciento de la operación de compra-venta que les fue prometido y acordado por el sindicato con el gobierno federal en aquel momento para llevar a cabo la operación de venta. Los ex trabajadores señalan que se omitió el pago que de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Entidades Paraestatales, concede el derecho a dicha participación.
Dentro de la transacción existió la petición de diversos miembros de las secciones sindicales de Altos Hornos de México de participar como copropietarios en el proceso de venta de la empresa. Dicha solicitud, se vio fundamentada en el hecho que durante la descentralización de Teléfonos de México, los trabajadores de la empresa fueron beneficiados con el 5 por ciento de la venta en acciones a los trabajadores que a la fecha del contrato hubieran laborado en las empresas.
Luego de revisar el caso minuciosamente, los ex trabajadores decidieron proceder legalmente, basados en documentos públicos, estudios sociológicos especializados y en reportes emitidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Entre otras pruebas, miles de ex trabajadores se integraron formalmente en organizaciones para poder proceder con la reclamación de un derecho que consideran les corresponde.
Numerosos han sido los acercamientos con el gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, y del Trabajo, para solicitar los documentos de la compra-venta de la empresa paraestatal y en el que quedo plasmado un acuerdo del gobierno federal en el que se comprometían a dar el 5 por ciento de las acciones de los trabajadores, pero veintidós años después no hay respuesta de sus demandas.
Se han realizado peticiones de información a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar la copia del decreto donde se autoriza la venta de Altos Hornos de México, SA; copia de los convenios celebrados entre el Sindicato Minero; SHCP; y el nuevo dueño (Grupo Acerero del Norte), y copia del monto en que fue la operación financiera.
A la fecha y a pesar de no contar con ningún convenio que estipule por escrito la repartición del 5 por ciento de la venta de AHMSA, no ha habido ninguna solución para los ex trabajadores y continúan en su lucha bajo el argumento de no querer privilegios, lo único que quieren es justicia y evitar la impunidad.
Por lo expuesto, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social para que se revisen los términos de la venta de Altos Hornos de México al Grupo Acero del Norte, en lo concerniente a los derechos prestaciones y contraprestaciones de las participaciones económicas y accionarias de los trabajadores de las empresas integrantes, a fin de considerar la factibilidad de otorgar a los trabajadores en activo hasta la fecha de la venta, el 5 por ciento del total de la venta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputados: Francisco Saracho Navarro, Diana Patricia González Soto, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Josefina Rodarte Ayala, Noé Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a su Secretariado Ejecutivo y, por conducto de éste, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a impulsar el establecimiento de observatorios ciudadanos de seguridad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos por los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del Artículo 21 constitucional, establece, entre otras de sus disposiciones, que su objeto es el de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Asimismo, en el artículo 10 de la mencionada Ley, se establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública está integrado, entre otros, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, así como por el Secretariado Ejecutivo del Sistema que, por disposición de la misma Ley, tiene el carácter de órgano operativo del Sistema y goza de autonomía técnica y de gestión presupuestal y cuenta, entre otros, con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Dicho Centro, tiene dentro de sus atribuciones: 1
I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y
Se tiene también, que la propia Ley contempló todo un Título, el Octavo, a efecto de establecer un conjunto de previsiones relativas a la participación ciudadana, a la que el artículo 128 de la Ley concibe como coadyuvante y corresponsable con las autoridades, a través del establecimiento de mecanismos que está obligado a llevar a cabo el Centro Nacional de Prevención, en el entendido de que la participación ciudadana la llevará a cabo tanto la comunidad, tenga o no estructura organizativa, como la sociedad civil organizada.
A fin de mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promoverán la participación de la comunidad a través de distintas acciones, entre las que enumera las siguientes:
– Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.
– Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
– Realizar labores de seguimiento;
– Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública.
Por otra parte, la sociedad civil mexicana viene irrumpiendo el escenario nacional, impulsando una gobernabilidad más democrática y participativa, que en innumerables casos se alimenta del aprendizaje de experiencias exitosas ocurridas en distintos países, en buena medida como una respuesta ante el agotamiento e insuficiencia de los mecanismos de orden público para brindar seguridad.
Una de tales experiencias es la autogestión, que cobra vida a través de distintas organizaciones y movimientos sociales, que al mismo tiempo que se plantean en su interior una serie de compromisos y metas, presionan a los actores políticos para que, desde la perspectiva de su responsabilidad pública, asuman decisiones que solo a ellos competen y cuya instrumentación oxigena y a su vez impulsa aún más la voluntad de la propia sociedad civil, vigorizando su protagonismo e influencia.
En este sentido, no hay duda, que la labor de la policía debe ser fortalecida por la sociedad, lo que exige una funcionalidad eficiente de las estructuras y órganos que permitan la participación social, sobre la base de lo que hoy en día son los ámbitos en los que, como la experiencia mundial lo indica, se han separado los dos grandes grupos de la acción policial: uno de ellos, en el que la policía realiza lo que podríamos llamar tareas tradicionales; el otro, en el que efectúa trabajo comunitario preventivo con la comunidad, a efecto de promover su participación en la definición de los problemas y el diseño de las soluciones.
Como un indudable reconocimiento a ese fenómeno, el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto del año 2008, contempló la inclusión del Observatorio Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Los objetivos que acompañaron el nacimiento de estos observatorios, fueron: 2
– Construir sistemas de información técnica que permitan la homologación de levantamientos respecto a índices de victimización, percepción de inseguridad y confianza institucional, así como la recopilación e interpretación de la información emitida por fuentes públicas, y
– Diseñar y publicar instrumentos y mecanismos ciudadanos de evaluación ciudadana y rendición de cuentas por parte de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
A propósito del contexto en que ocurre la emergencia de este fenómeno, la misma fuente señala que... [ ]”El diagnóstico que priva en México en términos generales, respecto a la relación Ciudadanía-Estado, refiere una problemática relevante, que se cimenta en la desconfianza mutua y en la dificultad para construir mecanismos de cooperación e intercambio positivos. No obstante, existen ejemplos a nivel federal y local que se distinguen y que están produciendo resultados significativos en la función de contraloría social y en la contribución de propuestas en las que participan consultores expertos en la materia.”
De acuerdo con González Placencia, la seguridad ciudadana “Es un concepto que involucra un conjunto de acciones y previsiones adoptadas y garantizadas por el Estado en una situación de confianza para preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante los peligros que pudieran afectarla, así como de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona.” 3
Los Observatorios de Seguridad son, para estos efectos, espacios intersectoriales e interdisciplinarios donde se recopilan datos e información que puede orientar el análisis de información necesaria, relevante y confiable sobre los diferentes tipos de violencia, lesiones y delitos que de manera continua y oportuna permiten la definición de indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. El proceso debe orientar la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, así como permitir evaluar las intervenciones que se desarrollen en el tema de la prevención del delito, la violencia y la convivencia pacífica. 4
La concepción de esta estrategia tiene la peculiaridad de proponernos la incorporación en las tareas preventivas y en sus políticas, no solo el factor político, sino también una perspectiva técnica y en particular la especialización de sus funcionarios. Este nuevo enfoque pretende la incorporación e interacción permanente con la sociedad civil.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudimos a este Honorable Pleno para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, por conducto de éste último, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana a que, conforme su carácter de instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas y órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto del año 2008, en observancia a las disposiciones legales que regulan sus actividades y a partir de la metodología, experiencias y uso de tecnología existentes en lo concerniente a observatorios ciudadanos en materia de seguridad, realicen las actividades pertinentes a efecto de impulsar en el país, específicamente en el ámbito municipal, el establecimiento de este tipo de observatorios ciudadanos de seguridad.
Notas
1 Artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2 Ernesto López Portillo Vargas y otros, Observatorio ciudadano de seguridad, Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., México, 2009.
3 Ciudades seguras. Percepción ciudadana de la inseguridad . Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, México, DF, 2002
4 Tomado de Ernesto López Portillo Vargas y otros, obra citada, Guía metodológica para la replicación de observatorios municipales de violencia, (2008). Organización Panamericana de la Salud, Interamerican Coalition for the Prevention of Violence, Banco Mundial y el Instituto Cisalva, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Safe Community Certifying Centre).
México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2011.
Diputados: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León Perea, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbricas).
