Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3373-VII, jueves 20 de octubre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a instruir a las delegaciones estatales para que realicen visitas de vigilancia y verificación permanentes de precios a los comercios situados en las centrales de autobuses y apliquen las medidas de apremio y precautorias o las sanciones enunciadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor a los que incumplan las disposiciones en la materia, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
Diana Patricia González Soto, en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal de Coahuila en la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En todos los tiempos, el acceso a los bienes y servicios ha sido fundamental para que los miembros de cualquier sociedad puedan satisfacer sus necesidades básicas y tener el bienestar que requieren.
Así, varios estudiosos 1 han señalado que para que todo ser humano pueda satisfacer las necesidades primarias que su persona le demanda es necesario que pueda tener acceso a una alimentación adecuada y equilibrada, al trabajo, a la vivienda, a la educación, al esparcimiento y a la cultura, así como a los servicios de salud.
Está comprobado que una vez satisfechas estas necesidades fundamentales, cualquier ser humano contará con bases y elementos suficientes para lograr un desarrollo pleno y armónico –independientemente de que cada sujeto aproveche o no dicha situación, ya que tal cuestión es elección personal de cada individuo.
No obstante, cuando una persona carece de los satisfactores mencionados, dicha situación redunda en un estado de vulnerabilidad que, de un modo u otro, se reflejará en un menor grado de desarrollo personal, ya que a mayor satisfacción de las necesidades básicas se posibilita el acceso a un mayor desarrollo, y a la inversa: a mayor escasez en la satisfacción de éstas, se acrecienta la adversidad a que tienen que hacer frente las personas.
Lamentablemente, 52 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza y 11.7 millones en pobreza extrema. 2 Lo anterior se traduce en que este vasto sector padece el estado de vulnerabilidad y adversidad mencionado en el párrafo anterior, por lo que a los integrantes de éste resultan menos asequibles los bienes y servicios necesarios para satisfacer su alimentación, salud, educación, vivienda y esparcimiento.
Y por si tal situación de inaccesibilidad fuera poco, ésta se acrecienta cuando los precios y costos de los bienes y servicios se incrementan de manera desmesurada, máxime en un país donde los sueldos crecen en una proporción inferior a la de los referidos satisfactores. Lo anterior coloca a los mexicanos en mayor estado de precariedad que tienen que padecer.
En adición, hay diversos lugares y establecimientos en el país donde productos de consumo para la población se encarecen de manera desproporcionada en comparación con los precios que ofrecen otros negocios similares por la venta de productos de la misma especie y marcas.
Tal es el caso de los establecimientos situados en diversas centrales de autobuses, donde refrescos, agua embotellada, frituras, pan y cacahuates, entre otros tantos productos –principalmente de alimentación–, se venden a precios incluso 100 por ciento superiores a los que manejan tiendas de abarrotes o comerciales fuera de las estaciones camioneras.
Ante esta situación, es claro que los proveedores que ofrecen dichos artículos en los negocios de las centrales de autobuses incurren en un abuso que daña la economía de los consumidores, quienes en muchas ocasiones por situaciones de premura o por encontrarse de paso en una de las referidas terminales camioneras se ven orillados a pagar un precio excesivo.
Es importante resaltar que si bien gran parte de las personas que viajan en autobús lo hace por elección propia o comodidad, otra gran cantidad de viajeros optan por esta clase de viaje terrestre debido a que es la única alternativa que se ajusta a su situación económica y por lo oneroso que les resulta viajar en otros medios de transporte.
Por lo anterior, resulta incongruente que si millones de mexicanos tienen que elegir el autobús para transportarse, por ser la única alternativa asequible para ellos, tengan que soportar y pagar precios excesivos por los artículos que compran en las centrales camioneras, lo cual daña su economía, por las prácticas abusivas de los comerciantes de las terminales.
Respecto a tales prácticas, la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone en el artículo 1, párrafos primero y segundo, lo siguiente:
La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la república. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
A la vez, la fracción VII del mismo precepto establece como uno de los principios básicos en las relaciones de consumo el siguiente:
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala:
Los proveedores de bienes o servicios incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor...
Y el párrafo segundo del artículo 10 de la misma normativa precisa:
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios...
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), conforme al artículo 20 de la ley en comento, es el organismo encargado de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Entre sus facultades se encuentra la enunciada en la parte inicial del primer párrafo del artículo 13 de la citada ley, la cual reza:
La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley...
Las atribuciones 3 de la Profeco incluyen promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
La Profeco está facultada también para procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, los recursos, los trámites o las gestiones que procedan y para representarlos ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como ante los proveedores.
Además, la Profeco puede vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios a fin de lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor; verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en ellas, así como requerir a los proveedores o a las autoridades competentes que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.
En virtud de las razones expuestas, consideramos necesario que ante la situación que impera en cientos de centrales de autobuses del país, la Profeco, dentro de sus atribuciones legales, realice visitas de verificación permanentes a los establecimientos comerciales que operan ahí, a efecto de que detenga las prácticas que lesionan los intereses de los consumidores y, en caso de determinarlo procedente, aplique alguna de las medidas de apremio, precautorias o sanciones enunciadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por lo expuesto, y a fin de velar por la protección de los derechos de los consumidores, acudimos a esta soberanía para someter a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al procurador federal del Consumidor a instruir a las delegaciones en las entidades federativas para que realicen visitas de vigilancia y verificación permanentes en materia de precios a los establecimientos comerciales que funcionan y venden productos en las centrales de autobuses de los estados, y apliquen las medidas de apremio, precautorias o sanciones enunciadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor a los comercios que incumplan las disposiciones en la materia.
Notas
1 Doctora Karla Valverde Viesca, Seminario de liderazgo político del siglo XXI, Escuela Nacional de Cuadros Políticos del PRI, México, Distrito Federal, octubre-noviembre de 2008.
2 Fuente: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do, consultado el 5 de octubre de 2011.
3 Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 24, fracciones I, II, III, XIII, XIV, XIX y XX.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.
Diputados: Diana Patricia González Soto, Francisco Saracho Navarro, Héctor Hugo Martínez González, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a considerar en sus solicitudes de presupuesto una partida especial para combatir y prevenir la trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El combate frontal y decidido contra la trata de personas involucra a los actores políticos, económicos y sociales en sus respectivos ámbitos de participación; la necesidad de realizar acciones coordinadas implica que los estados y municipios orienten sus esfuerzos de la misma manera en que lo hace el gobierno federal.
2. Una verdadera coordinación implica, de manera obligada que los esfuerzos sean uniformes, pues es de todos conocido que los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México son mujeres, niños, los indígenas y los migrantes indocumentados, todos ellos dispersos en la mayor parte del territorio nacional, incluso es de destacar que durante 2010, la mayoría de víctimas del tráfico identificadas en México, eran del interior de la República: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala concentran el mayor porcentaje.
3. La explotación y el turismo sexual continúan creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, y en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. La mayoría de los turistas sexuales proceden de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque algunos son mexicanos. Así mismo, es preciso señalar que el Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata derivado en mucho, de los esfuerzos dispares que muchos Estados realizan para combatirlo por no contar con la infraestructura en la vigilancia, control y operación de sistemas de inteligencia estatal; a pesar de ello, se están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
4. Además de la falta de coordinación, otra de las dificultades a las que la autoridad local se enfrenta en el combate a la trata de personas es a la falta de presupuesto para capacitación de los funcionarios encargados de la persecución y erradicación de este flagelo y para la implementación de acciones de inteligencia en la persecución y combate; diversas organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno, y otros observadores informan que muchos funcionarios públicos en México, particularmente funcionarios estatales y locales, no distinguen adecuadamente entre el tráfico de indocumentados y los delitos de trata de personas y que muchos jueces y policías estatales no están familiarizados con leyes contra la trata.
5. Se calcula que en México hay (a noviembre de 2010), un millón doscientas mil personas víctima de trata de personas, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Con ello, se ubica al país en el quinto lugar de América Latina entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. La propia coalición, calcula que de cada diez personas que son víctimas de explotación dos son menores de edad; que ha aumentado la cantidad de personas originarias de Rusia y Bulgaria, explotadas sexualmente en el país.
6. Diversos estudios, en particular el realizado por la investigadora Fabiola Vargas Valencia del Colegio de la Frontera Norte, refiere que cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
Dicha investigación, identificó cinco rutas de tratantes de personas, sin embargo, es preciso señalar que prácticamente existe esta práctica por todo el país:
I. La primera ruta inicia en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco y de ahí va hacia Baja California, a través de Los Cabos. Las mujeres, la mayor parte indocumentadas, son explotadas en bares o table dance.
II. La segunda inicia en Centroamérica hasta Tijuana directamente, con vertientes como el traslado desde El Salvador a Veracruz y de Guatemala a Chiapas. Las víctimas llegan con contactos que establecieron en sus lugares de origen y las trasladan a hoteles, donde son obligadas a prostituirse para pagar las “deudas” del viaje, el hospedaje y la comida.
III. La tercera ruta se ubica en el interior de Baja California, desde Tijuana a Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate. Se explota a mujeres deportadas o que no pudieron cruzar la frontera por falta de dinero. Se les ofrecen hasta 400 dólares diarios en la prostitución.
IV. La cuarta ruta es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la citada investigadora, refieren que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
V. La quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego. En ella están involucrados “polleros” y los puntos donde opera la red son Vista, en La Escondida; Las Antenas, en Carlsbad; Carrizales, en Oceanside, Del Mar y Los Gatos en Valley Center. Los polleros trasladan a mujeres, niños y niñas con documentos falsos o de forma indocumentada por la sierra o escondidos en cajuelas o consolas delanteras de autos y camionetas, en ocasiones, con la complicidad de la Patrulla Fronteriza
7. El problema de la trata de personas en México ha cobrado en algunas regiones magnitudes incontrolables y es considerado por expertos como un problema de alcances nacionales; su práctica involucra, prácticamente a todos los Estados de la República por lo que es preciso que se tomen medidas urgentes a fin de diseñar políticas públicas de prevención y de combate frontal y erradicación a la par de los esfuerzos del gobierno federal y de esta honorable Cámara de Diputados.
Considerandos
Primero. Que la trata de personas es, sin duda, una actividad que lesiona de manera total la dignidad de la persona humana; con diversas manifestaciones, la mayoría de ellas fijan como objetivo central la explotación laboral y sexual de menores y mujeres, estas últimas generalmente jóvenes de quince a veinte años de edad, quienes son presa fácil del engaño debido a su condición de vulnerabilidad por haber nacido pobres, por no tener una instrucción, o por no haber sido educadas para defenderse.
Segundo. Que diversos estudios y diagnósticos elaborados por organismos nacionales e internacionales coinciden en subrayar la problemática del Estado mexicano en el combate a la trata de personas: es generador de una millonaria fuente de ingresos por lo que existe un fuerte motivo económico impulsor del delito; la ignorancia, indiferencia o complicidad que exhiben muchas autoridades gubernamentales, quienes demuestran una vez más, la poca importancia que le dan a los diagnósticos, estudios y recomendaciones y la falta de infraestructura en los Estados para combatir a los tratantes y atender a las víctimas.
Tercero. Además de la falta de infraestructura y de recursos para implementar acciones que combatan de forma eficaz este problema, su atención puntual se enfrenta a otros obstáculos como la intolerancia y hasta rechazo que muestran diversas autoridades estatales a los estudios y crecientes denuncias que exhiben de forma clara y contundente la presencia de un fenómeno desbordante de trata de personas y la incapacidad para enfrentarlo por parte de las mismas, existe la pasividad e incumplimiento para generar registros y datos estadísticos que comprometan la elaboración y ejecución de acciones y mecanismos para combatirlo.
Cuarto. Es, por tanto, un fenómeno que crece hasta convertirse en el tercer delito más redituable, sin embargo no hay una base de datos que muestre su dimensión real. En el caso de organizaciones, éstas llevan sus propias estadísticas solo con los reportes que reciben y la búsqueda de víctimas, principalmente relacionadas con explotación sexual.
Quinto. Ante la ausencia de un sistema integral, que genere información confiable, con registros y datos validados por todos los sectores sociales involucrados en el tema de trata de personas, se hace urgente que en la próxima discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los Estados de la República contemplen las partidas correspondientes a fin de contar con los recursos que les permitan capacitar a los funcionarios, implementar acciones concretas y desarrollar la infraestructura sólida que les permita enfrentar con los mejores elementos científicos y tecnológicos la trata de personas en cada uno de sus estados.
Sexto. Que un problema adicional, generado entre otras razones por falta de presupuesto, consiste en que las Entidades Federativas no cuentan con registros oficiales, desagregados por género, edad y zonas territoriales de mayor riesgo, que permitan corroborar o refutar los datos emitidos por distintos organismos nacionales e internacionales, aun cuando la mayoría cuenta con consejos o con otras instancias, que en sus legislaciones prevén estas funciones.
Séptimo. Que la Cámara de Diputados tiene la atribución de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación asumiendo en su elaboración posturas de carácter institucional respecto a asuntos no legislativos, de interés nacional o en nuestras relaciones con las Entidades Federativas, en el caso, para que a través de un Presupuesto redistributivo se promuevan formas e instrumentos que les permitan a los estados dimensionar en su integralidad conductas antisociales y delictivas, que sirvan en la elaboración de políticas públicas y acciones para su prevención, combate y erradicación, así como para brindar efectiva protección a grupos en situación vulnerable, como niñas, niños y mujeres, por lo que en merito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales a contemplar dentro de sus solicitudes de presupuesto, una partida especial asignada para combatir y prevenir la trata de personas en sus entidades federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia porque el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del licenciado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis para ingresar en la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1872 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada dispuso que una parte del terreno del panteón de Dolores de la Ciudad de México se destinara para honrar a todos los mexicanos que hubieran dando prestigio a la patria y se creó la Rotonda de los Hombre Ilustres. Cuatro años después ingresaron los primeros ocupantes; así el 21 de marzo de 1876, se inhumaron los restos del militar Pedro Letechipía, considerado un símbolo de la lealtad a las instituciones de la república. Este coronel zacatecano destacó en la revolución de Ayutla y combatió contra el Imperio de Maximiliano.
En la Rotonda de los Hombre Ilustres todas las tumbas son monumentos diseñados especialmente para cada uno de los mexicanos que ahí yacen, cuyos epitafios perpetúan su sentido nacionalista y aluden a su participación política, militar, su lealtad a las instituciones, o su aportación hecha en las ciencias y en las artes.
La Rotonda de las Personas Ilustres 1 es un centro para rendir homenaje patrio a quienes exaltaron los valores cívicos, nacionales y humanos. Más de cien hombres y mujeres ilustres reposan entre este sitio, entre quienes destacan Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Mariano Escobedo, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Octavio Paz, Doctor Atl, David Alfaro Siqueiros, Gabino Barreda, Antonio Caso, Rosario Castellanos, José Clemente Orozco, Carlos Chávez, Dolores del Río, Salvador Díaz Mirón, Virginia Fábregas, Ricardo Flores Magón, Francisco González Bocanegra, Guillermo González Camarena, Agustín Lara, Sebastián Lerdo de Tejada, Ramón López Velarde, Francisco Montes de Oca, Mario Moreno Cantinflas , Amado Nervo, Jaime Nunó, Melchor Ocampo, Juan O’Gorman, Diego Rivera, Silvestre Revueltas, Diego Rivera, Francisco Sarabia y Justo Sierra.
Para el ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres es necesario el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores.
El decreto tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para que el titular del Poder Ejecutivo federal, emita la declaratoria de hombre o mujer ilustre para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón civil de Dolores, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen.
A pesar que el decreto establece que:
Artículo Séptimo. Cualquier ciudadano o institución mexicanos, podrán proponer al titular del Poder Ejecutivo federal o al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres , el o los candidatos cuyas acciones considere que lo hacen merecedor de la declaración de hombre o mujer ilustre, debiendo acompañar a su proposición:
I. La biografía del candidato que presente, o cuando menos los datos biográficos más relevantes, relativos a los merecimientos que justifiquen su propuesta;
II. El documento que contenga la valoración y significación nacional de los merecimientos que atribuya al candidato que se proponga;
III. En su caso, las instituciones que pueden ser consultadas dada la reconocida experiencia en el estudio de la obra o acciones del personaje propuesto; y
IV. En su caso, la relación de información que puede ser consultada y obtenida por el consejo y que puede aportar elementos de juicio para la emisión del dictamen correspondiente.
La proposición tiene por objeto que la Cámara de Diputados, en su carácter de depositaría de la representación popular, solicite al titular del Poder Ejecutivo integre el expediente que sustente la candidatura de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, en razón de que se trata de un mexicano que ejerció la función de diputado federal en dos ocasiones; es decir es un correligionario nuestro que realizó aportes a la vida pública nacional.
• Gilberto Rincón Gallardo nació en el Distrito Federal, el 15 de mayo de 1939.
• Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no ostenta el título,
• Fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , articulista del periódico Excelsior , articulista de Notimex y comentarista regular en el programa radiofónico Imagen.
• Especialista asesor en la construcción de la propuesta oficial mexicana para la Convención de las Naciones Unidas a favor de las Personas con Discapacidad y
• Conferencista en diversas universidades y otras instituciones de México y del extranjero.
• En 2001, fue presidente de la delegación oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia , celebrada en Durban, Sudáfrica del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001.
• Entre 2000 y 2001, presidente de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación , organismo plural y representativo, dedicado a la producción del estudio La discriminación en México: Por una Nueva Cultura de la Igualdad (México, 2001) y del anteproyecto de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• En 2000, candidato a la Presidencia de la República por Democracia Social (Partido político nacional).
• En 1999, publica su libro A contracorriente (México, CERE).
• En 1999, fundador y presidente del partido Democracia Social (1999).
• En 1995, fundador del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, donde, hasta la fecha, ocupa el cargo de director general.
• En 1995, renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
• Entre 1991 y 1994, fue diputado federal por el PRD en la LV Legislatura.
• Entre 1991 y 1994, miembro del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo del PRD.
• En 1989, Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
• En 1986, Fundador del Partido Mexicano Socialista (PMS), donde fungió como secretario general hasta la disolución del mismo en 1989. En 1988, el PMS postuló a Heberto Castillo como candidato a la Presidencia de la República.
• En 1981, fundador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) , donde fungió como secretario de Relaciones Exteriores.
• Entre 1977 y 1980, fue diputado federal por el PCM en la LI Legislatura.
• En 1972, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PCM.
• En 1972, miembro del Comité Central del PCM.
• Del 31 de julio de 1968 al 22 de diciembre de 1971, preso político. Libertad bajo palabra.
• En 1964, fundador y secretario de la Organización del Frente Electoral del Pueblo, que postuló a Ramón Danzós Palomino como candidato independiente a la Presidencia de la República.
• 9 de enero de 1963, ingresa al Partido Comunista Mexicano (PCM).
• En 1963, miembro fundador y asesor general de la Central Campesina Independiente.
• En 1961, miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional, (miembro del Comité Nacional y miembro del Comité Directivo en el Distrito Federal).
Los meritos del licenciado Rincón Gallardo los sustentan sus actos en el servicio público como fundador del Centro de Estudios para la Reforma del Estado y presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; en la diplomacia internacional como especialista asesor en la construcción de la propuesta oficial mexicana para la Convención de las Naciones Unidas a favor de las Personas con Discapacidad, presidente de la delegación oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; como demócrata, al fundar partidos políticos que enriquecieron la vida nacional como el Frente Electoral del Pueblo, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano Socialista (PMS), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); como legislador, miembro de la LI y LV legislaturas federales como diputado federal.
En su calidad de legislador promovió iniciativas en diversa materias, destacando:
• De Ley Reglamentaria del artículo 130 constitucional, en materia de libertades religiosas, presentada por el diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del PRD, en la sesión del martes 23 de junio de 1992
• Proyecto de decreto para regir las relaciones laborales de las instituciones de crédito y de organizaciones auxiliares con sus trabajadores.
Gilberto Rincón Gallardo falleció a la edad de 69 años en el hospital Ángeles de la Ciudad de México a las 12:30 horas del 30 de agosto, tras una hospitalización de 10 días.
Postmortem el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo 2 ”; este distintivo tiene como objetivo general reconocer a los centros de trabajo que incluyen laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad y desarrollan acciones para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Finalmente, y recordando al Rincón Gallardo diplomático en su discurso del evento conmemorativo de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, 12 de mayo de 2008 en la ciudad de Nueva York, 12 de mayo de 2008, expreso:
“Tendremos que luchar sin tregua para que las personas con discapacidad participen íntegramente en las decisiones que les atañen, formen parte del desarrollo, rompan el pernicioso ciclo pobreza/discapacidad, estén plenamente incluidas y logren que se deje de enfocar el respeto a sus derechos como una concesión o una dádiva. Al entrar en vigor la convención, debemos exigir su cumplimiento en los hechos, ya que la primera responsabilidad de protección de los derechos humanos corresponde al estado.
Este instrumento internacional jurídicamente vinculante abre un capítulo inédito en la historia de la discapacidad. Los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad del mundo conocen cuáles son sus derechos y saben cómo exigirlos, por ello estarán vigilantes de su puntual cumplimiento.
Nos abrazamos, nos felicitamos y asumimos el compromiso de participar en el cambio hacia una sociedad incluyente y respetuosa.
Nada de nosotros sin nosotros.”
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura se pronuncia porque el titular del Poder Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del licenciado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres.
Nota
1. José Rogelio Álvarez, Enciclopedia de México , tomo 11, México, Compañía editora de enciclopedias de México, S A de C V, 1978, pp.194-196 y Manuel Arellano (investigación), Rotonda de los Hombres Ilustres , México, Consejo Nacional de la Rotonda de los Hombres Ilustres, 1986.
2. Distintivo Empresa Incluyente, Gilberto Rincón Gallardo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.
Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a aprobar la derogación del inciso c) de la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para que en 2012 deje de cobrarse el gravamen al uso de las telecomunicaciones, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Ana Estela Duran Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a eliminar el cobro del Impuesto Especial a las Telecomunicaciones con base a la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, la industria de telefonía móvil ha crecido aceleradamente debido a la introducción en el mercado de planes de prepago, lo que ha significado que un numeroso sector de la población utilice este medio de comunicación. Lo anterior, en virtud de que el costo de sistema de prepago es más asequible que el de otros planes, sobre todo para las personas con escasos recursos.
En la miscelánea fiscal aprobada para el ejercicio 2010, los servicios de telecomunicaciones fueron gravados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a tasa de 3 por ciento, que se aplica al precio cobrado, y sobre este producto se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento, por lo que en términos reales constituye un incremento al precio final de los servicios que los usuarios deben absorber.
La aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones ha originado un aumento en los precios que pagan los usuarios en 19.5 por ciento, con lo que la industria de telecomunicaciones se ha quedado corta en la penetración de líneas móviles que representan pérdidas para la industria por 3 mil 194 millones de pesos, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información.
Es por ello que diversas organizaciones de la industria de las telecomunicaciones se han pronunciado por la eliminación de este impuesto, ya aducen que redundaría en un crecimiento adicional anual de 5 por ciento en estos servicios.
Es este sentido, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (Canieti) ha sostenido que de tener este aumento en la industria con la eliminación del IEPS, permitiría obtener una cifra similar a la realmente recaudada por este concepto en 2010, equivalente a 5.8 mil millones de pesos, por concepto de IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR), por los ingresos adicionales que se obtendrían.
De todo lo anterior, se propone eliminar el gravamen especial al servicio de telecomunicaciones en México, con la finalidad de que los servicios de telefonía fija y móvil, los servicios satelitales, regresen al esquema en el que estaban antes del año 2009, mediante la dictaminación en sentido positivo de los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que proponen la derogación del inciso c) de la fracción II del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
De esta forma, es como se impulsaría realmente al sector de las telecomunicaciones a diferencia de la propuesta del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien ha señalado la necesidad de crear un fideicomiso que administre lo recaudado por este impuesto para impulsar el desarrollo del sector, lo cual es menos tangible que la eliminación del impuesto.
Por último cabe subrayar que los usuarios de los segmentos de poder adquisitivo menor son los más afectados, pues con una recarga promedio de 100 pesos al mes se les impone con 5.2 por ciento de su consumo con estos impuestos.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados a que apruebe la derogación del inciso c) de la fracción II del artículo 2o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que en el ejercicio fiscal de 2012, deje de cobrarse el impuesto al uso de las telecomunicaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.
Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la emisión de una carta de crédito por la banca de desarrollo por 300 millones de dólares en calidad de capital de trabajo para posibilitar la reestructura de Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, y restablecer las actividades de la empresa de servicio público, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo la emisión de una carta de crédito por parte de la banca de desarrollo por 300 millones de dólares en calidad de capital trabajo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo
2. Que en diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana desincorporándola de Cintra por un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en mil 456 millones de dólares; cantidad que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva administración obtuvo una devolución de 15 millones de dólares, por créditos fiscales, por lo que el precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.
3. Que debido a la deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa suspendió operaciones desde el mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para cumplir con el servicio público de transporte aéreo objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo de quiebra, lo que significaría la cancelación de 8,687 empleos directos, y a nivel nacional entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos perdidos (85 proveedores de Nuevo Grupo Aeronáutico, transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, etcétera).
4. Que para garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere de una inversión de 300 millones de dólares.
5. Que el artículo 25 de nuestra Carta Magna justifica con mucho que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, no sólo para preservar las fuentes de empleo, sino también para recuperar, reactivar y reiniciar las actividades en dicha aerolínea.
6. Que ya en otras circunstancias de emergencia se ha aprobado medidas de apoyo también emergentes, pudiéndose mencionar, entre otras y sólo a título de ejemplo, las proporcionadas a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia de la influenza A (H1N1), en la cual el 5 de mayo del 2009, el gobierno federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos –fiscales y financieros– a los sectores más perjudicados, y dónde las medidas sumaron un total de alrededor de 17 mil 400 millones de pesos, con las cuáles se buscó garantizar condiciones favorables para apuntalar la actividad económica e inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados.
7. Que con base en las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo se propicie el otorgamiento de una carta de crédito a favor de la compañía aérea de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 6. ...
VIII Bis. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia para las personas, empresas y organizaciones productivas y de comercialización, en pueblos y comunidades indígenas, en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado;
8. Es importante señalar que con el argumento anterior, el propio Gobierno Federal a invertido en forma directa a través de la Secretaria de Comunicaciones Transportes 17 323 millones de pesos en la modernización y equipamiento de aeropuertos, como el de Huatulco, Mérida y Oaxaca; se otorgó por parte de la Banca de Desarrollo 2 730 830 millones de pesos a los sectores empresarial, Infraestructura, vivienda y rural. De igual forma se apoyó al Proyecto Fiat 500 de la Chrysler con 400 millones de dólares, y se otorgó una garantía hasta por 300 millones de dólares a la Planta de Etileno XXI, ambas a través de Nacional Financiera y Bancomext. Otro de los que recibieron financiamiento fue la Hipotecaria Su Casita por 2,750 millones de dólares.
9. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el ejecutivo señaló en el rubro de Transporte Estrategia 14.7 y 14.8 la ampliación de la cobertura de los trasportes en todas sus modalidades, bajando costos, aumentando la seguridad y calidad , modernizando y proporcionando servicios confiables y de calidad para toda la población.
10. Para mejorar el impulso de los servicios aéreos se requiere fortalecer y mantener líneas aéreas sanas y competitivas. Bajo esa premisa, los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos de Norteamérica han otorgado financiamientos a diversas líneas aéreas, tanto de créditos como subsidios, que han sido restituidos gracias a un mayor ingreso de divisas y de turistas extranjeros. Si realmente se quiere fortalecer el servicio de transporte aéreo en México, el Gobierno Federal debería otorgar este aval a través de la emisión de la carta de crédito solicitada.
Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo la emisión de un carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México
Segundo. Exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que el gobierno participe en la capitalización de los pasivos respectivos en el proceso de reestructura de la unidad de negocios.
Tercero. Exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que el gobierno negocie los términos de la reestructura de la deuda a favor del gobierno federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de octubre de 2011.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a instalar –mediante un ejercicio presupuestario eficiente que garantice insumos suficientes e infraestructura física y tecnológica adecuadas– una junta especial en Ciudad Juárez, Chihuahua, para mejorar la operación y la calidad de las resoluciones jurídicas de las juntas especiales en la localidad, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que mediante un ejercicio eficiente del presupuesto que garantice insumos suficientes e infraestructura física y tecnológica adecuadas, se instale una nueva junta especial en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y elevar la calidad de las resoluciones jurídicas de las juntas especiales en dicha ciudad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mediante decreto expedido el 22 de septiembre de 1927 y publicado el 23 de septiembre del mismo año, se inicia con la creación de la Junta Federal, empezando con cinco juntas especiales, pero sin base constitucional, que señalara la jurisdicción federal del trabajo por materias, en cuya virtud se le objetaba de inconstitucional.
Mediante reforma publicada el 6 de septiembre de 1929, se dispuso en el preámbulo del artículo 123 constitucional, que la materia de jurisdicción federal, sería la misma que corresponde al Congreso de Unión para su función legislativa y se precisa en el artículo 73, fracción X, de nuestra carta magna. En el año de 1933, se crearon dos juntas especiales más y en 1944, se establecieron otras siete, ya que el 18 de noviembre de 1942, experimentó ampliación la materia de jurisdicción federal. Por último, hubo nueva ampliación El 14 de febrero de 1975, proporcionando el marco normativo para crear las juntas especiales 15 y 16.
Hasta entonces, se contaba con dieciséis juntas especiales de la Federal, concentradas en la Ciudad de México, cuyas cargas de trabajo, se vinieron incrementando notablemente; a más de lo cual, patrones y trabajadores; sobre todo éstos, se hallaban muy limitados para acudir a esa localidad, cuando radicaban lejos de la misma. Por estas razones, se necesitaba crear juntas especiales integradas a la Federal, pero en diversas zonas del territorio nacional, para equilibrar las cargas de trabajo y llevar la impartición de justicia, a las zonas donde se suscitaban los conflictos laborales.
En la actualidad las Juntas son considerados verdaderos tribunales de trabajo, lo cual deriva del reconocimiento tanto legal como jurisprudencial que desde la Quinta Época ha dictado la Suprema Corte, en algunos asuntos a través del pleno y, en un principio, por la Segunda Sala; posteriormente por la Cuarta Sala a partir de su creación en 1935 y hasta 1994, en que se reestructuró la Suprema Corte para integrarse nuevamente con 2 Salas, correspondiendo a la Segunda la especialidad en la materia laboral.
En la Ley Federal del Trabajo vigente desde el 1 de mayo de 1970, con importantes reformas, principalmente las que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, se reitera que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se integrarán por un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, conforme a la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Como es conocido por todos ustedes, las Juntas tienen como finalidad resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, los conflictos laborales de competencia federal, que se susciten entre los factores de la producción, mediante la conciliación y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social.
Entre sus metas, se encuentran las de
• Elevar la calidad de las resoluciones jurídicas emitidas por las juntas especiales que la integran, a través de la unificación de criterios jurídicos y técnicos que permitan elevar el nivel de confirmación de resoluciones por parte de los tribunales colegiados y juzgados de distrito, mediante el diseño y monitoreo de un indicador de amparos.
• Verificar el índice de confirmación de las resoluciones emitidas; así como la modernización y replanteamiento de los procedimientos administrativos en las juntas especiales, relacionados con la recepción, acuse y cumplimiento de ejecutorias.
• Alcanzar un 50 por ciento de avance en el proyecto de revisión y depuración de los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo depositado.
• Continuar el esfuerzo de profesionalización de los servidores públicos, con especial enfoque en el personal de las juntas especiales foráneas.
• Modificar, en la medida que sea necesario, su estructura organizacional, para lograr atender satisfactoriamente los requerimientos de las juntas especiales y las secretarías generales.
• Mejorar las condiciones de operación de las juntas especiales foráneas, mediante un ejercicio eficiente del presupuesto que les garantice insumos suficientes e infraestructura física y tecnológica adecuadas.
Por esta razón, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua, anunciaron la ampliación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a fin de atender una de las principales demandas tanto de la sociedad como de los factores de la producción.
El reforzamiento consistió en la asignación de 10 plazas jurídicas adicionales a las 12 con las que cuenta actualmente, lo que representa un crecimiento del 83 por ciento en la materia; asimismo, se incrementó de 6 a 10 el número de mesas de audiencias.
De igual modo, se crearon 4 plazas administrativas, que se sumarán a las 7 existentes, lo que equivale a un crecimiento de 57 por ciento en este rubro; en total, la Junta Especial número 26 paso de tener una plantilla de 23 a 37 plazas (22 jurídicas, 14 administrativas y el Presidente), lo que significa un aumento del 61 por ciento.
Lo anterior en virtud, de que en el año 2010 la Junta Especial cerró con un ingreso de asuntos equivalente a 3691 demandas nuevas. Cabe señalar que en el transcurso de 2011, la Junta tiene en cartera una relación similar de asuntos. En el mismo sentido, es de observar que también existe un alza en los amparos indirectos debido al reclamo de justicia pronta y expedita, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento:
2006: 77 amparos indirectos
2007: 170 amparos indirectos
2008: 146 amparos indirectos
2009: 457 amparos indirectos
2010: 759 amparos indirectos
2011: 778 amparos indirectos
Realizando una comparación en las cargas de trabajo con otros tribunales administrativos y judiciales, se considera que deberían existir cuatro juntas especiales en Ciudad Juárez, la que actualmente funciona y tres adicionales, bajo el fundamento de que es deber de todo gobierno hacer cada vez más accesible la justicia en materia laboral y para ello resulta necesario trabajar todos los días, a fin de lograr el objetivo de que cada persona que se enfrente a un conflicto en materia laboral reciba justicia de la manera más efectiva y sea representada con ética y profesionalismo.
Como legisladores, debemos evitar que los trabajadores sean sorprendidos por oportunistas que se hacen pasar por profesionales del derecho; y recuperar la real y auténtica defensa de los derechos de los trabajadores, combatiendo los vacíos de la ley que han sido perversamente utilizados por aquellos que se aprovechan de esto para cometer fraudes y crear un mercado negro.
En virtud de lo anterior, considero importante destacar dos de las metas del Gobierno Federal, que consisten en modificar, en la medida que sea necesario, la estructura organizacional, para lograr atender satisfactoriamente los requerimientos de las juntas especiales y las secretarías generales; así como mejorar las condiciones de operación de las juntas especiales foráneas, mediante un ejercicio eficiente del presupuesto que les garantice insumos suficientes e infraestructura física y tecnológica adecuadas.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que mediante un ejercicio eficiente del presupuesto que garantice insumos suficientes e infraestructura física y tecnológica adecuadas, se instale una nueva Junta Especial en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y elevar la calidad de las resoluciones jurídicas de las juntas especiales en dicha ciudad .
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de octubre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a atender la problemática generada por la construcción de los cauces de alivio de El Tintillo, El Zapote y Zapote III-San Julián-Los Micos para desviar el caudal natural del río Grijalva, en Tabasco, que ha inundado más de 5 mil hectáreas, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tras las severas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Grijalva en la capital del estado de Tabasco en 2007, el 2 de octubre del 2008, se tomó una decisión entre los tres órdenes de gobierno para poner en marcha la construcción de una primer ventana de alivio sobre la margen derecha del río Grijalva, en la comunidad de Barrancas y Guanal, primera sección, ejido Tintillo, con el fin de evitar una nueva inundación en Villahermosa. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la ventana desfogaría 150 metros cúbicos de agua por segundo provenientes del Grijalva, así como los escurrimientos de agua de las cuencas de la sierra, sobre cinco mil hectáreas agrícolas ganaderas, de pastizales y acuícolas y sobre asentamientos humanos que han vivido por generaciones, hacia la zona denominada Tintillo, Los Aztlanes.
Sin embargo, lo que no se consideró dentro de la obra hidráulica, es que el desfogue del canal afectaría las tierras de 12 comunidades que reciben los grandes volúmenes de agua desviada, lo que ha afectado la producción a más de 458 ejidatarios y propietarios que desde entonces, no han podido lograr sus cosechas de maíz, frijol, plátano, chile habanero, hortalizas, así como del ganado que tenían en los potreros y traspatio.
Después de la declaración de la construcción de la obra hidráulica, los campesinos del Barrancas y Guanal, primera sección, ejido Tintillo.; Barrancas y Guanal, segunda sección, ejido González, ejido Aztlán, primera sección, ejido Corcho y Chilapilla; Aztlán, segunda sección; Aztlán, tercera sección; Aztlán, cuarta sección; Aztlán, quinta sección, ejido Corozal, La Cruz del Bajío, ejido López Portillo; Matillas manifestaron su inconformidad ante las autoridades puesto que en ningún momento se les informó sobre la decisión de que sus tierras se volverían un inmenso vaso regulador, en cambio, recibieron como respuesta que su manifestación fuera reprimida y se violentaran las garantías individuales de alguno de los inconformes. Queda claro que las autoridades decidieron evitar otra inundación en la capital de Villahermosa, a costa de los campesinos de la zona de los Aztlanes.
Después de siete meses de que las aguas bajaron de nivel, se pudo constatar la afectación de la zona cuyo daño patrimonial y ambiental es muy drástico puesto que se modificó el uso del suelo por el sedimento arrastrado, la pastura ya no crece y las siembras ya no se dan porque la tierra quedo contaminada por el tiempo que duró la inundación y por la presión de los grandes volúmenes de agua a la que estuvo sometida. Desde entonces, han acudido a diferentes instancias de gobierno, municipal, estatal y federal, para pedir la indemnización por las afectaciones de sus tierras de cultivo, pastizales y potreros con una extensión de cinco mil hectáreas, incluso han acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, porque jamás fueron consultados, ni informados, ni mucho menos han tenido el consentimiento de los núcleos ejidales afectados para la construcción de estas obras, sin obtener hasta el momento respuesta alguna.
Ante lamentables hechos, se decidió organizar la lucha de las comunidades afectadas mediante la conformación del Comité Agrario por la Defensa de la Tierra, por una Mejor Calidad de Vida, en mayo de 2009, para emprender todas las acciones legales que permitan resolver la problemática antes señalada. Cabe mencionar que el Comité ha recibido el acompañamiento del Movimiento Ecologista de Tabasco, AC, en trámites administrativos ante las instancias de gobierno para que sean favorecidos con la indemnización de sus tierras afectadas desde hace tres años.
Se han promovido diversas demandas penales por daño al medio ambiente, demandas agrarias, amparos en contra de la no contestación a los escritos enviados a Conagua, por parte de los afectados donde se les ha pedido información sobre dichas obras, así como Denuncias Populares ante la Profepa, las cuales no han recibido respuesta, no obstante que estudios de campo, señalan que dichas tierras tienen severos daños ambientales. Desde que comenzó la desviación del primer cauce del río Grijalva a las tierras de los Aztlanes, han permanecido anegadas por más de siete meses con una profundidad de cuatro a cinco metros, cuando en otras inundaciones, el agua apenas llegaba a estar con 30 centímetros de profundidad y el tiempo que estas tierras permanecían inundadas era de mes o mes y medio. A partir de esta construcción, los campesinos se han quedado sin su fuente de producción, por lo que consideramos que esta obra hidráulica no resuelve de manera integral el problema de las inundaciones de la capital del estado Tabasco.
La Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) emitió una notificación con número de oficio PFPA/33.1/2C.28.1/0001774-09 donde informa : “que de las actuaciones realizadas por esta dependencia federal, se pudo circunstanciar que durante el recorrido de la visita, se observó que sí existen un daño al medio ambiente en esta Zona (como la modificación del barrote del río, sin contar con la autorización correspondiente, por lo que existen contravenciones a la Normatividad Ambiental Federal Vigente”. Por lo que se instauró un procedimiento administrativo contra el entonces titular de la Conagua delegación Tabasco, Omar Celim Kumukai Puga
El Comité Agrario, busca la indemnización por las pérdidas de sus cosechas, y pastizales, animales de traspatio, ganado bovino y porcino y daños a viviendas, alambrados y posterías y que se conforme un fideicomiso para el pago anual de los daños mientras no se elabore un plan de control del agua sobre los núcleos agrarios, y tierras privadas, puesto que el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) finalizará en el 2012 y con estas obras, los ejidatarios seguirán padeciendo inundaciones casi todo el año. Desde hace tres años, los ejidatarios se han empobrecido mucho más, porque no tienen toda su cosecha ni cuentan con empleos en la zona.
Lo que anteriormente los campesinos producían para su consumo, ahora tienen que salir al mercado para comprarlo, se encuentran en una situación de sobrevivencia con lo poco que obtienen de sus tierras inundadas. Además, en las lagunas aledañas, se introdujo por las inundaciones, una plaga denominado pez diablo que es un depredador de las especies endémicas de la zona, lo que ha mermado la pesca local.
La Conagua en coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco, han profundizado las obras Hidráulicas en la Comunidad de Barrancas y Guanal primera sección, ejido Tintillo, ya que el día 28 de agosto del 2010, de manera violenta, con uso del ejército, policía estatal y porros golpeadores, se presentaron de nueva cuenta a esta zona conocida como el Zapote, como el pasado 3 de octubre del 2009, para abrir una segunda ventana de alivio. No les importó que estas comunidades se encontraran inundadas, por lo que tuvieron que romper la única carretera que comunica entre sí a estas comunidades, dejándolos incomunicados y abandonados a sus suerte, como se comprueba con las diversos videos y fotografías que se levantaron durante los acontecimientos.
Por si esto fuera poco, a mediados del mes del febrero del 2011, se empezó a construir en la comunidad de Barrancas y Guanal primera sección, ejido Tintillo la magna obra hidráulica denominada Zapote III-San Julián-Los Micos, como parte del cuestionado y auditado PHIT, donde se pretende desviar, las aguas que vienen del río Pichucalco, hacia la zona del Tintillo-los Aztlanes, lo que significa que las aguas ya no pasarán de manera natural por el malecón de Villahermosa, sino que serán desviadas por este nuevo rio que actualmente se está construyendo, hacia las 5 mil hectáreas que integran las 12 comunidades afectando a más 3 mil 500 personas que viven actualmente.
En este momento, se han movilizado alrededor de 5 mil 926 cabezas de ganado hacia otras tierras y cada campesino debe pagar 200 pesos por cabeza de ganado por renta de pastura para alimento del ganado por seis o siete meses que durará la inundación, por lo que muchos campesinos están rematando sus animales porque ya no es redituable. Lo anterior, está generando el desplazamiento forzado y silencioso de las familias porque se les ha negado el resarcimiento de los daños, no han recibido ningún tipo de apoyo o programas sociales, así como tampoco han recibido un solo peso para la reconstrucción de su carretera; y lo más lamentable es que se les ha condenado a vivir en la zozobra, el miedo y la desesperanza, porque no se les ha informado por parte de las autoridades el destino de sus tierras, con sus vidas y con el futuro de sus hijos.
Ante esta situación, demandamos una respuesta de la Secretaría de Gobernación para que intervenga de manera decidida, no podemos aceptar que dé un trato de segunda a los ejidatarios y propietarios de la zona de los Aztlanes, es necesario resolver el problema de las inundaciones de manera integral. Las secuelas ambientales y patrimoniales que enfrentan los campesinos ejidatarios no fueron consecuencias de un evento natural, sino que fueron provocadas por la ejecución de un Plan Hídrico mal planeado, elaborado desde el escritorio, que desconoce la realidad del estado de Tabasco y que ha afectado cinco mil hectáreas de cultivos agrícolas-ganaderas y acuícolas. Como efecto dominó, a partir de las obras hidráulicas también se vio afectada la vía de acceso que comunicaba a los ejidatarios con la capital que debería ser en tan solo 20 o 30 minutos. Actualmente, con la destrucción de la carretera de terracería tardan hasta dos horas en llegar a Villahermosa.
Con base en las consideraciones previas, someto al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que considere un programa integral dentro del Plan Hídrico Integral Tabasco para resolver el problema que enfrentan los 458 ejidatarios y propietarios de la zona denominada los Tintillo-Los Aztlanes, de Barrancas y Guanal primera sección, ejido Tintillo; Barrancas y Guanal segunda sección, ejido González, ejido Aztlán primera sección, ejido Corcho y Chilapilla, y sus ampliaciones Ejido Aztlán segunda sección, ejido Aztlán tercera sección, ejido Aztlán cuarta sección, ejido Aztlán quinta sección, José López Portillo, ejido Corozal, La Cruz del Bajío y ejido Matillas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar las demandas de los ejidatarios y propietarios de la zona Tintillo-Los Aztlanes en la mesa tres de negociaciones, que versa sobre conflictos sociales para resolver la problemática causada por el Plan Hídrico Integral de Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
