Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3348-I, miércoles 14 de septiembre de 2011
Comunicaciones Oficiales II
De la Cámara de Senadores, con la que remite su calendario para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura
México, DF, a 13 de septiembre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para conocimiento de esa Honorable Cámara de Diputados, me permito enviar el calendario para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura.
Lo que hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 7 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Mesa Directiva
Del Senado de la República
A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente
Junta de Coordinación Política
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Senador José González Morfín (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Senador Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Senador Arturo Escobar y Vega
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Senador Ricardo Monreal Ávila
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Senador Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica)
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Senador Humberto Aguilar Coronado
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Senador Melquiades Morales Flores (rúbrica)
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Hoja de firmas del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura; 7 de septiembre de 2011
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar la partida correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado para 2011, y a modificar la estructura del PEC-2012 a fin de que se establezca un programa nacional de alimentación que ejerza 81 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil se destinen a Oaxaca, presentada por Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD
México, DF, a 13 de septiembre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar la partida presupuestal correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con base al Presupuesto de Egresos aprobado para 2011 y modifique la estructura del PEC-2012 para que se establezca un Programa Nacional de Alimentación, el cual ejerza 81 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil se destinen en su ejercicio al estado de Oaxaca.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
El senador Armando Contreras Castillo, integrante de la LXI Legislatura, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al pleno del Senado de la República que exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar la partida presupuestal, conforme a la inflación esperada para 2012, correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con base al Presupuesto de Egresos aprobado por esa Cámara para 2011 y modifique la estructura del PEC-2012 para que se establezca un Programa Nacional de Alimentación el cual ejerza 81 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil se destinen en su ejercicio al estado de Oaxaca. De conformidad con las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de septiembre del 2011 el gobierno federal presentó ante la Cámara de Diputados su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2012, en el que propone un ejercicio presupuestal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 260 mil 323.8 millones de pesos, lo que significa un incremento de 0.2 por ciento respecto de su proyecto de presupuesto para 2011, que hace un año envió, es decir, no tomó en cuenta que la Cámara de Diputados le modificó su propuesta para 2011, poniéndolo en poco más de 290 mil millones de pesos. Asimismo, para el 2012, Calderón propone aumentar en 39 por ciento el presupuesto para la Secretaría de Gobernación, en 24 por ciento a la PGR, en 10.3 por ciento a la SSP, en 7.4 por ciento a la Sedena y en 4.1 por ciento a la Semar. Por lo que resulta absurdo que a todos los programas destinados al campo mexicano se le disminuya en un 20 por ciento respecto al presupuesto que aprobaron los diputados, mientras que se aumenta considerablemente el presupuesto en materia de inseguridad pública.
Es necesario que los legisladores pongamos orden en la definición de las políticas gubernamentales para la producción agropecuaria en el país y así garantizar la alimentación de los mexicanos. A nivel internacional se nos señala que los precios de los principales granos, como el maíz y el trigo, seguirán aumentando en los próximos doce meses. Mientras que en nuestro país, el Coneval, en su informe de 2010, nos señala que en México viven 57 millones de personas en condiciones de pobreza y que de éstos, 28 millones viven en pobreza por hambre, es decir que sus ingresos diarios no les alcanza para adquirir los alimentos que requieren ellos y su familia; pero además que de estos 20 millones viven en áreas rurales, siendo la mitad indígenas. Es decir, ahí donde se producen los alimentos vive la mayoría de los que padecen hambre. Asimismo, es conocido que cerca de la mitad de la población en Oaxaca es indígena, que ocupa el primer lugar como estado con mayor grado de marginación, siendo que el 90 por ciento de su población está en condiciones de pobreza y que el 27 por ciento está en inseguridad extrema.
La Auditoria Superior de la Federación nos in formó públicamente, hace unos meses, que la dependencia alimentaria de nuestro país en 2008 fue de 42 por ciento; que estamos importando el 95 por ciento del frijol soya que consumimos, el 80 por ciento de arroz, el 56 por ciento del trigo, el 35 por ciento del maíz y del frijol y el 40 por ciento de la carne de res y de cerdo, y que seguimos teniendo el nada honroso, primer lugar como importadores de leche en polvo. Asimismo, el año pasado importamos 25 mil millones de dólares en alimentos, cantidad superior a todo el presupuesto ejercido en el campo.
En abril del presente año, el Congreso de la Unión, a partir de nuestra firme decisión como senadores de la república, aprobó reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, y en agosto, la Comisión Permanente instruyó al diario oficial de la nación que publicaran dicha reforma, con base en que, en ese momento, 18 Congresos estatales también la aprobaron. Dicha reforma establece que el Estado garantizará el derecho que tiene toda persona a contar con una alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual; además que el “Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”, y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece, en su título tercero, que para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, el gobierno promoverá la producción de alimento básicos en el país y define cuales son los once productos básicos, fundamentalmente granos, carnes, leche y huevo.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, el titular del gobierno federal no toma en cuenta la situación adversa de los precios internacionales de los alimentos, ni la información que el Coneval dio a conocer y mucho menos la decisión legislativa que el Constituyente Permanente tomó entre abril y agosto de este año. Tampoco tomó en cuenta los comentarios, que en el mes de junio hizo el relator especial de la ONU en materia de Derecho a la Alimentación, al concluir su visita a México.
Es por esto que proponemos que sean los legisladores mexicanos quienes asuman la responsabilidad de establecer un Programa Nacional de Alimentación que quede incluido en la estructura presupuestal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del PEF de 2012, el cual reoriente varias de las partidas presupuestales que actualmente existen y que estos recursos se destinen a ejecutar programas en los estados que garanticen la producción de alimentos en las parcelas de los productores mexicanos, sobre todo de los pequeños productores, de los ejidatarios y de los indígenas, con la participación de las mujeres y los jóvenes sin tierras.
Este Programa Nacional de Alimentos debe ser una iniciativa de producción social de alimentos a nivel local, que garantice la disponibilidad y el acceso a los alimentos por la población pobre de las zonas rurales; se trata de hacer un cambio de paradigma en la producción y distribución de alimentos. Un segundo objetivo es que este Programa reduzca en un 30 por ciento la dependencia alimentaria que padece nuestro país, estableciendo módulos de producción para el consumo local, utilizando tecnologías ya probadas en universidades como la Universidad Autónoma de Chapingo, definiendo metas especificas de producción por región y localidad y haciendo que el PEF sea un verdadero instrumento de transformación y cambio estructural para beneficio de la mayoría de la población rural e indígena de nuestro país y que este instrumento presupuestal no siga estando el servicio solamente de los que más ingresos tienen y de empresas trasnacionales, como la Cargill, que son los que reciben la mayor parte de los subsidios al campo, como lo corroboró en junio pasado el relator especial de la ONU.
Este Programa Nacional de Alimentación puede tomar 22 mil 286 millones de pesos del actual Programa Nacional de Fomento a la Producción para la Alimentación; 824 millones, del Ramo 06 de Hacienda y Crédito Público; 746 millones, del Ramo 10 de Economía; 3 mil 826 millones, del Ramo 15 de Reforma Agraria; 54 mil 095 millones, del Ramo 20 de Desarrollo Social; dando un total de 81 mil 777 millones. La base de la integración de los recursos para este programa es la reorientación de partidas presupuestales que ya existen y que solo se aumente el PECDRS-2012 en un porcentaje similar al de la inflación esperada para el próximo año.
Es por todo lo anterior que sometemos respetuosamente a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que el Senado de la República exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara Diputados para que se incremente en un porcentaje igual a la inflación esperada, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, la partida correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, tomando como base el PEF de 2011 autorizado por la Cámara de Diputados. Asimismo, que se modifique la estructura presupuestal del PEC-2012 para que se establezca un programa nacional de alimentación que ejerza 81 mil millones de pesos y de éstos se destinen, al menos, 5 mil millones para el estado Oaxaca.
Senador Armando Contreras Castillo (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para crear el programa de prevención y atención de la violencia y el maltrato infantiles, presentada por Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 13 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para la creación del programa de prevención y atención de la violencia y maltrato infantiles.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
Secretarios de la Mesa Directiva
De la Cámara de Senadores
Del Congreso de la Unión
Presentes
Emma Lucía Larios Gaxiola, Guillermo Tamborrel Suárez y el suscrito, Alfredo Rodríguez y Pacheco, senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, dirigida a la Cámara de Diputados del. Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos para la creación de un programa de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil por parte del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia).
Consideraciones
Ningún tipo de violencia es justificable y toda violencia puede ser prevenible
Sérgio Pinheiro, 2006.
Por comportamientos aprendidos, razones sociales y culturales o de distinta índole, los niños y los adolescentes mexicanos sufren de violencia y maltrato en espacios y lugares que deberían ser de protección, como el hogar, la escuela, en los sistemas de protección y de justicia y en la comunidad.
Los menores de edad forman parte de la población más vulnerable debido a su dependencia física, afectiva, económica y social respecto a los adultos. Los especialistas distinguen cuatro tipos de maltrato infantil: físico; psicológico o emocional; abuso sexual, y de negligencia u omisión.
La violencia es un problema que compete a todos los países y es considerado desde 1996 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un grave problema de salud pública, por los daños a la salud de las víctimas, el sufrimiento que produce entre los afectados y la carga de trabajo que genera en los servicios de salud.
Así, según estimación en 2007 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), todos los años 275 millones de niños en el mundo son víctimas de violencia en sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la comunidad, las calles y situaciones de trabajo.
La dimensión del maltrato infantil en América Latina es epidémica y no distingue clase social, etnia ni género. Según datos del Unicef, en la región más de 50 por ciento de los adultos, mujeres y hombres, piensan que es normal usar el maltrato contra los menores de edad como forma de educación y castigo.
De acuerdo con el Informe nacional sobre violencia y salud, elaborado por la Secretaría de Salud y auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es uno de los países más violentos del mundo, situación que tiene un impacto negativo entre los niños y los adolescentes, pues desde hace casi 30 años mueren asesinados a diario dos menores de 14 años a causa de la violencia familiar y la delincuencia común.
El citado estudio revela que tanto en México como Centroamérica, el castigo físico se justifica como un mecanismo que utilizan los padres para corregir o enderezar las conductas de los hijos. Así, formas de violencia como golpear, pellizcar o patear a los niños no son consideradas acciones lesivas.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el Reporte Temático Número 1, “Violencia y maltrato a menores en México” (febrero de 2005), señala que el país ocupó el segundo lugar por su tasa de muerte por homicidio en menores de 15 años.
Según el estudio del secretario general de la ONU, en 2007 en la región la violencia contra los menores de edad en el interior de las familias se manifiesta principalmente por medio del castigo físico como forma de disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica. En este sentido, la Secretaría de Salud federal, en el Informe nacional sobre violencia y salud, elaborado en 2006, reconoce que existe “un alto nivel de tolerancia” para la violencia que se ejerce contra la población infantil, ya que los castigos físicos y el maltrato verbal “son prácticas cotidianas que gozan de niveles altos de aceptación” y en las escuelas son prácticas que no se han prohibido.
Por otro lado, el 19 de noviembre de 2010, la Red por los Derecho de la Infancia en México 2010 en el estudio La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales. Ensayo temático de la infancia cuenta en México, señala que el país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que la tasa de mortalidad por homicidios en la población de 15 a 17 años de edad, de 2007 a 2008, se incrementó en 50 por ciento.
Sin embargo, en el país todavía no se cuenta con un registro nacional adecuado de los casos de maltrato infantil reportados a las autoridades (salud, educación, protección a la infancia o justicia). Es decir, no hay manera de saber si los casos que reporta uno de estos sectores son los mismos registrados en otro, como señala la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el ensayo temático La infancia cuenta 2010.
Al respecto, el informe emitido en el 2007 por el Unicef señala que las evidencias indicarían que sólo una pequeña parte de la violencia contra los niños es denunciada a la justicia e investigada por los órganos competentes, y pocos agresores son procesados, ya que sólo llegan a conocimiento de las autoridades los casos más severos, y muchos de ellos son clasificados como accidentales, sin que se inicien investigaciones al respecto.
Centrándonos en el impacto social y económico implicado directamente en los servicios de salud, tenemos que de acuerdo con la OMS (2004), la violencia destroza vidas y supone importantes costos económicos para las sociedades de todo el mundo, algunas de las cuales gastan más de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en tratar las lesiones relacionadas con la violencia.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (1996 y 1997) calculó sobre las repercusiones económicas de la violencia que los gastos en servicios de salud equivalían por sí solos a 1.3 por ciento del PIB en México.
Con estos resultados se considera que la situación es preocupante, debido a que los menores maltratados y desatendidos padecen más problemas de salud, lo que ocasiona costos en la atención sanitaria significativamente más elevados; acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato.
Dentro del efecto de largo plazo podemos encontrar que algunos expertos advierten que si no reciben el tratamiento adecuado las víctimas de violencia y maltrato infantil pueden mostrar un comportamiento violento en las diferentes etapas biológicas de su desarrollo. Un estudio realizado por la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil revela que quienes tuvieron una infancia marcada por el abuso extremo, negligencia y tortura, tras haber sido víctimas algunos de ellos se convierten en victimarios, perpetuando de esta manera el círculo de violencia y que muchas de las víctimas que no tuvieron la oportunidad de resarcir el dolor y el sufrimiento, ni fueron sometidos a tratamiento y rehabilitación prolongada, no logran superar el resentimiento de sus primeras etapas de vida y, posteriormente, durante la adolescencia, existe la posibilidad de que se unan a grupos subversivos, o que inicien una vida criminal y vengativa, como lo demuestran prácticamente casi todos los expedientes de asesinos, narcotraficantes, secuestradores.
Por ello, es fundamental tomar en cuenta que un diagnóstico temprano basado en la observación de indicadores físicos y de comportamiento puede rescatar a muchos infantes del martirio de la violencia. Por esta razón, los expertos hacen énfasis en la necesidad de identificar oportunamente a un niño de alto riesgo o en situación de maltrato, ya que de esta manera se puede salvar a innumerables víctimas.
Estimados compañeros, como legisladores, estamos obligados a procurar que haya recursos suficientes la implementación de una política pública eficiente que prevenga y combata la violencia y el maltrato infantil y adolescente, y de esta manera, tomemos en cuenta que si un niño, niña o adolescente, vive una situación de violencia y maltrato; frena la potenciación y desarrollo de las habilidades necesarias para aprender, socializar y desempeñarse en los contextos donde convive, por es fundamental lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes abandonen los hogares por malos tratos o ante la omisión o negligencia de sus padres, madres o cuidadores abandonen sus estudios y se tomen el camino fácil , el camino que los conduzca a engrosar las filas de la criminalidad, por citar un ejemplo.
La violencia y el maltrato de niñas, niños y adolescentes es un atentado a los derechos elementales de este sector de la población, consagrados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la materia, México ha suscrito instrumentos jurídicos de carácter obligatorio, como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, y que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos humanos y al estado como responsable de su protección, en materia de atención de la salud, educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
En esta misma convención, se establece que los estados parte tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger a los adolescentes contra toda forma de abuso, descuido y/o explotación. El artículo 19 de la citada convención obliga al Estado mexicano a la realización de “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
En el mismo sentido, México ha firmado otros acuerdos que reconocen y protegen los derechos de las personas como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por el Senado mexicano en 1972, que establece la obligatoriedad del Estado mexicano de dar cumplimiento a estos instrumentos internacionales.
Al respecto y para dar cumplimiento a lo dispuesto a los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud, la 49 Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1996, instó a los estados miembros a mejorar los sistemas de registro y reporte de los diversos tipos de violencia, a desarrollar actividades de investigación sobre los factores de riesgo y mecanismos asociados a este fenómeno y al desarrollo de estrategias preventivas de la violencia que se presenta en los distintos espacios sociales.
De la misma forma, en el seguimiento a cumplir con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, el comité de expertos de este instrumento jurídico en 2006 recomendó al gobierno de México intensificar sus esfuerzos “por elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre todos los niños menores de 18 años, que necesitan protección especial”.
La Secretaría de Salud de nuestro país, atendiendo la recomendación de la Asamblea Mundial de la Salud, ha desarrollado esfuerzos desde 1999 para la prevención y atención de la violencia en el ámbito de sus competencias, con la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
También se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde se dieron a la tarea de diseñar un modelo de prevención y atención a la violencia en los espacios de salud, dirigido inicialmente a la violencia contra las mujeres y gracias al presupuesto etiquetado para este fin por la Cámara de Diputados, desde 2002 y hasta 2006, fue posible validar el modelo y extenderlo paulatinamente a los servicios estatales de salud de las 32 entidades federativas del país; a través de la celebración de convenios de colaboración con las secretarías estatales de salud.
Por otra parte, en 2001 se creó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) y después de varias modificaciones a su marco legal hoy es el encargado de difundir y evaluar las políticas nacionales, estrategias, lineamientos y procedimientos en materia de atención de la salud de la infancia y la adolescencia, así como de la vacunación de la población.
Lamentablemente el Censia no cuenta con presupuesto para elaborar e implementar un modelo de prevención y atención a la violencia y al maltrato de niñas, niños y adolescentes en los espacios de salud, siendo la instancia adecuada debido a que la violencia en sus distintas formas y manifestaciones produce en las víctimas efectos sobre la salud mental, complicaciones médicas y lesiones que incluso pueden llevar a la muerte, las cuales son previsibles con acciones realizadas en el primer nivel de atención en centros de salud y hospitales.
Es importante hacer énfasis en que a pesar de que existen instituciones encargadas de la protección de la infancia como los albergues del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, las procuradurías de la defensa del menor; en el sistema nacional de salud no existe ninguna instancia o programa que realice acciones de prevención y detección oportuna que mejore la calidad de vida y reduzca la potencialidad del daño derivado de la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes.
Tomando en cuenta que dentro de los costos directos en el impacto de la problemática de la violencia y el maltrato en niñas, niños y adolescentes está el rubro de la justicia penal y por otro lado el más demandante el de la atención médica; los servicios de salud constituyen un área de oportunidad fundamental para la prevención dirigida al cambio de conductas, a través de la educación en salud a la población y la promoción del derecho a una vida libre de violencia y al maltrato de niñas, niños y adolescentes, así como la detección temprana en las primeras fases del inicio del ciclo de la violencia y el maltrato que permita el desarrollo integral de los menores de edad.
Por ello, es importante la creación de Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños y Adolescentes en todo el país y, en la medida de lo posible; restaurar la salud física y mental de los afectados, a través de manejo médico, apoyo psicológico y en su caso referencia a una unidad especializada y cuando sea posible deberá promoverse también la atención de los probables agresores.
Por lo anteriormente planteado, es necesario que se destinen recursos para financiar una política pública efectiva enfocada a dar prioridad a la prevención y a la intervención temprana de la violencia y el maltrato de niñas, niños y adolescentes, en 100 por ciento de los hospitales generales existentes a nivel nacional, que en total suman 664. La estimación para cubrir las necesidades del programa en una primer etapa es de 198 millones de pesos, de acuerdo a datos del propio Censia.
Es por ello compañeros que nos permitimos plantearles la conveniencia de emitir los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, 198 millones de pesos, para la creación del Programa de Prevención y Atención del Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez considere el establecimiento Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños y Adolescentes, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Segundo. Se exhorta y solicita atenta y respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la Cámara de Diputados, para que coadyuven en la incorporación del recurso solicitado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para la creación del Programa de Prevención y Atención del Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez considere el establecimiento de Centros Especializados de Prevención y Atención de la Violencia y el Maltrato en Niñas, Niños, y Adolescentes, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2011.
Senadores: Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco.
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento sustancial de los recursos de 2012 del programa IMSS-Oportunidades para que amplíe su cobertura y mejore la calidad de los servicios que presta a la población más vulnerable del sector rural, presentada por Heladio Ramírez López, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 13 de septiembre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Heladio Ramírez López, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento sustancial al presupuesto del programa IMSS-Oportunidades para 2012, a efecto de que cuente con mayores recursos para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la población más vulnerable del sector rural.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
En México la pobreza extrema es un fenómeno mayoritariamente rural y algunas de sus más dolorosas manifestaciones son la recurrencia de enfermedades que podrían prevenirse, y las más altas tasas de mortalidad materna e infantil.
Los problemas de salud de las comunidades campesinas se agudizan porque 63 por ciento de esta población habita en municipios ubicados en zonas montañosas y de difícil acceso, que encarece la construcción de infraestructura médica y dificulta el acceso a los servicios de salud.
La patología de la pobreza se expresa de manera particularmente severa en los municipios indígenas, donde los riesgos sanitarios se incrementan por las condiciones insalubres en que vive la mayoría de la población.
El limitado o nulo acceso de las comunidades más marginadas a la atención médica y hospitalaria profundiza su desigualdad y reproduce las condiciones de vulnerabilidad económica y social.
A pesar del mandato constitucional, que dispone extender la protección de la seguridad social a todos los mexicanos, hay regiones de la geografía rural en las cuales la cobertura de los servicios de salud es muy deficitaria.
Por lo anterior, es preciso apoyar esquemas que han probado su eficacia para proporcionar atención y servicios médicos a la población campesina e indígena como el programa IMSS Oportunidades.
Las brigadas médicas que el programa IMSS- Oportunidades lleva a comunidades pobres y marginadas ofrecen diversos servicios que previenen enfermedades y mejoran las condiciones sanitarias de las familias más humiles. Promueve el cuidado a la salud, a través de unidades móviles de diagnóstico y quirúrgicas, con servicios médicos de alta especialidad a esa población rural.
En la actualidad, su infraestructura médica cubre localidades rurales en 19 estados del país, así como localidades urbanas en 26 entidades federativas. El 59 por ciento de las localidades cubiertas por el programa está en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con índices de alta y muy alta marginación.
En 2011, el programa IMSS Oportunidades tiene asignado un presupuesto de 8 mil millones de pesos, que es insuficiente para ampliar su cobertura y mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades de atención para la salud.
En este tenor, es imperativo incrementar los recursos financieros que le permitan mejorar la calidad de sus servicios y atender a un mayor número de beneficiarios, fundamentalmente en los estados que concentran casi dos terceras partes (63 por ciento) de la población sin acceso a servicios de salud como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, México, Veracruz, Morelos y el Distrito Federal.
Por las anteriores razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que el Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que considere un incremento sustancial al presupuesto del programa IMSS Oportunidades para el Ejercicio Fiscal de 2012, a efecto de que cuente con mayores recursos para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la población más vulnerable del sector rural.
México, DF, 8 de septiembre de 2011.
Senador Heladio Ramírez López (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 una partida especial con la que en el ciclo escolar 2012-2013 se garantice un paquete de útiles gratuitos para estudiantes de escasos recursos inscritos en nivel básico, presentada por Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 13 de septiembre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 2012 considere una partida especial para que en el ciclo escolar 2012-2013 se garantice gratuitamente un paquete de útiles escolares para los estudiantes de escasos recursos inscritos en cualquiera de los niveles de educación básica.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, Senadora Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los gobiernos de los estados deben de reconocer y garantizar los derechos de todos los ciudadanos a través de la promoción de servicios como parte de las estrategias donde se impulsa el desarrollo.
En el caso particular de la educación, el combate a los niveles de deserción escolar se induce con la eficiencia en el acceso a oportunidades donde se da respuesta a las necesidades prioritarias en cualquier materia.
En materia de educación, el Programa de Útiles Escolares ha buscado asegurar el alcance de todos, facilitando desde su acceso y que contribuya en el combate a los principales problemas sociales de nuestro país, además de incrementar la mejoría en los resultados de la escolaridad.
La gratuidad y la universalidad de los programas educativos han beneficiado a los más lo necesitan, por este motivo es importante que la aplicación y la permanencia de las estrategias consoliden el sistema de derechos asociados a la educación y se refleje en el beneficio de los estudiantes pero también a la economía de las familias.
La dotación de útiles escolares en áreas y regiones del país con mayor marginalidad, es una forma de impulsar la educación donde se garantiza el acceso gratuito a todos los niños y niñas de los niveles educativos obligatorios, donde a través de programas específicos se invierte en las regiones con el mayor rezago escolar.
Los Programas de Desarrollo Humano Oportunidades y las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en la educación inicial y básica del gobierno federal han apoyado a la población en situación de pobreza con sustento en salud y alimentación, enfocándose así en la reducción de las brechas de desigualdad principalmente.
Sin embargo, estamos seguros que la mejor inversión que podemos realizar es en la educación de nuestro país, por ello es importante el compromiso en los tres órdenes de gobierno para combatir la deserción escolar a través de la dotación de útiles escolares para los estudiantes de escasos recursos de México.
Los estados de Tabasco, Tlaxcala, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, estado de México, Tamaulipas, Querétaro y Campeche han impulsado esta estrategia de apoyo emergente para la economía de las familias más necesitadas y gracias al apoyo solidario de sus Congresos locales se han podido ejercer estas medidas sociales, donde se promueve el acceso y la continuidad de los estudiantes en las instituciones públicas de educación.
Asimismo, con el propósito de incrementar el aprovechamiento escolar, apoyar en el gasto familiar relacionado con la compra de los útiles escolares, constituir una medida que refuerza la seguridad y fortalezca el sistema de derechos de la educación, constituidos en el artículo 3o. constitucional, se solicita que se otorguen mayores recursos para el Ramo 11 a fin de dar continuidad al Programa de Útiles Escolares en todas las regiones del país.
A consecuencia de lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 considere una partida especial para el rubro de educación, destinado a garantizar que en el ciclo escolar 2012-2013 se entregue un paquete de útiles escolares para los estudiantes de escasos recursos inscritos en los planteles públicos de educación básica.
Salón de sesiones del Senado de la República, DF, a 13 de septiembre de 2011.
Senadora Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica)
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras de Senadores y de Diputados a realizar los procedimientos conducentes a legislar en favor de la salud por el daño derivado del consumo excesivo de refrescos y de bebidas con edulcorantes
Recinto Legislativo, a 7 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 50 fracciones IV, V, XI, y 58 fracciones XVI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a la y los 16 jefes delegacionales a realizar de manera permanente campañas de difusión con la finalidad de hacer conciencia en la población de esta ciudad capital, de los efectos a largo plazo que produce el consumo de refrescos y bebidas edulcoradas.
Segundo. Se exhorta a los congresos locales de la República Mexicana y a los 66 diputados de este órgano colegiado a realizar en sus módulos de orientación, atención y queja ciudadana a realizar de manera permanente campanas en donde se haga conciencia en la población, de los efectos que a largo plazo produce el consumo de refrescos y bebidas edulcorantes.
Tercero. Se exhorta a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, para que realicen los procedimientos legislativos necesarios con la finalidad de legislar a favor de la salud respecto al daño por el consumo excesivo de refrescos y bebidas edulcoradas.
Sírvase encontrar anexo al presente copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes,
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida,
Atentamente
Diputado Guillermo Orozco Loreto (rúbrica)
Presidente
Diputado Guillermo Orozco Loreto
Presidente de la Diputación Permanente
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Presente
Los que suscriben diputada Ana Estela Aguirre y Juárez y diputado Arturo López Cándido, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I, XXI, 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración de los diputados integrantes de la diputación permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta a diversas dependencias del gobierno capitalino, congresos locales y Congreso federal a realizar una campaña contra el consumo de bebidas azucaradas y edulcorantes, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Cuando un fenómeno social ya ha rebasado cualquier instrumento de gobernabilidad y se ha convertido en un tema de agenda prioritaria y, mucho más, en un problema de salud pública que generará masivamente muertes tempranas y enfermedades fácilmente evitables –si existiera un sistema de salud–, entonces es el conjunto de la sociedad y los fragmentos del estado que deseen participar, los que deben tomar la vanguardia para lograr desarrollar las condiciones mínimas para que ese proceso social patológico reduzca su cauda de daños.
2. Sabemos ya que nuestra infancia es de las más obesas del mundo, y no por ello dejar de ser anémicas; el 5 de septiembre, en medios de comunicación, se dio a conocer un estudio que arroja que México se ha convertido en el mayor comprador de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos con una ingesta mayor a los 163 litros por persona al año, México se gana otro primer lugar. Tenemos al hombre más rico del mundo, a la infancia más obesa del mundo, a uno de los países que ocupan un lugar deshonroso en corrupción en el mundo, así como un sistema de desigualdad social de primer nivel, sumado, claro está, a uno de los países donde más violencia se da, en el mundo. Ahora somos el país más consumidor de refrescos en el mundo.
3. El sistema de salud pública ha sido reventado por negligencias, omisiones e intereses económicos puros, y es un momento idóneo para que hagamos más de lo que podemos hacer por inhibir el consumo desmedido de refresco. Cuando bebemos un refresco, nuestro consumo de azúcar se eleva a 5 cucharadas por vaso; es decir, que quien bebe un litro de refresco al día está consumiendo 25 cucharadas de azúcar (500 kilocalorías). Un refresco no nos aporta ni las vitaminas ni la fibra que nos proporcionaría el agua de frutas. En consecuencia, el refresco nos aporta gran cantidad de “kilocalorías vacías”, que es el término popular para referirse a una gran cantidad de energía, proveniente de un alimento sin un aporte de nutrimentos como proteínas, vitaminas o minerales. Para ejemplificar, una nutrióloga del Instituto Nacional de la Nutrición explicó que si una persona consume una dieta adecuada a sus necesidades energéticas, por ejemplo 2.500 kilocalorías/día; pero además de eso bebe un litro diario de refresco (500 kilocalorías más). Esta mayor cantidad de energía hará que la persona aumente medio kilo de grasa la primer semana, dos kilos de grasa en un mes y finalmente 24 kilos de grasa en un año. La recomendación del Instituto Nacional de Nutrición es no consumir más de ocho cucharadas de azúcar por día. Existe también la otra cara de la moneda, que se presenta principalmente tanto en niños y adolescentes en crecimiento, como en las personas con delgadez extrema, que desean subir de peso, indicó. En estos casos, el consumo exagerado de refresco (un litro al día) puede contribuir a “engañar” al organismo para no tener hambre. Esto se debe a que uno de los tantos mecanismos que tiene nuestro organismo para sentir hambre, se da a través de la cantidad de glucosa que circula en sangre. Si la concentración sanguínea de glucosa desciende, el cerebro (que se alimenta principalmente de glucosa) lo detecta y en consecuencia manda una orden al organismo diciendo que debe comer. Si una persona consume azúcar frecuentemente a lo largo del día o sustituye algunas comidas por dulces y refrescos, el cerebro no va a detectar que la persona necesita comer y por lo tanto no se alimentará, teniendo como consecuencia la desnutrición.
4. Hay varias propuestas como subir impuestos a las bebidas azucaradas que el Congreso debe considerar: “Un impuesto a refrescos provocaría una reducción en su consumo de 16 a 24 por ciento, que significaría una reducción en calorías y una mejoría de la economía de las familias, que gastan, en su mayoría, más en refrescos que en huevo, frijoles o tortilla”, afirmó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor y se contaría con recursos del orden de los 2 mil 300 millones de dólares para introducir bebederos de agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos, que reducirían aún más el consumo de bebidas con alto contenido calórico, a la vez se obtendrían recursos para enfrentar las consecuencias de la epidemia de obesidad, agregó. Hay más opciones que sumadas disminuirían drásticamente el consumo de líquidos azucarados como una cruzada social de padres de familia, jóvenes, instituciones, empresas verdaderamente responsables con la sociedad y las propias refresqueras que se comprometan a producir bebidas de bajo contenido de azúcar, edulcorantes y demás nocividades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta diputación permanente la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a la y los 16 jefes delegacionales a realizar de manera permanente campañas de difusión con la finalidad de hacer conciencia en la población de esta ciudad capital, de los efectos a largo plazo que produce el consumo de refrescos y bebidas edulcoradas.
Segundo. Se exhorta a los congresos locales de la República Mexicana y a los 66 diputados de este órgano colegiado a realizar en sus módulos de orientación, atención y queja ciudadana, de manera permanente, campañas en donde se haga conciencia en la población, de los efectos que a largo plazo produce el consumo de refrescos y bebidas edulcoradas.
Tercero. Se exhorta a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, para que realicen los procedimientos legislativos necesarios con la finalidad de legislar a favor de la salud respecto al daño por el consumo excesivo de refrescos y bebidas edulcoradas.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 7 de septiembre de 2011.
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez (rúbrica)
Diputado Arturo López Cándido
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el retiro formal de las solicitudes de los ciudadanos Rubén Jorge Tapia Ruvalcaba, Cándido López Anaya, Alfredo de la Torre Rivera y Gonzalo Orostico Clemente para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas
México, DF, a 13 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y en alcance al oficio número SEL/UEL/311/2881/11, de fecha 1 del actual, mediante el cual se solicitó el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del articulo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que diversas personas puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona.
Al respecto, me permito solicitar el retiro formal de las solicitudes de prestar servicios de los promoventes que a continuación se señalan:
• Rubén Jorge Tapia Ruvalcaba
• Cándido López Anaya
• Alfredo de la Torre Rivera
• Gonzalo Orostico Clemente
Lo anterior, en virtud de que las cartas presentadas no se encuentran claras respecto del lugar en el cual prestarán sus servicios, motivo por el cual serán devueltos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos procedentes. Asimismo, les solicito la devolución de los expedientes de los mismos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Adrian Flores Ledesma (rúbrica)
Con fundamento en los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, firma el Director General Adjunto de Proceso Legislativo.
