Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3351-VIII, martes 20 de septiembre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cuenta a los ciudadanos sobre los resultados del Censo de 2010, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La explosión demográfica es el término que denomina el rápido y dramático incremento de la población que se ha producido en un país, por lo que se dice que un crecimiento desmedido de la población, dificulta de forma considerable el desarrollo económico de cualquier país.
En este sentido, a pesar de las sustantivas transformaciones demográficas que han ocurrido en México y que se reflejan en una baja de la tasa de crecimiento natural producto de la caída acelerada de la fecundidad a partir de las tres últimas décadas del siglo XX, en este país año con año se suman a los efectivos poblacionales más de dos millones de nuevos mexicanos, a los que hay que ofrecer los bienes y servicios que demandan sus necesidades.
Esto quiere decir que aunque las tasas de crecimiento poblacional muestren una significativa disminución, los números absolutos permiten afirmar que la problemática que obligó a pensar en la necesidad de implementar una política pública que incidiera sobre lo demográfico, no sólo sigue vigente sino que demanda nuevas acciones ante la aceleración de los procesos de envejecimiento que nos pueden llevar a una “trampa demográfica”.
Por lo tanto, es importante mencionar que “el número de personas que vivían en México el 12 de junio de 2010 totalizaba 112 millones 322 mil 757. Este número es 3.6 por ciento más alto que lo proyectado por el gobierno. Somos 3 millones 922,000 personas más de las que esperábamos.” 1
Este crecimiento mayor al esperado fue una de las malas noticias de 2010, misma que pasó desapercibida, quizá, porque 2010 fue pletórico de negritos en el arroz. ¿Para qué preocuparse por una megatendencia, cuando la realidad del corto plazo está siendo tan demandante, tan generosa en problemas y desafíos?
No hay una explicación oficial detallada que describa lo que pasó, pero tenemos algunos bocetos.
Destacan dos datos: el primero es conocido: la migración a Estados Unidos no fue tan alta en el último lustro como había sido entre 1995 y 2005. La recesión económica y el endurecimiento de la política migratoria hicieron buena parte del trabajo.
El segundo dato sorprende: la tasa de fertilidad aumentó. El número de hijos por mujer es de 2.22, muy por encima del 2.04 proyectado por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
A menos que ocurra un milagro, debemos quitar el condicional a la frase. Al ritmo actual de generación de empleo, se necesitaría más de una década para crear cuatro millones de puestos de trabajo.
Más allá del mercado laboral, los mexicanos inesperados son demandantes legítimos de servicios públicos, en un país que no tiene cobertura plena en muchos rubros, entre ellos, educación, salud y seguridad pública. Serán consumidores de servicios ambientales en un mundo que está en el límite de su capacidad de proveernos agua potable, aire limpio y zonas verdes.
Por lo anterior debemos preguntarnos: ¿dónde está la estrategia demográfica?
Nuestra diversidad es parte de nuestra riqueza y, al mismo tiempo, fuente de enormes retos para las políticas públicas, empresas y organismos sociales. Las mujeres de la sierra de Chiapas tienen más de cinco hijos, en promedio, mientras que en Garza García o en la delegación Benito Juárez están más cerca de los estándares europeos.
El presidente Felipe Calderón no ha hecho un comentario elaborado sobre el tema, tampoco el secretario de Gobernación, a pesar de que Conapo radica en dicha secretaría. El presidente del Inegi ha evitado la expresión de juicios de valor sobre los datos del Censo 2010. Podemos suponer que no hay pánico, quisiéramos pensar que algún genio está trabajando para responder a la nueva situación.
En la práctica, hay una estrategia nacional en torno al crecimiento demográfico que parece haberse relajado. Así lo indican los resultados del último lustro. ¿Hace cuánto no escuchamos o vemos una campaña que promueva las ventajas de la familia pequeña? 2
Ya que el crecimiento económico del país no ha repercutido en mejores condiciones de vida para la creciente población sino que ha incrementado la acumulación y la concentración del ingreso en pocas manos, resulta indispensable generar iniciativas nacionales que permitan contar con una política de población y acciones que respondan a las nuevas condiciones del país y no esperar a que las situaciones críticas o las presiones internacionales nos obliguen a prestarle atención a los problemas generados por la dinámica demográfica postransicional, cuando incluso, puede ser suficientemente tardía la respuesta e implicar costos sociales difíciles de cubrir en el corto plazo.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad, den cuenta a la opinión pública y/o la ciudadanía de por qué la estrategia demográfica no cumplió con las cifras proyectadas en el control de crecimiento poblacional, ya que de acuerdo con los datos obtenidos por el Censo de Población y Vivienda 2010, hubo un incremento poblacional del 3.6% mayor al esperado.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad den cuenta a la opinión pública y/o la ciudadanía sobre las acciones o medidas a efectuar, para que en los próximos años la política de población cumpla con su objetivo de implementar estrategias de planificación familiar que permitan no rebasar las cifras proyectadas por el Conapo en el tema de crecimiento poblacional.
Notas
1 Luis Miguel González, revista Expansión, año 2011, página 19.
2 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2011.
Diputado Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a realizar por el Coneval un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y, con ese criterio, mejorar la cobertura en la aplicación de los programas federales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene la facultad y responsabilidad de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, los cuales serán de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social.
La pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. Aun cuando existe una gran variedad de aproximaciones teóricas para identificar qué hace pobre a un individuo, hay un consenso cada vez más amplio sobre la naturaleza multidimensional de este concepto, el cual reconoce que los elementos que toda persona necesita para decidir de manera libre, informada y con igualdad de oportunidades sobre sus opciones vitales, no pueden ser reducidos a una sola de las características o dimensiones de su existencia.
Los cálculos de 2008 realizados por el Coneval indican que casi el 40 por ciento de la población en áreas urbanas es pobre, lo que en números absolutos representa un poco más de 27 millones de personas. Si bien no hay cálculos disponibles para determinar las dimensiones de la pobreza en las zonas urbanas de los estados fronterizos del norte de México, es de suponerse que se encuentran en valores cercanos a los promedios nacionales, pero con el agravante de que en estos casos se agregan factores sociales, económicos y urbanos que complejiza aún más la situación social en las ciudades fronterizas.
En el caso particular de la zona fronteriza en términos de desarrollo social y económico se requiere identificar los problemas más serios y las carencias más evidentes e importantes que impiden o limitan el proceso de desarrollo de la frontera norte en particular, los mayores problemas estructurales son el centralismo, la pobreza y el desempleo, que muchas veces son tratadas al margen de las políticas de desarrollo y desvinculadas de su entorno territorial.
En la frontera norte se tiene una realidad compleja y heterogénea, desarticulada muchas veces en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales del centro del país y de otros estados. La frontera norte de México es una mezcla de realidades económicas, sociales y culturales. La frontera norte está integrada por un conjunto de regiones a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros colindante a los Estados Unidos.
Los 6 estados y 81 municipios fronterizos, por su diversidad, deben ser evaluados de diferente manera en términos de empleo, distribución del ingreso, y de servicios públicos. Para lograr un desarrollo social sustentable se debe implantar una estrategia en la que cada zona de la frontera del país logre su pleno desarrollo y se vayan reduciendo las diferencias entre las diversas regiones.
Para reforzar la el desarrollo social equitativo entre el sur, centro y norte del país es necesario contar con los medios de información necesaria que nos permitan definir los tipos de pobreza; principalmente en la zona fronteriza Norte; en donde existen diversas características especificas que impiden el acceso a los apoyos de los programas del gobierno federal, por ejemplo: en las zonas fronterizas del norte del país las familias de escasos recursos tienen fácil acceso a la adquisición de aparatos eléctricos, muebles para el hogar y otros artículos de uso indispensable para la vida diaria; ya que al colindar con Estados Unidos los comerciantes de la zona les hacen llegar esos artículos de segunda a precios accesibles y en el momento de que esas personas son evaluadas mediante la Cedula correspondiente para ser beneficiadas por algún programa federal su solicitud es rechazada debido a que cuentan con electrodomésticos como el refrigerador o por contar con estufa de gas; sin embargo son familias que verdaderamente carecen de recursos y tienen necesidad de acceder a un apoyo del gobierno.
Otro claro ejemplo de pobreza son las familias que habitan los multifamiliares mismos que obtienen a través de créditos de Infonavit o en su defecto algunas viviendas de estas son abandonadas por parte de sus propietarios y son invadidas por familias que llegan de otros estados de la Republica y carecen de documentos que les acredite la propiedad y ese tipo de pobreza no se ve contemplada por los apoyos de gobierno; porque son viviendas que cuentan con servicios básicos y diversos como lo son calles están pavimentadas de concreto, cuentan con áreas verdes, sin embargo las familias que habitan estos multifamiliares muchas veces los padres de familia no cuentan con empleo fijo o son habitados por adultos mayores que fueron abandonados y los Programas sociales no se aplican en estas colonias.
Asimismo, es necesario hacer una revisión del tipo de pobreza de municipios fronterizos del norte del país; en donde anteriormente contaban con zonas ejidales contándose estas como zonas rurales pero debido a la migración de muchos connacionales de los diferentes Estados del Sur aquellos que consideraban como ejidos ahora son colonias populares por lo que estos Municipios escasamente cuentan ahora con zonas rurales por lo que hace imposible acceso a gran parte de los programas sociales de la Sedesol, ya que estos van encaminados a localidades rurales por lo que aquellos que fueron ejidos ya no se ven beneficiados por ahora considerarse como colonias populares existiendo en ocasiones más pobreza que en una zona rural.
Estos son claros ejemplos de la particularidad de pobreza existente en la frontera norte del país.
Es por lo anteriormente expuesto que el presente punto de acuerdo tiene como objetivo principal que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los programas federales.
Para los diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia analizar e implementar las políticas públicas y medidas necesarias para fomentar el desarrollo social equitativo en todo el país.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realice un estudio del tipo de pobreza existente en los estados fronterizos del norte del país y bajo este criterio lograr una mejor cobertura en la aplicación de los programas federales.
Septiembre de 2011.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer los canales de comunicación adecuados entre las instancias encargadas de emitir resoluciones que pongan fin a los procesos donde estén involucrados servidores públicos de cualquier nivel gubernamental; y al Consejo de la Judicatura Federal, a revisar la actuación de la juez cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal por haber concedido la libertad a Néstor Félix Moreno Díaz, ex funcionario de la CFE, por presunto enriquecimiento ilícito, producto de una red de sobornos, suscrita por los diputados Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca, Israel Madrigal Ceja, José Narro Céspedes y Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial de la federación para que ponga especial cuidado en asuntos donde se vean involucrados servidores públicos de todos los niveles gubernamentales, así como al Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación de la jueza cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en razón de haber concedido la libertad al señor Néstor Félix Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad por presunto enriquecimiento ilícito, producto de una red de sobornos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 17 de agosto del 2010 una nota del diario texano The Houston Chronicle reveló que Néstor Moreno Díaz, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió sobornos a cambio de contratos en la paraestatal. Los sobornos se habían producido a cambio de que la CFE cediera a empresas contratos relacionados con el Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace).
2. El producto del benefició ilícito de Moreno Díaz se concretó, entre otras cosas, en la compra de un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, más de 170 mil dólares depositados en una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares.
3. El escándalo hizo que Moreno Díaz renunciara a la paraestatal el 15 de septiembre de 2010. Ese día la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya tenía un expediente abierto sobre el caso y octubre la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró la embarcación Dream Seeker como parte del seguimiento de una investigación propia. Durante el proceso de indagación se supo que aproximadamente 12 años atrás el ex funcionario había sido reiteradamente denunciado por conductas irregulares, de las cuales destacan:
a) En 1998 la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ordenó su cese como coordinador de Transmisión y Transformación de la CFE y lo inhabilitó por 10 años. Meses después, obtuvo un recurso de revocación y siguió laborando.
b) En mayo de 2000 la CFE interpuso una denuncia de hechos ante la PGR para que se investigara a cuatro de sus funcionarios, entre ellos Moreno Díaz, por avalar un préstamo indebido de materiales por 16.2 millones de pesos.
c) Se le vinculó además con el fraude por 308.3 millones de pesos cometidos en contra de la paraestatal entre el 2003 y el 2007, cantidad que fue sustraída mediante firmas electrónicas de distintos cajeros de la CFE.
4. Para enero de este año, la PGR argumentó que no había citado a declarar a Moreno Díaz debido a que el Ministerio Público federal quería contar con los expedientes judiciales de Estados Unidos, los cuales recientemente le habían llegado.
5. Cuatro meses después, aún sin resultados en México, un jurado estadounidense encontró responsables de varios cargos incluido el de complot para infringir la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, a Keith Lindsey y a Steve Lee. También responsabilizó de complot para lavar dinero a Ángela Aguilar y a su esposo Enrique Aguilar Noriega, quienes fungieron como intermediarios de los sobornos.
El mes pasado la PGR indicó que Moreno Díaz era probable responsable de fraude y cohecho, y que había comparecido en marzo ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Servidores Públicos, la cual revivió una denuncia presentada en 2005 por presuntas mordidas exigidas a la empresa suiza ABB, para conseguir contratos.
El 7 de noviembre de ese año, la CFE denuncia el caso de presunta corrupción ante la PGR. El yate es asegurado por la Marina, en Acapulco.
El 8 de agosto de este año, Néstor Moreno Díaz es considerado como probable responsable de los delitos de fraude y cohecho, por lo que un juez federal gira una orden de aprehensión en su contra.
El 3 de septiembre del 2011 es detenido en el aeropuerto de Toluca por enriquecimiento ilícito, fraude y cohecho, trasladándosele al Reclusorio Oriente. Dos días después es liberado por la jueza cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales, alegando que el delito por el cual se le perseguía era de una gravedad menor y que, además existió un amparo otorgado por el juez quinto de Distrito en materia penal en Nuevo León.
Por lo expuesto a esta honorable asamblea, ponemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la federación a efecto de que establezca los canales de comunicación adecuados entre las distintas instancias encargadas de emitir resoluciones que pongan fin a los procesos donde se vean involucrados servidores públicos de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), especialmente cuando existan casos de corrupción, desvío de recursos públicos, delitos como el abuso de autoridad y el peculado, etcétera, para, que no entorpezcan la acción de la justicia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura de la Federación para que revise la actuación de la ciudadana Taissia Cruz Parcero, jueza cuarta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien concedió la libertad al señor Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, quien fuera acusado por la Procuraduría General de la República por verse involucrado en una red de sobornos a empresas transnacionales, por lo que, presuntamente se enriqueció de manera ilícita por un monto de 33 millones 99 mil 292 pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de septiembre del año 2011.
Diputados: Esthela Damián Peralta, Rigoberto Salgado Vázquez, José Narro Céspedes, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta soberanía a respetar en el proceso de análisis y discusión del PEF de 2012 el calendario que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emita en su oportunidad para recibir los proyectos de inversión presentados por los grupos sociales provenientes de cualquier región del país, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones II, y V y el artículo 124, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las comisiones ordinarias de esta Cámara, se apeguen al calendario de recepción de los proyectos de inversión presentados por los grupos sociales, susceptibles de ser incorporados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2012, conforme al acuerdo aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública designen para tales fines, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
No es novedad que año con año, durante el periodo de análisis y discusión de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, también sean discutidos los planteamientos y las propuestas que distintos grupos de la sociedad le solicitan a las comisiones ordinarias de esta Cámara.
Todos estos proyectos, sin lugar a dudas, poseen la esperanza de poder ser atendidos, sin embargo, debido a la complejidad y alto costo para la elaboración de los mismos, para ser ingresados a través de las dependencias del Poder Ejecutivo, la petición directa a cada una de las comisiones de trabajo legislativo, según la naturaleza de los mismos, queda como último recurso para analizar su posible incorporación como parte de las modificaciones que realiza la Cámara al proyecto enviado por el gobierno federal.
En los años recientes, esta soberanía ha buscado racionalizar el proceso de análisis y discusión del paquete económico del ejercicio fiscal que corresponda. Para ello, ha aprobado diversos acuerdos para tener un proceso de revisión y consulta ordenado, recibiendo a los sectores y grupos interesados en plantear proyectos y acciones que no vienen contempladas en la iniciativa original del Ejecutivo.
En este proceso, juegan un papel muy importante las comisiones ordinarias de esta Cámara, ya que ellas analizan las propuestas de gasto de los Ramos de la administración pública federal y coadyuvan a la tarea que por encargo legal tiene la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. De ahí la relevancia de que todas las Comisiones normen su actuación al acuerdo que año con año emite la Comisión de Presupuesto.
De esta manera, estamos convencidos de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la mejor de las oportunidades para analizar y dar dictamen, lo más favorable posible a los proyectos con viabilidad de ser incorporados, sin importar desde luego la comisión de origen que lo proponga.
Compañeras y compañeros diputados: debemos recordar que, la finalidad de dar un espacio de recepción a estos proyectos, tiene que ver con la necesidad de atender aquellos posibles objetivos sociales que pudieran no haber sido contemplados por alguna dependencia federal para destinarles presupuesto, lo cual no quiere decir que definitivamente estén fuera por no ser procedentes en su planeamiento, no obstante, deben ser analizados finalmente y de manera minuciosa por la Comisión de Presupuesto.
Es así por lo que en esencia los tiempos para su análisis en cada una de las comisiones ordinarias, deben sujetarse a los calendarios que sean señalados para dicho propósito, principalmente por el que pueda establecer la propia Comisión de Presupuesto.
Con lo anterior, queremos solicitar amablemente a este pleno, que juntos logremos los acuerdos suficientes para hacer un exhorto a todas y cada una de la comisiones de trabajo de esta Cámara, para que se apeguen al calendario de recepción de proyectos, de acuerdo a los tiempos que nos marque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por ser esta la encargada de estructurar la presentación final del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y después llevarla a su votación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las comisiones ordinarias de esta Cámara, para que en el periodo de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, respeten el calendario que en su oportunidad emita la Comisión de Presupuesto para la recepción de los proyectos de inversión presentados por grupos los sociales provenientes de cualquier región del país, a fin de ser analizados, discutidos y en su caso incorporados cada uno de ellos por dicha comisión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil once.
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por la PGR y la SHCP acciones para capturar y castigar a los responsables del fraude realizado por Herón México, SA de CV, contra más de 5 mil 500 familias de diversas entidades federativas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Marcela Guerra Castillo, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo las acciones necesarias para capturar y castigar a los responsables del fraude realizado por la empresa Herón México, SA de CV, a más de 5 mil 500 familias de diversas entidades federativas de nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es un hecho consumado el fraude cometido en perjuicio de más de 5,500 familias por más de 500 millones de dólares, que confiaron sus capitales a la empresa Herón México, s.a. de C.V., basados en el conocimiento de muchos años del señor Ricardo Garza Salazar socio y operador principal de dicha empresa, desde el inicio de sus operaciones a partir del 2006 y hasta el 14 de abril del 2008, fecha en que la misma suspende unilateralmente el retiro de capitales y cancela el pago de intereses a todos los inversionistas.
Tomando en consideración la documentos emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es evidente el delito cometido por la empresa Herón México, SA de CV, y sus socios, de haber captado recursos de manera ilegal, lo cual está previsto y castigado por el Código Penal Federal con una pena de 15 años de prisión.
Es pertinente señalar que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos organismos dependientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, fueron “omisos” o “negligentes”, al no haber actuado en tiempo y forma, suspendiendo las operaciones ilegales de captación de recursos de la empresa Herón México, SA de CV, y alertar al público inversionista sobre estas actividades ilícitas.
Ante el enorme daño social y económico a un número importante de familias de distintos estados de la república como Morelos, Guerrero, Distrito Federal, de México, Puebla, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, entre otros, es necesario que se llegue al fondo de este caso, con el objetivo de capturar y sancionar a los responsables, así como reparar el daño económico a sus afectados.
Es importante mencionar que uno de los socios de dicha empresa, Carlos garza madera, el 27 de julio de 2010 fue aprehendido por la Interpol en la Ciudad de México y preso en el penal de Atlacholoaya, Morelos hasta el 5 de julio del 2011, fecha en que fue liberado por el juez federal Jorge Carenzo Rivas, del Juzgado Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos, y por el juez quinto de distrito Marco Polo Rosas Baqueiro, del Centro Auxiliar de la Segunda Región del Sexto Circuito con sede en Puebla, al haberle otorgado ambos jueces los amparos que le permitieron su libertad y convertirse nuevamente en prófugo de la justicia, al no presentarse a firmar en el juzgado como lo marca la ley para los casos de libertad bajo caución.
Lo anterior, nos demuestra una vez más la nula atención y falta de respuesta oportuna por parte de de la autoridades normativas y de impartición de justicia federales para atender y terminar con estas prácticas fuera de toda ley, que lesionan en sus bienes a las personas aprovechándose de su buena fe.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo las acciones necesarias para capturar y castigar a los responsables del fraude realizado por la empresa Herón México, SA de CV, a más de 5,500 familias de diversas Entidades Federativas de nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a investigar la obra Gaza Universitaria en Entronque de Circuito Universitario y Periférico de la Juventud, en el municipio de Chihuahua, para determinar si el presupuesto asignado se ejerció correctamente y deslindar responsabilidades en caso de comprobarse el desvío de recursos públicos, a cargo del diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Arturo García Portillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la gestión del ex presidente municipal de Chihuahua, Álvaro Madero Muñoz, se realizó una gestión extraordinaria ante las autoridades del gobierno federal por 35 millones de pesos para la construcción de una obra denominada Gaza Universitaria en entronque de Circuito Universitario y Periférico de la Juventud, consistente en un paso vehicular para mejorar la circulación de automóviles que entran a la ciudad de Chihuahua provenientes del norte del estado, por la zona de la ciudad universitaria.
Este proyecto contemplaba la construcción de dos carriles en un paso elevado, y ciertas características respecto de inclinación, curvas y elementos de seguridad, tal como está asentado en los planos aprobados.
Cabe destacar que todas las obras iniciadas en los últimos dos meses de la administración del ex presidente Madero, fueron consensuadas con el entonces presidente municipal electo Marco Adán Quezada Martínez, como consta en el acta de la sesión de cabildo del 23 de septiembre y durante el proceso de entrega recepción a la nueva administración del licenciado Quezada Martínez, se hizo saber de la autorización del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), contador público Raúl Chávez Espinoza, para hacer uso de una fracción de terreno del campus universitario para el alojamiento de la infraestructura y advertir que el proyecto se movería algunos metros hacia el sur para construirse sobre terrenos de la UACH.
Al concluirse esta obra, la sociedad chihuahuense pudo darse cuenta de que la construcción no se apegó al diseño del proyecto original : que fue reducida de dos a un carril, que presenta serios problemas y un peligro latente para su uso al modificarse las características originales.
Las actuales autoridades municipales reconocen que la obra tuvo un costo total de 24 millones de pesos y la diferencia de 11 millones de pesos no fue regresada a la federación, sino que se usó discrecionalmente para realizar otras obras, declaraciones publicadas en medios locales, por parte del secretario de Finanzas del gobierno del estado, licenciado Christian Rodallegas Hinojosa.
Lo anterior, a todas luces constituye una desviación de recursos públicos, toda vez que el dinero expresamente asignado a una obra y con el sustento técnico de un proyecto claramente definido no fue ejercido correctamente.
Asimismo, resulta inaceptable la modificación del proyecto original y la discrecionalidad con la que se usaron 11 millones de pesos en una obra diferente a la autorizada.
Hay confesión pública de que 11 millones de pesos dejaron de ejercerse en virtud de la modificación del proyecto, hay confesión pública de que el recurso no fue regresado a la federación y es la fecha en que seguimos esperando una explicación pormenorizada del porqué se modificó el proyecto original y por qué no se respeto el presupuesto.
Además de todo lo anterior, es claro que la obra construida no cumple con características técnicas que proporcionen seguridad a los automovilistas y debo subrayar que la obra realizada por la administración del licenciado Quezada Martínez no resolvió el problema que motivó el proyecto, sino que por el contrario la percepción social es que se entorpeció el tránsito vehicular.
Concluyo esta intervención señalando que el problema descrito va a derivar en la necesidad de reconstruir la obra para ajustarla a su diseño original, y éste error le va a costar a los mexicanos algunos millones de pesos que bien podrían emplearse en atender demandas de primera necesidad.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en su programa de auditorías del ejercicio de recursos públicos, se examine minuciosamente la obra Gaza Universitaria en entronque de Circuito Universitario y Periférico de la Juventud, en el municipio de Chihuahua, y se determine si los recursos aprobados se ejercieron en cabal cumplimiento al proyecto y diseño original.
Segundo . De comprobarse la desviación de recursos por un monto de 11 millones de pesos, y su ejercicio discrecional para la construcción de obras diversas sin la autorización correspondiente, se instauren los procesos legales que finquen responsabilidad a quienes hayan autorizado y ejecutado dichos recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputado Arturo García Portillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de crear centros comunitarios de reinserción social (casas de medio camino) por los titulares de los Ejecutivos federal y estatales para cumplir los postulados del artículo 18 constitucional, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 79 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear los centros comunitarios de reinserción social.
Antecedentes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene en el artículo 18 los principios rectores del sistema penitenciario, o derecho penitenciario, como se lee a continuación:
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para él, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la república para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y con las condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.
De su transcripción se expresa en su contenido las disposiciones relativas a la ejecución de penas en nuestro país, mencionando el lugar o sitio destinado a la prisión preventiva, en donde será distinto del designado para la extinción de penas y demás deberán estar completamente separados, indicando que el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, serán los instrumentos para la reinserción del sentenciado a la sociedad y a la familia, encauzándonoslo e inhibiéndolo a no volver a delinquir, como una garantía de que todo individuo debe gozar que prevé la ley.
El centro y propósito que deben darse a los sentenciados son alcanzar un cambio en sus tendencias delictivas, a través del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, ya que por estos medios se les prepare para que en el momento de su libertad, tengan las herramientas necesarias y suficientes para su desarrollo y desempeño en la sociedad y separarlo de no volver a delinquir. Siendo que lo que se busca es ayudarle desprenderse de los hábitos que lo llevaron a delinquir para que haya una transformación como ser humano que se adapte y sea de utilidad a su familia y a la sociedad.
Pero para alcanzar el objetivo de la reinserción social existen una serie de agentes o factores deletéreos, como las malas condiciones físicas precarias en su infraestructura de los centros penitenciarios; el hacinamiento, carencia de un personal penitenciario capacitado o calificado, problemas añejos de riñas, motines, tráfico de drogas, la apatía de participación de los internos en actividades laborales y educativas, corrupción, violaciones a los derechos de los internos, la interrelación de procesados con sentenciados en un mismo espacio, tratos preferenciales, la falta de higiene, mala alimentación, pero uno de los más álgidos es de la sobrepoblación y una ausencia de presupuesto adecuado.
Eso impide que los sentenciados obtengan hábitos que los lleven a ser productivos en el momento de reinsertarse a la sociedad, donde se enfrentan primeramente a la discriminación, ya que el Estado en todas sus esferas o niveles, se limita a encerrarlos y olvidarse a cumplir con el mandato constitucional, de educar, encaminarlos al trabajo, la capacitación, la salud y el deporte.
Consideraciones
1. La infraestructura de los centros penitenciarios en todo el país, como se estableció, es añeja y obsoleta y está compuesta actualmente en los siguientes:
Nota: La información expuesta fue transcrita del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, Dirección del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria. La información corresponde hasta julio de 2010, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública.
La prisión es una de las instituciones que ha estado constantemente en boga, ya que hasta nuestros días no cumple los postulados constitucionales, de readaptación y reinserción social, ya que sus efectos negativos es por todos conocido y conceptuada o calificada como la universidad del crimen, ya que el problema más álgido de las cárceles en el país están sobrepobladas, en virtud de que no hay espacios suficientes para albergar a los procesados y a los sentenciados, ni se tiene una verdadera clasificación de éstos, lo cual impide cumplir lo establecido en el artículo 18 constitucional, ocasionando que el sistema penitenciario se encuentre colapsado, aunando al hecho de que en la mayoría de los penales estatales se encuentran internadas personas que están siendo procesadas, incluso ya sentenciadas, por delitos del fuero federal, contraviniendo la norma constitucional.
Dicha particularidad de las cárceles mexicanas afianza en gran medida a la sobrepoblación de las cárceles de las entidades federativas y a la contaminación de internos, teniendo como resultado diversas incidencias penitenciarias, como intentos de fugas, motines, riñas, comisión de diversos delitos, como homicidio, lesiones, robo o violación, suicidios, huelgas de hambre o enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y nuevas composiciones de células del crimen organizado en los propios penales. Se aúna el hecho de la corrupción que impera en los centros penitenciarios, como ocurrió últimamente en el penal de Gómez Palacio, Durango, en el que la directora permitía a sicarios procesados salir por la noche a delinquir, o la fuga de 86 reos en Reynosa, Tamaulipas, con la presunta complicidad de las propias autoridades y el personal de custodia.
Sobrepoblación y concentración poblacional
Con el programa de construcción de nuevos espacios penitenciarios implementados en el país y a la reducción de la población penitenciaria del fuero federal, este déficit es 7.6 puntos porcentuales menor al existente en julio de 2009.
Los problemas asociados con la sobrepoblación se ven agravados por la dispersión de la infraestructura penitenciaria, lo que provoca desequilibrios en la distribución de la población de internos y el uso adecuado de la infraestructura existente.
• 212 (49 por ciento) centros de reclusión del país experimentan sobrepoblación, lo cual limita la capacidad de impulsar esquemas efectivos de reinserción social.
• 28 instalaciones penitenciarias del país (6.5 por ciento de la infraestructura) concentran 50 por ciento de la población penitenciaria, mientras que el restante 50 por ciento se ubica en 401 centros (93.5 por ciento de la infraestructura total).
• Baja California, Distrito Federal, Jalisco, estado de México, Puebla y Sonora concentran 50 por ciento de la población penitenciaria del país.
• De julio de 2009 a julio de 2010, se registraron 662 incidencias en el sistema penitenciario del país que involucran a 3 mil 681 personas:
1. 293 decesos;
2. 216 riñas;
3. 47 suicidios;
4. 17 huelgas de hambre;
5. 17 intentos de suicidio;
6. 22 fugas;
7. 8 motines;
8. 3 intentos de fuga;
9. 1 intento de violación;
10. 1 violación; y
11. 37 homicidios.
Ahora bien, con la construcción de más centros penitenciarios federales, estatales o municipales, no es la solución al problema que enfrentamos, ya que el Estado solo se ha preocupado por encerrar y no por educar a los internos de los centros penitenciaros, ya que es un error grave de combatir la delincuencia multiplicando los tipos penales y agravando las penas, y que en la práctica no ha dado el resultado o producido, ni de manera significativa los buenos efectos que promete, siendo todo lo contrario, la criminalidad es creciente, con el incremento de inculpados y condenados.
Ahora bien, hay otros obstáculos para la aplicación de la reinserción social son la ignorancia o insuficiente difusión, la constante sobrepoblación de los centros penitenciarios y las deficiencias físicas de esos establecimientos, la carencia de un personal penitenciario calificado y ausencia de un presupuesto adecuado. No es suficiente que se sigan construyendo centros penitenciarios, como único objeto que es el encierro de los sujetos que delinquieron, sin llegar a los orígenes de sus conductas ilícitas que lo arrastraron a ello, y una vez que son recluidos no hay un verdadero programa de trabajo de educación.
Por lo que es necesario hacer realidad los postulados rectores constitucionales de una verdadera reinserción social de los reclusos ya que por el hecho de estar privados de su libertad no indica que no sean personas útiles a la sociedad que puedan volver a rehacer su vida personal y familiar ante la sociedad que va enfrentar en el momento que obtenga su liberación, preliberación, remisión de la pena u otra figura para obtener su libertad. Siendo que debe preparársele para alcanzarse ese objetivo primordial, debe ser propiciado y generado en un medio ambiente sano y libre de todo medio hostil como los centros penitenciarios actuales en donde pagan su deuda con la sociedad, que están contaminados en todos los aspectos, como ya se estableció en las estadísticas y datos en los apartados inmediatos anteriores.
Para propiciar ese ambiente sano, apropiado y adoptó, en primer término y cardinalmente, se requiere de espacios físicos y de infraestructuras modernas a las necesidades, para hacer propicia las reinserción, antes de obtener su libertad anticipada en términos de los ordenamientos penitenciarios preceptuados o cumplir sus sentencias los reos, debiendo disponerlos bajo la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, y esto no es con la creación y construcción de más centros penitenciarios, sino con instalaciones que no se aproximen a las actuales.
Para ello se propone la construcción de centros federales comunitarios de medio camino donde se le prepare al reo aspirante a obtener su libertad anticipada por los conductos jurídicos o con anticipación o antes de cumplir su sentencia, debe de separársele del centro penitenciario insano o contaminado, y ser trasladado al centro de reinserción, que es la antesala para gozar de su libertad estando apto y capacitado para desarrollarse a la sociedad y familia (resocialización).
A mayor abundamiento, es preciso que con la creación de estos centros federales comunitarios de medio camino, los reos se encuentren en un ambiente viable y sano para poder desarrollarse en una actividad laboral que le será útil en el momento que se integre a la sociedad y en donde se respeten sus derechos humanos.
Los sentenciados primo delincuentes, por delitos del fuero federal o común, pero no por delincuencia organizada, están inmersos y se relacionan con reos reincidentes por delitos federales de mayor magnitud, contaminándose los primeros con estos, ya que son obligados a afiliarse a esos grupos primordialmente, aprendiendo, continúen su carrera delictiva o perfeccionados en su mayoría son jóvenes que por una u otra circunstancia delinquieron y son presas fáciles para formar parte de la delincuencia organizada; haciendo imposible su readaptación y reinserción social: para que no sean absorbidos debe hacerse una depuración de este grupo de primo delincuentes para sean objeto del beneficio de obtener su libertad por los medios legales de nuestro sistema penitenciario, formado un medio ambiente adecuado y sano, y como génesis de su reinserción social, se requiere de espacios con infraestructura moderno como preámbulo de su libertad. Siendo favorable que, antes del término de la ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un entorno progresivo a la vida en sociedad.
Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, comprenderá una asistencia eficaz y con este propósito y con las leyes que se crearon y función primordial es desarrollar las disposiciones abstractas y generales de la Constitución para no dejar vicio alguno.
Con la creación o construcción de los centros de reinserción social, casas comunitarias de medio camino, donde no sea una maquina de cambiar individuos, sino un instrumento para la lograr que tras la aplicación de éste el interno al momento de excarcelación haya adquirido ciertas habilidades sociales o como mínimo se le haya ayudado a aprender las cosas más elementales para enfrentarse al medio social, es decir, intentar evitar la desocialización que conlleva la privación de la libertad.
El tratamiento que se dé al interno, con el método gradual de aplicación de las medidas favorables para su readaptación social, en un medio ambiente sano, diverso al tradicional de los centros penitenciarios en la actualidad, ya que la atmósfera propicia en el tratamiento de preliberación, que determinado plazo pueda obtener y para enfrente un medio de vida diverso del que ha tenido durante el tiempo que permaneció recluido, ya que al ser excarcelado se encontrara con la transformación de una sociedad diversa al de la prisión al que dejo al ser confinado.
Otra ventaja o beneficio con la construcción de los centros comunitarios de medio camino, en las cuales se proyecte los servicios previstos por ley, instalándose talleres, centros culturales y deportivas, y enfermería, entre otras, ya con este tipo de instalaciones, los internos o internas puedan ocupar su tiempo de manera productiva –trabajo, educación, actividades culturales y deportivas– y con programas más específicos complementarias dirigidos a abordar de manera directa las causas individuales de la delincuencia de una persona y como un resultado colateral estaría la prevención de que sean tentados a cometer nuevos delitos.
Ahora bien con la construcción de los centros que se proponen, no redituaría en un presupuesto más o adicional, ya que los presupuestos que se tienen proyectados y destinados a la construcción de nuevos y más centros penitenciarios, federales o estatales, se sustituirían por los centros comunitarios de reinserción social que transformaría a nivel nacional el sistema penitenciario de nuestro país y se cumpliría con los principios rectores constitucionales de reinserción social.
Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a elaborar acuerdos que permitan proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, programas y acciones encaminados a crear centros comunitarios de reinserción social (casas de medio camino), por los titulares del Ejecutivo federal y los estados de la república para cumplir los postulados contenidos en el artículo 18 constitucional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer en sus planes y programas de estudio la cultura de envejecimiento, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en ejercicio de la prerrogativa prevista en el artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fortalezca en sus planes y programas de estudio la “cultura de envejecimiento”.
Exposición de Motivos
En 2001, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación afirmaba que: “La desigualdad asociada a la diferencia de edad deja ver algunas de las limitaciones provenientes de una percepción no democrática con respecto a la justicia y a la equidad entre las personas. El costo de no revertir las prácticas discriminatorias contra este sector será el de reproducir una sociedad profundamente asimétrica e insensible frente a las desventajas y carencias de sus miembros más débiles”.
Desafortunadamente en 2011 la situación no ha cambiado, ya que según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en México más de una de cada cuatro personas de 60 años ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su edad; y el 66% considera difícil recibir apoyos del gobierno. El 57.8% está de acuerdo o muy de acuerdo en que los derechos de los adultos mayores no son respetados y el 58.1% cree que la sociedad no ayuda a la población adulta mayor porque no conoce sus problemas.
Lo anterior resulta alarmante si tomamos en consideración que la existencia de condiciones de inequidad impiden el ejercicio real de los derechos, lacerando la cohesión social y la imposibilidad de quienes la padecen a tener una calidad de vida digna a la que todos los mexicanos tenemos derecho de acuerdo con lo previsto en el primer párrafo del artículo 1o. de nuestra Constitución Política, que asevera:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
...”
De igual forma el primer párrafo del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación puntualiza:
“Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
... ”
Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece:
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.
c. A una vida libre sin violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
e. A la protección contra toda forma de explotación.
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.
...”
En este orden de ideas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía , actualmente los adultos mayores representan más del 9 por ciento de la población total del país que asciende a 112 millones 336 mil 538 habitantes y las proyecciones del Consejo Nacional de Población han determinado que en 2050 las personas de la tercera edad representarán el 27 por ciento de la población.
Aunado a lo anterior, en nuestro país existen 4 millones 50 mil 256 hogares que están encabezados por un adulto mayor, en tanto que 2 millones 196 mil 823 mujeres adultas mayores son jefas de familia.
Por consiguiente se espera que en las próximas cinco décadas la tasa natalidad siga descendiendo hasta alcanzar 11 nacimientos por cada mil habitantes en 2050 y por consiguiente la mortalidad descenderá hasta alrededor de 10.4, alcanzando una esperanza de vida de 80 años, cuyo nivel es similar al de Japón –país que actualmente encabeza este ranking mundial.
Analizando estas cifras, en el año 2034 el número de adultos mayores será adyacente al de niños, alcanzando 166.5 adultos mayores por cada 100 niños en 2050.
Cabe destacar que 72% de este incremento se presentará a partir de 2020, por ello contamos con poco tiempo para encarar este proceso.
Por ende, mientras nuestro país envejece, crece la desatención, despojo y el maltrato hacia los adultos mayores, quienes viven en una compleja situación de asilamiento como consecuencia de las pérdidas de facultades psicomotoras, sensoriales, de estabilidad, de independencia y sobretodo de carencias económicas que dificultan su desarrollo en el tejido familiar y social.
En este orden de ideas, según datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, de cada 10 denuncias que presentan los adultos mayores, tres se refieren al despojo patrimonial. Cabe señalar que son pocas las personas de la tercera edad que se atreven a denunciar ante las autoridades a sus propios familiares, pero tal es la gravedad de este ilícito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio:
Registro No. 163482
Localización: Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXII, Noviembre de 2010
Página: 1441
Tesis: I.2o.P.191 P
Tesis Aislada
Materia(s): Penal
Despojo calificado, es perseguible por querella de parte ofendida, cuando entre los sujetos del delito existe la relación de parentesco a que alude el primer párrafo del artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal.
El delito en comento resulta perseguible por querella de parte ofendida, por así disponerlo el primer párrafo del artículo 246 del Código Penal para el Distrito Federal, aun cuando entre el ofendido y el quejoso exista relación de parentesco por consanguinidad, ya que al actualizarse esa parte normativa, ello excluye la aplicación de la hipótesis a que se refiere el inciso c) del párrafo tercero, puesto que tal precepto es preciso al señalar “los delitos previstos en este título”, por lo que al no realizar distingo, es claro que aplica para cualquiera de los tipos penales a que se refiere el título, resulten calificados o no.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Amparo directo 312/2010. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: José Cuitláhuac Salinas Martínez.
En materia de violencia hacia el adulto mayor, el escenario es de igual forma alarmante, ya que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2009, 12,650 personas de la tercera edad (8,834 varones y 3,816 mujeres), murieron por esta causa. Lo anterior pese a que México signó la Declaración de Toronto para la prevención del maltrato a personas mayores en 2002.
Esta situación ha llegado a tal grado que la propia Organización Mundial de la Salud refiere que la violencia es una laceración de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.
Por los argumentos anteriormente vertidos la acelerada transición demográfica de nuestro país desembocará en el envejecimiento de la población y si no tomamos medidas a corto plazo, se presentarán graves repercusiones en la sociedad y por ende en la cohesión social, los derechos humanos y la acción gubernamental.
En respuesta a este escenario y en cumplimiento con lo previsto por el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, actualmente el Inapam, (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), se ha dado a la tarea de diseñar diversas estrategias en beneficio de este sector poblacional, entre ellos se ubica la “Cultura del Envejecimiento” que tiene por objeto propiciar una transformación cultural de la sociedad para que se valore y reconozca la dignidad de las personas adultas mayores, y de este modo asegurar y ampliar la protección efectiva de sus derechos humanos así como resarcir las diferencias sociales y combatir el desprecio, la discriminación, el despojo y la segregación de la cual son objeto.
La Cultura del Envejecimiento responde a diversos documentos internacionales en los cuales México ha participado, tal es el caso de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual se refiere a la creación de un entorno propicio y favorable como componente de su calidad de vida; el respeto a la no discriminación y la dignificación.
Del mismo modo, en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en 1994, la Cumbre de Población del Cairo y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague en 1995, México se comprometió a desarrollar instrumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que favorecieran el desarrollo de las personas de edad avanzada.
Asimismo, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señaló la importancia de promover una imagen positiva acerca de las personas de la tercera edad. Y en el numeral 7 de los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de la tercera edad se manifiesta:
7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.
Por su parte el Ejecutivo Federal, establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje 3. Igualdad de oportunidades, la obligación del Estado consistente en propiciar la existencia de la igualdad de oportunidades, en particular para aquellos que constituyen los grupos vulnerables como es el caso de los adultos mayores, abatiendo la marginación y el rezago.
En consecuencia, el objetivo que persigue la presente proposición consiste en que la Secretaría de Educación Pública fortalezca en sus programas educativos “La Cultura de Envejecimiento” a efecto de concientizar a nuestros infantes y jóvenes sobre el respeto hacia los adultos mayores, ya que desafortunadamente en ocasiones poseen una idea difusa respecto a su entorno familiar y social, por ello pocos reconocen su valiosa contribución a la familia y a la sociedad en general.
Este exhorto encuentra su fundamentación jurídica en el artículo 10 fracción VII de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que establece como una de las metas de la política nacional fomentar en la familia, el Estado y la sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr un trato digno, favorecer su revaloración y su plena integración social, así como procurar una mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia en las tres generaciones con el fin de evitar toda forma de discriminación y olvido por motivo de edad, género, estado físico o condición social.
Subsiguientemente en el artículo 12 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que señala obligación de los órganos públicos y las autoridades federales de implementar medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades para los adultos mayores:
Artículo 12.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas mayores de 60 años:
I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia;
II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:
a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie y
b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos, y
III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable,
De igual forma, en el artículo 17 fracciones III y VIII de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que establece como prerrogativa de la Secretaría de Educación Pública incorporar en los planes y programas de estudio en todos los niveles educativos, el proceso de envejecimiento; así como la difusión de esta cultura en toda la población:
“Artículo 17.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:
...
III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento;
...
VIII. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas adultas mayores.”
En congruencia con lo anterior, el artículo 12, fracción V, de esta Ley General de Educación asevera la facultad exclusiva de la autoridad educativa federal para fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria.
Finalmente, el artículo 8o. primer párrafo de la Ley General de Educación, establece el criterio en base al cual se dirigirá la educación que imparte el Estado:
“Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
...”
Es momento de fomentar en la sociedad mexicana una cultura en donde nuestros adultos mayores sean reconocidos y dignificados por sus experiencias de vida, ya que como acertadamente señaló Geriageri: “Los pueblos que no cuidan de sus niños no tienen derecho al futuro, los pueblos que no cuidan de sus viejos no tienen derecho a su historia”
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en ejercicio de la prerrogativa prevista en el artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fortalezca en sus planes y programas de estudio la cultura de envejecimiento.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a incluir por el Consejo de la Judicatura Federal el derecho internacional de los derechos humanos como materia obligatoria en los cursos que imparta para ingresar en la carrera judicial o desarrollarse en ésta, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., fracción I del numeral 2 del artículo 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que incluya el derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en los cursos que imparta tanto para ingresar a la carrera judicial, como para desarrollarse dentro de ésta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los aberrantes hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, sirvieron de catalizador para que se produjera el desarrollo del llamado derecho internacional de los derechos humanos que caracterizó la mitad de este siglo.
Este proceso tuvo como objetivo fundamental inducir a los estados a modificar aquellas partes inadecuadas de las leyes internas, de manera de asegurar el respeto a los derechos humanos. Como resultado lo que antes era un problema del dominio exclusivo de cada Estado, pasó también a serlo del derecho internacional.
El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.
Así lo establece también el artículo 133 constitucional al señalar:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
No obstante lo anterior, para hacer efectivo el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país, es indispensable que tanto profesionales del derecho, como jueces, magistrados, agentes del ministerio público, en fin, todos aquellos encargados de la procuración y administración de justicia lo conozcan a cabalidad y lo apliquen del mismo modo. Lamentablemente esto no se refleja en nuestra realidad. El desconocimiento de muchas de las normas del derecho internacional de los derechos humanos trae como consecuencia un limitado acceso a la justicia, impunidad, doble y triple victimización y muchos de los problemas sociales que aquejan actualmente a nuestro México.
Así lo notó la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul de Alburquelque y Silva, al señalar en el informe que rindió con motivo de su visita a México, durante octubre de 2010:
67. Otro elemento que procede subrayar en este contexto es que la gran mayoría de las abogadas y los abogados, incluyendo a funcionarias y funcionarios del poder judicial, no parece recurrir en su ejercicio profesional cotidiano al derecho internacional de los derechos humanos. Esta situación depende claramente de una resistencia de tipo cultural y sólo puede modificarse a través de una educación jurídica de calidad que tenga un enfoque internacional de derechos humanos.
94. Con base en las conclusiones arriba expuestas, la Relatora Especial se permite formular las siguientes recomendaciones al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:
“ee) El derecho internacional de los derechos humanos debería formar parte también de los cursos para acceder a la carrera judicial, así como para ejercer la profesión de abogado. Esta formación no sólo debería darse al comienzo de la carrera, sino que tiene que ser continua a lo largo de la carrera de los operadores de justicia;...
Nuestro país, –particularmente los órganos judiciales, por ser ellos los encargados de la impartición de justicia– está obligado a conocer y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, el cumplimiento de esta obligación se ve empañado por la ausencia de estudio y conocimiento de éste, lo cual constituye una doble falta de México en el ámbito internacional, ya lo señala el principio general de derecho que versa: “La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad”.
Es por eso que por medio de la presente proposición nos atrevemos a sugerir de la manera más respetuosa posible al Poder Judicial de la federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, quien de acuerdo a las facultades conferidas en su ley orgánica, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, a efecto de que atienda la recomendación de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados en el sentido de incorporar al derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en los cursos de ingreso y desarrollo de la carrera judicial.
Estoy segura, si nuestro país cuenta con funcionarios judiciales más preparados tendremos un México más justo y en paz.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, a que incluya el derecho internacional de los derechos humanos como una materia obligatoria en los cursos que imparta, tanto para ingresar a la carrera judicial, como para desarrollarse dentro de ésta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el DOF el 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Tal parece que la justicia social nunca llegará para un pequeño grupo de trabajadores mexicanos, actualmente adultos mayores, mismos que, a pesar de haber cumplido sus semanas de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no pudieron pensionarse en esa época, por no tener aún la edad exigida, y al cambiar la ley del IMSS en el siglo pasado, ahora están en total indefensión, ya que se les exige cotizar por al menos un año, lo que resulta casi un absurdo, porque actualmente son personas adultas mayores que no encuentran fácil colocación en algún empleo y que cuando lo obtienen el IMSS no lo acepta.
Decimos que están en total indefensión porque no tienen seguridad social en cuanto a salud, en cuanto a pensión, en cuanto a que algunos, son víctimas incluso hasta de sus propios familiares que los tienen recluidos, como si fuesen éstos adultos mayores, algún tipo de mueble descontinuado o descatalogado, que espera arrumbado, pacientemente a ser desechado al morir.
El IMSS les niega a éstos adultos mayores el otorgamiento de su pensión esgrimiendo que el artículo 151 de la Ley del Seguro Social exige que nuevamente estas personas consigan un empleo y cubran en el régimen obligatorio; por lo regular, un año más de cotización.
Conocemos todos lo difícil que es obtener algún tipo de empleo en el país, que la edad para conseguir trabajo se ha acortado, que cualquier persona que tenga actualmente más de treinta y cinco años –que es el caso de éste pequeño grupo de mexicanos- no lo obtiene, que sabemos del ejército de jóvenes denominados “ninis” que tampoco pueden trabajar por la falta y carencia de oportunidades.
Luego entonces; ¿qué empleo podrían obtener estos adultos mayores para poder cubrir el año de cotización que les exige el IMSS para tener su pensión?, tenemos conocimiento que muchos han rogado en diversas empresas les empleen sin pago alguno e incluso, ellos cubrir la cuota del IMSS, y cuando por casualidad o ayuda, entran a trabajar, el IMSS los da de baja de manera oficiosa, alegando que se está cometiendo un fraude en su contra y, además la empresa empleadora injustamente suele ser objeto de una auditoría por parte del instituto.
Es evidente la dificultad que este sobre requisito representa para estas personas de la tercera edad, ya que con los actuales índices de desempleo que existen en nuestro país, el obtener un trabajo se les dificulta a toda la población y en especial a los adultos mayores.
Para combatir esta inequidad, el 7 de marzo de 2006 se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de ley con proyecto de decreto propuesta por el entonces diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, en la que se proponía la adición de un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos: “En caso de que el asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio reúna el mínimo de cotizaciones señaladas como requisito para acceder a una pensión del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el instituto reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones al cumplir los requisitos de edad establecidos en dicho seguro.”
Posteriormente el 23 de marzo del mismo 2006, el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó por 323 votos en pro, cero en contra y una abstención, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, que contenía un exhorto al presidente de la república para que interviniera ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por conducto de su consejo técnico, autorizara por una única vez, que los adultos mayores que tienen cubiertas ante el Instituto el número de semanas cotizadas necesarias para una pensión, pero, por haber dejado de trabajar deben conforme al artículo 151 de la Ley del Seguro Social volver a emplearse, sean autorizados, a pagar directamente al IMSS el tiempo de cotización necesaria para acceder a una pensión sin necesidad de nuevamente afiliarse en el régimen obligatorio.
Las referidas iniciativa y la proposición con punto de acuerdo buscan resarcir, a éste, cada vez más, minoritario grupo, de sus derechos que de alguna forma les han sido escamoteados por escrupulosos servidores públicos, es el momento de devolverles –a los que aún viven– esa dignidad económica y que no continúen sintiéndose mexicanos expoliados por el gobierno en general.
Insistimos, en que éstos adultos mayores, fueron en su juventud y madurez trabajadores sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social, cubriendo durante años de sacrificio y trabajo, el número de semanas cotizadas necesarias para su pensión, pero que, desafortunadamente cuando cumplen la edad requerida para solicitarla se encuentran con que el Instituto les condiciona su otorgamiento a que a edad tan avanzada consigan un trabajo y se inscriban nuevamente al régimen obligatorio del seguro social.
Otorguémosles en la última etapa de su vida un ingreso mínimo en compensación por el trabajo que desempeñaron para dejarnos éste México en el cual vivimos y disfrutamos todos.
La Cámara de Diputados sensible a esta injusticia, aprobó el 26 de marzo de 2006 la esencia de ambas propuestas parlamentarias mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 18 Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, precisamente con 331 votos en pro y dos abstenciones. Turnándose esta minuta al Senado de la República, para los efectos constitucionales, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II- 3- 2514 del 26 de abril de 2006. Remitiéndose a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Salud y Estudios Legislativos.
Es nuestro deber en nuestro carácter de representantes populares hacer todo lo que está en nuestras manos para hacer realidad las causas justas del pueblo, con mayor razón cuando la reforma de la que venimos hablando se traduce en la tutela de los derechos de los adultos mayores.
Con base en todo lo expuesto someto a esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores para que, a la brevedad, dictamine y vote la minuta con proyecto de decreto que le fue turnada por esta honorable Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2514, de fecha 26 de abril de 2006, y por la que se adiciona un párrafo al artículo dieciocho transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995.
Décimo Octavo Transitorio. ...
Los asegurados que opten por acogerse al régimen de la Ley que se deroga, tratándose de las pensiones de cesantía en edad avanzada y de vejez tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva, cuando hayan cumplido los requisitos de edad y número de semanas cotizadas establecidos en dicha Ley, aún cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el período de conservación de derechos señalado en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previstos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. El pago de las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo duodécimo transitorio de esta ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a Pemex a tomar medidas preventivas y evitar la circulación, el estacionamiento y las maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales o comerciales y en el centro histórico de Puerto Vallarta, Jalisco, pues ponen en riesgo el ambiente y la seguridad de las personas o sus bienes, así como para prevenir desastres por sustancias químicas peligrosas y por combustibles, suscrita por los diputados Fernando Morales Martínez y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados Fernando Morales Martínez y Rafael Yerena Zambrano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo el medio ambiente, la seguridad de las personas o sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por el derrame de sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En el año de 2008 en Puerto Vallarta, Jalisco, surge una campaña denominada Por una vialidad segura, misma que detecta el ingreso de camiones tipo Full (camiones articulados con capacidad para 60,000 litros de combustible) al centro de la ciudad, lo cual no está permitido por la ley de tránsito estatal y municipal. Producto de esta misma campaña y derivado de la denuncia ciudadana, se detecta la existencia de patios de maniobras y talleres donde se almacena combustible de manera clandestina.
Después de varias reuniones con empresarios gasolineros, Protección Civil municipal, Tránsito municipal y diputados locales el Congreso del estado de Jalisco, promovieron una iniciativa que permitía vigilar y corregir este tipo de hechos.
El 10 de marzo de 2009 se suscitó un accidente en una gasolinera en Puerto Vallarta, en la que había ingresado una pipa cargada con más de 60,000 litros de combustible, y al salir de la misma se le desprendió el segundo tanque, ocasionando un accidente grave y poniendo en riesgo a la población.
Ante tal incidente, los diputados locales tomaron la decisión de acelerar un acuerdo legislativo promovido desde el año 2008 y que aún y cuando fue terminado el día 26 de marzo de ese año, no fue sino hasta el 30 de junio de 2009, más de un año después, que el Congreso del estado de Jalisco sometió a discusión dicho asunto.
El 30 de junio de 2009 el pleno del Congreso del estado de Jalisco aprobó la iniciativa de acuerdo legislativo, con el numero de acuerdo 777; mediante el cual se exhorta a diversas autoridades para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio.
Ante este exhorto, el 22 de julio de 2009 se presentó en las instalaciones de la empresa Distribuidora Central de Diesel de Vallarta, SA de CV, personal de Pemex Refinación para realizar una visita de inspección de acuerdo a las instrucciones que recibieron por parte del Congreso del Estado, generando esta visita observaciones menores según el oficio PXR-SC-GVM-SCI-677-2009 de 10 de agosto del mismo año.
El 23 de julio de 2009 la empresa en comento, fue revisada por Protección Civil municipal con el acta circunstanciada número 530 de misma fecha, sin encontrar irregularidad alguna y sólo señalando pequeñas observaciones para ser atendidas.
El 25 de agosto de 2009 se tuvo conocimiento de que en el Congreso del estado de Jalisco existía una iniciativa de ley que buscaba dejar sin efectos el Acuerdo 777, previamente señalado. En la iniciativa se argumentaba que la seguridad, que es lo que se pretendía supervisar, era un conflicto entre particulares y que tales actividades ya están normadas, reguladas y vigiladas por la normatividad vigente en la materia, no obstante que el artículo 21 del capítulo VII del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional señala: “La Secretaría y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones administrativas de carácter general a que deberán sujetarse los organismos descentralizados para la realización de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución...” de esta manera se desprende que contrario a lo que los diputados locales argumentaron, no existe tal normatividad.
El 26 de agosto de 2009 se reunió en sesión de pleno el Congreso del estado de Jalisco, en donde se discutiría el Punto de Acuerdo 777, mismo que fue votado por unanimidad a favor, dejándolo sin efectos. Cabe mencionar que el diputado Alfredo Zárate Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y de Protección Civil, votó a favor de la iniciativa al igual que los ponentes, diputados Ignacio Guzmán García y Francisco Javier Padilla Mancilla. Además, el diputado Jorge Alberto Salinas Osornio fue, en el momento de la sesión, el principal promotor de esta iniciativa.
Es necesario señalar que con base en la información publicada en el portal del Congreso del estado de Jalisco, el Acuerdo 777 tenía la fecha de entrada 15 de octubre de 2008 y fue aprobado hasta el 30 de junio de 2009, lo cual demuestra que el mismo fue estudiado tanto por el congreso como por las comisiones correspondientes. Sin embargo, el Acuerdo 785 que dejaba sin efectos el Acuerdo 777 el cual tenía fecha de entrada 26 de agosto de 2009 y fue aprobado en fast track el mismo 26 de agosto.
Asimismo destaca que el 27 y 28 de abril de 2009 salió a la luz en la prensa local imágenes de terrenos que almacenaban combustibles de manera clandestina y sin medidas de seguridad en Puerto Vallarta, Jalisco, sin que esto afectara la decisión del Congreso de estado de Jalisco.
El 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas para la distribución y comercialización de petrolíferos, publicadas por la Secretaría de Energía, en las que en su artículo 11 establecen la obligación de la elaboración de los proyectos de normas oficiales mexicanas que permiten garantizar la seguridad de las instalaciones, las personas y sus bienes, así como para contribuir al combate del mercado ilícito de combustibles.
No obstante lo anterior, a la fecha no han sido atendidas dichas disposiciones y el almacenamiento y distribución de combustibles en Puerto Vallarta, Jalisco, se ha convertido en un grave problema de seguridad para los vallartenses, ya que las pipas de hasta 60,000 litros se almacenan y distribuyen por particulares en las propias gasolineras o en lugares clandestinos cercanos a viviendas y centros de trabajo urbanos del municipio, y/o suministrándose directamente en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, con los riesgos que implica la transportación en las carreteras federales del estado, que ha ocasionado graves accidentes, por lo que consideramos importante que el almacenamiento y distribución de combustibles en Puerto Vallarta se realice a través del distribuidor A, construido para dicho fin, ya que esto disminuiría enormemente el riesgo para la población y la autoridad está facultada legalmente para hacerlo.
Lo anterior con base en lo establecido por el contrato de venta de primera mano que celebra Pemex Refinación con las estaciones de servicio, mismo que en su cláusula cuarta, inciso c), establece que Pemex Refinación está facultado para brindarle servicio a través de un tercero, atendiendo a criterios operativos, comerciales o de planeación.
En el caso del inciso c), la transmisión de la propiedad de los productos petrolíferos se dará en la terminal de almacenamiento y reparto correspondiente, siendo el tercero autorizado por “Pemex Refinación” el responsable de la custodia y transporte de los mismos así como de la responsabilidad civil, hasta su entrega en la estación de servicio.
Por su parte las disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2011, señalan en el artículo 6 que “Los organismos descentralizados sólo podrán negar, en forma parcial o total, la venta de primera mano y, en su caso, los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, cuando existan los siguientes impedimentos técnicos”:
“Se ponga en riesgo al medio ambiente o a la seguridad de las personas o sus bienes, de las instalaciones o de las estaciones de servicio. Lo anterior, por incumplimiento a lo previsto en las normas oficiales mexicanas correspondientes o, a falta de estas, conforme se prevé en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”.
Por lo que es claro que este tipo de hechos se presentan actualmente en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, poniendo en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las personas, lo que sin duda alguna facultaría a Pemex Refinación para cambiar el esquema de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles en este municipio.
Adicionalmente, tomando en consideración lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la Secretaría de Energía para conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en dicha dependencia y el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que señala que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán cumplir con las disposiciones administrativas y normas de carácter general que expida la Secretaría de Energía, consideramos que las disposiciones para llevar a cabo la “distribución y comercialización de petrolíferos”, señaladas anteriormente, establecieron los aspectos operativos que permitirán una mejor distribución de petrolíferos por parte de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios utilizando los servicios de distribución y comercialización de petrolíferos del distribuidor A, con base en criterios de eficiencia, que deberá incluir criterios operativos, comerciales y de planeación, así como principios de seguridad y sin incurrir en prácticas indebidas.
Los diputados a la LXI Legislatura abajo signantes debemos preguntarnos ¿Quién protege y garantiza la integridad física de los mexicanos y de los vallartenses? ¿Quién garantiza que los terribles sucesos ocasionados por una toma clandestina que ocasionó la muerte de 28 personas en San Martín Texmelucan, Puebla, y cerca de 300 muertes en la explosión de gasolina concentrada en subterráneos el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco, no ocurran en los distintos centros de almacenaje clandestino que se ubican en este municipio? Ya que a la fecha no existen disposiciones y/o las normas necesarias para garantizar la seguridad de los vallartenses, contrario a lo que estipula el acuerdo legislativo 785, contrario a la responsabilidad de las autoridades en este sentido y contrario a las demandas ciudadanas de los vallartenses.
Por lo anterior consideramos pertinente exhortar a la Secretaría de Energía (SE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) para tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio.
Ya que no podemos permitir que intereses comerciales en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, pongan en peligro la seguridad e integridad de los habitantes, que estamos obligados a preservar, y que desde esta soberanía deseamos ser los primeros en apuntalar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, a tomar medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo al medio ambiente, la seguridad de las personas o sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la dirección general de Pemex Refinación autorice la utilización de forma obligatoria del distribuidor A, como único centro de almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles en dicho municipio, a fin de que permita una mejor distribución de petrolíferos, con base en criterios de eficiencia, operativos, comerciales, de planeación y de seguridad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputados: Fernando Morales Martínez, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades a elaborar su diagnóstico y programa estatal de derechos humanos; a la Segob, a promover la realización de éstos; y a los Congresos locales, a etiquetar recursos destinados al mismo fin, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita diputada federal Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por esta LXI legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, éstos obligan a los Estados que los suscriben a ser cumplidos por ellos. En virtud de lo anterior, México debe cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas a través de la firma y ratificación de los tratados en la materia, y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. No puede, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención, invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 1
Con la adopción de la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, los Estados se comprometieron a diseñar un plan nacional de acción que identifique medidas que les permitan mejorar la promoción y protección de los derechos humanos, 2 en el entendido de que un acercamiento comprehensivo y estructurado de planeación de los derechos humanos facilitará alcanzar las metas deseadas. 3
En el mismo sentido, el Marco para la Cooperación Técnica de Quito, adoptado en la ciudad de Quito, Ecuador, en diciembre de 1999, identificó los planes nacionales de acción de derechos humanos como uno de los pilares para la cooperación en la región.
La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 89, 4 la facultad del Poder Ejecutivo Federal de conducir la política exterior del Estado mexicano en su conjunto, así como celebrar tratados internacionales. En adición a lo anterior, la Constitución concede, en su artículo 76, 5 la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo. Una vez ratificados dichos tratados, éstos se consideran parte del orden jurídico interno y, por lo tanto, son obligatorios en todo el territorio nacional. Lo anterior lo establece el artículo 133 constitucional. 6
Los planes de acción de derechos humanos son una medida efectiva para que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales, promueva la armonización de su legislación nacional a estas obligaciones, y consolide una política de Estado en materia de promoción y protección de los derechos humanos que contemple el carácter universal, indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos – civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 7
Estos planes de acción permiten mejorar la coordinación interinstitucional en materia de derechos humanos e incrementar la colaboración entre las autoridades del Estado en su conjunto, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la académica. 8
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) llevó a cabo durante el 2003, la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, el cual identificó las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México y definió recomendaciones y propuestas para superarlos.
El diagnóstico sirvió de base para la adopción de un Programa Nacional de Derechos Humanos, presentado en diciembre de 2004 por el Gobierno Federal. En esa misma fecha, se firmó el Acuerdo Nacional de Derechos Humanos entre las Entidades Federativas y la Secretaría de Gobernación, sentando las bases y apuntalando el compromiso para la elaboración de Programas estatales de derechos humanos. 9
A efecto de dar seguimiento a los compromisos de dicho Acuerdo, se estableció el Comité de Seguimiento al Acuerdo Nacional de Derechos Humanos (Comité). En la tercera sesión del mismo, celebrada el 26 de enero de 2006, la OACNUDH presentó una propuesta de colaboración para la elaboración de Diagnósticos sobre la situación de derechos humanos en los Estados (diagnóstico estatal), con el objeto de identificar los obstáculos que dificultan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en las entidades federativas, y generar propuestas de acciones concretas para un programa estatal de derechos humanos.
A la fecha solo se ha realizado el Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos en el Distrito Federal y los estados de Morelos, Guerrero, Baja California y Jalisco han iniciado sus trabajos, en razón de lo anterior resulta altamente importante, que los gobiernos estatales cuenten con un diagnóstico y programa estatal de derechos humanos.
La propuesta que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, busca la conformación, a nivel estatal, de espacios en donde confluyan los diferentes actores que deberán participar en la elaboración de un Diagnóstico, como un paso previo necesario para la conformación del programa respectivo. Sin que esta sea más que una metodología resulta una propuesta para que los estados elaboren políticas públicas en materia de derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta a los gobiernos estatales para que elaboren su diagnóstico y programa estatal de derechos humanos.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, a promover la realización de los diagnósticos y programas estatales de derechos humanos.
Tercero: Se exhorta a los Congresos estatales a etiquetar recursos destinados para su diagnóstico y programa estatal de derechos humanos.
Notas
1 Véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Documento A/CONF.39/27 (1969), 1155 UNTS 331, Viena, 23 de mayo de 1969, entrando en vigor el 27 de enero de 1980.
2 Véase párrafo 71 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptado el 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993.
3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Handbook on National Human Rights Plans of Action, Professional Training Series No. 10, Nueva York y Ginebra, 29 de agosto, 2002.
4 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
5 Articulo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la Republica y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión
6 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.
7 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Handbook on National Human Rights Plans of Action , Professional Training Series No. 10, Nueva Cork y Ginebra, 29 de agosto, 2002.
8 Ibídem.
9 Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, a los Congresos locales y a los ayuntamientos a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipyme; y al secretario de Economía, a dar cuenta a la opinión pública sobre los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios a efecto de conseguir los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numeral 2; y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado federal por el estado de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la competitividad es la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento. 1 Por su parte, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa señala que la competitividad es la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad; mientras que a nivel de empresa, se considera que es la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de las Mipyme en los mercados, con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen. 2 En este sentido, se considera que un país competitivo debe ofrecer a todo inversionista un marco regulatorio con reglas claras y que propicie la certeza jurídica en materia económica. Así, el Estado debe proteger aquellos bienes que se consideran valiosos para la sociedad, así como garantizar los derechos de todo agente económico a lo largo del proceso productivo.
Ser competitivo fomenta el crecimiento de las empresas, ayudando a maximizar el bienestar social de forma sostenida. La interacción del gobierno con todo agente económico debe tener siempre presente la meta de reducir los costos de transacción. Según el estudio Doing Business, realizado por el Banco Mundial en 2010, 3 en la clasificación que mide la facilidad de hacer negocios en un Estado, México ocupa el lugar 41 de 183 economías, el 90 para empezarlos, el 37 para el manejo de permisos de construcción y el 99 en lo que se refiere al registro de propiedades.
En dicho estudio se analizan las regulaciones que influyen en once fases de la vida empresarial: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, cierre de una empresa, obtención de electricidad y empleo de trabajadores. Según el mismo informe, México no cuenta con un ambiente de negocios propicio para la actividad empresarial; por lo que se hace necesaria la implementación de mecanismos de apoyo a la actividad empresarial, en especial, a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).
En México, tanto la federación como las entidades federativas y los municipios tienen competencia para regular distintos aspectos que inciden en la gestión de los trámites que los particulares se ven obligados a obtener; por ejemplo, las autorizaciones, los vistos buenos, las factibilidades, las licencias o permisos necesarios para poder llevar a cabo cierta actividad comercial. Esta distribución de competencias da como resultado un entramado abundante, complejo y, la mayoría de las veces, descoordinado y contradictorio, que genera barreras y obstaculiza la actividad empresarial para las Mipyme.
Con el objetivo de ayudar en el fomento de la inversión por medio de un fácil acceso y gestión de diversos trámites empresariales, el gobierno federal ha emprendido diversas acciones. Una de ellas es la implementación de la herramienta informática www.tuempresa.gob.mx; por medio de esta página web se puede tramitar lo siguiente: proyecto de estatutos de la empresa; acta constitutiva; permiso de uso de nombre o denominación social; aviso de uso del permiso de uso de nombre o denominación social; boleta de inscripción del acta constitutiva en el Registro Público del Comercio; cédula de identificación fiscal con clave de Registro Federal de Contribuyentes; y cita ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para recoger la tarjeta del registro patronal.
Por medio del citado portal, y en el caso de sociedades anónimas de capital variable y sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, se puede tramitar el permiso de apertura, cubrir los derechos correspondientes y obtener un modelo de los estatutos que regirán la sociedad; con lo cual se obtendrá la documentación completa para acudir ante el fedatario público con el objetivo de obtener la escritura constitutiva. Más aún, el portal sirve de enlace con el fedatario público, el cual podrá ser escogido de una lista oficial; asimismo, sirve de enlace para realizar el envío completo de la información ya ingresada por el usuario.
La implementación de los medios tecnológicos para la mejora de la gestión de trámites se ha visto reflejada en diversos órganos, entre los que destaca el Registro Público de Comercio. La posibilidad de agilizar los trámites, reducir los tiempos y traslados para la gestión de los trámites, así como la presentación simplificada de la información correspondiente, convierte a los medios tecnológicos en una herramienta de gran utilidad para los empresarios. La concentración de los trámites que deben realizar aquellas personas interesadas en constituir una Mipyme implica la coordinación, tanto de las dependencias competentes, como la vinculación con el usuario.
Es preciso destacar que una de las ventajas de la utilización de herramientas novedosas, es que hacen accesible la información jurídica necesaria para los empresarios, mediante la concentración de las leyes y reglamentos aplicables a las Mipyme.
Por otra parte, tenemos que las acciones emprendidas en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas obedecen al beneficio que generan las mismas. En este sentido, tenemos que el establecimiento de dichas empresas ha impulsado el crecimiento económico y la generación de empleos, lo cual se ve reflejado en el producto interno bruto.
Los programas de ayuda a las Mipyme se focalizan en el otorgamiento de financiamiento, tanto del sector público como del privado. Al respecto, las opciones utilizadas son microcréditos; adquisición de equipo, adquisición de insumos; adquisición de maquinaria, ampliación y modernización de instalaciones; asistencia técnica; capacitación, capitalización; cartas de crédito; centros tecnológicos y laboratorios; desarrollo tecnológico; estudios de mercado; exportación; ferias y exposiciones, garantías; gastos de operación; integración de la cadena productiva; pago de proveedores; pago de sueldos; proveedores; proyectos de inversión para la exportación; servicios fiduciarios; cajas solidarias; proyectos ecológicos; fondo para capacitación y asesoría; y, otros fondos para las Pyme. Para cada una de estas opciones existen instituciones públicas y privadas con programas específicos; por ejemplo, en materia de exportación, Bancomext cuenta con créditos y banca de inversión; en materia de estudios de mercado, el Conacyt cuenta con el Programa de Modernización Tecnológica. 4
La determinación del tipo de empresa y sus necesidades específicas ayuda a la generación de políticas públicas eficaces y eficientes que coadyuven a la consolidación de las Mipyme. La problemática a la que se enfrentan las Mipyme es, en gran medida, la falta de condiciones para el desarrollo de las mismas. De esta manera, se considera que no sólo es necesario procurar su financiamiento, sino la construcción de un entorno en el que se puedan desarrollar; es decir, la creación de un ambiente de negocios con estabilidad de gobierno, seguridad pública, apoyo del sector público y fomento de la industria. En este sentido, se encuentran obstáculos concretos como:
• Falta de acceso a la información útil a los empresarios.
• Altos costos de transacción.
• Falta de simplificación y coordinación para la obtención de trámites en los tres niveles de gobierno.
• Altos costos de materias primas, materiales y componentes.
• Capacidad de producción ociosa.
• Elevada imposición tributaria.
• Altas tasas de interés del crédito.
• Elevados costos de transporte, comunicaciones y otros servicios.
De esta manera, los tres ámbitos de gobierno necesitan redoblar los esfuerzos para apoyar a las Mipyme durante todo el proceso económico de las mismas; tomando en cuenta no sólo las necesidades regulatorias de los gobiernos, sino también del entorno en el que se desarrollarán.
Por lo expuesto y fundado, acudo a este honorable pleno para presentar y solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales, y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley.
Notas
1 México ante la crisis que cambió al mundo, Imco, 2009.
2 Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
3 www.ifc.org/spanish
4 Fuente : “Micro, pequeñas y medianas empresas en México. Evolución, funcionamiento y problemática”. Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, julio de 2002. Página web: http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/lineas/docs/varios/MPYMEM.pdf
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de septiembre del año 2011.
Diputados: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, José Luis Marcos León, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial del corredor económico del norte de México, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del honorable pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se solicita crear la comisión especial del corredor económico del norte de México de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 26, 27 y 28 establece las bases de la participación del Estado y los sectores sociales en la actividad económica.
De manera particular, el Constituyente estableció en el artículo 25 del texto fundamental que corresponde la rectoría del desarrollo nacional al Estado y dispuso como una de las premisas fundamentales para fortalecer la soberanía nacional y el régimen democrático, que el referido desarrollo sea integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, acompañado de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Constitución.
Para lograr que el desarrollo económico sea integral, resulta necesario que se impulsen planes y programas de impacto regional y local que fortalezcan el Plan Nacional de Desarrollo.
La inversión en infraestructura que se ha realizado en las últimas cuatro décadas en Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y, recientemente, en Sinaloa y Durango, especialmente en el sector comunicaciones, así como la conformación de cadenas productivas en la región, permitió unir esfuerzos a los titulares de los Poderes Ejecutivos de esas entidades para proponer la integración de un corredor económico en esa zona del norte del país, a través de cuyo proyecto se compartirán retos y oportunidades y sobre todo, el propósito de construir una visión estratégica regional común.
Por esa razón, el pasado 4 de mayo reunidos los gobernadores de los estados mencionados se reunieron en Victoria, Durango, asumieron el compromiso de conformar el corredor económico que conectará los mercados de Asia-Pacífico, con los de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con los de la Unión Europea, a través del Golfo de México, fundamentalmente a partir de la conclusión de la supercarretera Mazatlán-Durango, único tramo que faltaba para tener vías de comunicación terrestre modernas desde el Puerto de Mazatlán hasta las ciudades fronterizas más importantes de la Unión Americana y el Puerto de Tampico, que permitirá reducir los tiempos de traslado de 18 a 12 horas, así como abatir costos y acortar distancias, al tener una vía interoceánica más corta y competitiva, en esa zona del país.
La conformación del corredor se justifica para compartir las ventajas comparativas que ofrecen las entidades federativas que lo conforman, toda vez que en conjunto cuentan con amplios litorales, abundante fauna marina, grandes extensiones de bosques, enormes yacimientos minerales, reservas estratégicas de gas natural y petróleo, así como una diversidad ecológica y tierras aptas para el cultivo y la ganadería. Se cuenta además, en esa zona, con mano de obra calificada, por la presencia de planteles educativos de nivel superior con prestigio internacional, circunstancia que favorece la especialización productiva y la complementación e integración con el mercado global de América del Norte.
Se estima que las entidades integrantes del corredor, en conjunto, contribuyen con más del 21 por ciento del producto interno bruto al país, generan un 27 por ciento de la industria manufacturera y un 58 por ciento de la industria maquiladora de exportación, conformando además uno de los principales bloques de productores de alimentos a nivel nacional, por esa razón, partiendo de esas fortalezas, los representantes de los Estados han decidido aprovechar esas extraordinarias oportunidades para traducirlas en desarrollo, inversión, competitividad, empleo y una mejor calidad de vida de la población, para cumplir fielmente con el mandato constitucional.
Con el propósito de avanzar en esa tarea en beneficio del desarrollo regional y nacional los gobernadores de las referidas entidades, en la reunión del pasado 4 de mayo, acordaron, entre otras medidas específicas: a) elaborar el Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Económico Regional del Corredor; b) contratar estudios y celebrar convenios con el gobierno federal en materia de desarrollo regional e infraestructura del corredor, con base en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012; c) promover la expansión y consolidación de la infraestructura económica estratégica de la región; d) gestionar la autorización de proyectos y registros de obras prioritarias, y e) gestionar la liberación de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio.
Por lo que hace a la relación con el Congreso de la Unión, las entidades integrantes del corredor propusieron gestionar la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 a proyectos de infraestructura con impacto regional, y proponer la creación de una comisión especial del corredor económico del norte de México en el seno de la honorable Cámara de Diputados.
Por lo expuesto, con la finalidad de establecer una instancia idónea para atender de manera ágil y flexible los requerimientos que formulen a esta representación, con base en nuestra competencia, las entidades de tan importante región del país, en su carácter de asociadas en el corredor, así como la necesidad de coadyuvar en la asignación de recursos públicos para aplicarlos con el criterio de integración regional, así como para dar seguimiento en la evolución y consolidación del corredor y participar activamente, como lo exige nuestra condición de representantes populares, en tan importante proyecto, sometemos a su consideración la propuesta de crear la comisión especial del corredor económico del norte de México.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, determine la creación de la comisión especial del corredor económico del norte de México, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la comisión especial será emprender las actividades que derivan de su denominación.
Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2011.
Diputados: Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán, Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), (Chihuahua); Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Tereso Medina Ramírez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, Francisco Saracho Navarro (rúbrica), (Coahuila); Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica), (Durango); María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Ildelfonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), (Nuevo León); Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Miguel Ángel García Granados, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Aarón Irízar López, Óscar Javier Lara Aréchiga, Óscar Guillermo Lara Salazar (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), (Sinaloa); Carlos Flores Rico (rúbrica), Laura Felicitas García Dávila, Javier Gil Ortiz (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Cruz López Aguilar (rúbrica), Édgar Melhem Salinas (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), (Tamaulipas); Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), (Zacatecas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a instruir al director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a establecer mesas de diálogo con los organismos estatales de infraestructura física educativa en materia de descentralización de los recursos, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI
Héctor Franco López, en nombre de Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Fernández Aguirre, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores, de la Coordinación de Coahuila de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las fracciones I del artículo 6 y II del 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para el país, descentralizar la vida nacional es indispensable para el fortalecimiento de los municipios, los estados y la propia federación.
En educación, el tema de la descentralización de los recursos para la infraestructura educativa permite una concordancia más precisa entre las preferencias y necesidades de la población y el conjunto de servicios educativos ofrecidos por el Estado.
Reconociendo la importancia de la descentralización de los recursos, en 1984 los legisladores aprobaron una reforma del artículo 4 de la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Dicha reforma establecía que el comité llevaría una estrategia de descentralización transfiriendo la realización de programas a los gobiernos de los estados y de los municipios.*
El 1 de febrero de 2008, con la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se abrogó la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
En sustitución del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece la creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
El Inifed, actualmente, tiene facultades para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal y en las entidades federativas, situación que representa un retroceso en el proceso descentralización iniciado en 1984.
En la aprobación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, resulta confuso que se haya aprobado con las facultades descritas al Inifed y, al mismo tiempo, se hayan establecido entre sus artículos transitorios disposiciones para que las entidades federativas realizaran adecuaciones a su legislación, a fin de crear institutos estatales de la infraestructura física educativa.
Reconociendo este retroceso, nuestro compañero, el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, con fecha 1 de diciembre de 2009, presentó iniciativa que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Dicha iniciativa limita al Inifed a fungir como dependencia normativa y sólo se le otorga la atribución de construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, confiriendo facultades también a los estados, como debió haberse hecho desde un principio.
En virtud de la importancia del tema, la Cámara de Diputados, con fecha 6 de abril de 2010, aprobó por unanimidad la iniciativa que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, turnándose al Senado para los efectos constitucionales.
Es importante señalar que en el Presupuesto de 2008 a 2009, la Auditoría Superior de la Federación señaló, como uno de los resultados del Inifed, que el programa Mejores Escuelas aumentó sus recursos al doble, pero denota ineficiencia en el uso de los recursos.
En este tema, es importante escuchar a los estados, que han sido los más afectados en estos años. Por ello, respetando el proceso legislativo y las decisiones de la colegisladora, es importante que el tema, paralelamente a los esfuerzos ya establecidos por el Poder Legislativo, se trabaje con los actores fundamentales. El Inifed debe escuchar las necesidades de los estados y trabajar coordinadamente con los organismos estatales de infraestructura física educativa. Necesitamos que los recursos en este rubro se ejerzan eficientemente.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública a instruir al director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que establezca mesas de diálogo con los organismos estatales de infraestructura física educativa en materia de descentralización de los recursos.
Segundo. La Cámara de Diputados refrenda su compromiso en cuanto al proceso de descentralización en materia de infraestructura física educativa.
Nota
* Artículo 4o. De acuerdo con las modalidades que al efecto establezca el Ejecutivo federal, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas adecuará progresivamente sus acciones a una estrategia de descentralización, transfiriendo la realización de programas a los gobiernos de los estados y municipios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de septiembre de 2011.
Diputados: Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Fernández Aguirre, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica).
