Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3371-VI, martes 18 de octubre de 2011
Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativo a la Ley AB 131, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Jorge Humberto López Portillo Basave, diputado a la LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El fenómeno migratorio ha sido una realidad para México desde hace décadas. La migración de mexicanos a Estados Unidos ha marcado a gran número de familias que tienen uno o varios parientes en la Unión Americana.
Frente a la realidad que implica la vecindad entre México y Estados Unidos, los instrumentos bilaterales han procurado inscribir la causa de mejores condiciones para los migrantes mexicanos desde las instancias federales de ambos países.
La constitución en repúblicas federales de México y Estados Unidos mantiene en el orden estatal de gobierno configuraciones propias del andamiaje legal en cada estado o entidad federativa. La temática migratoria y de regulación no ha sido la excepción, preferentemente los estados vecinos inmediatos de la República Mexicana, que reciben a miles de migrantes mexicanos, documentados o indocumentados.
El entendimiento del flujo migratorio, los valores esenciales de respeto de los derechos humanos de cualquier migrante, independientemente de su calidad migratoria, mejores condiciones de certeza jurídica para obtener servicios de salud y educación, y los vectores para fortalecer la seguridad y la dignidad humana, también transitan por los esfuerzos de los Ejecutivos y los congresos estatales, particularmente de las entidades de la Unión Americana.
Frente al respecto irrestricto de la soberanía de las instancias gubernamentales, de cualquier nivel, de Estados Unidos de América y buscando en todo momento continuar esfuerzos conjuntos entre congresistas de ambos países para lograr una reforma migratoria integral.
Por lo expuesto someto a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos se congratula por la Ley AB 131, aprobada por la Asamblea Estatal de California y firmada por el gobernador de ese estado, que entrará en vigor en 2013, en la que se permite que inmigrantes indocumentados que cumplan ciertas condiciones tengan acceso a programas estatales de ayuda financiera para el ingreso en la educación superior.
Segundo. Frente a muestras de abierta discriminación inmigrante que hoy buscan implantar mayorías en algunos congresos estatales de la Unión Americana, esfuerzos como los de California ejemplifican que el espíritu democrático es superior a leyes que buscan segregar, dividir y desconocer los elementos mínimos de derechos humanos, que han distinguido las mejores causas de Estados Unidos, cuya fundación, empuje económico, pluralidad cultural ha sido en gran parte por inmigrantes de diversas partes del orbe.
México, DF, en el Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del ISSSTE a garantizar el abasto de medicamentos y servicios en las clínicas y los hospitales de la institución en todo el país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo para exhortar al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) a fin de que realice lo conducente a efecto de garantizar de inmediato el abastecimiento de medicamentos y servicios en las clínicas y hospitales de dicho instituto en todo el país, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) es una organización que tiene como misión contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.
Sin embargo, el pasado 10 del presente mes y año en curso, integrantes de la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados del ISSSTE se manifestaron en las instalaciones de la delegación del referido instituto de salud en la ciudad de Colima, para protestar por el desabasto de medicamentos. En ese lugar se reunieron los dirigentes de la citada asociación, acompañados por legisladores federales, con el delegado Ulises González, quien reconoció el referido desabasto, asegurando que no es una responsabilidad directa de la delegación a su cargo, sino es un problema nacional.
Si bien es cierto, este reclamo social inicia en el estado de Colima, esta problemática se presenta en todo el país y, ante esta situación que ya se convirtió en grave, deben tomarse las medidas necesarias para solucionar la falta medicamentos, de lo contrario podríamos enfrentar un problema muy delicado de salud pública.
Es muy importante encontrar una solución oportuna a esta complicación, por lo que mediante este documento, se solicita al director del ISSSTE que realice lo conducente a fin de garantizar el abasto de medicamento a corto y largo plazos, dando así solución a las dificultades presentes y futuras, en la inteligencia de que el problema es de fondo, por lo que al mismo tiempo debe buscarse una salida que arregle las cosas en ese sentido, cumpliendo de esa manera con la misión que le fue encomendada de prestar eficaz y eficientemente los seguros, prestaciones y servicios que tiene a su cargo.
En el mismo orden de ideas, no pasa desapercibido el hecho de que presuntamente han habido malos manejos de los recursos destinados al abasto de medicamentos y demás servicios que presta el instituto, por lo que de igual manera se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República para que, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que en derecho correspondan.
Por lo expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ciudadano Jesús Villalobos López, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a realizar lo conducente a efecto de garantizar de inmediato el abastecimiento de medicamentos en las clínicas y hospitales de dicho instituto en todo el país, cumpliendo así con las necesidades de salud de sus derechohabientes, incluyendo, desde luego, a sus jubilados y pensionados, en el marco de las disposiciones legales aplicables.
Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República para que, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones que en derecho correspondan por los presuntos malos manejos de los recursos destinados al abasto de medicamentos y demás servicios que presta el ISSSTE.
Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a conducirse conforme a la ley en el caso de la empresa de call center Atento, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a que se conduzca conforme a la ley en el caso de la empresa de call center Atento, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las empresas transnacionales han creado políticas de mercado para la venta de sus productos como la utilización de los nuevos medios de comunicación para llegar a millones de personas para colocar sus campañas donde promocionan sus propuestas y compiten con las empresas de su ramo para ganar clientes.
Para ello estas empresas abren centros de trabajo llamados call center, sin que las fronteras de los países sean un obstáculo, donde las normas laborales no son una de sus prioridades. Sobre todo si consideramos que la contratación es de jóvenes, que ante la posibilidad de seguir estudiando, tener ingresos y ante el gran desempleo, se les presenta como una gran oportunidad.
Sin embargo, la tendencia mundial de precarizar el trabajo con bajos salarios, condiciones irregulares, sin prestaciones sociales y ambientes hostiles, ha hecho que miles de mujeres y hombres jóvenes laboren soportando condiciones inhumanas por los altos ritmos de trabajo y las malas condiciones del equipamiento, reflejándose en graves problemas de salud en su corta vida laboral.
México no esta exento de estas inversiones y sus prácticas laborales, amparándose en un modelo de simulación laboral con contratos colectivos establecidos desde la patronal, con la complicidad de supuestos sindicatos que se les imponen a las y los trabajadores, para avalar las políticas laborales de estas empresas.
En este contexto, la empresa multinacional española Telefónica, quien presta servicios de atención entre las empresas y sus clientes a través de plataformas multicanal (call center), se instala en México a través de su filial Atento que cuenta con 13 mil 500 trabajadores ubicados en 18 centros de trabajo.
Esta empresa ha sostenido una política laboral violatoria a toda norma protectora de derechos laborales que consagran jornada de trabajo máxima, descanso semanal, vacaciones, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, el pago de utilidades, el derecho a la libre sindicación y el derecho a la contratación colectiva. Estos derechos están consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y en normas internacionales como el Código de Conducta suscrito por Telefónica con el sindicato global Uni-Telecom (Unión Network International, UNI) y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Las trabajadoras y trabajadores de la empresa Atento, debido a las condiciones precarias de trabajo y a la violencia laboral en el que trabajan y que son avaladas por un contrato de protección firmado por el llamo Sindicato Progresista de Trabajadores de Comunicaciones y Transportes de la Republica Mexicana dirigido por Ramón Gámez Martínez, se han dado a la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo desde 2007, sin obtener solución a sus demandas, por el contrario, la respuesta ha sido los despidos injustificados.
Por estas razones, desde el 15 de diciembre de 2009, las y los trabajadores demandaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo, obteniendo de la autoridad laboral la resolución de que mediante un recuento se determine cuál debe ser la representación sindical legítima que represente a estos trabajadores.
El proceso legal de esta causa ha sido irregular y se ha dado en un contexto de provocaciones y violencia. El denominado sindicato progresista ha usado la coacción, el chantaje y la compra de voto; en connivencia con la empresa, se han despedido a trabajadores y se contrataron a golpeadores para evitar que los trabajadores y trabajadoras ejercieran sus derechos a la libre sindicalización.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, autoridad responsable del proceso, no propició que el recuento se diera en condiciones de paz, certidumbre y transparencia, por lo que el laudo que emitió carece de legitimidad. Mediante un juicio de garantías, las y los trabajadores obtuvieron el amparo de la justicia federal que ordenó reponer el proceso.
A la fecha, no se ha establecido fecha para reponer el proceso ni la Junta Local ha determinado condiciones para que se realice en un marco de imparcialidad, transparencia, agilidad y apego a derecho, de acuerdo al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo.
Las pésimas condiciones en que desempeñan sus funciones están enmarcadas en las malas condiciones del mobiliario y el equipo, como es el caso de sillas, monitores y diademas en mal estado, considerando la intensidad de las llamadas que tienen que atender para son lograr los objetivos de las campañas mismas que pueden llegar a 200 por jornada laboral.
Atento realiza diferentes campañas como telecobranza, telemercadeo y asistencia técnica, por lo que la presión para la atención a clientes, la venta y cobranza, aunada al abuso de autoridad personal de confianza, generan un ambiente de mucha hostilidad que se traduce en descansos para comer de 15 a 20 minutos y de 10 minutos para ir al baño; si el trabajador o trabajadora rebasan estos límites se le obliga a pagarlos después de su jornada formal. Se llega a prohibir el uso de los elevadores aún para los discapacitados o mujeres embarazadas.
La falta de cumplimiento de normas elementales, que figuran en el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, han provocado que haya plagas de chinches en dos centros de trabajo (colonia Roma y colonia del Valle), además de que los servicios básicos, como el agua potable y sanitarios, son insuficientes y reducidos para la cantidad de personal que albergan.
La violencia laboral contra las trabajadoras es una conducta cotidiana de Atento. El hostigamiento sexual y la discriminación que ejerce el personal de confianza, sin que las trabajadoras puedan denunciarlo se cobija en que la empresa carece de medidas para erradicar la violencia, violentando el marco nacional e internacional vigente.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en cumplimiento de las atribuciones y facultades de la Inspección del Trabajo, realice una exhaustiva revisión de las empresas denominadas call center, en especial de la empresa Atento, para verificar el cumplimiento de las normas de trabajo, que determinan la prevención de riesgos de trabajo, la seguridad y la salud de las y los trabajadores.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal para que en cumplimiento de las atribuciones y facultades de la Inspección del Trabajo realice una exhaustiva revisión de las empresas denominadas call center, en especial los de la empresa Atento, para verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de las y los trabajadores.
Tercero. Finalmente, exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, a que se conduzca en estricto cumplimiento de la ley en la resolución de los conflictos individuales y colectivos emprendidos por las trabajadoras y los trabajadores de la empresa Atento contra ésta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de octubre de 2011.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRA a remitir al tribunal agrario competente el expediente relativo al reconocimiento y la titulación de bienes comunales promovida por la comunidad de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI; 82, numeral 2, fracción I; 100, numeral 2; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de la Reforma Agraria a turnar al tribunal agrario competente el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales relativo a la comunidad de “Tezontepec de Aldama”, municipio del mismo nombre, en el estado de Hidalgo.
Exposición de Motivos
Primero. Desde hace más de 50 años, la comunidad de Tezontepec de Aldama, municipio del mismo nombre, en Hidalgo, ha emprendido múltiples acciones legales para recuperar una superficie de mil 899 hectáreas que se entregaron en demasía al ejecutar la resolución presidencial que dotó al ejido de Mixquiahuala, en el municipio del mismo nombre, en Hidalgo, de una superficie de 5 mil 959 hectáreas, entregándose de manera totalmente indebida y por una ejecución defectuosa una superficie de 7 mil 843 hectáreas.
Segundo. Desde el 6 de enero de 1921, fecha en que se realizó la ejecución indebida de la resolución presidencial, tanto la comunidad beneficiada como la afectada, han convivido en una situación de conflicto e incertidumbre que en diversas ocasiones ha derivado en situaciones de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas y un clima permanente de intranquilidad entre sus habitantes.
Tercero. Para evitar los riesgos que entraña una situación de violencia latente entre los integrantes de ambas comunidades, la comunidad de Tezontepec de Aldama optó por la vía jurídica para resolver el problema, promoviendo las acciones legales ante las autoridades competentes en busca de una resolución definitiva al conflicto que han enfrentado desde 1921.
Cuarto. La persistencia inquebrantable y su confianza en las instituciones responsables de la impartición de justicia le han permitido a la comunidad de Tezontepec de Aldama obtener, después de largos y laberínticos procesos judiciales, diversas sentencias favorables en las que se ordena la devolución de la superficie de la que fue despojada; sin embargo, a la fecha, la comunidad de Tezontepec de Aldama no ha logrado recuperar las tierras que le pertenecen, debido a las argucias y evasivas de las autoridades responsables de dar cumplimiento de las ejecutorias.
Quinto. Recientemente, la comunidad de Tezontepec de Aldama acudió al Tribunal Unitario Agrario a promover una acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales, sin embargo este órgano jurisdiccional determinó que para dar curso procesal a la acción promovida es necesario que la Secretaría de la Reforma Agraria remita el expediente número 276.1/3489, relativo a la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales que se localiza en el Registro Agrario Nacional. No obstante que este requerimiento fue hecho al secretario de la Reforma Agraria el 20 de octubre de 2010, a la fecha esta dependencia del Ejecutivo federal no le ha dado cumplimiento, lo que ha impedido que el tribunal agrario continúe con la secuela procesal correspondiente.
Sexto. Esta grave negligencia en que está incurriendo el secretario de la Reforma Agraria, al no dar cumplimiento de lo requerido por el Tribunal Unitario Agrario, no solamente causa un evidente perjuicio al interés jurídico de la comunidad de Tezontepec de Aldama, sino que es, además, un elemento que contribuye a exacerbar el clima de intranquilidad e incertidumbre que priva entre las comunidades involucradas en este añejo conflicto agrario, lo que puede constituir, sin ánimo de exagerar, un detonante de la violencia entre estas comunidades del estado de Hidalgo.
Por lo expuesto, me permito someter al pleno de esta Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de la Reforma Agraria a remitir al Tribunal Unitario Agrario competente el expediente número 276.1/3489, relativo a la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales promovida por la comunidad de “Tezontepec de Aldama”, municipio del mismo nombre, en el estado de Hidalgo, de conformidad con lo que establece el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a subsanar en la aprobación de la Ley de Ingresos la reducción de que el PEC fue objeto en sus programas y proyectos principales en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Cruz López Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 65, 79 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual el pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara, para que en función de sus atribuciones en la aprobación de la Ley de Ingresos, obtenga los recursos adicionales para subsanar la reducción presupuestal de 60 mil millones de pesos en términos reales, de que fue objeto en sus programas y proyectos principales, el Programa Especial Concurrente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
Con base en un análisis elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, pudimos constatar que en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Programa Especial Concurrente 2012, se realiza una reducción significativa del presupuesto asignado al campo, afectando principalmente los proyectos encaminados a labores productivas y de competitividad.
La reducción del presupuesto total al campo es superior a los 60 mil millones de pesos, lo cual, evidentemente resulta en una mutilación del mismo, cuyo impacto en el campo, en las condiciones que éste se encuentra, es profundamente, lesivo, devastador y aniquilante.
Ahora que el derecho a la alimentación ha sido elevado a rango Constitucional y el Estado lo debe garantizar, la reducción propuesta por el Ejecutivo al presupuesto del campo resulta incongruente con las modificaciones constitucionales, lo que va en detrimento de las familias que viven en el campo, y no sólo de ellas, sino de la población en general.
La reactivación de la planta productiva del campo requiere de recursos fiscales frescos, que le permitan tener una mayor competitividad con la finalidad de sentar las bases necesarias para el incremento de la producción de los alimentos que requiere la población mexicana.
La eventualidad de los fenómenos derivados del cambio climático, como los acaecidos durante el año, y su impacto en el sector agropecuario, demanda de manera urgente un programa de siniestros y contingencias, para atender a los productores que se vean afectados y sobre todo atender la prevención de desastres.
Año con año, el presupuesto asignado al campo, si bien en su proyecto original viene mermado, en la discusión del mismo se encuentran los mecanismos y fórmulas que permitan su incremento, de manera que se puedan destinar más recursos al sector rural, que por su composición socio económica, se encuentra en el escalón más bajo de pobreza y marginación del país.
Quienes luchamos para ayudar a los productores, las familias campesinas, y a los pequeños propietarios, para conseguir un mejoramiento sustancial en sus niveles de vida, vemos con preocupación, que en la discusión de la Ley de Ingresos del año 2012, no se ha buscado la fórmula para revertir esta mutilación del presupuesto rural.
Bajo esta premisa, existe un indicador: En los últimos 9 años el proyecto de Presupuesto al campo se ha incrementado, y en este año no debe ser la excepción. No solo por mantener la correlación guardada en los últimos años, sino porque ante los ingentes problemas de las familias campesinas como son: la pérdida de su patrimonio por siniestros de toda naturaleza, el aumento en la pobreza extrema, la falta de empleo, la migración, la desnutrición, el campo y sus habitantes están devastados. La preocupación que genera la reducción presupuestal es legítima y está sustentada, en la circunstancia del desabasto y la inconformidad social como un problema de seguridad pública.
Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra obligación, promover la reactivación del campo, para que así muchas familias puedan participar en el crecimiento del país, y se sientan plenamente identificadas con una labor enaltecedora como lo es la producción de los alimentos que nutren a niños, jóvenes y adultos en la nación entera.
Por lo expuesto, y estando debidamente fundado y motivado, el suscrito, diputado Cruz López Aguilar, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que en función de sus atribuciones en la aprobación de la Ley de Ingresos, obtenga los recursos adicionales para subsanar la reducción presupuestal de 60 mil millones de pesos en términos reales, de que fue objeto en sus programas y proyectos principales, el Programa Especial Concurrente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2012, para lo cual se emite el siguiente
Acuerdo
Único. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en función de sus atribuciones en la aprobación de la Ley de Ingresos, obtenga los recursos adicionales para subsanar la reducción presupuestal de 60 mil millones de pesos en términos reales, de que fue objeto en sus programas y proyectos principales, el Programa Especial Concurrente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Cruz López Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del DF a dar a conocer en la Conago los resultados de las operaciones y las estadísticas reales de menores recuperados; y a los procuradores estatales de Justicia, a intensificar las acciones de investigación y recuperación de niños desaparecidos y proporcionar datos fidedignos de resultados, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara los presentes puntos de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En diversas partes del territorio de las entidades federativas del país, con frecuencia conocemos de niños desaparecidos, cimbrando la estructura familiar y ocasionando angustia y desesperación a los padres de esos menores. Muchos de ellos son sustraídos de su familia y entorno con fines de explotación sexual. Se estima que en México hay alrededor de 16 mil niños y niñas que son esclavizados con la explotación sexual.
2. Un caso de desaparición de menor es el de Lisset Soto Salinas, de ocho años de edad, ocurrió la tarde del 14 de octubre de 2010. La última vez que se tuvo comunicación con ella antes de la desaparición fue minutos antes de la desaparición, cuando habló por teléfono celular con su mamá Esmeralda Salinas Gutiérrez, al momento de ir en tránsito a su casa, a pie rumbo al fraccionamiento Camino Real, en el municipio de La Paz, Baja California Sur.
Mientras el padre de la menor desaparecida manifiesta que no se ha avanzado, que hasta la fecha no hay resultados concretos para dar con su paradero o indicios acerca de lo que en realidad pasó y que las investigaciones están trabadas, la investigación continúa su curso a cargo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) de la Procuraduría General de Justicia del referido estado.
La familia Soto Salinas refiere que por parte de las autoridades federales han encontrado más interés y acciones, demostrando que intentan por todos los medios avanzar en el trabajo de localización.
La SIEDO, PGR, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial contra la trata de personas, que encabeza la diputada Rosy Orozco, además de asociaciones no gubernamentales, como la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos del DF, y la Red Binacional de Corazones, AC, entre otras, se han sumado a través de cursos, viajes y apoyo económico para continuar con el trabajo de búsqueda. Actualmente Esmeralda Salinas, madre de Lisset se capacita en las acciones que desarrolla la Cámara de Diputados para apoyar a personas que han sido víctimas de la trata de personas.
Los padres de la menor hacen un llamado para que la información que se proporcione por autoridades y particulares sea real y precisa, en virtud de que ha habido personas que han utilizado el caso Lisset para intentar sobornarlos.
3. Otro caso es el de Georgina Ivonne Ramírez Mora, de 22 años de edad, quien trabajaba en un casino situado en el municipio de Atizapán, y desapareció días después de manifestar a una de sus compañeras de trabajo su intención de renunciar a dicho empleo, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México; el 30 de mayo de 2011, al salir de su casa con rumbo a una miscelánea, llevando consigo únicamente su teléfono celular, y de cuyo caso tiene conocimiento la Procuraduría General de Justicia del estado de México, aún sin avances en la investigación, según refiere la madre de la joven.
4. Se calcula que en México hay (a noviembre de 2010), 1 millón 200 mil personas víctimas de trata de personas, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Con ello, se sitúa al país en el quinto lugar de América Latina entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. La propia Coalición calcula que de cada diez personas que son víctimas de explotación dos son menores de edad; que ha aumentado la cantidad de personas originarias de Rusia y Bulgaria explotadas sexualmente en el país.
Con cifras de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, desde 2008 y hasta marzo de 2011, la dependencia del Ejecutivo federal ha ofrecido atención a 100 mil 400 niños, niñas y adolescentes migrantes, de los cuales 59 mil 898 viajaban sin ninguna compañía. De esos infantes y jóvenes que emigraban solos, 51 mil 20 son mexicanos y 8 mil 878 son extranjeros, menores migrantes no acompañados o separados de su familia, a quienes el crimen organizado los secuestra para reclutarlos en sus filas, destinarlos la trata de personas y la explotación sexual. En algunas ocasiones llegan a privarlos de la vida, como en el caso de los setenta y dos migrantes encontrados muertos en Tamaulipas, de los cuales siete eran adolescentes.
5. Que el pasado junio fue dado a conocer el Informe sobre tráfico de personas 2011, 1 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se destacan los siguientes puntos de interés:
• Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México son mujeres, niños, los indígenas y los migrantes indocumentados.
• La mayoría de las víctimas extranjeras en el trabajo forzado y servidumbre sexual en México provienen de Centroamérica, en particular de Guatemala, Honduras y El Salvador.
• Existen víctimas de trata provenientes de América del Sur, el Caribe, Europa del este, Asia, y África que se encuentran en México, y algunos de tránsito en ruta hacia Estados Unidos.
• Hombres y niños mexicanos del sur de México se encuentran en condiciones de trabajo forzoso en el norte de México, y centroamericanos, especialmente guatemaltecos, son sometidos a trabajos forzados en el sur de México, en particular en la agricultura.
• Durante 2010, la mayoría de víctimas del tráfico identificadas en México eran de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. El municipio de Tenancingo, en Tlaxcala, es identificado como uno de las principales fuentes de mexicanos víctimas de tráfico sexual explotados en México y en Estados Unidos.
• El turismo sexual infantil continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas, como Acapulco y Cancún, y en las ciudades fronterizas del norte, como Tijuana y Ciudad Juárez. La mayoría de los turistas sexuales proceden de Estados Unidos, Canadá y Europa occidental, aunque algunos son mexicanos.
• Los cárteles mexicanos de la droga y las redes de crimen organizado de todo el mundo participan en el tráfico de humanos en México.
El gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
• Las organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno, y otros observadores informan que la corrupción entre los funcionarios públicos, especialmente las autoridades locales, judiciales y de inmigración, es de una preocupación importante.
• ONG señalaron que muchos funcionarios públicos en México, incluyendo funcionarios estatales y locales, no distinguen adecuadamente entre el tráfico de indocumentados y los delitos de trata de personas, y que muchos jueces y policías no están familiarizados con leyes contra la trata.
6. El pasado 4 de agosto, la directora de la Red Nacional de Refugios, Rosa María Salazar, dio a conocer que al menos 47 redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual operan en México, favorecidas por la impunidad. Destacó que de acuerdo con informes basados en investigaciones hechas en Estados Unidos, en los que se evaluaron 195 países, se reveló que esas redes explotan cada año, sexual y laboralmente, a 800 mil adultos y 20 mil niños.
7. Por su parte, Araceli Becerra, integrante de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Extraviados, opina que el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tiene una de las bases de datos más efectivas, con mayor información, incluso de las que poseen otras entidades federativas. Pero que esta asociación a la que pertenece cuenta con su propio esfuerzo estadístico, y que mujeres entre 10 y 26 años reportadas como extraviadas contabilizan unas 70 en todo el país, la mayoría del estado de México.
8. Teresa Ulloa Ziáurritz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, detalla que la organización busca a más de 200 mujeres de esas edades. Que no todos los casos se difunden, sobre todo cuando hay la sospecha de que están involucrados con el crimen organizado. La ONG rescató a 680 mujeres, todas involucradas con el delito de trata.
9. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se constituyó en agosto de 2001, con la participación de titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas de la República Mexicana, cuyo objetivo es desarrollar en conjunto con la federación políticas públicas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar social, democracia y transparencia para los gobiernos estatales, además de promover los procesos de descentralización.
10. La Conago es un foro permanente de diálogo, concertación y encuentro entre los titulares de los Ejecutivos estatales y otros actores, con el compromiso de impulsar una visión democrática y federalista desde el seno de las entidades federativas, a fin de fortalecer los espacios institucionales y privilegiar los acuerdos que incidan en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos.
Como espacio de deliberación, mantiene cuatro características: 1. Todos y cada uno de los titulares de los Ejecutivos estatales y el jefe del gobierno del Distrito Federal participan de manera voluntaria; 2. Se sustenta en una relación entre pares; 3. Todas y cada una de las decisiones de sus miembros se toman por consenso; 4. La Conago es una instancia que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 constitucional, inciso I, que indica que los “estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras”, delibera y toma decisiones no vinculantes pero sí propositivas, que se sustentan en el compromiso y voluntad política que suscita el encuentro de los titulares de los Ejecutivos estatales.
Considerandos
Primero. Que diversos estudios y diagnósticos elaborados por organismos nacionales e internacionales coinciden en subrayar la problemática del Estado mexicano en el combate a la trata de personas. Uno de los factores a los que se enfrenta actualmente el Estado mexicano en ese combate a la trata de personas es que genera una millonaria fuente de ingresos y por tanto existe un fuerte motivo económico impulsor del delito, aunado a la ignorancia, indiferencia, incapacidad o complicidad que exhiben muchas autoridades gubernamentales. Los casos de Lisset y Georgina son un ejemplo claro de la falta de acciones, compromiso y resultados efectivos por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Ante el vacío de información, a un año de la desaparición de Lisset, gente sin escrúpulos ha aprovechado para extorsionar a los padres, queriéndoles vender información falsa.
Segundo. La trata de persona es, por tanto, un fenómeno que crece hasta convertirse en el tercer delito más redituable, sin embargo no hay una base de datos que muestre su dimensión real. En el caso de organizaciones, éstas llevan sus propias estadísticas sólo con los reportes que reciben y la búsqueda de víctimas, principalmente relacionadas con explotación sexual.
Tercero. Ante la ausencia de un sistema integral que genere información confiable, con registros y datos validados por todos los sectores sociales involucrados en el tema de trata de personas, ha llevado a las organizaciones a reconocer al CAPEA como el instrumento más viable para proporcionar la información requerida, al contar con gran número de reportes sobre menores desaparecidos que pudieran ser víctimas de trata y explotación sexual. Sin embargo, la correspondiente base de datos presenta desactualizaciones y no tiene la capacidad de investigación, en casos relacionados con delitos como trata de personas u homicidios, tampoco la capacidad de saber exactamente cuál es el índice de personas recuperadas o que aparecen por sí solas.
Cuarto. Que hoy día los datos estadísticos y diagnósticos basados en éstos representan valiosas herramientas al servicio del Estado, de suma trascendencia para la toma de decisiones gubernamentales. Los datos que arrojan estos instrumentos de análisis y medición permiten en primera instancia conocer en plenitud la dimensión de un problema, valorar la situación y finalmente proponer programas y políticas gubernamentales adecuadas y eficaces ante la presencia de un fenómeno de naturaleza social.
Más valiosas aun, cuando las autoridades se coordinan para registrar y difundir reportes de casos resueltos que permitan dimensionar el grado de eficacia por parte de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.
Quinto. Que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es la instancia idónea para concentrar y rendir periódicamente información sobre resultados de aquellos menores desaparecidos que han sido recuperado. Ha mostrado que en el caso de vehículos robados es posible rendir informes periódicos, con mucho más razón cuando se trate de lo más valioso para las familias y la propia sociedad: nuestras niñas y niños.
Sexto. Que esta Cámara de Diputados tiene la atribución de asumir posturas de carácter institucional respecto a asuntos no legislativos, de interés nacional o en nuestras relaciones con las entidades federativas, en el caso, para promover formas e instrumentos que les permitan dimensionar en su integralidad conductas antisociales y delictivas, que sirvan en la elaboración de políticas públicas y acciones para su prevención, combate y erradicación, así como para brindar efectiva protección a grupos en situación vulnerable, como niñas, niños y mujeres, por lo que en merito de lo expuesto y fundado se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a que en el seno de la Conago den a conocer los resultados de los operativos y, en consecuencia, las estadísticas reales de menores recuperados.
Segundo. Se exhorta a los procuradores de Justicia de las entidades federativas a intensificar acciones de investigación y recuperación de niños desaparecidos y a der a conocer los resultados de los operativos y, en consecuencia, las estadísticas reales de resultados.
Nota
1 Véase en http://www.state.gov/documents/organization/164455.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a realizar con las autoridades correspondientes las gestiones necesarias para que la educación prevocacional forme parte de los centros de enseñanza del IPN, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente proposición con puntos de acuerdo, para exhortar respetuosamente al secretario de Educación Pública a realizar en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades educativas correspondientes las gestiones necesarias a efecto de que la educación prevocacional forme parte de los centros de enseñanza del Instituto Politécnico Nacional, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Durante la segunda mitad de los años treinta, la educación prevocacional constituyó para el Instituto Politécnico Nacional, el mecanismo idóneo para orientar a los estudiantes de temprana edad, a identificar y desarrollar aptitudes para ejercer un oficio mediante la realización de actividades intelectuales y manuales concentradas en atender las exigencias del mercado laboral.
Con base a un plan de estudios de dos años, este nivel educativo ofrecía un servicio con carácter bivalente, donde el alumno podía buscar un empleo al término de todo el proceso escolar o, continuar con alguna especialización del conocimiento (educación vocacional) hasta alcanzar más tarde, el grado profesional que el propio instituto otorgaba en áreas como ciencias físico-matemáticas, ciencias biológicas o ciencias económico-sociales y administrativas.
En este contexto, se construyeron “11 escuelas técnicas que funcionaban en algunos estados con el nombre de prevocacionales industriales, así como otras seis que ya funcionaban en el Distrito Federal con el nombre de prevocacionales”. 1
Para ingresar en este nivel era necesario contar con “certificado de educación primaria, edad de 13 a 16 años [y], aptitudes físicas para los trabajos en los talleres y para el ejercicio de la profesión”. 2
Asimismo, cuando el alumno cursaba y aprobaba la totalidad de asignaturas en la escuela prevocacional, el instituto lo acreditaba con un título técnico y científico que le brindaba la posibilidad de integrarse eficazmente al mercado laboral en caso de no seguir estudiando.
De esta forma, se empezó a generar un “cambio radical en el pensamiento y la mecánica educativa de México, incluyendo los planes de enseñanza secundaria, además de las materias básicas, como talleres de adiestramiento manual, obligatorio a todos los estudiantes como antecedente para ingresar en el ciclo vocacional”. 3
Por ende, el Instituto Politécnico Nacional adquirió gran reconocimiento y prestigio por haber implantado un valioso “modelo pedagógico y educativo de lo que sería después... prácticamente todo el sistema de educación e investigación tecnológica” 4 en México.
Sin embargo, los eventos estudiantiles ocurridos en octubre de 1968 influyeron para que el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, firmara un decreto en marzo de 1969 por el que se establecía que el instituto dejaba de prestar el servicio educativo prevocacional, debido a que los educandos contaban con escuelas de segunda enseñanza que ofrecían un plan de estudios similar al de aquél.
Conforme a esta consideración, dicho Instituto debía ahora “concentrar sus esfuerzos y recursos a la educación técnica desentendiéndose de la enseñanza a la que corresponde la prevocacional con objeto de integrar la enseñanza media de acuerdo con los programas elaborados por la Secretaria de Educación Pública”. 5
Como consecuencia de ello, las instalaciones en que se impartía la educación prevocacional tuvieron una profunda reestructuración para que, en el mejor de los casos, pudieran operar como escuelas secundarias generales o técnicas:
Resultado de la reestructuración de las escuelas prevocacionales situadas en el Distrito Federal.
Escuela prevocacional afectada: 1.
Resultado de la reorganización: Escuela Secundaria Técnica 7.
Escuela prevocacional afectada: 2.
Resultado de la reorganización: Escuela Secundaria Técnica 8.
Escuela prevocacional afectada: 3.
Resultado de la reorganización: Escuela Secundaria 32.
Escuela prevocacional afectada: 4.
Resultado de la reorganización: El edificio fue derrumbado para llevar a cabo la prolongación de Paseo de la Reforma en dichos terrenos.
Escuela prevocacional afectada: 5.
Resultado de la reorganización: Escuela Secundaria Técnica 31.
Escuela prevocacional afectada: 6.
Resultado de la reorganización: Escuela Secundaria 15.
Fuente: Realizado con información proveniente de Domínguez Canabal, Armando. “Prevocacionales, breve historia”, en El Cronista Politécnico, nueva época, año 5, número 19, octubre-diciembre de 2003.
Por otro lado, las escuelas de educación vocacional se convirtieron en centros de educación científica y tecnológica, cuyos planes de estudio fueron adaptados para mantener en lo posible el servicio bivalente explicado anteriormente.
Empero, el mayor efecto que suscitó esta transformación fue la fractura del sistema educativo tanto del Instituto Politécnico Nacional como del país en su conjunto, pues desarticuló la enseñanza de un oficio con las necesidades que el mercado de trabajo imponía hacia el largo plazo.
Poco a poco, las generaciones de egresados que ya no contaban con la opción de cursar la educación prevocacional, enfrentaron severos problemas para incorporarse a un buen trabajo con remuneración aceptable (en caso de no seguir especializándose), debido a que no cubrían el perfil requerido por las empresas.
Además, con el decreto presidencial referido en párrafos anteriores, se creyó que la educación secundaria ocuparía de forma eficaz el lugar que dejaba la prevocacional (la cual se regía paralelamente a la preparatoria técnica), sin considerar jamás los estragos que irían acumulándose con el tiempo sobre el nivel y condición del empleo, situación que hasta la fecha, ha repercutido en el bienestar de un segmento importante de la población mexicana.
En el segundo trimestre de 2010, cerca de 14.7 millones de personas ocupadas contaban con la secundaria completa, situadas preponderantemente en el sector servicios (41.5 por ciento), comercio (22.7) e industrias manufactureras (18.8).
Asimismo, más de la mitad de los ocupados se desempeñaban como trabajadores industriales, artesanos, ayudantes y comerciantes, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Como caso alarmante de lo anterior, alrededor de 1.3 millones de personas reportaron la necesidad de laborar más horas de lo que su empleo actual les permitía a fin de obtener un mayor ingreso para hacer frente al alto costo de ciertos bienes y servicios.
Cabe agregar que el desempleo en este rubro abarcó a más de 942 mil individuos, el cual representaba el 37.9 por ciento del total nacional y que a su vez, rebasaba el comportamiento de los demás niveles de instrucción; afectando en mayor medida a hombres (58.6 por ciento) que a mujeres (41.4 por ciento).
Si a esto se correlacionaran los indicadores de la Secretaría de Educación Pública, podría augurarse que tal grado de desocupación mostraría una tendencia a la alza, pues a partir de 1990 el número de inscripciones en cada ciclo escolar de educación secundaria ha registrado una tasa de crecimiento promedio de 2.2 por ciento, la cual ha sido superior al comportamiento del sistema educativo nacional (1.7 por ciento).
Aunado a lo anterior, se detectó que cerca de 8 de cada 100 alumnos integrados a este nivel educativo abandonaban los estudios, mientras que casi 77 de cada 100 lograban concluirlos, significando por lógica una enorme presión para su contratación posterior y pago correspondiente; sin descartar por supuesto, el elevado gasto público que se ha ejercido por alumno, el cual ha pasado de 13 mil 100 pesos en 2003 a un estimado de 18 mil 700 pesos para 2009, representando un incremento medio anual de 6.1 por ciento durante dicho periodo.
De ese modo, hemos podido constatar que el resquebrajamiento del proyecto de educación integral del Instituto Politécnico Nacional ocasionó severos daños en el aprendizaje de los educandos para poder sistematizar el conocimiento y práctica de una actividad técnica en relación a los requerimientos existentes del sector productivo.
Por tal motivo, la presente propuesta pretende exhortar al secretario de Educación Pública a realizar en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades educativas locales las gestiones necesarias a efecto de reactivar la educación prevocacional en dicho instituto.
Asimismo, para dar un mejor aprovechamiento a la impartición de la enseñanza prevocacional, se sugiere la integración al instituto de las escuelas públicas que brindan servicios de educación secundaria técnica en el país, a fin de que los alumnos reciban la instrucción adecuada para conocer y desarrollar un oficio y en su caso, garantizar la continuación de sus estudios a nivel profesional en el propio instituto o en otra institución según la elección del estudiante.
Además, este planteamiento tiene como propósito revertir en lo posible la baja eficiencia terminal y el alto índice de deserción de quienes cursan el nivel de educación secundaria, pues diversos estados de la y el Distrito Federal han sido gravemente afectados por dicho problema:
Relación entre eficiencia terminal e índice de deserción para el nivel de educación secundaria en México durante el ciclo escolar 2008-2009
Fuente: Gráfica extraída de Secretaría de Educación Pública. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2008-2009, México, DF, 2009, primera edición, página 74.
Para sustentar legalmente dicha propuesta, basta mencionar que la fracción V del artículo tercero Constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el progreso de la nación.
Así también, las fracciones I y IV del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Educación Pública para organizar, vigilar y desarrollar la enseñanza técnica en escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, así como también, crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en el país, dependientes de la federación salvo las que por la legislación vigente estén adscritas a otras dependencias del gobierno federal.
Por otro lado, la fracción I del artículo 14 de la Ley General de Educación señala que tanto la autoridad educativa federal como las de carácter local, de manera concurrente, podrán promover y prestar servicios educativos distintos de la educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; atendiendo las necesidades nacionales, regionales y estatales.
Cabe aclarar que conforme a esta ley, “los servicios de educación pública son impartidos y regulados por la Secretaría de Educación Pública, para el caso de la federación; y por los organismos responsables de la educación, en las entidades federativas”. 6
En este contexto, las autoridades educativas locales se encargan de la prestación del servicio de educación secundaria técnica en el país con excepción del Distrito Federal, el cual le “compete a la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Unidad Administradora Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal”. 7
Ahora bien, considerando esto, la presente propuesta contribuiría a que los jóvenes estudiantes puedan ser partícipes del crecimiento integral del Instituto Politécnico Nacional a través de sus vastos programas educativos en diversos niveles de enseñanza, contando para ello, con numerosas instalaciones físicas y unidades virtuales que confirmen a diario, el compromiso por una formación técnica capaz de satisfacer “las necesidades presentes y futuras del aparato productivo”. 8
De esa forma se estaría dando cabal cumplimiento a los objetivos y a las estrategias del tercer eje, “Igualdad de oportunidades”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en referencia a elevar la calidad de la educación en el país; como en la visión de este instituto para 2020, encaminada a “fortalecerse en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México”. 9
Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito, Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la siguiente proposición
Puntos de Acuerdo
Primero. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública a realizar en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades educativas correspondientes las gestiones necesarias a efecto de que las secundarias técnicas formen parte del conjunto de escuelas, centros y unidades de enseñanza que forman el Instituto Politécnico Nacional, propiciando que dichas escuelas, de acuerdo con la evolución de la cultura tecnológica y la realidad nacional, rescaten los principios de los centros educativos prevocacionales, de conformidad con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública determine las previsiones presupuestales necesarias a efecto que el Instituto Politécnico Nacional cuente con recursos financieros suficientes para dar cumplimiento al acuerdo anterior.
Notas
1 Domínguez Canabal, Armando. “Prevocacionales, breve historia”, en El Cronista Politécnico, nueva época, año 5, número 19, octubre-diciembre de 2003, página 8.
2 Domínguez Canabal, Armando. “Prevocacionales, breve historia” en El Cronista Politécnico, nueva época, año 5, número 19, octubre-diciembre de 2003, página 7.
3 Domínguez Canabal, Armando. “Prevocacionales, breve historia”, en El Cronista Politécnico, nueva época, año 5, número 19, octubre-diciembre de 2003, páginas 7-8.
4 Ibarrola, María de. Formación escolar para el trabajo: posibilidades y límites. Experiencias y enseñanzas del caso mexicano, Montevideo, Cinterfor, 2006, página 78.
5 Domínguez Canabal, Armando. “Prevocacionales, breve historia”, en El Cronista Politécnico, nueva época, año 5, número 19, octubre-diciembre de 2003, página 8.
6 Secretaría de Educación Pública. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2008-2009, México, Distrito Federal, 2009, primera edición, página 7.
7 Secretaría de Educación Pública. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras, ciclo escolar 2008-2009, México, Distrito Federal, 2009, primera edición, página 176.
8 www.ipn.mx/
9 www.ipn.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a realizar acciones para que a los trabajadores de los ayuntamientos del estado se proporcionen las prestaciones laborales y de seguridad social de ley, a cargo del diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, diputado federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León a realizar las acciones necesarias para que a todos y cada uno de sus trabajadores de los ayuntamientos de los municipios de dicho estado les sean proporcionadas las prestaciones laborales y de seguridad social de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la base de las siguientes
Consideraciones
En el contexto de una necesaria reforma laboral para nuestro país es necesario que, previo al inicio de un debate tan relevante, demostremos que somos capaces de hacer una revisión certera y plena de honestidad, reconociendo que aún existen grandes pendientes para nuestro país en materia de trabajo, que es necesario perfeccionar la impartición de justicia en materia laboral y eliminar la posibilidad de que en algún punto de nuestro territorio nacional exista un sólo trabajador que en estos momentos no goce de las prestaciones de ley a pesar de estar desempeñando un trabajo subordinado.
La crisis mundial no debe ser un argumento que pueda esgrimirse como un argumento válido para que no le sea concedido a un trabajador las prestaciones de ley que le puedan otorgar certeza y protección a él y a su familia. Como lo ha señalado el titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, “la crisis internacional no sólo es un reto, sino también puede ser una oportunidad para redoblar el esfuerzo de construir un México más justo y más solidario”.
Una buena cantidad de los trabajadores de diversos ayuntamientos de Nuevo León han manifestado al suscrito que padecen una situación de abandono respecto a la salvaguarda de sus derechos laborales, pues a decir de los mismos no reciben las prestación de ley, razón por la cual no cuentan con la expectativa de que su trabajo les proporcione la oportunidad de contar con una pensión de retiro o con la atención médica proporcionada por una institución con alta capacidad de resolución.
Por ello es necesario que desde el Legislativo federal, en este y en otros casos en que sea enterado de la posible omisión en el respeto a las prestaciones que debería percibir un trabajador, se apreste a manifestarse y a solicitar respetuosamente la intervención de otros poderes y niveles de gobierno para que se dé cumplimiento a estos derechos constitucionales.
Es necesario considerar que la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de dicha Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Entre las prestaciones mínimas amparadas por la ley, con relación al artículo 123 constitucional, se encuentran:
1. Jornada de trabajo: Un máximo de 8 horas de trabajo y 7 en caso de ser turno nocturno.
2. Descanso: por lo menos 1 día de descanso por cada 6 trabajados. También la Ley del Trabajo especifica los días festivos de descanso obligatorio.
3. Vacaciones: 6 días de vacaciones cuando el empleado tenga por lo menos 1 año laborando en la empresa.
4. Prima vacacional: Una prima mínima de 25 por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.
5. Aguinaldo: Un mínimo de 15 días de salario por año, pagaderos antes del 20 de diciembre.
6. Capacitación: La capacitación del trabajador es obligatoria y no debe costarle a éste.
En cuanto a la materia de seguridad social, la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional establece que deberá organizarse conforme a las siguientes bases:
“a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.”
En razón de todos los argumentos expuestos, y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Congreso de Nuevo León a realizar las acciones necesarias para que a todos y cada uno de sus trabajadores de los ayuntamientos de los municipios de dicho estado les sean proporcionadas las prestaciones laborales y de seguridad social de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la ASF practique una revisión especial a los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para Jalisco aprobados en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011 destinados a la adquisición de tecnología y equipo, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se instruye al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que gire las instrucciones correspondientes, a efecto de que la dependencia a su cargo realice una auditoría especial a los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para el estado de Jalisco aprobados en los ejercicios fiscales 2010 y 2011, destinados para la adquisición de tecnología y equipo, a fin de verificar su correcta aplicación, conforme a las requisitos y procedimientos aprobados para dicho fondo, y bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Exposición de Motivos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 21 párrafo noveno, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
2. Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, dispone en su artículo 7 fracción XIII que conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse entre otras cosas, para implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
3. Por otra parte, el artículo 14 de la ley en comento establece que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como atribución vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, en el artículo 18 fracciones XVI, XVII y XIX de la ley en comento, se estipula que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le corresponde proponer los criterios de evaluación de las instituciones de seguridad pública en los términos de la ley, y de igual manera, gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables y coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
4. Por otra parte, la ley de referencia dispone en su artículo 39 apartado B fracción XII que corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración.
5. En este orden de ideas, la Ley de Coordinación Fiscal dispone en su artículo 44 que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde la Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo. La federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal los recursos del FASP, los cuales deben estar destinados exclusivamente a: 1) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; 2) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores; 3) establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia; 4) construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación, y 5) seguimiento y evaluación de los programas señalados.
6. En este sentido, el estado de Jalisco recibió en el año 2011 por concepto del FASP una distribución garantizada de 310 millones, 742 mil 932 pesos. Sin embargo, existen indicios de que los recursos en materia de seguridad que aplica el gobierno de Jalisco, no observan los principios de eficiencia eficacia y economía
7. En este orden de ideas, trascendió que el gobierno de Jalisco invertirá 470 millones de pesos en la instalación y operación de 654 cámaras de video vigilancia. Al contrastar los anteriores datos con los del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, municipio que instalará también cámaras de video vigilancia, éste las adquirirá a un costo promedio por equipo 159 por ciento debajo de lo pagado por Jalisco; es decir, en San Pedro Garza García se instalarán 818 cámaras más, invirtiendo 62 millones de pesos menos. 1
8. Aunque funcionarios del gobierno estatal han expresado que la compra de las cámaras de video vigilancia se llevó a cabo con recursos provenientes de un crédito aprobado en el congreso local, la adquisición forma parte de un esquema más amplio en el que también se incluye la compra de equipo y tecnología con recursos federales. En este sentido, el notable manejo ineficiente y el derroche de los recursos destinados a la seguridad pública que se presenta en Jalisco, permiten configurar los supuestos expresados en el artículo 79 fracción I párrafos cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 2 fracciones IX y XVII; 37, 40 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que el presente punto de acuerdo solicita al órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, realizar una auditoría especial a los recursos federales del FASP asignados al estado de Jalisco los recursos en comento, a fin de verificar su correcta aplicación, conforme a las normas aplicables y bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, y de detectarse alguna irregularidad, aplicar lo que la ley prevea en su caso.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se instruye al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que gire las instrucciones correspondientes, a efecto de que la dependencia a su cargo realice una auditoría especial a los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para el estado de Jalisco aprobados en los ejercicios fiscales 2010 y 2011, destinados para la adquisición de tecnología y equipo y con base en las consideraciones expresadas en el cuerpo del presente acuerdo, a fin de verificar su correcta aplicación conforme a las requisitos y procedimientos aprobados para dicho fondo, y bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía.
Nota
Periódico Jalisco Milenio http://impreso.milenio.com/node/9033105 26/09/2011, sección Ciudad y región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a considerar en el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación de 2012 no incrementar los precios y las tarifas de la electricidad para uso doméstico, del gas natural, del gas natural licuado de petróleo, y de las gasolinas Magna y Prémium, con el objetivo de no disminuir el poder adquisitivo de las familias, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 79, numeral 1, y 2 y 117 del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución
Consideraciones
Ante una inminente desaceleración de la economía mundial y la problemática fiscal que enfrentan los Estados Unidos de América y varios países de la Unión Europea, las expectativas de crecimiento económico en México para el año 2012 son poco alentadoras. El inminente impacto negativo a nuestra economía incita a crear mecanismos que eviten una disminución al poder adquisitivo de las familias mexicanas con el fin de proteger nuestro mercado interno.
El sector energético es clave al impactar la economía de todos los hogares en México. El aumento de los precios en los energéticos a su vez disminuye el poder adquisitivo de los mexicanos, lo que provoca que éstos tengan menores recursos para gastar e invertir, situación que reduce la dinámica económica de nuestro mercado interno. Paralelamente, esto también provoca una disminución en el ahorro y por lo tanto, un debilitamiento a nuestro sistema financiero, que se encuentra encargado de proveer capital a tasas de interés accesibles para la creación y funcionamiento de nuevos negocios.
En consecuencia, un aumento a los precios de los energéticos debilitaría el dinamismo del mercado interno. Adicionalmente, un deterioro en el poder adquisitivo de las familias mexicanas acrecentará los problemas sociales en nuestro país, tales como la delincuencia y la pobreza.
Ante tal circunstancia, se exhorta a que la Comisión de Hacienda y Crédito Público considere la inclusión de un artículo tercero transitorio al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, con el fin de congelar los precios y tarifas de electricidad para uso doméstico, el gas natural y gas natural licuado de petróleo (gas L.P), así como la gasolina Magnum y Premium, con el objetivo de no disminuir el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Se propone que los precios referidos para cada mes del ejercicio fiscal 2012 no excedan a los establecidos en el mismo mes de calendario del año 2011, sin que esto coarte la facultad del Ejecutivo Federal de reducir los precios señalados.
Para evitar interpretaciones distintas a la finalidad de ésta exhorto, es fundamental tomar en cuenta que los factores utilizados para calcular cada uno de los precios y tarifas no puedan ser alterados con el fin de aumentar el precio final. Verbigracia, el subsidio que se encuentra implícito en los precios de la gasolina magnum no podrán ser eliminado bajo el argumento que el costo de producción sigue siendo el mismo y por lo tanto no hay un cambio en el precio final. No obstante, dichos factores sí podrán ser modificados cuando constituyan una reducción el precio referido.
Para finalizar, es fundamental esclarecer que éste exhorto de modificación no debilitará el accionar del gobierno federal ni las finanzas públicas del país. En el año 2009, el Ejecutivo Federal estableció una medida similar como parte de las medidas contracíclicas en respuesta a la recesión económica mundial. Asimismo, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las finanzas públicas del gobierno federal se encuentran estableces ante el aumento de recaudación y los ingresos petroleros. Adicionalmente, de conformidad a los Criterios de Política Económica, se estima que inflación del próximo año ronde alrededor del 3.4 por ciento.
Por lo expuesto se propone a ésta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a que considere en el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 no incrementar los precios y tarifas de electricidad para uso doméstico, el gas natural y gas natural licuado de petróleo (gas LP), así como la gasolina Magnum y Premium, con el objetivo de no disminuir el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cancelar por la Conagua la concesión para extraer agua del río Pánuco durante 30 años expedida en favor de Acueducto Pánuco al Norte, SA de CV, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Patricio Chirinos del Ángel y José Francisco Rábago Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, 62, numeral 2, 76, fracción IV, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. El río Pánuco es por sus caudales uno de los cuatro más importantes del país; recibe las aguas de numerosos afluentes, como el Tamesí, Extóraz, Amajac, Tempoal y Tampaón. Forma parte del sistema hidrológico Tula-Moctezuma-Pánuco, y corre principalmente por Tamaulipas y Veracruz, donde hace una frontera natural de aguas caudalosas. La superficie total del distrito de Pánuco es de 1 millón 328 mil 314 hectáreas, de las cuáles 170 mil 241 se dedican a la agricultura, 913 mil 818 a la ganadería, 71 mil 75 al uso forestal y 173 mil 180 a otros usos. Hay 280 unidades de riego para el desarrollo rural, con bombeo toma directa, que riegan los cultivos de la zona.
2. El 7 de mayo de 2003, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el número de folio 09 VER 130481/ 26 EAGR 03, otorgó la concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales durante 30 años para extraer 315 millones 360 mil metros cúbicos de agua cada año, en una superficie de 6 mil metros cuadrados, para ser trasladadas a Monterrey, a favor de la empresa Acueducto Pánuco al Norte, SA de CV, representada por Rafael Zarco Dunkerley, con registro federal de contribuyentes APN-0211078K, ubicando su domicilio fiscal en Miguel Laurent 210, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, Distrito Federal. Se hallan en el poblado Reventadero, en Pánuco, los 6 mil metros cuadrados de zona federal autorizados para extraer 10 mil litros por segundo durante las 24 horas de los 365 días del año para complementar al término de cada año 315 millones 360 mil metros cúbicos. Hay por otra parte 220 mil hectáreas que requieren agua en los distritos agrícolas de Chicayán, La Tortuga, Pujal Coy I Fase y Pujal Coy II Fase, y que bien podrían extraerse del río Pánuco.
3. El 28 de noviembre de 2006, el diputado José Manuel del Río Virgen, integrante de la LX Legislatura, presentó punto de acuerdo por el que se solicitó la presencia del entonces titular de la Conagua, Cristóbal Jaime Jacques, y la cancelación de la concesión a la empresa Acueducto Pánuco al Norte, SA de CV. Ante la falta de respuesta, en la LXI Legislatura el compañero diputado José Francisco Rábago Castillo ha realizado gestiones ante el director general de la Conagua para que proporcione información sobre el estado que guarda la concesión por los efectos negativos que representa para el desarrollo rural de la región.
4. La concesión otorgada causa graves afectaciones a la agricultura y ganadería de las comunidades que habitan la cuenca del río Pánuco, en Tamaulipas y Veracruz, pues se destina un volumen considerable de sus aguas a fines diversos de los que originalmente está destinada, por lo que si bien las aguas son nacionales y no de los estados en particular, es importante significar que se requiere impulsar el desarrollo sustentable del sector rural, que además en los últimos nueve meses ha padecido sequías, las cuales han devastado y afectado gravemente al campo mexicano, y en específico esta zona, sin que el gobierno federal brinde los apoyos necesarios para solventar las contingencias climáticas, sumado a la concesión de las aguas que riegan sus cultivos. Por lo expuesto hoy solicitamos, en nombre de los productores de caña de azúcar, maíz, sorgo, soya, pasto; de los ganaderos y productores de leche, así como de los pescadores de los municipios de los estados de Tamaulipas y Veracruz, que se ordene por el titular de Poder Ejecutivo federal al director de la Conagua que se proceda a la cancelación de dicha concesión porque afecta el interés de orden público.
Por lo anterior, se somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir al director general de la Comisión Nacional del Agua a fin de que proceda a la cancelación de la concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales durante 30 años para extraer 315 millones 360 mil metros cúbicos de agua cada año a favor de la empresa Acueducto Pánuco al Norte, SA de CV, representada por el señor Rafael Zarco Dunkerley, por las graves afectaciones de interés público que causa a la agricultura y ganadería de la regiones sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, por las razones fundadas de esta propuesta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputados: Patricio Chirinos del Ángel, José Francisco Rábago Castillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar la inclusión en el PEF de 2012 de un artículo noveno transitorio que establezca un fondo de compensación de aportaciones educativas y de salud, a cargo de la diputada Georgina Trujillo Zentella, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Georgina Trujillo Zentella, diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es una república federal en la que las soberanías estatales ceden parte de sus potestades a favor de un orden político superior encargado de garantizar la cohesión social, la soberanía y la unidad de la nación.
El establecimiento de este pacto federal implicó la creación de un gobierno quien representa los intereses de la federación y la permanencia de las soberanías estatales y el gobierno del Distrito Federal. Asimismo, la división de las entidades federativas en municipios significó la incorporación de este orden de gobierno a una parte de las definiciones en torno al rumbo de este pacto.
El federalismo implica reparto de poder, así como la distribución de determinadas facultades y responsabilidades de cada orden de gobierno. En materia hacendaria este reparto de poder se tradujo en una permanente tensión entre las políticas y los intereses de cada orden de gobierno, aunque en esta materia regularmente prevalecen los intereses del gobierno federal.
El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) surge de un acuerdo entre las entidades federativas y el gobierno federal que llevó a las primeras a no gravar las mismas fuentes de ingreso que la Federación, a cambio de recibir parte de la recaudación por impuestos federales y derechos petroleros y mineros.
El objetivo del SNCF fue armonizar la tributación eliminando la diferencia en la carga fiscal entre regiones y los numerosos impuestos locales sobre la producción y el consumo. A cambio, los estados y municipios participan de una parte de la recaudación federal. El saldo de este acuerdo fue la concentración de la mayor capacidad de recaudación en el Gobierno Federal, lo que limitó las fuentes de ingreso de los gobiernos locales.
En materia de gasto las responsabilidades de cada orden de gobierno no se platean de manera específica en la Constitución, lo que ha afectado la creación y desarrollo de políticas públicas efectivas y el impacto en la población. Lo que se observa es la yuxtaposición de funciones y acciones públicas y por lo tanto la ineficiencia del gasto.
En este esquema, la propuesta de descentralización del Ejecutivo Federal, sobre todo en materia Educativa y de Salud generó crecientes presiones de gasto en las entidades federativas sin que estas tuviesen el soporte económico necesario para solventarlas, más aún cuando el proceso de descentralización contempla la educación básica y la salud.
Es un hecho que los recursos que se transfieren a las entidades federativas para cubrir los compromisos del Gobierno Federal en la materia son insuficientes.
En educación básica las entidades federativas enfrentan un desbalance serio entre responsabilidades y capacidades financieras. Este hecho es reconocido tanto por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano máximo de la Coordinación Fiscal, como por la Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ambas instancias han planteado reiteradamente la exigencia de incrementar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de los fondos orientados a compensar los desequilibrios generados por la insuficiencia de recursos federales que tienen que ser cubiertos con recursos propios.
En materia de salud, el gobierno federal incumplió el acuerdo de proveer de recursos adicionales al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para el desarrollo del Seguro Popular. En los hechos se reetiquetaron recursos FASSA para asignarlos al Seguro Popular lo que ha generado insuficiencias en ambos sistemas.
Dentro del sistema tradicional de salud pública los recursos no alcanzan a cubrir y regularizar la nómina del personal médico, ni se cuenta con recursos para mantenimiento y ampliación de infraestructura.
A su vez, el Seguro Popular generó presiones sobre la oferta de servicios de salud y sobre las finanzas estatales lo que va haciendo inviable su desarrollo futuro.
Por ello en estos dos temas centrales educación y salud, es necesario contar con mayores asignaciones para atender lo que es una responsabilidad del gobierno federal transferida a las entidades federativas.
Los procesos de descentralización parten del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud de 1996, ambos acuerdos implicaban la transferencias de recursos de las entidades federativas para financiar la educación inicial básica, la indígena, la especial y la normal para formación de maestros, así como para atender los gastos de los servicios de salud.
Sin embargo, en ningún caso los recursos han sido suficientes. En materia de FAEB los recursos solo pueden utilizarse para cubrir la nómina del personal educativo transferido y no el que proviene del sistema estatal de educación; el esquema limita las facultades de la gestión estatal y propician distintos tipos de negociaciones con la representación sindical.
Por su parte, los recursos de salud no están vinculadas a las carencias reales de salud en las entidades federativas; a su vez, los recursos del FASSA tienden a cubrir las insuficiencias del Seguro Popular y otros programas; de igual forma los recursos del FASSA no pueden utilizarse para homologar plazas de nueva creación por lo que se tiene que utilizar recursos estatales. De igual forma los recursos del Seguro Popular no han podido cubrir con suficiencia las necesidades creadas por el incremento de los padrones de beneficiarios y en el personal adscrito a este programa.
En este contexto, las entidades federativas enfrentan crecientes presiones financieras con limitadas fuentes de recursos.
En el periodo 2006-2010 mientras que el gasto del Gobierno Federal crecía 30,1 por ciento en términos reales, el gasto federalizado sólo lo hacía en 12,0 por ciento.
Crecimiento real del gasto 2006 – 2010
En estas condiciones, si el gasto federalizado hubiese crecido a la par que el gasto del Gobierno Federal, las entidades federativas habrían recibido 165 mil millones de pesos adicionales en 2010.
Rezago del gasto federalizado(Miles de millones de pesos de 2010)
Si a estos 165 mil millones de pesos se le agrega la reducción de recursos provenientes de ingresos excedentes y fondos de infraestructura, así como los costos de la rebonificación del magisterio, la carrera magisterial y el convenio sobre el impuesto sobre la renta sobre empleos estatales, el impacto negativo sobre las entidades federativas alcanza los 249 mil millones de pesos de 2010.
En suma:
• De 2006 a 2010, el gasto del Gobierno Federal creció a más del doble que el gasto federalizado, generándose un importante rezago fiscal para las entidades federativas.
• Adicionalmente, la federación ha trasladado mayores responsabilidades a los estados, sin aportar los recursos para hacerles frente. (Rezonificación del magisterio, etc.).
• Las entidades federativas incurrieron en mayor endeudamiento para mantener la inversión pública y el empleo, sin dejar de enfrentar las nuevas obligaciones de gasto.
• La eliminación del Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas (FIEF) en el PEF 2011, representó una disminución de 13 mil 500 millones de pesos para las entidades federativas.
• En el PEF 2011, los recursos del FIEF fueron “sustituidos” por el Fondo de Reconstrucción con una bolsa únicamente de 5 mil millones de pesos, el cual para poder accesarlo, se debe de solicitar un financiamiento.
• La presión a las finanzas no es la deuda de los estados, sino el gasto en educación básica y salud.
Otro elemento que erosiona las finanzas de las entidades federativas es la omisión de la transferencia del impuesto sobre nómina. Esto es, la federación transfiere a las entidades federativas recursos del Ramo 33, para cubrir de manera sustantiva lo relativo a servicios personales en educación a través del FAEB y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), así como de salud con el FASSA. De los citados recursos, la Federación omite transferir a las Entidades Federativas el impuesto sobre nóminas que para el ejercicio 2012 representarían una cifra de 6 mil 248 millones 260 mil 377 pesos, los cuales no se encuentran en la propuesta de presupuesto para 2012.
Otra forma de evaluar las presiones financieras que padecen las entidades federativas por los procesos de descentralización es considerar que de 2006 a 2010 el Ramo 33 representó el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 25,6 por ciento de la Recaudación Federal Participable. Si este porcentaje promedio se mantuviera para 2012, esto implicaría que habría que agregar una compensación por 17,588 millones de pesos para mantener la participación del PIB, o bien 23,505 millones de pesos para mantener el porcentaje promedio de la RFP.
Otra consideración son los impactos que ha sufrido la dinámica del FAEB a partir del cambio en la fórmula aplicada desde el 2008. Bajo esta perspectiva la pérdida del FAEB ha sido de 13,319 millones de pesos o bien 129 mil de pesos por habitante.
En materia de Salud, la diferencia real del FASSA en el periodo 2008-2010 es de 2,101 millones de pesos. Descontando del FASSA la participación que aportan las entidades federativas en el periodo, les representa una pérdida de 8,296 millones de pesos. La pérdida neta, considerando la transferencia del Seguro Popular equivale a 6,195 millones de pesos.
En virtud de que:
La evolución de los recursos del Ramo 33 y en particular de los recursos para educación básica y salud, no corresponde con las necesidades que dichos recursos deben cubrir.
Existe un problema estructural desde la concepción de los fondos, lo que ha llevado a las entidades federativas a tener que transferir cantidades crecientes de recursos propios para la operación de ambos sistemas, lo que ha erosionado las finanzas de los Estados.
La Ley de Coordinación Fiscal establece:
Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.
Artículo 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley General de Salud les competan.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se incluya un Artículo Noveno Transitorio, con el propósito de considerar un Fondo de Compensación de Aportaciones Educativas y de Salud, para quedar el decreto correspondiente como sigue:
Noveno. El presente Presupuesto incluye la cantidad de $20,000,000.00, para un Fondo de Compensación de Aportaciones Educativas y de Salud, los cuales serán distribuidos dos terceras partes para educación básica, y una tercera parte para salud, conforme a los criterios vigentes de distribución del FAEB y FASSA.
Las entidades federativas deberán ajustarse en la solicitud, aplicación y rendición de cuentas de este subsidio, a las disposiciones aplicables a la Ley de Coordinación Fiscal, siguiendo la normatividad del FAEB y FASSA.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de octubre de 2011.
Diputada Georgina Trujillo Zentella (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SHCP y de la Secretaría de Economía a determinar e impulsar la posibilidad de establecer Chihuahua como zona económica estratégica, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Alejandro Cano Ricaud, Víctor Silva Chacón, Jaime Flores Castañeda, Ana Georgina Zapata Lucero, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán y Luis Carlos Campos Villegas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El presente tiene como objetivo solicitar al Ejecutivo federal el establecimiento de bases sobre las cuales se planifiquen adecuadamente las políticas gubernamentales que contribuyan al desarrollo económico de la región.
Es evidente la enorme importancia de las transacciones comerciales entre México y Estados Unidos de América; y es innegable la integración económica y productiva que existe entre ambos países. Sostenemos que es fundamental para nuestro país conducir esta integración mediante una estrategia económica y comercial que facilite, agilice y simplifique la actividad comercial.
El establecimiento de un régimen especial de orden jurídico, territorial, fiscal, aduanal y de comercio exterior en esta zona, vendrá a dar un mayor impulso a la inversión, al empleo y a generar mejores condiciones de vida de la población.
Para el gobierno del estado de Chihuahua, han sido muy duras las afectaciones económicas y sociales que han dejado los diversos fenómenos naturales, así como por los problemas de inseguridad. Por ende, el Gobierno Federal y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público deben tener en consideración que las situaciones antes mencionadas han registrado pérdidas en los diversos rubros de la economía, las cuales hasta el momento no han sido totalmente cuantificadas y en consecuencia otorgar a dicho Estado un trato fiscal especial.
Decenas de hoteles, maquiladoras, tiendas de conveniencia y demás negocios han sufrido las consecuencias.
El gobierno federal debe reconocer su responsabilidad y especial preocupación por esta zona fronteriza del norte del país principalmente por las regiones que más violencia han presentado a causa de la ya mencionada guerra contra el narcotráfico, como lo es Ciudad Juárez, Chihuahua.
El gobierno federal está más que obligado, es una deuda que tiene con los ciudadanos de la zona norte del país, a la cual han afectado en su economía. Debe de apoyar a todas las ciudades fronterizas de la república, con medidas fiscales acordes a su naturaleza.
Con ello se le permitirá al sector empresarial contar con recursos para fortalecer sus inversiones y generar más y mejores empleos, lo cual redundara en una mejor calidad de vida para los fronterizos.
Los ciudadanos de la zona norte del país exigimos y demandamos del gobierno federal ese trato fiscal especial para contar con mayor certidumbre jurídica y financiera para planear con mayor eficacia diversos proyectos productivos, queremos un país que avance en la dirección correcta porque merecemos esa certidumbre en nuestros sectores económicos, para lograr una pronta recuperación.
Compañeros legisladores debemos exigirle el apoyo al gobierno federal pues ante un entorno económico mundial adverso es necesario mantener una política fiscal responsable, que al mismo tiempo asegure no solo finanzas públicas equilibradas, si no que sea capaz de fomentar las actividades que más beneficien a la sociedad.
En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, y apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de ésta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del gobierno federal y a los de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a determinar e impulsar el establecimiento del estado de Chihuahua como una zona económica estratégica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputados: Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Víctor Silva Chacón (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la SEP, la Sagarpa y la Sedesol el programa nacional de parcelas escolares para la seguridad alimentaria y la innovación agropecuaria, forestal y acuícola, que promueva y fortalezca el desarrollo sustentable del campo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, sometemos a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El desmedido incremento del precio de los alimentos a nivel mundial derivado de su escasez, provocó un aumento de 35 por ciento de la pobreza alimentaria en México. Actualmente 28 de los 52 millones de pobres, tienen problemas para alimentarse.
El Día Mundial de la Alimentación, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) cuyo lema es Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad , nos encuentra con más millones de mexicanos en pobreza alimentaria y con más de la mitad de nuestras necesidades alimentarias cubiertas con importaciones cuando el dólar se encuentra a la alza y nuestros migrantes regresando en mayor número ante la falta de empleo en Estados Unidos.
En medio de intensas sequías en el centro-norte del país, con huracanes en las costas, heladas en el centro y diversas inundaciones. Con un estimado de producción de maíz y frijol a la baja en 2011 y con una propuesta de presupuesto del Ejecutivo federal con 34 mil millones de pesos menos para 2012, el panorama es muy incierto.
Millones de mexicanos no van a tener cosecha. El pasado 9 de septiembre se presentó una helada que afectó más de 500 mil hectáreas de cultivos básicos en los estados de Puebla, Hidalgo, estado de México y Tlaxcala, la mayoría productores con menos de 5 hectáreas. Más de 10 estados padecen una grave sequía en el norte-centro del país.
El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, informó a los diputados de la Comisión de Agricultura que en ese estado han muerto más de 180 mil animales y cerca de 400 mil se están sacrificando antes que la sequía los enflaque más y no haya forma de aprovecharlos. Habrá una gran despoblación animal y descapitalización de los ganaderos.
El gobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, informó que este año en su estado, sólo ha llovido la mitad de lo esperado y más de 15 mil represas se encuentran por debajo de 30 por ciento del volumen almacenado anualmente afectando a 130 mil productores.
Hay reportes de siembra de frijol en Durango que no superan las 184 mil hectáreas cuando históricamente han sembrado 230 mil. La cosecha había sido de 130 mil toneladas anuales pero hoy no superará las 20 mil habrá un faltante de 110 mil toneladas.
Ante estos fenómenos, que son una carga adicional al presupuesto nacional, no esperados, la gente prácticamente no sabe qué hacer, porque son atípicos, no los habíamos vivido en esas magnitudes pero fundamentalmente porque para estos fenómenos casi no hemos formados los profesionistas que nos puedan ayudar.
Hemos perdido el rumbo y olvidado la planeación, hemos privilegiado los programas asistenciales, de carácter electorero que lejos de ayudar a las personas sólo restan su capacidad creativa y los vuelven dependientes de apoyos cada vez más difíciles de otorgar ante las crecientes necesidades nacionales.
Hay un gran menosprecio por el desarrollo de capacidades y la agricultura de autoconsumo, por la agricultura familiar que por siglos ha sido el sustento de millones de familias en el mundo. Las necesidades básicas de los más pobres no forman parte de los contenidos educativos que hoy se imparten a 33 millones de niños y jóvenes.
Nadie puede pensar en la riqueza, en la grandeza, en tener una vida digna, si no tiene acceso a una alimentación digna. La seguridad alimentaria se logra cuando se produce al menos 75 por ciento de lo que se necesita. Hay dos vertientes, una asegurar el abasto a los mercados para quienes tienen capacidad adquisitiva y por otro lado, apoyar que tengan alimentos quienes no tienen forma de comprarlos. Esto se logra con la autoproducción.
Hoy no los estamos produciendo, y no estamos ayudando a la gente a hacer ni siquiera aquello que ellos podrían hacer por sí solos. No estamos dando ni la orientación indispensable para resolver lo que está al alcance de las personas.
Por eso es necesario generar modelos alternativos que faciliten pasar de manera rápida hacia la autoproducción, para lograr la seguridad alimentaria apoyando huertos y granjas familiares tecnificados que sin duda contribuyen significativamente a este propósito. Sin olvidar claro está, el apoyo a la agricultura, ganadería y acuacultura por contrato que asegure el abasto en los mercados y promueva la sustitución de importaciones para fortalecer la producción nacional.
Experiencias desarrolladas en Puebla, demuestran que la producción de alimentos en pequeños espacios tecnificados, tanto en zonas rurales, como urbanas, permite que la población tenga al menos una parte de los alimentos que necesita, lo que representa ahorros importantes para mejorar la economía familiar, pero además contribuye a que las familias se integren en actividades productivas, además de ser una terapia ocupacional importante en tiempos de desanimo y depresión; alimenta y abre expectativas de desarrollo para las personas
En esta entidad se implemento el programa de Seguridad Alimentaria mediante la autoproducción de alimentos, apoyando a las familias con insumos, equipo e infraestructura para tecnificar el traspatio, además de establecer un ambicioso programa de capacitación y acompañamiento técnico que han permitido identificar y aprovechar los recursos naturales, las opciones alimenticias, las mejoras productivas en los patios para generar alimentos e ingresos en el medio rural y urbano, lo que permitió atender a más de 60 mil familias en 952 comunidades de 193 municipios.
Los fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes, intensos e inciertos. Son también más devastadores en perjuicio del patrimonio y los activos productivos de la población.
México cuenta con 246 mil 341 escuelas, en ellas estudian 33 millones 747 mil alumnos; 222 mil 350 son escuelas de educación básica, 5 mil 660 son escuelas de capacitación para el trabajo, 14 mil 103 son de educación media superior y 4 mil 228 son escuelas de educación superior.
En 1940 se instituyó la Parcela Escolar, y a partir de este año se formalizó la práctica, esto es, que las escuelas rurales contaran con una parcela que se destinara a la enseñanza de actividades agrícolas y contribuyera con las necesidades materiales de la escuela.
Sin embargo para nadie es desconocido que en muchos lugares la Parcela Escolar no se destina a cumplir con los fines para los que fue instituida:
a) Iniciar la preparación de los alumnos de las escuelas rurales para que reciban una educación agrícola apropiada que los capacite para desarrollar todas las labores de producción agrícola.
b) Cooperar con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica de métodos de cultivo y organización de pequeñas industrias agropecuarias.
c) Impulsar los nexos de cooperación y de trabajo entre los maestros rurales y sus alumnos, a través de la escuela, con la comunidad a la que pertenecen.
d) Obtener, mediante los cultivos emprendidos y las pequeñas industrias que se establezcan, rendimientos económicos que constituyan una fuente de ingresos suplementaria para beneficio de las labores educativas y mejoramiento del profesorado, la escuela tiene como función apoyar el desarrollo de capacidades para atender los problemas y necesidades más importantes de la población.
La educación rural que se imparte no tiene mucha relación con la práctica y los jóvenes que viven y estudian en el medio rural, no aprenden nuevas y mejores técnicas de producción que les permitan encontrar opciones en el campo y emigran a las ciudades. En 22 mil de los 31 mil 500 ejidos del país los jóvenes ya no se están integrando al campo y se está provocando una grave ruptura generacional desde el punto de vista productivo y social.
Lo que se consume en las escuelas regularmente se compra pudiendo producirse ahí mismo, no existen áreas que demuestren a la comunidad las opciones para producir sus propios alimentos.
No estamos enseñando planes de vida, no enseñamos a reconocer los recursos naturales a partir de los cuales se sustentará la vida de nuestros jóvenes. No hay información para una sexualidad responsable y segura. Cada vez los embarazos se presentan a edades más tempranas. Pero tampoco hay información para desarrollar independencia financiera de los jóvenes.
Pero fundamentalmente se requiere conocimiento del problema y voluntad política para resolverlo. La educación no resolverá todos los problemas de México, pero es responsable de una gran parte de las soluciones a los mismos.
En general se propone que el futuro ciudadano tenga elementos para identificar, aprovechar y manejar racionalmente los recursos naturales disponibles en su entorno, identificar sus talentos y habilidades, aprender una lengua extranjera, aprender computación, reconocer y adoptar valores cívicos.
De igual forma, es imperativo que los contenidos educativos en el nivel básico dirigidos a la promoción de las actividades agropecuarias, sean un mecanismo que permita, entre otras cosas:
• Enseñar a reconocer y aprovechar racionalmente los recursos disponibles.
• Conocer las actividades productivas de las comunidades y regiones.
• Identificar los problemas ambientales, productivos y socioeconómicos.
• Identificar las actividades productivas potenciales de comunidades y regiones.
• Generar y difundir información sobre la demanda de los mercados.
• Identificar, conformar y fortalecer sistemas producto, cadenas productivas, clústeres y cadenas de suministro. Crear modelos integrales repetibles.
• Desarrollar modelos de autoproducción alimentaria como condición para generar excedentes y generar ingresos.
• Ayudar a los niños y jóvenes a identificar y desarrollar talentos y capacidades.
• Formar personas que antes de 20 años tengan independencia financiera.
• Formar líderes y profesionistas ejecutores que hagan mejores productores.
Con el propósito de fortalecer la producción de alimentos, el mejoramiento productivo y alcanzar la seguridad alimentaria, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y la Secretaría de Desarrollo Social, para establecer el Programa Nacional de Parcelas Escolares para la seguridad alimentaria y la innovación agropecuaria, forestal y acuícola, que promueva y fortalezca el desarrollo sustentable del campo mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputados: Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Alberto González Morales, José Óscar Aguilar González.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria y establecer mediante procesos de planeación democrática la agenda alimentaria 12-30, en beneficio de 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, los suscritos someten a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El desmedido incremento del precio de los alimentos a nivel mundial derivado de su escasez, provocó un aumento del 35 por ciento de la pobreza alimentaria en México. Ahora 28 de los 52 millones de pobres, tienen problemas para acceder a los alimentos básicos.
El Día Mundial de la Alimentación, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO cuyo lema es “Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad”, nos encuentra con más millones de mexicanos en pobreza alimentaria y con más de la mitad de nuestras necesidades alimentarias cubiertas con importaciones cuando el dólar se encuentra a la alza y nuestros migrantes regresando en mayor numero ante la falta de empleo en Estados Unidos.
En medio de intensas sequías en el centro-norte del país, con huracanes en las costas, heladas en el centro y diversas inundaciones. Con un estimado de producción de maíz y frijol a la baja en 2011 en 6 y 19 por ciento y con una propuesta del Ejecutivo federal de Presupuesto con 34 mil millones de pesos menos para 2012, el panorama es muy incierto.
Millones de mexicanos no van a tener cosecha. En Durango se estima obtener solo cerca del 10 por ciento del frijol y en Chihuahua la muerte de ganado es elevada. En Guanajuato la sequía afectó a 124 mil hectáreas En el centro del país Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y estado de México, la helada del 9 de septiembre afectó a más de 500 mil hectáreas de pequeños productores de granos básicos. Se requiere importar alrededor de 3 millones de toneladas de maíz.
Hemos perdido el rumbo y olvidado la planeación, hemos privilegiado los programas asistenciales, de carácter electorero que lejos de ayudar a las personas solo restan su capacidad creativa y los vuelven dependientes de apoyos cada vez más difíciles de otorgar ante las crecientes necesidades nacionales.
No obstante los esfuerzos en carreteras, puentes, pavimentaciones y obras monumentales, muy frecuentemente se olvida que el cemento y la varilla aun no se pueden comer y que la disponibilidad de agua y alimentos son los eslabones más débiles de la convivencia social y la gobernabilidad.
En los programas de fomento, hay un gran menosprecio y olvido del desarrollo de capacidades y la agricultura de autoconsumo, de la agricultura familiar que por siglos ha sido el sustento de millones de familias en el mundo. Las necesidades básicas de los más pobres, no forman parte de los contenidos educativos que hoy se imparten a 33 millones de niños y jóvenes.
Nadie puede pensar en la riqueza, en la grandeza, en tener una vida digna, si no tiene acceso a una alimentación digna. La seguridad alimentaria se logra cuando se produce al menos el 75 por ciento de lo que se necesita.
Hay dos vertientes básicas; una asegurar el abasto a los mercados para quienes tienen capacidad adquisitiva y por otro lado, apoyar que tengan alimentos quienes no tienen forma de comprarlos. Esto se logra con la autoproducción tecnificada en pequeños espacios rurales y urbanos.
Hoy no los estamos produciendo, y no estamos ayudando a la gente a hacer ni siquiera aquello que ellos podrían hacer por si solos. No estamos dando, ni la orientación indispensable para resolver lo que está al alcance de las personas.
Por eso, es necesario generar modelos alternativos que nos faciliten pasar de manera rápida hacia la autoproducción para lograr la seguridad alimentaria apoyando huertos y granjas familiares tecnificados que sin duda contribuyen significativamente este propósito.
Al mismo tiempo es necesario fortalecer, el apoyo a la agricultura, ganadería y acuacultura por contrato que asegure el abasto en los mercados y promueva la sustitución de importaciones crecientes, para fortalecer la producción nacional.
Experiencias desarrolladas en Puebla, demuestran que la producción de alimentos en pequeños espacios tecnificados, tanto en zonas rurales, como urbanas, permite que la población tenga al menos una parte de los alimentos que necesita y representa ahorros importantes entre 6 mil y 8 mil pesos anuales por familia por la compra de alimentos, pero además contribuye a que las familias se integren en actividades productivas, además de ser una terapia ocupacional importante en tiempos de desanimo y depresión; alimenta y abre expectativas de desarrollo para las personas.
En esta entidad se implantó el Programa de Seguridad Alimentaria mediante la autoproducción de alimentos, apoyando a las familias con insumos, equipo e infraestructura para tecnificar el traspatio, además de establecer un ambicioso programa de capacitación y acompañamiento técnico que han permitido identificar y aprovechar los recursos naturales, las opciones alimenticias, las mejoras productivas en los patios para generar alimentos e ingresos en el medio rural y urbano.
Se atendieron en los últimos 6 años a más de 60 mil familias en 952 comunidades de 193 municipios y con cuyas experiencias hoy, en el Día Mundial de la Alimentación 2011 ponemos a disposición de los interesados en tema el Manual Básico para la Seguridad Alimentaria Familiar, que describe principalmente, la importancia del desarrollo de capacidades, los servicios técnicos indispensables, el aprovechamiento del agua como la base fundamental del desarrollo económico, los modelos productivos que han demostrado ser exitosos y finalmente describe testimonios de familias y grupos de productores que han trabajado este esquema.
Se destacan los diversos modelos de producción de hortalizas, carne y huevo, producción de conejos y acuacultura familiar como las más viables posibilidades de producción en zonas urbanas y rurales.
Existen evidencias que demuestran que si se hace una adecuada planeación, la pobreza alimentaria se puede resolver en solo 18 años para lo cual se requiere invertir un 6% del actual monto destinado al Programa Oportunidades y así rescatar toda la capacidad creativa a través del desarrollo de capacidades que tienen nuestros connacionales.
Es un avance contar con el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, y esta es una nueva obligación del estado mexicano.
Hace siglos que se sabe; si quieres que un hombre coma un día, dale un pescado, pero si quieres que coma toda la vida enséñalo a pescar. Pero la pesca se va reduciendo, las especies se van perdiendo, hoy es necesario enseñar a criar peces, a través de la acuacultura, que ya contribuye con el 60 por ciento del abasto mundial.
Pero como muchas actividades nuevas, son desconocidas por muchos funcionarios y en particular en acuacultura se tienen problemas de burocracia en aspectos tales como estudios de impacto ambiental y permisos de uso del agua, que desalienta a los posibles acuacultores.
Con excepción del agua, no hay ningún problema en México que tenga una atención planeada, una estrategia y un plazo para atenderse. Cuando mucho vemos un horizonte de 6 años y muchas veces ni eso. La rotación de funcionarios que llegan a aprender es una de las razones de esto.
En razón de lo expuesto, sometemos a consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a promover un acuerdo nacional por la seguridad alimentaria y mediante procesos de planeación democrática establecer la agenda alimentaria 12-30 en beneficio de 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Diputados: Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Héctor Velasco Monroy, Manuel Cota Jiménez, Carlos Cruz Mendoza, Guillermina Casique Vences, Fermín Montes Cavazos, Alberto González Morales, José Óscar Aguilar González, Juan Carlos Lastiri Quirós.
