Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3344-I, jueves 8 de septiembre de 2011
Comunicaciones
De la Mesa Directiva
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizaron modificaciones de turno, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria los días 6 y 16 de junio y 22 de agosto de 2011, de los siguientes asuntos:
1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentada el 29 de abril de 2010.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y, de Justicia para dictamen.
2. Iniciativa por la que se expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada el 25 de mayo de 2011.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Vivienda, y de Seguridad Social para dictamen.
3. Iniciativa que expide la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados; se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Civil Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, presentada el 3 de agosto de 2011.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia para dictamen, y a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
México, DF, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
De la Mesa Directiva
Honorable Asamblea
La Presidencia de la Mesa Directiva comunica que durante el receso se recibieron solicitudes de diputados para retirar sus iniciativas y proposiciones, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de los siguientes asuntos:
1. Del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Población, presentada el 7 de julio de 2010, sea retirada de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
2. Del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa por la que se reforma el artículo 71 de la Ley General de Población, presentada el 30 de noviembre de 2010, sea retirada de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
3. Del diputado Ricardo Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por la que se expide la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, presentada el 9 de noviembre de 2010, returnada el 24 de febrero de 2011, sea retirada de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública.
4. Del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que solicita que su iniciativa por la que se reforma el artículo 40 y adiciona un artículo 42 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y adiciona el artículo 194, fracción XVIII, del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada el 4 de noviembre de 2009, returnada el 22 de febrero de 2011, sea retirada de las Comisiones de Energía y de Justicia.
5. Del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita que su iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación, de las Leyes del Impuesto sobre la Renta; del Impuesto Empresarial a Tasa Única; del Servicio de Administración Tributaria; de Coordinación Fiscal; del Seguro Social; Federal de Derechos; y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada el 29 de abril de 2011, sea retirada de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social.
6. Del diputado Héctor Pedraza Holguín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por el que se reforman los artículos 9, 10 y 19 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada el 29 de marzo de 2011, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
7. De la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 1 de marzo de 2011, sea retirada de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Defensa Nacional, y de Economía.
8. Del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada el 3 de diciembre de 2009, sea retirada de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Economía.
9. Del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Vivienda, presentada el 29 de abril de 2010, sea retirada de la Comisión de Vivienda.
10. Del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada el 15 de diciembre de 2010, sea retirada de la Comisión de Defensa Nacional.
11. Del diputado Sergio Arturo Torres Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas deposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada el 13 de diciembre de 2010, sea retirada de las Comisiones de Defensa Nacional y de Gobernación.
12. Del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por la que se expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Apoyo y Fomento al Microcrédito, presentada el 13 de diciembre de 2010, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
13. Del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita que su iniciativa por la que se expide la Ley del Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo, presentada el 13 de octubre de 2010, sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
14. De la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al INBA y al jefe de gobierno del Distrito Federal a declarar la Plaza de Toros México como monumento artístico y patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal, presentada el 30 de noviembre de 2010, sea retirada de las Comisiones de Educación Púbica y Servicios Educativos, y del Distrito Federal.
Por lo que se tienen por retiradas y actualícense los registros parlamentarios.
México, DF, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
De la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, para turnar iniciativas conforme al artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados
La Presidencia informa que, en atención a la solicitud presentada por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, y publicar en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
La Mesa Directiva con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen.
1. Promovente: Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Turno: Comisión de Gobernación.
Expediente y sección: 975/Quinta.
2. Promovente: Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 23 de septiembre de 2010. (832)
Turno: Comisión de Economía.
Expediente y sección: 2725/Séptima.
De los diputados Elpidio Desiderio Concha Arellano y Liev Vladimir Ramos Cárdenas, por la que solicitan el retiro de iniciativas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto hago propicia la ocasión para enviare con respeto y afecto un saludo. Asimismo, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el propósito de que la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”, sea retirada, ya que se le harán algunos ajustes de forma, de carácter metodológico.
Sin otro particular, y agradeciendo sus finas atenciones, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica)
México, DF, a 7 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presente
Por medio de la presente le envío un cordial saludo. De igual forma, le solicito de la manera más atenta que se retire la iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue listada y recibió turno en la sesión del 6 de los corrientes, presentada por el que suscribe.
Lo anterior, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica)
Del diputado Roberto Albores Gleason
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito hacer de su conocimiento que a partir del 8 de septiembre de 2011 me reincorporo a mis actividades como diputado a la LXI Legislatura. Lo anterior, para los efectos legales conducentes.
Agradeciendo su amble consideración atención a la presente, le envío un cordial saludo y le reitero mi más alta y distinguida consideración.
Respetuosamente
Diputado Roberto Albores Gleason (rúbrica)
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente sobre el manejo de la deuda pública
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 1 de septiembre del 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara De Diputados
Presente
En relación al dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público, a enviar a esta soberanía un informe detallado sobre el incremento de la deuda pública, durante esta administración”, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fecha 27 de julio del presente año, donde se dispone, en el punto primero lo siguiente:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados para que remitan a esta soberanía un informe respecto de la aplicación y el manejo de la deuda pública contraída por el gobierno federal en la presente administración y su concordancia con lo aprobado por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sobre el endeudamiento del gobierno federal.
Al respecto, con fecha 25 de agosto del 2011, mediante oficio OASF/0963/2011, el auditor superior de la Federación dio cumplimiento a dicho punto, remitiendo a esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el Informe sobre la Evolución de la Deuda Pública, en el cual se considera lo siguiente:
En los últimos años, la estrategia de endeudamiento público se ha adaptado a las condiciones de los mercados nacionales e internacionales. En este contexto, en el mercado interno el gobierno federal ha instrumentado programas de colocaciones flexibles, acordes con la demanda de instrumentos de deuda por parte de los participantes en el mercado, mismos que han permitido satisfacer los requerimientos financieros del gobierno federal. En el ámbito externo, las colocaciones se han orientado a fortalecer las referencias de los bonos mexicanos en los mercados internacionales, y a ampliar y diversificar la base de inversionistas, aprovechando las oportunidades de financiamiento con mejores condiciones en cuanto a tasas de interés y plazos de vencimiento.
Bajo este esquema, el gobierno federal como principal usuario de los recursos ha registrado un crecimiento significativo en el saldo de su deuda, el cual ha estado en línea con los límites de endeudamiento neto anual, establecidos en la legislación aplicable, y se ve reflejado en los distintos conceptos de deuda que se utilizan; así, en lo que va de la actual administración el saldo bruto de la deuda del sector público presupuestario casi se duplicó al registrar un incremento de 94.3 por ciento entre 2006 y 2010, Y como proporción del PIB pasó de 21.5 por ciento a 33.1 por ciento es decir, aumentó 11.6 puntos porcentuales. Por su parte, la deuda del sector público federal creció en 90.2 por ciento en igual periodo y respecto al PIB incrementó su proporción en 11.5 puntos porcentuales.
La mayor deuda pública también se debe a los 269.9 mil millones de pesos asociados con la nueva Ley del ISSSTE, ya los 545.5 mil millones de pesos derivados del reconocimiento en 2009 de los pasivos de los Pidiregas de Pemex como deuda directa, que representan 2.2 por ciento y 4.6 por ciento del PIB.
A la fecha, el incremento de la deuda no ha afectado en mayor medida a las finanzas públicas del país; debido a que el costo financiero (intereses, comisiones y gastos) se ha mantenido relativamente estable como proporción del PIB, con una ligera tendencia a la baja, ya que entre 2006 y 2010 pasó de 2.0 por ciento a 1.9 por ciento, mientras que en 2000 representaba 2.2 por ciento del producto.
En términos de sostenibilidad, vulnerabilidad y flexibilidad, la deuda se ha mantenido en niveles manejables, por lo que las calificaciones que otorgan las agencias especializadas la clasifican en un rango que supera el mínimo de inversión.
A nivel internacional la deuda pública bruta de México se compara favorablemente con los países miembros de la OCDE, ya que muestra la participación más baja como porcentaje del PIB frente a países como Japón, Grecia e Italia, cuya deuda supera el1 00. 0 por ciento de su producto.
No obstante lo anterior, debe tenerse presente que la relación deuda-PIB rebasa el rango de 30.0 por ciento recomendado por las mejores prácticas internacionales para países en desarrollo, ya que si a la deuda del sector público federal se le adiciona la deuda de las entidades federativas y municipios, las obligaciones derivadas de pensiones y jubilaciones, la deuda del PIB y otros pasivos contingentes, se estaría alcanzando una proporción superior a 45.0 por ciento del PIB.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 74, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 76 y 77, fracciones I y XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, remito a Usted el informe de referencia para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Diputada Esthela Damián Peralta
Presidenta
México, DF, a 25 de agosto de 2011.
Diputada Federal Esthela Damián Peralta
Presidenta de la Comisión de Vigilancia
De la Auditoría Superior de la Federación
Presente
Nos referirnos al comunicado CVASF/LXI1753/2011 al que acompaña copia del oficio CP2R2A.-2117 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, donde informa que se aprobó el dictamen de la Tercera Comisión en los siguientes términos:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados para que remitan a esta soberanía un informe respecto de la aplicación y el manejo de la deuda pública contraída por el gobierno federal en la presente administración y su concordancia con lo aprobado por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, en anexo nos permitimos enviarle el documento Informe sobre la Evolución de la Deuda Pública, que contiene la información solicitada.
Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.
Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez (rúbrica)
Auditor Superior de la Federación
(Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con las que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente
México, DF, a 5 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-1055 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.103.-132/2011 suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 1 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/716/11, de 10 de marzo de 2011, mediante el cual remite copia del acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 9 de marzo de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.”
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, director general de Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.-1440, de 15 de junio de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
Ciudad de México, a 15 de junio de 2011.
Doctor Francisco Leopoldo de Rosenzweig
Mendialdua
Coordinador de Asesores de la SCT
Oficinas
Me refiero a su oficio número 1.103.-100/2011 de fecha 16 de mayo del año en curso, mediante el cual hace referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 9 de marzo de 2011, por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de autobuses pirata en el territorio nacional.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que conforme se dispone en el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, la vigilancia de los servicios de autotransporte federal en su operación, es por ello que se está enviando copia de esta solicitud al comisario general Luis Cárdenas Palomino, jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
Atentamente
Ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizarraga (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Transportes.)
México, DF, a 5 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-945, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1. 103.- 133/2011, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México DF, a 1 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/768/11, de 16 de marzo de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 15 de marzo de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a implementar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla, se solucione.”
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el ingeniero Jesús Verdugo López, director general adjunto de Supervisión Física de la Dirección General de Desarrollo Carretero, mediante oficio 3.4.3.-431, de 20 de junio de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
México, DF, a 20 de junio de 2011.
Doctor Francisco Leopoldo de Rosenzweig
Mendalúa
Coordinador de Asesores de la SCT
Presente
Me refiero a su oficio número 1.103.-111/2011, de fecha 16 de mayo de 2011, dirigido al licenciado Fausto Barajas Cummings, subsecretario de Infraestructura, mediante el cual remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 15 de marzo de 2011, cuyo resolutivo fue:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a implementar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín de la carretera México-Puebla, se solucione.”
Al respecto le informo que la concesionaria, Banobras, a través del organismo Capufe, está elaborando un proyecto de ampliación de 13 a 22 carriles de cobro para la plaza de cobro San Martín mismo que también se encuentra en proceso de autorización de recursos, por lo que en fecha próxima se podrán iniciar los trabajos correspondientes.
Por lo que toca a la plaza de cobro San Marcos, actualmente cuenta con 14 carriles de cobro y opera de manera estable. No tiene reportes de problemas de saturación, pero se mantendrá un monitoreo para prever las medidas correctivas en caso necesario.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Director General Adjunto
Ingeniero Jesús Verdugo López (rúbrica)
(Se remite a la Comisión Transportes.)
México, DF, a 5 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-1081, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1. 103.- 134/2011, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado Sonoyta-Caborca, en el estado de Sonora.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México DF, a 1 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/766/11, de 16 de marzo de 2011, mediante el cual remite copia del acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 15 de marzo de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado Sonoyta-Caborca, en el estado de Sonora.”
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el ingeniero Clemente Poon Hung, director general de Carreteras, mediante oficio 3.1.403.055, del 18 de agosto de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
México DF, 18 de agosto de 2011.
Doctor Francisco Leopoldo de Rosenzweig
Mendalúa
Coordinador de Asesores de la Oficina del
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Presente
En atención a su oficio número 1.103:- 11 0/2011, mediante el cual se refiere al punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 15 de marzo de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cuyos resolutivos cito:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado Sonoyta-Caborca, en el estado de Sonora.”
Sobre el particular, le informo que la modernización y ampliación del tramo Caborca-Sonoyta fue concluido e inaugurado el pasado mes de marzo del presente año.
En lo que respecta al tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, el cual tiene una longitud de 192.0 kilómetros; se informa que actualmente se tienen concluidos 69.0 kilómetros, se encuentra en proceso de ejecución una longitud de 27.0 kilómetros en el presente ejercicio presupuestal, y a principios del mes de agosto se publicó la convocatoria de la licitación de los 96.0 kilómetros faltantes como proyecto prioritario con lo cual se concluye la modernización y ampliación de esta carretera a finales de año 2012.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Clemente Poon Hung (rúbrica)
Director General de Carreteras
(Se remite a la Comisión de Transportes.)
México, DF, a 5 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-1069 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1. 103.-136/2011 suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la publicación del Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 1 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/882/11 de 24 de marzo de 2011 mediante el cual remite copia del acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que publique el Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, referente al envío de paquetería y mensajería.
En atención a ello me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, obsequió el ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, director general de Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.-2058, de 5 de agosto de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
México, DF, a 5 de agosto de 2011
Coordinación de Asesores del Secretario
Presente
Hago .referencia al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de marzo de 2011, mediante el cual solicitó a esta dependencia del Ejecutivo federal de respuesta al siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que publique el Reglamento del Articulo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, referente al envío de paquetería y mensajería.
Sobre el particular, me permito comunicarle que con fecha 29 de marzo de 2011, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Paquetería y Mensajería, en el cual se establecen las condiciones a las que se sujetará la prestación de este servicio.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizarraga (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Transportes.)
México, DF, a 5 de septiembre de 2011
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1175, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1. 103.- 139/2011, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al otorgamiento del descuento del 50 por ciento permanente en las tarifas de pasaje del autotransporte federal para personas con discapacidad.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México DF, a 1 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1196/11 del 27 de abril de 2011, mediante el cual remite copia del Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 26 de abril de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus atribuciones, amplié y emita una circular equivalente a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2010, con el propósito de que se otorgue un descuento del 50 por ciento permanente en las tarifas de pasaje del autotransporte federal para personas con discapacidad.”
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones Transportes, obsequió el ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, director general de Autotransporte Federal, mediante oficio 4.2.-2057, del 5 de agosto de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
México DF, a 5 de agosto de 2011
Coordinación de Asesores del Secretario
Presente
Hago referencia al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de abril de 2011, mediante el cual solicitó a esta dependencia del Ejecutivo federal que dé respuesta al siguiente resolutivo:
“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus atribuciones, amplié y emita una circular equivalente a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de julio de 2010, con el propósito de que se otorgue un descuento del 50 por ciento permanente en las tarifas de pasaje del autotransporte federal para personas con discapacidad.”
Sobre el particular, me permito comunicarle que en la fracción V del artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se establece que “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:
...
V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.
...
Bajo este contexto normativo, esta dependencia del Ejecutivo federal llevará a cabo reuniones con las asociaciones y cámaras del ramo, a fin de establecer convenios tendentes a dar cumplimiento al precepto citado en el párrafo que antecede.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Miguel Heberto Elizalde Lizárraga (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Transportes.)
México, DF, a 5 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1349, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.- 142/2011, suscrito por la ciudadana Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol.
Atentamente
Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de septiembre 2011.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/253/11, del 28 de enero de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 26 de enero de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyos resolutivos cito:
Primero. La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco, con objeto de evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, y detectar de manera oportuna las descargas clandestinas. Segundo. La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol, con objeto de mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el maestro Fausto Barajas Cummings, subsecretario de Infraestructura, mediante oficio número 3.-534, del 20 de julio de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica)
Encargada de la Dirección General de Vinculación
México DF, a 20 de julio de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/2S3/11, de fecha 28 de enero del presente año, mediante el cual hace del conocimiento al coordinador de asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes los acuerdos aprobados por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, del Poder Legislativo federal, en la sesión de fecha 26 de enero de 2011, en los términos siguientes:
Primero. Lo Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar un programo de saneamiento de la bahía de Acapulco, con objeto de evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado y detectar de manera oportuna las descargas clandestinas. Segundo. La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol, con objeto de mejorar lo circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando lo calidad vial del puerto de Acapulco.
Sobre el particular, con relación al primer acuerdo se informa que no es de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por lo que se refiere al segundo acuerdo, hago de su conocimiento que el Maxi Túnel, situado en Acapulco, Guerrero, no forma parte integrante de la autopista federal Cuernavaca-Acapulco, conocida como Autopista del Sol, sino que es una vía general de comunicación estatal, otorgada en concesión por el gobierno del estado de Guerrero a una empresa privada, por lo que no es posible atender favorablemente dicha solicitud, por tratarse de una vía general de comunicación de jurisdicción del estado de Guerrero.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Fausto Barajas Cummings (rúbrica)
Subsecretario de Infraestructura
(Se remite al promovente.)
De la Cámara de Senadores, con la que remite las conclusiones del grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones
México, DF, a 6 de septiembre de 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos que correspondan, me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobaron las
Conclusiones del grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del acuerdo comercial antifalsificaciones
Primera
El proyecto de acuerdo comercial anti-falsificaciones, conocido como ACTA, contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser consideradas por el Ejecutivo federal antes de signar el acuerdo internacional de referencia.
Estas disposiciones se encuentran principalmente contenidas en el apartado denominado: “Sección 5: Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”. Cabe aclarar que aunque el término “ámbito digitar” no se define en el proyecto analizado, es indubitable que, por lo menos, se refiere al Internet y sus servicios.
En este sentido, se considera la responsabilidad constitucional del Senado de la República en la aprobación de los tratados internacionales que el Ejecutivo federal suscriba, contenida en el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución Política, que enseguida se transcribe:
...aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Por ello, si bien la firma de los tratados y convenciones a que se refiere este artículo, es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, para que dichos instrumentos jurídicos sean efectivos y tengan vigencia en el derecho nacional, es necesaria la aprobación del Senado de la República.
Segunda
El grupo plural considera que el Senado de la República, en coordinación con la honorable Cámara de Diputados, continúe e incremente las actividades encaminadas a actualizar y mejorar la legislación nacional que proteja con eficacia y efectividad los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y los derechos conexos, como una variable indispensable para mejorar el estado de derecho en el país y, con ello, las condiciones favorables a la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la cultura, así como a la mejora de la competitividad económica.
El grupo plural considera que, para realizar una efectiva reforma al régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, debe asumirse que existe un dinámico proceso de reconversión del sector de los contenidos y su transmisión y que el régimen de protección debe ajustarse a este proceso.
De igual forma, se considera necesario prever las normas jurídicas y políticas públicas pertinentes para fomentar en México una cultura ciudadana de respeto a los derechos de propiedad intelectual, basada en la información de los perjuicios que la violación a estos derechos conlleve, con difusión en todos los medios de comunicación incluidos todos los existentes en Internet.
Tercera
El grupo plural considera que el Senado de la República en coordinación con la honorable Cámara de Diputados realice un seguimiento a los análisis e informes especiales que diversos organismos multilaterales, entre ellos la Organización de la Naciones Unidas, están realizando actualmente en relación con los derechos de libertad de opinión y expresión a través del internet; de tal manera que la legislación nacional mantenga su actualización y vanguardia en este ámbito.
Cuarta
El grupo plural considera que el pleno del Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal a que en un futuro, las secretarías de Estado y entidades negociadoras de tratados, cumplan y respeten las disposiciones legales en materia de celebración de acuerdos comerciales de esta naturaleza, ya que la falta de comunicación consulta y transparencia pueden obstaculizar el proceso de negociación y generar argumentos para aprobar o rechazar cualquier firma o ratificación.
Quinta
Finalmente, el grupo plural considera pertinente que el pleno del Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal a no suscribir el acuerdo comercial anti-falsificaciones en virtud de que:
a) En el proceso de negociación de este acuerdo se violó la Ley sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes en dicha negociación generando opacidad e impidiendo al Senado de la República dar el adecuado seguimiento a dicha negociación.
b) En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de acuerdo comercial anti- falsificaciones resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico, como ha quedado descrito en las consideraciones de este documento.
c) La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del acuerdo comercial anti-falsificaciones resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país.
d) La implementación del acuerdo comercial anti-falsificaciones podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso al Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la “brecha digital” y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada “sociedad de la información y del conocimiento”;
El acuerdo comercial anti-falsificaciones podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural”.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a organizar y apoyar la constitución de un frente parlamentario bicamaral permanente contra el hambre en el país, a cargo de María de los Ángeles Moreno Uriegas, en nombre de los diputados Reginaldo Rivera de la Torre (PRI), Francisco Alberto Jiménez Merino (PRI) y Rosendo Feliciano Marín Díaz (PRD)
México, DF, a 6 de septiembre 2011.
Secretarios de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas y los diputados Reginaldo Rivera de la Torre, Francisco Alberto Jiménez Merino y Rosendo Feliciano Marín Díaz presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a organizar y apoyar la constitución con carácter bicamaral y permanente de un frente parlamentario contra el hambre en nuestro país.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Junta de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora de la república María de los Ángeles Moreno Uriegas, así como los diputados federales Reginaldo Rivera de la Torre, Francisco Alberto Jiménez Merino y Rosendo Feliciano Marín Díaz , integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en las demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la alimentación corresponde a un derecho humano reconocido universalmente y que actualmente ha conseguido ser ratificado por casi la totalidad de los países de América Latina y el Caribe mediante los distintos tratados internacionales o pactos vinculantes que lo incluyen. A partir de esta condición, los Estados se han visto obligados a respetar y garantizar la vigencia de este derecho a todas las personas que habitan sus respectivos territorios mediante la implementación de mecanismos normativos de protección, ya sea consagrados en la Constitución Política de la República, leyes, decretos y en los respectivos reglamentos que las regulen, a través de marcos jurídicos constituidos por leyes conexas y con el fortalecimiento y la creación de Instituciones pertinentes y con la asignación de un presupuesto adecuado.
Actualmente podemos identificar tres mecanismos de protección por medio de los cuales el derecho a la alimentación puede ser exigido:
1) Mediante vías administrativas,
2) La vía neta mente judicial (casos particulares tratados y resueltos por un órgano que tiene características de tribunal, después de un procedimiento con todas las garantías del debido proceso); y
3) Los mecanismos cuasi-judiciales (donde hay por lo menos una adjudicación respecto de violaciones de derechos humanos imputadas a un Estado, en respuesta a una denuncia por parte de un particular).
En este contexto, es que desde el ámbito parlamentario hemos coincidido diferentes representantes de los grupos parlamentarios constituidos en el Congreso, en avanzar con la iniciativa promovida desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más concretamente a través de la Secretaría, de la Iniciativa para América Latina y el Caribe sin Hambre , para comprometernos a colaborar desde nuestro espacio de competencia.
En México hay más de 54 millones de pobres, 20 millones se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, más de 40 millones tienen algún grado de desnutrición, la obesidad y el sobrepeso afectan al 70 por ciento de los mayores de 15 años y según cifras oficiales, este problema le cuesta al país en su sistema médico más de 40,000 millones de pesos anualmente. Esto significa, que la pobreza alimentaria es con mucho el problema socioeconómico más importante del país. Aunado a esta situación, es muy preocupante el incremento que actualmente se registra de las importaciones alimentarias en perjuicio de la planta productiva, el empleo y el ingreso de los mexicanos. De acuerdo a los últimos informes, la importación de alimentos supera el 54 por ciento del consumo nacional, el 33 por ciento de las necesidades de maíz con más de 9 millones de toneladas; 65 por ciento de trigo; 75 por ciento de arroz; y 95 por ciento de soya. Si además consideramos que desde el 2008 a la fecha la importación de carne de bovino aumentó 440 por ciento; la de aves, 280 por ciento; la de cerdo, 210 por ciento; la de huevo, 50 por ciento; 85 por ciento la de maíz; y en 44 por ciento la de sorgo. Este complejo panorama nacional se agudiza cuando nos percatamos que no hay reservas nacionales suficientes para hacer frente a contingencias de gran magnitud como la actual, pues se carece de un plan estratégico para la producción y abasto de alimentos.
Derivado de lo anterior, el interés para constituir un Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) en América Latina y el Caribe surgió como un esfuerzo coordinado entre la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (ALCSH) y diversos foros parlamentarios de la región, tales como el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (Foprel) y el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Asimismo, a partir de 2009 se inició un amplio proceso de articulación entre parlamentarios de la región con el objetivo de cubrir los espacios legislativos y coadyuvar a situar el tema del hambre y la inseguridad alimentaria en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas en los distintos espacios de discusión nacional, regional y subregional, introduciendo dicha iniciativa en las comisiones parlamentarias más afines, tales como la de Agricultura, de Salud, de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, entre otras.
Desde 2005, en que se lanzó la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre , siete países han aprobado a la fecha leyes de seguridad alimentaria y nutricional: Argentina, Guatemala, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Honduras . Aunado a esto, podemos identificar en la actualidad a 9 países que se encuentran procesando una nueva legislación sobre el tema, de los cuales 3 son en materia de seguridad alimentaria, 3 leyes de soberanía alimentaria y 3 de derecho humano a la alimentación adecuada.
En este contexto, resalta que la iniciativa ALCSH haya logrado convocar a dos reuniones preparatorias con carácter de taller, cuyo objetivo fue el desarrollo de una propuesta de plan de acción para el FPH y la adopción de vínculos entre los distintos parlamentarios involucrados. La primera reunión preparatoria fue enfocada para Sudamérica y se realizó en Santiago de Chile, en junio de 2009, y la segunda, para Centroamérica, México y el Caribe, realizada en ciudad de Panamá, en julio del mismo año. A partir de entonces, se inició el debate sobre cómo organizar y hacer operativo el FPH en los distintos niveles de representación parlamentaria, para que fuese una herramienta útil en la erradicación del hambre en la región. Posteriormente, se generaron las condiciones políticas para lograr el lanzamiento oficial del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) en Panamá, dentro del marco de una Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, celebrada los días 3 y 4 de septiembre, y que contó con una amplia participación de congresistas nacionales, estatales, además de muchos de los integrantes del Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y Foprel. La citada conferencia concluyó con la aprobación del plan de acción del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), soportado en tres grandes objetivos concretos:
1. Propiciar la presencia en todos los foros internacionales con propuestas que aseguren el derecho humano a la alimentación para toda la población,
2. Instalar en todos los ámbitos sociales posibles la lucha contra el hambre, a partir de la promoción de leyes que construyan sistemas nacionales de seguridad alimentaria e impulsar el financiamiento suficiente; y
3. Organizar e impulsar la cooperación horizontal entre los países de América Latina y el Caribe para apoyar la organización y desarrollo de sistemas de producción agropecuaria y de alimentos que sean sostenibles social, económica y ambientalmente.
Cabe señalar que la Declaración Final de la Conferencia Interparlamentaria estableció el compromiso de crear un grupo de trabajo dentro del Parlatino, mismo que sería integrado originalmente por algunos de los representantes de las Comisiones de Salud, de Derechos Humanos, y de Agricultura, y cuya principal función consistiría en operar el FPH y establecer vínculos con la ALCSH y la FAO, a modo de canalizar el apoyo técnico en las diversas materias que fuesen necesarias para apoyar la actividad legislativa relacionada a la lucha contra el hambre.
Como resultado inmediato, se realizó un primer Foro del frente parlamentario contra el hambre (Sao Paulo, 4 y 5 de marzo de 2010), el cual propició un encuentro entre parlamentarios con la sociedad civil organizada (ONG, OSC, dirigentes sociales, academia, sector privado, entre otros), además de algunos organismos internacionales, gobiernos y otros actores relacionados con la materia. Adicionalmente, se incluyó en los resolutivos la implementación de un plan de trabajo que funcionaría a partir de una comisión coordinadora, cuyo principal objetivo fuese el de articular el esfuerzo y las diferentes acciones de legisladores en sus respectivos parlamentos apoyados de la ayuda profesional de un equipo técnico especializado sobre el tema de la lucha contra el hambre.
Otra parte importante de los avances generados en torno a esta iniciativa, fue la que consolidó la constitución de diferentes Frentes Parlamentarios Nacionales como el de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, y más recientemente el de Colombia en junio de este año, teniendo como preámbulo, el desarrollo del segundo Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre (Bogotá, 6 y 7 de junio de 2011), y que además registró la visita en misión oficial del señor Olivier de Schutter , relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación.
Actualmente en nuestro país contamos con instituciones y programas oficiales enfocados a la reducción de la pobreza ya la atención del problema alimentario (Pesa, Sagarpa; Oportunidades, Sedesol; Abasto Social de Leche, Liconsa; Apoyo Alimentario, Sedesol; Abasto Rural, Diconsa; Desayunos Escolares, DIF; tención a Menores de 5 años en Riesgo no Escolarizado, DIF; Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, Sedesol; Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, DIF; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, DIF); y en esencia, cada una de dichas instituciones y programas asistencia listas procuran resolver las necesidades de alimentación y vivienda digna, con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de calidad. Con lo anterior, podríamos interpretar que el derecho a la alimentación en México se considera una prioridad nacional como parte de la propia política nacional, por eso la insistencia y relevancia de que este derecho sea reconocido en nuestra Carta Magna. Por fortuna, durante el pasado periodo ordinario de sesiones, se logró su aprobación constitucional, misma que se encuentra en proceso de ratificación por parte de los Congresos estatales para garantizarse a nivel federal.
Aunado a lo anterior, se tiene registro ante la Secretaría de Desarrollo Social de múltiples organizaciones de la sociedad civil (1,805 asociaciones aproximadamente), que realizan diversas actividades en apoyo al derecho a la alimentación. Entre algunas de las más importantes podríamos mencionar: la Organización Mexicana ligada a Asociaciones Internacionales (Fian-México); El Poder del Consumidor, AC; Gente Un Kilo de Ayuda; Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaría (PIDAASSA); Fomento de Nutrición y Salud, AC; Sin Maíz no hay País, entre otras.
Eso ha significado un gran aliciente para apoyar el esfuerzo y la insistencia que desde el Congreso de la Unión se ha venido desarrollando durante los últimos diez años en torno al tema del derecho a la alimentación, mismo que ha sido ampliamente debatido tal y como lo muestran, las 25 diferentes iniciativas de las cuales 18 son reformas constitucionales, particularmente a los artículos 4o. y 27o. y siete reformas legales. En el caso particular del Senado de la República se presentaron seis iniciativas, cinco de tipo constitucional y una legal, mientras que en Cámara de Diputados se registraron 18 iniciativas, 13 constitucionales y seis legales.
El pasado 29 de abril de 2011, el Congreso consagró el derecho a la alimentación como derecho humano reconocido en la Constitución al aprobar el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y uno segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se turnó en mayo a las legislaturas estatales para su etapa final de aprobación.
De igual forma, vale mencionar que desde su ámbito de competencia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el pasado 17 de agosto la Ley de Seguridad Alimentaría y Nutricional, cuya finalidad es la protección del derecho a la alimentación a nivel subnacional como derecho humano fundamental dentro del sistema jurídico mexicano. Así también esta ley consagra explícitamente el derecho a la alimentación como derecho humano universal e incluye los principios y etapas de implementación necesarias para hacer de éste una realidad. Entre otros componentes, dicha ley reafirma el papel del Consejo de Desarrollo Social a través del cual garantiza la participación de los distintos sectores de la sociedad en la planeación, diseño, toma de decisiones, programación, ejecución y evaluación de políticas y acciones encaminadas a garantizar el derecho a la alimentación de manera progresiva y sostenible. La ley crea igualmente el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria como instrumento de planificación para definir prioridades, presupuesto, procedimientos de monitoreo y mecanismos para avanzar en el tema de exigibilidad del derecho a la alimentación. Por último, es importante señalar que este instrumento establece la creación de un sistema por medio del cual se pretende facilitar el acceso a la información por parte de la sociedad para que éste camine al corriente del desarrollo de las políticas, programas y acciones llevadas a cabo por parte del gobierno federal.
El proceso de elaboración de la Ley de Ayuda Alimentaria y Nutricional representa un esfuerzo conjunto de los mexicanos y la FAO, mecanismo con el que desde 2008 se impulsó y acompañó a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre.
El derecho a la alimentación es un derecho humano universal, lo que significa que todas las personas tienen el derecho a estar libres de hambre y a tener acceso físico o económico en todo momento a una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Así se ratificó en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009 donde los países firmantes afirmaron que “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y que la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo institucionalice .
Un punto importante a tomar en consideración es la urgente necesidad de instrumentar nuevos marcos jurídicos y políticas enfocadas a atender el grave problema del sobrepeso y la obesidad que avanza dentro de nuestras sociedades, en mucho, derivado de la falta de una alimentación adecuada y dietas saludables.
En este contexto, quienes suscribimos la presente iniciativa deseamos manifestar que coincidimos en que la labor legislativa en nuestro país, en coordinación con la suma de voluntades parlamentarias en la región permitirá avanzar hacia un México sin hambre.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos anteriormente citados en el proemio, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras su autorización y apoyo para proceder a la conformación de un grupo plural y con carácter bicamaral, asistido por el apoyo técnico y profesional de asesores, así como del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), que actualmente opera en la Cámara de Diputados, como responsables de llevar a cabo un proceso de integración y armonización legislativa apoyado en una ley marco general.
Segundo. Con la finalidad de facilitar la puesta en marcha del Frente Parlamentario, Capítulo México, se propone que la coordinación provisional del grupo sea encabezada por los legisladores mexicanos que desde 2009 han participado en el desarrollo de los diferentes foros realizados por la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre , en el marco de las actividades del Parlamento Latinoamericano y que actualmente forman parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. La coordinación provisional culminaria una vez que el grupo parlamentario elabore el reglamento de funcionamiento respectivo y designe a sus autoridades conforme a éste.
Tercero. Otorgar facultades para que este secretariado técnico ampliado genere el enlace institucional con las agencias especializadas en la materia, tales como la FAO y la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, así como las diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas con la temática, a fin de promover la incorporación de su discusión en la agenda del Congreso mexicano tendiente a la aprobación correspondiente, en los presupuestos anuales. Con esta última condición se obligará necesariamente a la creación y el fortalecimiento de un mecanismo o figura institucional ocupada de Institucionalizar la supervisión correspondiente.
Cuarto. Autorizar a esta secretaría técnica la planeación y organización de un foro de análisis y debate donde participen representantes de la sociedad civil, representantes de Frentes Parlamentarios Nacionales de la región, academia y demás organizaciones interesadas en el derecho a la alimentación.
Quinto. Facultar a esta secretaría técnica para que se obligue a desarrollar funciones operativas como la de actualizar de manera permanente un centro o banco de información con registro de la cronología y los avances efectuados en el espacio legislativo, nacional y regional. Respecto a la estructura orgánica que soporte la conformación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, se propone implementar un diseño a semejanza de las directrices operadas desde la comisión coordinadora de la iniciativa.
Salón de sesiones del pleno de la Comisión Permanente, Senado de la República, a 31 de agosto de 2011.
Senadores: María de los Ángeles Moreno Uriegas, Heladio Ramírez López, Ramiro Hernández García, Pedro Joaquín Codwell, Fernando Baeza Meléndez, Margarita Villaescusa Rojo, Amira Gómez Tueme, Alfonso Elías Serrano, María Elena Orantes López, Rogelio Rueda Sánchez, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Francisco Labastida Ochoa, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).
Diputados: Reginaldo Rivera de la Torre, Francisco Alberto Jiménez Merino, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbricas).
De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud de Carlos Navarrete Ruiz y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
México, DF, a 6 de septiembre 2011.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Carlos Navarrete Ruiz y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra
Vicepresidente
Senador José González Morfín
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
LXI Legislatura
Presente
Los que suscriben, Carlos Navarrete Ruiz y Francisco Javier Castellón Fonseca, senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente le solicitamos se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que presente el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 12 de abril de 2011, los senadores Carlos Navarrete Ruiz y Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada se turnada a la Cámara de Diputados.
3. El 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la iniciativa en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen.
Consideraciones
Primera . En la actualidad, el uso de Internet ha revolucionado la vida de millones de personas, pues se ha modificado la forma en que muchos servicios se prestan, transformado los procesos industriales, así como las investigaciones que se llevan a cabo.
Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación e información de gran relevancia. Millones de correos electrónicos son enviados todos los días y las noticias de lo que sucede alrededor del mundo fluyen en cuestión de segundos entre infinidad de personas, sin importar la hora o el lugar.
Segunda . La Internet es hoy en día parte fundamental de la estructura de comunicaciones de cualquier país, comparable con la red de carreteras, la electricidad, y el teléfono; pues de su uso dependen en buena medida un número importante de actividades económicas, sociales, políticas y culturales de las naciones.
El libre acceso a Internet ha demostrado también ser una importante herramienta para promover la democracia en todo el mundo, situación que se confirma, por ejemplo, en el importante papel que jugó en los recientes acontecimientos sociales en Egipto, donde es evidente que el cambio no habría sido tan rápido sin el uso de la red.
Tercera . La tecnología de banda ancha ha contribuido al crecimiento económico, al mejoramiento de la productividad y a la aceleración de la innovación. Estos efectos han sido medidos en su totalidad en numerosos estudios como el desarrollado por el doctor Raúl Katz quien, al medir el impacto de la banda ancha en el desarrollo económico de Alemania entre 2003 y 2006, encontró que una penetración adicional de la banda ancha de 1 por ciento llevó a un aumento en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 0.026 por ciento. Este resultado coincide con el análisis realizado por Koutrompis de 22 países de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), que encontró que una penetración de la banda ancha de 1 por ciento lleva a un aumento en el crecimiento económico de 0.025 por ciento.
Por otra parte, en un estudio reciente del Banco Mundial (BM) se indicó que para las economías de alto ingreso, cada punto porcentual de penetración de banda ancha conlleva 0.121 puntos porcentuales adicionales de crecimiento del PIB, mientras que para las economías bajas y media, cada punto porcentual de penetración de banda ancha conlleva 0.138 puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico.
Mientras que el rango de estas estimaciones varía, la conclusión es siempre la misma: la penetración de banda ancha aumenta el crecimiento del PIB.
Cuarta . Además de medir el impacto sobre el desarrollo económico, varios estudios también han estimado el efecto del despliegue de la banda ancha sobre la creación de empleos.
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI), en México existen 34.9 millones de usuarios de Internet 1 . Este mismo estudio refleja el tipo de actividad que llevan a cabo los internautas: enviar/recibir correo electrónico (90 por ciento); enviar/recibir mensajes instantáneos (75 por ciento); ver/bajar fotos o videos (68 por ciento); acceder a redes sociales (61 por ciento); enviar postales electrónicas (38 por ciento); subir fotos o videos en un sitio para compartirlos (33 por ciento); acceder/ crear/ mantener sitios propios (22 por ciento); acceder/ crear/ mantener blogs (2.1 por ciento); encuentros online (búsqueda de pareja) (14 por ciento), otras actividades (11 por ciento).
Quinta . Cada vez son más los estudios que demuestran cómo mejores precios a servicios de acceso a Internet tiene efectos sobre la productividad, la innovación, el nivel de empleo, el desarrollo comunitario, el acceso a la información y el crecimiento económico en general.
Sin embargo, en nuestro país –de acuerdo a datos de la OCDE–, los servicios de Internet son 5 veces más caros y 60 por ciento más lentos que en el resto de los países que la integran; situación que afecta, entre otros temas, la competitividad del país, ya que hoy día el acceso a la red es un insumo básico para la productividad.
Pese a que está comprobado que el uso de Internet es una palanca clave para promover el desarrollo económico, en México los retos aún son enormes y los avances insuficientes, ya que aún no se logra hacer llegar este servicio a un importante sector de la población, por lo que el número de usuarios aún es menor y no está evolucionando al ritmo que el entorno mundial establece.
Sexta . Como principio general, los servicios de telecomunicaciones tienen elasticidades negativas, es decir, precios más altos implican menor demanda. De esta forma, los impuestos a los servicios de telecomunicaciones tienen automáticamente un impacto en la demanda, penetración y uso totales. Así, la imposición de gravámenes no sólo impide la penetración sino también reduce el potencial de los excedentes económicos que surgen en un uso más prolongado y de mayor transferencia de datos.
Por el contrario, existe una correlación positiva entre eliminación de impuestos a servicios de Internet, aumento de penetración de servicios, productividad, aumento del PIB y mayor recaudación fiscal. Así, existen causas justificadas para eliminar toda tasa impositiva a Internet, ya que sus efectos indirectos tendrían un impacto medible en el crecimiento, traduciéndose en una diferencia significativa en todos los indicadores integrales de riqueza.
Séptima . En este marco, un aspecto preocupante es el relativo a la carga impositiva que las telecomunicaciones, y en especial el Internet tienen en nuestro país.
Aunque en 2009 se logró la eliminación al incremento del impuesto a los servicios de Internet, gracias en gran medida al movimiento que se gestó a través de las redes sociales mediante la consigna Internet Necesario , consideramos que debemos avanzar más en este sentido, eliminando cualquier carga a este servicio fundamental.
Por lo tanto, consideramos que se debe eliminar cualquier gravamen a Internet, ya que lamentablemente en México tenemos una tasa impositiva muy alta para este servicio.
Sólo por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) se paga 16 por ciento, y en algunos casos hasta 19 por ciento, cuando no se cumple con los requisitos que de acuerdo a la ley lo exentan del pago del Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios (IEPS). Es evidente que estas medidas impositivas desincentivan el acceso y la penetración a Internet
Octava . La desgravación de este servicio contribuiría a la disminución de la brecha digital, así como significaría un importante avance a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La política impositiva en México para el sector telecomunicaciones, ha impactado de manera importante el desarrollo y adopción de servicios de Internet, dificultando por tanto, alcanzar los objetivos del gobierno asociados a la disminución de la brecha digital como los establecidos por el Ejecutivo federal en su Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012.
Novena . Estamos convencidos de que el impulso al acceso a Internet contribuye de forma significativa al crecimiento del PIB y al bienestar económico general, no sólo a través de su impacto directo, sino también por medio de sus importantes externalidades positivas a lo largo de la economía. El acceso y uso de Internet no debe concebirse como un lujo, sino –hoy más que nunca–, como una necesidad.
Por lo anteriormente expuesto, y en uso de las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento del Senado de la República, nos permitimos solicitarle, ciudadano presidente, la propuesta de la siguiente:
Excitativa
Único . Se turne la presente a la honorable Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que presente, a la brevedad posible, el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada en el Senado de la República el 12 de abril de 2011.
Notas
1. Estudio Hábitos de los usuarios de internet en México , mayo de 2011.
Senado de la República, a 6 de septiembre de 2011.
Senadores: Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
